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Jefe de Misión (OIM) Programa Migración y Niñez Juan Manuel Luna Coordinador Hernán Quintero Gerente Programa Fotografía Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Julieth Vanessa Pérez I. Presentación El CONPES 3673 de 2010 representa el compromiso del Estado colombiano con la prevención del reclutamiento y la utilización, partiendo del enfoque de protección integral de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, contemplado por el Código de Infancia y Adolescencia. Este documento de política incluye un plan de acción que involucra a 21 entidades del orden nacional, a través del cual se establecen acciones concretas. Después de tres años de contar con un documento CONPES, es necesario revisar el estado del cumplimiento de las acciones por parte de las entidades responsables. Esta serie de dos boletines contextualiza, desde su inicio hasta las ejecuciones más recientes, la actuación que las entidades del orden nacional han reportado con el fin de intervenir sobre los factores de riesgo, vulnerabilidades y condiciones que permiten la ocurrencia del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, con el fin de determinar retos y desafíos para la política de cara al nuevo contexto. En relación con las apuestas estratégicas relacionadas con la articulación interinstitucional y la creación de mecanismos que pudieran dar cuenta, facilitar y fomentar la misma; este primer boletín de la serie de seguimiento al CONPES 3673 muestra la caracterización de la población beneficiada por tal intervención y describe el trabajo en red que se ha logrado implementar en el marco de su ejecución. Posteriormente, se presenta una reseña sobre el impulso jurídico a casos de reclutamiento, utilización y violencia sexual desarrollado por la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial, para luego incluir un artículo elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), relativo a formas de gestión de la articulación Nación- Territorio que contribuyen a la implementación de la política en el territorio. Examinar el cumplimiento del CONPES 3673 permite conocer la gestión desarrollada desde el Estado, sus aciertos y desafíos; contar con elementos para evaluar la política pública a la luz de los escenarios cambiantes que hoy vive el país e identificar las oportunidades y retos, con miras a la adopción de nuevos lineamientos y estrategias que contribuyan a la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual en el marco del conflicto, contra los niños y las niñas en Colombia. Libertad yOrde n Alma Bibiana Pérez Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 5 II. Introducción 1. Conpes 3673 de 2010. Pág. 86 La problemática del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en Colombia ha estado caracterizado por la multiplicidad e interrelación de factores y variables que inciden en su ocurrencia. En este sentido, su dinámica ha impactado de forma diferencial a diversos grupos poblacionales generando consecuencias a nivel físico, emocional, social y comunitario para los niños, niñas y adolescentes y su relación e interacción con sus familias y comunidades. Esto se ha evidenciado en diversos documentos (académicos, investigativos, sentencias, documentos temáticos y de política) que han abordado la problemática del reclutamiento y utilización de la niñez y adolescencia. A partir de ellos, el CONPES 3673 de 2010 realizó una lectura y análisis de la problemática y sus factores asociados, estableciendo unos objetivos de política en materia de prevención de reclutamiento y utilización. Estos objetivos permitieron determinar unas apuestas estratégicas que buscaban “Prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados, garantizando la prevalencia y goce efectivo de los derechos y la protección integral por parte de la familia, la sociedad y el Estado”1. Tales apuestas se refieren a la priorización de la actuación institucional referida a la población infantil, la institución educativa y la familia, a la articulación institucional como principio de acción y el impulso a casos como mecanismo para garantizar la prevención. Para el Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes este ejercicio de revisión de las tres apuestas estratégicas antes señaladas sirve de preludio para el abordaje a posteriores ejercicios de evaluación de la Política Pública de Prevención que tienen como finalidad identificar lecciones aprendidas y oportunidades que puedan dar insumos para la generación de un nuevo instrumento de política de prevención. III. ¿Con quiénes se ha trabajado? 2. 3. 4. Código de Infancia y Adolescencia. Versión comentada. UNICEF, 2007. P.p 15-16 De acuerdo con la Ley de infancia y Adolescencia, son adolescentes las personas comprendidas entre los 12 y los 18 años de edad. Desde una perspectiva cualitativa, si bien se plantea el concepto de grupos específicos en riesgo, se hace necesario plasmar que este ejercicio debe ser verificado con las entidades para determinar la conceptualización que determina el direccionamiento hacia uno u otro grupo poblacional. 5. De conformidad con los resultados de la aplicación de la encuesta 2013 realizada por el Observatorio de la Secretaría Técnica. ¿Quiénes se han beneficiado? Por lo general durante el diseño de políticas de protección integral a la niñez y adolescencia, se considera que las acciones deben ir direccionadas exclusivamente hacia los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, desde la perspectiva de la Ley de infancia y adolescencia y del CONPES 3673, si bien se deben generar espacios de participación de la niñez y adolescencia, también se debe promover la generación de mecanismos que ahonden en la perspectiva de corresponsabilidad; ya que en el cuidado, la atención y la protección de esta población, la familia, tiene unas obligaciones precisas, la sociedad tiene unos deberes y el Estado tiene sus propias responsabilidades2. El seguimiento a la implementación del CONPES 3673 durante el 2013 ha identificado las estrategias implementadas por las entidades caracterizando los grupos poblacionales beneficiarios y los factores asociados al desarrollo de obligaciones hacia el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en ellas se evidencian las aproximaciones a la construcción de niveles de corresponsabilidad al interior de las entidades. De las acciones reportadas en la implementación del CONPES 3673 durante el año 2013, el mayor número, equivalente a un 34% del total, estuvieron dirigidas a los adolescentes3, contrastado con un 6% dirigido a primera infancia (ver Gráfico 2). Si bien el direccionamiento de estas estrategias puede estar vinculado con las líneas misionales de las entidades, también puede dar cuenta de la identificación y focalización de “grupos específicos en riesgo”4. De esta manera, las acciones dirigidas a adolescentes estuvieron enmarcadas en la generación de oportunidades, la formación y la capacitación, el trabajo sobre acciones de tipo lúdico y el deporte, promoción de derechos, ampliación de coberturas y jornadas de programas, entre otras5. Igualmente, y teniendo como referente el principio de corresponsabilidad, los reportes evidenciaron la vinculación de otros actores en el marco de la implementación de las estrategias. En efecto, un 23% se dirigieron a la familia y un 13 % a las instituciones educativas. Población beneficiada 7 Lo anterior, pone de manifiesto cómo en la prevención del reclutamiento y utilización se ha avanzado hacia la implementación de actuaciones tendientes a la consolidación de entornos de protección para la niñez y adolescencia. Esta identificación plantea focos de direccionamiento estratégico y retos de acción no solo para el 2014 sino para la política misma. Gráfico 1: Distribución de la población beneficiaria en las actividades del Plan de Acción CONPES – Implementación 2013 ¿Cómo se han posibilitado Redes en la implementación de la política? En el marco de la implementación de la política pública de prevención durante el año 2013, se han evidenciado formas de actuación que han posibilitado niveles de interacción entre las entidades. En este sentido, el concepto de articulación interinstitucional adquiere un valor preponderante, ya que pone de manifiesto la necesidad de identificar el cómo, cuándo, a través de qué y quiénes inician interacciones como mecanismo de actuación para la prevención. A partir de esto, los conceptos de Red Social y Práctica de Red6 brindan aportes significativos para comprender cómo se han posibilitado espacios de articulación en la política de prevención, y cómo se pueden generar y/o fortalecer mecanismos para la configuración y sostenibilidad de los mismos, favoreciendo la consolidación de entornos de protección desde la actuación institucional. Desde el monitoreo y seguimiento desarrollado por el Observatorio de la Secretaría Técnica, se logró construir una mapa de red que da cuenta de las articulaciones entre las entidades en el año 2013. Estructuralmente se puede ver que cada una de las entidades citadas funciona como un nodo y se evidencia un grado de articulación entre algunos de ellos (demostrando altos, medios y bajos niveles de articulación). Este