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“… a Mapiripán llegamos donde la gente vivía de la buena fe, lo que primaba allá era la 
palabra, la palabra era una escritura, yo recuerdo lo que decía mi padre que uno tenía que 
hacer honor a la palabra y en Mapiripán la palabra era la última verdad, allí la gente 
compraba las fincas con el solo hecho de dar la palabra”. 
(Conrado Salazar, habitante de Mapiripán y ex alcalde del municipio). “mientras allá los campesinos de Mapiripán en el 97 trabajaban el campo todos allá, pues podemos ver que los empresario y banqueros y políticos también de la región y de nivel nacional  
se reunieron para pensar cómo era que iban a sacar esos campesinos de Mapiripán y pues la 
salida fue sembrar el terror en Mapiripán con los grupos paramilitares” 
(JC habitante de Mapiripán desplazado). El conflicto histórico por la tierra en el municipio de Mapiripán – Meta Equipo de Investigación 
Carlos Bonell
Emil Villamizar
Olga Silva Olga Silva
Coordinadora General del proyecto
Humanidad Vigente Colombia, 2016.
Todos los derechos reservados. Una publicación de: Introducción Un poco de historia Mapiripán es un municipio ubicado en el extremo suroriental de las sabanas del departamento del 
Meta, en frontera con las selvas del Guaviare, a orillas del río que lleva el mismo nombre. Tristemente 
célebre, es conocido en la historia de Colombia, sólo a partir de 1997 cuando se produce la llamada 
“Masacre de Mapiripán”, de la cual se hablará más adelante.  Mapiripán es mucho más que eso, es un 
pueblo cargado de historia, en donde centenares de hombres y mujeres venidos de muchas partes del 
país, han construido a través de decenas de años todo un entramado de relaciones sociales, económicas, 
políticas y culturales y han creado lazos profundos con su territorio. La historia de Mapiripán, al igual que la mayor parte del territorio colombiano, está marcada por la 
ocupación y lucha por la tierra, por la necesidad de familias campesinas e inmigrantes de las ciudades.  
El centro de la historia de esta tierra es el problema agrario y hoy día más que nunca sigue siendo su 
eje fundamental. A manera de ubicación Mapiripán hace parte del Meta, uno de los 32 departamentos de Colombia.  
Se encuentra ubicado al sur - oriente del departamento sobre la margen izquierda del Río Guaviare. Limitando al sur con el Departamento del Guaviare, al norte con los ríos Iteviare y Manacacias, al oriente 
con el Departamento del Vichada y al occidente con los municipios de Puerto Concordia, Puerto Lleras 
y Puerto Rico (Meta). Posee una temperatura promedio de 26.5°C, una altitud de 250 metros sobre el 
nivel del mar. Para llegar allí existe la vía aérea, fluvial y terrestre. Por vía aérea la ruta más importante es la 
que comunica el aeropuerto de Villavicencio, mediante el cual una avioneta tarda  60 minutos en este 
itinerario.  Por vía terrestre existe la vía Villavicencio - Granada – Puerto Lleras – Mapiripán con una 
distancia a Villavicencio de 324 kms  o la vía Villavicencio - San  Carlos de Guaroa -  Mapiripán, la cual 
tarda un promedio de 6 a 8 horas en épocas normales.  La vía fluvial ha sido históricamente una importante forma de comunicación entre Mapiripán y los municipios vecinos a falta de buenas vías terrestres. Mapa Departamento del Meta – municipio 
de Mapiripán Fuente: Alcaldía de Mapiripán Meta Los primeros pasos para su fundación están relacionados con el auge cauchero que tuvo lugar a principios del siglo XX en esta región, donde la explotación cauchera atrajo mano de obra de trabajadores 
de regiones circundantes, en dicha época esta zona era un corregimiento del municipio de San Martín. En los años 50 y 60 empiezan a llegar inmigrantes provenientes de Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Santander, Valle y Antioquia, quienes venían huyendo de la situación de violencia política por la 
que atravesaba el país o en otros casos buscando simplemente mejores oportunidades de trabajo.  Su 
economía se basaba principalmente en la ganadería, cultivos de maíz, yuca y plátano: “hace más de 
25 años (1998) […] se dio a la aventura de colonizar un rastrojo ubicado en el extremo sur oriental del 
departamento del Meta, en límites con Guaviare […] “Yo abrí un fundito con indígenas, yo les pagaba a 
ellos. Un señor empezó a traer mercancías y me gustó mucho para cultivar maíz, plátano y yuca, hacía 
oficios domésticos, criaba gallinas y marranos” .   Mediante el desarrollo económico alcanzado con la 
ganadería y con el propósito de extender la frontera ganadera en los Llanos del oriente colombiano 
se crea en 1969 la Inspección de policía de Mapiripán, la cual hacía parte del municipio de San Martín 
(Meta). Al mismo tiempo arriban a estos baldíos, extranjeros provenientes de Alemania y Estados Unidos, 
quienes se establecen y apropian de grandes extensiones de tierra.  La ganadería otrora eje central de 
la economía regional, cedió su papel a finales de los 80 y comienzos de los 90 a la producción de cultivos ilícitos, principalmente la hoja de coca.  En 1.989 como producto del desarrollo agropecuario de esta 
región se le otorga el carácter de municipio. Su gente El municipio contaba con 10.930 habitantes según el censo del DANE del 2.005 y una población estimada de 15.579 para el 2.011.  El 92% de la población se encuentra en la zona rural y sólo el 8% restante 
en la cabecera municipal, lo que difiere del comportamiento del departamento con un 75% promedio de 
ubicación de los habitantes en las zonas urbanas Demográficamente el municipio de Mapiripán se caracteriza por la alta dispersión de sus habitantes a 
lo largo del territorio, siguiendo patrones usualmente ligados a las características topográficas, buscando 
siempre la cercanía a los ríos, caños o quebradas. Muestra de esto es la marcada diferencia en la proporción que ha existido entre la cantidad de población rural y aquella de la cabecera municipal . Teniendo en cuenta la manera como se ha construido el territorio, no se puede hablar propiamente 
de una identidad o raíces de identidad de la población del municipio, sin embargo los lazos y relaciones 
sociales que se han construido a lo largo de décadas por gentes de diversas regiones, han generado un 
entramado social que los identifica. Hoy día la subsistencia de los campesinos pobres y medios, está dada por los cultivos de maíz, yuca y 
caña panelera principalmente, productos que son destinados para el autoconsumo, el intercambio o el 
mercado local, y en el caso de los campesinos ricos y terratenientes por la explotación pecuaria mediante la ganadería extensiva, que tienen como mercado la localidad y el interior del país, principalmente 
Villavicencio y Bogotá. Existen poblaciones nativas en esta zona, las cuales habitan en cuatro resguardos que se agrupan en 
dos grupos étnicos:  los Sikuani y Guayabero. 
Los Resguardos Caño Ovejas y Mocuare han sido focalizados por la condición de vulnerabilidad y 
riesgo de extinción en las que se encuentran, éstos han recibido calificación 5, considerado como el riesgo 
más alto. Así mismo existe un asentamiento indígena llamado Zaragoza, perteneciente  a la etnia Jiw, habitado por  1798 familias, para un total de 854 personas.  En total para el año 2.011 existía en Mapiripán una 
población indígena de 2.049 habitantes. Estas comunidades mantienen  una estrecha relación directa con el medio natural de donde obtienen todos los medios para su vivir, tales como alimentos, herramientas, etc.,  su forma de vida tiene muy 
pocos rastros de nomadismo.  La propiedad de la tierra sigue siendo colectiva, a la que respetan y solo 
toman de ella lo necesario para su subsistencia.  Aún predomina la obtención de carne y peces con anzuelos, mallas y trampas.  Son también recolectores de frutas y poseen una economía de subsistencia con 
cerdos y aves de corral.   Las viviendas están perdiendo la forma tradicional de maloca para convertirse 
en casas convencionales de material, su vestir cada vez se parece más al del colono. 
