{"id": "CC-41-12", "date": "2013-07-23", "subject_matter": "Civil", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/4934", "expected_articles": ["104"], "query": "para la prosecución del Juicio.- Siendo indebido lo sostenido por el Tribunal\r\nde primera instancia al interpretar de manera errónea el concepto de\r\nsolidaridad y sostener un concepto de mancomunidad de acciones y es también\r\nerróneo el concepto vertido por el Tribunal de Segunda Instancia al realizar un\r\nanálisis de la norma sustantiva contenida en el artículo 1403 del Código Civil\r\n: “El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios\r\nconjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por esto\r\npueda oponérsele el beneficio de división” .- En ningún momento se refiere a\r\nlas normas adjetivas que son las que regulan el procedimiento y que aparecen en\r\nnuestra legislación de la manera siguiente: NORMA SUSTANTIVA: Artículo 1349 Código Civil: “Las obligaciones\r\nciviles que nazcan de los delitos o faltas, se regirán por las disposiciones\r\ndel Código Penal”; CÓDIGO PENAL:\r\nARTICULO 2-A. - Las acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas con\r\narreglo a dos o más preceptos de este Código se sancionarán observando las\r\nreglas siguientes: 1)El precepto especial se aplicará con preferencia al\r\nprecepto general.- 2)...3).... - NORMA PROCESAL ESPECIAL : CONTENIDO EN\r\nEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE \r\nTRANSITO, párrafo primero: “El propietario de un vehículo responderá civil y\r\nsolidariamente con el conductor, por los daños y perjuicios causados a\r\nconsecuencia de un accidente de tránsito, cuando éste fuere declarado culpable\r\nen el mismo...” NORMA PROCESAL PENAL: \r\nARTICULO 49 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL: “Ejercicio\r\nde la acción civil. La acción para deducir la responsabilidad civil\r\nproveniente de un hecho punible, sólo podrá ser ejercitada por el perjudicado o\r\nsus herederos. La acción se ejercitará contra los participes en la comisión del\r\ndelito o contra sus herederos y, en su caso, contra los terceros que resulten\r\ncivilmente responsables.” Como podrá notar esta Honorable Corte Suprema de\r\nJusticia, con las normas anteriormente relacionadas queda debidamente probado\r\nla violación del Debido Proceso, así: 1) La Ley remite el ejercicio de las acciones para\r\nhacer cumplir las obligaciones que nazcan de los delitos o faltas a la Legislación Penal. 2) La Legislación Penal \r\nprescribe que deberá aplicarse la Legislación especial. 3) La Legislación Especial prescribe que la obligación\r\nsolidaria derivada de un accidente de tránsito será responsable solidariamente\r\nel propietario con el conductor, siempre que éste último haya sido declarado", "spans": {"article_numbers": [[1226, 1229]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": []}
{"id": "CC-153-12", "date": "2013-12-02", "subject_matter": "Civil", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/6894", "expected_articles": ["26", "27"], "query": "laciones de Choluteca; Departamento de Choluteca, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. \n\n QUINTO: Recibidas las actuaciones en e ste Tribunal y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se tuvo por Precluído el plazo dejado de utilizar por los Abogados [PERSONA-A] y [PERSONA-B], en su condición de Representantes Procesales del señor [PERSONA-C] y de la Sociedad Mercantil CULTIVOS MARINOS, S.A. (CUMAR) y del señor [PERSONA-D] respectivamente, en el presente Recurso de Casación. \n\n SEXTO: Que la parte recurrente plantea en cuatro motivos el presente recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle; Departamento de Choluteca, de la siguiente manera: “ V) MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. V. 1.- PRIMER MOTIVO : Infracción de los artículos 26 párrafo primero y 27 párrafo primero, ambos de la Ley de Trá nsito, impugnando la falta de aplicación de estas normas de derecho para la solución de fondo del litigio. El Artículo 26 párrafo primero de la Ley de Transito establece: Corresponde a la Sección de Investigación de Accidentes de Transito (SIAT), evaluar, investigar y analizar técnicamente las causas, circunstancias y consecuencias de los accidentes de transito. El Articulo 27 párrafo primero de la Ley de Transito establece: De cada accidente de transito, la Sección de Investigación de Accidentes elaborar á un informe técnico, en el que se consideraran las particularidades del hecho, determinando en forma precisa y objetiva, las causas del accidente, señalando en su caso, la responsabilidad de la persona o personas, o la imputación de las causas accidentes a factores no personales. En la certificación extendida por el suscrito Jefe Departamental de Transito de Choluteca (f. 9, 10 Y 11 pp.) no hace mención si ese informe haya sido elaborado o cuyas causas del accidente señaladas en el mismo hayan sido evaluadas, analizadas e investigadas por la Sección de Investigación de Accidentes de Transito (SIAT), UNICAMENTE SE LIMITA a mencionar que; quien elaboró el informe fue UN POLICIA [PERSONA-E] MENCIONAR EL NOMBRE, (NO ESPECIFICANDO SI ESTE POLICIA ES UN TECNICO DE LA SIAT ). La Corte Sentenciadora en el fallo impugnado al no cuestionar esta prueba documental por las razones anteriormente señaladas, dándole plena credibilidad a la misma, infringe los artículos 26 párrafo primero y 27 párrafo primero ambos de la Ley de Transito, al no aplicarlos para la solución de fondo del litigio ya que, quien tiene que elaborar el informe y evaluar, investigar y analizar las causas del accidente es la Sección de Investigación de Accidentes de Transito SIA T lo cual no lo establece el mencionado informe. La Corte recurrida al no aplicar esas disposiciones a la presente Litis en la forma explicada ha infringido, la Ley por falta de aplicación, lo cual autoriza para que estime este motivo para la admisión y demás efectos legales. Queda así precisada y justificada la incidencia de esa infracción de esta norma material en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mis representados. Este motivo se haya comprendido en el artículo 719. 2, causales del recurso del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice “2.- Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. V. 2.- SEGUNDO MOTIVO : Infracción del artículo 27 párrafo segundo de la Ley de Transito impugnando la falta de aplicación de esta norma de derecho para la solución de fondo del litigio. \n El artículo 27 párrafo segundo de la Ley de Transito establece: El informe técnico se basa en elementos probatorios como fotografías, croquis, medidas, estudios, reconstrucciones, pruebas de laboratorio y de campo, y cualquier otra e", "spans": {"article_numbers": [[964, 966], [1147, 1149], [1405, 1407], [2508, 2510], [3556, 3558], [3709, 3711]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]", "[PERSONA-B]", "[PERSONA-C]", "[PERSONA-D]", "[PERSONA-E]"]}