panorama pone de manifiesto cómo se ha configurado una Red (entendida como un sistema de vínculos entre nodos orientado hacia el intercambio de apoyo social) en el marco de la implementación de la política de prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. El análisis sobre la dinámica de este mapa nos permite identificar elementos que visibilizan la forma cómo se ha consolidado la articulación7. Se evidencia que el tejido configurado es una Red Social Abierta que está caracterizada por la interacción y/o conversación entre entidades / organizaciones (nodos) alrededor del apoyo social, es decir, se ha generado un espacio que posibilita el intercambio recíproco entre los nodos alrededor de la prevención del reclutamiento y utilización en sus diferentes niveles (una temática en específico). Este trabajo de interacción entre las instituciones ha permitido que se generen conversaciones y actuaciones para el apoyo mutuo. En este sentido, es evidente que algunas entidades generaron vínculos con otras organizaciones con el fin de: a. Generar acuerdos para la implementación de acciones en conjunto; b. Posibilitar espacios de intercambio de información; c. Promover “Obligación de todas las instituciones que participan en el CONPES de entablar estrategias de comunicación entre sí para compartir experiencias y aunar esfuerzos”. ACR, Encuesta de seguimiento al CONPES 3673, I Semestre de 2013. 6. 7. Retomando aspectos de los desarrollos generados por la Psicología Social y sociología frente a los modelos de redes sociales. Especialmente los abordajes de Bronstein Victor, Juan Carlos Gaillard, Piscitelli Alejandro en La organización egoísta. Clausura Operacional y Redes Conversacionales. Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en ciencias sociales. 1994 Partiendo del reconocimiento que este análisis sienta sus bases en la información actual (sobre la implementación del año 2013) reportada por las entidades que participaron en el reporte de la encuesta desarrollada y aplicada por el Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención. vínculos para sumar recursos; d. Definir de manera conjunta mecanismos de acción (construcción de protocolos, planes, micro focalizaciones, documentos, entre otras); e. Generación de proyectos, acciones y/o estrategias de prevención fuera del plan de acción CONPES, entre otras8. 9 Gráfico 2: Mapa de Redes Interinstitucionales – Implementación CONPES 2013 8. De conformidad con los resultados de la encuesta de monitoreo y seguimiento CONPES 3673 realizada por el Observatorio de la Secretaría Técnica. Lo anterior pone de manifiesto la forma como se posibilitó la construcción de acción conjunta frente a la prevención. De esta manera, es notoria la potencialidad que adquiere la presencia de un nodo que tenga como fin misional la promoción de la articulación entre entidades ejemplo de ello, la Secretaría Técnica; así como la fortaleza generada a partir de los vínculos construidos entre ciertas entidades como: el Programa Presidencial de Derechos Humanos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la UACT y la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Las entidades mencionadas anteriormente evidencian altos niveles de interacción caracterizados por el encuentro con tres, cuatro y/o cinco entidades. Así mismo, se identifica la presencia de niveles de interacción media y baja que requerirían el fortalecimiento de acciones para que se incremente la articulación entre otras entidades. Si bien se han reconocido patrones de articulación, también es evidente la necesidad de fortalecer dicho marco de actuación con el fin de promover el diálogo institucional. En este sentido, podría plantearse que la actuación de forma articulada y conjunta se ha venido fortaleciendo a través de los años de la implementación de la política. Sin embargo, es necesario consolidar mecanismos para analizar a profundidad la forma de desarrollo de la articulación y el efecto de ésta; caracterizar el tipo de articulación que activamente poseen e identificar tipo ideales de relacionamiento son asuntos que favorecerían el planteamiento de un nuevo documento de política, en el cual se haga especial énfasis en la necesidad de generar, fortalecer y darle sostenibilidad a la articulación nacional, regional y territorial entre las entidades. 