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Una tarea que no da tregua Escenario del acompañamiento en la atención de las víctimas
por minas antipersonal y munición sin explotar en Colombia Una tarea que no da tregua Una tarea que no da tregua constituye un primer paso para que nos acerquemos a la compleja realidad de las víctimas civiles
por minas antipersonal y munición sin explotar de
Colombia. Esta publicación fue concebida en tres partes: la primera, es un panorama general sobre el escenario de las minas en Colombia y una perspectiva
de la Campaña Colombiana Contra Minas del problema; la segunda muestra el universo legislativo que
hace referencia a las víctimas civiles, y la tercera,
nos acerca a la realidad que hemos podido percibir a
través de un trabajo cotidiano. A raíz del acompañamiento de la atención a los sobrevivientes, se hicieron evidentes las fortalezas, las dificultades y los cuellos de botella de la atención a las víctimas. Esto es un primer paso en el camino. Lo invitamos a que conozca y se involucre en este proceso, para que entre todos logremos cambiar la situación de abandono en que se encuentran los sobrevivientes y sus familias.
En primer lugar, un país cuya población civil esté siendo severamente afectada
por la acción de minas antipersonal –MAP- y munición sin explotar –MUSE-; Colombia es de los países más minados del mundo, el tercero en número de víctimas y el
único en el continente americano donde cada día continúan colocándose minas.
Además, la existencia de una contraparte experta, con la infraestructura necesaria,
comprometida y dispuesta a colaborar; esto lo encontramos en la Campaña Colombiana Contra Minas. También hay que tener o elaborar conjuntamente un proyecto
adecuado, útil, posible y pertinente, que cumpla con alguno de los objetivos esenciales y principios que inspiran el movimiento internacional contra las minas; este es el
proyecto «Acompañamiento de Víctimas de MAP y MUSE en Colombia». Por último,
algo esencial: la voluntad de instituciones públicas y/o privadas a las que Moviment
per la Pau pueda dirigirse para solicitar el respaldo financiero para llevar a cabo la
ejecución del proyecto elaborado en colaboración con la contraparte escogida en el
país afectado; esto lo hemos encontrado en Cataluña (en la Fundación La Caixa, en
el Gobierno de Cataluña, en la Alcaldía de Barcelona), hasta el momento.
La sensibilidad de Cataluña hacia Colombia es clara y rotunda; la existencia de la
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia (Mesa Catalana por la Paz
y los Derechos Humanos en Colombia) así lo demuestra. Esta experiencia de la unión
del gobierno, alcaldías, ONG, sindicatos, universidades de un país, para invertir su
conocimiento, voluntad de apoyo, dinero, etc. en la construcción de la paz en un país
determinado, es única y está dando resultados. Esta iniciativa, ejemplo de la unión de
intereses y naturalezas distintas que buscan y encuentran puntos en común para
trabajar conjuntamente a pesar de las diferencias, es también una respuesta a por qué
Moviment per la Pau escogió a Colombia para ejecutar proyectos de cooperación. Y, de momento, vamos a continuar. Maria Josep Parés
Responsable de Moviment per la Pau  Cuando iniciamos las actividades como Campaña Colombiana Contra Minas –CCCMen Colombia, la mayor preocupación que teníamos
eran las víctimas de esta arma. Siete años después la
preocupación es mayor. No sólo porque el país está
alcanzando el promedio de tres víctimas de minas
por día, en lo que va corrido del 2005, sino especialmente porque los esfuerzos, las leyes y las capacitaciones a los funcionarios del sector de la salud, entre
otras, no mejoran la calidad de vida de las víctimas,
de sus familias ni de las comunidades afectadas tan
rápida y efectivamente como debe ser.
Hemos observado que esto sucede en todas las
latitudes, hemos constatado que las víctimas reciben
el menor recurso de inversión en la acción contra minas a nivel mundial. Como en otras regiones del mundo, en Colombia hay cooperación internacional que
suple lo que debería hacer el Estado en esta materia.
Resaltamos que en Colombia los centros de atención
existentes derivan sus recursos y desarrollo tecnológico, mayoritariamente, de la cooperación internacional
y de la fuente privada. Esto debe ser superado.
La CCCM, durante el período 2004-2005 ha
adelantado un programa de acompañamiento a la
atención de las víctimas por acuerdo de cooperación con la ONG catalana Moviment per la Pau. Esta
publicación fue realizada para llamar la atención,
para que el lector sea un funcionario del Estado o de
un organismo de cooperación, de una organización
no gubernamental o un empresario, un ciudadano o
un sobreviviente, recuerde siempre que la prioridad
son las personas. Si las víctimas de minas antipersonal y munición sin
explotar no son privilegiadas en la atención y en la
inversión de recursos por parte de los Estados, cualquier esfuerzo que se haga para poner fin a las minas
será incompleto. La solidaridad entre los grupos de la
sociedad es la mayor fortaleza con la que cuentan las
víctimas para enfrentar su condición. Por esta razón,
planteamos que los Estados tienen un saldo en rojo
en este problema. El Estado colombiano no escapa a
esta condición deficitaria. A pesar de los esfuerzos
las víctimas civiles tienen un alto nivel de desprotección, que no debe quedarse sólo en la explicación.
Convocamos a que los superemos.
La sociedad debe presionar a la institucionalidad
pública para que cumpla con sus responsabilidades,
las víctimas deben capacitarse, organizarse y ejercer
roles de liderazgo para defender sus derechos. Los
funcionarios del Estado deben comprometerse a
cumplir y a mejorar las leyes y deben tomar conciencia que las decisiones que toman afectan en la
construcción de un país.
No queremos ver más víctimas en Colombia mendigando. No queremos más víctimas sin atención psicológica. Valoramos altamente la acción voluntaria de
personajes públicos en la recaudación de recursos para
las víctimas, pero reclamamos como expresa la Ley,
que el Estado asuma la responsabilidad que tiene con
las víctimas. Esta publicación es para expresar este
debate. Queremos ciudadanos sujetos de derecho. Álvaro Jiménez Millán
Coordinador Nacional de la
Campaña Colombiana Contra Minas  Capítulo I. El Escenario El Escenario «Yo lo único que le pido a los actores armados
es que no se metan con la gente civil, que respeten los derechos
humanos, que nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto
armado, que respeten la vida de las demás personas». Jhon Jairo, 23 años, Cauca ¿Cuál es la situación de las minas antipersonal
en Colombia? COLOMBIA ES UN PAÍS QUE ha estado involucrado
en un conflicto armado interno desde hace más de 45
años. A través de los años este conflicto ha traído
consecuencias devastadoras para el desarrollo del
país, una de estas es la siembra de minas antipersonal –MAP1- y la existencia de munición sin explotar
–MUSE2- en el territorio nacional. Este conflicto ha
implicado que las guerrillas y las fuerzas paramilitares –especialmente, en los últimos cinco años- y las
Fuerzas Armadas colombianas3 –en su momentohayan aumentado en forma considerable el uso de
minas, ya que esta arma indiscriminada es considerada como «el soldado perfecto».
En 1997 Colombia dio un paso al firmar y comprometerse con el Tratado para la prohibición del uso,
producción, transferencia y almacenamiento de minas
antipersonal, comúnmente llamado Convención de Ottawa. Colombia lo firmó el 3 de diciembre de 1997,
lo ratificó el 6 de septiembre de 2000 y entró en
vigencia el 1 de marzo de 2001. Aunque Colombia es
un Estado Parte y ha iniciado el proceso de desarrollo
e implementación de las estrategias de la Convención
de Ottawa, otros actores del conflicto, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-,
el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, el Ejército
Popular de Liberación –EPL- y diversos grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia
–AUC- continúan usando constantemente minas antipersonal y artefactos explosivos similares, poniendo a
la población civil en un continuo riesgo.
El problema de las minas en Colombia es serio,
Colombia es el único país de América Latina donde
diariamente se siguen sembrando minas; más de 540
municipios de los 1.119 y 31 de los 32 departamentos que hay en Colombia se han visto afectados
por la presencia de las minas. Al finalizar el 2005
hubo un promedio de tres víctimas diarias.
LAS MINAS ANTIPERSONAL Y LA munición sin explotar
no dan ninguna tregua en Colombia. En la actualidad,
cada día, más de dos personas sufren accidentes
por estas armas que contaminan 31 de los 32 departamentos del país.
