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Al cierre de este informe se conoció el importante pronunciamiento de siete 
relatores de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 2020, en el que le 
piden al presidente Iván Duque y al Congreso de la República no reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato. Los relatores de Sustancias Tóxicas, Afrodescendientes, Medio Ambiente, Derecho a la Alimentación, 
Derecho a la Salud, Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y de los Derechos de Pueblos Indígenas, consideran que el programa atenta 
contra el Acuerdo de Paz y la erradicación manual como método prevalente de 
erradicación, según lo dispuesto por la Corte Constitucional. Plantean también 
su preocupación en torno a que la reactivación del programa se plantee en un 
contexto sistémico de violencia contra los pueblos indígenas, afrocolombianos 
y personas defensoras de los derechos humanos. El punto de conexión entre este importante llamado de los relatores y el presente informe radica en la preocupación sobre las agresiones a los liderazgos 
sociales y procesos campesinos que le apuestan a la sustitución voluntaria de 
los cultivos de uso ilícito, que tal y como se podrá apreciar en este informe van 
en aumento. El Programa Somos Defensores en alianza con la Asociación Minga y la Corporación Viso Mutop, se propuso la realización de este informe especial: “La 
sustitución voluntaria siembra de paz: agresiones a personas defensoras de derechos humanos y población campesina vinculada a cultivos de uso ilícito”, con 
el propósito de llamar la atención sobre cómo importantes franjas de población 
campesina históricamente ignoradas por parte del Estado y avocadas por la exclusión social y económica a cultivos considerados de uso ilícito, se encuentran 
nuevamente cercadas por complejas dinámicas de violencia que los convierten 
en víctimas de múltiples agresiones por el hecho de apostarle a iniciativas de 
sustitución voluntaria de sus cultivos, alternativa que privilegia el Acuerdo de 
Paz y que el actual gobierno pretende ignorar. El Acuerdo Final de Paz suscrito en noviembre de 2016, tiene un eje central en 
las reformas en el sector rural previstas en el punto 1, en correspondencia con el punto 4 del mismo, relativo a la solución al problema de las drogas ilícitas. 
En esa medida, el Acuerdo se propuso avanzar en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. De manera expresa, en el apartado sobre 
Reforma Rural Integral, el Acuerdo señala que “concibe el territorio rural como 
un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades –hombres y mujeres– desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural”. Sin embargo, 
los pocos avances en materia de Reforma Rural Integral y las múltiples trabas 
gubernamentales (empezando por recorte presupuestal) al Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos –PNIS– y su declarada intención de imponer 
la erradicación forzada y la aspersión aérea, han desestructurado ese eje central 
del Acuerdo y con ello las posibilidades de avanzar en el cumplimiento de esa 
deuda pendiente con el campesinado colombiano. Una idea fundamental que atraviesa este informe, es la de reivindicar el carácter 
de los campesinos cultivadores de plantas consideradas de uso ilícito, como 
sujetos con plenos derechos y contribuir con ello a romper la estigmatización 
abierta o soterrada que suele imponérseles. El informe se divide en 5 capítulos. En el primero, se busca ofrecer una mirada 
sucinta sobre el campesinado como sujeto político y social, las dinámicas de 
exclusión y victimización que han padecido, sus luchas y apuestas por la paz. 
En el segundo, se aborda una panorámica de lo que han sido las políticas de 
lucha contra las drogas, aplicadas en el país y sus efectos para las comunidades 
rurales. En el tercer capítulo, se busca ofrecer un estado de la cuestión en relación con las iniciativas de sustitución voluntaria con énfasis en el PNIS, como 
programa establecido en el Acuerdo de Paz. El cuarto capítulo, proporciona 
información contrastada sobre las agresiones a los liderazgos sociales y procesos comprometidos con la sustitución voluntaria desde la firma del Acuerdo 
hasta mediados del 2020, que se complementa con cinco casos de distintas regiones: Sur de Córdoba, Catatumbo, Río Guayabero, Tumaco y Putumayo, que 
ilustran el tipo de agresiones que se cometen, el contexto en que se producen y 
las afectaciones que causan en el tejido organizativo. El quinto capítulo, subraya 
la importancia de dotar de garantías a los procesos de sustitución voluntaria de 
cultivos a partir de los planteamientos hechos por organizaciones sociales y de 
derechos humanos, señalando algunas recomendaciones sobre el particular. Es nuestro deseo que el presente informe contribuya a alimentar las necesarias 
discusiones que en el ámbito nacional e internacional se están dando en torno al giro que debe dar la política de lucha contra las drogas en Colombia, y cuya 
orientación debe apuntar en dirección a la implementación del Acuerdo de Paz 
como carta de navegación fundamental. Finalmente, queremos agradecer muy especialmente a la Embajada de Noruega por su permanente apoyo político y financiero que ha permitido la realización 
de este informe. Gracias también a la Asociación Minga y a la Corporación Viso 
Mutop por la construcción de esta alianza y a las organizaciones que aportaron 
información: la Fundación Social Cordoberxia y la Asociación Campesina del 
Sur de Córdoba ASCSUCOR “…Un campesino es una persona que tiene una relación directa y especial 
con la tierra y la naturaleza, a través de la producción de alimentos, 
y/o productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos, 
o en el marco de relaciones familiares y otras formas de organización del trabajo 
a pequeña escala, están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales, 
a su entorno natural y local, y a los sistemas agroecológicos”. Vía Campesina el concepto de campesinado el Acuerdo Final de Paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, en el Punto 
1 “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, reconoce 
que la construcción de una paz estable y duradera, solo es posible con la transformación estructural del campo, la cual “debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre 
la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el 
atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, 
niñas y niños”. El Acuerdo, nuevamente sitúa a los campesinos y campesinas 
en el centro del conflicto, no solo como víctimas, sino como constructores de 
paz, aportando en su reconocimiento como sujetos de derechos y proponiendo 
políticas concretas para el campesinado y, en general, para la población rural. Para contribuir a ese propósito, recientemente el Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH– presentó un documento de conceptualización 
del campesinado en Colombia, el cual busca dar respuestas a las demandas 
sociales y políticas del movimiento campesino frente al reconocimiento de los 
derechos de los campesinos y campesinas, y en atención al llamado que la Corte Suprema de Justicia hizo al Estado en la Sentencia STP2028-2018 “para que 
defina al sujeto campesino, lo incluya en los instrumentos censales nacionales 
y formule políticas públicas específicas para esta población”. El ICANH define 
al campesino como “(…) sujeto intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en 
formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no 
remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo”. Este concepto reconoce al campesino como un sujeto territorialmente diverso 
y asociado a los ecosistemas, un sujeto colectivo e intercultural, multiactivo 
desde el punto de vista de su labor económica, destacando que el trabajo productivo campesino puede incluir “otras actividades rurales que construye con los diversos ecosistemas y con el manejo de la biodiversidad para su subsistencia y la de su hogar, además de prácticas productivas distintas a las actividades 
primarias, como la transformación de los recursos naturales, la manufactura de 
artesanías, la elaboración de alimentos o bebidas en el hogar, así como la prestación de algunos servicios relacionados con el turismo”. El Coordinador Nacional Agrario CNA define al campesino como sujeto social, 
político y económico, que se caracteriza por: la unidad familiar como la base 
de una organización social multidimensional, el cultivo de la tierra como medio 
principal de subsistencia para satisfacer la mayor parte de las necesidades de 
consumo, una cultura tradicional específica relacionada con la forma de vida de 
comunidades pequeñas y una posición subordinada, pues existe una estructura 
de dominación del campesinado, y a la vez, unas dinámicas de resistencia. Para Alexander Chayanov, la unidad campesina, es la que no emplea fuerza de 
trabajo asalariada, en la que la actividad gira básicamente en torno al trabajo 
de la tierra, aunque también combine actividades artesanales y comerciales, 
sobre la base de su fuerza de trabajo familiar. Esta unidad no está destinada 
a la generación de utilidades en el sentido de la empresa capitalista, sino a la 
reproducción suya y de su familia, para lo cual se establece un balance entre 
consumo y fuerza de trabajo utilizada. En Colombia el Proyecto de Ley 236 de 2020: “Por medio del cual se establece 
el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones”, incorpora al concepto de campesinado otros elementos fundamentales como la memoria, los saberes y los bienes comunes al concebirlo como: 
“un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y prácticas que 
constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida familiar y 
vecinal para la producción de alimentos, bienes comunes y materias primas, 
con una vida comunitaria multiactiva vinculada a la tierra e integrada con la naturaleza y el territorio”. La visión del campesinado se ha visto reflejada también en los planes de desarrollo. Andrés Pastrana, en el Plan Nacional de Desarrollo Cambio para construir la paz define al campesino como “productor del campo”; en El Estado 
comunitario de Álvaro Uribe Vélez, el campesino es un “empresario rural”; y 
Juan Manuel Santos habla de “pequeño productor” y “campesino” en el Plan de 
Desarrollo Prosperidad para todos. En el Plan de Desarrollo del actual gobierno 
de Iván Duque, la visión empresarial y extractivista del campo prevalece, las comunidades rurales desaparecen como sujetos de derechos y cuentan en la 
medida en que se incorporan y ajustan a las inversiones y actividades económicas proyectadas. Como lo analiza Jhenifer Mojica: “La apuesta del proyecto del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) en materia agraria del actual gobierno está 
centrada en tres elementos fundamentales: la regularización de la propiedad, 
el ordenamiento productivo y los clústeres y, las cadenas de valor. Toda gira en 
torno a una única apuesta de desarrollo centrada en la inversión de industrias 
que generan materias primas de exportación (agroindustria, forestales y minero 
energéticas). Los pobladores rurales, campesinos, indígenas y negros, no son 
parte de esta apuesta de desarrollo”. Este contexto profundiza las desigualdades en el campo y la concentración de 
la tierra, promueve las disputas territoriales por el control de las riquezas y de 
la economía legal e ilegal, pero, además, desconoce al sujeto campesino, el 
mismo que ha estado inmerso en el conflicto de distintas formas, siendo una de 
las principales víctimas de la guerra, pero, a la vez, quien construye y defiende 
la paz territorial y lucha por transformaciones para una vida digna. Campesinado, conflicto armado y movilización social Los impactos del conflicto social y armado en el campesinado son inconmensurables. Durante la segunda mitad del siglo XX se presentaron múltiples reconfiguraciones territoriales y sociales, debido a las dinámicas económicas y políticas agrarias, así como a la consolidación de un conflicto armado interno con 
el surgimiento de las insurgencias comunistas, las políticas de seguridad del 
Estado y la acción violenta del paramilitarismo de fin de siglo; todo esto aupado 
por las economías ilegales, principalmente por el narcotráfico que, como lo 
anota el padre Francisco De Roux: “juega un papel fuerte y tiene que ver con la 
situación del campesinado, ese que quedó excluido de la economía formal, sin 
tecnología, sin mercados, sin créditos y sin tierras en zonas donde la presencia 
del Estado fue escasa. Ese campesinado quedó arrinconado contra la selva. Y 
esto, mezclado con la coca, agravó la situación del campo”. La exclusión social y la guerra ha dejado miles de víctimas campesinas en Colombia, millones de desplazados que se vieron forzados a abandonar sus tierras 
debido a la presión armada y a la precariedad e inexistencia de los derechos de 
propiedad para la población campesina. Al respecto, “la literatura sobre tierra y conflicto armado en Colombia ha abordado el problema de la concentración y 
el despojo de tierra desde varias perspectivas. Estudios que se ocupan de: los 
orígenes de los conflictos agrarios (LeGrand, 1984; Palacios, 2011), las luchas 
sociales por la propiedad y la tenencia de la tierra en distintas regiones del país 
(Fals, 2017; Zamosc, 1986), las políticas públicas que los gobiernos han diseñado para regular el acceso a la propiedad rural (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2013; Machado, 2017) y la violencia por la ocupación del territorio y la 
apropiación de recursos (García y Vargas, 2014; Ibáñez, 2008; Reyes, 2009)”. 
Cada uno de estos estudios muestra desde distintas perspectivas y grados de 
profundidad, la dramática situación del campo y de la población campesina y 
la responsabilidad del Estado en la perpetuación de la violencia, entre otros 
factores, por la persistencia intencionada de una política agraria promotora de 
la informalidad en los derechos de propiedad de los campesinos y campesinas, 
que, como lo afirman Peña y Zuleta en su investigación, incentivó la concentración y el despojo de tierras. Como lo reconoce el presidente de la Comisión de la Verdad: “De los siete 
millones de desplazados que hay en los registros estatales, la mayoría son campesinos”. Otros que permanecieron en sus tierras, pese a la guerra y la violencia estatal, se vieron obligados a entrar en una economía ilegal, pues no podían sobrevivir con una economía campesina. “Si comparamos el estado de los 
campesinos de otros países nos daremos cuenta de que el colombiano es un 
campesinado abandonado, por eso, al no tener rutas para sacar sus productos, 
no tener mercados, no contar con tecnología y estar arrinconado en la selva, 
encontró en la coca una forma de supervivencia –porque es un campesinado 
inteligente–. Pero esto les hace mucho daño, porque los clava en el conflicto”. Estas condiciones estructurales que sumieron al campesinado en la guerra de 
un lado, en la pobreza y exclusión del otro y, en muchos casos, los obligaron a 
convertirse en un eslabón de la economía del narcotráfico, han sido la semilla 
de luchas históricas por la tierra, por la defensa de la vida y permanencia en 
el territorio, luchas que, aunque se han transformado, han sido una constante 
en la medida en que las causas que las motivan no han sido superadas. “De 
acuerdo con Zamosc, en la década de los 80, además de evidenciarse una 
lucha clásica por la tierra (aunque esta vez con nuevos actores, por ejemplo, 
pobladores desplazados de capitales regionales y de cinturones de miseria urbanos), las manifestaciones se concentraron en temas como: 1) la defensa de 
la economía campesina en sectores que se venían especializando en la producción de ciertos bienes; 2) la mejora de los precios en los mercados locales 
y regionales; 3) reclamos generados por desastres naturales, construcciones 
de complejos industriales (minería y sector maderero) e hidroeléctricos; 4) la 
exigencia de apoyo estatal para la satisfacción de necesidades básicas en salud, educación, vías de comunicación y obras de infraestructura y 5) la presencia de grupos armados en zonas rurales así como las violaciones de derechos 
fundamentales, sociales, económicos, culturales y colectivos. Los años 90, signados por el neoliberalismo y la apertura económica, vieron 
nuevamente a un campesinado movilizado en torno a las demandas históricas 
por la tierra y los derechos fundamentales y sociales, aunque menguado por la 
ofensiva paramilitar. La agudización de la violencia sociopolítica, la nueva Constitución Política del 91, la pauperización de las condiciones de vida, y el sostenido incumplimiento por parte del Estado en materia de reforma agraria, entre 
otros factores, alentaron las luchas campesinas ad portas de un nuevo periodo 
histórico marcado por una política antidrogas cada vez más agresiva con el Plan 
Colombia, el fracaso de las negociaciones de Paz entre el gobierno Pastrana y 
las FARC y el ascenso al poder de la derecha belicista liderada por Álvaro Uribe 
Vélez. Aquí nuevamente el narcotráfico siguió siendo un eje central de las disputas por el control territorial y de las lógicas políticas y económicas que han 
sostenido el modelo de desarrollo en el país, pues como lo afirma Darío Fajardo 
“(…) en Colombia se pasó de la lucha por la tierra y la violencia política, a una 
disputa territorial por la cadena productiva del narcotráfico, elementos que se 
relacionan íntimamente con los habitantes a partir de las representaciones con 
la tierra y el ejercicio pleno de derechos”. Derechos que para el campesinado 
parten de una distribución justa de las tierras y la riqueza, y de la garantía plena 
de su derecho a vivir en paz. el campesinado y sus aportes a la construcción de paz La consolidación de una política de estado mafiosa, el avance del fascismo social auspiciado desde las élites del poder, la persecución y la negación del derecho a la participación social y política del campesinado, determinaron en 
buena parte las dinámicas del movimiento campesino y su relación con el Estado durante la primera década del siglo XXI. El fracaso de la negociación de paz 
entre FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, la cual tenía como eje un fuerte 
componente agrario, además de la expansión y reconfiguración del conflicto 
armado y la violencia paramilitar, dieron paso a los gobiernos de Álvaro Uribe 
Vélez, 8 años en los cuales se negó sistemáticamente la existencia del conflicto 
armado; se enarboló la bandera de la seguridad militarista en la que se fortaleció y enalteció a la Fuerza Pública; se avanzó en la consolidación de un modelo 
de desarrollo corporativo y privatizador y, en la legitimación de un proyecto de 
ultraderecha para Colombia. Posteriormente, con los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2016) no se 
dieron cambios sustanciales en la política económica y social, sin embargo, el 
reconocimiento del conflicto armado y la negociación de paz con las FARC y tardíamente con el ELN, abrieron algunos escenarios de relacionamiento con los 
sectores sociales y significaron, en términos políticos, un salto cualitativo para 
el país. Pese a ello, los acuerdos incumplidos frente a las demandas históricas 
del campesinado, las locomotoras económicas extractivistas y agroindustriales, 
y el ambiente de polarización y violencia promovido por sectores afines al uribismo y poderosos intereses corporativos, impidieron transformaciones reales 
en la situación del campesinado, no solo en relación con los conflictos por el 
uso y tenencia de la tierra, sino en materia de derechos humanos y garantías. Si bien es cierto que “en la medida en que el escenario principal de la confrontación armada son las áreas rurales, los efectos desintegradores de la guerra han 
afectado, ante todo, al campesinado, coartando sus mecanismos de movilización y sus formas de representación, desarticulando sus organizaciones”, esta 
situación tan adversa, no fue impedimento para que el movimiento campesino 
en el país se pronunciara, continuara luchando por transformaciones estructurales, exigiera sus derechos y promoviera la salida negociada al conflicto y la paz 
con justicia social, como un horizonte a alcanzar. Las dinámicas de la movilización campesina en el periodo 2002-2016 tuvieron 
algunos hitos a destacar: Movilización Nacional 2003: Mandato Agrario; el Paro 
Cafetero y Agrario en 2013, 2014 y 2015. En todos estos escenarios, además 
de las reivindicaciones sectoriales y apuestas políticas agrarias, el campesinado 
ha confrontado las visiones restringidas y neoliberales de paz, proponiendo una 14 paz transformadora. Así se constata en el Mandato Agrario, en el que organizaciones sociales reunidas en el Congreso Nacional Agrario en abril del 2003, 
incluyeron la solución política negociada como única opción al conflicto armado 
tomando en cuenta algunos planteamientos básicos como: la necesidad de 
transformaciones al régimen político y garantía de una participación social decisoria; solución al problema de la concentración de la tierra; superación de la 
doctrina de seguridad nacional, del intervencionismo estadounidense y suspensión definitiva del Plan Colombia; esclarecimiento y superación de la impunidad 
del fenómeno paramilitar; suscripción de acuerdos humanitarios mientras perdure el conflicto y suspensión definitiva del reclutamiento forzado. En 2011 se produjo el Manifiesto por la Tierra y la Paz, en el marco del Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas, realizado en Barrancabermeja. En 2012, la Mesa Nacional de Organizaciones Agrarias, presentó una propuesta 
campesina de paz a la mesa de negociación entre las FARC y el Gobierno Santos, “Inspirada en la consigna de “la tierra para el que la trabaja”, proponiendo 
crear un CONPES Rural con miras a formular un Plan Decenal de Desarrollo 
Agrícola. El eje de su propuesta se centra en garantizar la seguridad alimentaria del país, desde una concepción de sociedad rural campesina, más que 
empresarial, que pasa también por resolver el problema de la redistribución de 
la tierra. En 2013, y como producto del Paro Cafetero y del Paro Nacional Agrario, se 
conformó La Cumbre Agraria, Étnica y Popular (CACEP), la cual construyó un 
pliego de negociación con el gobierno denominado “Mandatos para el buen vivir, la democracia y la Paz” compuesto por 8 puntos, en los que se recogen las 
principales demandas de los sectores populares en Colombia, y en los que el 
movimiento campesino tuvo un papel fundamental. Estos puntos son: tierras, 
territorios colectivos y ordenamiento territorial; la economía propia contra el 
modelo de despojo; minería, energía y ruralidad; cultivos de coca, marihuana y 
amapola; derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; derechos sociales; 
relación campo-ciudad. Incorpora igualmente un eje de paz, justicia social y solución política, en el que enmarca sus propuestas en una agenda de paz impulsada desde los movimientos agrarios, sociales y populares, exigiendo y mandatando: solución política negociada, participación de las comunidades rurales 
en los procesos de negociación; garantías para un diálogo nacional que habilite 
también diálogos regionales; desmilitarización y respeto a la autonomía de los 
territorios que se encuentran en medio del conflicto; eliminación de la doctrina 
de Seguridad Nacional; restructuración del presupuesto nacional, con menor 
gasto de guerra y mayor inversión social; garantías para que los procesos organizativos puedan avanzar en la construcción de un movimiento social de paz y 
en un proceso constituyente por la democracia, la justicia social y la paz. Ante el reiterado incumplimiento por parte del gobierno a lo acordado con el 
movimiento campesino, varias organizaciones campesinas, entre ellas la Mesa 
Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo –MIA–, “reafirmaron su no rotundo a unirse a un Pacto Agrario construido por y para las elites 
que se enriquecen del agro del país” y ratificaron su apoyo a la salida negociada al conflicto armado, reiterando que “Somos las comunidades rurales los 
que vivimos y sentimos esta guerra en carne propia, somos los habitantes del 
campo los que a diario resistimos en nuestros territorios en medio de las bombas, tiroteos y toda clase de confrontación bélica; por eso vemos en esta nueva 
oportunidad de tregua, la esperanza de tener días de tranquilidad y regocijo 
mientras con nuestros sueños de paz esperamos los acuerdos pactados en la 
mesa de La Habana”. Posteriormente, la CACEP, en desarrollo del acuerdo logrado con el Gobierno 
nacional tras la movilización del 2015, adelantó una intensa agenda de “Cumbres por la Paz. Sembrando esperanza, cosechando país” en todo el territorio 
Nacional, con el objetivo de recoger las múltiples propuestas e iniciativas de 
paz, y reiterar el mandato del Pliego Nacional. Estas cumbres arrojaron un proceso que se concretó en la “Agenda Común de Paz”.. De igual forma, el movimiento social por la paz, las plataformas de Derechos 
Humanos y el movimiento popular del país, avanzaron en la construcción de 
propuestas de paz con diferentes niveles de participación, articulación e incidencia, que las hacen legítimas y en las que las organizaciones campesinas tuvieron una importante participación. El Frente Amplio por la Paz y Clamor Social 
por la paz, son manifestaciones de este esfuerzo conjunto. 
En el 2016 se instaló Mesa Social para la Paz (MSP) como escenario alterno, autónomo y complementario de las mesas de negociación con las insurgencias, 
en la que distintos sectores populares, sociales e incluso representantes del 
sector privado se articularon para participar activamente y presentar propuestas 
en el marco de las mesas de negociación gobierno insurgencia ELN, hacer seguimiento al Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y las FARC y promover 
un gran Diálogo Nacional por la Paz. En los distintos espacios de articulación y como parte de sus propias agendas 
programáticas, diversas organizaciones campesinas reiteraron su apoyo a las negociaciones de Paz y, específicamente, al Acuerdo 1 para la transformación del 
campo colombiano, anotando que “Si bien el acuerdo sobre Reforma Rural Integral no significa una reforma agraria integral, se considera que brinda elementos 
muy importantes para dar avances significativos y lograr un mejor posicionamiento del movimiento campesino en su ruta para el reconocimiento pleno de sus 
derechos. Nuestra tarea como organizaciones campesinas es darle continuidad 
y desarrollo a estos acuerdos, para así alcanzar una reforma agraria estructural, 
uno de los pilares fundamentales de la paz con justicia social”. De esta forma 
ANZORC ratificó que “se acoge de manera integral a los acuerdos de paz en su 
totalidad y continúa su fase de preparación para la implementación”. Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, y pese a que “La implementación, señala 
el mismo Acuerdo, debe transcurrir “de abajo hacia arriba” e integrar la participación efectiva de todos los actores que configuran sus propios territorios”, 
la participación real de las comunidades campesinas continuó siendo precaria; 
por esto, y ante la poca o nula implementación de lo pactado en materia agraria 
y de sustitución de cultivos y la constante burla a los acuerdos sociales con el 
campesinado, las comunidades y organizaciones campesinas continuaron movilizadas y en constantes ejercicios de exigibilidad “mostrando la consolidación 
del campesinado como un sujeto político que tiene mucho que aportar a la 
construcción de la paz territorial y duradera de la que habla el Acuerdo”. En 2016, “tras 19 meses de negociaciones (…), la Cumbre convocó una Minga 
Agraria, Campesina, Étnica y Popular, nuevamente motivada por el incumplimiento”. En 2017, como lo documentó el CINEP, se realizó un nuevo Paro Agrario Nacional “con importantes acciones de protesta en el Catatumbo, el Urabá 
antioqueño, el suroccidente colombiano y Bogotá (…)”. También en 2017 se 
movilizaron cerca de 3000 campesinos en Bogotá en el “Paro Arrocero”. Además de la continuidad de la movilización campesina en torno a sus reivindicaciones históricas, en el marco del ascenso y la reconfiguración de la protesta 
campesina ocurrida entre 2013 y 2017, a partir del 2018, y con la reanudación 
de la erradicación forzada, las protestas de los campesinos y campesinas cultivadores de coca aumentaron, demandando garantías, respeto a sus derechos y 
cumplimiento de los acuerdos PNIS, así como respeto a propuestas autónomas 
de sustitución voluntaria. En el año 2019, las organizaciones campesinas y sociales reunidas en el Foro 
“Declaración de la ONU sobre los derechos del campesinado: propuestas y 
desafíos” presentaron públicamente el “Manifiesto de las Organizaciones Campesinas y Sociales” en el que nuevamente se resalta el aporte histórico del 
campesinado en la construcción del país y la paz, la soberanía alimentaria, el 
cuidado de los bienes comunes y de la cultura campesina biodiversa; Se destaca especialmente aporte de la mujer campesina en la preservación y legado 
del conocimiento tradicional y se reconocen las múltiples iniciativas por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos que se han venido 
impulsando desde tiempo atrás, que no han sido escuchadas por los sucesivos 
gobiernos y, por tanto, mantienen plena vigencia. Las apuestas de Paz del campesinado son el acumulado de las reivindicaciones 
históricas por la distribución de la tierra, el reconocimiento y garantía de los 
derechos fundamentales, sociales y culturales, la superación de la informalidad en función de la economía campesina y no de la economía del capital o 
la del narcotráfico, la vida digna y permanencia en el territorio. El compromiso 
de las comunidades y organizaciones campesinas se expresa en sus pliegos y 
movilizaciones, se hizo evidente en el referendo por la Paz, y es latente en cada 
vereda, cada territorio agroalimentario, cada zona de reserva campesina que 
sigue sufriendo las inclemencias de la injusticia social y de la guerra. La realidad 
para el campesinado sigue siendo difícil y compleja en el pos acuerdo; la reconfiguración de la guerra, los nuevos y viejos actores armados, la militarización, el 
modelo de desarrollo depredador siguen postergando la ineludible obligación del Estado de reconocer los derechos del campesinado y garantizar su vida, 
formas productivas, cultura e identidad. Derechos del campesinado en Colombia: 
un arduo camino por andar En 2018, fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas 
que trabajan en las zonas rurales. Producto de años de luchas sociales articuladas, esta declaración promueve la igualdad de derechos, derecho a la vida y a un 
nivel de vida adecuado, derecho a la tierra y al territorio, derecho a medios de producción agrícola, derecho a la información, derecho a la preservación del medio 
ambiente, a la libertad de asociación, de opinión y expresión, el derecho al acceso 
a la justicia, entre otros. Hasta la fecha, el gobierno colombiano no ha reconocido esta declaración incorporando sus disposiciones a las políticas y normativas 
nacionales. No obstante existen otros instrumentos que sí son reconocidos por 
el estado colombiano, como los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, en los que se reitera que: “Los Estados tienen la obligación específica de 
tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, 
minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma”, reconociendo al campesino 
como un sujeto de especial protección. Otro instrumento que en la actualidad suscita distintos debates es el denominado Acuerdo de Escazú, que consagra la protección de defensores/as 
ambientales, muchos de ellos campesinos y campesinas que vienen siendo 
agredidos sistemáticamente por su labor en defensa de la vida, aún no ha 
sido ratificado por Colombia, pese al compromiso público expresado por el 
presidente de la República. Quienes más se oponen a la ratificación, argumentando que será un obstáculo para el desarrollo económico y afectará la 
soberanía nacional, son los más férreos defensores de los Tratados de Libre 
Comercio y opositores al proceso de Paz: la bancada del Centro Democrático 
y algunos sectores empresariales reunidos en el Consejo Gremial Nacional, 
entre los que se destacan Fedegan, Fedepalma y Fenalco. 
Avances en el reconocimiento de los derechos 
del campesinado en Colombia Los derechos del campesinado son “las garantías que debe brindar el Estado 
colombiano a los campesinos y campesinas, como sujetos de derechos para 
que puedan vivir y desarrollarse en condiciones dignas y adecuadas. La Constitución Política y las leyes en Colombia han reconocido que los campesinos son 
sujetos de los siguientes derechos, entre otros: • Los consagrados en convenios, tratados y pactos internacionales ratificados por Colombia. • Los artículos 
64, 65 y 66 de la Constitución Política, que imponen obligaciones específicas 
al Estado colombiano en relación con los campesinos, teniendo en cuenta las 
condiciones particulares del campo colombiano y la producción de alimentos. 
• Los Derechos Civiles y Políticos y Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y del Ambiente. • Los contenidos en la Ley 160 de 1994, por la cual se crea 
el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, Ley 101 
de 1993, entre otras leyes. • Decreto 1071 de 2015 Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”. También se ha reivindicado la necesidad de integrar en todas las políticas públicas y en la normatividad el enfoque diferencial campesino, el cual “(…) quiere 
decir, que las acciones institucionales en favor de los campesinos deben tener 
en cuenta sus necesidades, sus modos de vida, sus relaciones socioculturales 
con la tierra y el territorio, sus propias formas de organización y producción 
de alimentos, entre otros aspectos, ese conjunto de particularidades deben 
ser parte fundamental de las políticas públicas dirigidas al goce efectivo de 
derechos de los campesinos; para lograrlo de manera acertada es necesario 
garantizar el derecho a la participación de las comunidades y sus organizaciones sociales”. La Constitución Nacional en su Artículo 64 señala que “Es deber del Estado 
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores 
agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 
vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos.” También en el Artículo 65 reconoce que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Por su parte, la Ley 160/94 contribuye parcialmente a subsanar la falla de reconocimiento del campesinado, al identificar en las campesinas y los campesinos como sujetos de atención estatal y de reforma agraria. Con este reconocimiento se recuperan las dimensiones cultural, política, económica y social inherentes a la condición de sujeto campesino, conectando su necesidad de acceso a 
la tierra con la de otros derechos, la justicia social y la democracia”. Las Altas Cortes también han contribuido al reconocimiento del sujeto campesino en sus desarrollos jurisprudenciales. La Sentencia C-262 de 2015 de la 
Corte Constitucional resalta que “las comunidades indígenas como las negras 
y las campesinas desarrollan particulares formas de interrelación con el medio 
ambiente y los recursos naturales. Como consecuencia de esta relación, estos 
grupos han desarrollado una serie de conocimientos y prácticas de carácter 
tradicional, transmitidos ancestralmente por vía oral, tendentes a la utilización 
racional y sostenible de los recursos naturales.”. La Sentencia C- 623 de 2015 
Corte Constitucional reconoce a los campesinos el derecho al territorio: “la jurisprudencia constitucional ha señalado que en el caso de los pueblos indígenas y tribales, el derecho al territorio es un derecho fundamental. Sin embargo, 
tal vínculo con el territorio, existe también entre los campesinos y el espacio 
físico en el cual desarrollan sus labores diarias. Esa relación constituye una de 
las particularidades de la cultura campesina”. Otro pronunciamiento jurisprudencial trascendental es el realizado en la Sentencia C-077 de 2017 “Demanda de inconstitucionalidad norma que crea zonas de interés de desarrollo rural, económico y social ZIDRES” en el que la 
Corte anota que: “el corpus iuris que nuestro sistema jurídico reconoce a los 
campesinos y trabajadores agrarios es una articulación de derechos y deberes 
que quizás expresa de la manera más clara y contundente el postulado de la 
dignidad humana, entendida como principio fundante y valor de nuestro ordenamiento legal, como principio constitucional y como derecho fundamental 
autónomo; toda vez que recoge las tres aristas que la jurisprudencia de esta 
corporación ha extraído de esa expresión, a saber: “(i) la dignidad humana 
entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de 
determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia 
(vivir bien). y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los 
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”.Reconoce expresamente el Derecho al acceso a la tierra y el deber 
ineludible de progresivo cumplimiento que tiene que perseguir el Estado, relacionado con la democratización y acceso a la propiedad de la tierra a favor 
de personas que la trabajan y carecen de ella, mediante la adjudicación de 
bienes baldíos. 