{"id": "CP-106-14", "date": "2015-06-16", "subject_matter": "Criminal", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/5187", "expected_articles": ["1", "79"], "query": "in indicando ó sea cometido un error de hecho, indicador de circunstancias que eran\r\nexcluyentes de la forma de participación de mi representado M. A. M.. Atropella\r\nde esta forma el sentenciador la inferencia lógica inductiva-deductiva, cuando\r\nllega a conclusiones cercenando partes importantes de la declaración del\r\ntestigo [PERSONA-A] su valoración lo que beneficia a la acusada. Más\r\nadelante observaran que el juzgador comete el mismo error en la valoración de\r\nlas declaraciones de los testigos y excluye de la valoración de la prueba\r\nmanifestaciones importantes que llegarían apreciar el indicio de\r\nresponsabilidad penal tanto en su extremo objetivo como subjetivo, ó sea\r\nconforme a la teoría del injusto completo, considera esta recurrente que de\r\nhaberse realizado un correcto análisis del referido indicio nos encontraríamos\r\nque tendría que haber hecho el fallador el uso del principio rector del debido\r\nproceso in dubio pro reo, entendiéndose que las dudas se deben resolver a favor\r\ndel procesado en los actos de formulación de la acusación. Estimados\r\nMagistrados observen la declaración de este testigo: Es importante hacer notar\r\nque mí representada en ningún momento tuvo un actuar contrario a la Ley , observen el artículo 79 de la\r\n Ley de Tránsito “Los conductores de vehículos automotores,\r\nestán obligados a detenerse cuando\r\nse lo indiquen las autoridades policiales debidamente identificadas, ( ya\r\nquedó probado en juicio que mi representada era un miembro policial y el día de\r\nlos hechos portaba su placa de identificación, lo que está entre paréntesis es\r\nnuestro) ya sea para presentar documentos o para el correspondiente\r\nregistro y revisión del mismo vehículo, pudiendo decomisarse los vehículos que\r\nno cumplan con las normas establecidas.” El Ministerio Público buscó formar\r\nun caso invocando en todo momento que los agentes de la D.G .I.C. que ése día remitieron\r\na las instalación del Centro Integrado para verificación de datos de un vehículo\r\nautomotor en apariencia (porque nunca se probó en juicio los datos del\r\nvehículo) del señor M. O.” no tenían respaldo legal para conducir a las\r\ninstalaciones de la policía [PERSONA-B] a otra Dirección y el Tribunal\r\nde Sentencias en desconocimiento de normas policiales atiende esta suplica mal\r\nplanteada. Claramente el Testigo L. M. declara que: me baje y le pedí que se\r\nidentificara a lo que se negó a proporcionarme documentos de el como del\r\nvehículo, seguidamente se le solicitó un registro a lo cual se negó”. Si continuo mostrándoles el\r\nrespaldo legal con el que ha contado mi representada, les refiero que el\r\nArtículo 1-de la ley de tránsito \r\nestablece: “la presente Ley tiene por objeto la preservación del orden público,\r\nla defensa de la vida, la integridad física de las personas, la protección de\r\nlos bienes y el fomento de bienestar\r\nsocial mediante la regulación legal del uso y circulación de los vehículos\r\nautomotores terrestres y el obligatorio registro policial de los mismos. Queda\r\nsujeto a sus disposiciones todas las personas que conduzcan cualquier tipo de\r\nvehículos y sus pasajeros, cuando circulen en carreteras, calles y demás vías\r\npúblicas o privadas, rurales o urbanas, comprendidas en todo el territorio\r\nnacional y también los peatones; y, en su caso, los propietarios de dichos\r\nvehículos, dueños de semovientes o terceros que también hagan uso de dichas\r\nvías públicas o privadas. De la misma forma la Ley Orgánica \r\nde la Policía \r\nestablece en el Artículo 11 -\r\n“para el cumplimiento de sus funciones, la policía [PERSONA-C]\r\ndirecciones generales siguientes: #1 la Dirección \r\n General de Investigación Criminal” así como en el Artículo 32- de la pre citada ley establece:”la dirección general de\r\ninvestigación criminal (DGC) tendrá las atribuciones siguientes: #15. Las demás\r\nque establecen las leyes y los reglamentos”. Lo que nos lleva a utilizar de", "spans": {"article_numbers": [[1247, 1249], [2619, 2620]], "verbatim_quotes": [{"span": [1061, 1780], "overlap": 0.307}, {"span": [2507, 2992], "overlap": 0.417}, {"span": [2992, 3412], "overlap": 0.776}]}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]", "[PERSONA-B]", "[PERSONA-C]"]}
{"id": "CA-161-15", "date": "2015-12-01", "subject_matter": "Administrative", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/5422", "expected_articles": ["1", "98"], "query": "administrativo para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado\r\nde Honduras por la comisión de un hecho doloso ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, dando respuesta a\r\ntravés de la resolución SEDS-058-2012 de fecha veintitrés de abril de dos mil\r\ndoce, en la cual declaró sin lugar el reclamo administrativo, interponiendo\r\nrecurso de reposición decretando sin lugar el mismo, dando por agotada la vía\r\nadministrativa.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría\r\nde Estado en el Despacho de Seguridad, contestó dicha demanda señalando que rechaza\r\nparcialmente lo expuesto por los demandantes en virtud que se le hizo parada al\r\nconductor del taxi el cual omitió y abalanzó el automotor en contra del agente,\r\nllevándose un cono de los utilizados en el retén, por lo que los agentes [PERSONA-A] y [PERSONA-B], subieron a pie al boulevard Fuerzas Armadas para detener el\r\nautomóvil sin lograrlo por lo que tuvieron que hacer uso de sus respectivas\r\narmas de fuego, resultando herido el menor [PERSONA-C], siendo trasladado\r\nal Hospital Escuela, donde falleció al día siguiente, todo como resultado del\r\nclaro desafío a la autoridad policial, violentando lo establecido en la Ley de\r\nTránsito en sus artículos 1 y 98 numeral 19; en este caso el delito cometido\r\npor el policía [PERSONA-A] es personalísimo por lo que debe de\r\nexcluirse al Estado de Honduras de la solidaridad en que se amparan los\r\ndemandantes ya que no fue el mismo el que cometió el delito condenado en base a\r\nlo establecido en el artículo 124, párrafo segundo de la Ley Orgánica de la\r\nPolicía [PERSONA-D].- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo\r\ncon sede en Tegucigalpa, en fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce,\r\ndictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no\r\najustarse a derecho el acto impugnado, en consecuencia se anula totalmente,\r\nreconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento\r\nse toman las siguientes medidas: condenar al Estado de Honduras a pagar a favor\r\nde los demandantes los daños y perjuicios consistentes en a) daño material o\r\npatrimonial, por la pérdida de la vida de un ser humano, reconociéndole a su\r\nvez el daño emergente y lucro cesante, para lo cual su cálculo se difiere para\r\nla fase de ejecución de la sentencia.- b) daño moral o incorporal producto del\r\ndaño psicológico producto de la pérdida de su menor hijo y sin costas; bajo el", "spans": {"article_numbers": [[1283, 1289]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]", "[PERSONA-B]", "[PERSONA-C]", "[PERSONA-D]"]}
{"id": "CP-230-13", "date": "2017-03-29", "subject_matter": "Criminal", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/7731", "expected_articles": ["98"], "query": "ión de la sentencia) “de lo que se desprende de los expresado por los testigos que anteceden no existe duda de que los señores I. G. R. , A. C. B. M Y W. P. R. , en fecha seis (6) de agosto del dos mil nueve indudablemente detuvieron a W. M. , lo que no se demostró, fue la calidad policial con la se dijo dichas personas actuaban en aquel momento, tampoco se acreditó la justa causa de la detención del señor W. M. ”. B) Sobre los MOTIVOS DE LA DETENCION, según la sentencia (VER HECHOS PROBADOS) en el que El tribunal de Sentencia, establece: “…sin motivo alguno probado, detuvieron y condujeron a la celda policial de aquel lugar al señor W. M. , bajo el argumento de que este último no portaba casco, ni licencia de conducir motocicleta, y haberle faltado el respeto por romperle la manga de la fatiga (camisa) al señor I. R. G. ” no obstante la anterior afirmación, incluida en la declaración de hechos probados, en el análisis de la prueba testifical de cargo el Tribunal de Sentencia a ese mismo respeto dice (ver página 8): a) “en todo caso si el señor W. M. fue realmente sorprendido conduciendo una motocicleta sin portar casco y licencia porque se obvió aplicar las sanciones que manda el artículo 98 de la Ley de Tránsito, por último si hubo agresión física por parte de W. M. en detrimento del señor G. R. y especialmente de su camisa que vestía tal circunstancia no reúne las condiciones formales para dar por acreditados algunos de los elementos del tipo penal de atentado, confirme lo regula el artículo “…, en relación a la prueba documental de la prueba de cargo (acta de informe de los hechos e informe especial), manifiesta el tribunal, (ver Folio 9) que la prueba documental se ha reafirmado por los testigos de cargo, y después sustituye la valoración de la prueba haciendo referencia a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Justicia Constitucional y la tipicidad contenida en los artículos 343 y 344 del Código Penal. En relación a la PRUEBA DE DESCARGO que fue solamente la Testifical, el Tribunal valora: (ver folio 11 de la certificación de la sentencia) “, lo que no se demostró, fue la calidad policial con la se dijo dichas personas actuaban en aquel momento, tampoco se acreditó la justa causa de la detención del señor W. M. SEGUNDO: VALORACIÓN FACTICA INSUFICIENTE: como se puede apreciar en el contenido de la valoración de la prueba la misma es insuficiente, pues el tribunal de Sentencia, s", "spans": {"article_numbers": [[1209, 1211]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": []}
