| Con esta finalidad, el mecanismo ha priorizado las |
| siguientes violaciones cometidas en contra de las |
| personas menores de 18 años y las ha definido |
| como categorías de análisis: 1. Asesinato y mutilación. |
| 2. Reclutamiento y utilización como soldados. |
| 3. Violación y sometimiento a otros actos graves |
| de violencia sexual. |
| 4. Secuestro. |
| 5. Ataques contra escuelas y hospitales. |
| 6. Denegación de acceso a la asistencia humanitaria. |
| 7. Desplazamiento (esta última incorporada para |
| Colombia por sus características particulares, |
| con base en el informe de la Representante |
| Especial de 2007 y la identificación del Auto |
| 251 de la Corte Constitucional en cuanto a la |
| relación existente entre desplazamiento y reclutamiento). En uno de sus apartes, la RSC. 1612 también le |
| pide al Secretario General: (…) que ponga en marcha sin demora el |
| mecanismo de supervisión y presentación de |
| informes que antecede y, en primer lugar, lo haga aplicable, dentro del marco de los recursos |
| existentes y en estrecha consulta con los países |
| a que concierna, a las partes en las situaciones |
| de conflicto armado enumeradas en los anexos |
| del informe del Secretario General (S/2005/72) |
| y que se hallan sometidas a la consideración |
| del Consejo de Seguridad y luego, en estrecha |
| consulta con los países a que concierna, a las |
| partes en otras situaciones de conflicto armado enumeradas en los anexos del informe del |
| Secretario General (S/2005/72), teniendo presentes los debates del Consejo y las opiniones expresadas por los Estados Miembros, en |
| particular en el debate anual sobre los niños y |
| los conflictos armados, y teniendo también en |
| cuenta las conclusiones y recomendaciones de |
| un estudio independiente sobre la aplicación del |
| mecanismo que se comunicarán al Consejo para |
| el 31 de julio de 2006. Para tales efectos, en los países pertenecientes |
| a la lista de la Resolución y en aquellos que, como Colombia, lo aceptaron de manera voluntaria |
| (diciembre de 2008), se ha establecido el MRM.2 |
| Este mecanismo funciona a través de la articulación de diversas agencias de las Naciones Unidas |
| coordinadas por Unicef y, en el caso colombiano, con |
| la participación de organizaciones de la sociedad |
| civil y la Defensoría del Pueblo en representación |
| del Estado. En equipo, se trabajan notas bimestrales e informes anuales sobre la situación, permitiendo así la elaboración de los distintos informes |
| del Secretario General relativos a la participación |
| de los niños y las niñas en los conflictos armados |
| y particularmente, en Colombia.3 2 3 A partir de 2009 el Consejo de Seguridad definió que la lista de partes a considerar para el caso colombiano solo incluye a las |
| guerrillas de las FARC y del ELN. Aún así, se hace seguimiento al accionar de los demás grupos armados en el país aunque |
| no estén listados. Este es el caso de las Fuerzas Armadas de Colombia y otros grupos como Los Paisas, Los Urabeños, el |
| Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac) y Las Águilas Negras (los cuales han sido catalogados por |
| el Gobierno como bandas criminales o “Bacrim”). |
| A la fecha de publicación del presente informe, el Secretario General de las Naciones Unidas había publicado dos informes |
| sobre Colombia: el primero en agosto de 2009 y el segundo en marzo de 2012. 15 Con el propósito de aportar a la aplicación del |
| MRM en Colombia, desde el año 2009, la COALICO |
| ha desarrollado el proyecto: “¡Tenemos una oportunidad ahora!: implementación del sistema de |
| monitoreo de la Resolución 1612 sobre niñez y |
| conflicto armado en Colombia” con una subvención de la Unión Europea (UE) y cofinanciación |
| de la Fundación War Child - Holanda. Esta acción |
| partió de la identificación de tres obstáculos que |
| dificultan la respuesta estatal adecuada y efectiva |
| para prevenir la vinculación de niños y niñas a los |
| grupos armados: 1. Deficiencia en los procesos de investigación, |
| documentación y monitoreo de la realidad de |
| los niños y niñas víctimas del conflicto armado. |
| 2. Debilidad en la capacidad de respuesta rápida |
| y efectiva a situaciones de amenazas de vinculación o uso por parte de las instituciones |
| estatales. |
| 3. Debilidad en los procesos de incidencia política para posicionar en la agenda pública |
| la problemática de la afectación de la niñez |
| por el conflicto armado, con énfasis en las |
| situaciones de reclutamiento forzado, y para |
| obtener respuestas efectivas y sostenibles por |
| parte del Estado, la sociedad y la comunidad |
| internacional. Con base en lo anterior, la propuesta de trabajo |
| constó de tres componentes: 1. Diseño y aplicación de una estrategia de fortalecimiento de capacidades locales de las |
| organizaciones aliadas de la COALICO que |
| conforman la red de apoyo en 11 regiones4 de |
| intervención para la prevención, la protección, |
| la observación y la incidencia política con el |
| ánimo de contribuir a la disminución de la vinculación de los NNAJ al conflicto armado. |
| 2. Observación, monitoreo y visibilización de la |
| situación de NNAJ afectados por el conflicto |
| armado en Colombia por medio de un Obser- 3. vatorio nacional especializado en esta materia |
| con una experiencia piloto focalizada en el departamento de Antioquia (Medellín). |
| Incidencia política en los ámbitos local, regional, nacional e internacional frente al Estado y |
| las organizaciones de la comunidad internacional presentes en el país para la promoción |
| y desarrollo de políticas de prevención y protección de los niños y las niñas. Mediante la implementación de estas líneas de |
| trabajo, la COALICO ha buscado la cualificación |
| de las estrategias de prevención y las garantías |
| de protección para NNAJ, así como proveer información sistemática, rigurosa y permanente sobre |
| la situación a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional. |
| En la etapa de diseño del proyecto en mención, al |
| realizar el análisis de contexto nacional, la COALICO |
| identificó a Antioquia como una de las regiones de |
| mayor ocurrencia de hechos atentatorios de los |
| derechos de NNAJ por razones del conflicto armado y otras violencias. Por lo anterior, y valiéndose |
| de la presencia en la región de la Corporación Paz |
| y Democracia (organización miembro), se definió |
| que el trabajo previsto en la acción para este departamento fuera concebido como una experiencia piloto que permitiera un seguimiento a las |
| afectaciones de NNAJ y una evaluación de rutas y |
| estrategias de trabajo que orientaran los procesos |
| de la Coalición hacia otras regiones priorizadas en |
| su intervención. |
| En desarrollo de la experiencia piloto, como resultado del monitoreo de la situación de los NNAJ |
| afectados por el conflicto armado y otras violencias realizado en Antioquia durante 2009 y 2010, |
| se identificó como caso de estudio la situación de |
| las escuelas, especialmente, de las dinámicas por |
| las cuales atraviesan las comunidades educativas |
| que han quedado en el medio de la confrontación |
| armada y las expresiones de violencia cotidiana |
| que caracterizan gran parte de la ciudad de Medellín y el área metropolitana. El proceso se dio con- 4 Zonas de intervención: Bogotá-Soacha, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Arauca, Meta, Antioquia, |
| Chocó, Bolívar y Sucre. 16 La respuesta |
| del Estado se |
| ha centrado |
| en atender las |
| crisis con base |
| en acciones y |
| programas de |
| choque, y por |
| tanto la institución |
| educativa y |
| sus actores |
| cuentan con |
| pocos recursos |
| y dispositivos |
| para superar esta |
| situación. siderando las necesidades, acuerdos, condiciones |
| y potencialidades de las organizaciones sociales |
| que han trabajado en el proceso de articulación en |
| la zona entorno al seguimiento, documentación y |
| análisis del fenómeno de niñez y conflicto armado. |
| Con el fin de presentar los hallazgos y los resultados del proceso adelantado en Medellín, la |
| COALICO previó la elaboración de un informe especializado que reflejara la lectura de la situación |
| de las instituciones educativas (IE), las dinámicas |
| del conflicto armado y otras violencias. Dicha revisión se produjo a partir del análisis de los casos |
| que se han identificado para documentación de |
| situaciones que atentan contra los derechos de los |
| NNAJ en la ciudad, con énfasis en las afectaciones que impiden un ejercicio efectivo del derecho |
| a la educación de esta población, enmarcados en |
| una de las categorías de análisis de la RSC. 1612 correspondiente a ataques contra escuelas u hos- pitales, elevada a categoría que dispara el MRM |
| en países donde los actores armados cometan este tipo de violaciones por la RSC. 1998 de 2011, |
| en los siguientes términos (párrafo 3): Recuerda el párrafo 16 de su Resolución |
| 1379 (2001) y solicita al Secretario General |
| que en los anexos de sus informes sobre los |
| niños y los conflictos armados incluya también |
| a las partes en conflictos armados que, en |
| contravención del derecho internacional aplicable, realicen: a) Ataques recurrentes contra |
| escuelas u hospitales; b) Ataques o amenazas |
| de ataques recurrentes contra personas protegidas relacionadas con escuelas u hospitales |
| en situaciones de conflicto armado, teniendo |
| en cuenta todas las demás violaciones y abusos cometidos contra los niños, y hace notar |
| que lo dispuesto en el presente párrafo será |
| aplicable a las situaciones que respondan a las |
| condiciones enunciadas en el párrafo 16 de su |
| Resolución 1379 (2001). y objetivo de control por parte de las estructuras |
| armadas que operan en la ciudad, en ocasiones |
| con fines más económicos que políticos pero con |
| claras estrategias de control social, cuyos impactos en NNAJ escolarizados apenas han sido evidenciados. De igual forma, se muestra la manera |
| en que la respuesta del Estado se ha centrado en |
| atender las crisis con base en acciones y programas de choque, y por tanto la institución educativa y sus actores cuentan con pocos recursos y |
| dispositivos para superar esta situación. |
| Por último, se presenta un conjunto de recomendaciones dirigida a diferentes instancias con el fin |
| de llamar la atención sobre cuáles pueden ser algunas rutas a seguir para atender y mejorar las |
| condiciones de las situaciones identificadas y, de |
| esta manera, contribuir en la búsqueda y seguimiento de respuestas efectivas para que los NNAJ |
| de la ciudad de Medellín, cuenten con instituciones educativas preparadas para ser los espacios |
| protectores de su desarrollo integral y, en general, |
| del conjunto de sus derechos humanos. Aspectos metodológicos La escuela en Medellín, un territorio en disputa es resultado de un trabajo sustancialmente descriptivo, soportado en casos documentados y complementado con información cuantitativa y análisis |
| de carácter cualitativo y contextual. |
| La ruta de investigación se desarrolló en cuatro |
| fases: 1. Lectura, ordenamiento y análisis de información secundaria (cualitativa y cuantitativa). La |
| información está contenida en: x Informes de derechos humanos referidos al |
| tema. |
| x Otras investigaciones sociales. |
| x Informes nacionales e internacionales. |
| x Informes de gestión de entidades públicas. Con base en lo anterior, la COALICO evidencia en |
| el presente informe cómo la Escuela en Medellín, |
| en particular las escuelas e instituciones públicas |
| (principalmente) y privadas, de sectores populares se han convertido en un territorio en disputa 2. Recolección, ordenamiento, sistematización y |
| análisis de información cualitativa y cuantitativa de casos conocidos y documentados de |
| manera directa por la COALICO. 17 3. Diseño y aplicación de diversos instrumentos |
| de recolección de información como: x Entrevistas y conversatorios sobre contextos y casos con actores claves de las organizaciones locales aliadas y la Asociación de |
| Institutores de Antioquia (Adida). |
| x Entrevistas a rectores y personal docente de |
| cuatro |
| instituciones educativas, ubicados |
| en zonas de alta conflictividad. |
| x Documentación de casos, alianza con organizaciones locales. |
| x Entrevistas a actores institucionales: Programa Fuerza Joven, Secretaría de Educación, Personería de Medellín, Secretaría |
| de Gobierno, Policía Metropolitana (Policía |
| Cívica). |
| x Entrevistas a otras organizaciones de |
| la |
| sociedad civil que informan o documentan |
| casos relativos a las categorías de la RSC. |
| 1612. |
| x Talleres con NNAJ de instituciones educativas ubicados en zonas de conflictividad de |
| la ciudad. 4. Construcción del informe desde el reconocimiento de diferentes fuentes y el ánimo de consolidar en Medellín una red de organizaciones que, de manera solidaria, articulen esfuerzos, recursos y propósitos para el uso de |
| la información. Así mismo, el Observatorio se nutrió del seguimiento de prensa local y nacional; casos y contextos |
| reportados por las organizaciones aliadas; informes |
| oficiales (del Ejecutivo y de órganos de control), y |
| reportes particulares de organizaciones sociales. |
| De igual forma, se obtuvo información a partir del |
| trabajo directo en atención de casos (cuando las |
| condiciones de acceso, información y seguridad lo |
| permitieron) y el desarrollo de talleres y reuniones |
| para análisis de contexto, casos y rutas de atención. |
| Para el proceso de recolección, ordenamiento y análisis de la información se sistematizó la |
| información de prensa del período 2010-2012; |
| se |
| reunieron 14 casos documentados por el |
| Observatorio; se realizaron entrevistas semiestructuradas; se recogió información documental |
| de organizaciones y |
| funcionarios públicos; se |
| desarrollaron seis conversatorios (con maestros, |
| padres de familia y organizaciones asociadas al |
| sector de la educación), y se participó en talleres |
| y encuentros con grupos de jóvenes (muchos de |
| ellos personeros de colegios de la ciudad). 18 2. IntroduccIón A partir de mediados del siglo XX, con la |
| expansión violenta de los conflictos bipartidistas, se inició un ciclo de violencia |
| que aún pervive. El conflicto armado en |
| Colombia, en el marco de su larga duración, se |
| caracteriza por una relación dialéctica entre cambio y continuidad: en medio de los cambios en las |
| dinámicas de la confrontación (que incluyen a los |
| actores armados, las fuentes de financiación y la |
| territorialidad de la interacción bélica, entre otros) |
| continúan y permanecen los elementos estructurales del conflicto, y con estos, el uso de la violencia en diferentes formas. |
| La persistencia y el uso indiscriminado de la violencia condicionan, en consecuencia, la existencia |
| constante de víctimas civiles. Es decir, la violencia |
| en Colombia ha traído consigo la vulneración de |
| los derechos de la población civil, no solo de forma colateral sino de manera sistemática y directa. |
| En medio de los conflictos armados y de la violencia armada organizada, existen diferentes grados de vulnerabilidad para la población civil; con un |
| alto grado de vulnerabilidad, los NNAJ han sido |
| afectados de manera constante mediante prácticas como la vinculación a los actores armados. |
| El trabajo de la COALICO y de otras organizaciones representa la preocupación de la sociedad |
| civil ante la grave situación de los niños y las niñas |
| en medio del conflicto armado. A su vez, la RSC. |
| 1612 condensa los factores de victimización de |
| NNAJ en el conflicto armado y, también, la imperiosa necesidad de prevenir la afectación de los |
| derechos de las personas menores de 18 años. |
| El conflicto en Colombia, a pesar de ser esencialmente rural, tiene manifestaciones de violencia en las ciudades, representativa de procesos de |
| urbanización del conflicto y de la sociedad misma. |
| En comparación con territorios rurales, el uso de |
| la violencia en la ciudad presenta riesgos diferenciados debido a la alta densidad poblacional. La |
| diferenciación entre lo rural y lo urbano supondría |
| una acción estratégica y táctica distinta por par- 19 Además de ser |
| el lugar de uso |
| convencional |
| para la |
| formación |
| educativa, la |
| escuela es |
| un territorio |
| en el que se |
| construyen |
| dinámicas |
| representativas |
| de la sociedad. te de los actores armados. No obstante, si bien |
| existe una instrumentalización diferenciada y especializada de la violencia urbana, esta confluye |
| con los medios de violencia en lo rural, como los |
| son armas de alto calibre y cierto tipo de munición |
| de impacto, como las granadas. |
| Medellín es un ejemplo emblemático del estado |
| de vulnerabilidad de NNAJ por causa del conflicto |
| armado y la violencia armada organizada. Como |
| se explicará más adelante, la ciudad es un escenario de confrontación y disputa, donde quienes ejercen la violencia han permeado los niveles |
| políticos, económicos, sociales y culturales de la |
| capital antioqueña. |
| Sobre esta situación, la COALICO resumió algunas de sus preocupaciones de la relación niñez y |
| violencia en Medellín (Ramírez, 2012) con un documento que condensa interpretaciones y observaciones de dicha relación con una unidad básica |
| de análisis: la escuela. |
| Además de ser el lugar de uso convencional |
| para la formación educativa, la escuela es un |
| territorio en el que se construyen dinámicas representativas de la sociedad. En el conflicto armado, la escuela se convierte en un lugar donde se |
| reproducen las lógicas de la confrontación como |
| consecuencia, por una parte, de la construcción |
| de violencia cultural y, por otra, de la acción e intereses de los actores armados. |
| Ahora bien, como lo indica el título de la investigación, la escuela es un territorio en disputa. En |
| otras palabras, este es un escenario de conflicto |
| en dos expresiones: 1. La expresión de la disputa |
| entre los actores armados, por ampliar su injerencia y espacios de control territorial para sus |
| propios intereses. 2. La expresión de la disputa |
| entre los actores armados y quienes se resisten |