11 IV. El Reto de la Justicia en la Prevención “Frente al seguimiento a los casos remitidos se identifica la necesidad de fortalecer un sistema de información o base de datos donde mensualmente toda la Comisión Intersectorial tenga conocimiento a cada uno de los casos remitidos”. UARIV, Encuesta de seguimiento al CONPES, I Semestre 2013 9. De conformidad con el planteamiento de la Ley 1448 en donde en las Garantías de No Repetición de hechos violentos se plantea la necesidad de generar mecanismos que trabajen sobre la prevención de violaciones contempladas en el artículo 3 de dicha Ley. La prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes encuentra grandes retos en la esfera de la justicia, debido a que las acciones que allí se configuren generan un impacto en las garantías de no repetición de hechos violentos9. Este abordaje y desarrollo encuentra cabida en procesos que vinculan tanto a entidades con competencia en temas de denuncia como en el trabajo sobre el riesgo de reclutamiento y atención a personas afectadas por dichas amenazas, entre otras. En este marco, para la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial el trabajo sobre impulso a casos se ha configurado en un pilar y en un reto actual. Durante el año 2013, la Secretaría ha desarrollado un componente de impulso a casos en busca de la denuncia, investigación y enjuiciamiento del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, como un mecanismo de prevención. El propósito de este componente es contribuir a una investigación contextual del delito que permita identificar a todas las personas vinculadas con el mismo y que su enjuiciamiento desestimule a quienes acuden a estas prácticas violatorias de los derechos de los niños y las niñas en Colombia. La información que es transmitida por la Secretaría Técnica a la Fiscalía General de la Nación proviene de fuentes tales como: a. Informes de Riesgo y Notas de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo; b. Información recabada por parte de los asesores regionales con presencia en el territorio que hacen parte del equipo de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial; c. Información suministrada por los enlaces regionales de cada una de las entidades parte de la Comisión Intersectorial, d. Información obtenida en el desarrollo de los ejercicios territoriales de articulación de oferta y, e. monitoreo de medios de comunicación (prensa, televisión y radio). Actualmente la Secretaría Técnica de la Comisión ha impulsado y remitido 142 casos como se observa en la siguiente gráfica. Estas acciones sumadas a las actividades misionales que ejerce el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la UARIV y el Centro de Memoria Histórica, promueven el cumplimiento del compromiso del Estado dirigido a generar mecanismos de protección integral (a través de máximos de verdad, medios de reparación integral y garantías de no repetición,) que impulsen las sanciones sobre quienes perpetúan, facilitan o encubren estos delitos y a la negación del derecho que tienen sus víctimas a ser reparadas. Gráfico 3. Tipos de Casos/vulneración remitidos a Fiscalía General de la Nación - 2013 Fuente Observatorio de la Secretaría Técnica Una mirada desde la cooperación 15 Fortalecimiento institucional de la politica de prevencion del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados10 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo financiero y técnico de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) desarrolla, consolida y fortalece alianzas estratégicas con distintas entidades que integran la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas, y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. Dichas alianzas se han encaminado a promover la articulación de la política de prevención desde el enfoque relacional entre nación - territorio. Para tal fin, la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial desarrolló un ejercicio de focalización regional de 530 municipios afectados por el conflicto armado y aplicó 11 indicadores en dichos municipios. 85 municipios obtuvieron una calificación alta, es decir entre 9 y 11 factores. En este sentido, el objetivo de la alianza interinstitucional está orientado a desarrollar acciones de articulación y coordinación Nación/Territorio para el fortalecimiento interinstitucional de la política pública de prevención del reclutamiento. Bajo esta mirada y teniendo en cuenta la participación activa de las entidades territoriales, la propuesta se viene ejecutando en función de: Profundizar y contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, propiciando escenarios de planeación para el desarrollo de la política pública de prevención. Diseñar y construir participativamente Planes Locales de Prevención Integral para 43 municipios. Estos planes tiene tres fuentes de articulación funcional: a) Plan de desarrollo municipal; b) oferta local, regional y nacional y c) definición de las rutas pertinentes al contexto territorial del conflicto armado. 10. El presente apartado fue aportado y redactado por Hernán Quintero y Paula Rivero del área de niñez y migración de la OIM quienes amablemente aceptaron algunos comentarios y ajustes elaborados por el Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión. Implementar un pilotaje en cada municipio para la aplicación de la metodología de Mapas de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades (MVRO) con participación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus familias e instituciones. Desarrollar un pilotaje de verificación de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con el objeto de proponer y recomendar rutas y protocolos de acceso a los derechos con calidad. Sensibilizar y movilizar a la sociedad a través de campañas de prevención del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales con enfoque diferencial. La focalización poblacional para el desarrollo de la propuesta es de 8.000 Niños, Niñas y Adolescentes, 1.600 familias, 200 servidores públicos y aproximadamente 120 adultos que participan como facilitadores en la implementación de los Mapas de Vulnerabilidades, Riesgo y Oportunidades (MVRO). La OIM tiene como principio orientador en el marco de la política de prevención de Reclutamiento, el de coadyuvar en la construcción sostenible de la capacidad instalada de los gobiernos locales y fortalecer el capital social construido por las comunidades. Este ejercicio solo es posible a través de la articulación y coordinación de todas las acciones que desde los ámbitos regional y nacional se vienen proyectando en los municipios que afrontan una crisis humanitaria no resuelta, dados los efectos del conflicto armado sobre la población, en especial sobre los Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias. La dinámica de articulación territorial desde el nivel nacional, se viene desarrollando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través de los programas de Generaciones Étnicas con Bienestar y con el Proyecto de promoción de la resiliencia familiar y fortalecimiento del vínculo afectivo desde la primera infancia, como estrategia de prevención del reclutamiento forzado que incluye al Ministerio de Educación Nacional (MEN). De igual forma, con los municipios en los cuales se viene desarrollando la Estrategia de Consolidación y con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) en el marco del Plan Fronteras para la Prosperidad, en especial con el proyecto denominado “Apoyo a la estabilización comunitaria a través del mejoramiento educativo en zonas de frontera - Colombia”. Actualmente, con la Procuraduría General de la Nación (PGN), la OIM y USAID apoyan la construcción de un “Modelo de Vigilancia Preventiva para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas, y Adolescentes en Regiones Priorizadas por el Conflicto Armado Colombiano”, el cual será de gran utilidad para los propósitos establecidos no solo en la política, sino en el quehacer institucional desde la prevención. Desde la perspectiva de los grupos étnicos, la política de prevención del reclutamiento y utilización de la niñez y adolescencia indígena y afrodescendiente, debe partir del reconocimiento a su dignidad, expresada desde su cosmovisión, autonomía, gobernabilidad e identidad y ratificada en los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Nacional, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 1098 de 2006, la ley 1448 de 2011, la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional y de manera especial, desde su marco jurídico propio. La mejor manera de fortalecer a los pueblos indígenas y comunidades negras y afrodescendientes, es propiciar espacios de participación intercultural en los que se pueda concertar la adaptación y adecuación de la política a los principios territoriales, sociales, culturales y políticos que gobiernan a estas comunidades. Hallazgos y avances Se han focalizado 8.000 Niños, Niñas y Adolescentes y 1.600 familias con quienes se viene trabajando a través de la aplicación de los Mapas de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades (MVRO) en 43 instituciones educativas. De igual forma se viene aplicando el formato de Verificación de Derechos, el cual se ha aplicado a 200 niños, niñas y adolescentes en cada municipio. La idea es poder establecer cómo y de qué manera se garantizan los derechos a la educación, salud, participación, a una familia, a no trabajar, a un buen trato y a un ambiente sano. Igualmente, evaluar su calidad, el acceso y las rutas establecidas para garantizar el mismo. Alcaldes y autoridades locales reconocen el fenómeno del reclutamiento y la utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en su municipio, pero no le dan la suficiente importancia para priorizar el fenómeno en el marco de la política de prevención y protección. Los Niños, Niñas y Adolescentes de Dibulla y Riohacha (Guajira) siguen siendo asediados por las bandas criminales. En el mes de agosto de 2013, a través del testimonio de una profesora se conoció la desaparición de dos niños. En muchos casos los niños, niñas y adolescentes nacen en hogares cuyos padres de alguna manera están vinculados a bandas criminales y en especial al microtráfico. La familia como eje articulador de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y escenario de transferencia de patrones culturales, se ha convertido en un factor de riesgo, en tanto los padres generacionalmente han venido experimentando la pobreza, la violencia la exclusión y el desconocimiento de los ciclos vitales de sus hijos. En la exploración realizada a los 43 municipios focalizados, se encontró un alto índice de violencia intrafamiliar. Es difícil y compleja la situación de más del 70% de las instituciones educativas en los 12 departamentos donde la propuesta viene desarrollando su intervención. Esto está determinado por la escasez de recursos tecnológicos, poca utilización de medios pedagógicos, baja calidad de infraestructura escolar, en algunos casos no se provee alimentación a los niños, niñas y adolescentes, junto a la pobreza de los entornos escolares, la pocas oportunidades de la niñez y adolescencia para acceder a la utilización del tiempo libre, la configuración de pandillas micro-locales que giran en torno a los espacios escolares y el asedio de los expendedores droga. Un problema “sui generis” es el acoso escolar, desde muy temprana edad, los niños, niñas y adolescentes replican en sus aulas lo que aprenden de sus padres en la familia y reciben como “valores” desde el contexto social. En los MVRO por ejemplo, se ha encontrado que los sueños e imaginarios de los Niños, Niñas y Adolescentes concuerdan con los oficios que sus padres desempeñan y los referentes del contexto: dinero fácil, motos, líderes de pandillas y en muy pocos casos los niños anhelan ser profesores y policías, etc. 19 Dificultades Salvo en algunos municipios, en su gran mayoría, las autoridades siguen presentando relativa apatía y desconocimiento sobre el tema del reclutamiento y la utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. Son muy pocos los funcionarios que conocen la política de prevención y su proceso de construcción y consolidación desde la Comisión Intersectorial. El reciente paro agrario ha dificultado el desarrollo de las actividades programadas en los distintos municipios: En Antioquia, la subregión de Ituango; en Cauca, los municipios de Miranda y Caloto y en Nariño, la zona de frontera, especialmente con los Indígenas Pastos. En alguno casos la coordinación con diferentes entidades competentes, sobre todo para construir y consolidar un Plan de Prevención, ha tomado mas tiempo de los previsto por tres principales razones: i) En algunos casos no conocen el CONPES 3673 de 2010 y por ende la exposición sobre las tres rutas de prevención; ii) No contemplan el reclutamiento como una prioridad en el municipio y iii) No saben cómo enfrentar el problema y cómo hacer prevención. Conclusiones Durante el año 2013 la propuesta de territorialización de la política de prevención tuvo la oportunidad iniciar un diálogo interinstitucional con las autoridades locales, las cuales participaron en el encuentro desarrollado en la ciudad de Bogotá y el cual tuvo como propósito el lanzamiento oficial de la estrategia de fortalecimiento institucional de la política de prevención en cabeza del Vicepresidente de la República. El ejercicio territorial y poblacional ha permitido visibilizar la política de prevención, construida desde la Comisión Intersectorial y en especial, darle un papel a los asesores regionales vinculados a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial. A pesar de la apatía y desconocimiento de las entidades territoriales sobre la política de prevención, las autoridades y la institucionalidad local han tenido una actitud propositiva, abierta y flexible al aprendizaje y sobre todo a reconocer la importancia de contar con un instrumento para prevenir todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, en especial de la utilización y reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley |
