Declaración oral presentada por la Comisión Colombiana de Juristas 18° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
15 de septiembre de 2011 
Tema 2 de la agenda: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre los derechos humanos y la justicia de transición
Señora Presidenta y señora Alta Comisionada: Aunque las autoridades no lo reconocen, hoy hay más de diez mil paramilitares en 
Colombia. "El paramilitarismo está vivo. (…). Aún cierto sector de las Fuerzas Armadas 
y políticos no han roto lazos con organizaciones ilegales", dijo el ex jefe paramilitar alias 
"Ernesto Báez". Es evidente que el proceso realizado con estos grupos no ha producido la paz, y que el 
objetivo de alcanzar verdad, justicia y reparación para las víctimas se encuentra muy 
lejano. Pese a casi cuatro mil cadáveres descubiertos y más de 57 mil delitos confesados, 
hay solo tres sentencias en aplicación de la llamada ley de "justicia y paz". Luego de seis 
años de vigencia, muchas voces proponen su reforma. La Comisión Colombiana de Juristas reitera que reducir las penas para crímenes de lesa 
humanidad solo se explica 
jurídicamente en aras de la paz, como lo dijo 
la Corte 
Constitucional. En ausencia de paz, no hay justificación para conceder estos beneficios, 
y una reforma debería apuntar a rescatar el máximo de verdad, justicia y reparación y no 
simplemente a descongestionar o acortar el proceso. Como lo señala el Informe que presenta la Alta Comisionada, “el número de miembros 
desmovilizados de grupos armados ilegales procesados en virtud de la ley es muy bajo, 
en comparación con el número de personas que podrían aportar información pertinente 
para el establecimiento de la verdad”. Aunque 4.500 paramilitares aceptaron acogerse a 
los beneficios de 
la 
ley de "justicia y paz", por haber cometido crímenes de 
lesa 
humanidad, más de 3.000 de ellos no han comparecido. No bastaría con reformar la ley, habría que capturar a estos prófugos y aplicarles justicia. También habría que evitar que a 
través de la nueva ley de “justicia transicional” el Gobierno indulte de facto a la mayoría 
de los mas de 30.000 desmovilizados que no fueron postulados a “justicia y paz”. No tiene sentido reformar la ley si no ha habido un desmantelamiento efectivo de los 
grupos paramilitares en Colombia, lo que advierte la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. Al negar la persistencia de estos grupos el Estado 
desconoce la existencia de uno de los actores del conflicto armado, y las medidas que se 
adoptan no son adecuadas para enfrentarlos. Señora Presidenta: si se resuelve lo anterior, podrían estudiarse fórmulas para agilizar los 
procesos. Habría que garantizar la participación plena de las víctimas, hacer públicas las 
audiencias, recuperar la participación de los paramilitares extraditados y garantizar los 
recursos para las reparaciones, entre otros. Pero, ante todo, es urgente reconocer y 
enfrentar verdaderamente 
el paramilitarismo. Por 
ello, 
solicitamos al Consejo de 
Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos que continúen haciendo seguimiento cuidadoso a este tema. Muchas gracias señora Presidenta. paramilitares habían comparecido ante la Fiscalía. Posteriormente, en medios de comunicación ha dicho que esta cifra 
es de aproximadamente 900 paramilitares. Luego del listado original de 3.650 paramilitares, que corresponde a los 
desmovilizados colectivamente, otros paramilitares han sido 
incluidos como postulados en 
la 
ley 975, como 
desmovilizados individuales, lo que explicaría la cifra total actual de 4.5 postulados. 
8 Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y 
reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios 
jurídicos y se dictan otras disposiciones”. Esta ley ofrece beneficios penales a aquellos que narren la verdad ante un 
mecanismo no judicial de memoria histórica, pero impide el uso de esta información en los procesos judiciales contra 
estos desmovilizados. Esto contradice abiertamente las disposiciones internacionales sobre derechos de las víctimas, las 
decisiones de la Corte Constitucional y la recientemente aprobada ley de víctimas y restitución de tierras. 
9 “(…) Estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de 
capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados. Son un factor 
activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha 
recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en 
acciones atribuidas a algunos de estos grupos. El país enfrenta importantes retos para consolidar el proceso de 
desmovilización por el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales. Las estructuras, intereses y modus operandi de 
estos grupos no son homogéneos y el uso de términos idénticos para calificarlos a veces no logra dar cuenta de su 
gama de actividades, objetivos y alianzas. Sin embargo, independientemente de su denominación, constituyen fuente de 
legítima preocupación porque continúan ejerciendo violencia contra 
la población civil”. 
Informe de 
la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia