Cómo va la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC Una aproximación a la mirada territorial Han pasado un poco más de 19 meses desde la firma final del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP. Durante este periodo, muchas cosas han cambiado en la sociedad colombiana como resultado del Acuerdo establecido entre las partes, y se han producido un sinnúmero de balances en torno al estado de implementación de lo acordado. Algunos de los esfuerzos más completos de seguimiento a la implementación han provenido de instancias definidas formalmente en el Acuerdo para realizar esta labor. Por ejemplo, los informes elaborados por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EEUU) y el segundo informe trimestral de la Misión Internacional de Verificación de la ONU, dado a conocer a la opinión pública el pasado 2 de abril de 2018. Igualmente, las labores de seguimiento al Acuerdo desarrolladas por parte de organismos de la sociedad civil como el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, la Fundación Paz y Reconciliación, la Fundación Ideas para la Paz FIP, y el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz OIAP, entre otros. Si bien es cierto cada una de estas entidades trabaja con diferentes énfasis y con objetivos y metodologías distintas, se puede afirmar que en general coinciden en el diagnóstico de lo que ha pasado en estos 19 meses: por un lado, el balance es satisfactorio si se evalúa el Acuerdo en términos de disminución de la violencia producto del conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano. Sin embargo, son altamente preocupantes los resultados al considerar asuntos como el desarrollo normativo e institucional de los puntos acordados, así como el rumbo que ha venido tomando la implementación en medio de los debates electorales del primer semestre de 2018 en los cuales se produjeron las elecciones al Congreso de la República (11 de marzo), la primera vuelta presidencial (27 de mayo) y segunda vuelta presidencial (17 de junio), y los cambios que se han pretendido introducir al Acuerdo aún antes de la posesión del nuevo Gobierno. El balance es igualmente negativo en cuanto a la presencia institucional en los territorios donde se han retirado las FARC luego de la firma del Acuerdo, su desmovilización y reintegración. En la mayoría de ellos, otros grupos armados han incrementado su presencia, accionar y disputa de territorios, afectando la seguridad y los derechos humanos de los pobladores. Un fenómeno paralelo, y relacionado en parte con este proceso, es el aterrador incremento de los asesinatos de lideresas y líderes sociales que se ha producido en el país desde la firma del Acuerdo, y no menos preocupante, el constante asesinato de ex integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Finalmente, hay que llamar la atención sobre el bajo nivel de desarrollo de una promesa que contenía el Acuerdo de Paz, denominada “paz territorial”, con lo cual se denominaba la importancia de entender que este Acuerdo, no sólo era un pacto entre el Estado colombiano y las FARC, sino que incluía una valiosa apuesta por la construcción de paz desde los territorios, esfuerzo construido de manera conjunta y concertada entre las comunidades y el Estado colombiano, junto a la desmovilizada guerrilla de las FARC. Los avances en este sentido son claramente insuficientes. Como se ha afirmado desde la Corporación Región de manera reiterada en los últimos 19 meses, el problema principal con el no cumplimiento del Acuerdo de Paz, no es que se desconozca lo pactado con una guerrilla que en general ha dado muestras de un alto grado de compromiso y cumplimiento, lo cual ya es grave, sino especialmente, que el Acuerdo estaba encaminado al reconocimiento y atención de deudas históricas acumuladas por décadas, en asuntos como las transformaciones democráticas del agro colombiano, la profundización de un modelo de participación democrática real, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y la garantía integral de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las más de 8 millones de víctimas que registra nuestro país, luego de más de cinco décadas de conflicto armado interno. En este sentido, que el Acuerdo no se cumpla no es un problema para las FARC, sino la pérdida de una oportunidad histórica de trasformación democrática para nuestra nación, y el aplazamiento una vez más, de las expectativas de millones de habitantes del campo colombiano y de las víctimas, en torno a una nación con mayores oportunidades para llevar una vida digna. La estructura del presente documento es la siguiente: en la primera parte se da una mirada general a cómo va el proceso de implementación ampliando los elementos ya mencionados. En la segunda parte, se da una mirada general a cómo va la paz en el Departamento de Antioquia y en el Valle de Aburrá, y se termina con algunas consideraciones sobre la importancia de la perspectiva territorial en la implementación. 1. ¿CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓN? 1.1 La guerra entre las FARC y el Estado colombiano terminó El hecho más positivo que ha traído la firma del Acuerdo de Paz sin duda lo constituye el fin de los hechos de violencia relacionados con el enfrentamiento entre las FARC y el Estado colombiano. Como se señala en un informe reciente, el Acuerdo de Paz trajo una sustancial reducción de muertes en combate. De acuerdo con datos estadísticos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), mientras en 2002 se registraron 2.799 muertes en combate (en las que se incluyen miembros de la Fuerza Pública, guerrilleros de las FARC y civiles), en 2017 no hubo un solo caso. Los resultados, muestran que la mayor cantidad de vidas que se perdieron desde 2002 hasta 2017 fueron las de los integrantes del entonces grupo guerrillero. En ese periodo murieron 8.957 personas que integraban las FARC; 2.701 miembros de la fuerza pública, y 2.627 civiles. De la misma manera, un informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación identifica los siguientes cambios en la dinámica del conflicto armado: “La etapa del conflicto armado está superada, el mayor triunfo del acuerdo radica en la reducción sostenida de los indicadores de violencia, salvo los homicidios en algunos municipios. El desplazamiento disminuyó ostensiblemente entre 2016 y 2017, pasó de poco más de 120.000 desplazamientos en 2016 a 75.000 en 2017. Pero si se observa desde 2012, cuando dieron inicio las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, la reducción es impresionante, en ese año se llegó a la cifra de 272.000 desplazamientos. Los afectados por minas anti-personal pasaron en su peor momento (2006) de poco más de 1200 personas a 56 personas en 2017. Los secuestros están en su nivel más bajo en las últimas tres décadas. En 2017 se cometieron 180 secuestros, en su peor momento, a finales de los años noventa del siglo XX, se superaron las 3000 personas secuestradas. Los homicidios venían en un descenso marcado a nivel nacional desde 2012. Sin embargo, en 2017 se presenta un piso de cristal, la tasa de homicidio quedó prácticamente igual entre 2016 y 2017, con un leve aumento en un grupo de municipios. Al hacer una división en tres categorías el resultado es el siguiente. En las principales ciudades del país disminuyó levemente el homicidio, en el resto del país igualmente, pero en la tercera categoría zonas de postconflicto, es donde se presentó el aumento”. Además de la reducción a cero de las víctimas producto de la confrontación, otro hecho positivo lo constituye que las últimas jornadas electorales desarrolladas en el primer semestre del presente año fueron las más pacíficas desde comienzos de la década de los 80 del siglo pasado. Ni un sólo puesto de votación tuvo que ser trasladado por motivos de orden público, no hubo ninguna acción de violencia, intimidación o constreñimiento por parte de ex integrantes de las FARC contra ningún candidato. Y si bien es cierto las FARC no eran el único grupo armado presente en el país, pues también contribuyó a esto la declaratoria del ELN de cese al fuego temporales para no interferir en la participación electoral; sin duda el fin de la existencia de las FARC como guerrilla es un factor fundamental en haber logrado este propósito de unas elecciones sin violencia. Finalmente, hay que destacar el compromiso y disciplina de las FARC en el cumplimiento de lo acordado. Hicieron el proceso de concentración y dejación de armas de manera disciplinada y rigurosa, adelantaron todas las actividades conducentes a su transformación en partido político legal, e intentaron hacer campaña presidencial, pero se encontraron ante un ambiente hostil, en parte como reacción de sectores sociales contra su actuación política, aunque también hay que señalar que hubo partidos políticos que apostaron y organizaron actos de rechazo a la presencia de su candidato presidencial Rodrigo Londoño en actividades públicas, lo cual sumado a sus problemas de salud, terminaron provocando la interrupción de la campaña presidencial, y la reducción de sus actos públicos a eventos cerrados y con sus más cercanos partidarios. En las elecciones parlamentarias, los candidatos de la FARC, obtuvieron un muy bajo desempeño, con solo 52.532 votos al Senado y 30.643 a Cámara, equivalentes al 0.34% y 0.22% respectivamente, del total de la votación al Congreso. Para las presidenciales desistieron de presentar candidato propio, y asumieron las 10 curules, 5 al Senado y 5 a Cámara, que les corresponde durante 8 años, merced a lo establecido en el Acuerdo de Paz, aunque no se posesionaron Iván Márquez en su curul de senador por inquietudes sobre la marcha de la implementación y Jesús Santrich en la Cámara, por estar detenido pendiente de la resolución de la investigación sobre su posible participación en delitos después de la firma del Acuerdo. 1.2 Implementación legislativa En el segundo informe de seguimiento presentado el pasado 9 de agosto, el Instituto Krock reconoce un avance ponderado del 61% de avance en la implementación, pero llama la atención sobre los enormes retos que tiene la consolidación del Acuerdo, especialmente en materia de desarrollo rural, sustitución de cultivos de uso ilícito, derechos de las víctimas y garantías para la reintegración de los excombatientes. El Instituto advierte sobre el momento crítico del proceso y considera que el éxito del proceso no está garantizado, ni que el riesgo de retorno del conflicto haya desaparecido; además hizo algunas advertencias sobre la importancia de corregir asuntos preocupantes, en especial relacionados con la seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex integrantes de las FARC. Es necesario avanzar de inmediato en temas críticos como las garantías de seguridad y protección para los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y para los excombatientes de las FARC-EP, así como en las garantías para la participación política y puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La desatención de estos temas puede generar una cascada de efectos negativos sobre la implementación de otras disposiciones del Acuerdo y amenazar la consolidación de la paz.” De este balance, se destaca el bajo nivel de desarrollo durante la fase de fast track de asuntos como la reforma rural integral, drogas ilícitas y víctimas. A este negativo nivel de desarrollo normativo, contribuyó sin duda la sentencia de la Corte Constitucional C 332 de mayo del 2017, en la cual se modifica el procedimiento Fast Track y especialmente introduce dos cambios que afectaron la diligente discusión de los proyectos que desarrollaban lo acordado: El primero, eliminó la obligatoriedad de las y los congresistas para votar solo Sí o No al bloque de las leyes que presentaba el gobierno en relación con el proceso de paz y abrió la posibilidad a debatir cada uno de los artículos de los proyectos presentados; en segundo término, la Corte consideró que la norma que establecía que los proyectos de ley y de Acto Legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional.7 Aunque en principio esta determinación de la Corte Constitucional en términos conceptuales se podría ver como positiva, al proteger la separación y autonomía de los poderes públicos, en la práctica significó un excelente recurso para que las bancadas parlamentarias opuestas al Acuerdo de Paz entorpecieran la labor legislativa y terminó impidiendo un mejor avance legislativo en términos de paz. El balance al final del segundo semestre del 2017 posterior a la finalización del fast track, siguió siendo claramente insuficiente y ya en el primer semestre de 2018, caracterizado por ser el último periodo legislativo del Congreso que terminó el pasado 20 de julio, así como por las expectativas sobre quién sería el nuevo presidente de la República, contribuyeron a una precaria labor legislativa en desarrollo del Acuerdo. Deben señalarse igualmente algunos problemas graves ocurridos durante el debate a la implementación de uno de los elementos centrales del Acuerdo de Paz, relacionado con el punto de garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. El Acuerdo crea un Sistema Integral compuesto por tres dependencias: la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas –UPBD- en el marco del conflicto armado, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad-CEV-, y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); a lo cual se suman dos paquetes de medidas: de Reparación Integral y Colectiva y Garantías de No Repetición. Lo primero es que un fallo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la JEP a través de la sentencia C674 de noviembre de 2017, deja a los funcionarios públicos que no sean integrantes de las fuerzas armadas y a los terceros civiles que hayan promovido graves crímenes o se hayan beneficiado conscientemente del conflicto armado, en libertad para decidir si comparecen voluntariamente ante la JEP, o si mejor se quedan en la justicia ordinaria. De nuevo, desde lo conceptual, el fallo no lesiona de manera sustantiva el diseño del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero en la práctica, abre una puerta enorme a la impunidad, pues el desempeño de la justicia ordinaria es muy precario en estas investigaciones. Por otro lado, luego de conocerse la elección del candidato Iván Duque, perteneciente al Centro Democrático, partido que se ha opuesto al Acuerdo de Paz, el Senado colombiano aprobó el reglamento operativo de la JEP con dos modificaciones sustanciales: se elimina la competencia de los magistrados de la JEP para decretar pruebas ante solicitudes de extradición de ex guerrilleros sometidos a Jurisdicción Especial, y lo más grave, se establece que se debe crear una sala especial para integrantes de la fuerza pública, pues se considera que los magistrados de la JEP no son idóneos para juzgar a estas personas. Aunque el presidente electo ha manifestado que no hará trizas lo acordado, estas modificaciones lideradas por la bancada del Centro Democrático en el Congreso, sumadas a los anuncios de promoción de un referendo para revocar la JEP, y algunos pronunciamientos sobre la Comisión de la Verdad hechos por reconocidos líderes de este mismo partido, ponen en evidencia una diferencia entre lo manifestado públicamente por el presidente Duque y los miembros de su bancada parlamentaria. Ahora bien, desde la mirada del gobierno nacional, el balance se expresa de la siguiente manera: en materia legislativa, se expidieron 97 normas, entre las cuales se destacan las seis reformas constitucionales que dieron vida a la JEP, seguridad