Numerosas características han colocado al departamento del Meta y sus municipios en el centro de 
atención de los actores armados legales e ilegales, principalmente la guerrilla de las FARC,  los diversos 
grupos paramilitares y el ejército y la policía que igualmente se han convertido en agentes generadores 
de violencia.  La disputa por el territorio ha hecho de ésta una de las zonas más violentas del país y que 
su población se halle entre las principales víctimas a nivel nacional. Sus altos niveles de violencia, marginalidad y pobreza, unido a la economía del narcotráfico y los 
cultivos de uso ilícito no explican el origen del conflicto, pero son su combustible y han abonado la 
complejidad de escenarios históricamente no resueltos. Las causas o raíces se pueden reunir en las siguientes categorías, las cuales es necesario tener presentes 
para entender la naturaleza de los conflictos que afectan no solo a este municipio, sino en general a esta 
región del país: 1. Causas políticas: entre las causas estructurales están la debilidad institucional, el desequilibrio de 
poderes, la exclusión política y la escasa participación política de fuerzas de oposición diferentes a las 
tradicionales, la falta de opciones y oportunidades para que los ciudadanos se expresen y participen 
libremente.  A ellas, se suman los altos niveles de corrupción política y administrativa, el aumento en las 
violaciones de los derechos humanos, la impunidad y el incremento de las víctimas.  En síntesis se podría 
decir que lo que existe aquí es una falta total de democracia. 2. Causas socioeconómicas: en esta categoría están la pobreza, la desigualdad en la distribución y el 
uso de la tierra, los desequilibrios sociales, así como la débil política social y económica para promover 
un desarrollo humano, que ha impedido que los habitantes puedan acceder de manera plena a los 
servicios sociales básicos, como la salud o la educación.  En 1.993 se calcula que el Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas era del 82.10% y para el 2.005 del 100%3 . Entre estas causas también se evidencian la preocupante condición social de las minorías indígenas y las 
mujeres cabeza de familia, la falta de oportunidades para las poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad, el nuevo modelo de desarrollo basado en la agroindustria que se ha venido imponiendo no 
solo en el municipio sino en toda la región y la agudización del problema de la tierra, expresado principalmente en el despojo al campesinado para acrecentar la ganadería extensiva y el cultivo de palma. 3. Causas de orden público: se incluyen la presencia histórica de las FARC y el narcotráfico, la existencia 
de diversos grupos paramilitares, pese a la aparente desmovilización de éstos, la violación de los derechos 
humanos por parte de los diferentes grupos armados y la confrontación armada, la cual aparentemente 
ha descendido en los últimos años. En relación a las tres causas descritas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas UAEGRTD de la Contraloría General de la República, señala diferentes dificultades 
relacionadas con el proceso de restitución en el municipio: i) la continuidad del conflicto entre el frente 44 
de las FARC y los grupos paramilitares post desmovilizados del Bloque Meta y los Libertadores de Vichada, ii) Las tensiones entre las Juntas de Acción Comunal con las empresas petroleras y con Poligrow por la 
adquisición de las tierras iii)Posible despojo y ocupación por parte de concejales de las tierras abandonadas por los campesinos, iv)presuntas ventas de predios aun con medidas de protección, v) el temor para 
retornar por parte de las víctimas, y vi) desconfianza en el proceso . III. MOMENTOS HISTÓRICOS La historia de los distintos municipios que conforman la región de lo que es hoy el departamento 
del Meta es relativamente nueva y compleja, se encuentra asociada a lógicas extractivas desde la 
época de la ruta de la explotación del caucho, pasando a la colonización de los años 50 producto del 
desplazamiento de las masas campesinas del interior del país, que huían de la violencia y quienes a la 
vez ampliaban la frontera agrícola, pasando a la explotación de los hidrocarburos, la producción de 
marihuana y la hoja de coca, a la reciente explotación de la palma africana y la ganadería extensiva. Todo este proceso ha llevado a la conformación de un territorio en un contexto histórico marcado 
por la permanente lucha por la tierra de diversos actores, donde las masas campesinas han sido siempre las principales víctimas del despojo y el destierro.  En este sentido se proponen unos momentos 
históricos que están ligados fundamentalmente a la ocupación y transformación del territorio y que es 
parte integral en la formación de lo que es hoy el municipio de Mapiripán: a. Periodo de las colonizaciones: 1954-1980
Este periodo de colonización requirió de un desmonte, ocupación, apropiación y adecuación de 
las tierras, lo cual dependía de la capacidad inicial de trabajo de los colonos. Este proceso no estuvo 
marcado por un desarrollo articulado de la economía nacional, si no fue más bien el resultado de un 
proceso anárquico de la economía, impulsado por el desplazamiento del campesinado proveniente de 
diversas regiones del país a causa de la violencia bipartidista. La colonización se fue conformando sin una formalización de títulos de propiedad sobre la tierra y 
con muy poco desarrollo en infraestructura, especialmente en vías de comunicación.  Al presentarse la 
compra y venta de tierras en una total informalidad, también se va dando la acumulación de tierras 
y la constitución de grandes latifundios de propiedad de ganaderos y comerciantes, que empiezan a 
comprar o apropiarse de las tierras de colonos secundarios o terciarios. “Yo la tierra no la compré, o 
bueno compré un pedacito y fundé”, expresa tácitamente Don José, campesino colono de Mapiripán, e 
ilustra en pocas palabras la manera que estas tierras se iban adquiriendo. Algunos de estos campesinos provenían de las guerrillas liberales que se desmovilizaron, especialmente de la zona de Puerto López, asociados al líder guerrillero liberal Guadalupe Salcedo, o del Bajo 
Ariari, los cuales estaban bajo el mando de Dumar Aljure. Existe otro tipo de colonización, más dirigida desde el mismo Estado, y cuyo objetivo era la ampliación de la frontera agrícola, ésta se orienta por las entidades encargadas de la economía agraria, 
como lo era el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria INCORA.  Su periodo abarca la década 
de los años 60.  En este proceso se ubica la fracasada política de normalización y reconciliación de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), a raíz de la cual se inició el proyecto de colonización Meta I. 
7 Ambos proyectos de una u otra manera sirven a  la ampliación de la frontera agrícola, y conllevan 
a la descomposición económica de sectores de pequeños y medianos campesinos, facilitando el ingreso 
del empresariado a la región. Don Italo Romero campesino desplazado de Mapiripán, expresa el espíritu de búsqueda de 
mejores oportunidades de vida y de trabajo de esta manera: ” … en el año 63, tenía una finquita 
muy pequeña que había comprado y la vendí, me fui porque oía decir que las tierras de Mapiripán 
eran muy productivas, producían muchísimo pescado, mimbre de palma y que eso lo explotaba la 
población indígena y había mucho cacao que incluso no había sido ni sembrado, lo micos lo habían 
dispersado, entonces los colonos habían socolado en monte y de ahí cogían el cacao, y vivían y había 
mucho colono que tenía su ganadería , su finca, el cultivo el maíz, el plátano, la yuca, aunque era 
muy difícil ponerlo al consumo”. Así mismo, en la década de los años 70 empresarios antioqueños vieron que la adjudicación de 
tierras en el sur del país era rentable. Uno de ellos fue Argemiro Meza, quien comenzó a comprar las 
fincas a colonos a bajos precios para luego ofrecérselas a sus amigos. Aunque las tierras no eran fértiles, 
sí eran aptas para la ganadería. Así, llegan a Mapiripán varios ganaderos, entre ellos uno cuya influencia logró que en 1988 y 1989 el antiguo INCORA le titulara a él y a su mayordomo una hacienda 
de 5.500 hectáreas a la que llamó Macondo. Colonos sin títulos y ganaderos con papeles en regla siguieron explotando las tierras hasta que la violencia guerrillera comenzó a expulsarlos. Muchos ganaderos se fueron por la amenaza de las FARC. Un 
ejemplo de ello es la señora Kirby, quien abandonó las tierras después de ser secuestrada y de que su 
esposo falleciera.  El conflicto armado se constituye en la expresión más aguda de la cuestión agraria, en 
donde los grandes latifundistas y agroempresarios se enfrentan a millones de campesinos sin o con poca 
tierra, y donde el Estado se convierte en protector de los primeros. b. Periodo de la violencia guerrillera, paramilitar y el narcotráfico 1980-1990 Este periodo histórico se caracteriza por la profundización de la violencia guerrillera de las FARC, 
la política de control del territorio ejercida por ellos y el cobro de impuestos, vacunas, extorsiones y 
secuestros, como también por la aparición de los primeros grupos de autodefensa financiados por 
narcotraficantes. Estos, bajo el pretexto de combatir a la subversión, buscaban un control del territorio 
para manejar el negocio de la droga y proteger sus tierras. Es también el período en que el antiguo INCORA, comienza a formalizar la propiedad de la tierra 
y a titular baldíos que se supone debían ser entregados a los pequeños y medianos campesinos, pero 
donde se privilegia a la clientela política de los partidos tradicionales, conformada por ganaderos y 
terratenientes. La producción de hoja de coca generó un cambio en la vocación productiva de la región. Mientras 
los cultivos de pancoger, como el maíz, el plátano, la yuca o el arroz eran los cultivos tradicionales, 
empiezan a ser remplazados por extensas superficies sembradas de coca.  En esta década, los ingresos 
de la economía campesina tuvieron una etapa de “prosperidad”, los campesinos lograron un ingreso 
importante por la hoja de la coca, y dejan de depender de sus cultivos tradicionales, aumenta el consumo de bienes traídos del interior. Este aumento de ingresos fáciles conllevó también a expresiones de 
descomposición social en diversos sectores de la población, tales como la drogadicción, el alcoholismo, 
la prostitución, las riñas permanentes, etc.   En cierto sentido la hoja de la coca se convirtió en aquella 
época en la moneda de transacción y la vía de intercambio de productos. Don Italo Romero ilustra perfectamente esta relación económica que empieza a establecerse: “yo no 
llegué nunca con el ánimo de sembrar hoja de coca, ¡nada!, soy un campesino oriundo con origen de 
mis padres y llego a la finca a trabajar a sembrar plátano a sembrar maíz a sembrar yuca a sembrar 5. Rodríguez González, I. (2014). Despojo, baldíos y conflicto armado en Puerto Gaitán y Mapiripán (Meta, Colombia) entre 1980 y 2010. Estudios Socio-Jurídicos, 16(1), pp. 315-342 8 arroz, allá se sembraba arroz, el problema era que en ese entonces nosotros los campesinos no podíamos pagar lo que pagaba un narcotraficante por el cultivo del narcotráfico …,  el problema era 
que en 7 horas se cogían 7 arrobas de coca y se ganaba $45.000 o $50.000 y uno le podía pagar a un 
trabajador $8.000 o $10.000,entonces era muy difícil para nosotros conseguir  la mano de obra y sacar 
el producto a un punto de venta”.
