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El policía pone la mano con fuerza sobre el cuello del detenido. Lo pone 
contra la pared y lo levanta del suelo. Le dice: “Cállese maricón, cállese que 
aquí no vale nada”. Esta violencia contenida en la palabra y en el acto nos 
interroga: ¿cómo es posible que busquemos la igualdad ante la ley si en las 
calles somos violentados por sus mismos defensores? ¿No es la violencia 
relatada en estas páginas la derrota de los derechos? Leer este informe me 
recordó un poema de Wisława Szymborska: “Ved cuán activo está 
y qué bien se conserva
el odio en nuestro siglo. 
Con qué ligereza salva obstáculos, 
y qué fácil le resulta saltar sobre su presa”. Es cierto que el odio y la violencia no desaparecen de ninguna sociedad, 
que están en lo más profundo de la condición humana. Pero la tragedia 
colombiana es que el prejuicio y el estigma adquieren fácilmente la forma 
de la muerte, el golpe, la amenaza y el insulto. 
El corazón de Colombia Diversa tiene un ventrículo derecho que trabaja 
por el cambio legal y un ventrículo izquierdo que trabaja contra la violencia. 
Por eso este informe es tan importante para nuestra lucha como nuestros 
casos ante la Corte Constitucional. Seríamos unos cínicos si trabajáramos 
solo por la igualdad formal cuando tenemos en frente la violencia material. 
No somos ingenuos: la fantasía de la ley pierde su magia con el odio 
cotidiano. El texto que tienen frente a sus ojos es frío y triste pero 
necesario. Es una narrativa del fracaso que corre paralelamente a una 
historia de triunfos. Colombia es cada vez más diversa y respetuosa, pero sigue siendo violenta y excluyente. Por eso el título de este informe recoge 
todas nuestras esperanzas políticas: Cuando la guerra se va, la vida toma su 
lugar. Al policía que nos grita “cállese maricón” mientras nos asfixia, vale 
la pena contestarle con un verso de Walt Whitman: “Y en cuanto a ti, muerte, y a ti, amargo abrazo 
mortal … es inútil que trates de asustarme”. No me queda más que agradecer la devoción con que Gustavo Pérez, 
Alejandro Lanz y Viviana Bohórquez hicieron este informe. Lograron 
mostrarnos aquello que los victimarios querían ocultar y dignificaron 
a quienes nos hablan en estas páginas desde lo más profundo de su 
humanidad. Mauricio Albarracín Caballero Director Ejecutivo
Colombia Diversa 
 Carolina es una mujer trans trabajadora sexual que ha sido agredida de 
forma física y verbal desde el año 2012 y hasta la actualidad por algunos 
agentes de Policía en Bogotá. Dos agentes de esta institución le rociaron el 
cuerpo con una sustancia desconocida, probablemente un gas pimienta, 
que le quemó los senos, el abdomen y parte del brazo. Además, ha sido 
conducida ocho veces al CAI sin justa causa. Los agentes que cometieron 
estos crímenes no han recibido una sanción penal ni administrativa que sea 
proporcional a la agresión. Carolina, al igual que muchas mujeres trans en 
Colombia, ha sido perseguida sistemáticamente por la Policía y violentada 
por los estereotipos asociados a su expresión e identidad de género. 
El caso de Carolina no es un hecho aislado. Por el contrario la violencia 
hacia lesbianas, gay, bisexuales y travestis, transexuales y transgénero (en 
adelante personas trans) es una manifestación de la discriminación y el 
prejuicio por orientación sexual e identidad de género, que es ejercida 
tanto por particulares como por agentes del Estado. Sin embargo, las 
prácticas de violencia no son sancionadas por problemas estructurales en 
la atención de las víctimas y sobrevivientes, en especial en relación con el 
acceso a la administración de justicia, las cuales reseñamos y analizamos 
en el presente informe. 
Colombia Diversa ha identificado las tres prácticas más frecuentes de 
violaciones de derechos humanos hacia las personas LGBT, y que en la 
mayoría de los casos existen factores de discriminación y prejuicios que 
funcionan como una suerte de detonantes de la violencia. De ahí que, por 
una parte, este informe recoja tres puntos fundamentales: en primer lugar, 
estudiamos los homicidios de personas LGBT, los móviles de los crímenes y las debilidades institucionales frente al registro, la investigación y la sanción 
a los responsables. En segundo lugar, analizamos los tipos de violencia que 
ejerce la Policía hacia personas LGBT y los prejuicios que esconden estas 
violaciones. En tercer lugar, realizamos un análisis sobre los panfletos y las 
amenazas hacia la población LGBT, en especial en el marco del conflicto 
armado o zonas de violencia en Colombia. 
Por otra parte, con este informe realizamos un análisis sobre los principales 
problemas del sistema judicial y el incumplimiento de la debida diligencia 
del Estado frente a la violencia ejercida contra personas LGBT en Colombia. 
Asimismo, con el objeto de contribuir a la garantía de los derechos de las 
personas LGBT, estructuramos recomendaciones al Gobierno Nacional y 
a todas las entidades involucradas en la administración de justicia y en la 
promoción y garantía de los derechos humanos de esta población. 
Con estas páginas, también le queremos rendir homenaje a Sergio Urrego, razón por la cual destinaremos un apartado a analizar los contextos de 
discriminación por orientación sexual y el suicidio. Para esto realizaremos 
un resumen del caso y presentaremos unas reflexiones preliminares sobre 
el impacto de la discriminación por prejuicios hacia la orientación sexual y 
sus consecuencias.
Este informe fue realizado por Viviana Bohórquez Monsalve (fellow de  
Open Society Justice Initiative), Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez y Alejandro Lanz Sánchez, con el apoyo de Samuel Augusto Escobar Beltrán (abogado de Colombia Diversa), Natalia Piza Calvache (periodista de Colombia 
Diversa) y Juan Carlos Rincón Escalante (abogado de Colombia Diversa). 
También colaboraron Andrea de la Cruz Castro (pasante de la Universidad 
Nacional), Tatiana Nisperuza Pacheco (pasante de la Universidad Externado), María de los Ángeles Ríos Zuluaga (voluntaria de la Universidad 
Externado), Nelson Sánchez Amaya (voluntario de la Universidad Nacional), Ana Margarita González Vázquez y Daniel Gómez Mazo. Mauricio 
Albarracín Caballero (director ejecutivo de Colombia Diversa) y Marcela 
Sánchez Buitrago (Colombia Diversa) dieron importantes observaciones 
para su desarrollo. Igualmente, agradecemos las fotos tomadas por Nicolo’  
Filippo Rosso y en la parte editorial a Nicolás Morales, Rafael Rubio y 
Juan David Giraldo. 
Por último, este informe contó con el apoyo financiero del Programa de 
Derechos Humanos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), la organización Diakonia, la fundación Astraea, la 
Embajada de Canadá en Colombia y Open Society Foundations.
 Definiciones 
prácticas Identidad de género Orientación sexual Orientacion sexual e identidad de género son dos nociones básicas cuando 
se habla de personas LGBT. Sin embargo, en la práctica las dimensiones 
eróticas, afectivas y subjetivas de las personas pueden ser mucho más 
fluidas o diversas. Además, estas nociones no deberían aplicarse como una 
ecuación estándar para todos los casos, ya que las personas pueden no 
desarrollar una auto-identificación en función de sus prácticas sexuales, 
de sus relaciones afectivas o de sus expresiones de género. Por lo tanto, 
estas nociones deben tomarse más como una convención para fines 
prácticos que no agota las distintas formas en las que las personas pueden 
identificarse a sí mismas.
Orientación sexual: se refiere a la atracción afectiva, emocional y 
sexual que una persona pueda sentir hacia otras de su mismo género, del 
género opuesto o de ambos, así como a la capacidad de mantener relaciones 
íntimas y sexuales con estas personas. A partir de eso, se puede hablar 
de hombres gay o mujeres lesbianas, personas heterosexuales o personas 
bisexuales, respectivamente. 
Identidad de género: se refiere a cómo cada persona de manera 
individual e interna se identifique con lo masculino o con lo femenino, 
independientemente del sexo que se le haya reconocido al momento 1 Estas definiciones se basaron en los “Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la 
legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 
identidad de género”. Indonesia, noviembre de 2006.
 de su nacimiento según su genitalidad. Cuando la vivencia personal del 
género no corresponde con el que se considera propio de su “sexo”, se 
habla de hombres o mujeres trans. Es decir, personas que al nacer fueron 
clasificadas como mujeres pero que se identifican a sí mismas con lo 
masculino y personas que al nacer fueron clasificadas como hombres pero 
que se identifican a sí mismas con lo femenino. Dicha vivencia personal 
del género se puede expresar de distintas maneras: en su corporalidad (lo 
cual a veces puede involucrar procedimientos quirúrgicos o procesos de 
hormonización), su vestimenta, su modo de hablar, sus modales, etc. Metodología El desarrollo del presente informe tuvo dos enfoques. El primero, de carácter 
cuantitativo, corresponde a la recolección y triangulación de la información 
sobre hechos de homicidio, violencia policial y amenazas contra personas 
LGBT reportados en todo el territorio colombiano. En segundo lugar, la 
perspectiva cualitativa correspondió al análisis de la información disponible 
sobre los posibles móviles y circunstancias relacionadas con hechos de 
violencia hacia la población LGBT.
La metodología para la elaboración de este informe se dividió en tres 
etapas. La primera consistió en la búsqueda de todos los registros disponibles 
de homicidios de personas LGBT entre el 2013 y el 2014. Esta búsqueda se 
realizó a través de tres fuentes: instituciones estatales, prensa y sociedad 
civil. La información de entidades oficiales se obtuvo mediante el envío de 
aproximadamente 300 derechos de petición a las siguientes entidades: la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad de Víctimas, 
los Ministerios del Interior, de Justicia y de Defensa, el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante Medicina Legal), la 
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, las 
Defensorías del Pueblo, la Policía Nacional y las Personerías Municipales 
de las capitales departamentales y algunas ciudades intermedias. En los 
derechos de petición solicitamos información de los casos que ha conocido 
cada entidad y de los procesos en los que han intervenido. 
La segunda fuente de información fue la prensa. Se realizó una selección 
de notas de periódicos impresos de orden nacional y departamental que 
tuvieran alguna mención sobre homicidios de personas LGBT. También 
se buscaron notas de prensa complementarias a través de internet. La 
tercera fuente de información fueron otras organizaciones LGBT y de 
derechos humanos de distintas regiones del país, así como denuncias 15 directas a Colombia Diversa. Fueron de especial utilidad los informes del 
Centro de Investigación y Educación Popular CINEP y del Observatorio de 
Paz Integral del Magdalena Medio. Expresamos nuestros agradecimientos 
a las organizaciones Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación y la Red 
Comunitaria Trans de Bogotá, quienes brindaron información relevante a 
la investigación.
La segunda etapa consistió en la triangulación de los registros ubicados 
en las diferentes fuentes de información, con el objetivo de verificar y evitar 
el registro doble de los casos. No todos los registros de homicidios obtenidos 
inicialmente se incluyeron en el consolidado final, ya que algunos fueron 
mencionados por una sola fuente no oficial o con información insuficiente. 
Para determinar cuáles casos se podían registrar, establecimos el siguiente 
criterio de verificación: si fueron reportados en una sola fuente, debía ser en 
una fuente oficial para tomarlos como casos certeros; si fueron reportados 
en dos o más fuentes, aunque ninguna de las dos fuera oficial, también los 
tomamos como confirmados. Para los casos de violencia policial y amenazas, 
se buscó triangular la información de distintas fuentes cuando fuera posible, 
pero no se tomó como condición para incluirlos en los listados ya que la 
información sobre estos hechos de violencia es más escasa y difícil de cruzar 
entre distintas fuentes.
En la tercera etapa se realizó el análisis a partir de los casos confirmados. En 
primera instancia se organizaron según departamento y según la orientación 
sexual y la identidad de género; se compararon estas distribuciones con 
las correspondientes a 
los años anteriores. Después, examinamos 
la 
información disponible para cada caso sobre 
las circunstancias y 
los 
hechos, así como las características de la víctima y del presunto victimario 
para establecer, tentativamente, cuáles pudieron haber estado motivados 
por prejuicio y cuáles no. Por último, analizamos la información sobre los 
procesos judiciales abiertos para cada caso, con el fin de evaluar el proceder 
institucional en materia de investigación, identificación de responsables y 
sanción. A partir de este examen de los procesos abiertos para cada caso 
elaboramos las recomendaciones finales. 
Liliana, una mujer trans de 24 años, fue asesinada en febrero de 2013 en el 
municipio de Rionegro. Se encontraba en compañía de un hombre cuando 
fueron atacados por un grupo de personas en horas de la madrugada. A 
ella la golpearon en repetidas ocasiones en la cabeza. Al parecer, el ataque 
estuvo mediado por insultos y burlas por la identidad de género de Liliana 
y de su acompañante. Fue hospitalizada de urgencias, pero murió a los 
pocos días debido a la gravedad de las heridas. Al año siguiente, en 
septiembre de 2014, Marcela, una mujer trans de 46 años, murió apedreada 
en Medellín. Se encontraba en compañía de un hombre en inmediaciones 
de la Universidad de Antioquia cuando fueron atacados por un grupo de 
personas hacia la 1:30 am. El joven logró escapar y corrió a alertar a las 
autoridades. Cuando llegaron al lugar de los hechos, encontraron el cuerpo 
de Marcela tendido en la calle.
Estos dos casos resultan ilustrativos de la violencia que sufren las personas 
LGBT en Colombia: las víctimas fueron mujeres trans, quienes año tras año 
están entre las principales víctimas de homicidios y de violencia policial. 
Los dos hechos tuvieron lugar en el departamento de Antioquia, de donde 
se tienen algunos de los mayores registros de homicidios de personas LGBT 
en el país. Ambas fueron atacadas por personas desconocidas, sin motivo 
aparente y en espacio público. Esta violencia pasa desapercibida la mayor 
parte de las veces y tiende a borrar la identidad de las víctimas. Así, por ejemplo, muchas de las notas de prensa que hablaban de las muertes de 
Liliana y de Marcela se referían a ellas en masculino. Hasta la fecha no 
se conoce ningún avance sobre las investigaciones penales para lograr la 
sanción de los responsables. 
El objetivo principal de este apartado es sistematizar y analizar la información sobre homicidios de personas LGBT en Colombia entre los años 
2013 y 2014. Para esto la primera parte presenta el número de homicidios 
reportados en el país y los datos diferenciados por departamento, por categoría identitaria de género y sexualidad, y su evolución en relación con las 
cifras reportadas en los informes anteriores. La segunda parte consiste en 
analizar los móviles de los homicidios con el fin de establecer hasta qué punto influyó el prejuicio en ellos. La tercera parte examina otros factores que 
pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas LGBT ante la violencia y 
la relación entre la discriminación y el suicidio. 1.1 Homicidios de personas LGBT 2013-2014:  
hallazgos generales Vivir en Puerto Boyacá no era fácil para ningún niño y menos si era 
gay. Muchos nacieron, pero pocos se criaron.3 Entre los años 2013 y 2014 se registraron 164 homicidios hacia población 
LGBT en Colombia (véase tabla 1). Para el año 2013 se confirmaron 
83 homicidios en 18 departamentos del país. Al igual que en los años 
anteriores, en el 2013 el departamento de Antioquia presentó el mayor 
número de homicidios, seguido por Valle del Cauca y Bogotá D. C. Según 
los informes de Colombia Diversa, esta ha sido la tendencia desde el año 
2008, con excepción del año 2011, cuando el Valle del Cauca concentró el 
mayor número de reportes. Además, en el 2013 tuvimos por primera vez 
un registro de homicidio de una persona LGBT en Putumayo. 3 Declaración de Papuchina, mujer trans, víctima de las Autodefensas Campesinas de Puerto 
Boyacá. En Verdad Abierta, “Los ‘paras’ nos mataban por ser homosexuales”, edición digital, 
25 de noviembre de 2014. » Homicidios de personas LGBT En el 2014, el número de homicidios registrados fue de 81 y tuvieron 
lugar en 21 departamentos. Antioquia, Bogotá D. C. y Valle del Cauca 
continuaron a la cabeza, de manera similar a la distribución territorial 
del total de homicidios en el país.4 Además, en dicho año obtuvimos el 
primer registro del homicidio de una persona LGBT en el departamento 
de Amazonas. Sin embargo no podemos afirmar que antes no hayan 
sido asesinadas personas con orientaciones sexuales o identidades de 
género diversas en estos departamentos. Queda el interrogante sobre si 
esa ausencia de registros (al igual que en el Archipiélago de San Andrés 
y Providencia, Guainía, Vaupés y Vichada) se debe a limitaciones en los 
sistemas de información de las instituciones encargadas de proteger y 
garantizar los derechos de esta población o de capacidades organizativas 
para la documentación y denuncia de estos hechos de violencia.
Del total de homicidios registrados en el 2013, 16 correspondieron 
a mujeres trans, 9 a hombres gay, 2 a mujeres lesbianas y 56 a personas 
LGBT de las cuales no se pudo obtener suficiente información sobre su 
identidad de género u orientación sexual específica. De los 81 verificados 
para el 2014, 21 correspondieron a mujeres trans, 8 fueron hombres gay, 1 
mujer lesbiana, 1 mujer bisexual y 50 personas LGBT de quienes no se tiene 
información suficiente sobre su orientación sexual o identidad de género.
Al igual que en años anteriores, las mujeres trans y los hombres gay fueron 
las principales víctimas de homicidio. De igual forma, durante el 2013 y el 
2014 tampoco obtuvimos registro de homicidios de hombres trans. De ahí 
que todos los registros de homicidios de personas trans hagan referencia a 
mujeres trans. Esto no quiere decir que no se hayan presentado, sino que 
la información disponible no permite hacer este tipo de cruces o inferir 
la orientación sexual o la identidad de género de muchas de las víctimas, 
ya sea por ausencia de protocolos en Medicina Legal u otras fuentes de 
información que permitieran llenar ese vacío. Lo mismo sucede con las 
mujeres lesbianas, ya que en la mayoría de registros de víctimas de sexo 
femenino no tenemos información adicional sobre su orientación sexual. 
Análisis según los móviles: el lugar  
de los prejuicios El prejuicio como móvil de los crímenes radica en al menos tres ámbitos 
esenciales: las razones del victimario, el contexto en que se desarrollaron 
los hechos y la selección de la víctima. Consideramos que lo fundamental 
para identificar un homicidio por prejuicio radica en las razones que hayan 
llevado al victimario a tal uso de violencia. Por lo general, el fin de la violencia 
por prejuicio es causar daño como una forma de subyugar y disminuir a una 
persona o excluirla (llegando al extremo de eliminarla físicamente), con base 
en prejuicios sobre la sexualidad, orientación sexual, identidad y expresión 
de género. Los homicidios de personas LGBT también pueden tener como 
efecto enviar un mensaje que sea claro, de modo que la disminución o 
rechazo se extienda a otras personas por su orientación sexual o identidad 
de género, más allá de las personas directamente afectadas. 
Con base en lo anterior, en los casos de estudio se examinó la información 
disponible sobre las circunstancias en que ocurrió el crimen y las formas de 
violencia ejercidas sobre la víctima, y a partir de ahí examinar las posibles 
motivaciones del victimario. En este sentido, se identificaron algunos 
elementos como indicios del prejuicio que se deben tener en cuenta para 
construir la hipótesis del caso: 24 » Homicidios de personas LGBT « a) Amenazas previas: en los casos donde existan amenazas previas al crimen, 
en especial si están relacionadas con los estereotipos por orientación 
sexual e identidad de género. 
b) Sevicia y ensañamiento contra el cuerpo de 
la víctima: particularmente 
contra ciertas partes que pudieran reconocerse como centrales de su 
construcción de género o sexualidad (como los genitales, los implantes 
mamarios de las mujeres trans, el rostro o el cabello).
c) Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes: cuando se trató de 
obtener una confesión, castigar a la persona o coaccionarla para que 
hiciera o dejara de hacer algo.
d) Violencia sexual: cuando se observan lesiones producto de acceso carnal 
violento o ensañamiento contra los órganos sexuales de la víctima. 
e) Otras circunstancias de agravación punitiva: que el homicidio haya tenido 
lugar para preparar, facilitar o consumar otro delito (por ejemplo, en 
casos de hurto); por promesa remuneratoria o ánimo de lucro; si fue 
cometido sobre una persona en situación de indefensión.5
f) Ocurrencia en contextos de violencia: zonas de escalamiento de otras 
formas de violencia social o política como disputas territoriales entre 
grupos armados o bandas criminales, intimidaciones a la población civil 
o delitos contra defensores de derechos humanos.
Estos elementos pueden darnos luces sobre el prejuicio individual del 
victimario. También pueden dar cuenta del prejuicio entendido como 
formas 
sostenidas de discriminación, dominación y violencia. Con 
respecto a esto, puede extenderse a los crímenes por prejuicio hacia las 
personas LGBT lo establecido en la primera sentencia condenatoria por 
feminicidio de la Corte Suprema de Justicia: que un asesinato por razones 
de género no es cualquier caso en el que se le quita la vida a una mujer, sino 
cuando se hace porque es percibida como una persona inferior, cuya vida 
depende del hombre y que tiene lugar en un contexto de discriminación 
continua.6 En este sentido, el prejuicio como determinante de la muerte violenta de una persona LGBT se puede apreciar no solo en las razones de 
su victimario, sino en el contexto que lo antecedió y lo hizo posible.
Que la víctima haya sido objeto de violencia por prejuicio, también 
depende de la visibilidad de la orientación sexual y la identidad de género. 
Por consiguiente, las personas que ejercen liderazgo, activismo o defensa 
de derechos, así como las personas que tienen relaciones sentimentales 
abiertamente conocidas o que desarrollan ciertas actividades sobre 
las cuales también existan prejuicios, como el trabajo sexual, son más 
vulnerables a la violencia por prejuicio. 
En cada caso concreto, se examinó si se presentaban o no algunos de 
estos elementos, de modo que permitieran inferir si se trató de un homicidio motivado por el prejuicio. Por ejemplo, las señales de tortura deben 
estudiarse conexas al prejuicio al momento de calificar los homicidios de 
personas LGBT. Por consiguiente, deben tenerse en cuenta todas las lesiones que puedan corresponder a tortura o abuso físico, como lesiones 
de apaleamiento, quemaduras, arma blanca, asfixia mecánica, acción de la 
electricidad, suspensión, abuso sexual o muerte por inanición. Este tipo 
de lesiones deben ser estudiadas con mayor rigurosidad al momento de 
determinar los móviles, especialmente si la identidad de género u orientación sexual de la víctima era visible o si el crimen tuvo lugar en un contexto 
más amplio de discriminación. De presentarse varios de estos elementos, 
nos encontraríamos muy probablemente ante un homicidio por prejuicio. 1.3 Homicidios por prejuicio  
en el 2013 y en el 2014 Gracias a estas definiciones y criterios, Colombia Diversa logró establecer, 
de manera aproximada, que 14 de los homicidios registrados durante el 
2013 y 16 de los registrados en el 2014, habrían estado motivados por el 
prejuicio hacia la orientación sexual, la identidad o expresión de género de 
las víctimas. Debido a la poca información disponible, no fue posible precisar los móviles de 63 y 59 de los casos, respectivamente. Por último, consideramos que 6 casos del 2013 y 6 del 2014 estuvieron motivados por otras 7 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Protocolo Modelo de investigación forense. México, 2010, 21.
A partir del análisis de los casos y el contexto del delito, hemos identificado 
cinco formas recurrentes de homicidios por prejuicio: 1) homicidios por 
prejuicio de mujeres trans; 2) homicidios por prejuicio de hombres gay; 3) 
homicidios por prejuicio de mujeres lesbianas y bisexuales; 4) homicidios 
por prejuicio de personas LGBT en contextos de conflicto armado; 5) 
homicidios por prejuicio de personas LGBT defensoras de derechos 
humanos o integrantes de procesos organizativos. 1.3.1 Homicidios por prejuicio de mujeres trans De los 30 homicidios por prejuicio registrados en el periodo de estudio,  
la mayoría corresponde a mujeres trans: seis en Antioquia, cinco en Valle del 
Cauca, tres en Bogotá D. C., dos en Quindío, dos en Sucre y una en Atlántico. 
En tres casos, se trató de ataques con arma de fuego en espacio público. 