jurídica, la reincorporación política y monopolio de la fuerza por parte del Estado. También se impulsaron leyes ordinarias; 36 decretos ley, y 48 decretos ordinarios. Con la información brindada por la Corporación Viva la Ciudadanía, se presenta el resumen de normas expedidas a julio 19 de 2018, por el Gobierno Nacional mediante la Presidencia de la República, sus dependencias y ministerios, así como aquellas normas aprobadas por el Congreso de la República en el marco y con ocasión de la implementación normativa del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Implementación legislativa 50 40 30 20 10 0 Reforma rural integral Participación política Fin del conflicto Drogas Víctimas Implementación Actos legislativos Leyes estatutarias Leyes Decretos Directivas Resoluciones Comunicados vinculantes Fuente: Elaboración propia con información de Viva la Ciudadanía (julio 19 de 2018) En la gráfica anterior, se puede ver que algunos puntos tienen un desarrollo normativo significativo de diverso orden; entre ellos, lo relacionado con el Fin del Conflicto, víctimas e implementación; pero otros puntos como drogas, participación política y reforma rural que no avanzaron de manera suficiente; adicionalmente que el grueso de los desarrollos se dio por decreto (94); lo que evidencia la complejidad del proceso en el Congreso de la República. En el proceso de implementación del Acuerdo se valora la formación de una nueva institucionalidad que consta de 12 entidades, lo cual es un paso importante posterior a la firma de los acuerdos de la Habana, entre las que se encuentra la Comisión de la verdad, Comisión de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Agencia de desarrollo Rural, entre otras. Además, se han creado o modificado 15 espacios interinstitucionales para el óptimo funcionamiento de la institucionalidad que se debe encargar de la implementación, entre ellos el Gabinete para el posconflicto o la Comisión Nacional de garantías de seguridad. En cuanto a las garantías de seguridad, el ex vicepresidente Oscar Naranjo, destacó que se creó un programa especial para la protección de los excombatientes, actualmente, de los 12.000 miembros de las FARC que dejaron las armas, 160 han recibido esquemas de protección. Adicional a esto, se ha capacitado aproximadamente 1.000 excombatientes para que integren esquemas de seguridad y para el mes de mayo, había aproximadamente 500 en curso de entrenamiento. Además, se creó un cuerpo elite de la policía para el desmonte del paramilitarismo y sus estructuras sucesoras y se lanzaron los planes llamados Victoria y Horus, con el fin de ocupar los espacios dejador por las FARC. El desminado es otro punto muy importante dentro de la agenda del gobierno con el escenario del posconflicto, al mes de mayo se habían reportado 263 municipios en intervención y se han dejado 188 municipios totalmente libres de minas antipersonas, en esta materia, también se creó un grupo de desminado integrado por 400 excombatientes de las FARC. En el tema de las drogas, el gobierno sostiene que en el 2017 se erradicaron más de 52.000 hectáreas de coca, y en los primeros 50 días de 2017 ya se habían registrado más de 3.200 hectáreas erradicadas. Igualmente se han realizado acuerdos de sustitución voluntaria con más de 58.700 familias, que involucrarían 45.641 hectáreas. Por último, se entregó el informe en cuanto a crímenes contra defensores de derechos humanos, según el registro del gobierno, en 2017 fueron 84, y en lo corrido de 2018 se han registrado 123 muertes violentas a líderes sociales. Con respecto a crímenes contra integrantes de las FARC, la presidencia ha reportado 55 homicidios, entre los que se identifican 33 casos ya certificados, de los cuales 9 ya se encuentran en procesos de investigación, y 13 crímenes contra familiares y miembros de la organización. Es preocupante, además, la falta de diligencia del gobierno nacional para poner en funcionamiento programas y estrategias fundamentales ya aprobados, como ocurre con los PDET y con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los trámites burocráticos se terminan convirtiendo en una amenaza adicional para implementar lo acordado. Estos hechos hacen evidente tres problemas graves, estructurales, que está experimentando la implementación: primero, que no hay voluntad de Estado para cumplir lo acordado en asuntos esenciales como desarrollo rural, participación política, y drogas y cultivos de uso ilícito; segundo, el entender que esto no es un Acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, sino un acuerdo de gobierno y que, en consecuencia, puede ser modificado unilateralmente. Y tercero, es que pareciera que se va consolidando una interpretación de que los únicos que cometieron graves crímenes en el marco del conflicto armado fueron los integrantes de las FARC y que, en consecuencia, la JEP y el Sistema en general, están destinados a conocer sólo las responsabilidades de una de las partes en la confrontación. Por otro lado, el enfoque territorial es incluido en el Acuerdo al considerar que la guerra ha impedido el establecimiento de instituciones sólidas en los territorios del país. De manera que un objetivo central en la fase de posacuerdo es la consolidación de éstas. La continuidad de hechos de violencia como el asesinato a líderes y lideresas sociales da cuenta de la escasa coordinación política que existe entre las diferentes instancias territoriales de gobierno para la implementación y, en ese sentido, de las deficiencias institucionales del Estado para atender estas problemáticas. Otro asunto que reafirma lo anterior, son las escasas condiciones de bienestar brindadas a ex combatientes en las zonas de transición –acabó su periodo y la mayoría no contaba con condiciones sanitarias adecuadas-. Esto deja preocupación en lo que respecta a las garantías para la no reinserción y el proceso de reintegración de excombatientes. Igualmente, los gobiernos locales, con proximidad a estas zonas, no incluyen en su plan de gobierno estrategias de respaldo a la implementación del Acuerdo (caso Remedios, caso Ituango), lo que evidencia escasas capacidades en lo local para la implementación. Si bien el Acuerdo reconoce la necesidad de la perspectiva territorial, su implementación hasta ahora se agota en las apuestas del gobierno central que, como ya se dijo, tiene serias limitaciones en el cumplimiento y avance legislativo de lo acordado. 1.3 Grave situación de asesinato sistemático de hombres y mujeres líderes sociales y de ex integrantes de las FARC y algunos de sus familiares Más allá de los debates sobre las cifras de asesinatos de líderes sociales dos conclusiones son incuestionables: el número de asesinatos es escandaloso y se han incrementado luego de la firma del Acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016. Como señala el informe anual 2017 de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH: “La OACNUDH está extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques. En 2017, la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales. La OACNUDH también registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no solicitada de fotografías y el robo de información); cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista”. Sobre este mismo asunto, se pronunció el Instituto KROC en boletín de prensa expedido con motivo de una reunión sostenida el 5 de mayo de 2018 entre la Oficina del Instituto en Colombia y la Comisión Internacional de Notables compuesta por el ex jefe de gobierno de España Felipe González y el ex presidente de Uruguay Pepe Mujica, a la que también asistieron líderes de las FARC, representantes de la Unión Europea y Naciones Unidas, entre muchos otros, en la cual se considera que si bien es cierto la implementación avanza, hay retos urgentes que deben ser abordados estratégicamente. Así mismo, se enfatizó en que serán necesarios esfuerzos continuados para impulsar el proceso hacia adelante, particularmente, los relacionados con programas a largo plazo para la reintegración de excombatientes y garantizar la protección a defensores de derechos humanos y otros líderes sociales. Esta preocupación se ve reforzada por el Tercer Informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia (26-07-2018), que ratifica la voluntad de Naciones Unidas de seguir acompañando el proceso, pero advierte sobre sus preocupaciones en torno al aumento del número de muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en una dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales del país. Llama igualmente la atención sobre la necesidad de acelerar el progreso en la implementación de proyectos productivos de generación de ingresos para los y las excombatientes, y de avanzar en la tarea de “consolidar la paz”, ya que persiste la incertidumbre sobre cuestiones como las garantías jurídicas. Según el Informe Todos los nombres, todos los rostros, informe de Derechos Humanos sobre la situación de líderes/as y defensores de Derechos Humanos en los territorios, Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular, Equipo Operativo Nacional Garantías y Derechos Humanos Coordinación Social y Política “Marcha Patriótica” y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz, presentado el pasado mes de mayo de 2018, el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 14 de mayo de 2018 era de 385, distribuidos así: 116 en 2016, 191 en 2017 y en 2018 hasta el 14 de mayo, 78. Esta cifra fue actualizada por el mismo equipo interinstitucional con fecha de corte a 2 de junio de 2018, y ya se registraban 98 asesinatos, lo cual comparado con los 77 casos ocurridos en el mismo periodo de 2017, significa un incremento del 27%.13 Sobre los perfiles de las y los líderes asesinados, la Fundación Paz y Reconciliación en el informe Nos Están Matando: el perfil de los líderes asesinados, publicado el 1 de marzo de 2018, establece que los rasgos comunes en los perfiles de las víctimas de estos hechos se podrían agrupar en tres categorías:  Presidentes o miembros de las Juntas de Acción Comunal, representantes de las mesas de víctimas y líderes a favor de restitución de tierras;  Líderes que se oponen a las economías ilegales presentes en los territorios: cultivos de uso ilícito, tala indiscriminada de madera y denuncia de minería criminal;  Defensoras de derechos colectivos, territoriales y culturales, lucha encabezada – en gran medida- por líderes indígenas, campesinos y afros de consejos comunitarios. En cuanto a los factores explicativos de esta oleada de crímenes, la Fundación Paz y Reconciliación en el Informe Cómo va la paz, del pasado 6 de junio, identifica que hay tres razones explicativas del incremento de asesinatos de líderes en los últimos meses: primero, la agitación en medio de la contienda electoral, una segunda razón se debe a los avances en la implementación de algunos de los puntos de la agenda de paz y a los obstáculos que han surgido en concordancia a los Planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, debido a los intereses de actores ilegales que buscan sabotear estas medidas en tanto no les son funcionales para sus intereses económicos ligados al narcotráfico. Y tercero, es evidente que hay un incremento en algunos de los municipios donde hubo presencia de las FARC y en donde actualmente se vive una disputa territorial entre bandas criminales y otros grupos armados ilegales, zonas donde no se logró copar el vacío de autoridad mediante la consolidación del Estado Social de Derecho. A pesar de la gravedad de la situación, preocupa la débil respuesta institucional, la cual se ve reflejada en la negativa y minimización de las dimensiones de este proceso de violencia contra líderes sociales, como lo evidencian las declaraciones del Ex Ministro de Defensa Nacional Luis Carlos Villegas, quien en entrevista con el noticiero Noticias 1, argumentó que la “inmensa mayoría de los asesinatos de líderes sociales en las regiones son frutos de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas”. Esta postura, niega la evidencia de la sistematicidad de los crímenes y los atribuye a asuntos personales, lo cual afecta la calidad de la respuesta institucional. Cabe destacar que en un sentido diferente se ha pronunciado la Procuraduría General de la Nación, que en informe presentado a la opinión pública el pasado 14 de abril, considera que sí se presentan rasgos de sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en Colombia dado que “el conjunto de homicidios de líderes no es una sumatoria de crímenes aislados ni se trata de prácticas que se acumulan o suceden de manera casual o accidental”, y reitera que, con respecto a las violaciones de los derechos de los defensores de derechos territoriales, “encuentra que existe sistematicidad”. Incluso señala que va a investigar la presunta responsabilidad en estos hechos de integrantes de la fuerza pública. El otro elemento que preocupa de la reacción estatal es la impunidad frente a la mayoría de estos crímenes. La Fiscalía General de la Nación reporta en enero de 2018, que está investigando 238 casos de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurridos entre 2016 y 2017 y que en las investigaciones aparecen vinculadas un centenar de personas, de las cuales más de 70 se encuentran privadas de la libertad, todas ellas sindicadas de ser posibles autoras materiales de los asesinatos. Además, según el entonces director nacional de Fiscalías Seccionales, Luis González, más del 50 por ciento de los casos investigados ya fueron esclarecidos.18 No obstante, el no reconocimiento de un patrón común de sistematicidad y la falta de avances en la identificación de los autores intelectuales y determinadores de los crímenes es un factor negativo que debilita la lucha contra esta forma de victimización. Según reporta el diario El Espectador, un año después de la creación del Cuerpo Élite de la Policía para investigar los crímenes contra líderes sociales en diversas regiones del país, los resultados de esas pesquisas empiezan a aportar conclusiones. De los 171 crímenes que han sido avalados por las Naciones Unidas para ser investigados, porque se tiene evidencia de que las víctimas eran defensores de derechos humanos, ya se registran 15 sentencias. Sin embargo, las estadísticas del Cuerpo Élite de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación también evidencian las dificultades para avanzar en el recaudo de pruebas para judicializar a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Esas cifras señalan que 104 de los casos investigados están en etapa de indagación preliminar, 20 en estado de investigación formal y 32 en etapa de juicio. Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos constituyen un grave desafío a las posibilidades de la implementación del Acuerdo de paz, debilitan la participación territorial y afectan el cumplimiento del mandato de paz territorial incluido como fundamento del proceso y el Acuerdo de paz. Sobre el recurrente proceso de asesinato de ex integrantes de las FARC y sus familiares la situación es la siguiente. Según la base de datos del movimiento político Marcha Patriótica, entre el 13 de noviembre de 2016 y el 24 de junio de 2018, han sido asesinados 70 ex combatientes de las FARC, 69 hombres y una mujer: 2 de estos casos ocurrieron en 2016, 50 en 2017 y 18 en lo que va corrido de 2018. Igualmente han sido asesinados 18 familiares. Esto reviste una gran relevancia para las organizaciones sociales, porque fueron múltiples los llamados antes del proceso de dejación de armas; para que la institucionalidad hiciera una presencia integral en los territorios donde hacia presencia las FARC; incluso porque el enfoque territorial, incluido en el Acuerdo parte de reconocer que el conflicto armado ha impedido el establecimiento de instituciones sólidas en los territorios del país, por lo cual, un objetivo base para la paz territorial; es la consolidación de la institucionalidad; es decir que la continuidad de hechos de violencia como el asesinato a líderes y lideresas sociales da cuenta, por lo menos de la escasa coordinación política que existe entre las diferentes instancias territoriales de gobierno para la implementación y las garantías de seguridad. 