Es importante destacar la relación histórica entre coca y conflicto, la cual “debe ser explicada teniendo en cuenta los antecedentes históricos del problema agrario, y plantearse que el narcotráfico no es 
solamente la “causa eficiente de la guerra” sino una nueva etapa del modelo agromono-exportador. 
Para sugerir que la cocalización de varias economías regionales ha tenido en Colombia –guardadas las 
proporciones– implicaciones similares a las que tuvo el café en su momento, pero con una enorme diferencia: este segundo despegue de la economía agroexportadora se ha realizado con base en un cultivo 
declarado proscrito a escala internacional” . De esta manera entender el conflicto en esta zona de colonización, que tuvo como eje importante 
de su economía el cultivo de la coca “en un medio de campesinos colonos se relaciona con el hecho de 
que este cultivo se comporta más como una economía extractiva unida al gran capital, que como un 
cultivo colonizador” . Se presentan importantes cambios estructurales en el sector agrícola, como lo es el aumento de los 
cultivos permanentes en detrimento de los transitorios y la consolidación de las actividades pecuarias 
sobre las agrícolas, teniendo consecuencias políticas, ya que en muchos casos el proceso de latifundismo 
para la ganadería extensiva, se desarrolla paralelamente al nacimiento de los grupos paramilitares. Estos sectores económicos ligados al narcotráfico, terminan por añadir ingredientes más complejos a la ya 
difícil situación del sector agrario colombiano.  Estas economías centradas en la producción de rentas, 
crean sus propias normas y reglas del juego. Engendran su propia institucionalidad, y se convierten en 
un poder paraestatal que impone una manera distinta a la del Estado acerca de la venta y compra de 
tierra, en donde la política del miedo o el terror termina imponiéndose: “o me vende o le compro a la 
viuda” . Pablo Emilio Quiñonez, campesino desplazado de Mapiripán, ilustra esta época así:  “cuando eso 
no existía la mariguana, no existía la coca, no existía nada de eso,  entonces se vivía muy rico y lo que 
usted sembraba se daba, … tierras que con  los años  el rio está lavando, son tierras inacabables … mi 
papá que había llegado un año antes que yo, …tuvimos potreros y sembrábamos el maíz, pero el maíz 
era muy barato porque no habían vías de acceso, alcanzamos a vender carga de maíz a 5000 pesos, 
pero, pues uno está feliz porque no había violencia, con el tiempo entró el apogeo de la mariguana, ya 
se puso más maluco, eso fue como del 80 para acá que fue el apogeo de la mariguana, eso fue corto, 
ya después entró la coca, entonces cuando ya hubo capital aparecieron los señores de la farc, porque 
ellos no estaban, los habíamos escuchado pero nunca los habíamos visto”. c. Periodo de la violencia paramilitar y guerrillera 1990-2006 Antes de la década de los 90 Mapiripán, si bien vivía una violencia ejercida por diversos actores, era 
conocido en el departamento del Meta como un municipio ganadero, que incluso abastecía parte del 
mercado departamental.  Con la presencia de los cultivos ilícitos de coca y el consiguiente conflicto relacionado con el mismo, el uso del suelo en relación a la economía agropecuaria prácticamente desaparece. Es el período de consolidación de grupos paramilitares que, tras haber asesinado a líderes y haber 
cometido masacres y desplazamientos, hacen presencia permanente en el territorio e instalan bases de 
entrenamiento en algunas fincas.  Es también el momento en que la región es controlada por el miedo y las acciones de este grupo ilegal, y en el que las tierras son abandonadas por los colonos originarios 
debido a la persistente violencia.
Es además un período en el que las tierras que pertenecían a colonos sufren una transformación 
jurídica inicial, mediante titulaciones convenidas con el Incora por influencia de empresarios, compras 
fraudulentas y constitución de empresas que adquieren en el papel estos predios para luego venderlos. 
Conrado Salazar, ex alcalde del municipio manifiesta: “en Villavicencio [existía], como una especie de 
cartel dedicado a ese tema de protocolizar, de vender, de hacer escrituras, de hacer documentos y esas 
cosas para quedarse con las tierras y sacar los campesinos que llevan 15, 20 o 30 años trabajando en 
esas tierras que eran baldíos y que llegaron y los encontraron como baldíos y que como colonos y que 
hoy tienen sus mejoras”. Para comienzos de los años noventa, el peso de la economía del narcotráfico no era aún  tan fuerte 
en el sector agrario, pero ya resultaba patente “el afianzamiento de una pauta de división del trabajo 
dentro de la cual el campesinado se especializa en alimentos para el mercado interno, y el capitalismo 
agrario en productos para la industria y exportación”. La ubicación geoestratégica de Mapiripán hace que el Frente 44 de las FARC lo utilice como una 
base importante de sus operaciones para el cultivo y comercialización de la hoja de coca.  Al mismo 
tiempo pasando el río Guaviare,  al frente de Mapiripán, el jefe paramilitar Vicente Castaño tenía sus 
laboratorios de droga. Los Castaño, fundadores de las AUC, querían controlar el negocio y, con el pretexto de combatir la subversión, atacaron a Mapiripán en julio de 1997. Entre 1997 y 1998, la violencia desplazó a por lo menos 1.300 personas de Mapiripán. Durante los años 
siguientes, guerrilleros y paramilitares siguieron la disputa por el territorio, y los colonos originarios, que 
no tenían títulos de propiedad trataron de resistir en el pueblo hasta donde les fue posible, como una 
forma de resguardar su propiedad sobre la tierra. En el Meta, el grupo de las AUC de los hermanos 
Castaño se hizo llamar Bloque Centauros,  aumentando en esta región exponencialmente su número 
de combatientes entre 2002 y 2004, para lo cual Vicente Castaño encargó a los narcotraficantes Miguel Arroyave y Daniel Rendón alias ‘Don Mario’.  Mapiripán para los Castaño, seguía siendo un punto 
clave para el manejo del negocio del narcotráfico y por ello Los Centauros permanecieron en la zona 
hasta 2006, cuando ocurrió la aparente desmovilización. Entre 1997 y 2006, La Cooperativa se convirtió en un lugar de control total de las AUC, era esa su 
base de operaciones. “El grupo paramilitar también controlaba la economía de la coca en La Cooperativa y en otros centros poblados que durante esos años dependían totalmente de esta economía 
ilícita (aún lo hacen en menor medida).  Adicionalmente, la guerra entre los Buitragueños (o ACC) y el 
Bloque Centauros empezó justo en La Cooperativa”. Para las masas campesinas adicionalmente a la violencia ejercida desde diferentes flancos, se aúna 
los planes de fumigación del gobierno, los cuales se ejercían de una manera indiscriminada y afectaba 
principalmente los cultivos para el autoconsumo del campesinado.  Sólo en el Meta, en 2005, se fumigaron cerca de 14.500 hectáreas (cuatro veces más que en 2004), principalmente en Puerto Rico, 
Puerto Lleras, Vistahermosa, Mapiripán y Puerto Concordia, es decir, el 10,7% del total del área fumigada en Colombia (138.779 hectáreas). El auge del cultivo y la producción de coca trajo consigo cambios y transformaciones en sectores 
