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Los beneficiarios del Tratado de Marrakech son las personas ciegas, las personas que tienen una discapacidad visual que no puede corregirse para darles una función visual sustancialmente equivalente a la de una persona sin ese tipo de discapacidad, las personas que tienen una dificultad para percibir o leer, incluida la dislexia o cualquier otra dificultad de aprendizaje que les incapacita para leer obras impresas en una medida sustancialmente equivalente a la de una persona sin esa dificultad, y las personas que, por una discapacidad física, no pueden sostener o manipular un libro o centrar la vista o mover los ojos en una medida normalmente aceptable para la lectura, siempre que, como consecuencia de tales discapacidades o dificultades, dichas personas no sean capaces de leer obras impresas en una medida sustancialmente equivalente a la de una persona sin esas discapacidades o dificultades.
Las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos siguen enfrentándose a numerosas barreras para poder acceder a libros y otros materiales impresos protegidos por derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor (en lo sucesivo, «derechos afines»).
La necesidad de aumentar el número de obras y otras prestaciones protegidas en formatos accesibles disponibles para dichas personas, así como de mejorar significativamente su circulación y difusión, está reconocida a escala internacional.
Según el Dictamen 3/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [4], las excepciones o limitaciones a los derechos de autor y derechos afines para la producción y difusión de ejemplares en formatos accesibles de determinadas obras y otras prestaciones, establecidas por el Tratado de Marrakech, deben aplicarse en el marco del ámbito armonizado por la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [5].
Lo mismo ocurre con los regímenes de exportación e importación que prevé el Tratado de Marrakech, en la medida en que su finalidad última consiste en permitir la comunicación al público o la distribución, en el territorio de una Parte, de ejemplares en formato accesible publicados en el territorio de otra Parte, sin obtener el consentimiento de los titulares de los derechos.
La Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo [6] tiene como objetivo dar cumplimiento de manera armonizada a las obligaciones contraídas por la Unión en el marco del Tratado de Marrakech, con el fin de mejorar la disponibilidad de ejemplares en formato accesible para los beneficiarios en todos los Estados miembros de la Unión, así como la circulación de dichos ejemplares en el mercado interior, y obliga a los Estados miembros a introducir una excepción imperativa a determinados derechos de los titulares que han sido armonizados por el Derecho de la Unión.
El presente Reglamento tiene por objeto cumplir las obligaciones en virtud del Tratado de Marrakech en lo relativo a los acuerdos de exportación e importación de ejemplares en formato accesible entre la Unión y terceros países que sean parte en el Tratado, sin fines comerciales y en favor de los beneficiarios, así como establecer las condiciones aplicables a dichas exportaciones e importaciones de un modo uniforme en el ámbito armonizado por las Directivas 2001/29/CE y (UE) 2017/1564, a fin de garantizar que dichas medidas se apliquen de manera coherente en todo el mercado interior y no comprometan la armonización de los derechos exclusivos y las excepciones contenidas en dichas Directivas.
El presente Reglamento debe garantizar que los ejemplares en formato accesible de libros, incluidos los libros electrónicos, diarios, periódicos, revistas y otros tipos de textos escritos, notaciones, incluidas partituras, y otros materiales impresos, también en formato audio, tanto digital como analógico, que se hayan producido en cualquier Estado miembro de conformidad con las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la Directiva (UE) 2017/1564 puedan distribuirse, comunicarse o ponerse a disposición de un beneficiario o una entidad autorizada, tal como los recoge el Tratado de Marrakech, en terceros países que sean parte en el Tratado de Marrakech.
Los formatos accesibles incluyen, por ejemplo, braille, la letra de gran tamaño, los libros electrónicos adaptados, los audiolibros y la radiodifusión.
Habida cuenta del «objetivo no comercial» del Tratado de Marrakech [7], únicamente pueden distribuirse, comunicarse al público o ponerse a disposición del público ejemplares en formato accesible destinados a personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, o a entidades autorizadas del tercer país, si lo hacen, sin ánimo de lucro, entidades autorizadas establecidas en un Estado miembro.
El presente Reglamento también permite que los beneficiarios de la Unión y las entidades autorizadas establecidas en un Estado miembro puedan importar desde un tercer país, sin fines comerciales y en favor de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, ejemplares en formato accesible producidos de conformidad con las disposiciones de aplicación del Tratado de Marrakech, así como acceder a ellos.
Debe existir la posibilidad de que dichos ejemplares en formato accesible circulen en el mercado interior en las mismas condiciones que los ejemplares en formato accesible producidos en la Unión de conformidad con la Directiva (UE) 2017/1564.
Con el fin de mejorar la disponibilidad de ejemplares en formato accesible y de evitar la difusión no autorizada de obras u otras prestaciones, las entidades autorizadas que participen en la distribución, comunicación al público o puesta a disposición del público de ejemplares en formato accesible deben cumplir determinadas obligaciones.
Deben alentarse las iniciativas de los Estados miembros de promoción de los objetivos del Tratado de Marrakech y el intercambio de ejemplares en formato accesible con terceros países que son parte en dicho Tratado, y de apoyo a las entidades autorizadas para que intercambien información y la pongan a disposición del público.
Dichas iniciativas podrían incluir la elaboración de unas directrices o mejores prácticas sobre la producción y difusión de ejemplares en formato accesible en consulta con los representantes de entidades autorizadas, beneficiarios y titulares de derechos.
Resulta esencial que todo tratamiento de datos personales realizado en virtud del presente Reglamento respete los derechos fundamentales, incluidos el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter personal con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y es imperativo que dicho tratamiento de datos personales también cumpla lo dispuesto en las Directivas 95/46/CE [8] y 2002/58/CE [9] del Parlamento Europeo y del Consejo, que regulan el tratamiento de datos personales, ya que este puede haber sido efectuado por entidades autorizadas en el marco del presente Reglamento y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular las autoridades públicas independientes que estos designen.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (en lo sucesivo, «Convención»), en la que la Unión es parte, garantiza a las personas con discapacidad el derecho de acceso a la información y a la educación y el derecho a participar en la vida cultural, económica y social en igualdad de condiciones con las demás.
Establece que las partes en la Convención deben tomar todas las medidas adecuadas, de conformidad con el Derecho internacional, a fin de garantizar que la legislación que protege los derechos de propiedad intelectual no constituya una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales.
En virtud de la Carta, está prohibida toda forma de discriminación, también por motivos de discapacidad, y la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.
Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, dar cumplimiento uniforme a las obligaciones que se desprenden del Tratado de Marrakech en lo relativo a la exportación e importación, entre la Unión y los terceros países que sean parte en el Tratado de Marrakech, de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones, sin fines comerciales y en favor de los beneficiarios, así como establecer las condiciones de tales exportación e importación, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
El Reglamento (UE) 2016/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo estableció un plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín en el mar Báltico (en lo sucesivo, «plan»).
La finalidad del plan es contribuir a la consecución de los objetivos de la política pesquera común y, en particular, garantizar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de niveles que puedan producir un rendimiento máximo sostenible (RMS).
En el artículo 1 del Reglamento (UE) 2016/1139 se establecen las poblaciones de peces del Báltico, incluida la población del arenque del mar de Botnia y la población de arenque de la bahía de Botnia.
Para salvaguardar la plena capacidad de reproducción de las poblaciones, los anexos I y II de dicho Reglamento establecen determinados puntos de referencia de conservación, incluidos los intervalos de mortalidad por pesca y los puntos de referencia de la biomasa de la población reproductora.
La evaluación científica de la población de arenque del mar de Botnia y de la población de arenque de la bahía de Botnia efectuada en 2017 por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) muestra que ambas poblaciones son similares.
Por ello, el CIEM combinó ambas poblaciones en una sola, modificó los límites de su área de distribución geográfica y estimó de nuevo los niveles de mortalidad por pesca que corresponden al RMS, así como los correspondientes puntos de referencia de conservación.
Esto condujo a una definición diferente de la población y a nuevos valores numéricos diferentes de los establecidos en el artículo 1 y en los anexos I y II del Reglamento (UE) 2016/1139.
El artículo 5, apartado 6, del Reglamento (UE) 2016/1139 establece que, en caso de que, basándose en los dictámenes científicos, la Comisión considere que los puntos de referencia de conservación establecidos en el anexo II de dicho Reglamento ya no corresponden correctamente a los objetivos del plan, dichos puntos se pueden someter a la revisión del Parlamento Europeo y del Consejo, con carácter de urgencia.
Procede modificar urgentemente el artículo 1, apartado 1, letras e) y f), y los anexos I y II del Reglamento (UE) 2016/1139, con el fin de garantizar que las posibilidades de pesca de las poblaciones de que se trata se fijen de acuerdo con los puntos de referencia de conservación actualizados.
Por tanto, debe modificarse el Reglamento (UE) 2016/1139 en consecuencia.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
El anexo III del Reglamento (UE) n.o 211/2011 queda modificado como sigue:
El texto de la declaración de confidencialidad que figura en el modelo de formulario de declaración de apoyo al término de la parte A se sustituye por el texto siguiente:
«Declaración de confidencialidad: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general de protección de datos, los datos personales facilitados en el presente formulario solo se utilizarán para el apoyo de la iniciativa y se pondrán a disposición de las autoridades nacionales competentes a efectos de verificación y certificación.
Tiene usted derecho a solicitar a los organizadores de esta iniciativa acceso, rectificación, supresión y restricción del tratamiento de sus datos personales.
Sus datos serán conservados por los organizadores durante un período máximo de 18 meses después de la fecha de registro de la iniciativa ciudadana propuesta, o bien un mes después de la presentación de dicha iniciativa a la Comisión, ateniéndose a aquel de ambos plazos que acontezca con anterioridad.
Podrán conservarse más allá de los plazos previstos en el caso de procedimientos administrativos o judiciales, durante un plazo máximo de una semana después de la fecha de conclusión de dichos procedimientos.
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si considera que sus datos se han tratado de forma ilegal, tiene usted derecho a presentar en todo momento una reclamación ante una autoridad de protección de datos, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción.
Los organizadores de la iniciativa ciudadana son los responsables del tratamiento de datos en el sentido del Reglamento general de protección de datos y se les puede contactar con la información facilitada en el presente formulario.
Los datos de contacto del delegado de protección de datos (en su caso) están disponibles en la página web de esta iniciativa en el registro de la Comisión Europea, tal como se indica en el presente formulario.
Los datos de contacto de la autoridad nacional que recibirá y tratará sus datos personales y los datos de contacto de las autoridades nacionales de protección de datos pueden consultarse en la dirección siguiente: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=es.».
El Reglamento (CE) n.o 1683/95 del Consejo [2] estableció un modelo uniforme de visado.
El actual diseño común de la etiqueta adhesiva, que ha estado en circulación durante veinte años, debe considerarse poco seguro en vista de los casos graves de imitación y fraude.
Debe por consiguiente adoptarse un nuevo diseño común, con elementos de seguridad más modernos, para que la etiqueta adhesiva del visado sea más segura e impedir las falsificaciones.
Previa solicitud de Irlanda o del Reino Unido, la Comisión debe establecer los mecanismos apropiados para el intercambio de información técnica con el Estado miembro solicitante, a efectos de la expedición de visados nacionales por dicho Estado miembro.
El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y se ajusta a los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo [3]; por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación.
El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o que está relacionado con él de otro modo en el sentido, respectivamente, del artículo 3, apartado 1, del Acta de adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2005 y del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2011.
Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen [5], que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo [6].
Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen [7], que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo [8].
Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen [9], que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo [10].
funcionamiento de la bomba contraincendios de emergencia, con dos mangueras contraincendios conectadas al colector,
ensayo de los mandos a distancia de parada de emergencia que controlan el suministro de combustible a las calderas y la maquinaria principal y auxiliar y accionan los ventiladores,
ensayo de los mandos a distancia y mandos locales de cierre de las válvulas de mariposa contraincendios,
ensayo de los sistemas de detección de incendios y alarma contraincendios,
ensayo de cierre de las puertas contraincendios,
accionamiento de las bombas de sentina,
el cierre de las puertas de mamparo estanco; tanto a distancia como mediante mando local,
demostración de que los miembros clave de la tripulación están familiarizados con los planes de lucha contra averías,
arriado y puesta a flote de al menos un bote de rescate y un bote salvavidas, puesta en marcha y ensayo del sistema de propulsión y gobierno de los mismos, recuperación y colocación de los botes en su puesto de estiba a bordo,
comprobación del inventario de todos los botes salvavidas y botes de rescate,
ensayo de los aparatos de gobierno principal y auxiliar del buque o nave.
En las inspecciones se examinará el conocimiento y la eficacia de los tripulantes en relación con los procedimientos de seguridad y en caso de emergencia, mantenimiento, hábitos de trabajo, seguridad de los pasajeros, procedimientos del puente y operaciones relacionadas con la carga y los vehículos.
Se comprobará la capacidad de los marineros de comprender y, en su caso, dar órdenes e instrucciones e informar a sus superiores en la lengua de trabajo común indicada en el diario de navegación.
Se comprobará la acreditación escrita de que los miembros de la tripulación han superado una formación especial, en particular en las áreas siguientes:
los sistemas de garantía de depósitos que se subroguen en los derechos y obligaciones de los depositantes con cobertura en caso de insolvencia.
Los Estados miembros velarán por que, en el caso de las entidades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letras a) a d), los créditos ordinarios no garantizados tengan, en su legislación nacional por la que se rige el procedimiento de insolvencia ordinario, prioridad sobre los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones:
que los instrumentos de deuda tengan una duración contractual original de un año como mínimo;
que los instrumentos de deuda no tengan ningún derivado implícito y no sean ellos mismos productos derivados;
que los correspondientes documentos contractuales y, en su caso, el folleto, relativos a la emisión se refieran expresamente a su menor orden de prelación en virtud del presente apartado.
Los Estados miembros velarán por que los créditos no garantizados derivados de los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones estipuladas en el apartado 2, letras a), b) y c) del presente artículo tengan, en su legislación nacional por la que se rige el procedimiento de insolvencia ordinario, mayor prioridad que los créditos derivados de los instrumentos a que se refiere el artículo 48, apartado 1, letras a) a d).
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 5 y 7, los Estados miembros velarán por que la legislación nacional por la que se rige el procedimiento de insolvencia ordinario vigente a 31 de diciembre de 2016 se aplique al orden de prelación en los procedimientos de insolvencia ordinarios de los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda emitidos por las entidades contempladas en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letras a) a d), de la presente Directiva antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas previstas en la legislación nacional de incorporación de la Directiva (UE) 2017/2399 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Si, después del 31 de diciembre de 2016 y antes del 28 de diciembre de 2017, un Estado miembro hubiere adoptado una norma legislativa nacional por la que se rija el orden de prelación en los procedimientos de insolvencia ordinarios de los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda emitidos después de la fecha de aplicación de dicha norma legislativa nacional, el apartado 4 del presente artículo no será aplicable a los créditos derivados de instrumentos de deuda emitidos después de la fecha de aplicación de dicha norma legislativa nacional, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
que en virtud de dicha norma legislativa nacional, los créditos no garantizados derivados de los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones estipuladas en la letra a) tengan, en el procedimiento de insolvencia ordinario, mayor prioridad que los créditos derivados de los instrumentos a que se refiere el artículo 48, apartado 1, letras a) a d).
En la fecha de entrada en vigor de las medidas previstas en la legislación nacional de incorporación de la Directiva (UE) 2017/2399, los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda contemplados en la letra b) del párrafo primero ocuparán el mismo orden de prelación que los contemplados en el apartado 2, letras a), b) y c), y en el apartado 3 del presente artículo.
A los efectos del apartado 2, letra b), y del apartado 5, párrafo primero, letra a), inciso ii), los instrumentos de deuda con tipos de interés variable derivados de tipos de referencia de uso generalizado y los instrumentos de deuda no denominados en la moneda nacional del emisor, siempre que el capital, el reembolso y el interés estén denominados en la misma moneda no tendrán la consideración de instrumentos de deuda con derivados implícitos únicamente como consecuencia de esas características.
Los Estados miembros que, con anterioridad al 31 de diciembre de 2016, hayan adoptado una norma legislativa nacional por la que se rija el procedimiento de insolvencia ordinario en virtud de la cual los créditos ordinarios no garantizados derivados de instrumentos de deuda emitidos por las entidades contempladas en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letras a) a d), ocupen dos o más posiciones diferentes dentro del orden de prelación, o en virtud de la cual se haya modificado el orden de prelación de los créditos ordinarios no garantizados derivados de tales instrumentos de deuda con respecto a todos los demás créditos ordinarios no garantizados que tengan la misma prelación, podrán disponer que los instrumentos que tengan la menor prelación de entre los citados créditos ordinarios no garantizados tengan la misma prelación que los créditos que cumplen las condiciones del apartado 2, letras a), b) y c), y del apartado 3 del presente artículo.
El carácter cada vez más globalizado de la producción hace necesario desarrollar un marco coherente que facilite la interpretación y la integración de estadísticas de distintos ámbitos.»;
en el objetivo 2.1.1, el párrafo segundo se modifica como sigue:
el segundo guion se sustituye por el texto siguiente:
se elaborarán indicadores sobre distribución de la renta, el consumo y la riqueza en los hogares, y se conciliarán los agregados de las cuentas nacionales con los datos de las encuestas sobre hogares o los datos administrativos),»,
se reforzarán los enlaces con las cuentas nacionales en los ámbitos de la protección social, la salud y la educación,
se desarrollará un marco de medición de la calidad de vida, reforzando la perspectiva de los hogares en las cuentas nacionales,
se desarrollarán indicadores relativos a la acción “más allá del PIB” para medir la sostenibilidad medioambiental y los efectos externos con una perspectiva de cuenta nacional,»,
después del quinto guion se insertan los guiones siguientes:
se avanzará en el desarrollo de indicadores sociales actuales, incluidas técnicas avanzadas para realizar previsiones a muy corto plazo e indicadores adelantados,
se apoyará el intercambio internacional de datos macroeconómicos a fin de reducir la carga para los productores de datos y mejorar la disponibilidad de datos comparables y coherentes para los usuarios,
se desarrollarán y perfeccionarán indicadores agregados de desigualdad relativos a la renta y determinados aspectos de la riqueza,
se medirá y analizará la desigualdad de género, incluida la brecha salarial,»;
en el objetivo 2.1.2, párrafo segundo, el último guion se sustituye por el texto siguiente:
se pondrán a disposición y ampliarán las estadísticas armonizadas de precios de la vivienda con respecto a todos los Estados miembros.»;
Ante los graves incidentes de falsificación y fraude registrados, se considera poco seguro el actual modelo de permiso de residencia, que se lleva utilizando desde hace veinte años.
Por dicho motivo, es preciso adoptar un nuevo diseño común para los permisos de residencia de nacionales de terceros países, que disponga de características de seguridad más modernas para hacer más seguros dichos permisos e impedir las falsificaciones.
Los nacionales de terceros países titulares de un permiso de residencia válido extendido en el modelo uniforme, expedido por uno de los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen, pueden circular libremente durante un período máximo de 90 días dentro del espacio Schengen, siempre que cumplan las condiciones de entrada que se exigen en el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo [3] (Código de fronteras Schengen).
La legislación de la Unión en materia de entrada y residencia de nacionales de terceros países establece regímenes para otorgar derechos de movilidad adicionales, con condiciones específicas para la entrada y la estancia en los Estados miembros vinculados por ese acervo.
Los permisos de residencia expedidos de conformidad con dicha legislación utilizan el modelo uniforme establecido en el Reglamento (CE) n.o 1030/2002.
Por lo tanto, para que las autoridades competentes puedan identificar a los nacionales de terceros países que pueden beneficiarse de estos derechos específicos de movilidad, es importante que dichos permisos de residencia indiquen claramente la categoría correspondiente (como, por ejemplo, «investigador», «estudiante» o «trasladado por la empresa»), de conformidad con la legislación aplicable de la Unión.
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación.
Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de un período de seis meses a partir de que el Consejo haya adoptado el presente Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.
De conformidad con los artículos 1 y 2 y con el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados miembros no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por el mismo ni sujetos a su aplicación.
Para permitir a los Estados miembros la utilización de las existencias de permisos de residencia restantes, procede establecer un período transitorio durante el cual los Estados miembros podrán seguir utilizando los antiguos permisos de residencia.
Por el Consejo
Posición del Parlamento Europeo de 13 de junio de 2018 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 26 de junio de 2018.
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra (DO L 161 de 29.5.2014, p. 3).
Decisión 2002/639/CE del Consejo, de 12 de julio de 2002, por la que se concede una ayuda macrofinanciera suplementaria a Ucrania (DO L 209 de 6.8.2002, p. 22).
Decisión n.o 646/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se concede ayuda macrofinanciera a Ucrania (DO L 179 de 14.7.2010, p. 1).
Decisión 2014/215/UE del Consejo, de 14 de abril de 2014, por la que se concede una ayuda macrofinanciera a Ucrania (DO L 111 de 15.4.2014, p. 85).
Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10).
Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).
Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
Reglamento (CE, Euratom) n.o 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
DECLARACIÓN COMÚN DEL PARLAMENTO, EL CONSEJO Y LA COMISIÓN
El Parlamento, el Consejo y la Comisión subrayan que una condición previa para la concesión de ayuda macrofinanciera es que el país beneficiario respete los mecanismos democráticos efectivos, en particular un sistema parlamentario pluripartidista y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de los derechos humanos.
La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior controlarán el cumplimiento de esta condición previa a lo largo de todo el período de vigencia de la ayuda macrofinanciera de la Unión.