{"id": "CP-259-14", "date": "2018-02-01", "subject_matter": "Criminal", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/8593", "expected_articles": ["60"], "query": "de marzo del dos mil once siendo las 16:30 horas, en la Carretera que de Tegucigalpa conduce a la Aldea las Tapias po r residencia Oswaldo L. O. : Los vehículo que participaron fueron un autobús marca Blue Bird Color amarillo Año 1996 Placa AA19236 que era conducido por el señor M. A. M. y una Motocicleta Marca Yamaha color rojo, año 2009, Placa MPN3802, que era conducido por O. D. E. S. , señalándose al Autobús como participante 1 y a la motocicleta como participante 2. El vehículo Número 1 tenía dañado el vértice anterior lateral izquierdo, bomper hundido y adherencia de pintura en tanto que el vehículo número 2 presentaba el tercio medio lateral izquierdo carota destruida, batería desintegrada de sus bases, estribo de cambio doblado y guarda fango quebrado. En las observaciones se establece que se determinó la responsabilidad del participante 1 en base a la maniobra realizada en el punto de impacto y desplazamiento de daños y a la posición final del móvil uno y a una huella de frenada de veinte metros, marcada sobre la capa asfáltica lo cual determinó que traspasó el eje central no demarcado de la calzada. Se fundamenta la responsabilidad del participante número 1 en base a los artículos 60 n°3, 64 y 106 del decreto 205-2005 de la Ley de Tránsito en vigencia. En el mismo informe se establece una dinámica general del accidente de la siguiente manera: el participante 1 conducía su móvil por el centro de la calzada que de Tegucigalpa conduce a la Aldea las Tapias, en dirección al oeste a una velocidad no determinada por falta de elementos técnicos y de juicio que permitan su cálculo. El participante 2 conducía su móvil por el costado derecho de la calzada que de la Aldea las Tapias conduce a Tegucigalpa, en dirección el este a una velocidad no determinada por falta de elementos técnicos y de juicio que permitan su cálculo. En las condiciones antes descritas el participante 1 al conducir su móvil no atento a las condiciones de tránsito del momento y al aproximarse a una curva semicurva cerrada a su izquierda en desaceleración traspasó el eje central no demarcado de la calzada sin percatarse y obstruyéndole la normal circulación al móvil 2 que llegaba al área de conflicto en sentido opuesto por su preferencia colisionando el móvil 1 con el vértice anterior izquierdo con el tercio medio lateral izquierdo del móvil dos, lugar del impacto y posición final del móvil dos, el acotado y señalado en el plano adjun", "spans": {"article_numbers": [[1210, 1212]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": []}
{"id": "CP-447-14", "date": "2018-03-20", "subject_matter": "Criminal", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/8618", "expected_articles": ["40", "68", "99"], "query": "nte al estar remplazando un neumático en la vía pública a las diez de la noche en condiciones de ausencia de iluminación artificial y haber guardado los triángulos de precaución en el momento en que venía el vehículo que conducía el señor N. A. A. faltando la relación de riesgo que de acuerdo con los criterios de la teoría de la imputación objetiva es necesaria para que el resultado sea imputable a la conducta. Finalmente podemos afirmar, que quien rompió la armonía de los elementos fundamentales del tránsito, fueron los que se conducían en el vehículo Honda Accord, por lo que se debe de dar por recibido este motivo de casación que por infracción de Ley se interpone. MOTIVO TERCERO: Por Infracción de Ley: Haber infringido el sentenciador una norma jurídica de carácter sustantivo, que debe ser observada para la aplicación de precepto penal, en relación a los hechos probados de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal (en adelante “CPP”). EXPLICACION DE MOTIVO: El precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por falta de aplicación es el Artículo 4; y la aplicación indebida del Artículo 68 ambos de la Ley de Tránsito, en relación con el Artículo 40 letra E, del Reglamento General de Tránsito del decreto 117 del 13 de junio de 1955; además del artículo 99 numeral 8 también de la Ley de Tránsito.- Dichas normas disponen: Artículo 4.- “Para la Aplicación e interpretación de la presente Ley, se definen los conceptos siguientes:..., BERMA: Es la porción lateral, pavimentada o no, adyacente a la calzada de la carretera, que puede así mismo proporcionar espacio para las emergencias de tránsito.” Artículo 68.- “Los conductores de vehículos que circulen por la Vías públicas deberán respetar la velocidad indicada en la señalización existente y actuar prudentemente, de manera que en caso de emergencia puedan realizar las maniobras oportunas para evitar un accidente. Las velocidades máximas permitidas en las zonas donde no exista señalización son las establecidas en el reglamento respectivo.” Artículo 99.- “Son infracciones menos graves: 1) .,..., 8) Estacionar el vehículo sin causa justificada en lugares no permitidos, tales como áreas exclusivas para discapacitados, en curvas, puentes, calles, aceras, de manera que se dificulte la circulación o se amenace la seguridad de las personas o de los vehículos. En primer lugar: reprochamos lo que el sentenciador establece en su hecho probado, y que los llevó a la indebida aplicación del artículo 68 de la Ley de Tránsito, en cuanto a que el vehículo que conducía mi representado, no se pudo detener a pesar de haberle aplicado los frenos, describiendo además el Tribunal inapropiadamente que esto fue: “por el exceso de velocidad en que iba, sobrepasando el límite reglamentario para circular por dicha calle,”…. Obsérvese que la infracción al artículo 68, conllevó a un fallo condenatorio por dos delitos culposos, y el sentenciador fundamentó jurídicamente el mismo en el capítulo Séptimo, donde como ya lo explicamos en el motivo anterior expreso que: “se ha declarado probado, que conducía su vehículo sin la debida precaución y a una velocidad que sobrepasa la señalizada como límite, lo que provocó una colisión con el automóvil que estaba estacionado”; y en el capítulo Quinto dice que: “esta falta de debida diligencia y previsibilidad”, son elementos conceptuales de ambos delitos, en consonancia con el artículo 13 del Código Penal, fundamentales para la culpabilidad de mi representado en los delitos de Homicidio y Daños Culposos.- Conclusión errónea del hecho probado, y su explicación de la fundamentación jurídica, que hacen válido el presente reproche, habida cuenta, que quien expresa aspectos de velocidad fue el Técnico de Tránsito, quien manifestó que la velocidad a que supuestamente iba mi representado era de 49.9 Kilómetros por hora, y que e sto lo dedujo por que en la calle quedó una huella de", "spans": {"article_numbers": [[1209, 1211], [1269, 1271], [1377, 1379], [1730, 1732], [2130, 2132], [2577, 2579], [2934, 2936]], "verbatim_quotes": [{"span": [1721, 1993], "overlap": 0.394}, {"span": [1993, 2121], "overlap": 1.0}, {"span": [2121, 2440], "overlap": 0.707}]}, "pseudonyms": []}