sociales cercanos a las FARC y los paramilitares: en el primer caso, mejorando parcialmente las condiciones materiales de colonos y campesinos y estabilizando el proceso colonizador, y en el segundo caso, 
porque produjo una sustitución o simbiosis entre terratenientes tradicionales y nuevos capos de la droga 
mediante la compra masiva de tierras, que favoreció la valorización de éstas y el fortalecimiento de la 
ganadería extensiva
 En síntesis, en el decenio de los noventa, ya en el contexto de la globalización, se aceleró el proceso de 
relativo reemplazo de las estructuras agrarias tradicionales por sistemas agroindustriales y por enclaves 
rurales basados en actividades económicas legales e ilegales, lo que propició la expansión de los grupos 
armados. Las Masacres de Mapiripán Área adjudicada en baldíos en Mapiripán 
Meta 
Un capítulo especial de esta etapa merece la tristemente célebre “Masacre de Mapiripán”.  Aquí el 
día 15 de julio de 1997, arriban centenares de sujetos fuertemente armados, quienes se identificaban 
con brazaletes de la Autodefensas Unidas de Colombia AUC del Urabá y Córdoba, durante cinco días 
torturaron, secuestraron y asesinaron a decenas de habitantes de Mapiripán tanto de su casco urbano 
como de diversos lugares de la zona rural.  Esta acción hizo parte de una acción sistemática, donde 
participaron no solo los grupos paramilitares, sino también el ejército colombiano, quien por acción u 
omisión tuvo responsabilidad en esta masacre, llegando incluso a ser reconocido por la Sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de septiembre de 2005. Es importante precisar que la mencionada Sentencia de la Corte determinó que el gobierno colombiano violó el derecho a la integridad, a la libertad y a la vida, a las garantías judiciales, los derechos de 
los niños, y a la circulación y residencia, todos estos derechos consagrados en la Convención Americana 
de Derechos Humanos .   Por tal motivo la Corte ordenó al gobierno colombiano realizar las debidas 
diligencias para activar y terminar eficazmente la investigación, y determinar la responsabilidad material e intelectual de los autores  de la masacre, así como otorgar las garantías de seguridad necesarias a 
los intervinientes. A la masacre de 1997, prosiguieron la de las Inspecciones de Policía de Puerto Alvira y La Cooperativa en 1998, de ahí en adelante el municipio ha sufrido permanentes hostigamientos de los grupos 
paramilitares y violación de los derechos de los pobladores por parte de las fuerzas armadas, tales 
como violencia contra las mujeres y niños, secuestros, desapariciones, asesinatos selectivos de dirigentes 
comunales, reclutamiento de niños y jóvenes, etc. Especial mención merece la situación del desplazamiento, que provocó y tuvo como punto nodal la 
masacre del 97, el cual generó un desplazamiento masivo sin precedentes, donde miles de campesinos 
abandonaron no solo sus tierras, sino todos los bienes que habían en ellas, incluyendo cultivos y animales.  Esta población campesina emigró de veredas como Esteros Altos, Esteros Bajos, Caño Minas, Chaparral, Caño Negro, y sus lugares de desplazamiento fueron entre otros Villavicencio, San Martín y el 
Guaviare
Estas masacres tienen como marco principal la disputa por el control territorial y por ende del negocio del narcotráfico, de diversos actores armados presentes en la zona, como también como parte de 
una retaliación por la participación política de sectores de la población a favor de las FARC. Es importante tener presente el contexto histórico de lo que significaron estas masacres en el despojo y 
destierro de la población campesina, y la consiguiente pérdida de sus tierras y el destierro de su territorio, 
lo cual no ha sido tenido en cuenta por las instituciones del Estado en el momento de evaluar cada uno 
de los casos de las familias campesinas que solicitan su restitución de tierras. De esta manera si se revisa la base de datos del INCODER, se observa cómo en la adjudicación histórica  de baldíos en Mapiripán entre 1997 y 1998 es el periodo de mayor titulación de predios baldíos en el 
municipio, representando en área el 43% y en resoluciones el 46% del total histórico. 
d. 2006 a hoy Este periodo está marcado, primero, por la supuesta desmovilización paramilitar y por las tierras 
abandonadas por muchos años.  A partir de 2007, los predios abandonados y originalmente titulados 
son transferidos a personas o empresas, muchas de ellas relacionadas con empresarios que actuaban 
en la ilegalidad. A partir de este año las otrora tierras de los cultivos de pancoger, son sembradas con 
palma africana, cultivos de soya y maíz, o dedicados a la ganadería extensiva. En los últimos cinco años nuevamente empieza a desarrollarse una incipiente economía agraria con 
cultivos de yuca, maíz, arroz, plátano, caña y algunas frutas, y un desarrollo de ganadería extensiva.  
El tipo de suelo ácido que posee el municipio, lleva a que se requieran grandes inversiones de capital 
para hacerlo productivo. El descubrimiento de pozos petroleros cerca al municipio, y la exploración de varios puntos del municipio, unido a la presencia desde el 2007 de la empresa italiana Poligrow han cambiado la dinámica 
económica de la población, han valorizado la tierra e igualmente han generado tensiones entre los 
distintos intereses de los pobladores. No obstante, la violencia en Mapiripán no se ha reducido, los actores de la violencia histórica de esta 
región se han reorganizado y transformado, el desplazamiento y la violación de los derechos humanos 
a la población continúan. Es así como el informe de la Contraloría General de la República del año 2014, expone las inconsistencias encontradas en cuanto a la adjudicación y venta de predios sin el cumplimiento de los requisitos 
legales .  El 07 de marzo de 2008 a través de la Resolución N.º 03 se declara al municipio de Mapiripán en condición de inminente desplazamiento forzado. Sin embargo, como lo evidencia el mencionado informe de la Contraloría “en la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta) se hallaron casos donde no se ejerció una verdadera protección 
a la victimización y al desplazamiento forzado, registrando situaciones irregulares tales como: i) Permiso de ventas por parte del Comité de Atención Integral a la Población Desplazada del Municipio 
de Mapiripán únicamente firmado por el alcalde y/o con fecha posterior a la fecha de elaboración de 
escritura de compraventa correspondiente, ii) permiso que resultan ser simplemente una constancia 
del alcalde o que fueron tramitados a favor del comprador y no del vendedor, como si el comprador 
fuera el titular del derecho tutelado, iii) permisos sin argumentación alguna, únicamente consignan 
que “en parte ha cesado la situación de violencia”, y iv) solicitudes puntuales de presuntas víctimas 
que buscaban la protección contra el despojo que no fueron tramitadas”
Decreto 2007 de 2001 por medio del cual, entre otras disposiciones, se ordenaba a las Oficinas de Instrumentos Públicos abstenerse de 
inscribir enajenaciones de predios rurales ubicados en zonas declaradas de inminente riesgo de desplazamiento, salvo que se acredite el permiso 
por parte del Comité Municipal, Distrital o departamental de Atención Integral a la Población Desplazada.