En virtud del Reglamento (UE) n.o 258/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo [3], la Fundación de las Normas Internacionales de Información Financiera (en lo sucesivo, «Fundación NIIF»), que es la sucesora legal de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, y el Consejo Internacional de Supervisión Pública (en lo sucesivo, «PIOB», por sus siglas en inglés) gozan de cofinanciación de la Unión en forma de subvenciones de funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2020.
El Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (en lo sucesivo, «EFRAG», por sus siglas en inglés) recibe, con arreglo al Reglamento (UE) n.o 258/2014, cofinanciación de la Unión a través de subvenciones de funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2016.
El 12 de noviembre de 2013, la Comisión publicó el informe de Philippe Maystadt, asesor especial del Comisario de Mercado Interior y Servicios (en lo sucesivo, «informe del asesor especial»), en el que se exponían posibles reformas de la gobernanza del EFRAG destinadas a reforzar la contribución de la Unión al desarrollo de normas internacionales de contabilidad.
La Comisión supervisó de cerca la aplicación de la reforma de la gobernanza del EFRAG e informó debidamente al Parlamento Europeo y al Consejo de los progresos al respecto.
Sobre esa base, conviene proseguir financiando el EFRAG durante el período 2017-2020, a fin de alcanzar los objetivos a largo plazo del programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría.
El Consejo del EFRAG, con una representación equilibrada de intereses públicos y privados, debe velar por que sus miembros se comprometan a actuar en favor del interés público europeo.
Se invita a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y el Banco Central Europeo a contribuir activamente al trabajo del Consejo del EFRAG en la medida de lo posible.
La Comisión debe informar anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo de los principales logros y actividades del EFRAG durante el último año.
Ese informe debe examinar también las novedades con respecto al criterio del «bien común ampliado» y ofrecer una descripción detallada de la evolución registrada en el ámbito de las normas internacionales de información financiera (en lo sucesivo, «NIIF»).
Las normas contables no deben poner en peligro la estabilidad financiera de la Unión ni obstaculizar su desarrollo económico.
Por lo que respecta a la evolución de las NIIF, del PIOB y del EFRAG, el informe anual de la Comisión también debe hacer referencia al seguimiento y la aplicación de las recomendaciones del Parlamento Europeo.
Además, se anima a la Fundación NIIF, al PIOB y al EFRAG a participar con regularidad, y al menos una vez al año, en las audiencias organizadas por el Parlamento Europeo con objeto de que proporcionen una descripción completa de la evolución de las normas internacionales de información financiera y auditoría.
La Comisión debe informar con mayor regularidad al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los esfuerzos conjuntos de la Fundación NIIF, el PIOB y el EFRAG, dado que estos tres organismos son cofinanciados por el presupuesto de la Unión y trabajan para lograr los mismos objetivos.
La Comisión también debe considerar la posibilidad de introducir cambios a largo plazo en el funcionamiento y el estatuto jurídico de derecho privado del EFRAG.
Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el aumento del presupuesto de un programa de la Unión para el período 2017-2020 a fin de apoyar las actividades del EFRAG, que contribuyen a la consecución de los objetivos de la política de la Unión en el ámbito de la información financiera, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
Para garantizar la continuidad de la financiación del EFRAG, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación y ser aplicable a partir del 1 de enero de 2017.
Las sanciones pretenden ser un importante elemento disuasorio para los posibles delincuentes, con efectos en toda la Unión.
Los Estados miembros deben garantizar que el hecho de que una infracción penal se cometa en el marco de una organización delictiva en el sentido de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo [10] sea considerado como circunstancia agravante con arreglo a las normas aplicables establecidas en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Deben garantizar que los jueces puedan disponer de dicha circunstancia agravante al condenar a los infractores, aunque los jueces no tengan obligación de aplicar esas circunstancias agravantes.
Los Estados miembros no están obligados a prever estas circunstancias agravantes siempre y cuando, en su Derecho nacional, las infracciones penales en la acepción de la Decisión Marco 2008/841/JAI sean punibles como infracciones penales independientes y puedan dar lugar a penas más graves.
Teniendo en cuenta, en particular, la movilidad de quienes perpetran estos actos y del producto de las actividades ilegales en detrimento de los intereses financieros de la Unión, así como la complejidad de las investigaciones transfronterizas que esto implica, todos los Estados miembros deben establecer su jurisdicción de modo que les permita combatir estas actividades.
Cada Estado miembro debe de este modo garantizar que su jurisdicción aquellas infracciones penales cometidas por medio de tecnologías de la información y la comunicación a las que se hayan accedido desde su territorio.
Dada la posibilidad de jurisdicciones múltiples para infracciones penales transfronterizas que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que el principio non bis in idem se respete plenamente en la aplicación de la legislación nacional de transposición de la presente Directiva.
Los Estados miembros deben adoptar las normas relativas a los plazos de prescripción necesarias para poder combatir las actividades ilegales en detrimento de los intereses financieros de la Unión.
En el caso de las infracciones penales punibles con una sanción máxima de al menos cuatro años de privación de libertad, el plazo de prescripción debe ser de, al menos, cinco años a partir del momento en que se cometió la infracción penal.
Ello se entiende sin perjuicio de los Estados miembros que no establezcan plazos de prescripción en relación con la investigación, enjuiciamiento y ejecución.
Sin perjuicio de las normas relativas a la cooperación transfronteriza y a la asistencia judicial en materia penal, así como de otras normas de Derecho de la Unión, en particular en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo [11], es preciso contar con una disposición adecuada que regule la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión para garantizar una acción eficaz contra las infracciones penales definidas en la presente Directiva que afectan a los intereses financieros de la Unión, lo que incluye el intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión, así como toda asistencia técnica y operativa brindada por la Comisión a las autoridades competentes nacionales que estas necesiten para facilitar la coordinación de sus investigaciones.
Dicha asistencia no debe implicar la participación de la Comisión en los procedimientos de investigación o de enjuiciamiento de casos penales concretos a cargo de las autoridades nacionales.
El Tribunal de cuentas y los auditores responsables de auditar los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos deben transmitir a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y a las demás autoridades competentes todo hecho que pudiera considerarse infracción penal conforme a la presente Directiva, y a su vez los Estados miembros deben garantizar que las autoridades nacionales de control, en el sentido del artículo 59 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 proceden de igual manera, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013.
La Comisión debe informar ante el Parlamento Europeo y al Consejo de las medidas tomadas por los Estados miembros para cumplir la Directiva.
El informe podrá ir acompañado, en caso necesario, de propuestas que tengan en cuenta las posibles evoluciones, en particular por lo que respecta a la financiación del presupuesto de la Unión.
El Convenio debe sustituirse por la presente Directiva en relación con los Estados miembros vinculados por ella.
Para la aplicación del artículo 3, apartado 4, letra d), de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo [12], la referencia a fraude grave que afecte a los intereses financieros de la Unión, según se define en el artículo 1, apartado 1, y en el artículo 2, apartado 1, del Convenio debe ser interpretada en el sentido de fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión según se define en el artículo 3 y en el artículo 7, apartado 3, de la presente Directiva o, por lo que se refiere a infracciones penales contra el sistema común del IVA, según se definen en el artículo 2, apartado 2, de la presente Directiva.
La correcta aplicación de la presente Directiva por parte de los Estados miembros incluye el tratamiento de datos personales por las autoridades nacionales competentes y su intercambio entre los Estados miembros, por una parte, y entre los organismos competentes de la Unión, por otra.
El tratamiento de datos personales a nivel nacional entre las autoridades nacionales competentes debe estar regulado por el acervo de la Unión.
El intercambio de datos personales entre los Estados miembros debe efectuarse de conformidad con la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo [13].
En la medida en que las instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión traten datos de carácter personal, debe aplicarse el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo [14], así como, en su caso, otros actos legislativos de la Unión que regulen el tratamiento de datos de carácter personal por dichas instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como las normas relativas a la confidencialidad de la instrucción judicial aplicables.
La presente Decisión no establece obligaciones contables o de notificación para los particulares, incluidos los agricultores y silvicultores.
El sector UTCUTS, que incluye las tierras agrícolas, tiene un impacto directo y significativo en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Por este motivo, un objetivo importante de las políticas que afectan a este sector es garantizar la coherencia con los objetivos de la Estrategia de la Unión sobre la Biodiversidad.
Deben adoptarse medidas para poner en práctica y apoyar las actividades del sector relativas tanto a la mitigación como a la adaptación.
Es preciso garantizar también la coherencia entre la política agrícola común y el presente Reglamento.
Todos los sectores deben contribuir de forma equitativa a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los humedales son ecosistemas eficaces para almacenar carbono.
Por lo tanto, la protección y la restauración de humedales pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector UTCUTS.
También debe tenerse en cuenta en este contexto la versión actualizada de las directrices de 2006 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «IPCC» por sus siglas en inglés de Intergovernmental Panel on Climate Change) para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero relativas a los humedales.
Para asegurar la contribución del sector UTCUTS al logro del objetivo de reducción de las emisiones de la Unión de al menos un 40 %, así como del objetivo a largo plazo del Acuerdo de París, es necesario un sistema de contabilidad sólido.
A fin de que las cuentas de las emisiones y las absorciones sean precisas, de acuerdo con las directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (en lo sucesivo, «directrices del IPCC»), deben emplearse los valores notificados anualmente en virtud del Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para las categorías de uso de la tierra y la conversión entre categorías de uso de la tierra, racionalizando así los enfoques adoptados en el marco de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto.
La tierra que cambia a otra categoría de uso de la tierra debe considerarse que está en proceso de transición hacia dicha categoría durante el período predeterminado de 20 años contemplado en las directrices del IPCC.
Los Estados miembros deben únicamente poder contemplar una excepción a ese período predeterminado con respecto a los suelos forestados y solo en circunstancias limitadas justificadas en virtud de las directrices del IPCC.
Los cambios en las directrices del IPCC adoptadas por la Conferencia de las Partes en la CMNUCC o la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París deben reflejarse, según proceda, en los requisitos de presentación de informes con arreglo al presente Reglamento.
Las directrices del IPCC acordadas a nivel internacional establecen que las emisiones de la combustión de biomasa pueden contabilizarse como cero en el sector de la energía, a condición de que se contabilicen en el sector UTCUTS.
Dado que en la Unión las emisiones procedentes de la combustión de biomasa se contabilizan actualmente como cero en virtud del artículo 38 del Reglamento (UE) n.o 601/2012 de la Comisión y de las disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) n.o 525/2013, la coherencia con las directrices del IPCC solo puede garantizarse si esas emisiones se reflejan con exactitud en el presente Reglamento.
Las emisiones y absorciones procedentes de las tierras forestales dependen de una serie de circunstancias naturales, de las características dinámicas de los bosques relacionadas con la edad y de las prácticas de gestión pasadas y presentes, que difieren sustancialmente entre los distintos Estados miembros.
El uso de un año de referencia no permite reflejar estos factores ni los efectos cíclicos resultantes de las emisiones y absorciones o de su variación interanual.
En su lugar, las normas contables pertinentes deben prever el uso de unos niveles de referencia para que se excluyan los efectos de las particularidades naturales y de cada país.
Los niveles de referencia forestal deben tener en cuenta cualquier estructura de edad desequilibrada de los bosques y no deben limitar indebidamente la futura intensidad de la gestión forestal, de forma que se puedan mantener o reforzar los sumideros de carbono a largo plazo.
Dada la situación histórica particular de Croacia, su nivel de referencia forestal puede tener asimismo en cuenta la ocupación de su territorio, los períodos de guerra y las circunstancias de posguerra que tuvieron un impacto en la gestión forestal durante el período de referencia.
Las normas contables aplicables tienen en cuenta los principios en materia de gestión forestal sostenible tal como se adoptaron en la Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques en Europa (Forest Europe).
La Comisión, mediante actos de ejecución, designará un laboratorio de referencia de la Unión Europea para la enfermedad de Newcastle.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 25.
Serán funciones y cometidos del laboratorio de referencia de la Unión Europea para la enfermedad de Newcastle:
coordinar, en consulta con la Comisión, los métodos empleados en los Estados miembros para el diagnóstico de la enfermedad de Newcastle, especialmente mediante:
el tipado, almacenamiento y suministro de cepas del virus de la enfermedad de Newcastle para la realización de pruebas serológicas y la preparación de antisueros,
el suministro de sueros normalizados y otros reactivos de referencia a los laboratorios nacionales de referencia para armonizar las pruebas y los reactivos utilizados en los Estados miembros,
la constitución y conservación de una colección de cepas y aislados del virus de la enfermedad de Newcastle,
la organización periódica de pruebas comparativas de los procedimientos de diagnóstico a nivel de la Unión,
la recogida y el cotejo de datos y de información sobre los métodos de diagnóstico utilizados y los resultados de las pruebas efectuadas en la Unión,
la caracterización de aislados del virus de la enfermedad de Newcastle mediante los métodos disponibles más avanzados, para fomentar una mejor comprensión de la epidemiología de la enfermedad de Newcastle,
el seguimiento de la evolución en todo el mundo de la vigilancia, la epidemiología y la prevención de la enfermedad de Newcastle,
la compilación de conocimientos y experiencia sobre el virus de la enfermedad de Newcastle y otros afines para poder hacer un diagnóstico diferencial rápido,
la adquisición de un conocimiento profundo sobre la preparación y utilización de los medicamentos inmunológicos veterinarios empleados para la erradicación y el control de la enfermedad de Newcastle;
contribuir activamente al diagnostico de focos de la enfermedad de Newcastle en los Estados miembros, recibiendo aislados víricos para confirmar el diagnóstico, proceder a su caracterización y estudio epidemiológico;
facilitar la formación o la puesta al día de expertos en diagnóstico de laboratorio, con vistas a armonizar las técnicas en toda la Unión.».
El artículo 19 se modifica como sigue:
el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
Siempre que lo requiera la correcta aplicación de las medidas establecidas en el presente artículo, los Estados miembros proporcionarán a la Comisión, en el marco del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, información sobre la situación de la enfermedad y las medidas de control aplicadas.»;
se añade el apartado siguiente:
La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá establecer normas relativas a la información que deben proporcionar los Estados miembros a la Comisión conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo.
El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente:
Mediante el Reglamento (UE) n.o 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo se estableció el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) para brindar ayuda a los sectores cultural y creativo europeos.
La particularidad de la Joven Orquesta de la Unión Europea (EUYO) reside en el hecho de que es una orquesta europea que trasciende las fronteras culturales y está compuesta por jóvenes músicos seleccionados con arreglo a unos exigentes criterios de calidad a través de un riguroso proceso de audición que se organiza cada año en todos los Estados miembros.
Es la única orquesta de la Unión que contrata músicos de todos los Estados miembros.
Desde su creación, la EUYO ha contribuido al fomento del diálogo intercultural y al respeto y entendimiento mutuos.
La EUYO ha ejercido de embajadora cultural de la Unión, exhibiendo la riqueza y la diversidad de las culturas europeas y presentando a talentos emergentes.
Además ha contribuido al conocimiento del patrimonio musical europeo, a la difusión de las obras europeas y a la movilidad de los talentos juveniles europeos a través de las fronteras nacionales y europeas.
La EUYO proporciona formación periódica para músicos jóvenes a través de un programa de residencia y les ofrece la oportunidad de actuar, potenciando así sus carreras internacionales y desarrollando sus capacidades bajo la orientación de directores de orquesta de renombre.
La EUYO debe diversificar continuamente sus ingresos, buscando activamente ayuda financiera de fuentes que no sean los fondos de la Unión, a fin de garantizar su sostenibilidad y reducir su dependencia de estos fondos.
La EUYO debe, por tanto, garantizar la rentabilidad en su gestión.
La EUYO debe tratar de aumentar su visibilidad, medios de comunicación tanto tradicionales como digitales incluidos, y actuar en foros europeos y en más Estados miembros.
La EUYO, en colaboración con sus socios nacionales, debe aumentar la visibilidad de las audiciones anuales, con el fin de lograr una representación más equilibrada de músicos de todos los Estados miembros en la orquesta.
Las actividades de la EUYO deben estar en consonancia con los objetivos del Programa Europa Creativa, en particular con su objetivo de apoyar el desarrollo de la audiencia, y con las prioridades del subprograma Cultura.
Por consiguiente, la EUYO debe participar activamente en el desarrollo de la audiencia, prestando especial atención a los jóvenes.
La EUYO fue fundada a raíz de una Resolución del Parlamento Europeo de 8 de marzo de 1976, por lo que se diferencia de otras orquestas de Europa.
La contribución de la EUYO ha sido reconocida por los Estados miembros y por las instituciones de la Unión, también por los sucesivos presidentes de la Comisión y del Parlamento Europeo.
Debido a su estatuto específico, sus objetivos estratégicos y sus actividades, que van más allá del mero interés y de los beneficios de uno o varios Estados miembros y presentan claramente un valor añadido europeo, la EUYO se considera un organismo recogido en un acto de base, en el sentido del artículo 190, apartado 1, letra d), del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, lo que permite la concesión de subvenciones sin convocatoria de propuestas.
Se debe conceder financiación de manera excepcional a la EUYO hasta el final del actual Programa Europa Creativa, a saber el 31 de diciembre de 2020.
Por consiguiente, debe incluirse a la EUYO, como excepción, entre las medidas que se benefician de las ayudas tanto del subprograma Cultura como del capítulo Intersectorial del Programa Europa Creativa.
Para garantizar su buen funcionamiento, la EUYO debe poder beneficiarse de ayudas lo antes posible, en particular para hacer frente a los gastos incurridos en 2018 antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Por consiguiente, el presente Reglamento debe aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018.
La gestión de residuos en la Unión debe mejorarse con miras a proteger, preservar y mejorar la calidad del medio ambiente, así como a proteger la salud humana, garantizar la utilización prudente, eficiente y racional de los recursos naturales y promover los principios de la economía circular.
A fin de reducir la carga administrativa para las pequeñas entidades o empresas, conviene simplificar los requisitos de autorización y registro que les son aplicables.
Los informes de aplicación preparados por los Estados miembros cada tres años no han resultado ser un instrumento eficaz para comprobar el cumplimiento ni garantizar la correcta aplicación de la normativa, aparte de que generan una carga administrativa innecesaria.
Por tanto, conviene derogar las disposiciones que obligan a los Estados miembros a elaborar tales informes.
Antes bien, el control del cumplimiento debe basarse exclusivamente en los datos que los Estados miembros comuniquen cada año a la Comisión.
Los datos comunicados por los Estados miembros son esenciales para que la Comisión evalúe el cumplimiento del Derecho de la Unión en materia de residuos por parte de los Estados miembros.
Deben mejorarse la calidad, fiabilidad y comparabilidad de los datos mediante el establecimiento de una ventanilla única para la comunicación de todos los datos sobre residuos, la supresión de requisitos obsoletos de información, la evaluación comparativa de las metodologías nacionales al respecto y la elaboración de un informe de control de la calidad de los datos.
La comunicación fiable de datos relativos a la gestión de residuos es primordial para una aplicación eficiente de la normativa y para garantizar la comparabilidad de datos entre los Estados miembros.
En consecuencia, al informar sobre la consecución de los objetivos establecidos en las Directivas 2000/53/CE, 2006/66/CE y 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, los Estados miembros deben utilizar las normas más recientes desarrolladas por la Comisión y la metodología desarrollada por las correspondientes autoridades nacionales competentes responsables de la aplicación de dichas Directivas.
La jerarquía de residuos establecida en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo se aplica como orden de prioridades en la legislación de la Unión en materia de prevención y gestión de residuos.
En el cumplimiento de los objetivos de la presente Directiva, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para tener en cuenta el orden de prioridades de la jerarquía de residuos y garantizar la aplicación práctica de dichas prioridades.
En el contexto del compromiso de la Unión de realizar la transición hacia una economía circular, deben revisarse las Directivas 2000/53/CE, 2006/66/CE y 2012/19/UE, y, si es necesario, modificarse, teniendo en cuenta su aplicación y tomando en consideración, entre otras cuestiones, la viabilidad de establecer objetivos para los materiales contenidos en los flujos de residuos de que se trata.
En el marco de la revisión de la Directiva 2000/53/CE, también debe prestarse atención al problema de los vehículos al final de su vida útil no contabilizados, incluido el traslado de vehículos usados de los que se sospeche que están al final de su vida útil, y a la aplicación de las Guías de Corresponsales n.o 9 sobre traslados de vehículos de desguace.
En el marco de la revisión de la Directiva 2006/66/CE, debe además tenerse en cuenta el desarrollo técnico de nuevos tipos de baterías que no utilicen sustancias peligrosas.
A fin de modificar y completar la Directiva 2000/53/CE y de modificar la Directiva 2012/19/UE, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta al artículo 4, apartado 2, letra b), el artículo 5, apartado 5, el artículo 6, apartado 6, y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2000/53/CE en su versión modificada por la presente Directiva y por lo que respecta al artículo 19 de la Directiva 2012/19/UE en su versión modificada por la presente Directiva.
Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.
En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen sistemáticamente acceso a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la Directiva 2000/53/CE por lo que respecta a su artículo 7, apartado 2, y a su artículo 9, apartado 1 quinquies, en su versión modificada por la presente Directiva, y de ejecución de la Directiva 2012/19/UE por lo que respecta a su artículo 16, apartado 9, en su versión modificada por la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución.
Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, mejorar la gestión de residuos en la Unión, contribuyendo así a la protección, preservación y mejora de la calidad del medio ambiente y a una utilización prudente y racional de los recursos naturales, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos de las medidas, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
Procede modificar, por tanto, las Directivas 2000/53/CE, 2006/66/CE y 2012/19/UE en consecuencia.
De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición.
Los datos subyacentes deben extraerse de las correspondientes bases de datos de la Comisión.