| pacíficamente al ejercicio de la violencia y propugnan por reivindicar el papel socializador de la |
| escuela y esta como un espacio para la formación |
| ciudadana en derechos. |
| Frente a |
| la relación escuela-conflicto armado, en su informe sobre la misión a Colombia |
| en 2004, Katarina Tomaševski, relatora Especial |
| de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la |
| Educación |
| (período 1998-2004), |
| recomendó |
| enfáticamente la desvinculación de la escuela del conflicto y su definición y protección como |
| “espacio de paz”. |
| Del mismo modo, como interpretación ampliada de |
| la relación escuela-conflicto armado, |
| la |
| Unesco (2010) estableció en su reporte cómo las |
| afectaciones a estos lugares alcanzan graves dimensiones mientras intervienen nuevos factores y |
| actores de violencia. En dicho reporte se expresan |
| varias consideraciones: x La importancia de que la educación se asuma como una fuerza para la paz. |
| x La violencia y su impacto en la educación |
| han sido subestimados por los gobiernos y |
| la misma comunidad internacional. |
| x La violencia y los ataques a escuelas exacerban disparidades económicas y entre los |
| sexos. |
| x Las lecturas de los conflictos armados suelen darle más prioridad a otros factores (como la seguridad) que a la misma educación. |
| x En contextos de conflicto armado y violencia las rutas de atención deben tener un |
| componente de atención en emergencia |
| para el corto plazo y, para el largo plazo, la |
| implementación planificada de políticas de |
| atención. |
| x Tanto la ayuda humanitaria como la financiación de largo plazo deben crecer y, en |
| consecuencia, |
| la ayuda humanitaria o |
| la |
| actuación de emergencia debe considerar |
| el papel fundamental de la educación. En este contexto, la Unesco ha señalado que la |
| afectación de las escuelas no se presenta únicamente por situaciones de conflictos armados (como bombardeos, utilización por parte de grupos |
| armados regulares o irregulares como lugar de |
| descanso o para solicitar apoyo logístico, como |
| escenario de propaganda o reclutamiento) sino |
| también por razones económicas (como el interés |
| de los grupos de narcotraficantes). |
| Por su parte, Amnistía Internacional, en su in- forme Escuelas seguras: el derecho de cada niña. |
| No más violencia contra las mujeres (2007), se- ñala que “el 40 por ciento de los 77 millones de |
| niños y niñas en edad escolar que no asisten a la 20 Las escuelas, |
| que deberían ser |
| lugares seguros |
| para niños y |
| niñas, se han |
| convertido “con |
| mayor frecuencia |
| en uno de los |
| principales |
| objetivos de los |
| ataques de los |
| grupos armados”. escuela viven en zonas afectadas por conflictos”. |
| AI explica cómo cuando en las confrontaciones se |
| presenta un elevado número de víctimas civiles, |
| se produce la devastación del sistema educativo: |
| docentes y estudiantes son blanco sistemático de |
| los actores armados |
| Al respecto, en 2006 Radhika Coomaraswamy, |
| representante Especial del Secretario General para |
| la cuestión de los niños y los conflictos armados, |
| advirtió cómo las escuelas, que deberían ser lugares seguros para niños y niñas, se han convertido |
| “con mayor frecuencia en uno de los principales |
| objetivos de los ataques de los grupos armados”.5 |
| Estás interpretaciones sobre la relación escuelaconflicto armado se resumen en: 1. Los actores armados comprenden la escuela |
| desde perspectivas utilitaristas, como fuente |
| de recursos económicos, tácticos y humanos. 2. Existen riesgos permanentes para la comunidad educativa debido a la acción indiscriminada de los actores armados. |
| 3. La escuela debe ser, al igual que el resto de |
| instituciones civiles, excluida de los escenarios de confrontación y protegida por el Estado, sus instituciones y la sociedad misma. Estos fundamentos, para el caso de Medellín, sirven como elementos de análisis del fenómeno. |
| De esta manera, se ha estructurado el presente |
| informe con los siguientes capítulos: 1. Contexto: el conflicto armado y la violencia armada organizada, dinámicas y actores. |
| 2. El impacto directo del conflicto armado y la |
| violencia armada en la escuela. |
| 3. Las respuestas del Estado. |
| 4. Conclusiones y recomendaciones. 5 En Colombia, por ejemplo, el profesorado ha sido objetivo de todos los bandos del conflicto: las fuerzas de seguridad, los |
| paramilitares apoyados por el Ejército y los grupos armados de oposición. Según datos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), reportados por AI, al menos 310 docentes fueron víctimas de homicidio en Colombia entre 2000 y 2006. 21 3. contexto: |
| el conflicto armado y |
| la violencia armada |
| organizada, dinámicas |
| y actores Después de más de 60 años de continuidad |
| y cambio del conflicto armado, la violencia |
| mantiene la afectación sobre el desarrollo |
| político y económico del país y también |
| frente a los derechos humanos (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2012). |
| Los cambios en la composición de los actores |
| armados tienen las siguientes características: 1. La disminución gradual de la presencia guerrillera y su accionar frente a las dos décadas anteriores (CNAI, 2012), que provoca la |
| concentración del esfuerzo militar en territorios delimitados mediante |
| tácticas como |
| hostigamientos y uso de minas antipersonal |
| y municiones abandonadas sin explotar (MAP/ |
| MUSE). |
| 2. La desmovilización de las AUC trajo consigo la |
| aparición de nuevos actores y la consolidación |
| de antiguos actores (HRW, 2010), ambos con |
| relación directa a actividades paramilitares. 3. La fuerza pública ha aumentado su capacidad militar, tanto en pie de fuerza como en |
| armamento (Ministerio de Defensa Nacional, |
| 2012). Estos cambios en el conflicto no han logrado detener la afectación negativa de los derechos humanos. Por el contrario, Colombia cuenta con un |
| acumulado de victimización que no se detiene, |
| como lo confirman las cifras de desplazamiento |
| forzado: entre 1985 y 2011 se han desplazado |
| 5.445.406 personas (Codhes, 2012). |
| De forma progresiva, los grupos surgidos tras |
| la desmovilización de las AUC se han fortalecido |
| (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, |
| 2012), particularmente Los Rastrojos, Los Urabeños y las Águilas Negras han copado diversos territorios en el occidente del país (Indepaz, |
| 2011). Del mismo modo, las FARC han fortalecido |
| su capacidad operativa en estos territorios (CNAI, |
| 2011 y 2012), mientras que la fuerza pública ha 22 concentrado su actividad en los mismos lugares |
| (Codhes, 2012). En este período el conflicto armado se ha profundizado en los departamentos de la |
| costa pacífica y, además, en los departamentos de |
| Córdoba y Antioquia. |
| Si bien durante |
| los dos gobiernos anteriores |
| (2002-2010), con base en la supuesta o incompleta desmovilización de los grupos paramilitares |
| iniciada en 2003, se decretó la inexistencia del |
| conflicto armado por la ausencia del paramilitarismo y se redujo la presencia de las guerrillas a una |
| amenaza terrorista, en el gobierno actual (2010-a |
| la fecha) se aceptó el conflicto armado en el marco |
| de la Ley de Víctimas (1448 de 2011). |
| Sin embargo, la existencia o no del conflicto armado en Colombia no es, según el Secretario |
| General de las Naciones Unidas, exclusivamente |
| una definición jurídica. Al contrario, lo que se pone |
| en un nivel prevalente es el impacto que tiene en |
| los NNAJ cuando se han padecido históricamente |
| situaciones de conflicto armado. Por eso, en sucesivos informes ha señalado: Desde el punto de vista de la protección |
| de los menores, el nivel básico de análisis debe |
| ser si los agentes armados que actúan en una |
| situación determinada, independiente de cuáles |
| sean su carácter o sus motivaciones, cometen |
| graves violaciones como el reclutamiento y la |
| utilización de niños o su asesinato, mutilación o |
| violación (Informe de la Representante Especial |
| del Secretario General para la cuestión de los |
| niños y los conflictos armados, 2008). En este marco, la violencia actual se encuentra |
| principalmente constituida por el conflicto armado, por una parte, y por la violencia asociadas a |
| lo criminal, por otra. Estas formas de la violencia |
| –que son interdependientes en algunos momentos y lugares– no son un principio ni criterio para |
| el goce efectivo de los derechos de NNAJ. Así se ha constatado que, por ejemplo, las prácticas de violencia y abuso sexual contra niñas están |
| asociadas a la lucha por el territorio, la cual no |
| se define exclusivamente por el negocio de las |
| drogas o el microtráfico. Las organizaciones paramilitares y las que se derivaron o mantuvieron |
| después del proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), mantenían su interés |
| y acción en otros renglones económicos ilegales |
| (como la explotación sexual de NNAJ, los “paga |
| diario” o “gota a gota”,6 las vacunas y extorsiones, |
| entre otros). |
| También está el caso del desplazamiento intraurbano asociado a amenazas de reclutamiento, el |
| cual afecta de manera directa al sistema educativo |
| convirtiéndose en un factor de desescolarización (como lo señaló el Secretario General de las Naciones |
| Unidas en su informe de 2007 y el Auto 251 de la |
| Corte Constitucional7), y al mismo tiempo, son una |
| vulneración explícita de derechos. |
| Es por esto, por ejemplo, que el impacto del conflicto armado en los NNAJ, tal y como lo establece |
| la RSC. 1612, no es un asunto que pueda resolverse a partir de que los Estados definan o no la |
| existencia de un conflicto armado. |
| Como se observa en esta referencia, el núcleo |
| central de preocupación son los NNAJ, por lo que |
| se hace un llamado a los Estados para que por |
| encima de las consideraciones o motivaciones de |
| los grupos, los derechos de esta población sean |
| integralmente protegidos: El carácter de los grupos armados que |
| participan en los conflictos contemporáneos es |
| cada vez más difícil de precisar. La denominación que se da a las partes en los conflictos llámense fuerzas del gobierno, fuerzas armadas |
| de oposición política, grupos rebeldes o movimientos de liberación, milicias comunitarias |
| de autodefensa, fuerzas paramilitares y asociadas, grupos armados ilegales o bandas de 6 |
| 7 “Sistema financiero” de los grupos armados, donde se presta dinero a corto plazo con elevados intereses. |
| Corte Constitucional, Auto 251 de 2008. Auto producto del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 |
| de la Corte Constitucional en el que se definen las directrices para las instituciones del Estado para ejecutar un programa |
| diferencial de atención para los NNAJ que se encuentran en condición de desplazamiento. 23 Ante la |
| continuidad y los |
| cambios de los |
| componentes |
| del conflicto |
| colombiano, se |
| debe mantener |
| la priorización |
| de la protección |
| de las personas |
| menores de 18 |
| años. delincuentes indica sus distintas motivaciones |
| y carácter. Sus objetivos y estructuras son más |
| variables que nunca y a menudo existe una zona indefinida donde las motivaciones políticas |
| coinciden con la intención delictiva (Informe de |
| la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos |
| armados, 2009). Así, se evidencian dos ideas centrales: 1. La complejidad del conflicto armado colombiano, en el que más allá de la discusión de |
| su existencia, evidencia las diversas motivaciones e intereses de los grupos armados. |
| 2. Aun así, dicha complejidad no debe generar |
| confusiones en cuanto a |
| la necesidad de |
| proteger a los NNAJ de todas las acciones |
| que ocurran en este contexto. Se está ante |
| un llamado a la prevalencia del interés superior del niño sobre los actores generadores |
| de victimización. En resumen, ante la continuidad y los cambios de |
| los componentes del conflicto colombiano, se debe mantener la priorización de la protección de las |
| personas menores de 18 años: este es un mandato que trasciende el desarrollo de la historia del |
| conflicto armado. el contexto en la ciudad de Medellín Medellín tiene una extensión de 380 kilómetros |
| cuadrados y limita con los municipios de Bello, Copacabana y San Jerónimo en el norte; Envigado, |
| Itagüí, La Estrella y El Retiro en el sur; Guarne y |
| Rionegro en el oriente; y Angelópolis, Heliconia y |
| Ebéjico en el occidente. Un total de 16 comunas |
| dividen territorialmente la ciudad: Popular, Santa |
| Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Vistahermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles-Estadio, La América, San Javier, |
| El Poblado, Guayabal y Belén, además de los corregimientos Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San |
| Antonio de Prado y Santa Elena (Alcaldía de Medellín, 2012). En 2011, la capital antioqueña alcanzó |
| un total de 2.368.282 habitantes, de los cuales, 570.159 son personas menores de dieciocho años |
| (DANE, 2009). |
| En Medellín, desde hace varios años, la violencia de los distintos actores armados ha producido |
| diversas afectaciones en la población civil. La vida |
| social, económica, política y cultural de la ciudad |
| y sus habitantes es constantemente asediada por |
| los violentos. |
| A partir de la década de 1990 la violencia en |
| Medellín se ha profundizado. De esta manera, el |
| fenómeno del conflicto, así como de la victimización, se enmarcan en un proceso acumulativo de |
| hechos y actores que explican el desarrollo del |
| pasado y el presente de la violencia en la ciudad. |
| Nuevamente, los cambios en la composición del |
| conflicto armado no han resuelto ni evitado la victimización. |
| Un punto de quiebre para entender la dinámica y el contexto del conflicto armado en la capital |
| antioqueña lo establece el posicionamiento de los |
| grupos paramilitares a finales de dicha década, |
| cuando tenían una relación con las estructuras |
| armadas de la ciudad. |
| En 1998 se inició un proceso de consolidación |
| territorial de las AUC en la ciudad, con el principal objetivo de disputarle a las Milicias Populares, |
| de origen guerrillero, algunos barrios de la ciudad |
| (especialmente la Comuna 13, controlada por estas desde 1996). |
| Para la construcción de la estructura paramilitar |
| en Medellín bastó un proceso que puede definirse |
| en dos etapas: 1. La venta de servicios de estructuras delincuenciales o de violencia armada organizada |
| en los años 1995 y 2000 a las ya existentes |
| AUC, y a los Bloques Metro y ACCU. |
| 2. La absorción de estas estructuras por parte |
| del denominado Bloque Metro (de 2000 a |
| 2002) permitió que se consolidara en la ciudad el Bloque Cacique Nutibara con las estructuras existentes de violencia armada y con |
| cambios en la dinámica de formación, estructura, nombres y mando. La consolidación de este tipo de estructura armada |
| permitió que el paramilitarismo tuviera un creci- 24 miento exponencial. En 2001 comenzó un proceso |
| de fortalecimiento de las estructuras paramilitares |
| en Medellín, que tuvo su mayor expresión con la |
| “Operación Mariscal” en abril de 2002 y la “Operación Orión” en octubre del mismo año.8 |
| En la revista Noche y Niebla (2003), los investigadores del Centro de Investigación y Educación |
| Popular (Cinep) señalaron que: Miembros de la fuerza pública ingresaron |
| en varias viviendas y las registraron sin orden |
| judicial, en algunas de ellas tomaron alimentos |
| de sus cocinas y hurtaron algunas pertenencias. |
| Algunas casas fueron tomadas como trincheras |
| por los policías. La señora Marleny Suárez llegó hasta la unidad de salud acompañando a un |
| herido y reclamó a los agentes por el irrespeto |
| a la bandera blanca y pidió la presencia de organismos de derechos humanos. De inmediato fue |
| golpeada e introducida en una tanqueta, en donde se le insultó, se le escupió y se le amenazó |
| con entregarla a los paramilitares. Jesús Adolfo |
| Martínez Moreno, Daniel Alejandro Ardila y Juan |
| Esteban Ardila fueron sacados de sus propias |
| casas y detenidos. El ex comandante del Ejército de Colombia, general Mario Montoya, ha sido llamado a responder |
| por los presuntos nexos con grupos paramilitares |
| después de haber sido señalado por varios desmovilizados de las AUC. Uno de ellos, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, aseguró el 23 de junio de 2009 que “las autodefensas |
| del Bloque Cacique Nutibara fueron al área de la |
| Comuna 13 como parte de una alianza con la IV |
| Brigada del Ejército, incluyendo al comandante, general Mario Montoya, y el general de la Policía |
| Nacional Leonardo Gallego” (RCN Radio, 19 de diciembre de 2011). |
| A partir de entonces comenzó la hegemonía de |
| este grupo paramilitar en la ciudad, cuyo momento culmen fue noviembre de 2003 cuando, en el |
| marco de los acuerdos de Santa Fe de Ralito entre |
| el Gobierno nacional y las AUC, se dio inicio al proceso de desmovilización de las AUC con el Bloque |
| Cacique Nutibara de Medellín. |
| Respecto a la supuesta o incompleta desmovilización, existen varios planteamientos (como los de |
| HRW, 2010): 1. No fue una desmovilización completa, no solo |
| en términos de personas, sino de sus estructuras, activos, cómplices, financiadores, asesores, etc. |
| 2. De 2.033 desmovilizados del Bloque Héroes |
| de Granada, solo 75 solicitaron beneficios en |
| la ley de Justicia y Paz (975 de 2005). |
| 3. A la lista de desmovilizados se integraron personas de otros grupos armados, situación reconocida por el entonces Comisionado de Paz, |
| Luis Carlos Restrepo. |
| 4. Hubo dificultades en las investigaciones judiciales por amenazas a testigos. |
| 5. Se evidenciaron vínculos de algunos grupos |
| con agentes del Estado así como la tolerancia |
| de la fuerza pública al accionar de este grupo. |
| 6. En la agenda no entraron temas cruciales como el narcotráfico. |
| 7. Fue una paz impuesta y la disminución de los |
| homicidios se correspondió con el monopolio |
| de ‘Don Berna’, quien reguló el accionar de las |