Estos hechos irregulares pueden ser constatados por las narraciones de las víctimas de desplazamiento del Municipio de Mapiripán: “En el tema del levantamiento de las medidas empezó más o menos en el año 2000 la venta y 
entrega de lotes de personas que nos habíamos desplazado y que no estábamos allá, eso fue cuando 
la alcaldesa Maribel Maecha, que fue una de las primeras que comenzó a entregar lotes. Luego con 
Jorge Iván Duque, el siguiente alcalde, también hizo una entrega de lote que estaban ocupados y ahí 
fue cuando empezaron a escriturar lotes a la mayoría de concejales que habían allá, lotes que era de 
la gente. También comenzaron a hacer en los lotes cosas institucionales, como el caso del Banco Agrario que era el lote de una familia y lo entregaron al Banco Agrario, otro lote lo entregaron para el 
instituto del Bienestar Familiar que es el lote de una víctima que esta también acá en el proceso y así 
sucesivamente, levantaron las medidas colectivas que habían sobre todo el municipio. Eso se hizo hasta el año 2009 que estuvieron ellos de alcaldes”. (Juan Carlos, campesino desplazado de Mapiripán) Las actividades militares de las FARC persisten tanto en el suroriente de la región del Ariari (Puerto 
Rico, Puerto Concordia y Vistahermosa) como en el municipio de Mapiripán, donde a partir del año 
2011, el grupo guerrillero ha intentado retomar la zona de influencia del río Guaviare –anteriormente en control de la banda del Erpac  estratégica para el control del narcotráfico y otras actividades 
delictivas. Para 2011, la relación de las FARC con la siembra de coca se hace evidente al identificar que un 59% 
de los cultivos reportados durante ese año en el Meta (3.040 hectáreas) se encontraban en la región 
del Ariari, donde esta guerrilla ha tenido una presencia histórica y en la actualidad actúan los frentes 
7, 27 y 40. Además, otro 37% de los cultivos fue ubicado en Mapiripán, donde los frentes 39 y 44 estarían intentando recuperar territorios después del sometimiento del Erpac, y disputándose corredores 
estratégicos con la banda Libertadores del Vichada. Finalmente, un 4% de las hectáreas está ubicado 
en Puerto Gaitán (especialmente en los límites con Mapiripán y Cumaribo en Vichada)17 . Los grupos paramilitares hoy mal llamados bandas criminales, por su parte, presentan un constante 
proceso de mutación en el que una vez los jefes abandonan el cargo (ya sea por homicidio, captura o 
muerte en combate), la jefatura de la banda es asumida por sus mandos medios, el grupo es absorbido o vendido a otra estructura criminal o desaparece. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría describe y denuncia en el 2007 esta presencia: 
“Luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC – emergieron en el territorios nuevos grupos armados ilegales, conformados por mandos y combatientes no desmovilizados de 
las AUC, que a raíz de las luchas intestinas viene configurando estructuras armadas en áreas delimitadas geográficamente. Por un lado, el grupo de los “Cuchillos” al mando de alias “Cuchillo” y que se 
autodenominan “Ejército Revolucionario de Colombia” –ERPAC- y los autodenominados grupos de los 
“Paisas” o “Macacos”, por el otro, que libran una disputa territorial por el control de los ejes viales que 
comunican las cabeceras municipales entre si y entre éstas y las zonas veredales”18 . El mismo informe de la Defensoría advertía que las FARC amenazaron continuamente con atacar 
el casco urbano del municipio de Mapiripán, realizando múltiples hostigamientos desde al margen 
derecho del río Guaviare, ataques que son repelidos por la fuerza pública. Ante las permanentes tensiones que se viven en el municipio, afirma el informe “no se descarta la posibilidad de un ataque de 
mayores proporciones en donde se utilizan armas no convencionales y de efectos indiscriminados, por El Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC) es un remanente del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) desde el año 2.003. Se entregó oficialmente al gobierno en diciembre de 2011, pero menos de la mitad de sus miembros entregaron sus armas. El grupo controla la producción de base de coca y cocaína procesada, que se venden a intermediarios o exportadores a través de 
redes en Venezuela y Brasil. Desde su supuesta rendición se cree que quienes quedan del grupo se han dividido en dos facciones rivales, el Bloque 
Meta y el Libertadores de Vichada. 
La 
primera generación post desmovilización estaba al mando de Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’, ex integrante del Bloque Centauros de las AUC, quién pasaría a ser el comandante de la banda 
criminal asociada al narcotráfico llamada ERPAC, en algún momento la más poderosa de la Orinoquia.  Una vez ‘Cuchillo’ muere en un operativo policial, empieza la segunda generación al mando de 
alias ‘Vaca Fiada’ y ‘Caracho’, siendo éste último quien se sometería a la justicia junto con el resto de la 
banda en noviembre de 2011. La segunda es el Bloque Meta que contaría para comienzos de 2013 con máximo 50 hombres que 
hacen presencia no solo en Mapiripán sino también en Puerto Concordia, Puerto Rico, San Martín, 
Puerto Lleras, Granada, Villavicencio, Vistahermosa y Guamal . El ex ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha relacionado el despojo de tierras en el Meta 
con alias ‘Cuchillo’, extinto jefe del grupo paramilitar Erpac, quien al parecer se habría apropiado de 
35.000 hectáreas entre Carimagua y Mapiripán . Coincidiendo con las zonas de mayor confrontación armada en el Meta, en 2012 las principales violaciones a los derechos humanos se reportaron en las zonas del Ariari, Mapiripán y en el Oriente. Según 
datos de la Policía Nacional, los homicidios se concentraron en la región Oriental y en el Ariari.   En 
ese mismo año, según datos de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), las 
tasas más altas de desplazamiento forzado (desplazamiento por cada 100.000 habitantes) se dieron 
en las regiones del Ariari y Mapiripán.  Finalmente, en 2012 la Defensoría del Pueblo hizo un llamado 
sobre la situación de reclutamiento forzado en el departamento, de nuevo en Mapiripán, el Oriente y 
el Ariari, donde se presume que algunos menores de edad que no se sometieron con el Erpac estarían 
siendo cooptados por los Libertadores del Vichada . En el marco de una supuesta tregua entre los dos grupos, la división territorial y económica fue delimitada en Mapiripán, y cuando el Bloque Meta atacó a los Libertadores de Vichada, rompiendo esa 
tregua, la emboscada tuvo lugar cerca de Pueblo Seco, un corregimiento del mismo municipio. Ahora 
los Urabeños parecen estar listos para tomar control de la zona para sí mismos: parecen estar repitiendo la estrategia de incursionar en La Cooperativa y expandirse desde allí. De acuerdo con lo anterior se concluye que a pesar de los golpes asestados tanto a las FARC como a 
los grupos paramilitares, las FARC continúan teniendo control social, capacidad de acción y la posibilidad de controlar la siembra de cultivos ilícitos sobre la región del Ariari y Mapiripán, aunque en menor 
medida que en los primeros años del 2000. En relación a los grupos paramilitares, esta región del Meta 
sigue siendo un corredor estratégico para el comercio de narcóticos y armas desde y hacia el exterior y 
en una zona ideal para el cultivo, comercialización y producción de la hoja. IV. CONFLICTO POR LA TIERRA El actual conflicto por la tierra en Mapiripán, heredado de unas relaciones económicas de desigualdad 
y arbitrariedad, refleja una de las características del sector agrario colombiano, como lo es su estructura 
dual, es decir, la presencia simultánea de la agricultura comercial junto con la agricultura campesina, 
de ahí que la desigualdad en la posesión de la tierra ha sido factor fundamental en la configuración de 
estos dos tipos de agricultura. Estos dos tipos de agricultura se han contrapuesto con mayor fuerza en los últimos años y marca una 
tendencia a futuro.  De un lado, se encuentra la agricultura comercial, en la cual las fincas cuentan con 
grandes de extensiones de tierras de buena calidad, utilizan tecnología moderna, contratan mano de 
obra y venden su producción en los mercados formales, aquí encontramos las grandes agroindustrias de 
la palma de aceite y arroz principalmente y, del otro lado –si se quiere, opuesto–, están los pequeños 
propietarios, cuyas posesiones se sitúan en la zonas de ladera, en tierras de baja fertilidad, alejadas del 
sistema vial más integrado, y que aplican tecnologías atrasadas y gran parte de cuya producción se 
utiliza para el consumo familiar o va a mercados informales del ámbito local. Ella explica también las interacciones entre el ámbito político e institucional, el conflicto armado 
y el problema agrario, ya que “La mencionada tendencia regresiva en la distribución de la tierra no 
tiene otra explicación que la permanencia de la tierra como un activo de reserva de valor que anhela 
permanentemente la búsqueda de rentas institucionales, y el uso de la tierra como un activo de poder 
regional y local que genera dividendos políticos”. Despojo y Restitución El departamento del Meta ha sido históricamente una región de grandes conflictos por la tierra, 
especialmente en las últimas dos décadas. No en vano EL Meta es el tercer departamento del país con 
mayor número de tierras despojadas o abandonadas. Según datos de Acción Social, entre 1997 y agosto 
de 2010 de este departamento salieron desplazadas 126.151 personas agrupadas en 31.431 familias.   Según el citado informe de la Contraloría General de la República de 2.014, en el municipio de Mapiripán 
hay reclamaciones ante la Unidad de Tierras de 1.648 predios en un área de 282.195 hectáreas. Igualmente es el departamento del Meta la zona del país con la mayor cantidad de tierra reclamada en restitución con 668.000 hectáreas, en aplicación a la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras25 .  El solo municipio de Mapiripán tiene 475 solicitudes por 206.657 hectáreas. Un informe regional de la Comisión Nacional de Reparación, advierte que los campesinos han presentado 3.316 solicitudes de protección de tierras, un mecanismo que evita que sus parcelas sean vendidas a 
terceros y según este mismo informe, los municipios de donde han salido más personas desplazadas del 
Meta son aquellos donde precisamente figura el mayor número de peticiones de protección de tierras.  
Encabezado por Vista Hermosa, donde más de 26.000 personas salieron desplazadas y 692 campesinos 
pidieron protección de sus fincas, seguido por Puerto Rico y Mapiripán donde hubo 460 solicitudes de 
protección de tierras por campesinos que querían evitar su robo
El exministro de agricultura Juan Camilo Restrepo resume contundentemente la gravedad del 
conflicto, donde participaron no solo actores ilegales y violentos, sino con la complacencia y colaboración de funcionarios públicos: “Tierras de propiedad pública, con todo un patrón de comportamiento 
criminal y con la connivencia de notarios y de registradores públicos han aparecido como propiedad 
privada. ¿Cómo lo hacían? Borraban al Estado de los folios notariales y un delincuente aparecía 
dueño de esas tierras. Ese es el caso típico de alias ’Cuchillo’ y de sus testaferros en el Llano. Entre 
Mapiripán y Carimagua se hizo apuntar cerca de 20 mil hectáreas que no eran de él, sino del Estado. 
Con este procedimiento, que ha venido documentando la Superintendencia de Notariado y Registro, 
se le pudieron haber robado al Estado entre 400 mil y 500 mil hectáreas. Por otra parte, a 400 mil 
familias las despojaron de 2 millones de hectáreas. Y otras 4 millones de hectáreas están abandonadas 
porque sus propietarios no volvieron por temor a ser asesinados. Es decir, mirado en su conjunto, este 
es un tema de inmoralidad, de corrupción, de manipulación del sistema de registros y notaría, casi de 
la magnitud de los fraudes que se están descubriendo en salud”. Situación de desplazamiento Según el Registro Único de Víctimas, en el municipio de Mapiripán 22 mil 182 personas han sido 
desplazadas desde 1985 por la violencia perpetrada por grupos guerrilleros, paramilitares y agentes 
del Estado.   El municipio de Mapiripán debido a las características antes descrita, es clasificado como 
un municipio expulsor y receptor. Según el Registro Único de Población Desplazada de Acción Social, 
señala cómo al año 2011 13.942 personas, pertenecientes a 3.259 hogares han salido desplazadas del 
municipio, ocupando el puesto No. 3 en expulsión, dentro del Departamento del Meta con un 11% del 
total de la población expulsada del Departamento.  En cuanto a recepción se ubica en el puesto No. 5, 
con un total del 2.8% de la población recepcionada en el Departamento y con una cantidad de 3.495 
personas recibidas, que conforman 531 hogares . Del total de la población expulsada del municipio de Mapiripán, el 58.15% sale hacia otros municipios 
del Departamento, el 21.47% sale hacía otros Departamentos del país y el 20.39% de la población sufre 
desplazamiento interno, bien sea de la zona rural a la urbana, o de una zona rural a otra rural. El desplazamiento en Mapiripán ha sido una constante permanente desde un año antes de la masacre 
del 97 y tuvo su pico más alto entre los años 2002 y 2003, acrecentándose nuevamente entre el 2006 y 
2007 como se observa en la siguiente gráfica. Finalmente, la mayor parte de las personas víctimas del desplazamiento que habitan en el municipio 
de Mapiripán no han sido reubicadas (95,8%) y aquellas que han accedido a reubicarse ha sido sin acompañamiento del Estado, las cuales representan el 4,2%. El informe del 2014 de la Contraloría General de la Nación destaca la fuerte desconfianza  institucional, tanto de las entidades nacionales como territoriales, principalmente de la Alcaldía de Mapiripán. 
Igualmente en dicho informe se recalca “el injusto rechazo sobre la no inscripción en el Registro de 
Tierras Despojadas, según ellos porque no se tomaron en consideración las circunstancias y presiones 
que tuvieron para abandonar y posteriormente vender sus predios, como el hecho de la venta a bajos 
precios o la imposibilidad de comprobar la propiedad”30 . Igualmente la población desplazada expresa como su principal preocupación para el retorno “el 
conflicto entre los reclamantes de restitución y los segundos ocupantes, la seguridad en el territorio y las 
afectaciones sicológicas que sufrieron”31 . Agroindustria del aceite de palma La altillanura se ha constituido en el laboratorio de procesos vinculados a la extracción de materias 
primas, generadoras de renta a sus explotadores y comerciantes, una característica de estos procesos 
es que la mayor parte de ellos se realizan por fuera de los mecanismos institucionales de regulación, 
y tienen la complacencia de entidades y funcionarios estatales que facilitan la entrega de grandes 
extensiones de tierra a empresas de la agroindustria y multinacionales, ahondando aún más el 
conflicto social. Así la configuración espacial está cargada de confrontaciones que se traducen en la búsqueda de 
dominios territoriales que permiten la apropiación de la renta de la tierra. Entre estas materias primas 
vale la pena resaltar no solamente la base de coca, sino también la economía de plantación de palma 
africana, maní, sorgo o soya para la producción de biodiesel, a través de megaproyectos que colocan 
en alto riesgo los ecosistemas regionales y son leña para el escalamiento de los conflictos. El monocultivo agroindustrial, requiere grandes extensiones de tierra y grandes  inversiones económicas como es el caso de la palma africana para producción de biodiesel. Estos cultivos generan 
inicialmente grandes expectativas sociales y laborales a la población y hoy en día hacen parte de la 
forma como se configura socio-económicamente el espacio regional, en los términos de propiedad de 
la tierra, la absorción de la mano de obra nativa y de los migrantes y a su vez de la expulsión de otros 
sectores poblacionales.  Como lo expresa Darío Fajardo: “El cultivo sobre el que se generaron grandes 
expectativas, y cuya expansión ha estado vinculada directamente con desplazamientos forzados de 
población campesina y a los cuales han estado vinculados dirigentes gremiales y altos funcionarios del 
Estado, ha sido la palma de aceite. La voluminosa demanda de los mercados internacionales condujo 
a su rápida expansión en tres frentes de producción (Magdalena Medio, Llanos Orientales, Sur de la 
Costa Pacífica) y ha llevado a los grandes productores a buscar capitales de Malasia, primer productor 
mundial y cuya frontera agrícola ya devastada no cuenta con posibilidades de expansión” 32 . En el caso del municipio de Mapiripán, la empresa Poligrow ha venido desde el año 2008, 
adquiriendo tierras para desarrollar un proyecto extensivo de palma de aceite que busca sumar 
15 mil hectáreas en el 2016, de las cuales 7 mil serán en predios propios y el restante de aliados 
estratégicos. En la actualidad Poligrow trabaja sobre 10 mil hectáreas distribuidas en 12 predios, 
de los cuales ocho ya son de su propiedad y los otros cuatro hacen parte de las llamadas alianzas 
estratégicas
El informe reciente de SOMO e INDEPAZ  recomienda a la Superintendencia de Sociedades, al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Análisis Financiero (UIAF), analizar y evaluar la estructura corporativa 
de Poligrow ya que la empresa palmera no aporta información clara ni completa sobre su composición 
societaria. Esta se compone de un entramado de empresas, unas en España y Uruguay, otras en Italia, 
Brasil  y Panamá que, a su vez, han sido asesoradas legal y financieramente por firmas consultoras cuyo 
anclaje está en “paraísos fiscales”. Igualmente manifiesta el citado informe cómo aunque el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder) determinó que las 5 mil 680 hectáreas que adquirió inicialmente Poligrow en 2008 para 
desarrollar su cultivo piloto violaban la Ley 160 de 1994, pues estas tierras son de origen baldío y en 
Mapiripán una persona o empresa no puede tener más de 1.800 hectáreas de este tipo de tierras.  