La metodología para el cálculo de la cuota de utilización de cada contingente arancelario específico ha sido determinada y acordada por la Unión y el Reino Unido, de conformidad con los requisitos del artículo XXVIII del GATT de 1994, y, por consiguiente, esta metodología debe mantenerse integralmente con el fin de garantizar una aplicación congruente.
En los casos en que no se observó comercio en el marco de un contingente arancelario específico en el período representativo, para determinar la cuota de utilización del Reino Unido deben aplicarse dos planteamientos alternativos.
En los casos en que haya otro contingente arancelario con una definición de producto idéntica, debe aplicarse la cuota de utilización de dicho contingente idéntico al contingente sin comercio observado en el período representativo.
En los casos en que no haya otro contingente arancelario con una descripción de producto idéntica, la fórmula para calcular la cuota de utilización debe aplicarse a las importaciones en la Unión en las líneas arancelarias correspondientes fuera del contingente arancelario.
Respecto a los contingentes arancelarios agrícolas afectados, los artículos 184 a 188 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo proporcionan la base jurídica necesaria para la gestión de los contingentes arancelarios una vez repartidos por el presente Reglamento.
A este respecto, las cantidades de los contingentes arancelarios en cuestión figuran en el anexo, parte A, del presente Reglamento.
Por consiguiente, la gestión debe llevarse a cabo teniendo debidamente en cuenta los objetivos de la política agrícola común, tal como se establecen en el TFUE, y la multifuncionalidad de las actividades agrarias.
En cuanto a los contingentes arancelarios sobre la mayor parte de los productos pesqueros, los productos industriales y determinados productos agrícolas transformados, la gestión de los contingentes arancelarios se lleva a cabo con arreglo al Reglamento (CE) n.o 32/2000.
Las cantidades de los contingentes arancelarios en cuestión figuran en el anexo I de dicho Reglamento y, por tanto, dicho anexo debe ser sustituido por las cantidades que figuran en el anexo, parte B, del presente Reglamento.
Cuatro contingentes arancelarios correspondientes a productos pesqueros no se gestionan con arreglo al Reglamento (CE) n.o 32/2000 sino con arreglo al Reglamento (CE) n.o 847/2006 de la Comisión, por el que se ejecuta la Decisión 2006/324/CE del Consejo.
Deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adaptar las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 847/2006 con respecto a esos cuatro contingentes arancelarios correspondientes a productos pesqueros, en consonancia con las cantidades repartidas que se determinan en el presente Reglamento.
Habida cuenta de que las negociaciones con los miembros de la OMC afectados han tenido lugar en paralelo al procedimiento legislativo ordinario para la adopción del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE para modificar las partes A y C del anexo del presente Reglamento en lo que respecta a las cantidades de los contingentes arancelarios repartidos enumerados en dichos anexos, a fin de tomar en consideración todo acuerdo celebrado o toda información pertinente que pueda recibir la Comisión en el contexto de esas negociaciones, que indique que factores externos no conocidos anteriormente exigen un ajuste del reparto de los contingentes arancelarios entre la Unión y el Reino Unido, al tiempo que se garantiza la coherencia con la metodología común acordada conjuntamente con el Reino Unido.
Deben delegarse en la Comisión los mismos poderes para adoptar actos cuando tal información pertinente se obtenga de otras fuentes que tengan interés en un contingente arancelario específico.
Además, debe modificarse el Reglamento (CE) n.o 32/2000 con objeto de delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE para modificar el anexo I de dicho Reglamento.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad y a la luz de la retirada del Reino Unido de la Unión, es necesario y conveniente establecer normas de reparto de los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la OMC para la Unión.
El presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del TUE.
De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 del Consejo, la terminación de la aplicación de los actos fijada en una fecha determinada tendrá lugar al final de la última hora del día correspondiente a dicha fecha.
Por tanto, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que el Reglamento (CE) n.o 32/2000 deje de ser aplicable al Reino Unido, puesto que a partir de ese día tanto la Unión como el Reino Unido necesitan conocer sus respectivas obligaciones en el marco de la OMC.
No obstante, las disposiciones del presente Reglamento por las que se establecen la delegación de poderes y la atribución de competencias de ejecución deben aplicarse a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
Habida cuenta de los requisitos formales del procedimiento legislativo ordinario y de la necesidad de adoptar a continuación actos de ejecución con miras a la aplicación del presente Reglamento, por una parte, y de la necesidad de que los contingentes arancelarios estén repartidos y preparados para su aplicación en el momento en que la lista de concesiones y compromisos de la Unión deje de ser aplicable al Reino Unido, lo que podría suceder ya el 30 de marzo de 2019, por otra parte, es esencial que el presente Reglamento entre en vigor cuanto antes.
El Reglamento (CE) n.o 91/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo ha sido modificado en varias ocasiones de forma sustancial.
Con motivo de nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicho Reglamento.
Los ferrocarriles constituyen una parte importante de las redes de transporte de la Unión.
Las estadísticas sobre el transporte de mercancías y de pasajeros por ferrocarril son necesarias para que la Comisión pueda supervisar y elaborar la política común de transportes, así como el capítulo de transportes de las políticas relativas a las regiones y a las redes transeuropeas.
Las estadísticas sobre seguridad ferroviaria también son necesarias para que la Comisión prepare y supervise la acción de la Unión en el ámbito de la seguridad del transporte.
La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea recoge datos sobre accidentes con arreglo al anexo I de la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a los indicadores comunes de seguridad y a los métodos comunes de cálculo de los costes de los accidentes.
Las estadísticas a escala de la Unión sobre el transporte ferroviario también son necesarias para llevar a cabo la misión de seguimiento prevista en el artículo 15 de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Las estadísticas a escala de la Unión sobre todos los modos de transporte deben recogerse con arreglo a conceptos y normas comunes, con el fin de lograr la comparabilidad más completa posible entre los modos de transporte.
Es importante evitar la duplicación del trabajo y optimizar el uso de la información existente que puede utilizarse con fines estadísticos.
Para ello, y con el fin de proporcionar a los ciudadanos de la Unión y a otras partes interesadas información útil y de fácil acceso sobre la seguridad del transporte ferroviario y la interoperabilidad del sistema ferroviario, incluida la infraestructura ferroviaria, se deben establecer acuerdos de cooperación adecuados sobre actividades estadísticas entre los servicios de la Comisión y las entidades competentes, también a escala internacional.
Al elaborar estadísticas europeas, se debe buscar un equilibrio entre las necesidades de los usuarios y la carga para los encuestados.
En su informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) n.o 91/2003, la Comisión señaló que la evolución a largo plazo probablemente entrañe la supresión o la simplificación de los datos ya recogidos con arreglo a dicho Reglamento, y que se pretende reducir el plazo de transmisión de los datos anuales sobre los pasajeros de ferrocarril.
La Comisión debe seguir presentando informes periódicos sobre la aplicación del presente Reglamento.
La coexistencia entre compañías ferroviarias de propiedad pública y privada en un mercado de transporte ferroviario comercial hace necesario especificar explícitamente la información estadística que deben suministrar todas las compañías ferroviarias y que debe difundir Eurostat.
Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de normas estadísticas comunes que permitan obtener datos armonizados y que deben ser aplicadas en cada Estado Miembro bajo la autoridad de los organismos e instituciones encargados de la elaboración de estadísticas oficiales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
El Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, proporciona un marco de referencia para las disposiciones establecidas por el presente Reglamento.
A fin de reflejar la evolución en los Estados miembros, manteniendo al mismo tiempo una recogida armonizada de datos ferroviarios en toda la Unión, y de mantener la alta calidad de los datos transmitidos por los Estados miembros, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la modificación del presente Reglamento a los efectos de adaptar las definiciones técnicas e incorporar nuevas definiciones técnicas.
La Comisión debe velar por que estos actos delegados no conlleven una carga adicional significativa para los Estados miembros o los encuestados.
A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la especificación de la información que debe facilitarse para los informes sobre la calidad y la comparabilidad de los resultados y sobre las disposiciones para la difusión de esos resultados por parte de la Comisión (Eurostat).
Se ha consultado al Comité del Sistema Estadístico Europeo.
Lista de las sustancias a que se refiere el artículo 1, punto 1, letra b)
P-metiltioanfetamina o 4-metiltioanfetamina, mencionada en la Decisión 1999/615/JAI del Consejo [1].
Parametoximetilanfetamina o N-metil-1-(4-metoxifenil)-2-aminopropano, mencionada en la Decisión 2002/188/JAI del Consejo [2].
2,5-dimetoxi-4-yodofenetilamina, 2,5-dimetoxi-4-etiltiofenetilamina, 2,5-dimetoxi-4-(n)-propiltiofenetilamina y la 2,4,5-trimetoxianfetamina, mencionadas en la Decisión 2003/847/JAI del Consejo [3].
encilpiperazina o 1-bencilo-1,4-diazaciclohexano o N-benzilpiperacina o benzilpiperacina, mencionadas en la Decisión 2008/206/JAI del Consejo [4].
etilmetcatinona, mencionada en la Decisión 2010/759/UE del Consejo [5].
etil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amina (4,4′-DMAR) y el 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil) piperazina (MT-45), mencionadas en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1873 del Consejo [6].
etilanfetamina, mencionada en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1874 del Consejo [7].
odo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibencil)fenetilamina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamida (AH-7921), 3,4-metilendioxipirovalerona (MDPV) y 2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanona (metoxetamina), mencionadas en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1875 del Consejo [8].
5-(2-aminopropil)indol, mencionada en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1876 del Consejo [9].
enil-2-(pirrolidin-1-il)-pentan-1-ona (α-pirrolidinovalerofenona, α-PVP), mencionada en la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1070 del Consejo [10].
2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoato de metilo (MDMB-CHMICA), mencionada en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/369 del Consejo [11].
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamida (acriloilfentanilo), mencionada en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/1774 [12].
Decisión 1999/615/JAI del Consejo, de 13 de septiembre de 1999, por la que se define la 4-MTA como una nueva droga sintética que debe estar sujeta a las medidas necesarias de control y sanciones penales (DO L 244 de 16.9.1999, p. 1).
Decisión 2002/188/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre las medidas de control y las sanciones penales relativas a la PPMA, nueva droga de síntesis (DO L 63 de 6.3.2002, p. 14).
Decisión 2003/847/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, sobre las medidas de control y las sanciones penales con respecto a las nuevas drogas sintéticas 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 y TMA-2 (DO L 321 de 6.12.2003, p. 64).
Decisión 2008/206/JAI del Consejo, de 3 de marzo de 2008, por la que se define la 1-benzilpiperacina (BZP) como una nueva sustancia psicotrópica que debe estar sujeta a medidas de control y sanciones penales (DO L 63 de 7.3.2008, p. 45).
Decisión 2010/759/UE del Consejo, de 2 de diciembre de 2010, por la que se somete la 4-metilmetcatinona (mefedrona) a medidas de control (DO L 322 de 8.12.2010, p. 44).
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1873 del Consejo, de 8 de octubre de 2015, por la que se somete el 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amina (4,4′-DMAR) y el 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil) piperazina (MT-45) a medidas de control (DO L 275 de 20.10.2015, p. 32).
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1874 del Consejo, de 8 de octubre de 2015, por la que se somete la 4-metilanfetamina a medidas de control (DO L 275 de 20.10.2015, p. 35).
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1875 del Consejo, de 8 de octubre de 2015, por la que se someten a medidas de control las sustancias 4-yodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibencil)fenetilamina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[[1 (dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamida (AH-7921), 3,4-metilendioxipirovalerona (MDPV) y 2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanona (metoxetamina) (DO L 275 de 20.10.2015, p. 38).
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1070 del Consejo, de 27 de junio de 2016, por la que se somete a medidas de control a la sustancia 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)-pentan-1-ona (α-pirrolidinovalerofenona, α-PVP) (DO L 178 de 2.7.2016, p. 18).
Decisión de Ejecución (UE) 2017/369 del Consejo, de 27 de febrero de 2017, por la que se somete a medidas de control a 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoato de metilo (MDMB-CHMICA) (DO L 56 de 3.3.2017, p. 210).
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1774 del Consejo, de 25 de septiembre de 2017, por la que se somete al N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrylamida (acriloilfentanilo) a medidas de control (DO L 251 de 29.9.2017, p. 21).
Las Directivas 86/278/CEE y 87/217/CEE del Consejo se basan en los artículos 100 y 235 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, actualmente artículos 115 y 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Las modificaciones que la presente Decisión introduce en dichas Directivas atañen a la política de la Unión en materia de medio ambiente y son consecuencia directa de la derogación de la Directiva 91/692/CEE del Consejo sobre la base del artículo 192, apartado 1, del TFUE.
Por tanto, procede basar dichas modificaciones en el artículo 192, apartado 1, del TFUE.
La Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo se basa en el artículo 100 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actual artículo 114 del TFUE.
La Directiva 91/692/CEE se adoptó para racionalizar y mejorar, a nivel sectorial, las disposiciones sobre la transmisión de información y la publicación de informes relativos a determinadas directivas sobre protección del medio ambiente.
Para alcanzar ese objetivo, la Directiva 91/692/CEE modificó varias directivas mediante la introducción de requisitos de información uniformes.
La aplicación de los requisitos de información introducidos por la Directiva 91/692/CEE se ha vuelto pesada e ineficaz.
Además, muchos de los actos de la Unión modificados por la Directiva 91/692/CEE han sido sustituidos y ya no contienen las obligaciones de información introducidas por dicha Directiva.
Por ejemplo, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo derogó siete actos de la Unión en el ámbito de la política de aguas y no incorporó el sistema de información introducido por la Directiva 91/692/CEE.
Por otra parte, la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo no contiene ninguna referencia a la Directiva 91/692/CEE y, en cambio, establece un régimen de información independiente.
La Directiva 91/692/CEE no establece el uso de herramientas electrónicas.
Con el desarrollo satisfactorio del Reportnet de la Agencia Europea del Medio Ambiente y las iniciativas sectoriales sobre la racionalización de la presentación de informes, tales como el Sistema de Información sobre el Agua para Europa, se ha ido cuestionando progresivamente la necesidad y eficacia de un instrumento horizontal sobre presentación de informes.
Por último, la adopción de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el desarrollo conexo del Sistema Compartido de Información Medioambiental introdujeron un enfoque horizontal más moderno y eficaz para la gestión y presentación de la información relativa a la política de la Unión en materia de medio ambiente.
En consecuencia, procede derogar la Directiva 91/692/CEE.
La mayoría de las Directivas modificadas por la Directiva 91/692/CEE ya no están en vigor.
No obstante, siguen vigentes las Directivas 86/278/CEE y 87/217/CEE.
La Directiva 86/278/CEE exige a los Estados miembros que presenten un informe sobre la aplicación de dicha Directiva, basándose en un cuestionario o esquema elaborado por la Comisión con arreglo al procedimiento establecido en la Directiva 91/692/CEE.
Con el fin de evitar un vacío legal como consecuencia de la derogación de la Directiva 91/692/CEE, es necesario sustituir la referencia a la Directiva 91/692/CEE por la referencia al procedimiento recogido en la Directiva 86/278/CEE.
La presentación de informes por parte de los Estados miembros en virtud de la Directiva 87/217/CEE ya no es necesaria a raíz de la adopción del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el que se establece la eliminación paulatina de la producción y utilización de amianto y de productos que contengan amianto en la Unión.
Por tanto, procede suprimir esas obligaciones de información establecidas en dicha Directiva.
Tras la entrada en vigor de la Directiva 91/692/CEE, incluían una referencia a ella los siguientes Reglamentos y Directivas: Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva 94/63/CE, Directiva 1999/31/CE del Consejo, Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y Reglamento (UE) n.o 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
En el marco del plan de acción de la UE para la economía circular, la Comisión propuso modificar las Directivas 94/62/CE, 1999/31/CE, 2000/53/CE y 2008/98/CE a fin de sustituir la referencia a la Directiva 91/692/CEE.
A fin de garantizar que determinadas disposiciones de los anexos de la Directiva 86/278/CEE estén actualizadas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la adaptación de dichas disposiciones al progreso científico y técnico.
La adaptación de los anexos de la Directiva 2009/31/CE no debe dar lugar a una reducción del nivel de seguridad o a un debilitamiento de los principios de seguimiento previstos por los criterios contenidos en dichos anexos.
De conformidad con el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión ha de tener en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana.
Además, como establece el artículo 11 del TFUE, las exigencias de la protección del medio ambiente deben integrarse en las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible.
Los artículos 120 y 121 del TFUE disponen que los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas económicas con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Unión, en el marco de las orientaciones generales elaboradas por el Consejo.
La coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros es por consiguiente una cuestión de interés común.
Varios Estados miembros han aplicado y siguen aplicando procesos de ajuste para corregir los desequilibrios macroeconómicos acumulados en el pasado y muchos afrontan el reto de un bajo potencial de crecimiento.
La aplicación de reformas estructurales forma parte de las prioridades políticas de la Unión a fin de que la recuperación sea sostenible, de aprovechar el potencial de crecimiento para reforzar la capacidad de adaptación y de apoyar el proceso de convergencia.
Las reformas son, por naturaleza, procesos complejos que requieren una cadena completa de competencias y conocimientos altamente especializados, así como una visión a largo plazo.
Proceder a reformas estructurales en una gran variedad de ámbitos de la política pública es todo un reto ya que, a menudo, su impacto tarda en materializarse.
Por consiguiente, diseñarlas y aplicarlas en tiempo oportuno es crucial, tanto para las economías en crisis como para las estructuralmente débiles.
En este contexto, el apoyo de la Unión en forma de asistencia técnica ha sido importante para contribuir al ajuste económico de Grecia y de Chipre en estos últimos años.
La apropiación de las reformas estructurales sobre el terreno es fundamental para que su aplicación tenga éxito.
Los Estados miembros pueden recibir ayuda para hacer frente a las dificultades de concepción y aplicación de reformas estructurales favorables al crecimiento, en consonancia con los objetivos económicos y sociales de la Unión.
Esas dificultades pueden depender de varios factores, como una limitada capacidad administrativa e institucional y una inadecuada aplicación y ejecución del Derecho de la Unión.
La Unión tiene una experiencia considerable en prestar apoyo específico a las administraciones nacionales y demás autoridades de los Estados miembros por lo que se refiere a la creación de capacidades y acciones similares en algunos sectores (fiscalidad, aduanas y apoyo a las pequeñas y medianas empresas) y a la aplicación de la política de cohesión.
La experiencia adquirida por la Unión en la asistencia a las autoridades nacionales para que lleven a cabo las reformas debe utilizarse para aumentar la capacidad de la Unión de prestar ayuda a los Estados miembros.
En efecto, se necesita una acción global e integrada para apoyar a los Estados miembros que están emprendiendo reformas impulsoras del crecimiento y piden asistencia a la Unión a este respecto.
El Informe Especial n.o 19/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Debe concederse más atención a los resultados para mejorar la asistencia técnica a Grecia» incluye recomendaciones útiles sobre la forma en que la Comisión puede facilitar asistencia técnica a los Estados miembros.
Esas recomendaciones deben tenerse en cuenta a la hora de prestar apoyo en virtud del presente Reglamento.
Habida cuenta de esas circunstancias, procede crear un programa de apoyo a las reformas estructurales (en lo sucesivo, «programa») con el objetivo de reforzar la capacidad de los Estados miembros para preparar y ejecutar reformas estructurales y administrativas que propicien el crecimiento, incluso mediante asistencia en el uso eficiente y efectivo de los fondos de la Unión.
El programa aspira a contribuir a alcanzar objetivos comunes de apoyo a la recuperación económica, la cohesión y la creación de empleo, de impulso a la competitividad y la productividad de Europa y de estímulo de la inversión en la economía real.
Ello también permitiría dar una mejor respuesta a los retos económicos y sociales de alcanzar un elevado nivel de bienestar social, así como unos servicios sanitarios y educativos de calidad, y de combatir la pobreza y la exclusión social.
En el marco del programa, la Comisión, a petición de un Estado miembro, debe prestar ayuda en ámbitos relacionados con la cohesión, la competitividad, la productividad, la innovación, el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, el empleo y la inversión, como son los de presupuesto y fiscalidad, servicio público, reformas institucionales y administrativas, sistemas judiciales, lucha contra el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, entorno empresarial, desarrollo del sector privado, competencia, contratación pública, participación pública en empresas, procesos de privatización, acceso a la financiación, políticas del sector financiero, comercio, desarrollo sostenible, educación y formación, políticas del mercado de trabajo, salud pública, política de asilo y migratoria, agricultura, desarrollo rural y pesca.
Los Estados miembros deben tener la posibilidad de solicitar la ayuda de la Comisión en virtud del programa por lo que respecta a la aplicación de reformas en el contexto de procesos de gobernanza económica, en especial de las recomendaciones específicas por país formuladas con ocasión del Semestre Europeo, a acciones relativas a la aplicación del Derecho de la Unión, así como a la aplicación de los programas de ajuste económico.
También deben tener la posibilidad de solicitar ayuda en relación con reformas emprendidas por iniciativa propia y encaminadas a la cohesión, la inversión, el crecimiento sostenible, la creación de empleo y la competitividad.
La Comisión podría dar orientaciones sobre los principales elementos de la solicitud de ayuda.
Tras un diálogo con el Estado miembro solicitante, también en el contexto del Semestre Europeo, la Comisión debe analizar la solicitud, teniendo en cuenta los principios de transparencia, igualdad de trato y buena gestión financiera, y determinar el apoyo que ha de proporcionarse en función de la urgencia, la amplitud y la profundidad de los problemas identificados, de la necesidad de ayuda en los ámbitos de actuación contemplados, del análisis de los indicadores socioeconómicos, y de la capacidad administrativa general del Estado miembro.