Según las cifras oficiales del Observatorio de
Minas de la Vicepresidencia de la República, autoridad
nacional encargada de articular las políticas en materia de la lucha contra las minas y de sistematizar la
información.4 A primero de octubre de 2005, el número de víctimas totales registradas a partir del año
1990 –año en que comenzó el registro de estos eventos- ascendió a 4163, esta cifra revela el gran número de víctimas por MAP y MUSE. De acuerdo con el
Informe Monitor de Minas, el cual hace seguimiento
al problema de las MAP y reporta el progreso de los
Estados que han firmado el Tratado para su prohibición, Colombia hace parte de los países en el mundo
con mayor número de víctimas, junto con países como
Afganistán, Angola, Camboya e Irak.
La presencia de MAP y MUSE en el territorio colombiano constituye sin duda una de las formas de contaminación más perversa, asesina y duradera que se haya
conocido. En efecto, las personas son sus principales
víctimas, puesto que estas armas tienen la característica de actuar de manera indiscriminada, porque
son activadas por las propias víctimas. Sus efectos
son duraderos, las MAP y las MUSE mantienen su
capacidad de matar y mutilar a las personas hasta
que no hayan sido removidas o desactivadas. Por
esta razón, las Naciones Unidas estiman que una
MAP o MUSE es diez veces más susceptible de matar
y mutilar a un civil después de un conflicto que a
un combatiente regular o irregular durante los combates. Lo cual hace pensar que el trabajo en contra
de las MAP y la MUSE en Colombia, hasta ahora,
está comenzando y requerirá de muchos esfuerzos para
lograr la atención adecuada e integral de las víctimas
de estas armas, así como la prevención de estos accidentes en las comunidades que presentan un riesgo.
Diferentes actividades relacionadas con la acción
contra minas son llevadas a cabo a nivel nacional y
local por parte de gobierno, la Campaña Colombiana
Contra Minas –CCCM- y otras organizaciones. Paralelamente, existen diversas organizaciones internacionales y nacionales trabajando a nivel local y nacional
en la defensa y el respeto del Derecho Internacional
Humanitario y los Derechos Humanos por parte de
todos los actores del conflicto. La CCCM trabaja bajo
el espíritu de la Convención de Ottawa y con la seguridad de que para proceder en una campaña en contra
de las minas antipersonal, ésta tiene que ser trabajada
con y por los actores y las víctimas del conflicto. 
Durante el periodo del 30 de septiembre de 2004 y el
1 de octubre de 2005, 681 colombianos(as) sufrieron un accidente por MAP y MUSE de los cuales 193
fueron civiles, es decir el 28.3% del total de las víctimas. En el total de las víctimas registradas hasta la
fecha por las fuentes oficiales, el porcentaje de hombres adultos representa un 73.05% y el de los menores de edad un 26.94%, contrario a las cifras divulgadas en los medios de comunicación. Es importante
recalcar que las MAP y las MUSE son armas que mutilan a sus víctimas: el 75% de ellas quedan heridas. Si se comparan las cifras oficiales acumuladas entre
el primero de octubre de 2004 y el primero de octubre
de 2005, los resultados son preocupantes para el futuro del país. Durante este período, el número de víctimas por departamentos se ha incrementado en casi
todos los casos. Sin embargo, las diferencias de variaciones porcentuales anuales presentadas a continuación en el cuadro y en ambas gráficas reflejan la situación que se vive en cada departamento en términos de la
dinámica del conflicto, del uso de las minas por parte de
los actores armados no estatales -ANE- como estrategia
de guerra, de la presencia de combates y de enfrentamientos continuos.
Por un lado, es importante resaltar la situación
del departamento de Antioquia que concentra el
26,78% de las víctimas de todo el país con una cifra
de 1.115 y cuya tendencia al alza no parece cambiar.
De acuerdo con la siguiente tabla es preocupante
observar que la mayor concentración en accidentes
durante este periodo de tiempo corresponde a los departamentos de Antioquia, con un incremento de 393
víctimas, para un promedio de 1.08 por día y Meta
con un incremento de 142 víctimas para un promedio de 0.39 por día, en los demás departamentos, aunque es importante el incremento no es de tanto impacto como en estas dos regiones del país.
De acuerdo con las cifras publicadas por el Observatorio de Minas, durante el periodo de 1990 a
1999 el total de las víctimas civiles fue de 290, sin
embargo, desde el 2000 hasta el 2005 las víctimas
fueron de 1193, para un total de 1483 víctimas civiles en este periodo de tiempo, de acuerdo con lo anterior se percibe un incremento alarmante de víctimas 
EL ESTADO COLOMBIANO AL RATIFICAR la Convención de Ottawa en el año 2001 reafirmó su compromiso
ante la comunidad internacional para ponerle término
al uso, a la producción, empleo, comercialización y
transferencia de estas armas. De igual manera, se
comprometió a destruir sus existencias, a entablar
acciones que permitan erradicarlas de su territorio y a
prestarle una asistencia integral a las víctimas de estas armas proscritas. Para cumplir con este objetivo,
Colombia cuenta con un marco legal.
En Colombia, las víctimas civiles de MAP y MUSE
son cobijadas por la Ley 418 de 1997 que estipula
los derechos de las víctimas del conflicto armado, dentro de las cuales se incluyen las víctimas de MAP y
MUSE. Aunque la Ley presenta algunas carencias, como
que los derechos de las personas prescriben porque
hay un plazo de un año después del momento del
accidente o que no se contemplan todas las prótesis
requeridas a lo largo de su vida, integra los diferentes
componentes de una atención de tipo integral. Según la
Ley, las víctimas de MAP y MUSE tienen cubiertos los
primeros auxilios, la atención médica hospitalaria, la
rehabilitación física (provisión de prótesis y órtesis) y la
atención psicológica. También pueden beneficiarse de
ayudas educativas, facilidades de crédito, subsidios para
vivienda, capacitación y reinserción socio profesional. civiles durante los últimos años (2000-2005). Pues
pasó de 29 víctimas promedio por año en el lapso de
1990 a 1999 a 198.8 víctimas promedio por año en
el periodo de 2000 a 2005. El mismo comportamiento se ha observado en las víctimas militares que pasó
de 53.6 en el periodo de 1990 a 1999 a 349.16 del
año 2000 a 2005. Aunque las estadísticas generales muestran que
los militares son, mayoritariamente, los más afectados por estas armas proscritas, si damos una mirada
en una escala local, podemos observar que en los
municipios donde se presenta un mayor índice de accidentalidad, en todo el territorio nacional, se ve como
característica particular que en la mayoría de los casos la  población civil es la más afectada. Para entender esta afirmación, los reportes oficiales muestran que, por ejemplo, en Cocorná, situado en
el oriente antioqueño, el número de víctimas civiles
asciende a 38 mientras que el número de víctimas
militares llega a 30. De la misma manera, en Argelia
se tiene registro de 32 civiles y 26 militares, en Granada 23 civiles y 22 militares, en San Francisco 47 civiles y 41 militares, etc. En Santander en el municipio de
El Carmen hay un registro de 17 civiles y 12 militares,
en Sabana de Torres de 15 civiles y 4 militares y en
San Vicente de Chucurí de 15 civiles y 12 militares.
Todos estos datos demuestran la magnitud del
problema de las minas en Colombia. Las perspectivas
futuras no son alentadoras y requieren de un mayor
esfuerzo y de un mayor compromiso por parte de las
entidades encargadas de llevar a cabo la política
pública en el país. «Él piensa que porque quedó sin su pie yo ya no lo voy a querer.» La esposa de José, 23 años, Antioquia 
Papel de la CCCM
en la atención de las víctimas de MAP y MUSE LA CCCM HA CONVERTIDO LA atención integral de las
víctimas por MAP y MUSE en uno de sus ejes principales de acción, con el objetivo de facilitarle a los
sobrevivientes el acceso a la atención, ya que las personas afectadas, en un alto porcentaje de los casos,
no poseen los recursos para el traslado hasta los centros de salud y rehabilitación, ni para realizarse los
exámenes médicos o pagar el alojamiento durante el
proceso de atención. Todos estos aspectos no son
contemplados por la normatividad existente.
La CCCM no busca sustituir al Estado colombiano
y mucho menos sustraerlo de sus responsabilidades
adquiridas frente a sus ciudadanos y ante la comunidad internacional, al contrario, busca ejercer presión ante
él para que se generen los cambios necesarios en sus
políticas y que algunos aspectos sean contemplados
para la toma de decisiones.