| bandas y otros actores armados.9 8 9 Ambas operaciones fueron orientadas por los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) y dirigidas por el Ejército y la Policía. Según información proporcionada por organizaciones sociales y ratificada en el curso de las |
| versiones libres de algunos desmovilizados que se encuentran en el proceso de Justicia y Paz, dichas operaciones se hicieron |
| en compañía del Bloque Cacique Nutibara. |
| Uno de los debates más frecuentes en la ciudad alude a la disminución de la tasa de homicidios y a sus causas. En ese |
| entonces, mientras el Gobierno aseveraba que esta obedecía a la política social de la ciudad y al proceso de desmovilización, |
| organizaciones de derechos humanos señalaban que la hegemonía de un actor armado era la responsable de la disminución |
| de la confrontación. Existía, por tanto, una especie de cogobierno entre la institucionalidad y la “para-institucionalidad” integrada por estructuras tanto legales como ilegales, con consecuencias importantes desde la perspectiva social, económica, |
| política y cultural. Hoy, en Medellín nadie puede negar la existencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial |
| y producen impactos en las vidas de los NNAJ. 25 Las fronteras |
| invisibles |
| circunscriben una |
| violencia que, |
| paradójicamente, |
| ha desbordado |
| cualquier límite |
| social, político, |
| económico y |
| cultural. 8. Algunos jóvenes se rearmaron y los desmovilizados continuaron delinquiendo. |
| 9. A partir de esta experiencia emergieron nuevos grupos denominados neo-paramilitares o |
| surgidos después de la desmovilización (nombrados por el Gobierno como Bacrim). |
| 10. Se dio una duplicación del desplazamiento intraurbano. Sobre el tema, el informe de la Secretaría de |
| Bienestar Social del municipio de Medellín (2011) |
| señala: Luego del proceso de desmovilización de |
| los bloques paramilitares que operaron en |
| la |
| ciudad, se observa un nuevo proceso de cambio |
| y reconfiguración en las dinámicas del conflicto |
| armado, con una fuerte influencia sobre la región |
| y, en particular, sobre la misma ciudad, como |
| centro político y económico del departamento. |
| Desde este nuevo contexto, la disputa por el |
| control de los circuitos económicos de carácter |
| legal e ilegal sobre el territorio comienza a tomar auge en la ciudad, evidenciando cómo los |
| diferentes actores armados inician otra vez un |
| procedimiento de fragmentación que se refleja |
| en pequeños procesos de expansión, revelando |
| una tendencia por homogenizar los territorios |
| bajo su poder y ejercer el control sobre otros, |
| en la carrera por imponer de nuevo en la ciudad |
| un dominio armado ilegal. Así, en el contexto de |
| las confrontaciones armadas, que se libran en |
| el marco del conflicto, se recurre a prácticas de |
| control social, político, económico y militar, en |
| función de dichos intereses. Esto quiere decir |
| que el control territorial estuvo y está ligado a |
| las lógicas de conflicto armado, pues si bien es |
| correcto que los actores han comportado transformaciones, las lógicas del conflicto se han |
| mantenido y especializado. Durante el año 2011 se cometieron 1.650 homicidios en Medellín (Instituto Nacional de Medicina |
| Legal y Ciencias Forenses, Centro de referencia |
| regional sobre violencia -CRVV- 2012). Esta cifra |
| es una muestra representativa de la acumulación |
| de la violencia y de la victimización de la última década, ya que los homicidios en 2009 y 2010 |
| sumaron un total de 2.190 y 2.025 víctimas respectivamente. |
| Esta ola de violencia de los últimos años, donde |
| los homicidios son solo una parte mínima de las |
| formas de victimización, se explica en seis causas |
| (Corrales, 2010): 1. La posición geoestratégica de Medellín, que |
| se articula a las necesidades económicas y |
| estratégicas de actores armados y narcotraficantes. |
| 2. Una historia de violencia¸ con cambios y continuidades en su composición. |
| 3. El entorno socio cultural, donde confluyen una |
| débil oferta institucional para la ocupación de |
| los jóvenes y una cultura de la ilegalidad. |
| 4. Crimen |
| organizado |
| “profesionalizado” mediante estructuras más descentralizadas y con |
| recursos provenientes de actividades ilícitas. |
| 5. Respuesta errática del Estado, debido a restricciones legales, burocráticas y geográficas |
| para la comprensión y mitigación del problema de la ilegalidad, así como el grado de voluntad política de los funcionarios públicos. |
| 6. La indiferencia de la ciudadanía. Las causas mencionadas son también el fundamento para el mantenimiento del control territorial |
| y social, y la expansión del mismo. El proceso de |
| consolidación de la violencia y de los violentos articula estas causas como factores de riesgo para |
| la población civil, en especial para los NNAJ. |
| En este sentido, por ejemplo, los grupos surgidos de la desmovilización de las AUC han buscado |
| el incremento de la presencia de las redes de economías ilegales de la ciudad junto con el continuo |
| reclutamiento de NNAJ para las tareas logísticas |
| y de operación. |
| A partir de la revisión de informes de derechos |
| humanos de 2009 (CNAI, 2010 y HRW, 2010) y |
| el desarrollo de varios conversatorios con organizaciones sociales de la ciudad, fue posible identificar que: 1. Es vigente el conflicto armado con una guerrilla que conserva un proyecto político, que se 26 nutre financieramente del narcotráfico y que |
| comete infracciones al DIH (como el caso del |
| reclutamiento de NNAJ). |
| 2. Se ha producido un reacomodo de los grupos |
| armados no solo por razones de narcotráfico, |
| sino de territorio y poder político. Aún así, conservan prácticas contrainsurgentes aplicadas |
| a sectores sociales en territorios urbanos y |
| rurales. |
| 3. Existen unos contextos de |
| relacionamiento |
| que permiten comprender una hibridación de |
| actores en zonas “grises o indefinidas”, como |
| lo señala la Personería de Medellín (2009): Si bien es cierto el componente estrictamente político de la violencia hoy en día en Medellín es bastante brumoso, algunas consideraciones son importantes a la hora de analizar el |
| fenómeno de violencia y caracterizar sus actores |
| e intereses (...) Estos grupos armados se caracterizan por el desarrollo junto a las actividades |
| típicamente criminales, de diferentes modalidades de control territorial y poblacional claramente |
| apropiadas del modelo paramilitar (...) Adicionalmente, es necesario considerar que en muchos |
| lugares del país, grupos de delincuencia común |
| desde hace más de 20 años junto con sus actividades delictivas realizan acciones por encargo |
| de claro contenido contrainsurgente o de eliminación de personas que son consideradas enemigas por determinados sectores del establecimiento (...) Finalmente, hay que considerar que |
| lo político no se agota en la institucionalidad, sino |
| que como lo han planteado las ciencias sociales |
| desde hace más de 100 años, la esencia de lo |
| político es el poder, y difícilmente alguien podría |
| negar que los grupos armados que en la actualidad actúan en la ciudad son un factor de poder |
| indiscutible, y que representan los intereses de |
| diversos sectores de la sociedad paisa. Así las cosas, y pese a que el Gobierno nacional |
| niega la existencia del paramilitarismo, es evidente la continuidad de actores y prácticas, así como |
| la renovación de estructuras que recogen el legado de las AUC, como lo destaca el informe de |
| HRW (2010): Si bien existen diferencias entre las AUC |
| y los grupos sucesores, estos son en muchos |
| sentidos una continuación de algunos de los |
| “bloques” o grupos paramilitares. Según informó |
| la Policía, casi todos los líderes de los grupos |
| sucesores son jefes de las AUC de rango medio |
| que nunca se desmovilizaron o que continuaron |
| participando en actividades delictivas pese a |
| que aparentaron haberse sumado a la desmovilización. Los grupos se encuentran activos en |
| muchas de las mismas regiones en las cuales |
| tenían presencia las AUC, y operan en forma |
| similar a estas: controlan territorios mediante |
| amenazas y extorsión, participan en narcotráfico |
| y otras actividades delictivas y cometen abusos |
| generalizados contra civiles. El surgimiento de |
| los grupos sucesores era predecible, en gran |
| parte debido a que el gobierno colombiano no |
| desmanteló |
| las estructuras criminales de |
| las |
| AUC, ni sus redes de apoyo económico y político |
| durante las desmovilizaciones. Las estructuras armadas que se mantuvieron después de las desmovilizaciones han sido llamadas |
| por el Gobierno como Bacrim. Aun así, más allá |
| del rótulo otorgado al actor, lo que está demostrado es que así las estructuras armadas se reciclen, se recreen o reaparezcan bajo otras formas y |
| denominaciones, se mantienen en su naturaleza. |
| Sobre esta discusión, HRW (2010) señala: Los grupos sucesores han sido catalogados de distintas maneras, como paramilitares, |
| bandas criminales, grupos armados ilegales y |
| carteles de narcotráfico. Algunas organizaciones no gubernamentales hablan de una “nueva |
| generación de paramilitares” o “nuevos grupos |
| paramilitares”. La MAPP/OEA habla de “estructuras armadas ilegales de perfil delincuencial”, |
| así como “grupos armados ilegales” y “facciones |
| armadas, estrechamente relacionadas con el desarrollo de economías ilegales”. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos |
| Humanos hace mención de “grupos armados ilegales surgido[s] después de la desmovilización. |
| Por su parte, el Gobierno colombiano se niega a |
| referirse a los grupos sucesores como paramili- 27 Los |
| enfrentamientos |
| entre los grupos |
| no discriminan |
| espacios, |
| territorios y |
| población, |
| por lo que en |
| muchos barrios |
| las escuelas |
| son el límite de |
| las fronteras |
| invisibles. tares –dado que afirma que los paramilitares se |
| han desmovilizado– y, en cambio, los clasifica |
| como “bandas criminales emergentes” o Bacrim. |
| Algunas fuentes han explicado que la negativa |
| del Gobierno colombiano a catalogar de paramilitares a los grupos sucesores se debe a que |
| quiere impedir que estos grupos puedan reclamar el estatus de grupo armado ilegal para |
| efectos de beneficios en futuras negociaciones. |
| Pero esta explicación es inadecuada, ya que el |
| Gobierno colombiano ha participado en negociaciones en el pasado con organizaciones criminales –tales como el cartel de Medellín, de Pablo |
| Escobar– ofreciéndoles beneficios sin importar |
| su estatus como criminales o grupos armados |
| (...) |
| Y más allá de cómo sean catalogados, el Gobierno |
| colombiano |
| tiene |
| responsabilidades |
| específicas de hacer frente a la amenaza que |
| representan para la población civil. Entre estas |
| obligaciones se incluyen proteger a los civiles |
| frente a agresiones, prevenir abusos y garantizar |
| el juzgamiento de los abusos ocurridos. El grado |
| de responsabilidad del Estado por los abusos de |
| los grupos sucesores se incrementará en función de la medida en que los agentes del estado |
| toleren a estos grupos o colaboren con ellos. Más allá de establecer distancias o señalar si |
| se presentan o no hibridaciones entre diversos |
| grupos armados con intereses económicos y políticos, para HRW (2010) la responsabilidad del |
| Estado respecto a las violaciones de derechos |
| humanos –aplicable para un caso tan complejo |
| como el de Medellín– es evidente: Otros grupos, con un menor grado de |
| control territorial y organización, o que no estén |
| alineados con el conflicto, pueden ser simples |
| “organizaciones criminales” respecto de las cuales el Estado está en el deber jurídico de prevenir, |
| razonablemente, las violaciones de derechos humanos, de investigar seriamente con los medios |
| a su alcance las violaciones que se hayan cometido a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar |
| a la víctima una adecuada reparación. En esta apreciación se puede observar la importancia de atender el impacto de la violencia |
| en las víctimas, más allá del conflicto armado |
| y de los grupos responsables de las violaciones (guerrilla, “nuevos” grupos paramilitares o |
| los llamados “otros grupos”). Más aún bajo la |
| consideración de que en un contexto como el |
| de Medellín las relaciones de cooperación entre |
| los grupos se mantienen de acuerdo con sus |
| intereses. |
| De acuerdo con Indepaz (2011), en Medellín |
| existe la presencia continua de los siguientes |
| grupos narcoparamilitares: “Los Rastrojos”, “Los |
| Urabeños”, “Águilas Negras”, “Los Paisas” y |
| otros grupos (Oficina de Envigado). En esta materia, se ha podido constatar que los llamados |
| “Combos” o en algunos casos Bacrim, difícilmente pueden existir por largos períodos. Después de su génesis, las actuaciones podrán ser |
| por un corto tiempo acciones autónomas, pero |
| rápidamente estos pequeños grupos son subordinados o eliminados por las estructuras antes |
| mencionadas. |
| Para el año 2009, el Instituto Popular de Capacitación daba cuenta de que las autoridades de |
| Medellín identificaron que en nueve comunas la |
| situación de violencia era especialmente crítica |
| (IPC, 2009). En ese entonces, la Policía Nacional |
| identificó “123 estructuras criminales que a su |
| vez agrupan a unos 3.600 integrantes, en su mayoría menores de edad” (IPC, 2009). |
| En 2010 y 2011, como se encuentra documentado por medios de comunicación locales y nacionales, el enfrentamiento entre las estructuras |
| armadas fue constante. De la mano de la confrontación, los ataques a la población civil fueron |
| sistemáticos. |
| En |
| los escenarios microterritoriales como |
| los |
| barrios de Medellín, las estructuras armadas delimitan sus espacios de control y disputa, para así |
| configurar las llamadas “fronteras invisibles”. Inmersa en ellas, la población civil se ve obligada a |
| adaptar sus rutinas y cotidianidades para salvaguardar su integridad. En otras palabras, las fronteras invisibles circunscriben una violencia que, |
| paradójicamente, ha desbordado cualquier límite |
| social, político, económico y cultural. 28 El conflicto |
| armado y |
| la violencia |
| armada no |
| son problemas |
| específicos de |
| los actores, sino |
| también del |
| contexto, las |
| razones y las |
| motivaciones |
| históricas que |
| los explican. Es posible identificar cómo los actores armados usan la escuela como un mercado para las |
| drogas y las armas, mientras intervienen sobre |
| las dinámicas del gobierno escolar, para disciplinar y amenazar. Además, se conocen casos en |
| que dichos grupos usan las escuelas como sitios de reunión o para la búsqueda de niñas para |
| el abuso y la explotación sexual. Asimismo, los |
| enfrentamientos entre los grupos no discriminan |
| espacios, territorios y población, por lo que en |
| muchos barrios las escuelas son el límite de las |
| fronteras invisibles. |
| Con estos elementos se reafirma que la escuela |
| en Medellín es un escenario de disputa, un lugar |
| que sufre ataques sistemáticos y expone a una alta vulnerabilidad a todas las personas integrantes |
| de la comunidad educativa. La reconfiguración del conflicto |
| y su impacto en la escuela El proceso de afectación de las escuelas por las |
| dinámicas del conflicto armado y la violencia |
| armada organizada se asocia directamente a |
| los cambios que estas han tenido antes, durante y después del proceso de negociación con |
| las AUC. |
| Desde la ya señalada perspectiva de la reconfiguración de actores, se puede colegir que los |
| aprendizajes del proceso de violencia en Medellín, |
| en especial del derivado de los grupos paramilitares, redundan en la importancia del territorio como escenario de apropiación y ejercicio del poder |
| por parte de los actores armados. |
| Al factor territorial se suman, a su vez, el microtráfico y el uso del poder. Frente al primero, si bien |
| este siempre ha existido, se ha reconfigurado al |
| priorizar su expansión en el mercado interno (barrios y corregimientos, en donde la escuela queda |
| incluida). El segundo, por su parte, ha evidenciado |
| cómo los grupos armados buscan ejercer el poder |
| a través de una mayor regulación de las acciones |
| sociales en un territorio. Eso significa que el control del mercado no se limita a la competencia, |
| sino a la hegemonía y ello hace necesario incidir |
| y ocupar otros espacios que garanticen tanto el |
| mercado como el poder. ¿La naturalización de la violencia? El conflicto armado y la violencia armada no son |
| problemas específicos de los actores, sino también del contexto, las razones y las motivaciones |
| históricas que los explican. |
| Medellín transita desde hace más de 20 años |
| por dinámicas de conflicto armado y violencia armada organizada que se entrecruzan. Si bien la |
| historia del conflicto armado en Colombia data de |
| más de cinco décadas, este período en la capital |
| antioqueña representa que al menos una generación ha vivido de manera permanente en medio de estos escenarios. Justamente uno de los |
| factores expresados en el contexto de la ciudad |
| para explicar las motivaciones del reclutamiento |
| (Dowdney, 2007) en el proyecto Niñez en Violencia |
| Armada Organizada (COAV, por su sigla en inglés Children and Youth in Organised Armed Violence) señalaba la importancia de vivir en contextos de |
| conflicto y violencia armada. |
| La persistencia de estos escenarios construye |
| referentes que señalan que niños y niñas asimilan |
| que siempre están en un estado de exclusión y |
| de peligro, sumado a un concepto de la lucha por |
| la sobrevivencia que hace que la violencia sea la |
| forma más asequible y elemental de tramitar los |
| conflictos, instalándose casi como un dispositivo |
| cultural de aceptación de la violencia para dirimir |
| disputas o tramitar asuntos. |
| En este marco, a través de reuniones y talleres con organizaciones aliadas, se logró recoger |
| un concepto que se ha venido generalizando en |
| las organizaciones que trabajan con NNAJ: la |
| naturalización de la violencia entendida como el |
| proceso cultural de acostumbramiento a convivir |
| con actores armados, formas y métodos violentos de resolución de conflictos, de búsqueda de |