Sobre la base de ese análisis y habida cuenta de las acciones y actividades existentes financiadas por fondos de la Unión u otros programas de la Unión, la Comisión debe llegar a un acuerdo con el Estado miembro de que se trate sobre los ámbitos prioritarios, los objetivos, un calendario indicativo, el alcance de las medidas de apoyo que hayan de prestarse y una estimación de la contribución financiera global a tal efecto, todo lo cual se ha de fijar en un plan de cooperación y apoyo.
Con fines, entre otros, de transparencia, la Comisión debe presentar, en las condiciones contempladas en el presente Reglamento, los planes de cooperación y apoyo al Parlamento Europeo y al Consejo.
Tanto los fondos de capital riesgo admisibles gestionados internamente como los gestores externos de fondos de capital riesgo admisibles dispondrán de un capital inicial de 50000 EUR.»;
Los fondos propios representarán siempre, como mínimo, una octava parte de los gastos fijos generales contraídos por el gestor el año anterior.
La autoridad competente del Estado miembro de origen podrá ajustar ese requisito en caso de que un cambio sustancial se haya producido en los negocios del gestor desde el año anterior.
Cuando el gestor de un fondo de capital riesgo admisible no haya completado un año de actividad, este requisito ascenderá a una octava parte de los gastos fijos generales previstos en su plan de negocio, a menos que la autoridad competente del Estado miembro de origen exija modificar ese plan.
Cuando el valor de los fondos de capital riesgo admisibles gestionados por el gestor supere los 250000000 EUR, el gestor proporcionará una cantidad adicional de fondos propios.
Esa cantidad adicional equivaldrá al 0,02 % del importe en que el valor total de los fondos de capital riesgo admisibles exceda de 250000000 EUR.
La autoridad competente del Estado miembro de origen podrá autorizar al gestor de los fondos de capital riesgo admisibles a no aportar hasta un 50 % de la cantidad adicional de fondos propios a que se refiere el apartado 4, cuando dicho gestor goce de una garantía por el mismo importe concedida por una entidad de crédito o una empresa de seguros que tenga su domicilio social en un Estado miembro, o bien en un tercer país en el que esté sometida a normas prudenciales que, a juicio de la autoridad competente del Estado miembro de origen, se consideren equivalentes a las establecidas por el Derecho de la Unión.
Los fondos propios se invertirán en activos líquidos o activos fácilmente convertibles en efectivo a corto plazo y no incluirán posiciones especulativas.».
En el artículo 12, se añade el apartado siguiente:
La autoridad competente del Estado miembro de origen pondrá a disposición de la autoridad competente de cada uno de los fondos de capital riesgo admisibles de que se trate, de la autoridad competente de cada uno de los Estados miembros de acogida de que se trate y de la AEVM toda la información recabada en virtud del presente artículo, en tiempo útil y mediante el procedimiento a que se refiere el artículo 22.».
En el artículo 13, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
importe de los fondos propios de que dispone dicho gestor para mantener los recursos humanos y técnicos adecuados necesarios para la correcta gestión de sus fondos de capital riesgo admisibles;».
en el apartado 1, se suprime la letra e);
La autoridad competente del Estado miembro de origen informará al gestor que se menciona en el apartado 1 de si ha sido registrado como gestor de un fondo de capital riesgo admisible en un plazo máximo de dos meses desde que haya facilitado toda la información mencionada en dicho apartado.
Un registro conforme al presente artículo se considerará que constituye un registro a efectos del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2011/61/UE por lo que respecta a la gestión de los fondos de capital riesgo admisibles.
El gestor de fondos de capital riesgo admisibles a que se refiere el presente artículo notificará a la autoridad competente del Estado miembro de origen cualquier modificación sustancial de las condiciones de su registro inicial de conformidad con el presente artículo antes de que dichas modificaciones se hagan efectivas.
Si la autoridad competente del Estado miembro de origen decide imponer restricciones o rechazar las modificaciones a que se refiere el párrafo primero, informará de ello al gestor del fondo de capital riesgo admisible en el plazo de un mes tras la recepción de la notificación de dichas modificaciones.
La autoridad competente podrá prorrogar ese plazo hasta un mes más si lo considera necesario debido a las circunstancias específicas del caso, después de haber notificado al gestor del fondo de capital riesgo admisible.
Las modificaciones podrán aplicarse si la autoridad competente de que se trate no se opone a ellas dentro del plazo de evaluación pertinente.
A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente artículo, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para especificar con más detalle la información que se deberá facilitar a las autoridades competentes durante la solicitud de registro tal y como se establece en el apartado 1 y para especificar con más detalle las condiciones que se establecen en el apartado 2.
Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento adoptando las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.
A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente artículo, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución sobre los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para facilitar información a las autoridades competentes durante la solicitud de registro mencionada en el apartado 1 y sobre las condiciones a que se refiere el apartado 2.
Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.
La AEVM organizará y llevará a cabo evaluaciones inter pares de conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 con el fin de mejorar la coherencia de los procedimientos de registro aplicados por las autoridades competentes de conformidad con el presente Reglamento.».
Se insertan los artículos siguientes:
La Unión contribuye a garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y a situar a los consumidores en el centro del mercado interior respaldando y complementando las políticas de los Estados miembros velando por asegurar que los ciudadanos puedan aprovechar al máximo los beneficios del mercado interior y que, al hacerlo, vean adecuadamente abordados y defendidos sus intereses jurídicos y económicos.
Un sector de servicios financieros solvente y que funcione adecuadamente es un componente clave del mercado interior y de sus capacidades transfronterizas.
Requiere un marco de reglamentación y de supervisión sólido, que garantice al mismo tiempo la estabilidad financiera y apoye la sostenibilidad de la economía.
Al mismo tiempo, un sector de servicios financieros solvente y que funcione adecuadamente debe ofrecer un elevado nivel de protección a los consumidores y a otros usuarios finales de servicios financieros, incluidos los inversores minoristas, los ahorradores, los tomadores de seguros, los miembros y beneficiarios de fondos de pensiones, los accionistas individuales, los prestatarios y las pymes.
Desde 2007, la confianza de los usuarios finales de servicios financieros, en particular de los consumidores, se ha visto sacudida por la crisis económica y financiera.
Por lo tanto, para recuperar su confianza en la solvencia del sector financiero y contribuir a sus mejores prácticas, es importante incrementar el grado de participación e implicación activa de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros, incluidos los inversores minoristas, los ahorradores, los tomadores de seguros, los miembros y beneficiarios de fondos de pensiones, los accionistas individuales, los prestatarios y las pymes, así como de las partes interesadas que representan sus intereses, en la formulación de políticas en la Unión y en otras políticas multilaterales pertinentes en el ámbito del sector financiero.
Con el fin de lograr dichos objetivos, a raíz de una iniciativa pluripartidista del Parlamento Europeo, a finales de 2011 la Comisión puso en marcha un proyecto piloto cuya finalidad era conceder subvenciones para respaldar el desarrollo de un centro de especialización financiera en beneficio de los consumidores, de otros usuarios finales y de las partes interesadas que representan sus intereses, para mejorar la capacidad de esos agentes para participar en la formulación de políticas en el ámbito de los servicios financieros a escala de la Unión y para favorecer el desarrollo de un sistema bancario resiliente.
Los principales objetivos estratégicos eran garantizar que los responsables de la formulación de políticas a escala de la Unión, a la hora de iniciar la elaboración de nuevo Derecho de la Unión, pudieran conocer puntos de vista diferentes de los expresados por los profesionales del sector financiero, para garantizar que los intereses de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros se vieran reflejados en el nuevo Derecho de la Unión, para garantizar que la ciudadanía estuviera mejor informada acerca de las cuestiones que se plantean en la regulación financiera, conduciendo así a un refuerzo de la cultura financiera, y para garantizar que se mejorase la participación activa de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros, con objeto de lograr un Derecho de la Unión equilibrado.
Por consiguiente, entre 2012 y 2015 la Comisión adjudicó, a través de una convocatoria de propuestas abierta, subvenciones de funcionamiento a dos entidades sin ánimo de lucro, Finance Watch y Better Finance.
Dichas subvenciones se adjudicaron en 2012 y 2013 en el marco de un proyecto piloto de dos años de duración y, desde 2014, en forma de una acción preparatoria.
Además, en 2016 se decidió proporcionarles subvenciones para la ejecución de acciones en lugar de subvenciones de funcionamiento, ya que esta modalidad garantiza un mayor control del gasto del presupuesto de la Unión.
Dado que el período máximo de ejecución de una acción preparatoria es de hasta tres años consecutivos con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [3], es necesario adoptar un acto legislativo con el fin de establecer una base jurídica que permita financiar tales acciones a partir de 2017.
Finance Watch se constituyó con subvenciones de la Unión en 2011 como asociación internacional sin ánimo de lucro al amparo de la legislación belga.
Su misión es defender los intereses de la sociedad civil en el sector financiero.
Como resultado de las subvenciones de la Unión, Finance Watch pudo establecer en un breve período un equipo de expertos cualificados, capaces de realizar estudios, análisis de políticas y actividades de comunicación en el ámbito de los servicios financieros.
Better Finance es el resultado de sucesivas reorganizaciones y cambios de nombre de varias federaciones de inversores y partes interesadas previamente existentes en Europa desde 2009.
Gracias a las subvenciones de la Unión, la organización conformó un centro de especialización financiera centrado fundamentalmente en los intereses de los consumidores, los inversores detallistas, los accionistas individuales, los ahorradores y otros usuarios finales de servicios financieros, una orientación coherente con su composición y sus recursos.
La evaluación llevada a cabo en 2015 del proyecto piloto y de la acción preparatoria posterior llegó a la conclusión de que, en general, se habían alcanzado los objetivos estratégicos.
Finance Watch y Better Finance han trabajado en esferas de política complementarias y dirigido su labor a audiencias diferentes.
Conjuntamente, sus actividades han abarcado desde 2012 la mayoría de los temas incluidos en el programa político de la Unión en el ámbito financiero y, en la medida en que sus recursos lo han permitido, Finance Watch y Better Finance han hecho esfuerzos por expandir sus actividades a fin de garantizar una cobertura geográfica amplia en la Unión.
Ambas organizaciones han aportado valor añadido a la suma de las actividades de sus miembros nacionales y a los consumidores de la Unión.
Las organizaciones nacionales responsables de atender un amplio abanico de problemas de los consumidores a menudo carecen de conocimientos técnicos especializados en los ámbitos de política relacionados específicamente con los servicios financieros y con los procesos de formulación de políticas de la Unión vinculados a estos.
Además, hasta ahora no se han identificado organizaciones similares a escala de la Unión.
Aunque la evaluación del proyecto piloto mostró que ningún otro solicitante había respondido a las sucesivas convocatorias anuales de propuestas publicadas desde 2012, tras el período 2017-2020 el programa previsto en el presente Reglamento, debe estar abierto a otros posibles beneficiarios que satisfagan sus requisitos.
Pese a sus esfuerzos constantes, ni Finance Watch ni Better Finance, han conseguido atraer financiación estable y significativa de otros donantes independientes del sector financiero, por lo que ambas continúan presentando una elevada dependencia con respecto a los fondos de la Unión para ser viables desde el punto de vista financiero.
Así pues, la cofinanciación de la Unión es necesaria actualmente a fin de garantizar los recursos necesarios para lograr los objetivos estratégicos deseados en los próximos años, dotando así de estabilidad financiera a dichas organizaciones y a sus expertos y personal administrativo que, hasta el momento, han conseguido poner en marcha sus importantes actividades en un breve período de tiempo.
Es por ello necesario crear un programa de la Unión para el período 2017-2020 que permita apoyar las actividades de Finance Watch y Better Finance (en lo sucesivo, «Programa»), que complementará políticas similares aplicadas por los Estados miembros a nivel nacional.
La estabilidad financiera reviste una importancia fundamental para que ambas organizaciones puedan conservar sus conocimientos especializados y planificar sus proyectos.
Las organizaciones que se beneficien de la ayuda del Programa deben tender, no obstante, a incrementar la proporción de fondos que aportan otras fuentes.
Proseguir la financiación de Finance Watch y Better Finance durante el período 2017-2020 en condiciones similares a las de la acción preparatoria garantizaría el mantenimiento de la repercusión positiva que hasta ahora han alcanzado sus actividades, de acuerdo con la evaluación realizada.
El objetivo del presente Reglamento es permitir que se renueve el compromiso del remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 del Consejo prevista en el Reglamento (UE) n.o 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo o la asignación de dichos importes a otras acciones en el marco de los programas nacionales, en consonancia con las prioridades de la Unión y en función de las necesidades de los Estados miembros en ámbitos específicos del asilo y la migración.
Otro de sus objetivos es el de garantizar que esa renovación del compromiso o esa asignación tengan lugar de manera transparente.
La Comisión comprometió fondos destinados a los programas nacionales de los Estados miembros con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración para sustentar la aplicación de las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601.
La Decisión (UE) 2015/1601 fue modificada por la Decisión (UE) 2016/1754 del Consejo.
Estas Decisiones han dejado, entre tanto, de aplicarse.
Parte de los fondos asignados en 2016, y en algunos casos en 2017, en virtud de las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 sigue disponible en los programas nacionales de los Estados miembros.
A fin de seguir aplicando la política de reubicación, los Estados miembros deben tener la posibilidad de utilizar el remanente de los importes renovando sus compromisos destinados a la misma acción en el marco de los programas nacionales.
Los Estados miembros deben volver a comprometer o transferir al menos el 20 % de esos importes a acciones en programas nacionales destinadas al traslado de solicitantes de protección internacional o de beneficiarios de protección internacional y al reasentamiento u otras formas de admisión humanitaria ad hoc, así como a las medidas preparatorias para el traslado de solicitantes de protección internacional tras su llegada a la Unión, también por mar, o para el traslado de beneficiarios de protección internacional.
Dichas medidas deben comprender únicamente las contempladas en el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, letras a), b), e) y f), del Reglamento (UE) n.o 516/2014.
Si se justifica debidamente en la revisión de los programas nacionales de los Estados miembros, estos deben tener la posibilidad de utilizar hasta el 80 % de dichos importes para hacer frente a otros retos en los ámbitos del asilo y la migración, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 516/2014.
Las necesidades de los Estados miembros en esos ámbitos siguen siendo significativas.
La renovación de los compromisos del remanente de los importes para la misma acción, o su transferencia a otras acciones contempladas en el programa nacional debe ser posible una sola vez y previa aprobación de la Comisión.
Los Estados miembros deben velar por que en la asignación de fondos se respeten plenamente los principios establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, en particular los principios de eficiencia y transparencia.
El grupo de destinatarios que pueden optar al traslado, así como el número de Estados miembros desde los que se realizan los traslados, deben ampliarse con el fin de dar a los Estados miembros una mayor flexibilidad en sus operaciones de traslado, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los menores no acompañados u otros solicitantes vulnerables y la situación particular de los familiares de los beneficiarios de protección internacional.
Las disposiciones específicas relativas a las cantidades a tanto alzado para reasentamiento y traslado de beneficiarios de protección internacional de un Estado miembro a otro deben reflejar esta ampliación.
Los Estados miembros y la Comisión deben disponer del tiempo suficiente para revisar sus programas nacionales con arreglo a las modificaciones correspondientes que establece el presente Reglamento.
Procede por lo tanto establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 50, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo a los remanentes de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601, prorrogando el plazo para la liberación por un período de seis meses a fin de concluir el procedimiento de revisión de los programas nacionales a que se refiere el artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 514/2014.
Los Estados miembros deben también disponer del tiempo suficiente para utilizar los importes cuyo compromiso se haya renovado para la misma acción o que se hayan transferido a otras acciones antes de que se produzca la liberación de dichos importes.
Por lo tanto, cuando esas renovaciones de los compromisos o esas transferencias de los importes con arreglo al programa nacional sean aprobadas por la Comisión, los importes deberán considerarse comprometidos en el año de la revisión del programa nacional que apruebe la renovación de compromisos o la transferencia de que se trate.
La Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo con periodicidad anual sobre la aplicación de los recursos destinados a los traslados de solicitantes de protección internacional y beneficiarios de protección internacional, en particular en lo que respecta a las transferencias de importes a otras acciones en el marco del programa nacional según se establece en el presente Reglamento.
El presente Reglamento no afecta a los fondos disponibles en virtud del artículo 17 del Reglamento (UE) n.o 516/2014.
Los objetivos del presente Reglamento se persiguen sin perjuicio de las negociaciones en curso sobre la reforma del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
De conformidad con los artículos 3 y 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado mediante carta de 7 de diciembre de 2018 su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.
Ante la necesidad de evitar la liberación del remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Si el Reglamento (UE) n.o 516/2014 no se modifica antes de que concluya 2018, los fondos correspondientes dejarán de estar disponibles para su uso por los Estados miembros en el marco de los programas nacionales que reciben apoyo del Fondo de Asilo, Migración e Integración.
Teniendo en cuenta la urgencia de modificar el Reglamento (UE) n.o 516/2014, conviene establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al TFUE y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
Cuando el Observatorio, la Comisión o la mayoría de los Estados miembros considere que la información intercambiada sobre una nueva sustancia psicotrópica y recabada con arreglo al artículo 5 bis en uno o más Estados miembros suscita preocupación por los riesgos sociales o para la salud que pueda conllevar la nueva sustancia psicotrópica a escala de la Unión, el Observatorio deberá redactar un informe inicial sobre la nueva sustancia psicotrópica.
A los efectos del presente apartado, cada Estado miembro informará a la Comisión y a los demás Estados miembros de su deseo de que se elabore un informe inicial.
Cuando se alcance una mayoría de Estados miembros, la Comisión transmitirá las instrucciones pertinentes al Observatorio e informará a los Estados miembros en consecuencia.
El informe inicial contendrá una primera indicación de:
la naturaleza y magnitud de los incidentes que revelan problemas sociales y para la salud con los que pudiera estar relacionada la nueva sustancia psicotrópica, incluidos el número de incidentes y las pautas de uso de la nueva sustancia psicotrópica;
la descripción química y física de la nueva sustancia psicotrópica y los métodos y los precursores químicos utilizados para su producción o extracción;
la descripción farmacológica y toxicológica de la nueva sustancia psicotrópica;
la implicación de grupos delictivos en la producción o distribución de la nueva sustancia psicotrópica.
El informe inicial contendrá también:
información sobre el uso humano y veterinario de la nueva sustancia psicotrópica, entre otros, como principio activo de un medicamento de uso humano o de un medicamento veterinario;
información sobre los usos comerciales e industriales de la nueva sustancia psicotrópica, el alcance de dicho uso y su empleo en la investigación y el desarrollo científicos;
información sobre si la nueva sustancia psicotrópica está sujeta a medidas restrictivas en los Estados miembros;
información sobre si la nueva sustancia psicotrópica es actualmente o ha sido objeto de evaluación con arreglo al sistema establecido por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 (sistema de las Naciones Unidas);
cualquier otra información pertinente de que se disponga.
A efectos del informe inicial, el Observatorio utilizará la información de la que disponga.
Cuando el Observatorio lo considere necesario, solicitará a los centros nacionales de coordinación mencionados en el artículo 5 que faciliten información adicional sobre la nueva sustancia psicotrópica.
Los centros nacionales de coordinación deberán facilitar dicha información en las dos semanas siguientes a la recepción de la solicitud.
El Observatorio solicitará, sin dilaciones indebidas, a la Agencia Europea de Medicamentos que le informe de si, a escala de la Unión o nacional, la nueva sustancia psicotrópica es un principio activo de:
un medicamento de uso humano o de un medicamento veterinario que ha obtenido una autorización de comercialización de conformidad con la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo o el Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo;
de un medicamento de uso humano o de un medicamento veterinario que es objeto de una solicitud de autorización de comercialización;
de un medicamento de uso humano o de un medicamento veterinario cuya autorización de comercialización ha sido suspendida por la autoridad competente;
un medicamento de uso humano no autorizado de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2001/83/CE o de un medicamento veterinario preparado al momento por una persona autorizada por el derecho nacional de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra c), de la Directiva 2001/82/CE;
un medicamento en investigación, de conformidad con el artículo 2, letra d), de la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Cuando la información se refiera a autorizaciones de comercialización concedidas por Estados miembros, estos se la comunicarán a la Agencia Europea de Medicamentos a petición de esta.
El Observatorio solicitará, sin dilaciones indebidas, a Europol que le informe sobre la participación de grupos delictivos en la producción, la distribución, los métodos de distribución y el tráfico de la nueva sustancia psicotrópica, así como sobre todo uso de la misma.
El Observatorio solicitará, sin dilaciones indebidas, a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que le suministren la información y los datos de que dispongan sobre la nueva sustancia psicotrópica.
Los detalles de la cooperación entre el Observatorio y los órganos y organismos contemplados en los apartados 5, 6 y 7 se regirán por acuerdos de colaboración.
Dichos acuerdos deberán concluirse de conformidad con el párrafo segundo del artículo 20.
El Observatorio deberá respetar las condiciones de utilización de la información que se le comunique, incluidas las condiciones de acceso a los documentos y de seguridad de los datos y la información, así como de protección de los datos confidenciales, incluidos los datos de carácter sensible y la información comercial confidencial.
El Observatorio presentará el informe inicial a la Comisión y a los Estados miembros en las cinco semanas siguientes a la recepción de las solicitudes de información a que se refieren los apartados 5, 6 y 7.
Cuando el Observatorio recoja información sobre diversas sustancias psicotrópicas nuevas que considere de estructura química similar, presentará a la Comisión y a los Estados miembros, en las seis semanas siguientes a la recepción de las solicitudes de información a que se refieren los apartados 5, 6 y 7, informes iniciales individuales o informes iniciales conjuntos sobre varias sustancias psicotrópicas nuevas, siempre que las características de cada una de ellas estén claramente identificadas.