Otras siete fueron asesinadas al interior de su vivienda, de habitaciones de 
hotel o de salones de belleza, y otras cuatro fueron atacadas con objetos 
contundentes o armas cortopunzantes en espacios públicos. homicidio de mujer trans trabajadora sexual, soledad–
atlántico A comienzos de agosto de 2014, en horas de la madrugada, una mujer trans fue agredida por varias personas con arma blanca en el barrio Nuevo Milenio. Tenía 24 años 
y se dedicaba al trabajo sexual. Los primeros reportes de prensa indicaron que se 
debió a un riña pasional con otra persona trans, a la cual se sumaron dos habitantes 
de la calle.8 Sin embargo, otra nota del diario Q’Hubo de Barranquilla citó declaraciones de una familiar de la víctima, quien relató que las dos habían salido de una fiesta 
hacia las 3:00 am y posteriormente fueron interceptadas por un grupo de hombres 
que hostigaron a la víctima por su identidad de género y la apuñalaron.9 Por lo general, las fuentes reportan poca información sobre los posibles 
móviles de estas muertes.
A pesar de la poca información disponible, estos casos presentan elementos 
similares que nos llevaron a clasificarlos como homicidios por prejuicio. 
Dichos elementos tienen que ver con tres puntos: las características de las 
víctimas, el tipo de violencia que se ejerció contra ellas y el lugar y contexto 
de los hechos.
En primer lugar, consideramos que por tratarse de mujeres trans las 
víctimas podrían ser fácilmente identificadas como personas con una 
identidad o expresión de género no heterosexual. El reconocimiento de 
la víctima debe considerarse directamente relacionado con el tipo de 
violencia del que fueron objeto. En los cuatro casos de ataques en lugares 
públicos, se trató de una violencia excesiva, mucha más de la necesaria 
para quitarles la vida. Tres de ellas fueron atacadas por grupos de personas, 
quienes las golpearon en repetidas ocasiones con objetos contundentes o 
las hirieron con arma blanca. 
La relación entre esta sevicia y la identidad de la víctima resulta más 
notoria por el ensañamiento contra partes de su cuerpo que podrían 
considerarse centrales en su expresión de género: a una de ellas, por ejemplo, 
le provocaron múltiples fracturas en el rostro debido a los golpes, mientras 
que a otra le destruyeron los implantes de senos con arma cortopunzante.
Por último, es necesario tener en cuenta que estos ataques, con los 
cuales no solo acabaron con la vida de las víctimas sino que también 
destruyeron su identidad, tuvieron lugar en espacios públicos. Los golpes 
(y en algunos casos insultos y humillaciones) pudieron ser presenciados 
por otras personas. Esto probablemente tiene como efecto una supresión 
simbólica paralela a la física, pues marca la experiencia trans como un 
riesgo para la vida de la persona que la vive o como una anormalidad que debe ser corregida de alguna manera, incluso eliminando físicamente a 
quien la asuma de manera abierta. homicidio de estilista trans, bogotá Jessica era una mujer trans de 33 años que trabajaba como estilista en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar. A Bogotá llegó como desplazada del conflicto armado desde 
Santander. Sin embargo, no logró escapar a la violencia. A comienzos de agosto de 
2014 fue hallada muerta en su peluquería. El agresor la golpeó en repetidas ocasiones en el rostro y le enterró unas tijeras en el cuello. El lugar fue encontrado en 
desorden y “lleno de sangre”.
Primero, porque 
las víctimas fueron mujeres trans que eran abiertamente reconocidas y 
apreciadas en los lugares donde vivían. Por esto sus muertes tuvieron un 
impacto público aunque hayan ocurrido en espacios privados. Segundo, la 
violencia contra ellas fue excesiva: varias presentaban golpes y lesiones de 
objeto contundente además de heridas de arma blanca o de fuego. 
Teniendo en cuenta lo expuesto sobre estos homicidios de mujeres 
trans (tanto en espacios públicos como privados), consideramos que el 
prejuicio consiste en la exclusión o rechazo al reconocimiento público de 
las personas trans. Se trata, en este sentido, del rechazo de la posibilidad 
de mostrar públicamente el cuerpo, con una expresión y un nombre 
que no se ajustan al ordenamiento heterosexual de la genitalidad, la 
corporalidad y la identidad. En todos estos casos, fue hacia personas 
abiertamente reconocidas como trans que se ejerció una violencia con la 
intención expresa de eliminarlas, ya que apuñalar en repetidas ocasiones a 
una persona o dispararle en la cabeza no podría ser un acto con el cual se 
espere solamente atemorizarla o infligirle dolor. 
 Homicidios por prejuicio de hombres gay Colombia Diversa ha señalado en varios de sus informes de derechos 
humanos un perfil recurrente de las víctimas en casos de homicidios de 
hombres gay: hombres de mediana edad, económicamente estables que 
son asesinados en sus casas, a veces con extrema violencia. En algunas 
oportunidades estas muertes han tenido lugar con posterioridad o durante 
un hurto en el domicilio de la víctima.Durante el 2013 y el 2014 se registraron al menos 18 homicidios de 
este tipo: cinco en Antioquia, cinco en Valle del Cauca, tres en Bogotá, uno 
en Quibdó, uno en Sincelejo, uno en Valledupar, uno en Montería y uno 
en Bucaramanga. Uno de los que generó mayor consternación ocurrió en 
noviembre de 2014, cuando un activista LGBT fue asesinado al interior de 
su vivienda en Bogotá. homicidio de activista lgbt, bogotá El 15 de noviembre de 2014, Guillermo Garzón, de 50 años de edad, fue asesinado 
por un grupo de hombres que entraron a su vivienda para robarlo. Fue encontrado 
amordazado y, según algunas notas de prensa, tenía signos de tortura y heridas de 
arma blanca. Gracias a las labores investigativas de la SIJIN y a la presión de la comunidad, se logró la captura de cinco personas. Las investigaciones revelaron que la 
banda tenía como objetivo robar a hombres gay que vivieran solos, a quienes contactaban en espacios de homosocialización o a través de redes sociales. Cuando uno de 
ellos lograba entrar a la residencia de la víctima, la drogaba, la inmovilizaba y facilitaba la entrada de los demás integrantes. Además de Guillermo, también se estudia la presunta responsabilidad 
de esta misma banda en el homicidio de John Henry Ospitia, diseñador de 
modas de 52 años, en circunstancias similares. En este tipo de casos, podría 
pensarse que el objetivo de la violencia era presionar a las víctimas para que 
proporcionaran información sobre cuentas bancarias u objetos de valor, 
o evitar que luego interpusieran una denuncia contra los responsables. 12 El equipo de Tanatología Forense de Medicina Legal encabezado por Andrés Rodríguez 
Zorro identificó este patrón en un estudio del año 2000. Colombia Diversa, Informe de 
Derechos Humanos de lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas en Colombia 2006-2007.
13 Fiscalía General de la Nación, “Fiscalía declaró caso connotado homicidio de activista LGBTI 
y se suma al día de la remembranza de la violencia contra las personas trans”, 20 de noviembre de 2014; Semana, “¿Quién asesinó al activista LGBTI en Bogotá?”, edición digital, 18 de 
noviembre de 2014. 31 Esto hace difícil que se puedan clasificar como crímenes por prejuicio. Sin 
embargo, algunas instituciones han alertado sobre tomar el hurto como 
explicación de estas muertes, ya que “pocas veces se da o por cantidades 
insignificantes, en relación con la sevicia de los homicidios”.14 
El modus operandi de la banda responsable de la muerte de Guillermo 
Garzón muestra una primera forma de prejuicio en la selección de la 
víctima. Si en principio dicha selección operó sobre el reconocimiento de 
su orientación sexual, sería difícil descartar de entrada la relación entre la 
orientación sexual de la víctima y su muerte. Hacerlo implicaría afirmar que 
los responsables solo perseguían fines instrumentales, es decir, asegurar 
la comisión del delito y evitar que la víctima denunciase. Pero separar los 
fines instrumentales de otros fines simbólicos movidos por el prejuicio, es 
una operación de carácter analítico y no necesariamente aplica para cada 
situación. Más aún, es posible que en ciertos casos el asesinato tuviera 
ambos móviles. Por estas razones, aunque no clasificamos todos estos casos 
como homicidios por prejuicio, tampoco descartamos esta posibilidad. En 
últimas, le corresponde a la Fiscalía y al juzgado de conocimiento determinar 
de manera exhaustiva los móviles en los respectivos procesos penales.
Durante el periodo en consideración, tomamos 10 homicidios de hombres gay como homicidios por prejuicio. En estos casos, incluso cuando 
los presuntos responsables hubieran robado dinero o pertenencias de las 
víctimas, las heridas que les propinaron excedieron por mucho las necesarias para quitarles la vida. De este modo, el exceso de violencia fue tomado 
como el factor decisivo para diferenciar unos homicidios que probablemente se perpetraron de manera subsidiaria a un hurto, de otros que de 
manera más probable estuvieron motivados por el prejuicio.
Al igual que con algunos homicidios de mujeres trans, en los casos de 
hombres gay no se busca únicamente consumar otro hecho delictivo (como 
hurto). Se trata de una violencia con el objetivo expreso de eliminarlas y 
enviar un mensaje de rechazo. Que los cuerpos de las víctimas hayan sido 
encontrados con múltiples lesiones de distinto origen (a la vez heridas de 
arma blanca junto con asfixia, golpes o heridas de arma de fuego) podría 14 Informe de Riesgo núm. 008-13, Defensoría Regional de Antioquia, respuesta a derecho de 
petición enviado por Colombia Diversa en enero de 2015. 32 » Homicidios de personas LGBT « además 
indicar que 
los responsables buscaron generarles un 
intenso 
sufrimiento antes de quitarles la vida. En este sentido, el prejuicio tomaría 
la forma de castigo a la víctima por la orientación sexual no heterosexual. 1.3.3 Homicidios por prejuicio de mujeres  
lesbianas o bisexuales Debido a las falencias en los sistemas de información sobre hechos de 
violencia contra personas LGBT, son muy pocos los casos de homicidios 
en los que podemos identificar a la víctima como una mujer lesbiana o 
bisexual. Más aún, la falta de información sobre las circunstancias del 
crimen dificulta analizar los posibles móviles en la mayoría de casos. Sin 
embargo, en 2014 registramos la noticia del homicidio de una mujer joven 
que fue asesinada por ser percibida como parte de la población LGBT. tatiana fandiño, víctima de homicidio  
por prejuicio, bogotá En marzo de 2014 se conoció la noticia del asesinato y desaparición de una joven 
de 23 años en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Las investigaciones de la Fiscalía 
lograron determinar que los autores del homicidio fueron su ex novio y un amigo de 
ellos, con quienes vivía la víctima al momento de los hechos. Durante sus años de 
noviazgo, Tatiana había sido agredida en varias ocasiones por su novio. Finalmente, 
su asesinato se habría precipitado por un “chisme”: que ella había tenido relaciones sexuales con la novia del amigo de la pareja, quien también vivía con ellos. Los 
dos hombres la golpearon, la estrangularon y la desmembraron para poder meter 
su cuerpo en una maleta. Por estos hechos, su ex novio fue condenado a 25 años de 
prisión por homicidio agravado. Por su parte, el otro victimario hizo las siguientes 
declaraciones cuando fue capturado por agentes de la Policía en otra ciudad: “a ella la 
asesinaron por cuestiones de celos, la nena tenía influencias hacia los dos sexos y se 
metía con mi mujer, por eso participé”.15 De la declaración del otro implicado, se puede deducir que los movió el 
prejuicio por ser percibida como bisexual o lesbiana. Dicha declaración, 
sumada a la excesiva violencia de la cual fue víctima la joven mujer, puede 
considerarse como un indicio suficiente de que nos encontramos ante un 
homicidio por prejuicio. 15 El Espectador, “A Tatiana Fandiño la habrían matado por un chisme”, edición impresa, 10 de 
abril de 2014; El Heraldo, “Yo no la maté, solo ayudé a meterla en la maleta”, edición digital, 
1 de junio de 2014. 33 Adicional a esto, también podría considerarse como un homicidio por 
razones de género. Por un lado, porque sus victimarios consideraron que 
una falta a la fidelidad que ella supuestamente debía guardarle a su novio 
era razón suficiente para tal exceso de violencia. Por otro, porque esa no 
fue la primera agresión de parte de su novio, ya que según su familia ella 
había sido golpeada en ocasiones anteriores por él.16 En este sentido, para 
este caso en particular también aplica lo planteado en la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia sobre feminicidio, pues su muerte se produjo 
en un contexto de discriminación y violencia sostenida.17 
En los homicidios de mujeres lesbianas o bisexuales se cruzan los 
prejuicios hacia 
las orientaciones sexuales no heterosexuales con 
la 
discriminación hacia las mujeres. Esto puede apreciarse en las declaraciones 
y razones de los victimarios, en el exceso de violencia ejercida contra la 
víctima y en las otras formas de violencia que antecedieron este crimen.
El 15 de enero de 2015, el Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento 
de Bogotá expidió sentencia condenatoria contra Kevin Jaramillo, novio 
de Tatiana para el momento de los hechos. A pesar de las declaraciones de 
los responsables y de los dictámenes periciales, la sentencia de primera 
instancia no tuvo en cuenta de forma estructural y profunda el agravante 
específico para casos de homicidio por el hecho de ser mujer18 ni el 
agravante genérico de discriminación. Esto a pesar de que el prejuicio fue 
reconocido como determinante en la reconstrucción de los hechos. Dicha 
sentencia señaló: elementos de prueba que confirman, sin lugar a dudas, la materialidad y la 
responsabilidad de la conducta punible de homicidio Agravado, atribuible al 
acusado y su copartícipe, siendo claro que este vulneró el bien jurídico más 
preciado de las personas como es la vida al haber permitido y participado en 
el sometimiento de su compañera sentimental a tratos crueles por parte de su 
amigo LUIS EDUARDO MARTÍNEZ PUNETES, por la sospecha de infidelidad 
de su joven esposa con la menor de edad Z. C. D. B, siendo así como la someten 1




Fandiño fue asesinada porque su novio supuso que ella tenía una relación 
con otra mujer. El prejuicio hacia su orientación sexual (percibida como 
bisexual o lesbiana) fue uno de los móviles del crimen y no se puede 
descartar que se trató de un delito basado en el prejuicio por el contexto 
de los hechos. De igual forma, tampoco se tuvo en cuenta el delito de 
tortura (el cual en la legislación colombiana tiene una variante como delito 
común), pese al dictamen pericial y la declaración del condenado sobre su 
intención de obtener una confesión de parte de la víctima. 1.3.4 Homicidios por prejuicio y vulnerabilidad 
en zonas de conflicto armado Los asesinatos selectivos han sido una de las principales formas de violencia letal dentro del conflicto armado colombiano.20 Uno de los repertorios 
de esta forma de violencia han sido las llamadas “limpiezas sociales”, término ampliamente utilizado para designar los asesinatos consecutivos y 
sistemáticos de personas consideradas “indeseables” e incluso “perjudiciales” para el orden social. Desde los años ochenta, esta forma de violencia 
se ha dirigido hacia personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas, junto con presuntos delincuentes, trabajadoras sexuales, 
consumidores y expendedores de drogas, y habitantes de calle, principalmente.21 Muchos de estos homicidios han sido perpetrados por grupos 
armados como un mecanismo para reafirmar y legitimar su control sobre 
determinados lugares.
Varios de los homicidios de personas LGBT registrados durante el 2013 
y el 2014 tuvieron lugar en zonas de escalamiento de la violencia en contra 
de la población civil por cuenta de dinámicas del conflicto: enfrentamientos 19 Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, sentencia del 15 de enero de 
2015, 8-9. 
20 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, 
Bogotá, 2013.
21 Rojas, Carlos Eduardo, “La violencia llamada “limpieza social””, Centro de Investigación y 
Educación Popular CINEP, Colección Papeles de Paz, Bogotá, 1996. 35 entre actores armados, intimidaciones y represalias contra la población 
civil, entre otras. Algunos de estos casos, además, presentaban rasgos 
similares: fueron asesinatos selectivos, muchos de ellos perpetrados bajo 
una modalidad sicarial y en zonas donde actores armados se han valido de 
amenazas como forma de control social. 
En el primer semestre de 2013 
fueron asesinadas dos personas 
con orientaciones sexuales o 
identidades de género diversas en el 
municipio de Tumaco. Durante los últimos años, el puerto nariñense ha 
presentado una de las tasas de homicidios más altas en el país, debido al 
enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y bandas criminales por el 
control del territorio.22 En los primeros meses de dicho año, se registraron 
amenazas contra múltiples organizaciones sociales y circularon panfletos 
que anunciaban una campaña de “limpieza social”.23 De acuerdo con la 
Defensoría Regional de Nariño: [actores armados] declaraban como blanco de ataque a trabajadoras sexuales, 
personas que señalan como delincuentes, expendedores y consumidores de 
estupefacientes. A principios de 2013 ya se habrían ejecutado asesinatos de este 
tipo […] en los corregimientos de Llorente y en los barrios Nuevo Horizonte y 
Humberto Manzi, donde fueron asesinadas mujeres dedicadas al trabajo sexual, 
un homosexual y un indigente respectivamente.24 A lo largo del 2014, varias personas LGBT fueron asesinadas en algunas 
de las comunas de Medellín más afectadas por la violencia. Unas de ellas 
al parecer, fueron asesinadas durante 
incursiones armadas a barrios 
controlados por bandas rivales. Otras habrían muerto por cruzar “fronteras 
invisibles”. Al menos dos 
jóvenes trans trabajadoras sexuales fueron 
asesinadas dentro de hoteles en el centro de la ciudad, mientras que a una 
tercera la asesinaron frente a una peluquería. La Defensoría del Pueblo 
también ha alertado que en algunas de estas comunas (particularmente la 
10 y la 16) han sido recurrentes las vulneraciones contra personas LGBT 22 Fundación Ideas para la Paz, Los homicidios en 2013: qué dicen y qué no dicen las cifras, 27 de 
enero de 2014; Fundación Ideas para la Paz, Lo que esconden las cifras: en 2014 bajaron los 
homicidios pero persisten dinámicas criminales, 18 de febrero de 2015.
23 CINEP, Informe Noche y Niebla, enero-julio 2013.
24 Defensoría Regional de Nariño, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa en enero de 2015. 36 » Homicidios de personas LGBT « y las amenazas contra esta población como parte de disputas territoriales 
entre bandas criminales.25
En octubre de 2014 fueron asesinadas cuatro personas LGBT de manera 
consecutiva en Caucasia.26 En los municipios del Bajo Cauca antioqueño, 
las tasas de homicidio se dispararon en los años 2013 y 2014 por disputas 
entre bandas criminales por el control del narcotráfico y la economía del 
oro en la región (en Caucasia pasó de 8.6 homicidios por cada cien mil 
habitantes en 2012 a 51.5 en 2013 y 52 en 2014 un incremento de más 
del 600%).27 Para finales del 2014, la agudización de la violencia contra la 
población civil incluyó múltiples asesinatos (líderes sociales, periodistas 
y funcionarios públicos) y circulación de panfletos que amenazaban a 
distintos grupos sociales, entre 
los cuales figuraba población LGBT.28 
Además de esto, 
los 
cuatro homicidios de personas LGBT 
fueron 
perpetrados bajo un mismo modus operandi (ataques sicariales con arma de 
fuego) y al menos dos de las víctimas eran personas con una orientación 
sexual o identidad de género diversa visible.
No todos 
los homicidios de personas LGBT en zonas de conflicto 
fueron clasificados como motivados por el prejuicio. Algunos fueron 
resultado de incursiones armadas de bandas criminales en barrios bajo 
el control de organizaciones enemigas. Otros se produjeron por riñas o 
por cruzar “fronteras invisibles”. De otros no hay suficiente información 
que permita inferir los posibles móviles. Sin embargo algunos presentan 
rasgos similares que sugieren que el prejuicio hacia la orientación sexual o 
la identidad de género de las víctimas fue determinante. En este sentido, 
clasificamos uno de los homicidios cometidos en Tumaco, tres de los 25 Informe de Riesgo núm. 008-13, Defensoría Regional de Antioquia, respuesta a derecho de 
petición enviado por Colombia Diversa en enero de 2015.
26 Departamento de Policía de Antioquia, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa en enero de 2015; RCN Radio, “En el Bajo Cauca han sido asesinadas tres 
personas de la comunidad LGBTI esta semana”, edición digital, 10 de octubre de 2014; El 
Meridiano de Córdoba, “Alarma en Caucasia”, edición digital, 18 de octubre de 2014. 
27 Fundación Ideas para la Paz, Lo que esconden las cifras, 18 de febrero de 2015. 
28 Semana, “Terror en el Bajo Cauca”, edición 1689, septiembre de 2014; Las 2 Orillas, “Las 
Bacrim: el infierno del Bajo Cauca”, edición digital, 16 de septiembre de 2014; Personería 
de Medellín, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa en enero de 
2015. 37 ocurridos en las Comunas 10 y 16 de Medellín y dos de los ocurridos en 
Caucasia como homicidios por prejuicio con ocasión del conflicto armado. 
En primer lugar, cinco de las seis víctimas eran personas que tenían una 
orientación sexual o una identidad de género diversa visible: cuatro de ellas 
eran mujeres trans y uno más era un estilista con una relación de pareja con 
una persona del mismo sexo. En segundo lugar, en los seis casos se pueden 
identificar patrones de violencia sistemática de parte de actores armados 
contra las personas LGBT en particular y contra poblaciones vulnerables 
en general. Tanto en Caucasia como en las Comunas 10 y 16 de Medellín, 
estos homicidios tuvieron lugar dentro de un corto periodo de tiempo. 
En Tumaco, también en un corto periodo de tiempo, se registraron varios 
homicidios selectivos de trabajadoras sexuales y habitantes de la calle 
junto con el de una persona “homosexual”. Por último, en estas tres zonas 
se han registrado también panfletos amenazantes e intimidaciones en las 
cuales se ha señalado, entre otras, a la población LGBT. 
En estos casos se observan otros factores que probablemente aumentaron 
la vulnerabilidad de las personas LGBT que fueron asesinadas. Según el 
Centro Nacional de Memoria Histórica, “el uso de una violencia masiva e 
indiscriminada o de una violencia selectiva recurrente” de parte de grupos 
armados contra la población civil, ha obedecido a “cálculos estratégicos 
[…] según el grado de disputa o de hegemonía territorial”.29 La Defensoría 
del Pueblo y la Personería de Medellín han señalado que algunos de 
estos intereses estratégicos tienen que ver con la generación de recursos 
económicos o con el apoyo que la población civil pueda brindar a las 
actividades delictivas de estos grupos y bandas. 
Algunas amenazas, agresiones 
contra 
la 
integridad y homicidios 
selectivos buscan asegurar el pago de extorsiones, el desvío de recursos 
públicos e incluso la prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes. 
En otros casos, buscan involucrar a la población civil en labores de apoyo, 
como por ejemplo prestar servicios a los integrantes de las bandas y grupos 
armados, servir de informantes, transportar drogas o armas e incluso 29 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, 
Bogotá, 2013, 38. 38 » Homicidios de personas LGBT « reclutar combatientes activos.30 Estas formas de coacción y violencia 
hacia la población civil afecta principalmente a la población joven, aunque 
también a mujeres, niños, niñas y adolescentes que son obligadas a 
prostituirse, a mujeres trabajadoras sexuales que trabajan en sectores bajo 
el control de estos grupos, entre otros. 
Algunas de las personas LGBT víctimas de homicidio en estos contextos 
se dedicaban al trabajo sexual o presuntamente al expendio de drogas. Tres 
de ellas, además, eran jóvenes (19 y 20 años de edad). Estos perfiles, en 
los cuales se cruzan la vulnerabilidad por orientación sexual o identidad de 
género diversas con vulnerabilidad por edad o por ocupación, implicarían 
un mayor grado de exposición a 
la violencia de 
los grupos armados. 
Algunas porque pudieron ser objeto de prostitución forzada o extorsiones 
para ejercer el trabajo sexual en ciertos sectores de la ciudad. Otras porque 
podrían haber estado involucradas en microtráfico o por ser percibidas 
como distribuidoras, colaboradoras o clientes de bandos contrarios. De ser 
así, en determinados contextos de conflicto y violencia, el prejuicio hacia 
las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas 
podría agravarse en razón de otros factores de vulnerabilidad. 1.3.5 Homicidios de defensores de derechos humanos Él decía: matan a mis hermanos, a tantas mujeres transgeneristas y 
nada pasa, la gente se queda callada.31 Los defensores de los derechos de la población LGBT desempeñan un rol 
particularmente importante en el desarrollo de las regiones, tanto en el 
control del cumplimiento de los deberes estatales como en procesos de 
construcción social de una agenda de derechos humanos que involucre el 
respeto y la garantía de los derechos de la población LGBT. En este sentido, su 
labor es esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias 
y beneficia a la sociedad en general (más aún en un país con un prolongado 
conflicto armado, alimentado por profundas desigualdades y exclusiones). 30 Personería de Medellín, Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de 
Medellín - 2014, Medellín, 26 de febrero de 2015. 
31 Sentiido, “Camilo, su ex, recuerda a Guillermo Garzón un mes después de su muerte”, edición digital, 15 de diciembre de 2015. 39 Por tanto, cuando se impide la defensa de los derechos humanos, se afecta 
directamente el resto de la sociedad.32
En el 2013 cuatro de los homicidios registrados por Colombia Diversa correspondieron a personas que estaban involucradas en procesos organizativos de derechos humanos y de derechos de las personas LGBT.33 En el 2014 
esta cifra ascendió a cinco. Cuatro de ellos fueron clasificados como homicidios por prejuicio. Entre el 2008 y el 2014 fueron asesinadas por lo menos 
21 personas que han hecho parte de procesos organizativos de defensa de 
derechos humanos y de los derechos de la población LGBT.
Algunos de estos homicidios se perpetraron en zonas donde el conflicto 
armado ha exacerbado 
los prejuicios y 
la violencia en contra de 
las 
personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas (por 
ejemplo, en Montes de María, Sucre).34 Paralelo a esto, el conflicto armado 
también afectó profundamente numerosas expresiones organizativas y de 
empoderamiento de la sociedad civil. 
En dos de estos homicidios, se registró una violencia excesiva en contra 
de las víctimas. Una de ellas fue encontrada con signos de tortura, golpes 
y un disparo de arma de fuego. Otra presentaba múltiples heridas de arma 
blanca y signos de asfixia. Esto podría considerarse como una retaliación 
tanto por la reivindicación de las orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas, como por sus labores de liderazgo y fortalecimiento 
social. Sus muertes habrían afectado a la vez el reconocimiento y respeto 
de la población LGBT de cada región, como las expresiones más amplias de 
movilización y participación ciudadana. 32 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo Informe sobre la Situación de las 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, 2012. 
33 La Oficina de Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos define así a los defensores o defensoras de derechos humanos: “toda persona que de 
cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional”. Según lo indicado por la Oficina del Alto Comisionado, el criterio identificador de quién debería ser considerado defensor 
o defensora de derechos humanos es la actividad desarrollada por la persona y no otras 
calidades, por ejemplo, si recibe un pago o no por sus labores, o si pertenece a una organización civil o no. Los defensores y defensoras de los derechos humanos se han convertido 
en herramientas esenciales para la implementación universal de los derechos humanos, así 
como para la existencia plena de la democracia y el estado de derecho. 
34 Centro Nacional de Memoria Histórica, Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe 
colombiano. Bogotá, 2011. 40 » Homicidios de personas LGBT « Homicidios de defensores de DD HH de población 
LGBT 2008-2014 41 homicidios de activistas trans, san onofre Nataly era una líder trans de 24 años. Trabajaba junto con otras personas LGBT en un 
proyecto de prevención del VIH. En agosto de 2013, dos hombres en moto la interceptaron mientras se dirigía a su casa en compañía de otras mujeres trans y le dispararon 
con arma de fuego en la cabeza y el abdomen. Ella había sido objeto de ataques en 
dos ocasiones anteriores. Dichas amenazas habían sido puestas en conocimiento del 
Ministerio del Interior. En julio de 2014, otra líder trans del municipio, Florecita, fue 
asesinada en circunstancias similares. Tenía 23 años, hacía parte de procesos comunitarios y del mismo proyecto de prevención de VIH. Desconocidos en moto le dispararon en varias ocasiones con arma de fuego mientras regresaba a su casa. Según Caribe 
Afirmativo, también habría sido amenazada y agredida previamente.35 La falta de debida diligencia del Estado ante estos hechos de violencia 
resulta preocupante. En tres de los casos registrados durante este periodo, 
las víctimas habían denunciado amenazas y ataques previos. Sin embargo, 
las autoridades no garantizaron su derecho a la vida y a ejercer su labor 
de liderazgo social. De hecho, el entonces comandante de Policía de Sucre 
habría desestimado que la muerte de Nataly estuviera relacionada con su 
identidad de género o su papel como activista. Por el contrario, se aventuró 
a decir que se trataría de retaliaciones entre organizaciones delincuenciales.36 Actualmente, Colombia Diversa tiene conocimiento de la apertura 
de procesos penales para seis de estos homicidios, de los cuales dos se encuentran en etapa de indagación, no hay imputación de cargos y solo uno 
ha concluido en sentencia condenatoria. De los tres restantes no tenemos 
información sobre el proceso penal. 
Estos asesinatos de activistas LGBT y defensores de derechos humanos 
en el 2013 y el 2014 se suman a los reportados en años anteriores, ante 
los cuales Colombia Diversa insiste en la impunidad de las muertes de 
Álvaro Miguel Rivera, Fredys Pineda y Wanda Fox. Aunque han pasado 
varios años desde que se perpetraron estos crímenes, los tres homicidios 
siguen sin sanción a los responsables. El proceso penal por el homicidio de 
Fredys Pineda se encuentra en etapa de juicio; los de Álvaro Miguel Rivera 35 Departamento de Policía de Sucre, respuesta a derecho de petición enviado en enero de 2015; 
Defensoría Regional de Sucre, respuesta a derecho de petición enviado en enero de 2015; El 
Heraldo, “Matan a un transexual en San Onofre”, edición impresa, 5 de agosto de 2013; El 
Meridiano de Sucre, “Rechazan la muerte de ‘Florecita’”, edición digital, 26 de julio de 2014.
36 El Meridiano de Sucre, “Serían por narcomenudeo y hurto”, edición digital, 7 de agosto de 2013. 42 » Homicidios de personas LGBT « y Wanda Fox se encuentran en etapa de indagación: después de cinco años 
de su muerte aún no hay imputación de cargos.37 1.4 Conexidad con otros factores 
de vulnerabilidad En los hechos de violencia contra personas con orientaciones sexuales o 
identidades o expresiones de género diversas, y particularmente en casos de 
homicidio, se debe tener en cuenta otros factores de vulnerabilidad además 
del prejuicio. Con el ánimo de adelantar esta tarea, nos propusimos identificar otros factores de vulnerabilidad de las víctimas de los homicidios registrados durante el 2013 y el 2014. Se identificaron preliminarmente dos: 
la adscripción étnico-racial de las víctimas y su situación socio-económica. 1.4.1 La raza o etnia de las víctimas De los 164 homicidios de personas LGBT registrados en el 2013 y el 2014, 
identificamos preliminarmente a 10 de las víctimas como personas afrodescendientes y 1 persona indígena (sin tener en cuenta el subregistro de 
información que pueda existir sobre la materia). Además, es importante 
señalar que la única institución pública que remitió información étnicoracial fue Medicina Legal. Cabría esperar que exista una mayor cantidad 
de personas racializadas y con orientaciones sexuales o identidades de 
género diversas que hayan sido víctimas de hechos de violencia, especialmente en regiones con una mayor concentración de población afro o 
indígena (como en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, 
Nariño, Bolívar y Atlántico).38 
Existe una interseccionalidad entre sexo/género/raza y todas las otras 
formas de 
identidad que hacen que 
las mujeres sean especialmente 
vulnerables a algunas formas de discriminación y abuso.39 Bajo este marco 37 Respuesta de la Fiscalía General de la Nación al debate de control político citado por la 
representante Angélica Lozano sobre la acción del Estado ante la violencia contra las personas LGBT, Comisión Primera de la Cámara de Representantes, septiembre de 2014. 
38 En algunas de estas regiones, además, tienden a superponerse las desigualdades raciales, 
la pobreza y el conflicto armado. Auto 005 de 2009, Corte Constitucional, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa.
39 Crenshaw, Kimberlé, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence 
Against Women of Color”, en The Public Nature of Private Violence, New York, 1994, 93-118. 43 encontramos que cuatro eran mujeres trans, una era una mujer lesbiana 
y cuatro están registrados con sexo masculino, pero sobre estos últimos 
no hay información sobre la identidad de género u orientación sexual. 
Adicional a esto las mujeres trans asesinadas hacían parte de procesos 
organizativos de defensa de derechos humanos en el Caribe colombiano 
(dos en el departamento de Bolívar y dos en Sucre). homicidio de activista trans, cartagena En marzo de 2014 fue asesinada Angelina, una joven mujer trans y afro. Tenía 19 
años y hacía parte del colectivo Transformando de la ciudad de Cartagena. En horas 
de la madrugada, Angelina se encontraba con su hermano en una discoteca del barrio 
Canapote. Cuando salían del establecimiento se presentó una riña ante la cual intervino la Policía. Durante el enfrentamiento, un patrullero disparó de manera indiscriminada, impactando a Angelina en la cabeza. Fue trasladada a un centro asistencial, 
pero murió pocas horas después. Otras personas habrían resultado heridas por la intervención de los uniformados, entre ellos el hermano de Angelina. Recientemente, 
el patrullero que le causó la muerte fue capturado y asegurado con medida de detención preventiva, después de que el Consejo Superior de la Judicatura resolviera que 
el proceso penal fuera adelantado por la justicia ordinaria y no por la justicia penal 
militar. La Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado, homicidio en modalidad 
de tentativa, omisión de socorro, tortura, y hurto calificado y agravado.40 Sobre los diez casos reseñados anteriormente, se tiene información 
de seis procesos penales abiertos y solo en dos han sido capturados los 
presuntos 
responsables. La 
interseccionalidad 
en 
la discriminación 
debe ser un elemento determinante en la investigación y la sanción a 
los responsables. En tal medida se debe analizar cómo el prejuicio y los 
estereotipos de sexo/género/raza son determinantes frente al móvil del 
delito y los respectivos agravantes que señala el Código Penal. Por ejemplo, 
en los casos reseñados encontramos que las circunstancias de los hechos 
en siete de los homicidios fueron a través de ataque sicarial con arma de 
fuego y en los otros dos hay señales de sevicia y tortura.
Es necesario tener en cuenta la adscripción étnico-racial para una mejor 
comprensión de las distintas formas de vulnerabilidad y violencia a las 
cuales pueden estar expuestas las personas LGBT. En un sentido similar, 
algunos desarrollos normativos internos han llamado la atención sobre 40 El Universal, “Mujer trans muere en una riña en el barrio Canapote”, edición digital, 3 de 
marzo de 2014; Q’Hubo, “Un tiro para Angelina”, edición impresa, 4 de marzo de 2014; 
Fiscalía General de la Nación, “Detención preventiva para patrullero por el homicidio de un 
homosexual”, 20 de marzo de 2015. 44 » Homicidios de personas LGBT « la necesidad de establecer medidas para mitigar la vulnerabilidad de las 
poblaciones afro e indígenas, que tengan también en cuenta sus problemas 
socio-económicos y la situación de las mujeres. El Auto 005 de 2009 
planteó la necesidad de implementar medidas con “enfoque diferencial 
que valore debidamente las necesidades especiales” de la población afro 
víctima del conflicto armado.41 
En medio de estas especificidades y necesidades especiales, se encuentran 
aquellas relacionadas con las diferencias de género de las poblaciones 
afrodescendientes e 
indígenas, así como 
las orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas. Esto, además, concuerda con lo establecido 
en las Convenciones Interamericanas contra el racismo y contra todo tipo 
de discriminación, sobre la necesidad de combatir formas múltiples y 
agravadas de discriminación que resultan del cruce de distintos factores, 
como el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la raza, la etnia, 
la discapacidad, entre otras.42 1.4.2 La situación socio-económica de las víctimas Gran parte de las víctimas de homicidio registradas durante este periodo eran 
personas que estarían en situaciones de precariedad y vulnerabilidad socioeconómica. Para levantar los indicadores de este fenómeno, tomamos la 
ocupación de las víctimas como un indicador de su posición de clase. Del total 
de homicidios de personas LGBT registrados por Colombia Diversa entre el 
2008 y el 2014, disponemos de información sobre la ocupación de 262 de las 
víctimas. De ellas, 91 (34.7%) eran trabajadoras sexuales43, 60 eran estilistas 
(22.9%) y 20 se desempeñaban como comerciantes (7.6%). Por lo menos 41 Corte Constitucional, Auto 005 de 2009, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa.
42 Ambas convenciones fueron firmadas por el Estado colombiano pero aún está pendiente 
su ratificación.
43 Según un boletín epidemiológico de Medicina Legal sobre homicidios de mujeres trabajadoras sexuales en Colombia, las mujeres en ejercicio de la prostitución tienen 40% más probabilidades de sufrir una muerte violenta que el conjunto de la población femenina. De los 
casos registrados por Medicina Legal entre 2004 y 2013, el 50% tenía grado de escolaridad 
básica primaria, el 6.7% no tenía ningún grado de educación y en el 27.3 % de los casos, no 
se disponía de información al respecto. El estudio no tuvo en cuenta la orientación sexual 
de las víctimas y cabe suponer que la selección de los casos a partir de la variable “sexo” dejó 
también a un lado a las mujeres trans en ejercicio de la prostitución. Instituto Nacional de 
Medicina Legal, Boletín epidemiológico. Homicidios de mujeres en condición de prostitución durante los años 2004 a 2013. 45 8 personas se dedicaban a trabajos manuales no calificados o con escasa 
calificación y remuneración (obreros, jornaleros y mecánicos, por ejemplo). El 
mayor porcentaje (65.6% equivalente a 172 personas) se dedicaban a oficios 
que fueron clasificados como trabajos de cuidado y de prestación de servicios 
que por lo general requieren poca calificación y obtienen igualmente escasa 
(y a veces ninguna) remuneración: amas de casa, conductores, estilistas, 
trabajadoras sexuales, meseras y vendedores ambulantes, entre otros. Por 
último, en al menos 25 casos (9.54%) la víctima desempeñaba una profesión 
que requería estudios universitarios: derecho, medicina, docencia, ingeniería 
y administración, principalmente. Todo esto, sin contar varios casos de 
personas desempleadas o dedicadas a “oficios varios”. 
Esta primera selección indica que la mayoría de víctimas de homicidio 
(por 
lo menos el 68%) se dedicaban a 
labores para 
las cuales no 
necesitaban haber cursado estudios universitarios, probablemente con 
escasa remuneración y en situaciones de precariedad laboral y económica. 
Si bien este es aún un análisis preliminar, puede servir como pista de otros 
factores que podrían conllevar a una mayor vulnerabilidad de las personas 
LGBT víctimas de hechos de violencia. 1.5 Contextos de discriminación y suicidio Según las cifras de Medicina Legal, en el 2013 se registraron dos suicidios 
de personas LGBT en el país. En 2014 se registraron siete suicidios, de los 
cuales seis fueron reportados por Medicina Legal excepto el caso de Sergio 
Urrego que, pese a la magnitud de las circunstancias, no fue registrado por 
los datos oficiales como una persona LGBT. Con esto, el total de personas 
LGBT que se quitaron la vida para el periodo en consideración es de nueve, 
sin contar con el subregistro en esta materia. 
No tenemos información sobre el contexto en que ocurrió cada uno de 
estos suicidios. Sin embargo no podemos descartar que los prejuicios por la 
orientación sexual y la identidad de género, podrían llegar a ser elementos 
determinantes para que personas como Sergio Urrego tomen la decisión 
de suicidarse. 46 » Homicidios de personas LGBT « joven de 16 años se suicida después de ser discriminado  
en el colegio, bogotá Sergio Urrego44 tenía 16 años y era estudiante del grado 11. Él tenía una relación 
con otro menor de edad, estudiante del mismo sexo del colegio Gimnasio Castillo 
Campestre. Luego de que se les tomó una foto mientras que se daban un beso y que 
esta fuera descubierta por un profesor de la institución educativa, el Colegio inició 
una serie de actos discriminatorios, como ser enviado a psicología y ser acusado de 
“acoso sexual” contra su novio. El 4 de agosto de 2014, Sergio se suicidó y dejó una 
carta que indica: “aunque dejé la razones claras por las que me suicido, quiero que 
quede constancia de que no es culpa de mi padre o de mi madre, solamente considero 
absurdo vivir más de 17 años así como Caicedo consideraba avergonzante vivir más 
de 25 años, sumado a eso que varios problemas que tuve últimamente (sobre todo en 
el colegio) fueron un detonante para que yo me suicide”.45 Las consecuencias de la discriminación por orientación sexual deben ser 
analizadas en casos de suicidio para prevenir que estos hechos vuelvan a 
suceder. Es importante que la administración de justicia, en particular la 
Fiscalía, pueda llevar el caso a juicio de manera que se conozca la verdad, 
se acceda a la justicia y a la reparación, así como que se reivindique el buen 
nombre de Sergio y su familia. Este caso debe llevar un mensaje sobre 
la responsabilidad en temas de discriminación por orientación sexual e 
identidad de género a los colegios y al ámbito educativo en general. 
El acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación en el caso de Sergio 
Urrego es un reto para la administración de justicia en Colombia, en la 
medida en que constituye el primer precedente en materia penal en el cual 
se busca sancionar a particulares por actos de discriminación. La memoria 
de Sergio Urrego y su familia debe ser reivindicada, y para tal efecto se 
debe conocer la verdad de lo sucedido. Esto sin duda servirá para prevenir 
y proteger la discriminación en la escuela, pero también en otros ámbitos 
privados y públicos, como las familias y entidades oficiales. 1.6 Conclusiones Si tomamos como referencia los anteriores informes de derechos humanos 
de Colombia Diversa, el número de homicidios de personas LGBT en 44 Para mayor información consultar el centro de documentación de Colombia Diversa: 
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/index.php/sergio-urrego
45 Sergio Urrego, Carta dirigida a su familia, 4 de agosto de 2014. 47 Colombia ha venido disminuyendo desde el año 2010, cuando se reportó 
el mayor número de casos. Sin embargo esto no quiere decir que hoy exista 
menos discriminación y violencia por prejuicio hacia las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 
Hay que tener en cuenta, además, que esto se enmarca en la disminución 
general de las cifras globales de homicidio en Colombia.46 No obstante, 
algunas instituciones y organizaciones de derechos humanos han alertado 
que esta tendencia a la baja en el número de homicidios en ciertas regiones 
obedece a la reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado: en 
algunas ocasiones, porque un actor armado logra establecer su dominio 
en cierta zona, en otras porque establecen pactos de no agresión y 
distribución de las áreas de influencia. En ambos casos, la disminución de 
los enfrentamientos entre actores armados hace que se presenten menos 
homicidios, pero también expone a la población civil al aumento de otros 
delitos (como el cobro de extorsiones). Por último, se trata de un equilibrio 
precario que puede romperse en cualquier momento, con lo cual podrían 
aumentar nuevamente los enfrentamientos y con ellos el número de 
muertes violentas.47
La disminución en los homicidios de personas LGBT debe acompañarse 
con medidas que contrarresten de manera estructural el prejuicio, de 
modo que no sea únicamente resultado coyuntural de otras dinámicas 
del conflicto. Las políticas para la disminución de la discriminación y la 
violencia hacia la población LGBT deben tener en cuenta otros factores de 
vulnerabilidad que pueden agudizar el prejuicio hacia esta población.
A pesar de las limitaciones de este primer análisis, puede servir como 
pista de un fenómeno que se debe explorar más a profundidad: no a todas 
las personas LGBT las matan o sufren de violencia por igual. Así como 
los índices de homicidios y violencia son mayores entre las mujeres trans 
y los hombres gay, también parecen serlo entre las personas LGBT en 
situaciones de vulnerabilidad socio-económica por su posición de clase, su 
ocupación, su origen étnico-racial o por la residencia en zonas de conflicto. 46 Instituto Nacional de Medicina Legal, Informe Forensis, Bogotá, 2013.
47 Personería de Medellín, Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de 
Medellín - 2014, Medellín, 26 de febrero de 2015. 48 » Homicidios de personas LGBT « Esto debe asumirse como una tarea pendiente tanto por parte de las 
instituciones del Estado como por parte de las organizaciones sociales y 
la sociedad civil. Es necesario ahondar en los mecanismos a través de los 
cuales se reproducen el prejuicio y la violencia hacia las personas LGBT en 
el país, teniendo en cuenta los cruces con otras formas de vulnerabilidad, 
desigualdad y discriminación. 49 Violencia policial hacia 
población LGBT 2 o L u T
P í a
C  Foto página anterior: Nicolo´Filippo Rosso, Barrio Santafé, Bogotá, 2014.  
Más información www.nicolofilipporosso.com Acá los policías son muy violentos, hacían batidas, le pegaban a uno, así 
mojadas le pegaban a uno, mojado le daban a uno con bates con bolillos.1 La violencia policial es ejercida por la Policía hacia la población civil 
en contravía del marco constitucional y legal vigente. Por lo general, la 
violencia resulta de la extralimitación de las funciones de la Policía, del 
abuso de autoridad y en algunos casos se convierte en graves violaciones 
de derechos humanos. No obstante, la violencia policial tiene causas y 
consecuencias diferentes cuando se ejerce hacia personas LGBT. Las causas 
de esta forma de violencia, en la mayoría de los casos, son los prejuicios por 
parte de los agentes del Estado por la orientación sexual y la identidad de 
género de las víctimas. Por su parte, las consecuencias son aún más graves 
en la medida en que se envía un mensaje negativo a la sociedad, rompe 
la confianza con la comunidad y representa un uso desproporcionado e 
irracional de la autoridad contra un sector de la población. 
Parte del problema de la violencia policial surge de la debilidad del marco 
legal que rige las actuaciones de los integrantes de la Policía. El Código 
Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970) se creó cuando las relaciones 
homosexuales estaban criminalizadas, es previo a la Constitución Política 
de 1991 y a pesar de esto todavía sigue vigente. Existe una necesidad 
inminente de actualizar dicho código de acuerdo a 
los parámetros 
constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos, con 
una visión menos peligrosista2 que tenga en cuenta a la población LGBT 
como sujeto de especial protección constitucional. 1 2 Ritterbusch, Amy E. Alexia, entrevista–mujer trans, 10 de septiembre de 2014. 
Esto guarda relación con la influencia de la Escuela Positivista del Derecho Penal bajo la 
cual se mantuvo criminalizada la homosexualidad. Respecto a la relación entre peligrosidad y positivismo jurídico-penal, y particularmente la obra de Ferri, véase Velásquez, F. 53 Uno de los principales problemas del actual Código Nacional de Policía 
es el margen de discrecionalidad y arbitrariedad que opera al momento 
de aplicar las medidas policivas para garantizar el orden público cuando 
se trata de personas LGBT. Ante los ojos de la Policía, un beso entre 
personas LGBT resulta ser un “acto obsceno” y, por tanto, merecedor 
de sanción. Esto constituye un ejemplo de prejuicio y violación de los 
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, libre desarrollo de 
la personalidad y dignidad humana. 
El único mecanismo especial que da lineamientos a la Policía sobre la 
atención a las personas LGBT es la Directiva Permanente 006 de 2010. Sin 
embargo, como hemos señalado en reiteradas oportunidades, dicha Directiva 
no responde a las necesidades de la población LGBT y además en la práctica 
es inoperante frente a la violencia que ejerce la institución.3 En ninguno de 
los casos documentados en el periodo de estudio del presente informe, se 
logró comprobar la operatividad de los oficiales de enlace para población 
LGBT ni el impacto de las capacitaciones y actividades consagradas en la 
Directiva permanente para la protección de las personas LGBT. 
A partir del marco legal vigente, el presente capítulo analiza los hechos 
de violencia policial registrados durante el 2013 y el 2014 en Colombia. En 
primer lugar se analizan las cifras de violencia policial para el periodo de 
estudio. En segundo lugar se caracteriza la violencia policial motivada por 
prejuicios. En tercer lugar se analizan las cuatro prácticas más frecuentes 
de violencia: violencia física, verbal, detenciones y expulsiones del espacio 
público. Por último, se presentan las conclusiones del capítulo. Manual de Derecho Penal. Parte General. Sexta edición. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 
Bogotá, 2014, 267-269. 