En 2018, como respuesta a una tutela presentada por cerca de 1.770 campesinos y campesinas, bajo el lema “Para que el campesinado cuente, tiene que 
ser contado”, la Corte Suprema de Justicia falló en favor de los accionantes, 
ordenando hacer un llamado de atención al Ministerio del Interior, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia -ICANH-, con el fin de que, en el marco de sus competencias, elaboren estudios complementarios al Censo Agropecuario 2014 y 
al Censo Poblacional 2018 que permitan delimitar a profundidad el concepto 
“campesino”, contabilizar a los ciudadanos que integran ese grupo poblacional 
y además que, en cabeza del Grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio del 
Interior, se identifique la situación actual de la población campesina y se apoye 
la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas públicas que 
permitan la materialización del derecho fundamental a la igualdad material que 
le asiste al campesinado colombiano. Hay que anotar que en la Encuesta de Cultura Política de DANE 2019, se incorpora la identificación subjetiva de la población campesina, que también será incluida en la Gran Encuesta Nacional Agropecuaria y la Gran Encuesta de Hogares; 
al respecto “Cesar Díaz, uno de los líderes de la tutela y miembro del Comité 
de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), explica la importancia de este 
reclamo: “Era una reivindicación histórica para que reconocieran el aporte que 
hacemos al país y a la identidad de las comunidades rurales. Pedíamos un tratamiento no discriminatorio y la posibilidad de tener una política pública propia”. El Ministerio público, en cabeza de la Procuraduría, emitió la Directiva 007 del 
11 de junio de 2019, en ella reconoció al campesinado como sujeto de derechos 
integrales y sujeto de especial protección constitucional, de conformidad con 
la Corte Constitucional, a todas las autoridades públicas a crear planes, programas o políticas públicas a favor del efectivo reconocimiento de sus derechos. Aún sigue pendiente la construcción de una Política Pública para el Campesinado, establecida en el artículo 253 de la Ley 1955 de 2019 “ley del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022”, y la voluntad política del gobierno para adoptar la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos del Campesinado, retrasándose así 
un verdadero reconocimiento de los derechos de las campesinas y campesinos 
en la práctica, pues a nivel institucional se desconocen avances alcanzados en 
la constitución, la jurisprudencia y la ley. La política económica y de seguridad 
actúan en contravía de la realización de estos derechos. No obstante, la lucha 
por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos continúa en todos los niveles, tanto en el plano legislativo, como a través de la movilización 
y la incidencia nacional e internacional. Mientras tanto, campesinos y campesinas intentan sobrevivir en medio de la 
guerra que se recrudece, la militarización que los vulnera, el copamiento territorial por parte de actores armados ilegales en disputa, muchos de ellos por 
el control del narcotráfico, y las políticas regresivas en materia agraria, de seguridad y drogas. El resultado de la conflictividad y desprotección estatal es 
nefasto: cientos de campesinos y campesinas asesinados desde el año 2016, 
una paradoja radical, en la que la Paz sin transformaciones estructurales ni garantías, les está costando la vida. Agresiones contra liderazgos campesinos 
en el posacuerdo 2016-2020 A partir del año 2016, las agresiones contra los liderazgos campesinos han venido en ascenso. Según el sistema de información del Programa Somos Defensores, en 2016 se registraron 49 agresiones, dentro de las cuales se destacan 
las amenazas en 21 casos, las detenciones arbitrarias en 9, y 8 atentados. Así 
mismo, fueron asesinados 11 personas defensoras campesinas, dos mujeres y 
9 hombres; la mayoría de los asesinatos se presentaron en el Cauca (9) y en 7 
de los casos el presunto responsable fue un grupo paramilitar. En 2017 se mantuvo el promedio de agresiones, registrando 48, y siendo la 
amenaza la agresión más frecuente. Sin embargo, las personas asesinadas aumentaron, con un total de 16, principalmente en Cauca y Córdoba, seguidos por 
Chocó y Valle del Cauca. Los presuntos responsables fueron desconocidos y 1 
persona fue asesinada por la Fuerza Pública en el Cauca. En el 2018, 73 personas defensoras de los campesinos fueron víctimas de agresiones. Se presentaron 19 asesinatos, entre ellos 1 mujer; 9 de estos casos 
ocurrieron en el Cauca. Además, se registraron 33 amenazas y 8 atentados. En el año 2019 las agresiones siguieron en aumento. 87 agresiones contra las 
dirigencias campesinas en el país fueron confirmadas por el Sistema de Información del Programa Somos Defensores, 62 de ellas fueron amenazas y 17 
asesinatos. Nuevamente el departamento del Cauca encabeza la lista de los 
territorios con más liderazgos campesinos asesinados, seguido por Antioquia. Cuatro años después de la firma de los acuerdos, en donde el campesinado 
fue protagonista y se reconoce que la raíz del conflicto, así como su superación, solo será posible si se resuelven las profundas contradicciones del campo 
colombiano y las disputas derivadas de los conflictos por el uso y tenencia de 23 la tierra, la situación de los campesinos y campesinas en general, y la de sus 
liderazgos, sigue siendo precaria y dolorosa. Solo en los primeros 6 meses del 
año 2020 se registraron más de 65 agresiones, entre ellas 19 amenazas, 11 detenciones arbitrarias y 19 asesinatos. La mayoría de los casos son atribuidos a 
actores armados desconocidos, otros a paramilitares, disidencias de las FARC, 
ELN y la Fuerza Pública. Nueve de los asesinatos se presentaron en el Cauca, 
seguido por Antioquia, Putumayo, Córdoba, Norte de Santander y Huila. Agresiones contra defensores campesinos
Nuevamente es necesario reiterar que la persistencia de los problemas estructurales del campo, la ausencia de una reforma agraria justa y redistributiva, 
la reestructuración de la disputa armada por el control territorial, así como la 
expansión del narcotráfico y la persecución del Estado a los pequeños cultivadores de coca, amapola y marihuana, en el marco de una política antidrogas 
que ha impactado severamente al campesinado, son factores centrales para 
comprender los riesgos a los que están expuestos los liderazgos campesino, 
particularmente, aquellos que se vincularon al Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos -PNIS- y quienes a partir de propuestas organizativas 
autónomas, postulan modelos de ordenamiento territorial popular y campesino 
y avanzan en apuestas de transformación productiva de sus territorios hacia 
la consolidación de la economía propia y campesina. Solo desde una lectura 
compleja, histórica e interdisciplinar, podremos entender la cruenta realidad 
que hoy, con un acuerdo de paz en la espalda, viven millones de campesinos y 
campesinas en Colombia. A los problemas estructurales en el campo colombiano y el olvido histórico del 
campesinado como sujeto de derechos, que ha posibilitado la expansión de la 
economía ilegal del narcotráfico, vino a sumarse una política impuesta de lucha 
contra las drogas que agrava aún más las condiciones de vida y vulnera los derechos del campesinado colombiano, tal y como se verá en el capítulo siguiente. Hasta 1961, la cocaína no estuvo proscrita de las legislaciones de los países. 
Productos terapéuticos y medicinales basados en este alcaloide circulaban 
en farmacias y eran consumidos como paliativos por poblaciones a lo largo del 
mundo. Para su prohibición, una serie de convenciones y tratados se adoptaron 
por la Organización de las Naciones Unidas, en Viena y Nueva York. En las Américas, Richard Nixon declaró a las drogas como el enemigo público número uno 
de los Estados Unidos en 1971, persiguiendo al “hippismo” y al movimiento de 
las Panteras Negras. Medio siglo después, dentro de los EEUU, un cuarto de su población carcelaria lo está por delitos relacionados con la tenencia y el consumo de estupefacientes. El crecimiento de las burocracias policiales y judiciales para 
investigar, capturar y judicializar a implicados en delitos de drogas, en EEUU 
y en Colombia, creció a pasos acelerados en detrimento de las inversiones 
en prevención y educación sobre el consumo de drogas. De otra parte, en la 
actualidad, 30 estados de esa federación han aprobado el uso medicinal de la 
marihuana y otros 15 estados lo aprobaron para uso recreativo convirtiendo 
dicha “hierba” en una fuente de divisas legales y de impuestos para campañas 
educativas. En plena guerra de Vietnam, las sustancias más consumidas en EEUU y Europa 
fueron la heroína, el LSD y la marihuana, mientras que en Asia el opio era la sustancia más usada. La declaratoria de Nixon conllevó presiones a países productores como Tailandia, Turquía y Colombia. Para 197444, cultivos de marihuana 
crecían en los llanos del Meta y el Guaviare, donde campesinos la producían en 
medio de procesos de colonización abandonados por el Estado. Luego de un 
corto boom económico, la marihuana se incubó en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la península de La Guajira, lo que se puede ver en 
el film “pájaros de verano”. La caída de precios de la marihuana significó una crisis para las regiones en las 
que se sembró. A fines de 1977, la planta de coca, usada durante miles de años 
por indígenas andinos y amazónicos, se extendió desde el norte de Vaupés 
hacia el sur de Guaviare, y en la parte norte de la Sierra de la Macarena. Este 
cultivo empleaba gran cantidad de mano de obra y era pagada a buen precio 
luego de la transformación de la hoja en pasta base. En lugares que carecían 
de toda infraestructura de servicios y no podían acceder a mercados con sus 
producciones lícitas, el cultivo de coca se convirtió rápidamente en la tabla de 
salvación económica de los campesinos. Para comienzos de los años 80s, la 
coca se situaba en Guaviare, Caquetá, Meta, Cauca, Magdalena Medio y Catatumbo (estos últimos en pequeña escala). Las comunidades campesinas al ingresar a una región, debido a la ilegalidad 
del producto cultivado, se ubicaron en riberas de ríos y caños, distantes del 
control estatal, configurando procesos de ocupación desordenada, pero buscando conformar veredas y de inmediato reclamar una escuela, un profesor y 
un puesto de salud. Con el tiempo solicitaban una carretera por los altos costos 
del transporte. Sin embargo, la presencia del estado no se materializó, al contrario, a medida que se iba desmontando el modelo de industrialización para 
sustitución de importaciones en favor de medidas neoliberales, se reducían 
y debilitaban las pocas instituciones de apoyo a las economías campesinas, 
como el INCORA, el IDEMA y la Caja Agraria, entre otras. Las guerrillas de las FARC ingresaron a las zonas de colonización donde florecía 
el cultivo de coca, a mediados de los 80s, con un discurso de apoyo al campesinado y en favor de los trabajadores. Impusieron impuestos a las actividades 
relacionadas, establecieron control de armas, ejerciendo como autoridad de policía y animando la organización comunitaria. Ante la falta de estado, las guerrillas 
ofertaron seguridad y la pasta base de coca se convirtió en el principal sustento 
económico de aquellas regiones. La pasta llegó a ser moneda circulante, actuando como factor más o menos estable para garantizar operaciones de crédito, 
para el arriendo de tierras, generador de empleo, facilitador de los ingresos para 
solventar el mínimo vital, en lugares donde el costo de vida es muy elevado. A pesar de ello, las comunidades no quisieron permanecer en la ilegalidad por 
siempre. A diferencia de Bolivia, donde existe una identidad cultural de los pueblos quechua y aymara con la hoja de coca, la cual se usa como alimento y es parte del intercambio comercial cotidiano, en Colombia los campesinos cultivan 
la coca por razones económicas prácticas, esperando oportunidades del estado 
o del mercado para acceder a otras fuentes de ingresos. Esto llevó a que los 
éxodos campesinos y paros cívicos, de finales de los 80, incorporaran peticiones de acceso a la propiedad sobre la tierra, inversión en dotaciones básicas, 
construcción de servicios públicos, apertura de mercados lícitos con garantías 
y programas de sustitución de cultivos. Algunos de los puntos acordados en 
aquellas protestas cívicas se ejecutaron, pero otras peticiones, como le sucedió 
a los colonos del río Guayabero, todavía siguen pendientes. La cooperación europea prestó atención a dichos pedidos y entre 1990 y 1994, 
Colombia experimentó sus primeros programas de desarrollo alternativo, concepto que trajo al país la ONU. Sembrar caucho entre los cocales para facilitar 
un abandono gradual de los cultivos de coca fue la apuesta, mientras que las familias sembraban alimentos y producían almidón de yuca para generar ingresos 
rápidos. Sin embargo, las fumigaciones aéreas con glifosato autorizadas desde 
1994, se encargaron de destruir la iniciativa, erosionar la confianza construida 
con las comunidades y terminar de meter el cultivo de coca en el conflicto armado interno. erradicación forzada, implicaciones políticas La Ley 30 de 1986, conocida como Estatuto de Estupefacientes, marca un hito 
en la historia nacional de criminalización y judicialización de los productores de 
plantas de coca, amapola y marihuana. Posteriormente, se introdujeron en el 
Código Penal las prohibiciones de plantación, cultivo, tenencia, porte y distribución, sancionables con privación de la libertad como delitos contra la salud. 
En ese año ya se iniciaba la conformación de una dirección antinarcóticos en el 
seno de la Policía Nacional, la cual instalaba destacamentos en varias zonas 
del país, para destruir cultivos e infraestructuras de procesamiento. En adelante, 
del presupuesto general de la nación se han destinado cada vez más recursos 
para ampliar sus efectivos, adquirir y sostener aeronaves, embarcaciones, dotaciones, funcionamiento e instalaciones, dispuestas a lo largo y ancho del país. En el gobierno de Cesar Gaviria se dio curso a una apertura económica que 
conllevó el desmonte de barreras arancelarias favoreciendo operaciones de importación de alimentos en desmedro de la producción nacional, lo que implicó 
la quiebra de varios sectores agrícolas como el de cereales y otros renglones que generaban ciertos niveles de suficiencia alimentaria y de empleos rurales. 
La quiebra de la agricultura interna de alimentos se apareja con un aumento en 
el área cultivada de amapola en los andes y coca en el norte amazónico. Para 
entonces, el narcotráfico sufría golpes en Bolivia y Perú, ya no estaba el cartel 
de Medellín, nuevas organizaciones le habían reemplazado. Las fumigaciones aéreas con el agrotóxico glifosato contra cultivos de coca se 
desataron en medio del escándalo por la penetración de dineros del cartel de 
Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper. El gobierno de los Estados 
Unidos descertificó a Colombia en su lucha contra drogas y le revocó la visa al 
mandatario liberal partidario de la “legalización de drogas” y líder del Grupo de 
países No Alineados. Por su parte, las fuerzas militares venían progresivamente 
ingresando en tareas antidrogas compitiendo con la Policía y buscando que el 
Gobierno norteamericano los incluyera entre sus destinatarios de ayuda exterior. Para lograr esto, desde el Ministerio de Defensa y la Embajada de EEUU en 
Bogotá, se incubó el concepto de narcoguerrilla, según el cual los campesinos 
cultivadores eran abastecedores de finanzas para las FARC, al tiempo que base 
social de esa guerrilla, la cual crecía merced a dichos recursos, se convertía en 
“amenaza para la democracia”, lo que motivaría a Washington a cooperar con 
las FF.MM. en el conflicto armado interno. El país contaba con una triste experiencia de aspersiones aéreas aplicadas en 
la sierra de Santa Marta a finales de los años 70, donde se evidenciaron daños 
causados entre poblaciones indígenas, lo que motivó advertencias desde el Ministerio de Salud, la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Muchos 
riesgos se obviaron pero vale destacar al menos los siguientes: i)la legislación 
nacional sobre control de plaguicidas, que contiene limitaciones y normas dirigidas a prevenir daños cuando éstos se aplican; ii) las obligaciones contenidas 
en el convenio 169 de la OIT, en el cual Colombia se comprometió a respetar 
e implementar la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas y 
que no se aplicaba en el caso de los programas de erradicación forzada; iii) la 
normatividad de salud que establece líneas de base sobre epidemiología, tamizajes y sistemas de información que den cuenta de las urgencias relacionadas 
con los periodos de aspersión. La reacción del campesinado fue la protesta y movilización. En Guaviare, campesinos de los ríos Inírida y Vaupés marcharon hasta tomar el control del aeropuerto de San José del Guaviare, en diciembre de 1994, desde el cual las 
avionetas de antinarcóticos realizaban sus operaciones. El gobierno Samper se 
vio precisado a negociar. En el acuerdo alcanzado se estableció una diferenciación entre cultivos de subsistencia y cultivos industriales teniendo en cuenta 
a los primeros como sustento familiar de economía campesina y a los segundos como una actividad de empresarios ilegales que solo buscan el enriquecimiento ilícito. Desactivada la marcha, tres días después, el gobierno decidió 
incumplir el acuerdo y fumigar por igual todos los cultivos. Bastaron pocos meses para que las poblaciones afectadas retomaran sus protestas. Esta vez por cuenta de una conmoción interior decretada por el Gobierno, en 1995 y ante el pedido de la Cuarta División del Ejército se convirtió a 
los departamentos de Vaupés, Caquetá, Guaviare, Meta y Vichada en una zona 
especial de orden público concediendo plena autoridad al jefe militar de mayor 
rango en el territorio, quien llegó a contar con facultades de suspender derechos, ordenar toques de queda, restringir la movilidad y las reuniones, instalar 
retenes, cerrar carreteras, entre otros. Por estas medidas las violaciones a derechos humanos se extendieron con rapidez, lo que causó la más grande marcha 
campesina del siglo XX, conocida como “marchas cocaleras” y que tuvo lugar, 
además de los departamentos citados, en otras zonas del país como Cauca, 
Norte de Santander, Putumayo y Sur de Bolívar. Las protestas concluyeron en 
unos casos con acuerdos con el gobierno, los que, otra vez, no se cumplieron y 
las dirigencias de esas manifestaciones fueron agredidas en los meses y años 
siguientes. En Caquetá, por ejemplo, todos los voceros fueron asesinados, en 
Putumayo y en Guaviare casi todos. El concepto “cocalero” alude a productores campesinos, indígenas o afrodescendientes que obtienen ingresos de la agricultura de la coca, la cual desarrollan en una Unidad Productiva que contiene el cultivo de coca como actividad 
principal o como parte de la unidad de caja de la familia, mezclada con otras 
actividades. La falta de atención a las demandas campesinas y la inclusión de 
esas finanzas en las economías de guerra de actores armados, incentivadas 
por la persecución a los cultivos a través de fumigaciones y otros métodos de 
erradicación forzada, usados por el estado, hicieron que la coca se expandiera 
a 14 departamentos para finales de los años 90s. Las conversaciones de paz del Caguán, entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las FARC EP, llevadas a cabo entre 1999 al 2002 sirvieron para mostrar el 
grado de securitización que había ganado el tema en la agenda pública. Pastrana narcotizó la agenda de relaciones exteriores, dando origen al Plan Colombia, mediante el cual los EEUU entraron de lleno en el conflicto interno a 
través de tecnologías, asesorías y más recursos para fumigaciones aéreas, 
mientras conversaba con las guerrillas. En 2001 se efectuó una Cumbre Internacional sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico, en San Vicente del 
Caguán, en la que participaron agencias internacionales y representantes de 
una treintena de países. Las FARC plantearon la desmilitarización de Cartagena del Chairá para ejecutar un plan de sustitución de cultivos a su manera. 
Ese sería el preludio de lo que plantearon en los Diálogos de La Habana 13 años después. Por su lado, representantes del Estado estimaron que sin la 
salida de las FARC de negocio de las drogas era imposible su eliminación y 
en adelante buscarían incluir compromisos de la guerrilla en las agendas de 
negociación. Situación contemporánea Fracasado el proceso de paz del Caguán en el 2002, tuvo lugar una agudización del conflicto con consecuencias humanitarias sobre las poblaciones. 
Pequeños programas de corto plazo, como Familias Guardabosques, pretendieron la eliminación de los cultivos de coca a partir de incentivos económicos 
que exigían la erradicación previa por parte de las mismas familias campesinas. Al mismo tiempo, las fumigaciones aéreas se intensificaron y formaron 
abiertamente parte de una estrategia contrainsurgente que pretendió quitar 
finanzas a las guerrillas y desplazar población de las zonas en las que aquellas 
actuaban. Con apoyo de EEUU, el gobierno ejecutó un programa de consolidación que 
le entregó a las fuerzas militares el control del orden público y de las inversiones que, en tiempos de democracia, le corresponde atender a las autoridades 
civiles elegidas popularmente. El ejecutivo desconoció los reclamos por los 
impactos de las erradicaciones forzadas, los cuales fueron escuchados por la 
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, altas cortes de justicia que reconocieron la obligación de aplicar el “principio de precaución”, de registrar a los 
desplazados por la acción estatal, de efectuar consultas previas, de reparar a 
los afectados por problemas de salud y de indemnizar a productores lícitos que 
también fueron impactados negativamente en ese periodo. Los Diálogos de La Habana alcanzaron en 2014, un acuerdo sobre el Punto 4, 
de la agenda para la terminación del conflicto, titulado “solución al problema 
de las drogas ilícitas”. Los campesinos fueron protagonistas enviando múltiples 
relatos y propuestas como insumos a la Mesa de Paz. La ONU y la Universidad 
Nacional realizaron numerosos foros para hablar de experiencias nacionales e 
internacionales sobre tráfico de drogas, economías ilícitas y lecciones del desarrollo alternativo. Las comunidades campesinas en sus territorios votaron a 
favor y de manera masiva el plebiscito por la paz y manifestaron decididamente 
su voluntad de acogerse a proyectos de sustitución de cultivos. 
En 2016, se puso en marcha un esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de 
cultivos de uso ilícito en Briceño Antioquia, el cual tuvo como novedad la inclusión de una alta dosis de participación comunitaria y el abordaje de la economía 
de coca desde una perspectiva de desarrollo integral. La Corte Constitucional 
colombiana, al declarar exequible el acto legislativo 02 de 2017, mediante el 
cual se le brindó un blindaje jurídico al acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC EP, reconoció al Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos –PNIS– como la política pública que debe aplicarse. Para la lucha 
contra los cultivos, el Acuerdo citado estableció una secuencia con el siguiente 
orden: Primero se debe ofertar y buscar que las familias cultivadoras de coca se 
vinculen al PNIS; segundo, en los casos en los que esto no se logre se puede 
acudir a la erradicación manual terrestre; y solo en última instancia, de fracasar 
los esfuerzos anteriores, el estado puede fumigar. Para completar se señaló la 
necesidad de separar cultivadores de narcotraficantes, dando a los primeros un 
tratamiento penal diferencial. El acuerdo de paz definió la urgencia de adoptar una política integral para perseguir penalmente a quienes se lucran de esa actividad. En este sentido, advierte 
que son los comercializadores, redes nacionales e internacionales del tráfico de 
drogas, quienes deben recibir el peso de la acción coercitiva del estado, controlando el tráfico de insumos químicos, el lavado de dinero obtenido ilícitamente 
y la mezcla de dichos capitales con la actividad política por lo que se propone 
judicialización efectiva y lucha contra la corrupción causada por el narcotráfico. El PNIS fue creado por Decreto 896 de 2017. En él se definieron un Plan de 
Atención Inmediata –PAI– para sortear la etapa de emergencia económica de 
la familia que opta por erradicar ella misma los cultivos de los que obtenía su 
subsistencia, y un plan de atención comunitaria con inversiones sociales en 
el lugar donde interactúan las familias vinculadas al programa. La familia se 
compromete a dejar atrás su economía ilícita a cambio de subsidios del estado 
para sostenimiento alimentario por un año, un proyecto de seguridad alimentaria, asistencia técnica agrícola y dos proyectos productivos para ejecutarse en 
los dos primeros años facilitando el arribo de la familia a una economía legal 
sostenible. Además, el PNIS se encuentra ligado a los programas de acceso a 
las tierras, al crédito agropecuario, a los mercados lícitos y a garantías de seguridad para los participantes. En un ambiente favorable, múltiples organizaciones sociales nacionales y territoriales asumieron la promoción de dicho programa en municipios y veredas. 
En enero 27 de 2017, se conformó formalmente, la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de coca, amapola y marihuana en Popayán, Cauca. A 
partir de esa fecha se realizaron durante ese año más de 200 asambleas en las 
que se suscribieron pactos colectivos entre el gobierno nacional y las comunidades campesinas, en al menos 50 municipios del país. Tumaco, Puerto Asís, 
Tibú, Campamento, Anorí, Ituango, San José del Fragua, Montañita, San José 
del Guaviare, entre otros, fueron escenario de aquellos pactos liderados por una 
dirección de sustitución de cultivos de la Presidencia, mediante formatos de la 
recién creada Agencia para la Renovación del Territorio ART. En los territorios, liderazgos comunales, hombres y mujeres de asociaciones 
de productores se convirtieron en activos impulsores del programa; participaron de las instancias definidas en el Decreto de creación, hicieron pedagogía 
sobre el mismo, aportaron ideas y ayudaron a definir el rumbo del programa. 
Tres años después de iniciado aquel proceso muchos ven con preocupación el 
aumento de su nivel de riesgo asociado a la implementación de un programa 
de sustitución, en el cual el Gobierno nacional no cumple su parte rápidamente 
según lo convenido, o peor aún porque muchos han tenido que desplazarse de 
sus lugares de origen ante el clima de amenazas que padecen por señalamientos de grupos armados o por sus mismos vecinos, quienes en algunos casos 
los culpan de la situación que viven las familias que abandonaron su coca, pero 
todavía no reciben los recursos de proyectos productivos prometidos. Esta situación se hace más grave cuando se registra que en medio de los ataques al liderazgo social del país. Desde noviembre de 2016 a junio 5 de 2020, 
fueron asesinadas 94 personas defensoras o campesinos relacionados con 
PNIS y/o en contextos de erradicación manual forzosa, no necesariamente por 
su pertenencia al programa, pero sí por la falta de protección de los territorios y 
la falta de garantías de seguridad que se preveían en el punto 3 del acuerdo de 
paz para aquellos lugares donde se ejecuta el PNIS. A este panorama se agregan las consecuencias de la orden impartida por el presidente Santos en 2017, al Ministerio de Defensa, para erradicar forzadamente 
50.000 hectáreas y al PNIS para erradicar otras 50.000. Esta desigual competencia por alcanzar una estadística se sitúa detrás de los hechos que rodearon 
la masacre de El Tandil, el 5 de octubre de 2017 en Nariño, un asentamiento humano campesino ubicado dentro del Consejo Comunitario Mira Frontera, donde 
miembros de la Policía Nacional dispararon contra labriegos que protestaban 
contra la erradicación terrestre, causando ocho víctimas mortales, según informaciones de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General. El 
hecho permanece en la impunidad. 
El afán de las autoridades militares y de policía, influyó en la definición de varios modos de erradicación forzada tales como el uso de drones para rociar 
glifosato desde baja altura, orugas, bombas de espalda y otras técnicas que se 
emplean actualmente a falta de los aviones fumigadores. En 2018, el ascenso al poder de Iván Duque se marcó con la promesa de su 
gobierno ante el Departamento de Estado de los EEUU, de erradicar el 50% de 
los cultivos de coca existentes, en la mitad del tiempo que lo había propuesto 
Santos, antes de culminar su mandato. Para lograrlo propuso acudir a las aspersiones aéreas nuevamente, aunque la administración Trump no le ofreció apoyo 
financiero para hacerlo. Duque priorizó entonces la erradicación forzada terrestre aumentando los grupos móviles de erradicación –GME– de 24 a más de 100 
grupos, en 2020. Así mismo, las metas de destrucción de cultivos aumentaron 
de 80.000 en 2019 a 130.000 en 2020. El Presidente Duque paralizó el avance 
del PNIS alegando que éste había sido mal planificado, sacó la dirección del 
PNIS de la Presidencia y la pasó a la ART, detuvo los escenarios de participación 
del programa, remitió todas las peticiones a los PDET, y se dedicó a suspender 
o expulsar familias con la excusa de algún requisito no cumplido, violando el 
debido proceso de las afectadas. Mientras tanto, en los campos las comunidades optaron por resistir a las erradicaciones forzadas reclamando el cumplimiento del PNIS, ser incluidos en él o 
definir otro programa de sustitución, pero conservando las características de la 
voluntariedad y de la integralidad en el abordaje. Para dicha resistencia practican: i) el bloqueo humano en el que decenas o centenares de personas vecinas 
del predio afectado con la erradicación, se organizan y acuden al lugar para 
proteger su cultivo o bloquear el avance de los erradicadores; y en otros casos, 
ii) los cercos humanitarios en los que los vecinos rodean a la fuerza pública para 
que no pueda moverse hasta que llegan instituciones de derechos humanos, 
evitando así un enfrentamiento que puede derivar en violencia. Durante 2019 y 
2020, los bloqueos y cercos humanitarios han aumentado en todo el país, pero 
no siempre terminaron en diálogo sobre alternativas de desarrollo, y no siempre 
recibieron acompañamiento de organismos de derechos humanos o instituciones de control, obligación establecida en protocolos que fijó la Ley 30 de 1986. Varias de las protestas contra la erradicación forzada concluyeron en saldo trágico, y el uso de la fuerza derivó en violencia de militares y policías contra las 
comunidades que se oponían a la pérdida de sus cultivos. La erradicación forzada violenta está generando daños a la vida, la salud, la seguridad alimentaria; desplaza o confina poblaciones rurales; va acompañada de estigmatización y 
criminalización; causa heridas y destrucción de bienes lícitos de quienes protestan. Además de los derechos fundamentales, el conjunto de DESCA, viene siendo vulnerado en estas operaciones. Por esta razón, sin importar la filiación 
política del sector campesino donde se ejecutan las campañas de erradicación, el rechazo a tal estrategia gubernamental es generalizado, por sus 
impactos en derechos humanos, por la violación de la secuencia establecida 
en el acuerdo de paz de 2016, por la inadecuada o insuficiente implementación del PNIS, y por la falta de apertura de nuevos programas que permitan el 
ingreso de otros núcleos veredales a estrategias concertadas de sustitución 
voluntaria. Esta situación, aunada a la falta de una estrategia de seguridad que proteja los 
territorios y brinde garantías a indígenas, campesinos y afros, abrió un boquete 
por el cual se fueron consolidando facciones armadas. De hecho, el proceso 
de paz con el ELN está suspendido por el Gobierno. Una parte de las FARC EP 
se declaró en disidencia frente a sus jefes (desde 2016), mientras que otra se 
rearmó en 2019, y en algunas zonas como Nariño y Antioquia exintegrantes de 
frentes que se habían acogido a la dejación de armas las retomaron. A lo que 
se agrega la persistencia y expansión del Clan del Golfo en Chocó y Cauca, así 
como la disputa entre éstos y los “caparrapos” en el bajo cauca antioqueño y 
el sur de Córdoba, mientras que distintos grupos se hicieron al control ilegal en 
Magdalena, Putumayo y Valle, entre otros. Así las cosas, tenemos tres grupos de población en riesgo actualmente: i)quienes se oponen a la erradicación y por ello son victimizados. ii) Quienes fueron o 
son promotores del programa PNIS y no cuentan con garantías de cumplimiento 
por parte del gobierno y de seguridad en sus territorios.iii) Quienes construyen 
en sus territorios apuestas autogestionarias o lideran procesos de negociación 
para otros programas en lógica de sustitución o reconversión, aunque estén por 
fuera del PNIS. En todos los casos hay victimización de hombres y mujeres y, en 
algunos casos, de niños también. Dentro de las comunidades en mayor riesgo 
se encuentran indígenas y afrodescendientes, quienes vienen siendo atacados 
por actores de distinta naturaleza. A pesar de lo anterior, la política del presidente Duque busca revivir las aspersiones aéreas vinculando de forma perversa el aumento de las masacres que 
vive el país con la extensión de cultivos existente. En declaraciones de prensa, 
el 20 de noviembre de 2020, el entonces, Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, dijo que las fumigaciones permitirán acabar el narcotráfico. Esta manifestación muestra que para el gobierno el narcotráfico se reduce a los cultivos, 
dejando fuera de ese análisis –con o sin propósitos claros– el tráfico nacional 
e internacional de narcóticos, las bandas criminales que se enriquecen con él, 
su vínculo con elites políticas regionales y nacionales, el enriquecimiento ilícito 
y el lavado de activos, así como las afectaciones a la democracia por cuenta 
de la penetración de esos dineros en la actividad política. En la lucha contra las 
drogas se ha puesto todo el peso de la ley en el campesinado a pesar de que la 
jurisprudencia haya reconocido que los cultivos existen por razones de pobreza, 
abandono estatal, falta de acceso a tierras y mercados lícitos, entre otros. En esta política de drogas se expresa también una mirada colonialista en la que 
las presiones de Estados Unidos pesan a favor de la erradicación forzada, desconociendo los derechos de acceso a la tierra, a mercados lícitos y a soluciones 
integrales sostenibles en el tiempo para el campesinado, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, al tiempo que niegan la voluntad de los agricultores 
de acogerse a la sustitución voluntaria en el marco de estrategias de desarrollo 
rural alternativo, las cuales sí han demostrado éxito en muchas zonas del país y 
en otros lugares del mundo. 
El Acuerdo Final de Paz, tal como se mencionó anteriormente, dedicó uno de 
sus seis puntos al problema de las drogas ilícitas, comprendiendo toda su 
cadena productiva desde los cultivos hasta el último eslabón, correspondiente 
al consumo. El Punto 4, titulado ‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’, plantea una 
visión distinta a la tradicional y fracasada política antidrogas, impulsada durante varias décadas en Colombia y el resto del continente. Desde el preámbulo se presentan los factores que han contribuido al aumento de cultivos de 
uso ilícito, la razón por la que aparecen en determinadas regiones del país y 
la necesidad de un tratamiento diferencial no punitivo a cultivadores y consumidores. El eje central de este apartado del Acuerdo es el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y de este se deriva el Plan Comunitario y 
Municipal de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), articulado a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y al Plan de Acción para la 
Transformación Regional (PATR), así como el Plan de Atención Inmediata (PAI) y 
el Plan de Atención Inmediata Comunitario (PAI Comunitario). Dicha articulación del PISDA con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que hacen parte del Punto 1 (Reforma Rural Integral), es uno 
de tantos ejemplos de interrelación y complementariedad del Acuerdo. Todos 
los puntos del Acuerdo deben ser implementados sincrónica y armónicamente; si se parcelan o retrasan respecto a otros, se genera un efecto adverso en las áreas que pretenden transformar. De modo que, si no hay garantías de 
seguridad ni una voluntad real de desarticular a las organizaciones criminales 
responsables de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos 
y masacres, siendo este un elemento clave del Punto 3 (Fin del conflicto), no 
habrá confianza en los territorios para avanzar en la sustitución colectiva y voluntaria. Igualmente, si no hay una transformación del campo colombiano, con 
los créditos, asistencia técnica y mejora en las condiciones de vida de sus habitantes como lo determina la Reforma Rural Integral, el campesinado no tendrá 
más opciones que volver a los cultivos de uso ilícito. Hecha esta precisión sobre la integridad del Acuerdo, expondremos algunos 
elementos que apuntan hacia un balance nada alentador sobre la puesta en 
marcha del PNIS y otras iniciativas de sustitución de cultivos en el país. Cultivos de coca, amapola y marihuana: 
vulnerabilidades que los incentivan Para realizar un diagnóstico sobre los rasgos que poseen los territorios donde 
hay cultivos de coca y focalizar la acción del PNIS, se redefinió el llamado índice 
de amenaza. La muestra cobijó a los municipios que han tenido siembra de 
cultivos de uso ilícito en algún momento entre 2001 y 2016. En el texto El Acuerdo de paz en Colombia: Entre la perfidia y la potencia transformadora se recopilan los resultados de este estudio de redefinición. Aquí algunos muy esclarecedores sobre la situación de los lugares que sufren este 
problema: Los núcleos geográficos donde hay mayor concentración del nivel de amenaza son: i) el suroccidente colombiano, en la región fronteriza de Nariño 
con Ecuador, agrupando a los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto 
Payan, Olaya Herrera y el Charco; ii) el Catatumbo, encabezado por Tibú, El 
Carmen, Convención, El Tarra y Sardinata; iii) La región fronteriza Putumayo-ecuador, resaltando los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, 
Puerto Guzmán, Orito y La Hormiga; y iv) un núcleo, aún no muy definido, 
entre Meta y Guaviare. Los municipios de Tumaco, Tibú y Puerto Asís concentran el 24% de la amenaza total. El coeficiente Gini para el índice de amenaza en el 2018 fue de 0,84, superior 
al 2015 que se situó en 0,717, lo que confirma la mayor concentración de la 
amenaza. • El nivel de amenaza por producción de cultivos de coca a nivel nacional se 
ha incrementado al corte de 2016 y su concentración en algunos territorios 
específicos también. Al analizar las similitudes que tienen estos núcleos geográficos se puede constatar que además de factores naturales necesarios para que germine la hoja de 
coca, también hay unas condiciones socioeconómicas, estrechamente ligadas 
a la posesión y titulación de la tierra, nivel de vida de sus habitantes y presencia 
de grupos armados ilegales. A continuación, una tabla que traza las tendencias de cultivos de coca en distintas regiones entre 2008 y 2018: 
 Balance de la implementación del PNIS El paralelismo que impulsa el presidente Iván Duque frente a lo consignado en 
el Acuerdo Final tiene efectos graves en la situación de los territorios que más 
requieren de la implementación efectiva y decidida. Vale recordar que algunos 
problemas ya venían desde el último año de gobierno de Juan Manuel Santos.