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (en lo sucesivo, «EU-OSHA») se creó mediante el Reglamento (CE) n.o 2062/94 del Consejo al objeto de contribuir a mejorar el entorno de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante medidas tendentes a desarrollar y difundir los conocimientos en este ámbito.
Desde su creación en 1994, la EU-OSHA ha desempeñado un papel importante para apoyar la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo en toda la Unión.
Al mismo tiempo, se han producido una evolución en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y avances tecnológicos.
Como consecuencia de ello, es necesario adaptar la terminología utilizada en el Reglamento (CE) n.o 2062/94 para describir los objetivos y las tareas de la EU-OSHA para que refleje esta evolución.
El Reglamento (CE) n.o 2062/94 ha sido modificado en diversas ocasiones.
En la medida de lo posible y teniendo en cuenta la naturaleza tripartita de la EU-OSHA, las normas por las que esta ha de regirse deben establecerse de conformidad con los principios de la Declaración Común del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012.
Puesto que las tres agencias tripartitas, a saber, la EU-OSHA, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) y el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), abordan cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo y el entorno laboral, la educación y la formación profesionales y las capacidades, es necesaria una estrecha coordinación entre ellas.
En su trabajo, la EU-OSHA debe, por tanto, complementar el trabajo de Eurofound y el Cedefop en los ámbitos donde tienen intereses similares, favoreciendo al mismo tiempo los instrumentos que funcionan bien, como los memorandos de acuerdo.
La EU-OSHA debe explotar los medios para mejorar la eficacia y las sinergias y, en sus actividades, debe evitar la duplicación con las actividades de Eurofound y el Cedefop, así como con las de la Comisión.
Además, cuando proceda, la EU-OSHA debe intentar cooperar eficazmente con las capacidades de investigación internas de las instituciones de la UE y de organismos externos especializados.
La Comisión debe consultar a las principales partes interesadas, incluidos los miembros del Consejo de Administración y los diputados al Parlamento Europeo, durante la evaluación de la EU-OSHA.
La naturaleza tripartita de la EU-OSHA, Eurofound y el Cedefop es una expresión muy valiosa de un enfoque global basado en el diálogo social entre los interlocutores sociales y las autoridades nacionales y de la Unión, que reviste una importancia capital a la hora de encontrar soluciones sociales y económicas comunes y sostenibles.
Cada vez que en el presente Reglamento se aluda a la seguridad y la salud en el trabajo se entenderá que con ello se hace referencia a la salud tanto física como mental.
Con el fin de racionalizar el proceso decisorio de la EU-OSHA y contribuir a una mayor eficiencia y eficacia, debe introducirse una estructura de gobierno en dos niveles.
A tal fin, los Estados miembros, las organizaciones de empresarios y trabajadores nacionales y la Comisión deben estar representados en un Consejo de Administración dotado de las competencias necesarias, en particular la de adoptar el presupuesto y aprobar el documento de programación.
En el documento de programación, que contendrá el programa de trabajo plurianual de la EU-OSHA y su programa de trabajo anual, el Consejo de Administración debe establecer las prioridades estratégicas de las actividades de la EU-OSHA.
Además, las normas adoptadas por el Consejo de Administración para la prevención y la gestión de los conflictos de intereses deben incluir medidas para detectar los posibles riesgos en una fase temprana.
Para que la EU-OSHA funcione correctamente, los Estados miembros, las organizaciones de empresarios y trabajadores europeas y la Comisión deben velar por que las personas que vayan a ser nombradas para ocupar un puesto en el Consejo de Administración tengan conocimientos adecuados en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, de modo que puedan tomar decisiones estratégicas y supervisar las actividades de la EU-OSHA.
Debe crearse un Comité Ejecutivo que se encargue de preparar de forma adecuada las reuniones del Consejo de Administración y de apoyar su proceso decisorio y de supervisión.
En sus funciones de asistencia al Consejo de Administración, el Comité Ejecutivo debe poder tomar, cuando sea necesario, por motivos de urgencia, determinadas decisiones provisionales en nombre del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración debe adoptar el reglamento interno del Comité Ejecutivo.
El director ejecutivo debe responsabilizarse de la gestión global de la EU-OSHA, siguiendo las orientaciones estratégicas establecidas por el Consejo de Administración, en particular por lo que respecta a la administración de los asuntos corrientes, así como la gestión de los recursos humanos y financieros.
El director ejecutivo debe ejercer las competencias que le hayan sido encomendadas.
Debe ser posible suspender esas competencias en circunstancias excepcionales, tales como conflictos de intereses o grave incumplimiento de las obligaciones derivadas del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea («Estatuto de los funcionarios»).
El principio de igualdad es un principio fundamental del Derecho de la Unión.
Este principio exige que se garantice la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.
Todas las partes deben tratar de lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo.
También deben aspirar a lograr este objetivo el Consejo de Administración, en lo que respecta a su presidente y sus vicepresidentes considerados conjuntamente, así como los grupos que representan a los gobiernos, y a las organizaciones de empresarios y trabajadores en el Consejo de Administración, en lo que respecta a la designación de los suplentes que asistirán a las reuniones del Comité Ejecutivo.
La EU-OSHA gestiona una oficina de enlace en Bruselas.
Debe poder seguir gestionando dicha oficina.
Ya existen organizaciones en la Unión y los Estados miembros que facilitan el mismo tipo de información y servicios que facilita la EU-OSHA.
A pesar del elevado riesgo que representan las monedas virtuales, tal como se pone de manifiesto en el informe de la Comisión de 26 de junio de 2017 sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas, las autoridades aduaneras no tienen competencia para controlarlas.
Los efectos negociables al portador permiten al portador físico exigir el pago de una cantidad sin quedar registrado ni mencionar su nombre.
Pueden utilizarse fácilmente para transferir importes considerables y presentan marcadas similitudes con el dinero en metálico en términos de liquidez, anonimato y riesgos de abuso.
Las materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez tienen una elevada ratio valor/volumen, en relación con las cuales existe un mercado de negociación internacional fácilmente accesible que permite convertirlas en dinero en metálico con unos costes de transacción exiguos.
Estas materias primas se presentan en su mayoría de forma normalizada, lo que permite la rápida comprobación de su valor.
Las tarjetas de prepago son tarjetas no nominativas que almacenan o brindan acceso a valor monetario o fondos que pueden utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para obtener dinero en metálico.
No están vinculadas a una cuenta bancaria.
Las tarjetas de prepago incluyen las tarjetas de prepago anónimas a que se hace referencia en la Directiva (UE) 2015/849.
Estos instrumentos son ampliamente utilizados con diversas finalidades legítimas y algunos de ellos presentan además un claro interés social.
Tales tarjetas de prepago son fáciles de transferir y se pueden utilizar para transferir valor considerable a través de las fronteras exteriores.
Así pues, resulta necesario incluir las tarjetas de prepago en la definición de efectivo, especialmente si estas pueden adquirirse sin que se apliquen los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente.
Ello debe permitir ampliar la posibilidad de aplicar controles a determinados tipos de tarjetas de prepago, habida cuenta de la tecnología disponible, si así lo justifican las pruebas, siempre que se amplíen tales controles teniendo debidamente en cuenta la proporcionalidad y la aplicabilidad práctica.
Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, debe imponerse a las personas físicas que entren o salgan de la Unión la obligación de declarar el efectivo.
Con el fin de no limitar de forma indebida la libre circulación ni imponer a los ciudadanos y las autoridades excesivas formalidades administrativas, conviene que esta obligación se limite a un umbral de 10000 EUR.
Debe ser aplicable a los portadores que lleven consigo tales importes, en su equipaje o en el medio de transporte en el que crucen las fronteras exteriores.
Deben estar obligados a poner el efectivo a disposición de las autoridades competentes para su control y, de ser necesario, a presentarlo a esas autoridades.
Debe entenderse que la definición de «portador» no incluye a aquellos transportistas que se dedican al transporte profesional de mercancías o de personas.
Por lo que se refiere a los movimientos de efectivo no acompañado, por ejemplo, el efectivo que entre o salga de la Unión en envíos postales, envíos por mensajería, equipaje no acompañado o carga en contenedores, las autoridades competentes deben tener la potestad de exigir al remitente o al destinatario, o a su representante, que cumplimente una declaración informativa, de forma sistemática o caso por caso, de acuerdo con los procedimientos nacionales.
Dicha información debe incluir una serie de datos, que no constan en los documentos habitualmente presentados en aduana, como los documentos de transporte y las declaraciones en aduana.
Esos datos son el origen, el destino, la procedencia económica y el uso al que se vaya a destinar el efectivo.
La obligación de informar del efectivo no acompañado debe limitarse a un umbral idéntico al impuesto en relación con el efectivo transportado por portadores.
Una serie de elementos de datos normalizados sobre los movimientos de efectivo, tales como los datos personales del declarante, el propietario o el destinatario, la procedencia económica del efectivo y el uso al que se vaya a destinar, deben registrarse para conseguir los objetivos del presente Reglamento.
En particular, es necesario que el declarante, el propietario o el destinatario faciliten sus datos personales tal como consten en sus documentos de identificación, a fin de reducir al mínimo el riesgo de error sobre su identidad y los retrasos imputables a una posible necesidad de efectuar comprobaciones.
Por lo que respecta a la obligación de declarar el efectivo acompañado y la obligación de informar del efectivo no acompañado, se deben conferir a las autoridades competentes potestades para llevar a cabo todos los controles necesarios en relación con las personas, su equipaje, el medio de transporte en el que cruzan las fronteras exteriores, y cualquier envío o receptáculo no acompañado que cruce esas fronteras y que pueda contener efectivo, o el medio de transporte en el que el envío o receptáculo circulen.
En caso de incumplimiento de esas obligaciones, las autoridades competentes deben redactar una declaración de oficio para la ulterior transmisión de la información pertinente a otras autoridades.
A fin de garantizar su ejecución uniforme por las autoridades competentes, los controles deben basarse principalmente en un análisis de riesgos, con el objetivo de determinar y evaluar los riesgos y desarrollar las contramedidas necesarias.
La instauración de un marco común de gestión de riesgos no debe impedir que las autoridades competentes realicen inspecciones aleatorias o controles espontáneos siempre que lo consideren necesario.
Cuando detecten importes de efectivo inferiores al umbral, pero existan indicios de que dicho efectivo puede estar vinculado a actividades delictivas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, las autoridades competentes deben poder registrar, en el caso de efectivo acompañado, información sobre el portador, el propietario y, si se conoce, el destinatario previsto del efectivo, a saber, nombre y apellidos, datos de contacto, datos acerca de la naturaleza y el importe o valor del efectivo, su procedencia económica y el uso al que se vaya a destinar.
En el caso de efectivo no acompañado, las autoridades competentes deben poder registrar información sobre el declarante, el propietario, el remitente, y el destinatario o destinario previsto del efectivo, incluidos nombre y apellidos, datos de contacto, datos acerca de la naturaleza y el importe o valor del efectivo, su procedencia económica y el uso al que se vaya a destinar.
Procede transmitir esa información a la UIF del Estado miembro de que se trate, el cual debe garantizar que la UIF transmita, por propia iniciativa o previa petición, cualquier información pertinente a las UIF de los demás Estados miembros.
Estas unidades tienen asignada la función de plataforma central en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, encargadas de recibir y procesar información procedente de diversas fuentes, como, por ejemplo, las entidades financieras, y de analizarla a fin de determinar si existen motivos para una investigación más en profundidad, en los que no hayan reparado las autoridades competentes de recabar las declaraciones y realizar los controles de conformidad con el presente Reglamento.
Para garantizar el flujo de información eficaz, las UIF deben estar conectadas también al Sistema de información aduanero establecido con arreglo al Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo y los datos presentados o intercambiados por las autoridades competentes y las UIF deben ser compatibles y equiparables.
Ante la importancia para lograr el seguimiento del presente Reglamento reconocida al hecho de contar con un intercambio de información eficaz entre las autoridades competentes —incluidas las UIF dentro del marco jurídico relativo a estas entidades— y la necesidad de reforzar la cooperación entre las UIF de la Unión, la Comisión debe valorar, hasta el 1 de junio de 2019, la posibilidad de establecer un mecanismo común de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La detección de importes de efectivo inferiores al umbral en los casos en que se observen indicios de actividad delictiva es muy importante en este contexto.
Por consiguiente, es preciso que exista también la posibilidad de compartir con las autoridades competentes de otros Estados miembros la información relativa a los importes inferiores al umbral cuando haya indicios de actividad delictiva.
El blanqueo de capitales, así como la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada relacionadas con el mismo siguen siendo problemas importantes a escala de la Unión, por lo que perjudican la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero y constituyen una amenaza para el mercado interior y la seguridad interior de la Unión.
Para afrontar estos problemas y completar y reforzar también la aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, el propósito de la presente Directiva es luchar contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, permitiendo una cooperación transfronteriza más eficaz y rápida entre las autoridades competentes.
Las medidas adoptadas únicamente en el ámbito nacional o incluso en el de la Unión, sin tener en cuenta la coordinación ni la cooperación internacionales, tendrían efectos muy limitados.
Las medidas adoptadas por la Unión para luchar contra el blanqueo de capitales deben, por tanto, ser compatibles con las que se emprendan en los foros internacionales y deben ser, como mínimo, igual de rigurosas.
En su actuación, la Unión debe seguir teniendo especialmente en cuenta las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los instrumentos de otras organizaciones y organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Los actos jurídicos de la Unión en la materia deben adaptarse, cuando proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 (en lo sucesivo, «Recomendaciones revisadas del GAFI»).
En su calidad de signataria del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, la Unión debe incorporar los requisitos de dicho Convenio a su ordenamiento jurídico.
La Decisión marco 2001/500/JAI del Consejo establece requisitos en lo relativo a la tipificación de los delitos de blanqueo de capitales.
No obstante, dicha Decisión marco no es suficientemente exhaustiva y la actual tipificación del blanqueo de capitales carece de la suficiente coherencia para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales en toda la Unión y da lugar a la existencia de lagunas en materia de ejecución y obstáculos en la cooperación entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros.
La definición de las actividades delictivas que constituyen los delitos antecedentes a efectos del blanqueo de capitales debe ser suficientemente uniforme en todos los Estados miembros.
Los Estados miembros deben garantizar que todos los delitos castigados con una pena de prisión conforme a lo establecido en la presente Directiva sean considerados delitos antecedentes al blanqueo de capitales.
Además, los Estados miembros deben incluir, si no lo estuvieran ya por razón del umbral de pena que lleven aparejada, un catálogo de delitos dentro de cada una de las categorías de delitos enumeradas en la presente Directiva.
En ese caso, los Estados miembros deben poder decidir la forma de delimitar el conjunto de delitos dentro de cada categoría.
Cuando una categoría de delitos, como el terrorismo o los delitos contra el medio ambiente, incluye delitos previstos en actos jurídicos de la Unión, la presente Directiva debe remitir a dichos actos jurídicos.
Los Estados miembros deben, no obstante, considerar cualquier delito establecido en estos actos jurídicos de la Unión como constituyente de un delito antecedente al de blanqueo de capitales.
Cualquier tipo de participación punible en la comisión de un delito antecedente, tipificado de conformidad con el Derecho nacional, debe considerarse también como actividad delictiva a efectos de la presente Directiva.
En los casos en que el Derecho de la Unión permita a los Estados miembros establecer sanciones distintas de las sanciones penales, la presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros a clasificar los delitos en tales supuestos como delito antecedente a efectos de la presente Directiva.
El uso de monedas virtuales presenta nuevos riesgos y desafíos desde la perspectiva de la lucha contra el blanqueo de capitales.
Los Estados miembros deben velar por que esos riesgos se aborden adecuadamente.
Debido al impacto que los delitos de blanqueo de capitales cometidos por quienes ostenten un cargo público producen en la esfera pública y la integridad de las instituciones públicas, los Estados miembros deben poder considerar la posibilidad de prever sanciones más severas para los titulares de cargos públicos según sus respectivos marcos nacionales y de conformidad con sus tradiciones jurídicas.
Los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos deben estar incluidos en la definición de «actividad delictiva», de acuerdo con las Recomendaciones revisadas del GAFI.
Dado que, en cada Estado miembro, diferentes delitos fiscales pueden constituir una actividad delictiva castigada con las sanciones a que se refiere la presente Directiva, las definiciones de los delitos fiscales podrían diferir en el Derecho nacional.
No obstante, el objetivo de la presente Directiva no es armonizar las definiciones de los delitos fiscales en el Derecho nacional.
En los procesos penales sobre blanqueo de capitales, los Estados miembros deben prestarse mutuamente asistencia de la forma más amplia posible y garantizar que la información se intercambie de manera eficaz y en el momento oportuno con arreglo al Derecho nacional y al marco jurídico de la Unión vigente.
Las diferencias entre las definiciones de los delitos antecedentes en los Derechos nacionales no deben obstaculizar la cooperación internacional en procesos penales relativos al blanqueo de capitales.
La cooperación con terceros países debe intensificarse, en particular alentando y apoyando el establecimiento de medidas efectivas y de mecanismos para luchar contra el blanqueo de capitales y velando por una mejor cooperación internacional en este ámbito.
La presente Directiva no se aplica al blanqueo de capitales en relación con bienes provenientes de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, el cual está sujeto a normas específicas establecidas en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de los Estados miembros de transponer la presente Directiva y la Directiva (UE) 2017/1371 por medio de un marco global único a escala nacional.
De conformidad con el artículo 325, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben adoptar, para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros.
Los Estados miembros deben garantizar que determinados tipos de actividades de blanqueo de capitales también sean punibles cuando las cometa el autor de la actividad delictiva que haya generado los bienes («autoblanqueo»).
En tales casos, cuando la actividad de blanqueo de capitales no consista simplemente en la mera posesión o utilización de bienes, sino que también implique la transferencia, la conversión, la ocultación o el encubrimiento de bienes y dé lugar a daños adicionales a los ya causados por la actividad delictiva, por ejemplo, poniendo en circulación los bienes provenientes de la actividad delictiva y, con ello, ocultando su origen ilícito, dicha actividad de blanqueo de capitales debe ser punible.
A fin de garantizar la eficacia de las medidas penales contra el blanqueo de capitales, debe resultar posible la condena por blanqueo sin que sea necesario determinar con precisión qué actividad delictiva generó los bienes, ni exigir una condena previa o simultánea por dicha actividad delictiva, siempre que se tengan en cuenta todas las circunstancias y pruebas pertinentes.
Los Estados miembros deben poder, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos nacionales, velar por ello mediante otros medios distintos de los legislativos.
Asimismo, resulta oportuno que la investigación y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales no se vean obstaculizados por el hecho de que la actividad delictiva se haya cometido en otro Estado miembro o en un tercer país, con sujeción a las condiciones establecidas en la presente Directiva.
La finalidad de la presente Directiva es tipificar como delito el blanqueo de capitales cuando se haya cometido intencionadamente y a sabiendas de que los bienes provenían de una actividad delictiva.
En este contexto, la presente Directiva no debe distinguir entre situaciones en las que los bienes hayan sido obtenidos directamente de una actividad delictiva y situaciones en que hayan sido obtenidos indirectamente de una actividad delictiva, en consonancia con la definición amplia del concepto de «producto», tal como se establece en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
En cada caso concreto, al examinar si los bienes provienen de una actividad delictiva y si la persona tenía conocimiento de ello, deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas del caso, como por ejemplo el hecho de que el valor de los bienes sea desproporcionado con respecto a los ingresos lícitos de la persona acusada y de que la actividad delictiva y la adquisición de bienes se hayan producido dentro del mismo período de tiempo.
La intención y el conocimiento pueden deducirse de circunstancias fácticas objetivas.
La gestión de residuos en la Unión debe mejorarse con miras a proteger, preservar y mejorar la calidad del medio ambiente, así como a proteger la salud humana, garantizar la utilización prudente, eficiente y racional de los recursos naturales, promover los principios de la economía circular, aumentar la eficiencia energética y reducir la dependencia de la Unión de los recursos importados.
Deben reforzarse los objetivos establecidos en la Directiva 1999/31/CE del Consejo que imponen restricciones al depósito en vertederos, a fin de que reflejen mejor la ambición de la Unión de avanzar hacia una economía circular y de que se progrese en la aplicación de la Comunicación de la Comisión, de 4 de noviembre de 2008, relativa a «La iniciativa de las materias primas: cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar crecimiento y empleo», reduciéndose gradualmente al mínimo el vertido de residuos destinados a vertederos de residuos no peligrosos.
La Comisión y los Estados miembros deben garantizar que dicha reducción se enmarque en una política integrada que garantice una aplicación correcta de la jerarquía de residuos, promueva un cambio hacia la prevención incluida la reutilización, hacia la preparación para la reutilización y hacia el reciclado, y que evite una transición del depósito en vertederos hacia la incineración.
A fin de garantizar una mayor coherencia en el Derecho de la Unión en materia de residuos, las definiciones recogidas en la Directiva 1999/31/CE deben armonizarse, cuando sea pertinente, con las de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
La definición actual de «población aislada» debe adaptarse en lo que se refiere a las regiones ultraperiféricas, a fin de tener en cuenta las peculiaridades de tales poblaciones, que suscitan preocupaciones sustancialmente diferentes desde una perspectiva medioambiental en comparación con otras regiones.
El ámbito de aplicación de la Directiva 1999/31/CE debe adaptarse al de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y debe seguir cubriendo el depósito de los residuos procedentes de industrias extractivas no cubiertos por la Directiva 2006/21/CE.