Colombia Diversa, Impunidad sin fin. Informe de derechos humanos de lesbianas, gay, bisexuales 
y personas trans en Colombia 2010-2011, Bogotá, 2012. 3 54 » Violencia policial hacia población LGBT « 2.1 Violencia policial: cifras y 
hallazgos 2013-2014 Cállese maricón, cállese que aquí no vale nada4 En los años 2013 y 2014 se cometieron por lo menos 222 hechos de 
violencia policial hacia personas LGBT. No obstante, el número de víctimas 
es mayor, pues buena parte de los hechos involucraron dos o más personas. 
En el 2013 la cifra reportada fue de 79 hechos y en el 2014 fue de 143 
actos de violencia por parte de la Policía, en donde por lo menos una de 
las víctimas del hecho se identificó como lesbiana, gay, bisexual o persona 
trans. Con esto, el número de hechos de violencia policial contra personas 
LGBT entre 2006 y 2014 asciende a 398. 
Los hechos registrados en el periodo de estudio afectaron aproximadamente a 240 personas LGBT que fueron víctimas en razón de prejuicios 
hacia las orientaciones sexuales e identidades de género no heterosexuales. 
Las personas más afectadas por la violencia policial son las personas trans, 
quienes representan el 50% de víctimas de estas conductas, seguidas por 
los hombres gay con un 18%, las mujeres lesbianas con un 16% y las personas bisexuales con un 4%. El 13% restante corresponde a hechos en donde 
no se pudo establecer con claridad la orientación sexual o la identidad de 
género específica de las personas afectadas. 
En el año 2013 se reportaron 79 hechos de violencia policial, que 
representan 282% de casos más que en el año 2012, es decir que el registro 
aumentó casi tres veces. En el 2014 se registraron 143 hechos de violencia 
policial hacia las personas LGBT, lo cual representa un aumento del 181%. 
El aumento se explica por los datos aportados por Medicina Legal. En 
los años anteriores, dicha institución no reportaba información de hechos 
de violencia 
interpersonales (particularmente 
lesiones personales) en 
donde se señalara la orientación sexual y la identidad de género de las 
víctimas. Para el 2013 y el 2014, Medicina Legal incluyó estas variables 4 CINEP, Informe Noche y Niebla, enero-junio 2013; Web Noticias, “Joven perteneciente a la 
comunidad LGBTI denuncia agresiones por parte de las autoridades”, edición digital, 11 de 
marzo de 2013. 55 en los registros de lesiones personales, junto con una identificación genérica del 
presunto agresor (que incluía agentes de Policía). Adicional a esto, es importante 
aclarar que los datos se basan en las declaraciones dadas por las propias víctimas a 
los funcionarios de Medicina Legal encargados de tomar sus declaraciones y también 
que dicho registro no equivale a la individualización de los agentes responsables ni a 
la apertura de un proceso disciplinario o penal.5 5 departamentos con mayor 
número de hechos de violencia 
policial entre 2006-2014 5 Instituto Nacional de Medicina Legal, respuesta al derecho de petición presentado por Colombia Diversa, 3 de marzo de 2013. De igual forma, Colombia Diversa realizó una reunión con funcionarios de 
Medicina Legal, con el fin de corroborar está información el 8 de abril de 2015. 56 » Violencia policial hacia población LGBT « Hechos de violencia policial según orientación 
sexual e identidad de género de las víctimas A pesar de este avance, todavía se observan problemas en el registro de la violencia 
por parte de Medicina Legal en lo referente al uso de las categorías sexo/orientación 
sexual/ identidad de género. Por un lado, el sexo (femenino o masculino) se diligencia 
según el texto de la cédula de ciudadanía o según lo declare la persona en los casos que 
no hay documento de identificación, mientras que, por otro lado, la orientación sexual 
y la identidad de género se diligencia según lo que declare la víctima o de acuerdo a las 
percepciones de los médicos forenses. 
Por lo anterior, se presentan contradicciones en la información, como por ejemplo 
que eran personas de sexo femenino e identidad de género transexual. No obstante, 57 por el contexto de los hechos no queda claro si se hace referencia a hombres 
trans (de los cuales no hay casi registros sobre hechos de violencia) o a mujeres trans que se hubieran realizado cirugías de “reasignación de sexo” para 
realizar el cambio de sexo en la cédula. Este tipo de problemas en el manejo 
de información por parte de entidades oficiales genera buena parte del subregistro sobre hombres trans víctimas de homicidio, violencia policial u 
otras violaciones graves que vulneran sus derechos humanos. 
La violencia policial en los años 2013 y 2014 se registró en 23 de los 
32 departamentos de Colombia. Los 5 departamentos donde se registró 
mayor índice de violencia policial contra personas LGBT fueron el Valle 
del Cauca con 15%, Bogotá con 13%, Antioquia con 13%, Guajira con 10% 
y Bolívar con 9%. En términos generales, estos departamentos han sido 58 » Violencia policial hacia población LGBT « los más afectados por la violencia por parte de la Policía hacia la población 
LGBT en los últimos años, junto con Atlántico. 
Del total de casos registrados entre el 2006 y el 2014, el 19.4% tuvieron 
lugar en Antioquia, el 14.9% en Valle del Cauca, el 13.1% en Bogotá, el 9.3% 
en Bolívar y en Atlántico el 8.8%. Como se mencionó en el primer capítulo 
estos son, además, los departamentos donde se concentran la mayor parte 
del total de homicidios en Colombia, pero en particular de personas LGBT. 
Aunque este fenómeno se concentra por lo general en los principales 
departamentos y capitales (al igual que los homicidios), los hechos de 
violencia policial registrados en el 2013 y en el 2014 también indican una 
variación considerable por año. Este es el caso de Cundinamarca, donde 
no se obtuvieron registros de violencia policial en el 2013, pero existen al 
menos 7 hechos en el 2014. Igual sucede con Bogotá que reportó 5 casos 
en el 2013 y en el 2014 se registraron 23 casos de violencia policial hacia 
personas LGBT. En contraste, en la Guajira se registraron 20 hechos de 
violencia policial en el 2013 y en el 2014 disminuyó a 2 hechos. 
Colombia Diversa no ha registrado aún casos de violencia policial hacia personas LGBT en nueve departamentos del país: Amazonas, Boyacá, 
Chocó, Guanía, Guaviare, Putumayo, el Archipiélago de San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada. La mayoría de estos departamentos tampoco 
registra homicidios u otras formas de violencia hacia personas LGBT. El 
hecho de que en estos departamentos no se haya registrado ningún hecho 
de violencia contra personas LGBT por parte de integrantes de la Policía no 
significa que necesariamente no haya ocurrido este tipo de violencia. 
Distintos factores pueden generar la ausencia de registros en ciertos 
departamentos o las pocas cifras que se reportan en otros. La carencia 
de casos verificables puede deberse a varios factores como: falencias en 
los sistemas de registro de la información, falta de denuncia por parte 
de las víctimas o ausencia de hechos de violencia por parte de la Policía. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la dinámica y la caracterización de 
la violencia hacia las personas LGBT, es probable que estos hechos se 
presenten en gran parte del país, en especial contra las mujeres trans en 
ejercicio de la prostitución hacia quienes existe un patrón de violencia 59 por parte de agentes de la Policía que aplican la ley de manera selectiva y 
desproporcionada. 
Las falencias en los sistemas de información y de denuncia agravan 
la falta de debida diligencia de la oficina de control interno disciplinario 
de la Policía, así como de la Procuraduría y de la Fiscalía (entes que 
respectivamente tienen competencias para conocer estos tipos de violencia 
policial en términos disciplinarios y penales) tal como se desarrolla más 
adelante (véase capítulo 4). 2.2 ¿Dónde y cuándo el prejuicio  
se vuelve violencia? Caracterización 
de la violencia policial Los prejuicios son una forma de calificar o categorizar a las personas 
en grupos o tipos particulares y se producen por generalizaciones o 
preconcepciones concernientes a los atributos, características y roles de 
quienes son miembros de un grupo social particular. Así, se crea un juicio o 
una idea sobre las personas sin considerar habilidades, necesidades, deseos 
y circunstancias individuales.6 En el tema de estudio, encontramos que la 
Policía generalmente asocia a las personas LGBT con prejuicios negativos 
sobre la promiscuidad, la prostitución, la inmoralidad, la peligrosidad, el 
consumo de droga y alcohol, asociaciones directas con algunos delitos 
como el hurto, el microtráfico e incluso sobre crímenes pasionales. 
Los prejuicios que tienen las autoridades policivas contra las personas 
LGBT usualmente desembocan en acciones que extralimitan la autoridad 
de policía, hechos arbitrarios y violatorios de la legislación disciplinaria y 
penal, el uso selectivo de la ley hacia la población LGBT y en omisiones de 
los deberes legales y constitucionales. Todas estas formas de violencia se 
enmarcan dentro de faltas disciplinarias (gravísimas, graves y leves), así 
como delitos tipificados en el Código Penal de Colombia o violaciones de 
derechos humanos, que deben ser investigados y sancionados. 6 Véase Cook, Rebecca J, Cusack, Simone. Estereotipos de Género: Perspectivas Legales Transnacionales, 
Profamilia, 2011. 60 » Violencia policial hacia población LGBT « La violencia policial por prejuicio trae también consecuencias en términos 
del daño y la visibilización que estas producen. Así encontramos que existen 
formas explícitas e invisibles de violencia contra personas LGBT por 
parte de la Policía. Esto genera que las primeras sean más tangibles y, por 
tanto, exista mayor probabilidad de registro oficial como ocurre con los 
homicidios, la violencia sexual y las agresiones físicas graves. Mientras 
que las segundas, que son menos visibles, no son registradas y rara vez 
se denuncian, como por ejemplo las expulsiones del espacio público, las 
obstrucciones al derecho al trabajo, las amenazas, el hostigamiento, otras 
formas de violencia sexual y la violencia verbal. 
La violencia policial debe ser más visibilizada en todas sus formas para 
erradicar los estereotipos y la discriminación por parte de la Policía hacia las 
personas LGBT. Sin embargo, por las debilidades del sistema judicial y de 
los órganos de protección de derechos humanos, no suelen ser consideradas 
delitos o violaciones de derechos humanos. Este es un problema estructural 
que debe resolver el Estado al momento de diseñar mecanismos para erradicar 
formas de violencia que se han perpetuado como prácticas policiales hacia 
un sector de la población hace varios años. Usualmente la violencia policial hacia personas LGBT, es motivada por 
el prejuicio en la medida en que opera teniendo en cuenta las siguientes 
características: 
a) Selección de la víctima: no es neutral, pues se basa en prejuicios y estereotipos sobre la orientación sexual, identidad y expresiones de género. 
b) Móviles de la violencia: la acción u omisión por parte de la autoridad 
policial se dirige a personas LGBT con el fin de causar daño, sembrar 
temor u obtener beneficio directo o para un tercero. 
c) Lugar o contexto de vulnerabilidad: existen lugares frecuentados por la población LGBT con mayor probabilidad de arbitrariedad, uso excesivo de la 61 fuerza y desproporcionalidad de las medidas policivas como: zonas de ejercicio de prostitución, parques y lugares de encuentro de personas LGBT. 
El prejuicio proviene de la mirada preconcebida de los agentes de policía 
sobre las personas y no de los comportamientos de las personas LGBT. Por 
tal razón, los estereotipos de la Policía contra la población LGBT operan 
contra una persona o un grupo de personas por el solo hecho de ser 
percibidas como no heterosexuales, haciéndose por tanto objeto inmediato 
del uso y el abuso de la autoridad policial. 
Del análisis de los casos, podemos deducir que en los contextos donde los 
prejuicios operan hacia la población LGBT, la autoridad policial fácilmente 
se transforma en violencia como una forma de acción–reacción sobre las 
personas que se presume son peligrosas para la sociedad. Los prejuicios de la 
Policía son más evidentes hacia las mujeres trans y hombres gay. Por ejemplo, 
en la calle los prejuicios son tan fuertes hacia las mujeres trans en ejercicio 
de la prostitución, que muchas veces basta con identificarlas a distancia para 
que en muchos casos se ejerza de forma inmediata violencia verbal o física.7 
Además, es importante advertir que la violencia policial por prejuicio opera 
de forma distinta según la orientación sexual y la identidad de género, así 
como otros factores como edad, situación económica, raza o etnia. 2.3 Violencia policial: formas visibles  
de prejuicio, discriminación y violencia Así como un mismo hecho de violencia policial puede afectar a más de 
una víctima, también puede comprender más de una forma de violencia. 
Algunas son prácticas explícitas de violencia, como las agresiones físicas 
o verbales. Pero otras son formas menos visibles de violencia que podrían 
pasar por procedimientos regulares, como expulsiones del espacio público 
o retenciones transitorias sin justificación. Dado que son menos visibles, 
el subregistro de estas formas de violencia es mayor. No obstante, esto no 
quiere decir que sean menos graves, ya que vulneran derechos fundamentales 
como el libre desarrollo de la personalidad y además suelen acompañarse 
de violaciones más graves, como amenazas o lesiones personales. 7 Colombia Diversa, entrevista a mujer trans, Cali, 26 de septiembre de 2014. 62 » Violencia policial hacia población LGBT « De los 222 hechos de violencia hacia personas LGBT registrados en el 
periodo de estudio, en 195 hubo alguna forma de agresión física (es decir, 
en el 88% de los casos). En 14 casos (6%) hubo alguna forma de violencia 
verbal y en igual número de casos se presentaron actos de hostigamiento. 
En 10 ocasiones las víctimas fueron expulsadas de manera arbitraria del 
espacio público (4.5%). En 8 casos las víctimas fueron amenazadas (3.6%), 
en 7 casos fueron retenidas o privadas de su libertad arbitrariamente (3%) 
y en 6 casos (2.7%) los agentes de Policía aplicaron selectivamente la ley o 
incumplieron los parámetros de los procedimientos policivos (cuando se 
extralimitan durante el ejercicio de sus funciones como durante requisas). 
En dos ocasiones, los agentes de Policía obstruyeron actividades de trabajo 
de mujeres trans dedicadas a la prostitución (1%). Por último, en 1 caso 
hubo daños al patrimonio de la víctima, otro caso fue un homicidio y otro 
una violación sexual (0.4% cada uno).
Colombia Diversa ha identificado cuatro formas de violencia policial hacia 
personas LGBT muy frecuentes: física, verbal, conducciones y detenciones 
arbitrarias, y expulsiones del espacio público y hostigamiento. A continuación 
desarrollamos cada una de las clases de violencia policial enunciadas. 63 Tipos de violencia policial, 2013-2014 2.3.1 Violencia física La violencia física se presenta de diferentes formas: homicidio, tentativa 
de homicidio o 
lesiones personales.8 Es 
importante aclarar que, de 
conformidad con el artículo 119 del Código Penal, las lesiones personales se 
ven agravadas por las mismas circunstancias que el homicidio,9 de manera 
que ante estos supuestos también resultará procedente el agravante por 
violencia basada en género. mujer trans asesinada por un agente  
de policía, cartagena El 13 de marzo de 2014, en el barrio Canapote de la ciudad de Cartagena, fue asesinada Angelina Lucía Martínez, de 19 años de edad, por un agente de la Policía 
Metropolitana de Cartagena. Angelina iba saliendo de una discoteca cuando se presentó una riña ante la cual intervinieron agentes de la Policía. No obstante, testigos 
aseguran que uno de los uniformados disparó de manera indiscriminada durante la 
riña, hiriendo a varias personas, entre ellas a Angelina, a quien una de las balas le 
impactó la cabeza. Fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció a las pocas 
horas. Un mes después del crimen fue capturado César Antonio Delima Granados, 
quien presuntamente disparó el arma que le causó la muerte a Angelina, de acuerdo 
con las prueba periciales en balística.11 8 9 Las lesiones personales se encuentran tipificadas en el artículo 111 del Código Penal de 
Colombia y tiene como agravantes: incapacidad para trabajar (art. 112), deformidad (art. 
113), perturbación funcional (art. 114), psíquica (art. 115) o anatómica (art. 116). 
Art. 119 Código Penal: “cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores 
concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104 las respectivas penas se 
aumentarán de una tercera parte a la mitad.”. 
10 El Universal, “Mujer trans muere en una riña en el barrio Canapote”, edición digital, 3 de 
marzo de 2014; Q’Hubo, “Un tiro para Angelina”, edición impresa, 4 de marzo de 2014; 64 » Violencia policial hacia población LGBT « Los hechos más frecuentes se materializan a través de objeto contundente, 
arma de dotación o incluso uso de sustancias químicas. Se pudo determinar 
que la gran mayoría de las veces estas agresiones por parte de la Policía son 
ejercidas contra población LGBT en altas horas de la noche o de la madrugada, 
en el espacio público o incluso dentro de las patrullas o vehículos de la 
Policía.11 Además, la violencia física que ejerce la Policía hacia las personas 
LGBT generalmente va acompañada de otras formas de violencia como la 
verbal y el uso de las amenazas, es decir, de violencia psicológica. mujer trans trabajadora sexual es agredida dos veces por el 
mismo policía, bucaramanga El 21 de septiembre de 2014 en la calle 31, Carrera 20 del Barrio Centro en Bucaramanga, Shirley Dayanna Ramírez fue agredida físicamente por un policía, identificado con el alias “Harry Potter” según la información suministrada por la Personería de 
Bucaramanga. Dos meses después Shirley Dayanna Ramírez fue agredida nuevamente por el mismo uniformado en el mismo lugar del centro de Bucaramanga. Shirley 
denunció lo ocurrido ante la Personería Municipal. En la primera oportunidad que se presentó el anterior caso a la Personería 
de Bucaramanga, esta “procedió a comunicarse con la Oficina de Atención 
al Usuario de la Policía Nacional (sic). Nos manifiestan que es necesario 
tener el nombre y el apellido del presunto agresor para efectos de iniciar 
investigación disciplinaria, y quedamos a la espera de que (sic) la peticionaria 
nos indicara el nombre o apellido. Le manifestamos a la peticionaria que 
instaure el denuncio en la fiscalía por las presuntas lesiones que causó el 
agente de la Policía”.12 
En la segunda ocasión, la Personería de Bucaramanga “procede a enviar 
oficio al comandante de Policía del Área Metropolitana de Bucaramanga, 
manifestando el presunto abuso de autoridad por parte de uno de los 
agentes”13. Como consecuencia, la oficina de control interno disciplinario Fiscalía General de la Nación, “Detención preventiva para patrullero por el homicidio de un 
homosexual”, 20 de marzo de 2015.
11 Colombia Diversa, entrevista a mujer trans, Bogotá, 3 de febrero de 2015. 
12 Personería de Bucaramanga, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa 
en enero de 2015. 
13 Personería de Bucaramanga, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa 
en enero de 2015. 65 abrió un proceso disciplinario por los hechos expuestos. No tenemos más 
información sobre el particular. No obstante lo anterior, la Personería, en 
coherencia con el deber de debida diligencia, debió remitir el caso ante la 
Fiscalía General de la Nación, en la medida en que se trata de una agresión 
física que tiene efectos penales (lesiones personales) y falta disciplinaria. 
La violencia física por parte de policías trae efectos legales en materia 
disciplinaria y penal que no son excluyentes entre sí, es decir, los policías 
están 
llamados a 
responder en ambas 
jurisdicciones. Sin embargo, 
en la práctica no existen garantías para acceder a sanciones 
justas y 
proporcionales al daño causado a personas que han sido discriminadas por 
su orientación sexual e identidad de género. Las defensorías del pueblo y 
las personerías están también llamadas a brindar ayuda legal con el fin 
de dar a conocer las rutas de protección y denuncia en relación con la 
violencia hacia la población LGBT. hombre gay víctima de múltiples episodios de violencia  
por parte de la policía, valle del cauca El 3 de marzo de 2013, Carlos, un hombre gay, estaba sentado en un andén con algunos amigos cuando unos miembros de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, 
adscritos a la estación La Flora, lo detuvieron, amenazaron, torturaron e hirieron. 
Posteriormente, llegó otro policía y “colocándome su mano sobre mi cuello, como si 
me fuera a ahorcar, me arrincona sobre la pared, y subiéndome a 4 centímetros por 
encima del piso me dice: mariquita, que por mi bienestar me quede callado, que allí sí 
me enseñarán a ser hombrecito, (…) Cállese maricón, cállese que aquí no vale nada”14. De igual forma, por falta de ruta especial en la atención y denuncia, 
las personas LGBT generalmente no acuden a Medicina Legal para 
que determinen a través de un dictamen pericial el grado de la lesión 
(permanente, transitoria, grave o leve). Por consiguiente, ante la ausencia de 
dictamen médico-legal es más difícil probar el daño causado y, por tanto, que 
el proceso penal o disciplinario culmine con una sanción adecuada y justa. 14 CINEP, Informe Noche y Niebla, enero-junio 2013; Web Noticias, “Joven perteneciente a la 
comunidad LGBTI denuncia agresiones por parte de las autoridades”, edición digital, 11 de 
marzo de 2013. 66 » Violencia policial hacia población LGBT « 2.3.2 Violencia verbal La violencia verbal es una práctica frecuente por parte de la Policía. Este 
tipo de violencia genera graves consecuencias contra las personas LGBT al 
reafirmar institucionalmente un mensaje de rechazo, odio o exclusión. Una 
palabra agresiva o violenta por un policía tiene un efecto directo contra la 
víctima: disminuirla, excluirla y menospreciarla como ser humano. De igual 
forma, la violencia verbal tiene un efecto indirecto y simbólico frente al 
contexto donde sucede por el mensaje de rechazo que envía a la comunidad. 
Las formas más frecuentes de violencia verbal apelan a reproducir 
estereotipos negativos en torno a las orientaciones sexuales e identidades 
de género no heterosexuales. Así, encontramos que los hombres gay son 
llamados 
“mujercitas”, 
“locas”, 
“mariquitas” o 
les dicen: 
“hable como 
hombre”, “sea varón”. De igual forma, esto ocurre con las mujeres lesbianas 
que son llamadas “machorras” o “areperas”. joven gay insultado y forzado a recoger sus documentos  
en el cai, bogotá El 19 de noviembre de 2014, Cristian estaba esperando el bus en la avenida Suba en 
Bogotá, cuando unos agentes de Policía se le acercaron y le pidieron los papeles. Los 
policías le quitaron la cédula y le dijeron que tenía que ir a recogerla al CAI Andes. 
Cuando se dirigió allá, los agentes le dijeron “mariquita loca, ya lo tenemos identificado por las porquerías que hace en el humedal”. Cristian no tomó ninguna acción 
legal contra los policías por desconfianza en las instituciones y temor a retaliaciones 
por parte de los agentes que lo detuvieron.15 En el trabajo de campo logramos documentar que las mujeres trans son 
víctimas de violencia verbal por prejuicios directamente relacionados con 
su identidad y expresiones de género en el espacio público. En algunos 
casos, la violencia verbal es bastante explícita a través de expresiones como 
“escoria de la sociedad”, “personas enfermas” o “que dan asco”.16 En otros 
casos, se presenta por falta de reconocimiento de la identidad de género, así 
como cuando la Policía solicita documentos a las mujeres trans y las llama 15 Colombia Diversa, entrevista a hombre gay, Bogotá, 24 de noviembre de 2014.