Para entender con claridad el papel de la Campaña
Colombiana Contra Minas en la atención a las víctimas,
es importante hacer la siguiente anotación, la CCCM
no es una organización médica, no brinda los primeros
auxilios, ni la atención hospitalaria ni mucho menos
la rehabilitación física (provisión de prótesis y órtesis)
o la rehabilitación psicológica. En Colombia existen instituciones especializadas y competentes para realizar
estas acciones y ellas pueden cumplir con sus responsabilidades respectivas en la atención integral de las
víctimas de MAP y MUSE.
Por consiguiente, el papel de la CCCM consiste
en generar los mecanismos y las dinámicas entre las
entidades competentes para que las víctimas de MAP
y MUSE tengan el acceso efectivo a una atención
entendida como integral. En ese sentido, la CCCM se constituye como un enlace entre las víctimas, las
instituciones de salud, los centros de rehabilitación,
las autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales propiciando que la Ley 418 de 1997 se
cumpla a cabalidad. Adicionalmente, la CCCM brinda
apoyo a las víctimas civiles de MAP y MUSE y a sus
familiares en el proceso de reclamación de sus derechos (ayudas humanitarias e indemnizaciones por los
daños y los perjuicios causados por el accidente), ofreciendo una orientación acerca de sus derechos y un
acompañamiento para realizar los trámites legales.
A raíz de las acciones locales de sensibilización
que ha venido desarrollando la CCCM en los municipios contaminados por estas armas, los coordinadores departamentales han podido percibir la dramática
situación de los sobrevivientes y de sus familias y
visibilizarla. Para contrarrestarla, la CCCM suscribió
un acuerdo de cooperación con Moviment per la Pau
–MxP-, organización no gubernamental de Cataluña,
que ha buscado el apoyo de la Fundación la Caixa,
la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para cubrir los gastos de transporte, alimentación y hospedaje de 150 sobrevivientes y de sus
acompañantes durante el tiempo que dure su proceso de rehabilitación inicial. Más de la mitad de los
sobrevivientes beneficiados provienen de Antioquia,
departamento con el mayor registro de accidentes y
de víctimas de Colombia. También la CCCM y MxP
vienen realizando el acompañamiento de víctimas
en los departamentos de Cauca, sur de Bolívar, Nariño, Santander, Caquetá, Antioquia, Caldas, Norte
de Santander, Meta y Cesar.
El acompañamiento en la atención de las víctimas tiene como propósito principal lograr que las
víctimas por MAP y MUSE puedan acceder a una
rehabilitación física y psicológica como parte de la
atención integral a la cual tienen derecho por ley y a
la que no habían podido acceder. Esas víctimas son acompañadas por un familiar o un amigo que les brinda
su apoyo durante todo el tiempo de su estadía y rehabilitación. Paralelamente, se busca fortalecer la relación
entre las víctimas y su entorno para que sean ellos los
que en un futuro lideren la exigencia del cumplimiento
de sus derechos.
Es importante reconocer que la CCCM, a través
de sus coordinadores regionales, se hace cada vez
más presente en el momento en que la víctima llega
al hospital, después del accidente. El coordinador de
la CCCM ofrece todo su apoyo a las víctimas y a su
familias para que sus derechos no sean vulnerados,
informándolos de éstos. Un ejemplo de esto es el
caso de los tres niños en el Caquetá; ellos sufrieron
un accidente con una mina en Cartagena del Chairá
y cuando llegaron al Hospital de Florencia para que
los atendieran, el coordinador de la CCCM estuvo
ahí prestándoles toda la asesoría a los padres y articulando el apoyo con otras organizaciones, como
el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR-. El acompañamiento es una necesidad urgente La gran mayoría de las víctimas civiles por MAP y
MUSE en Colombia son campesinos de escasos recursos, con poco nivel de educación o analfabetas.
Ellos viven en las zonas rurales del país, en las regiones
alejadas de los centros urbanos de difícil acceso y que
presentan problemas de orden público como combates, retenes, paros armados e influencia de los actores
armados, entre otros. Al sufrir un accidente por una
MAP o una MUSE, los civiles, a diferencia de los militares, tienen que conseguirse los medios para llegar con
vida al primer centro de salud y luego ser remitidos a un
hospital que cuenta con un mayor nivel de atención y
que les puede ofrecer los tratamientos hospitalarios
necesarios. Por lo general, la atención que se le brinda
a una víctima civil por MAP y MUSE termina en este
punto, rompiendo la cadena de la atención entendida como integral. Cuando una víctima sale sin una remisión para un centro de rehabilitación para que continúe
con su tratamiento, se pierde la posibilidad de seguimiento, ya que la persona regresa a su municipio sin
contar con los recursos para poder volver a acceder en
el futuro a los tratamientos médicos brindados que en
su mayoría están en los centros urbanos. En efecto, la
Ley 418 de 1997 no contempla este aspecto fundamental para que las víctimas civiles puedan continuar
con su tratamiento, teniendo un acceso efectivo a la
rehabilitación física y psicológica. Esta situación se
traduce en un estado generalizado de abandono de
los sobrevivientes de accidentes por MAP y MUSE.
Los coordinadores departamentales de la CCCM
se encargan de identificar a los sobrevivientes, localizarlos y asegurarse de que tengan su documento de
identidad, su historia clínica y el certificado del alcalde que asegura su condición de víctima por MAP o
MUSE. Estos tres requisitos permiten su remisión a
un centro de rehabilitación, en coordinación con la
oficina nacional de la CCCM.
Por otro lado, la CCCM realiza un acompañamiento a las víctimas y a sus acompañantes durante el
proceso de rehabilitación, asegurándose de que sus derechos en la etapa de atención de urgencia se cumplan
y que tengan el beneficio de una atención adecuada y
de calidad. Igualmente, informa a las víctimas y a sus
familias sobre los derechos que tienen y les brinda una
orientación para efectuar los trámites de reclamación.
Es clave entender que el papel de la CCCM es acompañar a los sobrevivientes en el proceso, por esta
razón, no hace tutelas ni presenta demandas.
Toda acción frente a la problemática de las víctimas por MAP y MUSE tiene una razón de ser si es
articulada con las autoridades competentes, desde
el nivel local hasta el nivel nacional e internacional.
En ese sentido, la CCCM trabaja buscando la articulación y el compromiso de los personeros, los alcaldes, las instituciones de salud, la gobernación, los comités
de acción contra minas, la Defensoría del Pueblo,
Acción Social –mejor conocida como Red de Solidaridad Social RSS-, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar –ICBF-, el Servicio Nacional de Aprendizaje
–SENA-, etc. para que cumplan con las responsabilidades que les competen y para encaminar acciones y
dinámicas que conlleven la sostenibilidad de la atención
de las víctimas. (Remitirse al glosario al final de la publicación para mayor información sobre las entidades). La clave es el trabajo articulado Desde octubre de 2004 hasta noviembre de 2005 se
han visto beneficiadas directamente por el proyecto
de acompañamiento, realizado entre MxP y la CCCM,
105 víctimas civiles por MAP y MUSE, sin contar sus
acompañantes y familiares.
El trabajo que viene realizando desde hace cuatro
años la CCCM en Antioquia, la Corporación Paz y
Democracia,6 a través de los facilitadores municipales, permite una efectiva localización y un contacto
permanente con las víctimas de accidentes de años
anteriores y sus familiares. Muchas de las víctimas
buscan directamente al facilitador, lo cual demuestra
la importancia de un interlocutor visible a nivel municipal para el tema de las MAP y la MUSE. Cabe
anotar que otros sobrevivientes fueron contactados
a través de víctimas que se habían beneficiado del
acompañamiento que ofrece la CCCM y que conocían casos que ameritaban ayuda.
En el departamento del Cauca, el papel de la
CCCM en la ubicación de los sobrevivientes por MAP
y MUSE es fundamental. En los demás departamentos el trabajo se hace a través de la interlocución de
los coordinadores de la CCCM con los personeros,
los alcaldes, los centros de salud y las organizaciones sociales, entre otros. Es importante resaltar que
otras víctimas han sido remitidas a la Campaña Colombiana Contra Minas por organizaciones no gubernamentales como Médicos sin Fronteras o instituciones como el Hospital Universitario del Valle. La articulación con los centros de
rehabilitación y otras organizaciones La CCCM trabaja con varios centros de rehabilitación en
tres de las principales ciudades del país, estos centros
son los que hacen posible la rehabilitación de los sobrevivientes. Sin embargo, está interesada en ampliar los
convenios de trabajo con otros centros de rehabilitación
que existen en el país y contribuir con acciones específicas para el fortalecimiento de los centros de atención
regionales. Este esfuerzo se puede ver claramente en
el caso del Hospital Universitario del Valle, donde
éste contará con un departamento de rehabilitación
habilitado, gracias a la cooperación del gobierno del 6 Organización que integra la CCCM en Antioquia
Paralelo a esto, la CCCM mantiene una permanente
interlocución con el gobierno nacional, a través del
Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la
República, informándole el estado de las acciones llevadas a cabo, evidenciando las dificultades que se
presentan en lo cotidiano y presionando para que se
tomen las medidas necesarias para que se cumpla de
manera efectiva la atención integral de las víctimas. Después de su accidente, quedó en
sillas de ruedas. Su familia vive de la
caridad de las personas. Para él es
muy difícil y lo afecta bastante. Perdió
varias citas médicas en la ciudad de
Medellín por falta de pasajes, esto ha
generado que su recuperación sea
más larga, sólo desea recuperarse lo
más pronto posible y comenzar a
trabajar. Varios de sus hijos sufren de
anemia por falta de alimentación,
tiene cinco hijos menores de 13 años. Lorena Patiño (encargada del programa en Antioquia hasta el
2005), acerca de Luis Alfonso de 39 años en Antioquia. Japón –este objetivo se logró con la participación conjunta de la CCCM y el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República-. La meta para los próximos años es entonces el fortalecimiento de los centros
de rehabilitación regionales para lograr una atención a
las víctimas más cercana a sus domicilios.
Las víctimas de Antioquia y Córdoba son remitidas al Hospital San Vicente de Paúl en Medellín que, a
través del laboratorio Ortopraxis y el Comité Regional
de Rehabilitación de Antioquia, les brinda las prótesis
y les asegura la rehabilitación física. El Hospital General de Medellín y el Hospital Pablo Tobón Uribe
también atienden víctimas por MAP y MUSE. Las
víctimas del sur de Bolívar, Cesar y Santander son
remitidas, por lo general, al Hospital Universitario
de Santander y al Hogar Jesús de Nazareth en Bucaramanga. Las víctimas del Cauca, Putumayo, Meta,
Nariño y Caquetá son remitidas a Bogotá al Instituto
de Ortopedia Infantil Roosevelt y al Centro Integral de
Rehabilitación de Colombia –CIREC-, dependiendo del
grado de las lesiones sufridas y de la complejidad de
los tratamientos requeridos. El Instituto de Ortopedia
Infantil Roosevelt cuenta con un servicio de cirugías
y hospitalización, así como con un convenio con la
Fundación Oftalmológica Nacional FUNDONAL para
la realización de prótesis oculares, transplantes de
córnea y cirugías especializadas.
La CCCM también busca establecer convenios
con otras organizaciones e instituciones que apoyan
otros componentes de la atención integral, como por
ejemplo, el apoyo y el  seguimiento psicológico de la
víctima y su familia, la capacitación de los sobrevivientes y la elaboración de proyectos productivos
para la reinserción socio profesional. 
 El universo
legislativo de
las víctimas de
MAP y MUSE 21 El universo legislativo de
las víctimas de MAP y MUSE A raíz del accidente, sus oídos quedaron gravemente afectados.
«En estos momentos yo no puedo hacer nada, perdí mi equilibrio;
esto no me deja quedarme de pie por mucho tiempo… A mi lo que
me gustan son las fincas, toda mi vida la he dedicado al campo, sólo
en el campo puedo ser feliz, pero ya no puedo trabajar como antes» Francisco, 53 años, Antioquia Siempre nos imaginamos que las víctimas de minas sufren amputación de sus
miembros inferiores. Por lo general, es así, son pocas
las víctimas de estos accidentes que no sufren una
amputación de alguno de sus miembros. Sin embargo,
no podemos olvidar que las MAP y la MUSE también
dejan esquirlas en el cuerpo, amputación de miembros
superiores, lesiones internas que no se ven, pero que hay
que tratar, además de las lesiones en la piel, los ojos, la
audición y el trauma psicológico que son poco visibles y
tenidos en cuenta y que por lo general ameritan un tratamiento complejo y especializado, difícil de acceder
dentro del sistema de salud colombiano. Las heridas causadas por las MAP y la MUSE son
complejas y requieren de cuidados y tratamientos adecuados puesto que afectan varios órganos a la vez. A
causa de la explosión, todos los componentes de fabricación de estas armas se incrustan en distintas
partes del cuerpo: piernas, órganos genitales, tronco,
brazos, orejas, cara, ojos. Así que los pedazos de
plástico, metal, barro y estiércol –según relatan las
víctimas- se mezclan con los fragmentos óseos, tejidos blandos del miembro y la ropa causando la
amputación del mismo y quemaduras. La gravedad
de las heridas depende de las características de los
artefactos y del modo de activación, así como de
la edad de la víctima y su estatura. Por lo general,
se requieren unos tratamientos costosos y continuos, ya que ese tipo de lesiones marcan de por
vida a la persona que las ha sufrido.
Es necesario que todos los colombianos(as)
sepamos que las víctimas por MAP y MUSE tienen
derechos. Derechos que deben ser cumplidos. 22 ¿Cuáles son los derechos
de las víctimas civiles de MAP y MUSE según la Ley? LAS VÍCTIMAS CIVILES DE accidentes por MAP y MUSE
en Colombia pertenecen al grupo de víctimas del conflicto armado interno. El Estado colombiano ha establecido una serie de beneficios descritos en la Ley 418
de 1997 donde estipula que: «En el desarrollo del principio de solidaridad social y
dado el daño especial sufrido por las víctimas, estas
recibirán asistencia humanitaria, entendida por tal
la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que
hayan sido menoscabados por los actos enunciados
en el artículo 15.» A continuación presentamos de manera clara y resumida los diferentes derechos que tienen las víctimas
de MAP y MUSE según la ley colombiana. A. ASISTENCIA EN MATERIA DE SALUD. Las víctimas por MAP y MUSE tienen derecho,
ante todo, a una asistencia en materia de salud.
Entendida como la atención médica, quirúrgica y
hospitalaria gratuita e inmediata, es decir, que las
instituciones hospitalarias públicas y privadas
del país que presten servicios de salud tienen la
obligación de atender de manera inmediata y oportuna a las víctimas que lo requieran, sin evaluar su capacidad económica y sin exigir una
condición previa para su admisión.
Cuando una institución médica no tiene la capacidad ni los medios necesarios para atender a las
víctimas por MAP y MUSE de manera adecuada y
oportuna, deben remitir al paciente a un hospital
de mayor nivel que tenga los medios suficientes para
garantizar la prestación de un servicio adecuado.
Las víctimas tienen derecho a recibir de manera gratuita los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria que consisten en la
hospitalización, el material médico-quirúrgico de
osteosíntesis y órtesis, conforme con los criterios
técnicos que fije el Ministerio de Protección Social. También están incluidos los medicamentos,
los honorarios médicos y los servicios de apoyo
como los bancos de sangre, los laboratorios, las
imágenes diagnósticas, el transporte, los servicios de rehabilitación física por el tiempo que sea
necesario y los servicios de rehabilitación mental
conforme a los criterios técnicos fijados por el
Ministerio de la Protección Social.
El reconocimiento y pago de estos servicios
médicos, quirúrgicos, hospitalarios y de rehabilitación física y mental se hacen por conducto
del Ministerio de la Protección Social con cargo
a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema de Seguridad Social en Salud
–FOSYGA-11. No tiene un costo límite. 7 Artículo 15. de la Ley 418 de 1997 en su título II: Atención a las víctimas de hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto
armado interno: «toda persona de la población civil que sufre perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes,
por razón del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros, es considerada
como víctima del conflicto armado interno»
Las víctimas de MAP/MUSE y sus familias pueden beneficiarse de las asistencias humanitarias brindadas por Acción Social –conocida
como la Red de Solidaridad Social-, la Red es
una entidad pública nacional que tiene como
mandato prestar asistencia humanitaria a las
víctimas del conflicto armado interno, siempre
y cuando la solicitud por parte de la víctima de
MAP/MUSE o de su familia sea realizada dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.
Acción Social reconoce una asistencia humanitaria por incapacidad permanente (según
el grado de incapacidad) y por muerte de
un valor máximo de 42.29 salarios mínimos
mensuales legales vigentes. También contempla una ayuda humanitaria de emergencia
y por heridas leves sin incapacidad de un valor
máximo de dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes. C. ASISTENCIA EDUCATIVA Los menores de edad víctimas de MAP/MUSE
tienen derecho al cupo y a estudiar sin pago de
matrícula y pensiones en las instituciones públicas de primaria y secundaria, y algunas veces en instituciones privadas, si éstas así lo
conciertan con el gobierno. Acción Social certifica a los directores de las instituciones educativas
para que los niños y niñas víctimas de MAP y
MUSE sean eximidos del pago de matrícula y
pensiones únicamente durante un año. Los sobrevivientes de MAP /MUSE pueden acceder a créditos solidarios para financiar la reposición, reparación de vehículos, maquinaria, equipo, equipamiento, muebles, enseres, capital de
trabajo e inmuebles destinados a locales comerciales. Cualquier entidad financiera está obligada a
tramitar el crédito. Acción Social emite una certificación respaldando el crédito si el sobreviviente no
tiene las garantías suficientes. E. PROTECCIÓN PARA LOS NIÑOS
Y NIÑAS VÍCTIMAS DE MAP Y MUSE El ICBF tiene la obligación de brindar protección
a los menores que han sufrido un accidente por
MAP o MUSE, siendo éstos víctimas del conflicto
armado y de la violencia política mediante las diferentes formas de atención existentes: colocación
familiar temporal, hogar transitorio durante 30 días,
protección en centros especializados para la niñez
vinculada al conflicto armado, seminternado (8 horas al día), externado (4 horas al día) y por último
a través de la gestión contratada con apoyo psicológico y orientación familiar (12 encuentros al mes). ...El hermanito le dijo a Verónica que
corrieran rápido para la casa. Ella le
respondió: «Hermanito, no puedo porque se me quedó el piecito...». Perdió
su pierna derecha abajo de la rodilla. Verónica, 11 años, Antioquia El SENA es la entidad pública de cobertura nacional encargada de capacitar en una especialidad
técnica a los colombianos(as) para facilitar su vinculación laboral. En ese orden de ideas, los sobrevivientes de MAP y MUSE pueden acceder a las
capacitaciones y a los centros de información para
el empleo, ubicados en todo el territorio nacional. G. SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Los sobrevivientes de MAP y MUSE y sus familias
pueden acceder a los subsidios de vivienda de interés social prestados por el Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al ser
parte de la población más vulnerable de este país. H. PENSIÓN MÍNIMA LEGAL VIGENTE Los sobrevivientes de MAP y MUSE que sufrieron
una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral
tienen derecho a una pensión mínima legal vigente
cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional. I. INDEMNIZACIONES FIDUFOSYGA reconoce dos tipos de indemnización: 1) por incapacidad permanente (en función
del porcentaje de incapacidad establecido por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez) de un
valor máximo de 180 salarios mínimos diarios
legales vigentes y, 2) por muerte de un valor
máximo de 600 salarios mínimos diarios legales
vigentes. La solicitud debe ser realizada dentro de
los 6 meses siguientes a la ocurrencia del hecho. El FOSYGA también reconoce un subsidio de
transporte para el traslado a un centro de atención en salud hasta por 10 salarios mínimos
diarios legales vigentes. Puede ser cobrado por
la institución de salud o por la persona particular
que prestó el servicio. Cuando la persona muere
se le reconoce a la familia el costo que implica el
funeral de la víctima hasta por 150 salarios
mínimos diarios legales vigentes. Para tener una
imagen clara de los derechos mencionados, recomendamos al lector referirse a los cuadros
gráficos al final de la publicación. Para concluir, es importante aclarar, que el universo
legislativo que cobija a las víctimas de MAP y MUSE,
es claro y abarca varios aspectos, sin embargo, estos
derechos no se cumplen en su mayoría. Ya que las
condiciones para acceder a ellos no son fáciles para
los sobrevivientes. Por ejemplo, la reclamación de las
ayudas humanitarias que proporciona la Red de Solidaridad Social y las indemnizaciones otorgadas por el
FOSYGA constituyen un derecho fundamental de las
víctimas civiles; no obstante, la falta de conocimiento
por parte de las víctimas y la falta de información de
muchas autoridades locales, regionales y de las instituciones de salud a diferentes niveles, llevan a que ese
derecho no sea ejercido plenamente y prescriba. 
La esposa de Manuel  lo abandonó después de su accidente, él no se
atreve a llamarla porque sabe que se encuentra pasando
muchas necesidades con su hija.  Si él confirma esto, se podría poner más mal por saber que tampoco le puede ayudar. Manuel, 42 años, Montería Haciendo visible lo cotidiano
PARA LAS PERSONAS QUE CONOCEN la problemática y que trabajan este componente de la atención de las
víctimas por MAP y MUSE en Colombia, lo que viene
a continuación no constituye una gran novedad. Sin
embargo, resalta elementos que durante el ejercicio
cotidiano del acompañamiento a la atención de las
víctimas han sido vividos y comprobados por los
coordinadores de la CCCM y por los mismos sobrevivientes. Además, se presentan algunos casos emblemáticos que revelan la dimensión del problema y de
las violaciones a su derecho de recibir una atención
integral. Los casos presentados a continuación son
representativos y simbólicos, pero no constituyen la
totalidad de los testimonios y relatos que conoce
MxP y la CCCM a raíz del ejercicio del acompañamiento a los sobrevivientes. NO SE EFECTÚAN LAS REMISIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ATENCIÓN POST-HOSPITALARIA. La atención de emergencia para las víctimas civiles de accidentes por MAP o MUSE está cubierta
en gran parte por las instituciones de salud. No
obstante, las remisiones a los centros de salud
especializados para la parte post-hospitalaria no
son efectuadas de manera automática, ni de
acuerdo a las responsabilidades establecidas por
la Ley 418 de 1997, lo que se traduce en que
las víctimas de MAP y MUSE no tienen acceso a
una rehabilitación entendida como integral. MUCHOS FUNCIONARIOS DE LAS
INSTITUCIONES DE SALUD DESCONOCEN
LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS POR MAP
Y MUSE Y SUS RESPONSABILIDADES. A pesar de todo el trabajo de sensibilización,
información y capacitación, todavía muchos
centros e instituciones de salud le cobran a las
víctimas la atención médica y/o algunos servicios, por ejemplo, los exámenes médicos, las
radiografías, los exámenes de audiometría, o
les exigen el pago de algunos elementos indispensables como la gasa, las muletas, las vendas,
los anti-inflamatorios y los antibióticos, entre
otros, lo que está por fuera del presupuesto para
las familias de las víctimas, que tienen muy poca
capacidad económica. Caso de Delfa Eliana, 12 años, Tolima El accidente de Martha ocurrió el 20 de noviembre del 2004 a las tres de la tarde en el cerro MorroAzul, vereda Violeta, del municipio de Alvarado, Tolima. Según cuenta Juan Carlos de 17 años «Mi mamá se fue a traer una yegua que estaba en el camino, había una rama en la mitá, ella la recogió, y activó una mina antipersonal.» Murió instantáneamente. Su hija de trece años, Delfa Eliana resultó herida con esquirlas en todo su cuerpo. La niña fue llevada al puesto de salud del barrio deberían hacerlo. Persiste la dificultad para las
víctimas y sus familias el desplazarse hasta el
centro de salud donde le hacen esas curaciones,
por la difícil situación económica para cubrir el
transporte diario, ida y vuelta y el alojamiento en
una ciudad ajena a su residencia. La CCCM quiere señalar la deficiencia de hogares de paso en
las ciudades para la estadía de las víctimas y sus
familiares durante sus curaciones, lo que dificulta el
proceso de atención y se convierte en toda una carrera de rebusque y sobrevivencia para las familias. de El Salado. El médico le limpió las heridas, pero «Dure seis días en el hospital, cuando me dieron nunca fue remitida al Hospital de Ibagué Federico salida me quedé en Popayán. Un señor venía a hacer- Lleras, porque según cuenta su abuela, Herminda me curaciones diarias durante 3 meses, el cobraba «no era importante». Además, relata que la enfer- poquito, le daba lo que me alcanzaba, en total, por mera les dijo que no se podían quedar mucho tiempo ahí, unos $40.000 pesos». en el centro de salud porque les iba a salir demasia- do costoso. Tuvieron que cancelar $20.000 pesos por la atención recibida en el centro. Mientras se encontraba en Ibagué, en la casa de un familiar, a la niña le sacaron con agujas pedacitos de vidrio, metal, hierro, piedritas y alambres de todo el cuerpo. Aún tiene esquirlas que le duelen y que le molestan. Sin embargo, no había sido atendida por el Hospital Federico Lleras porque le cobraban $14.000 por la consulta y les exigían numerosos exámenes y radiografías. Con la carta del personero del municipio de Alvarado, lograron ser atendidos y que no le cobra- ran la radiografía. La Gobernación del Tolima tiene conocimiento de este caso. LAS CURACIONES POST-HOSPITALARIAS
SON OBVIADAS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL Se presentan dificultades con las curaciones
necesarias para el tratamiento post-hospitalario:
la mayoría de las víctimas son dadas de alta
por los hospitales, aún cuando requieren de curaciones diarias. Esas curaciones se las cobran y no Marco Tulio, 73 años, Cauca AUSENCIA TOTAL DE APOYO PSICOSOCIAL
PARA LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS El apoyo psicosocial es totalmente inexistente
para las víctimas y sus familias en las diferentes
etapas de la atención integral. Los hospitales no
efectúan las remisiones a los psicólogos y queda
olvidado ese aspecto fundamental de la rehabilitación integral. Muchos hospitales ni siquiera
cuentan con un servicio de psicología de planta,
lo que nos lleva a preguntarnos ¿A quién podemos
acudir frente a esas situaciones? IMPOSIBILIDAD DE ASISTIR
A LAS VISITAS DE CONTROL MÉDICO Las cirugías y los tratamientos médicos para las
víctimas por MAP y MUSE requieren de múltiples citas médicas con especialistas, visitas de
control que implican para las víctimas y sus
familias varios desplazamientos a los centros
urbanos. Al no tener los recursos, las víctimas y
sus familias se ven obligadas a dejar pasar las citas médicas e incluso a seguir durante años
con clavos y movilizadores externos que tenían
que haber sido retirados. Caso de Carlos Arturo, 17 años, Nariño Carlos Arturo es un menor que a los 14 años de edad sufrió graves heridas en su cuerpo causadas por la explosión de una granada abandonada, después de la toma del municipio de Colón, departamento de Nariño. El hecho ocurrió el 7 de septiembre de 2002 en la vereda David Bajo, municipio de Colón, departamen- MEDICAMENTOS RECETADOS A LAS
VÍCTIMAS QUE NO SON CUBIERTOS POR
EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD -POS18- Muchos medicamentos formulados para el tratamiento de las víctimas de MAP y MUSE no son
cubiertos por el POS, al igual que las muletas y las
vendas necesarias para su rehabilitación. Por consiguiente, las víctimas y sus familias deben endeudarse para conseguirlas o simplemente renunciar a
este derecho, si no se realizan acciones de tutela. to de Nariño, donde un menor de 16 años perdió la Caso de Juan Carlos, 12 años, Antioquia vida y Carlos Arturo resultó con graves lesiones en el Juan Carlos fue víctima de un accidente por una mu- abdomen (hígado, intestino delgado, colon) y una nición sin explotar (una granada) en el municipio de herida abierta en el cráneo. San Carlos Antioquia, el día 29 de junio del 2000. Desde esa fecha, ha tenido varias intervenciones En ese accidente murieron dos de sus hermanos de quirúrgicas. Después de tres años el joven seguía 8 y 6 años. Juan Carlos perdió el ojo izquierdo, tuvo postrado en una cama en su casa, porque tenía las lesiones abdominales y semi-amputación de la mano heridas del abdomen y el cráneo abiertas. En las derecha. Cuando la CCCM conoció el caso en el 2001 operaciones le pusieron una especie de «malla» en ya le habían practicado 19 cirugías. el abdomen y no podía moverse. El problema de Juan Carlos, además de la nece- El padre tuvo que vender sus pertenencias para sidad del cambio de prótesis ocular del ojo izquierdo, cubrir los gastos, porque siempre han tenido que pa- es que en su ojo derecho presenta un «Glaucoma gar los gastos de la droga que según los hospitales no traumático por explosión, ojo único en malas condi- son reconocidas por el FOSYGA, como también el ciones, pero con nervio óptico viable». El tratamien- copago, los gastos de transporte, de estadía y demás. to recetado para salvar su visión, ya que la opción Por esta razón Carlos Arturo no pudo volver nunca quirúrgica es muy complicada, tiene un valor de más a Pasto para sus citas médicas de control. $500.000 pesos mensual (250 USD) que la familia La coordinadora de la CCCM en Nariño realizó no está en condiciones de pagar, ya que fue despla- una gestión para que se retomara su caso y él está zada de San Carlos y está sobreviviendo en Medellín siendo atendido en el Instituto Roosevelt en Bogotá. en condiciones muy difíciles. El hospital que lo atendía «Mi sueño es sólo tener una casa propia para no seguir siendo
errantes y desplazados  como hasta el momento». Luz Adriana, 24 años, Antioquia 18 Para mayor información remítase al glosario que se encuentra al final de la publicación. 30 definió no costearle más la droga al niño y por lo tanto, de inmediato por la Fundación Oftalmológica Nacio- no se le ha podido hacer el tratamiento indicado y nal, a través del convenio que tiene establecido con corre el riesgo de quedarse ciego. La CCCM adelan- el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Le pres- tó unas acciones para conseguir los medicamentos cribieron un tratamiento oftalmológico para curar la requeridos ante los laboratorios privados, mientras infección que tenía en el ojo a raíz del tiempo que sale la demanda que presentaron. Hoy el CICR está llevaba con esa esquirla. También le realizaron una atendiendo el caso. COMPLEJIDAD DE LAS LESIONES DE LA PARTE
OFTALMOLÓGICA, OTORRINOLARINGOLÓGICA. No se le presta la suficiente atención a las
lesiones de la parte oftalmológica, ni otorrinolaringológica, ni a los que requieren de cirugía reconstructiva (considerada como cirugía
plástica o sea estética). Existe una mayor dificultad para las víctimas de MAP y MUSE que
presentan este tipo de lesiones para acceder a
un tratamiento adecuado y cualificado dentro
del sistema de salud colombiano. Caso de Gloria Nancy, 15 años, Antioquia El caso de Gloria Nancy nos muestra una realidad dramática, una joven de quince años que fue víctima de una mina antipersonal en el municipio de Argelia en Antioquia el 10 de mayo de 2005, quien después de dos meses del accidente seguía con una esquirla en su ojo, que le estaba afectando seriamente la visión, y ninguna entidad de salud de la ciudad de Medellín le prestó el servicio oftalmológico, ni una solución concreta y rápida. Las palabras del médico de Gloria Nancy en Medellín fueron «no vale la pena botar el dinero en una cirugía, ya que con seguridad perderá el ojo». Gilma, la mamá de Gloria, aseguró que «ningún hospital asumiría el costo de la cirugía porque era demasiado costosa y las posibilidades de salvarle el ojo eran muy pocas.» Por esta razón, Glo- ria Nancy y su madre fueron trasladadas a la ciudad de Bogotá dentro del proyecto de acompañamiento a las víctimas de MxP y la CCCM y fueron atendidas cirugía donde se la extrajeron por fin de su ojo. Adicio- nal a la ayuda médica que recibió para las lesiones en sus ojos, Gloria Nancy fue evaluada por un otorrino por las lesiones que sufrió en sus oídos. El oído derecho se encuentra gravemente afectado y según los médicos, no tiene arreglo. Escucha muy poco. El tímpano del oído izquierdo fue reventado y no puede ser reconstruido. Gloria Nancy tiene que regresar a Bogotá en unos cuatro meses para terminar su tra- tamiento oftalmológico y de cirugía plástica. Aún le hace falta mucho. CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADURAS La cirugía plástica en Colombia está considerada
como un lujo y no se encuentra cubierta por el
POS, por esta razón la tienen que cubrir las víctimas. El POS tampoco cubre los medicamentos
necesarios para recuperar la piel de las quemaduras. Así que, la señora Nerma que a raíz del
accidente perdió un seno no puede operarse porque se considera como una cirugía estética, igualmente tampoco cubre el caso del niño Jesús
Rubian a quien la explosión de una MUSE le dejo
la cara y el cuello quemados; para completar la
complejidad de su lesión, estuvo a punto de perder
el ojo, porque en el Hospital de Pasto se demoraban en quitarle la esquirla que tenía. LOS AMPUTADOS SÓLO
TIENEN CUBIERTA UNA PRÓTESIS La situación de las víctimas de MAP y MUSE
amputadas es preocupante y dramática y requiere
de soluciones de orden político y de salud pública. Las personas amputadas requieren de varias
prótesis y de cirugías de remodelación de su muñón por el resto de su vida. Los menores de edad
víctimas de MAP y MUSE tampoco tienen un
tratamiento especial al no tener cubiertas sus
prótesis, hay que tener en cuenta que en promedio deben cambiar de prótesis cada seis meses.
Así que el problema es grande. Es indispensable
darle una solución concreta, ya que cada día está
aumentando el número de víctimas y si la tendencia continúa al alza este será un problema de
salud pública en unos años. ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LAS
PRÓTESIS ENTREGADAS A LAS VÍCTIMAS En Colombia las prótesis son fabricadas por los
centros de rehabilitación y otras instituciones,
el problema es que no parecen estar sujetas a
estándares de calidad en su proceso de fabricación. Esta falta de regulación legal puede llegar
a afectar a las víctimas directamente en su proceso de rehabilitación. Caso de Manuel, 42 años, Montería En el mes de febrero de 2005 Manuel se comunicó con la Corporación Paz y Democracia, coordinador de la CCCM en Antioquia, porque su prótesis le molestaba mucho y la rodilla le dolía cada vez que caminaba. Fue remitido a la ciudad de Medellín para tener una consulta en el Hospital General donde tenía su historia clínica. Ninguno de los ortopedistas y fisiatras sabía qué hacer, qué procedimiento seguir para la remodela- ción o cambio de su prótesis. Fueron remitidos ante el fisiatra que había ordenado su prótesis y que era a la vez, dueño del laboratorio de prótesis. Él aseguró que la prótesis no estaba al revés sino que fue diseñada así para una mejor movilidad. Sin embargo, la reali- dad era otra y finalmente otro fisiatra encontró que la prótesis estaba mal elaborada, era del pie con- trario y le estaba afectando su rodilla, desviándosela. Le recomendó mientras cambiaban la prótesis man- tenerse muy quieto, de lo contrario tendrían que amputar un poco más su pie. Hoy Manuel tiene una nueva prótesis, pero como los demás, no tiene garan- tizadas las siguientes. FIDUFOSYGA : UN VERDADERO CUELLO DE BOTELLA Existe una urgencia en encontrar mecanismos para
resolver el principal nudo para la atención a las
víctimas: el cobro de las instituciones de salud y/
o de rehabilitación que le hacen a Fidufosyga. Este
constituye un verdadero cuello de botella que amenaza toda acción para la atención de las víctimas
civiles en el futuro, ya que muchos hospitales y
centros de rehabilitación se encuentran en una
situación financiera frágil, porque Fidufosyga no
les ha reconocido aún los gastos incurridos por la
atención de muchas víctimas de MAP y MUSE.
Por esta razón, las instituciones prefieren trabajar
con Empresas Prestadoras de Salud –EPS- o con
particulares y no con víctimas de MAP y MUSE
que tiene sus tratamientos médicos y de rehabilitación con cargo al Estado. LAS VÍCTIMAS DE MAP Y MUSE: POBLACIÓN
VULNERABLE PARA INCLUIR DENTRO DEL SISBEN19 Las víctimas de MAP y MUSE son personas que
sufrieron un accidente por un arma indiscriminada, cuyo uso está condenado y prohibido a
nivel internacional. Son altamente vulnerables,
de escasos recursos y domiciliadas en las zonas
rurales más alejadas. Además, muchas de ellas 
LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LAS víctimas de MAP y MUSE para su rehabilitación integral no van desconectados de la capacidad que tiene el Estado en
materia de salud, educación y reinserción laboral.
Al contrario, se enmarcan dentro de las políticas
públicas que se llevan a cabo en estas áreas. Es
igualmente claro que la situación económica del país,
su nivel de desarrollo y la crisis humanitaria actual
constituyen obstáculos mayores para una atención
integral de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, estos argumentos no pueden seguir constituyendo excusas que justifican la pasividad del Estado
colombiano frente a esa problemática y frente a sus
víctimas del conflicto.
En efecto, el gobierno tiene la capacidad de
tomar decisiones políticas en términos de acción y
de ubicación de sus recursos, dando si quisiera una
respuesta rápida y adecuada a las necesidades de
las víctimas por MAP y MUSE y haciendo efectivos
sus derechos. La sociedad colombiana tiene de igual
manera un papel que cumplir, solidarizándose con
ellas y generando dinámicas sociales duraderas que
busquen un mayor compromiso nacional y los cambios legales necesarios para garantizar una rehabilitación real y de por vida de las víctimas.
Por su parte, la comunidad internacional también
puede contribuir a través de un apoyo más consecuente
en materia de asistencia integral a las víctimas civiles
en sus diferentes componentes.
Estas son algunas propuestas para orientar la
acción en la asistencia integral de las víctimas de
MAP y MUSE: 33 presentan alguna discapacidad y requieren de tratamientos médicos de por vida. Por estas razones,
y teniendo en cuenta los criterios para acceder a la
encuesta del SISBEN, estas personas cumplen los
criterios para ser priorizadas dentro del sistema de
salud subsidiado. Es primordial, entonces, iniciar
una labor conjunta para incluir de manera privilegiada a las personas víctimas de MAP y MUSE
dentro de las políticas de salud del gobierno. AUSENCIA DE APOYO LEGAL
PARA INICIAR ACCIONES LEGALES Como los derechos son vulnerados y la ley prescribe es indispensable comenzar a ejecutar acciones
legales (demandas, tutelas) para la reparación de
los perjuicios causados y de la violación de los
derechos de las víctimas. Por obvias razones, las
víctimas no pueden costear un abogado que lleve
acabo estas acciones y se requieren profesionales para que lleven a cabo estos largos procesos.
¿Cómo se está preparando el Estado colombiano para enfrentar estas situaciones, si los sobrevivientes requieren de cuidados médicos durante toda su vida, y el número crece cada día?
Existen numerosas dificultades para localizar a
las víctimas de MAP y MUSE y sobre todo para
recoger información precisa y actualizada acerca
de sus condiciones de vida reales. En efecto, la
información que se tiene es atomizada y parcial,
lo cual no permite hacer visible toda la dimensión
de este flagelo y diseñar acciones encaminadas
a remediar este problema en todos sus componentes. Por consiguiente, es un aspecto que
merece ser reforzado a través de la generación de
canales y redes de comunicación desde lo local
hasta lo nacional. Por ejemplo, la gran mayoría
de las estructuras médicas no especifica en sus
archivos el origen de las heridas de sus pacientes
y por ende, no transmite a las autoridades competentes la ocurrencia de accidentes por MAP o
MUSE. Una de las soluciones, que ha funcionado
en algunos departamentos como en Antioquia, es
la de capacitar facilitadores municipales. Ellos
propician un flujo de información constante y
veraz, así como una interlocución permanente
con los municipios y las regiones. 
Los recursos humanos, técnicos y financieros, en
la actualidad, no permiten una atención médica
de las víctimas por MAP y MUSE en las mejores
condiciones. Por esto, el personal médico demanda una capacitación específica para atender las
lesiones causadas por estos artefactos, así como
la dotación de recursos adecuados para los centros
hospitalarios. Por otra parte, las actividades de
capacitación pueden ir dirigidas a las comunidades
en materia de primeros auxilios y normas que se
deben respetar para prestar asistencia a un herido
en un campo minado, sin correr riesgos. Los comités municipales en materia de derechos humanos, o comités de MAP y MUSE juegan un rol preponderante, siendo los encargados de poner
en marcha todo un plan local de urgencia y de
evacuación de los heridos hacia los centros de
salud más cercanos. 
Es urgente concientizar a las personas de la necesidad de una asistencia psicológica, tanto para
la persona que sufrió el accidente directamente
como para su familia y su comunidad. Esto está
totalmente ausente en la práctica de la atención
integral, es necesario promover las herramientas y
los mecanismos para la asistencia psicosocial de
las víctimas de MAP y MUSE basada en la comunidad puesto, que este proceso de atención debe ser
continuo y debe involucrar el entorno de las víctimas. 
Muchos de los procesos de atención a las víctimas
de MAP y MUSE no cuentan con procedimientos
especializados para los menores de edad. Es importante darle un enfoque prioritario a las políticas
del gobierno, teniendo en cuenta las necesidades
de esta población vulnerable y que requiere de un
cuidado específico durante toda su vida. 
Como se dijo anteriormente, las víctimas por MAP
o MUSE no están recibiendo la atención integral
a la cual tienen derecho, por falta de articulación
entre el sistema de salud, las autoridades locales
y las entidades que intervienen en este proceso.
Tampoco tienen los medios para llegar hasta los
centros de rehabilitación, ni mantenerse en la ciudad durante todo el tiempo que dura el tratamiento.
Por esta razón, es indispensable continuar con el
acompañamiento, presionando a las autoridades
gubernamentales para que vuelvan sostenible
esta dinámica, así como fortalecer las redes de
apoyo de voluntarios que brindan un acompañamiento continuo a este proceso. Además, es
necesario capacitar y fortalecer el personal de
las diferentes instituciones involucradas en el proceso de atención, no solamente acerca de sus responsabilidades, derechos y obligaciones frente a
esta problemática sino también frente a nuevos
procedimientos, tecnologías y avances. FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE REHABILITACIÓN Y HOGARES DE PASO REGIONALES. Los centros de rehabilitación que se encuentran
en el país trabajando con las víctimas de MAP
y MUSE requieren de un apoyo constante para
poder continuar con sus actividades y para mejorar la calidad y la integralidad de la atención brindada mediante capacitaciones, recurso humano,
recursos técnicos y maquinaria, entre otros. Según
un estudio realizado en el 2003 por la Fundación
Saldarriaga Concha,20 sólo el 1.5% de las instituciones cuenta con especialistas en órtesis y
un 1.2% en prótesis. Una cuarta parte de las
instituciones ofrece servicios de rehabilitación
vocacional y el 25% de estas instituciones cuenta
con médicos especialistas en rehabilitación. Es
necesario difundir una dinámica de actividades
en recreación y deporte para las víctimas, teniendo
en cuenta su situación de discapacidad, integrando
las políticas públicas de discapacidad. Por otra
parte, existe una deficiencia en todo el país de
hogares de paso que puedan brindar el alojamiento y la alimentación a los sobrevivientes y sus familias durante el tiempo que dure la atención posthospitalaria y la rehabilitación física y psicológica. INCENTIVAR  PROYECTOS PRODUCTIVOS
Y DE REINSERCIÓN LABORAL. El proceso de rehabilitación integral no puede
continuar ignorando el aspecto de la reinserción
profesional, elemento indispensable para la recuperación completa del individuo. La acción
de la lucha contra las minas debe integrar este
elemento a través de la puesta en marcha de
proyectos productivos locales que puedan constituir verdaderas alternativas económicas y mejorar
la situación de pobreza de estas víctimas. Así que
es indispensable el apoyo para la capacitación
de actividades productivas y para favorecer la
comercialización de los productos fabricados
por estas comunidades. Para esto es importante tener en cuenta, el perfil de las personas, sus
aspiraciones personales, el contexto regional,
socio económico y político en el que viven. PROPICIAR UN CAMBIO DE LA LEY COLOMBIANA
PARA CORREGIR LAS CARENCIAS EXISTENTES Toda acción concreta para intentar cambiar las
condiciones de vida de los sobrevivientes de MAP
y MUSE en Colombia tiene un impacto relativo,
tanto en el tiempo como en la población beneficiada. Por esta razón, es obligatorio que se realicen
acciones que busquen una modificación de las
leyes existentes, de manera que se suplan todas
las carencias que se presentan. No es suficiente
con pagarle una vez la prótesis a un niño, o darle
los recursos para que un sobreviviente pueda
permanecer en el centro de rehabilitación. Si no
se toman las decisiones pertinentes que puedan 20 Resumen del estudio nacional de necesidades, oferta y demanda de servicios de rehabilitación, Fundación Saldarriaga Concha, Colombia 2003. 35 MEJORAR LA ARTICULACIÓN ENTRE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDAD Y DE LAS MAP Y LA MUSE. A pesar de que están vinculadas en el papel y de
que están en cabeza de una misma institución en
Colombia, las políticas públicas frente a las MAP
y las MUSE y la discapacidad no están articuladas
en la práctica y aún no han presentado avances
considerables para la atención de esta población
vulnerable. A pesar de la existencia de políticas
públicas, tanto en materia de la discapacidad como
en el tema de las minas, las condiciones de vida
de las víctimas siguen siendo dramáticas. «Mi sueño es graduarme como
bachiller (ya falta poco). Además
he aprendido algo que nunca
imaginé… soy un artista, aprendí a
pintar cuadros y me encanta pintar
caballos, son símbolos de fuerza y
libertad, ya he vendido algunos y
espero poder algún día montar
una galería. Hoy veo mi vida de
otra de manera, menos difícil  con
mas esperanzas de salir adelante» Javier, 31 años, Sur de Bolívar cambiar sustancialmente las condiciones de los
sobrevivientes, éstos siempre tendrán dificultades
para acceder a sus derechos. Es urgente abolir la
prescripción de los derechos de las víctimas de MAP
y MUSE y darle respuesta a los que quedaron por
fuera de este plazo, así como incluir en el POS los
tratamientos que no cubre éste y que son necesarios para la atención de los sobrevivientes. PROMOVER LA CREACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO
DE GRUPOS DE VÍCTIMAS ORGANIZADOS O DE
ASOCIACIONES PARA QUE SE CONVIERTAN EN
LOS VERDADEROS PORTAVOCES DE LOS DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS. La acción a favor de las víctimas de MAP y MUSE
debe tender al fortalecimiento, al empoderamiento
directo de ellas, ya que deben convertirse en los
líderes y portavoces de sus derechos, apropiándose de esta lucha. Para esto, es indispensable
integrar a los sobrevivientes y a sus familias a
los espacios de debate y toma de decisiones sobre
las políticas públicas relativas al tema de las MAP
y MUSE y a los programas de acción en el nivel
local, regional, nacional e internacional.
LA CCCM A TRAVÉS DEL acompañamiento ha percibido la dramática situación que
viven las víctimas civiles de minas antipersonal y munición sin explotar en el país.
Tanto en los problemas que tienen para acceder a la salud, como frente a las dificultades, generadas a raíz del accidente, para reintegrarse a sus actividades cotidianas. Así
mismo, evidenciamos las dificultades que existen para que estas personas puedan
acceder a sus derechos de manera oportuna e integral.
La atención integral a las víctimas constituye unos de los pilares de acción de la
CCCM.  Somos conscientes que todas las acciones en relación con las víctimas por las
MAP y las MUSE deben ser articuladas con las autoridades competentes desde el nivel
local, regional y nacional, puesto que se trata de construir sostenibilidad y durabilidad
de la acción emprendida.
Esta publicación, Una  tarea que no da tregua, es sólo una pequeña muestra de la
realidad de las víctimas de MAP y MUSE en Colombia que hemos percibido a través del
trabajo realizado. Pretende ser una herramienta más de reflexión constructiva, donde a
partir del planteamiento de los problemas se tomen las medidas necesarias para que la
atención de las víctimas sea realmente integral. También, que estos sean insumos que
puedan facilitar la toma de decisiones políticas respectivas en la atención integral de
las víctimas de MAP y MUSE y que sea una invitación para que otras organizaciones y
gobiernos se vinculen al trabajo emprendido por la CCCM para lograr una Colombia sin
minas.
El Artículo 6 de la Convención de Ottawa estipula que «cada Estado Parte que
esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas y su reintegración social y económica», el Estado colombiano no puede olvidar que tiene una obligación internacional y una responsabilidad
con sus ciudadanos, por esta razón, debe actuar en consecuencia y como Estado,
adjudicando los recursos necesarios para atender esta problemática. Estamos seguros
que llenar estos vacíos, ayudará a recuperar la dignidad de las víctimas.
La acción humanitaria contra minas en Colombia se impone cada vez más como
un imperativo que no puede ser más postergado para el futuro del país. Las minas
antipersonal y las municiones sin explotar no dan tregua.