Aunado a esto han venido adquiriendo más predios a precios irrisorios y sin ningún tipo de vigilancia 
de entidades del Estado. El estudio de escrituras y folios de matrícula, muestra que con los predios comprados y acumulados 
se sigue violando la Ley 160 y que además otras de sus fincas tienen problemas de falsa tradición y 
reclamaciones de ocupantes, que exigen derechos de posesión. El informe advierte que según varios habitantes y autoridades de Mapiripán, el monocultivo de palma 
ha influido en la pérdida de biodiversidad, contaminación y afectación de ecosistemas como morichales, 
sabanas y cuerpos de agua, principalmente el caño Yamú y el sistema lagunar de Las Toninas,  donde 
transitan los delfines rosados del río Orinoco. Además, esta es una zona donde la comunidad Sikuani ha sido confinada, pese a ser éste su 
territorio ancestral, y donde el 90 por ciento de su población es pobre. Allí también viven indígenas 
desplazados Jiw, del vecino departamento del Guaviare. Y pese a que la Corte Constitucional ha 
advertido que estas comunidades étnicas están en riesgo de desaparecer, en Mapiripán no existe un 
plan que les revierta el territorio y los proteja. VI. INFORMALIDAD EN LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Uno de los factores que facilitó el despojo de tierras en Colombia, fue la alta informalidad en la propiedad, tenencia y traspaso de las tierras por parte de la población campesina. Esto, como resultado de 
varios factores como son, la desordenada expansión de la frontera agrícola, el distanciamiento entre el 
ordenamiento jurídico central y las costumbres locales, la ineficaz  institucionalidad por parte del INCODER (Antiguamente INCORA) encargado de adjudicar y titular los territorios baldíos a la población 
campesina, etc. La informalidad en la propiedad de la tierra en Mapiripán tiene su origen en los procesos de colonización que experimentó la región durante diferentes períodos, en especial  a finales de los años setentas 
e inicios de los ochentas. En estos años, los campesinos colonos fueron estableciéndose paulatinamente 
en la región sin una respuesta satisfactoria por parte de la institucionalidad, que buscara legalizar y 
adjudicar ordenadamente estos territorios en su gran mayoría baldíos.  Este proceso es narrado por don 
Vicente, “en cuanto a la casa que tenía en Puerto Alvira, yo le compré un lote de terreno a Don Gil 
Alvira Colorado que era el fundador del pueblo y monté un restaurante...pero usted sabe que uno se 
va aburriendo de los trabajos y decidimos con mi esposa irnos a fundar. Un día andaba de cacería con 
un amigo, en la montaña miré un lote a la orilla de un caño, un barranco alto bonito, entonces le dije a 
mi amigo, ole Julio por aquí será que uno puede fundar, él dijo pues claro por qué no, ¡Fúndese! Y con 
eso queda de vecino mío”. Este proceso de fundación no sólo se dio en la población campesina, como lo 
afirma Don Ítalo “uno a veces se pone a pensar y se pregunta, cómo es que el norteamericano Kirby que 
llegó a Mapiripán, creo que en los años cuarenta, se adueñó creo que de 20.000 hectáreas y el Estado 
no le dice nada, mientras que un colombiano va a coger un pedazo para hacer su casa y se la montan”. 18 Terminado el proceso de colonización, la propiedad que nació como resultado del movimiento migratorio en ausencia de una presencia institucional sólida, dio paso a la construcción de formas jurídicas 
diversas que regularon la propiedad y el traspaso de la tierra en Mapiripán. En un primer momento, “lo 
que primaba allá en Mapiripán era la palabra, la palabra era una escritura. Yo recuerdo lo que decía 
mi padre que uno tenía que hacer honor a la palabra y en Mapiripán la palabra era la última verdad. 
Allí la gente compraba las fincas con el solo hecho de dar la palabra, con sólo la palabra la gente daba 
el dinero”.  Es así como “muchas personas ni documento llegaron a hacer porque solamente hacían el 
negocio y le informaban a sus vecinos que le habían vendido al señor fulano de tal y lo presentaban, 
con el sólo hecho de presentarlo y de darle la palabra de que habían vendido ese era el dueño absoluto 
y real de ese territorio. Se creía en la palabra, para todo tenía esa característica” (Conrado).  Uno de 
los casos que ilustran los descrito anteriormente es lo narrado por al señor Horacio, “yo en Mapiripán le 
compré a un amigo la posesión y fue esto es mío y tome, de palabra no más. Yo le ofrecí a mi amigo 
que le compraba la finca y él que no la tenía haciendo nada y yo la necesitaba” . En otros casos, la obtención de la propiedad y el traspaso de la misma se presentó por la combinación 
de los dos fenómenos descritos, la fundación y la venta, como lo narra el señor Don José, “en el año 85 
fue cuando me le fundé al doctor Tobar, por ley esas sabanas solas y nosotros meses sin trabajar y con 
voluntad de trabajar, se pasó el tiempo y ya había colonos en todos lados (…) Yo la tierra no la compré, 
o bueno compré un pedacito y fundé, aquí tengo el documento que compré ahí”. Si bien, la palabra es una de las principales instituciones jurídicas en las prácticas de aquella comunidad esta no fue la única. Otra de las formas es lo que se ha llamado “carta  venta”, siendo un documento firmado entre los contratantes y dos testigos quienes daban fe del negocio realizado, “El predio 
de mi papá se lo compró a unos señores de apellido Marín, eso se hacía de entre dos personas y un 
papelito una carta venta sencilla, porque en Mapiripán no había donde hacer nada” (Don Pablo Quiñónez). Estas cartas ventas buscaron constituirse como una prueba física de la propiedad , sin embargo, 
carecían de cierto respaldo institucional, es así como la figura fue evolucionando a la par que aumentó 
la presencia estatal en la región. Con la transformación de Mapiripán en inspección de policía y posteriormente en municipio, la carta venta tuvo un carácter distinto, “más adelante hubo inspección de 
policía y a través de los inspectores de policía le pedían el favor al inspector que le hiciera el documento 
de carta venta o iban a la alcaldía después del 89 que se creó como municipio, antes como inspección y 
hacían también el documento o lo hacían particularmente a mano alzada. No había sino eso, el documento o  la palabra” (Conrado). Otra de las formas para adquirir la propiedad, se dio con los territorios ubicados en los cascos urbanos del municipio de Mapiripán, un ejemplo de ello son las narraciones de la señora Cecilia, “mi papá 
compró un predio allá en Mapiripán hace muchos años y mi papá no llegó a fundar. Mi papá compró 
el predio a un inspector de policía. En la época allá los predios del casco urbano se le compraban a la 
Junta de Ornato o al Inspector de policía. Allá en Mapiripán era la única forma. La única parte donde 
hicieron invasión fue para el lado de la pista y abajo donde pueblo nuevo pero eso no prevaleció mucho...Así era en la época claro el que quisiera le vendía su lote”. A pesar de la informalidad en la propiedad de las tierras que primó y en algunos casos sigue primando en Mapiripán, estas prácticas jurídicas locales intentaron organizar o por lo menos sistematizar la 
propiedad de la tierra en el municipio, intentos que se vieron truncados por la violencia crónica de la 
región y las irregularidades institucionales al interior del  INCODER, la Oficina de Instrumentos Públicos 
de San Martín e incluso la misma alcaldía municipal de Mapiripán, como lo evidencia el Informa de la 
Contraloría General de la República sobre al materia en el año 2014,  así como la propias narraciones 
de los habitantes del municipio, “ahora se ha presentado casos hace ocho o diez años donde hubo personas acá en Villavicencio, como una especie de cartel dedicado a ese tema de protocolizar, de vender, 
de hacer escrituras, de hacer documentos y esas cosas para quedarse con las tierras y sacar a los campesinos que llevan 15, 20 o 30 años trabajando en esas tierras que eran baldíos y que llegaron y encontraron como baldíos” (Conrado). 19 Si bien las prácticas regulatorias en cuento a la propiedad, tenencia y traspaso de la tierra al interior 
de la comunidad campesina del municipio de Mapiripán en gran medida se distancian de las regulaciones que emanan del ordenamiento jurídico central, dicha comunidad construyó ciertos parámetro 
con perspectivas jurídicas,  que tuvieron como  objetivo organizar sus relaciones sociales  en cuanto a la 
propiedad, prácticas que deben ser comprendidas en su dimensión si se desea avanzaren un proceso de restitución de tierras, como el adelantado dentro del marco de la política pública de la Ley 1448 de 2011. VII. ESPACIO Y TERRITORIO A través del recorrido realizado para entender cómo la cuestión del conflicto por la tierra en Mapiripán 
ha marcado y sigue marcando desde sus más profundas raíces a los campesinos de esta región, es importante entender, como de echo lo reconoce incluso el derecho internacional, que los conceptos de “tierra” y 
“territorio” tienen unidad y diferencia y que una cabal comprensión de estos conceptos ligados a la vida 
real de sus habitantes, es determinante en cualquier decisión de tipo legal, económica, administrativa, 
etc. Hablar de la tierra no es solamente  un espacio físico o geográfico determinado (la porción de tierra 
en sí), si bien esta es medible, palpable, cuantificable, esto es mucho más que eso. La definición de estas 
categorías muchas veces son desprovistas de todo tipo de significado, al punto que incluso llegan a ser 
consideradas como sinónimos.  Estas dos categorías son la base para la comprensión y definición de la 
vida social y son incluso formas creadas socialmente. Existe una visión muy predominante de deshistorizar, de olvidar que todo tiene y es el resultado de 
un pasado.  No se puede ver la llanura como una simple planicie de tierras, descontextualizando las 
relaciones sociales y su relación con la naturaleza. Esta visión impide abordar la espacialidad de las llanuras como un conjunto de relaciones sociales 
pasadas y presentes, como una construcción social permanente sobre los espacios heredados de generaciones precedentes, con una historia hecha a distintos niveles sociales y temporales, es decir, como un 
espacio de la gente, un espacio humano. Por ello el espacio es una instancia de la sociedad, igual que la economía o la cultura, de esta manera 
contiene y es contenido, la economía está en el espacio, así como el espacio está en ella.  De esta manera 
se puede decir que la esencia del espacio es social. El espacio no puede ser solamente objetos geográficos 
naturales o artificiales, cuyo conjunto nos ofrece la naturaleza.  El espacio es todo eso más la sociedad.  Lo 
que da vida a todos esos objetos, son los procesos sociales, que representan a una sociedad en un momento dado.  El espacio, es un espacio humano, un espacio social, construido históricamente. Se considera que la comprensión de lo que es el territorio, es el punto de partida para la caracterización y delimitación socio cultural de cualquier elemento geográfico, es aquí donde los hombres y mujeres 
construyen sus vidas, llenan todo espacio de existencia humana, generan relaciones sociales, por ello el 
territorio es ante todo un espacio de construcción social. Es de tener en cuenta que la actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capacidad 
real y potencial de crear, recrear y apropiar el territorio es desigual.  Esta diferenciad está dada por el papel que cumple cada actor en el espacio, no es lo mismo el jornalero desempleado, que el concejal dueño 
del granero y los transportes.  Su voz y su papel en la toma de decisiones es diferente. El concepto de territorio no es algo fijo, sino móvil, esto es así ya que la realidad social es cambiante, 
cada momento se transforma, máxime en un país como Colombia donde los cambios históricos son tan 
rápidos, por ello cada nuevo cambio requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial. 