En el Informe de gestión más reciente de la Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación, se alega que el “PAI familiar se recibió desordenado, desfinanciado y sin planeación”. Sin embargo, la desfinanciación del 
PNIS y de la implementación del Acuerdo en general han sido la apuesta en los 
dos años de la actual administración. Justificándose en las prioridades presupuestales de sus apuestas políticas, el 
gabinete presidencial y específicamente la Dirección de Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito, ha afirmado que no hay cómo conseguir los billones faltantes, 
tanto para desplegar las demás acciones que requiere el Programa como para 
aceptar el ingreso de nuevas familias. Este y otros pronunciamientos, así como los cálculos consignados en el Presupuesto General de la Nación y el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, 
demuestran contradicciones y negligencia a la hora de disponer recursos para 
la implementación.
El argumento de la falta de recursos es en realidad el pretexto para abandonar el programa de 
sustitución y dejarlo como un asunto marginal de la estrategia de erradicación forzada con operaciones militares y “acción integral”. La desfinanciación del PNIS en el Plan de Desarrollo y en 
el presupuesto 2020 es el resultado de una decisión política y de la evaluación de prioridades 
que hace el gobierno. González. Posso. C. Hacer trizas el plan de sustitución. Indepaz. 2020.
Sin embargo, la falta de claridad en las cifras sobre el presupuesto asignado al punto cuarto 
del Acuerdo Final de Paz genera distintos interrogantes. En efecto, al analizar el Plan Plurianual 
de Inversiones para la Paz 2018-2022, el Gobierno prevé para dicho punto recursos del orden 
de 43.000 millones de pesos durante sus cuatro años de mandato. Sin embargo, en el proyecto 
de PGN para el año 2020 se estiman recursos equivalentes a 1,34 billones de pesos en un año. 45   Al evaluar el avance en los componentes del Programa, se puede evidenciar la 
misma desarticulación que conlleva a una situación de incertidumbre y penurias 
económicas para las comunidades que se acogieron a los acuerdos para sustitución de cultivos. Las obras de infraestructura correspondientes al PISDA y la puesta en marcha 
de la Asistencia Técnica Integral (ATI) ocurrieron mucho después de los pagos 
de asistencia alimentaria y en algunos casos, todavía no han sido ejecutadas. Este era el panorama en 2018: “De los 51 municipios que a la fecha hacen parte del programa, el 60,7% está 
recibiendo subsidios sin contar aún con asistencia técnica. De igual manera, 
aún existe un 65% de municipios que no ha terminado de realizar la definición y desarrollo del Plan de Atención Inmediata (PAI)”.
Según el informe de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a junio de 2020, 61.183 familias en 53 municipios y 14 departamentos 
ya están recibiendo asistencia técnica integral. Por otro lado, también se afirma 
que 74.199 familias, de 14 departamentos y 56 municipios han recibido pagos 
de asistencia alimentaria. Si estas cifras son reales y se comparan con lo que 
se calculaba en 2018, hay un desequilibrio problemático entre las asignaciones 
económicas y la asistencia requerida para impulsar los proyectos productivos 
que consoliden la transición hacia una verdadera sustitución y no solamente 
una erradicación obligada. El panorama indica que varias familias terminaron de recibir el apoyo económico sin contar con la asistencia técnica y la realización de los proyectos estipulados en el Acuerdo para garantizar otro tipo de economías campesinas. Así mismo, UNODC ha tenido incidentes de seguridad en 20 municipios ubicados en 8 de los 12 departamentos 
intervenidos”
Es conocido por todo el país que el enfoque de la administración de Iván Duque, haciendo caso a las presiones de Estados Unidos y de su propio partido, 
es retomar la fracasada política antidrogas y la erradicación forzada, contemplando las aspersiones aéreas como una forma de reducir las hectáreas de coca 
en tiempo récord. Los intentos de suplantar el contenido del Acuerdo de Paz con la reinvención de 
muchas figuras y políticas adelantadas en los dos períodos presidenciales de 
Álvaro Uribe también permean el tema de la sustitución de cultivos. La puesta 
en marcha de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) llamadas 
también Zonas Futuro, desconocen la priorización para establecer los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Comunitarios y 
Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA). El choque entre sustitución voluntaria y erradicación forzada se originó en 2017, 
cuando apenas iniciaba el PNIS y transcurría el último año de gobierno de Juan 
Manuel Santos. A partir de agosto de 2018, este conflicto se ha agudizado y se 
ha extendido a más zonas del país generando choques entra la Fuerza Pública y 
las comunidades que se oponen a la erradicación como primer recurso, dejando una crisis humanitaria con numerosas víctimas. Además, ha producido un ambiente de desconfianza entre las familias campesinas que inicialmente se acogieron al Programa y que ahora se encuentran entre 
la coacción temeraria de los grupos armados y el temor a ser judicializadas si 
no continúan en la labor de sustitución. La situación de la población campesina es mucho más grave, si tenemos en 
cuenta que un amplio número de familias cultivadoras, en departamentos como 
Cauca y Putumayo, no se vincularon al PNIS por razones como: falta de información (no se realizaron las asambleas comunitarias ni los procesos colectivos 
contemplados en el PISDA, tampoco hubo socialización suficiente), desconfianza frente a la institucionalidad debido al constante incumplimiento de su parte, 
entre otros factores que determinaron esta ausencia. Sin embargo, muchas de esas familias y organizaciones campesinas no vinculadas al PNIS, están liderando iniciativas autónomas de transformación productiva en sus territorios, como las surgidas en Argelia, el Tambo y la zona 
del Cañón de Micay en Cauca, o las propuestas nacidas en el Corredor Puerto 
Vega-Teteyé en Putumayo. Estos planes fueron construidos a partir de mesas 
locales y participativas, sobre la base de 6 ejes: 1) garantías y protección para 
el ejercicio de los derechos; 2) reconocimiento a los derechos del campesinado; 3) territorialidad campesina con autonomía; 4) defensa de la economía 
campesina y soberanía alimentaria; 5) política de desarrollo alternativo y 6) 
una apuesta histórica del campesinado: solución política al conflicto social y 
armado en el país.  Los procesos de sustitución autónoma en Cauca y Putumayo alcanzaron distintos niveles de consolidación y avances en los diálogos con el Gobierno Nacional. En el caso del Corredor Puerto Vega-Teteyé, se logró instalar una mesa 
de concertación con el gobierno e iniciar un plan piloto que llegó a una etapa 
de diagnóstico. En Cauca las conversaciones con la institucionalidad, representada por el consejero Emilio Archila, fueron muy difíciles y pese a la voluntad 
manifiesta del campesinado en avanzar en la transición productiva, no hubo 
receptividad alguna por parte del gobierno. Esto no fue un obstáculo para las comunidades, quienes siguieron adelante, 
impulsando la sustitución gradual y promoviendo la economía campesina. No 
obstante, la esperanza colectiva de transformar los territorios se ha visto truncada por la violencia exacerbada contra comunidades y liderazgos sociales, la 
represión estatal y una política antidrogas orientada a atacar a los pequeños 
productores, mientras las mafias organizadas avanzan en los territorios con el 
respaldo de los grandes capitales ligados al narcotráfico y en connivencia con 
la Fuerza Pública, en algunos casos. Solamente en el Cauca, durante el año 2020, fueron asesinadas varias personas 
defensoras de ASOCOMUNAL vinculadas al proceso de sustitución voluntaria 
y comunitaria. Además, fueron desplazadas cerca de 50 familias de la zona 
del Micay y del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay y han tenido que 
salir de sus territorios varios líderes comunales y campesinos del Coordinador 
Nacional Agrario (CNA), por amenazas y otras agresiones. En Putumayo, fue 
asesinado el líder y promotor de la Mesa de Concertación para la Sustitución 
Autónoma Voluntaria, Marco Rivadeneira, también del CNA. A esto hay que 
sumar las agresiones físicas de Policía y Ejército a la población campesina, en 
medio de los operativos de erradicación forzada. Este desolador balance que transita entre una precaria implementación del PNIS 
y el ataque frontal contra propuestas alternativas de sustitución voluntaria, es 
una muestra más del fallido enfoque para enfrentar el problema de las drogas 
y la falta de voluntad política desde el Estado para resolverlo estructuralmente. Sin reconocimiento del campesinado, sin cumplimiento de los acuerdos y compromisos del PNIS, sin protección ni garantías para personas defensoras y comunidades que apuestan por la sustitución voluntaria y sin una política centrada 
en golpear los núcleos del negocio del narcotráfico donde no están los pequeños cultivadores, la esperanza de transformación productiva y de paz territorial 
seguirá pendiente. El fortalecimiento de las mafias, los grupos paramilitares y 
la corrupción institucional continuarán su curso en los territorios con presencia 
de cultivos de uso ilícito. 50 el presente análisis se realiza con base en la información registrada por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos –SIADDHH– del Programa Somos Defensores, particularmente, con los datos sobre asesinatos de personas que tuvieron alguna relación 
en la promoción e implementación de la sustitución de cultivos de uso ilícito 
prevista en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC y desde la firma del 
mismo hasta el 30 de junio de 2020. El comportamiento de la violencia durante los años 2016 y 2017 deja en evidencia las dificultades propias de una fase de implementación de un acuerdo de 
paz, sin embargo, en los años posteriores muestra que esta situación más que 
obedecer a las tensiones propias de una etapa de transición, se debe a un escalamiento de la violencia, agudizado por el incumplimiento de los gobiernos de 
gran parte de lo acordado, especialmente en lo relacionado con el punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” y en el mismo sentido a la ausencia de 
una efectiva implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos –PNIS–. Lo anterior ha traído como consecuencia el incremento 
en el número de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos 
vinculados con la sustitución de cultivos. En buena parte de los territorios donde cultivadores esperaban hacer una transición en los cultivos, ahora enfrentan las consecuencias del incumplimiento, entre ellas, un proceso de militarización en el cual las acciones de erradicación forzada manual se dan en medio de confrontaciones con las comunidades, como 
se verá más adelante. Todos los incidentes registrados por el Observatorio de 
Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria tienen como sujeto 
parte en la agresión a la Fuerza Pública. Lo que se viene presentando de manera simultánea son dos caminos totalmente diferentes: la sustitución voluntaria en el marco de lo pactado en el 
Acuerdo de Paz en la cual se firmaron acuerdos colectivos, se inscribieron familias cuya apuesta era y sigue siendo tener la posibilidad de trabajar con proyectos productivos o cambiar de actividades para la generación de ingresos 
que permitan el sustento y la vida en condiciones de dignidad; y la otra vía es 
la de la política antidrogas tradicional, basada en la erradicación forzada (sea 
manual o por fumigación), sumada a los intentos del gobierno del presidente 
Iván Duque por volver a la aspersión aérea con glifosato. Estos dos caminos 
se están transitando al mismo tiempo, con un gran problema y es que además 
de la lentitud en la implementación de la sustitución, a los campesinos se les 53 está imponiendo la erradicación, incluso a quienes quedaron inscritos en el 
PNIS. Según el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad 
Agraria, se han registrado “95 incidentes entre campesinos y fuerzas del Estado entre 2016 y 202067. La mayoría de ellos han ocurrido en 2020 (51 de los 
casos) y 42% desde el inicio del aislamiento (25 de marzo de 2020)”68. Estos 
hechos tienen ocurrencia en 11 de los 32 departamentos donde “Norte de 
Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia registran 71 de los casos (alrededor 
del 76%)”69. Es necesario mencionar que las acciones en donde hay intervención de la Fuerza Pública, a través de la Policía Antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD– de la Policía Nacional o del Ejército Nacional, también se produce un uso desmedido de la fuerza con la utilización de gases lacrimógenos 
e incluso de armas de fuego para contener a la población dispuesta a evitar la 
erradicación o la fumigación. Estos hechos normalmente se dan a conocer por 
las mismas comunidades, en su gran mayoría campesinos, gracias al registro 
audiovisual de los hechos que hacen con sus teléfonos celulares y que una 
vez puestos en circulación sirven como elementos para el llamado de auxilio y 
como prueba de lo ocurrido. En el año 2016, cuando la Fuerza Pública realizaba acciones de erradicación 
forzada, se argumentaba que hasta que se hiciera efectiva la dejación de armas 
por parte de las FARC se continuaría erradicando forzadamente, o se amenazaba con posibles judicializaciones a los campesinos que firmaron el acuerdo 
colectivo. Después de la firma del Acuerdo de Paz, las agresiones se agudizaron y se tornaron muy violentas; ejemplo de esto es lo ocurrido en la vereda El 
Tandil del municipio de Tumaco, Nariño, el 5 de octubre de 2017, donde tuvo 
lugar la primera masacre posterior a la firma del Acuerdo en la que se asesinaron 7 personas. En relación con la información recabada por el Programa Somos Defensores, durante el período comprendido entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de junio 
de 2020, el SIADDHH ha registrado un total de 75 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos relacionados con sustitución de cultivos de uso 
ilícito. El 2018 es el año en el que se presentó el mayor número de hechos con 27 
asesinatos (36%); le sigue el 2020, en el cual solo entre los meses enero y junio 
se han confirmado 20 asesinados (27%); por su parte, en 2019 se registraron 16 
asesinatos (21%), en 2017 11 asesinatos (15%) y en 2016 un asesinato (1%). Número de asesinatos por año
Cifras SIADDHH noviembre 2016 - junio 2020 Al analizar las cifras del Observatorio donde se registran “incidentes de erradicación”, el año 2018 se presenta como el de menor ocurrencia con 5 incidentes. Por otro lado, el SIADDHH del Programa Somos Defensores registró ese 
mismo año un total de 27 asesinatos, con lo cual se evidencia que, si bien disminuyeron las acciones de erradicación forzada, el cambio de gobierno a partir 
del segundo semestre sí incidió de forma directa en el aumento de agresiones 
que terminaron con el asesinato de 27 personas defensoras de derechos humanos relacionadas con procesos de sustitución de cultivos, 16 de los cuales se 
cometieron entre junio y diciembre de 2018. Aunque los incidentes de erradicación y los asesinatos de defensoras y defensores relacionados con procesos de sustitución pueden ser agresiones diferentes, permiten evidenciar los constantes ataques que han enfrentado los 
cultivadores en los últimos años. 
El grupo identificado que presuntamente cometió la mayor parte de 
los asesinatos son los paramilitares con un 28% de los hechos (entre grupos 
sin identificar y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia); seguidos por las 
disidencias de las FARC con un 13% de asesinatos. Esto demuestra que las personas con liderazgo en temas de sustitución de cultivos no solo están siendo 
agredidos por agentes del Estado que de hecho en los asesinatos tienen baja 
participación (3%), también por actores armados ilegales que buscan frenar su 
defensa en este tipo de procesos. 
 Estos 
hechos violentos son de alta gravedad pues han significado la violación de los 
derechos de muchas personas, el asesinato de campesinos y la imposición del 
miedo sobre varios territorios en los que la siembra de estos cultivos se convirtió en una opción de subsistencia frente al abandono estatal. Lo más grave, es 
que muchas de estas violaciones se están dando a pesar de los acuerdos de 
sustitución con comunidades a partir del Acuerdo de Paz. A continuación, se exponen cinco casos de diferentes regiones del país, en los 
que se ilustra la difícil situación de violencia a la que se enfrentan los cultivadores, las organizaciones sociales y sus liderazgos. 
Los hechos Manuel Gregorio González Segura, miembro de ASCSUCOR y beneficiario del 
PNIS, fue desaparecido al salir de su parcela ubicada en el corregimiento de El 
Palmar del municipio de Montelibano, Córdoba, el 26 de junio de 2019. Al día 
siguiente su cuerpo sin vida fue encontrado con impactos de arma de fuego, las 
manos atadas y signos de tortura. Escasas semanas después, el sábado 6 de julio de 2019, en la vereda El Cerro, 
corregimiento de Versalles, municipio de San José de Uré, fue decapitado 
sin mediar palabra Manuel Osuna Tapias, campesino y miembro también de 
ASCSUCOR; posteriormente su vivienda fue quemada. La acción fue ejecutada por hombres armados pertenecientes presuntamente al Bloque Virgilio 
Peralta Arenas, más comúnmente conocido como Los Caparrapos. Según la 
asociación campesina hasta la fecha del asesinato de esta última persona, 
por lo menos 8 campesinos y 15 beneficiarios del Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- habían sido asesinados en el sur de 
Córdoba. Tan graves y escabrosos hechos no son los únicos que han sufrido los miembros de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba y los pobladores de la 
región, por su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz en 
lo relacionado con los programas de sustitución voluntaria de los cultivos 
considerados de uso ilícito. Las comunidades de varias veredas comprometidas con las iniciativas promovidas desde la asociación han enfrentado otras 
acciones violentas derivadas de los operativos que buscan imponer la erradicación forzada sobre la voluntaria. Ejemplo ilustrativo de ello son los hechos 
que se presentaron el 15 de febrero de 2020 en las veredas El Guineo y El 
Salado, corregimiento Juan José del municipio de Puerto Libertador, en las 
que campesinos y campesinas recibieron agresiones verbales, ráfagas de 
fusil y varias de sus viviendas fueron quemadas en medio de choques con el 
Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- y otros efectivos de la Fuerza Pública, dado que las comunidades bloquearon la acción de erradicación forzada en su deseo de defender la sustitución gradual y concertada de los cultivos 
de uso ilícito. Como si lo anterior fuera poco, desde el 2019 se han producido desplazamientos de comunidades como consecuencia de las disputas por el control del territorio entre estructuras de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia y el Bloque Virgilio Peralta, más conocido como los Caparrapos. Según Prensa Rural, en el 2019 en la zona del alto San Jorge, se produjeron por lo 
menos 9 desplazamientos de población campesina e indígena. Antecedente ASCSUCOR surge por la esperanza de la población con que el inicio de los diálogos de paz conduciría al cambio, la paz y a mejores condiciones de vida para 
la región. Es así que el 15 de septiembre de 2012 en la vereda el Rogero del 
corregimiento de Juan José, municipio de Puerto Libertador, nace la asociación 
campesina, integrada a la Asociación Nacional de Reservas Campesinas –ANZORC–, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -COCCAM- y Marcha Patriótica. Su acción se proyectó hacia Montelíbano, 
Puerto Libertador y San José de Uré. En ese marco, la asociación asumió un 
papel importante como parte del proceso de pactos de sustitución colectiva de 
cultivos a partir del 2017, y en el 2019 asumió el liderazgo de una movilización 
de protesta contra las erradicaciones forzadas que buscaban implementarse en 
la región y en favor de la inclusión en el PNIS de familias que quedaron por fuera 
de este programa. Es importante resaltar como 43 corregimientos y 173 veredas de Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta y San José de Uré, manifestaron su deseo de 
participar en el PNIS. Su voluntad se materializó en la suscripción de 4 pactos 
colectivos de sustitución voluntaria con un universo aproximado de 7.655 posibles familias beneficiarias, con miras a erradicar 2.912 hectáreas de coca a partir del 2017. Ya para marzo de 2018, mientras la erradicación alcanzaba el 97% 
según lo señalado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
-UNDOC-, los cuellos de botella de la burocracia gubernamental impidieron el 
desembolso prometido y, más grave aún, el inicio de los proyectos productivos que le permitiría a las comunidades del sur de Córdoba ganar su sustento una 
vez agotada la fase de transferencias condicionadas. Breve contexto de la región Las poblaciones del sur de Córdoba han sido históricamente sujeto de todo tipo 
de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario 
como consecuencia de las disputas por el control del territorio de distintos actores armados ilegales, de las acciones represivas por parte de la Fuerza Pública 
y de las condiciones de vulnerabilidad asociadas a una deficiente presencia 
estatal que contrasta con altos niveles de corrupción. Para la Defensoría del Pueblo, el deterioro de la situación en materia de derechos humanos que se viene dando desde el 2018 está asociado a los diferentes 
intereses legales e ilegales que se mueven en la región por su riqueza hídrica y 
los recursos minerales que posee como ferroniquel, oro, plata, cobre y carbón, 
imponiéndose así una economía extractiva de enclave en donde los beneficios 
no se revierten en la mayoría de la población y la economía campesina se ha visto abocada a la subsistencia a través de los cultivos considerados de uso ilícito. 
Para los actores ilegales, la región resulta estratégica por sus amplios corredores de movilidad hacia el golfo de Urabá y el Bajo Cauca antioqueño, las rentas 
derivadas de las economías ilegales (minería y narcotráfico) y la constitución de 
zonas mixtas que les permiten el control y refugio en el Nudo de Paramillo. De otro lado, en el marco de la implementación de la política de seguridad y 
defensa del actual gobierno, la región ha vivido una creciente militarización al 
ser considerada como una de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral 
-ZEII-, más conocidas como Zonas Futuro. El sur de Córdoba con una cobertura 
de 125 veredas que hacen parte de los municipios de Tierralta, Montelíbano, 
Puerto Libertador y San José de Uré, ha sido priorizada en este plan de seguridad por ser para el gobierno una de las áreas donde se concentran cultivos 
de coca, se asesinan líderes sociales y se está produciendo deforestación en 
el parque natural del Nudo de Paramillo. Según Pedro Arenas de la Corporación 
Viso Mutop “para el gobierno nacional la política antidrogas es la militarización 
de los territorios vía programas gubernamentales como ‘Zonas Futuro’, que no 
es otra cosa que una nueva fase de la política de consolidación territorial. Ese es 
el discurso oficial, esa es la estrategia prioritaria, dejando de lado los discursos 
de construcción de paz asociados al Acuerdo de Paz”. En la misma línea para 
el presidente de ANZORC Arnobi Zapata, las ayudas sociales no requieren de intervención militar y, además, la intervención militar de los cultivos mediante 
la erradicación forzada podría incrementar las violaciones a los derechos humanos que se vienen presentando en la región. Consecuencias para el proceso organizativo y el territorio Los dos asesinatos contra miembros de ASCSUCOR mencionados anteriormente y el grado de violencia con que fueron perpetrados, da cuenta del alto grado 
de vulnerabilidad que para sus asociados ha significado su compromiso con la 
promoción e implementación de los pactos de sustitución voluntaria de cultivos 
en el marco del PNIS en el sur de Córdoba. La asociación fue incluida en la Alerta Temprana N°054-19 del 18 de diciembre de 2019, a la que se suman los cuatro documentos de advertencia durante el año 2018: La AT de inminencia No. 
005-18 para el municipio de Tierralta, AT de Inminencia No. 023-18 y 071-18 para 
San José de Uré y AT No. 083-18 para Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador. 
Pese a estos llamados el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del 
Pueblo, advierte una exacerbación de la situación de riesgo en los municipios 
que hacen parte del sur de Córdoba y que se expresa, entre otras situaciones, 
en 14 desplazamientos de comunidades, masacres, homicidios y utilización de 
medios para generar terror a las que se le suman acciones violentas por parte 
de miembros de la Fuerza Pública y limitaciones en la respuesta institucional 
para contener tales agresiones. Estas circunstancias ponen de manifiesto las graves afectaciones al proceso 
organizativo de la región y, con ello, las dificultades para continuar con los procesos de sustitución voluntaria, lo que deja a las comunidades expuestas, de 
una parte, a las acciones violentas de los grupos armados ilegales y, de la otra, 
a la decisión del Gobierno de imponer la erradicación forzada, desconociendo 
la secuencia establecida en el Acuerdo de Paz, declarada exequible por la Corte 
Constitucional. 
 Asesinato de emérito Digno Buendía Martínez Los hechos Emérito Digno Buendía, era un líder campesino de 44 años de edad, padre de 
6 hijos e integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT–, 
de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –COCCAM–; como parte 
de esta organización, lideraba un proyecto de sustitución de cultivos de coca 
por caña. Fue asesinado el 18 de mayo de 2020, en medio de un operativo de 
erradicación forzada adelantado por el Ejército Nacional en la vereda Totumito, 
que hace parte del corregimiento de Vigilancia en la zona rural de Cúcuta. En 
la misma acción resultaron heridos Juan José Orozco, Jimmy Alberto Cortéz 
y Jimmy Alberto González, quienes fueron trasladados a un centro de salud. Según la denuncia pública de los hechos difundida por ASCAMCAT, los responsables del homicidio y demás agresiones serían militares del Batallón Hermógenes Maza, adscrito a la Brigada 30, quienes abrieron fuego contra las personas 
del asentamiento campesino ubicado en la mencionada vereda. Con posterioridad al hecho los campesinos del asentamiento atacado se declararon en asamblea permanente, con miras a exigir al Gobierno Nacional el 
cumplimiento de los acuerdos pactados en el marco del Plan Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS–, la formulación de nuevos pactos y el 
cese de los operativos de erradicación forzada. Antecedente El 26 de marzo, en medio de una protesta campesina de rechazo a las operaciones de erradicación forzada, fue igualmente asesinado Alejandro Carvajal de 22 
años de edad y también integrante de una Junta de Acción Comunal. Alejandro, 
al igual que Emérito, estaba promoviendo en Sardinata un proyecto de sustitución de cultivos de coca por caña, a través de la Asociación de Cañicultores Paneleros de Sardinata –Asocapasar–. El hecho fue atribuido a la Fuerza de Tarea 
Vulcano, batallón de operaciones terrestres número 9, al mando del teniente 
coronel Whílmar Montoya. Por este caso cursa una investigación en la Fiscalía 
General de la Nación, bajo el cargo de homicidio culposo. Es importante señalar que la Fuerza de Tarea Vulcano es la unidad militar asignada a la región del Catatumbo en el marco de las llamadas Zonas Estratégicas 
de Intervención Integral –ZEII–. Desde el 11 de marzo un número aproximado de 800 erradicadores entre militares, policías y civiles contratados hicieron presencia en el municipio de Sardinata en la región del Catatumbo para ejecutar operaciones de erradicación forzada 
en corregimientos como El Guamo, San Miguel y las Mercedes, lo que generó 
la movilización comunitaria de los campesinos, la instalación de los asentamientos campesinos para defender los cultivos y el bloqueo de vías. Ni los llamados 
al Gobierno Nacional de autoridades departamentales como la Asamblea Departamental, el gobernador del departamento y el propio alcalde de Sardinata 
para suspender las operaciones de erradicación forzada, al menos durante el 
periodo de cuarentena, fueron escuchadas. Breve contexto de la región La región del Catatumbo vive de tiempo atrás una situación de crisis humanitaria de grandes proporciones; la decisión del Gobierno Nacional de ordenar 
la erradicación forzada a partir del mes de marzo del 2020 solo contribuyó a 
exacerbar este contexto. A la falta de una adecuada presencia estatal en bienes 
y servicios, se le suma la confrontación entre el ELN y el EPL por el control del 
territorio, el aumento de los cultivos de coca y la presencia de otras organizaciones criminales asociadas al tráfico de drogas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Rastrojos y un grupo disidente del frente 33 de las 
FARC. Todo esto se da mientras la respuesta gubernamental se expresa en más 
militarización, planes no concertados con las comunidades, incumplimiento de 
los compromisos adquiridos con los campesinos en el marco del PNIS y para 
completar el cuadro, la llegada desde el mes de junio a la región de la Brigada 
de Asistencia a Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos. Según las explicaciones dadas por el Gobierno, su presencia tiene como propósito “cooperar” en 
el marco de la implementación de las ZEII en el combate a las organizaciones 
vinculadas al negocio del narcotráfico. Pese a toda la polémica desatada por ser una medida que no contó con el consentimiento previo del Senado de la República, la decisión en torno a su presencia no ha sido reversada. En lo corrido del año hasta principios del mes de agosto del 2020, el Vicedefensor del Pueblo, Jorge Calero, señalaba cómo se habían emitido 11 alertas 
tempranas, para un número igual de municipios de la región del Catatumbo, 
lo que pone de manifiesto la grave situación en materia de Derechos Humanos 
y de Derecho Internacional Humanitario que enfrentan los pobladores de esta 
región, empeorada por la decisión del Gobierno de acelerar los operativos de 
erradicación forzada en el período de aislamiento social obligatorio como respuesta a la pandemia del COVID-19. Al respecto se pronunció Amnistía internacional a través Erika Guevara Rosas, 
directora para las Américas señalando: “Los operativos de erradicación forzada 
de cultivos de coca en el contexto de la pandemia de COVID-19 son una sentencia de muerte para las comunidades rurales (…) La aspersión de cultivos 
ilícitos no solo significa quitarles a las comunidades rurales su único modo de 
subsistencia en medio de la pandemia, sino también puede eliminar cultivos 
lícitos, una importante fuente de alimento. Además, estos operativos exponen al 
contagio a una población con poco acceso a servicios de salud”. La decisión unilateral del Gobierno Nacional de imponer la erradicación forzada desconociendo las voces de las organizaciones sociales y autoridades de 
la región, ignora también cómo la implementación del PNIS permitió a escala 
nacional vincular 99.097 hectáreas y, en ese marco, las propias comunidades 
acabaron 50 mil hectáreas de coca. Finalmente, es importante señalar cómo la región del Norte de Santander es 
una de las que registra el mayor número de asesinatos a liderazgos sociales 
desde la firma del Acuerdo de Paz. Según el Programa Somos Defensores 
han sido asesinadas 40 personas defensoras de derechos humanos hasta 
2020. 
Consecuencias para el proceso organizativo y el territorio El incremento de la violencia en la región del Catatumbo, asociada a la decisión 
gubernamental de suspender y ralentizar la implementación del PNIS e imponer 
la erradicación forzada, tiene un impacto negativo para el proceso de coordinación comunitario en torno al mismo que se había generado y principalmente, 
para las Juntas de Acción Comunal comprometidas que como en el caso de 
Emérito y Alejandro, perdieron a dos de sus integrantes. Una de las organizaciones con una importante presencia en el territorio y que se 
ha visto seriamente afectada por las dinámicas de violencia que se han agudizado es ASCAMCAT. Según Juan Carlos Quintero uno de sus líderes, la asociación 
en lo que va corrido del 2020 ha perdido a 16 de sus miembros, quienes en su 
mayoría han sido asesinados por integrantes de la Fuerza Pública. 
El 4 de junio de 2020, un disparo de fusil le destrozó la mano derecha a Fernando Montes Osorio, camarógrafo de la red de reporteros comunitarios Voces del 
Guayabero, otro disparo destrozó su maletín donde guardaba equipos de trabajo. Fernando grababa las imágenes del desembarco de tropas de la Fuerza de 
Despliegue Rápido Número 1 y de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, del Ejército de Colombia, y registraba con su cámara las acciones de militares y policías 
contra los campesinos manifestantes en la vereda Tercer Milenio, municipio de 
Vista Hermosa, Meta. Ese día cerca de 2.000 campesinos se reunieron en el 
lugar, provenientes de varias veredas, para oponerse a la erradicación forzada 
de sus cultivos de coca. La protesta se originó ante una campaña desarrollada 
por el Ministerio de Defensa en esa zona ribereña del Guayabero desde el 26 de 
mayo anterior, cuando una decena de helicópteros arribó a dicha vereda. En esa 
ocasión la comunidad afirmó que además de erradicar los cultivos de coca los 
militares arrasaron con cultivos de yuca, plátano y maíz, también destruyeron y 
saquearon viviendas. La organización de derechos humanos Corpohumadea, 
que visitó la zona, documentó cerca de 80 denuncias de violaciones a los derechos humanos. El 27 de junio Yoanny Yefer Vanegas, uno de los líderes de las comunidades 
movilizadas y reincorporado de las FARC, fue asesinado en inmediaciones de 
la vereda Picalojo, en la vía que conduce de Cachicamo a San José del Guaviare. Ese mismo día su hermano Yilmer Cardona, quien es líder de la asociación 
campesina del Guayabero ASCATRAGUA y presidente comunal de la vereda El 
Silencio, fue detenido por militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, trasladado al casco urbano de La Macarena y posteriormente liberado. Desde entonces, los operativos de erradicación forzada se han tornado violentos sobre las comunidades de las veredas Tercer Milenio, El Silencio, Miraflores, La Reforma, Caño Cabra, Nueva Colombia, Caño San José y La Tigra; estas 
veredas forman parte de la jurisdicción de los municipios de Vista Hermosa 
y Puerto Rico, Meta. De este conjunto de acciones de la Fuerza Pública y de 
protestas ciudadanas, las organizaciones de derechos humanos que son acompañantes en terreno han denunciado casi un centenar de personas heridas, la 
mayoría con disparos de armas largas. Antecedentes Las comunidades que habitan los centros poblados rurales de Puerto Cachicamo, Puerto Nuevo y La Carpa, en Guaviare; Bellavista, en Puerto Concordia; La 
Tigra y La Reforma, en Puerto Rico; Nueva Colombia, en Vista Hermosa; y La 
Catalina, en La Macarena; padecen el vivir en un epicentro del conflicto armado entre el Estado y las FARC EP, lo que se esperaba tendría una disminución 
con la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Igualmente, se esperaba que dicho 
Acuerdo permitiese la sustitución de cultivos a partir de la puesta en marcha 
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito –PNIS–, 
considerado en el punto 4 del Acuerdo. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha mantenido sus planes de erradicación 
forzosa. Los campesinos pidieron primero ser escuchados por el gobierno, ser 
incluidos en programas de sustitución voluntaria, inversiones en proyectos y 
respeto pleno a la “secuencia correcta” establecida por la Corte Constitucional 
al declarar exequible el acto legislativo que le dio validez al Acuerdo de Paz de 
2016. Según el reporte de Viso Mutop publicado en julio de 2020, el dispositivo de 
erradicación forzada se militarizó y además se tornó violento contra las comunidades, lo que se acompaña con la falta de cumplimiento de los protocolos de 
erradicación y derechos humanos, establecidos en la Ley 30 de 1986, según la 
cual estas operaciones deben contar con acompañamiento del Ministerio Público para que puedan velar por el respeto pleno de los derechos humanos. En 
las erradicaciones forzadas de 2020, que tuvieron como protagonista a la Fuerza 
de Tarea Conjunta Omega del Ejército, se habrían violado también principios 
básicos del Derecho Internacional Humanitario, como el principio de distinción, 
al disparar armas letales contra una protesta campesina; se censuró la libertad de prensa y fueron atacados periodistas comunitarios, además se confinó población civil en aras de erradicar los cultivos de coca. Breve contexto de la región El proceso de poblamiento del río Guayabero está históricamente conectado 
con la búsqueda de tierra y con la evolución de la legislación ambiental, configurándose una problemática socioambiental desde mitad del siglo XX. La parte 
más alta fue usada como refugio por las guerrillas de Manuel Marulanda en la 
década de los 60, lo mismo que se dio en las cuencas de los ríos Pato, Duda 
y Güejar. Según Alfredo Molano Bravo, una colonización armada se expandió 
hacia la parte baja del río llegando hasta La Macarena, el actual municipio de 
Puerto Concordia y zona rural de San José del Guaviare. El Congreso de la República, mediante la Ley 52 de 1948, declaró Reserva Nacional la Sierra de La Macarena, sin embargo, existían problemas de linderos 
y la falta de una autoridad responsable de ella que tuviera efectivo control. En 
1965, mediante decreto presidencial, se establecieron límites en los que la frontera sur fue el río Guayabero. En 1971, a través de un acuerdo de la Junta Directiva del INCORA, se decidió sustraer más de 500.000 hectáreas de tierra para 
administrarlas a través de adjudicaciones a familias ubicadas en las inmediaciones de Caño Cabra, el río Guayabero, los ríos Ariari, Güejar y Cafre. A finales de 
los años 70 ya se hablaba de unas 5.000 personas viviendo en el interfluvio de 
los ríos Ariari y Guayabero. Las comunidades fueron estigmatizadas por un discurso oficial emanado desde 
despachos y cuarteles. Una operación militar de “recuperación de la soberanía 
del estado” se efectuó a comienzos de 1986 dirigida por el General Harold Bedoya desde la VII Brigada del Ejército. Las comunidades denunciaron múltiples 
violaciones a derechos humanos lo que conllevó un par de “éxodos” campesinos, uno en 1986 hacia San José del Guaviare, y otro en 1987 hasta el casco 
urbano de La Macarena. Esas movilizaciones campesinas lograron acuerdos 
con representantes del Gobierno Nacional en los que se incluyeron, entre otros, 
temas de infraestructura y de sustitución de cultivos de coca, toda vez que la 
pasta base de coca se había convertido en la economía de sustento del proceso 
de colonización, ante la falta de presencia del Estado. Pero la violencia contra esas comunidades no cesó nunca. Tampoco solución 
a los problemas de tierra o de sustitución de cultivos. Otra marcha campesina 
tuvo lugar en el Meta para exigir solución al problema de las tierras, pero una 
delegación del Gobierno Barco les propuso un estudio socioeconómico para encontrarle solución a su ocupación. Desactivada la protesta, un grupo de expertos de la Universidad Nacional presentó un conjunto de recomendaciones a 
partir de una exhaustiva investigación, la que concluyó en 1989 con la declaración del área de manejo especial de La Macarena –AMEM– y la zonificación de 
su territorio. Durante los años 90, la expansión de la frontera agrícola continuó en el sur del 
Meta y Guaviare. Nuevos planes militares se desarrollaron para erradicar los 
cultivos de coca. Las fumigaciones aéreas con glifosato dieron al traste con los 
cultivos ensayados por el primer Programa de Desarrollo Alternativo –PDA- de 
Naciones Unidas ejecutado en Colombia, el programa PLANTE no llegó allí con 
su oferta, mientras que las FARC EP se fortalecieron hasta finales del fallido 
proceso de paz del Caguán. Después de esto, en los 2000, el gobierno nacional 
implementaría el Plan Colombia y el Plan Patriota con los cuales pretendió (otra 
vez) recuperar el control de esa región. Desarrolló un “Plan de Consolidación Territorial” que fue militarizado para limpiar La Macarena de cultivos ilícitos, pero 
que no atendió a las comunidades de la ribera del río Guayabero en los límites 
con Guaviare. Consecuencias para el proceso organizativo y comunitario La comunidad del Guayabero ha sufrido un proceso de aislamiento por parte 
de las instituciones del Estado. La estigmatización aupada por funcionarios 
gubernamentales ha llevado al señalamiento de organizaciones tales como 
Juntas de Acción Comunal, la Asociación Campesina ASCATRAGUA y, en particular, la Red Comunitaria de comunicación Voces del Guayabero. Recientemente, ha sido el acompañamiento de la Corporación Claretiana, SweFor Colombia y Fundación DHOC, entre otras organizaciones, lo que ha permitido 
una mayor atención de la prensa nacional e internacional sobre la situación de 
estas comunidades. Las comunidades han insistido en que se abra una mesa de diálogo sobre temas de tierras, derechos humanos y sustitución de cultivos, como principales, 
para lo cual han mantenido la vocería de líderes campesinos que desde comienzos de año han estado en intercambios con la institucionalidad desde una agenda ambiental de la región. Sin embargo, se ha creado un clima de seguimientos 
ilegales, persecución y señalamientos que impidió concretar en julio ese esfuerzo de diálogo. Más recientemente, el 27 de octubre, las comunidades crearon 
un Espacio Humanitario Campesino, con el cual buscan que se respeten los 
más mínimos estándares de humanidad en medio de las operaciones militares. 