| legitimidad, de empoderamiento y de control social y territorial. |
| Esta naturalización se acerca a lo que ha definido Johan Galtung como cultura de la violencia, la |
| cual indica que existen prácticas sociales y culturales que reproducen modelos de exclusión y de |
| uso autoritario del poder. El sociólogo señala que |
| “violencia cultural y estructural causan violencia |
| directa” y además que “la violencia directa refuer- 29 za la violencia estructural y cultural” (2004). Lo |
| anterior significa que el proceso de acostumbramiento a la violencia no es una elección individual |
| sino el desarrollo de los conflictos que se presentan en la sociedad. |
| Por ejemplo, en la lucha por el control territorial (y |
| cuando este logra instalarse por parte de un actor |
| armado ilegal), no solo se está evidenciando una |
| limitada o nula presencia institucional, sino que, |
| de alguna manera, estos actores se van constituyendo como un referente de poder y de emulación |
| por parte de los NNAJ. Y como el ejercicio de esa |
| forma de poder se ha alternado por años, esas |
| maneras se van aprehendiendo e instalando como dispositivos claros de tramitación de conflictos, de |
| ejercicios de influencias, de formas de representación y de reconocimiento. Esto no impide señalar que al soportar este tipo de prácticas, en las |
| comunidades también está instalado el miedo, la |
| sensación de inseguridad y de falta de protección, |
| prevención y atención responsabilidad del Estado. |
| Llama la atención que el impacto del conflicto |
| armado y la violencia en la comunidad educativa |
| no sea solo entonces una situación objetiva, sino |
| también una construcción cultural que si bien no |
| es nueva, constituye un referente fundamental de |
| análisis tanto del problema como de la ausencia |
| de respuesta del Estado. 30 4. Los IMpActos |
| en LA escueLA Como se presentó en el apartado anterior, |
| son múltiples las situaciones de contexto |
| que influyen en las dinámicas de las comunidades educativas en Medellín y en |
| su área metropolitana. Estos hechos se repiten |
| constantemente y son cada vez más diversos, con |
| efectos profundos en la sociedad en general. |
| En el caso de Medellín, las afectaciones del conflicto armado se extienden al sector educativo lo |
| que produce riesgos para la comunidad en lo referente a los derechos a la vida, a la integridad y a la |
| libertad de la comunidad educativa, especialmente al derecho a la educación de NNAJ. |
| En el Informe de 2011, la Personería de Medellín identificó situaciones de riesgo en las IE |
| que se vincularon a estructuras compuestas por |
| engranajes del conflicto armado interno, generando efectos negativos tanto en las comunidades |
| como en las instituciones. Allí se evidenciaron los |
| problemas que originan la pobreza, las fronteras |
| invisibles, las formas de discriminación y las vio- lencias en general de las que son víctimas no solo |
| estudiantes sino docentes y directivos. |
| En su análisis, la Personería catalogó con “semáforo en rojo” a 47 instituciones por su estado |
| de riesgo social al cumplir los siguientes requisitos: 5. 1. Amenazas a docentes y estudiantes. |
| 2. Amenazas y agresiones entre estudiantes. |
| 3. Tráfico de sustancias psicoactivas. |
| 4. Fronteras invisibles y presencia de actores |
| armados en o cerca de las instituciones educativas. |
| Ingreso de actores armados a las instituciones |
| educativas. |
| 6. Asesinatos. |
| 7. Amenaza y desplazamiento forzado a padres |
| de familia de la institución educativa. |
| 8. Enfrentamientos entre combos. |
| 9. Extorsiones. |
| 10. Presión por reclutamiento. De dicho informe se destaca el caso de la escuela |
| San Pablo, en donde se presentan amenazas a |
| docentes, enfrentamientos armados y asesinatos |
| de personas en sus alrededores. Además, se cancelan cursos por falta de estudiantes. Si bien el |
| reporte señala que la ocurrencia de dichos hechos |
| se detuvo una vez se dio la intervención de las |
| secretarías de Educación y de Gobierno, la Policía Nacional y la Personería de Medellín, también |
| expresa que: La escuela sigue siendo la más afectada |
| por los múltiples enfrentamientos que se presentan entre combos de Belén las Violetas, El |
| Rincón y Aguas Frías por el control territorial. El |
| coordinador de la escuela menciona que solo |
| ocho niños están solicitando cupo para el año |
| 2012, se han cerrado 2 grupos, un promedio de |
| 60 niños se han retirado, y la mayoría de estudiantes pertenece a un solo sector. A su vez, en 2011 |
| la Unidad Permanente de |
| Derechos Humanos (UPDH) de la Personería de |
| Medellín identificó 47 instituciones educativas en |
| situaciones de vulnerabilidad y riesgo en la ciudad |
| (aproximadamente el 20 por ciento), bien por situaciones de conflicto armado o por riesgo de explotación sexual o trata de personas, vulneraciones generalmente ejercidas por grupos armados |
| de la violencia organizada. |
| Amenaza en clave de género Un docente de la ciudad que trabaja en la jornada |
| nocturna de una IE, recogió el siguiente relato que |
| expresa claramente el rol y poder que los grupos |
| armados ejercen en el territorio, incluyendo la escuela: La llamada a las cuatro de la tarde aquel |
| lunes era para decir que estaba circulando una |
| amenaza escrita que advertía a todo el mundo |
| que no asistiera a clases porque no respondían |
| por la vida de nadie. Decían que se disculpaban |
| por los heridos de la noche anterior. |
| El volante que circuló con las imágenes de un |
| par de fusiles fue contundente en producir temor |
| en el vecindario, padres de familia, profesores |
| y estudiantes. Ese lunes 16 de mayo de 2011 |
| hacía una tarde cálida, veraniega, ideal para |
| el comienzo de semana, pero el impacto de la |
| amenaza fue contundente, no hubo otra alternativa que suspender las clases. |
| El ambiente estaba tenso y corrían rumores de |
| muertos, balaceras, enfrentamientos entre grupos de jóvenes del colegio diurno, de amenazas |
| de muerte: |
| “Si de verdad quieres a tus vecinos, infórmales… Que no salgan estos días hasta nuevo |
| aviso. Lo de salir es no ir a estudiar los pelados y |
| las peladas a los colegios. A los pelados los podemos coger y darles de baja y a algunos llevarlos para nuestro combo. Y a las peladas ponerlas |
| de nuestra parte para ser nuestras noviecitas. |
| Así que no se arriesguen a tanto (sic), no queremos que caigan personas inocentes otra vez. |
| Disculpen por las personas que salieron heridas |
| anoche (sic). Se los advertimos ya, si quieren |
| exponer a sus hijos ya es problema de ustedes. |
| Ya saben hasta nueva orden no los arriesguen”. |
| Reunidos improvisadamente en el patio central |
| se decidió, finalmente, que así no se tuviera la |
| certeza de quiénes estaban detrás del panfleto, |
| no habría clases hasta nueva orden. |
| Causó sorpresa el uso del lenguaje de género cuando habla de los pelados y las peladas. Sin embargo, la redacción como tal deja mucho que |
| desear. Sobre |
| los posibles autores circularon 31 En el caso de |
| Medellín, las |
| afectaciones del |
| conflicto armado |
| se extienden al |
| sector educativo |
| lo que produce |
| riesgos para la |
| comunidad en |
| lo referente a |
| los derechos |
| a la vida, a la |
| integridad y a |
| la libertad de |
| la comunidad |
| educativa, |
| especialmente |
| al derecho a la |
| educación de |
| NNAJ. |
| En la amenaza reportada por el docente, llama la |
| atención cómo el grupo diferencia entre los tipos |
| de afectaciones a los que se pueden ver sometidos hombres y mujeres jóvenes según su género. |
| Esta claridad la manejan tanto desde el lenguaje |
| (los pelados y las peladas) como desde la exposición de retaliaciones, al asegurar que a los |
| hombres los pueden asesinar o reclutar, mientras |
| convierten a las mujeres en informantes estableciendo relaciones sentimentales con ellas. vulneraciones a los derechos |
| humanos de niños y niñas Los casos descritos en el Anexo 1 y registrados |
| por el Observatorio de la COALICO, evidencian las |
| diversas formas de afectación de los derechos a la |
| vida, a la integridad personal y a la educación que |
| sufren NNAJ en Medellín. En la búsqueda del control territorial de las escuelas, los grupos armados |
| se han extendido de una manera particular a lo |
| barrial, lo que produce múltiples afectaciones a |
| los habitantes de las zonas en disputa. Es así como una amenaza, además de la zozobra que genera en niños, niñas y sus familias, también puede 10 11 Tomado del Informe 2011 presentado por Otto Higuita, coordinador académico de la IE Kennedy, institución que es atendida |
| por la Corporación Cedecis, mediante el Convenio de ampliación de cobertura educativa. |
| Es el resultado del monitoreo general en el transcurso de la investigación. Estos casos son solamente una pequeña muestra |
| representativa de lo que sucede en la ciudad de Medellín (ver anexo No. 1 de este Informe). 33 En la búsqueda |
| del control |
| territorial de las |
| escuelas, los |
| grupos armados |
| se han extendido |
| de una manera |
| particular a |
| lo barrial, lo |
| que produce |
| múltiples |
| afectaciones a |
| los habitantes |
| de las zonas en |
| disputa. derivar en desescolarización, desplazamiento forzado, ingreso al trabajo infantil, entre otros. |
| En ese sentido, las afectaciones se resumen de la |
| siguiente manera: x Amenazas a nnAJ. Se profieren amenazas por el tránsito en las llamadas fronteras |
| invisibles, por vivir en sectores distintos a |
| donde están ubicadas las IE y que son zonas de confrontación, por tener amigos o |
| familiares en los grupos armados, por retaliaciones frente a alguna medida de prevención o protección que se haya tomado |
| en las IE, por no acatar las órdenes de los |
| diferentes actores armados. |
| x Homicidios de nnAJ. Por un lado, son los |
| resultados de los enfrentamientos armados |
| entre los actores y, por otro, resultan del |
| ejercicio sistemático y selectivo de los grupos armados. x Miedo o temor derivados por otros hechos de violencia. Situaciones que se |
| presentan en o alrededor de las IE y que finalmente se ven reflejadas en afectaciones |
| psicosociales o emocionales. x utilización de las escuelas como mercado o microtráfico de drogas. De esta forma se estimula el consumo y la participación en alguna de las cadenas del tráfico. |
| Esta dinámica deriva, en muchas oportunidades, en escenarios de confrontación. x reclutamiento o vinculación de estudiantes a los grupos armados. Se pre- senta el uso de niños y niñas como informantes, transportadores de armas y de drogas, |
| expendedores o mensajeros frente a otros |
| pares y los estamentos de la institución educativa. También se les requiere para controlar |
| el mercado de las drogas al interior de las IE. x presencia de la fuerza pública en actividades de control o de complicidad |
| con actores armados. Situación que ha llevado a la comunidad a aseverar que las |
| prácticas de los grupos armados legales se |
| asemejan a las de los ilegales, debido a la |
| presión y al control que ejercen sobre los |
| habitantes de diversos sectores, y al rela- cionamiento que establecen con niños y |
| niñas en los barrios. x desplazamiento forzado. Ante los riesgos que representan las amenazas individuales |
| y colectivas, los enfrentamientos armados, |
| el potencial reclutamiento forzado y el abuso sexual, el desplazamiento se convierte |
| en una medida de protección de la vida y la |
| integridad de NNAJ. x desescolarización de niños y niñas. Se produce por el temor a los trayectos y |
| tránsitos para arribar a la IE o casos de intimidación al interior de la misma. La seguridad es, por tanto, el principal elemento que |
| determina la desescolarización de niños y |
| niñas en las comunas de Medellín afectadas por la violencia armada. A este listado de afectaciones, se suman –por su |
| pertinencia– las reportadas por el estudio Impacto de las armas en los derechos humanos y el desa- rrollo (2001): Las formas de afectación de las instituciones educativas por la existencia de grupos |
| armados y por el porte armas en la zona, son |
| directas e indirectas. Dentro de las primeras se |
| identifican acciones tales como: delitos contra |
| el patrimonio institucional o de los miembros de |
| la comunidad educativa; delitos contra la vida e |
| integridad personal y delitos contra la libertad; la |
| desescolarización preventiva por enfrentamientos armados en el área; restricción de acceso |
| por paro de transporte; utilización de instalaciones educativas para encuentro, asedio o ingreso |
| de personas armadas externas; porte de armas |
| dentro de las instalaciones por miembros de la |
| comunidad educativa, etc. |
| Han tenido lugar situaciones como: a. Estudiantes que no pueden acceder a las |
| instalaciones educativas porque han sido |
| objeto de amenaza por parte de una persona o un grupo armado. |
| b. Estudiantes que han sido heridos dentro del |
| colegio con arma de fuego por otros estudiantes o por personas que ingresan. 34 La presión por |
| el reclutamiento, |
| las amenazas |
| y las fronteras |
| invisibles |
| que limitan |
| la movilidad, |
| se traducen |
| muchas veces en |
| desplazamiento |
| forzado, y |
| por ende, en |
| desescolarización |
| o en reubicación |
| de los |
| estudiantes. c. Docentes que han sido amenazados por estudiantes por problemas de autoritarismo, |
| disciplina o rendimiento académico. |
| d. Docentes que han sido atracados o que les |
| han robado sus automotores. |
| e. Estudiantes que portan sus armas dentro |
| del colegio por protección cuando se sienten en riesgo, o por exhibición. |
| f. Pérdida de |
| capacidad de movilización |
| hacia el centro educativo cuando grupos |
| armados en la zona han impuesto el paro |
| de transporte. Algunas de las formas indirectas de afectación |
| de las instituciones educativas, es decir que no |
| involucran ninguna de las anteriores acciones, |
| son: generalización del miedo por la frecuencia |
| de homicidios o enfrentamiento armado; desplazamiento intraurbano por temor o por amenazas |
| sobre estudiantes o miembros de sus familias; |
| presencia de grupos en el área adyacente del |
| colegio o donde habitan los estudiantes; deserción escolar, y constreñimiento de actividades |
| extracurriculares en espacios públicos. Es común por ejemplo, que como consecuencia de |
| amenazas sobre estudiantes o sobre miembros |
| de su familia se presenten casos o bien de deserción escolar o cambio de institución educativa por causa de desplazamiento forzado dentro |
| de la ciudad. Al puntualizar en una de las afectaciones, como |
| la COALICO y la CCJ reportaron en su Informe alterno al informe del Estado colombiano sobre el |
| cumplimiento del Protocolo Facultativo relativo a |
| la Participación de Niños en los Conflictos Armados (2009), existe una relación directa entre amenazas de reclutamiento y desplazamiento forzado: En el informe del Comité Internacional de |
| la Cruz Roja de 2007 se afirma que del total de |
| casos recibidos por esta institución en el país, el tercer factor de desplazamiento es la amenaza |
| de reclutamiento. La misma constatación la desarrolló Codhes en su Boletín Número 74 (2008) |
| en el que indica el reclutamiento como uno de los |
| principales factores del desplazamiento. Por su |
| parte el Secretario General se ha manifestado en |
| varias ocasiones (2007 y 2009) reiterando que |
| “el reclutamiento de niños y el desplazamiento |
| interno están estrechamente relacionados, (…) |
| pues en muchos casos el desplazamiento es el |
| único medio que tienen las familias en ciertas |
| zonas para evitar que sus hijos sean reclutados |
| por grupos armados”. En el contexto de Medellín, la presión por el reclutamiento, las amenazas y las fronteras invisibles que |
| limitan la movilidad, se traducen muchas veces en |
| desplazamiento forzado y, por ende, en desescolarización o en reubicación de los estudiantes. |
| Entre 2009 y 2011 fueron desplazados forzosamente de la ciudad de Medellín al menos 23.122 |
| personas, de las cuales 11.411 eran menores de |
| edad (DPS, 2012). |
| En 2010 se recibieron en Medellín 1.604 declaraciones que cobijan a 5.962 personas (1.061 |
| niños y 954 niñas). Uno de los reportes correspondía a un desplazamiento masivo de 86 personas del barrio La Sierra de la Comuna 8, ocurrido |
| en el mes de junio (Personería de Medellín, 2010). |
| Un año después, a 30 de junio, se habían recibido |
| 1.112 declaraciones que comprendían a 4.238 |
| personas (727 niños y 705 niñas), en las que se |
| incluían 163 que aducían peligro de reclutamiento12 (Personería de Medellín, 2010 y 2011). |
| Como parte de la multicausalidad del desplazamiento forzado se encuentran, por ejemplo, los |
| homicidios y las amenazas en contra de los miembros de la comunidad educativa. Estos crímenes |
| manifiestan el riesgo constante para estudiantes, |
| docentes y directivos, y la potencialidad de desarticulación de los procesos educativos, sociales y |
| culturales en los colegios. 12 Si bien los informes no determinan cuántos de estos niños y niñas reportados se encontraban escolarizados, si se considera |
| que en Medellín la Secretaría de Educación estima una cobertura del ciento por ciento, es de suponer que estos hechos |
| afectan el proceso de escolarización de la población menor de 18 años. Durante 2009 fueron asesinados 11 estudiantes a las salidas de las instituciones educativas |
| (siete hombres y cuatro mujeres) (Personería de |
| Medellín, 2010). Un año después, se reportaron |
| los asesinatos de cuatro estudiantes a la entrada |
| o a la salida de las IE (tres hombres y una mujer). |
| A estas cifras se suman las identificadas por el |
| Observatorio del IPC en el año 2009, con base en |
| los reportes oficiales de la Personería de Medellín: 1. De enero a octubre se presentaron los siguientes casos de amenazas: 92 a docentes, |
| 54 a estudiantes y 34 directas e indirectas a |
| instituciones educativas de las comunas 1, 2, |
| 3, 5, 6 y 15 de Medellín. |
| 2. En el mismo período se registraron 12 casos |
| de estudiantes asesinados, de los cuales cinco eran menores de edad. No obstante, según reportes de medios locales de |