 El concepto de territorio no es algo fijo, sino móvil, esto es así ya que la realidad social es cambiante, 
cada momento se transforma, máxime en un país como Colombia donde los cambios históricos son tan 
rápidos, por ello cada nuevo cambio requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial. De igual manera lo que refiere al sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, estos 
sentimientos solo tienen razón de ser, se adquieren y se entienden partir de su expresión de territorialidad. 
No se puede identificar con algo que no se quiere ni se respeta, el territorio es una relación individuo –territorio, donde cada individuo es solo pasajero de éste, el territorio es histórico y el individuo es temporal.  
Por ello el territorio es el resultado de procesos sociales en las relaciones de tiempo y espacio. En los últimos años la convergencia espacio – tiempo ha cambiado, ya que los cambios tecnológicos y 
del transporte han cambiado drásticamente. Por ello la percepción de las distancias y sus limitaciones han 
disminuido.  El concepto de las distancias de sus predios a Villavicencio, la capital, es hoy distinta.  Anteriormente significaba días enteros para llevar sus productos al pueblo, hoy día lo hacen en una seis o siete 
horas.  Así mismo,  llevar una razón urgente requerían horas de camino a pie en lancha por rio, o a caballo, hoy igualmente lo hacen instantáneamente con una llamada a celular.  Esto ha llevado a cambiar las 
percepciones de la distancia y el tiempo, sin que éste verdaderamente haya cambiado. Esta posibilidad de estar en poco tiempo en otra localidad, municipio o departamento, lleva a reflexionar como lo local, el “lugar” ya no es el mismo de antes.  El concepto de lo cercano y lo remoto, cobra otra 
dimensión.  De esta manera las relaciones familiares, las relaciones económicas, las actividades institucionales, llevan a replantearse la relación entre lo local y lo global.  Lo local no se explica por sí mismo, solo 
se comprende en la dialéctica de lo global, ambos son parte de la nueva concepción del territorio. El territorio hoy puede formarse de lugares contiguos y lugares en red, por ejemplo, si bien existe una 
continuidad territorial en cada una de las veredas de Mapiripán, existe otra relación mucho más estrecha 
entre lugares distantes, la cual es construida por fuertes lazos “invisibles” como lo expresaron los habitantes desplazados de Mapiripán en la jornada de entrevista colectiva, el intercambio de alimentos, la 
ayuda mutua en el trabajo, las relaciones de parentesco, las relaciones entre los niños que se encuentra 
en el mismo colegio, etc., Don José, campesino mapiripense desplazado ilustra esta construcción social: …
[teníamos] 525 hectáreas, 80 cabezas de ganado, de todo eso vivía … se vendía comida, cocinaba y no 
había plata pero había ¡buenos amigos!, cuáles eran los buenos amigos:  los camioneros que bajaban en 
ese tiempo a Mapiripán, que iban a surtir a Mapiripán a surtir a Caño Jabón, … Fidelino una vez me dijo 
José qué necesita, don Fidelino no tengo plata, dijo no le estoy diciendo qué necesita, yo le dije ¡ah bueno¡ 
don Fidelino, y así varios camioneros. Yo la tierra no la compré, o bueno compré un pedacito y funde, aquí tengo un documento que compré 
ahí… don Fidelino me surtía, uno de San Martín también y yo pedía y en ese tiempo póngale que llegué 
a deberle a Don Fidelino 260 mil pesos cuando la plata valía y así yo compraba a los alrededores, como 
había bastante finca entonces decía José sáqueme un bulto de panela sáqueme tal cosa, tengo un marrano, tengo una gallina, yo hacía eso y así estábamos trabajando muy legalmente. 21  VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES •  Es claro cómo la situación de despojo y abandono de la tierra por parte de las comunidades campesinas en Mapiripán, ha existido permanentemente, pero se ha acrecentado especialmente desde al año 
de 1997 hasta el día de hoy.  Los pocos esfuerzos realizados por las instituciones del Estado Colombiano 
poco o nada han podido aportar para resolver esta situación. • Contrario a lo que se dice en los medios de comunicación, existe una agudización del problema de la 
tierra y del impacto social que esto significa, situación que ha señalado con preocupación  las comunidades, las organizaciones sociales, la Iglesia, la Defensoría y la Personería entre otros organismos del Estado. •  Si bien la ocupación paramilitar de la década de 1990 marca un periodo de desplazamiento de los 
campesinos y un estancamiento en la productividad de las tierras rurales. La desmovilización paramilitar de 2006 produjo un aparente abandono temporal de estos predios, un año después,  comienza una 
transformación de la propiedad de la tierra éstas son  acumuladas, comercializadas y luego transferidas a 
agroindustrias o ganaderías para su explotación. Esta transformación es legalizada a través de funcionarios de la alcaldía y en complicidad del registro público en notarías y oficinas de instrumentos públicos. • Se  considera que el negocio de la compra y venta de la tierra y la apropiación de la misma por medios legales e ilegales, se mantiene intacto, sumándole a esto ahora la presencia de grandes productores 
de cultivos de palma de aceite de empresas multinacionales, llevando a que aumente la concentración 
de la misma en pocas manos. Así mismo, continúan existiendo compradores asociados al narcotráfico, 
paramilitares y estructuras emergentes que quieren las tierras despojadas a los campesinos. • El despojo de tierras fue producto de una coalición entre actores legales e ilegales, por lo tanto las 
demandas de tierras que presenta la Unidad de Restitución ante los jueces especializados, debe tener en 
cuenta todos los actores que participaron en el despojo y desplazamiento, así como las titulaciones y las 
cadenas de transferencia de la propiedad rural. D esta manera el concepto de comprador de buena fe 
debe ser replanteado ya que las tierras campesinas fueron tituladas y comercializadas a través de estas 
coaliciones, coerción y cooptación de la institucionalidad. • El uso del suelo para la producción de biocombustibles, por parte de grandes empresarios y de 
compañías multinacionales, sin tener en cuenta su uso tradicional y condiciones climáticas, así como la 
ampliación de tierras dedicadas a la ganadería extensiva, puede generar nuevas dinámicas de desplazamiento, como también de sustitución de los cultivos básicos, que sirven para el consumo interno del 
municipio. • Las condiciones de vida de los habitantes urbanos y rurales de Mapiripán en vez de mejorar tienden 
hacia la precarización, esto asociado no solo al despojo histórico de las tierras, sino a la destrucción de la 
economía campesina y a la llegada de empresas multinacionales que han encarecido los productos básicos. • Las comunidades indígenas ocupantes históricos de estas tierras, son hoy día desplazados en sus tierras.  La situación social de sus pobladores y el desarraigo producido por el desplazamiento, tiende hacia 
la desaparición de estas comunidades. • Las organizaciones de desplazados creadas para recuperar sus tierras, establecer relaciones de colaboración y ayuda mutua, entre otras, continúan siendo  víctimas de amenazas y persecución por los 
mismo actores legales e ilegales que los llevaron a desplazarse, se hace urgente el acompañamiento social 
de diversos sectores de la población, como de las organizaciones estatales encargadas de su protección. • Pese a que el gobierno colombiano fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos a la integridad, la libertad y a la vida, las garantías judiciales, los derechos de 
los niños, y a la circulación y residencia, las autoridades colombianas desconocen dicha Sentencia y olvidan el contexto histórico que esto ha significado ara los campesinos víctimas de despojo y desplazamiento.