Una mayor restricción del depósito de residuos en vertederos, empezando por los flujos de residuos sujetos a recogida separada, como los de plásticos, metales, vidrio, papel y biorresiduos, aportaría evidentes beneficios medioambientales, económicos y sociales.
La viabilidad técnica, medioambiental o económica del reciclado u otro tipo de valorización de residuos residuales resultantes de la recogida separada de residuos debe tenerse en cuenta al aplicar esas restricciones a los vertidos.
Los residuos municipales biodegradables representan una elevada proporción de los residuos municipales.
El vertido de residuos biodegradables no tratados produce efectos medioambientales negativos significativos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire.
Aunque la Directiva 1999/31/CE ya establece una serie de objetivos para reducir los residuos biodegradables destinados a vertederos, conviene establecer restricciones adicionales al vertido de residuos biodegradables prohibiéndolo en los casos en los que dichos residuos han sido objeto de recogida separada para su reciclado de conformidad con la Directiva 2008/98/CE.
A fin de garantizar la correcta aplicación de la jerarquía de residuos, es necesario adoptar medidas apropiadas para aplicar, a partir de 2030, restricciones al depósito en vertederos de todos los residuos que sean aptos para el reciclado u otra valorización de materiales o energética.
Dichas restricciones no deben aplicarse cuando pueda demostrarse que los residuos no son aptos para el reciclado u otra valorización y que el depósito en vertederos constituiría la mejor solución global para el medio ambiente, conforme a la jerarquía de residuos establecida en la Directiva 2008/98/CE.
Muchos Estados miembros aún no han desarrollado del todo las infraestructuras de gestión de residuos necesarias.
La fijación de objetivos de reducción de los vertidos va a requerir cambios importantes en la gestión de residuos en muchos Estados miembros y a facilitar nuevos avances e inversiones en la recogida separada, la clasificación y el reciclado de residuos, y evitar que se bloqueen materiales reciclables en el nivel inferior de la jerarquía de residuos.
La reducción progresiva de los vertidos es necesaria para prevenir impactos perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente y para garantizar una valorización gradual y efectiva de los materiales de residuos económicamente valiosos mediante una gestión de residuos adecuada y acorde con la jerarquía de residuos tal como se establece en la Directiva 2008/98/CE.
Esa reducción debe evitar la creación de un exceso de capacidad para el tratamiento de residuos residuales, como sería el caso si se hiciera mediante la valorización energética o el tratamiento mecánico-biológico de baja calidad de residuos municipales no tratados, ya que ello podría perjudicar la consecución de los objetivos de la Unión a largo plazo de preparación para la reutilización y de reciclado de los residuos municipales establecidos en la Directiva 2008/98/CE.
Asimismo, aunque para prevenir impactos perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que solamente se depositan en vertederos residuos que hayan sido tratados, el cumplimiento de esa obligación no debe llevar a la creación de excesos de capacidad en el ámbito del tratamiento de residuos municipales residuales.
Además, a fin de garantizar la coherencia entre los objetivos establecidos en la Directiva 2008/98/CE y el objetivo de reducción de los vertidos establecido en la Directiva 1991/31/CE en su versión modificada por la presente Directiva, y asegurar una planificación coordinada de las infraestructuras e inversiones necesarias para alcanzar dichos objetivos, los Estados miembros que, según los datos comunicados con arreglo al cuestionario conjunto de la OCDE y de Eurostat, hayan depositado en 2013 en vertederos más del 60 % de sus residuos municipales han de poder decidir ampliar el plazo para cumplir el objetivo de depósito en vertederos fijado para 2035.
A fin de garantizar la fiabilidad de los datos, es importante establecer con mayor precisión las normas con arreglo a las cuales los Estados miembros deben comunicar los residuos municipales que hayan sido depositados en vertederos.
La comunicación debe basarse en la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos después de las operaciones de tratamiento necesarias para prepararlos para su posterior depósito, como puede ser la estabilización de los residuos municipales biodegradables, y en la aportación a las operaciones de eliminación mediante incineración.
Por lo que se refiere a los residuos municipales que son objeto de operaciones de tratamiento previo a su reciclado y valorización, como la clasificación y el tratamiento mecánico, los residuos resultantes de dichas operaciones que acaben depositándose en vertederos deben tenerse también en cuenta para calcular el objetivo de vertido.
Al aplicar la obligación establecida en la Directiva 1999/31/CE de garantizar el tratamiento de los residuos antes de su vertido, los Estados miembros deben aplicar el tratamiento más adecuado, incluida la estabilización de la fracción orgánica de los residuos, con el fin de reducir en la medida de lo posible los efectos adversos del vertido de dichos residuos para el medio ambiente y la salud humana.
Al evaluar la idoneidad de un tratamiento, los Estados miembros deben tener en cuenta las medidas ya aplicadas para reducir dichos efectos adversos, en particular la separación de los biorresiduos y la recogida separada de papel y cartón.
A fin de garantizar una aplicación mejor, más oportuna y más uniforme de la presente Directiva y anticipar cualquier punto débil al respecto, debe establecerse un sistema de informes de alerta temprana que permita detectar las deficiencias y adoptar medidas antes de que venzan los plazos fijados para la consecución de los objetivos.
A fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la Directiva 1999/31/CE y de impulsar la transición a una economía circular, la Comisión debe promover la coordinación y el intercambio de información y de mejores prácticas entre los Estados miembros y los distintos sectores de la economía.
La comunicación fiable de datos relativos a la gestión de residuos es primordial para una aplicación eficiente de la normativa, para una planificación adecuada de las infraestructuras de tratamiento de residuos y para garantizar la comparabilidad de datos entre los Estados miembros.
A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la Directiva 1999/31/CE, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta al artículo 5 bis, apartado 4, el artículo 15, apartado 5, el artículo 15 ter y el artículo 15 quater de dicha Directiva en su versión modificada por la presente Directiva.
Procede modificar, por tanto, la Directiva 1999/31/CE en consecuencia.
Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
El mercurio es una sustancia muy tóxica que representa una gran amenaza mundial para la salud humana, en particular en forma de metilmercurio presente en el pescado y el marisco, los ecosistemas y la flora y fauna silvestres.
Debido al carácter transfronterizo de la contaminación por mercurio, entre el 40 % y el 80 % de la deposición total de mercurio en la Unión tiene su origen fuera de su territorio.
Se justifica, por consiguiente, la adopción de medidas locales, regionales, nacionales e internacionales.
La mayor parte de las emisiones de mercurio y de los riesgos de exposición asociados proceden de actividades antropogénicas, como la extracción primaria y el tratamiento de mercurio, el uso de mercurio en productos y procesos industriales, la extracción y tratamiento artesanales y en pequeña escala de oro, la combustión del carbón y la gestión de residuo de mercurio.
El Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, adoptado por la Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [3], establece el objetivo a largo plazo de un entorno no tóxico y, a tal efecto, dispone que es necesario tomar medidas para garantizar que de aquí a 2020 se reduzcan al mínimo los efectos adversos significativos de los productos químicos sobre la salud humana y el medio ambiente.
La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 28 de enero de 2005, titulada «Estrategia comunitaria sobre el mercurio», en su versión revisada a 7 de diciembre de 2010 (en lo sucesivo, «Estrategia»), tiene por objeto la minimización y, cuando sea factible, la eliminación final de las liberaciones antropogénicas mundiales de mercurio a la atmósfera, al agua y al suelo.
En los últimos diez años, la Unión ha realizado importantes progresos en el ámbito de la gestión del mercurio tras la adopción de la Estrategia y de una amplia serie de medidas relativas a las emisiones, la oferta, la demanda y el uso de mercurio y a la gestión de los excedentes y existencias de mercurio.
La Estrategia recomienda que la negociación y la celebración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre el mercurio deben ser una prioridad, ya que la acción de la Unión por sí sola no puede garantizar una protección eficaz de los ciudadanos de la Unión contra los efectos negativos del mercurio en la salud.
La Unión y veintiséis Estados miembros firmaron el Convenio de Minamata sobre el Mercurio en 2013 (en lo sucesivo, «Convenio»).
Los dos Estados miembros que no firmaron el Convenio, Estonia y Portugal, han expresado su compromiso en ratificarlo.
Por tanto, la Unión y todos sus Estados miembros están comprometidos en su conclusión, transposición y aplicación.
La rápida aprobación del Convenio por parte de la Unión y su ratificación por los Estados miembros alentará a los principales usuarios y emisores mundiales de mercurio, que sean signatarios del Convenio, a ratificarlo y aplicarlo.
El presente Reglamento debe completar el acervo de la Unión y establecer las disposiciones necesarias para garantizar la adaptación íntegra de dicho acervo al Convenio, de modo que la Unión y sus Estados miembros lo puedan aprobar o ratificar, respectivamente, y aplicar.
Otras acciones que emprenda la Unión, y que vayan más allá de los requisitos del Convenio, prepararían el camino hacia productos y procesos que no contengan mercurio, como fue el caso del Reglamento (CE) n.o 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo [4].
De conformidad con el artículo 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el presente Reglamento no será obstáculo para el mantenimiento o la adopción por parte de los Estados miembros de medidas de mayor protección, siempre que dichas medidas sean compatibles con los Tratados y se notifiquen a la Comisión.
La prohibición de exportación de mercurio establecida en el Reglamento (CE) n.o 1102/2008 debe completarse con restricciones a la importación de mercurio que varían en función de la fuente, el uso previsto y el lugar de origen del mercurio.
El Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo [5] debe seguir siendo de aplicación por lo que respecta a las importaciones de residuo de mercurio, en particular en relación con las competencias de las autoridades competentes en el marco de dicho Reglamento.
Las disposiciones del presente Reglamento relativas a la importación de mercurio y de mezclas de mercurio tienen por objetivo garantizar el cumplimiento por parte de la Unión y de los Estados miembros de las obligaciones del Convenio relativas al comercio de mercurio.
La exportación, importación y fabricación de una serie de productos con mercurio añadido, que representan una parte importante del uso de mercurio y compuestos de mercurio en la Unión y a nivel mundial, deben prohibirse.
El presente Reglamento se debe aplicar sin perjuicio de las disposiciones aplicables del acervo de la Unión que establecen requisitos más estrictos para los productos con mercurio añadido, en particular por lo que respecta al contenido máximo de mercurio.
El uso de mercurio y compuestos de mercurio en los procesos de fabricación debe eliminarse de forma gradual y, a tal fin, debe incentivarse la investigación de sustancias alternativas con características inocuas o, en todo caso, menos peligrosas para el medio ambiente y la salud humana.
El Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo [6] prohíbe, a partir del 10 de octubre de 2017, la fabricación, comercialización y uso de los cinco compuestos de fenilmercurio que se sabe que se utilizan, en particular como catalizadores, en la producción de poliuretano.
También debe prohibirse el uso de otros catalizadores que contienen mercurio en la producción de poliuretano a partir del 1 de enero de 2018.
La producción de alcoholatos que implique el uso de mercurio como electrodo debe eliminarse gradualmente y tales procesos de fabricación deben sustituirse cuanto antes por procesos de fabricación sin mercurio que sean viables.
A falta de procesos pertinentes de fabricación sin mercurio, deben establecerse condiciones operativas para la producción de metilato o etilato sódico o potásico que impliquen el uso de mercurio.
Deben adoptarse medidas para reducir el uso de mercurio con vistas a eliminar progresivamente su uso en dicha producción cuanto antes y en cualquier caso antes del 1 de enero de 2028.
La fabricación y comercialización de nuevos productos con mercurio añadido y el uso de nuevos procesos de fabricación que impliquen el uso de mercurio o de compuestos de mercurio aumentarían el uso de mercurio y de tales compuestos así como las emisiones de mercurio en la Unión.
Por tanto, deben prohibirse esas nuevas actividades, a menos que una evaluación demuestre que los nuevos productos con mercurio añadido o los nuevos procesos de fabricación tendrían beneficios significativos para el medio ambiente o la salud y no supondrían ningún riesgo significativo ni para el medio ambiente ni para la salud humana, y que no se dispone de alternativas sin mercurio técnicamente practicables que puedan aportar esos beneficios.
El uso de mercurio y de compuestos de mercurio en la extracción y tratamiento artesanales y en pequeña escala de oro representa una parte importante del uso y de las emisiones de mercurio a escala mundial, con efectos negativos tanto para las comunidades locales como a nivel global.
Por tanto, dicho uso de mercurio y de compuestos de mercurio debe prohibirse y regularse a escala internacional.
Sin perjuicio de la prohibición de tal uso, y además de la imposición por parte de los Estados miembros de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en casos de incumplimiento del presente Reglamento, también resulta apropiado prever un plan nacional en caso de que no se registren únicamente casos aislados de incumplimiento de dicha prohibición, a fin de abordar el problema de la extracción y el tratamiento artesanales y en pequeña escala de oro en los que se utilice la amalgamación con mercurio para extraer oro del mineral.
El uso de mercurio en las amalgamas dentales representa el uso más extendido del mercurio en la Unión y constituye una fuente de contaminación importante del medio ambiente.
El uso de amalgamas dentales debe por lo tanto reducirse progresivamente, de conformidad con el Convenio y los planes nacionales basados, en particular, en las medidas enumeradas en el anexo A, parte II, del Convenio.
La Comisión debe evaluar e informar sobre la viabilidad de una eliminación gradual del uso de amalgama dental a largo plazo, y preferiblemente antes de 2030, teniendo en cuenta los planes nacionales exigidos por el presente Reglamento y respetando plenamente la competencia de los Estados miembros en la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica.
Además, deben adoptarse medidas sanitarias preventivas concretas en relación con miembros vulnerables de la población, como los niños y las mujeres embarazadas y lactantes.
Debe permitirse únicamente el uso de amalgama dental en forma de cápsulas predosificadas y ser obligado el uso de separadores de amalgama en los gabinetes dentales que utilizan amalgama dental o que retiran empastes dentales de amalgama o dientes que contienen esos empastes, a fin de proteger a los profesionales dentales y pacientes de la exposición al mercurio y garantizar que los residuos resultantes se recojan y eliminen de conformidad con una gestión adecuada de los residuos y, bajo ningún concepto, se liberen al medio ambiente.
A este respecto, debe prohibirse el uso por los profesionales dentales de mercurio a granel.
Las cápsulas para amalgama como las descritas en las normas europeas EN ISO 13897:2004 y EN ISO 24234:2015 se consideran adecuadas para el uso por los profesionales dentales.
Por otra parte, debe fijarse un nivel mínimo de eficiencia de retención en relación con los separadores de amalgama.
La conformidad de los separadores de amalgama debe basarse en las normas correspondientes, como la norma europea EN ISO 11143:2008.
Habida cuenta de la magnitud de los agentes económicos del sector dental afectados por la introducción de dichos requisitos, conviene concederles tiempo suficiente para que puedan adaptarse a los nuevos requisitos.
La formación de los estudiantes de odontología y de los profesionales dentales en el uso de alternativas sin mercurio, en especial en el caso de miembros vulnerables de la población, como los niños y las mujeres embarazadas y lactantes, además de la práctica de la investigación y la innovación en materia de salud bucodental, a fin de mejorar los conocimientos sobre los materiales existentes y las técnicas de restauración, y de desarrollar nuevos materiales, puede contribuir a reducir el uso de mercurio.
En la Directiva 91/477/CEE del Consejo [3] se estableció una medida de acompañamiento del mercado interior.
Se logró de esta manera un equilibrio entre, por un lado, el compromiso de garantizar cierta libertad de circulación para algunas armas de fuego y sus componentes esenciales dentro de la Unión y, por otro, la necesidad de controlar esa libertad recurriendo a garantías de seguridad adaptadas a tales productos.
Determinados aspectos derivados de la Directiva 91/477/CEE necesitan ser mejorados de forma proporcionada, con el fin de combatir el uso indebido de armas de fuego con fines delictivos y habida cuenta de los recientes atentados terroristas.
En la «Agenda Europea de Seguridad», adoptada en abril de 2015, se hizo un llamamiento para que se revisase dicha Directiva y se adoptase un enfoque común sobre inutilización de armas de fuego con el fin de impedir su reactivación y uso por parte de delincuentes.
Cuando las armas de fuego se hayan adquirido y se posean legalmente de conformidad con la Directiva 91/477/CEE, deben aplicarse las disposiciones nacionales relativas al porte de armas, a la caza o al tiro deportivo.
A efectos de la Directiva 91/477/CEE, se debe entender que la definición de corredor incluye cualquier persona física o jurídica, incluidas las asociaciones y debe considerarse que el término «suministro» incluye el préstamo y el alquiler.
Los corredores ofrecen servicios similares a los prestados por los armeros, por lo que procede incluirlos en el ámbito de aplicación de la Directiva 91/477/CEE en lo que respecta a aquellas obligaciones de los armeros que sean pertinentes para las actividades de los corredores, en la medida en que puedan cumplir esas obligaciones y no exista un armero que las haya cumplido en relación con la misma operación subyacente.
Las actividades del armero no solo comprenden la fabricación, sino también la modificación o transformación de armas de fuego, componentes esenciales y municiones, como el acortamiento de un arma de fuego completa, que implique un cambio de su categoría o subcategoría.
No deben considerarse actividades que solo puedan realizar los armeros las actividades meramente privadas sin fines comerciales como la carga manual y recarga de munición a partir de componentes de munición para uso propio o las modificaciones de las armas de fuego o los componentes esenciales que sean de la propiedad de la persona en cuestión, como los cambios de culata o visor o el mantenimiento para corregir el desgaste y el deterioro de los componentes esenciales.
A fin de aumentar la trazabilidad de todas las armas de fuego y componentes esenciales y de facilitar su libre circulación, todas las armas de fuego o sus componentes esenciales deben ser identificados con un marcado claro, permanente y único y deben ser registrados en los ficheros de datos de los Estados miembros.
Los registros contenidos en los ficheros de datos deben incluir toda la información que permita vincular un arma de fuego con su propietario y en ellos debe constar el nombre del fabricante o de la marca, el país o lugar de fabricación, el tipo, la marca, el modelo, el calibre y el número de serie del arma de fuego o cualquier marcado único aplicado en el armazón o el cajón de mecanismos del arma de fuego.
Los componentes esenciales distintos del armazón o del cajón de mecanismos deben registrarse en los ficheros de datos en el registro relativo al arma del fuego en la que vayan a ser montados.
Procede introducir normas comunes de la Unión sobre marcado para evitar que los marcados se puedan borrar fácilmente y para aclarar en qué componentes esenciales deben colocarse.
Dichas normas deben aplicarse únicamente a las armas de fuego o a los componentes esenciales que se hayan fabricado o importado en la Unión a 14 de septiembre de 2018 o con posterioridad a esa fecha, cuando sean comercializadas, mientras que las armas de fuego y las piezas fabricadas o importadas en la Unión antes de esa fecha deben seguir sujetas a los requisitos de marcado y registro de la Directiva 91/477/CEE aplicables hasta dicha fecha.
Habida cuenta de la peligrosidad y la durabilidad de las armas de fuego y los componentes esenciales, a fin de garantizar a las autoridades competentes la trazabilidad de las armas de fuego y los componentes esenciales a efectos de procedimientos administrativos y penales y teniendo en cuenta el Derecho procesal nacional, resulta necesario que los registros de los ficheros de datos se conserven durante un período de 30 años tras la destrucción de las armas de fuego o los componentes esenciales de que se trate.
El acceso a esos registros y todos los demás datos personales debe limitarse a las autoridades competentes y debe permitirse únicamente por un período de hasta 10 años tras la destrucción del arma de fuego o de los compontes esenciales de que se trate a fin de conceder o retirar autorizaciones o para procedimientos aduaneros, incluida la posible imposición de sanciones administrativas, y de hasta 30 años tras la destrucción de las armas de fuego o de los componentes esenciales de que se trate cuando dicho acceso sea necesario para la aplicación del Derecho penal.
El intercambio eficiente de información entre armeros y corredores, por un lado, y las autoridades nacionales competentes, por otro, es importante para el eficaz funcionamiento de los ficheros de datos.
Por consiguiente, los armeros y corredores deben proporcionar información sin demora indebida a las autoridades nacionales competentes.
Para facilitar el intercambio, las autoridades nacionales competentes deben establecer un medio de conexión electrónica accesible a armeros y correderos que permita la presentación de la información por correo electrónico o directamente a través de una base de datos u otro tipo de registro.
En relación con la obligación de los Estados miembros de establecer un sistema de supervisión para garantizar que se cumplen las condiciones para una autorización de armas de fuego durante todo su período de vigencia, los Estados miembros han de decidir si la evaluación va a suponer, o no, una prueba médica o psicológica previa.
Sin perjuicio del Derecho interno en materia de responsabilidad profesional, no debe presumirse que la evaluación de la información médica o psicológica pertinente atribuya ningún tipo de responsabilidad al profesional sanitario o a otras personas que proporcionan dicha información en caso de uso indebido de armas de fuego de las que se esté en posesión con arreglo a la Directiva 91/477/CEE.
Las armas de fuego y la munición deben almacenarse de forma segura cuando no sean objeto de una supervisión inmediata.
Cuando no se almacenen en una caja fuerte, las armas de fuego y la munición deben almacenarse por separado.
Cuando se hayan de entregar armas de fuego y munición a un transportista para su transporte, este debe ser responsable de una supervisión y almacenamiento adecuados.
El Derecho interno debe definir los criterios para un almacenamiento adecuado y un transporte seguro, teniendo en cuenta el número y categoría de las armas de fuego y municiones de que se trate.
La Directiva 91/477/CEE no debe afectar a las normas de los Estados miembros que permiten que se puedan disponer transacciones lícitas con armas de fuego, componentes esenciales y municiones mediante venta por correo, internet o contratos a distancia tal como se definen en la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [4], por ejemplo mediante catálogos de subasta en línea o anuncios clasificados o por teléfono o correo electrónico.