16 Colombia Diversa, entrevista a mujer trans, Bogotá, 3 de febrero de 2015. 67 “caballero” o “señor”, lo cual en la mayoría de las veces genera tensiones y, en 
algunos casos, es el detonante de otras formas de violencia.17 
El desconocimiento de la identidad de género por parte de los miembros 
de la Policía, en todos sus rangos y jerarquías, no puede seguir justificándose 
por la falta de capacitación, sensibilidad o protocolos. Algunas veces se ha 
utilizado como excusa para no garantizar los derechos de las personas trans 
a ser nombradas según su identidad de género y, desde allí, desconocer el 
marco constitucional vigente.18
La violencia verbal basada en prejuicios hacia la orientación sexual e 
identidad de género puede llegar a constituir el delito de discriminación 
de acuerdo al marco legal vigente (Ley 1482 de 2011) al menos en dos 
circunstancias: primero, cuando los actos de discriminación verbal estén 
encaminados a 
la restricción, 
impedimento u obstrucción arbitraria 
de derechos (artículo 134A del Código Penal); segundo, en casos de 
hostigamiento, es decir, cuando la violencia verbal sea intencionalmente 
utilizada para promover o instigar actos orientados a constituir daño físico 
o moral a las personas o grupos conforme a dichos prejuicios (artículo 134B 
del Código Penal).19 Sin embargo, hasta el momento no hemos conocido 
ningún caso en el que se haya sancionado la violencia verbal como forma 
de discriminación. 2.3.3 Retenciones transitorias y arbitrarias La Policía utiliza la autoridad institucional y el poder preventivo que le 
otorga la Constitución Política y el marco legal vigente para restringir el 
derecho de circulación y movilidad en el espacio público a las personas 
LGBT. El Código Nacional de Policía establece como medida correctiva la 
llamada retención transitoria (artículo 186, numeral 8), la cual consiste 
en “mantener al infractor en una estación o subestación de Policía hasta 
por 24 horas” (artículo 192). Aquella medida correctiva es impuesta por el 17 Caribe Afirmativo, Informe de Derechos de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero 
en el Caribe colombiano, 18 de noviembre de 2013. 
18 Colombia Diversa, Impunidad sin fin. Informe de derechos humanos de lesbianas, gay, bisexuales 
y personas trans en Colombia 2010-2011, Bogotá, 2012. 
19 En ambos casos la pena se agrava de conformidad con el artículo 134C, cuando la conducta 
sea cometida por un servidor público o porque esté encaminada a restringir o negar el 
acceso al trabajo. 68 » Violencia policial hacia población LGBT « comandante de la estación cuando una persona se encuentre en estado de 
embriaguez y no quiera ser acompañado a su casa y cuando por “estado de 
grave excitación pueda cometer inminente infracción de la ley penal” (artículo 
207). La retención transitoria fue restringida por la Corte Constitucional 
en la sentencia C-720 de 2007 y se establecieron garantías para preservar 
la libertad y derechos de la ciudadanía.20 Sin embargo, la Policía no ha 
implemetando plenamente la sentencia, el Congreso tampoco ha regulado 
la materia y se sigue interpretando discrecionalmente esta facultad. 
En la práctica, la Policía cuenta con un amplio margen de discrecionalidad 
al momento de determinar cuáles conductas o comportamientos son 
autorizados. Para esto, usa como fundamento normativo el 
llamado 
“estado de grave excitación”. Los agentes pueden decidir que una persona 
se encuentra en estado de excitación bajo cualquier supuesto, mientras 
sea amplio su margen de discrecionalidad y no existan mecanismos para 
garantizar el derecho de las personas a defenderse de esto al momento en 
que se toma la decisión.
La calificación del grado de excitación es subjetiva y puede convertirse 
en algo arbitrario, si se tienen en cuenta los prejuicios contra las personas 
LGBT, como la asociación de estas con la idea de “personas problemáticas, 
consumidoras de alcohol o drogas”21. Por lo anterior, muchas personas 
son detenidas sin justa causa y son conducidas a vehículos de la Policía, 
a los CAI o a la Unidad Permanente de Justicia (centro de retención 20 Dijo la Corte en la mencionada sentencia: “en todo caso, y hasta tanto el Congreso de la 
República regule la materia […], la retención transitoria sólo podrá aplicarse cuando sea 
estrictamente necesario y respetando las siguientes garantías constitucionales: i). Se deberá 
rendir inmediatamente informe motivado al Ministerio Público, copia del cual se le entregará 
inmediatamente al retenido; ii). Se le permitirá al retenido comunicarse en todo momento 
con la persona que pueda asistirlo; iii). El retenido no podrá ser ubicado en el mismo lugar 
destinado a los capturados por infracción de la ley penal y deberá ser separado en razón 
de su género; iv). La retención cesará cuando el retenido supere el estado de excitación o 
embriaguez, o cuando una persona responsable pueda asumir la protección requerida, y en 
ningún caso podrá superar el plazo de 24 horas; v). Los menores deberán ser protegidos 
de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia; vi). Los sujetos de especial 
protección constitucional sólo podrán ser conducidos a lugares donde se atienda a su 
condición”. Corte Constitucional, sentencia C-720 de 2007, magistrada ponente Catalina 
Botero Marino. 
21 Colombia Diversa, entrevista a mujer trans, Cali, 26 de septiembre de 2014. 69 transitoria). En algunos casos, son retenidas por varias horas en vehículos 
institucionales y las dejan libres en lugares alejados de la ciudad.22 pareja de mujeres lesbianas retenidas y conducidas al cai por 
su orientación sexual, caldas El 23 de mayo de 2013, hacia las 11 de la noche, Daniela iba caminando con su amiga, Laura, cuando dos patrulleros en moto se bajaron y uno de ellos agarró a Laura 
tratando de inmovilizarla, la tiró al piso y la lastimó en el brazo. A los 10 minutos 
llegó una patrulla con tres uniformados (dos hombres y una mujer). A Daniela la inmovilizaron y a Laura le pegaron en las piernas y en la espalda con el bolillo. A ambas 
las esposaron y las arrojaron violentamente dentro de la patrulla. Les amarraron las 
piernas a las dos con un saco y uno de ellos le tiró un zapato en la cara a Daniela. Las 
llevaron a la comisaría hasta el día siguiente a las 6:30 am. Uno de los agentes que 
condujo la agresión las trataba de “este muchachito tan verraquito”23. No tenemos 
conocimiento sobre el inicio de procesos disciplinarios o penales sobre el particular. La Corte Constitucional ha indicado que las restricciones de carácter 
policivo a las libertades reconocidas para los individuos, se rigen según 
el régimen de garantías constitucionales de acuerdo a 
los siguientes 
estándares: se debe asegurar la vigencia del principio pro libertad; ante la 
necesidad de restricción procede el poder de policía en tanto manifestación 
del principio democrático representativo; la función y la actividad de policía 
deberán sujetarse estrictamente al principio de 
legalidad; por último, 
el principio de proporcionalidad debe guiar todas las actuaciones, para 
asegurar su concreción y aplicación.24 
Las conductas contrarias a estos supuestos se adecúan al delito de 
privación ilegal de libertad, consagrado en el Código Penal.25 Sin embargo, 
en la práctica son tan comunes que siguen siendo utilizadas, sin ninguna 
clase de investigación y sanción a los responsables. Por el contrario, hemos 
identificado los siguientes problemas: 
a) Arbitrariedad de la detención: en la mayoría de los casos la Policía detiene 
de forma transitoria o amenaza con la detención a las mujeres trans 22 Colombia Diversa, entrevista a mujer trans, Bogotá, 3 de febrero de 2015. 
23 Defensoría Regional de Caldas, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa en mayo de 2014.
24 Corte Constitucional de Colombia, sentencia T- 909 de 2011. 
25 Artículo 174: “el servidor público que abusando de sus funciones, prive a otro de su 
libertad, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) meses a noventa (90) meses”. 70 » Violencia policial hacia población LGBT « que ejercen la prostitución en determinados sectores reconocidos por la 
oferta de servicios sexuales. 
b) Desproporcionalidad de la medida: la detención opera contra personas 
LGBT en la calle de forma desproporcional en comparación con el resto 
de la población ubicada incluso en el mismo lugar, zona o barrio. 
c) Sistematicidad de la detención: la Policía detiene a las personas LGBT de 
forma frecuente en los lugares de encuentro o zonas de prostitución 
como una forma de reafirmación de su poder y autoridad. 
d) Ausencia de registro: por 
la forma y 
los 
lugares en que operan 
las 
detenciones hacia personas LGBT, estas usualmente no se denuncian 
ni registran. 
e) No hay mecanismo efectivo de denuncia: las personas retenidas no tienen 
mecanismo legal efectivo para denunciar que la medida fue arbitraria o 
injustificadamente violenta al momento de su aplicación. 
Las retenciones afectan en mayor medida a las mujeres trans y operan 
de una forma más sistemática debido a que sus espacios de movilidad 
dentro de la ciudad son más reducidos que para el resto de la población 
LGBT, es decir, muchas mujeres trans viven y trabajan en el mismo sector. 
Esto hace que las mujeres trans sean más fáciles de rastrear y de ubicar en 
un determinado tiempo y espacio. Por ejemplo, la Policía del cuadrante del 
barrio Santafé en Bogotá, tiene conocimiento sobre la hora y los lugares 
del barrio en que se encuentran distintas mujeres trans. Esto facilita que 
la violencia se presente en varias oportunidades y que usualmente sea 
diferente frente a otras personas que ejercen la prostitución en la misma 
zona y que no pertenecen a la población LGBT.
De igual forma, los perpetradores de la violencia (los policías) son más 
fáciles de individualizar, ya que en muchos casos suelen ser los mismos, 
es decir, en muchos casos se tejen relaciones de poder y persecución entre 
los mismos agentes y las mismas víctimas. En este sentido, es común 
escuchar comentarios como: “ese policía me la tiene montada”,26 pero 
al mismo tiempo esto permite que los agentes ejerzan mayor control y 
poder sobre el territorio, de manera que la violencia se vuelve un recurso 
sistemático para legitimar su autoridad. 26 Colombia Diversa, entrevista a mujer trans, Bogotá, 3 de marzo de 2015. 71 Otro aspecto recurrente en el trato diferencial que la Policía ejerce 
sobre personas LGBT se da cuando son detenidas por algún hecho ilícito 
que presuntamente realizaron. En estos casos, las personas LGBT son 
sometidas a tratos inhumanos y a largas esperas para ser judicializadas27. 
Esto constituye una vulneración al debido proceso que se gesta por los 
prejuicios hacia 
la orientación sexual e identidad de género de estas 
personas. La manera como se aplica la ley es insuficiente para garantizar 
la seguridad ciudadana, pues sus guardianes no hacen un uso adecuado de 
esta. A la ley le hace falta proporcionalidad.28 2.3.4 Expulsiones del espacio público y hostigamiento Las expulsiones del espacio público de personas LGBT se enmarcan en 
contextos de prejuicios por la orientación sexual y la identidad de género 
que tiene la sociedad sobre estas personas a los que la Policía responde y a 
la vez reproduce. Esto se debe a que buena parte de las veces, la Policía obra 
en respuesta a denuncias de residentes o visitantes de zonas específicas. 
En este sentido, observamos que usualmente las denuncias se presentan 
cuando ven a dos personas del mismo sexo besándose en un parque, en 
la calle u otros espacios públicos. Existe una sanción social frente a las 
prácticas de afecto de las parejas del mismo sexo, donde la Policía apela a la 
aplicación selectiva y desproporcional del Código de Policía, y por lo tanto, 
actúa sin sustento legal ni constitucional que lo permita. 27 Si la persona en espera de la judicialización supera las 36 horas sin ser puesta a disposición 
de la Fiscalía o del 
juez de Control de Garantías, esto puede constituir el delito de 
prolongación ilícita de privación de la libertad. 
28 Colombia Diversa, entrevista a mujer trans, Cali, 26 de septiembre de 2014. 72 » Violencia policial hacia población LGBT « pareja de hombres gay sancionados por la policía  
por darse un beso, bogotá El 9 de noviembre de 2014, Héctor estaba con su novio en el Humedal de Córdoba. 
Estaban compartiendo un rato en el parque y se estaban dando un beso cuando llegó la Policía y se los llevó para el CAI porque supuestamente ese comportamiento 
estaba clasificado dentro del Código de Policía como actos obscenos. Los llevaron al 
CAI Andes y les pusieron un comparendo pedagógico de trabajo comunitario por la 
infracción # 27 del Código de Policía (actos obscenos en público o en zona abierta al público). Los amenazaron con llamar a sus casas y sacarlos del closet ante sus familias si 
no firmaban el comparendo. Ellos firmaron y, posteriormente, interpusieron acción 
de tutela solicitando se amparasen sus derechos a la igualdad y no discriminación, 
la libertad de circulación, la libertad de expresión y el debido proceso. Sin embargo, 
el juez de conocimiento no amparó los derechos fundamentales y al momento de la 
escritura del presente informe se encuentra en apelación.29 Sobre el anterior caso debe advertirse que un beso en espacio público 
por parte de una pareja del mismo sexo no puede considerarse ni social 
ni legalmente un “acto obsceno”, pues hace parte del libre desarrollo 
de la personalidad y de la libertad de expresión.30 Por consiguiente, las 
autoridades públicas no están autorizadas según la ley a interferir en algo 
tan personal e íntimo. De igual forma, la Policía vulneró el debido proceso 
al imponer una sanción que no era proporcional, justificada ni legal, según 
el marco jurídico vigente. 
La sanción impuesta tuvo como fundamento factores de discriminación 
por orientación sexual, en la medida en que cuando una pareja heterosexual 
se da un beso en la calle o en un parque no se clasifica como acto obsceno 
y no es sancionada con un comparendo pedagógico. Por tanto, se puede 
deducir que existió una violación conexa entre el debido proceso y el 
derecho a la igualdad y no discriminación. Adicional a esto, al coartar 
arbitrariamente el ejercicio de derechos con base en prejuicios por la 
orientación sexual de las víctimas, esta conducta se puede adecuar al delito 
de discriminación agravada tanto por el lugar donde se cometió como por 
el hecho de que fue realizada por un servidor público. 29 Colombia Diversa, entrevista a hombre gay, Bogotá, 9 de marzo de 2015. 
30 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta-Sub-Sección “A”, sentencia de 
primera instancia, 24 de febrero de 2015. 73 Otra situación frecuente se da cuando la comunidad denuncia a las mujeres 
trans en ejercicio de la prostitución ante la Policía, en especial cuando están 
en lugares no permitidos para tal actividad por los planes de ordenamiento 
territorial o simplemente por considerarlas “peligrosas para la sociedad”. 
La Policía suele hostigar más a las mujeres trans que a otras mujeres que 
realizan trabajo sexual en la misma zona.31 De ahí que restringe el uso del 
espacio público a estas mujeres trans bajo la disculpa de salvaguardar las 
normas y leyes de ordenamiento del espacio. Esta violencia termina por 
convertirse en una forma de obstrucción de las actividades de trabajo de las 
mujeres trans y termina como un atentado contra derechos fundamentales 
como el mínimo vital, pues muchas de ellas dependen de este sustento para 
acceder a su propia vivienda y alimentación. mujer trans en ejercicio de la prostitución víctima  
de violencia policial, bogotá El 2 de diciembre de 2012, Carolina33 fue agredida por dos agentes de la Policía, los 
cuales le rociaron el cuerpo con una sustancia desconocida, probablemente un gas 
pimienta, que le quemó los senos, el abdomen y parte del brazo. El 27 de agosto 
de 2013, uno de los mismos agentes que la habían agredido con el gas pimienta, le 
golpeó las piernas y los glúteos propinándole graves heridas en sus implantes de silicona. Los policías involucrados fueron sancionados con ocho meses de suspensión. 
Sin embargo Carolina continúa siendo víctima de constantes hostigamientos por los 
agentes de Policía del CAI Navarra. Desde el año 2012 hasta la fecha, Carolina ha 
sido conducida al CAI Navarra ocho veces sin justificación alguna. Actualmente hay 
un proceso penal por lesiones personales contra los policías que la agredieron. No 
obstante este proceso, que inició en 2013, no ha tenido una respuesta efectiva por 
parte de la administración de justicia. 33 Esto involucra también una segregación socio-espacial de las personas 
trans a ciertos lugares en donde pueden ser constantemente supervisadas 
por la autoridad policiva. La Policía sabe exactamente a qué horas y en qué 
calles se ubican cuáles mujeres trans para trabajar, por lo que los episodios 
de violencia suelen estar marcados por una relación previa que se ha 
construido en un contexto de poder y autoridad. Estos hechos tienden a 
repetirse y generan una justificada desconfianza en la institucionalidad. 31 Colombia Diversa, entrevista a mujer trans, Bogotá, 3 de febrero de 2015. 
32 Nombre ficticio para proteger la identidad y los derechos de la persona entrevistada.
33 Colombia Diversa, entrevista a mujer trans, Bogotá, 3 de febrero de 2015. 74 » Violencia policial hacia población LGBT « El prejuicio hacia las personas que ejercen la prostitución o que de alguna 
forma son consideradas sexualmente desviadas al apartarse de los roles 
que la sociedad ha asignado como naturales, hace que sean judicializadas 
con mayor frecuencia. 2.4 Conclusiones El aumento en las cifras de violencia policial muestran la necesidad de 
adoptar medidas efectivas para proteger y judicializar las violaciones de 
derechos humanos hacia personas por su orientación sexual e identidad 
de género. Además, como estudiamos en los casos anteriores, los prejuicios hacia la población LGBT por parte de la Policía hacen que exista 
mayor vulnerabilidad a diferentes tipos de violencia y abuso de autoridad. 
Por lo tanto, deben existir mecanismos de prevención para que estos hechos no se sigan presentando. 
Un solo hecho de violencia no solo involucra usualmente a más de una 
persona, sino que produce mensajes de violencia contra todo un conjunto 
de formas de ser y de expresarse. La golpiza a un grupo de mujeres trans, 
la expulsión del espacio a una pareja de mujeres lesbianas de un parque, el 
comparendo a dos hombres gay por darse un beso en espacio público, produce consecuencias sobre todas las personas que se identifican como LGBT: 
les envía un mensaje institucionalizado y sistemático de discriminación, 
exclusión y relegación a la vida privada, a la búsqueda de espacios de “tolerancia” en donde puedan expresarse sin ser juzgados por las autoridades. 
La violencia policial opera en la calle y la transforma en un no-lugar 
para las personas LGBT: un espacio físico en donde no se puede ejercer la 
ciudadanía plena y en donde no se puede construir la identidad de género 
propia y la orientación sexual escogida. Esta negativa al derecho de uso de 
la ciudad, se transforma en discriminación y exclusión contra las personas 
LGBT, a quienes se les asignan unos pocos lugares donde son “permitidas” 
dentro de la ciudad y otros, la gran mayoría, donde no pueden existir ni 
expresar con libertad su orientación sexual e identidad de género. 
Por último, se observan problemas estructurales y debilidades del marco 
legal existente frente a la violencia policial hacia las personas LGBT, el 
cual sigue siendo inadecuado. El Código de Policía debe ser reformado de 75 acuerdo a los parámetros constitucionales, teniendo en cuenta los avances 
de la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales de 
derechos humanos. amenazas y panfletos 3 o L u T
P í a
C  Foto de página anterior: panfleto amenazante, que fue circulado en el corregimiento 
de Pasacaballos, Cartagena, 2013. […] los que estan (sic) torcidos los vamos a enderezar a punta de plomo 
y cuchillo, o estan (sic) con nosotros o se desaparecen gonorreas. Se 
acabaron estudiantes comunistas, homosexuales, ratas viciosos y 
violadores.1 En su labor de documentar la situación de derechos humanos de las 
personas LGBT en el país, Colombia Diversa ha identificado las amenazas 
contra la vida y la integridad como otra de las principales violaciones a los 
derechos de esta población. Esta es una forma de violencia que usualmente 
se 
interrelaciona con otros delitos como homicidios, 
tentativas de 
homicidio o desplazamiento forzado. 
Muchas veces 
las amenazas contra 
las personas LGBT ocurren en 
zonas de violencia y en el marco del conflicto armado. Este es el caso de 
las amenazas directas o indirectas mediante panfletos, las cuales han sido 
utilizadas por actores armados para sembrar miedo como una forma de 
controlar a la población civil. Algunas de estas prácticas de control se han 
denominado como “limpieza social”, entendida como la muerte selectiva 
de personas consideradas “indeseables”. Las personas LGBT han sido 
especialmente vulnerables ante este tipo de prácticas, junto con otros 
grupos poblacionales usualmente perseguidos: 
trabajadoras sexuales, 
personas habitantes de calle o consumidoras de drogas, y en algunas zonas 
trae como consecuencia el delito de desplazamiento forzado. 
En la mayoría de panfletos y amenazas hacia la población LGBT se 
reproducen los prejuicios sobre la sexualidad, la orientación sexual y 
la identidad de género, lo cual se puede deducir del uso de expresiones 
agresivas y despectivas. Sin embargo, en muy pocos casos se 
logra 1 Panfleto firmado por las Águilas Negras, encontrado en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, 1 de 
febrero de 2014. 79 identificar a los responsables, menos aún judicializarlos y garantizar la 
seguridad de las víctimas o que los hechos no se vuelvan a repetir. 
El objetivo del presente capítulo es hacer un análisis de las amenazas 
contra personas LGBT durante el periodo en consideración. En este sentido, la primera parte presenta el número de hechos amenazantes registrados por Colombia Diversa, desagregadas por departamento, el medio utilizado, víctimas y presuntos responsables. La segunda parte analiza este tipo 
de violencia en contextos de conflicto armado y por fuera de él. 3.1 Amenazas contra personas LGBT  
en el 2013 y en el 2014: hallazgos generales Entre el año 2010 y el 2014 se registraron 84 amenazas directas e indirectas 
contra la población LGBT. En el 2013 se registraron 32 amenazas en trece 
departamentos, mientras que en el 2014 fueron 22 en doce departamentos 
(véase tabla 3). Las cifras de los dos últimos años son considerablemente 
más altas que las reportadas entre el 2010 y el 2012. Sin embargo esto no 
significa necesariamente que sea el número total de amenazas, ya que se 
debe en gran parte a problemas con el registro oficial y la visibilización de 
este tipo de violaciones.
Las amenazas contra población LGBT también tienen un alto grado de 
subregistro como se mostrará en el capítulo 4, razón por la cual las dimensiones de este fenómeno podrían ser incluso más grandes que los datos acá 
presentados. Teniendo en cuenta el total de amenazas registradas desde el 
2010, el departamento con mayor incidencia en estos hechos de violencia es 
Atlántico con 19 amenazas en cinco años, equivalente al 22%. Le siguen Sucre, con 11 hechos amenazantes (13%); Bolívar, con ocho amenazas (9.5%); 
Santander y Bogotá D. C., con siete casos cada uno (8.3% respectivamente). 
En cada departamento las amenazas tienden a concentrarse en subregiones donde el conflicto armado ha tenido un mayor impacto. De las ocho 
amenazas registradas en Sucre durante el periodo en consideración, cuatro 
tuvieron lugar en municipios de los Montes de María (Sincé, Toluviejo y 
Chalán), donde los paramilitares ejercieron un violento control sobre la población civil entre finales de los noventa y comienzos de la década pasada.2 
Las demás tuvieron lugar en Sincelejo. En Santander, las cinco amenazas 
registradas en el 2013 tuvieron lugar en Barrancabermeja, Magdalena Medio, otra zona de antiguo control paramilitar.3 En Cundinamarca y Bogotá, 
tres de las ocho amenazas registradas en los últimos dos años tuvieron 
lugar entre la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. En esta 
zona la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre situaciones de riesgo para 
la población civil por cuenta de la presencia de bandas criminales.4 Las tres 
fueron atribuidas a las Águilas Negras, aunque durante ese mismo periodo 
circularon muchas otras amenazas colectivas contra población civil. 2 3 4 Centro Nacional de Memoria Histórica, La masacre del Salado: esa guerra no era nuestra, Bogotá, 2009. Centro Nacional de Memoria Histórica, Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes 
en el Caribe colombiano, Bogotá, 2011. 
Verdad Abierta, “La persecución paramilitar en el Magdalena Medio”, edición digital, 22 de 
marzo de 2013. 
Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo 004 de 2011; Nota de seguimiento 007 de 2013 
en relación con el Informe 004 de 2011. 81 Sobre los responsables de estos hechos de violencia, 27 de los hechos 
amenazantes fueron atribuidos a grupos paramilitares o a las llamadas 
“bandas criminales” (50%). Entre ellos figuran: los Rastrojos, los Urabeños, 
las Águilas Negras, el Ejército Anti-Restitución e incluso las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). No disponemos de información sobre los presuntos responsables de 22 de las amenazas, lo que corresponde al 40% del 
total. Una amenaza fue de las FARC-EP, en la región del Catatumbo, Norte 
de Santander. Una fue atribuida al ELN, en Arauca. Otra fue atribuida a grupos armados sin especificar, otra a grupos neonazis en la ciudad de Bogotá 
y al menos una más habría sido perpetrada por un particular (2% cada una). 3.2 Dinámica de las amenazas Las amenazas tienen un impacto directo e indirecto sobre la población LGBT. 
En algunos casos porque los responsables las hacen llegar directamente 
a las personas amenazadas o las nombran en los panfletos distribuidos 
públicamente, mientras que en otros casos hacen referencia general sin 
nombrar a un sujeto determinado. 
Del total de amenazas registradas en el 2013 y en el 2014, 30 corresponden a amenazas mediante panfletos (55.5%) y 12 fueron amenazas directas a  
través de medios físicos (cartas enviadas a las residencias o lugares de trabajo de las víctimas) o medios electrónicos (correos electrónicos, mensajes 
en redes sociales o mensajes de texto en celulares) (22.2%). En 12 de las 
amenazas registradas no se tiene información detallada sobre los medios 
o circunstancias en que se desarrollaron (22.2%).
De las 54 amenazas registradas durante este periodo, 24 (44.4%) estuvieron dirigidas a sujetos determinados de la población LGBT, es decir, hacia particulares y no de manera genérica hacia lesbianas, homosexuales, 
travestis, entre otros. Esto no solo ocurre con las amenazas directas, ya que 
algunos de los panfletos distribuidos en lugares públicos mencionaban a 
personas LGBT con nombres de registro, nombres identitarios o apodos. 
A continuación se presentarán tres patrones recurrentes de las amenazas 
contra personas LGBT: en primer lugar, amenazas como forma de violencia 
por intolerancia contra grupos vulnerables; en segundo lugar, las amenazas 
contra defensores de derechos humanos y personas vinculadas a procesos 82 » Amenazas y panfletos « organizativos; y en tercer lugar amenazas por particulares. En los dos 
primeros casos, se trata de una forma de violencia estrechamente ligada al 
conflicto armado y a otras formas de violencia sociopolítica. No obstante, 
como se mostrará en la última parte, las amenazas contra las personas 
LGBT como una forma de violencia por prejuicio no se circunscriben 
únicamente a las dinámicas del conflicto. Amenazas 2013-2014 según el medio utilizado 3.2.1 Las amenazas en el conflicto armado Gran parte de las amenazas contra personas LGBT registradas en el 2013 
y en el 2014 estuvieron asociadas a dinámicas del conflicto armado. 
En primer 
lugar porque, como se mencionó anteriormente, 
fueron 
perpetradas por grupos armados al margen de la ley y bandas criminales. 
Si bien estas últimas no son reconocidas como grupos armados al margen 
de la ley, pueden ser consideradas como actores del conflicto sin que esto 
implique otorgarles estatus político de beligerancia.5 
La población LGBT es más vulnerable a las amenazas en comparación 
con el total de víctimas en el país. Según los datos estadísticos disponibles 5 La Comisión Interamericana ha señalado que además de estar estrechamente vinculadas 
al narcotráfico, las bandas criminales disponen de capacidades organizativas y bélicas 
suficientes para poner en riesgo a la población civil. Gracias a esto, logran ejercer control 
territorial y poblacional en determinadas regiones, a veces valiéndose de métodos y medios 
similares a los usados por los paramilitares y generando graves violaciones de derechos 
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de 
derechos humanos en Colombia, diciembre de 2013. 83 del Registro Único de Víctimas, el 3.1% del total de víctimas del país ha 
sufrido amenazas, mientras que el 13.9% de las víctimas LGBT fueron 
registradas por el mismo hecho. Esto demuestra que esta población es 
alrededor de cuatro veces más vulnerable a este tipo de violación. 
De la cifra global encontramos que 20 de las amenazas y panfletos 
tuvieron 
lugar en zonas de 
influencia de actores armados. Según 
la 
Defensoría Regional de Nariño, en los primeros meses de 2013 circuló un 
panfleto que amenazaba con una “limpieza social” en la cabecera municipal 
de Tumaco, donde la población civil se ha visto duramente afectada por los 
enfrentamientos entre las FARC-EP y las bandas criminales por el control 
del puerto (véase capítulo 1). Otro caso se presentó en el municipio de El 
Tarra, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde las FARC-EP 
amenazaron a un hombre gay en marzo de 2014, presuntamente por su 
orientación sexual.6 A raíz de esto, la víctima se desplazó de manera forzada 
del municipio. Al menos otras tres se registraron en los municipios de Puerto 
Rondón, Saravena y Arauquita, Arauca.7 En ese departamento, la población 
civil ha sido objeto de múltiples formas de violencia y control social de parte 
de las guerrillas, incluyendo la imposición de un Manual de Convivencia 
y normas de 
comportamiento, amenazas, extorsiones y homicidios 
selectivos.8 De las tres amenazas registradas en ese departamento en el 
2013 y el 2014, al menos una fue perpetrada por el ELN. 3.2.2 Amenazas y violencia por intolerancia 
hacia grupos vulnerables Los asesinatos selectivos de personas señaladas de ser “indeseables” y “perjudiciales” para la comunidad, conocidas popularmente como “limpiezas 
sociales”, han sido una de las principales formas de violencia en el marco 
y con ocasión del conflicto armado en Colombia. Los primeros reportes de 6 7 8 Defensoría Regional de Ocaña, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia 
Diversa en mayo de 2014.
Personería de Arauca, respuesta a derecho de petición enviado en enero de 2015; Ministerio 
del Interior, respuesta a derecho de petición enviado en enero de 2015.
Fundación Ideas para la Paz, Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz, 
Boletín núm. 73, “Dinámicas del conflicto armado en Arauca y su impacto humanitario”, 
junio de 2014; La Silla Vacía, “Cuando las mujeres están en la mira”, edición digital, 16 de 
diciembre de 2014. 84 » Amenazas y panfletos « este tipo de violencia datan de finales de 1979. Al comienzo las víctimas 
eran personas acusadas de cometer pequeños delitos como hurtos callejeros. Durante la década de los ochenta, estos homicidios selectivos se extendieron a varias ciudades del país y comenzaron a dirigirse a otros sectores 
poblacionales marginados: habitantes de calle, consumidores de drogas, 
trabajadoras sexuales y personas con orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas.9
De las amenazas registradas entre el 2013 y el 2014, 21 corresponden a 
panfletos que hemos identificado con las llamadas “limpiezas sociales”. Es 
decir, señalaban a ciertas personas consideradas “indeseables” o “dañinas” 
para la comunidad, las obligaban a que abandonaran el lugar, a que corrigieran 
ciertas prácticas o las declaraban objetivo militar. Todo esto, supuestamente, 
por el “bien de la comunidad”. Algunos de esos panfletos fueron firmados 
con nombres de organizaciones armadas y otros fueron anónimos. Este 
tipo de amenazas se registró en los departamentos de Sucre (seis), Atlántico 
(tres), Magdalena (tres), Cundinamarca (tres), Quindío (una), Cauca (una), 
Córdoba (una), Bolívar (una), Cesar (una) y Nariño (una). panfleto amenazante y desplazamiento  
forzado en chalán, sucre A comienzos de junio de 2014 apareció un panfleto amenazante en el municipio 
del Chalán. El documento, firmado por Los Rastrojos, fue dejado en varias partes 
del municipio y bajo las puertas de algunas viviendas. En él amenazaban a personas 
expendedoras y consumidoras de drogas, “sapos”, mujeres lesbianas y hombres homosexuales. A estos últimos los señalan de “degradar la moral y dar mal ejemplo a los 
niños”. Por último, señalaban como principal objetivo a los “cobradiarios10 que operan en el área ya que ellos son los que lavan y rinden las platas que los arubeños, (sic) 
ex paramilitares y paisas tienen como empresa que roba, atraca y empobrece a […] 
los habitantes de este municipio” [sic]. A raíz de este panfleto, un grupo de cinco 
personas LGBT del municipio que residían en una misma casa se vio obligado a desplazarse a Sincelejo.11 9 Rojas, Carlos Eduardo, “La violencia llamada ‘limpieza social’”, Centro de Investigación y 
Educación Popular CINEP, Colección Papeles de Paz, Bogotá, 1996. 
10 Prestamistas de dinero informales orientados principalmente a población de escasos recursos con difícil acceso a créditos bancarios, a quienes prestan pequeñas sumas de dinero, 
con cuotas de pago diarias e intereses más altos que los del sistema financiero.
11 Caribe Afirmativo, “Panfleto amenazante causa desplazamiento de personas LGBTI del 
municipio de Chalán, Sucre”, 10 de junio de 2014; El Meridiano de Sucre, “Panfletos en 85 Estas amenazas se valen del prejuicio y los estereotipos negativos hacia las 
personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Por 
un lado, porque suelen recurrir a un lenguaje altamente agresivo, plagado 
de insultos y de palabras denigrantes para referirse a la población LGBT. Son 
usuales, por ejemplo, expresiones como “arepera” y “maricón”, asociadas 
además a nociones de desviación sexual como “pervertidos”, “depravados” y 
“corruptos”. Por otro lado, también es usual que se asocie automáticamente 
a las personas LGBT con otros grupos poblacionales y prácticas sociales 
sobre las cuales también recaen prejuicios sociales, que son considerados 
indeseables e incluso que es necesario erradicar. Así, los textos de algunos 
panfletos establecen una linealidad entre personas LGBT, delincuencia, 
enfermedad, consumo de sustancias psicoactivas e inseguridad.
En varias ocasiones estas amenazas estuvieron acompañadas o seguidas 
de otras violaciones de derechos. Por lo menos en dos casos (en Tumaco 
y en Caucasia, reseñados en el capítulo 1) se registraron homicidios de 
personas LGBT después de la aparición de panfletos. No obstante, la 
principal violación en conexidad con las amenazas es el desplazamiento 
forzado. Durante el periodo en consideración, se registraron siete hechos 
de desplazamiento de personas LGBT después de ser amenazadas de 
manera directa o mediante panfletos. 
De este modo constituyen crímenes claramente motivados por el 
prejuicio, por las razones aludidas para rechazar, excluir, desplazar e 
incluso eliminar a personas LGBT. No obstante, al igual que lo expuesto 
en el primer capítulo, 
las amenazas recaen con mayor fuerza sobre 
personas LGBT que se encuentran en otras situaciones de vulnerabilidad 
con ocasión del conflicto armado.
Por medio de las amenazas, los actores armados no buscan únicamente 
presionar a ciertas personas para que huyan o para que dejen de hacer algo 
como ejercer la prostitución. Según la Personería de Medellín, los grupos 
armados también se valen de ellas para “cobrar extorsiones, reclutar niños 
y adolescentes, prostituir, explotar sexualmente a niños, adolescentes y 
mujeres, extorsionar a comerciantes, trabajadores informales y residentes varios municipios”, edición digital, 15 de julio de 2014; Ministerio del Interior, respuesta a 
derecho de petición enviado por Colombia Diversa en enero de 2015. 86 » Amenazas y panfletos « de las comunas de la ciudad”.12 En este sentido, las amenazas contra los 
“cobradiarios” del Chalán podrían ser una forma de intimidar a estas 
personas, sea para presionarlas a que trabajen con Los Rastrojos o como 
retaliación hacia los que se nieguen a hacerlo o lo hagan con otras bandas. 
En este sentido, buena parte de las amenazas y las muertes que les sigan 
son una forma de presionar a la población civil para que sirva a los intereses 
de una banda criminal o represalias hacia quienes se negaron a hacerlo 
o quienes son percibidos como cercanos a organizaciones contrarias. 
Estos intereses instrumentales sobre la población civil también afectan 
a las personas LGBT, en particular cuando las víctimas se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad relacionadas con la habitabilidad de calle, el 
consumo de sustancias psicoactivas o el trabajo sexual. 
Como se mencionó en capítulo 1, varias de las personas LGBT que 
fueron asesinadas durante este periodo en zonas de conflicto y donde 
habían circulado panfletos, se dedicaban al trabajo sexual, presuntamente 
consumían sustancias psicoactivas e incluso realizarían labores de transporte 
y suministro de dichas sustancias. De manera similar, en varios de los 
panfletos conocidos durante esos dos años, se incluía a personas LGBT en 
las listas de amenazas contra personas sobre las cuales los grupos armados 
y bandas criminales podrían tener intereses estratégicos: cobradiarios, 
trabajadoras sexuales, expendedores y consumidores de drogas.
De este modo, en las amenazas también se cruzan los prejuicios hacia las 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas con otros intereses 
instrumentales de actores armados. Dichos cruces pueden agudizar la 
vulnerabilidad de esta población, los prejuicios hacia ella e incluso hechos 
concretos de violencia. 3.2.3 Amenazas hacia defensores de derechos humanos Del total de amenazas contra personas LGBT registradas entre el 2013 
y el 2014, quince iban dirigidas contra personas defensoras de derechos 
humanos y procesos organizativos. En algunos de estos casos, se trató 
de amenazas seguidas contra una misma persona o grupos de personas, 12 Personería de Medellín, Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de 
Medellín - 2013, Medellín, 26 de febrero de 2015. 87 durante un corto periodo de tiempo y adjudicadas a las mismas organizaciones armadas. Además, se dieron en contextos de intimidaciones y 
agresiones sistemáticas contra la población civil y procesos organizativos 
de distinta índole. amenazas contra activistas lgbt en barrancabermeja, 
santander Entre febrero y julio de 2013 se registraron por lo menos cuatro amenazas contra 
personas LGBT defensoras de derechos humanos en Barrancabermeja. Esto se dio 
en el marco de una serie de amenazas y agresiones contra múltiples organizaciones 
sociales en el puerto petrolero. Entre el 11 y el 25 de febrero fueron amenazadas por 
lo menos trece personas, en su mayoría mujeres. Entre ellas estaba Nancy Julieth 
Tarriba, defensora de los derechos de las personas LGBT de la ciudad e integrante 
de la organización Gente en Acción, a quien desconocidos intentaron asesinar el 21 
de febrero y luego la amenazaron para que abandonara la ciudad en menos de 24 
horas.13 Posteriormente, en el mes de julio se conoció un panfleto firmado por el Ejército Anti-Restitución en el cual amenazaban a “corruptos, viciosos, gais que ahora se 
hacen llamar defensores de derechos humanos, defensores de maricas o comunidad 
lgtb y de guerrilleros, defensores de sindicalistas […] personeros, presidentes de junta” (sic), a quienes declararon objetivo de una “limpieza” y les dieron plazo hasta el 4 
de agosto para abandonar la ciudad. En el mismo documento amenazaron de manera 
directa a seis personas, entre las cuales estaba Ovidio Nieto, otro líder de la población 
LGBT de la ciudad.14 En otros casos de intimidaciones y agresiones sistemáticas contra la población civil por parte de actores armados, las personas o población LGBT 
son señaladas de manera general dentro de amenazas dirigidas principalmente contra otros sectores sociales. Entre abril y mayo de 2014, se conocieron varios panfletos amenazantes contra organizaciones de izquierda 
en el Caquetá. Los panfletos estaban firmados por las Águilas Negras y en 13 Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “En peligro la vida de los defensores de derechos humanos en Barrancabermeja y las autoridades no responden”, 26 de febrero de 
2013; Front Line Defenders, “Continuas y graves amenazas contra mujeres defensoras de 
los derechos humanos en Barrancabermeja”, 28 de febrero de 2013; Federación Internacional de Derechos Humanos, “Colombia: Actos de amenazas, intimidación y agresión contra 
varias defensoras de derechos humanos en la región del Magdalena Medio”, 1 de marzo de 
2013; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Verdad, justicia y reparación: Cuarto 
informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, diciembre de 2013.
14 Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio, Boletín, julio de 2013; Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, “Continúan amenazas contra Juan 
Carlos Galvis y sus hijos”, 14 de julio de 2013; Movimiento de Víctimas de Crímenes de 
Estado, “Denuncia pública: amenaza contra Juan Carlos Galvis, líder sindical e integrante 
del MOVICE en Magdalena Medio y contra la comunidad LGBTI”, 15 de julio de 2013. 88 » Amenazas y panfletos « ellos declaraban objetivo militar a organizaciones defensoras de derechos 
humanos como: la Marcha Patriótica, la Unión Patriótica, el Movimiento 
de Víctimas de Crímenes de Estado y la Corporación Reiniciar, e incluso a 
algunos de sus líderes.15
De igual forma, en el 2014 se conocieron amenazas colectivas similares 
en Soacha y en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Desde el 2011 la 
Defensoría del Pueblo ha alertado sobre situaciones de riesgo y violaciones 
de derechos humanos contra la población civil por cuenta de la expansión 
de bandas criminales en Soacha. A pesar de esto, han continuado los 
hechos de violencia por parte de actores armados.16 Durante el primer 
semestre de 2014, se denunciaron múltiples panfletos contra distintos 
grupos sociales (especialmente 
jóvenes) en la zona e incluso algunos 
homicidios por aparente intolerancia social.17 
De esta forma, existe un cruce entre movimientos sociales en general 
y reivindicaciones de las personas LGBT en particular. Ambos aspectos 
serían percibidos como riesgosos para los intereses de algunos actores 
del conflicto. Por ejemplo, una de las amenazas contra cuatro integrantes 
del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de 
Barrancabermeja, decía: “no sabe lo que les va a pasar por sapas como 
usted y todas esas viejas sin oficio y faltas de macho partida de areperas les 
vamos a dar su tatequieto, con escoltas o sin ellos les vamos a dar plomo 
bayanse (sic) a arreglar la casa y dedíquense a cuidar sus familias en vez de 
estar buscando lo que no se les ha perdido”.18 3.2.4 Amenazas hacia mujeres trans Aunque el prejuicio hacia las personas LGBT se agudiza y da lugar a violaciones sistemáticas de derechos humanos en contextos de conflicto armado, 15 Las2Orillas, “El peligro inminente en el que están los dirigentes de Marcha Patriótica en el 
Caquetá”, 10 de julio de 2014.
16 Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo núm. 004 de 2011; Defensoría del Pueblo, Nota 
de Seguimiento 007 de 2013 en relación con el Informe 004 de 2011; Defensoría del 
Pueblo, “Informe de la Defensoría advierte expansión del riesgo de violaciones de DDHH 
en Soacha”, 4 de octubre de 2014; El Espectador, “Alerta roja en Soacha por presencia de 
bacrim y paramilitares”, edición digital, 3 de marzo de 2015.
17 CINEP, Informe Noche y Niebla, enero-junio de 2014. 
18 Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio, Boletín, febrero de 2013; CINEP, 
Informe Noche y Niebla, enero-junio de 2013. 89 es un fenómeno que no se puede reducir únicamente a dichos contextos. 
Cinco de las amenazas registradas durante el periodo en consideración también provenían de particulares hacia mujeres trans. Esta es una situación 
a la cual el Estado también debe prestar atención, ya que si bien podrían 
no tener el carácter de riesgo sistemático para el conjunto de la población, 
también se materializan en violaciones graves de derechos humanos. homicidio de catalina en cali Catalina, una mujer trans de 20 años, fue encontrada muerta en su vivienda en el 
barrio San Antonio. Tenía varias heridas de arma blanca en ambos brazos, el costado 
izquierdo y el pecho, y al parecer intentaron asfixiarla. Antes de que esto ocurriera, 
Catalina había sido discriminada por vecinos de su barrio e integrantes de la Junta 
de Acción Comunal y había sido amenazada.19 Esta situación fue puesta en conocimiento de la Personería Municipal y posteriormente la denuncia fue trasladada a la 
Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, las autoridades no lograron evitar que 
fuera asesinada en enero de 2014.20 Como se mencionó en el primer capítulo, Catalina y otras dos mujeres 
trans defensoras de derechos humanos que fueron asesinadas entre el 
2013 y el 2014 habrían sido amenazadas y agredidas previamente. En este 
sentido, aunque no fueran hechos sistemáticos contra los habitantes de 
todo un pueblo o contra varias organizaciones, podría pensarse en hechos 
repetidos a lo largo del tiempo. Es decir, las amenazas perpetradas contra 
una sola persona por fuera del conflicto armado no son hechos aislados. 
También pueden tener un carácter sistemático que debe ser abordado con 
igual rigor por las autoridades judiciales. 
Una vez más es útil retomar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 
que falló el primer caso de feminicidio en el país, ya que señaló que los actos 
sostenidos de discriminación y violencia deben tomarse como un todo en el 
desarrollo de las investigaciones. También debería serlo en las medidas de 
valoración y protección de las víctimas. No obstante, en el caso de Catalina 19 Según Santamaría Fundación, algunos vecinos habían firmado una carta solicitándole a la 
dueña de la casa en la que residía Catalina que fuera expulsada, debido a que la consideraban como un “mal ejemplo” para la comunidad.
20 Personería de Cali, respuesta a derecho de petición enviado en enero de 2015; El Tiempo, 
“Extraño crimen de transexual en casa de tradicional barrio de Cali”, edición digital, 22 
de enero de 2014; ADN, “Investigan muerte de mujer transexual en barrio San Antonio”, 
edición digital, 23 de enero de 2014. 90 » Amenazas y panfletos « en Cali, y Nataly y Florecita en San Onofre (véase capítulo 1), las autoridades 
no fueron capaces de cumplir los estándares y obligaciones en materia de 
protección, investigación, sanción y no repetición. 3.3 Conclusiones Las amenazas contra las personas LGBT deben considerarse en su estrecha 
relación con 
las 
intimidaciones y hostigamientos sistemáticos contra 
distintas expresiones organizativas de la sociedad civil. Algunas veces las 
personas y organizaciones LGBT son amenazadas de manera directa junto 
con otros grupos poblacionales vinculados a la defensa de los derechos 
humanos. En otros, se las incluye de manera genérica dentro de amenazas 
contra grupos y procesos sociales que son percibidos como dañinos: la 
izquierda, las organizaciones juveniles y estudiantiles, los líderes de víctimas 
y de procesos de restitución de tierras, los sindicalistas, los defensores de 
derechos humanos, organizaciones de mujeres e incluso organizaciones 
indígenas y campesinas. 
Bajo este mismo horizonte, observamos cómo el prejuicio hacia las 
personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas 
se exacerba en los ataques generalizados contra procesos democráticos. 
En este sentido, la reivindicación de las identidades y los derechos de 
las personas LGBT podría ser vista como una de las múltiples formas de 
empoderamiento social contrarias a los intereses de los grupos armados e 
incluso de organizaciones políticas legales o empresas privadas. 91 Incumplimiento del deber de 
debida diligencia del Estado 4 o L u T
P í a
C  Foto página anterior: Nicolo´Filippo Rosso, Barrio Santafé, Bogotá, 2014.  
Más información www.nicolofilipporosso.com El estrecho vínculo entre la discriminación, el prejuicio y la violencia contra 
personas LGBT reseñadas en los capítulos anteriores, genera violaciones de 
derechos humanos que, además, muestran el incumplimiento en la debida 
diligencia del Estado requerida para prevenir, investigar y sancionar con 
celeridad y sin dilación todos los actos de violencia. Asimismo, logramos 
identificar que existen problemas para garantizar la disponibilidad de 
mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales a favor de las 
personas que sufren violencia por prejuicios hacia su orientación sexual e 
identidad de género.1 
El deber de debida diligencia incluye las obligaciones de “prevenir, 
investigar, sancionar y reparar” las violaciones de derechos humanos de 
acuerdo a los parámetros internacionales de derechos humanos.2 En tal 
sentido, el presente capítulo se centra en la identificación de problemas 
que Colombia Diversa ha señalado en informes anteriores y que en esta 
oportunidad los presenta con un enfoque de responsabilidad del Estado 
producto del incumplimiento de las obligaciones constitucionales y de 
estándares internacionales de derechos humanos. Al respecto, se hace 
particular énfasis en las recomendaciones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos sobre Colombia3 y población LGBT4, así como el 1 2 3 4 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe “Leyes y 
prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género” A/HRC/19/41. 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Velásquez Rodríguez V. Honduras, 1988, 
162, 172-174. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C núm. 
205, párr. 286, 293. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Verdad, justicia y reparación – Cuarto 
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 
49/13, 31 diciembre de 2013.