1.4. La perspectiva de género El enfoque de género permite generar un análisis que visibilice aquellas diferencias históricas, derivadas de las discriminaciones estructurales que han sufrido mujeres y población LGBTI, así como construir herramientas e instrumentos que permitan combatir la desigualdad y cerrar las brechas entre hombres y mujeres. En un contexto de terminación del conflicto armado, este enfoque permite identificar los diversos roles que han jugado las mujeres en ese contexto: como víctimas, agentes del conflicto y gestoras de paz. Se valora la creación de la Instancia Especial para contribuir a la garantía del enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final y en esa medida, si bien se han dado avances a nivel nacional y las leyes aprobadas han intentado apropiar el enfoque planteado; la concreción del enfoque en las acciones, planes y programas sigue teniendo dificultades y es algo bastante distante de las dinámicas territoriales del Valle de Aburrá. Por ejemplo, en cuanto a las medidas afirmativas del enfoque se puede observar que a pesar de que se han expedido algunos decretos que contienen los derechos de género como lo es el decreto 893 de 2017 en el cual se pide que los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) fortalezcan a las organizaciones campesinas en el territorio (Valle de Aburrá) todavía no son muy visibles este tipo de organizaciones dentro de los PDET. Si bien se espera que el proceso de reintegración incorpore una visión integral desde el enfoque de género, asegurando las garantías de seguridad diferencial para las mujeres, existen dificultades ligadas a los pocos recursos humanos y presupuestales; un ejemplo de lo anterior es como en las zonas transitorias no se tuvo una adecuación física de los espacios de manera diferenciada para las mujeres, sumado a la situación precaria para las mujeres embarazadas y lactantes, lo cual va en perjuicio del bienestar físico y mental de dichas mujeres. De otro lado, sigue siendo limitado el avance, la creación y ejecución de iniciativas propias que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres que habitan los municipios priorizados y que están implementando PDET; entre esos el departamento de Antioquia con la organización de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación, conocidos como ETCR, ubicados en Llano Grande, Ituango y Dabeiba. En cuanto a la población LGTBI el espectro es aún más pequeño con avances menos sustantivos puesto que no se encuentran medidas específicas para garantizar su participación y tampoco hay registros de la participación en los procesos veredales de los PDET. Es realmente importante alcanzar todas las acciones necesarias para la inclusión a todos los miembros de la sociedad indistintamente de su sexo e identidad de género; de no hacerlo se podría afirmar que se estarían reproduciendo las barreras históricas e institucionales impuestas por la sociedad patriarcal. (Cinep: 20018, 44) Finalmente, la escasa información y divulgación frente al enfoque de género por territorios, deja interrogantes frente a la concreción de objetivos, el presupuesto y las acciones encaminadas a cumplir los objetivos de este enfoque transversal. 2. ¿Y CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓN EN ANTIOQUIA Y EL VALLE DE ABURRÁ? Antioquia tiene la marca negativa de ser uno de los departamentos del país donde se ha presentado un mayor número de víctimas del conflicto armado, producto de los enfrentamientos y las acciones de guerra desplegadas por los actores de la confrontación durante un poco más de 5 décadas. Por eso, del total de 8.685.848 víctimas del Registro Único de Víctimas, 1.572.785 son del Departamento de Antioquia, equivalentes al 18.1% de todas las víctimas del país. Dada la evidencia de que en Antioquia se había dado una presencia histórica de la guerrilla de las FARC en la mayor parte del territorio, en el marco del proceso de desmovilización de esta guerrilla, se ubicaron 5 zonas transitorias en el Departamento: Vereda Santa Lucía en Ituango, la Plancha en Anorí, Carrizal en Remedios, Llanogrande en Dabeiba y el Vidrí en Vigía del Fuerte, y desde hace seis meses, cerca de la mitad de los excombatientes ubicados en la Zona Transitoria El Gallo, del Sur de Córdoba se desplazaron para ubicarse en San José de León, zona rural cercana a Mutatá. Sin embargo, la mayoría de excombatientes están abandonando estas zonas, debido a la precaria atención institucional que allí se está ofreciendo, sumado a las incertidumbres sobre el futuro del cumplimiento del Acuerdo, los crecientes problemas de violencia en zonas circundantes y los ataques contra ex combatientes, contribuyen este fenómeno de abandono de las zonas. En cuanto a los Planes de Desarrollo Territorial, estos seleccionaron 16 subregiones con 170 municipios, con base en los siguientes criterios de priorización: 1. Áreas de cultivos ilícitos en la región (según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -SIMCI 2015). 2. Grado de afectación por minas en cada municipio de la región (según Plan Estratégico 2016-2021 de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal). 3. Presencia de Contratos Plan en la región. 4. Presencia de sedes regionales de la Agencia de Renovación del Territorio 5. Presencia de Zonas Veredales de Transición en ese territorio. Participación en sistemas de ciudades. En Antioquia se han establecido cuatro: uno en la subregión de Urabá, con cobertura sobre 8 municipios, otro en el Bajo Cauca y Nordeste, con un área que cubre a 13 municipios, y dos parciales, el compartido con Chocó que incluye dos municipios de Antioquia: Murindó y Vigía del Fuerte y Sur de Bolívar, que incluye al municipio antioqueño de Yondó. Algunas de las principales dificultades que se han establecido están relacionadas con problemas de articulación entre la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad de Restitución de Tierras, y el Programa de Sustitución de Cultivos, lo cual además es grave por el bajo nivel de implementación del punto 1, desarrollo agrario integral. 2.1 ¿Una sociedad mayoritariamente opuesta al Acuerdo de paz? A pesar del alto nivel de victimización sufrido por la población del departamento de Antioquia, esta región se ha convertido en uno de los territorios donde se concentra la mayor parte de la población que votó por el No, en el plebiscito del pasado 2 de octubre de 2016, e igualmente, de las más altas votaciones a nivel nacional por partidos políticos opuestos al Acuerdo de Paz. Para este comportamiento puede haber razones culturales históricas, además del ascendente de una figura como la del expresidente y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe, y asuntos relacionados con el impacto colectivo de la violencia sobre la cultura política y los valores democráticos. Lo que es innegable es que, si se miran los últimos certámenes electorales, el comportamiento del Departamento y la subregión Valle de Aburrá es claramente indicativo de la existencia de una opinión pública y una sociedad que mayoritariamente están en contra del Acuerdo de Paz, al menos, entre quienes votan, pues también es llamativo el alto nivel de abstencionismo. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil Si se miran las gráficas anteriores, se destaca que en ningún municipio del Valle de Aburrá ganó el Sí en el plebiscito y que, en la mayoría de los municipios, la votación por el No casi que duplicó la del Sí. Antioquia aportó el 16.44% de la votación por el no de todo el país, y sólo Medellín el 6.7%. En la primera vuelta presidencial, en el Valle de Aburrá la votación por Iván Duque representó el 52.80% –ganador en 9 de los 10 municipios que componen la subregión-, Sergio Fajardo el 33,06% y Gustavo Petro el 7.66%. Solo en el municipio de Girardota por un estrecho margen de 575 votos ganó el candidato Fajardo. El voto en blanco no tuvo gran representatividad en esta contienda, el número total de votos en blanco en la subregión fue de 38.166 equivalentes al 2,32% de los resultados. La inclinación por el candidato del Centro Democrático se corresponde con los resultados electorales de las pasadas elecciones al Congreso de la República (mayo 2018) y el plebiscito sobre los acuerdos de paz (2016). Los resultados dan cuenta del caudal electoral que tiene el Uribismo en el departamento de Antioquia –aportando el 18.06% de la votación de Duque en todo el país, y de los cuales el 7.03% corresponde sólo a Medellín. En la segunda vuelta se repite el comportamiento, Duque obtiene en el Valle de Aburrá el 76,77% de los votos, ganando en todos los municipios de la subregión con un amplio margen. Lo que da como resultado un aporte del 17.77% de Antioquia, en la votación nacional de Duque y un 6.6% solo en el caso de Medellín. Varios asuntos generales pueden deducirse de estos resultados. El primero, hubo una ampliación en la participación de líneas políticas consideradas alternativas. En Antioquia se evidenció con la candidatura de Sergio Fajardo por la Coalición Colombia - conformada por los partidos Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo y la organización política Compromiso Ciudadano-. Fajardo a pesar de no pasar a la segunda vuelta, obtuvo gran aceptación por parte de sectores sociales como los y las jóvenes, y el empresariado, obteniendo el segundo escaño en la mayoría de los municipios del Valle de Aburrá. En el panorama nacional, la candidatura de Gustavo Petro y su paso a la segunda vuelta con Iván Duque, demuestra el crecimiento de fuerzas políticas alternativas, lo cual no deja de sorprender dadas las múltiples resistencias históricas en el país, a que existan expresiones políticas de la izquierda en espacios de la democracia representativa. Si bien la elección democrática no parece ser favorable a la implementación del acuerdo de paz en esta región del país, es de anotar que las fuerzas alternativas lograron avanzar de manera significativa en el escenario político, el reto que se tiene es mantener una acción rigurosa de dichas fuerzas que sea sostenible en el tiempo y que fortalezca y amplíe la relación con la ciudadanía. 2.2 Unas autoridades poco claras frente a la implementación Tanto el Gobernador de Antioquia como el Alcalde de Medellín se han distinguido a nivel nacional por mantener una actitud a veces crítica y en otros momentos claramente hostiles al proceso. En diversas ocasiones el alcalde Federico Gutiérrez ha expresado su rechazo al Acuerdo, como cuando a finales del 2016, criticó la presencia en la ciudad de los delegados de las FARC para capacitarse con ONU en el sistema de verificación definido entre el Estado colombiano, la ONU y la guerrilla de las FARC, o en 2017 en donde se negó a asistir a un evento organizado por la Iniciativa Unión por la Paz, en ambos casos el Alcalde se ha negado a dialogar con ex integrantes de las FARC y ha considerado su presencia como un peligro para la ciudad.26 El apoyo del Alcalde Gutiérrez a los temas de paz ha quedado reducido a pequeñas acciones, como la escasa pedagogía electoral hecha por la Alcaldía en los días previos al plebiscito, y su ambigua postura frente al Consejo Municipal de Paz, pues aprobó su creación, pero no se ha convocado y además exigió que la secretaría técnica estuviera en manos de la Secretaría de Seguridad del Municipio, sin tener en cuenta que el Acuerdo establece una secretaría técnica compuesta por tres instancias: la secretaría de seguridad, la subsecretaría de derechos humanos y una persona de la sociedad civil. En cuanto al Gobernador Luis Pérez, su actitud ha resultado paradójica, pues a pesar de sus constantes choques con el Gobierno Nacional y con los representantes de las FARC en el departamento, ha asumido asuntos relacionados con la reincorporación y el desarrollo de los PDTS. Sin embargo, tanto el Gobernador como su Secretaría de Gobierno han generado dudas frente al proceso de paz, haciendo denuncias sin fundamento, como en diciembre de 2016 cuando la Gobernación denunció que en las zonas transitorias de normalización de Antioquia se celebraban grandes fiestas, o en marzo de 2017 cuando denunciaron que se les había impedido el ingreso a unos funcionarios de la Gobernación a una zona transitoria; ambos casos fueron desmentidos y aclarados tanto por los representantes de las FARC, como por los representantes del Gobierno Nacional. Ahora bien, la postura de los demás Alcaldes de los municipios del Valle de Aburrá frente al Acuerdo de Paz también han sido restringidas; algunos Alcaldes, caso a resaltar en el municipio de Copacabana, desarrollaron acciones de pedagogía del acuerdo y mostraron voluntad en aportar en la construcción de paz planteando algunos proyectos en los planes de desarrollo; sin embargo, en la actualidad, las acciones son bastante limitadas y de corto alcance, eso sumado a que la implementación del Acuerdo no conversa claramente con el Valle de Aburrá. De igual modo, el Área Metropolitana, que en cabeza de su director, Eugenio Prieto inició una serie de programas que aportaban a la reflexión sobre los temas de paz en todo el Valle de Aburrá, no pudo continuar con el ejercicio, dado el llamado de atención que tuvo en su momento por parte del Alcalde de Medellín, como presidente del AMVA el cual en un evento público le expresó lo siguiente: “No tiene nada que estar haciendo en temas de paz, para eso hay otras entidades…” Un hecho reciente, y que genera preocupación, es el anuncio que la Gobernación hizo el pasado 13 de junio, en donde plantea que está buscando eliminar las zonas que venían funcionando en Antioquia y las construcciones que se han establecido en ellas. Para esto, se basa en la inminencia de la expedición de un decreto del Gobierno Nacional para disolver los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación a nivel nacional, argumentando que son construcciones mal hechas e inseguras para la gente, y que además “dejar una estructura de esas por allá en una finca lejana, lo que va a causar es que los ilegales se metan a esas zonas.” Más allá de lo normativo, y de las tensiones que se han generado en la región con este proceso de paz, el llamado de los gobiernos locales y departamentales debería estar en sintonía con la terminación del conflicto armado, la consolidación de la paz en los territorios, y la búsqueda de alternativas para garantizar la reintegración colectiva de los ex combatientes que habitan estos territorios; de lo contrario se podrán seguir presentando casos de disidencia de las FARC, como la del frente 36 que según información de la Fundación Paz y Reconciliación, tiene como centro de su actividad la zona del municipio de Ituango, y se está enfrentando a otras estructuras, principalmente del Clan del Golfo; esta confrontación ha provocado asesinatos selectivos, desplazamiento forzado y miedo generalizado en la población.30 La situación descrita exige que las autoridades locales tomen las medidas necesarias para enfrentar la situación y que no se extienda a otros territorios.  2.3 Asesinatos de líderes y ex combatientes en territorio antioqueño En el ya citado informe todos los nombres, todos los rostros, se identifica que entre el 1 de enero del año 2016 y el 14 de mayo de 2018, a nivel nacional han sido asesinados 385 líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos; para el departamento de Antioquia se han producido 54 asesinatos en el mismo periodo; es decir, el 14 % de los casos del país. Le antecede Cauca con la dolorosa cifra de 92 líderes asesinados. Con respecto a asesinatos de personas desmovilizadas de las FARC, el mismo informe reporta entre el 24 de noviembre del año 2016 (fecha en la que se suscribió el Acuerdo Final) y el 8 de mayo de 2018, a nivel nacional han sido asesinados 63 excombatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación, y se han presentado 6 casos de desaparición forzosa excombatientes y 17 en familiares de las FARC – EP. En cuanto a el desplazamiento forzado, la situación del Valle de Aburrá es bastante compleja debido a los problemas de orden público que se vienen presentando en el departamento; esto ha aumentado la cifra de desplazamiento forzado interno, incluso entidades como ACNUR, vienen planteando que la ciudad de Medellín, que ha liderado los procesos en ese sentido en el Valle de Aburrá, se está quedando sin capacidad para atender a las víctimas de desplazamiento forzado y a venezolanos que llegan tras la crisis en su país. En Colombia este año han ocurrido 20 desplazamientos masivos y en Antioquia hasta el mes de marzo se han desplazado 1.970 personas. Si bien el departamento de Antioquia tiene zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo, lo que de alguna manera reconoce que un alto porcentaje de las víctimas del conflicto armado se encuentran en este territorio (Según el RUV 1.160.242); no parece reconocer que un grueso de las víctimas se concentran en el Valle de Aburrá (564.774); la pregunta que surge es ¿Cómo conversará el proceso de construcción de paz con las expectativas de las víctimas asentadas en el Valle de Aburrá? En cuanto al proceso de reinserción a la vida civil por parte de los Integrantes FARC, según datos de la ARN (Grupo Territorial/ Punto de Atención Paz y Reconciliación) desde el 16 de agosto de 2017 a la fecha se han registrado en Medellín y el Área Metropolitana 191 Integrantes de las FARC, lo cual teniendo en cuenta que esta zona no fue un espacio de normalización es bastante significativo. 3. RETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL Como lo hemos planteado, hacer realidad la Paz Territorial, requiere además de terminar la confrontación armada; transformaciones de orden social, político e institucional, que hagan sostenible el proceso, por eso además del cumplimiento del Acuerdo, y de avanzar el proceso de negociación con el ELN; es necesario contar con unas entidades públicas fortalecidas, reconocedoras y garantes de los derechos, que actúen en pro del bien común; de igual forma es muy importante ampliar las posibilidades para que la ciudadanía participe y se sienta implicada en la construcción del desarrollo local para la paz. La necesidad de la perspectiva territorial afirma la pertinencia de establecer infraestructuras sociales que colaboren en la construcción de paz. Si bien el Acuerdo es un elemento esencial para la culminación del conflicto armado interno, no es condición suficiente para la consolidación de una paz estable y duradera, es más bien la apertura para atender a las enormes brechas sociales que han fomentado el conflicto durante décadas. En el marco de la implementación, se debe contemplar la existencia y participación de múltiples actores –locales, nacionales e internacionales- en la formulación de estrategias para la superación de la confrontación armada. El tránsito a la paz es un proceso complejo y dinámico que, indiscutiblemente, demanda de la articulación, participación activa, reconocimiento y compromiso de agentes que desde diferentes lugares de enunciación y acción contribuyan a la reestructuración de relaciones no violentas en la sociedad. Una infraestructura de paz está orientada a “transformar un sistema de guerra caracterizado por relaciones violentas, hostiles y profundamente divididas en un sistema de paz, caracterizado por relaciones interdependientes y justas con capacidad para encontrar mecanismos no violentos de expresión y tratamiento de conflictos” . Por lo anterior, la construcción de paz exige un marco integrado vinculante entre actores y estrategias, que en diferentes niveles aportan al proceso de construcción de paz a mediano y largo plazo; para ello el primer paso es reconocer las afectaciones diferenciadas del conflicto armado en los territorios y en ciertos grupos poblacionales, desarrollar acciones integrales para transformar dichas situaciones y para ello es fundamental recoger la experiencia y el conocimiento que ellas tienen para diseñar y emprender estrategias que respondan a esa realidad en lo local. Uno de los retos del posacuerdo es la consolidación de instituciones sólidas a lo largo del país. La paz no se agota en el diseño de instituciones formales “correctas” indiferentes a las necesidades territoriales. Allí donde el Estado se ha mantenido ausente en el marco de la guerra, han emergido instituciones de orden informal – a veces exógenas a las comunidades y sus circunstancias inmediatas en relación con factores como la presencia de actores armados, vulnerabilidad ante la violencia y demás- que han definido su modelo de vida. En ese sentido, contemplar la consolidación de instituciones fuertes tendrá que contar con el reconocimiento tanto de los derechos contemplados constitucionalmente como del rol político de agentes locales quienes finalmente dotarán de legitimidad y capacidad de incidencia a las instituciones estatales. Es fundamental recobrar o construir confianzas en la institucionalidad, para ello es necesario avanzar en la articulación interinstitucional y la coordinación horizontal. En esa medida y reconociendo que la paz es un proceso de larga duración, se requiere diseñar estrategias para el fortalecimiento de capacidades institucionales, a nivel departamental y municipal, incluidos los municipios del Valle de Aburrá, pues la institucionalidad aún no tiene la capacidad para generar las transformaciones internas que significan la construcción de paz, entendido como un horizonte ético y político de actuación; incluso en muchos casos no hay interés en desarrollar propuestas, programas y proyectos que apunten en esa dirección. Ahora bien, es cierto que aún no son claras las competencias locales y la articulación interinstitucional para llevar a cabo la construcción de paz, lo que profundiza las dificultades en el Valle de Aburrá. Se requiere además construir, fortalecer y desarrollar políticas sectoriales y transversales que aporten a la construcción de paz estable y duradera en los territorios, con metas y líneas de inversión para lo que resta de las administraciones locales y en clave de las elecciones locales que vienen; de igual modo estrategias integrales que aporten a consolidar la finalización del conflicto armado, y aporten en el cierre de brechas sociales y económicas en la subregión, entendiendo sus principales necesidades y capacidades; para ello, son indispensables espacios para la participación efectiva que reconozca los sujetos y sus comprensiones sobre las dinámicas territoriales, así como las alternativas de transformación. Es necesario también, identificar y abordar problemáticas, conflictividades y propuestas territoriales asociadas a asuntos como: las afectaciones que en cada territorio generó el conflicto armado, Necesitamos conocer el número de víctimas en los municipios, su situación actual tanto de