{"id": "CP-269-16", "date": "2019-09-09", "subject_matter": "Criminal", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/10432", "expected_articles": ["4"], "query": "la del vehículo decomisado, mismo que tenía reporte de robo, no subsumiéndose dicha acción en lo contemplado en el artículo 218-B en relación al 218-A del Código Penal, donde el verbo rector es ALTERAR la identificación y matrícula de un vehículo de ajena pertenencia o que haya sido objeto de robo, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), alterar significa: “cambiar la esencia o forma de algo”. Ahora bien, es importante definir que es la identificación de un vehículo, el VIN (Vehicule Identification Number) llamado número de chasis o número de bastidor es una secuencia de dígitos que identifican el vehículo puesta por el fabricante. El estándar ISO 3779-1983 define el contenido y la estructura del VIN que posibilita la creación de un sistema homogéneo de números de chasis para todo el mundo. Es un código específico y único para cada unidad fabricada. Con anterioridad a 1980 no existía ninguna norma para estos códigos, por lo que los diferentes fabricantes utilizaban distintos formatos. Los códigos actuales constan de 17 caracteres que no incluyen las letras I, 0, Q y Ñ) [1] . En cuanto a la matrícula o patente de vehículos, ya nuestra legislación en el artículo 4 de la Ley de Tránsito establece el concepto de placa, siendo: una plancha comúnmente metálica otorgada por autoridad competente que contiene datos alfanuméricos que identifican un vehículo. Siendo éstas las identificaciones y matrícula de los vehículos automotores, las mismas son ya incorporadas por el fabricante (número de chasis y número de motor) o por la portación de una placa de matrícula, en nuestro país son proporcionadas por el Instituto de la Propiedad (IP), consistente en una plancha metálica con datos alfanuméricos y que necesariamente tienen que coincidir con la boleta de revisión. Según P . M . , la declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, es entonces; “el arranque”, Es un presupuesto necesario del fallo, porque mediante ella se fija judicialmente la reconstrucción de lo sucedido, y constituye la base sobre la que se construirá el tratamiento (subsunción) jurídico del caso debatido en el proceso; pero no integra propiamente la motivación de su decisión [2] . La importancia del hecho probado en la sentencia penal, lo constituye que debe reunir todos los elementos de la tipicidad del delito requerido para llegar a una condena y todos los elementos fácticos", "spans": {"article_numbers": [[1209, 1210]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": []}
{"id": "AA-469-21", "date": "2021-11-30", "subject_matter": "Constitutional", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/14010", "expected_articles": ["19"], "query": "de su mandante como lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos PCM, que son concurrentes a la pandemia del Covid-19 , y que lo autorizan a circular durante la pandemia en razón al rubro de la empresa para la que trabaja. CONSIDERANDO: Que el recurrente en mismo escrito de interposición del presente recurso indica que con la emisión del acto reclamado se quebrantaron las declaraciones y derechos contenidos en los artículos 59,61, 80, 81, 90, 127 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes y del acto reclamado, se desprende que la autoridad denunciada declaró sin lugar el recurso de apelación al determinar que se sancionó por tercera vez al quejoso por circular en vehículo a una velocidad superior a la establecida en los avisos o señales de tránsito, falta que se encuentra contemplada en la Ley de Tránsito, indicando además el ente censurado que dicha sanción fue impugnada por el peticionario extemporáneamente toda vez que a este se le decomisó su licencia en fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte, pero presentó su escrito de impugnación hasta en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte, inobservando el artículo 19 de la Ley de Tránsito, que contempla que el término para impugnar es de setenta y dos horas (72h); además dicho ente en esta misma resolución indica que el quejoso amplió su apelación alegando que no concurre la reincidencia mencionada , para lo cual la Dirección censurada, le indica al impetrante que se sancionó al señor [PERSONA-A], en fechas veintitrés (23) de agosto y trece (13) septiembre, ambas del año dos mil diecinueve, por la misma falta, y por tercera vez el diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte, comprendidas estas dentro de un periodo de un año en la comisión de dicha falta de tránsito, motivos estos por los que no fueron oídos los alegatos del solicitante y a quien se le advirtió que dicha resolución pone fin a la vía administrativa y queda expedita la vía judicial. CONSIDERANDO: Que el Derecho de Defensa se considera infringido cuando a los litigantes se les limita la posibilidad real de ser oídos, o se les mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional de los órganos judiciales y administrativos el permitir a las partes su defensa procesal mediante la cor", "spans": {"article_numbers": [[1208, 1210]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]"]}
{"id": "AP-1173-21", "date": "2022-03-31", "subject_matter": "Constitutional", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/14608", "expected_articles": ["19", "98"], "query": "amparo venido en consulta, de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), emitido por la Corte de Apelaciones Civil San Pedro Sula, departamento de Cortes, en el cual dictó sentencia mediante la cual falló el otorgamiento de dicha acción, fundamentando la motivación de su fallo en lo siguiente: “ CONSIDERANDO: Que el recurso de Amparo solo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos individuales, por lo que en el caso que estamos conociendo, deviene la obligación de determinar si la decisión tomada en la resolución de Audiencia Pública N° 001-2020 de fecha 18 de junio del año 2020 por parte del jefe de la unidad de viabilidad y Transporte N° 6 de Choluteca, Sub Comisario de Policía [PERSONA-A] Girón, vulnera el principio de Legalidad como un principio de rango constitucional invocado por el amparista.- CONSIDERANDO : Que a juicio del recurrente, el conflicto intersubjetivo de intereses objeto del proceso, se ha derivado de la resolución de la Audiencia Oral y Publica N° 001-2020 de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020), que Resuelve: PRIMERO : CONFIRMAR al señor [PERSONA-B] Ortiz, la infracción articulo 98 numeral 19 de la Ley de Tránsito, aplicada mediante boleta de infracción N° 1150036 de fecha 29 de mayo del año 2020, en virtud de la infracción fue aplicada por el incumplimiento al Decreto ejecutivo PCM. 047-2020, ya que el señor [PERSONA-C] las advertencias hechas por la Policía [PERSONA-D] comunicado de fecha 13 de abril del año 2020 donde establece que la persona que haga caso omiso a la calendarización para circular según el último digito de su cedula de identidad, pasaporte y/o carne de residente, se le aplicara una sanción mientras dure el estado de emergencia, y el conductor al momento de ser detenido, ni en el transcurso del proceso de impugnación de la falta, no presento ningún permiso o salvo conducto que lo autorizara a circular en esa fecha, ya que según calendarización ese día les tocaba circular a la terminación cero y el peticionario es terminación cuatro. SEGUNDO : Se instruye a la oficina de infracciones, que, en virtud de haberse realizado el respectivo procedimiento, y previo al pago de la infracción correspondiente, se le devuelva la licencia de conducir al compareciente. TERCERO : Contra la presente resolución no cabe recurso alguno, articulo 19 de la Ley de Tránsito.