| comunicación, hasta el 12 de agosto de 2009 se |
| tuvo conocimiento del asesinato en Medellín de |
| 39 estudiantes menores de 18 años en diferentes |
| circunstancias. |
| La |
| relación desplazamiento |
| forzado-desescolarización se enmarca en un permanente estado |
| de emergencia de las comunidades educativas. |
| En otras palabras, padres de familia, estudiantes, |
| directivos y docentes encuentran en las emergencias humanitarias los elementos de la existencia |
| o no de la “normalidad” académica. Con el fin de |
| reducir los impactos y evitar la desescolarización |
| plena, se han adoptado medidas temporales que |
| involucran a los familiares de los estudiantes amenazados: padres y abuelos cumplen la función de |
| enlace entre la IE y el alumno, para que sin asistir |
| al colegio, el niño o la niña se mantenga vinculado |
| a través de talleres y guías pedagógicas. |
| En el año 2009, la situación de deserción escolar preocupaba a las comunidades educativas: Hernando Posada, director del Núcleo |
| Educativo 921 Doce de Octubre, afirma que, en |
| agosto de 2009, unos 400 estudiantes de este |
| sector de Medellín han abandonado el sistema |
| educativo, cancelado matrícula, solicitado tras- 35 lado a otras instituciones educativas e, incluso, |
| han pedido autorización a las directivas de sus |
| respectivos colegios para terminar el año lectivo |
| desde sus hogares (IPC, 27 de agosto de 2009). El 21 de marzo de 2010, el periódico El Colombiano expresaba que “en un colegio de la Comuna |
| 8, en 2009 finalizaron el año escolar 108 estudiantes pero al regreso en 2010, solo ingresaron |
| 72. Algunos de ellos al ser consultados, expresaron que no volvían por temor a ser agredidos”. |
| Del mismo modo, en su reporte del 31 de mayo |
| de 2010, el IPC menciona que “solamente en la |
| Comuna 6 unos 1.000 jóvenes, de una población |
| de 32 mil estudiantes que habitan allí, están por |
| fuera del sistema educativo”. |
| La violencia barrial y sus consecuencias inciden |
| para que se realicen modificaciones en los programas académicos, los calendarios, las acciones |
| pedagógicas, entre otras, como lo señala el rector |
| de una IE: En el contexto |
| de Medellín, la |
| presión por el |
| reclutamiento, las |
| amenazas y las |
| fronteras invisibles |
| que limitan |
| la movilidad, |
| se traducen |
| muchas veces en |
| desplazamiento |
| forzado y, |
| por ende, en |
| desescolarización |
| o en reubicación |
| de los |
| estudiantes. En la jornada de la mañana, los estudiantes llegaban muy tarde o simplemente no |
| venían. Y es que en los barrios había orden de |
| que no se podía salir hasta cierta hora. Nos tocó |
| ser flexibles con eso. Ahora, por solicitud de los |
| mismos padres de familia, la hora de salida de la |
| tarde se recortó en 30 minutos, es decir, pasó de |
| las 6:45 a las 6:15 de la tarde (IPC, 31 de mayo |
| de 2010). Si bien el gobierno local reconoce estas problemáticas desde instancias como las secretarías |
| de Educación y de Gobierno, y los informes y |
| alertas de la Personería de Medellín son contundentes en este sentido, las respuestas del |
| gobierno local siguen siendo insuficientes y en |
| muchos casos contraproducentes. En el primer |
| caso está la existencia del Programa de Convivencia y Participación Escolar de la Secretaría |
| de Educación Municipal. En el segundo, acciones que promueve de manera directa la fuerza |
| pública, como los programas de protección para |
| el traslado de estudiantes de la casa al colegio |
| y viceversa, las rutas seguras, los controles al- 36 Durante |
| 2009 fueron |
| asesinados |
| 11 estudiantes |
| a las salidas de |
| las instituciones |
| educativas. |
| Un año después, |
| se reportaron |
| los asesinatos |
| de cuatro |
| estudiantes a la |
| entrada o a la |
| salida de las IE. rededor de los colegios y las llamadas requisas |
| pedagógicas13 (también conocidas como registros pedagógicos). |
| Se ha identificado que la Policía ingresa a las |
| IE con el argumento de evitar la violencia y la delincuencia, para lo cual desarrolla requisas y en |
| muchos de los casos, según testimonios de los |
| mismos jóvenes, promueve el reclutamiento con |
| el aval de las directivas escolares. Este tipo de |
| acciones, en lugar de conllevar un propósito pedagógico, genera en los jóvenes la sensación de |
| represión y abuso por parte de las autoridades. |
| Los estudiantes se sienten violentados en el espacio escolar, que debería ser un escenario para el |
| encuentro y la construcción de pensamiento crítico. Estas medidas, en últimas, constituyen una |
| afrenta a los procesos formativos. Afectaciones a las y los docentes Cuando la escuela es amenazada, las y los estudiantes no son los únicos afectados. El problema |
| ha trascendido a las y los profesores a través, por |
| ejemplo, de amenazas. Solo en 2008, 61 maestros fueron intimidados, según datos suministrados por el Comité de Amenazados de Adida. Ante |
| esta situación, varias IE han tenido que cambiar |
| de rector hasta tres veces en un año, siendo las |
| más perjudicadas las de la Comuna 13 y el corregimiento de Belén Altavista de la ciudad. |
| Una investigación desarrollada por Adida y la |
| Escuela Nacional Sindical en el período 1986 y |
| 2008, registró 1.890 casos de violaciones contra |
| la vida, la libertad e integridad de los educadores antioqueños. La cifra incluye 372 casos de |
| asesinatos y desapariciones, concentrados principalmente en el área metropolitana de Medellín, |
| Oriente de Antioquia y Urabá. Según Adida, el |
| número de amenazados en 2009, 2010 y parte |
| de 2011 en Medellín alcanza un promedio de 90 |
| casos por año. El Comité de Desplazados en el Sector Educativo14 reportó que a agosto de 2009, 81 profesores tuvieron que ser reubicados por amenazas de |
| muerte, mientras que el Comité de Amenazados |
| de Adida documentó, a marzo de 2010, 12 docentes amenazados en Medellín y 30 más en el |
| departamento de Antioquia (El Colombiano, 21 de |
| marzo de 2010). |
| Acerca de esta problemática, un artículo de la revista Semana (13 de agosto de 2010), señalaba: En el primer semestre de este año fue |
| asesinado el profesor Gustavo Gil Sierra, y 39 |
| colegas suyos se acogieron al Comité de Docentes Amenazados. Las advertencias de muerte |
| son directas. Por ejemplo, varios maestros de |
| la institución educativa Cedepro, en el corregimiento de Altavista, se enteraron de que querían |
| matarlos mediante un panfleto donde aparecían |
| sus nombres junto con los de otras 20 personas, |
| entre ellos, los de algunos niños. De igual manera, Adida señala que a la fecha no |
| tiene cifras consolidadas de afectaciones emocionales y en salud mental a los docentes y el número de consultas e incapacidades por motivos |
| asociados a la violencia y el conflicto. Sin embargo, en entrevista con un miembro del Comité de |
| Derechos Humanos de la asociación, se reportó |
| que existen numerosos casos registrados, especialmente en las comunas 1, 6 y 13. |
| Adicionalmente, el conflicto armado y la violencia |
| que se han exacerbado en los últimos tres años |
| en Medellín, han puesto en evidencia la ausencia |
| de recursos y herramientas de los docentes para |
| adelantar actividades educativas y sociales con |
| las que sea posible atender sus impactos. |
| En varios conversatorios organizados por el IPC |
| (31 de mayo de 2010), las y los docentes han expresado esta situación. Así lo retrata el testimonio |
| del rector de la IE Kennedy: 13 14 Las requisas o registros pedagógicos son llevados a cabo por la fuerza pública a la entrada o dentro de los colegios, en |
| aquellas zonas de la ciudad donde existe la presencia de grupos armados. Si bien no es una política oficial de la Secretaría |
| de Educación, en muchos colegios se autoriza y se realiza en ciertas coyunturas. Más adelante se señala cómo este tipo de |
| acciones cuestionan el papel socializador y regulador de la escuela. |
| Integrado por la Secretaría de Educación de Medellín, la Personería de Medellín y Adida. 37 Cuando la |
| escuela es |
| amenazada, las |
| y los estudiantes |
| no son los únicos |
| afectados. El |
| problema ha |
| trascendido a las |
| y los profesores |
| a través, por |
| ejemplo, de |
| amenazas. Esta es una situación que se nos sale de |
| las manos. Anteriormente, en otras épocas de |
| violencia, nosotros sabíamos cómo movernos y |
| cómo actuar porque conocíamos a los actores |
| de ese conflicto. Podíamos utilizar la pedagogía, |
| esas son nuestras armas. Hoy eso es casi imposible, no sabemos el por qué de esta violencia y |
| quiénes son los enfrentados. En ese sentido, docentes de instituciones ubicadas en la Comuna 6 de la ciudad señalaron cómo |
| se mezclaban el miedo, el estrés, la impotencia |
| y la incapacidad para responder a las continuas |
| situaciones de emergencias que se presenta. |
| Estas situaciones tienen un fuerte impacto sobre |
| la calidad y la pertinencia del proyecto pedagógico |
| que se imparte en las IE afectadas por el conflicto |
| armado y la violencia. Así lo manifiesta el Director |
| del Núcleo Educativo Doce de Octubre (IPC, 31 de |
| mayo de 2010): Nosotros hemos tenido que suspender los |
| ciclos educativos para dedicarnos más a pro- cesos formativos y de convivencia. El conflicto |
| nos obligó a eso. Cuando lleguen las pruebas de |
| Estado, se va a notar el “bajón” en los resultados |
| académicos, pero es que lo otro también es importante. Con el titular de Escuelas en la mira, el 17 de mayo de 2011 el periódico El Espectador informó que |
| en Medellín durante 2009, 144 niños y niñas fueron asesinados, mientras 199 docentes tuvieron |
| que ser reubicados. |
| Las afectaciones a los docentes se resumen en |
| las siguientes categorías: 1. El impacto directo, como amenazas, asesinatos, desplazamiento, etc. |
| 2. El impacto emocional con profundas implicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el relacionamiento con los estudiantes |
| y, en general, con la comunidad educativa. |
| 3. Los dispositivos o condiciones de las IE para |
| educar en medio de contextos de violencia. 38 5. LA respuestA |
| deL estAdo Ante el complejo escenario planteado, en |
| el que actores armados ejercen diversos |
| tipos de presiones en los barrios, afectando de manera directa e indirecta a las |
| instituciones educativas, a los estudiantes, a los |
| docentes y, en últimas, a la comunidad, surge una |
| pregunta fundamental: ¿cuál es la respuesta del |
| Estado? I. Como ha podido observarse en la información |
| recogida para la presente investigación, ha sido de |
| suma importancia la recepción de quejas, el acompañamiento de casos y situaciones presentadas, |
| así como la participación en la definición y aplicación de algunas medidas, implementadas bajo la |
| dirección de la Secretaría de Educación, de la Personería de Medellín y particularmente de la Unidad |
| Permanente de Derechos Humanos. |
| Los informes sectoriales, así como los semestrales |
| y anuales de derechos humanos presentados por la |
| Personería, contienen unas claras imágenes y ra- diografía de la forma y contenidos como han venido |
| evolucionando en la ciudad los impactos del conflicto |
| armado y la violencia armada en la escuela. Así por |
| ejemplo los informes de los años 2010 y 2011 dan |
| cuenta de este contexto. En su informe Convivencia y participación en las IE (2010), la Personería evidenció avances en la |
| participación con perspectiva de género y en el |
| posicionamiento de la intervención política tanto |
| de mujeres, adolescentes y jóvenes (entre los 15 y |
| 20 años) como de la población de Lesbianas, Gais, |
| Bisexuales, Transgeneristas e Inter-Sex (Lgbti). El |
| documento también reveló una debilidad en la legislación vigente en cuanto a los procedimientos |
| o mecanismos que regulan el ejercicio de la participación en las comunidades educativas. |
| En lo que respecta a la convivencia escolar, el informe mostró que a nivel interno de las IE se han |
| presentado situaciones de vulneración al derecho |
| al libre desarrollo de la personalidad, como por |
| ejemplo sanciones o desescolarización ya sea por 39 los cortes de cabello, por manifestaciones de afecto entre jóvenes del mismo sexo o por embarazos. |
| También se observaron dificultades en las IE para el |
| manejo de casos de violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias psicoactivas. |
| Ante esto, la Secretaría de Educación en convenio |
| con la Universidad Nacional, llevaron a cabo una |
| investigación a través de la cual se hizo análisis y |
| seguimiento de 75 manuales de convivencia de IE |
| de la ciudad. A nivel externo de las instituciones, el |
| informe muestra que dinámicas como el reclutamiento de personas menores de 18 años a los grupos armados, el narcotráfico y el control territorial |
| afectan los procesos educativos, con vulneración |
| continua y directamente de los derechos a la educación, a la movilidad y a la vida. |
| En 2011 la Personería de Medellín realizó un |
| proceso investigación y análisis de la situación |
| de derechos humanos en algunas IE de Medellín |
| y sus corregimientos. En el proceso se identificaron instituciones con casos de vulneración de |
| derechos humanos, se |
| realizaron acciones de |
| acompañamiento y seguimiento en IE localizadas |
| en polígonos de alto riesgo o círculos de fuego, |
| y se visualizaron instrumentos formulados como |
| herramientas de protección. |
| Además del monitoreo y los informes en mención, la Personería promueve el seguimiento y |
| mejoramiento de los Manuales de Convivencia y |
| la participación y organización, mediante la formación y acompañamiento a la red de Personeros |
| estudiantiles. |
| También, con base en lo anterior, la Personería |
| implementó un trabajo de exigibilidad e incidencia |
| para que el gobierno local, en cabeza de la Secretaría de Educación, dé respuestas a los hechos |
| y contextos que por efectos del conflicto armado |
| afectan, no solo el derecho a la educación, sino |
| también los derechos a la vida, a la integridad personal y a no desplazarse. |
| Es por ello que la Personería de Medellín ha |
| sido importante para que desde la Secretaría de |
| Educación se hayan producido unas estrategias |
| de coordinación y de los llamados protocolos de |
| seguridad para la identificación de situaciones y |
| su atención. II. Ante estos casos y contextos y a partir de varios |
| hechos violentos ocurridos en las IE, donde fueron |
| asesinados 11 estudiantes en 2009 y cuatro jóvenes |
| en 2010, la Secretaría de Gobierno y la Administración Municipal tomaron medidas como acciones |
| simbólicas, movilizaciones sociales y la concreción |
| en diciembre de 2010 de las Comunidades Protectoras, que incluyen unos protocolos de seguridad y |
| actuación en caso de situaciones críticas. |
| Además de lo anterior, la alcaldía de Medellín |
| cuenta el Comité Municipal de Seguridad y Convivencia paras las IE, que tiene como tareas: 1. La construcción de un sistema de medición |
| del grado de afectación de las escuelas. |
| 2. Las medidas a tomar. |
| 3. Las recomendaciones y los niveles de protección a prestar a las mismas. Puede decirse entonces que es en el año 2010 |
| cuando se estructura una respuesta del Estado |
| a esta problemática que parte de reconocer los |
| informes de la Personería de Medellín, los hechos |
| registrados por la prensa y los informes de algunas organizaciones no gubernamentales. |
| Para el año 2009, desde el Programa de Convivencia y Participación en la Escuela de la Secretaría de Educación de Medellín se detectaron |
| 10 variables que intervienen de manera directa |
| en la afectación de la escuela por el conflicto armado y la violencia. El coordinador del programa, |
| entrevistado para esta investigación, definió estas |
| variables de la siguiente forma: 1. Amenazas a docentes, alumnos y padres de |
| familia, no siempre asociadas a situaciones de |
| la escuela. |
| 2. Amenazas a docentes en relación con el debido proceso, a medidas disciplinarias, pedagógicas, etc. |
| 3. Promoción de abusos sexuales de actores internos y externos mediante formas directas e |
| indirectas. Estimulación de la pornografía, la |
| explotación sexual, entre otras. |
| 4. Entornos naturales y sociales que favorecen |
| la acción de actores armados que facilitan la |
| venta y consumo de drogas. 40 5. Barreras territoriales que impiden la movilización de los NNAJ de un barrio o sector a otro |
| como expresión de control territorial. |
| 6. Acciones delictivas como atracos y robos en |
| las afueras de las instituciones educativas. |
| 7. Establecimiento de plazas y ventas de drogas |
| al interior de los colegios, estimulando el comercio, el consumo y las presiones que de allí |
| se derivan. |
| 8. Amenazas, enfrentamientos y concertación de |
| peleas vía Internet. Esto ocurre entre colegios |
| públicos, privados y de ampliación de cobertura. |
| 9. Personal directivo y docente que es sujeto de |
| injerencia, manipulación o permisivo frente a |
| los intereses de los grupos armados, lo que |
| facilita la influencia de los grupos en las actividades de la institución educativa. |
| 10. Reclutamiento de NNAJ por parte de los grupos armados. El funcionario asegura que no todas las variables |
| actúan sobre la misma IE. Sin embargo, en una |
| identificación de factores se encontró que estos |
| se asumen en su conjunto y definen los espacios |
| de intervención desde la Alcaldía de la ciudad, |
| además de la Secretaría de Educación. |
| Si bien los informes y documentos presentados |
| por diversos estamentos de |
| la administración |
| municipal no señalan cuál es la población por estratos más afectada por el conflicto armado y la |
| violencia, las evidencias dan cuenta de que este |
| drama se presenta en general en las comunidades con mayores niveles de exclusión. Sin embargo, un informe de la Secretaría de Educación |
| expone las razones para la adopción y ampliación |
| del Programa Buen Comienzo: En el escenario de lo cotidiano de la ciudad |
| de Medellín en la actualidad se presentan dificultades de orden público y de violencias en diferentes zonas de la ciudad que imposibilitan que los |
| niños y las niñas del Sisben 1 y 2 accedan a sus |
| derechos plenos para su desarrollo integral. Es el |