No obstante, es imprescindible que se puedan controlar y de hecho se controlen la identidad de las partes en dichas transacciones y su capacidad jurídica para realizarlas.
En el caso de los adquirentes, procede, por tanto, garantizar que, a más tardar cuando se produzca la entrega, un armero o corredor titular de una licencia o autorización, o una autoridad pública o un representante de esta, controlen su identidad y, en su caso, su autorización para adquirir un arma de fuego, componentes esenciales o municiones.
Es preciso introducir en la Directiva 91/477/CEE normas más estrictas para las armas de fuego más peligrosas con el fin de garantizar que, con excepciones limitadas y debidamente motivadas, no se permita la tenencia o el comercio de dichas armas.
Cuando no se respeten dichas normas, los Estados miembros deben tomar todas las medidas adecuadas, entre las que cabría incluir la incautación de dichas armas.
No obstante, los Estados miembros deben tener la posibilidad de autorizar la adquisición y la tenencia de armas de fuego, componentes esenciales y municiones de la categoría A, cuando sea necesario por motivos educativos, culturales, incluidos el cine y el teatro, de investigación o históricos.
Entre las personas autorizadas se podría incluir, entre otras, a los armeros de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los bancos de pruebas, los fabricantes, los expertos acreditados, los expertos forenses y, en determinados casos, las personas que participan en rodajes de cine o televisión.
También debe permitirse a los Estados miembros que autoricen la adquisición y tenencia de armas de fuego, componentes esenciales y municiones de la categoría A a particulares con fines de defensa nacional, como en el contexto de la formación militar voluntaria establecida en virtud del Derecho interno.
Los Estados miembros deben tener la posibilidad de conceder autorizaciones a museos y coleccionistas reconocidos para la adquisición y tenencia de armas de fuego, componentes esenciales y municiones de la categoría A cuando ello sea necesario para fines históricos, culturales, científicos, técnicos, educativos o de conservación del patrimonio, siempre que esos museos y coleccionistas demuestren, antes de que se les conceda dicha autorización, que han tomado las medidas necesarias para hacer frente a cualquier riesgo para la seguridad pública o el orden público, incluido el almacenamiento adecuado.
Toda autorización de este tipo debe tener en cuenta y reflejar la situación específica, incluida la naturaleza de la colección y sus fines, y los Estados miembros deben garantizar que exista un sistema de seguimiento de los coleccionistas y las colecciones.
No se debe impedir a los armeros y corredores manipular armas de fuego prohibidas, componentes esenciales y municiones de la categoría A en los casos en que se autorice excepcionalmente la adquisición y tenencia de dichas armas, componentes esenciales y municiones, cuando su manipulación sea necesaria para su inutilización o conversión, o siempre que de otro modo se permita en virtud de la Directiva 91/477/CEE, en su versión modificada por la presente Directiva.
Tampoco se debe impedir a los armeros y corredores manipular dichas armas de fuego, componentes esenciales y municiones en casos no previstos por la Directiva 91/477/CEE, en su versión modificada por la presente Directiva, como las armas de fuego, componentes esenciales y municiones destinados a la exportación fuera de la Unión o las armas que vayan a ser adquiridas por las fuerzas armadas, la policía o las autoridades públicas.
Los corredores y armeros deben poder negarse a completar cualquier transacción sospechosa destinada a la adquisición de cartuchos completos de munición o componentes de detonación de munición.
Se puede considerar que una transacción es sospechosa si, por ejemplo, implica cantidades inhabituales para el uso privado previsto, si el comprador parece no estar familiarizado con el uso de la munición o si insiste en pagar en efectivo siendo reacio a acreditar su identidad.
Los armeros y corredores también deben poder informar de tales transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
El riesgo de que las armas acústicas y otros tipos de armas de fogueo sean transformadas en verdaderas armas de fuego es elevado.
Por lo tanto, es fundamental abordar el problema de esas armas de fuego transformadas que se utilizan en la comisión de infracciones penales, en particular mediante su inclusión en el ámbito de aplicación de la Directiva 91/477/CEE.
Además, a fin de evitar el riesgo de que las armas de alarma y señalización se fabriquen de tal manera que sea posible su transformación para que puedan lanzar un perdigón, una bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor, la Comisión debe adoptar especificaciones técnicas para garantizar que dichas armas no se puedan transformar de la manera descrita.
Teniendo en cuenta el elevado riesgo de reactivar armas de fuego inutilizadas incorrectamente y con el fin de mejorar la seguridad en toda la Unión, procede incluir dichas armas de fuego en el ámbito de aplicación de la Directiva 91/477/CEE.
Debe proporcionarse una definición de armas de fuego inutilizadas que refleje los principios generales de inutilización de armas de fuego según lo dispuesto en el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, anejo a la Decisión 2014/164/UE del Consejo [5], por el que ese Protocolo se incorpora al marco jurídico de la Unión.
La solidaridad, entre los ciudadanos de la Unión y entre los Estados miembros, es uno de los valores universales sobre los que se asienta la Unión.
Este valor común guía las acciones de la Unión y le proporciona la unidad necesaria para hacer frente a los desafíos de la sociedad actuales y futuros, que los jóvenes europeos desean contribuir a encarar expresando su solidaridad en la práctica.
La solidaridad estimula también el interés de los jóvenes por el proyecto europeo común.
El principio de solidaridad está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En el discurso sobre el estado de la Unión de 14 de septiembre de 2016 se hizo hincapié en la necesidad de invertir en los jóvenes y se anunció la creación de un Cuerpo Europeo de Solidaridad, con vistas a crear oportunidades para que los jóvenes de toda la Unión realicen una contribución significativa a la sociedad, muestren su solidaridad y desarrollen sus capacidades, competencias y conocimientos, adquiriendo así una experiencia humana inestimable, que también es fundamental para la aparición de una ciudadanía de la Unión activa y comprometida.
En su Comunicación de 7 de diciembre de 2016 denominada «Un Cuerpo Europeo de Solidaridad», la Comisión puso de relieve la necesidad de fortalecer las bases de trabajos de solidaridad en toda Europa, para proporcionar a los jóvenes más y mejores oportunidades de realizar actividades de solidaridad de gran calidad que cubran una amplia gama de ámbitos, y para apoyar a los actores nacionales, regionales y locales en sus esfuerzos por hacer frente a los diferentes desafíos y crisis.
Dicha Comunicación puso en marcha la primera fase del Cuerpo Europeo de Solidaridad, mediante la cual se han movilizado diferentes programas de la Unión con el fin de ofrecer oportunidades de voluntariado, prácticas y empleo a los jóvenes de toda la Unión.
Estas actividades, se hayan ejecutado antes o después de la entrada en vigor del presente Reglamento, deben seguir aplicando las normas y condiciones establecidas en los respectivos programas de la Unión que las hayan financiado durante la primera fase del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
En el contexto del presente Reglamento, la solidaridad se puede entender como un sentimiento de responsabilidad que experimenta una persona respecto a cualquier otra, que lleva a comprometerse con el bien común y que se expresa mediante acciones concretas sin esperar una contrapartida.
Se debe ofrecer a los jóvenes oportunidades fácilmente accesibles para participar en actividades de solidaridad de gran calidad con una fuerte dimensión europea, como medio para contribuir a reforzar la cohesión, la solidaridad, la inclusión social y la democracia en los países participantes en beneficio de las comunidades locales, mejorando al mismo tiempo sus competencias para su desarrollo personal, favoreciendo así su autoestima, autonomía y motivación para aprender, estimulando su desarrollo educativo, social, artístico, lingüístico, cultural, cívico y profesional, así como promoviendo su ciudadanía activa, su aptitud al empleo y su transición al mercado laboral.
Dichas actividades de solidaridad apoyarían también la movilidad de los participantes.
El presente Reglamento crea un programa de acción de la Unión denominado Cuerpo Europeo de Solidaridad, como base para llevar a cabo cambios positivos en la sociedad mediante el apoyo a colectivos de personas y entidades dedicados a impulsar la solidaridad en toda Europa.
Establece así un instrumento de gasto de acción de la Unión creado con el fin de que se aplique con carácter permanente a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, y sienta asimismo las bases del Cuerpo Europeo de Solidaridad como una comunidad y como fuente de inspiración que propicie un mayor espíritu de solidaridad en Europa gracias al mayor impacto de las actividades que se realicen en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Las actividades de solidaridad que se ofrecen a los jóvenes deben ser de gran calidad, en el sentido de que deben contribuir a alcanzar los objetivos del Cuerpo Europeo de Solidaridad y ayudar a superar los desafíos de la sociedad, al tiempo que abordan las necesidades de las comunidades locales.
Las actividades de solidaridad deben ofrecer a los jóvenes la oportunidad de adquirir competencias valiosas para su desarrollo personal, social, cívico y profesional, incluida una sólida dimensión de aprendizaje y formación, ser accesibles a todos los jóvenes, ejecutarse en condiciones de salud y seguridad y ser validadas de forma adecuada.
Las actividades de solidaridad no deben tener un impacto negativo sobre los empleos y períodos de prácticas existentes y deben contribuir a reforzar los compromisos de responsabilidad social de las empresas, pero no a reemplazarlos.
Toda entidad que desee participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, ya sea con la financiación del presupuesto del Cuerpo Europeo de Solidaridad, de otro programa de la Unión o de otra fuente distinta de financiación, debe recibir un sello de calidad siempre que cumpla los requisitos específicos.
La obligación de recibir un sello de calidad no debe aplicarse a las personas físicas que soliciten ayuda financiera para sus proyectos de solidaridad en nombre de un grupo informal de participantes.
El sello de calidad atribuido a las organizaciones participantes en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe certificar la capacidad de estas organizaciones para garantizar la calidad de las actividades de solidaridad que ofrecen.
El proceso de atribución de un sello de calidad debe llevarse a cabo por los organismos de implementación del Cuerpo Europeo de Solidaridad de un modo accesible y transparente.
El sello de calidad atribuido debe ser reexaminado periódicamente y debe poder ser revocado si, en el contexto de la reevaluación se comprueba que las condiciones que condujeron a su atribución han dejado de cumplirse.
El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrecería un único punto de acceso a las actividades de solidaridad en toda la Unión.
Debe garantizarse la coherencia y la complementariedad del Cuerpo Europeo de Solidaridad con otros programas, políticas e instrumentos de la Unión aplicables.
El Cuerpo Europeo de Solidaridad debe basarse en los puntos fuertes y las sinergias de los programas existentes y precedentes, en particular, de los programas Erasmus+ y «La juventud en acción».
Debe también complementar los esfuerzos realizados por los Estados miembros para apoyar a los jóvenes y facilitar su transición de la escuela al trabajo en el marco de programas como la Garantía Juvenil establecido de acuerdo con la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, proporcionándoles oportunidades adicionales para participar en actividades de solidaridad en forma de prácticas o empleos en sus respectivos Estados miembros o a través de las fronteras.
Debe garantizarse asimismo la complementariedad con las redes existentes a escala de la Unión pertinentes para las actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad, como la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo, EURES y la red Eurodesk.
Además, debe promoverse la complementariedad y la cooperación leal entre los programas relacionados ya existentes y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en particular con programas de solidaridad, voluntariado, servicio civil y movilidad para jóvenes, que operen a nivel nacional, regional o local, así como con prioridades relacionadas con la solidaridad y la juventud en los países participantes, en su caso, para mejorar mutuamente y enriquecer las repercusiones y cualidades de esos programas y construir sobre buenas prácticas.
El Cuerpo Europeo de Solidaridad no debe sustituir a los programas nacionales de solidaridad, voluntariado, servicio civil y movilidad similares.
Se debe garantizar un acceso igual de todos los jóvenes a las actividades de solidaridad nacionales.
Se debe fomentar la colaboración con redes europeas especializadas en ciertos problemas sociales urgentes.
Con el fin de maximizar la repercusión del Cuerpo Europeo de Solidaridad, otros programas de la Unión deben poder contribuir a los objetivos del Cuerpo Europeo de Solidaridad mediante el apoyo a actividades dentro de su ámbito de aplicación.
Esta contribución debe financiarse de acuerdo con los respectivos actos legales de base de los programas en cuestión, con miras a lograr una mayor participación de los jóvenes, de la sociedad civil y de los programas de voluntariado existentes en los Estados miembros.
Una vez que hayan obtenido un sello de calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad, las organizaciones participantes deben tener acceso al portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad y recibir las medidas de calidad y de apoyo previstas en función del tipo de actividad de solidaridad que ofrezcan.
El Cuerpo Europeo de Solidaridad debe abrir nuevas oportunidades para que los jóvenes comiencen un voluntariado, unas prácticas o un empleo, así como para que puedan idear y desarrollar por iniciativa propia proyectos de solidaridad que presenten un valor europeo claro.
Dichas oportunidades deben ayudar a responder a necesidades sociales no satisfechas y contribuir a fortalecer a las comunidades, así como a mejorar el desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional de los jóvenes.
El Cuerpo Europeo de Solidaridad también debe apoyar las actividades de creación de redes de contacto entre los participantes y las organizaciones participantes, así como medidas para garantizar la calidad de las actividades patrocinadas y para mejorar la validación de los resultados del aprendizaje.
También debe contribuir a apoyar y reforzar a las organizaciones existentes que realizan actividades de solidaridad.
Las actividades de voluntariado constituyen una rica experiencia en el contexto del aprendizaje formal y no formal, lo que mejora el desarrollo personal, socioeducativo y profesional de los jóvenes, su aptitud al empleo y su ciudadanía activa.
El voluntariado no debe sustituir ni a las prácticas ni a los empleos y debe estar basado en un convenio de voluntariado por escrito.
La Comisión y los Estados miembros cooperarán en relación con las políticas de voluntariado en el ámbito de la juventud a través del método abierto de coordinación.
Los períodos de prácticas y los puestos de trabajo deben estar claramente separados del voluntariado, tanto desde el punto de vista financiero como del organizativo.
Los períodos de prácticas nunca deben llevar a la sustitución de puestos de trabajo.
Los períodos de prácticas y los empleos retribuidos pueden, no obstante, alentar a los jóvenes desfavorecidos y a aquellos con menos oportunidades a participar en actividades de solidaridad a las que no podrían acceder de otro modo.
Los períodos de prácticas pueden facilitar la transición de los jóvenes de la educación al empleo y pueden favorecer su aptitud al empleo, lo que resulta clave para lograr su integración sostenible en el mercado de trabajo.
Los períodos de prácticas y los empleos ofrecidos en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad siempre deben ser remunerados por la organización participante que acoja o emplee al participante.
Las prácticas deben basarse en un contrato escrito de prácticas conforme al marco jurídico aplicable en el país en cuestión en que se realicen las prácticas, y deben seguir los principios esbozados en la Recomendación del Consejo, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas.
La Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (en lo sucesivo, «Eurofound») se creó mediante el Reglamento (CEE) n.o 1365/75 del Consejo para contribuir al establecimiento de mejores condiciones de vida y de trabajo con medidas tendentes a desarrollar y difundir conocimientos.
En ese contexto, Eurofound debe también tener en cuenta las perspectivas a medio y largo plazo.
Desde que se creó en 1975, Eurofound ha desempeñado un papel importante en la promoción de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en toda la Unión.
Al mismo tiempo, los conceptos y la importancia de las condiciones de vida y de trabajo han evolucionado bajo la influencia de transformaciones sociales y cambios fundamentales en los mercados de trabajo.
Eurofound proporciona a las instituciones y organismos de la Unión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales información especializada y con valor añadido en su ámbito de especialización.
Eurofound debe mantener su producción de encuestas con el fin de asegurar la continuidad de los análisis comparativos y las tendencias en las condiciones de vida y de trabajo y las evoluciones del mercado de trabajo en la Unión.
Es igualmente importante que Eurofound colabore estrechamente con los órganos análogos a escala internacional, de la Unión y nacional.
Eurofound gestiona una oficina de enlace en Bruselas.
Las disposiciones financieras y las disposiciones en materia de programación y presentación de informes relativas a Eurofound deben actualizarse.
El Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013 de la Comisión establece que Eurofound debe realizar evaluaciones previas y a posteriori de todos aquellos programas y las actividades que impliquen gastos significativos.
Eurofound debe tener presentes esas evaluaciones en su programación plurianual y anual.
A fin de garantizar su plena autonomía e independencia y permitirle llevar a cabo adecuadamente sus objetivos y tareas de conformidad con del presente Reglamento, se debe dotar a Eurofound de un presupuesto autónomo y adecuado, con ingresos procedentes principalmente de una contribución del presupuesto general de la Unión.
El procedimiento presupuestario de la Unión se aplicará a Eurofound por lo que respecta a la contribución de la Unión y cualesquiera otras subvenciones que corran a cargo del presupuesto general de la Unión.
El control de las cuentas de Eurofound debe ser realizado por el Tribunal de Cuentas.
El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea («Centro de Traducción») debe prestar los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de Eurofound.
Eurofound debe colaborar con el Centro de Traducción para establecer indicadores de calidad, puntualidad y confidencialidad, determinar claramente cuáles son las necesidades y prioridades de Eurofound, y crear procedimientos transparentes y objetivos para el proceso de traducción.
Las disposiciones relativas al personal de Eurofound deben ser conformes con el Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea («Régimen aplicable a los otros agentes»), establecidos por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo.
Eurofound debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el tratamiento y procesamiento seguros de la información confidencial.
Cuando sea necesario, Eurofound debe adoptar las normas de seguridad equivalentes a las establecidas en la Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión y la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión.
Es necesario prever disposiciones presupuestarias transitorias y disposiciones transitorias sobre el Consejo de Administración, el director ejecutivo y el personal para garantizar la continuidad de las actividades de Eurofound a la espera de la entrada en vigor del presente Reglamento.
La excepción imperativa que establece la presente Directiva debe limitar el derecho de reproducción, con el fin de permitir que se puedan tomar todas las medidas necesarias para modificar, convertir o adaptar cualquier obra u otra prestación de modo que se produzca un ejemplar en formato accesible que permita a los beneficiarios acceder a esa obra o prestación.
Ello incluye la facilitación de los medios necesarios para consultar la información de un ejemplar en un formato accesible.
También incluye los cambios que puedan requerirse en los casos en que el formato de una obra u otra prestación ya sea accesible para algunos beneficiarios, pero no lo sea para otros, debido a las distintas discapacidades o dificultades, o el distinto grado de dichas discapacidades o dificultades.
Los usos permitidos que dispone la presente Directiva deben incluir la producción de ejemplares en formato accesible, tanto por parte de los beneficiarios como de las entidades autorizadas dedicadas a atender sus necesidades, ya sean estas organizaciones públicas o privadas, en particular bibliotecas, centros educativos y otras organizaciones sin ánimo de lucro, que se dediquen a atender a personas con dificultades para acceder a textos impresos como una de sus actividades principales, como una de sus obligaciones institucionales o como parte de sus misiones de interés público.
Los usos permitidos en la presente Directiva también deben incluir la producción de ejemplares en un formato accesible, para uso exclusivo de los beneficiarios, por parte de una persona física que actúe en nombre de un beneficiario o que ayude al beneficiario que produce dichos ejemplares.
Solo deben producirse ejemplares en formato accesible de aquellas obras u otras prestaciones a las que los beneficiarios o las entidades autorizadas tengan lícitamente acceso.
Los Estados miembros deben velar por que ninguna cláusula contractual destinada a impedir o limitar de cualquier modo la aplicación de la excepción produzca efectos jurídicos.
La excepción prevista en la presente Directiva también debe permitir a las entidades autorizadas producir y difundir dentro de la Unión, tanto en línea como no, ejemplares en formato accesible de las obras y otras prestaciones a las que sea aplicable la presente Directiva.
La presente Directiva no debe imponer a las entidades autorizadas la obligación de producir y difundir dichos ejemplares.
Debe existir la posibilidad de que los ejemplares en formato accesible producidos en un Estado miembro estén disponibles en el resto de Estados miembros, con el fin de garantizar su mayor accesibilidad en el mercado interior.
De este modo se reduciría la duplicación del trabajo a la hora de producir ejemplares en formato accesible de una misma obra o de una misma prestación dentro de la Unión, lo que permitiría generar ahorro y ganar en eficiencia.
Por consiguiente, la presente Directiva debe garantizar que los ejemplares en formato accesible producidos por las entidades autorizadas en un Estado miembro cualquiera puedan circular y estar accesibles para los beneficiarios y las entidades autorizadas en toda la Unión.
A fin de promover dicho intercambio transfronterizo y de facilitar la identificación y la cooperación mutuas entre entidades autorizadas, debe fomentarse el intercambio voluntario de información relativa a los nombres y datos de contacto de las entidades autorizadas establecidas en la Unión, incluidos sus sitios web si se dispone de ellos.
Por lo tanto, los Estados miembros deben proporcionar a la Comisión la información que reciban de las entidades autorizadas.
Ello no debe implicar para los Estados miembros la obligación de comprobar la completitud y exactitud de dicha información, ni su conformidad con el Derecho nacional que transponga la presente Directiva.
La Comisión debe publicar dicha información en línea en un punto central de acceso a la información a escala de la Unión.
Ello también serviría para que las entidades autorizadas, así como los beneficiarios y los titulares de los derechos, se pusieran en contacto con las entidades autorizadas para recibir información adicional, en consonancia con lo dispuesto en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) 2017/1563 del Parlamento Europeo y del Consejo [10].
Dicho punto central de acceso a la información debe ser complementario del punto de acceso a la información que ha de establecer la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), tal como dispone el Tratado de Marrakech, para facilitar la identificación de las entidades autorizadas a nivel internacional y la cooperación entre ellas.