- CONSIDERANDO : Que referente al Derecho Constitucional que reconoce nuestra Constitución y que invoca el recurrente consisten en el Principio de Legalidad según el artículo 95 constitucional descrito de la siguiente manera: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamiento”. Esto quiere decir, que sin una ley que lo haya declarado previamente punible ningún hecho puede merecer una pena de derecho penal. Es importante referir que este principio no solo rige respecto de las sanciones propiamente penales, sino toda sanción administrativa y disciplinarias, que pueda aplicarse por una lesión al ordenamiento jurídico vigente.- CONSIDERANDO: Que el derecho positivo es el derecho creado por un acto del legislador, y que, por lo tanto, aparece en forma de Ley; en ese orden de ideas una sanción penal, administrativa y disciplinaria se habrá aplicado con arreglo al principio de legalidad si está establecida en una ley previa y escrita.- CONSIDERANDO : Que en el caso de autos el Amparista señalo que a su representado se l e a impuesto una infracción de tránsito contenida en el artículo 98 numeral 19 de la ley de Tránsito y condenado a pagar una multa por “Desatender las señales o advertencias de la policía, cuando esta se encuentre efectuando cualquier procedimiento policial” infracción cuya sanción fue arbitraria, sustentando la autoridad que la aplicación de la misma corresponde al desatender las advertenc", "spans": {"article_numbers": [[1194, 1196], [2381, 2383], [3632, 3634]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]", "[PERSONA-B]", "[PERSONA-C]", "[PERSONA-D]"]}
{"id": "AC-785-21", "date": "2022-04-20", "subject_matter": "Constitutional", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/14384", "expected_articles": ["104"], "query": "ue hoy se conoce, es la promovida por la Abogada [PERSONA-A], a favor del señor [PERSONA-B], contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, diligencias judiciales evacuadas en la demanda por la vía del procedimiento abreviado para el pago de Daños y Perjuicios promovida por los señores [PERSONA-C], [PERSONA-D], [PERSONA-D] y [PERSONA-D] , contra los señores [PERSONA-E], [PERSONA-F] y [PERSONA-B] - CONSIDERANDO (4) : Que en la formalización de la acción de amparo, la accionante considera que existe una vulneración a los Derechos Constitucionales de su representado, contenidos en los artículos 80, 82 y 186 de la Constitución de la República, debido a que a su representada no se le aplic ó contenido del párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Tránsito, que establece: “ Se exceptúa de lo anteriormente dispuesto, el propietario de un vehículo, que lo haya arrendado, vendido a plazo, sin haber transmitido el dominio o dado en uso, siempre que éste haya convencido contractualmente las esti p ulaciones necesarias con los interesado s, inclu y endo un seguro de da ñ os a terceros q ue adquieran la posesión el uso el g oce sobre el bien ob j eto de la ne g ociaci ó n p ara res p onder ante terceros p or los da ñ os y perjuicios ocasionados o q ue el interesado se obli g ue en el res p ectivo contrato , a asumir todas las res p onsabilidades frente a terceros .” Pues al momento de presentar la demanda la propiedad del vehículo ya se encontraba en propiedad del se ñ or Elías F rech, as í mismo en el Recurso de Apelación se presentó el medio de prueba con compra y venta a plazo de un veh í culo celebrado entre mi representado el se ñ or E migdio Ortega y el se ñ or Elías Frech, comprobando que mi representado esta eximido de la responsabilidad civil derivada del accidente de tránsito , por lo que la Corte de Apelaciones debi ó reconocer el derecho que ampara a mi representado en l a excepci ó n que establece la ley en su párrafo segundo del artículo 104 de la ley de tránsito y eximirlo de toda responsabilidad, mi representado el se ñ or [PERSONA-B], no debió ser condenado al pago de dicha i ndemnizaci6n, puesto que el mismo se encuentra dentro de las excepciones establecidas en la ley de tránsito , sumado a ello La Corte de Apelaciones confirma l a infracci ó n comedita en primera instancia, violentando el derecho que le ampara l a ley a mi representado, confirmando la sentencia de primera instancia y además hace aún más grave la situaci ó n de los demandados, al aumentar la cuantía de la condena. TERCERO: Que el Juzgado de Letras de lo C ivil de primera instancia, describen como hecho probado La Responsabilidad “solidaria” de mi representado el se ñ or Emigdio Ángel Ortega López y el se ñ or Elías Frech Gonzales, por haber traspasado la propiedad del vehículo , días posteriores al siniestro, sin embargo mi representante es meramente un vendedor a Plazo de dicho vehículo , condici ó n que acreditamos con el CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA-VENTA DE UN BIEN MUEBLE, el cual fue celebrado y firmado entre El se ñ or [PERSONA-B] y el se ñ or [PERSONA-F], en fecha Veintitrés (23) de mayo del a ño dos mil dieciséis (", "spans": {"article_numbers": [[1070, 1073], [2308, 2311]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]", "[PERSONA-B]", "[PERSONA-C]", "[PERSONA-D]", "[PERSONA-E]", "[PERSONA-F]"]}
{"id": "CA-202-22", "date": "2022-08-19", "subject_matter": "Administrative", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/14860", "expected_articles": ["117"], "query": "és del DECRETO 205-2005, y de las que se citan literalmente, Ley de la Penalización de la Embriaguez Habitual, Articulo 1: \" ... Se autoriza a la policía [PERSONA-A] a practicar pruebas de alcoholemia destinadas a determinar la presencia de alcohol en la sangre o en el organismo, a toda persona que se conduzca o se apreste a conducir un vehículo, si el estado de embriaguez fuere manifiesto. Si la prueba es positiva, los funcionarios policiales podrán prohibirle la conducción por el tiempo necesario para su recuperación ... \". Artículo 3 : \" ...Los funcionarios de la policía [PERSONA-B] o de investigación deberán tomar las medidas inmediatas para someter al detenido a un examen científico, tendiente a determinar el grado de alcohol en el organismo, el examen se verificara en los laboratorios de Medina Forense o en su defecto en los laboratorios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o centros privados, supervisados por Medina Forense.- En caso de que en determinado lugar, no existieren los centros anteriormente mencionados, el medico responsable de Medicina Forense tomará las muestras necesarias y las remitirá al laboratorio forense público y/o privado para su análisis...\". Ley de Transito Artículo 117 : \"...Se instituye la obligatoriedad de la práctica de la prueba neurológica inmediata, sin exceder del plazo de seis (6) horas, del examen científico de alcohol u otras drogas de manera preferente en aliento o en saliva o en su defecto en sangre u orina para determinar la presencia y grado de alcohol o de otras drogas en el organismo humano.- El examen o toma de muestras será practicado por parte de las agentes de la Dirección Nacional de Transito a toda persona que conduzca o se proponga conducir un vehículo automotor, cuando el estado de embriaguez fuere manifiesto o cuando resulte de operativos masivos o cuando participare en un accidente de tránsito.- si la prueba de alcohol o de otras drogas resultare positiva, los agentes policiales podrán prohibir la conducción del vehículo automotor por el tiempo necesario para su recuperación, el cual no podrá exceder de veinticuatro (24) horas a partir de la detención salvo cuando por haber huido del sitio para evitar su detención y como consecuencia de cometer otras infracciones ... \". Que sobre los artículos citados y relacionados gira la controversia, puesto que se presume que las autoridades de Transito están facultadas para efectua", "spans": {"article_numbers": [[1229, 1232]], "verbatim_quotes": [{"span": [1204, 2277], "overlap": 0.765}]}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]", "[PERSONA-B]"]}
{"id": "CL-203-21", "date": "2023-01-23", "subject_matter": "Labor", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/16773", "expected_articles": ["45", "98"], "query": "ue acude por la vía judicial en busca de una solución al pago de prestaciones laborales que por ley le corresponden. - 2. La parte demandada, la empresa SOLUCIONES ARQUITECTONICAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contestó dicha demanda arguyendo que el demandante laboró hasta el 15 de febrero del 2019, desempeñando el cargo de Motorista, siendo el encargado de entregar materiales a proyectos en el vehículo que se le había asignado, esto tanto dentro como fuera de la ciudad; en fecha 24 de enero del 2019, con el propósito de realizar los trámites para la inscripción de póliza de seguro del vehículo que se le había asignado por parte de la empresa para cumplir con los requisitos establecidos para tal fin, se requerían entre otros documentos, la licencia de conducir, quien al comunicársele la necesidad de dicho documento, manifestó que no podía entregarlo porque no tenía licencia de conducir, argumentando que la misma le había sido decomisada y suspendida por el término de 6 meses, por las autoridades de tránsito, al infringir la ley por conducir ingerido de bebidas alcohólicas, lo manifestado en ese momento por parte del demandante, le era desconocido a la empresa; conforme al artículo 45 de la Ley de Tránsito, los hondureños o extranjeros con permiso de residencia, que conduzcan vehículos, deben portar su correspondiente Licencia de Conducir extendida por la Dirección Nacional de Tránsito, la que debe estar conectada con el Registro Nacional de Conductores; asimismo, el artículo 4 de la misma ley establece y conceptualiza, que la licencia de conducir es el documento que otorgado por la autoridad competente, permite a la persona la acción de pilotar un vehículo, en observancia y en acatamiento a las normas pertinentes. De igual forma, es preciso relacionar el contenido del artículo 98 numeral 2) de la Ley de Tránsito que establece, que son infracciones graves conducir con la licencia suspendida o cancelada, en vista de lo anterior y al momento de terminarse la relación laboral, carecía de ese documento y por ende era inhábil legalmente para conducir un vehículo automotor. También es importante resaltar, que por el cargo de Motorista que desempeñaba el demandante, la licencia de conducir además de ser de obligatoriedad legal, era indispensable para el cumplimiento de sus labores y obligaciones contractuales, por lo que esta situación descrita hizo y hace imposible el cumplimiento de las mismas; una vez agotado el procedimiento correspondiente, acreditándose la falta de habilidad del demandante que hace imposible el cumplimiento del contrato y por constituir también esta situación descrita una falta grave, se procedió a dar por terminada la relación de trabajo mantenida sin responsabilidad patronal, en base a lo que establecen los artículos 91 numeral 5) y 7) del Reglamento Interno de Trabajo, 112 incisos j y l, en relación a los numerales 1) y 2) del artículo 97, 208, 209, 210 del Código del Trabajo; manifestando que por lo que se ha hecho mención y existiendo una causa justa que faculta al pat", "spans": {"article_numbers": [[1209, 1211], [1817, 1819]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": []}
{"id": "CL-234-22", "date": "2023-01-23", "subject_matter": "Labor", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/15505", "expected_articles": ["112"], "query": "CIR EL VEHICULO DE LA EMPRESA PARA DILIGENCIAS PERSONALES? RESPONDE. No en qué momento se convierte en diligencia personal s i yo todo el tiempo tengo que andar el vehículo por alguna fuga de gas donde un cliente, PREGUNTA: ¿SEÑOR CRUZ TIENE ALGO MAS QUE AGREGAR RESPONDE: Durante casi 11 años que tengo de servicio a la empresa nunca he tenido un problema como el de hoy, ya he aprendido la lección, es algo que yo sí puedo manejar, estaba leyendo sobre el vehículo y materiales que ofrece la empresa al empleado ”. Con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia de descargo siendo las 15 horas c on 06 minutos. Y para constancia firman todos los que ellas intervinieron. Audiencia en la que se puede observar: 1) Que, en la primera pregunta el acepta haber tenido un accidente automovilístico con el carro de la empresa, pero inicialmente culpa al dueño del otro vehículo, no queriendo aceptar su culpa, mintiendo de esta forma a la empresa 2) En la tercera pregunta asevera haberse encontrado en estado de ebriedad al momento del accidente , faltando no solo a las normas del Código del Trabajo en su art. 98.2, a las del Reglamento Interno del Trabajo 49.5 sino a lo establecido en la Ley de Tránsito, por lo que de acuerdo al artículo 112 D. 112 E, y 1121, cometió varias faltas que facultan al patrono para por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad alguna, más que al pago de los derechos adquiridos. 3) Que acepta que al momento de tener el vehículo propiedad de la empresa para su uso, es su deber cuidar del mismo.- 4 ) Si bien es cierto, al momento de ocurrir el accidente, no era dentro del horario de trabajo establecido, desde el momento en que él se lleva el carro de la empresa, por ser una de sus herramientas de trabajo, tiene total conocimiento de su responsabilidad en el correcto uso y cuidado del mismo, faltando así a lo establecido en el Código de Trabajo en sus artículos 97.2, 97.7 y 98,2 y el reglamento interno 42,6 y 43,8 no puede obviar el cuidado y responsabilidad que significa andar consigo un vehículo de la empresa.- 5 ) Por lo anteriormente expuesto en fecha 22 de enero del 2020, fue despedido en legal y debida forma, habiendo motivado dicho despido en los mismos hechos que el demandante aceptó en la audiencia de descargos, motivando el despido en los artículos 42 numerales 2, 9, 10 y 29, 43 numeral 3, 47 numeral 3, 48 numeral 2, 49 numeral 3 del Reglamento de Trabajo de la empresa Zet", "spans": {"article_numbers": [[1251, 1254]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": []}
{"id": "AA-1614-22", "date": "2023-04-18", "subject_matter": "Constitutional", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/16313", "expected_articles": ["19"], "query": "El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resoluci ón que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL . Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. VISTO: Visto el recurso de amparo interpuesto por el Abogado [PERSONA-A] a favor del señor [PERSONA-B] contra la resolución N° 105-2022 de dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y TRANSPORTE, (DNVT), A TRÁVES, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, de fecha once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022) mediante la cual se resolvió el recurso de apelación contra la resolución N° 0725-2022, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veintidós (2022) contenida en la solicitud de devolución de licencia de conducir perteneciente al señor [PERSONA-B] . CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del presente recurso se desprende que el recurrente señala como agravio la resolución N° 105-2022 dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y TRANSPORTE, (DNVT), A TRÁVES, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, de fecha once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022) , vulnerándosele a su representado derechos constitucionales, específicamente el derecho de defensa; ya que en ningún momento el Departamento de Infracciones y Conciliación de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), citó al señor [PERSONA-B], a audiencia tal como lo establece el articulo 19 párrafo segundo de la Ley de Tránsito, así mismo no se le dio la opción de presentar pruebas (testigos) que pudieran desvirtuar la sanción impuesta por los funcionarios policiales al señor [PERSONA-C]. CONSIDERANDO: Que este Tribunal, mediante providencia de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022), ordenó que previo a la admisión del recurso de mérito, que la