Comisión Interamericna de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa: “CIDH expresa 
preocupación por la violencia generalizada contra personas LGBTI y la falta de recopilación 
de datos por parte de Estados Miembros de la OEA”, 17 de diciembre de 2014. 95 informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre personas LGBT.5
Este capítulo está divido en cinco partes. Primero, se analizan los problemas en los registros oficiales sobre violencia hacia población LGBT. Segundo, se estudia la ausencia de medidas preventivas a favor de la mencionada 
población. Tercero, se identifican las falencias en la atención y protección 
de las víctimas y sobrevivientes de todas las formas de violencia por orientación sexual e identidad de género. Cuarto, se identifican los principales 
problemas de acceso a la justicia. Por último, analizamos el bajo número 
de sentencias y la impunidad frente a la violencia hacia personas LGBT. 4.1 Problemas con el registro de la 
violencia hacia personas LGBT La violencia hacia la población LGBT tiene debilidades estructurales en 
los sistemas de información disponible de las entidades del Estado. Dicho 
problema se presenta en relación con todas las formas de violencia hacia 
dicha población. En materia de homicidios, el Informe Forensis de Medicina 
Legal reportó 40 homicidios de personas LGBT en el 2013. Es decir, 43 de 
los casos confirmados por Colombia Diversa para ese año no figuran en los 
sistemas de información oficial. Por estas razones, es necesario hacer cruces 
entre las distintas fuentes para confirmar la identidad de las víctimas, las 
circunstancias en las que fueron asesinadas y la información relevante para 
tener una comprensión más profunda de esta problemática.6
Sobre violencia policial existen también registros incongruentes, inconsistencias y falencias en los sistemas de información. A partir del trabajo 
desarrollado por Colombia Diversa hemos logrado identificar que los principales factores de subregistro son la falta de denuncia de la violencia que 
ejerce la Policía hacia personas LGBT, porque la policía es juez y parte, en 
la medida en que comete la violación y recibe la denuncia. 5 6 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe “Nacidos libres e 
iguales”, Naciones Unidas, HR/PUB/12/06, 2012. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa: “CIDH expresa preocupación por la violencia generalizada contra personas LGBTI y la falta de recopilación de datos por parte 
de Estados Miembros de la OEA”, 17 de diciembre de 2014. 96 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « Registro de violencia hacia personas LGBT por institución,  
2013-2014 Homicidios Violencia policial 97 Amenazas Los reportes de violencia hacia personas LGBT diferenciado por instituciones 
revelan inconsistencias. Por ejemplo, Medicina Legal es la que registra un mayor 
número de casos de violencia hacia personas LGBT (51%), seguido de la Fiscalía 
General de 
la Nación (24%), 
la Defensoría del Pueblo (6.1%), 
las Personerías 
Municipales (6.9%), la Policía Nacional (8.9%), la Mesa de Casos Urgentes (2%) y 
la Procuraduría General de la Nación (0.4%). El aumento considerable de registros 
de Medicina Legal se debe a que dicha entidad modificó la variable de ingreso de 
información incluyendo orientación sexual e identidad de género. 
El nivel de subregistro varía también dependiendo del tipo de violencia y de la 
institución. Así, encontramos que la Policía registra un número significativo de 
homicidios (37), mientras que en relación con la violencia policial el reporte es 
significativamente bajo (4). Por su parte, en los dos últimos años Medicina Legal 
registra una cifra alta de violencia policial hacia personas LGBT (166). En contraste, la 
Procuraduría General de la Nación registró solo tres casos de violencia hacia personas 
LGBT en el año 2013 y no registró ningún caso en el año 2014, lo cual incumple el 
deber constitucional y legal de garantizar los derechos fundamentales de las personas 
y de sancionar a los servidores públicos involucrados en este tipo de violaciones. 
Este subregistro tiene que ver en buena medida con la deficiencia de los sistemas 
de información de las entidades del Estado, particularmente en cuanto a colaboración 98 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « interinstitucional y dentro de las mismas instituciones. En la actualidad, si 
bien la mayoría da cuenta de criterios para identificar la orientación sexual o 
la identidad de género de las víctimas de violaciones de derechos humanos, 
ellos varían de una entidad a otra, así como sus parámetros de aplicación. 
Esto conduce a distintos registros de los hechos de violencia que afectan a 
esta población. Colombia Diversa ha identificado al menos cinco factores 
de subregistro sobre violencia hacia personas LGBT que se han presentado 
sistemáticamente en los últimos años: 
a) Ausencia de variables: los problemas de registro de información pública 
tienen que ver con la inexistencia de la variable, la falta de unificación 
de una entidad a otra, o problemas con el diligenciamiento de 
la 
información cuando la variable existe. Por ejemplo, el Departamento 
de Policía del Quindío informó que el aplicativo de que disponen en el 
sistema SIEDCO para identificar a personas LGBT víctimas de hechos 
de violencia resulta “inconveniente con el sistema SPOA de la Fiscalía, el 
cual no tiene dicha variable y al hacer el cruce de información se pierde 
gran parte de esta”.7
b) Incongruencia: existe incongruencia de la información a nivel nacional, 
local y departamental. Por consiguiente, es frecuente encontrar que 
algunos casos reportados por entidades del orden nacional (como 
Medicina Legal) no figuran en los reportes de entidades del orden 
departamental (como los comandos departamentales de Policía, las 
seccionales de fiscalías, las defensorías o procuradurías regionales).
c) Incoherencia: 
la 
incoherencia 
también 
se da 
en 
los 
sistemas de 
información de una misma entidad. En las respuestas a derechos de 
petición enviados por Colombia Diversa, distintas jurisdicciones de una 
misma entidad (como los departamentos de Policía) dieron respuestas 
diferentes a aquella pregunta sobre la identificación de víctimas LGBT 
en sus sistemas de información.
d) Inconsistencia: en ocasiones los reportes de prensa no coinciden con 
ningún sistema de información oficial. Para el periodo de estudio, 
Colombia Diversa tuvo conocimiento de seis homicidios de personas 7 Departamento de Policía del Quindío, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa 
en mayo de 2014. 99 LGBT que solo fueron reportados en prensa. Sin embargo, dado que 
no se logró encontrar más información sobre esos casos de modo que 
pudieran ser triangulados y verificados, no se incluyeron en el conteo 
final de homicidios.
e) Restricción a 
la 
información: algunas 
instituciones no responden 
los 
derechos de petición sobre violencia hacia población LGBT, pues aducen 
que esa información no es pública, en especial en temas relacionados 
con justicia. Por ejemplo, cuando preguntamos sobre cuántas sanciones 
o procesos se han iniciado, señalan que no pueden dar información 
porque no somos parte procesal. 
La información permite visibilizar el problema y crear soluciones eficaces. 
En este sentido, los problemas del subregistro traen como consecuencia la 
ausencia de mecanismos legales para investigar, juzgar y sancionar a los 
responsables de los homicidios y otras formas de violencia contra personas 
LGBT y reparar a las víctimas y a sus familias. De igual manera, esto conlleva 
a una ausencia de políticas públicas coherentes para prevenir esta clase de 
delitos y violaciones de derechos humanos. 4.2 Ausencia de medidas de 
prevención de la violencia Se observa una brecha muy grande entre la violencia y la respuesta institucional que ofrece el Estado con miras a prevenir las violaciones de derechos 
de personas LGBT. El deber de prevenir violaciones de derechos humanos 
está a cargo del gobierno y del Ministerio Público (Procuraduría, defensorías y personerías). Sin embargo la oferta institucional vigente no ofrece 
ningún mecanismo con enfoque preventivo y de goce efectivo de derechos. 
En el 2013 y en el 2014, en términos generales aumentaron las cifras de 
violencia policial y amenazas, lo cual alarma sobre la necesidad de adoptar 
medidas para prevenir la violencia.8 Por ejemplo, el homicidio de Guillermo 8 “La Comisión reitera su preocupación respecto de la situación de violencia y discriminación 
hacia las personas LGBTI o percibidas como tales en América, e insta a los Estados a tomar 
medidas urgentes y efectivas de prevención y respuesta frente a estas violaciones de 
derechos humanos y a garantizar que las personas LGBTI puedan gozar efectivamente de 
su derecho a una vida libre de violencia y discriminación”. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa: “CIDH expresa preocupación por la violencia 100 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « Garzón (defensor de derechos humanos) fue cometido por una banda 
criminal, cuyo objetivo era robar hombres gay en Bogotá. Además, según 
el avance de otras investigaciones adelantadas, hay indicios para inferir que 
varias personas fueron víctimas de hechos similares. Esto demuestra que 
deben existir mecanismos para prevenir que esta clase de delitos se repitan, 
para lo cual debe alertarse a la población LGBT. Asimismo, el suicidio de 
Sergio Urrego también muestra los problemas estructurales del Estado en 
materia de prevención. Esto en la medida en que en el caso de Sergio se 
activaron las rutas de protección que claramente resultaron ineficaces e 
insuficientes, para poner fin a la discriminación que estaba sufriendo. 
En materia de violencia policial deben adoptarse medidas para que los 
policías actúen con motivos fundados y se erradiquen los prejuicios con 
respecto a las personas LGBT. De acuerdo a los parámetros constitucionales, 
la actividad policial debe fundarse en razones válidas al ordenamiento 
jurídico (principio de razonabilidad) y ser proporcional a la finalidad de la 
misma: la preservación del orden público (principio de proporcionalidad). 
Esto significa que no basta una sospecha vaga del agente de policía para 
iniciar la actividad de policía (requisar, solicitar documentos, entre otros), 
sino que esta debe sustentarse en razones válidas, es decir que el agente 
debe tener motivos fundados.9
Sin embargo, la Directiva Permanente 006 de 2010 de la Policía10 que 
establece las medidas para la “garantía y respeto a los derechos de la 
comunidad LGBT”, advierte que tiene como finalidad “transmitir a la 
comunidad LGBT la trascendencia de participar con la Policía Nacional en 
la búsqueda de espacios de diálogo encaminados a mitigar los niveles de 
desigualdad”. El enfoque de mitigar las desigualdades debe encaminarse a 
la prevención de la violencia desde la Policía misma. 9 generalizada contra personas LGBTI y la falta de recopilación de datos por parte de Estados 
Miembros de la OEA”, 17 de diciembre de 2014.
Lalinde Ordóñez, Sebastián, Requisas, ¿a discreción? Una tensión entre seguridad e intimidad. 
Bogotá: Editorial Dejusticia, 2015, 60. 
10 La Comisión Interamericana valora estas directivas que podrían representar un avance 
hacia una mejor protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGBT y de 
las defensoras y defensores de los derechos de los miembros de estas comunidades. Sin 
embargo, la Comisión ha recibido información sobre la falta de implementación efectiva de 
las directivas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2012, 154. 101 En relación con las amenazas y panfletos hacia personas LGBT en contextos de violencia y conflicto armado, no se tienen en cuenta las causas de 
esta clase de violencia contra este sector de la población, que es además una 
forma de promover los prejuicios e incluso discursos de odio. El Estado debe 
crear mapas de riesgo para prevenir a la población LGBT sobre la violencia 
por parte de determinados actores armados como las “bandas emergentes”. 
Para fortalecer la prevención es clave mejorar los sistemas de información de violencia que permitan identificar los patrones, los riesgos y la 
vulnerabilidad que sufren las personas LGBT en concreto. El registro, la 
prevención y la protección deben ser congruentes con el fin de responder a 
las necesidades de la población y atender la causa de los problemas. 4.3 Problemas en la atención  
y en la protección La falta de debida diligencia también genera debilidades en la atención 
y resalta 
la necesidad de crear rutas a favor de 
las personas LGBT 
particularmente en relación con mujeres trans que son las más vulnerables 
a todos los tipos de violencia por los prejuicios asociados a la identidad y a 
las diferentes expresiones de género. 
El deber de protección varía según del tipo de violencia que se 
presente. Así, los homicidios se deben investigar de oficio. Si bien esto 
también ocurre con la violencia policial y las amenazas, en la práctica las 
respectivas autoridades requieren que estas sean denunciadas para abrir 
procesos disciplinarios o penales. En el trabajo de campo encontramos que 
muchas veces las personas LGBT son renuentes a interponer denuncias 
por ausencia de rutas de protección efectivas. En este sentido hemos 
identificado los siguientes problemas: 
a) Falta de información sobre rutas de atención y denuncia: no hay lugares 
especiales para que 
las personas LGBT se sientan cómodas en 
la 
atención. Por ejemplo, los funcionarios públicos no están capacitados 
para brindar un trato digno a las mujeres trans según el nombre y la 
identidad de género. En algunas zonas los horarios de atención, lugares 
y trámite de denuncias no son flexibles ni accesibles. 102 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « b) Desconfianza en las instituciones: las víctimas deciden no denunciar por 
miedo a narrar lo ocurrido o por temor a no ser atendidas de forma 
respetuosa según la identidad de género y orientación sexual. 
c) Temor a denunciar y recibir represalias: en ocasiones las víctimas temen 
que las denuncias lleven a una agresión más grave. Por ejemplo en el 
caso de las mujeres trans que ejercen prostitución, existe un temor aún 
mayor en la medida en que las autoridades las precriminalizan en razón 
de su trabajo. Además, la denuncia no es garantía de no repetición: 
denunciar en muchos casos es sinónimo o alerta para futuras violaciones 
a su integridad por parte de la Policía.
Además de lo anterior, la impunidad frente a gran parte de las formas 
de violencia contra la población LGBT y la ausencia de una política pública 
nacional y local que facilite el control y seguimiento a las denuncias 
presentadas, hace que exista mayor desconfianza al momento de denunciar 
ante las instituciones competentes. Por ejemplo, la actual Mesa de Casos 
Urgentes no brinda ninguna protección efectiva a las víctimas de violencia 
policial, homicidios y graves violaciones de derechos humanos. La mayoría 
de los casos se remiten de una institución a otra, sin soluciones efectivas. 
El Ministerio Público (personería, defensoría y procuraduría) no está 
atendiendo de forma adecuada a las personas LGBT que han sido víctimas 
y sobrevivientes de violencia por parte de un particular o de la Policía. En 
el 2014 la Defensoría del Pueblo a nivel nacional amplió las funciones de la 
Delegada de Asuntos de Género. Con esto, se asignó a un equipo encargado 
de asumir los casos que involucraran a personas LGBT y de darle impulso a 
los trámites. Además, creó en algunos departamentos referentes de género 
para atender a mujeres y a personas LGBT. Esta iniciativa es positiva, pero 
todavía no se conoce el impacto en términos de aumento en el registro y 
atención de casos a favor de la garantía de los derechos de esta población. 
En los casos de amenazas y panfletos no existe protección cuando hacen 
referencia a una persona en concreto (forma directa). De los casos registrados 
en el 2013, muchas de las amenazas en Barrancabermeja se adjudicaron 
al llamado “Ejército Anti-Restitución del Magdalena Medio”. Después de 
múltiples agresiones y amenazas, varias de las víctimas tuvieron que huir 
de la ciudad o desplazarse al interior de la misma. Hasta ahora, Colombia 103 Diversa no tiene conocimiento de la apertura de procesos penales por estas 
amenazas y tentativas de homicidio. En cambio, según las denuncias, la 
Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado acudió a la Fiscalía 
los días 25 y 26 de febrero de 2013 para ponerla en conocimiento de estos 
hechos, pero su solicitud no fue atendida.11
El actual programa de protección que ejecuta la Unidad Nacional de 
Protección no reconoce a 
la personas LGBT como sujetos de especial 
protección, como sí lo hace con otros sectores poblacionales como población 
desplazada, periodistas, defensores de derechos humanos, comunidades 
indígenas, entre otros. Por consiguiente, este vacío legal crea un déficit de 
protección para personas LGBT que debe ser estudiado por el gobierno 
nacional, en especial ante 
las amenazas y 
las violaciones de derechos 
humanos de las cuales son víctimas las personas con una orientación sexual 
e identidad de género no heterosexuales. 
La Unidad Nacional de Protección, en concordancia con el marco legal 
vigente, solo protege a defensores de derechos humanos de población 
LGBT. Sin embargo el margen de interpretación ha sido muy restringido, 
pues exige demostrar el vínculo con una organización formal. De ahí que 
el liderazgo de muchas personas LGBT en asuntos culturales, sociales y 
políticos, que también generan riesgos por el trabajo que desarrollan, no 
sea legítimamente reconocido. 4.4 Límites para el acceso a la justicia 
y a las garantías judiciales La debida diligencia se materializa a través de la respuesta judicial efectiva 
y oportuna ante hechos de violencia basada en prejuicios por orientación 
sexual e identidad de género. Sin embargo la información analizada en el 
presente informe muestra que las personas LGBT, víctimas y sobrevivientes 
de la violencia, no acceden de forma efectiva a la justicia por problemas 
estructurales, tanto al momento de presentar 
la denuncia, como en 
la investigación de las violaciones. En materia de violencia policial, por 
ejemplo, es más evidente que las víctimas acceden en menor medida a la 11 Prensa Rural, “Graves agresiones contra el MOVICE en el Magdalena Medio”, 26 de febrero 
de 2013 104 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « administración de justicia por límites al momento de la denuncia de los 
hechos, por la dificultad de individualizar a los responsables y probar el 
prejuicio de la Policía. 
Del análisis de los casos documentados por Colombia Diversa hemos 
identificado tres problemas: 
la ausencia de protocolos e 
información 
sobre las víctimas; los problemas en la investigación y el juzgamiento; y 
las dificultades con los familiares de las víctimas y ausencia de directivas 
sobre la materia. 
a) Dificultades para determinar el prejuicio: los operadores judiciales tienen 
problemas para definir conceptualmente el prejuicio y para establecer 
metodológicamente elementos del crimen a partir de los cuales se pueda 
probar, deducir o inferir en términos penales el prejuicio. A partir de 
los casos estudiados en el presente informe, es posible deducir que no 
todos los homicidios y otras formas de violencia contra personas LGBT 
se pueden adjudicar al prejuicio por orientación sexual e identidad 
de género. Del mismo modo, no todos se pueden considerar como 
crímenes pasionales, como ajustes de cuentas o neutrales en la selección 
de la víctima. Sin embargo, en el momento de investigar, hay fallas para 
reconstruir los elementos por las razones ya expuestas.12
b) Ausencia de protocolos e información sobre las víctimas: en Colombia no 
existe un protocolo para determinar la orientación sexual e identidad 
de género de las víctimas en los casos de homicidios. De ahí que las 
investigaciones no cuentan con el material suficiente para establecer o 
descartar que se trata de homicidio o violencia por prejuicio. En este 
sentido, la autoridades judiciales no tienen lineamientos claros para la 
investigación y el análisis de pruebas durante el proceso penal que traen 
como consecuencia el bajo número de condenas y violación del derecho 
a la verdad, en la medida que en muchos casos es imposible que los 
familiares conozcan lo que sucedió. 
c) Dificultades con los familiares de las víctimas y ausencia de directivas sobre 
la materia: en algunos casos de homicidios, las familias desconocen o 
prefieren no reconocer la orientación sexual y la identidad de género de 12 Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
Informe misión a México, A/HRC/26/36/Add.1, Consejo de Derechos Humanos 26º periodo 
de sesiones, 28 de abril de 2014. 105 las víctimas. Sin embargo, lo anterior no puede quedar a la arbitrariedad 
o decisión de las familias, en especial cuando se trata de homicidios 
por prejuicio. Existe un conflicto entre el derecho a la verdad y el 
derecho a la intimidad que debe ser resuelto por la administración de 
justicia en cada caso. Para tal efecto, se debe evaluar si el prejuicio por 
orientación sexual e identidad de género también fue determinante o 
estuvo relacionado con el móvil del delito. De ser así debe prevalecer el 
derecho a la verdad, es decir, el reconocimiento de la orientación sexual 
o identidad de género de la víctima debe ser un elemento determinante 
durante la investigación.
Otro elemento fundamental para garantizar el acceso a la justicia es 
que las actuaciones se realicen sin dilación injustificada. Por tal motivo, 
el tiempo durante las diferentes etapas de desarrollo del proceso penal o 
disciplinario debe ser razonable. En muchos casos, los procesos se dilatan 
y quedan durante meses en indagación preliminar, lo cual trae como 
consecuencia desistimiento o desconfianza en la justicia. En otros casos se 
archivan los procesos sin informar a las personas las razones sustanciales 
de dicha decisión. 
Además de los anteriores problemas, los operadores judiciales deben analizar el contexto en que ocurren los hechos y estudiar si existen patrones a 
partir del lugar donde ocurrió la violencia, el perfil de la víctima, los medios 
utilizados para causar daño y los fines del mismo. El acceso a la justicia en 
condiciones imparciales y eficientes genera mayor confianza en las instituciones y funciona como un promotor de la denuncia, para futuros casos. 4.5 Impunidad ante la violencia La violencia por prejuicio hacia las personas LGBT tiene altos índices de 
impunidad13. En el 2013 y en el 2014 solo se tuvo conocimiento de 5 
condenas en casos de homicidios hacia personas LGBT del total de casos 13 El concepto de 
impunidad no se define estrictamente como una situación 
jurídica, 
sino como un fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, políticas y hasta 
económicas. En términos generales, se puede definir impunidad como “no punibilidad” 
o “ausencia de castigo” que se ve reflejado en la práctica en diferentes aspectos que tiene 
limitantes durante el proceso penal. Ambos, Kai, Impunidad y Derecho Penal Internacional, 
AD – HOC SRL, Buenos Aires, 1999. 106 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « reportados. Sin embargo es importante advertir, como señalamos anteriormente, que tenemos limitantes en el acceso a la información. De los 164 
homicidios registrados en el periodo de estudio (2013–2014) el 73% tenían 
información sobre investigaciones penales abiertas por parte de la Fiscalía. 
De esos, el 52% estaban en indagación, el 5% fueron admitidos, el 0.06% 
se encontraban inactivos, el 3% en etapa de ejecución de penas por sentencias condenatorias y el 3% se encontraban en etapa de juicio. Del 9% no 
tenemos información de la etapa actual, mientras que del 27% no tenemos 
información sobre investigaciones penales abiertas por parte de la Fiscalía. Procesos penales por violencia hacia LGBT, 2013-2014
Homicidios Violencia policial Amenazas 107 En los homicidios contra personas LGBT hay muchos procesos en indagación que están activos pero no hay avances en la etapa de juicio y 
sentencias. En relación con procesos penales frente a los casos de violencia 
policial, rara vez son judicializadas las personas responsables. De los 222 
casos de violencia policial reportados, solamente tres casos fueron denunciados penalmente, dos se encuentran en indagación y uno en sentencia 
condenatoria; en el resto de casos no se inició investigación penal. 
La mayoría de los casos de violencia policial se queda en la impunidad. En 
el periodo de estudio, catorce reportan quejas y solo siete investigaciones 
disciplinarias al respecto, bien sea a través de 
la Policía Nacional, 
la 
Procuraduría, la Personería o la Defensoría correspondiente al lugar donde 
ocurrieron los hechos. En la gran mayoría de ellos no hay información 
sobre el tipo de actuación que se llevó a cabo por la entidad competente, 
lo que impide hacerle seguimiento a la investigación adelantada. De esas 
catorce denuncias registradas, solamente hemos podido corroborar la 
existencia de una sanción. 
Del total de amenazas contra personas y población LGBT registradas en 
el 2013 y en el 2014, Colombia Diversa solo dispone de información sobre 
la apertura de procesos penales para el 12.5% de los casos, de los cuales se 
tiene acceso a poca información sobre los hechos, las víctimas y los avances 
en las investigaciones. Cuatro de los procesos se encuentran en etapa de 
indagación, tres fueron archivados y no disponemos de información sobre 
la etapa procesal de una de las investigaciones penales.
Muchas veces las condenas emitidas no analizan cinco aspectos que son 
claves para el acceso a la justicia en cumplimiento del deber de debida diligencia. i) En las escenas de exceso de violencia no se tiene en cuenta la 
diferencia entre homicidio con sevicia y homicidio con sevicia más tortura 
(en concurso), es decir, si se pretendió obtener una confesión o castigar 
a la víctima (la realización de intención específica). ii) Usualmente no se 
analizan los prejuicios hacia la orientación sexual o identidad de género de 
la víctima como determinantes de los móviles y de agravación del delito. 
Por consiguiente, en la mayoría de los casos no se conoce la verdad de lo 
ocurrido. iii) Se invisibiliza la violencia contra las mujeres que son percibidas o que se identifican como lesbianas o bisexuales en el marco de la Ley 108 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « 1257 de 2008 (conocida como Ley de violencia contra las mujeres)14. iv) En 
la justicia ordinaria no se ha reconocido que la violencia por orientación 
sexual es también violencia de género, como en efecto lo reconoció la Sala 
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá para el caso de alias Botalón.15 v) No se tienen en cuenta reparaciones específicas por la violencia por 
prejuicio hacia las personas LGBT. 4.6 Conclusiones En los últimos años la Fiscalía ha realizado esfuerzos para crear un grupo de 
género encargado de la investigación de delitos contra personas LGBT. No 
obstante la metodología actual, no ha dado respuesta frente a los crímenes 
y violaciones cometidas hacia el pasado. En términos técnicos se habla de 
una impunidad de hecho: por ausencia de medidas efectivas para investigar 
y determinar cómo ocurrió en el caso concreto. En la mayoría de casos de 
violencia hacia personas LGBT no se tienen en cuenta: la selección de la 
víctima, las razones del victimario (prejuicio como móvil) y el contexto en 
que se desarrollaron los hechos, reseñados anteriormente. Para combatir 
con los diferentes tipos de impunidad existen en el ámbito universal de 
los derechos humanos ciertas directrices y protocolos que buscan diseñar 
mecanismos para generar investigaciones eficaces de ciertos delitos que 
históricamente han sido difíciles de sancionar.16 
El Estado está 
incumpliendo su deber de debida diligencia en 
la 
investigación y sanción a los responsables. Por consiguiente, consideramos 
importante que se cumpla con unos elementos básicos para la investigación 
y sanción frente a los homicidios contra las personas LGBT. En ese orden 
de ideas, es importante tener en cuenta: 14 Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
15 Para más información véase, http://www.colombia-diversa.org/2015/02/un-fallo-historicoreconoce-la.html.
 Así por ejemplo, en el ámbito internacional de los derechos humanos, existe el Manual 
sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias 
o sumarias conocido como “Protocolo de Minnesota” y el Manual para la investigación 
y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes conocido como “Protocolo de Estambul”. 16 109 3. 1. Investigación e imputación de forma integral: se deben investigar hechos 
violatorios como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, 
violencia sexual, sevicia, entre otros de una forma en que el prejuicio 
pueda 
identificarse o no como determinante, y que se 
imputen 
de manera coherente 
todos 
los delitos 
identificados. No puede 
desconocerse, por tanto, el contexto (relaciones de poder desiguales 
que se materializan en prejuicios) a la hora de abordar la adecuación 
típica, la imputación objetiva y la tipicidad subjetiva. 
2. Coherencia y congruencia entre los hechos y la imputación: hacer referencia 
a la ley 1257 de 2008 (sobre violencia contra la mujeres) en casos de 
homicidios contra mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans.
Eficacia de las diligencias judiciales cuando hay indicios: formular con 
prontitud imputación e imponer medidas de aseguramiento cuando se 
tengan elementos para inferir la autoría de los presuntos responsables 
y 
la necesidad de su detención preventiva, particularmente para 
garantizar la seguridad de las víctimas y la comunidad. 
4. Utilizar todos los medios a su alcance para la obtención de pruebas relevantes: 
relacionados con los elementos que alimentan los prejuicios hacia la 
orientación sexual e identidad de género.
5. Consultar profesionales expertos o realizar comités: por las dificultades 
para analizar el prejuicio durante 
la 
investigación y 
juzgamiento 
deberían realizarse consultas a expertos con el fin de lograr un mejor 
análisis de las pruebas, el contexto de la violación, los posibles móviles 
del delito, entre otros. 
6. Contextualizar la violación: hay contextos como la habitabilidad de calle y 
el ejercicio de la prostitución en los que se puede deducir que se agravan 
los prejuicios hacia la orientación sexual y la identidad y expresiones 
de género, por ejemplo hacia las mujeres trans. Estos contextos deben 
reconocerse a la hora de aplicar los respectivos tipos penales (homicidio 
agravado por el hecho de ser mujer, entendiendo 
la violencia por 
prejuicio como una manifestación de la violencia de género). 
7. Considerar diversas hipótesis: se debe contar con una metodología 
para adecuarlas de manera exhaustiva y para descartar los crímenes 
pasionales. En la medida que el crimen pasional como normalmente 110 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « 9. se entiende: se usa “ira o intenso dolor” como atenuante. Además, se 
pierde la oportunidad de analizar el crimen por prejuicio cuando se 
encasilla que todo delito se debe a relaciones de pareja, cuando detrás 
de eso se esconden prejuicios sobre la sexualidad. 
8. Adoptar medidas para sancionar y reparar a las víctimas: a todos los 
responsables de las violaciones y así poder reparar de forma integral 
a las víctimas.
Imponer sanciones para transformar: cuando se trata de crímenes por 
prejuicios, por el impacto que generan y los altos niveles de impunidad 
que se presentan, debe promoverse que las sentencias analicen las 
causas que generaron la violación y se adopten medidas generales para 
erradicar los problemas identificados. 
10. Adoptar medidas de no repetición: a través de campañas preventivas, 
difusión de las decisiones judiciales y reivindicación de la memoria de 
las víctimas.17
Estos diez elementos pueden tener un impacto directo para evitar la 
impunidad y avanzar en la sanción frente a los responsables de los delitos 
hacia personas LGBT, particularmente cuando los prejuicios o estereotipos 
hacia la orientación sexual e identidad de género fueron determinantes 
para el crimen. De igual forma la sanción permite visibilizar la violencia 
hacia 
las personas LGBT como una forma de rechazo, indignación y 
censura, lo cual permitirá reconocer que es un problema público urgido de 
medidas especiales para los familiares y parejas de las víctimas. 17 Se tomaron algunos elementos de los estándares internacional de debida diligencia en 
casos de tortura. CEJIL, Debida Diligencia en la Investigación de Violaciones a los Derechos 
Humanos, 2010, 38 -52. 111 Conclusiones y recomendaciones 5 o L u T
P í a
C  Foto página anterior: Luisa Gáfaro. Karen Castro y Ligia Trujillo  
en el Barrio La Candelaria, Bogotá. Conclusiones generales La situación general de violencia hacia personas LGBT en Colombia 
continua siendo preocupante por el contexto en que se desarrolla, los 
móviles que rodean este tipo de violaciones y las debilidades institucionales 
en materia de prevención, atención y acceso a la justicia. Si bien algunos 
hechos de violencia han disminuido, como el caso de los homicidios, se 
debe analizar con detenimiento que otras formas de violaciones como la 
violencia policial y las amenazas han aumentado. Además, en los años 
2013 y 2014 continuaron presentándose violaciones de derechos humanos 
de personas LGBT en el marco y con ocasión del conflicto armado.
La disminución de los homicidios hacia la población LGBT es coherente 
en parte con la  dinámica general de la violencia actual en Colombia. Según 
han advertido algunas entidades oficiales y otras organizaciones sociales el 
menor número de homicidios en ciertas regiones se debe en buena medida 
a acuerdos de no agresión y repartición de áreas de influencia entre actores 
armados o bandas criminales. Esto no solo expone a la población civil 
al aumento de otras formas de violencia (como el cobro de extorsiones, 
amenazas y servicios forzados), sino que tampoco impide que los niveles 
de violencia letal puedan volver a dispararse en cualquier momento.1 
Adicionalmente, el ritmo de disminución del número de homicidios de 
personas LGBT parece haberse desacelerado en los últimos cuatro años: de 
los 172 casos de 2010 a los 119 casos de 2011, la reducción fue del 31%; 
pero de 2011 a 2012 fue del 18%, de 2012 a 2013 fue del 15 % y de 2013 
a 2014 fue tan solo del 2%. 1 Personería de Medellín, Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de 
Medellín - 2014, Medellín, 26 de febrero de 2015. 115 En el presente informe también se observan problemas profundos 
frente al acceso a la información y documentación de la violencia que viven 
las personas LGBT en Colombia. En primer lugar, por los problemas con 
los sistemas de información sobre violencia contra población LGBT y por 
el subregistro como consecuencia de las debilidades en las instituciones 
oficiales, en parte por la ausencia de la variable específica de orientación 
sexual e identidad de género. 
En segundo lugar, la respuesta del Estado continúa siendo parcial y fragmentada. En el 2013 y en el 2014 hubo ejemplos positivos de investigaciones y sanciones oportunas ante violaciones de derechos humanos de 
personas LGBT. La captura de los cinco responsables del homicidio del activista Guillermo Garzón fue uno de ellos. La rápida reacción de la SIJIN de 
Bogotá, junto con la colaboración de la comunidad y la presión de medios 
de comunicación, permitió dar con los responsables, ponerlos a disposición 
de las autoridades judiciales y avanzar en el respectivo proceso penal. A raíz 
de este hecho, también se pudo identificar a otras víctimas (fatales y sobrevivientes) de esa misma banda. Felicitamos y agradecemos profundamente 
esta labor de la Policía Metropolitana de Bogotá y esperamos que este tipo 
de resultados se pueda replicar en otros casos.
Durante esos dos años también hubo ejemplos negativos de la falta de 
debida diligencia de las autoridades ante este tipo de hechos. El suicidio 
de Sergio Urrego resulta ilustrativo sobre las graves consecuencias de la 
discriminación por la orientación sexual. A pesar de que la madre de Sergio 
alertó en su momento a la Secretaría de Educación de Cundinamarca sobre 
lo que estaba ocurriendo, dicha entidad no actuó de manera oportuna para 
detener las violaciones al derecho al libre desarrollo de la personalidad y a 
la educación de Sergio. 
De igual forma reconocemos la voluntad política de distintos funcionarios de varias entidades estatales, así como algunos avances normativos e 
institucionales para enfrentar estas situaciones. Sin embargo la ausencia 
de debida diligencia continúa siendo la norma, mientras que las buenas 
prácticas (como en el caso de Guillermo Garzón) aún dependen fundamentalmente de la voluntad de ciertos funcionarios. Este tipo de resultados no 
pueden replicarse, sea por reservas de las personas encargadas de adelantar 116 » Conclusiones y recomendaciones  « las respectivas investigaciones, porque no tengan suficiente capacitación 
para abordar hechos de violencia que afecten a personas LGBT o por limitaciones en los recursos (humanos, materiales, institucionales) para culminarlas exitosamente.
En tercer lugar, existe un vacío aún más grande en medidas de tipo 
preventivo. Con respecto a esto 
la política pública nacional para 
la 
población LGBT aún no ha sido expedida a pesar de que ya van más de 
cuatro años desde que comenzó su formulación. Aún no existen medidas 
articuladas a nivel nacional de prevención de la violencia, disminución de 
la discriminación, atención a víctimas de violencia, acceso a servicios de 
salud, empleo o vivienda, entre otros. Este tipo de políticas solo existen de 
manera aislada en algunas de las principales ciudades y departamentos y 
muchas dependen también de la administración de turno.  
En 
cuarto 
lugar, debe 
implementarse medidas de 
fondo 
con el 
fin de reducir la violencia y lograr la culminación satisfactoria de las 
investigaciones en materia penal y disciplinaria.
La última parte de este informe consiste precisamente en una serie de 
recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional y a las distintas entidades 
encargadas de promover, prevenir, proteger, investigar y sancionar las 
violaciones de derechos humanos de las personas LGBT, de modo que 
desarrollen medidas articuladas, coherentes y sistemáticas.
Por último, cabe mencionar que las formas en que actúa el prejuicio hacia 
las personas LGBT son mucho más complejas que lo que pudimos mostrar 
en estas páginas. En últimas, el presente informe se limitó a dar cuenta de 
las principales violaciones de derechos humanos de las personas LGBT en 
el país, así como de las debilidades institucionales para contrarrestar de 
manera efectiva esta problemática. Si bien estaba fuera de nuestro alcance 
hacer un examen más detallado de las distintas formas en que el prejuicio y 
la violencia afectan a personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas en contextos particulares, queremos concluir recalcando 
la importancia de esta labor.
Es necesario examinar cómo el prejuicio no afecta a todas las personas 
LGBT por igual ni de la misma forma. Debemos analizar los factores que 
pueden exponer a las personas LGBT a mayores niveles de prejuicio y 117 violencia, pero también los que puedan reducir los efectos del prejuicio. 
Al tener una comprensión más detallada de estas dinámicas sociales, 
tendremos más herramientas para enfrentarlas e impulsar los cambios 
sociales necesarios. Sin cambios sociales profundos, cualquier avance 
normativo e institucional se quedará corto. Además, conocer más a fondo 
cómo opera la violencia por prejuicio es una forma de dignificar la memoria 
de las víctimas, ya que pasaría por reconstruir sus vidas, su entorno y 
sus maneras de reivindicar sus identidades. Esta es una tarea pendiente 
para entidades oficiales encargadas de adelantar procesos judiciales, de 
reconstrucción de memoria histórica, de documentación y seguimiento de 
situaciones de riesgo y de violaciones de derechos humanos, pero también 
para sectores de la sociedad civil como las organizaciones sociales y la 
academia. 
A partir de las violaciones contra las personas LGBT y los problemas 
reseñados, hacemos un llamado al cumplimiento de las recomendaciones 
transversales e institucionales que se señalan a continuación. Recomendaciones transversales 
a todas las instituciones 1. Mejorar los sistemas de información frente al registro de información de 
delitos hacia personas LGBT, incluyendo otras variables de identificación 
y vulnerabilidad de las víctimas como la raza-etnia, posición socioeconómica, discapacidad, víctima del conflicto y ocupación. Dichos 
sistemas deben 
incorporar variables para 
la 
identificación de 
las 
personas LGBT que han sido víctimas de violaciones de derechos 
humanos (cuando no las tengan), y unificar las definiciones y criterios 
de aplicación de las variables (en los casos en que ya se tienen pero 
varían de una entidad a otra). La implementación y unificación de estas 
variables no solo debe hacerse entre diferentes entidades, sino también 
entre diferentes niveles (nacional, departamental, municipal) de una 
misma entidad. En este sentido, es necesario que la información sea 
coherente dentro de cada entidad y congruente de una entidad a otra. 118 » Conclusiones y recomendaciones  « 4. 2. Articular las instituciones frente a la atención y protección de las 
víctimas directas e indirectas de la violencia hacia la población LGBT a 
nivel nacional, regional y local.  
3. Trabajar de forma coordinada entre entidades que tienen impacto en 
la administración de justicia: Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría, 
jueces y Policía Judicial.
Sensibilizar y capacitar a los operadores de justicia en relación con la 
discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género, 
en especial para identificar y erradicar los prejuicios y estereotipos 
hacia la población LGBT. 
5. Designar 
presupuestos 
autónomos 
para 
ejecutar 
programas 
y 
protocolos que permitan cumplir con 
los estándares de debida 
diligencia en las investigaciones de violaciones de derechos humanos 
de personas LGBT. 
6. Crear unidades especiales o personas encargadas de la atención o 
trámite de casos de violencia hacia la población LGBT. 
Introducir un 
lenguaje 
incluyente que reconozca 
la 
identidad de 
género en los sistemas de atención a los familiares y a las víctimas de 
violencia por orientación sexual e identidad de género, al igual que en 
las disposiciones legales. 
8. Cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre población LGBT y con los lineamientos de 
la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 7. Recomendaciones por institución Al Gobierno Nacional 9. Avanzar en 
la elaboración de 
la Política Pública Nacional para 
la 
población LGBT. Esta debe 
incluir enfoques diferenciales según 
adscripción étnico-racial de las personas, posición socio-económica, 
ubicación en zonas rurales o de conflicto armado, discapacidad, 
ocupación, entre otras.
10. Impulsar un proyecto de ley de revisión del Código Penal de manera que 
en aquellas disposiciones que aluden a móviles discriminatorios, por 119 ejemplo en las circunstancias de mayor punibilidad o en los delitos de 
discriminación y hostigamiento sea expresa la referencia a la identidad 
y expresiones de género como grupos protegidos. De igual forma que 
se incluya un agravante específico por orientación sexual e identidad 
de género para el delito de homicidio y lesiones personales. 
11. Crear una comisión para investigar institucionalmente en Colombia la 
relación entre la discriminación y el suicidio, y si es procedente, que se 
incluya en el anterior proyecto de ley un agravante cuando esta tenga 
incidencia directa en la muerte de la persona discriminada. 
12. Adecuar las normas internas en materia de uso de la fuerza por parte 
de la Policía para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos 
(esto requiere que se modifique el Código Nacional de Policía y se 
adecuen los códigos departamentales y regionales).
13. El Ministerio de Defensa debe expedir un decreto que le dé fuerza 
normativa a la directiva 006 de 2010, incluyendo reformas que la 
hagan efectiva contra la violencia policial. Al Congreso de la República 14. Reformar el Código de Policía en coherencia con 
los parámetros 
constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos. 
Además, debe tenerse en cuenta de forma trasversal la población LGBT, 
en especial con temas de espacio público y retenciones transitorias.
15. Impulsar reformas al Código Penal que tengan en cuenta de forma 
especial los prejuicios por orientación sexual e identidad de género 
como agravante de la pena o un delito especial.
16. Realizar control político a las entidades encargadas de la prevención, 
protección y sanción de todos los tipos de violencia hacia personas LGBT. A la Fiscalía General de la Nación 17. Impulsar que en todos los procesos judiciales por homicidio, violencia 
policial, lesiones personales y amenazas contra la vida e integridad 
personal en los que la víctima haya sido una persona LGBT, se tenga 
en cuenta el prejuicio como hipótesis del hecho y se le preste particular 
atención en la recolección de elementos probatorios. 120 » Conclusiones y recomendaciones  « 18. Diseñar e implementar un registro nacional de víctimas por violencia 
basada en la orientación sexual o identidad de género diversa, en la 
medida en que en la actualidad la base de datos del Sistema Penal Oral 
Acusatorio (SPOA) no permite el ingreso de datos sobre orientación 
sexual e identidad de género.
19. Solicitar a las Fiscalías Delegadas, tanto de la justicia ordinaria como 
transicional, incorporar el enfoque de violencia basada en la orientación 
sexual e identidad de género para esclarecer el objeto de investigación, 
tomando como precedente la Sentencia para el caso de Arnubio Triana 
Mahecha alias Botalón emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal 
Superior de Bogotá.
20. Adoptar medidas para que la Unidad de Análisis y Contexto seleccione 
casos de personas LGBT y que sirva de apoyo en las etapas de indagación 
y juicio emitiendo conceptos sobre el contexto socio-espacial y las 
relaciones de poder en que se comete el delito, de manera que se 
tengan mayores herramientas para analizar el rol que ha cumplido 
el prejuicio en su comisión. Incorporar lo planteado por la sentencia 
por feminicidio de la Corte Suprema de Justicia2, de manera tal que se 
reconstruyan los contextos de violencia y discriminación que puedan 
preceder y posibilitar estos crímenes. Que la Unidad de Análisis y 
Contexto también tenga en cuenta otros factores de vulnerabilidad 
presentes en cada caso particular.
21. Revisar 
los procesos penales por homicidios de personas LGBT 
defensoras de derechos humanos y priorizarlos según el impacto social 
que hayan podido tener, el tiempo que haya pasado desde los hechos, 
la etapa procesal de las investigaciones y los elementos probatorios 
que se tengan.
22. A la Unidad de Vida, que se estudien los casos de suicidio en conexidad 
con actos de discriminación y hostigamiento.
23. Elaborar un protocolo para la protección de la intimidad de la víctima, 
siempre y cuando esta no tenga conexidad con el móvil del delito o 2 Sala de Casación Penal, sentencia del 4 de marzo de 2015, magistrada ponente Patricia 
Salazar Cuéllar. 121 su reserva entorpezca las actuaciones judiciales tendientes a esclarecer 
los móviles. A Medicina Legal la 24. Mejorar y hacer más detallados 
los 
criterios aplicados para 
identificación de las personas LGBT víctimas de homicidio.
25. Crear un protocolo para el 
levantamiento de cadáveres y análisis 
forense que tenga en cuenta la identidad de género y la orientación 
sexual.
26. Crear un protocolo de documentación y caracterización de las personas 
LGBT víctimas de lesiones personales presuntamente ocasionadas por 
agentes de policía.
27. Capacitar 
a 
sus 
funcionarios 
a nivel nacional para que 
estén 
sensibilizados al momento de realizar los registros de las víctimas 
y clasifiquen 
la 
información acorde con un mismo protocolo que 
reconozca las identidades de género y orientaciones sexuales LGBT.
28. En virtud de los objetivos delimitados por la Ley 939 de 2004 de prestar 
apoyo técnico y científico a la administración de justicia, el Instituto 
debe enviar a la Fiscalía y a la Procuraduría la información de violencia 
contra personas LGBT 
recogida para que estos dos organismos 
impulsen las investigaciones penales y disciplinarias respectivas. 
29. Realizar investigaciones o boletines epidemiológicos sobre la violencia 
ejercida contra las personas LGBT en el territorio nacional de manera que 
también informen la elaboración del Programa Metodológico de Investigación desarrollado para cada caso por la Fiscalía General de la Nación. A la Policía Nacional 30. Establecer medidas para fomentar y reconocer buenas prácticas de 
parte de agentes de policía en el trato con la población LGBT y en la investigación de violaciones de derechos humanos contra esta población.
31. Diseñar mecanismos que permitan 
garantizar 
efectivamente 
la 
participación de las víctimas en los procesos disciplinarios contra los 
agentes de policía.
32. Establecer protocolos de atención a las víctimas de violencia policial, 
diseñar estrategias efectivas de prevención de la violencia y sancionar 122 » Conclusiones y recomendaciones  « proporcionalmente a los funcionarios de la Policía que incurran en actos 
de violencia contra personas LGBT en el ejercicio de sus funciones.
33. Construir una mesa interinstitucional con la Fiscalía para que aborde 
los casos de homicidio en donde se establezca una forma efectiva de 
trabajo conjunto entre la DIJIN y el CTI.
34. Formación en derechos humanos a 
los referentes LGBT de cada 
Comando, de manera que conozcan las normas que protegen a las 
personas LGBT y que emprendan campañas a nivel local de prevención 
de la violencia.
35. Destinar presupuestalmente un monto para realizar investigaciones 
sobre violencia ejercida por agentes de policía contra personas LGBT 
en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.
los 
lugares donde se haya registrado o denunciado actos de 
violencia contra mujeres trans en ejercicio de prostitución, establecer 
mecanismos 
institucionales para promover el diálogo entre esta 
población y los agentes de policía con presencia en el lugar para expresar 
inconformidades 
y 
construir 
acuerdos 
conjuntos que permitan 
disminuir la violencia entre estos actores. 36. En A la Defensoría del Pueblo 37. Articular las labores de defensores de oficio y representantes de víctimas con las labores adelantadas por las Delegadas (especialmente Delegada para la Prevención de Riesgo de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Delegada para Asuntos 
Constitucionales, la Delegada para los Derechos de la Mujer y Asuntos 
de Género, la Delegada para Política Criminal y Penitenciaria, y la Delegada para la Orientación y Asesoría de Víctimas del Conflicto).
38. Establecer referentes de género en todas las defensorías regionales y 
articular sus labores con las funciones de las Delegadas a nivel regional. 
39. Realizar campañas de prevención de la violencia en donde se establezcan 
rutas de atención y acompañamiento accesibles a personas víctimas de 
la violencia policial. 123 A la Unidad de Víctimas y al Centro 
Nacional de Memoria Histórica 40. Fortalecer 
la convocatoria a personas LGBT víctimas de distintos 
hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, para que sean 
registradas en la Red Nacional de Información.
41. Impulsar procesos que 
involucren a personas LGBT víctimas del 
conflicto armado ante instancias judiciales ordinarias y transicionales.
42. Impulsar procesos de reconstrucción de memoria individual y colectiva 
sobre personas LGBT víctimas del conflicto armado, identificando 
nuevos casos y contextos de violaciones de derechos humanos contra 
esta población que complementen los que ya se han documentado.
43. Profundizar en las dinámicas de violencia que afectan a esta población, 
de modo tal que se tenga una comprensión más elaborada sobre 
factores de vulnerabilidad y hechos de violencia en distintos contextos.
44. Impulsar procesos de fortalecimiento social e institucional en zonas de 
agudización del conflicto armado y con enfoque diferencial, para que 
se tenga en cuenta la afectación particular sobre personas LGBT. 124 cuando la guerra se va, la vida toma su lugar  
fue compuesto en caracteres Museo y Chaparral Pro  
se imprimió en los talleres de Javegraf  
en papel esmaltado mate de 90 gramos durante  
el mes de junio del 2015. Colombia Diversa presenta el informe de 
derechos humanos de lesbianas, gay, 
bisexuales y personas travestis, transexuales 
y transgénero – LGBT en Colombia durante 
los años 2013 y 2014. Para esto analizamos 
los homicidios, la violencia policial y las 
amenazas como las formas de violencia más 
frecuentes que sufre la población LGBT por 
prejuicios hacia la orientación sexual y la 
identidad de género. Lo hacemos a partir del 
estudio de datos estadísticos y de los casos 
documentados por nuestra organización.