Desde el espacio humanitario se planteó un diálogo directo con el gobierno 
nacional para resolver los problemas urgentes: 1. Crisis de derechos humanos por erradicación forzada.
2. La crisis humanitaria y de garantía de derechos, conexa con el anterior, educación, salud, y otras garantías sociales. 
3. Uso y tenencia de la tierra. Dentro de las consecuencias para el proceso organizativo y el territorio que vale 
la pena destacar, está la agresión de que ha sido víctima el colectivo de periodistas y camarógrafos comunitarios que ha cubierto y denunciado lo ocurrido 
en esta región, cuyo trabajo ha hecho posible que se conozca la realidad en la 
zona. 73 el tandil, tumaCo Masacre de el tandil Los hechos En la semana del 25 de septiembre de 2017, a la vereda El Tandil de Tumaco, 
Nariño, llegó un grupo de Policía Antinarcóticos para erradicar de manera forzada cultivos de coca. Su presencia alertó a los campesinos de la zona, quienes 
se comenzaron a organizar para manifestarse de manera pacífica en contra de 
estas acciones. Con el pasar de los días personas de las veredas cercanas se 
sumaron a la manifestación y para el 5 de octubre en la mañana se contabilizaban alrededor de 1.500 campesinos en El Tandil. Ese día decidieron construir un 
cerco civil humanitario alrededor de la base antinarcóticos que se estableció en 
la zona, para impedir que la Policía se acercara a los cultivos. Se argumentaba 
que esta acción iba en contra de lo pactado en el recién firmado Acuerdo de Paz 
que abría la posibilidad de hacer sustitución voluntaria de cultivos. Las personas resistieron durante varias horas. Una decena de líderes de los 
campesinos intentaron establecer un diálogo con la Policía y solicitaron la instalación de una mesa para llegar a acuerdos, pero en medio de esta situación y 
de manera sorpresiva e indiscriminada a las 10:15 a.m. los uniformados comenzaron a disparar de manera directa hacia la multitud. 23 personas resultaron 
heridas, entre ellas dos menores de edad, y 7 fueron asesinadas: Diego Escobar Dorado (31 años), Nelson Chacuendo Calambas (29 años), Janier Usperto 
Cortés (26 años), Jaime Guanga Pai (45 años), Alfonso Taicús (32 años), Iván 
Darío Muñoz (39 años) y Aldemar Gil Guachetá (25 años). La Fuerza Pública señaló que abrieron fuego para responder a los ataques 
del frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC, pero las versiones de las 
personas que se encontraban en el lugar y las pruebas recogidas en la zona 
desmintieron esta versión. Los únicos afectados fueron los campesinos a 
quienes dispararon sin consideración a pesar de estar completamente desarmados y en una manifestación pacífica. Desde la llegada de los erradicadores a la zona en diferentes espacios y en comunicados se llamó a prevenir hechos de confrontación inminentes, sin embargo, las instituciones hicieron 
caso omiso de estas alertas. Los hechos de El Tandil se convertirían en la 
primera masacre después de la firma del Acuerdo de Paz, ejecutada además 
por agentes del Estado. Antecedentes Casi un año antes de la masacre, el Gobierno firmó el Acuerdo de Paz con la 
guerrilla de las FARC, lo que prometía cambios para el departamento de Nariño, 
especialmente por lo consignado en el punto 4, que planteaba la posibilidad de 
la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Esto era muy importante para 
Tumaco considerado como uno de los municipios con más hectáreas sembradas de coca en todo el mundo, donde al momento de la masacre se registraban 
23.148 hectáreas, que representaban el 16% del total sembrado en el país. En un territorio como El Tandil, en el que la presencia del Estado es intermitente 
y donde sus habitantes no tienen asegurado un mínimo nivel de bienestar, la 
siembra de coca se convirtió para muchas familias en un medio de sustento. A 
pesar de estas vulnerabilidades los campesinos habían manifestado su voluntad de sustituir los cultivos a raíz del Acuerdo de Paz. Sin embargo, esta intención pesó menos que la presión del Gobierno por erradicar 100.000 hectáreas 
de coca antes de que finalizara el 2017 y que estaba en parte influenciada 
por la presión de Estados Unidos para tomar medidas frente al aumento de 
cultivos en el país. Justamente, en medio de las operaciones para cumplir con 
el compromiso de erradicación ocurrió la masacre de El Tandil. Breve contexto de la región La vereda El Tandil se encuentra ubicada en el Consejo Comunitario Alto Mira 
y Frontera, en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, Nariño, una 
zona marcada por la prácticamente nula presencia del Estado y los altos niveles 
de pobreza. Aspectos que se han hecho mucho más complejos por la aparición de grupos armados ilegales, que han dejado a la población civil en medio del 
conflicto armado. Esta situación ha sido histórica en la zona. Desde finales de la década de los 90 
la guerrilla de las FARC llegó al municipio de Tumaco, se estableció y tomó el 
control del territorio, lo que coincidió con las acciones militares en departamentos como Caquetá, Meta y Putumayo, que produjeron que los cultivos de coca 
se trasladaran hacia otros departamentos, entre ellos Nariño. Las fumigaciones aéreas con glifosato aplicadas en Putumayo, en medio del Plan Colombia, 
han sido señaladas como las principales responsables del traslado de cultivos 
de coca hacia este departamento que tiene una ubicación estratégica, por su 
proximidad entre los Andes y el Pacífico, y por la frontera con Ecuador. En los 2.000, grupos paramilitares, principalmente el Bloque Libertadores del 
Sur, disputaron el territorio a las FARC, lo que generó permanentes enfrentamientos y graves violaciones de los derechos humanos de las comunidades. 
Algunos años después las FARC consiguieron establecerse como el grupo armado hegemónico, especialmente en el municipio de Tumaco. Con el tiempo el 
narcotráfico se convirtió en una de las rentas fundamentales para la financiación 
de este grupo armado, actividad que se facilitó en la zona dada su estratégica 
ubicación geográfica, pero esto a la vez permitió la aparición de bandas criminales que buscaban también sacar beneficios de la exportación ilegal de cocaína. 
Este contexto se hizo mucho más complejo después de la firma del Acuerdo 
de Paz y la salida de las FARC del territorio, lo que ha desencadenado múltiples 
disputas de diferentes actores con intereses en el narcotráfico. A 2017 se conocía de la existencia de once grupos armados organizados en el municipio. La geografía de Tumaco y su ubicación sobre el océano Pacífico, lo ha convertido en un lugar estratégico para la siembra de cultivos de coca y la salida por 
el mar de la cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. Esto ha generado 
que el municipio sea reconocido como uno de los lugares con mayor número 
de hectáreas de coca en el país y, además, como una de las zonas más importantes para la salida de cocaína, ya que se cree que por Tumaco salen al 
año entre 200 y 300 toneladas de este producto, el 80% de lo que se produce 
en todo el país. Para 2017, en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, zona en la que se encuentra ubicado El Tandil, existían 7.180 hectáreas de 
coca. A raíz del Acuerdo de Paz, 16.568 familias en Tumaco se vincularon al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, luego de una 
protesta campesina en los sectores de Llorente, Carretera, Guayacana en la vía 
de Nariño que conduce al mar. En Nariño se firmaron 29 acuerdos colectivos 
de sustitución voluntaria entre 2017 y 2018, pero también fue el departamento 
con mayor número de acciones de erradicación forzada en 2017, según la Defensoría del Pueblo. Lo anterior muestra como a pesar de la voluntad de los 
campesinos de hacer la transición hacia otro tipo de cultivos la amenaza de la 
erradicación forzada por parte del Estado ha sido permanente y, además, deben 
hacer frente a riesgos por las intimidaciones de grupos armados que quieren 
impedir la sustitución, así lo denunció después de la masacre de El Tandil el 
Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, que puso en evidencia que mientras estas situaciones ocurren el PNIS se implementa a un ritmo lento. Consecuencias para el proceso organizativo y el territorio A partir de la masacre de El Tandil, las comunidades y los familiares de las víctimas se han enfrentado de manera constante a la impunidad. Desde el mismo 
momento del hecho los agresores argumentaron que los asesinatos se dieron 
en medio de un ataque de las disidencias de las FARC, puntualmente del frente 
Oliver Sinisterra, que lanzaron cilindros bomba y dispararon contra las personas 
que se encontraban en la manifestación y contra la Fuerza Pública. Este fue el 
argumento que sostuvo el Ministerio de Defensa frente a la opinión pública y 
que, incluso, fue replicado por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Esta versión fue la que mayor peso tuvo, a pesar de los testimonios de los 
campesinos que estaban en el lugar y de las mismas pruebas que realizó la 
Fiscalía en la zona, que confirman que el ataque se hizo en una sola dirección, 
desde donde se encontraban los Policías hacia el lugar en el que estaban los 
campesinos. De esta situación se derivó lo que los familiares de las víctimas han debido enfrentar en los años posteriores; lo primero es que, dando credibilidad a la versión oficial, la investigación quedará en manos de una fiscalía 
especializada en bandas criminales, decisión que desconoció las demandas de 
los representantes de las víctimas que pedían que la investigación se asumiera 
por un fiscal de derechos humanos, al tratarse de un hecho en el que tenían 
responsabilidad actores del Estado. En enero de 2019 la Fiscalía imputó cargos de homicidio agravado y tentativa de 
homicidio al capitán Javier Enrique Soto García, comandante del Núcleo Delta 
de la Policía Nacional y al mayor Luis Fernando González Ramírez, comandante 
del Pelotón Dinamarca I del Ejercito Nacional; a pesar de esto no se tomaron 
medidas contra estos dos militares, quienes solo siguen vinculados al proceso 
de investigación. Meses más tarde, el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Tumaco remitió el caso a la Justicia Penal Militar, por considerar que cumplía 
los requisitos mínimos para estar en su competencia ya que, según se afirmó, 
el hecho se produjo dentro de las operaciones del Plan Hércules del Ejército. 
Esta situación causó indignación a los familiares de las víctimas y a las comunidades por considerar que debido a la gravedad del hecho los responsables no 
deberían estar cobijados por el fuero penal militar. Tres años después de la masacre y de hacer frente a una investigación que 
ha dado pocos resultados y que ha pasado por encima de los intereses de las 
víctimas, finalmente el 3 de noviembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación 
anunció que solicitará que la investigación sea nuevamente asumida por la justicia ordinaria y, posiblemente, por un fiscal de derechos humanos. 
Marco Rivadeneira fue asesinado el 19 de marzo de 2020 en la vereda Nueva 
Granada, corredor Puerto Vega - Teteyé, Puerto Asís, Putumayo, presuntamente por las disidencias del Frente 48 de las FARC que hace parte de la estructura armada autodenominada La Mafia. Los hechos ocurrieron mientras se 
encontraba desarrollando una reunión con campesinos de la vereda para la 
socialización de los avances de la fase de diagnóstico, dentro del proceso de 
la mesa de concertación entre campesinos del corredor Puerto Vega - Teteyé 
y el Gobierno Nacional para la sustitución voluntaria de cultivos por fuera del 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). En medio de la reunión fue requerido y sacado del lugar por tres hombres armados 
vestidos de civil. Pocos minutos después llegó la noticia de su asesinato en 
inmediaciones del lugar. Marco era una persona reconocida por su compromiso indeclinable con la defensa de los derechos humanos y la transformación productiva del departamento del Putumayo, por ello trabajó de manera incansable por los derechos 
del campesinado, la sustitución voluntaria de cultivos y la construcción de la 
paz con y para las comunidades. Este compromiso lo llevó a hacer parte de 
distintos procesos y articulaciones: era el presidente de la Asociación Campesina del Puerto Asís -ASOCPUERTOASIS-, vocero de la Plataforma Coordinación 
Colombia Europa Estados Unidos, dirigente del Coordinador Nacional Agrario 
-CNA- y del movimiento social y político Congreso de los Pueblos. Por esta razón el homicidio de Marco constituye un caso paradigmático de las agresiones 
cometidas desde la firma del Acuerdo de Paz contra los liderazgos y procesos 
campesinos comprometidos con las iniciativas institucionalizadas o no de sustitución voluntaria. Antecedentes En agosto 6 de 2019, tras un proceso de movilización de siete veredas del 
Corredor Puerto Vega-Teteyé (La Esmeralda, La Cumbre, El Azul, Nueva Granada, Caucasia, Villa Marquesa, Alto Santa María) bajo el liderazgo de ASOCPUERTOASIS, se logró constituir una mesa de diálogo y concertación con el 
Ministerio del Interior, con el objetivo de avanzar en la transición productiva 79 de la economía de la coca a la economía campesina en este corredor. La 
movilización se originó como respuesta al operativo violento de erradicación 
forzada llevado a cabo por la Unidad del Escuadrón Móvil de Carabineros de 
la Policía Nacional y el ESMAD en la vereda La Cumbre el 3 junio de 2019, 
acción en la que Deobaldo Cruz, miembro de ASOCPUERTOASIS perdió uno 
de sus ojos. Breve contexto de la región Con posterioridad al Acuerdos de Paz y aprovechando la histórica ausencia del 
Estado en el departamento del Putumayo, distintos grupos armados con fuertes intereses con el negocio del narcotráfico se dieron a la tarea de copar el territorio, entre ellos las disidencias del Frente 1 Carolina Ramírez y del Frente 48 
de las FARC y la organización sucesora del paramilitarismo conocida como La 
Mafia, entre quienes existirían acuerdos de trabajo conjunto y alianzas con estructuras internacionales de narcotráfico. Según distintas denuncias públicas, 
testimonios de las comunidades e investigaciones de prensa, el control de La 
Mafia “no solo se limita a las veredas y zonas rurales del corredor Puerto Vega 
- Teteyé y de varios municipios, sino que se ha extendido a las zonas urbanas y 
aledañas a las cabeceras municipales, consolidando su poder territorial durante 
la cuarentena”. Recientemente se ha conocido también la conformación de la estructura Comandos de Frontera la que, según informes de la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz, es la misma estructura La Mafia que con el cambio de nombre 
busca desligarse de asesinatos de líderes sociales y “responde a la alianza entre 
antiguos paramilitares del Bloque Sur y algunos integrantes del Frente 48 de 
las Farc que se rearmaron luego de firmar el Acuerdo de Paz en noviembre de 
2016”. Durante el año 2020 se incrementaron en el departamento los asesinatos contra los liderazgos sociales. El informe semestral del Programa Somos Defensores titulado El virus de la violencia, registró 9 casos en el departamento, 
de los cuales 4 estaban involucrados con iniciativas de sustitución voluntaria 
de cultivos. Según la Comisión de Justicia y Paz, hasta septiembre de 2020 
habían sido asesinados 19 antiguos combatientes de las FARC y suscriptores del Acuerdo de Paz, y en el mes de noviembre se reportaron cuatro asesinatos 
más. Igualmente, se ha evidenciado un aumento de las amenazas, especialmente 
durante el periodo de aislamiento social como respuesta a la pandemia del 
COVID-19. Desconcierta este aumento de las agresiones a los liderazgos sociales y la 
capacidad de control de estructuras armadas al margen de la ley, teniendo en 
cuenta que las fuerzas militares tienen desplegada en la región las 7 unidades tácticas que integran la Brigada XXVII de Selva: Batallón de Infantería Nº 
25, con sede en Villagarzón; Batallón de Selva Nº 49, con sede en La Tagua; 
Batallón Especial Energético y Vial Nº 9, con sede en Santana; Batallón de 
Ingenieros Nº27, con sede en Puerto Asís; Batallón de Artillería Nº 27, con 
sede en Santana; Batallón A.S.P.C Nº 27, con sede en Mocoa; Batallón de 
Instrucción y Entrenamiento Nº 27, con sede en Mocoa. Esto además de 
la presencia regular de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios 
–ESMAD–. En cuanto a la erradicación forzada, con posterioridad a la firma del Acuerdo de 
Paz, han aumentado las denuncias en el departamento sobre el accionar violento de la Fuerza Pública en el marco de los operativos desde el 2019 y, particularmente, durante el periodo de confinamiento obligatorio. Paralelamente, el 
incumplimiento de los acuerdos firmados en el marco de los PNIS ha elevado la 
confrontación y protestas de las comunidades. La Agencia de Renovación Territorial –ART–, informó que a corte 31 de agosto de 2020, que 20.326 familias 
entraron a hacer parte del PNIS en el Putumayo: 11.905 familias cultivadoras, 
4592 no cultivadoras y 3829 que hacen parte del grupo de recolectores. En 
2019, según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, 20.000 campesinos 
arrancaron de manera voluntaria más de 12.000 hectáreas de coca en el Putumayo y, según la ART, el número de hectáreas erradicadas voluntariamente es 
de 9.547. No obstante, la misma Agencia informa que un total de 3.592 familias 
han sido retiradas del Programa PNIS en Putumayo por las siguientes razones: 
inasistencia a las actividades de asistencia técnica integral (39), incumplimiento de compromisos de erradicación (444), incumplimiento de requisitos administrativos (2.215), incumplimiento de verificación en terreno (431), retiro voluntario (390), ya atendido (73). Varios de los operativos de erradicación forzada han sido realizados en el mismo corredor Puerto Vega - Teteyé y concretamente en las veredas vinculadas 
a la Mesa de Concertación con el Ministerio del Interior para la transformación 
de cultivos de la que hace parte. En Nueva Granada, por ejemplo, se realizaron 
operaciones de erradicación dos días después del asesinato de Marco Rivadeneira. Con estos operativos no solamente se están desconociendo por parte del 
Gobierno Nacional los acuerdos hechos con las comunidades en la Mesa, sino 
también el deber de prevención temprana y urgente establecido por la Corte 
Constitucional en la sentencia T690 de 2017 y en el Auto 387 de 2019, mediante la cual se hace seguimiento al fallo de tutela que ordenó la suspensión de 
la aspersión aérea con glifosato (T-236 de 2017) y se establece una jerarquía 
en la aplicación de medidas de erradicación, dando prioridad a la sustitución 
voluntaria. Consecuencias para el proceso organizativo y el territorio El asesinato de Marco Rivadeneira, sin duda ha tenido un impacto fuerte en la 
dinámica de Asocpuertoasís y en el proceso de la mesa de concertación. Sin 
embargo, la organización junto con otros procesos del territorio y las comunidades, vienen participando en otros espacios con el gobierno regional y nacional 
sobre sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y situación de derechos 
humanos. Su valentía y liderazgo persisten pese a las dificultades. Desde una perspectiva regional, la dinámica de la violencia que azota al departamento del Putumayo tiene consecuencias complejas y múltiples en el 
territorio que afectan los procesos organizativos y comunitarios. El control 
armado trasciende la economía ilegal en estricto sentido (flujos de producción, comercialización de coca) y se inserta en la vida misma de la gente y su 
tejido social. La militarización y los operativos de erradicación forzada, siguen 
en aumento. La impunidad también sigue reinando en el territorio. Hasta el día de hoy el proceso por el asesinato de Marco Rivadeneira sigue en etapa de investigación en 
la Fiscalía y no hay ningún capturado. En relación con la determinación de responsabilidad de la Policía y el ESMAD 
en el caso de Deobaldo Cruz, la Procuraduría General de la Nación, pese a petición concreta que se le formuló, se negó a ejercer el poder preferente en la 
investigación disciplinaria de ese hecho, pues a juicio de esa entidad el hecho 
que dio lugar a la queja no constituye una violación de los derechos humanos 
y por tanto, no la asignó ni a la Delegada Disciplinaria para los Derechos Humanos ni a la Delegada para la Policía Nacional, habiendo remitido la solicitud 
a la Procuraduría Regional del Putumayo, la cual también se negó a asumir la 
investigación, por lo cual esta permanece en la Oficina de Control Disciplinario 
Interno del Departamento de Policía del Putumayo. La pesquisa penal la dirige 
una Fiscalía Local de Mocoa, sin que se haya hecho imputación ni desarrollado 
acciones investigativas. 83 Desde el 2009 hasta la fecha las distintas plataformas de DD. HH y organizaciones sociales vienen reclamando la creación de una política pública 
de garantías para la defensa de los DD. HH y el ejercicio del liderazgo social, 
enmarcada en los estándares internacionales, constitucionales y jurisprudencia 
nacional, sobre la materia. Por la adopción de una política de garantías puede entenderse la formulación e 
implementación de una serie de medidas concretas construidas con la participación de las organizaciones, que favorezcan un entorno institucional adecuado 
para el ejercicio de la labor de defensa de los D. HH y liderazgo social. En ese 
marco se identifican tres ejes, interrelacionados entre sí sobre los cuales debe 
edificarse: Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, la falta de uno 
de ellos o una formulación de los mismos que no incorpore acciones concretas 
resulta a todas luces ineficaz. La prevención se orienta a la identificación de las causas de las violaciones a 
los DD.HH y de DIH para a partir de ellas desarrollar acciones que impidan su 
activación. La protección hace alusión a las acciones a adoptar ante la inminencia de una 
violación para evitar que el daño o la vulneración del derecho que se busca producir con ella, no se consume. Lo anterior, implica concebir planes y programas 
que tomen en cuenta tanto una dimensión individual como colectiva. De otra parte, las Garantías de no Repetición hacen referencia al repertorio 
de medidas estatales orientadas a evitar que las acciones que vulneran el 
derecho a defender los derechos humanos se repitan. En ese orden de ideas 
la investigación y sanción de los responsables de tales hechos (lucha contra 
la impunidad), el esclarecimiento de los hechos (políticas de verdad y memoria) y la desactivación de las causas que generan las agresiones contra los defensores/as y liderazgos sociales (voluntad política) son elementos fundamentales. Múltiples recomendaciones sobre estos aspectos han surgido a lo largo de 
estos años en los distintos escenarios de interlocución y concertación con sucesivos gobiernos, sin que hasta la fecha se haya materializado la tan anhelada 
política pública de garantías para la defensa los derechos humanos. Lo anterior, 
no pretende negar que en la última década se han puesto en marcha diferentes 
estrategias e incorporado dispositivos orientados a la protección de los liderazgos sociales. No obstante, podría decirse que estos no han logrado articular 
los tres componentes considerados esenciales y su acento ha estado puesto 
ante todo en la protección directa e individual en situaciones de riesgo inminente y no en la generación de las condiciones propicias para ejercer la defensa 
de los derechos humanos y el liderazgo social sin apremios de ninguna índole 
objetivo esencial de una política pública de garantías. En esa medida mantiene 
vigencia lo señalado por las organizaciones en su propuesta de plan de acción 
en el sentido de como la política pública debe focalizarse “en la identificación 
y transformación de las vulnerabilidades que amenazan el ejercicio pleno del 
derecho a defender los derechos humanos, más que en la implementación de 
esquemas para atender situaciones urgentes en las cuales la vida y la integridad 
ya están en inminente riesgo. Sin con ello pretender afirmar que tales programas no sean necesarios, sino que resultan insuficientes y apuntan solamente a 
una de las acciones a tomar en cuenta en la definición de una política pública 
de garantías. En medio de la situación de riesgo y peligro inminente de las personas defensoras y de la ausencia de una política de garantías en el país, el campesinado 
sigue siendo una población con altísima vulnerabilidad, asociada a factores estructurales que han desatado la violencia en el campo, a la ausencia de una política pública específica que reconozca y garantice sus derechos, y a la histórica 
agresión y persecución por parte del Estado, que toca con mayor rigor en los 
últimos años a quienes lideran propuestas de sustitución de cultivos ligadas al 
PNIS pero también a procesos autónomos de transformación productiva. En 
este contexto se hace urgente concretar el reconocimiento del sujeto campesino, y en consecuencia los derechos del campesinado, así como garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Final de Paz en relación a la reforma agraria, el tratamiento diferencial en el marco de la política antidrogas y brindar las garantías de protección para los liderazgos campesinos en todo el país. De igual forma los campesinos y campesinas de Colombia han exigido cesar 
la criminalización por parte del Estado, frenar la militarización de los territorios, 
desmantelar el paramilitarismo y los demás grupos que atentan contra su vida e integridad, e investigar la connivencia entre miembros de la fuerza pública y 
estructuras armadas al margen de la ley. En consecuencia resulta fundamental que el Gobierno Nacional avance sustancialmente en: • • • • • • Respetar los derechos del campesinado establecidos en la constitución y 
la ley.
Avanzar en la consolidación de una política pública para el campesinado y en 
el reconocimiento integral de sus derechos.
Adoptar la declaración universal de los derechos del campesinado y ratificar 
el Acuerdo de Escazú. 
Garantizar un trato penal diferencial a los pequeños cultivadores de coca, 
amapola y marihuana. 
Cesar los operativos de erradicación hasta no haberse adelantado un proceso de sustitución voluntaria como lo ha ordenado la Corte Constitucional. 
Cesar las acciones violentas ejercidas por la policía antinarcóticos, el ESMAD y el ejército en el marco de los operativos de erradicación forzada. A su vez, frente al campesinado vinculado a los cultivos de coca, marihuana y 
amapola, garantizar el deber de prevención temprana y urgente establecido por 
la Corte Constitucional en la sentencia T690 de 2017 y en el Auto 387 de 2019, 
que exige respetar la jerarquía en la aplicación de medidas de erradicación, 
dando prioridad a la sustitución voluntaria. A los entes de control hacer un seguimiento estricto a las actuaciones de la 
fuerza pública en el marco de las movilizaciones campesinas y las erradicaciones forzadas; a la procuraduría, exigir el cumplimiento de la Directiva 007 del 11 
de junio de 2019, en la que reconoció al campesinado como sujeto de derechos 
integrales y sujeto de especial protección constitucional. El acuerdo de paz de 2016, en el punto 4, se refiere específicamente a las garantías de seguridad como una condición necesaria para la protección de las 
comunidades y en particular para garantizar el logro de los propósitos que se 
plantearon allí: “4.1.3.1. Condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios 
afectados por los cultivos de uso ilícito: En adición a la generación de condiciones para la satisfacción de los derechos económicos y sociales de la 
población y para el desarrollo integral, la sostenibilidad del PNIS y el cumplimiento de sus objetivos requieren, al mismo tiempo, la provisión de garantías y condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios 
afectados por los cultivos de uso ilícito, mediante el fortalecimiento de la 
presencia institucional del Estado y de sus capacidades de protección de 
las comunidades, en especial frente a cualquier tipo de coacción o amenaza, y de sus capacidades de interdicción y judicialización de las redes territoriales de narcotráfico según la concepción de seguridad contemplada en 
el Acuerdo Final. La protección de las comunidades, la garantía del derecho a la vida y el bienestar de la población rural requiere también asegurar el desminado, para lo 
cual el Gobierno Nacional, tras la firma del Acuerdo Final y en el marco de su 
implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza 
de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar. Este es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC-EP 
por diferentes medios y en lo que le corresponda a cada cual, incluyendo el 
suministro de información, en los términos en que se consigne en el Acuerdo 
Final y como parte del compromiso mutuo con el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Lo anterior sin perjuicio de los acuerdos a los que se llegue en materia de 
satisfacción de los derechos de las víctimas. Este compromiso involucra de manera especial los territorios donde se adelante el PNIS”. Como se observa, el Acuerdo previó que a través de un conjunto de acciones 
se fortalecería la presencia institucional del Estado y de sus capacidades de 
protección de ls comunidades, en especial “frente a cualquier tipo de coacción 
o amenaza”, lo cual no se ha logrado todavía a pesar de que las instituciones 
estatales dicen estar trabajando en ello. La propia Defensoría del Pueblo ha 
emitido una serie de alertas tempranas e informes de riesgo que advierten un 
incremento de la conflictividad armada que se recicla y un ambiente de desprotección para las comunidades en las zonas a las que se refiere este informe. La invitación hecha por el Director del PNIS Hernando Londoño, para que los 
lideres dejen de ser visibles en la promoción de ese programa, además de ser 
un mensaje equivocado y desesperanzador, no le sirve a quienes tienen responsabilidades de liderazgo comunitario y asumieron ellos mismos la tarea de 
hacer pedagogía sobre el acuerdo de paz y los acuerdos de sustitución, pero 
conlleva implícita la incapacidad del estado por garantizar su protección. La protección va más allá de la realización de consejos de seguridad y de la 
asignación de botones de pánico, chalecos antibalas y teléfonos móviles, lo cual si bien es útil, no garantiza la protección a los líderes y lideresas de zonas 
rurales apartadas donde a veces no existe siquiera señal de teléfono. En ese 
orden de ideas, un avance sustancial en los programas de protección colectiva 
es fundamental. Las alcaldías y gobernaciones también tienen una responsabilidad en las garantías de seguridad para los liderazgos. Esta no es una tarea exclusiva del gobierno nacional, sino del estado en su conjunto. Por esto, las recomendaciones 
contenidas en las alertas tempranas y los informes de riesgo emitidos por el 
SIAT deben ser asumidos como obligación en sus planes de acción preventiva 
y protectiva en materia de derechos humanos de manera articulada con el gobierno nacional. Los liderazgos comunitarios y campesinos comprometidos con la promoción 
de la sustitución voluntaria de cultivos requieren de la protección de sus procesos en sus territorios. En ese marco avanzar en la formulación de la estrategia 
para el desmonte de la las organizaciones sucesoras del paramilitarismo que le 
asignó el Acuedo de Paz a la Comisión Nacional de Garantias de Seguridad, es 
una obligación prioritaria a cumplir por parte del Estado. Igualmente, superar la impunidad que rodea a los responsables (sean ilegales 
o agentes del estado) de los crímenes cometidos contra campesinos y campasinas promotores de la sustitución voluntaria, y de los asesinados en medio de 
las erradicaciones violentas es igualmente una obligación prioritaria para contener el circulo vicioso de violencia que rodea a los liderazgos campesinos y en 
particular a aquellos comprometidos con la sustitución. Las posibilidades de materializar este marco mínimo de garantías que posibiliten que los procesos de sustitución voluntaria avancen requiere de un decidido acompañamiento y respaldo de la comunidad internacional sustentado en 
la implementación integral del Acuerdo de paz, en particular, de la necesaria 
articulación entre el punto 1 y 4 del mismo y de las medidas relacionadas con 
garantías de seguridad para comunidades y organizaciones sociales; así como 
el acatamiento de lo establecido por la Corte Constitucional en cuanto a la secuencia a seguir en la estrategia de erradicación. En ese marco y tomando en cuenta el cambio político en los Estados Unidos y 
su peso en la definición de las políticas de lucha contra las drogas e, igualmente, el importante respaldo expresado a la implementación del Acuerdo de Paz 
por la actual administración, resulta muy importante que esta considere el impacto negativo que para el cumplimiento del Acuerdo ha tenido el cambio hacia 
la erradicación forzada y los adicionales en materia de salud y medio ambiente 
que traería el uso del glifosato y, en consecuencia, considere no incentivarlos, 
ni respaldarlos.