autoridad recurrida, rindiera un informe circunstanciado del acto reclamado en amparo, así como también los recursos disponibles por la parte recurrente para obtener la subsanación de los actos reclamados en amparo, si hizo uso de ellos, y de haberlo hecho la fecha en que se notificó de lo resuelto en el mismo. CONSIDERANDO: Que de la revisión del informe y resoluciones remitidos a esta Sala por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y TRANSPORTE, (DNVT), A TRÁVES, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, se advierte que la misma, le dio respuesta debida a las solicitudes presentadas por la parte recurrente; sin embargo se puede apreciar que el recurrente no utilizo los medios de impugnación adecuados, en virtud que según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Transito establece “Cuando el conductor de un vehículo cometiere alguna infracción, se le extenderá la correspondiente boleta, con la cual se presentará en un término de setenta y dos (72) horas a cancelar en le Oficina Recaudadora de la sección económica respectiva. El conductor que considere que la sanción impuesta por el oficial o Agente [PERSONA-D] o por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, es arbitraria recurrirá en igual término ante la sección de infracciones de tránsito de la Jurisdicción donde cometió la supuesta infracción, a manifestar por escrito su inconformidad por la imposición de la sanción, caso en el cual el Jefe de la Oficina celebrara audiencia Oral y Pública y resolverá de pleno el asunto planteado, confirmando o revocando la sanción, contra dicha resolución no cabra recurso alguno” por lo que el peticionario no hizo uso de este derecho, quedando caducado e irrevocablemente perdido; así mismo se aprecia que interpuso solicitud de devolución de licencia, declarada sin lugar, a la cual se le otorgó el plazo de quince días para presentar recursos respectivos, de los cuales el recurrente hizo uso, y la autoridad recurrida le dio su respetivo tramite y res", "spans": {"article_numbers": [[1509, 1511], [2667, 2669]], "verbatim_quotes": [{"span": [2951, 3891], "overlap": 0.333}]}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]", "[PERSONA-B]", "[PERSONA-C]", "[PERSONA-D]"]}
{"id": "AA-335-23", "date": "2023-05-29", "subject_matter": "Constitutional", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/16609", "expected_articles": ["26"], "query": "bida a las solicitudes presentadas por la parte recurrente; desde la solicitud de reconstrucción de accidente de tránsito, de fecha diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023), presentada por el señor [PERSONA-A], dando respuesta la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, en fecha veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023), declarando Inadmisible la misma; en virtud de no presentar elemento técnico y de juicio capaz de desestimar lo consignado en la ampliación de la denuncia N°1340-2022 , en base a los artículos 7 y 23 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, articulo 116 de la Ley General de la Administración Pública y artículos 137 y 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que indican que los recursos solo podrán interponerse contra las resoluciones, asimismo que los informes y dictámenes no son recurribles, por lo que se hace del conocimiento que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito no emitió resolución alguna por no tener competencia lo que notificó al solicitante no es una resolución administrativa tal como lo informó el recurrente en la interposición del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Transito : “corresponde a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), evaluar, investigar y analizar técnicamente las causas, circunstancias y consecuencias de los accidentes de tránsito, además de calificar y considerar el valor probatorio de los registros de cámaras, así como reportes de aparatos electrónicos y demás medios pertinentes, que sirven para la determinación de la responsabilidad de los infractores”, en tal sentido el procedimiento conciliatorio concluye con el acta de acuerdo o con la constancia de desacuerdo firman dad por las partes y el conciliador con fundamento en el articulo 23 de la Ley de Conciliación y Arbitraje. CONSIDERANDO: Que éste Tribunal aprecia que la resolución denunciada contiene los motivos que tuvo la autoridad denunciada para emitir su decisión, entre las cuales está la discrecionalidad que la ley le otorga en esos casos, de manera que se cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante su tramitación el derecho de defensa. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente cont", "spans": {"article_numbers": [[1191, 1193]], "verbatim_quotes": [{"span": [1141, 1869], "overlap": 0.419}]}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]"]}
{"id": "AP-824-22", "date": "2023-07-28", "subject_matter": "Constitutional", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/16820", "expected_articles": ["11"], "query": "eimiento Provisional y ordena se dicte el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Conducción Temeraria en contra del imputado. CONSIDERANDO (7) : Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo dispone el Artículo 198; Igualmente el artículo 199 de la misma norma adjetiva establece: “Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables . En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir.” CONSIDERANDO (8) : Siempre y en relación al considerando que antecede, la Ley de Tránsito en el artículo 11 establece sus atribuciones: 1) …2) …3) …4) …5) …6) …7) …8) …9) …10) …11…) 12…) Practicar y certificar pruebas para detectar el nivel de alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas en el organismo…. Asimismo, el artículo 323 del Codigo Penal dispone : Conducción Temeraria.” Quien conduce un vehículo automotor con temeridad manifiesta y pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas…. A los efectos de este artículo, se entiende que es conducción temeraria: 1) … 2) Conducir bajo los efectos de drogas toxicas, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.” En ese orden de ideas, la autoridad competente (Miembros de la Dirección de viabilidad y Transporte), está facultada para realizar las pruebas de alcohol de campo, que junto al Informe Técnico de Transito, fueron incorporadas por el Ente Acusador en la audiencia inicial, produciendo una mínima actividad probatoria, que inobservo el Ad quo al momento de dictar su resolución. CONSIDERANDO(9) : Que el artículo 92 Constitucional establece los requisitos por los que el Juzgador ha de dictar una Auto de Formal Procesamiento, a través de la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no proceden", "spans": {"article_numbers": [[1231, 1233]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": []}
{"id": "AC-1050-22", "date": "2023-09-07", "subject_matter": "Constitutional", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/16951", "expected_articles": ["104"], "query": "presentados fueron condenados al pago de una mayor cuantía, privilegiando a la otra parte, quien en ningún momento presentaron medios de prueba concluyentes para el reclamo que instaron y del cual violentando y tergiversando los derechos de mis representados salieron victoriosos. Establece que se le vulnero también el Derecho de Defensa, al señalar que en todo momento se acredito con la certificación presentada como documento presentado como soporte de la acción que nos ocupa y expedida por la Unidad Departamental de Vialidad y Transporte No.3 en fecha tres de marzo del dos mil veintiuno, es precisa al indicar como participante uno (1) al señor [PERSONA-A], quien se compromete a resarcir los daños causados al vehículo, en la cual en ningún momento se establece como culpable a la señora [PERSONA-B], contrario a lo que establecido en el Fundamento Legal DECIMO de la sentencia y fallo recurrido de fecha catorce de enero de dos mil veintidós, no entendiendo cual es el asidero legal para declararla culpable, cuando ella no fue declarada responsable en la audiencia respectiva como se lee en la certificación relacionada, tal y como lo establece el artículo 104 de la Ley de Transito vigente. Alega que se le violento el Debido Proceso, al señalar que en la certificación emitida por la Unidad Departamental de Vialidad y Transporte No.3, no se declara responsable solidaria a la señora [PERSONA-C] Domínguez, sucediendo lo contrario en el considerando DECIMO de la sentencia recurrida de fecha catorce de enero del dos mil veintidós, por lo que no se entiende el asidero legal para haber responsabilizado a la señora [PERSONA-C] Domínguez, ya que el demandante nunca acredito los supuestos daños causados. Refiere que el proceso en la reclamación de daños por accidente de tránsito, es consecuencia de una declaración previa de culpabilidad establecida en la Ley de Tránsito, y siendo que el señor [PERSONA-A], se responsabilizó de todo lo concerniente a ese supuesto accidente de tránsito y no es congruente en Ley y en Derecho que posteriormente se condene a la señora [PERSONA-B], al pago solidario de unos daños no determinados por la parte actora, por lo que no se respetan las formalidades procesales. Establece que se violentó el Principio de Legalidad, en vista que se confunde el actuar administrativo con el fon", "spans": {"article_numbers": [[1168, 1171]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]", "[PERSONA-B]", "[PERSONA-C]"]}
{"id": "CC-223-19", "date": "2023-10-19", "subject_matter": "Civil", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/16873", "expected_articles": ["98"], "query": "ra desproporcionada y abusiva puesto que no cita la Ley de Tránsito en ningún momento y se limita a establecer reglamentos de tránsito, debiendo haber detallado el artículo 98 numeral 10 en exclusiones de la póliza de seguro suscrita con la demandada. Cuantifica su demanda en la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 1,778,826.89), desglosados de la manera siguiente: a) Vehículo FORD con un valor de L 742,323.00; b) Vehículo MAZDA CX-5 con un valor de L 320,000.00; c) Rescate de vehículos (grúa y parqueos) L 5,400.00; d) Gastos Médicos L 105,071.89; e) Reembolso por gastos de transporte L 6,032.00. La parte demandada contestó la demanda así: Aceptando los hechos primero, segundo y tercero (con algunas aclaraciones que consideró necesaria). Refutó el hecho cuarto de la siguiente manera: Acepta ser cierto la denegatoria al reclamo, y explica las razones por las cuales considera que dicha denegatoria se encuentra conforme a derecho, centrándose en que el conductor del vehículo no hizo el alto correspondiente al ingresar a una intersección, a pesar de estar señalizada, infracción calificada como grave por la Ley de Tránsito en su artículo 98 numeral 10ª, lo que es una causa excluyente de cobertura (excluye del amparo asegurado las acciones cometidas que se encuentren calificadas como faltas graves), según se desprende de los términos de la póliza en su Cláusula 3a Numeral XII. A su vez incorporó lo dispuesto en el artículo 1221 numeral 2) del Código de Comercio e invocó el alcance de los artículos 1151 del mismo Código como principio general y 1152 por considerar que el siniestro se produjo por culpa grave del asegurado. SEGUNDO: Que en fecha once de abril del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en el juicio de mérito, dictó sentencia, fallando de la siguiente manera : “ FALLO Este juzgado basado en el razonamiento y motivos jurídicos retrospectivos emite el siguiente parecer: 1.- Estimar de forma parcial la demanda promovida por la señora [PERSONA-A], como parte actora materia, contra la Sociedad Mercantil MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A., donde demanda el pago de cantidad de dinero más interese y costas, derivada del incumplimiento de un contrato de seguro de automóvil. 2.- Se condena a la sociedad mercantil demandada al pago de Tres", "spans": {"article_numbers": [[173, 175], [1231, 1233]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]"]}
{"id": "AA-639-24", "date": "2025-04-10", "subject_matter": "Constitutional", "official_url": "https://sij.poderjudicial.gob.hn/sentences/20146", "expected_articles": ["98", "116"], "query": "oderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondo públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO TRES (03) : Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO CUATRO (04) : Que es Atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de Amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO CINCO (05 ) : Que, según lo indicado por el propio recurrente, se denuncia como acto reclamado la resolución adoptada en la resolución No. 0130-2023, dictada por la Oficina Nor-Occidental de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en la que se RESUELVE: PRIMERO: declarar sin lugar la manifestación de inconformidad presentado por el señor [PERSONA-A] Gómez, con Documento Nacional de Identificación número 0801-1991-18392 y en consecuencia Confirma la falta del artículo 98 numeral 16 de la Ley de Tránsito, por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, aplicándose lo conducente la sanción que establece la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual creada mediante Decreto 100-2000, en virtud que el resultado de la prueba de alcoholemia aplicada en enero del 2023, superó el límite permitido, obteniendo un resultado de 42.4 mg/100ml. SEGUNDO: SUSPENDER la Licencia de conducir del señor [PERSONA-B], con documentos nacional de identificación 0801-1991-18392, por el término de seis meses a partir del 02 de julio del 2023 al 02 de enero del 2024, quien una vez cumplido el tiempo de suspensión deberá hacer efectivo el pago de un (1) salario mínimo de multa, correspondiente al año 2022, en base a lo establecido en la Ley de la Penalización de la Embriaguez Habitual, creada mediante Decreto 100-2000, de fecha 28 de julio del año 2000. TERCERO: Se instruye a la Oficina de Infracciones que una vez cumplido el tiempo de suspensión y previo al pago de la multa correspondiente, se le devuelva la Licencia de Conducir al compareciente. CUARTO: Advertirle a [PERSONA-B], con documento Nacional de Identificación número 0801-1991-18392, que en caso de reincidir en la comisión de esta falta se tomarán medidas que hubiere lugar y conforme a la ley, resolución que vulnera los preceptos Constitucionales del Principio de Legalidad y el debido proceso, Derecho a la Defensa, pues se ha omitido en la práctica de prueba científica en que se basa la Sanción, según lo establecido en los artículo 3 de la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual y el Artículo 116 de la Ley de Tránsito, para imponer la sanción de retención o suspensión de licencia, pues debe realizarse una prueba científica que determine los miligramos del alcohol en la sangre del recurrente, mismo que debe ser realizados por Médicos Forenses calificados, ya sea el Ministerio Público o de Institución acreditada. Asimismo, la violación al proceso y procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues la autoridad impugnada a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Transito), se le ha impuesto una sanción administrativa sin seguir ninguna norma procesal, tanto así que ni siquiera existe procedimiento administrativo o proceso alguno. Pues en la boleta de infracción entregada y en el ticket impreso por el alcoholímetro, no consta el monto de la multa a pagar y tampoco la suspensión de 6 meses de la Licencia de Conducir. Asimismo, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo, una actuación administrativa solo puede ser ejecutada y ser eficaz hasta que tenga el carácter de firme, o sea hasta que no quepa recurso o impugnación contra la misma y el afectado haya ejercido su", "spans": {"article_numbers": [[1199, 1201], [2801, 2804]], "verbatim_quotes": []}, "pseudonyms": ["[PERSONA-A]", "[PERSONA-B]"]}