las expulsadas como de las que han llegado a los municipios, sus afectaciones psicosociales, sus demandas y necesidades más inmediatas; la infraestructura afectada, tierra y propiedades abandonadas; es decir comprender las afectaciones, pero también las resistencias que se desplegaron en medio del conflicto armado. En ese lugar, la reconstrucción de memoria juega un papel fundamental. De lo más urgente y como una deuda histórica, reparar a las víctimas del conflicto armado, pues pese a la Ley 1448 de 2011, siguen existiendo enormes dificultades en el nivel nacional, regional y local en relación con el restablecimiento y goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado, una deuda histórica de invisibilización y estigmatización frente a algunos grupos poblacionales, entre ellos las mujeres y la población LGBTI; además de hechos victimizantes no suficientemente reconocidos y atendidos de manera debida. Por ello además de prevenir las violencias contra los diferentes grupos poblacionales, se deben generar estrategias para la reparación integral de las víctimas, que les posibilite superar la exclusión y discriminación histórica que han vivido, y en especial que les garantice la no repetición de los hechos. Otro reto fundamental es diseñar e implementar estrategias para la prevención de violencias para evitar más víctimas, pues persiste la situación de vulnerabilidad y la presencia de actores armados que manejan la criminalidad organizada y generan miedo y control territorial en los municipios del Valle de Aburrá; de igual forma, siguen latentes los riesgos de recrudecimiento de las violencias, hoy bastante exacerbadas en el municipio de Medellín (Comuna 13, Comuna 7 y corregimiento de Altavista). Además de otras prácticas asociadas como son el lavado de activos, microtráfico y extorsión, en esa medida, es necesario desarrollar acciones encaminadas a prevenir y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, ello siempre desde acciones integrales que contemplen el enfoque de derechos humanos. Avanzar en medidas que aporten cada día a mejorar las relaciones interpersonales y la convivencia democrática. La definición de estrategias y procesos articulados que en lo local y subregional aporten a la recuperación del tejido social roto por la violencia; son elementos importantes para los procesos de reintegración e integración comunitaria, actos de reconocimiento y perdón, ejercicios de memoria histórica y de dignificación de las víctimas como una manera de avanzar en relaciones de confianza y convivencia democrática. Estas estrategias deberán articularse a la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad y la no repetición, y a los escenarios creados por el Acuerdo de paz para el diálogo, la concertación social y la transformación de conflictos, como los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia – CONPAZ, que deben activarse en todos los municipios del Valle de Aburrá. Los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), no son un asunto menor, pues es el proceso que posibilita que las personas que estuvieron como actores del conflicto, transiten a la civilidad y se reintegren a la vida social y económica para minimizar los riesgos de que reincidan como actores de violencia; en muchos casos, son la evidencia más significativa de un proceso de paz. En cuanto a la apertura política y la participación ciudadana, seguimos teniendo dificultades en el Valle de Aburrá, pues las expresiones políticas, organizativas y culturales alternativas y/o de oposición tienen muchas dificultades para su accionar, para expresarse, son en muchos casos perseguidas, estigmatizadas o no pueden acceder a los recursos y acompañamiento por parte de la institucionalidad en detrimento de su autonomía; por ello se requieren proponer medidas que orienten la gestión pública para una participación ciudadana incluyente y reconocedora de la diferencia que posibilite identificar y avanzar en visiones colectivas de paz y desarrollo. El estatuto para la oposición será un marco que permitirá avanzar en esa dirección. Para la sostenibilidad de la paz territorial y poder generar transformaciones a largo plazo, se requiere un fuerte trabajo educativo para la formación de una cultura de paz, en esa medida es necesario repensar y formular currículos tanto para las instituciones educativas como para el desarrollo de procesos formativos de orden social y cultural que desde una pedagogía para la paz puedan ir fortaleciendo los pilares de una cultura de paz en el departamento. Es necesario desarrollar procesos formativos que aporten a la construcción de sujetos y comunidades con elementos para apropiarse de sus problemáticas y buscar solución a las mismas; sujetos que gestionen sus conflictos y diferencias a través de formas pacíficas y democráticas, que valoren de la diferencia; con capacidad de exigencia y movilización por sus derechos, que participen activamente de las decisiones políticas que les conciernen y además hagan seguimiento y control ciudadano a la gestión pública Un asunto a profundizar tiene que ver las afectaciones al medio ambiente en el Valle de Aburrá debido al conflicto armado. Fruto de los múltiples desplazamientos forzados tenemos un grueso de población viviendo en las laderas, en zonas de protección o de reserva; ejemplo de lo anterior es lo que viene sucediendo en el Municipio de Barbosa, en la vereda la Quintero, donde se tiene previsto un retorno de población que fue desplazada a causa del conflicto armado hace varios años, y que hoy habita un lugar de vital importancia para el municipio por ser una microcuenca del sistema de abastecimiento del acueducto de Barbosa. Otro reto entonces para la superación del conflicto en el Valle de Aburrá, es el reconocimiento de las víctimas como pobladores urbanos con derecho a la ciudad y al territorio y a participar de su desarrollo, en un territorio que sea sostenible. Incluso se plantea en escenarios públicos que dado el crecimiento desmesurado de los municipios del Valle de Aburrá, se han de incrementar las demandas y tensiones sociales que se traducen en fenómenos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, elementos centrales para la construcción de paz territorial, por ello es necesario considerar medidas como la integración y la articulación territorial que nos permitan enfrentar los diferentes conflictos territoriales en el contexto de posacuerdo, para garantizar la sostenibilidad del Valle de Aburrá. Finalmente, y como un elemento a resaltar es la participación ciudadana y el enfoque de género como ejes transversales del Acuerdo, por ello es necesario que haya una presencia efectiva de la sociedad en general, de las víctimas, de las mujeres y de la población LGBTI, en particular, en la construcción de la paz; en esa medida la participación en todos los momentos relacionados con la planeación, ejecución y seguimiento a los planes, programas y proyectos que se implementen en los territorios, y que posibiliten reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las mujeres, pero también sus acciones de reconstrucción y aporte a la paz. Finalmente este documento no agota la discusión, es un abrebocas para poner en discusión los retos que para el Valle de Aburrá puede significar la construcción de paz; pues hoy la denominada paz territorial sigue siendo una deuda, incluso en los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz. Primer informe de la implementación del enfoque de género en los Acuerdos de Paz en Colombia para los verificadores internacionales Felipe Gonzáalez y José Mujica, la CSIVI y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto. Bogotá CNN Latinoamérica. (16 julio 2018). ¿Por qué Iván Márquez no se posesionará como senador en Colombia? Estas son sus razones “insalvables”.