| interés de la Administración Municipal en cabeza |
| de la Secretaría de Educación, mediante el programa Buen Comienzo, quien se articula con las entidades prestadoras del servicio por medio de |
| este proyecto para garantizar los derechos de los |
| niños y las niñas en el territorio municipal. Durante 2009 la Administración Municipal implantó la medida de “toque de queda para menores de |
| edad” sin arrojar resultados favorables. Además, |
| se aumentó la presencia de la fuerza pública al |
| interior de los planteles educativos por medio de |
| “registros pedagógicos”. A partir de allí, comenzó |
| la implementación de los protocolos de seguridad. |
| En enero de 2010 el entonces presidente de la |
| República, Álvaro Uribe Vélez, propuso (El Espectador, 26 de enero de 2010): “Hemos tomado una decisión, vincular a |
| través de la fuerza pública a mil jóvenes universitarios de Medellín como informantes del Ejército”, puntualizó Uribe a periodistas. Cada uno |
| de los vinculados recibirá un pago mensual de |
| 100.000 pesos “a título de bonificación”, señaló el mandatario, quien anunció la llegada de |
| 1.300 policías y 137 investigadores más a esa |
| ciudad “para combatir el crimen”. Al día siguiente de esta propuesta el entonces |
| alcalde de Medellín, Alonso Salazar, en una entrevista por Caracol Radio, expresó su apoyo a la |
| propuesta y señaló que la Alcaldía de la ciudad |
| podría disponer de 500 millones de pesos al año |
| para ello. Aun así, esa misma tarde y en los días |
| posteriores, Salazar cambió su posición y señaló |
| que prefería la denuncia voluntaria de la comunidad. La propuesta mereció el rechazo de la comunidad educativa y de diversos sectores de la |
| sociedad, por lo que no prosperó. |
| Para reafirmar el Diagnóstico, el documento de |
| Comunidades Protectoras (documento elaborado |
| por la Secretaría de Educación de Medellín en |
| 2010), señala: “A propósito de las motivaciones |
| que se tuvieron para implementar el acompañamiento a los escolares”, estas se deben a “la situación de reubicación de grupos armados en las |
| ciudades, la división territorial, los límites creados |
| por los actores armados, la inseguridad que se |
| presenta alrededor de las instituciones, con actos |
| delincuenciales y enfrentamientos”. 41 Si la participación |
| de las |
| comunidades |
| educativas y |
| del entorno se |
| reconoce como |
| una herramienta |
| significativa en |
| la protección |
| de la escuela, |
| esta no alcanza |
| aún un nivel |
| importante de |
| empoderamiento |
| que permita |
| lograr lo que se |
| propone. Además de dicho diagnóstico, es importante reseñar que la ciudad en los últimos ocho años ha |
| tenido una importante inversión en el campo de |
| la educación debido a una mayor destinación de |
| recursos para la creación de grandes IE en las comunas y en los diferentes niveles de escolaridad. |
| Informes de la Secretaría de Educación conceptúan que con las 29 nuevas construcciones en los |
| últimos siete años, y las adecuaciones y reestructuraciones a más de 70 colegios de la ciudad, junto |
| al incremento del presupuesto en el área de educación (en términos de cobertura), Medellín está |
| en capacidad de recibir el ciento por ciento de los |
| estudiantes hasta la secundaria. Por tanto, en términos de cupos, la escolarización no es problema. |
| Algunos |
| especialistas |
| valoran |
| este |
| proceso |
| como de profundización de la masificación de |
| la educación con aumento de la eficiencia (Programa Medellín Cómo Vamos, 2010). “Uno de la |
| aspectos relevantes de dichas inversiones es que |
| la ciudad atrae estudiantes de otros municipios |
| del Valle de Aburrá. En primaria, por ejemplo, se |
| tiene una cobertura superior al ciento por ciento”, |
| según anota el informe, aunque preocupan los niveles de analfabetismo en Medellín.15 |
| Pues bien, la respuesta específica y directa a la |
| problemática antes descrita, se podría inscribir en |
| el marco del Proyecto Comunidades Protectoras, |
| que a su vez contiene en su interior los protocolos |
| de seguridad para aquellos momentos en que a |
| escuela es afectada por el conflicto armado. |
| El documento señala que “el concepto de Comunidad Protectora se refiere a aquella agrupación |
| de personas de un territorio determinado, que |
| consciente de su realidad social atiende aspectos |
| como la comunicación, el liderazgo, la toma de |
| decisiones y los orientan hacia la transformación |
| de las prácticas, condiciones y hábitos, para mejorar las relaciones humanas en el marco de un |
| interés común: la protección de sus habitantes”. |
| El objetivo es contribuir a la conformación de |
| Comunidades Protectoras que reconozcan y asuman el conflicto como un fenómeno que incide |
| negativamente en la transformación social, para que definan acciones tendientes a atenuarlo y |
| a promover dinámicas personales y sociales de |
| empoderamiento ciudadano que |
| fortalezcan |
| la |
| confianza y la convivencia entre sus habitantes. |
| En consecuencia, las Comunidades Protectoras |
| se hacen garantes de la formación en el respeto |
| a la vida y a los demás derechos humanos, a la |
| paz, a los principios democráticos, de convivencia, |
| pluralismo, justicia con equidad y solidaridad. |
| Metodológicamente se conforman Equipos Gestores Territoriales que al inicio están integrados |
| por funcionarios públicos, encargados de promover en el territorio la propuesta de Comunidades |
| Protectoras. Estos equipos tienen presencia permanente en el territorio y son los responsables |
| del diseño e implementación de las estrategias de |
| intervención que están contenidas en cuatro fases |
| y un eje transversal. x |
| x |
| x |
| x Fase 1. Identificación y movilización. |
| Fase 2. Concentración. |
| Fase 3. Intervención y sostenimiento. |
| Fase 4. Seguimiento y evaluación. Como eje transversal están los corredores protectores. Desarrollo y activación de recorridos y actividades lúdico-recreativas y pedagógicas dirigidas |
| a la comunidad para su empoderamiento (comité |
| de convivencia, padres y madres de familia, consejos de estudiantes, escuelas de padres, personeros, entidades prestadoras del servicio, centros |
| culturales, líderes y lideresas). |
| En relación con los protocolos de seguridad y a |
| partir de los elementos de diagnóstico presentados, el Comité de Seguridad y Convivencia caracteriza las situaciones de acuerdo con su gravedad |
| en tres niveles: x Amarillo: corresponde a las IE con situaciones manejables a través de acciones preventivas. |
| x Azul: incumbe a las IE con situaciones que |
| ameritan intervención en el mediano plazo |
| para su mitigación. 15 Medellín tiene unos datos de 43.585 analfabetos mayores de 15 años, afectando en mayor medida a las mujeres. Datos |
| DANE y Medellín Cómo Vamos, MVC (2010). 42 x Rojo: atañe a las IE con situaciones que requieren intervención inmediata, integral y |
| con acompañamiento permanente, plan de |
| mejoramiento y seguimiento. Ante esto, se han creado los llamados protocolos de seguridad, con el fin de “tomar medidas |
| que se deben tener en cuenta en cada institución |
| para mitigar el riesgo en caso de enfrentamientos de grupos armados en zonas cercanas a los |
| colegios”. Este proceso se inició con las diferentes instituciones educativas localizadas en Belén |
| (Comuna 16) y el corregimiento de San Antonio de |
| Prado, zonas en las que durante el primer semestre de 2011 se agudizó el conflicto armado urbano. Para construir los protocolos se hace un plano |
| y un análisis para identificar factores de riesgo y |
| protectores, y ejercicios de criptografía, que sirven |
| como medios de comunicación alterna. La propuesta incluye: x Estrategias de comunicación interna y externa |
| en situaciones de riesgo (contactos, medios y |
| códigos de comunicación –criptogramas–). |
| x Orientaciones para las actuaciones de docentes y estudiantes en situaciones de tensión: enfrentamientos armados mientras se |
| desarrollan actividades académicas, descansos o a la salida del recinto escolar. |
| x Manejos de alertas: rumores o discursos |
| encontrados. |
| x Ubicación de rutas de evacuación y espacios |
| de concentración de los estudiantes, espacios de protección y de riesgo – Planimetría. |
| x Manejo de situaciones de pánico y atención |
| primaria en caso de lesiones. |
| x Utilización del lenguaje con padres de familia, manejo de la angustia. |
| x Estrategias de difusión del protocolo con la IE. “La presencia |
| de la Policía en |
| las instituciones |
| educativas, |
| bien haciendo |
| rondas o las |
| llamadas requisas |
| pedagógicas, |
| lo único que |
| expresa es la |
| deslegitimación |
| de la escuela”. Los protocolos de seguridad establecen además |
| las llamadas rutas seguras, que consisten en un |
| nivel de acompañamiento que la fuerza pública |
| hace a grupos de estudiantes que por condiciones de amenaza o fronteras invisibles han visto |
| afectada su participación en las actividades educativas. La duración de estas rutas depende de los |
| análisis de riesgo que se efectúan. |
| En ocasiones y de acuerdo a los contextos en |
| las |
| instituciones educativas, |
| la misma Policía |
| actúa para las requisas o los llamados registros |
| pedagógicos a las y los estudiantes, con el fin de |
| detectar si portan armas o drogas. |
| Así pues, en síntesis, en los diferentes elementos de diagnóstico asumidos por la Secretaría de |
| Educación y demás dependencias que participan |
| del Comité de Seguridad y Convivencia, hay un |
| reconocimiento de |
| la situación y del contexto, |
| mientras se establecen la propuesta de Comunidades Protectoras, los protocolos de seguridad y |
| las rutas seguras. |
| No hay duda que tanto el diagnóstico como las |
| propuestas responden a una situación de contexto |
| de fácil identificación. La respuesta del gobierno |
| local expresa de hecho, no solo el impacto del |
| conflicto armado en la escuela, sino cómo la educación se da en esas condiciones. |
| El concepto de comunidades protectoras es una |
| perspectiva bien intencionada en el sentido que |
| busca ampliar la oferta más allá de la estrictamente formal de la educación. Además, tiene, en |
| teoría, la virtud de proponer una interacción en el |
| territorio y el entorno de la escuela y no solo en |
| esta. Sin embargo, justamente es esta una de las |
| principales carencias que se han identificado históricamente en la ciudad a la hora de atender este |
| tipo de circunstancias y contextos. |
| Una intervención integral sobre el territorio debería considerarse como la principal estrategia |
| no solo de atención sino también de prevención. |
| Y no es esto precisamente lo que caracteriza la |
| aplicación de la política social de la ciudad. Se entendería que las comunidades protectoras lo que |
| buscan es que en efecto la escuelas sean consideradas un territorio de paz y no solo en virtud de |
| una norma humanitaria, sino porque de manera |
| táctica y explícita tiene un lugar de reconocimien- to para su función social, incluso por parte de los |
| actores armados. |
| Ahora bien, este vacío pretender ser |
| llenado |
| de alguna forma, con un nueva propuesta en el |
| Plan de Desarrollo 2012-2015, y es el referido a |
| la ampliación o complemento de la jornada escolar, con actividades centradas en las prácticas |
| culturales y deportivas. Contrario entonces a la |
| construcción de comunidades protectoras, lo que |
| ha venido ocurriendo es que el impacto sobre la |
| escuela muchas veces se extiende al conjunto de |
| la comunidad y viceversa. |
| Si la participación de las comunidades educativas |
| y del entorno se reconoce como una herramienta |
| significativa en la protección de la escuela, esta no |
| alcanza aún un nivel importante de empoderamiento que permita lograr lo que se propone. Esto se |
| da, entre otras razones, porque la oferta en materia |
| de derechos culturales, sociales y económicos es |
| bastante limitada en estos territorios. En tal sentido |
| la ampliación en la concepción y recursos de las |
| comunidades protectoras debería ser el centro de |
| la política de atención y de prevención. |
| Los protocolos de seguridad por su parte, como |
| ya se mencionó, evidencia la persistencia de una |
| situación que se va volviendo más que coyuntural. |
| Esto evidencia que el conflicto armado y la violencia armada en la ciudad no solo persisten sino |
| que expresan nuevas dinámicas en cada uno de |
| los territorios. |
| Podría decirse que los Protocolos de Seguridad |
| condensan dos acciones centrales. De un lado, las |
| formas de actuación en casos críticos de enfrentamientos, agresiones en la escuela hacia personal |
| educativo, situaciones internas, amenazas a docentes y estudiantes. Del otro, la perspectiva de mantener la escuela funcionando y sin deserción o desescolarización por razones del conflicto, prestando a |
| los y las estudiantes el necesario acompañamiento |
| mediante las llamadas rutas seguras. |
| Pareciera obvio que la protección y la seguridad, mediante el uso de la fuerza pública, se |
| mantuviera como una medida ante una situación |
| de conflicto. Pero tanto este acompañamiento, la |
| existencia de más rutas seguras y la activación de |
| los protocolos de seguridad es evidencia de que |
| el riesgo es latente y se mantiene el impacto en la 44 escuela. Lo que significa, entonces, una prevalencia de las medidas de emergencia para la efectividad de las llamadas comunidades protectoras. |
| De esta manera, dos cosas caracterizan la prevalencia de esta respuesta. De un lado, el énfasis en |
| las llamadas medidas de choque o de contención, |
| que han identificado a las respuestas de política |
| social del gobierno local en los últimos 20 años |
| respecto a las expresiones del conflicto armado |
| y otras violencias en la ciudad. Así, la respuesta |
| frente a una comunidad e institución tan específica, como es la escuela, no es la excepción. |
| De otro lado, el peso específico del papel de la |
| fuerza pública, también expresa la prioridad de |
| un enfoque de seguridad duro que no sería precisamente lo que sugiere una propuesta como las comunidades protectoras, que deberían tener en cuenta expresiones de carácter civil, más aún |
| cuando lo anterior no se limita al tema de las rutas |
| seguras. La Policía tiene también otro tipo de presencia en las instituciones educativas, mediante |
| los programas de la Policía Cívica Juvenil y el |
| DARE (por su sigla en inglés: Drug Abuse Resistance Education, educación para la resistencia en |
| el abuso de drogas). El papel de la fuerza pública |
| en la educación ya ha sido revisado por la Corte |
| Constitucional, al decir que la educación no es |
| función de las fuerzas armadas. |
| El primero inicia aproximadamente en 1983 con |
| el fin de que a través del juego las comunidades |
| que se encontraban en zonas en riesgo de vinculación a guerrillas, participaran en procesos de la |
| policía comunitaria. |
| En Medellín se creó en 1993 y cuatro años después se decidió que los NNAJ participantes no tuvieran los mismos uniformes que los policías, por |
| tanto, se pensó en un uniforme neutral. Para 1996 |
| ya había 200 NNAJ inscritos. A 2011, la cifra alcanzó los 3.256 niños y niñas que hacen parte de |
| este programa en distintas zonas del área metropolitana de Medellín. Un requisito para participar |
| del mismo, es estar escolarizado |
| Sin embargo, este tipo de estrategias se centran |
| en una concepción cívico-militar de la protección |
| y promoción de derechos. Cualquier tipo de acción de este tipo, en medio de conflicto armado y |
| violencia organizada, es un riesgo para la pobla- ción civil: debe existir, para una protección plena |
| de la población civil, una distinción constante y |
| expresa de lo civil y lo militar-policial para el caso |
| colombiano debido a que en el país, la Policía hace parte de la fuerza pública. |
| En lo que respecta al DARE, la Ley 30 de 1986, |
| Estatuto Nacional de Estupefacientes y el decreto |
| 1108 de 1994 establecen la obligatoriedad de la |
| implementación y desarrollo de un programa de |
| prevención en drogas por parte de todas las instituciones educativas y la estricta prohibición del |
| porte y consumo de sustancias psicoactivas en |
| establecimientos educativos. |
| Este programa está dirigido a la población estudiantil, entre los 9 y 12 años, de grados cuarto y |
| quinto de primaria, quienes podrían encontrarse |
| en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. |
| Su objetivo es enseñar a los estudiantes habilidades para resistir la presión y la oferta de consumo |
| de drogas, habilidades sociales y la toma de decisiones autónomas y responsables. |
| Más allá de la evaluación que pueda hacerse de |
| las estrategias y pertinencias de las pedagogías |
| utilizadas para la información, formación y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, |
| nadie podría dudar de la importancia de este tipo de acciones, más aún en un contexto como |
| el de las comunidades populares de la ciudad de |
| Medellín. El Programa DARE es implementado por |
| personal de la Policía Comunitaria de manera gratuita para las IE en la ciudad. |
| Y una acción tan relevante de la fuerza pública tiene igualmente unas profundas repercusiones en la concepción del papel de la escuela en |
| la construcción de sujetos y ciudadanos para la |
| convivencia, la paz y el desarrollo. En otras palabras, aunque parezca obvio, y en muchos casos |
| las comunidades y personal docente lo reclame, |
| un papel tan activo de la fuerza pública, termina |
| cuestionando el papel fundamental de la escuela. |
| Sobre este aspecto, en junio de 2011, durante |
| un taller con docentes y organizaciones sociales |
| convocado por la Federación Antioqueña de ONG, |
| se concluyó que “la presencia de la Policía en las |
| instituciones educativas, bien haciendo rondas o |
| las llamadas requisas pedagógicas, lo único que |
| expresa es la deslegitimación de la escuela”. 45 “Debemos |
| reivindicar la |
| escuela como |
| territorio libre de |
| armas, vengan de |
| donde vengan, |
| como territorio |
| para la formación |
| integral y como |
| espacio de paz. |
| Por ello, no |
| creemos que |
| permitir el ingreso |
| de fuerza pública |
| a los centros |
| educativos sea |
| una solución”. “Por más violencia que tengamos, un colegio |
| nunca debe cerrar sus puertas. Debemos reivindicar la escuela como territorio libre de armas, vengan de donde vengan, como territorio para la formación integral y como espacio de paz. Por ello, |
| no creemos que permitir el ingreso de fuerza pública a los centros educativos sea una solución”, |
| puntualiza Hernando Posada, director del Núcleo |
| Educativo 921 (IPC, 27 de agosto de 2009). |
| Otro elemento a tener en cuenta a juicio del |
| autor, que revela el énfasis dado al control y la |
| seguridad, es que el papel otorgado a la fuerza |
| pública le resta peso al rol del cuerpo docente en |
| la escuela en estas situaciones. Los protocolos de |
| seguridad establecen una prioridad en las medidas de mitigación de riesgo, la comunicación, la |
| movilización en y fuera de la escuela. Sin embargo, no aparecen acciones de la llamada educación en emergencia, que implican considerar que |
| no es lo mismo educar y aprender en condiciones |
| de tranquilidad y convivencia, que en situaciones |
| de conflicto armado y otras violencias. |
| Las afectaciones emocionales, el estrés, el miedo y la atención están insertos en la vida de la |
| escuela y no existen acciones o procesos que |
| permitan al personal docente, a estudiantes y a |
| madres y a padres de familia, dispositivos y herramientas para atender casos en contextos como |
| el de la ciudad de Medellín, que pudieran evitar |
| mayores afectaciones sobre la salud mental de la |
| comunidad educativa. |
| Ahora bien, en la documentación y acompañamiento de casos se identificaron vacíos en las rutas |
| de atención y en muchas oportunidades la inexistencia de rutas claras de atención, para aquellas |
| situaciones de riesgo y amenaza. Si bien surgen al- gunas medidas, como los talleres para estudiantes |
| que se desescolarizan temporalmente, las mismas |
| rutas seguras y en algunos casos los traslados, |
| subsisten las preocupaciones para casos masivos |
| de desescolarización, deserción escolar, o cuando |
| hay una reducción en el número de estudiantes que |
| se matriculan para un siguiente período, por razones atribuibles al conflicto armado. |
| Lo anterior queda ejemplificado con un caso |
| acaecido en marzo de 2011 en una de las comunas de la ciudad, donde se presentó el abuso |
| sexual de una niña por parte de miembros de un |
| grupo armado. La atención sugerida por las personas responsables del programa no pudo ser |
| aceptada por la familia ni por las organizaciones |
| acompañantes debido a que significaba la separación de la víctima de su núcleo familiar. |
| Se puede colegir que más allá de las definiciones que ha dado el gobierno local a esta problemática, las medidas antes descritas dan cuenta |
| del énfasis en medidas de atención y no de prevención. Como han subrayado algunos funcionarios que atienden el programa, es difícil señalar |
| que el trabajo que este realiza se pueda definir |
| como una política de largo plazo. Sin duda, se |
| trata de un programa de choque necesario para |
| atender casos, emergencias, circunstancias, pero |
| que aún los programas no incluyen aspectos de |
| prevención y de protección efectiva a NNAJ afectados por la dinámica del conflicto armado y otras |
| violencias en la ciudad. |
| Lo que el seguimiento ha permitido señalar es |
| que la instancia creada para la atención de la |
| problemática, así como los dispositivos generados |
| para la misma, no han sido suficientes y, en algunos casos, tampoco adecuados. 46 6. concLusIones El conflicto armado y la violencia organizada |
| son la expresión visible de conflictos y condiciones estructurales de una sociedad que |
| se caracteriza por la exclusión y la inequidad; y, como se ha mencionado en este informe, la |
| naturalización de la violencia es el resultado de la |
| aprehensión cultural de un contexto violento. El informe La escuela en Medellín: un territorio en disputa es un reflejo de la situación de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes |
| en un contexto violento. En otras palabras: la violencia –directa, estructural y cultural– disputa un |
| territorio de construcción de paz. |
| Este proceso investigativo y de monitoreo ha |
| reafirmado el mandato de defender los derechos |
| de NNAJ sin importar las causas y actores generadores de la violencia y perpetradores de las |
| violaciones contra esta población, ni tampoco la |
| interpretación de la misma. En consecuencia, los |
| NNAJ se encuentran vulnerables ante la acción |
| de los actores armados, de la naturalización de la violencia y de las condiciones de exclusión e |
| inequidad que los rodea en la ciudad. |
| Ahora, frente a los factores de vulnerabilidad se |
| ha llegado a las siguientes conclusiones: 1. Como se puede observar en los informes de |
| Unesco (2007 y 2010), existen condiciones |
| cambiantes en las dinámicas, intereses y posicionamiento de los actores armados. En la |
| actualidad, actores armados con motivaciones |
| ideológicas y económicas han puesto a la escuela como parte de su entramado, manteniendo prácticas como el reclutamiento y uso |
| de niños y niñas. Esto se explica, para el caso |
| de Medellín, por un acumulado histórico de |
| presencia del conflicto armado que se mantiene y extiende en otras formas de violencia. |
| 2. Las dinámicas cambiantes del conflicto armado en la ciudad de Medellín evidencian que se |
| mantiene la búsqueda de los diversos actores |
| armados del control del territorio como parte 47 del ejercicio del poder, de la regulación privada del mismo para la consecución de sus |
| objetivos principalmente, aquellos de carácter |
| económico. En este contexto, la escuela se |
| convierte en otro escenario para el control territorial. |
| 3. El impacto del conflicto armado y la violencia |
| armada organizada no se da solo en los NNAJ: |
| de manera directa se afecta el personal docente y las madres y padres de familia, y las |
| mismas comunidades. Se asiste a desarrollos |
| educativos marcados por contextos de violencia, exclusión e inequidad, que dificultan los |
| procesos de aprendizaje y formación para lo |
| cual está concebida la escuela. |
| 4. Cuando la escuela se convierte en un territorio en disputa y está en amenaza constante, |
| es otra expresión de las limitaciones de la |
| presencia institucional para garantizar los derechos de las comunidades y en especial en |
| el caso de los NNAJ, se encuentra en riesgo |
| constante el ejercicio efectivo del derecho a la |
| educación en la ciudad de Medellín. |
| 5. Las expresiones de cómo |
| las escuelas en |
| Medellín son afectadas por las dinámicas del |
| conflicto armado y otras violencias se resumen en los siguientes aspectos: x Violaciones contra |
| la |
| vida e |
| integridad |
| personal de los diferentes miembros de la |
| comunidad educativa, especialmente de |
| NNAJ. |
| x Violaciones contra la libertad y el derecho a |
| la libre movilización. |
| x Desescolarización preventiva por enfrentamientos armados en amenazas o presión |
| por reclutamiento. |
| x Utilización de instalaciones educativas para |
| el encuentro o acceso de personas armadas |
| externas. |
| x Porte de armas dentro de las instalaciones |
| por miembros de la comunidad educativa. |
| x Deserción estudiantil por la imposibilidad |
| de ingresar a las instituciones debido a los |
| retenes ilegales que establecen las bandas. |
| x Traslado de docentes producto de las amenazas realizadas por los grupos armados contra este sector de la comunidad educativa, lo que afecta directamente los procesos educativos en las IE (amenazas que en |
| ocasiones son perpetradas por los mismos |
| estudiantes, estimulados por el poder de las |
| armas y su pertenencia a las estructuras |
| armadas que operan en la ciudad). |
| x Las situaciones contra las IE y en especial |
| contra la comunidad educativa se convierten |
| en causa de desplazamiento intraurbano. |
| x Afectaciones psicosociales y emocionales |
| al personal docente, estudiantes y madres y |
| padres de familia, que por lo general o no son |
| abordadas o lo son de manera deficiente. |
| x Afectación patrimonial de los bienes de la |
| escuela y de la comunidad educativa. 6. En la escuela, así como en el conjunto de la |
| sociedad y, en especial, en las comunidades |
| donde se expresan con mayor fuerza estas |
| formas del conflicto armado y la disputa por |
| el territorio, conllevan a que NNAJ incorporen |
| en sus prácticas cotidianas para la resolución |
| de los conflictos representaciones del ejercicio del poder por medio de la fuerza, que muchas veces pasan por el uso de las armas. Lo |
| anterior termina convirtiéndose en una aprehensión cultural, producto de años de historia acumulada de conflictos no resueltos, de |
| trámite inadecuado o inconcluso, que reflejan |
| las condiciones de exclusión e inequidad de |
| amplios sectores de Medellín. |
| 7. Con relación a la respuesta del Estado local es |
| importante reconocer que en varios sectores |
| de la institucionalidad existe un nivel de conciencia y de información sobre la realidad de |
| las IE. Cabe resaltar la realización de estudios |
| en varias dependencias de la administración |
| municipal que sustentan la implementación |
| de programas o acciones de respuesta. Asimismo, se reconocen avances en los niveles de coordinación interinstitucional para la |
| atención primaria o en etapa de emergencia |
| del problema. Sin embargo, el desafío está en |
| hacer seguimiento permanente del impacto |
| que las acciones implementadas tienen en la |
| comunidad educativa y en la población en ge- 48 neral, de tal manera que se identifiquen eventuales cambios a los que haya lugar cuando |
| las medidas adoptadas no cumplan con los |
| objetivos que las han motivado o se den resultados contrarios a los esperados. |
| 8. En ese sentido, es evidente cómo en momentos críticos es frecuente la prevalencia de la |
| respuesta desde la acción coercitiva. Como |
| se mencionó en el texto, la constante en una |
| activa presencia de la fuerza pública en acciones de control (registros pedagógicos) o |
| de acompañamiento a estudiantes (rutas seguras) y el incremento de estos, evidencia no |
| solo la magnitud y crecimiento del problema, |
| sino también el peso específico de este actor |
| institucional. Estas que debían ser medidas |
| últimas o complementarias, se han convertido en la acción predominante de la respuesta |
| institucional. |
| 9. Desde la perspectiva de los programas y la |
| atención, se evidencia que la respuesta del |
| Estado se centra fundamentalmente en acciones de choque y de atención primaria a los |
| casos manifiestos o informados. Las medidas |
| se han caracterizado por no dar una respuesta |
| integral a la complejidad de las problemáticas |
| que son atendidas y no son suficientes. Prueba de esto es que no existan o sean nulos los |
| programas de acompañamiento psicosocial a |
| la comunidad educativa |
| (particularmente al |
| personal docente), en el entendido que hay |
| unas condiciones de educación en contextos |
| violentos, como señalan algunas comunidades y que ameritan inscribirse dentro de la |
| llamada educación en emergencia. En síntesis, se hace necesario actuar en cuatro |
| escenarios: 1. La respuesta de choque o de emergencia, que |
| está inscrita dentro de las llamadas Comunidades Protectoras, necesita ampliarse y fortalecerse desde su enfoque, los recursos y los |
| dispositivos, para lo cual es conveniente recoger experiencias de otros países que viven o |
| han vivido contextos y experiencias similares. 2. Hay que diseñar e implementar estrategias |
| participativas que respondan a las particularidades del contexto de Medellín fundamentadas en los criterios del Derecho Internacional |
| de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que permitan substraer |
| la escuela de las dinámicas del conflicto armado y otras violencias, convirtiéndola en un |
| lugar protegido, respetado y territorio de paz. |
| 3. Como la dificil situación de las escuelas está inscrita en contexto locales complejos y |
| problemas estructurales e históricos, se requiere una intervención integral del territorio. |
| Intervención que no solo implica una mayor |
| articulación de los actores institucionales con |
| sus programas, sino una revisión de los enfoques de las políticas sociales de inclusión |
| y de garantía de derechos. En ese sentido es |
| indispensable transcender las respuestas de |
| choque, que en muchos casos se implementan con énfasis en acciones coercitivas. Una |
| política pública para el territorio está llamada |
| a responder por compromisos estratégicos |
| sustentados desde un enfoque |
| integral de |
| derechos, que atienda las características diferenciales de los sectores poblacionales hacia |
| los cuales está dirigida. |
| 4. Se reconoce que el escenario idóneo para |
| la superación de las situaciones que afectan |
| a NNAJ tanto en Medellín como en el resto |
| del país, es la salida negociada al conflicto |
| armado, que |
| implique compromisos vinculantes y sostenibles. Mientras eso ocurre, el |
| gobierno local, así como en el pasado asumió |
| compromisos de todo orden con el proceso |
| de desmovilización de las AUC, la situación de |
| los NNAJ de la ciudad requiere de esfuerzos |
| similares desde local que complementen y |
| afiancen los programas que hacen parte de |
| la política nacional. Más cuando se trata de |
| fomentar espacios de construcción de paz en |
| una ciudad que lleva décadas de conflicto y |
| violencia, y la necesidad evidente de contar |
| con garantías de protección y ejercicio efectivo de los derechos de la niñez y la juventud de |
| la ciudad. 49 Al Gobierno colombiano |
| en el ámbito nacional 4. 1. Reconocer que en los contextos en que viven los NNAJ y coexisten las IE en el país, se |
| caracterizan por la exclusión, la inequidad y |
| la violencia, por tanto, la planeación e implementación de las políticas sociales y particularmente de las políticas educativas están |
| llamadas a brindar estrategias integrales que |
| aborden estos factores. |
| 2. Establecer medidas adecuadas y eficaces de |
| prevención y protección de la vinculación de |
| NNAJ al conflicto armado y otras formas de |
| violencia, respaldadas con rutas de respuesta |
| institucional claras, expeditas e idóneas acordes con la realidad de los contextos donde |
| deben aplicarse. |
| 3. Terminar la realización de actividades de carácter cívico-militar, que incluyen programas |
| como la Policía Cívica Juvenil y presencia en |
| actividades pedagógicas, que contravienen el |
| principio de distinción en contra de NNAJ en |
| el contexto del conflicto armado en Colombia. |
| Instar desde el orden nacional, la actuación |
| del poder judicial en el ámbito local en los casos que han sido denunciados para avanzar |
| así en la investigación y juzgamiento de los |
| perpetradores de las violaciones de los derechos de las personas de las comunidades |
| educativas que se han producido en la ciudad |
| de Medellín, con el fin de combatir la impunidad en estos casos. |
| 5. Profundizar en la implementación de las políticas públicas que han sido diseñadas para la |
| prevención y la protección del reclutamiento y |
| uso de NNAJ por los actores armados desde |
| el ámbito nacional hacia lo departamental y lo |
| local. |
| 6. Articular diversos sistemas de |
| información |
| que posibiliten el seguimiento permanente de |
| las problemáticas que afectan a los NNAJ, para fortalecer los sistemas de alertas y la puesta en marcha de dispositivos integrales de |
| respuesta rápida, inmediata y eficaz, de conformidad con las recomendaciones realizadas |
| a Colombia por organismos internacionales de protección de derechos humanos, como es el |
| caso particular de los informes y conclusiones |
| emitidas sobre el país con base en la aplicación del MRM de la RSC. 1612. |
| 7. Ampliar la capacidad de respuesta para los |
| casos de emergencia y replantear las medidas |
| de choque que si bien pueden considerarse |
| necesarias, no son suficientes. Esta capacidad |
| de respuesta debe contemplar la protección |
| de las y los estudiantes y sus familias en todos |
| los casos de amenazas y riesgo, la posibilidad |
| de trasladarlos a sitios seguros y garantizar la |
| restitución de sus derechos, así como dispositivos pedagógicos y de apoyo psicosocial, |
| especialmente a las víctimas y al personal |
| docente. |
| 8. Propender por la salida negociada al conflicto armado que incluya como aspectos de la |
| agenda de diálogo las graves violaciones de |
| los derechos de NNAJ, posibilidades de disminución de los impactos del conflicto en esta |
| población y la suspensión de acciones que |
| pongan en riesgo su seguridad e integridad |
| personal. Al Gobierno colombiano |
| en el ámbito local 1. Proteger de manera urgente a la población |
| estudiantil y la comunidad educativa en general, de las instituciones educativas de Medellín |
| afectadas por las confrontaciones armadas y |
| actuaciones de los grupos que operan en la |
| ciudad, en concordancia con los instrumentos |
| de derechos humanos y DIH incorporados al |
| ordenamiento jurídico colombiano. |
| 2. Fomentar que las instituciones educativas se |
| conviertan en espacios protectores de los derechos de NNAJ de manera integral, así como de encuentro de la comunidad, donde se |
| aborden las problemáticas que se presentan |
| en la cotidianidad de la escuela y las afectaciones que han dejado en ellas el conflicto |
| armado y otras formas de violencia. |
| 3. Establecer mecanismos de protección para |
| las escuelas dotando de herramientas a todo |
| el personal directivo y docente, madres y pa- 50 dres de familia, líderes y lideresas de las comunidades aledañas a las instituciones educativas, a favor de que las instituciones sean |
| escenarios de protección y no de vinculación |
| de NNAJ al conflicto armado y a otras formas |
| de violencia. |
| 4. Adoptar medidas adecuadas para la prevención del desplazamiento forzado intraurbano y la protección de las personas que se |
| encuentran en esta situación en Medellín, |
| especialmente teniendo en cuenta que este |
| factor eleva el riesgo de NNAJ de ser reclutados por los grupos armados que operan en |
| la ciudad, además de incrementar los niveles |
| de deserción y desescolarización de esta población. |
| 5. Aprovechar la capacidad en cobertura e infraestructura educativa con que cuenta la ciudad de Medellín y, sin abandonar los esfuerzos |
| en este sentido, trabajar por la calidad de la |
| educación, la ampliación de la jornada escolar |
| y la incorporación en los Proyectos Educativos |
| Institucionales de las áreas sociales y humanas, así como las prácticas culturales y deportivas. |
| 6. Realizar, por intermedio de la Personería municipal en coordinación con la regional del |
| ICBF, otras entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad |
| internacional presente en la ciudad, actividades periódicas de prevención de ataques y formación en DDHH y DIH con las comunidades |
| educativas afectadas por el conflicto armado y |
| otras formas de violencia en la ciudad de Medellín, en especial con las madres y padres de |
| familia, acordando horarios que no interfieran |
| con sus actividades laborales, dando prioridad |
| a los NNAJ en acciones coordinadas con el |
| sistema educativo. |
| 7. Otorgar |
| las garantías necesarias para que |
| el personal administrativo y docente que es |
| amenazado por grupos armados pueda continuar con su trabajo educativo sin ningún tipo |
| de riesgo en su vida e integridad personal. En |
| caso de que sea imposible eliminar dicho riesgo, al conceder los traslados, mejorar la capacidad de protección y atención necesarias 8. para que puedan abandonar la zona donde |
| están siendo amenazados, implementando las |
| medidas de contingencia necesarias para que |
| las y los estudiantes no vean afectadas sus |
| actividades académicas y calendario escolar. |
| Implementar programas que contrarresten la |
| deserción escolar por razones económicas, |
| tales como subsidios a la canasta escolar, |
| oferta de empleo para madres y padres de |
| familia, entre otros. |
| 9. Adelantar una campaña de sensibilización |
| dirigida a |
| todos |
| los sectores de |
| la ciudad |
| que evidencie los riesgos de la vinculación |
| de NNAJ al conflicto armado u otra forma de |
| violencia, con énfasis en los efectos que esta |
| situación trae no solo a las víctimas, sus familias y a la comunidad en general. A las instituciones educativas 1. Incorporar en los planes educativos institucionales un componente de prevención y respuesta a la vinculación de NNAJ al conflicto |
| armado y otras formas de violencia. |
| 2. Adelantar jornadas de sensibilización y capacitación en derechos humanos y DIH con énfasis en la prevención y protección de la vinculación de NNAJ al conflicto armado y otras |
| violencias, dirigida a los diferentes sectores de |
| la comunidad educativa. |
| 3. Visibilizar y mantener al tanto a las autoridades civiles de las situaciones y cambios de las |
| dinámicas del conflicto armado y otras violencias que identifiquen en los espacios escolares. |
| Implementar procesos permanentes de acompañamiento psicosocial dirigidos a los sectores de la comunidad educativa, especialmente |
| con NNAJ, que permitan hacer seguimiento |
| a las situaciones y efectos de violaciones de |
| los derechos de esta población, en especial |
| que favorezcan la identificación temprana de |
| situaciones de riesgo de vinculación de las y |
| los estudiantes a grupos armados, y se aumente la capacidad y los dispositivos para dar |
| respuesta integrales a todas estas formas de |
| afectación. 4. 51 A los gobiernos escolares 1. Capacitar a los y las personeras escolares especialmente, en temas afines a la situación de |
| NNAJ afectados por el conflicto armado y otras |
| formas de violencia, que faciliten los procesos |
| de capacitación y desarrollo de actividades de |
| sensibilización al interior de las instituciones |
| educativas sobre este tipo de situaciones de |
| acuerdo a las directrices y acciones previstas |
| en los planes educativos institucionales. Al equipo especial de país |
| de la rsc. 1612 1. Realizar un monitoreo permanente de las situaciones que afectan a las instituciones educativas del país, con especial atención de las |
| directrices de la RSC. 1998 de 2011. |
| 2. Promover y propender por recomendaciones, |
| así mismo como respuestas estatales que |
| aborden la situación de las instituciones educativas del país en clave de prevención y protección de los espacios escolares por medio |
| de medidas que no impliquen la militarización |
| de la vida civil ni el refuerzo de los imaginarios |
| de guerra en NNAJ. A la sociedad civil 1. Incentivar la articulación y el consenso entre las |
| distintas organizaciones de la sociedad civil que |
| trabajen alrededor del problema y la institucionalidad pública con respecto a los contenidos, |
| alcances e implicaciones del conflicto armado y |
| la violencia armada en la escuela. |
| 2. Mantener con el apoyo de la comunidad internacional, la implementación de acciones |
| de resistencia y fortalecimiento de los proyectos educativos y de participación cultural |
| en el más amplio sentido posible. Recoger |
| las experiencias que se han tenido, sistematizarlas e incorporar las lecciones aprendidas |
| a los planes educativos y la política pública, |
| para contribuir en |
| la búsqueda de buenas |
| prácticas para la atención y prevención de las |
| problemáticas que aquejan a las instituciones educativas por razones del conflicto armado y |
| otras violencias. A la comunidad internacional 1. Favorecer la presencia preventiva y para casos de atención a la comunidad internacional, |
| especialmente al CICR, que construye una estrategia de intervención en la ciudad, se tome |
| como referente su experiencia en otros países |
| y contextos como el caso de Río de Janeiro, |
| en Brasil. |
| 2. Solicitar a la Coalición mundial para la protección contra los ataques a la educación (Gcpea |
| por sus siglas en inglés), un seguimiento especial a la situación de las instituciones educativas de Medellín-Colombia, con énfasis en la |
| multiplicidad de factores y complejidad de las |
| afectaciones que el conflicto armado y otras |
| violencias han dejado en las escuelas de la ciudad, con el fin de que se tenga en cuenta este |
| caso en el desarrollo de su labor de monitoreo y |
| reporte de los ataques contra la educación, con |
| especial atención a los parámetros establecidos por la RSC. 1998 de 2011. Al conjunto de instancias que trabajan |
| por los derechos de nnAJ |
| y coordinación de acciones 1. Articular la participación de las comunidades |
| en los diagnósticos, búsqueda de alternativas, |
| apropiación de las escuelas y sus entornos, no |
| delegando la responsabilidad del Estado, sino |
| consultando y empoderando a las comunidades para afrontar los efectos que el conflicto |
| armado y las otras violencias han dejado principalmente, en las comunidades educativas |
| de la ciudad de Medellín. |
| 2. Propender por acciones coordinadas entre las |
| diferentes instituciones que tienen por mandato la promoción, defensa y protección de los |
| derechos de los NNAJ, con el fin de no duplicar esfuerzos, optimizar recursos y retroalimentar prácticas que redunden en beneficio, |
| empoderamiento y participación de la niñez y |
| la juventud. 52 Finalmente, es necesario hacer una consideración. La atención y prevención de las situaciones |
| evidenciadas a lo largo de este informe no es, ni |
| puede ser, tarea exclusiva de la escuela. Mientras las condiciones de contexto se mantengan, |
| se limitan las posibilidades de contención de la |
| misma. A las acciones en la escuela se deben agregar políticas integrales que tengan en cuenta |
| los contextos en que se aplican y los diversos factores económicos, sociales, políticos y culturales |
| que favorecen la presencia y control territorial de |
| actores armados, basadas en un desarrollo incluyente, de superación de las iniquidades y de |
| transformación cultural de la sociedad. 53 55 Anexo no. 1. casos documentados por el observatorio niñez y conflicto Armado A continuación se encuentra una descripción de los casos que han sido documentados por el Observatorio |
| Niñez y Conflicto Armado de la COALICO, durante el período 2009-2011, los cuales hacen parte de los |
| análisis de este Informe. x c1 x c2 x c3 x c4 x c5 x c6 x c7 Según información proporcionada por el Observatorio del IPC –tomando como fuente a la Personería de |
| Medellín–, desde enero hasta octubre de 2009 fueron asesinados 16 estudiantes en inmediaciones de |
| IE en diferentes comunas de la ciudad. Seis de estos casos tuvieron lugar en la Comuna 1, tres en la 6, |
| dos en la 13, y uno en cada una de las comunas 2, 3, 5, 9 y el corregimiento de San Antonio de Prado. |
| La Personería de Medellín, en su informe 2010, advirtió sobre el reclutamiento de estudiantes para |
| vincularlos a grupos armados. Entonces, la oferta económica iniciaba en 150.000 pesos mensuales, |
| dándoles derecho a portar armas. Parte del “trabajo” comprendía vender sustancias psicoactivas en |
| las IE. |
| En 2010, en la Comuna 13 los habitantes denunciaron el reclutamiento forzado de jóvenes, así como |
| varios casos de asesinatos y la existencia de fronteras invisibles. Estas situaciones impedían (y aún |
| lo hacen) la libre locomoción de los jóvenes por las calles de la comuna y, debido a las amenazas, |
| se generaron desplazamientos forzados. Unas de las principales consecuencias son el miedo y la |
| deserción escolar, que puede alcanzar hasta el 30 por ciento en algunos sectores (El Espectador, 27 |
| de enero de 2010). |
| El sector más afectado por el conflicto ha sido la Comuna 6 y, de manera particular, la IE del barrio |
| Kennedy. Allí acuden jóvenes de los barrios Santander, 12 de Octubre y El Triunfo, entre otros. En |
| esta comuna, según el Director del núcleo, cerca de 400 estudiantes de las 18 instituciones no han |
| regresado a clase (IPC, 27 de agosto de 2009).16 |
| En el corregimiento de Belén Altavista, sector de la Palma, el grupo armado “Los Chivos” ejerce control social y territorial. En junio de 2011, se conoció y acompañó un caso de abuso sexual contra una |
| niña de 12 años, su posterior desplazamiento y el subsiguiente temor de varias familias, entre las que |
| se encuentran más niños y niñas. |
| En el corregimiento de San Antonio de Prado, barrio El Limonar, NNAJ deben llegar y salir de los |
| colegios escoltados por organismos de derechos humanos y hasta por miembros de la Policía Metropolitana. El colegio Fe y Alegría y el Hogar Infantil Ventanitas son los más afectados de esta zona por |
| la guerra que se libra entre bandas de estos barrios que, además, limitan con los municipios de Itagüí |
| y La Estrella. Estos hechos se presentaron en 2010 y 2011. |
| En 2010, en el barrio Olaya Herrera de la Comuna 7, un joven de 14 años estudiante de un colegio |
| del sector se encontró con dos amigos y se dirigieron a una chatarrería de compra de reciclaje en |
| donde robaron varios elementos. Al darse cuenta de lo ocurrido, el dueño los denunció ante el grupo |
| paramilitar que controlaba el barrio. Este grupo retuvo a los jóvenes y los sometió a maltratos físicos |
| y verbales, así como sumergirlos en un tanque de agua a manera de castigo. 16 Algunos de los territorios más afectados por la guerra entre bandas son: el corregimiento de San Antonio de Prado, los barrios |
| el Limonar 1 y 2; en la Comuna 6, barrio Kennedy; en la Comuna 5, barrio Castilla; en la Comuna 3, el barrio Manrique, en el |
| sector Santa Inés; en la Comuna 8, los barrios de Villa Lilliam, Villa Turbay y La Sierra. 56 x c8 x c9 En el 2010, en el barrio Nuevo Amanecer del corregimiento Altavista, varios jóvenes de la IE Pedro |
| Octavio Amado que debían salir del barrio a la cabecera de Buenavista para conectarse a Internet, |
| fueron abordados por varios hombres que les hicieron un disparo y les dijeron que no querían volver |
| a ver “negros”.17 La amenaza iba dirigida contra los habitantes de Nuevo Amanecer quienes deben |
| cruzar ese camino para ingresar al sector. A partir de la amenaza, los padres de familia solicitaron |
| protección para transportarse, pero esta fue negada por la administración municipal. Al menos 13 |
| estudiantes de esa IE no han vuelto a clase debido al estado manifiesto de inseguridad (algunos fines |
| de semana los grupos armados han traspasado la malla para ingresar al colegio). |
| En 2011, en el corregimiento de Altavista del municipio de Medellín, el grupo armado de Buenavista |
| también amenazó a la población juvenil. Ese es el caso de dos niñas de 13 y 15 años que no pueden |
| salir de sus residencias por ser familiares de “Los Chivos”, con quienes se encuentran enfrentados. |
| Ambas completaron cuatro meses desescolarizadas. |
| x c10 El 21 de abril de 2011, el periódico El Mundo informó que en el sector de Santa Inés del barrio |
| Manrique, se continuaban presentando enfrentamientos entre miembros de la banda “Los Balcones |
| del Jardín” y “Desierto” de la Comuna 3. Las confrontaciones arrojaron un saldo de ocho víctimas, |
| producto del cruce de fuego (tres muertos y cinco heridos). Los hechos se presentaron en la carrera |
| 37 con calle 81, afectando a las IE del sector. |
| x c11 En el barrio Caicedo de la Comuna 8, son continuas las amenazas que se profieren entre los alumnos. |
| Algunos de ellos alardean de ser sicarios, por lo que muchos niños y niñas estudian en permanente |
| intimidación. Esta situación trasciende a las relaciones afectivas entre los jóvenes, afecta la libre |
| locomoción y la libertad personal entre el sector del Asentamiento Unión de Cristo –en Villatina– y el |
| barrio Caicedo –Medellín–. |
| x c12 Niños y niñas de la ciudad son asesinados por no realizar tareas para los grupos armados, por no |
| incorporarse a estos o por tener algún familiar enemigo del grupo. El 3 de junio del 2011, el noticiero |
| Cosmovisión reportó cómo “fue asesinado un menor de 12 años en el barrio Belén Rincón”, en el noroccidente de Medellín. El niño había dejado de asistir a clase valiéndose de una falsa nota de suspensión. |
| Al enterarse, su madrastra lo llevó a la institución, pero antes de ingresar el niño fue secuestrado por |
| desconocidos quienes lo condujeron a un sector del barrio conocido como “El Ñeque” y lo asesinaron |
| pasadas las 7 de la mañana. |
| x c13 El día 15 de agosto, se produjo el estallido de una granada en la IE Gabriel García Márquez (ubicada |
| en una frontera invisible), en la Comuna 8, que afectó a una niña de 13 años. El artefacto, según las |
| autoridades, no estaba dirigido contra la escuela, sino que al parecer fue lanzado en otro momento |
| como parte de la confrontación entre diversos grupos armados que se presenta en distintos sectores |
| de la ciudad. Debido a lo ocurrido, muchos niños y niñas dejaron de asistir a la escuela por miedo a |
| que esta circunstancia se repitiera o por amenazas directas de los grupos. 17 La comunidad del barrio Nuevo Amanecer está integrada, en su mayoría, por pobladores afrodescendientes. Sus habitantes |
| provienen de un barrio informal que se incendió. El nuevo barrio es producto de la gestión y los esfuerzos del municipio de |
| Medellín, la nación y la comunidad. 57 Algunos estudiantes de dicha institución expresaron frases como: “Tengo miedo de ir a la escuela” y |
| “Quiero seguir estudiando, pero no en esa escuela”, debido a la violencia que vive la zona y a que, en |
| algunos casos, los estudiantes son familiares de miembros de los grupos armados, lo que representa |
| un alto grado de riesgo para su integridad. |
| Uno de los jóvenes contó que por un enfrentamiento armado que hubo en el colegio, su madre decidió no enviarlo más a estudiar. Como consecuencia de las situaciones de violencia, el joven tiene |
| afectaciones emocionales y se encuentra en tratamiento sicológico. |
| En la entrevistas, los jóvenes también declararon que “los del grupo armado de La Sierra bajan al co- legio y matan a los jóvenes del colegio y del barrio, porque además el que cruce la frontera (invisible) tiene casi la muerte asegurada”. Cabe aclarar que el barrio La Sierra tiene una sola entrada, y en este |
| lugar se ubica una de las fronteras invisibles más antiguas de Medellín, la de Tres Esquinas, por los |
| enfrentamientos entre los barrios Caicedo, 8 de Marzo y La Sierra. |
| Niños y niñas cuentan que en Caicedo los grupos armados están compuestos por adultos que respeta |
| a quienes son de su propio barrio. Incluso, dicen, que ellos les informan si va a haber enfrentamientos. Esta situación no se presenta en el barrio La Sierra, en donde la mayoría de los miembros del |
| grupo son personas con edades entre los 13 y los 17 años. |
| x c14 Durante el mes de agosto, en la institución Las Golondrinas, ubicada en la zona centro oriental de la |
| Comuna 8, miembros de un grupo armado se ubicaron en la puerta de la institución para amenazar |
| y golpear a otros niños. La situación generó miedo entre estudiantes y maestros, y provocó desescolarización. Como alternativa, los docentes enviaron talleres para que los alumnos trabajaran desde |
| casa sin perder el vínculo con el colegio. |
| Según testimonios de los estudiantes, varios de sus compañeros son utilizados ya sea como informantes o para el transporte de drogas y armas. También hay casos de niños y niñas que se vinculan |
| a los grupos “por dinero o para ganar respeto”. |
| Se sabe, además, que algunos niños y niñas consumen drogas al interior del grupo y que si bien no |
| venden droga dentro del colegio, sí lo hacen afuera, porque la “plaza de vicio” está a dos cuadras. |
| Al monitorear el caso, se conocieron denuncias sobre cómo la Policía del sector huye cuando se presentan enfrentamientos y utiliza a los estudiantes como informantes, a cambio de comidas y regalos. |
| Algunos policías les prestan a niños y niñas las esposas, de uso exclusivo para cuando una persona |
| es detenida. Por ese contacto, muchos habitantes menores de 18 años han sido amenazados por los |
| grupos armados ilegales. De igual forma, se dice que cuando el Ejército sube al sector repite las mismas prácticas y se relaciona especialmente con las niñas. Para los habitantes del sector, los grupos |
| armados –legales e ilegales– tienen prácticas similares. |