Los requisitos en materia de autorización o reconocimiento que los Estados miembros pueden exigir a las entidades autorizadas, como los relativos a la prestación de servicios de carácter general para los beneficiarios, no deben tener como efecto impedir que las entidades que responden a la definición de «entidad autorizada» con arreglo a la presente Directiva practiquen los usos permitidos en virtud de la presente Directiva.
Habida cuenta del carácter específico de la excepción que se establece en la presente Directiva, de su alcance específico y de la necesidad de seguridad jurídica para sus beneficiarios, no se debe permitir que los Estados miembros impongan requisitos adicionales para la aplicación de la excepción, como la verificación previa de la disponibilidad comercial de obras en formatos accesibles, distintos de los previstos en la presente Directiva.
Los Estados miembros solo deben estar facultados para establecer sistemas de compensación en relación con los usos permitidos de obras u otras prestaciones por parte de las entidades autorizadas.
Con el fin de evitar cargas para los beneficiarios, obstáculos a la difusión transfronteriza de ejemplares en formato accesible y requisitos excesivos para las entidades autorizadas, es importante limitar la posibilidad de que los Estados miembros establezcan tales sistemas de compensación.
Por consiguiente, los sistemas de compensación no deben exigir pago alguno por parte de los beneficiarios.
Solo deben aplicarse a los usos realizados por las entidades autorizadas establecidas en el territorio del Estado miembro que disponga de un sistema de este tipo y no deben exigir pagos de entidades autorizadas establecidas en otros Estados miembros o en terceros países que sean parte en el Tratado de Marrakech.
Los Estados miembros deben velar por que no existan requisitos más gravosos para el intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible dentro de dichos sistemas de compensación que en situaciones sin carácter transfronterizo, y ello también por lo que respecta a la forma y al posible nivel de compensación.
A la hora de determinar el nivel de compensación, debe tenerse debidamente en cuenta la naturaleza no lucrativa de las actividades de las entidades autorizadas, los objetivos de interés público perseguidos por la presente Directiva, los intereses de los beneficiarios de la excepción, el posible perjuicio para los titulares de los derechos y la necesidad de garantizar la difusión transfronteriza de ejemplares en formatos accesibles.
También deben tenerse en cuenta las circunstancias que se deriven en cada caso de la producción de un ejemplar concreto en formato accesible.
En aquellos casos en que el perjuicio causado al titular del derecho sea mínimo, no debe generarse obligación alguna de compensación.
La Convención, en la que la Unión es parte, garantiza a las personas con discapacidad el derecho de acceso a la información y a la educación y el derecho a participar en la vida cultural, económica y social en igualdad de condiciones con las demás.
Con la adopción de la presente Directiva, la Unión pretende garantizar que los beneficiarios tengan acceso en todo el mercado interior a libros y otros materiales impresos en formatos accesibles.
Por consiguiente, la presente Directiva es un primer paso esencial para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las obras.
La Comisión debe evaluar la situación en lo relativo a la disponibilidad en formatos accesibles de obras y otras prestaciones distintas de las reguladas por la presente Directiva, así como en relación con la disponibilidad de obras y otras prestaciones en formatos accesibles para personas con otras discapacidades.
Es importante que la Comisión examine de cerca la situación a este respecto.
Si fuera necesario, podría plantearse la modificación del ámbito de aplicación de la presente Directiva sobre la base de un informe presentado por la Comisión.
Los Estados miembros deben poder seguir estableciendo excepciones o limitaciones en favor de personas con discapacidad en casos no regulados por la presente Directiva, en particular en lo que se refiere a las obras y otras prestaciones, así como a discapacidades que no sean las tratadas en la presente Directiva, en virtud del artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva 2001/29/CE.
La presente Directiva no impide que los Estados miembros establezcan excepciones o limitaciones a derechos que no estén armonizados en el marco de la Unión en materia de derechos de autor.
La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular en la Carta y en la Convención.
La presente Directiva debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios.
El Tratado de Marrakech impone determinadas obligaciones relacionadas con el intercambio de ejemplares en formato accesible entre la Unión y terceros países que sean parte en dicho Tratado.
Las medidas que debe tomar la Unión para cumplir esas obligaciones están recogidas en el Reglamento (UE) 2017/1563, que debe leerse conjuntamente con la presente Directiva.
Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, mejorar el acceso en la Unión a obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines para personas ciegas, con una discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
se suprimen las letras e) y f);
el apartado 4 se modifica como sigue:
en la letra a), el tercer guion se sustituye por el texto siguiente:
cumplan íntegramente las prescripciones del Código de seguridad para naves de sustentación dinámica (Código NSD) contenido en la Resolución A.373(10) de la OMI, en su versión actualizada;»,
la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
la construcción y el mantenimiento de naves de pasaje de gran velocidad y su equipo cumplirán las normas para la clasificación de las naves de gran velocidad de una organización reconocida o normas equivalentes utilizadas por una administración con arreglo al artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2009/15/CE.»;
Por lo que se refiere tanto a buques nuevos como existentes, las reparaciones, alteraciones y modificaciones de importancia y los correspondientes equipamientos cumplirán las prescripciones aplicables a los buques nuevos establecidas en el apartado 2, letra a); cuando en un buque se hagan alteraciones destinadas exclusivamente a mejorar la flotabilidad, estas no se considerarán modificaciones de importancia.
Los buques construidos en un material equivalente antes del 20 de diciembre de 2017 deberán cumplir los requisitos de la presente Directiva modificativa antes del 22 de diciembre de 2025.
No obstante lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros que el 20 de diciembre de 2017 cuenten con más de sesenta buques de pasaje fabricados en aleación de aluminio que enarbolen su pabellón, podrán eximir de lo dispuesto en la presente Directiva a los siguientes buques de pasaje durante los períodos siguientes:
buques de pasaje de las clases B, C y D fabricados en aleación de aluminio después del 20 de diciembre de 2017 durante un período de diez años desde dicha fecha, y
siempre que dichos buques naveguen exclusivamente entre puertos del Estado miembro de que se trate.
Todo Estado miembro que desee acogerse a esta excepción deberá notificar a la Comisión su intención de hacerlo, a más tardar el 21 de diciembre de 2019, así como el contenido de la excepción.
Deberá también comunicar a la Comisión toda modificación posterior.
La Comisión informará a los demás Estados miembros, de conformidad con el artículo 9, apartado 4.».
Los buques de pasaje de transbordo rodado de la clase C con quillas que estuviesen colocadas o que se encontrasen en una fase similar de construcción a partir del 1 de octubre de 2004 y todos los buques de pasaje de transbordo rodado de las clases A y B cumplirán lo dispuesto en los artículos 6, 8 y 9 de la Directiva 2003/25/CE.»;
se suprime el apartado 2.
en el apartado 3, se suprime el párrafo segundo;
Con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 4, un Estado miembro podrá adoptar disposiciones equivalentes a determinados requisitos específicos de la presente Directiva, a condición de que sean al menos tan eficaces como tales requisitos.»;
Los Estados miembros que recurran a los derechos establecidos en los apartados 1, 2 o 3 seguirán el procedimiento establecido en los párrafos segundo a séptimo del presente apartado.
El Estado miembro deberá notificar a la Comisión las medidas que se propone adoptar, e incluir en dicha notificación pormenores suficientes que confirmen que se mantiene debidamente el nivel de seguridad.
Si en el plazo de los seis meses siguientes a la notificación la Comisión adopta actos de ejecución que contengan una decisión de que las medidas propuestas no están justificadas, se pedirá al Estado miembro que las modifique o que se abstenga de adoptarlas.
Las medidas adoptadas se especificarán en la legislación nacional correspondiente y se comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros.
Todas estas medidas se aplicarán a todos los buques de pasaje de la misma clase o naves que operen en las mismas condiciones especificadas, sin discriminación por motivo de pabellón, nacionalidad o lugar de establecimiento de la naviera.
Las medidas contempladas en el apartado 3 solo serán aplicables en tanto el buque o nave navegue en las condiciones especificadas.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión las medidas mencionadas en los párrafos segundo y cuarto por medio de una base de datos que la Comisión establecerá y mantendrá a tal fin, y a la que la Comisión y los Estados miembros tendrán acceso.
La Comisión dará a conocer las medidas adoptadas a través de un sitio web accesible al público.»;
en el apartado 5, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
la Comisión adoptará actos de ejecución que contengan su decisión, esté o no la decisión del Estado miembro de suspender la explotación de ese buque o nave, o de imponer medidas adicionales, justificada por la existencia de un peligro grave para la seguridad de la vida, los bienes o el medio ambiente y, en caso de que la suspensión o la imposición de medidas adicionales no estén justificadas, se pedirá al Estado miembro interesado que retire la suspensión o las medidas.
las referencias específicas a los “convenios internacionales” y las resoluciones de la OMI que se mencionan en el artículo 2, letras g), m), q) y z ter), en el artículo 3, apartado 2, letra a), en el artículo 6, apartado 1, letra b) y en el artículo 6, apartado 2, letra b).»;
en el apartado 2:
adaptar las especificaciones técnicas contenidas en las modificaciones que se introduzcan en los convenios internacionales para los buques de clase B, C y D y para embarcaciones, en función de la experiencia adquirida.»,
simplificar y aclarar los elementos técnicos, en función de la experiencia adquirida al aplicarlos;
actualizar las referencias a otros instrumentos de la Unión aplicables a los buques de pasaje nacionales.»;
los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:
La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 10 bis en lo referente a la adopción de las modificaciones a la presente Directiva a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.
En circunstancias excepcionales, cuando esté debidamente justificado por un análisis apropiado de la Comisión y con el fin de evitar una amenaza grave e inaceptable para la seguridad marítima, la salud, la vida o las condiciones de trabajo a bordo o el medio ambiente marino, o para evitar una incompatibilidad con la legislación marítima de la Unión, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 10 bis, que modifiquen la presente Directiva con objeto de no aplicar, a efectos de la presente Directiva, las enmiendas a los instrumentos internacionales contempladas en el artículo 2.
Estos actos delegados se adoptarán al menos tres meses antes de que expire el plazo establecido internacionalmente para la aceptación tácita de la modificación en cuestión o de la fecha prevista para la entrada en vigor de dicha modificación.
En el período previo a la entrada en vigor de dicho acto delegado, los Estados miembros se abstendrán de toda iniciativa tendente a la incorporación de la modificación en sus Derechos nacionales o de aplicarla al instrumento internacional en cuestión.».
Desde que el CV Europass se estableció por primera vez en 2004, se han creado más de cien millones de CV Europass en línea.
Dos modelos de suplemento de cualificaciones, a saber, el suplemento de diploma Europass y el suplemento de certificado Europass, ofrecen información sobre el contenido y los resultados del aprendizaje asociados a una cualificación, y sobre el sistema educativo del país que la emitió.
El pasaporte lingüístico Europass sirve para describir las capacidades lingüísticas.
El modelo de movilidad Europass describe las capacidades adquiridas en desplazamientos de estudio o de trabajo a otros países.
La recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2017 proporciona un marco común de referencia para ayudar a particulares y organizaciones a comparar diferentes sistemas de cualificaciones y sus niveles.
La recomendación del Consejo de 20 de diciembre de 2012 invitaba a los Estados miembros a establecer para 2018 a más tardar, de acuerdo con las circunstancias y especificidades nacionales y según consideraran apropiado, disposiciones para la validación del aprendizaje no formal e informal que permitiesen a las personas validar los conocimientos, capacidades y competencias adquiridos mediante el aprendizaje no formal e informal y obtener una cualificación total o, en su caso, parcial.
La resolución del Consejo, de 28 de mayo de 2004, sobre el fortalecimiento de las políticas, sistemas y prácticas en materia de orientación permanente en Europa precisa los grandes objetivos de una política de orientación permanente para todos los ciudadanos de la Unión.
La resolución del Consejo de 21 de noviembre de 2008 destaca la importancia de la orientación para el aprendizaje permanente.
El portal de oportunidades de aprendizaje y cualificaciones en Europa presenta información sobre las oportunidades de aprendizaje y las cualificaciones que ofrecen los distintos sistemas educativos en Europa y la comparación de los marcos nacionales de competencias a través del MEC.
El panorama europeo de las competencias ofrece información sobre las capacidades para distintas profesiones y sectores específicos, incluida la oferta y la demanda a nivel nacional.
El análisis de las ofertas de empleo y de otras tendencias del mercado laboral es un modo establecido de desarrollar información estratégica sobre capacidades para comprender cuestiones como las lagunas y carencias en materia de capacidades o los desajustes en las cualificaciones.
La clasificación europea multilingüe de capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), desarrollada y actualizada continuamente por la Comisión en estrecha cooperación con los Estados miembros y las partes interesadas, busca fomentar la transparencia de las capacidades y cualificaciones para la educación y la formación, así como para fines laborales.
Tras las pruebas adecuadas y teniendo debidamente en cuenta la posición de los Estados miembros, la Comisión podría utilizar la ESCO en el marco Europass; el uso de la ESCO por los Estados miembros es voluntario, tras una verificación y evaluación de los Estados miembros.
La red europea de servicios de empleo (EURES), creada por el Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, es una red cooperativa para intercambiar información y facilitar el contacto entre los solicitantes de empleo y los empleadores.
Presta asistencia gratuita a los solicitantes de empleo que desean trasladarse a otro país y ayuda a los empleadores que desean contratar a trabajadores de otros países.
Las sinergias y la cooperación entre Europass y los portales EURES podrían reforzar los efectos de ambos servicios.
Los procesos del mercado laboral, como la publicación de ofertas de empleo, la solicitud de un puesto, la evaluación de capacidades y la contratación, cada vez se gestionan más en línea, mediante herramientas que recurren a las redes sociales, los macrodatos y demás tecnologías.
La selección de candidatos está gestionada en línea por medio de herramientas y procesos que recaban información sobre las capacidades y cualificaciones adquiridas en contextos formales, no formales e informales.
El aprendizaje formal, no formal e informal también tiene lugar hoy en día en nuevos formatos y entornos, y lo ofrecen diversos proveedores, concretamente mediante el uso de tecnologías y plataformas digitales, aprendizaje a distancia, aprendizaje virtual, aprendizaje entre iguales, cursos en línea masivos y abiertos y recursos educativos abiertos.
Además, las capacidades, las experiencias y los logros en el aprendizaje se reconocen de diferentes formas, por ejemplo distintivos digitales abiertos.
Las tecnologías digitales también se utilizan para capacidades adquiridas mediante aprendizaje no formal, como trabajo juvenil y voluntariado.
A efectos de la presente Decisión, las capacidades se entienden en un sentido amplio que abarca lo que una persona conoce, entiende y puede hacer.
Se refieren a tipos distintos de resultados del aprendizaje, que comprenden tanto el conocimiento y las competencias como la capacidad de aplicar el conocimiento y utilizar el saber hacer para completar tareas y resolver problemas.
Además de la importancia reconocida a las capacidades profesionales, se reconoce que las capacidades transversales o «interpersonales», como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la creatividad, las capacidades digitales o lingüísticas, son cada vez más importantes y constituyen un requisito esencial para la realización personal y profesional y que pueden aplicarse en diversos ámbitos.
Las personas podrían beneficiarse de herramientas y orientación para evaluar y describir dichas capacidades y otras capacidades.
Tradicionalmente, las personas han presentado la información sobre las capacidades y cualificaciones que han adquirido en un CV y en documentos justificativos como certificados o diplomas.
Actualmente, se dispone de nuevas herramientas que pueden facilitar la presentación de capacidades y cualificaciones utilizando distintos formatos, digitales y en línea.
Esas nuevas herramientas también pueden permitir la autoevaluación por las personas de las capacidades adquiridas en diversos entornos.
El marco Europass debe responder a las necesidades actuales y futuras.
Los usuarios necesitan herramientas para documentar sus capacidades y cualificaciones.
Además, las herramientas para la evaluación de las capacidades y la autoevaluación de las capacidades, así como el acceso a la información pertinente, incluida la información sobre las oportunidades de validación y la orientación, pueden ser beneficiosas a la hora de tomar decisiones sobre las oportunidades de empleo y formación.
Las herramientas de la Unión en materia de capacidades y cualificaciones deben adaptarse a las prácticas cambiantes y a los avances tecnológicos para seguir siendo relevantes y beneficiosa para los usuarios.
Esto debe lograrse, entre otras cosas, creando características innovadoras como, por ejemplo, herramientas interactivas, edición y diseño de documentos, buscando lograr herramientas más completas, eficaces y eficientes y una simplificación, así como una interoperabilidad técnica incrementada y sinergias entre herramientas conexas, incluidas las desarrolladas por terceros y teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Asimismo, se podrían emplear medidas de autenticación para ayudar a la verificación de los documentos digitales sobre capacidades y cualificaciones.
Por tanto, para hacer frente a estas necesidades cambiantes, procede sustituir el marco Europass que se estableció por la Decisión n.o 2241/2004/CE por un nuevo marco.
El nuevo marco Europass debe satisfacer las necesidades y las expectativas de todos los usuarios finales individuales, como por ejemplo estudiantes, personas en búsqueda de empleo, incluidos parados y trabajadores, así como otras partes interesadas pertinentes, por ejemplo, empleadores (en especial las pequeñas y medianas empresas), cámaras de comercio, organizaciones de la sociedad civil, voluntarios, orientadores, servicios públicos de empleo, interlocutores sociales, organismos de educación y formación, organizaciones juveniles, proveedores de trabajo con jóvenes, autoridades nacionales competentes y responsables de la elaboración de políticas.
Debe además tener en cuenta las necesidades de los nacionales de terceros países que llegan o residen en la Unión y contribuir a su integración.
El marco Europass debe evolucionar para permitir la descripción de distintos tipos de aprendizaje y de capacidades, y especialmente las adquiridas en situaciones de aprendizaje no formal e informal.
Debe desarrollarse el marco Europass mediante un enfoque centrado en el usuario, sobre la base de los comentarios recibidos, y a través de la recopilación de requisitos, incluido mediante encuestas y pruebas, prestando atención a las necesidades concretas, actuales y futuras, de los grupos destinatarios de Europass.
Las funciones de Europass deben reflejar especialmente el compromiso de los Estados miembros y la Unión de garantizar la igualdad de acceso para las personas con discapacidad al mercado laboral y a las tecnologías y los sistemas de la información y comunicación.
Las herramientas Europass deben ser perceptibles, operables, comprensibles y robustas, para que puedan ser más accesibles a los usuarios, en especial a las personas con discapacidad.
Los cambios y las actualizaciones al marco Europass deben hacerse en colaboración con las partes interesadas pertinentes, por ejemplo servicios de empleo, orientadores, organismos de educación y formación, interlocutores sociales tales como sindicatos y organizaciones patronales, y respetando plenamente la cooperación política actual, por ejemplo el Proceso de Bolonia en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Una colaboración constructiva entre la Comisión, los Estados miembros y las partes interesadas reviste una importancia fundamental para desarrollar y aplicar satisfactoriamente el marco Europass.
El Derecho de la Unión en vigor en materia de protección de datos personales y las medidas nacionales de ejecución deben aplicarse al tratamiento de datos personales que se almacenan y tratan con arreglo a la presente Decisión.
Los usuarios deben tener la posibilidad de restringir el acceso a sus datos personales.
La participación en el marco debe estar abierta a los miembros del Espacio Económico Europeo que no sean Estados miembros de la Unión, a los Estados en vías de adhesión, a los Estados candidatos y a los Estados candidatos potenciales a la adhesión a la Unión, dado su interés, desde hace años, y su cooperación con la Unión en este ámbito.
La participación debe ajustarse a las disposiciones pertinentes de los instrumentos que rigen las relaciones entre la Unión y dichos países.
La información sobre capacidades y cualificaciones que ofrece el marco Europass debe proceder de un mayor número de países y sistemas educativos, y no solo de los participantes, dados los movimientos migratorios de otras partes del mundo.
La Comisión debe garantizar la coherencia en la aplicación y el seguimiento de la presente Decisión a través de un grupo consultivo de Europass compuesto por representantes de los Estados miembros y las partes interesadas pertinentes.
En concreto, el grupo consultivo debe desarrollar un enfoque estratégico con respecto a la aplicación y al futuro de Europass, y asesorar sobre el desarrollo de herramientas basadas en la web, también mediante ensayos y la información facilitada a través de la plataforma en línea Europass, en cooperación con otros grupos, cuando proceda.
El programa Erasmus+ de la Unión, creado por el Reglamento (UE) n.o 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, proporciona, entre otros, la cofinanciación para la aplicación de la presente Decisión.
El comité creado en virtud de dicho Reglamento participa en el debate estratégico sobre los avances en la aplicación de Europass y sobre las novedades futuras.
Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, el establecimiento de un marco global e interoperable de herramientas e información, en especial a efectos de movilidad transnacional para el empleo y el aprendizaje, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
Como principio general, las obligaciones y las cargas administrativas y financieras para los Estados miembros deben ser equilibradas con respecto a los costes y beneficios.
Las actividades realizadas en el marco de la presente Decisión deben recibir el apoyo de las agencias de la Unión, en particular el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, en sus ámbitos de competencia.
Por consiguiente, debe derogarse la Decisión n.o 2241/2004/CE sin perjuicio de la validez o del estatus de los documentos Europass expedidos con anterioridad.
Todos los modelos establecidos de documentos Europass deben mantenerse en el nuevo marco hasta que se apliquen los cambios o las actualizaciones necesarios de conformidad con la presente Decisión.
A fin de garantizar una transición fluida a la plataforma en línea Europass, el sistema de información sobre Europass en internet creado por la Decisión n.o 2241/2004/CE debe seguir funcionando hasta que la plataforma en línea Europass esté configurada y sea operativa.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: