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211-2021.R | Lima, 21 de enero de 2021
Resolución S.B.S.
N°211- 2021
La Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS N° 10440-2008 se aprobó el
Reglamento para la constitución, reorganización y establecimiento de empresas y representantes de
los Sistemas Financiero y de Seguros, aplicable a las empresas a que se refiere el artículo 16 de la
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley General; sus subsidiarias, así
como para el establecimiento de empresas financieras y de seguros del exterior, y de representantes
de empresas no establecidas en el país;
Que, mediante Resolución N° 054-98-EF/SAFP se aprobó el Título
II del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, referido a las Autorizaciones de Organización y
Funcionamiento de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones;
Que, en virtud de la Ley N° 29782, Ley de Fortalecimiento de la
Supervisión de Mercado de Valores que modificó el Decreto Legislativo N° 861, Ley de Mercado de
Valores, corresponde a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) otorgar la autorización de
organización y funcionamiento a personas jurídicas que requieran autorización de la SMV y que sean
subsidiarias de empresas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP;
para lo cual deberá recabarse la opinión de esta Superintendencia, la que tiene carácter vinculante;
Que, los artículos 19, 22, 52, 81 y 92 de la Ley General, el artículo
13-A del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF y sus normas modificatorias, y los artículos
4, 24, 25 y 32 del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 004-98-EF y sus normas
modificatorias, establecen que los accionistas, directores, gerentes y principales funcionarios de las
empresas del sistema financiero, empresas de seguros y las administradoras privadas de fondos de
pensiones (AFP) deben contar con idoneidad moral y no estar incursos en los impedimentos
establecidos por las citadas normas para cada una de dichas posiciones; así como contar con
solvencia económica y con idoneidad técnica, según corresponda;
Que, conforme al numeral 2 del artículo 134 de la Ley General, a
fin de brindar al ahorrista una protección adecuada y, sin perjuicio de las demás atribuciones que le
confiere esta norma, corresponde a la Superintendencia, entre otras facultades, supervisar que las
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empresas del sistema financiero, se encuentren debidamente organizadas así como administradas
por personal idóneo;
Que, según el literal b) del numeral 1 del artículo 381 de la Ley
General, esta Superintendencia está facultada para adoptar las medidas necesarias para prevenir y/o
evitar que cualquier persona no idónea controle o participe, directa o indirectamente, en la dirección,
gestión y operación de las empresas del sistema financiero;
Que, de acuerdo con lo establecido en los incisos b) y c) del
artículo 3 del Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado por
la Resolución SBS N° 272-2017, las empresas deben contar con un marco de gobierno corporativo
que considere la idoneidad de los directores, gerentes, principales funcionarios, accionistas y
beneficiarios finales de las empresas supervisadas;
Que, mediante Resolución SBS N° 6420-2015 se aprobó el
Reglamento de Adquisición de la propiedad en el capital social de las empresas supervisadas y de los
propietarios significativos mediante el cual desarrolla el requerimiento, que exige la Ley General, de
autorización previa para proceder a la adquisición, en forma directa o por conducto de terceros, de
más del 10% del capital social de una empresa supervisada de los sistemas financiero o de seguros,
así como lo requerido por la Ley N°29903, Ley de la Reforma del Sistema Privado de Administración
de Fondos de Pensiones, donde se regulan consideraciones similares en materia de adquisición de
participación en el capital social de una empresa supervisada del sistema de administración privada
de fondos de pensiones;
Que, en concordancia con los estándares internacionales
propuestos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la Asociación Internacional de
Supervisores de Seguros y la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de
Pensiones, esta Superintendencia considera necesario emitir normas reglamentarias que desarrollen
dichos estándares y que sean concordantes con las disposiciones normativas ya emitidas por la
Superintendencia en esta materia;
Que, en base a la experiencia en la supervisión ejercida y en la
evaluación de solicitudes de autorización para la organización, conversión, reorganización societaria y
funcionamiento de las empresas de los sistemas bajo su supervisión y, tomando en consideración los
estándares internacionales, la Superintendencia ha considerado pertinente establecer mejoras a dicho
marco regulatorio; realizando precisiones sobre los requisitos necesarios para la evaluación de las
solicitudes de autorización y sobre algunos procedimientos establecidos en dicho marco regulatorio de
acuerdo con su naturaleza, buscando así mayor eficiencia y claridad para los interesados en constituir
empresas bajo supervisión de la Superintendencia;
Que, asimismo, en virtud de la emisión de la Ley que establece el
control previo de operaciones de concentración empresarial, Ley N° 31112, que tiene por finalidad
promover la competencia efectiva y la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los
consumidores, esta Superintendencia considera necesario reforzar el marco normativo que regula los
procedimientos de reorganización societaria que puedan solicitar sus supervisados;
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Que, en tal sentido, para lograr una mayor claridad respecto de los
requisitos e información evaluados en las solicitudes antes mencionadas, es necesario establecer
disposiciones relacionadas con la evaluación de la idoneidad moral, idoneidad técnica y solvencia
económica de los organizadores, accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y principales
funcionarios de las empresas de los sistemas bajo su supervisión, de acuerdo con la normativa que
les aplica en cada caso;
Que, a efectos de recoger las opiniones del público en general, se
dispuso la prepublicación del proyecto de resolución en el Portal Web de la Superintendencia, al
amparo de lo dispuesto en la Trigésima Segunda Disposición Final y Complementaria de la Ley
General, así como del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
Con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas de Banca y
Microfinanzas, Seguros, Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Riesgos, Estudios
Económicos, Conducta de Mercado e Inclusión Financiera y Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 7, 9 y 13
del artículo 349 de la Ley General, en los artículos 13 y 57 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-
97-EF y sus normas modificatorias y en la Tercera Disposición Final y Transitoria del Reglamento del
Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-98-EF y sus normas modificatorias.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de autorización de
empresas y representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros, que forma parte de la presente
Resolución:
“REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS Y REPRESENTANTES DE LOS SISTEMAS
FINANCIERO Y DE SEGUROS
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1.- Alcance
Las normas de este Reglamento son aplicables para la constitución, reorganización y otras
autorizaciones de naturaleza similar, requeridas por las empresas a que se refiere el artículo 16 y el
numeral 6 del artículo 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias, sus
subsidiarias, así como para el establecimiento de empresas del sistema financiero y de seguros del
exterior, en adelante empresas, y de representantes de empresas no establecidas en el país.
Artículo 2.- Definiciones
Para los efectos de este Reglamento, se consideran los siguientes términos:
a) Banco Central: Banco Central de Reserva del Perú.
b) Beneficiario Final: de acuerdo con la definición establecida en el inciso a) del artículo 2 del
Reglamento de Adquisición de la Propiedad en el Capital Social de las Empresas Supervisadas y
de los Propietarios Significativos, aprobado por la Resolución SBS N° 6420-2015.
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c) Control: de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de las Normas Especiales sobre
Vinculación y Grupo Económico, aprobadas por la Resolución SBS N° 5780-2015.
d) Conversión: proceso por el cual se cambia de un tipo de empresa del sistema financiero o de
seguros a otro de los tipos definidos, según corresponda, conforme a los artículos 16 y/o 17 de la
Ley General.
e) Días: días calendario, salvo que se indique que son hábiles.
f) Ente jurídico: de acuerdo con la definición establecida en el inciso g) del artículo 2 de las Normas
Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico, aprobadas por la Resolución SBS N° 5780-
2015.
g) Entidad de la Administración Pública: de acuerdo con la definición establecida en el artículo I del
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General.
h) Empresas o instituciones relacionadas con los sistemas financiero, de seguros y privado de
pensiones: Se considera a las siguientes personas y/o entes jurídicos: i) agentes de
intermediación en el mercado de valores; ii) sociedades administradoras de fondos mutuos y
fondos de inversión; iii) sociedades titulizadoras; iv) las empresas de servicios complementarios y
conexos establecidas en los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 17 de la Ley General; y v) otras a
criterio de la Superintendencia. Esta definición comprende a las empresas extranjeras con
operaciones equivalentes a las que realizan las personas y/o entes jurídicos antes señaladas.
i) Escisión Parcial: operación en la que una empresa fragmenta su patrimonio, segregando uno (1)
o más bloques patrimoniales con la finalidad de incorporarlos a otras empresas. Esta operación
supone el ajuste del patrimonio de la empresa escindida en el monto correspondiente.
j) Escisión Total: operación en la que una empresa fracciona su patrimonio en dos (2) o más
bloques patrimoniales para transferirlos íntegramente a otras empresas. Esta operación produce
la extinción de la empresa escindida.
k) Fusión: operación en la que dos o más empresas se reúnen para constituir una sola, cumpliendo
los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades.
l) Gerente: de acuerdo con la definición establecida en el tercer párrafo del artículo 2 de las Normas
complementarias a la elección de directores, gerentes y auditores internos, aprobadas por
Resolución SBS N° 1913-2004 y sus normas modificatorias.
m) Grupo económico: de acuerdo con la definición establecida en el artículo 8 de las Normas
Especiales de Vinculación y Grupo Económico, aprobadas por la Resolución SBS N° 5780-2015.
n) Grupos Consolidables: Grupo Consolidable del Sistema Financiero, Grupo Consolidable del
Sistema de Seguros y/o Grupo Financiero definidos en el Reglamento para la Supervisión
Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos, aprobado por la Resolución SBS N°
11823-2010 y sus normas modificatorias.
o) Idoneidad moral: también denominada solvencia moral. Cualidad de los accionistas, directores,
gerentes y principales funcionarios para actuar de manera íntegra en la empresa, reflejada en su
conducta y trayectoria personal, profesional y/o comercial, incluyendo y no limitándose a los
criterios establecidos en el presente Reglamento.
p) Idoneidad técnica: competencia de la persona para desempeñarse en la empresa, sobre la base
de la experiencia práctica y profesional acumulada y de los conocimientos obtenidos en sus
estudios y formación.
q) Ley General: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus normas modificatorias.
r) Ley General de Sociedades: Ley Nº 26887 y sus normas modificatorias.
s) Organizador: aquella persona o ente jurídico que suscriba, conforme al proyecto de minuta de la
constitución social, por lo menos el diez por ciento (10%) del capital social y que es responsable
ante esta Superintendencia de las gestiones correspondientes a los procedimientos de
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organización y funcionamiento de la empresa en constitución, así como de reorganización
societaria.
t) Persona: persona natural o jurídica.
u) Principal funcionario: aquel comprendido en el Anexo 1 de la Circular SBS N° G-0119-2004,
Normas para el Registro de Directores, Gerentes y Principales Funcionarios – REDIR en
concordancia con las Normas Complementarias a la elección de Directores, Gerentes y Auditores
Internos, aprobadas por la Resolución SBS Nº 1913-2004 y con el artículo 92 de la Ley N° 26702.
v) Propietario significativo: de acuerdo con la definición establecida en el inciso j) del artículo 2 del
Reglamento de Adquisición de la Propiedad en el Capital Social de las Empresas Supervisadas y
de los Propietarios Significativos, aprobado por la Resolución SBS N° 6420-2015.
w) Reglamento de Sanciones: Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia, de
Banca, Seguros y AFP, aprobado por la Resolución SBS N° 2755-2018 y sus normas
modificatorias.
x) Reglamento TUO de la Ley del SPP: Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del
Sistema Privado de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-97-EF y sus normas
modificatorias.
y) Reorganización Simple: operación por la cual una empresa segrega uno (1) o más bloques
patrimoniales y los aporta a una o más empresas, recibiendo a cambio acciones o participaciones
correspondientes a dichos aportes.
z) Solvencia económica: capacidad del organizador y/o accionista para afrontar con sus propios
recursos y de forma proporcional a su participación accionaria, los aumentos de capital que la
empresa requiera para sostener su viabilidad y cumplir con sus objetivos estratégicos de
crecimiento, perfil de riesgo y fortalecimiento patrimonial.
aa) Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones.
Artículo 3.- Solicitud de reunión previa
Previo a la presentación de la solicitud de organización, los organizadores pueden solicitar a la
Superintendencia reunirse para presentar su plan de negocio y recibir información sobre las
expectativas del supervisor, los requisitos, trámites, lineamientos generales, criterios de evaluación y
forma de comunicación de los resultados de la evaluación. Dicha información también se encuentra
publicada en el Portal Web Institucional.
CAPÍTULO II
AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN
SUBCAPÍTULO I
REQUISITOS
Artículo 4.- Solicitud de organización
4.1 Los organizadores deben presentar la solicitud de organización a esta Superintendencia,
adjuntando la siguiente información:
a) Proyecto de minuta de constitución social.
b) Relación de organizadores y accionistas indicando su participación; y la información que se
solicita en los artículos 5, 6 y 7 de este Reglamento.
c) Relación de los directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de
minuta de constitución social o de los que se haya propuesto su designación; y la información que
se solicita en el artículo 8 de este Reglamento.
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d) El estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión.
e) Certificado de depósito de garantía, constituido en una empresa del sistema financiero del país y
vigente al momento de presentarse la solicitud, a la orden de la Superintendencia o endosado a
su favor, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del capital mínimo vigente a la fecha
de la solicitud.
f) Cronograma de implementación de actividades requeridas para la presentación de la solicitud de
comprobación para funcionamiento.
g) Cuestionario de autoevaluación de organización debidamente suscrito conforme a los
mecanismos y condiciones que establezca la Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en el
Portal Web Institucional.
h) Documentos que sustenten las fuentes de capital propio con el que se propone iniciar
operaciones.
4.2 La Superintendencia puede requerir el envío de la información establecida en los incisos b), c), d)
f) y g) del párrafo anterior, a través de medios electrónicos, conforme a los mecanismos y condiciones
que establezca.
4.3 En el caso de la constitución de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito o Cajas Municipales de
Crédito Popular, adicionalmente a la información antes referida, debe presentarse una copia del
acuerdo del Concejo Municipal competente que determine la creación de la Caja y del nombramiento
de los representantes designados. La referida copia debe ir acompañada de una declaración jurada
sobre su autenticidad, suscrita por los organizadores.
4.4 Para la solicitud de autorización de organización de una Caja Municipal de Ahorro y Crédito se
debe adjuntar la opinión de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.
4.5 La información presentada debe mantenerse actualizada, para lo cual los organizadores deben
comunicar a la Superintendencia cualquier cambio que implique modificación en los datos que hayan
sido proporcionados, dentro de los cinco (5) días hábiles de producida la modificación.
Artículo 5.- Información sobre organizadores
5.1 Los organizadores de las empresas deben cumplir los requisitos de idoneidad moral y solvencia
económica, además de la idoneidad técnica, establecidos en este Reglamento, y no estar incursos en
los impedimentos y limitaciones establecidas en los artículos 20, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General.
5.2 En el caso de los organizadores personas o entes jurídicos, el responsable ante esta
Superintendencia de las gestiones de autorización de organización y funcionamiento de la empresa,
designado por el organizador, debe cumplir los requisitos de idoneidad técnica y moral.
5.3 Los organizadores de las empresas deben presentar, conjuntamente con la solicitud de
organización, la siguiente información sobre ellos:
a) El “Cuestionario informativo”, suscrito por el organizador, de acuerdo con el formato del Anexo I
de este Reglamento.
b) Información precisa sobre el origen de los recursos con los que se propone pagar las acciones de
la empresa.
c) En caso de personas naturales:
i. El “Currículum vitae”, suscrito por los organizadores, de acuerdo al formato del Anexo II
de este Reglamento.
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ii. El “Informe de la situación patrimonial”, suscrito por los organizadores, correspondientes
a los dos últimos ejercicios, de acuerdo con el formato del Anexo III de este Reglamento,
acompañado por un reporte crediticio de una central de riesgos distinta a la de la
Superintendencia.
d) En caso de personas jurídicas:
i. Datos de la inscripción registral de constitución de la persona jurídica; y, tratándose de
una persona jurídica del exterior, copia de estatuto de la empresa.
ii. Copia certificada del acuerdo del órgano social correspondiente, extendida por el
gerente general de la persona jurídica en el que se convenga la designación del
personal autorizado responsable ante esta Superintendencia de las gestiones para las
autorizaciones de organización y funcionamiento de la empresa.
iii. Los estados financieros auditados de los dos (2) últimos ejercicios anuales; así como, los
estados financieros consolidados del grupo económico al cual pertenece,
correspondiente a los dos (2) últimos ejercicios anuales, de resultar aplicable. En caso
de que el organizador se haya constituido en un plazo menor al previamente indicado,
debe presentar los estados financieros auditados del último ejercicio anual, si resulta
aplicable, así como los estados financieros más recientes del ejercicio en curso.
iv. En caso de que la persona jurídica esté obligada a contar con una clasificación de
fortaleza financiera, el informe de la última clasificación de riesgos, otorgada por una
clasificadora de riesgos inscrita en el registro de la Superintendencia o, tratándose de
una persona jurídica del exterior, por una clasificadora de reconocido prestigio.
v. Los “Currículum vitae” firmados por el personal autorizado responsable ante esta
Superintendencia de las gestiones para las autorizaciones de organización y
funcionamiento de la empresa, de acuerdo con el formato del Anexo II de este
Reglamento.
e) En caso de entes jurídicos, se debe cumplir con los requisitos establecidos para las personas
jurídicas, en lo que resulte aplicable, sin perjuicio de que esta Superintendencia pueda requerir
información adicional que permita acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente.
Artículo 6.- Información sobre accionistas
6.1 Los accionistas de la empresa en formación y sus beneficiarios finales deben cumplir los requisitos
de idoneidad moral y solvencia económica, establecidos en esta norma, y no estar incursos en los
impedimentos y limitaciones establecidas en los artículos 20, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General.
6.2 Los organizadores deben presentar, conjuntamente con la solicitud de organización, la siguiente
información requerida de los accionistas de la empresa en formación y sus beneficiarios finales:
a) El “Cuestionario informativo”, debidamente suscrito, de acuerdo con el formato del Anexo I de
este Reglamento.
b) Información precisa sobre el origen de los recursos con los que se propone pagar por las
acciones de la empresa.
c) En caso de personas naturales:
i. Los “Informes de la situación patrimonial”, firmadas por el accionista de la empresa en
formación, correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios, de acuerdo con el formato
del Anexo III de este Reglamento, acompañado por un reporte crediticio de una central
de riesgos distinta a la de la Superintendencia.
d) En caso de personas jurídicas:
i. Datos de la inscripción registral de constitución de la persona jurídica; y, tratándose de
una persona jurídica del exterior, copia de estatuto de la empresa.
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ii. Copia certificada del acuerdo del órgano social correspondiente, extendida por el
gerente general de la persona jurídica en el que se convenga la participación en la
empresa por constituir, así como la designación de la persona que la representará.
iii. Los estados financieros auditados de los dos (2) últimos ejercicios anuales de los
propietarios significativos; así como los estados financieros consolidados del grupo
económico al cual pertenece, correspondiente a los dos (2) últimos ejercicios anuales, de
resultar aplicable. En caso el propietario significativo se haya constituido en un plazo
menor al previamente indicado, debe presentar los estados financieros auditados del
último ejercicio anual, si resulta aplicable, así como los estados financieros más
recientes del ejercicio en curso.
iv. En caso de que la persona jurídica esté obligada a contar con una clasificación de
fortaleza financiera, el informe de la última clasificación de riesgos, otorgada por una
clasificadora de riesgos inscrita en el registro de la Superintendencia o, tratándose de
una persona jurídica del exterior, por una clasificadora de reconocido prestigio.
v. La “Información sobre beneficiarios finales por propiedad”, de acuerdo con el formato
del Anexo IV de este Reglamento.
vi. La “Información sobre beneficiarios finales por medios distintos a la propiedad”, de
acuerdo con el formato del Anexo V de este Reglamento.
vii. En caso los accionistas o los beneficiarios finales sean entes controladores que
pertenezcan a algún sistema financiero o de seguros del exterior, una constancia emitida
por el organismo similar a la Superintendencia encargado de supervisar a dichos entes
indicando que no encuentra objeción a la solicitud de organización.
viii. Para el caso de los accionistas o beneficiarios finales cuya supervisión consolidada no
corresponda a esta Superintendencia, los organizadores adicionalmente deben
acreditar de que han comunicado al supervisor de origen que este recibirá un
cuestionario de esta Superintendencia sobre aspectos de supervisión consolidada
conforme a los mecanismos y condiciones que establezca la Superintendencia, de
acuerdo a lo publicado en el Portal Web Institucional.
e) En caso de entes jurídicos, se debe cumplir con los requisitos establecidos para las personas
jurídicas, en lo que resulte aplicable; sin perjuicio de que esta Superintendencia pueda requerir
información adicional que permita acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente.
Artículo 7.- Información sobre grupo económico
En caso los accionistas pertenezcan a un grupo económico, los organizadores deben presentar,
conjuntamente con la solicitud de organización, la siguiente información con relación al grupo
económico al que pertenecen:
a) Breve reseña de los antecedentes del grupo económico, la relación de las personas jurídicas y/o
entes jurídicos que lo conforman y principales actividades, señalando si operan bajo la
supervisión de un organismo de control.
b) Ámbito geográfico donde opera, volúmenes de negocio y participación de mercado, planes de
expansión y descripción de la situación económica-financiera del grupo económico.
c) Diagrama que muestre la conformación del grupo económico y que incluya a todas las personas
jurídicas y entes jurídicos o vehículos que lo conforman, sean o no del ámbito financiero, y las
relaciones entre ellas.
d) La relación de los propietarios significativos de los integrantes del grupo económico y sus
beneficiarios finales y el número de acciones o porcentaje de participación que mantienen en
estos.
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e) La relación de los beneficiarios finales de los integrantes del grupo económico que no son
propietarios significativos.
f) En caso corresponda, el impacto de la constitución de la empresa en los grupos consolidables,
así como la proyección de los requerimientos patrimoniales y el cálculo del patrimonio efectivo de
dichos grupos.
Esta Superintendencia puede solicitar la relación de los directores, gerentes y principales funcionarios
de los integrantes del grupo económico, personas jurídicas y/o entes jurídicos.
Artículo 8.- Directores, gerentes y principales funcionarios
8.1 Los directores, gerentes y principales funcionarios deben cumplir los requisitos de idoneidad moral
y técnica establecidos en esta norma, y no estar incursos en los impedimentos establecidos en el
artículo 81 de la Ley General.
8.2 Los directores de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito deben cumplir, adicionalmente, con
los requisitos establecidos en este Reglamento para la elección de los representantes al directorio de
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, aprobado por Resolución SBS N° 5788-2015.
8.3 En el caso de directores independientes, estos deben cumplir, adicionalmente a lo dispuesto en
los párrafos anteriores, con los requisitos establecidos en el Reglamento de Gobierno Corporativo y
de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado por Resolución SBS N° 272-2017.
8.4 Los organizadores deben presentar, conjuntamente con la solicitud de organización, la siguiente
información de los directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de minuta
o de los que se haya propuesto su designación a que se refiere el inciso a) del párrafo 4.1 del artículo
4 de este Reglamento para la evaluación de los referidos requisitos:
a) El “Cuestionario informativo” suscrito por el director, gerente o principal funcionario, de acuerdo
con el formato del Anexo I de este Reglamento.
b) El “Currículum vitae” suscrito por el director, gerente o principal funcionario, de acuerdo con el
formato del Anexo II de este Reglamento.
Artículo 9.- Estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión
El estudio de factibilidad a que se refiere el inciso d) del párrafo 4.1 del artículo 4 tiene como objetivo
determinar la viabilidad y la permanencia operativa de la empresa en el tiempo. Con este propósito, se
debe presentar, como mínimo, la información señalada en el Anexo VI.
SUBCAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO
Artículo 10.- Presentación de la solicitud de organización
10.1 Presentada la solicitud de organización, esta Superintendencia, de acuerdo con el procedimiento
establecido:
a) Remite a los organizadores una comunicación con el modelo del aviso de publicación de la
solicitud de organización;
b) Realiza una evaluación integral de la solicitud de organización, conforme al artículo 12 del
presente Reglamento.
c) Pone en conocimiento del organismo similar a la Superintendencia del país de origen del
organizador, cuando corresponda, conforme al párrafo 10.2 del presente Reglamento; y,
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d) Pone en conocimiento del Banco Central la solicitud de organización presentada, cuando
corresponda, conforme al artículo 19 del presente Reglamento.
10.2 En caso de que los accionistas o los beneficiarios finales sean entes controladores que
pertenezcan a algún sistema financiero o de seguros del exterior, iniciado el plazo de la evaluación
integral de la solicitud referida en el artículo 12 de este Reglamento, la Superintendencia remite al
organismo similar a la Superintendencia de su país de origen el cuestionario sobre aspectos de
supervisión consolidada, conforme a los mecanismos y condiciones que establezca la
Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en el Portal Web Institucional.
10.3 El plazo para que la Superintendencia realice la evaluación integral se suspende hasta la
remisión de las respuestas del cuestionario por parte del supervisor extranjero al que se refiere el
párrafo 10.2. Asimismo, si el supervisor extranjero no remite las respuestas al cuestionario en un
plazo máximo de noventa (90) días, la Superintendencia considera como no presentada la solicitud de
organización, a menos que el supervisor extranjero solicite entregar la información en un plazo
posterior distinto, lo cual puede ser aceptado por única vez por la Superintendencia.
Artículo 11.- Publicación de la solicitud de organización
11.1 Los organizadores deben publicar un aviso para informar al público lo siguiente:
a) La presentación de la solicitud de organización.
b) Los nombres de los accionistas y de sus representantes, de ser el caso, así como de los
directores, gerentes y principales funcionarios o de los que se haya propuesto su designación,
que figuran en el proyecto de minuta de constitución social.
c) El derecho de toda persona interesada para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación del último aviso, formule ante la Superintendencia cualquier
objeción fundamentada sobre la organización de la nueva empresa o de las personas vinculadas
con la empresa en organización.
11.2 La publicación debe ser realizada por dos (2) veces; la primera en el Diario Oficial El Peruano,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación a los organizadores de la comunicación
de la Superintendencia con el modelo del aviso, y la segunda en un diario de mayor circulación
nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de vencido el plazo del primer aviso para que
se formule cualquier objeción sobre la organización.
11.3 Los organizadores deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia
del aviso publicado, el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia, para su difusión en el Portal Web Institucional.
11.4 De existir objeciones de parte de terceros, la Superintendencia debe ponerlas en conocimiento
de los organizadores, quienes dispondrán de tres (3) días hábiles para efectuar los descargos
correspondientes.
Artículo 12.- Evaluación integral de la solicitud de organización
12.1 Vencido el plazo de diez (10) días hábiles contado a partir de la fecha del último aviso a que se
refiere el artículo 11 de este Reglamento, una vez recibida la información completa la
Superintendencia realiza una evaluación integral de la solicitud de organización en un plazo que no
excederá de ciento veinte (120) días, para lo cual puede convocar a reuniones de evaluación con los
organizadores y aquellos accionistas, directores, gerentes y principales funcionarios que estime
necesario.
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12.2 La evaluación de los requisitos y la no incursión en los impedimentos y limitaciones señalados en
los artículos 5, 6 y 8 del presente Reglamento, se realiza conforme a lo establecido en los artículos 13,
14, 15, 16 y 17 del presente Reglamento.
12.3 Como parte de la evaluación referida en el párrafo anterior, la Superintendencia evalúa también
si el ejercicio profesional y/o de negocios de las personas, su participación en actividades o conducta
personal resultan incompatibles con las actividades de la empresa en organización, de tal forma que
puedan poner en riesgo la reputación y/o estabilidad de esta última, disminuir la confianza en su
integridad o generar conflictos de intereses.
12.4 Como resultado de las evaluaciones realizadas por la Superintendencia, de presentarse el caso,
se formularán las observaciones y requerimientos que correspondan solicitando la subsanación a los
organizadores.
Artículo 13.- Evaluación de idoneidad moral
13.1 La evaluación de la idoneidad moral se realiza sin importar la naturaleza, tamaño o la
complejidad de las operaciones y servicios de la empresa en organización. La evaluación es integral y
comprende un análisis conjunto y no individual de la siguiente información:
a) La que se encuentre relacionada a la reputación que, en el ámbito profesional y/o comercial,
tenga el organizador, accionista, beneficiario final, director, gerente o principal funcionario,
teniendo en cuenta:
i. La trayectoria del accionista, beneficiario final, director, gerente o principal funcionario en
su relación con la Superintendencia, otros organismos reguladores y/o supervisores y en
entidades de la administración pública.
ii. Las razones por las que hubiera sido despedido o cesado en cargos de director, gerente
o principal funcionario, o de un órgano de gobierno equivalente.
iii. Su actuación profesional y/o comercial como accionista, beneficiario final, director,
gerente o principal funcionario.
b) Las resoluciones judiciales condenatorias por la comisión de delitos en el Perú y en el extranjero,
así como las resoluciones que imponen sanciones por la comisión de infracciones
administrativas.
Se debe incluir información de los casos de procesos penales en los que se haya obtenido una
gracia presidencial o beneficio premial por colaboración eficaz o exista una prescripción.
c) La formalización de investigaciones preparatorias fiscales y procesos judiciales relacionados a la
comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito en el Perú y en el extranjero.
d) Indicios razonables de que se está efectuando o intentando efectuar o se han efectuado
operaciones vinculadas al lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en el Perú o el
extranjero.
e) Si el organizador, accionista, beneficiario final, director, gerente o principal funcionario se
encuentra en las siguientes listas:
i. Lista OFAC: lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC), en la cual se
incluyen países, personas y/o entidades, que colaboran con el terrorismo y el tráfico
ilícito de drogas.
ii. Listas de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular las
Listas sobre personas involucradas en actividades terroristas (Resolución N° 1267).
iii. Listas de terroristas de la Unión Europea.
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iv. Listas relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva: Listas emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Incluye al menos, la
Lista consolidada Resolución ONU 1718, sobre la República Popular Democrática de
Corea (Corea del Norte) y la Lista consolidada Resolución ONU 1737, sobre Irán.
v. Listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
vi. Otras que señale la Superintendencia, mediante oficio múltiple.
13.2 La existencia de la información descrita en el párrafo anterior, incluida la referida a
investigaciones o procesos judiciales, no necesariamente conlleva a la determinación de la falta de
idoneidad moral del organizador, accionista, beneficiario final, director, gerente o principal funcionario
sino que es parte de la evaluación integral a que se refieren los párrafos 13.1 y 13.4.
13.3 Los efectos y consecuencias de la evaluación se restringen al alcance del presente Reglamento
y a los fines de la Superintendencia y no determinan responsabilidades civiles, penales o
administrativas.
13.4 La evaluación se realiza considerando el impacto que pueden tener los criterios evaluados en la
confianza, reputación e integridad de los sistemas supervisados.
13.5 No cumplen con el requisito de idoneidad moral de acuerdo al presente artículo, aquellos
organizadores, accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y principales funcionarios que
hayan sido inhabilitados o destituidos, conforme al Reglamento de Sanciones, por el periodo que se
señale en la correspondiente resolución de sanción.
Artículo 14.- Evaluación de idoneidad técnica
14.1 Los organizadores, directores, gerentes y principales funcionarios deben ser competentes para
ejercer sus funciones, lo cual incluye tener la experiencia y conocimientos suficientes del marco
regulatorio aplicable a la empresa, de las características operativas y de negocios del mercado local,
así como un adecuado nivel de compromiso para el desempeño efectivo de sus funciones.
14.2 La evaluación general de la idoneidad técnica comprende el nivel de experiencia, desempeño
efectivo y conocimiento requerido para ejercer el cargo específico, considerando la naturaleza,
tamaño y la complejidad de las operaciones y servicios de la empresa.
14.3 La evaluación de la idoneidad técnica de las siguientes personas debe sujetarse
complementariamente a lo establecido en las normas reglamentarias que haya emitido esta
Superintendencia, entre otras, las siguientes:
a) El funcionario titular de la función actuarial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del
Reglamento de Gestión Actuarial para Empresas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N°
3863-2016.
b) El personal que participa del proceso de inversión de los recursos financieros de las empresas
bancarias, de seguros y de las carteras administradas por las AFP, debe cumplir con los
requerimientos mínimos de calificación y experiencia, conforme a las disposiciones que emita la
Superintendencia.
c) El representante de empresas de reaseguros del exterior o corredoras de reaseguros del exterior,
de acuerdo con las disposiciones que establezca la Superintendencia.
d) Los directores de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento para la elección de los representantes al Directorio de las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito, aprobado por Resolución SBS N° 5788-2015.
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14.4 La Superintendencia puede requerir la información que considere necesaria o convocar a
reuniones a directores, gerentes o principales funcionarios, con la finalidad de evaluar su experiencia
práctica y profesional y conocimiento del funcionamiento del mercado local.
Artículo 15.- Evaluación de la experiencia
15.1 La evaluación de la experiencia práctica y profesional considera de manera integral los puestos
ocupados anteriormente, teniendo en cuenta la duración y tiempo en el cargo, la naturaleza, tamaño y
complejidad de las operaciones y servicios de la empresa, las responsabilidades ejercidas, el número
de personal a cargo y la naturaleza de las actividades desarrolladas.
15.2 Se considera que el organizador, director, gerente o principal funcionario cuenta con la
experiencia requerida cuando acredite: i) experiencia suficiente en cargos de nivel gerencial, directivo
o cualquier puesto equivalente al cargo, en empresas del sistema financiero, del sistema de seguros o
del sistema privado de pensiones, o en empresas o instituciones relacionadas con los sistemas
financiero, de seguros y privado de pensiones u ii) otra experiencia relevante para cumplir sus
responsabilidades, dada la naturaleza de la empresa y sus principales actividades y riesgos
asociados.
Artículo 16.- Evaluación de los conocimientos
16.1 La evaluación de los conocimientos técnicos tiene en cuenta el nivel y perfil de los estudios
realizados, los cuales deben estar relacionados con el cargo, naturaleza, tamaño y la complejidad de
las operaciones y servicios de la empresa.
16.2 Para la evaluación indicada en el párrafo anterior, salvo que se verifique lo contrario, se
considera que el organizador, director, gerente o principal funcionario cuenta con el conocimiento
requerido cuando acredite, como mínimo, uno de los siguientes requisitos:
a) Contar con grado de bachiller o título profesional en economía, finanzas, ingeniería, contabilidad,
derecho, administración y profesiones afines; o,
b) Contar con estudios concluidos de maestría o doctorado en alguna de dichas profesiones o en
especialidades en gestión integral de riesgos, control interno, análisis financiero, planificación
estratégica, métodos cuantitativos, gobierno corporativo o regulación aplicable a la empresa; o,
c) Contar con una certificación internacional reconocida vinculada a finanzas, gestión de riesgos o
las materias señaladas en los numerales anteriores; o
d) Contar con programas de formación vinculados a las profesiones y/o especialidades
mencionadas en los incisos a) y b); o,
e) Contar con conocimientos requeridos para cumplir sus responsabilidades conforme a la
naturaleza, tamaño y complejidad de las operaciones y servicios de la empresa y sus riesgos
asociados.
Artículo 17.- Evaluación de solvencia económica
17.1 Los accionistas de la empresa en formación deben contar permanentemente con un patrimonio
neto mayor a su participación en el capital social de la empresa y deben tener la capacidad de generar
ingresos, adicionales a los beneficios derivados de dicha participación, y relevantes en relación a su
participación en la empresa para afrontar los aumentos adicionales de capital mencionados en el
inciso z) del artículo 2 de este Reglamento.
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17.2 Se considera en el análisis el grado en que el patrimonio neto, al que se hace referencia en el
párrafo anterior, esté conformado por activos de pronta y oportuna realización en efectivo para realizar
los aportes que sean necesarios al capital social de la empresa.
Artículo 18.- Impedimentos al otorgamiento de autorización de organización relacionados al
ejercicio de la supervisión consolidada
18.1 La Superintendencia puede considerar como impedimentos para autorizar la constitución y/o
establecimiento de empresas del sistema financiero y de seguros y reaseguros, cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) Cuando la estructura legal y administrativa del conglomerado impida o dificulte la supervisión
consolidada efectiva;
b) Cuando el conglomerado no se encuentre sujeto a una supervisión consolidada efectiva
debido, entre otros casos, a que la empresa matriz o alguna empresa controladora se ubica
en países donde no se realiza supervisión consolidada efectiva; o en el país de origen de
dichas empresas o en el país donde se desarrollen las principales actividades financieras y/o
de seguros de dicho conglomerado no se realice supervisión consolidada; o cuando en el
país de origen no se apliquen los estándares internacionales mínimos para realizar
supervisión consolidada efectiva.
18.2 Para fines de los párrafos anteriores se entiende por supervisión consolidada efectiva a aquella
que cumple con los estándares internacionales mínimos sobre la materia, incluyendo, entre otros
aspectos, el análisis de la gestión de los riesgos a nivel consolidado, del capital regulatorio y los
requerimientos patrimoniales, de los límites con personas naturales, personas jurídicas o entes
jurídicos vinculados, de los límites de concentración y el análisis de los estados financieros
consolidados, a satisfacción de la Superintendencia.
Artículo 19.- Comunicación al Banco Central de Reserva
Culminada la evaluación integral de la solicitud de organización a que se refiere el artículo 12 de este
Reglamento y contando con las respuestas del supervisor de origen al cuestionario de supervisión
consolidada, en caso aplique, la Superintendencia pone en conocimiento del Banco Central la solicitud
presentada, a fin de que dicha entidad emita su opinión dentro de un plazo que no excederá de treinta
(30) días de recibida la comunicación correspondiente, en el caso de la organización de empresas
comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 16 y en el numeral 6 del artículo 17 de la Ley
General.
Artículo 20.- Resolución y certificado de autorización de organización
20.1 Efectuada la evaluación integral y recibida la opinión del Banco Central, cuando corresponda, la
Superintendencia expide la correspondiente resolución dentro de un plazo que no excederá de
noventa (90) días, y de ser autoritativa, se otorga un certificado de autorización de organización, el
cual tiene un período de vigencia de dos (2) años, bajo sanción de caducidad al término de este plazo.
20.2 El certificado de autorización de organización debe ser publicado por los organizadores por una
sola vez en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del
certificado por parte de la Superintendencia, bajo sanción de caducidad al término de este plazo.
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20.3 Los organizadores deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia
del aviso publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
20.4 Los organizadores deben presentar a la Superintendencia en el plazo máximo de treinta (30) días
de otorgada la autorización de organización, el cronograma actualizado de implementación de
actividades requeridas para la presentación de la solicitud de comprobación para funcionamiento.
CAPÍTULO III
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 21.- Solicitud de autorización de funcionamiento
21.1 Los organizadores deben cumplir con todos los requisitos exigidos para el funcionamiento de la
empresa de acuerdo con la información presentada en la etapa de organización, y presentar la
solicitud de autorización de funcionamiento en un plazo máximo de trescientos sesenta (360) días de
otorgado el certificado de autorización de organización. En el caso de que los organizadores no
cumplan con presentar la solicitud de autorización de funcionamiento en el plazo antes indicado, la
Superintendencia acepta a trámite la solicitud, estando facultada a no modificar los plazos que
requiere para realizar la evaluación integral de la solicitud de funcionamiento, conforme al artículo 22
del presente Reglamento.
21.2 Los organizadores deben presentar la solicitud de autorización de funcionamiento, adjuntando la
siguiente información:
a) Datos de la inscripción registral de la constitución de la empresa.
b) Información actualizada de los organizadores señalada en el artículo 5 del presente Reglamento.
c) Relación actualizada de accionistas y la información señalada en los artículos 6 y 7 del presente
Reglamento.
d) Relación actualizada de directores, gerentes y principales funcionarios, y la información señalada
en el artículo 8 del presente Reglamento.
e) Manuales de políticas y procedimientos aprobados y demás documentos pertinentes, conforme a
los mecanismos y condiciones que establezca la Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en
el Portal Web Institucional.
f) Documento metodológico de cálculo de reservas técnicas.
g) Número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
h) Cronograma actualizado de implementación del plan de negocios.
i) Solicitud de autorización para la subcontratación significativa de procesamiento de datos en el
exterior y/o del servicio de auditoría interna, cuando corresponda.
j) Solicitud de aprobación de cláusulas generales de contratación o del registro de modelos de
pólizas de seguro, según corresponda.
k) Solicitud de apertura de oficina principal, agencias, oficinas especiales y cajeros corresponsales,
cuando corresponda.
l) Cuestionario de autoevaluación debidamente suscrito, conforme a los mecanismos y condiciones
que establezca la Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en el Portal Web Institucional.
m) Declaración jurada sobre aspectos tributarios, conforme a los mecanismos y condiciones que
establezca la Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en el Portal Web Institucional.
n) Informes sustentados sobre las pruebas realizadas a los sistemas que soportarán el desarrollo de
sus operaciones.
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21.3 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
21.4 La Superintendencia da respuesta a la solicitud de autorización de funcionamiento dentro del
plazo de vigencia del certificado de autorización de organización.
Artículo 22.- Evaluación integral de la solicitud de autorización de funcionamiento
22.1 Presentada la solicitud de autorización de funcionamiento, acompañada de la información
requerida por el presente Reglamento, la Superintendencia realiza una evaluación integral de la
solicitud dentro de un plazo de ciento veinte (120) días, para lo cual puede convocar a reuniones con
los organizadores, accionistas, directores, gerentes y principales funcionarios.
22.2 Como resultado de la evaluación realizada por la Superintendencia, de presentarse el caso, se
formulan las observaciones y requerimientos que correspondan, solicitando la subsanación a los
organizadores.
22.3 El plazo de la evaluación integral de la solicitud de autorización de funcionamiento puede
extenderse como máximo hasta ciento veinte (120) días antes de la caducidad del certificado de
autorización de organización.
22.4 La evaluación de los requisitos y la no incursión en los impedimentos señalados en los artículos
5, 6 y 8 del presente Reglamento, se realiza conforme al procedimiento establecido en los artículos
13, 14, 15, 16 y 17 del presente Reglamento.
22.5 Esta Superintendencia puede solicitar mayor información a la empresa luego de haber recibido la
solicitud de autorización de funcionamiento, en función a: (i) los cambios ocurridos respecto al
expediente original de organización y/o (ii) del tiempo que haya transcurrido entre la emisión del
certificado de autorización de organización y la presentación de la solicitud respectiva, en caso hayan
variado los supuestos iniciales del proyecto y/o el entorno económico, factores que podrían afectar el
perfil de riesgo de la empresa.
Artículo 23.- Visita de comprobación
Como parte de la evaluación integral de la que trata el artículo anterior, la Superintendencia realiza
comprobaciones in-situ destinadas a examinar la situación de la empresa, las cuales culminan antes
del término de vigencia del certificado de autorización de organización.
Artículo 24.- Resolución y certificado de autorización de funcionamiento
24.1 Efectuadas las comprobaciones, y de no existir observaciones, o requerimientos adicionales,
dentro de un plazo que no excederá de treinta (30) días, la Superintendencia expide la resolución de
autorización y otorga el certificado de autorización de funcionamiento.
24.2 El certificado de autorización de funcionamiento debe ser publicado por los organizadores por
dos (2) veces alternadas, la primera en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del certificado por parte de la Superintendencia, y la segunda en un
diario de extensa circulación nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de publicado por
primera vez dicho certificado.
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24.3 Los organizadores deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia
de la publicación del certificado el mismo día de efectuada, conforme a los mecanismos que
establezca la Superintendencia.
24.4 El certificado de autorización de funcionamiento debe exhibirse permanentemente en la oficina
principal de la empresa, en lugar visible al público y en su portal web.
Artículo 25.- Inscripción de acciones
Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley General, la empresa debe acreditar la inscripción
en Bolsa de las acciones representativas de su capital social, según corresponda, antes de iniciar sus
operaciones con el público.
CAPÍTULO IV
OTRAS AUTORIZACIONES
SUBCAPÍTULO I
AUTORIZACIÓN DE CONVERSIÓN
Artículo 26.- Autorización de conversión
26.1 Las empresas que soliciten su autorización de conversión deben presentar la solicitud respectiva,
adjuntando la siguiente información:
a) Copia certificada del acuerdo de la junta general de accionistas u órgano equivalente en el que
conste la decisión de conversión.
b) Proyecto de minuta de conversión al nuevo tipo de empresa.
c) Relación de accionistas indicando su participación; y la información que se solicita en los artículos
6 y 7 del presente Reglamento.
d) Relación de los directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de
minuta de conversión o de los que se haya propuesto su designación; y la información que se
solicita en el artículo 8 del presente Reglamento.
e) Un ejemplar del estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión a aplicar o, en caso la
empresa continúe realizando las mismas operaciones, un informe que incluya la explicación de
los motivos de la conversión solicitada y sus posibles efectos como empresa en marcha, en los
aspectos de mercado, financiero y de gestión, entre otros.
f) Manuales de políticas y procedimientos y demás documentos pertinentes en caso se trate de
nuevas operaciones o que modifiquen las existentes, conforme a los mecanismos y condiciones
que establezca la Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en el Portal Web Institucional.
26.2 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
26.3 La Superintendencia puede establecer requisitos y el procedimiento de autorización específicos,
atendiendo a la naturaleza e implicancias del proceso de conversión, siempre en observancia de los
principios contenidos en la Ley General.
Artículo 27.- Procedimiento, resolución y certificado de autorización de funcionamiento por
conversión
27.1 Presentada la solicitud, esta Superintendencia, de acuerdo con el procedimiento establecido:
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a) Realiza una evaluación integral de la solicitud de autorización de conversión presentada,
conforme al artículo 22 del presente Reglamento; y,
b) Pone en conocimiento del Banco Central la solicitud de autorización de conversión presentada,
cuando corresponda, conforme al artículo 19 del presente Reglamento;
c) Realiza una visita de comprobación, conforme al artículo 23 del presente Reglamento.
27.2 Efectuada la visita de comprobación, y en el plazo señalado en el artículo 24 del presente
Reglamento, la Superintendencia expide la correspondiente resolución de funcionamiento por
conversión y, en caso de que esta sea autoritativa, otorga un certificado de autorización de
funcionamiento por conversión.
27.3 El certificado de autorización de funcionamiento por conversión debe ser publicado por la
empresa por dos (2) veces alternadas, la primera en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación del certificado por parte de la Superintendencia, y la
segunda en un diario de extensa circulación nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
de publicado el primer aviso.
27.4 La empresa debe remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia del aviso
publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
27.5 El Certificado de Autorización de Funcionamiento por Conversión, debe ser exhibido
permanentemente en la oficina principal de la nueva empresa, en lugar visible al público, y en su
portal web.
27.6 En un plazo no mayor de noventa (90) días desde la emisión del certificado de autorización de
funcionamiento por conversión, la empresa debe remitir a esta Superintendencia, la correspondiente
escritura pública de conversión inscrita en los Registros Públicos. A solicitud de la empresa que se
convierte y por razones debidamente sustentadas, la Superintendencia puede extender el mencionado
plazo.
SUBCAPÍTULO II
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE SUBSIDIARIAS
Artículo 28.- Autorización para la constitución de subsidiarias
28.1 Para la constitución de empresas subsidiarias comprendidas en el artículo 16 y en el numeral 3
del artículo 17 de la Ley General, se requiere la autorización de organización y de funcionamiento,
conforme al procedimiento y requisitos establecidos en los Capítulos II y III del presente Reglamento y
la excepción prevista en el artículo 53 de este Reglamento.
28.2 Para el caso de empresas subsidiarias de seguros comprendidas en el artículo 16 de la Ley
General, adicionalmente se debe presentar la relación de riesgos en que va a operar la empresa
subsidiaria.
28.3 Para la constitución de empresas subsidiarias de empresas del sistema financiero no
comprendidas en el artículo 16, numeral 3 del artículo 17 de la Ley General ni en el párrafo 28.5, se
requiere autorización, conforme a las normas que establezca la Superintendencia.
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28.4 Para la constitución de empresas subsidiarias de empresas de seguros no comprendidas en el
artículo 16 de la Ley General, se requiere autorización, conforme a las normas que establezca la
Superintendencia.
28.5 Para la constitución de empresas subsidiarias que actúan como fiduciarios en fideicomisos de
titulización, sociedades agentes de bolsa, sociedades administradoras de fondos mutuos y de fondos
de inversión, sociedades administradoras de plataformas de financiamiento participativo financiero, se
aplican las normas establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores, debiendo contar con
la opinión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la cual tiene carácter vinculante.
SUBCAPÍTULO III
AUTORIZACIÓN DE SUCURSALES DE EMPRESAS DEL EXTERIOR
Artículo 29.- Autorización para el establecimiento de sucursales de empresas del exterior
Las empresas del sistema financiero y de seguros del exterior que se propongan establecer en el país
una sucursal que opere con el público, deben presentar la información y seguir los procedimientos
establecidos en los Capítulos II y III de la presente norma, en lo que resulte pertinente, atendiendo a la
naturaleza jurídica de las empresas.
SUBCAPÍTULO IV
AUTORIZACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE SUCURSALES DE EMPRESAS DEL EXTERIOR EN
OPERACIÓN EN EMPRESAS CON PERSONERÍA JURÍDICA PROPIA
Artículo 30.- Autorización de transformación de sucursales de empresas del exterior en
operación en empresas con personería jurídica propia
30.1 Las empresas del sistema financiero y de seguros del exterior que soliciten la transformación de
sus sucursales en el país ya autorizadas y en operación, en empresas con personería jurídica propia,
deben presentar la solicitud respectiva, adjuntando la siguiente información:
a) Copia certificada del acuerdo de la junta general de accionistas u órgano equivalente en el que
conste la decisión de transformación.
b) Proyecto de minuta de transformación.
c) Relación de accionistas indicando su participación; y la información que se solicita en los artículos
6 y 7 del presente Reglamento.
d) Relación de los directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de
minuta de transformación o de los que se haya propuesto su designación; y la información que se
solicita en el artículo 8 del presente Reglamento
e) Informe que incluya la explicación de los motivos de la transformación solicitada y sus posibles
efectos como empresa en marcha de la sucursal establecida en el país, en los aspectos de
mercado, financiero y de gestión, entre otros.
30.2 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
Artículo 31.- Procedimiento, resolución y certificado de autorización de funcionamiento de
transformación
31.1 Presentada la solicitud, esta Superintendencia:
a) Remite a la empresa una comunicación con el aviso de publicación de la solicitud de
transformación de sucursales en el país ya autorizadas y en operación, en empresas con
personería jurídica propia;
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b) Realiza una evaluación integral de la solicitud de transformación presentada, conforme al artículo
22 del presente Reglamento; y,
c) Pone en conocimiento del Banco Central la solicitud de transformación presentada, cuando
corresponda, conforme al artículo 19 del presente Reglamento;
d) Posee la facultad de realizar una visita de comprobación, conforme al artículo 23 del presente
Reglamento.
31.2 La empresa debe publicar un aviso para informar al público, conforme al artículo 11 del presente
Reglamento.
31.3 Efectuada la evaluación integral y/o visita de comprobación, y en el plazo señalado en el artículo
24, la Superintendencia expide la correspondiente resolución, y de ser autoritativa, se otorga un
certificado de autorización de funcionamiento por transformación de sucursal de empresa del exterior
en operación en empresa con personería jurídica propia.
31.4 El certificado de autorización de funcionamiento por transformación debe ser publicado por la
empresa por dos (2) veces alternadas, la primera en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación del certificado por parte de la Superintendencia, y la
segunda en un diario de extensa circulación nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
de publicado el primer aviso.
31.5 La empresa debe remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia del aviso
publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
31.6 El certificado de autorización de funcionamiento debe exhibirse permanentemente en la oficina
principal de la empresa, en lugar visible al público, y en su portal web.
Artículo 32.- Inscripción de acciones.
Conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley General, en caso resulte aplicable, la empresa debe
acreditar la inscripción en Bolsa de las acciones representativas de su capital social. Esta acreditación
debe realizarse en un plazo no mayor de noventa (90) días desde la inscripción de la escritura pública
de transformación en los Registros Públicos. A solicitud de la empresa que se transforma y por
razones debidamente sustentadas, la Superintendencia puede extender el mencionado plazo.
SUBCAPÍTULO V
AUTORIZACIÓN DE REPRESENTANTES DE EMPRESAS NO ESTABLECIDAS EN EL PAÍS
Artículo 33.- Autorización de representantes de empresas no establecidas en el país
33.1 La persona designada como representante de una empresa del sistema financiero del exterior,
de reaseguros del exterior o corredoras de reaseguros del exterior, debe cumplir requisitos de
idoneidad técnica y moral, y no infringir las disposiciones establecidas en los artículos 43, 45 y 46 de
la Ley General.
33.2 La empresa del sistema financiero del exterior referida en el párrafo 33.1 debe cumplir requisitos
de idoneidad moral y solvencia económica, y no infringir las disposiciones establecidas en los artículos
43, 45 y 46 de la Ley General.
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33.3 El representante que una empresa del sistema financiero no establecida en el país designe debe
ser autorizado previamente por esta Superintendencia. Para este efecto, la empresa debe presentar,
una solicitud adjuntado la siguiente información:
a) Información solicitada en los artículos 6 y 7 del presente Reglamento.
b) Datos de la inscripción registral de constitución de la persona jurídica representada; y copia de
estatuto de la empresa representada.
c) Datos de inscripción registral de la designación del representante de la empresa y del poder
otorgado.
d) Relación de los representantes designados para el Perú; y la información que se solicita en el
artículo 8 del presente Reglamento.
33.4 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
33.5 Los representantes de las empresas de reaseguros y de las empresas corredoras de reaseguros
del exterior se sujetan complementariamente a lo establecido en las normas reglamentarias que haya
emitido esta Superintendencia.
Artículo 34.- Procedimiento, resolución y certificado para ejercer la representación de
empresas no establecidas en el país
34.1 La Superintendencia realiza una evaluación integral de la solicitud para ejercer la representación
de empresas no establecidas en el país, conforme al artículo 22 del presente Reglamento, en lo que
sea aplicable.
34.2 Efectuada la evaluación integral, y dentro del plazo señalado en el artículo 24, la
Superintendencia expide la correspondiente resolución, y de ser autoritativa, se otorga un certificado
de autorización para ejercer la representación de empresas no establecidas en el país.
34.3 El certificado de autorización debe ser publicado por los representantes por dos (2) veces
alternadas, la primera en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la notificación del certificado por parte de la Superintendencia, y la segunda en un diario de extensa
circulación nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de publicado el primer aviso.
34.4 Los representantes deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia
del aviso publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
34.5 El certificado de autorización para ejercer la representación debe exhibirse permanentemente en
la oficina principal del representante, en lugar visible al público, y en su portal web.
CAPÍTULO V
PROCESOS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA
SUBCAPÍTULO I
FUSIÓN POR CONSTITUCIÓN DE NUEVA EMPRESA
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Artículo 35.- Solicitud de organización de la empresa incorporante
35.1 Las empresas que acuerden fusionarse, mediante la constitución de una nueva empresa, deben
presentar conjuntamente a esta Superintendencia, a través de un solo organizador, la correspondiente
solicitud de autorización de fusión, adjuntando la siguiente información:
a) Copia certificada del acuerdo del órgano social correspondiente, extendida por el gerente general
de cada empresa participante, en el que se convenga la fusión por constitución, conforme a lo
establecido en la Ley General de Sociedades.
b) Estados financieros auditados del último ejercicio anual de las empresas participantes, salvo que
la Superintendencia cuente con dicha información producto de su labor supervisora. Aquéllas que
se hubiesen constituido en el mismo ejercicio en que se acuerda la fusión, deben presentar
información financiera auditada al último día del mes previo al de la aprobación del proyecto de
fusión por el directorio.
c) Informe de valorización de los bloques patrimoniales de las empresas participantes, emitidos por
una firma especializada independiente.
d) Los indicados en los incisos a) y d) del párrafo 4.1 del artículo 4 del presente Reglamento para la
empresa incorporante.
e) Relación de organizadores y accionistas indicando su participación; y la información que se
solicita en los artículos 5, 6 y 7 del presente Reglamento para la empresa incorporante.
f) Relación de los directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de
fusión por constitución o de los que se haya propuesto su designación; y la información que se
solicita en el artículo 8 del presente Reglamento.
g) En el caso de empresas de seguros, debe incluirse la relación de los ramos de seguros en que va
a operar la empresa incorporante.
h) Plan de fortalecimiento patrimonial de la empresa incorporante, de ser necesario.
i) El Estado de Situación Financiera proforma de la empresa incorporante a la fecha de inicio de la
fusión.
La Superintendencia puede requerir información adicional que permita acreditar el cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa vigente.
35.2 En el caso específico de constitución de empresas incorporantes con naturaleza de Caja
Municipal de Ahorro y Crédito o de Caja Municipal de Crédito Popular, adicionalmente a la información
antes solicitada, debe adjuntarse la siguiente información:
a) Información requerida en los párrafos 4.3 y 4.4 del artículo 4.
b) Información sobre el mecanismo de designación de los directores de la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito incorporante.
35.3 En el caso que las empresas incorporantes adopten la naturaleza de Cooperativa de Ahorro y
Crédito que capte depósitos del público, adicionalmente a la información solicitada, deben cumplir con
lo dispuesto en el párrafo 4.5 del artículo 4.
35.4 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
Artículo 36.- Procedimiento, resolución y certificado de autorización de organización de la
empresa incorporante
36.1 Presentada la solicitud, esta Superintendencia:
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239 22
a) Remite a los organizadores una comunicación con el modelo de aviso de publicación de la
solicitud de autorización de fusión por constitución;
b) Realiza una evaluación integral de la solicitud de organización presentada, conforme al artículo
12 de este Reglamento.
c) Pone en conocimiento del organismo similar a la Superintendencia del país de origen del
organizador, cuando corresponda, conforme al párrafo 10.2 del presente Reglamento; y,
d) Pone en conocimiento del Banco Central la solicitud de organización presentada, cuando
corresponda, conforme al artículo 19 del presente Reglamento;
36.2 Los organizadores deben publicar un aviso para informar al público, conforme al artículo 11 de
este Reglamento.
36.3 Recibida la opinión del Banco Central, cuando corresponda, y dentro de un plazo que no excede
de noventa (90) días, la Superintendencia realiza una evaluación integral de la solicitud de
organización, conforme al artículo 12 del presente Reglamento.
36.4 Efectuada la evaluación integral y dentro del plazo señalado en el artículo 12, la
Superintendencia expide la correspondiente resolución, y de ser autoritativa, otorga un certificado de
autorización de organización de la empresa incorporante.
36.5 El certificado de autorización de organización debe ser publicado por los organizadores por una
sola vez en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del
certificado por parte de la Superintendencia, bajo sanción de caducidad al término de este plazo.
36.6 Los organizadores deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia
del aviso publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
Artículo 37.- Solicitud de autorización de funcionamiento de la empresa incorporante
37.1 Los organizadores deben cumplir con todos los requisitos exigidos para el funcionamiento de la
empresa de acuerdo con la información presentada en la etapa de organización, y presentar la
solicitud de funcionamiento en un plazo máximo de trescientos sesenta (360) días de otorgado el
certificado de autorización de organización.
37.2 Los organizadores deben presentar la solicitud de autorización de funcionamiento, adjuntando la
siguiente información:
a) Datos de la inscripción registral de la fusión.
b) Relación actualizada de organizadores y accionistas; y la información señalada en los artículos 5,
6 y 7 del presente Reglamento.
c) Relación actualizada de directores, gerentes y principales funcionarios, y la información señalada
en el artículo 8 del presente Reglamento.
d) Manuales de políticas y procedimientos y demás documentos pertinentes, conforme a los
mecanismos y condiciones que establezca la Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en el
Portal Web Institucional.
e) Número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
f) Cronograma actualizado de implementación del plan de negocios.
g) Solicitud de autorización para la subcontratación significativa de procesamiento de datos en el
exterior y del servicio de auditoría interna, cuando corresponda.
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h) Solicitud de aprobación de cláusulas generales de contratación o del registro de modelos de
pólizas de seguro, según corresponda.
i) Solicitud de apertura de oficina principal, agencias, oficinas especiales y cajeros corresponsales,
cuando corresponda.
j) Cuestionario de autoevaluación debidamente suscrito, conforme a los mecanismos y condiciones
que establezca la Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en el Portal Web Institucional.
k) Declaración jurada sobre aspectos tributarios, conforme a los mecanismos y condiciones que
establezca la Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en el Portal Web Institucional.
l) Informes sustentados sobre las pruebas realizadas a los sistemas que soportarán el desarrollo de
sus operaciones.
37.3 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
37.4 La Superintendencia debe dar respuesta a la solicitud de autorización de funcionamiento dentro
del plazo del certificado de autorización de organización.
Artículo 38.- Procedimiento, resolución y certificado de autorización de funcionamiento de la
empresa incorporante
38.1 Presentada la solicitud de autorización de funcionamiento, la Superintendencia realiza una
evaluación integral de la solicitud, conforme al artículo 22 del presente Reglamento.
38.2 Efectuada la evaluación integral de la que trata el artículo anterior, la Superintendencia debe
realizar una visita de comprobación destinada a examinar la situación de la empresa, conforme al
artículo 23 del presente Reglamento.
38.3 Efectuada la visita de comprobación, y en el plazo señalado en el artículo 24, la
Superintendencia expide la correspondiente resolución, y de ser autoritativa, se otorga un certificado
de autorización de funcionamiento, cuando corresponda en función a las características de la
operación de que se trate.
38.4 El certificado de autorización de funcionamiento debe ser publicado por los organizadores por
dos (2) veces alternadas, la primera en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del certificado por parte de la Superintendencia, y la segunda en un
diario de extensa circulación nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de publicado el
primer aviso.
38.5 Los organizadores deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia
del aviso publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
38.6 El certificado de autorización de funcionamiento debe exhibirse permanentemente en la oficina
principal de la empresa incorporante, en lugar visible al público, y en su portal web.
Artículo 39.- Inscripción de acciones de la empresa incorporante
39.1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley General, cuando resulte aplicable, la empresa
debe acreditar la inscripción en Bolsa de las acciones representativas de su capital social en un plazo
no mayor de noventa (90) días desde la inscripción de la escritura pública en los Registros Públicos. A
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solicitud de la empresa incorporante, y por razones debidamente sustentadas, la Superintendencia
puede extender el mencionado plazo.
39.2 Los organizadores deben gestionar la exclusión de todas las acciones listadas en bolsa de las
empresas incorporadas que en mérito de la fusión se hubieren extinguido.
SUBCAPÍTULO II
FUSIÓN POR ABSORCIÓN
Artículo 40.- Solicitud de autorización de fusión por absorción
40.1 Las empresas que acuerden fusionarse por la absorción, deben presentar a esta
Superintendencia, a través de la empresa absorbente, la correspondiente solicitud de autorización de
fusión, adjuntando la siguiente información:
a) Copia certificada del acuerdo del órgano social correspondiente, extendida por el gerente general
de cada empresa participante, en el que se convenga la fusión por absorción, conforme a lo
establecido en la Ley General de Sociedades.
b) Estados financieros auditados del último ejercicio de las empresas participantes, salvo que la
Superintendencia cuente con dicha información producto de su labor supervisora. Aquéllas que
se hubiesen constituido en el mismo ejercicio en que se acuerda la fusión, deben presentar
información financiera auditada al último día del mes previo al de la aprobación del proyecto de
fusión por el directorio.
c) Informe de valorización de los bloques patrimoniales de las empresas participantes, emitidos por
una firma especializada independiente.
d) Proyecto de minuta de fusión por absorción, conforme a lo establecido en la Ley General de
Sociedades.
e) Relación de accionistas indicando su participación; y la información que se solicita en los artículos
6 y 7 del presente Reglamento.
f) Relación de los directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de
fusión por absorción o de los que se haya propuesto su designación; y la información que se
solicita en el artículo 8 del presente Reglamento.
g) En el caso de empresas de seguros, debe incluirse la relación de los ramos de seguros en que va
a operar la empresa absorbente.
h) Plan de fortalecimiento patrimonial de la empresa absorbente, de ser necesario.
i) El Estado de Situación Financiera proforma de la empresa absorbente a la fecha de inicio de la
fusión.
j) Un programa de los actos de naturaleza corporativa conducentes a la formalización de las
relaciones jurídicas que permitan a la empresa absorbente asumir la totalidad del patrimonio y
demás derechos y obligaciones de la empresa o empresas que se extinguen.
k) Número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa absorbente, de ser el caso.
40.2 En el caso específico de empresas fusionadas por absorción con naturaleza de una Caja
Municipal de Ahorro y Crédito o de Caja Municipal de Crédito, adicionalmente a la información antes
solicitada, debe adjuntarse la siguiente información:
a) Información requerida en el párrafo 4.3 del artículo 4.
b) Información sobre el mecanismo de designación de los directores de la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito absorbente.
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239 25
40.3 En el caso de que la empresa absorbente adopte la naturaleza de Cooperativa de Ahorro y
Crédito que capte depósitos del público, adicionalmente a la información solicitada, debe cumplir con
lo dispuesto en el párrafo 4.5 del artículo 4.
40.4 La Superintendencia puede exceptuar a las empresas de presentar determinados requisitos del
presente artículo, conforme a la operación que se pretende ejecutar, para lo cual la empresa
absorbente debe sustentar la aplicación de excepción de algún requisito.
40.5 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
Artículo 41.- Procedimiento, resolución y certificado de autorización de fusión
41.1 Presentada la solicitud, esta Superintendencia:
a) Remite a la empresa absorbente una comunicación con el modelo del aviso de publicación de la
solicitud de autorización de fusión;
b) Realiza una evaluación integral de la solicitud de fusión presentada, conforme al artículo 22 del
presente Reglamento; y,
c) Pone en conocimiento del organismo similar a la Superintendencia del país de origen de los
accionistas o los beneficiarios finales, cuando corresponda, conforme al párrafo 10.2 del presente
Reglamento; y,
41.2 La empresa absorbente debe publicar un aviso para informar al público, conforme al artículo 11
del presente Reglamento.
41.3 Efectuada la evaluación integral y dentro del plazo señalado en el artículo 24, la
Superintendencia expide la correspondiente resolución, y de ser autoritativa, se otorga un certificado
de autorización de funcionamiento de empresa absorbente, cuando corresponda.
41.4 El certificado de autorización de funcionamiento debe ser publicado por la empresa absorbente
por dos (2) veces alternadas, la primera en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del certificado por parte de la Superintendencia, y la segunda en un
diario de extensa circulación nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de publicado el
primer aviso.
41.5 La empresa absorbente debe remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una
copia del aviso publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca
la Superintendencia.
41.6 El certificado de autorización de funcionamiento debe exhibirse permanentemente en la oficina
principal de la empresa absorbente, en lugar visible al público, y en su portal web.
Artículo 42.- Inscripción de acciones de la empresa absorbente
42.1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley General, cuando resulte aplicable, la empresa
debe acreditar la inscripción en Bolsa de las acciones representativas de su capital social en un plazo
no mayor de noventa (90) días desde la inscripción de la escritura pública en los Registros Públicos. A
solicitud de la empresa absorbente y por razones debidamente sustentadas, la Superintendencia
puede extender el mencionado plazo.
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239 26
42.2 La empresa absorbente debe gestionar la exclusión de todas las acciones listadas en bolsa de
las empresas absorbidas que en mérito de la fusión se hubieren extinguido.
SUBCAPÍTULO III
ESCISIÓN POR CONSTITUCIÓN DE NUEVA EMPRESA
Artículo 43.- Solicitud de organización de empresa beneficiaria
43.1. La empresa que acuerde escindir su patrimonio en dos o más bloques para transferirlos
íntegramente a nuevas empresas beneficiarias sujetas al ámbito de supervisión de esta
Superintendencia o la empresa que acuerde escindir su patrimonio en dos o más bloques para
conservar uno de ellos y transferir los demás a una o más nuevas empresas beneficiarias sujetas al
ámbito de supervisión de esta Superintendencia; debe presentar a esta, conjuntamente con los demás
participantes en este proceso, a través de un solo organizador, la correspondiente solicitud de
autorización de escisión y organización de empresas beneficiarias, adjuntando la siguiente
información:
a) Copia certificada del acuerdo del órgano social correspondiente, extendida por el gerente general
de la empresa escindida, en el que se convenga la escisión por constitución de una nueva
empresa, conforme a lo establecido en la Ley General de Sociedades.
b) Estados financieros auditados del último ejercicio anual de la empresa que acuerde escindir su
patrimonio, salvo que la Superintendencia cuente con dicha información producto de su labor
supervisora. En caso esta se hubiese constituido en el mismo ejercicio en que se acuerda la
escisión, debe presentar información financiera auditada al último día del mes previo al de la
aprobación del proyecto de escisión por el directorio.
c) Informe de valorización de los bloques patrimoniales de la empresa que acuerde escindir su
patrimonio, emitidos por una firma especializada independiente.
d) Estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión para las empresas beneficiarias.
e) Relación de organizadores y accionistas indicando su participación; y la información que se
solicita en los artículos 5, 6 y 7 del presente Reglamento.
f) Relación de los directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de
constitución de nueva empresa beneficiaria o de los que se haya propuesto su designación; y la
información que se solicita en el artículo 8 del presente Reglamento.
g) Proyecto de minuta de modificación estatutaria de la empresa escindida, en caso de escisión
parcial;
h) En el caso de empresas de seguros, debe incluirse la relación de los ramos de seguros en que va
a operar la nueva empresa beneficiaria y de la empresa escindida en caso de escisión parcial.
i) Plan de fortalecimiento patrimonial de las nuevas empresas beneficiarias, de ser necesario.
j) Estado de Situación Financiera proforma de las nuevas empresas beneficiarias a la fecha de
entrada en vigencia de la escisión.
43.2 En el caso específico de constitución de empresas beneficiarias con naturaleza de una Caja
Municipal de Ahorro y Crédito o de Caja Municipal de Crédito, adicionalmente a la información antes
solicitada, debe adjuntarse la siguiente información:
a) Información requerida en el párrafo 4.3 del artículo 4.
b) Información sobre el mecanismo de designación de los directores de la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito beneficiaria, cuando corresponda.
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239 27
43.3 En el caso de que la empresa beneficiaria adopte la naturaleza de Cooperativa de Ahorro y
Crédito que capte depósitos del público, adicionalmente a la información solicitada, debe cumplir con
lo dispuesto en el párrafo 4.5 del artículo 4.
43.4 El procedimiento de evaluación, resolución y certificado de autorización de organización de
empresa beneficiaria, se rigen por lo dispuesto en el artículo 36 del presente Reglamento.
43.5 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
Artículo 44.- Solicitud de funcionamiento de empresa beneficiaria
44.1 Los organizadores deben cumplir con todos los requisitos exigidos para el funcionamiento de la
empresa de acuerdo con la información presentada en la etapa de organización, y presentar la
solicitud de autorización de funcionamiento en un plazo máximo de trescientos sesenta (360) días de
otorgado el certificado de autorización de organización.
44.2 Los organizadores deben presentar la solicitud de autorización de funcionamiento, adjuntando la
información señalada en el artículo 37 del presente Reglamento.
44.3 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
44.4 La Superintendencia dará respuesta a la solicitud de autorización de funcionamiento dentro del
plazo del certificado de autorización de organización.
44.5 El procedimiento de evaluación, resolución y certificado de autorización de funcionamiento de la
empresa beneficiaria, se rigen por lo dispuesto en el artículo 38 del presente Reglamento.
44.6 La empresa beneficiaria, en caso que se encuentre dentro de los alcances del artículo 29 de la
Ley General, debe acreditar la inscripción en Bolsa de las acciones representativas de su capital
social en un plazo no mayor de noventa (90) días desde la inscripción de la escritura pública en los
Registros Públicos. A solicitud de la empresa beneficiaria, y por razones debidamente sustentadas, la
Superintendencia puede extender el mencionado plazo.
44.7 En el caso de escisión total, los organizadores deben gestionar la exclusión de las acciones que
se encuentren listadas de las empresas escindidas.
SUBCAPÍTULO IV
ESCISIÓN POR ABSORCIÓN
Artículo 45.- Solicitud de autorización de escisión por absorción
45.1 La empresa que acuerde escindir su patrimonio en dos o más bloques para transferirlos
íntegramente a empresas sujetas al ámbito de supervisión de esta Superintendencia; o la empresa
que acuerde escindir su patrimonio en dos o más bloques para conservar uno de ellos y transferir los
demás a una o más empresas sujetas al ámbito de supervisión de esta Superintendencia; debe
presentar a esta, conjuntamente con las demás empresas participantes en este proceso, a través de
un solo representante, la correspondiente solicitud de autorización de escisión por absorción,
adjuntando la siguiente información:
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239 28
a) Copia certificada del acuerdo del órgano social correspondiente, extendida por el gerente general
de cada empresa participante, en el que se convenga la escisión por absorción, conforme a lo
establecido en la Ley General de Sociedades;
b) Estados financieros auditados del último ejercicio anual de las empresas participantes, salvo que
la Superintendencia cuente con dicha información producto de su labor supervisora. En caso esta
se hubiese constituido en el mismo ejercicio en que se acuerda la escisión por absorción, debe
presentar información financiera auditada al último día del mes previo al de la aprobación del
proyecto de escisión por el directorio;
c) Informe de valorización de los bloques patrimoniales de las empresas participantes, emitidos por
una firma especializada independiente;
d) Proyecto de minuta de escisión por absorción de las empresas absorbentes, conforme a lo
establecido en la Ley General de Sociedades;
e) Relación de accionistas de las empresas absorbentes indicando su participación; y la información
que se solicita en los artículos 6 y 7 del presente Reglamento, de ser el caso;
f) Relación de los directores, gerentes y principales funcionarios de las empresas absorbentes; y la
información que se solicita en el artículo 8 del presente Reglamento.
g) En el caso de empresas de seguros, debe incluirse la relación de los ramos de seguros en que
van a operar las empresas absorbentes y la empresa escindida en caso de escisión parcial.
h) Un programa de los actos de naturaleza corporativa conducentes a la formalización de las
relaciones jurídicas que permitan a las empresas absorbentes asumir el bloque patrimonial y
demás derechos y obligaciones de la empresa escindida;
i) Plan de fortalecimiento patrimonial de las empresas participantes, de ser necesario;
j) El Estado de Situación Financiera proyectado de las empresas absorbentes y de la empresa
escindida a la fecha de inicio de la escisión; y
k) Número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de las empresas absorbentes, de ser el
caso.
45.2 En el caso específico de empresa absorbente con naturaleza de una Caja Municipal de Ahorro y
Crédito o de Caja Municipal de Crédito Popular, adicionalmente a la información antes solicitada, debe
adjuntarse la siguiente información:
a) Información requerida en el párrafo 4.3 del artículo 4.
b) Información sobre el mecanismo de designación de los directores de la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito absorbente, cuando corresponda.
45.3 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
45.4 En el caso que la empresa absorbente adopte la naturaleza de Cooperativa de Ahorro y Crédito
que capte depósitos del público, adicionalmente a la información solicitada, debe cumplir con lo
dispuesto en el párrafo 4.5 del artículo 4.
45.5 El procedimiento de evaluación, resolución y certificado de autorización de funcionamiento de
empresas absorbentes, se rigen por lo dispuesto en el artículo 41 del presente Reglamento.
45.6 Las empresas absorbentes, que se encuentren dentro de los alcances del artículo 29 de la Ley
General, deben acreditar la inscripción en Bolsa de las acciones representativas de su capital social
en un plazo no mayor de noventa (90) días desde la inscripción de la escritura pública en los
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239 29
Registros Públicos. A solicitud de la empresa absorbente, y por razones debidamente sustentadas, la
Superintendencia puede extender el mencionado plazo.
45.7 En el caso de escisión total, el representante debe gestionar la exclusión de las acciones que se
encuentren listadas de la empresa escindida.
SUBCAPÍTULO V
ESCISIÓN COMPUESTA
Artículo 46.- Solicitud de autorización de escisión compuesta
La empresa que acuerde escindir su patrimonio total o parcialmente, con el propósito de transferir los
bloques patrimoniales segregados, por un lado, a nuevas empresas, y por el otro, a empresas
existentes que se encuentren bajo el ámbito de supervisión de esta Superintendencia; debe presentar
a esta Superintendencia, conjuntamente con las demás empresas participantes, mediante un solo
organizador, la correspondiente solicitud de autorización de escisión compuesta, acompañada de la
documentación señalada en los Subcapítulos III y IV precedentes, en lo que le corresponda a cada
empresa participante según su condición.
SUBCAPÍTULO VI
REORGANIZACIÓN SIMPLE POR APORTE A CONSTITUCIÓN DE NUEVA EMPRESA
Artículo 47.- Solicitud de organización de empresa adquirente
47.1 Las empresas que acuerden reorganizarse, segregando una de ellas uno o más bloques
patrimoniales a fin de aportarlos a otra u otras nuevas empresas que se encuentren bajo el ámbito de
supervisión de esta Superintendencia, deben presentar a esta Superintendencia, a través de un solo
organizador, la correspondiente solicitud de autorización de reorganización simple, adjuntando la
siguiente información:
a) Copia certificada del acuerdo del órgano social correspondiente, extendida por el gerente general
de la persona jurídica en el que se convenga la reorganización simple, conforme a lo establecido
en la Ley General de Sociedades.
b) Estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión de la empresa adquirente.
c) Relación de Organizadores y Accionistas indicando su participación; y la información que se
solicita en los artículos 5, 6 y 7 del presente Reglamento.
d) Proyecto de minuta de reorganización simple por aporte a constitución de nueva empresa,
conforme a lo establecido en la Ley General de Sociedades.
e) Relación de los directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de
reorganización simple o de los que se haya propuesto su designación; y la información que se
solicita en el artículo 8 de este Reglamento.
f) Informe de valorización de los bloques patrimoniales segregados, emitido por una firma
especializada independiente.
g) En el caso de empresas de seguros, debe incluirse la relación de los ramos de seguros en que
van a operar las empresas adquirentes.
h) El Estado de Situación Financiera proforma de las empresas adquirentes a la fecha de vigencia
de la reorganización simple, y de corresponder, de la empresa aportante.
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239 30
47.2 Cuando la empresa adquirente en constitución adopte la naturaleza de Caja Municipal de Ahorro
y Crédito o de Caja Municipal de Crédito Popular, adicionalmente a la información antes solicitada,
debe adjuntarse la siguiente información:
a) Información requerida en el párrafo 4.3 del artículo 4.
b) Información sobre el mecanismo de designación de los directores de la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito adquirente, cuando corresponda.
47.3 En el caso de que la empresa adquirente adopte la naturaleza de Cooperativa de Ahorro y
Crédito que capte depósitos del público, adicionalmente a la información solicitada, debe cumplir con
lo dispuesto en el párrafo 4.5 del artículo 4.
47.4 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
47.5 El procedimiento de evaluación, resolución y certificado de autorización de organización de
empresa adquirente, se rigen por lo dispuesto en el artículo 36 del presente Reglamento.
Artículo 48.- Solicitud de autorización de funcionamiento de empresa adquirente
48.1 Los organizadores deben cumplir con todos los requisitos exigidos para el funcionamiento de la
empresa de acuerdo con la información presentada en la etapa de organización, y presentar la
solicitud de autorización de funcionamiento en un plazo máximo de trescientos sesenta (360) días de
otorgado el certificado de autorización de organización.
48.2 Los organizadores deben presentar la solicitud de autorización de funcionamiento, adjuntando la
información señalada en el artículo 37 de este Reglamento.
48.3 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
48.4 La Superintendencia debe dar respuesta a la solicitud de autorización de funcionamiento dentro
del plazo del certificado de autorización de organización.
48.5 El procedimiento de evaluación, resolución y certificado de autorización de funcionamiento de
empresa adquirente, se rigen por lo dispuesto en el artículo 38 del presente Reglamento.
48.6 La empresa adquirente, en caso que se encuentre dentro de los alcances del artículo 29 de la
Ley General, debe acreditar la inscripción en Bolsa de las acciones representativas de su capital
social en un plazo no mayor de noventa (90) días desde la inscripción de la escritura pública en los
Registros Públicos. A solicitud de la empresa adquirente, y por razones debidamente sustentadas, la
Superintendencia puede extender el mencionado plazo.
SUBCAPÍTULO VII
REORGANIZACIÓN SIMPLE POR APORTE A EMPRESA EXISTENTE
Artículo 49.- Solicitud de autorización de reorganización simple
49.1 Las empresas que acuerden reorganizarse, segregando uno o más bloques patrimoniales a fin
de aportarlos a otra u otras empresas que se encuentren bajo el ámbito de supervisión de la
Superintendencia, deben presentar a esta Superintendencia, a través de un solo representante, la
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correspondiente solicitud de autorización de reorganización simple, adjuntando la siguiente
información:
a) Copia certificada del acuerdo del órgano social correspondiente, extendida por el gerente general
de cada empresa participante, en el que se convenga la reorganización simple, conforme a lo
establecido en la Ley General de Sociedades.
b) Proyecto de minuta de reorganización simple de la empresa aportante y de las empresas
adquirentes, conforme a lo establecido en la Ley General de Sociedades.
c) Relación de accionistas indicando su participación; y la información que se solicita en los artículos
6 y 7 del presente Reglamento.
d) Relación de los directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de
reorganización simple o de los que se haya propuesto su designación; y la información que se
solicita en el artículo 8 del presente Reglamento.
e) Informe de valorización de los bloques patrimoniales segregados, emitido por una firma
especializada independiente.
f) En el caso de empresas de seguros, debe incluirse la relación de los ramos de seguros en que va
a operar las empresas adquirentes y de corresponder de la empresa aportante.
g) Estado de Situación Financiera proforma de las empresas adquirentes a la fecha de vigencia de
la reorganización simple, y de corresponder, de la empresa aportante.
49.2 La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
49.3 Cuando la empresa adquirente adopte la naturaleza de Caja Municipal de Ahorro y Crédito o de
Caja Municipal de Crédito Popular, adicionalmente a la información antes solicitada, debe adjuntarse
la siguiente información:
a) Información requerida en el párrafo 4.3 del artículo 4.
b) Información sobre el mecanismo de designación de los directores de la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito adquirente, cuando corresponda.
49.4 En el caso que la empresa adquirente adopte la naturaleza de Cooperativa de Ahorro y Crédito
que capte depósitos del público, adicionalmente a la información solicitada, debe cumplir con lo
dispuesto en el párrafo 4.5 del artículo 4.
49.5 El procedimiento de evaluación, resolución y certificado de autorización de funcionamiento de
empresa adquirente, se rigen por lo dispuesto en el artículo 41 del presente Reglamento.
49.6 La empresa adquirente, que se encuentre dentro de los alcances del artículo 29 de la Ley
General, debe acreditar la inscripción en Bolsa de las acciones representativas de su capital social en
un plazo no mayor de noventa (90) días desde la inscripción de la escritura pública en los Registros
Públicos. A solicitud de la empresa adquirente, y por razones debidamente sustentadas, la
Superintendencia puede extender el mencionado plazo.
CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 50.- Inicio de operaciones
50.1 En todo proceso de autorización que implique el inicio de operaciones, la empresa está obligada
a hacerlo dentro de los tres (3) meses de otorgado el certificado de autorización de funcionamiento.
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50.2 Dentro del plazo referido, previo a su entrada al mercado, la empresa debe publicar un aviso
para informar la fecha cierta de inicio de sus operaciones en un medio de difusión masivo y en su
portal web.
50.3 Los organizadores deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia
del aviso publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
Artículo 51.- Ampliación de ramos de seguros
51.1 No es de aplicación lo dispuesto en el presente Reglamento a las solicitudes que formulen las
empresas de seguros señaladas en el inciso D numeral 1 del artículo 16 de la Ley General, cuando
requieran la ampliación de sus actividades de un solo ramo, de riesgos generales o de vida a ambos
ramos de riesgos generales y de vida.
51.2 En los casos previstos en el párrafo anterior, la empresa de seguros debe seguir el
procedimiento de Modificación de Estatuto por cambio de objeto social y aumento de capital, de ser el
caso, previsto en la Ley y en la Ley General de Sociedades, adjuntado un estudio de ampliación de
operaciones indicando los productos que ofrecerá, el mercado objetivo y las proyecciones financieras
que resultarían de la ampliación de operaciones.
Artículo 52.- Idioma de la información presentada
La información que se presente a la Superintendencia debe estar en español. En caso corresponda
una traducción, esta puede ser simple y debe incluir la identificación del traductor y su firma. Para toda
discrepancia en interpretación, prima la versión en español.
Artículo 53.- Certificado de garantía y aporte en efectivo
53.1 Se exceptúa del requisito de presentar el certificado de garantía señalado en el artículo 21 de la
Ley General, así como del aporte en efectivo del capital social, en los casos de conversión,
constitución de subsidiarias por fusión o escisión de empresas, transformación de sucursales de
empresas del exterior en persona jurídica, fusión, escisión u otra forma de reorganización de
empresas del sistema financiero y del sistema de seguros realizadas en la forma prevista en la Ley
General de Sociedades.
53.2 Asimismo, se procede, bajo solicitud de la empresa y sin que medie el plazo de treinta (30) días
establecido en el artículo 25 de la Ley General, a la devolución del certificado de garantía en los casos
en los que se otorgue el certificado de autorización señalado en el artículo 20 de este Reglamento,
una vez que el directorio haya asumido funciones y el capital social haya sido pagado de forma
íntegra.
Artículo 54.- Incompatibilidades para ejercer cargo de directores y gerentes
54.1 Las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 92 de la Ley General referidas a la prohibición
de que directores y trabajadores de una empresa de los sistemas financiero y de seguros puedan
ejercer los cargos de directores y gerentes en otra empresa de la misma naturaleza, no resultan
aplicables a aquellos casos en que dichas empresas se encuentren en procesos de reorganización
societaria conforme a la Ley General de Sociedades.
54.2 La designación de los directores y gerentes debe ser comunicada a la Superintendencia en el
plazo previsto en el artículo 82 de la Ley General.
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Artículo 55.- Uso del capital social en el proceso de autorización de organización y
funcionamiento
55.1 Los gastos para sufragar los conceptos detallados en el artículo 24 de la Ley General, solo
pueden ser efectuados con cargo al exceso sobre el capital social mínimo en dinero exigido por la
normativa vigente.
55.2 Para obtener la autorización de funcionamiento, el importe del capital social inicial de las
empresas aportado en dinero, no debe ser menor al mínimo exigido por la normativa vigente. Dicho
importe debe mantenerse en dinero hasta la fecha de inicio de operaciones de la empresa. Solo se
pueden admitir aportes en bienes distintos al dinero, por el exceso sobre el mínimo en efectivo a que
se refiere el párrafo precedente.
55.3 Las inversiones con cargo al capital social mínimo aportado en efectivo proceden solo cuando la
empresa haya obtenido la autorización de funcionamiento y dado inicio a sus operaciones.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Carácter de declaración jurada de la información
Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de autorización de empresas y
representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros, toda la documentación que se presente
tiene carácter de declaración jurada.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Solicitudes en trámite
Las disposiciones del presente Reglamento se aplican a los procesos de autorización iniciados con
anterioridad a su entrada en vigencia, salvo que establezcan mayores requisitos para el supervisado.
La Superintendencia puede exigir información adicional si considera que tienen una incidencia
significativa en la evaluación de la solicitud de autorización correspondiente.
Artículo Segundo.- Sustituir los artículos 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 20-A, 20-B, 20-C, 20-D, 20-E, 20-F, 20-G, 21, 22, 23, 24 y 25, y derogar la Primera
y Segunda Disposición Final y Transitoria del Título II del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por
Resolución N° 054-98-EF/SAFP y sus normas modificatorias, de acuerdo con los textos siguientes:
“Artículo 6°.- Definición. Se considera organizador a aquella persona o ente jurídico que suscriba,
conforme al proyecto de minuta de la constitución social, por lo menos el diez por ciento (10%) del
capital social y asuma la responsabilidad ante esta Superintendencia de las gestiones de organización
y funcionamiento de la AFP en constitución.
Artículo 9°.- Solicitud de organización. Para organizar una AFP se requiere obtener de la
Superintendencia el correspondiente certificado de autorización de organización. Para dicho efecto,
los organizadores deben presentar la solicitud de organización de una AFP, adjuntando la siguiente
información:
a) Proyecto de minuta de constitución social.
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b) Relación de organizadores y accionistas indicando sus participaciones; adjuntando la información
que se solicita en los artículos 10 y 11 del presente Título.
c) Relación de los directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de
minuta de constitución social o de los que se haya propuesto su designación; adjuntando la
información que se solicita en el artículo 13 del presente Título.
d) El estudio de factibilidad económico-financiero, conforme a los artículos 14 o 20-C, según
corresponda.
e) Certificado de depósito de garantía, constituido en una empresa del sistema financiero del país y
vigente al momento de presentarse la solicitud, a la orden de la Superintendencia o endosado a
su favor, por un monto equivalente al capital mínimo vigente a la fecha de la solicitud.
f) Cronograma de implementación de actividades requeridas para la presentación de la solicitud de
comprobación para funcionamiento.
g) Cuestionario de autoevaluación debidamente suscrito, conforme a los mecanismos y condiciones
que establezca la Superintendencia.
La Superintendencia puede requerir el envío de la información establecida en los incisos b), c), d), f) y
g) del presente artículo, a través de medios electrónicos, conforme a los mecanismos y condiciones
que establezca.
La información presentada debe mantenerse actualizada, para lo cual los organizadores deben
comunicar a la Superintendencia cualquier cambio que implique modificación en los datos que hayan
sido proporcionados dentro de los cinco (5) días hábiles de producida la modificación.
Artículo 10°.- Información sobre organizadores. Los organizadores de una AFP deben cumplir los
requisitos de idoneidad moral y solvencia económica, establecidos en este Título, y no incurrir en los
impedimentos establecidos en el artículo 20 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus normas
reglamentarias, artículo 5 del Reglamento del Texto Único Ordenado Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones y el artículo 7 del presente Título.
Los organizadores deben presentar, conjuntamente con la solicitud de organización, la siguiente
información sobre ellos:
a) El “Cuestionario Informativo”, suscrito por el organizador, de acuerdo con el formato del Anexo I
del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los Sistemas Financiero y de
Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 211-2021.
b) Información precisa sobre el origen de los recursos con los que se propone pagar las acciones de
la AFP.
c) En caso de personas naturales:
i. El “Currículum vitae”, suscrito por el organizador, de acuerdo con el formato del Anexo II
del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los Sistemas
Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N°211-2021.
ii. Los “Informes de la situación patrimonial”, suscritos por el organizador, correspondientes
a los dos últimos ejercicios, de acuerdo con el formato del Anexo III del Reglamento de
autorización de empresas y representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros,
aprobado por Resolución SBS N°211-2021, acompañado por un reporte crediticio de
una central de riesgos.
d) En caso de personas jurídicas:
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i. Datos de la inscripción registral de constitución de la persona jurídica; y, tratándose de
una persona jurídica del exterior, copia de estatuto de la empresa.
ii. Copia certificada del acuerdo del órgano social correspondiente, extendida por el
gerente general de la persona jurídica, en el que se convenga la designación del
personal autorizado responsable ante esta Superintendencia de las gestiones para las
autorizaciones de organización y funcionamiento de la AFP.
iii. Los estados financieros auditados de los dos (2) últimos ejercicios anuales; así como, los
estados financieros consolidados del grupo económico al cual pertenece,
correspondiente a los dos (2) últimos ejercicios anuales, de resultar aplicable. En caso
de que el organizador se haya constituido en un plazo menor al previamente indicado,
debe presentar los estados financieros auditados del último ejercicio anual, si resulta
aplicable, así como los estados financieros más recientes del ejercicio en curso.
iv. En caso la persona jurídica esté obligada a contar con una clasificación de fortaleza
financiera, el informe de la última clasificación de riesgos, otorgada por una clasificadora
de riesgos inscrita en el registro de la Superintendencia o, tratándose de una persona
jurídica del exterior, por una clasificadora de reconocido prestigio.
v. Los “Currículum vitae”, suscritos por el personal autorizado responsable ante esta
Superintendencia de las gestiones para las autorizaciones de organización y
funcionamiento de la empresa, de acuerdo con el formato del Anexo II del Reglamento
de autorización de empresas y representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros,
e) En caso de entes jurídicos, se debe cumplir con los requisitos establecidos para las personas
jurídicas, en lo que resulte aplicable; sin perjuicio de que esta Superintendencia pueda requerir
información adicional que permita acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente.
Artículo 11°.- Información sobre accionistas. Los accionistas de la AFP en formación no deben ser
menos de cinco (5) ni estar vinculados entre sí, y sus beneficiarios finales deben cumplir los requisitos
de idoneidad moral y solvencia económica, establecidos en este Título, y no incurrir en los
impedimentos establecidos en el artículo 20 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus normas
reglamentarias.
Los organizadores deben presentar, conjuntamente con la solicitud de organización, la siguiente
información requerida de los accionistas de la empresa en formación y sus beneficiarios finales:
a) El “Cuestionario Informativo” firmado por el accionista de la AFP en formación, de acuerdo con el
formato del Anexo I del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los
Sistemas Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 211-2021.
b) Información precisa sobre el origen de los recursos con los que se propone pagar por las
acciones de la AFP.
c) En caso de personas naturales:
i. Los “Informes de la situación patrimonial”, suscritos por el accionista de la AFP en
formación, correspondientes a los dos últimos ejercicios, de acuerdo con el formato del
Anexo III del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los Sistemas
Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N°211-2021, acompañado por
un reporte crediticio de una central de riesgos.
d) En caso de personas jurídicas:
i. Datos de la inscripción registral de constitución de la persona jurídica; y, tratándose de
una persona jurídica del exterior, copia del estatuto de la empresa.
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ii. Copia certificada del acuerdo del órgano social correspondiente, extendida por el
gerente general de la persona jurídica, en el que se convenga la participación en la
empresa por constituir, así como la designación de la persona que la representará.
iii. Los estados financieros auditados de los dos (2) últimos ejercicios anuales de los
propietarios significativos; así como, los estados financieros consolidados del grupo
económico al cual pertenece, correspondiente a los dos (2) últimos ejercicios anuales, de
resultar aplicable. En caso, la persona jurídica se haya constituido en un plazo menor al
previamente indicado y sea un propietario significativo, es decir, sea un accionista con
participación mayor al 10% del capital social de la AFP en formación, debe presentar los
estados financieros auditados del último ejercicio anual, si resulta aplicable, así como los
estados financieros más recientes del ejercicio en curso.
iv. En caso la persona jurídica esté obligada a contar con una clasificación de fortaleza
financiera, el informe de la última clasificación de riesgos, otorgada por una clasificadora
de riesgos inscrita en el registro de la Superintendencia o, tratándose de una persona
jurídica del exterior, por una clasificadora de reconocido prestigio.
v. La “Información sobre beneficiarios finales por propiedad”, de acuerdo con el formato del
Anexo IV del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los Sistemas
Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 211-2021.
vi. La “Información sobre beneficiarios finales por medios distintos a la propiedad”, de
acuerdo con el formato del Anexo V del Reglamento de autorización de empresas y
representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS
N° 211-2021.
e) En caso de entes jurídicos, se debe cumplir con los requisitos establecidos para las personas
jurídicas, en lo que resulte aplicable; sin perjuicio de que esta Superintendencia pueda requerir
información adicional que permita acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente.
Artículo 12°.- Grupo Económico. En caso algún accionista pertenezca a un grupo económico, los
organizadores deben presentar, conjuntamente con la solicitud de organización, la siguiente
información con relación al grupo económico:
a) Breve reseña de los antecedentes del grupo económico, la relación de las personas y/o entes
jurídicos que lo conforman y principales actividades, señalando si operan bajo la supervisión de
un organismo de control.
b) Ámbito geográfico donde opera, volúmenes de negocio y participación de mercado, planes de
expansión y descripción de la situación económica-financiera del grupo económico
c) Diagrama que muestre la conformación del grupo económico y las relaciones de vinculación
existentes y que incluya a todas las personas jurídicas y entes jurídicos o vehículos que lo
conforman, sean o no del ámbito financiero.
d) La relación de los propietarios significativos de los integrantes del grupo económico y el número
de acciones o porcentaje de participación que mantienen en estos.
e) La relación de los beneficiarios finales de los integrantes del grupo económico que no son
propietarios significativos.
Esta Superintendencia puede solicitar la relación de los directores, gerentes y principales funcionarios
de los integrantes del grupo económico, personas jurídicas y/o entes jurídicos.
Artículo 13°.- Directores, gerentes y principales funcionarios. Los directores, gerentes y
principales funcionarios deben cumplir los requisitos de idoneidad moral y técnica, establecidos en
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este Título, y no incurrir en los impedimentos establecidos en los artículos 81 de la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,
Ley Nº 26702, y 25 del Reglamento del TUO de la Ley del SPP.
En el caso de directores, estos deben cumplir, adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, con
el requisito de solvencia económica. La Superintendencia, sobre la base de lo señalado en el artículo
25 del Reglamento del TUO de la Ley del SPP, califica si un director cumple o no con el requisito de
solvencia económica.
En el caso de directores independientes, estos deben cumplir, adicionalmente a lo dispuesto en el
párrafo anterior, con los requisitos establecidos en el Título III del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones,
aprobado mediante Resolución N° 053-98-EF/SAFP y sus normas modificatorias.
Los organizadores deben presentar, conjuntamente con la solicitud de organización, la siguiente
información de los directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de minuta
o de los que hayan sido propuestos para su designación a que se refiere el inciso a) artículo 9 del
presente Título para la evaluación de los referidos requisitos:
a) El “Cuestionario informativo” suscrito por el director, gerente o principal funcionario, de acuerdo
con el formato del Anexo I del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los
Sistemas Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N°211-2021.
b) El “Currículum vitae” suscrito por el director, gerente o principal funcionario, de acuerdo con el
formato del Anexo II del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los
Sistemas Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 211-2021.
Artículo 14°.- Estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad económico-financiera a que se refiere
el artículo 9 debe tener como objetivo determinar la viabilidad y la permanencia operativa de la AFP en
el tiempo. Con este propósito, se debe presentar, como mínimo, la siguiente información:
1. Resumen Ejecutivo: Señalar los principales aspectos del estudio de mercado, financiero y
de gestión.
2. Análisis de Mercado.
a) Panorama general:
i) Visión general del SPP dentro del sistema previsional en su conjunto, incluyendo el
panorama macroeconómico, el entorno socioeconómico, el ambiente competitivo, las
oportunidades que la empresa busca aprovechar y su sostenibilidad en el largo plazo.
ii) Análisis de la situación y perspectivas las políticas económicas, en particular de aquellas
relacionadas al mercado previsional.
iii) Descripción del entorno esperado con relación a los mercados de capitales local y del
exterior para la gestión de las inversiones de los fondos de pensiones que se tiene
previsto implementar.
iv) Relación estimada entre afiliados y población económicamente activa.
b) Perfil del mercado actual:
i) Perfil del afiliado objetivo en función a variables como nivel de ingreso, edad, género,
ocupación y nivel socioeconómico, etc.
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c) Análisis de la competencia:
i) Análisis de la oferta de los servicios de AFP existentes, precisando los segmentos que
vienen siendo atendidos y aquellos que han sido relegados.
ii) Análisis de la evolución histórica de las operaciones y de la participación de mercado de
las AFP competidoras.
iii) Análisis de las fortalezas y debilidades de la AFP, con relación a la de sus competidoras.
d) Análisis del mercado futuro:
i) Análisis de los factores que determinan la evolución del mercado: perspectivas
macroeconómicas, tendencias socioeconómicas, grado de formalidad en los sectores
productivos, políticas gubernamentales, factores demográficos, perspectivas del
mercado de capitales, entre otros, y su posible impacto sobre la AFP.
ii) Participación esperada en el mercado previsional por año durante los primeros cinco
años.
3. Análisis de Gestión.
a) Planeamiento Estratégico:
i) Objetivos de la constitución de la AFP desde el punto de vista de los organizadores, y
del grupo económico, de ser el caso. Misión de la AFP y principales metas que se
propone alcanzar.
ii) Estrategias de diferenciación y de posicionamiento en el mercado.
iii) Estrategia general de comercialización y ventas, señalando los mecanismos para
alcanzar al mercado objetivo según perfil del cliente.
iv) Describir los canales y/o plataformas de captación y ventas y el rol que jugarán los
promotores dentro de dicha estrategia.
b) Organización:
i) Estructura organizativa y administrativa, presentando el organigrama institucional que
detalle los niveles jerárquicos y una descripción de las principales funciones y líneas de
reporte.
ii) Requerimientos de personal, incluyendo el detalle de la asignación de personal a las
diferentes áreas de la empresa señaladas en el primer literal, oficial de cumplimiento,
entre otros. Respecto a las áreas de Inversiones y Riesgos, descripción detallada de la
organización de cada una de ellas teniendo en cuenta los requerimientos de capacidad
profesional establecidos en la normativa vigente.
iii) Fuerza de ventas estimada para el inicio de sus actividades, así como el programa de
expansión previsto en relación al cumplimiento de metas de captación de su mercado
objetivo.
iv) Perfil y requisitos exigibles a los promotores de ventas.
v) Políticas para la incorporación de socios o accionistas.
vi) Políticas de designación de directores, gerentes y principales funcionarios, incluyendo el
perfil y requisitos exigibles a los directivos y profesionales que integren la AFP en sus
diferentes áreas.
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vii) Políticas para la subcontratación de funciones, señalando dentro de la estructura de la
AFP quién asume la responsabilidad de las funciones subcontratadas. Entre ellas,
servicios de orientación al afiliado, de conformidad al artículo 21-A de la Ley.
viii) Políticas generales de las principales operaciones y servicios.
ix) Políticas generales de gestión de conducta de mercado, que consideren la inclusión de
principios de conducta de mercado en la cultura organizacional y en el gobierno
corporativo de la AFP; así como buenas prácticas en relación con los afiliados y
usuarios, que consideren la transparencia de información, la orientación al afiliado y la
adecuada gestión de sus reclamos.
x) Políticas generales para la gestión integral de los riesgos acordes con la complejidad, el
volumen de operaciones de la AFP. De corresponder, identificación y políticas
generales de gestión de riesgos por formar parte del grupo económico.
xi) Estructura de gobierno corporativo, señalando los mecanismos del sistema de control
de la gestión por parte del directorio, del sistema de monitoreo del cumplimiento de los
requisitos de idoneidad de los accionistas, directores, gerentes y principales
funcionarios; así como el rol de las funciones de auditoría interna y de cumplimiento
normativo, entre otras.
c) Equipamiento
i) Descripción de los sistemas de información que dan soporte a las principales funciones,
incluir un detalle de la infraestructura, los equipos y sistemas informáticos (tecnología,
capacidad, prestaciones, etc.) que la empresa considera implementar. Precisar con qué
sistemas de información contará para realizar operaciones de inversiones y derivados,
así como para la gestión de los riesgos de mercado, operacional y lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, para soportar los canales de atención a los usuarios, entre
otros.
ii) Localización de la sede principal, agencias, oficinas y oficina de asesoramiento
previsional, entre otros.
iii) Condiciones de seguridad y equipamiento de las oficinas.
iv) Descripción del centro de procesamiento de datos principal y alterno, y las medidas de
seguridad física y ambiental correspondientes, requerido para el funcionamiento de la
empresa; especialmente los sistemas de comunicación y plataformas de soporte que
permitirán la interconexión de la AFP con sus agencias y la SBS.
v) Descripción general de los seguros a ser contratados, en los casos que sea necesario.
4. Análisis Financiero
Toda la información presentada en los numerales anteriores deberá verse reflejada en el análisis
financiero de esta sección y debe contemplarse un horizonte de por lo menos diez (10) años.
a) Capital:
i) Monto de capital social con el que se propone iniciar las operaciones, indicando la suma
que será pagada en efectivo antes de iniciar la etapa de comprobaciones, el cual debe
considerar por lo menos la cifra actualizada de capital mínimo exigido pagado en
efectivo. De considerarse aumentos de capital, especificar el monto, cronograma y
procedencia de los aportes (socios actuales, nuevos socios) y/o capitalización de
utilidades. Para el caso de fusión, monto en activos intangibles, detallando el goodwill y
otros gastos amortizables.
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ii) Estado de situación financiera de apertura con el detalle de activos, pasivos, patrimonio y
resultados.
b) Supuestos de proyecciones: Los supuestos de las proyecciones deberán estar claramente
especificados, detallando al menos la siguiente información:
i) Variables macroeconómicas: Presentar los supuestos de las variables macroeconómicas
relevantes, considerando por lo menos la inflación y la tasa de crecimiento del PBI.
ii) Evolución de la PEA y grado de formalidad en el mercado de trabajo.
iii) Nivel remunerativo de la población del SPP en general y de la población afiliada a la AFP
en particular para los próximos años.
iv) Nivel estimado de morosidad en el pago de aportes previsionales.
v) Número de afiliados.
vi) Gastos administrativos y gastos de ventas: detallar los principales rubros que componen
los gastos de personal y servicios de terceros en cada caso. Presentar la planilla
detallada de trabajadores (gerentes, funcionarios, empleados, otros) para el horizonte de
proyección con los supuestos sobre remuneraciones del personal (número de
remuneraciones al año, beneficios, incrementos, entre otros), de acuerdo con lo
señalado en el literal b) ii) de la Sección 3 (Análisis de Gestión).
vii) Inversión proyectada en recursos tecnológicos, de acuerdo a lo señalado en el literal c)
(Equipamiento) de la Sección 3 (Análisis de Gestión).
viii) Estructura de ingresos por comisiones según tipo de comisión: comisión mixta / comisión
por flujo
ix) Política de asignación de las utilidades: capitalización de utilidades, distribución de
dividendos, etc.
x) Depreciación, amortización, tributos: metodología y supuestos para la depreciación de
activo fijo y amortización del activo intangible, así como los supuestos y estimación de
los impuestos y contribuciones.
xi) Criterios para la evaluación de la rentabilidad del proyecto (Ej. valor actual neto –VAN,
tasa interna de retorno - TIR). Explicación de los criterios utilizados para la determinación
de la tasa de descuento.
c) Proyecciones financieras:
i) Proyección para los próximos diez (10) años y del flujo de caja, balance y estado de
pérdidas y ganancias presentados mensualmente, para los primeros dos (2) años y en
forma anual para los siguientes ocho (8) años, con indicación expresa de los gastos
pre-operativos y de puesta en marcha en que incurra la AFP.
ii) Análisis de sensibilidad: evaluar al menos tres escenarios (base, optimista y pesimista)
y sensibilizar supuestos claves como niveles de afiliación, remuneraciones promedio de
los trabajadores afiliados, rentabilidad real esperada por tipo de fondo y morosidad.
iii) Análisis del punto de equilibrio, explicando la metodología para su cálculo. Analizar el
plazo estimado para alcanzar el punto de equilibrio y la relación entre ingresos de
equilibrio e ingresos proyectados.
5. Cronograma de implementación del plan de negocios de la empresa:
a) La información del estudio de factibilidad se presentará en idioma español y en moneda
nacional.
b) Se debe emplear datos actualizados y citar las fuentes de información utilizadas.
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c) Para los formatos de los estados financieros tomar como referencia la información financiera
publicada en el boletín estadístico del portal web de la SBS y considerar las cuentas
establecidas en la normativa contable establecida por la Superintendencia.
d) Se debe presentar el documento en archivos compatibles con Word y el análisis financiero
en archivos compatibles con Excel, incorporando las fórmulas y los vínculos en los archivos
utilizados.
Artículo 15°.- Presentación de la solicitud de organización. Presentada la solicitud de
organización, esta Superintendencia:
a) Remite a los organizadores una comunicación con el modelo del aviso de publicación de la
solicitud de organización; y
b) Realiza una revisión integral de la solicitud de organización, conforme al artículo 17 del presente
Título.
Artículo 16°.- Publicación de la solicitud de organización. Los organizadores deben proceder a
publicar un aviso de solicitud de organización conforme al modelo que le remita la Superintendencia
en respuesta a su solicitud de organización. Dicho aviso debe informar al público lo siguiente:
a) La presentación de la solicitud de organización de una AFP.
b) Los nombres de los accionistas y de sus representantes, de ser el caso, así como de los
directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de minuta de
constitución social.
c) El derecho de toda persona interesada para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación del último aviso, formule cualquier objeción fundamentada sobre
la organización de la nueva empresa o a las personas involucradas ante la Superintendencia.
El aviso debe ser publicado por dos (2) veces alternadas, la primera en el Diario Oficial El Peruano,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación a los organizadores de la comunicación
de la Superintendencia que adjunta el modelo del aviso, y la segunda en un diario de extensa
circulación nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de vencido el plazo del primer
aviso que formule cualquier objeción a la publicación.
Los organizadores deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia del
aviso publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
La Superintendencia difunde, a través de su portal web institucional, el aviso publicado de solicitud de
organización.
De existir objeciones de parte de terceros, la Superintendencia debe ponerlas en conocimiento de los
organizadores, quienes dispondrán de tres (3) días hábiles para efectuar los descargos
correspondientes.
Artículo 17°.- Evaluación integral de la solicitud de organización. Dentro de los siguientes treinta
(30) días hábiles, luego de vencido el plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha del
último aviso a que se refiere el artículo 16, la Superintendencia realiza una evaluación integral de la
solicitud de organización, para lo cual puede convocar a reuniones de evaluación con los
organizadores y aquellos accionistas, directores, gerentes y principales funcionarios que estime
necesario.
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La evaluación de los requisitos y la no incursión en los impedimentos señalados en los artículos 10,
11, 12 y 13 del presente Título, se realiza conforme al procedimiento establecido en los artículos 13,
14, 15, 16 y 17 del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los Sistemas
Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 211-2021.
Como parte de la evaluación referida en el párrafo anterior, la Superintendencia evalúa también si la
realización del ejercicio profesional y/o de negocios de las personas, su participación en actividades o
conducta personal resultan incompatibles con las actividades de la empresa en organización, de tal
forma que puedan poner en riesgo la reputación y/o estabilidad de esta última, disminuir la confianza
en su integridad o generar conflictos de intereses
Artículo 18°.- Resolución y certificado de autorización de organización. Efectuada la evaluación
integral y dentro del plazo señalado en el artículo 17, la Superintendencia expide la correspondiente
resolución, y de ser autoritativa, se otorga un certificado de autorización de organización, el cual tiene
vigencia de un año, bajo sanción de caducidad al término de este plazo.
El certificado de autorización de organización debe ser publicado por los organizadores por una sola
vez en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los diez (10) días útiles siguientes a la notificación del
certificado por parte de la Superintendencia.
Los organizadores deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia del
aviso publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
Los organizadores deben presentar a la Superintendencia en el plazo máximo de treinta (30) días de
otorgada la autorización de organización, el cronograma final actualizado sobre la implementación de
actividades requerido para la presentación de la solicitud de comprobación para funcionamiento.
Artículo 20°.- Empleo del capital. Durante el proceso de organización de una AFP, el capital social
pagado solo puede ser utilizado para los fines siguientes:
a) La cobertura de los gastos ocasionados por la tramitación de dicho proceso;
b) La compra o construcción de inmuebles para uso de la AFP;
c) La compra de bienes muebles requeridos para el funcionamiento de la AFP; y
d) La contratación de servicios necesarios para dar inicio a las operaciones de la AFP.
El remanente debe ser invertido en valores mobiliarios emitidos por el Estado, en obligaciones
emitidas por el Banco Central, o ser depositado en una empresa del sistema financiero del país.
Para los casos contemplados en los incisos c) y d) del presente artículo, los organizadores deberán
sujetarse a lo dispuesto en los incisos j) y m) del artículo 21 del presente Título.
SUBCAPÍTULO II-A
AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN BAJO EL REGIMEN DE LICITACIÓN DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES DE LA LEY Nº 29903
Artículo 20-A°.- Licenciamiento de nuevas empresas que participarán de la licitación de
afiliados. El presente esquema de autorización de organización se aplicará, únicamente, para
aquellas solicitudes de organización de AFP que se presenten con ocasión de la licitación del servicio
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de administración de cuentas individuales que se lleve a cabo, en virtud de lo establecido por la Ley
Nº 29903.
Para estos efectos, las solicitudes de organización de AFP que se presenten se sujetarán a todas
aquellas disposiciones establecidas en el Subcapítulo II del Capítulo II del presente Título, con
excepción de lo dispuesto en los artículos 9º, inciso d), 14°, 16°, 17°, 18° y 19°, donde se tomarán en
cuenta las disposiciones contenidas en el presente Subcapítulo II-A, tal como se detalla a
continuación y bajo las referencias consiguientes:
Artículo 9°, inciso d).- (sujetarse a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 20-Bº)
Artículo 14°.- (sujetarse a lo dispuesto en el artículo 20-Cº)
Artículo 16°.- (sujetarse a lo dispuesto en el artículo 20-Dº)
Artículo 17°.- (sujetarse a lo dispuesto en el artículo 20-Eº)
Artículo 18°.- (sujetarse a lo dispuesto en el artículo 20-Fº)
Artículo 19°.- (sujetarse a lo dispuesto en el artículo 20-Gº)
Artículo 20-B°.-
(…)
d) Perfil de plan de negocios para organizar una AFP, con la información mínima requerida en el
Artículo 20-C° del presente Título;
Artículo 20-C°.- Perfil de plan de negocios para organizar una AFP. Para la obtención del
certificado de autorización de organización, el perfil de plan de negocios para organizar una AFP,
deberá ser presentado ante la Superintendencia por los organizadores y/o sus representantes
considerando los plazos para la publicación de avisos y la evaluación del expediente establecidos en
los artículos 20-D° y 20-E° siguientes, y contendrá, cuando menos, la siguiente información:
a) Resumen ejecutivo
b) Análisis de mercado
b.1.) Un estudio integral del ámbito del SPP, en el que necesariamente se deberá incluir:
b.1.1) Un análisis del mercado de las AFP, que abarque los siguientes aspectos:
i. Análisis del entorno en el que se desenvuelve el SPP identificando los riesgos que
amenazan su permanencia y desarrollo.
ii. Descripción del entorno esperado con relación al desarrollo del mercado financiero local y
exterior para la gestión de inversiones de los fondos de pensiones.
iii. Relación estimada entre afiliados y población económicamente activa.
b.1.2.) Especificación y análisis del mercado objetivo de la AFP a constituirse, que demuestre la
viabilidad en la captación de recursos previsionales, debiendo contemplarse, cuando menos:
i. Las características principales del mercado objetivo, indicando la participación esperada
por año en el mercado previsional durante los primeros cinco años;
ii. Estructura y niveles de remuneraciones promedio de los potenciales afiliados, detalle de
las diferencias entre los niveles remunerativos de la población que se espera captar por
afiliación y aquella que se espera captar por traspaso;
iii. Estructura y niveles de edades de los potenciales afiliados, detalle de las diferencias –si
existen- entre las edades de la población captada por afiliación y aquella captada por
traspaso;
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c) Análisis de gestión
c.1.)Esquema organizacional bajo el cual pretende operar la AFP a constituirse, en el que se
considere:
i. Organigrama inicial y proyectado de la AFP;
ii. Definición y descripción general de las áreas funcionales, precisando objetivos y
actividades a desarrollar en cada una de ellas;
iii. Perfil y requisitos exigibles a los directivos y profesionales que integren la AFP, en
sus diferentes áreas;
iv. Descripción de la organización del área de inversiones, la cual se encuentra acorde
con lo indicado por la normativa vigente y detalle de los tipos de fondo que se tiene
previsto administrar.
v. Fuerza de ventas estimada para el inicio de sus actividades, así como su programa
de expansión previsto en relación al cumplimiento de metas de captación de su
mercado objetivo;
vi. Perfil y requisitos exigibles a los promotores de ventas.
vii. Descripción de la estrategia para brindar servicios de orientación al afiliado,
indicando si se piensa celebrar contratos con entidades del Sistema Financiero
Nacional y/o el Banco de la Nación a efectos de brindar este servicio.
viii. Descripción de subcontrataciones significativas que la empresa tenga previsto
efectuar.
d) Equipamiento
d.1) Localización de la sede principal, agencias, oficinas de asesoramiento previsional previstas
inicialmente.
d.2) Condiciones de seguridad y equipamiento de las oficinas.
d.3) Descripción de los sistemas de información incluyendo la descripción de los equipos
(hardware) y sistemas informáticos (software) que la empresa considera implementar.
d.4) Descripción de los sistemas de comunicación y de las plataformas de soporte que permitirán
la interconexión de la AFP con sus agencias y con la SBS.
d.5) Porcentaje del presupuesto previsto para tecnología de la información y comunicaciones.
e) Cronograma de actividades
e.1) Carta Gantt del proyecto, con la descripción de las actividades que se desarrollarán una vez
obtenido el permiso de operación. La carta Gantt deberá detallar fechas tentativas para el
cumplimiento de determinados hitos y deberá contener:
i. Cronograma previsto para la implementación de los distintos tipos de hardware y
software necesarios para soportar los distintos tipos de operaciones de la empresa.
ii. Cronograma previsto para la implementación de los sistemas de comunicación que
permitan la interconexión de la casa matriz de la Administradora con sus agencias y con
la SBS.
iii. Fechas para la implementación de sistemas de información y manuales de
procedimientos para los principales procesos: afiliación, recaudación, acreditación,
contabilidad, operaciones financieras, cobro de comisiones, etc.
iv. Fecha de disponibilidad de las políticas de inversión de cada uno de los fondos de
pensiones a administrar y política de conflicto de interés.
v. Fechas estimadas de implementación de agencias.
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vi. Cronograma previsto para la implementación de los mecanismos de control de riesgos
de inversión y riesgos operacionales.
Artículo 20-D°.- Publicación de la solicitud de organización. Los organizadores deben publicar un
aviso para informar al público lo siguiente:
a) La presentación de la solicitud de organización.
b) Los nombres de los accionistas y de sus representantes, de ser el caso, así como de los
directores, gerentes y principales funcionarios que figuran en el proyecto de minuta de
constitución social.
c) Se convocará a toda persona interesada para que en el término de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la fecha del último aviso, formule cualquier objeción
fundamentada a la organización de la nueva empresa o a las personas involucradas.
La publicación debe ser realizada por dos (2) veces alternadas, la primera en el Diario Oficial El
Peruano, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación a los organizadores de la
comunicación con el modelo del aviso, y la segunda en un diario de extensa circulación nacional,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de vencido el plazo del primer aviso para que formule
cualquier objeción a la publicación.
Los organizadores deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia del
aviso publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
La Superintendencia difunde, a través de su portal web institucional, el aviso publicado de solicitud de
organización.
De existir objeciones de parte de terceros, la Superintendencia debe ponerlas en conocimiento de los
organizadores, quienes dispondrán de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos
correspondientes.
Artículo 20-E°.- Evaluación integral de la solicitud de organización. Vencido el plazo de cinco (5)
días útiles contado a partir de la fecha del último aviso a que se refiere el artículo 20-D°, y dentro de
un plazo que no excederá de quince (15) días útiles, la Superintendencia realiza una evaluación
integral de la solicitud de organización, para lo cual puede convocar a reuniones de evaluación con los
organizadores y aquellos accionistas, directores, gerentes y principales funcionarios que estime
necesario.
La evaluación de los requisitos y la no incursión en los impedimentos señalados en los artículos 10, 11
y 13 del presente Título, se realiza conforme al procedimiento establecido en los artículos 13, 14, 15,
16, 17 y 18 del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los Sistemas Financiero
y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 211-2021.
Como parte de la evaluación referida en el párrafo anterior, la Superintendencia evalúa también si la
realización de ejercicio profesional y/o de negocios de las personas, su participación en actividades o
conducta personal resultan incompatibles con las actividades de la empresa en organización, de tal
forma que puedan poner en riesgo la reputación y/o estabilidad de esta última, disminuir la confianza
en su integridad o generar conflictos de intereses.
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Artículo 20-F°.- Resolución y certificado de autorización de organización. Efectuada la
evaluación integral y dentro del plazo señalado en el artículo 20-E°, y de no existir observaciones o
requerimientos adicionales, la Superintendencia expide la correspondiente resolución, y de ser
autoritativa, se otorga un certificado de autorización de organización.
El certificado de autorización de organización tiene una vigencia de seis (6) meses, desde la fecha de
la licitación, bajo sanción de caducidad al término de este plazo.
Los organizadores deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia del
aviso publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
Los organizadores deben presentar a la Superintendencia en el plazo máximo de treinta (30) días de
otorgada la autorización de organización, el cronograma final actualizado sobre la implementación de
actividades requeridas para la presentación de la solicitud de comprobación para funcionamiento.
Artículo 20-G°.- Acciones previas a la Licencia. Una vez otorgado el Certificado, los organizadores
procederán a:
a) Publicar el texto del Certificado por una sola vez, dentro de los tres (3) días útiles de su
recepción, en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional;
b) Otorgar la escritura de constitución social, en la que necesariamente debe insertarse el
Certificado, bajo responsabilidad del notario interviniente;
c) Realizar las acciones conducentes a obtener la Licencia, tal como lo indican los artículos 21 y 22
del presente Título, lo que deberá concretarse antes del vencimiento del plazo de vigencia del
Certificado.
CAPÍTULO III
FUNCIONAMIENTO
Artículo 21°.- Solicitud de funcionamiento. Los organizadores deben cumplir con todos los
requisitos exigidos para el funcionamiento de la AFP de acuerdo con la información presentada en la
etapa de organización, y presentar la solicitud de funcionamiento en alguno de los siguientes plazos,
según corresponda:
a) En un plazo máximo de ciento treinta (130) días útiles de otorgado el certificado de autorización
de organización, al amparo de lo regulado en el Subcapítulo II del Capítulo II, o
b) En un plazo máximo de sesenta (60) días útiles de otorgado el certificado de autorización de
organización bajo el régimen de licitación del servicio de administración de cuentas individuales
de la Ley Nº 29903 regulado en el Subcapítulo II-A del Capítulo II.
En el caso de que los organizadores no cumplan con presentar la solicitud de funcionamiento en el
plazo antes indicado, la Superintendencia acepta a trámite la solicitud, estando facultada a no
modificar los plazos que se requieran para realizar la evaluación integral de la solicitud.
En cualquiera de los casos, los organizadores deben presentar la solicitud de funcionamiento,
adjuntando la siguiente información:
a) Datos de la inscripción registral de constitución de la empresa.
b) Relación actualizada de los organizadores señalada en el artículo 10.
c) Relación actualizada de los accionistas señalada en los artículos 11 y 12.
d) Relación actualizada de directores, gerentes y de principales funcionarios, y la información
señalada en el artículo 13.
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e) Manuales de organización y funciones y con normas operativas de control interno, así como de
delegación de facultades, conforme a los mecanismos y condiciones que establezca la
Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en el Portal Web Institucional.
f) Condiciones de seguridad y detalle del equipamiento de las instalaciones para el desarrollo de
sus actividades.
g) Verificación de la interconectividad adecuada a los sistemas informáticos de control y supervisión
establecidos por la Superintendencia.
h) Número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
i) Cronograma actualizado de implementación del plan de negocios.
j) Solicitud de autorización para la subcontratación significativa de procesamiento de datos en el
exterior y del servicio de auditoría interna, cuando corresponda.
k) Solicitud de apertura de agencias y oficinas de asesoramiento previsional, cuando corresponda.
l) Cuestionario de autoevaluación debidamente suscrito, conforme a los mecanismos y condiciones
que establezca la Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en el Portal Web Institucional.
m) Detalle de los gastos efectuados en virtud de los incisos c) y d) del artículo 20, referidos a la
compra de bienes muebles y contratación de servicios.
n) Declaración jurada sobre aspectos tributarios, conforme a los mecanismos y condiciones que
establezca la Superintendencia, de acuerdo a lo publicado en el Portal Web Institucional.
o) Logotipo de la AFP.
p) Declaración jurada de que el capital social o aporte inicial haya sido íntegramente pagado en
dinero.
q) La dirección de la sede principal de la AFP.
La remisión de la información establecida en el párrafo anterior se puede efectuar mediante medios
electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
En lo que respecta al inciso m) que antecede, la Superintendencia, en caso de que dichas
explicaciones no resultasen satisfactorias y/o comprometan en demasía el capital social conformado,
instruye a los organizadores a efectos de que adopten las medidas correctivas del caso.
Artículo 22°.- Evaluación integral de la solicitud de funcionamiento. Presentada la solicitud de
funcionamiento con toda la información y documentación requerida, la Superintendencia procede a la
evaluación integral y verificación en el plazo establecido en el artículo 14° del Reglamento de la Ley.
Para dicho efecto, la Superintendencia puede convocar a reuniones con los organizadores,
accionistas, directores, gerentes y principales funcionarios.
La evaluación de los requisitos y la no incursión en los impedimentos señalados en los artículos 10, 11
y 13 del presente Título, se realiza conforme al procedimiento establecido en los artículos 13, 14, 15,
16 y17 del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los Sistemas Financiero y
de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 211-2021.
Esta Superintendencia puede solicitar mayor información a la empresa luego de haber recibido la
solicitud de comprobación de funcionamiento, en función a (i) los cambios ocurridos respecto al
expediente original de organización y/o (ii) del tiempo que haya transcurrido entre la emisión del
certificado de autorización de organización y la presentación de la solicitud respectiva, en caso hayan
variado los supuestos iniciales del proyecto y/o el entorno económico, factores que podrían afectar el
perfil de riesgo de la empresa.
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Artículo 23°.- Visita de comprobación. Como parte de la evaluación integral que trata el artículo
anterior, la Superintendencia debe realizar una visita de comprobación destinada a examinar la
situación de la empresa, la cual culmina antes del término de vigencia del certificado de autorización
de organización.
Artículo 24°.- Otorgamiento de licencia. Efectuada la visita de comprobación, y dentro del plazo de
sesenta (60) días útiles de presentada la solicitud de funcionamiento, y de no existir observaciones o
requerimientos adicionales, la Superintendencia expide la correspondiente resolución, y de ser
autoritativa, se otorga un certificado de autorización de funcionamiento.
Artículo 25°.- Licencia. Publicidad. El certificado de autorización de funcionamiento debe ser
publicado por los organizadores por dos (2) veces alternadas, la primera en el Diario Oficial El
Peruano, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del certificado por parte de la
Superintendencia, y la segunda en un diario de extensa circulación nacional, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes de publicado el primer aviso.
Los organizadores deben remitir mediante medios electrónicos a la Superintendencia una copia del
aviso publicado el mismo día de su publicación, conforme a los mecanismos que establezca la
Superintendencia.
El certificado de autorización de funcionamiento debe exhibirse permanentemente en la oficina
principal de la empresa, en lugar visible al público, y en su portal web.
(…)”
Artículo Tercero.- Incorporar los artículos 5-A y 5-B y la Única
Disposición Complementaria Final del Título II del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por
Resolución N° 054-98-EF/SAFP y sus normas modificatorias, de acuerdo con el texto siguiente:
“CAPÍTULO II
ORGANIZACION
SUBCAPÍTULO I
Artículo 5- A.- Difusión de lineamientos aplicables a la evaluación de las solicitudes
En la evaluación de cualquier solicitud de organización y funcionamiento requerida en el presente
Título, la Superintendencia debe atender a los principios aplicables al procedimiento administrativo, a
la Ley, su Reglamento y a lo dispuesto en el presente Título.
Los organizadores pueden solicitar una reunión a la Superintendencia a efectos de presentar un
resumen de su plan de negocio y recibir información sobre las expectativas del supervisor, los
requisitos, trámites, lineamientos generales, criterios de evaluación y forma de comunicación de los
resultados de la evaluación. Dicha información también se encuentra publicada en el Portal Web
Institucional.
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Artículo 5-B.- Idioma de la información presentada.
La información que se presente a la Superintendencia debe estar en español. En caso corresponda
una traducción, esta puede ser simple y debe incluir la identificación del traductor y su firma. Para toda
discrepancia en interpretación, prima la versión en español.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Carácter de Declaración Jurada de la Información
Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Título II, toda la documentación que se
presente tiene carácter de declaración jurada.”
Artículo Cuarto.- Incorporar los incisos mm), nn), oo), pp)
y qq) del artículo 2, y los artículos 21-A, 21-B, 21-C, 21-D, 21-E, 21-F, 21-G, 21-H, 21-I, 21-J, 21-K,
21-L, 21-M y 21-N; la cuarta disposición final y complementaria y sustituir el artículo 4° del
Reglamento de Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos, aprobado por Resolución SBS N°
272-2017, de acuerdo con el texto siguiente:
“Artículo 2°.- Definiciones y/o referencias
(…)
mm) Reglamento de Autorización: Reglamento de autorización de empresas y representantes de
los Sistemas Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 211-2021.
nn) Idoneidad moral: De acuerdo con la definición establecida en el inciso o) del artículo 2 del
Reglamento de de Autorización.
oo) Idoneidad técnica: De acuerdo con la definición establecida en el inciso p) del artículo 2 del
Reglamento de de Autorización. Incluye el desempeño eficaz de la persona en la función
para la que ha sido designada.
pp) Solvencia económica: De acuerdo con la definición establecida en el inciso z) del artículo 2
del Reglamento de de Autorización.
qq) Reglamento de la Ley del SPP: Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema
Privado de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo N°054-97-EF y sus normas
modificatorias.
Artículo 4°.- Conformación del directorio
El directorio está compuesto por un número de miembros que sea suficiente para un desempeño
eficaz y participativo, y que posibilite la conformación de los comités de directorio que establece el
Reglamento. Está conformado por personas con especialidades y competencias que faciliten una
pluralidad de enfoques y opiniones, y que tengan habilidades y conocimientos, de forma tal que en su
conjunto procuren un entendimiento razonable de la actividad que desarrolla la empresa, del mercado
y del entorno regulatorio, para así poder cumplir con sus funciones.
El número de directores está contenido en el estatuto, de conformidad con la Ley General, la Ley
General de Sociedades y las normas específicas aplicables a cada empresa. Los nombres de los
directores, su calidad de independiente o no, deben mostrarse en los reportes regulatorios que
requiere la Superintendencia, además de ser publicados en la memoria anual de la empresa.
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CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE REQUISITOS E IMPEDIMENTOS DE ACCIONISTAS, DIRECTORES,
GERENTES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS
SUBCAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 21-A.- Evaluación de requisitos e impedimentos
Las empresas deben implementar políticas y procedimientos para el cumplimiento de los requisitos de
idoneidad moral, idoneidad técnica y solvencia económica de sus accionistas, beneficiarios finales,
directores, gerentes y principales funcionarios, según corresponda, así como su no incursión en los
impedimentos establecidos en la Ley.
Dichas políticas y procedimientos deben permitir a las empresas el monitoreo del cumplimiento de lo
indicado en el párrafo anterior para una evaluación actualizada de la información sobre los requisitos e
impedimentos y para la adopción de las decisiones que correspondan, cuando se identifique o se
presuma su incumplimiento.
Artículo 21-B.- Responsabilidades del directorio
El directorio es responsable por:
a) Aprobar políticas, manuales y procedimientos para la evaluación y monitoreo del cumplimiento de
los requisitos de idoneidad moral, idoneidad técnica y solvencia económica, y de la no incursión
en los impedimentos establecidos en la Ley, de sus accionistas, beneficiarios finales, directores,
gerentes y principales funcionarios, según corresponda.
b) Aprobar y vigilar la implementación y funcionamiento del sistema para la evaluación y monitoreo
del cumplimiento de los requisitos de idoneidad moral, idoneidad técnica y solvencia económica, y
de la no incursión en los impedimentos establecidos en la Ley, de sus accionistas, beneficiarios
finales, directores, gerentes y principales funcionarios, según corresponda.
c) Implementar acciones correctivas en aquellos casos que, como resultado de la evaluación de la
idoneidad moral, idoneidad técnica y solvencia económica de los accionistas, beneficiarios
finales, directores, gerentes y principales funcionarios, según corresponda, se determine que
puedan afectar de forma negativa a la empresa.
SUBCAPÍTULO II
REQUISITOS E IMPEDIMENTOS
Artículo 21-C.- Requisitos e impedimentos para accionistas
Los accionistas y sus beneficiarios finales deben cumplir permanentemente con los requisitos de
idoneidad moral y solvencia económica, y no incurrir en los impedimentos establecidos en los artículos
20, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General y el artículo 5 del Reglamento del TUO de la Ley del Sistema
Privado de Pensiones, según corresponda.
Artículo 21-D.- Requisitos e impedimentos para directores
Los directores de empresas deben cumplir permanentemente con los requisitos de idoneidad técnica y
moral, y no deben estar incursos en los impedimentos previstos en el artículo 81 de la Ley General y
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239 51
el artículo 25 del Reglamento del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, según
corresponda, así como en otros supuestos establecidos en normas especiales respecto a esta
materia.
Los directores de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito deben cumplir, adicionalmente, con los
requisitos establecidos en el Reglamento para la elección de los representantes al directorio de las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, aprobado por Resolución SBS N° 5788-2015.
En el caso de directores independientes, adicionalmente a lo dispuesto en los párrafos anteriores,
estos deben cumplir con los requisitos establecidos en el inciso k) del artículo 2 y el artículo 6 del
presente Reglamento, así como con las disposiciones contenidas en el Título III del Compendio de
Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones, aprobado mediante Resolución N° 053-98-EF/SAFP y sus normas modificatorias.
Artículo 21-E.- Requisitos e impedimentos para gerentes y principales funcionarios
Los gerentes y principales funcionarios deben cumplir permanentemente con los requisitos de
idoneidad técnica y moral, además de las disposiciones establecidas en el artículo 92 de la Ley
General y 32 del Reglamento del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, concordado con
el artículo 6 de la Ley N° 27328, Ley que incorpora bajo el control y supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
según corresponda.
SUBCAPÍTULO III
EVALUACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA
Artículo 21-F.- Informe de evaluación de nuevos accionistas
La evaluación de los requisitos de idoneidad moral y solvencia económica de los potenciales
accionistas, así como su no incursión en los impedimentos establecidos en la Ley General y en el
Reglamento del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones señalados en el artículo 21-C, se
realiza conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General y el Reglamento de Autorización.
En el caso de potenciales propietarios significativos y beneficiarios finales que buscan adquirir la
propiedad de más del diez por ciento (10%) del capital social de la empresa en forma directa o por
conducto de terceros, la evaluación mencionada en el párrafo anterior es realizada por la
Superintendencia y se rige, además de por las normas indicadas en el párrafo precedente, por el
Reglamento de adquisición de la propiedad en el capital social de las empresas supervisadas y de los
propietarios significativos, aprobado por Resolución SBS N° 6420-2015.
Para la adquisición de un porcentaje menor del diez por ciento (10%) del capital social de la empresa
en forma directa o por conducto de terceros, la empresa debe presentar a la Superintendencia un
informe de evaluación del cumplimiento de los requisitos de idoneidad moral y solvencia económica,
así como de la no incursión en los impedimentos, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del
mes siguiente de la adquisición.
En caso de la adquisición de acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, a
través de mecanismos centralizados de negociación, la empresa debe presentar a la
Superintendencia un informe de evaluación del cumplimiento de los requisitos y la no incursión en los
impedimentos, cuando la participación adquirida, directa o indirectamente, sea superior al tres por
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ciento (3%) del capital social de la empresa y se mantenga por un período mayor a treinta (30) días,
dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente.
Las empresas deben elaborar los informes de evaluación señalados en los párrafos anteriores,
conforme a las políticas, manuales y procedimientos aprobados por el directorio.
En los casos citados en que existe la obligación de presentar a la Superintendencia un informe y
siempre que la participación adquirida, directa o indirectamente, sea superior al tres por ciento (3%)
del capital social de las empresas, estas deben adjuntar a dicho informe, a través del medio que
disponga la Superintendencia:
a) El Anexo III del Reglamento de Autorización, tratándose de accionistas personas naturales, o los 2
últimos estados financieros, considerando lo dispuesto en el numeral iv del inciso c del párrafo 6.2 del
artículo 6 del Reglamento de Autorización, tratándose de personas jurídicas, y
b) El Anexo I del Reglamento de Autorización
Artículo 21-G.- Informe de evaluación de nuevos directores, gerentes y principales funcionarios
De forma previa a la elección de los nuevos directores, así como a la designación y/o nombramiento
de los nuevos gerentes y principales funcionarios, la empresa debe realizar la evaluación del
cumplimiento de los requisitos y la no incursión en los impedimentos conforme a las disposiciones
establecidas en la Ley General y en el Reglamento de Autorización.
La empresa debe presentar a la Superintendencia un informe de evaluación del cumplimiento de los
requisitos y la no incursión en los impedimentos antes señalados, en un plazo no mayor a cinco (5)
días hábiles posteriores a la elección del director, o designación y/o nombramiento de los gerentes y
principales funcionarios.
Las empresas deben elaborar los informes de evaluación señalados en los párrafos anteriores,
conforme a las políticas, manuales y procedimientos aprobados por el directorio.
Las empresas deben adjuntar a dicho informe los Anexos I y II del Reglamento de Autorización en el
medio que la Superintendencia disponga.
Artículo 21-H.- Informes de evaluación
Las empresas deben contar con los informes de evaluación de los accionistas, beneficiarios finales,
directores, gerentes y principales funcionarios; los cuales deben ser elaborados conforme a las
políticas, manuales y procedimientos aprobados por el directorio y deben mantenerse actualizados y
estar a disposición de la Superintendencia.
Artículo 21-I.- Comunicación de hechos al Directorio y a la Superintendencia
Las empresas deben establecer en sus procedimientos y políticas internas que deben poner en
conocimiento del directorio y de la Superintendencia, la ocurrencia de cualquier hecho que
presuntamente pueda afectar de forma negativa la idoneidad moral, idoneidad técnica o solvencia
económica de los accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y principales funcionarios,
según corresponda. La puesta en conocimiento a la Superintendencia debe realizarse dentro de los
cinco (5) días hábiles de haber tomado conocimiento de la ocurrencia del hecho.
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SUBCAPÍTULO IV
SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA
Artículo 21-J.- Supervisión
La Superintendencia supervisa el cumplimiento de lo establecido en la Ley y en este Reglamento,
haciendo uso de las facultades asignadas por las normas vigentes. Para estos efectos, la
Superintendencia puede requerir la siguiente información:
a) Los sustentos que permitan acreditar la evaluación realizada por la empresa.
b) Información de los accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y principales
funcionarios, conforme a los cuestionarios del Reglamento de Autorización, la cual puede ser
requerida directamente o a través de la empresa.
c) Documentación suscrita por los accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y
principales funcionarios.
d) Los sustentos documentales y otros que permitan acreditar la veracidad de la información de las
declaraciones juradas.
Artículo 21-K.- Carácter de declaración jurada
Toda información proporcionada a la Superintendencia por la empresa tiene carácter de declaración
jurada.
Artículo 21-L.- Reuniones con la Superintendencia
La Superintendencia puede convocar, cuando lo estime conveniente, a los accionistas, directores,
gerentes y principales funcionarios, a reuniones relacionadas al cumplimiento de los requisitos
definidos en el Reglamento de Autorización.
Artículo 21-M.- Evaluación por parte de la Superintendencia
La Superintendencia analiza la información recibida de las empresas y la que pueda ser obtenida por
otras fuentes y, teniendo en cuenta el impacto que puedan tener los criterios evaluados en la
confianza, reputación e integridad de los sistemas supervisados, determina los casos de
incumplimiento de los requisitos de idoneidad moral, idoneidad técnica o solvencia económica, así
como la incursión en alguno de los impedimentos de la ley, y comunica ello a la empresa y/o a la
persona evaluada.
La evaluación de los requisitos y la no incursión en los impedimentos, se realiza conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley General y en el Reglamento de Autorización.
Si la Superintendencia determina que un accionista, beneficiario final, director, gerente o principal
funcionario incumple algún requisito o se encuentra incurso en alguno de los impedimentos de la ley,
esta lo comunica a la empresa, con la finalidad de que el directorio, en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles desde la fecha de recibida la comunicación de la Superintendencia, informe sobre la
implementación de las acciones correctivas aplicadas al accionista, beneficiario final, director, gerente,
o principal funcionario, según corresponda. La Superintendencia puede requerir la aplicación de las
medidas establecidas en el artículo 59 y el literal b) del inciso 1 del artículo 381 de la Ley General, así
como el último párrafo del artículo 13-A del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones
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Artículo 21-N.- Infracciones y sanciones
La Superintendencia establece la tipificación de las infracciones y sanciones aplicables a los
incumplimientos de las disposiciones contenidas en este Reglamento e inicia un procedimiento
sancionador, cuando corresponda.
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
Cuarta.- Informes de evaluación de accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y
principales funcionarios
Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 21-H, los informes de evaluación de los accionistas,
beneficiarios finales, directores, gerentes y principales funcionarios deberán ser elaborados y puestos
a disposición de esta Superintendencia, en el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia
de dicho artículo, sin perjuicio de que la Superintendencia pueda requerir estos informes, en cualquier
oportunidad, para fines de supervisión.”
Artículo Quinto.- Sustituir los artículos 3, 5 y 6 del Reglamento
de adquisición de la propiedad en el capital social de las empresas supervisadas y de los propietarios
significativos, aprobado por Resolución SBS N° 6420-2015, de acuerdo a los textos siguientes:
“Artículo 3.- Información que debe presentarse para requerir la autorización previa de la
Superintendencia para ser propietario significativo de la empresa, directo o por conducto de
terceros a través de cualquier modalidad de adquisición contemplada en el artículo 4 de las
Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico
3.1 El potencial propietario significativo de la empresa, directo o por conducto de terceros a través de
cualquier modalidad de adquisición contemplada en el artículo 4 de las Normas Especiales sobre
Vinculación y Grupo Económico, debe solicitar autorización previa por parte de la Superintendencia,
remitiendo para tal efecto la siguiente información:
a) Solicitud del potencial propietario significativo de la empresa, directo o por conducto de terceros a
través de cualquier modalidad de adquisición contemplada en el artículo 4 de las Normas
Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico, dirigida al Superintendente especificando el
porcentaje máximo de participación en el capital social del que pretende ser propietario. Dicha
solicitud debe ser presentada cuando, como consecuencia de la operación a realizar, se pretende
tener participación directa o por conducto de terceros a través de cualquier modalidad de
adquisición contemplada en el artículo 4 de las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo
Económico, de un porcentaje mayor al diez por ciento (10%) del capital social de la empresa.
Posteriormente, se deberá solicitar autorización en cada oportunidad en que el porcentaje a
adquirir determine que la participación acumulada, desde la última autorización, se incremente en
tramos equivalentes al diez por ciento (10%) del capital social de la empresa; o cuando se
alcance una participación mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social de la empresa.
b) El “Cuestionario Informativo” suscrito por el potencial propietario significativo de la empresa,
directo o por conducto de terceros a través de cualquier modalidad de adquisición contemplada
en el artículo 4 de las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico, de acuerdo con
el formato del Anexo I del Reglamento de Autorización.
c) Información precisa del origen de los recursos con los que se propone pagar por las acciones de
la empresa.
d) En caso de personas naturales:
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i. Los “Informes de la situación patrimonial”, suscritos por el potencial propietario
significativo de la empresa, directo o por conducto de terceros a través de cualquier
modalidad de adquisición contemplada en el artículo 4 de las Normas Especiales sobre
Vinculación y Grupo Económico, correspondientes a los dos últimos ejercicios, de
acuerdo con el formato del Anexo III del Reglamento de Autorización, acompañado por
un reporte crediticio de una central de riesgos.
e) En caso de personas jurídicas:
i. Datos de la inscripción registral de constitución de la persona jurídica; y, tratándose de
una persona jurídica del exterior, copia del estatuto.
ii. Copia certificada del acuerdo del órgano social correspondiente, extendida por el
gerente general de la persona jurídica, en el que se convenga la participación en el
capital social de la empresa, así como la designación de la persona que la representará.
iii. Los estados financieros auditados de los dos (2) últimos ejercicios anuales; así como, los
estados financieros consolidados del grupo económico al cual pertenece,
correspondiente a los dos (2) últimos ejercicios anuales, de resultar aplicable. En caso el
propietario significativo se haya constituido en un plazo menor al previamente indicado,
debe presentar los estados financieros auditados del último ejercicio anual, si resulta
aplicable, así como los estados financieros más recientes del ejercicio en curso.
iv. En caso la persona jurídica esté obligada a contar con una clasificación de fortaleza
financiera, el informe de la última clasificación de riesgos, otorgada por una clasificadora
de riesgos inscrita en el registro de la Superintendencia o, tratándose de una persona
jurídica del exterior, por una clasificadora de reconocido prestigio.
v. La “Información sobre beneficiarios finales por propiedad”, de acuerdo con el formato del
Anexo IV del Reglamento de Autorización.
vi. La “Información sobre beneficiarios finales por medios distintos a la propiedad”, de
acuerdo con el formato del Anexo V del Reglamento de Autorización.
f) En caso de entes jurídicos, se debe cumplir con los requisitos establecidos para las personas
jurídicas, en lo que resulte aplicable; sin perjuicio de que esta Superintendencia pueda requerir la
observancia de requisitos adicionales con la finalidad de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto
en la normativa vigente.
3.2 En caso el potencial propietario significativo de la empresa, directo o por conducto de terceros a
través de cualquier modalidad de adquisición contemplada en el artículo 4 de las Normas Especiales
sobre Vinculación y Grupo Económico, pertenezca a un grupo económico, con la solicitud de
autorización, se debe presentar la siguiente información con relación al grupo económico:
a) Breve reseña de los antecedentes del grupo económico, la relación de las personas jurídicas y/o
entes jurídicos que lo conforman y principales actividades, señalando si operan bajo la
supervisión de un organismo de control.
b) Ámbito geográfico donde opera, volúmenes de negocio y participación de mercado, planes de
expansión y descripción de la situación económica-financiera del grupo económico.
c) Diagrama que muestre la conformación del grupo económico y que incluya a todas las personas
jurídicas y entes jurídicos o vehículos que lo conforman, sean o no del ámbito financiero, y las
relaciones entre ellas.
d) La relación de los propietarios significativos de los integrantes del grupo económico y el número
de acciones o porcentaje de participación que mantienen en estos.
e) La relación de los beneficiarios finales de los integrantes del grupo económico que no son
propietarios significativos.
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f) La relación de los directores, gerentes y principales funcionarios de los integrantes del grupo
económico, personas jurídicas y/o entes jurídicos.
3.3 La remisión de la información establecida en el presente Reglamento se puede efectuar mediante
medios electrónicos, conforme a los mecanismos que establezca la Superintendencia.
Artículo 5.- Evaluación integral, resolución y autorización de la solicitud
5.1 Dentro de un plazo que no excederá de treinta (30) días, la Superintendencia realiza una
evaluación integral de la solicitud de autorización a que se refieren los artículos 3 y 4, para lo cual
puede convocar a reuniones con los potenciales propietarios significativos, así como con los
directores, gerentes y principales funcionarios de la empresa, entre otros, que estime necesario.
5.2 La evaluación de los requisitos de idoneidad moral y solvencia económica, y la no incursión en los
impedimentos señalados en el artículo 6 del Reglamento de Autorización o el artículo 11° del Título II
del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, según corresponda, se realiza conforme a las disposiciones
establecidas en la Ley General y en el Reglamento de Autorización.
5.3 Efectuada la evaluación integral y dentro del plazo señalado en el párrafo 5.1, la Superintendencia
expide la correspondiente resolución, y de ser autoritativa, se otorga la respectiva autorización previa.
Artículo 6.- Declaraciones juradas de propietarios significativos y beneficiarios finales por
medios distintos a la propiedad
6.1 La empresa debe presentar anualmente a la Superintendencia, considerando para tal efecto un
plazo no mayor de quince (15) días hábiles de celebrada la junta obligatoria anual de accionistas, las
declaraciones juradas de todos los propietarios significativos y de todos los beneficiarios finales por
medios distintos a la propiedad a que se refieren los Anexos IV y V del Reglamento de Autorización.
6.2 La presentación de la información se efectúa mediante el medio electrónico que la
Superintendencia establezca.”
Artículo Sexto.- Incorporar los incisos m) y n) del artículo 2, y
los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento de adquisición de la propiedad en el capital social de las
empresas supervisadas y de los propietarios significativos, aprobado por Resolución SBS N° 6420-
2015, de acuerdo con los textos siguientes:
“Artículo 2.- Definiciones
(…)
m) Reglamento de Autorización: Reglamento de autorización de empresas y representantes de los
Sistemas Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 211-2021.
n) Días: días calendario, salvo que se indique que son hábiles.
Artículo 7.- Actualización de información
La Superintendencia puede requerir a la empresa actualizar la información señalada en el presente
Reglamento, cuando lo estime conveniente.
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Artículo 8.- Solicitud de información adicional
La Superintendencia puede requerir a la empresa los sustentos documentales y otros que permitan
acreditar la veracidad de la información presentada y de las declaraciones juradas de acuerdo al
presente Reglamento.
Artículo 9.- Carácter de declaración jurada
Toda información proporcionada a la Superintendencia por la empresa tiene el carácter de declaración
jurada.”
Artículo Séptimo.- Incorporar el numeral 10 al Anexo N° 1 –
Relación de Principales Funcionarios de la Circular N° G-119-2004 – Normas para el Registro de
Directores, Gerentes y Principales Funcionarios - REDIR, de acuerdo con lo siguiente:
“RELACIÓN DE PRINCIPALES FUNCIONARIOS
Se consideran como Principales Funcionarios a aquellos que ocupen los siguientes cargos o
funciones. Asimismo, el referido término es diferente y complementario al término de “gerente”
establecido en el tercer párrafo del artículo 2 de las “Normas Complementarias a la elección de
Directores, Gerentes y Auditores Externos” aprobadas mediante Resolución SBS Nº 1913 -2004:
“(…)
10. Oficial de Conducta de Mercado.
”
Artículo Octavo.- En un plazo que no debe exceder de ciento
veinte (120) días de la publicación de la presente Resolución, las empresas, deben remitir a esta
Superintendencia un plan de adecuación respecto a la implementación de las disposiciones
contenidas en el artículo Cuarto de la presente Resolución.
El plazo de adecuación a las referidas disposiciones vence el 1 de noviembre de 2021. El plan de
adecuación debe ser presentado a la Superintendencia, previamente aprobado por el directorio,
conforme a los mecanismos y condiciones que establezca la Superintendencia y debe incluir: a) un
diagnóstico preliminar de la situación existente en la empresa; b) las acciones previstas para la total
adecuación al artículo Cuarto de la presente Resolución; y, c) un cronograma de adecuación. Este
plazo de adecuación no se aplica a las empresas que reciban autorizaciones bajo las disposiciones
aprobadas por los artículos primero y segundo de la presente resolución.
Artículo Noveno.- Los Anexos I, II, III, IV, V y VI aprobados en el
artículo primero de la presente Resolución se publican en el Portal Institucional (www.sbs.gob.pe),
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001- 2009-JUS.
Artículo Décimo.- La presente Resolución entra en vigencia a
partir del 1 de febrero de 2021, con excepción del artículo octavo que entra en vigencia al día
siguiente de la publicación de la presente Resolución. A partir del 1 de febrero de 2021, quedan sin
efecto el Reglamento para la Constitución, Reorganización y Establecimiento de Empresas y
Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 10440-
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239 58
2008 y sus modificatorias, el artículo 6 de las Normas Complementarias a la Elección de Directores,
Gerentes y Auditores Internos, aprobado por la Resolución SBS N° 1913-2004, la Resolución SBS Nº
0776-98 y la Circular N° G-152-2010.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239 59 |
4727-2009.r | Lima, 29 de Mayo de 2009
Resolución S.B.S.
N° 4727-2009
El Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley
General, faculta a las empresas del sistema financiero a emitir y contraer deuda subordinada;
Que, de conformidad con lo establecido por los artículos 184º y 233º de la
Ley General, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1028, la deuda subordinada puede ser
considerada en el cálculo del patrimonio efectivo de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3 de las empresas del
sistema financiero, cuando reúna los requisitos que establezca la Superintendencia mediante norma de
carácter general;
Que, en consecuencia, resulta necesario establecer las características y
modalidades de la deuda subordinada, así como los requisitos que ésta debe reunir para ser considerada en
el cálculo del patrimonio efectivo de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3 de las empresas del sistema financiero;
Que, asimismo, resulta necesario modificar el Manual de Contabilidad
para las Empresas del Sistema Financiero aprobado por la Resolución SBS N° 895-98 y sus normas
modificatorias y complementarias, para adecuarlo a las modificaciones a la Ley General antes referidas;
Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y
Microfinanzas, de Riesgos, de Estudios Económicos y de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 7, 9 y 13 del
artículo 349º de la mencionada Ley General.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Deuda Subordinada
aplicable a las Empresas del Sistema Financiero, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigencia del Reglamento
aprobado mediante el artículo primero de esta Resolución, se deroga para las empresas del sistema
financiero el Reglamento aprobado por la Resolución SBS N° 234-99 y se sustituye la denominación de dicho
Reglamento por la siguiente: “Reglamento de Deuda Subordinada aplicable a las Empresas del Sistema de
Seguros”.
Asimismo, sustitúyase el numeral 1 del artículo 3° del Reglamento de Deuda Subordinada aplicable a las
Empresas del Sistema de Seguros por lo siguiente: “Empresas: Las empresas del sistema de seguros
facultadas para emitir y/o contraer deuda subordinada según los artículos 8° y 12° del presente Reglamento.”
Artículo Tercero.- Modificar el Manual de Contabilidad para las
Empresas del Sistema Financiero aprobado por la Resolución SBS N° 895-98 y sus normas modificatorias y
complementarias, de acuerdo con lo señalado en los Anexos A y B adjuntos a la presente Resolución, los
cuales se publican en el Portal electrónico institucional (www.sbs.gob.pe), conforme a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.
Artículo Cuarto.- Incorpórese el procedimiento N° 111 “Pronunciamiento
sobre la emisión de instrumentos representativos de deuda subordinada - Empresas del Sistema Financiero”;
y el procedimiento N° 112 “Autorización para contraer préstamos subordinados - Empresas del Sistema
Financiero”, así como modifíquese el procedimiento N° 30 “Autorización para otorgar préstamos
subordinados - Empresas de Operaciones Múltiples y COFIDE” en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aprobado mediante Resolución
SBS N° 131-2002, cuyos textos se anexan a la presente Resolución y se publica conforme lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 004-2008-PCM, reglamento de la Ley N° 29091. (Portal electrónico institucional:
www.sbs.gob.pe).
Artículo Quinto.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del
1
1 de julio de 2009, salvo lo dispuesto en el Anexo B que entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2010.
Regístrese, comuníquese y publíquese,
FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
1 Artículo modificado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
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REGLAMENTO DE DEUDA SUBORDINADA APLICABLE A LAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Alcance
El presente Reglamento resulta aplicable a las empresas comprendidas en los literales A y B del artículo 16°
de la Ley General, al Banco de la Nación, a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), al Banco
Agropecuario, al Fondo MIVIVIENDA S.A. y al Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria
(FOGAPI), facultadas para emitir y/o contraer deuda subordinada.
Artículo 2°.- Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en el presente reglamento, considérense las siguientes definiciones:
1. Deuda subordinada redimible: Deuda subordinada cuyo principal se cancela en un plazo determinado.
2. Deuda subordinada no redimible: Deuda subordinada cuyo principal no se amortiza y genera una
rentabilidad periódica de manera perpetua.
3. Deuda subordinada convertible en acciones: Deuda subordinada que con anterioridad a la fecha de su
vencimiento o en esta última, por decisión de la empresa emisora de los instrumentos representativos
de deuda o de los titulares de dichos instrumentos, o por decisión del receptor u otorgante del
préstamo, puede convertirse en acciones de la empresa emisora de los instrumentos o receptora del
préstamo.
4. Empresas: Las empresas comprendidas en los literales A y B del artículo 16° de la Ley General, el
Banco de la Nación, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Banco Agropecuario, el
Fondo MIVIVIENDA S.A. y el Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI),
facultadas para emitir y/o contraer deuda subordinada, según los artículos 7° y 11° del presente
Reglamento.
5. Instrumentos híbridos: Instrumentos que combinan características de capital y de deuda. Son
instrumentos híbridos, entre otros, la deuda subordinada no redimible, la deuda subordinada convertible
obligatoriamente en acciones, las acciones preferentes perpetuas con derecho a dividendo
acumulativo.
6. Interés no acumulativo: Cuando el emisor de la deuda subordinada o el receptor del préstamo
subordinado no realiza el pago de los intereses en el plazo de referencia, el tenedor de los instrumentos
representativos de deuda subordinada o el otorgante del préstamo subordinado pierde el derecho a
recibir dichos intereses, de tal manera que los intereses no pagados en el plazo de referencia no son
exigibles.
7. Interés acumulativo: Cuando el emisor de la deuda subordinada o el receptor del préstamo subordinado
no realiza el pago de los intereses en el plazo de referencia, el tenedor de los instrumentos
representativos de deuda subordinada o el otorgante del préstamo subordinado no pierde el derecho a
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recibir dichos intereses, de tal manera que los intereses no pagados en el plazo de referencia son
exigibles en un futuro.
8. Ley del Mercado de Valores: Ley del Mercado de Valores – Decreto Legislativo N° 861 y sus
modificatorias.
9. Ley General: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702 y sus modificatorias.
10. Patrimonio contable: Recursos propios de las empresas, constituidos por la diferencia entre el activo y
el pasivo. Comprende la inversión de los accionistas, las donaciones, las primas de emisión, el capital
en trámite, las reservas, los resultados acumulados y el resultado neto del ejercicio, netos de las
pérdidas, si las hubieren. No incluye el capital suscrito mientras no haya sido integrado al capital.
11. Resultados distribuibles: Utilidades acumuladas sin acuerdo de capitalización y reservas facultativas
que pueden ser reducidas sin previa autorización de la Superintendencia.
12. Step – up: Uno o más incrementos de la tasa, calculada como el rendimiento en la fecha de colocación
u otorgamiento, durante el plazo de la deuda, en fechas pre-establecidas.
13. Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.
Artículo 3°.- Deuda subordinada
La deuda subordinada es aquella que reúne las siguientes características generales:
1. No puede estar garantizada por la propia empresa ni por una persona de su grupo económico;
2. No procede el pago del principal antes de su vencimiento, ni el rescate por sorteo, sin autorización previa
de la Superintendencia;
3. Será valorada al monto de su colocación u otorgamiento y dicho monto deberá encontrarse totalmente
cancelado; y,
4. En caso de intervención, o disolución y liquidación, los intereses y el principal de la deuda subordinada,
en ese orden, quedan sujetos a su aplicación a absorber las pérdidas de la empresa que queden luego
que se haya aplicado íntegramente el patrimonio contable a dicho objeto.
La deuda subordinada puede ser representada mediante instrumentos representativos de deuda o mediante
préstamos.
Artículo 4°.- Autorización de la Superintendencia
Para emitir instrumentos representativos de deuda subordinada o contraer préstamos subordinados, las
empresas deben presentar a la Superintendencia una solicitud de opinión favorable o de autorización,
respectivamente. La solicitud debe indicar si los instrumentos representativos de deuda o los préstamos serán
utilizados para el cómputo del patrimonio efectivo, debiendo adjuntar la información requerida en los artículos 8°
y 12° del presente Reglamento según corresponda, de manera completa.
Previa evaluación del adecuado cumplimiento de los requisitos respectivos, la Superintendencia emitirá la
resolución de pronunciamiento favorable o autoritativa, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud correspondiente. De no haber sido emitida la respectiva resolución de
pronunciamiento favorable o autoritativa en dicho plazo, la solicitud se entenderá por denegada.
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Cualquier modificación en las condiciones de los contratos de emisión de instrumentos representativos de
deuda subordinada o de préstamos subordinados que afecte su cómputo en el patrimonio efectivo, cuando los
contratos hayan sido revisados por la Superintendencia de conformidad con los artículos 8° y 12° del presente
Reglamento, requiere su opinión favorable o autorización previa, respectivamente.
Artículo 5º.- Créditos para adquisición u otorgamiento de deuda subordinada
Las empresas no podrán, directamente o a través de terceros, conceder créditos con el objeto de que dicho
financiamiento se destine a la adquisición u otorgamiento de deuda subordinada emitida o contraída por la
propia empresa.
A los acreedores y/o tenedores de la deuda subordinada convertible en acciones les será de aplicación lo
dispuesto por el Capítulo I del Título III de la Sección Primera de la Ley General en lo que resulte pertinente,
al momento de la conversión.
CAPITULO II
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA SUBORDINADA
Artículo 6°.- Definición
Los instrumentos representativos de deuda subordinada confieren a sus titulares derechos crediticios que
presentan las características establecidas en el artículo 3º del presente reglamento.
Se consideran instrumentos representativos de deuda subordinada los bonos subordinados redimibles y no
redimibles, los bonos subordinados convertibles en acciones y otros de naturaleza similar.
Artículo 7°.- Empresas facultadas para emitir instrumentos representativos de deuda subordinada
Se encuentran facultadas para emitir instrumentos representativos de deuda subordinada:
1. Las empresas bancarias;
2. Las empresas financieras;
3. Las otras empresas de operaciones múltiples que sean autorizadas a emitir instrumentos representativos
de deuda subordinada de acuerdo con lo establecido en los artículos 285° a 288° de la Ley General;
4. Las empresas especializadas que sean autorizadas a emitir instrumentos representativos de deuda
subordinada, según lo considere la Superintendencia; y,
5. El Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, COFIDE, el Fondo MIVIVIENDA S.A. y FOGAPI.
Artículo 8°.- Requisitos para emisión de instrumentos representativos de
deuda subordinada
Para la emisión de los instrumentos representativos de deuda subordinada, las empresas deberán adjuntar a
la solicitud a que hace referencia el artículo 4° del presente Reglamento, una copia certificada del acuerdo
del órgano social respectivo, una copia del proyecto de contrato de emisión, y un estudio técnico de la
misma.
El estudio técnico de la emisión comprenderá, como mínimo, los siguientes aspectos:
1. Informe de evaluación del impacto del instrumento financiero sobre el perfil de riesgo de la empresa
emisora, que deberá incluir:
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a) Resumen Ejecutivo: Principales aspectos del estudio de impacto sobre el perfil de riesgo de la
empresa.
b) Antecedentes: Objetivos de la emisión y destino de los recursos, emisiones previas de la empresa
y sus clasificaciones de riesgo.
c) Descripción del Programa / Emisión: Características de la emisión y del instrumento financiero y
el cronograma proyectado para las emisiones.
d) Análisis de Mercado: Análisis de la oferta y demanda del instrumento financiero y potenciales
inversionistas.
e) Evaluación económica financiera: Comprende el análisis de riesgo y proyecciones financieras:
e.1) Análisis de Riesgo: Impacto sobre riesgo de tasa de interés (ganancias en riesgo y valor
patrimonial en riesgo); impacto en el riesgo cambiario (límites a la posición global de sobreventa y
sobrecompra); impacto en la posición de liquidez (ratio de liquidez, brechas de liquidez y
concentración de pasivos); para productos financieros estructurados diseño, rendimiento, riesgos y
mecanismos de cobertura de acuerdo a la regulación vigente.
e.2) Impacto sobre indicadores financieros: Patrimonio efectivo y ratio de endeudamiento, otros
indicadores financieros y estructura de activos y pasivos.
e.3) Proyecciones financieras para un período de 3 años: Supuestos de las proyecciones,
estimación de las tasas de emisión, flujo de caja de las emisiones proyectado (flujos mensuales),
impacto sobre el estado de resultados, valor presente neto (análisis de sensibilidad con escenarios).
2. El formato de presentación de los estados financieros proyectados para un período de tres (3) años debe
corresponder a las normas contables aprobadas por la Superintendencia.
3. Adicionalmente a la documentación impresa, se debe presentar el análisis financiero en archivos
electrónicos.
Para las emisiones antes señaladas son aplicables, cuando corresponda, las normas aprobadas por la
Superintendencia relativas al procedimiento general o al procedimiento anticipado para la emisión en serie de
instrumentos financieros.
Artículo 9°.- Colocación
Los instrumentos representativos de deuda subordinada podrán ser colocados mediante oferta pública o
privada.
En caso la emisión de los instrumentos representativos de deuda se efectúe en el Perú, para efectos de su
colocación mediante oferta pública, las empresas emisoras deberán sujetarse a las disposiciones
establecidas en la Ley del Mercado de Valores. La inscripción de los instrumentos en el Registro Público del
Mercado de Valores, a cargo de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV),
requiere la presentación previa de la resolución de opinión favorable emitida por la Superintendencia,
conforme al artículo 4º del presente Reglamento.
CAPITULO III
PRESTAMOS SUBORDINADOS
Artículo 10°.- Definición
Los préstamos subordinados son contratos en virtud de los cuales las empresas contraen deuda subordinada
redimible, no redimible o convertible en acciones con las características establecidas en el artículo 3º del
presente Reglamento.
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Artículo 11°.- Empresas facultadas para contraer préstamos subordinados
Se encuentran facultadas para contraer préstamos subordinados:
1. Las empresas de operaciones múltiples;
2. Las empresas especializadas; y,
3. El Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, COFIDE, el Fondo MIVIVIENDA S.A y FOGAPI.
Dichos préstamos podrán ser otorgados por las empresas supervisadas señaladas en el artículo 13° del
presente Reglamento, por instituciones y organismos nacionales no supervisados, y por otras instituciones y
organismos internacionales.
Artículo 12º.- Requisitos para contraer préstamos subordinados
Las empresas que deseen contraer préstamos subordinados deberán adjuntar a la solicitud a que hace
referencia el artículo 4° del presente Reglamento, una copia certificada del acuerdo del órgano social
respectivo, una copia del proyecto de contrato de préstamo y un estudio técnico del mismo.
El estudio técnico del préstamo comprenderá, por lo menos, lo siguiente:
1. Identificación del prestamista, monto del préstamo, moneda, vencimiento, intereses y período de pago de
los mismos;
2. Impacto sobre riesgo de tasa de interés (ganancias en riesgo y valor patrimonial en riesgo); impacto en
el riesgo cambiario (límites a la posición global de sobreventa y sobrecompra); impacto en la posición de
liquidez (ratio de liquidez, brechas de liquidez y concentración de pasivos); para productos financieros
estructurados diseño, rendimiento, riesgos y mecanismos de cobertura de acuerdo a la regulación
vigente;
3. Efecto del préstamo sobre el patrimonio efectivo, el ratio de endeudamiento, otros indicadores
financieros y estructura de activos y pasivos;
4. Supuestos de las proyecciones y análisis de sensibilidad de los flujos destinados al pago del préstamo
para un período de 3 años; e,
5. Impacto sobre el estado de resultados para un período de 3 años.
Adicionalmente a la documentación impresa se debe presentar el análisis financiero en archivos electrónicos.
Artículo 13°.- Empresas supervisadas facultadas para otorgar préstamos subordinados
Las empresas supervisadas que pueden otorgar préstamos subordinados son las siguientes:
1. Las empresas de operaciones múltiples; y,
2. COFIDE.
Para otorgar préstamos subordinados, las empresas de operaciones múltiples deberán solicitar autorización
previamente a la Superintendencia, señalando las características de la operación y adjuntando una copia
certificada del acuerdo del órgano social respectivo y una copia del proyecto de contrato correspondiente. Este
Órgano de Control emitirá la resolución autoritativa, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud y la información requerida de manera completa. De no haber emitido la respectiva
resolución autoritativa en dicho plazo, la solicitud se entenderá por denegada.
CAPITULO IV
CÓMPUTO DE LA DEUDA SUBORDINADA EN EL PATRIMONIO EFECTIVO
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Artículo 14°.- Deuda subordinada no redimible computable en el patrimonio efectivo de nivel 1
La deuda subordinada no redimible podrá ser considerada como parte del patrimonio efectivo de nivel 1 de
las empresas siempre que cumpla, como mínimo, con los requisitos que se señalan a continuación:
1. Permanencia:
La deuda subordinada se considera permanente si no tiene plazo de vencimiento. No obstante, puede
incluir una opción de redención anticipada pero sólo a iniciativa del emisor o tomador del préstamo,
sujeta a la previa aprobación de la Superintendencia. La Superintendencia para otorgar la aprobación
antes mencionada evaluará si la empresa cuenta con un patrimonio efectivo suficiente para cubrir los
riesgos que enfrenta, caso contrario requerirá que la empresa reemplace total o parcialmente la deuda
subordinada a redimir con instrumentos que puedan ser considerados en el mismo nivel del patrimonio
efectivo.
La deuda subordinada podrá contemplar una opción de redención anticipada luego de un plazo mínimo
de cinco (5) años contados desde su emisión o contratación.
Tratándose de deuda subordinada en la cual la opción de redención anticipada se encuentre asociada a
un incentivo para redimir dicha deuda, sólo podrá contemplarse la referida opción luego de un plazo
mínimo de diez (10) años contados desde su emisión o contratación. Sólo se permitirán como incentivos
para redimir anticipadamente deuda subordinada, los step-ups que resulten, a lo largo de la vida del
instrumento, en un incremento de la tasa, calculada como el rendimiento en la fecha de colocación u
otorgamiento, no mayor de:
a) 30% de la mencionada tasa o 300 puntos básicos, el que resulte mayor, si se trata de deuda
subordinada con tasa fija.
b) 50% del spread en la fecha de colocación u otorgamiento o 300 puntos básicos adicionales al
spread en la fecha de colocación u otorgamiento, el que resulte mayor, si se trata de deuda
subordinada con tasa variable.
Los cambios de tasa fija a variable están permitidos. En estos casos, para el cálculo del límite se
convertirá la tasa fija a variable al momento de la colocación u otorgamiento de la deuda subordinada, y
el step-up se determinará, al igual que para la deuda subordinada con tasa variable, por la diferencia en
los spreads.
Las redenciones anticipadas por cambios en la legislación o por la ocurrencia de eventos que escapen al
control de la empresa, no se encuentran sujetas a los plazos de 5 y 10 años mencionados en los
párrafos anteriores.
2. Absorción de pérdidas:
En caso de intervención, o de disolución y liquidación, los tenedores de deuda subordinada sólo tendrán
una prelación mejor que los tenedores de instrumentos representativos de capital.
Asimismo, cuando la empresa sea sometida a régimen de vigilancia, siguiendo la prelación señalada en
el párrafo anterior, los intereses devengados pero no pagados y el principal de la deuda subordinada, en
ese orden, podrán ser destinados total o parcialmente a absorber pérdidas.
3. Flexibilidad en el devengamiento y pago de intereses:
Debe tratarse de deuda subordinada con derecho a interés no acumulativo, de tal manera que no se
devengue ni se pague intereses cuando la empresa no presenta resultados distribuibles o cuando el
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patrimonio efectivo de la empresa sea inferior al mínimo establecido en el primer párrafo del artículo
199° y la Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General. Los intereses que ya se hubieran
devengado pero que no se hubieran pagado deberán ser extornados. Los intereses se volverán a
devengar cuando el patrimonio efectivo de la empresa sea superior al mínimo establecido en el primer
párrafo del artículo 199° y la Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General, y cuando la
empresa presente resultados distribuibles.
Artículo 15°.- Deuda subordinada no redimible computable en el patrimonio efectivo de nivel 2
La deuda subordinada no redimible podrá ser considerada como parte del patrimonio efectivo de nivel 2 de
las empresas siempre que cumpla, como mínimo, con los requisitos que se señalan a continuación:
1. Los requisitos de permanencia y absorción de pérdidas que se señalan en los numerales 1 y 2 del
artículo 14° del presente Reglamento.
2. Flexibilidad en el pago de intereses:
Se trata de deuda subordinada con derecho a interés acumulativo, de tal manera que el pago de los
intereses puede ser postergado por un período indefinido cuando la empresa no presenta resultados
distribuibles o cuando el patrimonio efectivo de la empresa sea inferior al mínimo establecido en el
primer párrafo del artículo 199° y la Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General.
Artículo 16°.- Deuda subordinada redimible computable en el patrimonio efectivo de nivel 2
La deuda subordinada redimible podrá ser considerada como parte del patrimonio efectivo de nivel 2 de las
empresas siempre que reúna las características generales señaladas en el artículo 3° del presente
Reglamento y su plazo de vencimiento original sea mayor o igual a cinco (5) años.
La deuda subordinada puede incluir una opción de redención anticipada pero sólo luego de un plazo mínimo
de cinco (5) años contados desde su emisión o contratación.
Las redenciones anticipadas por cambios en la legislación o por la ocurrencia de eventos que escapen al
control de la empresa, no se encuentran sujetas al plazo mencionado en el párrafo anterior.
Tratándose de deuda subordinada que contenga una opción de redención anticipada se considerará como
vencimiento de dicha deuda la fecha más próxima para el ejercicio de la opción, salvo el caso que la opción
de redención anticipada sólo pueda ser ejecutada a iniciativa del emisor o receptor del préstamo y sujeta a la
previa aprobación de la Superintendencia, en cuyo caso se considerará como vencimiento de la deuda la
fecha originalmente pactada.
Durante los cinco (5) años previos a su vencimiento, para efectos de su cómputo en el patrimonio efectivo de
nivel 2, se aplicará proporcionalmente un factor de descuento anual de veinte puntos porcentuales sobre el
saldo del principal de la deuda subordinada, de tal forma que en el último año no sea computable.
Artículo 17°.- Deuda subordinada redimible computable en el patrimonio efectivo de nivel 3
La deuda subordinada redimible podrá ser considerada como parte del patrimonio efectivo de nivel 3 de las
empresas que sólo puede ser destinada a soportar riesgo de mercado, siempre que reúna las características
generales señaladas en el artículo 3° del presente Reglamento; su plazo de vencimiento original sea mayor o
igual a dos (2) años; y se encuentre sujeta a la condición de que no procederá el pago de intereses ni el pago
del principal, aun a su vencimiento, cuando el patrimonio efectivo de la empresa sea inferior al mínimo
establecido en el primer párrafo del artículo 199° y la Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley
General.
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La deuda subordinada puede incluir una opción de redención anticipada pero sólo luego de un plazo mínimo
de dos (2) años contados desde su emisión o contratación.
Las redenciones anticipadas por cambios en la legislación o por la ocurrencia de eventos que escapen al
control de la empresa, no se encuentran sujetas al plazo mencionado en el párrafo anterior.
Tratándose de deuda subordinada que contenga una opción de redención anticipada se considerará como
vencimiento de dicha deuda la fecha más próxima para el ejercicio de la opción, salvo el caso que la opción
de redención anticipada sólo pueda ser ejecutada a iniciativa del emisor o receptor del préstamo y sujeta a la
previa aprobación de la Superintendencia, en cuyo caso se considerará como vencimiento de la deuda la
fecha originalmente pactada.
Durante los dos (2) años previos a su vencimiento, para efectos de su cómputo en el patrimonio efectivo de
nivel 3, se aplicará proporcionalmente un factor de descuento anual de cincuenta puntos porcentuales sobre
el saldo del principal de la deuda subordinada, de tal forma que en el último año no sea computable.
Artículo 18°.- Deuda subordinada convertible en acciones computable en el patrimonio efectivo
La deuda subordinada no redimible convertible en acciones por opción del emisor, por opción de sus
tenedores, por opción del receptor del préstamo o por opción del otorgante del préstamo, así como la deuda
subordinada convertible obligatoriamente en acciones, será tratada de la siguiente forma:
a) Como instrumento híbrido computable en el patrimonio efectivo de nivel 1 cuando dicha deuda cumpla
con los requisitos de absorción de pérdidas y flexibilidad en el devengamiento y pago de intereses
señalados en el artículo 14° del presente Reglamento, y las acciones cumplan con las características
necesarias para ser consideradas como parte del patrimonio efectivo de nivel 1.
b) Como instrumento híbrido computable en el patrimonio efectivo de nivel 2 cuando dicha deuda cumpla
con los requisitos de absorción de pérdidas y flexibilidad en el pago de intereses señalados en el artículo
15° del presente Reglamento y las acciones cumplan con las características necesarias para ser
consideradas como parte del patrimonio efectivo de nivel 1 o de nivel 2.
La deuda subordinada redimible convertible en acciones por opción del emisor, por opción de sus tenedores,
por opción del receptor del préstamo o por opción del otorgante del préstamo, será considerada como deuda
subordinada redimible computable en el patrimonio efectivo de nivel 2 ó 3, y le resultará aplicable lo señalado
en los artículos 16° y 17° del presente Reglamento. Se considera como vencimiento de la deuda
subordinada redimible convertible en acciones la fecha originalmente pactada.
Artículo 19°.- Deuda subordinada redimible a plazo igual o superior a treinta (30) años
Cuando la deuda subordinada redimible, convertible o no en acciones, tenga un vencimiento original igual o
superior a los treinta (30) años se considerará que cumple con el requisito de permanencia a que se refiere el
numeral 1 del artículo 14°, siempre que posea un plazo residual igual o mayor a los quince (15) años y, por
tanto, podrá ser considerada como instrumento híbrido computable en el patrimonio efectivo de nivel 1 ó 2,
siempre que cumpla con los requisitos exigidos en los artículos 14° y 15°, respectivamente, y los límites
contemplados en el artículo 20° del presente Reglamento.
Cuando el plazo residual de la deuda subordinada antes mencionada sea inferior a quince (15) años, será
considerada como la deuda subordinada redimible a que se refiere los artículos 16° y 17° del presente
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Reglamento, debiendo tenerse en cuenta los límites contemplados en el artículo 20° del presente
Reglamento.
Artículo 20°.- Límites en el cómputo del patrimonio efectivo
La deuda subordinada no redimible, la deuda subordinada convertible en acciones y los otros instrumentos
híbridos, que cumplen con los requisitos para ser computados como patrimonio efectivo de nivel 1, serán
considerados en dicho nivel hasta el límite contemplado en el último párrafo del literal A del artículo 184° de
la Ley General. El exceso sobre dicho límite será considerado como correspondiente a instrumentos híbridos
computables en el patrimonio efectivo de nivel 2.
La deuda subordinada redimible contemplada en el artículo 16° del presente Reglamento, así como los
demás instrumentos que reciben el mismo tratamiento que la deuda subordinada redimible antes
mencionada, serán considerados en el patrimonio efectivo de nivel 2 hasta el límite contemplado en el
numeral 2 del artículo 185° de la Ley General. El exceso sobre dicho límite será considerado como
patrimonio efectivo de nivel 3.
La deuda subordinada redimible contemplada en el artículo 17° del presente Reglamento, así como los
demás instrumentos que reciben el mismo tratamiento que la deuda subordinada redimible antes
mencionada, serán considerados en el patrimonio efectivo de nivel 3 hasta el límite contemplado en el
numeral 3 del artículo 185° de la Ley General. El exceso sobre dicho límite no será computado en el
patrimonio efectivo de las empresas.
Simultáneamente, deberá tenerse en cuenta el cumplimiento del límite establecido en el numeral 1 del
artículo 185° de la Ley General. El exceso sobre dicho límite no será computado en el patrimonio efectivo de
las empresas.
Para el cálculo del patrimonio efectivo y de los límites antes señalados se deducirán los instrumentos
representativos de deuda subordinada y los instrumentos representativos de capital emitidos por las
empresas que hayan sido adquiridos por ellas mismas bajo cualquier mecanismo, los cuales corresponderán
a instrumentos mantenidos en tesorería, siempre que estén siendo computados como parte del patrimonio
efectivo de dichas empresas.
Artículo 21°.- Inversión en deuda subordinada
Para el cálculo del patrimonio efectivo de las empresas, con excepción de COFIDE, se debe detraer el monto
de:
1. La inversión en instrumentos representativos de deuda subordinada emitidos por empresas del sistema
financiero y de seguros del país o del exterior.
2. La inversión en instrumentos representativos de deuda subordinada emitidos por personas jurídicas con
las que corresponde consolidar los estados financieros.
3. Los préstamos subordinados otorgados a empresas del sistema financiero y de seguros país o del
exterior.
4. Los préstamos subordinados otorgados a personas jurídicas con las que corresponde consolidar los
estados financieros.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única:
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De acuerdo con lo dispuesto en la Vigésima Quinta Disposición Transitoria de la Ley General, al 1 de julio de
2009, resultará aplicable a la deuda subordinada redimible con menos de cinco (5) y dos (2) años para su
vencimiento lo dispuesto en el último párrafo de los artículos 16° y 17° del presente Reglamento,
respectivamente.
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ANEXO A
MODIFICACIONES AL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA LAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2009
I. Modifíquese el Capítulo I “Disposiciones Generales” del Manual de Contabilidad para las Empresas del
Sistema Financiero, conforme a lo siguiente:
1. Elimínese en el literal J “Nomenclatura de Cuentas para las Empresas del Sistema Financiero y
Entidades Relacionadas”, las siguientes cuentas analíticas:
2403.02.01 No Subordinados
2403.02.02 Subordinados Porción Computable
2403.02.03 Subordinados Porción No Computable
2403.03.01 No Subordinados
2403.03.02 Subordinados Porción Computable
2403.03.03 Subordinados Porción No Computable
2603.02.01 No Subordinados
2603.02.02 Subordinados Porción Computable
2603.02.03 Subordinados Porción No Computable
2603.03.01 No Subordinados
2603.03.02 Subordinados Porción Computable
2603.03.03 Subordinados Porción No Computable
4104.03.03 Intereses por préstamos especiales
2. Sustitúyase en el literal J “Nomenclatura de Cuentas para las Empresas del Sistema Financiero y
Entidades Relacionadas”, la denominación de la cuenta analítica 4104.03.02 “Intereses por
préstamos ordinarios” por la siguiente: “Intereses por préstamos”.
3. Incorpórese en el literal J “Nomenclatura de Cuentas para las Empresas del Sistema Financiero y
Entidades Relacionadas”, las siguientes subcuentas analíticas:
2403.02.01.01 No subordinados
2403.02.01.02 Subordinados
2403.02.03.01 No subordinados
2403.02.03.02 Subordinados
2603.02.01.01 No subordinados
2603.02.01.02 Subordinados
2603.02.02.01 No subordinados
2603.02.02.02 Subordinados
2603.02.03.01 No subordinados
2603.02.03.02 Subordinados
II. Modifíquese el Capítulo II “Estados Financieros de Presentación a la Superintendencia de Banca y
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Seguros, y de Publicación” del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero,
conforme a lo siguiente:
1. Modifíquese las Normas de Agrupación de la Forma A – Balance General, en los siguientes
términos:
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
1300-1303.08-1308.03.08-1309.03.08-1304.08-1308.04.08-1309.04.08
Inversiones Disponibles para la Venta
1303-1303.08+1308.03-1308.03.08-(1309.03-1309.03.08)+1304-1304.08+1308.04-
1308.04.08-(1309.04-1309.04.08)
Instrumentos representativos de deuda
(1304-1304.08)+(1308.04-1308.04.08)-(1309.04-1309.04.08)
TOTAL DEL ACTIVO
1100 + 1200 + 1300 - 1303.08 - 1304.08 - 1308.03.08 - 1308.04.08 - 1309.03.08 - 1309.04.08 +
1400 + 1500 + 1600 + 1700 + 1800 + 1900 - 2901.01 - 2901.02 - 2901.04 – 2907 – 2901.08.01 +
SD(2101.01) + SD(2903)
VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
2800-1304.08-1308.04.08-1309.04.08
- Instrumentos Representativos de Deuda en Tesorería
1304.08+1308.04.08+1309.04.08
TOTAL DEL PASIVO
2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800 - 1304.08 - 1308.04.08 - 1309.04.08 +
2900 -2901.01 – 2901.02 – 2901.04 – 2901.08.01 – 2907 + SA(1102 + 1103 + 1104) – SD2101 –
SD2903
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
2100 + SA(1102 + 1103 + 1104) + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800 - 1304.08 -
1308.04.08 – 1309.04.08 + 2900 -2901.01 – 2901.02 – 2901.04 – 2901.08.01 – 2907– SD2101 –
SD2903 + 3100 + 3200 + 3300 + 3600 + 3800 + 3900 -1303.08 – 1308.03.08 – 1309.03.08
III. Modifíquense el Capítulo III “Catálogo de Cuentas” y el Capítulo IV “Descripción y Dinámica de Cuentas”
del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero, en los siguientes términos:
1. Cambiar la denominación de las cuentas analíticas 1302.05.10, 1302.06.10, 1302.07.10,
1304.05.10, 1304.06.10, 1304.07.10, 1304.09.10, 1305.05.10, 1305.06.10, 1305.07.10 y de las
subcuentas analíticas 1309.04.05.10, 1309.04.06.10, 1309.04.07.10, 1309.04.09.10, 1309.05.05.10,
1309.05.06.10, 1309.05.07.10, 4109.12.05.10, 4109.12.06.10, 4109.12.07.10, 4109.14.05.10,
4109.14.06.10, 4109.14.07.10, 4109.14.09.10, 5103.02.05.10, 5103.02.06.10, 5103.02.07.10,
5103.04.05.10, 5103.04.06.10, 5103.04.07.10, 5103.04.09.10, 5103.05.05.10, 5103.05.06.10,
5103.05.07.10, 5109.12.05.10, 5109.12.06.10, 5109.12.07.10, 5109.14.05.10, 5109.14.06.10,
5109.14.07.10, 5109.14.09.10 “Bonos Subordinados” por la siguiente: “Bonos subordinados y otros
instrumentos representativos de deuda subordinada”.
2. Cambiar la denominación de las subcuentas 1303.09, 1304.09, de las cuentas analíticas
1308.03.09, 1308.04.09, 1309.03.09, 1309.04.09, 4109.13.09, 4109.14.09, 5103.03.09, 5103.04.09,
5109.13.09, 5109.14.09 y de las subcuentas analíticas 1303.18.01.09, 1303.18.02.09,
1304.18.01.09, 1304.18.02.09, 4301.01.03.09, 4301.01.04.09, 5301.01.04.09 “Valores y Títulos
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emitidos por Empresas del Holding, Matriz y Subsidiarias” por la siguiente: “Valores y Títulos
Emitidos por Otras Sociedades con las que Corresponde Consolidar Estados Financieros”.
3. Elimínese en el rubro 13 “Inversiones Negociables y a Vencimiento” las siguientes cuentas analíticas
y subcuentas analíticas:
1302.03.01 COFIDE
1302.03.02 Banco de la Nación
1303.09.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores
1303.09.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión
1303.09.12 Instrumentos de Titulización
1303.09.13 Instrumentos de Titulización (mecanismos de cobertura)
1304.03.01 COFIDE
1304.03.02 Banco de la Nación
1304.09.12 Instrumentos de Titulización
1304.09.13 Instrumentos de Titulización (mecanismos de cobertura)
1305.03.01 COFIDE
1305.03.02 Banco de la Nación
1309.03.09.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores
1309.03.09.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión
1309.03.09.12 Instrumentos de Titulización
1309.03.09.13 Instrumentos de Titulización (mecanismos de cobertura)
1309.04.09.12 Instrumentos de Titulización
1309.04.09.13 Instrumentos de Titulización (mecanismos de cobertura)
Las inversiones en COFIDE y en el Banco de la Nación se reclasificarán a inversiones en valores y
títulos emitidos por empresas del sistema financiero.
Las inversiones cuotas de participación y en instrumentos de titulización se reclasificarán a
inversiones en valores y títulos emitidos por otras sociedades.
4. Incorpórense en el rubro 13 “Inversiones Negociables y a Vencimiento” las subcuentas, cuentas
analíticas y subcuentas analíticas siguientes:
1304.08.01 Subordinados
1304.08.02 No Subordinados
1308.04.08 Instrumentos representativos de deuda en tesorería
1308.04.08.01 Subordinados
1308.04.08.02 No Subordinados
1309.04.08 Instrumentos representativos de deuda en tesorería
1309.04.08.01 Subordinados
1309.04.08.02 No Subordinados
5. Con relación al rubro 24 “Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo”, téngase en cuenta lo
siguiente:
a. Reemplácese la denominación de las subcuentas 2402.02, 2403.02, 2404.02 por la siguiente:
“Adeudos por Préstamos”.
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b. Sustitúyase la estructura de las subcuentas 2402.02, 2403.02, 2404.02, 2405.01, 2406.01 y
2407.01, en los siguientes términos:
2402.02.01 Redimibles
2402.02.01.01 No subordinados
2402.02.01.02 Subordinados
2402.02.03 Convertibles en acciones
2402.02.03.01 No subordinados
2402.02.03.02 Subordinados
2403.02.01 Redimibles
2403.02.01.01 No subordinados
2403.02.01.02 Subordinados
2403.02.03 Convertibles en acciones
2403.02.03.01 No subordinados
2403.02.03.02 Subordinados
2404.02.01 Redimibles
2404.02.01.01 No subordinados
2404.02.01.02 Subordinados
2404.02.03 Convertibles en acciones
2404.02.03.01 No subordinados
2404.02.03.02 Subordinados
2405.01.01 Redimibles
2405.01.01.01 No subordinados
2405.01.01.02 Subordinados
2405.01.03 Convertibles en acciones
2405.01.03.01 No subordinados
2405.01.03.02 Subordinados
2406.01.01 Redimibles
2406.01.01.01 No subordinados
2406.01.01.02 Subordinados
2406.01.03 Convertibles en acciones
2406.01.03.01 No subordinados
2406.01.03.02 Subordinados
2407.01.01 Redimibles
2407.01.01.01 No subordinados
2407.01.01.02 Subordinados
2407.01.03 Convertibles en acciones
2407.01.03.01 No subordinados
2407.01.03.02 Subordinados
c. Elimínense las subcuentas y cuentas analíticas siguientes:
2402.03 Adeudos por préstamos especiales
2402.03.01 No subordinados
2402.03.02 Subordinados porción computable
2402.03.03 Subordinados porción no computable
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2403.03 Adeudos por préstamos especiales
2403.03.01 No subordinados
2403.03.02 Subordinados porción computable
2403.03.03 Subordinados porción no computable
2403.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias
2404.03 Adeudos por préstamos especiales
2404.03.01 No subordinados
2404.03.02 Subordinados porción computable
2404.03.03 Subordinados porción no computable
2404.06 Adeudos con la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
2406.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias
2407.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias
Los adeudos por préstamos especiales y los adeudos con la oficina matriz, sucursales y
subsidiaras se reclasificarán a adeudos por préstamos.
6. Con relación al rubro 26 “Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo”, téngase en cuenta lo
siguiente:
a. Reemplácese la denominación de las subcuentas 2602.02, 2603.02, 2604.02 por la siguiente:
“Adeudos por Préstamos”.
b. Sustitúyase la estructura de las subcuentas 2602.02, 2603.02, 2604.02, 2605.01, 2606.02 y
2607.01, en los siguientes términos:
2602.02.01 Redimibles
2602.02.01.01 No subordinados
2602.02.01.02 Subordinados
2602.02.02 No redimibles
2602.02.02.01 No subordinados
2602.02.02.02 Subordinados
2602.02.03 Convertibles en acciones
2602.02.03.01 No subordinados
2602.02.03.02 Subordinados
2603.02.01 Redimibles
2603.02.01.01 No subordinados
2603.02.01.02 Subordinados
2603.02.02 No redimibles
2603.02.02.01 No subordinados
2603.02.02.02 Subordinados
2603.02.03 Convertibles en acciones
2603.02.03.01 No subordinados
2603.02.03.02 Subordinados
2604.02.01 Redimibles
2604.02.01.01 No subordinados
2604.02.01.02 Subordinados
2604.02.02 No redimibles
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)2218990 Fax: (511) 4417760 17
2604.02.02.01 No subordinados
2604.02.02.02 Subordinados
2604.02.03 Convertibles en acciones
2604.02.03.01 No subordinados
2604.02.03.02 Subordinados
2605.01.01 Redimibles
2605.01.01.01 No subordinados
2605.01.01.02 Subordinados
2605.01.02 No redimibles
2605.01.02.01 No subordinados
2605.01.02.02 Subordinados
2605.01.03 Convertibles en acciones
2605.01.03.01 No subordinados
2605.01.03.02 Subordinados
2606.02.01 Redimibles
2606.02.01.01 No subordinados
2606.02.01.02 Subordinados
2606.02.02 No redimibles
2606.02.02.01 No subordinados
2606.02.02.02 Subordinados
2606.02.03 Convertibles en acciones
2606.02.03.01 No subordinados
2606.02.03.02 Subordinados
2607.01.01 Redimibles
2607.01.01.01 No subordinados
2607.01.01.02 Subordinados
2607.01.02 No redimibles
2607.01.02.01 No subordinados
2607.01.02.02 Subordinados
2607.01.03 Convertibles en acciones
2607.01.03.01 No subordinados
2607.01.03.02 Subordinados
c. Elimínense las subcuentas y cuentas analíticas siguientes:
2602.03 Adeudos por préstamos especiales
2602.03.01 No subordinados
2602.03.02 Subordinados porción computable
2602.03.03 Subordinados porción no computable
2603.03 Adeudos por préstamos especiales
2603.03.01 No subordinados
2603.03.02 Subordinados porción computable
2603.03.03 Subordinados porción no computable
2603.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias
2604.03 Adeudos por préstamos especiales
2604.03.01 No subordinados
2604.03.02 Subordinados porción computable
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)2218990 Fax: (511) 4417760 18
2604.03.03 Subordinados porción no computable
2604.06 Adeudos con la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
2606.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias
2607.06 Adeudos con la oficina matriz y subsidiarias
Los adeudos por préstamos especiales y los adeudos con la oficina matriz, sucursales y
subsidiaras se reclasificarán a adeudos por préstamos.
7. Sustitúyase la descripción de la cuenta 2802 “Bonos Subordinados”, en los siguientes términos:
“En esta cuenta se registran los instrumentos de deuda representados por bonos emitidos por la
empresa que han sido colocados y se encuentran en circulación, cuya prelación en caso de
intervención, o disolución y liquidación de la empresa está subordinada al pago de los demás
pasivos de la empresa.
Los bonos subordinados se contabilizan inicialmente al monto de su colocación. Posteriormente se
irá devengando, contra resultados del ejercicio, el monto de la prima o descuento durante el plazo
de los bonos, de tal manera que a su vencimiento los bonos se encuentren registrados a su valor
nominal.
Asimismo, deberán contabilizarse las actualizaciones de los bonos por indexación al VAC, en caso
corresponda.
Estos bonos pueden ser computables como parte del patrimonio efectivo de la empresa de acuerdo
con lo establecido por la Superintendencia.”
8. Elimínense las subcuentas y cuentas analíticas siguientes:
2802.01 Bonos subordinados – D.L. 770
2802.01.01 Computables para cubrir riesgo crediticio
2802.01.03 No computables
2802.02.01 Computables para cubrir riesgo crediticio
2802.02.02 Computables para cubrir riesgo de mercado
2802.02.03 No computables
2802.03.01 Computables para cubrir riesgo crediticio
2802.03.02 Computables para cubrir riesgo de mercado
2802.03.03 No computables
2802.04.01 Computables para cubrir riesgo crediticio
2802.04.02 Computables para cubrir riesgo de mercado
2802.04.03 No computable
2802.09 Otros bonos subordinados
2802.09.01 Computables para cubrir riesgo crediticio
2802.09.02 Computables para cubrir riesgo de mercado
2802.09.03 No computable
9. Sustitúyase la estructura de la cuenta 2806 “Otras Obligaciones Subordinadas”, en los siguientes
términos:
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)2218990 Fax: (511) 4417760 19
2806.01 Redimibles
2806.02 No redimibles
2806.03 Convertibles en acciones
10. Reemplácese el primer débito de la dinámica de las cuentas 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806 y
2807, por lo siguiente:
DÉBITOS: - Por la cancelación de los valores, títulos y obligaciones
emitidas a su vencimiento.
11. Incorpórese en los débitos de la dinámica de las cuentas 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806 y
2807, lo siguiente:
DÉBITOS: - Por la disminución del principal de los valores, títulos y
obligaciones emitidas al haber sido convertido en
acciones.
- Por la redención anticipada de los valores, títulos y
obligaciones emitidas.
12. Incorpórese en los débitos de la dinámica de la cuenta 2808 “Gastos por Pagar por Valores, Títulos
y Obligaciones en Circulación”, lo siguiente:
DÉBITOS: - Por los importes de los gastos extornados.
13. Con relación al rubro 41 “Gastos Financieros”, téngase en cuenta lo siguiente:
a. Reemplácese la denominación de las cuentas analíticas 4104.02.02, 4104.03.02, 4104.04.02
por la siguiente: “Intereses por préstamos”.
b. Incorpórese la cuenta analítica siguiente:
4109.14.08 Instrumentos representativos de deuda en tesorería
c. Elimínense las cuentas analíticas y subcuentas analíticas siguientes:
4104.02.03 Intereses por préstamos especiales
4104.03.03 Intereses por préstamos especiales
4104.03.06 Intereses por adeudos con la oficina matriz y subsidiarias
4104.04.03 Intereses por préstamos especiales
4104.04.06 Intereses por adeudos con la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
4104.06.06 Intereses por adeudos con la oficina matriz y subsidiarias
4104.07.06 Intereses por adeudos con la oficina matriz y subsidiarias
4106.02.01 Intereses por bonos subordinados
4109.12.03.01 COFIDE
4109.12.03.02 Banco de la Nación
4109.13.09.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores
4109.13.09.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión
4109.13.09.12 Instrumentos de titulización
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4109.13.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura)
4109.14.09.12 Instrumentos de titulización
4109.14.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura)
d. Sustitúyase la estructura de la subcuenta 4106.06 “Intereses por otras obligaciones
subordinadas”, en los siguientes términos:
4106.06.01 Intereses por otras obligaciones subordinadas redimibles
4106.06.02 Intereses por otras obligaciones subordinadas no redimibles
4106.06.03 Intereses por otras obligaciones subordinadas convertibles en
acciones
14. En la cuenta 4301 “Pérdida por Deterioro de Inversiones”, incorpórese la subcuenta analítica
siguiente:
4301.01.04.08 Instrumentos representativos de deuda en tesorería
15. Con relación a la cuenta 5103 “Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento”, téngase en
cuenta lo siguiente:
a. Incorpórese la cuenta analítica siguiente:
5103.04.08 Instrumentos representativos de deuda en tesorería
b. Elimínense las subcuentas analíticas siguientes:
5103.03.09.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores
5103.03.09.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión
5103.03.09.12 Instrumentos de titulización
5103.03.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura)
5103.04.09.12 Instrumentos de titulización
5103.04.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura)
5109.13.09.05 Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores
5109.13.09.06 Cuotas de Participación en Fondos de Inversión
5109.13.09.12 Instrumentos de titulización
5109.13.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura)
5109.14.09.12 Instrumentos de titulización
5109.14.09.13 Instrumentos de titulización (mecanismos de cobertura)
16. En a la cuenta 5109 “Ingresos financieros diversos”, incorpórese la cuenta analítica siguiente:
5109.14.08 Instrumentos representativos de deuda en tesorería
IV. Modifíquese el Capítulo V “Información Complementaria” del Manual de Contabilidad para las Empresas
del Sistema Financiero, en los siguientes términos:
1. Elimínese el Anexo N° 12-III “Deuda Subordinada Asignada al Patrimonio Efectivo” y sustitúyase el
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N° 12-II “Control de Deuda Subordinada” por el formato que se adjunta. Este Anexo deberá ser
remitido mensualmente vía SUCAVE en un plazo que no exceda de 15 días calendario de concluido
el mes a que corresponde la información.
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ANEXO B
MODIFICACIONES AL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA LAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2010
I. Modifíquense el Capítulo III “Catálogo de Cuentas” y el Capítulo IV “Descripción y Dinámica de Cuentas”
del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero, en los siguientes términos:
1. Modifíquese la denominación de las subcuentas analíticas 1405.07.19.18, 1405.07.22.18,
1405.08.19.18, 1405.09.19.18, 1405.10.19.18, 1405.11.19.18, 1405.11.22.18, 1405.12.19.18,
1405.13.19.18 1406.07.19.18, 1406.07.22.18, 1406.08.19.18, 1406.09.19.18, 1406.10.19.18,
1406.11.19.18, 1406.11.22.18, 1406.12.19.18 y 1406.13.19.18 por la siguiente: “Créditos a
entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros – Subordinados”
2. Incorpórense en el rubro 14 “Créditos” las subcuentas analíticas siguientes:
1405.07.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1405.07.22.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1405.08.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1405.09.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1405.10.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1405.11.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1405.11.22.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1405.12.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1405.13.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1406.07.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1406.07.22.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1406.08.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1406.09.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1406.10.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1406.11.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1406.11.22.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
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financieros – No subordinados
1406.12.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
1406.13.19.19 Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados
financieros – No subordinados
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272-2017 actualizado con la 877-2020.doc | Lima, 18 de enero de 2017
Resolución S.B.S.
N° 272 -2017
La Superintendenta de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos,
aprobado por la Resolución SBS N° 37-2008 y sus normas modificatorias, en adelante el Reglamento,
tiene por finalidad establecer que las empresas supervisadas comprendidas en los artículos 16° y 17°
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus leyes modificatorias, en adelante Ley
General, así como las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y demás entidades sujetas
a la supervisión de este Organismo de Control, cuenten con una gestión integral de riesgos adecuada
a su naturaleza, tamaño y a la complejidad de sus operaciones y servicios, en el marco de lo
dispuesto por la normativa vigente;
Que, mediante la Resolución SBS Nº 11699-2008 y sus
modificatorias, se aprobó el Reglamento de Auditoría Interna;
Que, sobre la base de lo dispuesto en la Ley Nº 29903,
mediante la Resolución SBS Nº 6422-2015 se reguló la designación de directores independientes por
parte de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, los encargos que les compete realizar,
así como su vinculación con los procedimientos de revelación correspondiente;
Que, sobre la experiencia en supervisión y los estándares
internacionales, resulta necesario modificar la normativa vigente para fomentar una mejor gestión de
riesgos y gobierno corporativo en las empresas bajo supervisión de la Superintendencia;
Que, en este sentido es necesario desarrollar y establecer
criterios relacionados al gobierno corporativo, como aquellos referidos al director independiente,
comités del directorio, el sistema de remuneraciones, conducta de mercado y la gestión de conflictos
de intereses;
Que, asimismo, resulta necesario revisar aspectos
relacionados a la gestión integral de riesgos, tales como la función de cumplimiento normativo, a fin
de fortalecer el desempeño y responsabilidad de las empresas;
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239
Que, a efectos de recoger las opiniones del público en
general respecto a la propuesta de modificación de la normativa, se dispuso la prepublicación del
proyecto de resolución, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
Con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas de
Banca y Microfinanzas, de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, de Seguros, de
Riesgos, de Asesoría Jurídica, de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera y de Estudios
Económicos; y,
En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 7 y
9 del artículo 349° de la Ley General,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Gobierno
Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos, que forma parte de la presente Resolución:
“REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
ÍNDICE
Título I Disposiciones Generales
Título II Gobierno Corporativo
Capítulo I Aspectos Generales
Capítulo II Órganos de Gobierno de la Empresa
Subcapítulo I Directorio
Subcapítulo II Comités del Directorio
Subcapítulo III Gerencia
Capítulo III Conflictos de Intereses y Prácticas Cuestionables
Capítulo IV Sistema de Remuneraciones
1
Capítulo V Evaluación de requisitos e impedimentos de accionistas, directores,
gerentes y principales funcionarios
Subcapítulo I Disposiciones Generales
Subcapítulo II Requisitos e Impedimentos
Subcapítulo III Evaluación por parte de la empresa
Subcapítulo I Supervisión por parte de la Superintendencia
Título III Gestión Integral de Riesgos
Capítulo I Aspectos Generales
Capítulo II Unidad de Riesgos
Capítulo III Cumplimiento Normativo
2
Capítulo IV Bienes y/o servicios provistos por terceros
1
Incorporado por Resolución SBS No. 211-2021, vigente a partir del 1 de febrero de 2021, adecuación 1 de
noviembre de 2021
2
Sustituido por la Resolución SBS N° 504-2021 del 22/02/2021 vigente a partir del 01.07.2021.
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Disposiciones Finales y Complementarias
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REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Alcance
El presente Reglamento es de aplicación a las empresas señaladas en los artículos 16° y 17° de la
Ley General, así como a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). Asimismo, es
de aplicación al Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, la Corporación Financiera de Desarrollo
(COFIDE), el Fondo MIVIVIENDA S.A., las Derramas y Cajas de Beneficios bajo control de la
Superintendencia, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y el
Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FOCMAC).
Las disposiciones contenidas en el Reglamento resultan aplicables a las entidades previamente
señaladas, en adelante empresas, en tanto no se contrapongan con las normas específicas que las
regulan.
Artículo 2°.- Definiciones y/o referencias
Para la aplicación del Reglamento deben considerarse las siguientes definiciones y/o referencias:
a) Apetito por el riesgo.- el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir dentro de su
capacidad de riesgo, para alcanzar sus objetivos.
b) Beneficiario Final.- de acuerdo con el Reglamento de adquisición de la propiedad en el capital
social de las empresas supervisadas y de los propietarios significativos, aprobado por
Resolución SBS N° 6420-2015.
c) Capacidad de riesgo.- el nivel máximo de riesgo que puede asumir una empresa dados sus
recursos actuales, requerimientos regulatorios y obligaciones contractuales.
d) Casa Matriz.- persona jurídica o ente jurídico que ejerce control sobre otras personas o entes
jurídicos, y que puede o no corresponder a una holding. Para este efecto, control se entiende de
conformidad con las Normas especiales sobre vinculación y grupo económico, aprobadas
mediante Resolución SBS Nº 5780-2015.
e) Cláusulas de blindaje (“golden parachutes”).- acuerdos contractuales entre una empresa y sus
trabajadores y miembros del directorio que evitan que estos sean despedidos en caso la
propiedad y/o control de la empresa pase a otro grupo de accionistas; o, que les aseguren
indemnizaciones, independientemente de su desempeño, en caso sean despedidos por los
nuevos accionistas.
f) Conducta de mercado.- prácticas de las empresas en su relación con los usuarios, respecto de la
oferta de productos y servicios financieros, la transparencia de información y la gestión de
reclamos.
g) Conflicto de intereses.- situación en la que una persona u órgano de gobierno de la empresa se
enfrentan a distintas alternativas de conducta con intereses incompatibles entre sí debido, entre
otras causas, a la falta de alineamiento entre sus intereses y los de la empresa.
h) Control interno.- un proceso realizado por el directorio, la gerencia y el personal, diseñado para
proveer un aseguramiento razonable en el logro de objetivos referidos a la eficacia y eficiencia
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de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, y cumplimiento de las leyes
aplicables y regulaciones.
i) Días.- días calendario.
j) Directorio.- toda referencia al directorio, alude también a cualquier órgano de gobierno
equivalente.
k) Director Independiente.- es aquel que es seleccionado por su prestigio profesional e
independencia económica y que no tiene ni ha tenido, en los últimos tres (3) años consecutivos
anteriores a su designación, vinculación con la empresa, su administración, grupo económico o
sus accionistas principales, entendiéndose a estos últimos como aquellos que tienen la
propiedad del cinco por ciento (5%) o más de las acciones de la empresa. La vinculación se
define en las Normas especiales sobre vinculación y grupo económico, aprobadas mediante
Resolución SBS Nº 5780-2015.
l) Evento.- un suceso o serie de sucesos que puede ser interno o externo a la empresa, originado
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por la misma causa, que ocurre durante el mismo periodo de tiempo.
m) Gobierno corporativo.- es el conjunto de procesos, políticas, normas y prácticas que determinan
cómo una empresa o un grupo es dirigido, gestionado y controlado.
n) Hechos significativos.- aquellos hechos que pueden tener impacto importante sobre la situación
financiera de la empresa, o sobre el logro de sus objetivos.
o) Impacto.- medición cualitativa o cuantitativa de las consecuencias de un evento. Usualmente se
expresará en términos monetarios, como pérdidas financieras.
p) Junta General de Accionistas.- toda referencia a la junta general de accionistas u órganos
similares. Sus principales atribuciones se encuentran comprendidas en la Ley General y en la
Ley General de Sociedades.
q) Ley General.- Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus normas modificatorias.
r) Ley General de Sociedades.- Ley Nº 26887 y sus normas modificatorias.
s) Límites de riesgo.- es el nivel máximo de riesgo, en función al apetito, expresado
preferentemente en medidas cuantitativas por líneas de negocio, tipos de riesgo,
concentraciones, u otros apropiados a la complejidad de las operaciones y servicios de la
empresa y el sector al que pertenece.
t) Manuales de gestión de riesgos.- documentos que contienen las funciones, responsabilidades,
políticas, metodologías y procedimientos dispuestos para la identificación, evaluación,
tratamiento, control, reporte y monitoreo de los riesgos de las empresas.
u) Manuales de organización y funciones.- documentos que detallan la estructura orgánica de las
empresas, los objetivos y funciones de sus unidades, así como las obligaciones y
responsabilidades de su personal.
v) Manuales de políticas y procedimientos.- documentos que contienen responsabilidades,
políticas, metodologías y procedimientos establecidos por las empresas para la realización de las
actividades de cada una de las unidades con las que cuenta, incluyendo las que corresponden a
la gestión de riesgos.
w) Nuevo producto.- producto lanzado por primera vez por la empresa o un cambio en un producto
existente que modifica significativamente su perfil de riesgo.
x) Operaciones con partes vinculadas.- de acuerdo con la definición establecida en las Normas
especiales sobre vinculación y grupo económico, aprobado mediante Resolución SBS Nº 5780-
2015.
3
Literal modificado por la Resolución SBS N° 877-2020 del 26/02/2020 vigente a partir del 01/01/2022
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y) Principales funcionarios.- aquellos comprendidos en las Normas Complementarias a la elección
de Directores, Gerentes y Auditores Internos, aprobadas por la Resolución SBS Nº 1913-2004,
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en concordancia con lo establecido en la Circular SBS N° G-0119-2004 , Normas para el
Registro de Directores, Gerentes y Principales Funcionarios – REDIR.
z) Proceso.- conjunto de actividades, tareas y procedimientos organizados y repetibles que
producen un resultado esperado.
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aa) Productos.- Operaciones y/o servicios brindados por la empresa a sus clientes y usuarios.
bb) Reglamento.- Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos.
cc) Remuneración.- comprende todas las formas de beneficios pagados, por pagar o suministrados
por la empresa, o en nombre de esta, a cambio de servicios prestados a la empresa. Esta
remuneración puede incluir beneficios monetarios o no monetarios.
dd) Remuneración Fija.- aquella remuneración que en forma periódica, semanal, quincenal o
mensual, percibe el trabajador, siendo fija en la medida que su monto y período de pago sea de
carácter regular.
ee) Remuneración Variable.- es toda remuneración distinta a la remuneración fija.
ff) Riesgo.- la posibilidad de ocurrencia de eventos que impacten negativamente sobre los objetivos
de la empresa o su situación financiera.
gg) Seguridad razonable.- se refiere al nivel de certeza que una empresa puede tener respecto al
logro de sus objetivos, considerando que siempre es posible que se produzcan hechos
significativos que no sean prevenidos o detectados oportunamente, dada la incertidumbre
inherente al futuro.
hh) Sistema de apetito por el riesgo.- conjunto de políticas, límites, procesos, procedimientos, roles y
responsabilidades mediante los cuales el apetito por el riesgo es establecido, comunicado y
vigilado.
ii) Sistema de remuneraciones.- conjunto de políticas, estrategias, procedimientos y recursos
empleados por la empresa para el otorgamiento de remuneraciones, los cuales incluyen criterios
de evaluación, periodicidad de pago, formas de pago, entre otros.
jj) Subcontratación.- modalidad mediante la cual una empresa contrata a un proveedor para que
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este entregue bienes y/o servicios que podrían ser desarrollados por ella.
kk) Superintendencia.- Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones.
ll) Usuario.- persona natural o jurídica que utiliza o puede utilizar los productos ofrecidos por las
empresas.
mm) Reglamento de Autorización: Reglamento de autorización de empresas y representantes de los
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Sistemas Financiero y de Seguros, aprobado por Resolución SBS N°211-2021.
nn) Idoneidad moral: De acuerdo con la definición establecida en el inciso o) del artículo 2 del
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Reglamento de de Autorización.
oo) Idoneidad técnica: De acuerdo con la definición establecida en el inciso p) del artículo 2 del
Reglamento de de Autorización. Incluye el desempeño eficaz de la persona en la función para la
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que ha sido designada.
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Circular derogada por la Circular 213-2021 a partir del 1 de noviembre 2021
5
Literal modificado por la Resolución SBS N° 877-2020 del 26/02/2020 vigente a partir del 01/01/2022
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Modificado por la Resolución SBS N° 504-2021 del 22/02/2021 vigente a partir del 01.07.2021.
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Incorporado por Resolución SBS No. 211-2021, vigente a partir del 1 de febrero de 2021, adecuación 1 de
noviembre de 2021
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Incorporado por Resolución SBS No.211-2021, vigente a partir del 1 de febrero de 2021, adecuación 1 de
noviembre de 2021
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pp) Solvencia económica: De acuerdo con la definición establecida en el inciso z) del artículo 2 del
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Reglamento de de Autorización.
qq) Reglamento de la Ley del SPP: Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema
Privado de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo N°054-97-EF y sus normas
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modificatorias.
rr) Proveedor: tercero contratado para brindar bienes y/o servicios a una empresa, incluso bajo la
modalidad de subcontratación. Las empresas que forman parte del mismo grupo económico que
la empresa contratante también son consideradas como terceros.12
TITULO II
GOBIERNO CORPORATIVO
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 3°.- Gobierno corporativo
Las empresas deben definir principios y lineamientos generales para la adopción e implementación de
prácticas de gobierno corporativo que sirvan de guía para el accionar de los órganos de gobierno de la
empresa.
La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades
entre los diferentes órganos de gobierno y grupos de interés. El gobierno corporativo también provee
la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar
estos objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento de su desempeño.
El directorio y la gerencia deben asegurar razonablemente la adopción de las mejores prácticas
relacionadas al gobierno corporativo.
Las empresas deben contar con un marco de gobierno corporativo que considere, cuando menos los
siguientes lineamientos:
a) La estructura y organización corporativas consistentes con la naturaleza y el tamaño de la
empresa, con el grupo al que ella pertenece, y, con la complejidad de sus operaciones y
servicios.
b) La idoneidad moral y solvencia económica de los accionistas y beneficiarios finales de la
empresa.
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Incorporado por Resolución SBS No.211 -2021, vigente a partir del 1 de febrero de 2021, adecuación 1 de
noviembre de 2021
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Incorporado por Resolución SBS No. 211-2021, vigente a partir del 1 de febrero de 2021, adecuación 1 de
noviembre de 2021
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Incorporado por Resolución SBS No. 211-2021, vigente a partir del 1 de febrero de 2021
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Incorporado por la Resolución SBS N° 504-2021 del 22/02/2021 vigente a partir del 01.07.2021.
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c) La idoneidad técnica y moral de los directores, gerentes y principales funcionarios de la empresa;
así como sus calificaciones y habilidades para la razonable e imparcial toma de decisiones en los
negocios, la gestión de los riesgos y el control.
d) La cultura y valores corporativos, así como los criterios de responsabilidad profesional exigibles a
los directores, gerentes, funcionarios y demás trabajadores.
e) Los mecanismos para un eficaz monitoreo y control de la gestión de la gerencia por parte del
directorio; así como las responsabilidades del directorio y de la gerencia ante la empresa, los
accionistas y los grupos de interés de la empresa.
f) Los mecanismos de la empresa para la gestión objetiva, íntegra e independiente de los conflictos
de intereses.
g) Las políticas generales de remuneraciones alineadas con los objetivos a largo plazo de la
empresa, así como la asunción de riesgos prudente.
h) El marco para la gestión integral de los riesgos que enfrenta la empresa, consistente con la
naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones y servicios.
i) Un control interno sólido; así como un desempeño efectivo de las funciones de auditoría interna y
de cumplimiento normativo.
j) El establecimiento de un trato equitativo para todos los accionistas, incluidos los minoritarios y
los extranjeros, quedando prohibido cualquier tipo de acción que pudiera significar un obstáculo
al ejercicio de sus derechos.
k) Las políticas de revelación de información, principalmente aquellas referidas a la situación
financiera, la propiedad, y el gobierno de la entidad.
l) Las políticas generales para incorporar una adecuada conducta de mercado en la cultura
organizacional y estrategia de negocio.
Adicionalmente, las empresas deben contar con un Código de Ética y Conducta, con los criterios de
responsabilidad profesional exigibles a sus directores, gerentes, funcionarios y demás trabajadores y
que prohíba expresamente actividades ilegales o conductas que podrían afectar la reputación de la
empresa o la confianza en el sistema.
CAPÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA EMPRESA
SUBCAPÍTULO I
DIRECTORIO
13
Artículo 4°.- Conformación del directorio
El directorio está compuesto por un número de miembros que sea suficiente para un desempeño
eficaz y participativo, y que posibilite la conformación de los comités de directorio que establece el
Reglamento. Está conformado por personas con especialidades y competencias que faciliten una
pluralidad de enfoques y opiniones, y que tengan habilidades y conocimientos, de forma tal que en su
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Modificado por Resolución SBS No. 211-2021, vigente a partir del 1 de febrero de 2021, adecuación 1 de
noviembre de 2021
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conjunto procuren un entendimiento razonable de la actividad que desarrolla la empresa, del mercado
y del entorno regulatorio, para así poder cumplir con sus funciones.
El número de directores está contenido en el estatuto, de conformidad con la Ley General, la Ley
General de Sociedades y las normas específicas aplicables a cada empresa. Los nombres de los
directores, su calidad de independiente o no, deben mostrarse en los reportes regulatorios que
requiere la Superintendencia, además de ser publicados en la memoria anual de la empresa.
Artículo 5°.- Reglamento del directorio
El directorio debe aprobar el reglamento que contendrá las políticas y lineamientos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, salvo que el estatuto reserve esa facultad a la junta general de
accionistas.
Este documento se encontrará a disposición de la Superintendencia y debe contener, cuando menos,
lo siguiente:
a) Las funciones y responsabilidades del presidente del directorio y de sus miembros.
b) Lineamientos para el desarrollo de planes de trabajo a cargo de miembros del directorio que
contribuyan al desempeño de las funciones de este órgano de gobierno.
c) Políticas y procedimientos para prevenir, detectar, manejar y revelar los conflictos de intereses
de los directores.
d) Plan de sucesión del directorio que debe contener, cuando menos: i) las causales de vacancia
establecidas en la Ley General de Sociedades o aquellas adicionales establecidas en el estatuto;
ii) los criterios y el procedimiento de remoción del director y del nombramiento del reemplazante;
y iii) la política y procedimiento de comunicación a la Superintendencia de la vacancia, remoción
y/o elección, conforme a lo dispuesto en la Ley General.
e) Políticas y procedimiento para informar al directorio sobre las comunicaciones de la
Superintendencia.
f) Procedimiento para otorgar licencias a directores, así como la asistencia del director suplente o
alterno.
g) Criterios de idoneidad técnica y moral para la selección de la plana gerencial.
h) En caso lo permita el estatuto de la empresa, políticas y lineamientos para la realización de
sesiones de directorio no presenciales a través de medios de comunicación que permitan la
adopción de acuerdos y garanticen su autenticidad.
i) En caso el directorio haya acordado una autoevaluación de su desempeño, los criterios utilizados
para dicha autoevaluación.
Artículo 6°.- Director independiente
El directorio de las empresas debe contar con directores independientes. En tanto no se contraponga
con sus normas específicas, las empresas deben contar, al menos, con un (1) director independiente
en caso tengan cinco (5) o menos directores, o con dos (2) directores independientes en caso tengan
seis (6) directores o más.
El director suplente o alterno que se elija para un director independiente debe cumplir con los
requisitos para ocupar dicho cargo, señalados en el literal k) del artículo 2 y del presente artículo.
El director independiente de una empresa podrá ser director independiente de otras empresas de su
grupo económico.
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El director independiente ejerce dicho cargo en la empresa por un plazo máximo de diez (10) años
contados desde su primera designación.
Cada director independiente debe suscribir una declaración de cumplimiento de los requisitos
establecidos en el literal k) del artículo 2° del Reglamento y en el presente artículo, al momento de
asumir su cargo y luego de cada año de permanencia en él.
Artículo 7°.- Responsabilidades generales del directorio
Los directores son responsables por:
a) Establecer los principales objetivos y metas de la empresa y aprobar su estrategia.
b) Establecer un sistema adecuado de delegación de facultades, segregación de funciones y de
tratamiento de posibles conflictos de intereses a través de toda la empresa.
c) Aprobar los manuales de organización y funciones, de políticas y procedimientos y demás
manuales y normativa interna de la empresa.
d) Seleccionar una plana gerencial con idoneidad técnica y moral, que actúe conforme al desarrollo
de los negocios y operaciones de la empresa, así como evaluar su desempeño.
e) Aprobar y vigilar el diseño e implementación del sistema de remuneraciones, y asegurar que se
encuentre alineado a la estrategia de negocios de la empresa, su apetito por el riesgo, a sus
políticas y solidez financiera.
f) Aprobar el sistema de apetito por el riesgo de la empresa.
g) Establecer una gestión de riesgos acorde a la naturaleza, tamaño y complejidad de las
operaciones y servicios de la empresa, que tome en cuenta el entorno competitivo, el entorno
macroeconómico que afecta a los mercados en los que opera la empresa, los requerimientos
regulatorios y sus objetivos a largo plazo.
h) Disponer las medidas necesarias para que la empresa opere en línea con su apetito por el
riesgo, para lo cual debe conocer las necesidades de capital y liquidez asociadas a su estrategia.
i) Establecer las políticas y medidas necesarias para que la empresa cuente con una adecuada
conducta de mercado en su estrategia de negocio.
j) Aprobar planes de sucesión para la gerencia.
k) Establecer la cultura y valores corporativos de la empresa, así como los criterios de
responsabilidad profesional.
l) Aprobar roles y responsabilidades de la gerencia, la gestión de riesgos, control interno y
cumplimiento normativo.
Artículo 8°.- Declaración de cumplimiento del directorio
El directorio es responsable de evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Reglamento. Anualmente, el directorio suscribirá una declaración de cumplimiento, que debe
contener, cuando menos, lo indicado a continuación:
a) Que el directorio conoce los estándares previstos en el Reglamento, así como sus
responsabilidades.
b) Que la empresa cumple con los principios y lineamientos establecidos en materia de gobierno
corporativo.
c) Que el directorio comprende la naturaleza y el nivel de riesgo asumidos por la empresa.
d) Que la empresa cuenta con una gestión de riesgos consistente con la naturaleza, tamaño y
complejidad de sus operaciones y servicios; la cual cumple, como mínimo, con los criterios
indicados en el Reglamento, con la excepción de posibles deficiencias identificadas y
comunicadas en la declaración.
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e) Que el directorio ha requerido a la gerencia que las políticas, procesos y controles ejecutados
por la gerencia, incluyendo una adecuada gestión de riesgos, sean consistentes con la estrategia
de la empresa, así como con los niveles de apetito y límites de riesgo.
f) Que el directorio ha tomado conocimiento de la información de la gerencia, de los acuerdos e
informes del comité de auditoría, del comité de riesgos, del comité de remuneraciones, de la
auditoría interna, de la auditoría externa, del oficial de cumplimiento, del oficial de cumplimiento
normativo, del oficial de atención al usuario, y de cualquier otra información que el directorio
considere relevante, así como de las medidas correctivas que se hayan dispuesto, las que deben
constar en las actas correspondientes.
g) Que el directorio ha establecido todos los mecanismos necesarios para que en caso lleven a
cabo sesiones no presenciales, ello no afecte o limite el apropiado cumplimiento de sus
funciones y responsabilidades.
Esta declaración será suscrita en un plazo que no excederá de ciento veinte (120) días posteriores al
cierre del ejercicio anual, debiendo estar a disposición de la Superintendencia.
En caso el directorio haya identificado deficiencias de acuerdo con el literal d), este deberá enviar la
declaración a la Superintendencia dentro de los cinco (5) días hábiles de suscrita, incluyendo las
acciones correctivas y los plazos de implementación.
SUBCAPÍTULO II
COMITÉS DEL DIRECTORIO
Artículo 9°.- Comités del directorio
El directorio podrá constituir los comités que considere necesarios con la finalidad de dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento.
Para el caso de las empresas de operaciones múltiples y las empresas de seguros a las que se refiere
el artículo 16° de la Ley General, el Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, COFIDE, el Fondo
MIVIVIENDA S.A., así como para las AFP, será obligatoria la constitución de un comité de auditoría,
un comité de riesgos y un comité de remuneraciones. En el caso de aquellas empresas que no se
encuentren obligadas a constituir los comités y que, además, decidan no hacerlo, todas las funciones
serán asumidas por el directorio.
La Superintendencia podrá requerir la constitución de otros comités cuando lo considere conveniente
mediante norma de carácter general.
Artículo 10°.- Reglamento de los comités
Los comités constituidos por el directorio deben contar con un reglamento que contendrá las políticas
y procedimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Dicho reglamento establecerá,
cuando menos, los criterios para evitar conflictos de intereses e incompatibilidad de funciones, las
políticas de rotación de sus miembros, la periodicidad de sus reuniones, programar sus actividades,
remitir información y reportar al directorio en su sesión más próxima los principales temas tratados y
acuerdos adoptados en las sesiones de los comités con el fin de hacer el seguimiento del
cumplimiento de estos. Los acuerdos adoptados en las sesiones de los comités deben constar en un
libro, en hojas sueltas o en otra forma que permita la Ley General de Sociedades, la cual se
encontrará a disposición de la Superintendencia.
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Artículo 11°.- Conformación del comité de riesgos
El comité de riesgos debe estar conformado por al menos tres (3) miembros, uno de los cuales debe
ser un miembro del directorio que no desempeñe cargo ejecutivo en la empresa, quien lo preside no
pudiendo este presidir ningún otro comité con el que presente conflicto de intereses. El comité de
riesgos debe organizarse como un comité integral, que debe abarcar las decisiones que atañen a los
riesgos significativos a los que esté expuesta la empresa. Los integrantes del comité de riesgos deben
tener los conocimientos y la experiencia necesaria para cumplir adecuadamente sus funciones.
El directorio puede crear los comités de riesgos especializados que considere necesarios, en razón de
la naturaleza, tamaño y complejidad de las operaciones y servicios de la empresa.
La Superintendencia puede solicitar a las empresas la creación de comités de riesgos especializados
de considerarlo necesario.
Artículo 12°.- Funciones del comité de riesgos
El comité de riesgos, por delegación del directorio y dentro de los límites que este fije, podrá asumir
las siguientes funciones:
a) Aprobar las políticas y la organización para la gestión integral de riesgos acorde a la naturaleza,
tamaño y complejidad de las operaciones y servicios de la empresa.
b) Proponer los límites de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir en el desarrollo del
negocio.
c) Decidir las acciones necesarias para la implementación de las medidas correctivas requeridas,
en caso existan desviaciones con respecto a los niveles de apetito y límites de riesgo y a los
grados de exposición asumidos.
d) Aprobar la toma de exposiciones que involucren variaciones significativas en el perfil de riesgo
de la empresa o de los patrimonios administrados bajo responsabilidad de la empresa.
e) Evaluar la suficiencia de capital y liquidez de la empresa para enfrentar sus riesgos y alertar de
las posibles insuficiencias.
f) Proponer mejoras en la gestión integral de riesgos.
g) Aprobar los informes sobre los riesgos asociados a nuevos productos y las medidas de
tratamiento propuestas o implementadas, de forma previa a su lanzamiento; incluyendo aspectos
de conducta de mercado.
h) Aprobar los informes sobre los riesgos asociados a los cambios importantes en el ambiente de
negocios, operativo o informático, de forma previa a su ejecución; así como de las medidas de
tratamiento propuestas o implementadas.
Artículo 13°.- Conformación del comité de auditoría
El comité de auditoría debe estar conformado por al menos tres (3) miembros del directorio que no
desempeñen cargo ejecutivo en la empresa. Los integrantes del comité de auditoría deben tener los
conocimientos y la experiencia necesaria para cumplir adecuadamente sus funciones.
Para el caso de las empresas de operaciones múltiples y las empresas de seguros a las que se refiere
el artículo 16° de la Ley General, así como para las AFP, el comité de auditoría debe estar
conformado por al menos un director independiente, quien lo presidirá no pudiendo este presidir
ningún otro comité.
Artículo 14°.- Funciones del comité de auditoría
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El comité de auditoría tiene como propósito principal vigilar que los procesos contables y de reporte
financiero sean apropiados, así como evaluar las actividades realizadas por los auditores internos y
externos.
Entre sus principales funciones están:
a) Vigilar el adecuado funcionamiento del control interno.
b) Informar al directorio sobre la existencia de limitaciones en la confiabilidad de los procesos
contables y financieros.
c) Vigilar y mantener informado al directorio sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos
internos y sobre la detección de problemas de control y administración interna, así como de las
medidas correctivas implementadas en función de las evaluaciones realizadas por la unidad de
auditoría interna, los auditores externos y la Superintendencia.
d) De conformidad con las políticas y procedimientos aprobados por el directorio o junta general de
accionistas, definir los criterios para la selección y contratación de los auditores externos, evaluar
su desempeño, así como determinar los informes complementarios que requieran para el mejor
desempeño de sus funciones o el cumplimiento de requisitos legales, salvo en aquellos casos en
los que el comité de auditoría de la casa matriz sea quien defina los criterios para la selección,
contratación y evaluación de los auditores externos.
e) Definir los criterios para la selección y contratación del auditor interno y de sus principales
colaboradores, y evaluar su desempeño.
Artículo 15°.- Conformación del comité de remuneraciones
El comité de remuneraciones debe estar conformado por al menos tres (3) miembros, uno de los
cuales debe ser miembro del directorio que no desempeñe cargo ejecutivo en la empresa. Los
integrantes del comité de remuneraciones deben tener los conocimientos y la experiencia necesaria
en la gestión del negocio y de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa para cumplir
adecuadamente sus funciones.
Artículo 16°.- Funciones del comité de remuneraciones
El comité de remuneraciones, por delegación del directorio y dentro de los límites que este fije, podrá
asumir las siguientes funciones:
a) Proponer al directorio el sistema de remuneraciones y sus modificaciones, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo IV de este Título.
b) Analizar las propuestas de modificación del sistema de remuneraciones y designar al personal
encargado de verificar el cumplimiento de la aplicación de este sistema.
c) Evaluar los potenciales conflictos de intereses del sistema de remuneraciones y proponer
medidas de solución.
d) Definir las metas y los indicadores considerados en el sistema de remuneraciones, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo IV de este Título.
SUBCAPÍTULO III
GERENCIA
Artículo 17°.- Gerencia y sus responsabilidades
La gerencia debe tener la formación académica, experiencia e integridad necesarias para el
cumplimiento de sus funciones. La gerencia incluye al gerente general o equivalente (quien la lidera) y
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los gerentes de primer nivel, es decir, aquellos colaboradores directos del gerente general en la
ejecución de las políticas y decisiones del directorio.
La gerencia podrá constituir comités para el cumplimiento de sus responsabilidades.
Los gerentes pueden ser removidos por el directorio o por la junta general de accionistas, cualquiera
que sea el órgano del que haya emanado su nombramiento.
La gerencia es responsable por:
a) Asegurar que las actividades de la empresa sean consistentes con la estrategia del negocio, el
sistema de apetito por el riesgo, la cultura y valores corporativos, una adecuada conducta de
mercado, y las políticas aprobadas por el directorio; así como de informar al directorio de manera
periódica los resultados de dicho aseguramiento.
b) Implementar una gestión integral de riesgos conforme a las disposiciones del directorio.
c) Informar al directorio respecto a nuevos productos y, en general, sobre iniciativas gerenciales
relevantes (cambios de sistemas, procesos, modelos de negocios, inversiones sustanciales,
etc.), que puedan tener un impacto material en el perfil de riesgo de la empresa.
d) Informar al directorio, al menos trimestralmente, sobre la marcha económica de la empresa.
e) Informar al directorio sobre las operaciones con partes vinculadas.
f) Delegar funciones al personal de la empresa y velar por su cumplimiento.
g) Implementar las medidas que sean necesarias para que la empresa cuente con una adecuada
conducta de mercado.
h) La veracidad de la información que proporcione al directorio y a la junta general de accionistas.
Los gerentes de las unidades organizativas, en su ámbito de acción, tienen la responsabilidad de
administrar los riesgos relacionados al logro de los objetivos de sus unidades. Entre sus
responsabilidades específicas están:
a) Asegurar la consistencia entre las operaciones, el sistema de apetito por el riesgo definido y las
políticas de conducta de mercado establecidas, aplicables a su ámbito de acción.
b) Asumir, ante el gerente de nivel inmediato superior, los resultados de la gestión de riesgos
correspondiente a su unidad; y así hasta llegar al gerente que tiene esta responsabilidad ante el
directorio.
CAPÍTULO III
CONFLICTOS DE INTERESES Y PRÁCTICAS CUESTIONABLES
Artículo 18°.- Políticas en materia de conflictos de intereses
Las empresas deben identificar potenciales conflictos de intereses que surjan dentro de los propios
órganos de gobierno y gestión de la empresa. Asimismo, deben implementar políticas y
procedimientos para su tratamiento, seguimiento y control.
Artículo 19°.- Prácticas cuestionables
Las empresas deben establecer los sistemas internos apropiados que faciliten la denuncia oportuna e
investigación de las actividades no autorizadas, ilícitas, fraudulentas y otras prácticas cuestionables
definidas por la empresa, identificadas por cualquier trabajador o por alguna persona que interactúa
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con ésta. Dichas actividades deben ser reportadas a la unidad de auditoría interna o unidad
organizativa encargada de su gestión, para lo cual la empresa debe implementar procedimientos que
permitan mantener la confidencialidad del denunciante. En el caso de los hechos significativos, la
unidad de auditoría interna, bajo responsabilidad, debe comunicar a esta Superintendencia, conforme
con lo establecido en el Reglamento de Auditoría Interna.
CAPÍTULO IV
SISTEMA DE REMUNERACIONES
Artículo 20°.- Diseño del sistema de remuneraciones
Las empresas deben contar con un sistema de remuneraciones para sus trabajadores y los miembros
del directorio, coherente con su estrategia de negocio y políticas, y que evite potenciales conflictos de
intereses. Este sistema debe corresponder con la naturaleza, tamaño y complejidad de las
operaciones y servicios de la empresa.
El sistema de remuneraciones debe incluir políticas y procedimientos que definan los criterios e
indicadores para determinar la remuneración variable de los trabajadores de la empresa y de los
miembros del directorio, de ser aplicable. Dichos criterios e indicadores deben estar acordes con los
objetivos propios de sus funciones, la frecuencia y forma de pago. Los trabajadores y miembros del
directorio deben tener acceso a dichas políticas.
Artículo 21°.- Vinculación con el desempeño de la empresa
Los criterios utilizados para el cálculo de la remuneración variable de los trabajadores y miembros del
directorio deben tener en cuenta el desempeño global y la gestión a largo plazo de la empresa. El
horizonte de tiempo asociado debe considerar los riesgos propios de las operaciones de la empresa.
El sistema de remuneraciones debe definir los supuestos bajo los cuales se inhabilite la aplicación de
cláusulas de blindaje y de acuerdos que garanticen el pago de remuneración variable, de ser el caso.
Estos criterios deben estar contemplados en los contratos que suscriba la empresa con sus
trabajadores y en el documento de aceptación del cargo de los miembros del directorio.
CAPÍTULO V14
EVALUACIÓN DE REQUISITOS E IMPEDIMENTOS DE ACCIONISTAS, DIRECTORES,
GERENTES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS
SUBCAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 21-A.- Evaluación de requisitos e impedimentos
14
Incorporado por Resolución SBS No.211 -2021, vigente a partir del 1 de febrero de 2021, adecuación 1 de
noviembre de 2021
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Las empresas deben implementar políticas y procedimientos para el cumplimiento de los requisitos de
idoneidad moral, idoneidad técnica y solvencia económica de sus accionistas, beneficiarios finales,
directores, gerentes y principales funcionarios, según corresponda, así como su no incursión en los
impedimentos establecidos en la Ley.
Dichas políticas y procedimientos deben permitir a las empresas el monitoreo del cumplimiento de lo
indicado en el párrafo anterior para una evaluación actualizada de la información sobre los requisitos e
impedimentos y para la adopción de las decisiones que correspondan, cuando se identifique o se
presuma su incumplimiento.
Artículo 21-B.- Responsabilidades del directorio
El directorio es responsable por:
a) Aprobar políticas, manuales y procedimientos para la evaluación y monitoreo del cumplimiento de
los requisitos de idoneidad moral, idoneidad técnica y solvencia económica, y de la no incursión
en los impedimentos establecidos en la Ley, de sus accionistas, beneficiarios finales, directores,
gerentes y principales funcionarios, según corresponda.
b) Aprobar y vigilar la implementación y funcionamiento del sistema para la evaluación y monitoreo
del cumplimiento de los requisitos de idoneidad moral, idoneidad técnica y solvencia económica, y
de la no incursión en los impedimentos establecidos en la Ley, de sus accionistas, beneficiarios
finales, directores, gerentes y principales funcionarios, según corresponda.
c) Implementar acciones correctivas en aquellos casos que, como resultado de la evaluación de la
idoneidad moral, idoneidad técnica y solvencia económica de los accionistas, beneficiarios
finales, directores, gerentes y principales funcionarios, según corresponda, se determine que
puedan afectar de forma negativa a la empresa.
SUBCAPÍTULO II
REQUISITOS E IMPEDIMENTOS
Artículo 21-C.- Requisitos e impedimentos para accionistas
Los accionistas y sus beneficiarios finales deben cumplir permanentemente con los requisitos de
idoneidad moral y solvencia económica, y no incurrir en los impedimentos establecidos en los artículos
20, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General y el artículo 5 del Reglamento del TUO de la Ley del Sistema
Privado de Pensiones, según corresponda.
Artículo 21-D.- Requisitos e impedimentos para directores
Los directores de empresas deben cumplir permanentemente con los requisitos de idoneidad técnica y
moral, y no deben estar incursos en los impedimentos previstos en el artículo 81 de la Ley General y
el artículo 25 del Reglamento del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, según
corresponda, así como en otros supuestos establecidos en normas especiales respecto a esta
materia.
Los directores de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito deben cumplir, adicionalmente, con los
requisitos establecidos en el Reglamento para la elección de los representantes al directorio de las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, aprobado por Resolución SBS N° 5788-2015.
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En el caso de directores independientes, adicionalmente a lo dispuesto en los párrafos anteriores,
estos deben cumplir con los requisitos establecidos en el inciso k) del artículo 2 y el artículo 6 del
presente Reglamento, así como con las disposiciones contenidas en el Título III del Compendio de
Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones, aprobado mediante Resolución N° 053-98-EF/SAFP y sus normas modificatorias.
Artículo 21-E.- Requisitos e impedimentos para gerentes y principales funcionarios
Los gerentes y principales funcionarios deben cumplir permanentemente con los requisitos de
idoneidad técnica y moral, además de las disposiciones establecidas en el artículo 92 de la Ley
General y 32 del Reglamento del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, concordado con
el artículo 6 de la Ley N° 27328, Ley que incorpora bajo el control y supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
según corresponda.
SUBCAPÍTULO III
EVALUACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA
Artículo 21-F.- Informe de evaluación de nuevos accionistas
La evaluación de los requisitos de idoneidad moral y solvencia económica de los potenciales
accionistas, así como su no incursión en los impedimentos establecidos en la Ley General y en el
Reglamento del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones señalados en el artículo 21-C, se
realiza conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General y el Reglamento de Autorización.
En el caso de potenciales propietarios significativos y beneficiarios finales que buscan adquirir la
propiedad de más del diez por ciento (10%) del capital social de la empresa en forma directa o por
conducto de terceros, la evaluación mencionada en el párrafo anterior es realizada por la
Superintendencia y se rige, además de por las normas indicadas en el párrafo precedente, por el
Reglamento de adquisición de la propiedad en el capital social de las empresas supervisadas y de los
propietarios significativos, aprobado por Resolución SBS N° 6420-2015.
Para la adquisición de un porcentaje menor del diez por ciento (10%) del capital social de la empresa
en forma directa o por conducto de terceros, la empresa debe presentar a la Superintendencia un
informe de evaluación del cumplimiento de los requisitos de idoneidad moral y solvencia económica,
así como de la no incursión en los impedimentos, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del
mes siguiente de la adquisición.
En caso de la adquisición de acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, a
través de mecanismos centralizados de negociación, la empresa debe presentar a la
Superintendencia un informe de evaluación del cumplimiento de los requisitos y la no incursión en los
impedimentos, cuando la participación adquirida, directa o indirectamente, sea superior al tres por
ciento (3%) del capital social de la empresa y se mantenga por un período mayor a treinta (30) días,
dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente.
Las empresas deben elaborar los informes de evaluación señalados en los párrafos anteriores,
conforme a las políticas, manuales y procedimientos aprobados por el directorio.
En los casos citados en que existe la obligación de presentar a la Superintendencia un informe y
siempre que la participación adquirida, directa o indirectamente, sea superior al tres por ciento (3%)
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del capital social de las empresas, estas deben adjuntar a dicho informe, a través del medio que
disponga la Superintendencia:
a) El Anexo III del Reglamento de Autorización, tratándose de accionistas personas naturales, o los 2
últimos estados financieros, considerando lo dispuesto en el numeral iv del inciso c del párrafo 6.2 del
artículo 6 del Reglamento de Autorización, tratándose de personas jurídicas, y
b) El Anexo I del Reglamento de Autorización
Artículo 21-G.- Informe de evaluación de nuevos directores, gerentes y principales funcionarios
De forma previa a la elección de los nuevos directores, así como a la designación y/o nombramiento
de los nuevos gerentes y principales funcionarios, la empresa debe realizar la evaluación del
cumplimiento de los requisitos y la no incursión en los impedimentos conforme a las disposiciones
establecidas en la Ley General y en el Reglamento de Autorización.
La empresa debe presentar a la Superintendencia un informe de evaluación del cumplimiento de los
requisitos y la no incursión en los impedimentos antes señalados, en un plazo no mayor a cinco (5)
días hábiles posteriores a la elección del director, o designación y/o nombramiento de los gerentes y
principales funcionarios.
Las empresas deben elaborar los informes de evaluación señalados en los párrafos anteriores,
conforme a las políticas, manuales y procedimientos aprobados por el directorio.
Las empresas deben adjuntar a dicho informe los Anexos I y II del Reglamento de Autorización en el
medio que la Superintendencia disponga.
Artículo 21-H.- Informes de evaluación
Las empresas deben contar con los informes de evaluación de los accionistas, beneficiarios finales,
directores, gerentes y principales funcionarios; los cuales deben ser elaborados conforme a las
políticas, manuales y procedimientos aprobados por el directorio y deben mantenerse actualizados y
estar a disposición de la Superintendencia.
Artículo 21-I.- Comunicación de hechos al Directorio y a la Superintendencia
Las empresas deben establecer en sus procedimientos y políticas internas que deben poner en
conocimiento del directorio y de la Superintendencia, la ocurrencia de cualquier hecho que
presuntamente pueda afectar de forma negativa la idoneidad moral, idoneidad técnica o solvencia
económica de los accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y principales funcionarios,
según corresponda. La puesta en conocimiento a la Superintendencia debe realizarse dentro de los
cinco (5) días hábiles de haber tomado conocimiento de la ocurrencia del hecho.
SUBCAPÍTULO IV
SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA
Artículo 21-J.- Supervisión
La Superintendencia supervisa el cumplimiento de lo establecido en la Ley y en este Reglamento,
haciendo uso de las facultades asignadas por las normas vigentes. Para estos efectos, la
Superintendencia puede requerir la siguiente información:
a) Los sustentos que permitan acreditar la evaluación realizada por la empresa.
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b) Información de los accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y principales
funcionarios, conforme a los cuestionarios del Reglamento de Autorización, la cual puede ser
requerida directamente o a través de la empresa.
c) Documentación suscrita por los accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y
principales funcionarios.
d) Los sustentos documentales y otros que permitan acreditar la veracidad de la información de las
declaraciones juradas.
Artículo 21-K.- Carácter de declaración jurada
Toda información proporcionada a la Superintendencia por la empresa tiene carácter de declaración
jurada.
Artículo 21-L.- Reuniones con la Superintendencia
La Superintendencia puede convocar, cuando lo estime conveniente, a los accionistas, directores,
gerentes y principales funcionarios, a reuniones relacionadas al cumplimiento de los requisitos
definidos en el Reglamento de Autorización.
Artículo 21-M.- Evaluación por parte de la Superintendencia
La Superintendencia analiza la información recibida de las empresas y la que pueda ser obtenida por
otras fuentes y, teniendo en cuenta el impacto que puedan tener los criterios evaluados en la
confianza, reputación e integridad de los sistemas supervisados, determina los casos de
incumplimiento de los requisitos de idoneidad moral, idoneidad técnica o solvencia económica, así
como la incursión en alguno de los impedimentos de la ley, y comunica ello a la empresa y/o a la
persona evaluada.
La evaluación de los requisitos y la no incursión en los impedimentos, se realiza conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley General y en el Reglamento de Autorización.
Si la Superintendencia determina que un accionista, beneficiario final, director, gerente o principal
funcionario incumple algún requisito o se encuentra incurso en alguno de los impedimentos de la ley,
esta lo comunica a la empresa, con la finalidad de que el directorio, en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles desde la fecha de recibida la comunicación de la Superintendencia, informe sobre la
implementación de las acciones correctivas aplicadas al accionista, beneficiario final, director, gerente,
o principal funcionario, según corresponda. La Superintendencia puede requerir la aplicación de las
medidas establecidas en el artículo 59 y el literal b) del inciso 1 del artículo 381 de la Ley General, así
como el último párrafo del artículo 13-A del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones
Artículo 21-N.- Infracciones y sanciones
La Superintendencia establece la tipificación de las infracciones y sanciones aplicables a los
incumplimientos de las disposiciones contenidas en este Reglamento e inicia un procedimiento
sancionador, cuando corresponda.
TÍTULO III
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
CAPÍTULO I
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ASPECTOS GENERALES
Artículo 22°.- Gestión Integral de Riesgos
La Gestión Integral de Riesgos es un proceso efectuado por el directorio, la gerencia y el personal
aplicado a toda la empresa y en la definición de su estrategia, diseñado para identificar potenciales
eventos que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo a su apetito por el riesgo y proveer una
seguridad razonable en el logro de sus objetivos.
La Gestión Integral de Riesgos incluye la totalidad de la empresa, sus líneas de negocio, procesos y
unidades organizativas, a través de todos sus riesgos relevantes.
Las empresas deben diseñar y aplicar una gestión integral de riesgos, adecuada a su naturaleza,
tamaño y a la complejidad de sus operaciones y servicios, así como al entorno macroeconómico que
afecta a los mercados en los que opera la empresa.
Las empresas deben contar con un marco de gestión de riesgos que se adapte a su organización y
necesidades, el que debe considerar los elementos descritos a continuación, los que podrán ser
reagrupados en la forma que se estime más adecuada a las características particulares de la empresa
y su metodología:
a) Ambiente interno.- que comprende, entre otros, la cultura y valores corporativos, la idoneidad
técnica y moral de sus funcionarios; la estructura organizacional; y las condiciones para la
delegación de facultades y asignación de responsabilidades.
b) Establecimiento de objetivos.- proceso por el que se determinan los objetivos que deben de
encontrarse de acuerdo con el apetito por el riesgo y dentro de su capacidad de riesgo.
c) Identificación de riesgos.- proceso por el que se identifican los riesgos internos y externos, y
que considera, según sea apropiado, los posibles eventos y escenarios asociados.
d) Evaluación de riesgos.- proceso por el que se evalúa el riesgo de una empresa, línea de
negocio, portafolio o producto; mediante técnicas cualitativas o cuantitativas.
e) Respuesta al riesgo.- proceso por el que se opta por aceptar el riesgo, disminuir la probabilidad
de ocurrencia, disminuir el impacto, transferirlo total o parcialmente, evitarlo, o una combinación
de las medidas anteriores, de acuerdo con el nivel de apetito y límites de riesgo definidos.
f) Control.- proceso que busca asegurar que las medidas de respuesta al riesgo se cumplan de
acuerdo con lo previsto.
g) Información y comunicación.- proceso por el que se informa al directorio, gerencia, comité de
riesgos y otros involucrados, según corresponda.
h) Monitoreo.- proceso que consiste en la evaluación periódica del adecuado funcionamiento de la
gestión integral de riesgos.
Artículo 23°.- Tipos de riesgos
Los riesgos pueden surgir por diversas fuentes, internas o externas, y pueden agruparse en diversas
categorías o tipos. A continuación se enumera una lista no limitativa de los diversos tipos de riesgos a
que está expuesta una empresa:
a) Riesgo de crédito
La posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los deudores, emisores,
contrapartes, o terceros obligados, para cumplir sus obligaciones contractuales.
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b) Riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
La posibilidad de que la empresa sea utilizada para fines de lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo. Esta definición excluye el riesgo de reputación y el operacional.
c) Riesgo de liquidez
La posibilidad de pérdidas por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales
para hacer frente a obligaciones, así como por el hecho de no poder cerrar rápidamente
posiciones abiertas o cubrir posiciones en la cantidad suficiente y a un precio razonable.
d) Riesgo de mercado
La posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones en las tasas de interés, los tipos de
cambio, los precios de instrumentos de renta variable y otros precios de mercado, que incidan
sobre la valuación de las posiciones en los instrumentos financieros.
e) Riesgo de reputación
La posibilidad de pérdidas por la disminución de la confianza en la integridad de la institución que
surge cuando el buen nombre de la empresa es afectado. El riesgo de reputación puede
presentarse a partir de otros riesgos inherentes en las actividades de una organización.
f) Riesgo técnico
La posibilidad de pérdidas o modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en
virtud de los contratos de seguros, de reaseguros y de coaseguros. En el caso de los seguros de
no-vida, se consideran las fluctuaciones relacionadas con la frecuencia, la severidad, y la
liquidación de los siniestros. Para el caso de los seguros de vida, esto puede incluir la posibilidad
de pérdidas por variaciones en el nivel, la tendencia o la volatilidad de las tasas de mortalidad,
longevidad, invalidez, morbilidad, renovación o rescate de los contratos de seguros, entre otros
parámetros y supuestos, así como de los gastos de ejecución de dichas obligaciones.
g) Riesgo de reaseguro15
La posibilidad de pérdidas en caso de insuficiencia de la cobertura de reaseguro contratada por
la empresa de seguros cedente, cuando las necesidades de reaseguro no fueron identificadas,
determinadas o precisadas adecuadamente en los contratos; o cuando el reasegurador no se
encuentra en capacidad de cumplir sus compromisos de pago, o no está dispuesto a pagarlos
por discrepancias en la aplicación de las condiciones del contrato de seguro y/o de reaseguro;
así como la demora en los pagos del reasegurador que puedan afectar los flujos de efectivo de la
cedente, generando un riesgo de liquidez. También comprende los riesgos asumidos por la
empresa cuando participa como reasegurador en operaciones de reaseguro aceptado.
h) Riesgo estratégico
La posibilidad de pérdidas por decisiones de alto nivel asociadas a la creación de ventajas
competitivas sostenibles. Se encuentra relacionado a fallas o debilidades en el análisis del
mercado, tendencias e incertidumbre del entorno, competencias claves de la empresa y en el
proceso de generación e innovación de valor.
i) Riesgo operacional
La posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología
de información, o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo
estratégico y de reputación.
CAPÍTULO II
UNIDAD DE RIESGOS
15
Literal modificado mediante Resolución SBS N° 4706-2017 del 06/12/2017
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Artículo 24°.- Unidad de riesgos
La gestión integral de riesgos requiere que las empresas se organicen de acuerdo con su complejidad
y líneas de negocio en que operan. En este sentido, las empresas deben contar con una unidad
centralizada o con unidades especializadas en la gestión de riesgos específicos, de acuerdo con la
naturaleza, tamaño, complejidad de las operaciones y servicios de la empresa, siempre que, cuando
sean estas tomadas en su conjunto, permitan la implementación de los criterios previstos en el
Reglamento.
La Superintendencia podrá requerir la creación de una unidad de riesgos integral en empresas que a
su criterio resulten complejas, y cuando se observe en el ejercicio de las acciones de supervisión que
no se cumple con los criterios previstos en la normativa vigente. Asimismo, la Superintendencia puede
requerir a las empresas crear unidades de riesgos especializadas, de considerarlo necesario.
Los integrantes de la unidad de riesgos deben poseer la experiencia y los conocimientos que les
permitan el apropiado cumplimiento de sus funciones, para lo cual se debe establecer un plan de
capacitación que será presentado al directorio anualmente.
Las empresas comprendidas en el artículo 17° de la Ley General, las Derramas y Cajas de Beneficios
bajo control de la Superintendencia, así como la FEPCMAC y el FOCMAC podrán asignar las
funciones de la unidad de riesgo a la gerencia, a menos que la Superintendencia requiera que se
cuente con dicha unidad.
Artículo 25°.- Funciones de la unidad de riesgos
La unidad de riesgos es la encargada de apoyar y asistir a las demás unidades de la empresa para la
realización de una buena gestión de riesgos en sus áreas de responsabilidad, y para ello debe ser
independiente de las unidades de negocios.
Son funciones de la unidad de riesgos:
a) Proponer las políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para la gestión integral de
riesgos en la empresa, incluyendo los roles y responsabilidades.
b) Participar en el diseño y permanente mejora y adecuación de los manuales de gestión de
riesgos.
c) Velar por una adecuada gestión integral de riesgos, promoviendo el alineamiento de la toma de
decisiones de la empresa con el sistema de apetito por el riesgo.
d) Guiar la integración entre la gestión de riesgos, los planes de negocio y las actividades de
gestión empresarial.
e) Establecer un lenguaje común de gestión de riesgos basado en las definiciones de esta norma y
de los demás reglamentos aplicables.
f) Estimar las necesidades de patrimonio que permitan cubrir los riesgos que enfrenta la empresa y
alertar a la gerencia y al comité de riesgos o directorio, según sea el caso, sobre las posibles
insuficiencias de patrimonio efectivo.
g) Informar a la gerencia y al comité de riesgos o directorio, según sea el caso, los aspectos
relevantes de la gestión de riesgos para una oportuna toma de decisiones.
h) Informar al comité de riesgos o directorio, según sea el caso, acerca de los riesgos asociados al
lanzamiento de nuevos productos, y a los cambios importantes en el ambiente de negocios, el
ambiente operativo o informático, de forma previa a su lanzamiento o ejecución; así como de las
medidas de tratamiento propuestas o implementadas.
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Artículo 26°.- Jefe de la unidad de riesgos
El jefe de la unidad de riesgos debe tener formación académica y experiencia asociadas al
cumplimiento de sus funciones, y debe coordinar permanentemente con la gerencia, el comité de
riesgos, el comité de auditoría, los comités especializados, las unidades de negocio y de apoyo, en
cuanto a la gestión integral de riesgos realizada por la empresa.
El jefe de la unidad de riesgos debe tener nivel gerencial y reportar directamente al directorio o a la
gerencia o al comité de riesgos de la empresa, según sea el caso. Además, es responsable de
informar al directorio, a los comités respectivos y a las áreas de decisión correspondientes, sobre los
riesgos, los grados de exposición asumidos y la gestión de estos, de acuerdo con las políticas y
procedimientos establecidos por la empresa.
Lo referido anteriormente es de igual aplicación a los jefes de las unidades de riesgos especializadas,
en caso no exista una unidad de riesgos centralizada.
Artículo 27°.- Informe Anual de Riesgos
La unidad de riesgos debe elaborar al cierre de cada ejercicio, un informe anual de riesgos, el que
debe incluir el plan de actividades para el ejercicio siguiente. El referido informe deberá ser remitido a
la Superintendencia dentro de los noventa (90) días posteriores al cierre de cada año.
Mediante oficio múltiple, la Superintendencia podrá definir la estructura mínima del informe anual de
riesgos, o requerir informes parciales por riesgos, informes periódicos de situación, así como su
presentación por medios electrónicos.
CAPÍTULO III
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Artículo 28°.- Función de cumplimiento normativo
La función de cumplimiento normativo incorpora la evaluación y monitoreo del cumplimiento de toda la
normativa aplicable a la empresa supervisada, tiene como objetivo identificar y poner en conocimiento
oportuno de las áreas responsables de las empresas aquellas normas externas que tienen un impacto
directo en las funciones que estas realizan, así como las normas internas vinculadas, a fin de que se
tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento a dichas disposiciones.
Las empresas deben determinar la forma más apropiada y eficiente de implementar la función de
cumplimiento normativo de acuerdo con sus propias necesidades y organización interna, asegurando
que dicha función cuente con recursos suficientes para realizar una labor efectiva. Ello no implica
necesariamente la conformación de una unidad organizativa pero sí la existencia de la función y el
nombramiento de un encargado de dicha labor denominado Oficial de Cumplimiento Normativo, el
cual debe contar con nivel gerencial que será designado por el directorio de la empresa, de quien
dependerá y a quien le reportará de manera directa.
La Superintendencia podrá requerir que las empresas constituyan unidades organizativas dedicadas
de manera exclusiva a la función de cumplimiento, atendiendo a su naturaleza, tamaño y a la
complejidad de sus operaciones y servicios.
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Los oficiales de cumplimiento normativo deben ser independientes respecto de las actividades de las
unidades de riesgos y de negocios y contar con conocimientos sólidos de la normativa aplicable a la
empresa, así como de su impacto en las operaciones que esta realiza.
Las actividades realizadas en el marco de la función de cumplimiento normativo deberán estar sujetas
a revisión periódica por parte de la Unidad de Auditoría Interna, no encontrándose esta sujeta al
monitoreo y evaluación de la función de cumplimiento normativo.
Artículo 29°.- Responsabilidades y funciones del Oficial de cumplimiento normativo
Las responsabilidades y funciones del oficial de cumplimiento normativo, entre otras contempladas en
el Reglamento, son las siguientes:
a) Proponer al directorio las políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para el
cumplimiento de los requerimientos regulatorios de la empresa.
b) Proponer al directorio un programa de cumplimiento anual.
c) Informar de manera continua y oportuna al directorio y a la gerencia con respecto a las acciones
necesarias para un buen cumplimiento normativo y las posibles brechas existentes, así como de
los principales cambios en el ambiente normativo que puedan producir un impacto en las
operaciones de la empresa.
d) Informar semestralmente al directorio y a la gerencia sobre el progreso de la implementación de
las medidas de adecuación normativa.
e) Orientar y capacitar al personal de la empresa con respecto a la importancia del cumplimiento
normativo y de las responsabilidades que se derivan en caso de incumplimiento.
f) Brindar seguridad razonable al directorio y a la gerencia de que las políticas y procedimientos
relacionados con el cumplimiento normativo logran que la empresa cumpla con los
requerimientos regulatorios.
g) Proponer al directorio medidas correctivas en caso de presentarse fallas en la aplicación de la
función de cumplimiento normativo.
Artículo 30°.- Políticas y procedimientos de cumplimiento normativo
El directorio de la empresa debe aprobar las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, en
un documento formal en el cual se establezca una función de cumplimiento normativo permanente y
efectiva en la empresa. Dicho documento debe contener los criterios a seguir por la gerencia y el
personal, y explicar los principales procesos que permitirán prevenir, identificar y mitigar la posibilidad
del incumplimiento normativo en todos los niveles de la organización. El referido documento debe
encontrarse a disposición de la Superintendencia.
Artículo 31°.- Programa de cumplimiento anual
El directorio debe aprobar el programa de cumplimiento anual antes del 31 de diciembre de cada año.
Dicho programa debe exponer las actividades programadas, la implementación de estas, y estar a
disposición de esta Superintendencia.
El programa de cumplimiento anual de las empresas debe indicar, además de las actividades
relacionadas a la responsabilidad de la función de cumplimiento normativo, lo siguiente:
a) Elaborar informes de autoevaluación de cumplimiento de las normas externas, así como de las
normas internas vinculadas a aquellas que tienen impacto directo en la empresa, de acuerdo con
la metodología establecida por ella.
b) Establecer la duración de las actividades programadas inicio y término, así como determinar las
áreas involucradas y los entregables por cada actividad propuesta.
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Posteriormente, la Superintendencia podrá requerir lineamientos adicionales a incluir en el programa
de cumplimiento anual mediante oficio múltiple.
Artículo 32°.- Relación de la función de cumplimiento normativo con la gestión de riesgos de
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como con la función del sistema de
atención al usuario
La Superintendencia, en razón a la naturaleza, tamaño y complejidad de operaciones y servicios de la
empresa, podrá autorizar que las funciones de cumplimiento normativo puedan ser compartidas con
las funciones de gestión de riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, o con las
funciones de atención al usuario, para lo cual se debe tomar en cuenta la regulación especial sobre
dichas materias.
La Superintendencia precisará mediante normas de carácter general los requisitos mínimos de
información asociados a dicha solicitud de autorización.
Artículo 33°.- Oficial de cumplimiento normativo a nivel corporativo
Las empresas que formen parte de un grupo económico pueden designar a un oficial de cumplimiento
normativo a nivel corporativo; dicha designación debe contar con autorización previa de esta
Superintendencia. Este funcionario no puede ser el oficial de cumplimiento corporativo de prevención
y gestión de riesgos de lavado y de financiamiento del terrorismo.
Para la autorización del cargo de oficial de cumplimiento normativo corporativo, las empresas deben
presentar una solicitud de autorización, suscrita por cada uno de los representantes de los integrantes
del grupo económico, adjuntando un informe técnico que sustente la viabilidad de contar con un oficial
de cumplimiento normativo corporativo. La solicitud debe estar acompañada de la siguiente
información:
a) Relación de las entidades integrantes del grupo económico que contarán con un oficial
de cumplimiento normativo corporativo;
b) Relación del personal a cargo del oficial de cumplimiento normativo corporativo y de los
coordinadores designados por cada integrante del grupo;
c) Informe que sustente la forma en que se dará cumplimiento a las disposiciones vigentes
en materia de cumplimiento normativo, para cada uno de los integrantes del grupo
económico que se encontrarían en el ámbito de la función corporativa;
d) En caso que la función de cumplimiento normativo a nivel corporativo sea compartida
con otras funciones, informe que sustente la forma en que se dará cumplimiento a dichas
funciones compartidas;
e) Currículum vitae del oficial de cumplimiento normativo corporativo;
f) Razones por las que se solicita la designación de un oficial de cumplimiento normativo
corporativo; y,
g) Otra documentación a solicitud de la Superintendencia.
Si en uso de sus facultades de supervisión, se determina que el ejercicio práctico de las funciones del
oficial de cumplimiento normativo corporativo no permite un adecuado cumplimiento de las
disposiciones contempladas en el Reglamento por parte de las empresas integrantes del grupo
económico, la Superintendencia podrá requerir el cumplimiento de la función de cumplimiento
normativo a nivel individual.
Artículo 34°.- Coordinador Corporativo en materia de cumplimiento normativo
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Las empresas integrantes de un grupo económico que cuenten con un oficial de cumplimiento
normativo corporativo deben designar un coordinador en cada empresa integrante del grupo
económico, el cual estará encargado de coordinar directamente todos los temas relacionados a la
función de cumplimiento normativo.
16
CAPÍTULO IV
BIENES Y/O SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS
Artículo 35.- Aspectos generales
35.1. Los bienes y/o servicios provistos por terceros son aquellos entregados a la empresa por parte
de un proveedor.
35.2. En caso se trate de un bien y/o servicio que pudiera ser desarrollado por la empresa pero
decide solicitarlo a través de un tercero, se configura la modalidad de subcontratación.
35.3. Los bienes y/o servicios significativos provistos por terceros son aquellos que, en caso de falla o
suspensión, pueden poner en riesgo importante a la empresa al afectar sus ingresos, solvencia,
continuidad operativa o reputación. En caso de que algún bien y/o servicio significativo sea provisto
por un tercero bajo la modalidad de subcontratación, la subcontratación se considera significativa.
35.4. Un proveedor es considerado significativo cuando provee servicios significativos, se encuentre o
no, bajo la modalidad de subcontratación.
Artículo 36.- Bienes y/o servicios provistos por terceros
36.1 Los riesgos asociados a la entrega de bien y/o servicios provistos por terceros deben ser
gestionados como parte del marco de gestión integral de riesgos de la empresa.
36.2 La empresa es responsable de los resultados de los bienes y/o servicios provistos por terceros
bajo la modalidad de subcontratación.
36.3 La empresa debe realizar una evaluación de los riesgos asociados a los servicios significativos
provistos por terceros, ya sea que se encuentren o no bajo la modalidad de subcontratación. Dicha
evaluación debe ser presentada al directorio para su aprobación.
36.4 En el caso de subcontratación significativa se debe contar con cláusulas que faciliten una
adecuada revisión de la respectiva prestación por parte de las empresas, de la unidad de auditoría
interna, de la sociedad de auditoría externa, así como por parte de la Superintendencia o las personas
que esta designe, en los contratos suscritos con los proveedores.
36.5 La subcontratación de las funciones de la gestión de riesgos es considerada como significativa
para fines de este Reglamento.
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Sustituido por la Resolución SBS N° 504-2021 del 22/02/2021 vigente a partir del 01.07.2021.
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36.6 Esta Superintendencia puede definir requisitos adicionales para algunos bienes y/o servicios
específicos provistos por terceros.
Artículo 37°.- Autorización para la contratación de bienes y/o servicios significativos provistos
por terceros
La contratación de los siguientes bienes y/o servicios significativos requiere autorización previa de
esta Superintendencia y debe sujetarse a lo establecido en las normas reglamentarias específicas:
a) La subcontratación significativa de auditoría interna, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Auditoría Interna o norma que lo sustituya;
b) Otros que indique la Superintendencia mediante norma general.”
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
Primera.- Disponibilidad de la información
Toda información referida a la implementación de las disposiciones y requerimientos a los que se
hacen referencia en el Reglamento, debe estar a disposición de esta Superintendencia.
Segunda.- Medidas prudenciales
La Superintendencia podrá requerir a las empresas la adopción de medidas prudenciales adicionales
a las previstas en el Reglamento, con el propósito de atenuar la exposición a los riesgos que
enfrentan y/o permitir una efectiva supervisión.
Tercera.- Autorización para Comités corporativos
Se requiere autorización expresa de la Superintendencia para que un Comité Corporativo de la Casa
Matriz realice funciones de alguno de los comités del Directorio. Para ello, las empresas deberán
solicitar autorización indicando la forma en que se cumplirán las disposiciones señaladas en el
presente Reglamento y los siguientes aspectos, obligaciones que permanecen mientras se encuentre
vigente la autorización:
a) Se debe evaluar que el sistema de gestión, tomado en su conjunto, cumpla sustancialmente
con los criterios mínimos indicados en la presente normativa.
b) Cuando la organización recibe diversos servicios de su casa matriz, se debe asegurar que
tomados en su conjunto igualen o excedan los criterios previstos en el Reglamento.
c) Cuando se requiera por fines de estandarización y lenguaje común con su casa matriz, a fin de
aprovechar ventajas metodológicas, como por ejemplo conocimiento y experiencia demostrada
en diseño e implementación de gestión de riesgos acorde con buenas prácticas,
infraestructura, y métodos y procedimientos, se debe demostrar un claro conocimiento y
gestión de los riesgos a los que están expuestos.
Esta Superintendencia podrá suspender en cualquier momento las autorizaciones concedidas a que
hace referencia esta norma, cuando en el ejercicio de su función supervisora observe que las
circunstancias lo ameritan, que la empresa ha incumplido con las obligaciones previstas, o que la
autorización concedida no ha contribuido a una mejora de su práctica de gestión de riesgos, lo que
comunicará a la empresa mediante oficio.
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Las autorizaciones especiales otorgadas durante la vigencia del Reglamento de la Gestión Integral de
Riesgos, aprobado por Resolución SBS N°037-2008 y sus normas modificatorias deberán ser
adecuadas al presente Reglamento.
Cuarta.- Informes de evaluación de accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y
17
principales funcionarios
Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 21-H, los informes de evaluación de los accionistas,
beneficiarios finales, directores, gerentes y principales funcionarios deberán ser elaborados y puestos
a disposición de esta Superintendencia, en el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia
de dicho artículo, sin perjuicio de que la Superintendencia pueda requerir estos informes, en cualquier
oportunidad, para fines de supervisión.
Artículo Segundo.- Modificar el Anexo “Actividades
Programadas” del Reglamento de Auditoría Interna, aprobado por Resolución SBS N° 11699-2008 y
sus normas modificatorias, de acuerdo con lo siguiente:
Incorporar como numerales 16 de la sección I “Empresas señaladas en los literales A y B del
artículo 16° de la Ley General (excepto las empresas afianzadoras y de garantías), Banco de
la Nación, Banco Agropecuario, Fondo Mivivienda y Corporación Financiera de Desarrollo
(COFIDE)”, 20 de la sección II “Empresas de Seguros y/o Reaseguros”, 9 de la sección III
“Empresas de Servicios Complementarios y Conexos”, 11 de la sección IV “Empresas
afianzadoras y de garantías”, 9 de la sección V “Derramas y Cajas de Pensiones” y 10 de la
sección VI “Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP)”, el siguiente texto:
“Evaluación del sistema de remuneraciones para los trabajadores y miembros del
directorio, el que debe incluir por lo menos:
- Criterios de medición, evaluación, periodicidad y forma de pago, así como la
correspondencia entre los indicadores utilizados para medir el desempeño con el
apetito por el riesgo definidos por la empresa.
- Políticas referidas a la remuneración variable, que incluya bonos por cumplimiento
del plan estratégico, bonos por productividad anuales, entre otros.”
Artículo Tercero.- Eliminar en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos –TUPA de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aprobado
mediante Resolución Nº 3082-2011 y sus normas modificatorias, el procedimiento N°110 denominado
“Autorizaciones Especiales sobre la Gestión Integral de Riesgos”.
Artículo Cuarto.- Incorporar los procedimientos N° 170
“Autorización para la designación del oficial de cumplimiento normativo corporativo” y N° 171
“Autorización para Comités Corporativos” en el Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aprobado mediante Resolución Nº 3082-2011 y sus
17
Incorporado por Resolución SBS No. 211-2021, vigente a partir del 1 de febrero de 2021, adecuación 1 de
noviembre de 2021
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normas modificatorias, conforme el texto que se adjunta a la presente resolución y se publica
conforme con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2008-PCM, reglamento de la Ley N° 29091.
(Portal institucional: www.sbs.gob.pe).
Artículo Quinto.- En un plazo que no debe exceder de
ciento veinte (120) días de la vigencia de la presente Resolución, las empresas deben remitir a esta
Superintendencia un plan de adecuación respecto de todas las disposiciones contenidas en el
Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos a que se refiere el artículo
Primero de la presente Resolución.
El plan de adecuación debe ser aprobado por el directorio y debe incluir un diagnóstico preliminar de
la situación existente en la empresa, los órganos de gobierno, el sistema de remuneraciones y la
gestión integral de riesgos, así como las acciones previstas para la total adecuación, su cronograma, y
los funcionarios responsables del cumplimiento de dicho plan, así como las aprobaciones de las
adecuaciones en las sesiones más inmediatas del directorio y junta general de accionistas, en lo que
corresponda. La Superintendencia, mediante oficio múltiple, podrá dictar mayores precisiones sobre el
contenido del plan.
Las empresas que fueron autorizadas de acuerdo con el procedimiento N° 110 “Autorizaciones
Especiales sobre la Gestión Integral de Riesgos” conforme al Reglamento de la Gestión Integral de
Riesgos, aprobada por Resolución SBS N°037-2008 y sus normas modificatorias, deberán incluir en
el plan de adecuación el diagnostico referido en el párrafo anterior.
Artículo Sexto.- Incorporar como último párrafo del
artículo N° 6°-A del Título III del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del
Sistema Privado de Pensiones aprobado mediante Resolución N°053-98-EF/SAFP y sus normas
modificatorias, el siguiente:
“(...)
El director independiente ejerce dicho cargo en la AFP por un plazo máximo de diez (10) años
contados desde su primera designación.”
Artículo Séptimo.- Toda referencia al Reglamento de la
Gestión Integral de Riesgos, aprobado por la Resolución SBS N°037-2008 y sus normas
modificatorias, en las normas emitidas por esta Superintendencia, se sustituye por el Reglamento de
Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado por el artículo Primero de la
presente Resolución.
Artículo Octavo.- Toda referencia al término “tolerancia
al riesgo” en las normas emitidas por esta Superintendencia, debe entenderse como el conjunto de
límites de riesgo que la empresa ha determinado y que se encuentra dentro de su capacidad de
riesgo.
Artículo Noveno.- Vigencia
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1. La presente Resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario
oficial El Peruano conforme a lo indicado en el presente artículo.
2. El artículo Primero de la presente Resolución entra en vigencia el 01 de abril del 2018, fecha a
partir de la cual quedará sin efecto el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado por
la Resolución SBS Nº 37-2008 y sus normas modificatorias, así como la Circular B-1940-93, S-
547-93, F-283-93, M-282-93, CM-134-93, EAF-137-93 y CR-020-93.
3. El plazo de tres (3) años a que se refiere el literal k) del artículo 2° del Reglamento de Gobierno
Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos aprobado mediante el artículo Primero de la
presente Resolución, no es de aplicación a quienes a la fecha de publicación de la presente
Resolución se vengan desempeñando como directores independientes en la empresa, salvo para
el caso de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) a las que se les aplica el
artículo Quinto de la Resolución SBS N° 6422-2015.
4. El plazo máximo de diez (10) años a que se refiere el artículo 6° del Reglamento de Gobierno
Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos aprobado mediante el Primer artículo de la
presente Resolución, se empezará a computar a partir del 01 de abril del 2018.
5. El plazo máximo de diez (10) años a que se refiere el artículo Sexto de la presente Resolución, se
empezará a computar a partir del 01 de abril del 2018.
6. El artículo Segundo de la presente Resolución entra en vigencia a partir de la auditoría
correspondiente al ejercicio 2018.
7. Los artículos Tercero, Séptimo y Octavo de la presente Resolución entran en vigencia a partir del
01 de abril del 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000 Fax: (511) 6309239 |
2755-2018.R | Lima, 16 de julio de 2018
Resolución S.B.S.
N° 2755-2018
La Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1272, se modifica la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y se deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio
Administrativo, optimizando la regulación de los principios del procedimiento administrativo, con el fin
de tutelar el derecho de los administrados, así como mejorar el marco sobre la regulación de los
procedimientos administrativos sancionadores, entre otras medidas;
Que, asimismo, mediante la Primera y Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1349, se establecieron disposiciones específicas
respecto al régimen sancionador de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, en adelante la Superintendencia;
Que, mediante Resolución SBS N° 816-2005, se aprobó el
Reglamento de Sanciones aplicable a las empresas del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros,
a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, las Derramas y Cajas de Beneficios y a las
personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus
modificatorias, y otras leyes especiales, se encuentran comprendidas bajo la regulación y supervisión
de la Superintendencia así como a los intermediarios y auxiliares de seguros, las sociedades de
auditoría, las empresas clasificadoras de riesgo y los peritos valuadores;
Que, resulta necesario aprobar un nuevo reglamento acorde con
las disposiciones normativas vigentes, así como realizar precisiones que permitan a la
Superintendencia contar con mecanismos efectivos para un mejor ejercicio de su potestad
sancionadora;
Que, a efectos de recoger las opiniones del público en general
respecto de la propuesta de modificación, se dispuso la prepublicación del proyecto de resolución
sobre la materia en el portal electrónico de la Superintendencia, al amparo de lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y sus normas modificatorias;
Contando con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas
de Banca y Microfinanzas, Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Seguros, Riesgos, de
Conducta de Mercado e Inclusión Financiera, Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Estudios
Económicos y Asesoría Jurídica; y,
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En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 7 y 9 del
artículo 349, concordantes con los artículos 356 y 361 de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus
normas modificatorias;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Infracciones y
Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, que incluye los anexos con la tipificación de infracciones, cuyo texto es el siguiente:
REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS PENSIONES
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Este Reglamento regula el ejercicio de la potestad sancionadora que le ha sido atribuida a la
Superintendencia conforme a los artículos 356 y 361 de la Ley General, concordados con el artículo
345 de la misma ley; así como por el numeral j) del artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
97-EF, el párrafo 6 de la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General y
demás normas que otorgan facultades sancionadoras a la Superintendencia, las cuales involucran
tanto la determinación de infracciones administrativas como la aplicación de las sanciones
1
correspondientes.
2
Artículo 2. Definiciones
Para efectos de este Reglamento, entiéndase por:
a. COOPAC: cooperativas de ahorro crédito que solo operan con sus socios y que no están
autorizadas a captar recursos del público u operar con terceros.
b. Días: días hábiles.
c. Directores: comprende a los directores de las empresas, así como a los directivos de las
COOPAC.
d. Empresas supervisadas: entidades supervisadas por la Superintendencia, incluyendo a las
COOPAC.
e. Infracción continuada: aquella que comprende diferentes conductas o pluralidad de actos que
si bien constituirían infracciones independientes se consideran como una única infracción,
siempre y cuando formen parte de un proceso unitario en el que exista homogeneidad de la
norma trasgredida y del sujeto activo.
f. Infracción instantánea: infracción que se consuma en un momento determinado y no tiene un
efecto duradero.
g. Infracción instantánea de efectos permanentes: infracción que se consuma en un momento
determinado, pero mantiene sus efectos en el tiempo.
h. Infracción permanente: infracción que comprende una sola conducta que se mantiene en el
tiempo.
1 Artículo modificado mediante Resolución SBS N° 1310-2019 publicado el 29 de marzo de 2019.
2 Artículo modificado mediante Resolución SBS N° 1310-2019 publicado el 29 de marzo de 2019.
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i. Ley General: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702, y sus normas modificatorias.
j. Principales funcionarios: aquellos establecidos por Resolución SBS N° 1913-2004 y Circular
G-119-2004 o las que las que la sustituyan.
k. Reglamento: Reglamento de Infracciones y Sanciones aplicable a las empresas reguladas y
supervisadas por la Superintendencia.
l. SPP: Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
m. Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.
n. Superintendente: Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones.
o. TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General: Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
p. TUO de la Ley del SPP: Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-97-EF
q. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
Artículo 3. Ámbito de aplicación
3.1 Este Reglamento resulta aplicable a las personas naturales y jurídicas que realicen actividades
bajo el ámbito de regulación, control y/o supervisión de la Superintendencia, así como a todas
aquellas personas que por disposición legal expresa son incorporadas bajo la supervisión de la
Superintendencia y pueden ser sancionadas por ella.
3.2 Las sanciones se aplican a una o más de las siguientes personas, teniendo en cuenta el grado
de participación en la comisión de una infracción y los criterios señalados en el artículo 14 de
este Reglamento:
a. Las personas naturales o jurídicas supervisadas por la Superintendencia; y, las
cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas para captar ahorros del público.
b. Los accionistas o socios, directores, gerentes y principales funcionarios de las personas
jurídicas señaladas en el literal a) precedente. La responsabilidad en estos casos puede
ser adicional a la que corresponda a la persona jurídica.
c. Las personas naturales y jurídicas no incluidas en los literales a) y b) que anteceden,
siempre que incurran en algún supuesto de infracción tipificado en las leyes aplicables y/o
en los anexos de este Reglamento.
3.3 Los accionistas o socios, directores, gerentes y principales funcionarios a los que se refiere el
literal b. son considerados responsables por las infracciones tipificadas en este Reglamento,
atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, excepto cuando: i) debida y
expresamente hayan manifestado su voto u opinión contraria por escrito o, sin haber
participado en dicha votación y conociendo de la posible infracción, hayan comunicado su
oposición a la persona jurídica y a la Superintendencia a través documento de fecha cierta; y,
ii) que no existan hechos que los involucren directamente en la comisión de la infracción, según
corresponda.
TÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES Y CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Artículo 4. Infracciones
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Constituye infracción administrativa aquella acción u omisión que se encuentre tipificada como tal en
las leyes aplicables y/o en los anexos de este Reglamento, que vulnere el marco normativo que rige
las actividades reguladas y/o supervisadas por la Superintendencia, así como la regulación general o
especial cuyo cumplimiento corresponde controlar a la Superintendencia y sancionar su
inobservancia. Las infracciones se clasifican como leves, graves o muy graves.
Artículo 5. Tipificación de Infracciones
Las infracciones son las que se detallan en los anexos de este Reglamento:
3
Anexo 1: Infracciones comunes .
Anexo 2: Infracciones específicas del Sistema Financiero y de las Empresas de Servicios
Complementarios y Conexos.
Anexo 3: Infracciones específicas del Sistema de Seguros.
Anexo 4: Infracciones específicas del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
Anexo 5: Infracciones aplicables a las Derramas, Cajas de Beneficios, Otros Fondos que Reciban
Recursos de sus Afiliados y Otorguen Pensiones de Cesantía, Jubilación y Similares,
Empresas de Factoring No Comprendidas en el Ámbito de la Ley General y Otros
4
Supervisados no considerados en los demás anexos .
Anexo 6: Infracciones específicas de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar
5
con recursos del público y Centrales de Ahorro y Crédito.
Artículo 6. Pluralidad de infractores
6.1 La comisión de una infracción por una pluralidad de infractores origina la aplicación de
sanciones a cada una de las personas naturales o jurídicas involucradas en la infracción.
6.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición normativa
corresponda a varias personas conjuntamente, estas responden en forma solidaria por las
infracciones que, en su caso, se cometan y por las sanciones que se impongan.
Artículo 7. Concurso de infracciones
Si por la realización de una misma conducta el infractor incurriese en más de una infracción, se aplica
la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad y las demás responsabilidades que el marco
normativo establezca.
Artículo 8. Continuación de infracciones
8.1 Cuando el presunto infractor incurra en actos u omisiones constitutivos de infracción en forma
continua será pasible de las sanciones administrativas que correspondan, conforme a lo
previsto en el literal 7) del artículo 246 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
General.
8.2 En caso de que la conducta persista después de treinta (30) días de impuesta la última
sanción, y siempre que se acredite haberse solicitado que se demuestre el cese de la
infracción dentro de dicho plazo, la oficina competente de la Superintendencia puede imponer
en forma sucesiva otra sanción como si se tratara de nuevos actos u omisiones, hasta que
cese la infracción, siempre que se cumpla lo dispuesto en el siguiente numeral.
8.3 La Superintendencia debe remitir, previamente a la imposición de la sanción, una
comunicación escrita solicitando que se acredite, en el plazo máximo de cinco (5) días
3 Fe de Erratas publicada el 22 de julio de 2018.
4 Fe de Erratas publicada el 22 de julio de 2018.
5 Artículo modificado mediante Resolución SBS N° 1310-2019 publicado el 29 de marzo de 2019.
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calendario, que la infracción ha cesado dentro del periodo indicado en el párrafo anterior. Una
vez vencido el plazo otorgado sin que se acredite el cese de la infracción, se procede a
imponer la nueva sanción. Para efectos de la acreditación, en caso la naturaleza de los hechos
no hayan permitido el cese de la infracción dentro del periodo indicado en el numeral 8.2, el
infractor debe justificar las razones y explicar las medidas que se están llevando a cabo para el
cese de la infracción, debiendo solicitar la conformidad de la Superintendencia para poder
contar un plazo adicional específico para el cese de la infracción, a satisfacción de la
Superintendencia, el cual tendrá carácter de excepcional, sin posibilidad de prórroga. En caso
no se cumpla nuevamente con este último plazo, corresponde la aplicación de la sanción
conforme a lo señalado en el numeral que antecede..
Artículo 9. Prescripción
9.1 La facultad de la Superintendencia para determinar la existencia de infracciones
administrativas prescribe a los cuatro (4) años, computados conforme a lo previsto en el
artículo 250 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
9.2 EI cómputo del plazo de prescripción comienza a partir del día en que la infracción se hubiera
cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos
permanentes; desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el
caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las
infracciones permanentes.
9.3 El plazo de prescripción se suspende con el inicio del procedimiento sancionador, a través de
la notificación de los hechos que sean imputados como infracción. El cómputo del plazo de
prescripción se reanuda inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se
mantiene paralizado por más de veinticinco (25) días por causa no imputable al presunto
infractor. La paralización del procedimiento se produce cuando no se realizan las actuaciones
internas exigidas para la continuación del procedimiento.
9.4 La Superintendencia declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento
cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones.
Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y el órgano
competente debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.
Artículo 10. Caducidad
10.1 El plazo para resolver los procedimientos sancionadores es de nueve (9) meses contados
desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de
manera excepcional, como máximo por tres (3) meses. Para tal efecto, la Superintendencia
debe emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo
a su vencimiento. La caducidad no aplica a los recursos administrativos que se interpongan
contra la resolución emitida en el procedimiento sancionador.
10.2 Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se
entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procede a su archivo. La caducidad
es declarada de oficio por el órgano competente. El presunto infractor se encuentra facultado
para solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano competente no la haya
declarado de oficio.
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10.3 En el supuesto de que la infracción no hubiera prescrito, la Superintendencia puede evaluar el
inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado no interrumpe la
prescripción.
Artículo 11. Reglas para la determinación de responsabilidad administrativa
En los procedimientos sancionadores iniciados por la Superintendencia resultan aplicables las
siguientes reglas:
a. Para las infracciones calificadas como leves, la responsabilidad administrativa es subjetiva,
debiendo analizarse el dolo o culpa en la conducta infractora.
b. Para las infracciones calificadas como graves y muy graves, la responsabilidad administrativa es
objetiva, para lo cual debe considerarse la configuración de la conducta tipificada como
infracción, independiente del dolo o culpa.
TÍTULO III
LAS SANCIONES
Capítulo I
CRITERIOS PARA SANCIONAR
Artículo 12. Sanciones
La Superintendencia impone las sanciones previstas en este Reglamento, conforme a la competencia
atribuida por la Ley General, las normas emitidas por la Superintendencia y demás normas que le
otorguen facultades sancionadoras.
Artículo 13. Cese de la conducta infractora
El cumplimiento de la sanción por el infractor no implica ni significa la convalidación de la situación
irregular, ni lo exime del cumplimiento de las obligaciones infringidas. El infractor debe cesar de
inmediato la conducta u omisión que dio lugar a la sanción, caso contrario, resultan aplicables las
disposiciones sobre continuación de infracciones a las que se refiere el artículo 8 de este Reglamento.
Artículo 14. Criterios para la graduación y aplicación de sanciones
14.1 Las sanciones que se apliquen deben ser proporcionales a la infracción cometida de modo que
la comisión de la infracción no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir con las
normas infringidas o asumir la sanción. Sin perjuicio de ello, las sanciones se gradúan tomando
en consideración los siguientes criterios:
a. Beneficio ilícito que la comisión de la infracción genera a favor del infractor o de terceros.-
Cuando el infractor haya obtenido beneficios ilícitos para sí o para terceros producto de la
comisión de la infracción.
b. Probabilidad de detección de la infracción.- Se refiere a la conducta adoptada por el
presunto infractor frente a la posibilidad de que la Superintendencia detecte la infracción
cometida (obstrucción o colaboración con las acciones de supervisión o control, entrega
de información o cualquier otra forma de colaborar u obstaculizar con la detección de la
infracción).
c. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido y el perjuicio
económico causado.- Se refiere a los efectos generados por la infracción cometida frente
a las empresas supervisadas y/o a los usuarios del sistema financiero o de seguros o a
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los usuarios que se encuentren afiliados al sistema privado de pensiones y/o a otros
supervisados y/o al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, incluyendo el impacto sobre la confianza del público en el ámbito en el que el
infractor desarrolla sus actividades. No se requiere acreditar el monto del daño o efecto
negativo, sino su existencia.
d. Reincidencia en la comisión de la infracción.- Se considera que existe reincidencia
cuando quien ha sido sancionado por resolución firme de la Superintendencia incurra en
nuevos actos u omisiones que constituyan la misma infracción sancionada, dentro del
plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera
infracción. En este caso, la Superintendencia sanciona la infracción posterior con una
6
sanción mayor, de la siguiente manera :
- Si la empresa reincide en la comisión de una infracción muy grave, esta será
sancionada hasta con el monto máximo de la escala correspondiente a la
infracción muy grave.
- Si la empresa reincide en la comisión de una infracción grave, esta será
sancionada hasta con el monto máximo de la escala correspondiente a la
infracción muy grave.
- Si la empresa reincide en la comisión de una infracción leve, esta será sancionada
hasta con el monto máximo de la escala correspondiente a la infracción grave.
e. Circunstancias de la comisión de la infracción.-. Se refiere al comportamiento y contexto
en el cual se cometió la infracción. Se evalúa si el infractor hizo participar o utilizó a una o
más personas que operen en los sistemas supervisados para cometer la infracción o a
personas que operen en los sistemas financiero, de seguros o privado de pensiones de
otros países.
f. Existencia de intencionalidad en la conducta del infractor. Se refiere a la existencia o no
de dolo o culpa por parte del infractor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.
14.2 A pedido del infractor durante el procedimiento sancionador, el órgano competente para
resolver en la instancia en la que se encuentre el procedimiento, bajo responsabilidad, puede -
en forma excepcional- reducir la multa que corresponda aplicar cuando exista riesgo para la
estabilidad financiera de la persona natural o jurídica infractora, en términos de su solvencia.
La reducción solo procede si no se ha obtenido un beneficio ilícito en la comisión de la
infracción ni se ha generado un daño como consecuencia de dicha conducta u omisión; y, se
requiere de un informe favorable del órgano competente para resolver, en el que se sustente
las razones que justifican dicho tratamiento excepcional.
Artículo 15.- Atenuantes
En los procedimientos sancionadores iniciados por la Superintendencia se aplican los siguientes
atenuantes:
a. Si antes del inicio del procedimiento sancionador, el presunto infractor reconoce la
responsabilidad de forma expresa y por escrito antes de la imputación de cargos y: i) subsana la
infracción cometida a satisfacción de la Superintendencia o ii) presenta un plan de cumplimiento
consistente con los aspectos que se requieren subsanar, indicando una propuesta de fecha
6 Fe de Erratas publicada el 22 de julio de 2018.
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máxima para su culminación, a satisfacción de la Superintendencia. En los casos en que la
sanción aplicable sea una multa, esta se reduce máximo dos tercios (2/3) de su importe.
b. Si iniciado un procedimiento sancionador, el presunto infractor reconoce su responsabilidad de
forma expresa y por escrito y, antes de la resolución de primera instancia: i) subsana la
infracción cometida a satisfacción de la Superintendencia o ii) presenta un plan de cumplimiento
consistente con los aspectos que se requieren subsanar, indicando una propuesta de fecha
máxima para su culminación, a satisfacción de la Superintendencia. En los casos en que la
sanción aplicable sea una multa, esta se reduce máximo a la mitad de su importe.
c. Si iniciado un procedimiento sancionador y antes de la resolución que impone la sanción, las
COOPAC, los directivos o los trabajadores reconocen su responsabilidad de forma expresa y
por escrito, la instancia correspondiente, en base a criterios de gradualidad, puede reducir la
7
sanción incluso por debajo de los mínimos señalados en el artículo 19.
d. Otros que se establezcan por norma especial
Únicamente, en caso de presentarse atenuantes, la Superintendencia puede aplicar la sanción
mínima que corresponda a las sanciones previstas para el tipo de infracción de que se trate, sea leve,
grave o muy grave, según corresponda.
Artículo 16. Eximentes de responsabilidad
Se consideran eximentes de responsabilidad los siguientes supuestos:
a. El error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
b. El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
c. Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
d. La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que
esta afecte la aptitud para entender la infracción.
e. La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
f. La subsanación voluntaria de la infracción.- Este eximente se configura cuando la conducta u
omisión infractora sea reconocida en forma expresa y por escrito y subsanada íntegramente en
forma voluntaria, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. No se considera
subsanación voluntaria cuando la conducta es subsanada como consecuencia de una orden o
mandato de la Superintendencia emitida en ejercicio de su potestad fiscalizadora y/o de
supervisión. Este eximente solo se aplica para las infracciones leves e inmateriales que no
causen perjuicios concretos y significativos a los usuarios o al mercado. La inmaterialidad de la
infracción cometida debe ser entendida como aquella situación en que los hechos revisten poca
significación. La subsanación voluntaria no es aplicable como eximente en el caso de
infracciones reincidentes.
Artículo 17. Materialidad de la conducta en infracciones leves
La Superintendencia puede abstenerse de iniciar el procedimiento sancionador en los supuestos de
infracciones leves, cuando considere que la infracción no reviste materialidad por no generar una
repercusión concreta y significativa a los usuarios o al mercado.
Artículo 18. Metodología de graduación
Mediante Resolución del Superintendente, se definirán los rangos aplicables a las multas y la
metodología para la determinación y graduación de sanciones previstas en este Reglamento.
7 Artículo modificado mediante Resolución SBS N° 1310-2019 publicado el 29 de marzo de 2019.
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Capítulo II
SANCIONES APLICABLES
Artículo 19. Tipos de sanciones
Salvo aquellos casos en los que se señale una sanción específica, las sanciones aplicables a cada
categoría de infracción, son las que se indican a continuación:
1. Por la comisión de infracciones leves se aplican las siguientes sanciones, según corresponda:
a. Amonestación.
b. Multa
c. Multa a la COOPAC no menor a 0.50 UIT ni mayor de 50 UIT.
d. Multa a los directivos de las COOPAC, integrantes de las comisiones o trabajadores
responsables no menor de 0.30 UIT ni mayor de 3 UIT.
2. Por la comisión de infracciones graves se aplican las siguientes sanciones, según corresponda:
a. Multa
b. Multa a la COOPAC no menor de 50 UIT ni mayor de 100 UIT.
c. Multa a los directivos de las COOPAC, integrantes de las comisiones o trabajadores
responsables no menor de 3 UIT ni mayor de 5 UIT
d. Suspensión temporal de la inscripción en el Registro a cargo de la Superintendencia en el
que se encuentre inscrito el infractor, hasta por 6 meses.
e. Suspensión del director, gerente o cualquier otro trabajador responsable por un periodo no
menor de tres (3) ni mayor de diez (10) días.
f. Suspensión de los directivos de las COOPAC, integrantes de las comisiones o trabajadores
responsables por un plazo no menor de 3 ni mayor de 10 días hábiles.
g. Suspensión de funciones de los médicos integrantes del COMAFP y/o su presidente, por
un periodo no menor de quince (15) ni mayor de sesenta (60) días.
3. Por la comisión de infracciones muy graves se aplican las siguientes sanciones, según
corresponda:
a. Multa.
b. Multa a la COOPAC no menor de 100 UIT ni mayor de 150 UIT.
c. Multa a los directivos de las COOPAC, integrantes de las comisiones o trabajadores
responsables, no menor de 5 UIT ni mayor de 10 UIT.
d. Suspensión de la autorización de funcionamiento.
e. Suspensión temporal de la inscripción en el Registro a cargo de la Superintendencia en el
que se encuentre inscrito el infractor, por un periodo mayor a 6 y hasta 12 meses.
f. Suspensión del director, gerente o cualquier otro trabajador responsable por un periodo no
menor de once (11) ni mayor de quince (15) días.
g. Suspensión de los directivos de las COOPAC, integrantes de las comisiones o trabajadores
responsables por un plazo no menor de 10 ni mayor de 15 días hábiles
h. Cancelación de la autorización de funcionamiento.
i. Exclusión del Registro a cargo de la Superintendencia en el que se encuentre inscrito el
infractor, mediante la cancelación de su inscripción.
j. Destitución del director, gerente, integrantes de las comisiones de las COOPAC o cualquier
trabajador responsable, quedando impedido de volver a ocupar uno de esos cargos por un
periodo de diez (10) años.
k. Inhabilitación del director, gerente o cualquier otro trabajador responsable por un periodo no
mayor de cinco (5) años.
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l. Inhabilitación permanente del director, gerente o cualquier otro trabajador responsable.
m. Inhabilitación de los directivos de las COOPAC, integrantes de las comisiones o
trabajadores, en caso de ser responsables de la intervención o disolución y liquidación de la
COOPAC.
n. Suspensión de funciones de los médicos integrantes del Comité Médico de las AFP -
COMAFP y/o su presidente, por un periodo no menor de noventa (90) ni mayor de ciento
ochenta (180) días.
o. Inhabilitación de los médicos integrantes del Comité Médico de las AFP - COMAFP, del
Comité Médico de la Superintendencia - COMEC y/o sus presidentes, según corresponda,
por un periodo no mayor a cinco (5) años.
p. Remoción de los directivos de las COOPAC, integrantes de las comisiones o trabajadores
8
responsables, en caso de reincidencia.
Artículo 20. Multa
El monto de las multas se fija sobre la base de la UIT vigente a la fecha que se notificó la resolución
que puso fin a la instancia administrativa, salvo en aquellos casos en los que se hayan fijado multas
específicas, conforme a este reglamento y sus normas complementarias.
TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 21. Inicio
21.1 El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, ante la presunción de la comisión de
una infracción administrativa, detectada por la Superintendencia en virtud de sus acciones de
supervisión o a través de la revisión de la información proporcionada por otras entidades y/o
denuncias presentadas por terceros, conforme a lo establecido en el artículo 26.
21.2 Este procedimiento no conduce a la solución de controversias particulares que tengan las
personas naturales o jurídicas que contratan los servicios de las empresas que operan en los
sistemas supervisados.
Artículo 22. Partes del procedimiento
Las partes en el procedimiento sancionador son dos: la Superintendencia y las personas jurídicas y/o
naturales a las que se les imputa la comisión de una infracción administrativa. La persona que
denuncia un hecho que considera contrario al ordenamiento legal no forma parte del procedimiento
sancionador y únicamente debe notificársele el resultado del procedimiento.
Artículo 23. Tramitación de denuncias
23.1 La Superintendencia evalúa las denuncias que recibe a fin de determinar si existen suficientes
elementos de juicio que hagan presumir la comisión de una infracción. En este caso, la unidad
orgánica competente remite la información sobre las presuntas conductas detectadas al órgano
instructor a efecto que se dé lugar a las acciones de supervisión que resulten pertinentes;
informando sobre ello al denunciante. Cuando se denuncien o detecten hechos que se refieran
a una presunta infracción que vienen siendo materia de una investigación preliminar o de un
procedimiento sancionador, dichos hechos son evaluados por el órgano instructor
correspondiente, dentro de las investigaciones o en el procedimiento en trámite según
corresponda y no dan lugar a su tramitación independiente por tratarse de la misma infracción.
8 Artículo modificado mediante Resolución SBS N° 1310-2019 publicado el 29 de marzo de 2019.
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23.2 El tratamiento descrito para la tramitación de las denuncias no afecta la competencia de la
Superintendencia para resolver los reclamos que se presenten respecto a las controversias en
el marco del TUO de la Ley del SPP y sus normas modificatorias y complementarias, los que
tienen una naturaleza y un procedimiento distinto para su tramitación.
Artículo 24. Medidas cautelares
La Superintendencia, mediante resolución debidamente motivada, puede dictar medidas cautelares al
inicio o durante el procedimiento sancionador precisando los alcances de la medida y el plazo para su
cumplimiento, según corresponda. El incumplimiento de las medidas cautelares constituye infracción
conforme a lo establecido en los anexos de infracciones.
Artículo 25. Medidas correctivas
25.1 Las medidas correctivas dictadas en el marco de un procedimiento sancionador tienen por
finalidad ordenar la reposición o reparación de la situación alterada por la infracción a su
estado anterior. Estas medidas se imponen sin perjuicio de la sanción administrativa a que
hubiera lugar y responden a una naturaleza y objetivos distintos a los de una sanción. Las
medidas correctivas se imponen a través de una resolución debidamente motivada del órgano
competente.
25.2 Entre las medidas correctivas que la Superintendencia puede ordenar, en ejercicio de las
facultades conferidas, se encuentran las siguientes:
a. Mandatos de hacer o no hacer para reponer o reparar la situación alterada por la
infracción.
b. Ordenar la publicación de avisos informativos en la forma que determine la
Superintendencia tomando en cuenta los medios que resulten idóneos para revertir los
efectos de incumplimiento.
c.Otras medidas que se relacionen directamente con el cumplimiento de las normas infringidas.
25.3 El incumplimiento de estas medidas constituye infracción conforme a lo señalado en los anexos
de infracciones.
Artículo 26. Fases del procedimiento
26.1 Con anterioridad al inicio formal del procedimiento, el órgano competente puede realizar la
investigación o indagación preliminar, con el objeto de determinar con carácter preliminar si
existen indicios suficientes de presuntas infracciones administrativas y determinar si
corresponde iniciar un procedimiento sancionador.
26.2 La decisión de iniciar un procedimiento sancionador consta en un informe que se sustenta en
los documentos de trabajo, informes de visita, información remitida por los supervisados u otros
documentos recabados durante los procesos de supervisión y atención de denuncias. En caso
de haberse determinado que no existen indicios suficientes de la comisión de una infracción, el
expediente que contiene la investigación o indagación debe ser archivado en lo que
corresponde a las conductas que no constituyen infracción; caso contrario, el informe forma
parte del expediente del procedimiento sancionador.
1. Fase instructora
1.1 La fase instructora se inicia con la imputación de cargos por parte del órgano instructor,
dando inicio al procedimiento sancionador. El órgano instructor puede tener carácter
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unipersonal o colegiado, de acuerdo a lo que determinen las normas internas de la
Superintendencia.
1.2 Cuando el órgano instructor determine que los hechos detectados ameritan iniciar un
procedimiento sancionador, elabora un oficio indicando los hechos que presumiblemente
constituyen infracciones susceptibles de sanción, la norma que las tipifica como infracción
administrativa, las posibles sanciones que se pudiera imponer, así como el órgano
competente para imponer la sanción y la norma que le atribuya tal competencia, a fin que
el presunto infractor realice los descargos por escrito en el plazo de quince (15) días
computados desde el día hábil siguiente de notificado el oficio. El procedimiento
sancionador se inicia con la notificación del referido oficio.
1.3 Vencido el plazo otorgado al presunto infractor, con el respectivo descargo o sin él, el
órgano instructor realiza de oficio las actuaciones necesarias para el examen de los
hechos, evaluando los descargos presentados por el presunto infractor, de ser el caso,
reuniendo la información necesaria y solicitando información adicional u opinión que
estime pertinente, así como la actuación de pruebas, con el fin de determinar la existencia
o no de infracción susceptible de ser sancionada.
Con la información obtenida, el órgano instructor analiza el caso para determinar si los
hechos o conductas imputados constituyen o no infracciones.
1.4 El órgano instructor formula un informe final de instrucción en el que se determina, de
manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción,
la norma que prevé la imposición de sanción, la sanción propuesta y las medidas
correctivas, de ser el caso, o la declaración de no existencia de infracción, según
corresponda.
1.5 El órgano instructor puede imponer las medidas cautelares que se requieran para
garantizar la eficacia de la resolución final a emitir en el caso, respectivamente; sin
perjuicio de otras medidas que pueden ser dictadas por el órgano competente en el
ejercicio de la supervisión de la Superintendencia.
1.6 El órgano instructor remite el informe final de instrucción al órgano de resolución del
procedimiento.
2. Fase resolutoria
2.1 La fase resolutoria está a cargo de la Superintendencia Adjunta competente, en su
calidad de órgano de resolución del procedimiento sancionador y se inicia al recibir el
informe final del órgano instructor.
2.2 El órgano que resuelve el procedimiento tiene un plazo de cinco (5) días contados a partir
del día hábil siguiente de la recepción del informe final del órgano instructor, para notificar
este informe al presunto infractor, con la finalidad de que este formule sus descargos por
escrito, en un plazo no menor de cinco (5) días. El órgano de resolución está facultado a
lo siguiente:
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2.2.1. Antes de notificar el informe final del órgano instructor, puede disponer la
realización de actuaciones complementarias que sean indispensables para
resolver el procedimiento; para lo cual debe notificar esto al presunto infractor.
En este caso, el órgano instructor cuenta con un plazo no mayor a cinco (5) días
adicionales contados desde la notificación al presunto infractor acerca del
otorgamiento del plazo adicional para la realización de actuaciones
complementarias, y emitir el informe final de instrucción. En casos
excepcionales, sustentados por el órgano instructor, puede ampliarse el plazo
antes señalado para las actuaciones complementarias.
2.2.2. Cuando se trate de una audiencia de informe oral, esta puede ser de oficio o a
pedido de parte; y, en este segundo caso, el órgano de resolución puede
denegar la solicitud mediante decisión fundamentada.
2.3 Concluida, de ser el caso, la recolección y valoración de pruebas, el órgano resolutor del
procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la
imposición de una sanción o la no existencia de infracción. La resolución que se emita
para tal efecto debe estar debidamente motivada, precisando la infracción cometida, la
norma que la tipifica como tal, los criterios de graduación aplicados, las sanciones y las
medidas correctivas correspondientes.
Cuando se trate de hechos nuevos o se requiera variar el tipo infractor o la base legal en que se
sustentan los supuestos de infracción que se imputan, se puede ampliar y variar la imputación de
cargos, los que deben notificarse al presunto infractor. En este caso, se otorga un plazo adicional de
cinco (5) días para que el presunto infractor presente sus descargos. Dicho plazo se computa desde el
día siguiente de la notificación efectuada.
Artículo 27. Acumulación de procedimientos
A través de un acto administrativo, el órgano instructor, por propia iniciativa o a instancia de los
administrados, dispone de modo irrecurrible, la acumulación de los procedimientos sancionadores en
trámite que guarden conexión por la identidad de infracciones o sujetos, sin que ello signifique la
consolidación de las sanciones aplicables.
Artículo 28. Órganos competentes
Las sanciones son impuestas en primera instancia por los Superintendentes Adjuntos o por los
funcionarios que el Superintendente autorice mediante resolución. La decisión del Superintendente
constituye la segunda y última instancia administrativa.
Artículo 29. Plazos
29.1 Las indagaciones realizadas por esta Superintendencia, antes del inicio del procedimiento
sancionador, no se sujetan a plazo determinado, el cual depende de la complejidad de cada
caso.
29.2 Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento sancionador, se agrega el término
de la distancia entre el lugar del domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el
domicilio de esta Superintendencia.
29.3 Los plazos establecidos en el Reglamento son improrrogables, salvo disposición expresa en
contrario, y se computan a partir del día siguiente de su notificación o la publicación del acto,
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salvo que este señale una fecha posterior o que sea necesario efectuar publicaciones
sucesivas; en este último caso, el cómputo es iniciado a partir de la última.
TÍTULO V
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 30. Impugnación
30.1 El sancionado puede interponer los recursos administrativos de reconsideración y/o apelación
previstos en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro de los quince
(15) días de notificada la sanción. Transcurrido dicho plazo sin que se presenten recursos
administrativos, la resolución que impone la sanción queda firme.
30.2 Los recursos se presentan en mesa de partes y son dirigidos al órgano de resolución del
procedimiento para que lo resuelva o lo eleve al superior jerárquico, según se trate de un
recurso de reconsideración o uno de apelación, respectivamente.
30.3 En los casos en que se detecte que se ha producido un error en la calificación de un recurso
administrativo, se reconduce el recurso.
30.4 Los recursos se resuelven mediante resolución. La Superintendencia Adjunta que actuó como
órgano de resolución es competente para aplicar las sanciones en primera instancia, así como
para resolver los recursos de reconsideración que se presenten. El Superintendente resuelve
los recursos de apelación que se presenten en última instancia administrativa.
30.5 Los recursos administrativos presentados contra resoluciones de sanción que no agoten la vía
administrativa solo paralizan la ejecución de la sanción hasta que sean resueltos. La sanción
es ejecutada cuando se agote la vía administrativa.
TÍTULO VI
EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN
Artículo 31. Ejecución
31.1 Las sanciones deben ejecutarse en los términos señalados en la correspondiente resolución de
sanción.
31.2 Las multas deben ser pagadas dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir del día
siguiente de su notificación. Vencido este plazo, la multa está sujeta a reajuste en función al
Índice de Precios al por Mayor que con referencia a todo el país publica mensualmente el
Instituto Nacional de Estadística e Informática, más los correspondientes intereses legales. Lo
expuesto resulta aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de este Reglamento.
En la eventualidad que se impugnara en vía de reconsideración o apelación una o más multas
de una única resolución de sanción, las multas no impugnadas serán actualizadas desde la
fecha de notificación de la resolución de primera instancia.
31.3 Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que el infractor haya cumplido con
pagar íntegramente la multa, la Superintendencia inicia la cobranza coactiva de conformidad
con las normas sobre la materia.
Artículo 32. Comunicación de las sanciones impuestas
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32.1 Las sanciones aplicadas a las empresas supervisadas por la Superintendencia, así como las
aplicadas a sus accionistas, directores, gerentes y principales funcionarios, deben ser
comunicadas al directorio u órgano equivalente de dichas empresas, dejando constancia de
dicha comunicación en el acta de la primera sesión que dicho órgano celebre luego de la
recepción de la notificación respectiva o dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a
su recepción, lo que ocurra primero. En el caso de las COOPAC, las sanciones se comunican
al Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, dejando constancia de dicha
comunicación en el acta de la primera sesión que dicho órgano celebre luego de la recepción
de la notificación respectiva o dentro de los treinta (30) días posteriores a su recepción, lo que
ocurra primero. De considerarlo necesario, la Superintendencia puede disponer que se
convoque a una sesión especial de directorio u órgano equivalente, para el cumplimiento de lo
previsto en este párrafo.
32.2 El directorio u órgano equivalente de las empresas supervisadas por la Superintendencia es
responsable de informar a la junta general de accionistas u órgano equivalente, en la sesión
más próxima, las sanciones que la Superintendencia imponga a dichas empresas, a sus
accionistas, directores, gerentes y a sus principales funcionarios por la comisión de
infracciones graves y muy graves, dejando constancia de dicha comunicación en el acta
correspondiente a la referida sesión. El directorio u órgano equivalente es responsable de que
se cumplan las sanciones que la Superintendencia imponga y de que las empresas
supervisadas implementen las sanciones que se impongan a sus funcionarios, según
9
corresponda.
Artículo 33. Registro y publicidad de sanciones
33.1 Las sanciones que se impongan deben ser notificadas a los infractores y se anotan en el
registro que la Superintendencia constituya para tal efecto, de acuerdo a las reglas que lo rijan.
33.2 La Superintendencia puede publicar, a través de su página web, información sobre las
sanciones que imponga, indicando la infracción cometida y la multa impuesta, cuando hayan
quedado firmes.
Artículo 34. Inhabilitación o destitución
Las sanciones a que se refieren las leyes aplicables a los sistemas supervisados, respecto de
accionistas, directores, gerentes o principales funcionarios de empresas supervisadas, son aquellas
referidas a inhabilitación o destitución originadas por infracciones consideradas muy graves, conforme
lo dispone este Reglamento.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS
Primera.- Normas aplicables
A los procedimientos sancionadores normados por este Reglamento se les aplica supletoriamente el
TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
En el caso de las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito -
AFOCAT, les resultan aplicables las disposiciones establecidas en sus normas especiales, resultando
de aplicación supletoria lo establecido en el Reglamento.
9 Artículo modificado mediante Resolución SBS N° 1310-2019 publicado el 29 de marzo de 2019.
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Segunda.- Aplicación temporal
Los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigencia de este Reglamento se
rigen por la normativa anterior hasta su conclusión. No obstante, son aplicables a los procedimientos
en trámite, las disposiciones de este Reglamento que reconozcan derechos o facultades a los
administrados.
Las infracciones que se encuentren tipificadas en otras normas emitidas por la Superintendencia con
un nivel de gravedad distinto al establecido en la presente norma quedan reclasificadas conforme a
este Reglamento.
Tercera.- Aplicación de sanciones
En tanto se emita la Resolución del Superintendente a que hace referencia el artículo 18 de este
Reglamento, relacionada con la determinación y graduación de las sanciones, resultan aplicables las
sanciones con los rangos establecidos en el artículo 10 del Reglamento de Sanciones aprobado por la
Resolución SBS N° 816-2005.
Cuarta.- Otros procedimientos especiales
Los regímenes de intervención, disolución y liquidación de las empresas supervisadas y la destitución
o inhabilitación de directores, gerentes y/o cualquier otro trabajador responsable, como medidas
administrativas distintas al procedimiento sancionador, se rigen por las disposiciones especiales
previstas en la Ley General, el TUO de la Ley del SPP y sus correspondientes normas reglamentarias,
así como otras leyes especiales. Conforme a la normativa vigente, de modo excepcional, la
intervención, disolución y liquidación son dispuestas directamente por el Superintendente, en instancia
única.
Quinta.- Competencia de otros organismos
Los casos individuales que contengan materia amparada por otras normas son derivados a la
autoridad administrativa competente.
Sexta.- Procedimiento electrónico
La Superintendencia dicta las medidas necesarias para implementar el procedimiento electrónico a
que se refiere el artículo 30 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, de acuerdo
con los lineamientos que dicte la Presidencia de Consejo de Ministros conforme a lo establecido en la
citada norma.
Sétima.- Destino de las multas
Las multas que la Superintendencia impone a las empresas del sistema financiero miembros del
Fondo de Seguro de Depósitos constituyen ingresos de este, en tanto que las que se imponen a otras
personas naturales o jurídicas constituyen recursos de la Superintendencia.
Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el Reglamento de Sanciones
aprobado por Resolución SBS Nº 816-2005, así como aquellas resoluciones que lo modifican, con
excepción de las disposiciones contenidas en su artículo 10 referidas a los tipos y la relación de
sanciones, hasta la emisión de las normas específicas sobre dicha materia. Toda referencia al
reglamento de sanciones se entiende sustituida por el reglamento aprobado por el artículo primero,
para efectos legales, según corresponda.
Artículo Tercero.- La presente Resolución entra en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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11356-2008 actualizada con Resol 3922-2021.doc | Lima, 19 de noviembre de 2008
Resolución S.B.S.
Nº 11356 - 2008
El Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones:
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, en
adelante Ley General, establece en su artículo 222º que, en la evaluación de las operaciones que
integran la cartera crediticia deberá tenerse presente los flujos de caja del deudor, sus ingresos y
capacidad de servicio de la deuda, situación financiera, patrimonio neto, proyectos futuros y otros factores
relevantes para determinar la capacidad del servicio y pago de la deuda; señalando expresamente que el
criterio básico es la capacidad de pago del deudor y que las garantías son subsidiarias;
Que, asimismo, el numeral 4 del artículo 132º de la indicada Ley
General establece como uno de los medios para atenuar los riesgos del ahorrista, la constitución de
provisiones genéricas y específicas;
Que, mediante la Resolución SBS Nº 808-2003 del 28 de mayo de
2003 y sus modificatorias, se aprobó el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la
Exigencia de Provisiones, en adelante Reglamento;
Que, la actividad crediticia de las empresas del sistema financiero
constituye una de las actividades fundamentales que impulsan el crecimiento económico, resultando
necesario introducir modificaciones en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la
Exigencia de Provisiones, con la finalidad de ajustar prudencialmente algunos parámetros que permitan
una mayor dinámica en el sector financiero, sin perjuicio de su seguridad y transparencia;
Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de
Banca y Microfinanzas, de Riesgos, de Seguros y de Asesoría Jurídica, así como por la Gerencia de
Estudios Económicos; y,
En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 7, 9 y 13
del artículo 349º de la Ley General;
RESUELVE:
1
1
Artículo Primero.- Aprobar el nuevo Reglamento para la
Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, en adelante Reglamento, que forma
parte de la presente Resolución. El nuevo Reglamento entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2010,
fecha a partir de la cual quedará sin efecto el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y
la Exigencia de Provisiones aprobado mediante Resolución SBS N° 808-2003 y sus normas
modificatorias.
Artículo Segundo.- Modifíquese a partir del 1 de diciembre de
2008 el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones aprobado
mediante Resolución SBS N° 808-2003 y sus normas modificatorias, conforme a lo siguiente:
a) Incorpórese como segundo párrafo del literal 1.4 del Capítulo I “Conceptos y Principios para la
Evaluación y Clasificación del Deudor” lo siguiente:
“Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o construcción de
vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, bienes en proceso
de independización o bienes en proceso de inscripción de dominio, no es posible constituir sobre
ellos la hipoteca individualizada que derive del crédito otorgado.”
b) Elimínese la Categoría Normal de la Tabla 1, 2 y 3 del numeral 2.1 del Capítulo III “Exigencia de
provisiones” e incorpórese la siguiente tabla para los créditos clasificados en la Categoría de Riesgo
Normal:
Tipos de crédito Tasa de
provisión
Créditos comerciales 0.7%
Créditos MES 1.0%
Créditos de consumo 1.0%
Créditos hipotecarios para vivienda 0.7%
c) Elimínese el numeral 2.2 del Capítulo III “Exigencia de provisiones”.
d) Sustitúyase el numeral 2.3 del Capítulo III “Exigencia de provisiones” por el siguiente:
“Las empresas deberán constituir las provisiones procíclicas de la Categoría Normal de acuerdo al
Anexo l Régimen General de Provisiones Procíclicas.”
e) Sustitúyase el Anexo I “Régimen General de Provisiones Procíclicas” por el siguiente:
“Anexo I
RÉGIMEN GENERAL DE PROVISIONES PROCÍCLICAS
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1 Artículo modificado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
2
1. Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en el presente anexo se considerarán las siguientes definiciones:
a. BCRP: Banco Central de Reserva del Perú.
b. PBI: Producto Bruto Interno Real del Perú publicado por el BCRP.
c. Regla procíclica: Medida que hace que a la tasa de provisión correspondiente a la categoría
de riesgo Normal se añada un componente adicional. Dicho componente se activa de
acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del Capítulo II del presente Anexo.
2. Componente procíclico de la tasa de provisión de la Categoría Normal
El componente procíclico de las provisiones sobre los créditos directos e indirectos y
operaciones de arrendamiento financiero de deudores clasificados en categoría Normal se
constituirá cuando la regla procíclica se encuentre activada. Las tasas mínimas del componente
procíclico para cada tipo de crédito son las siguientes:
Tipos de crédito componente
procíclico
Créditos comerciales 0.45%
Créditos MES 0.5%
Créditos de consumo 1.0%
Créditos hipotecarios para vivienda 0.4%
Por los créditos de consumo que sean revolventes, deberá aplicarse un componente procíclico
no menor a 1.5%. Los créditos revolventes son aquellos créditos en los que se permite que el
saldo fluctúe en función de las decisiones del deudor. Para dicho efecto deberán considerarse
las siguientes cuentas: 1401.03.01 “Avances en cuenta corriente contratados”, 1401.03.02
“Tarjetas de crédito contratadas”, 1401.03.04 “Sobregiros en cuenta corriente”, 1401.03.06.01
“Préstamos revolventes” y 1401.03.20.02 “Tarjeta de crédito”.
En caso los créditos comerciales e hipotecarios cuenten con garantías preferidas autoliquidables
el componente procíclico será 0.3% por la porción cubierta con dichas garantías. Para los
créditos de consumo y MES que cuenten con garantías preferidas autoliquidables el componente
procíclico será 0% por la porción cubierta con dichas garantías.
Para los créditos de consumo que cuenten con contratos referidos a convenios de descuento por
planilla de remuneraciones que sean elegibles, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.1 del
Capítulo III del Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de
Provisiones, el componente procíclico será 0.3%. Para dicho efecto se deberá considerar la
subcuenta analítica 1401.03.06.04 “Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios
elegibles”.
CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
1. Activación de la regla procíclica
3
Las empresas deberán constituir las provisiones procíclicas para la cartera en Categoría Normal,
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:
a) El promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 30 meses pase de
un nivel menor al 5% a uno mayor o igual a este umbral.
b) Cuando el promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 30 meses
se encuentre por encima de 5% y el promedio de la variación porcentual anualizada del PBI
de los últimos 12 meses sea mayor en 2 puntos porcentuales a este mismo indicador
evaluado un año antes.
c) Cuando el promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 30 meses
se encuentre por encima de 5% y hubiesen transcurrido 18 meses desde que la regla
procíclica fue desactivada por la situación contemplada en el numeral (2.b).
El cálculo de los promedios móviles será realizado utilizando la información mensual de la
variación porcentual anualizada del PBI publicada por el BCRP.
La Superintendencia comunicará a las empresas la activación de la regla procíclica.
2. Desactivación de la regla procíclica
La regla procíclica se desactivará cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:
a) El promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 30 meses pase de
un nivel igual o mayor al 5% a uno menor a este umbral.
b) El promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 12 meses sea
menor en 4 puntos porcentuales que este mismo indicador evaluado un año antes.
3. Reasignación de las provisiones procíclicas
La Superintendencia informará la desactivación de la regla procíclica a las empresas, mediante
Circular. Las empresas reasignarán las provisiones procíclicas para la constitución de otras
provisiones obligatorias, no pudiendo, en ningún caso, generar utilidades por la reversión de
dichas provisiones.
4. Información a la Superintendencia
Cuando la regla procíclica se encuentre activada, las empresas deberán reportar mensualmente
las provisiones procíclicas de los créditos en categoría Normal en el Anexo 5-A “Resumen de
Provisiones Procíclicas” del Manual de Contabilidad.”
f) Elimínense la Primera y Cuarta Disposiciones Finales y Transitorias del Reglamento para la
Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones aprobado mediante Resolución
SBS N° 808-2003 y sus normas modificatorias.
Artículo Tercero.- Actívese la regla procíclica a partir del 1 de
diciembre de 2008. Las empresas deberán constituir, al 31 de diciembre de 2008, como mínimo, las dos
terceras partes del faltante para completar el requerimiento total de provisiones de créditos en Categoría
Normal, y el saldo restante a más tardar el 28 febrero de 2009. Las provisiones procíclicas serán
registradas en las cuentas analíticas correspondientes a provisiones genéricas obligatorias, de acuerdo a
lo señalado en el Anexo A, adjunto a la presente Resolución.
4
2
Artículo Cuarto.- Modifíquese el Manual de Contabilidad para
las Empresas del Sistema Financiero, conforme con los Anexos A y B adjuntos a la presente Resolución.
Lo indicado en el Anexo A entrará en vigencia a partir de la información correspondiente al mes de
diciembre de 2008, mientras que las modificaciones contenidas en el Anexo B entrarán en vigencia a
partir de la información correspondiente al mes de julio de 2010.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
2 Artículo modificado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
5
ÍNDICE
REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR Y LA EXIGENCIA DE
PROVISIONES
CAPÍTULO l
CONCEPTOS Y PRINCIPIOS PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR
1. ALCANCE
2. DEFINICIONES
3. FACTORES DE CONVERSIÓN CREDITICIOS (FCC) DE LOS CRÉDITOS INDIRECTOS
4. TIPOS DE CRÉDITOS
4.1 Créditos Corporativos
4.2 Créditos a Grandes Empresas
4.3 Créditos a Medianas Empresas
4.4 Créditos a Pequeñas Empresas
4.5 Créditos a Micro Empresas
4.6 Créditos de Consumo Revolvente
4.7 Créditos de Consumo No-Revolvente
4.8 Créditos Hipotecarios para Vivienda
5. PRINCIPIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL
DEUDOR
5.1 Criterios de Evaluación
5.2 Clasificación Crediticia del Deudor
CAPÍTULO II
CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
1. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN CREDITICIA
2. CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
CORPORATIVOS, A GRANDES EMPRESAS Y A MEDIANAS EMPRESAS
2.1 Categoría Normal
2.2 Categoría con Problemas Potenciales
2.3 Categoría Deficiente
2.4 Categoría Dudoso
2.5 Categoría Pérdida
3. CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS A
PEQUEÑAS EMPRESAS, A MICROEMPRESAS, DE CONSUMO REVOLVENTE Y
CONSUMO NO-REVOLVENTE
3.1 Categoría Normal
3.2 Categoría con Problemas Potenciales
3.3 Categoría Deficiente
3.4 Categoría Dudoso
3.5 Categoría Pérdida
6
4. CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA
4.1 Categoría Normal
4.2 Categoría con Problemas Potenciales
4.3 Categoría Deficiente
4.4 Categoría Dudoso
4.5 Categoría Pérdida
CAPÍTULO III
EXIGENCIA DE PROVISIONES
1. CLASES DE PROVISIONES
1.1 Provisión Genérica
1.2 Provisión Específica
2. TASAS DE PROVISIONES
2.1 Tratamiento General
2.2 Tratamiento de Créditos con Más de Noventa (90) Días de Atraso
2.3 Régimen General de Provisiones Procíclicas
3. CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALES
1. DEL PROCESO DE LA CLASIFICACIÓN CREDITICIA Y REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN
CREDITICIA DEL DEUDOR
1.1 Órganos responsables de la clasificación crediticia y de la revisión de la clasificación
crediticia del deudor
1.2 Periodicidad de la clasificación crediticia del deudor
1.3 Cobertura y periodicidad de la revisión de la clasificación crediticia del deudor
1.4 Presentación de la Información
2. OPERACIONES REFINANCIADAS Y REESTRUCTURADAS
2.1 Operaciones refinanciadas
2.2 Operaciones reestructuradas
2.3 Clasificación
2.4 Registro contable de las operaciones refinanciadas y reestructuradas
2.5 Valor presente de las deudas refinanciadas y/o reestructuradas
3. VALUACIÓN DE GARANTÍAS
4. PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA
SUPERINTENDENCIA
5. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
6. CASTIGO DE CRÉDITOS INCOBRABLES
7
7. SUSPENSIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR CRÉDITOS RIESGOSOS
8. ADJUDICACIÓN DE BIENES EN PAGO DE DEUDAS
9. CLASIFICACIÓN CONTABLE DE LOS CRÉDITOS
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
ANEXOS
ANEXO I: RÉGIMEN GENERAL DE PROVISIONES PROCÍCLICAS
ANEXO II: NORMAS ESPECIALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO EN LOS PROGRAMAS DE RESCATE FINANCIERO AGROPECUARIO Y
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL DE EMPRESAS
8
REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR Y LA EXIGENCIA DE
PROVISIONES
CAPÍTULO I
CONCEPTOS Y PRINCIPIOS PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR Y LA
EXIGENCIA DE PROVISIONES
1. ALCANCE
La presente norma es de aplicación a las empresas de operaciones múltiples comprendidas en
el literal A del artículo 16° de la Ley General, a las empresas de arrendamiento financiero, a las
empresas administradoras hipotecarias, al Banco de la Nación, a la Corporación Financiera de
Desarrollo (COFIDE), al Fondo MIVIVIENDA, al Banco Agropecuario, al Fondo de Garantía para
Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI), a las derramas y a las cooperativas de ahorro y
crédito no autorizadas a captar recursos del público, en adelante empresas.
3
2. DEFINICIONES
a. Créditos: Se refiere a la suma de los créditos directos más indirectos.
b. Créditos directos: Representa los financiamientos que, bajo cualquier modalidad, las
empresas del sistema financiero otorguen a sus clientes, originando a cargo de éstos la
obligación de entregar una suma de dinero determinada, en uno o varios actos,
comprendiendo inclusive las obligaciones derivadas de refinanciaciones y reestructuraciones
de créditos o deudas existentes.
c. Créditos indirectos o créditos contingentes: Representan los avales, las cartas fianza, las
aceptaciones bancarias, las cartas de crédito, los créditos aprobados no desembolsados y
las líneas de crédito no utilizadas, otorgados por las empresas del sistema financiero.
d. Créditos a bancos multilaterales de desarrollo: Créditos a organismos constituidos por un
conjunto de estados, que brindan financiamiento y servicios complementarios para el
desarrollo.
e. Créditos soberanos: Créditos con bancos centrales, tesoros públicos y otras entidades del
sector público que posean partidas asignadas por el tesoro público para pagar
específicamente dichas exposiciones.
f. Créditos a entidades del sector público: Créditos a dependencias del sector público que no
hayan sido considerados como soberanos. Incluye créditos a gobiernos locales y regionales,
así como a empresas públicas o mixtas.
g. Créditos a intermediarios de valores: Créditos a empresas cuyas principales líneas de
negocios son la intermediación de valores, la administración de fondos, los servicios de
asesoría financiera, banca de inversión y negociación de valores. Incluye el financiamiento
otorgado a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Bolsas de Valores,
Sociedades Agentes de Bolsa, Fondos Mutuos y Fondos de Inversión, vehículos de
propósitos especial, patrimonios fideicometidos y a las empresas que los administran; así
como el financiamiento otorgado a otras instituciones que designe la Superintendencia.
h. Créditos a empresas del sistema financiero: Créditos a empresas comprendidas en los
literales A y B del artículo 16º de la Ley General y sus similares del exterior. Incluye el
financiamiento otorgado a FOGAPI, COFIDE, Banco de la Nación, Banco Agropecuario y al
Fondo MIVIVIENDA.
3 Numeral 2 sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
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i. Créditos revolventes: Son aquellos créditos asociados a líneas de crédito revolventes, en los
4
que se permite que los montos amortizados sean reutilizados por el deudor.
j. Créditos no revolventes: Son aquellos créditos en los que no se permite que los montos
5
amortizados sean reutilizados por el deudor.
k. Deudor minorista: Persona natural o jurídica que cuenta con créditos directos o indirectos
clasificados como de consumo (revolventes y no revolventes), a microempresas, a
pequeñas empresas o hipotecarios para vivienda.
l. Deudor no minorista: Persona natural o jurídica que cuenta con créditos directos o indirectos
corporativos, a grandes empresas o a medianas empresas.
m. Endeudamiento total en el sistema financiero: Para fines de esta norma, es la suma de los
créditos directos, avales, cartas fianza, aceptaciones bancarias y cartas de crédito que
posee un deudor en el sistema financiero, sin incluir los créditos castigados.
n. Exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos: Es el resultado de
multiplicar los créditos indirectos que posee un deudor en la empresa por los factores de
conversión crediticios (FCC).
o. Días: Días calendario.
p. Manual de Contabilidad: Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero
aprobado mediante Resolución SBS Nº 895-98 del 1 de septiembre de 1998 y sus normas
modificatorias.
q. Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.
r. Crédito pignoraticio: modalidad de crédito de consumo que se concede al afectarse en
6
garantía, con desposesión del bien, alhajas u otros objetos de oro o plata.
7
3. FACTORES DE CONVERSIÓN CREDITICIOS (FCC) DE LOS CRÉDITOS INDIRECTOS
Para la determinación de la Exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos,
se tomarán los Factores de Conversión Crediticios (FCC) de acuerdo a lo siguiente:
a) Confirmaciones de cartas de crédito irrevocables de hasta 20%
un año, cuando el banco emisor sea una empresa del sistema
financiero del exterior de primer nivel
b) Los avales, cartas de crédito de importación, cartas fianza 100%
que respalden el cumplimiento de obligaciones de pago
asociadas a eventos de riesgo de crédito, y las
confirmaciones de cartas de crédito no incluidas en el literal
8
“a)”, así como las aceptaciones bancarias.
9
c) Las cartas fianzas no incluidas en el literal “b)” 50%
d) Créditos concedidos no desembolsados y líneas de crédito 0%
4
Literal i) sustituido por la Resolución SBS N° 5570-2019 del 27/11/2019, vigente a partir del 1 de enero de 2021.
5
Literal j) sustituido por la Resolución SBS N° 5570-2019 del 27/11/2019, vigente a partir del 1 de enero de 2021.
6 Literal r incorporado por la Resolución SBS N° 1802-2014 del 18/03/2014.
7 Numeral 3 sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
8
Literal b) sustituido por la Resolución SBS N° 5570-2019 del 27/11/2019, vigente a partir de la información de
enero 2020
9
Literal c) sustituido por la Resolución SBS N° 5570-2019 del 27/11/2019, vigente a partir de la información de
enero 2020.
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no utilizadas
e) Otros créditos indirectos no contemplados en los literales 100%”
anteriores
4. TIPOS DE CRÉDITOS10
La cartera de créditos será clasificada en ocho (8) tipos.
4.1 CRÉDITOS CORPORATIVOS
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han registrado un nivel de ventas
anuales mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados
financieros anuales auditados más recientes del deudor. Si el deudor no cuenta con
estados financieros auditados, los créditos no podrán ser considerados en esta categoría.
Si posteriormente, las ventas anuales del deudor disminuyesen a un nivel no mayor a S/.
200 millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como
créditos a grandes empresas.
Adicionalmente, se considerarán como corporativos a los créditos soberanos, a los créditos
concedidos a bancos multilaterales de desarrollo, a entidades del sector público, a
intermediarios de valores, a empresas del sistema financiero, a los patrimonios autónomos
de seguro de crédito y a fondos de garantía constituidos conforme a Ley.
4.2 CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al menos una de las
siguientes características:
a. Ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a S/. 200 millones en los
dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros más recientes del deudor.
b. El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de instrumentos
representativos de deuda en el mercado de capitales.
Si posteriormente, las ventas anuales del deudor excediesen el umbral de S/. 200 millones
durante dos (2) años consecutivos, los créditos del deudor deberán reclasificarse como
créditos corporativos, siempre que se cuente con estados financieros anuales auditados.
Asimismo, si el deudor no ha mantenido emisiones vigentes de instrumentos de deuda en el
último año y sus ventas anuales han disminuido a un nivel no mayor a S/. 20 millones
durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como créditos a
medianas empresas, a pequeñas empresas o a microempresas, según corresponda, en
función del nivel de endeudamiento total en el sistema financiero en los últimos (6) meses.
4.3 CRÉDITOS A MEDIANAS EMPRESAS
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un endeudamiento total en
el sistema financiero superior a S/. 300.000 en los últimos seis (6) meses y no cumplen con
11
las características para ser clasificados como créditos corporativos o a grandes empresas.
10 Numeral 4 sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)2218990 Fax: (511) 4417760 11
Si posteriormente, las ventas anuales del deudor fuesen mayores a S/. 20 millones durante
dos (2) años consecutivos o el deudor hubiese realizado alguna emisión en el mercado de
capitales, los créditos del deudor deberán reclasificarse como créditos a grandes empresas
o corporativos, según corresponda. Asimismo, si el endeudamiento total del deudor en el
sistema financiero disminuyese posteriormente a un nivel no mayor a S/. 300,000 por seis
(6) meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a pequeñas
empresas o a microempresas, dependiendo del nivel de endeudamiento.
Se considera también como créditos a medianas empresas a los créditos otorgados a
personas naturales que posean un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir
los créditos hipotecarios para vivienda) superior a S/. 300,000 en los últimos seis (6) meses,
siempre que una parte de dicho endeudamiento corresponda a créditos a pequeñas
empresas o a microempresas, caso contrario permanecerán clasificados como créditos de
consumo.
Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los
créditos hipotecarios para vivienda), se redujera a un nivel no mayor a S/. 300,000 por seis
(6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como créditos de consumo
(revolvente y/o no revolvente) y como créditos a pequeñas empresas o a microempresas,
dependiendo del nivel de endeudamiento y el destino del crédito, según corresponda.
4.4 CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS
Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o
prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento
total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es superior a
S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 en los últimos seis (6) meses.
Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los
créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 300,000 por seis (6) meses
consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas.
Asimismo, en caso el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los
créditos hipotecarios para vivienda) disminuyese posteriormente a un nivel no mayor a
S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse a créditos a
microempresas.
4.5 CRÉDITOS A MICROEMPRESAS
Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o
prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento
total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor
a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses.
Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los
créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 20,000 por seis (6) meses
consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados al tipo de crédito que corresponda,
según el nivel de endeudamiento.
11 Primer párrafo del numeral 4.3 sustituido por la Resolución SBS N° 1445-2010 del 09/02/2010.
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4.6 CRÉDITOS DE CONSUMO REVOLVENTES
Son aquellos créditos revolventes otorgados a personas naturales, con la finalidad de
atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial.
Los créditos de consumo revolventes comprenden las modalidades de avances en cuenta
corriente, las tarjetas de crédito asociadas a líneas de crédito revolvente, sobregiros en
cuenta corriente, préstamos revolventes, préstamos otorgados bajo convenios de descuento
12
de planilla revolventes, entre otros.
En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a microempresas o a pequeñas
empresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos
hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los
créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas.
Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos otorgados a personas
naturales que sólo posean créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o
créditos hipotecarios para vivienda, debiendo permanecer clasificados como créditos de
consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, según
corresponda.
4.7 CRÉDITOS DE CONSUMO NO-REVOLVENTE
Son aquellos créditos no revolventes otorgados a personas naturales, con la finalidad de
atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial.
Los créditos de consumo no revolventes comprenden las modalidades de préstamos para
automóviles, préstamos de libre disponibilidad, préstamos bajo convenios (elegibles y no
elegibles, así como bajo convenio con descuento de planilla no revolventes), arrendamiento
financiero, lease-back, las tarjetas de crédito asociadas a líneas de crédito no revolventes,
13
financiamientos no revolventes independientes a la línea de tarjeta de crédito, entre otros.
En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a pequeñas empresas o a
microempresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos
hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los
créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas.
Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos otorgados a personas
naturales que sólo posean créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o créditos
hipotecario para vivienda, debiendo permanecer clasificados como créditos de consumo
(revolventes y/o no revolventes).y/o créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda.
4.8 CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción,
refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre
que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas; sea que
estos créditos se otorguen por el sistema convencional de préstamo hipotecario, de letras
hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares características.
12
Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 5570-2019 del 27/11/2019, vigente a partir del 1 de enero de 2021.
13
Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 5570-2019 del 27/11/2019, vigente a partir del 1 de enero de 2021.
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Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o construcción de
vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, bienes en
proceso de independización o bienes en proceso de inscripción de dominio, no es posible
constituir sobre ellos la hipoteca individualizada que deriva del crédito otorgado.
Asimismo, se consideran en esta categoría a:
a) Los créditos hipotecarios para vivienda otorgados mediante títulos de crédito
hipotecario negociables de acuerdo a la Sección Sétima del Libro Segundo de la Ley
Nº 27287 del 17 de junio de 2000; y,
b) Las acreencias producto de contratos de capitalización inmobiliaria. 14
Para determinar el nivel de endeudamiento en el sistema financiero se tomará en cuenta la
información de los últimos seis (6) Reportes Crediticios Consolidados (RCC) remitidos por la
Superintendencia. El último RCC a considerar es aquel que se encuentra disponible el primer día
del mes en curso.
En caso el deudor no haya registrado créditos destinados a financiar actividades de producción,
comercialización o prestación de servicios en ninguno de los últimos seis (6) meses, el nuevo
desembolso destinado a financiar actividades de producción, comercialización o prestación de
servicios será el determinante del nivel de endeudamiento en el sistema financiero. Asimismo, si
el deudor ha registrado créditos destinados a financiar actividades de producción,
comercialización o prestación de servicios en algún(os) mes(es) de los últimos seis (6) meses, se
tomará en cuenta sólo la información de aquellos meses en que el endeudamiento total del
deudor en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) registrado en
15
el RCC sea diferente de cero.
5. PRINCIPIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL
DEUDOR
5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El otorgamiento del crédito está determinado por la capacidad de pago del solicitante que, a
su vez, está definida fundamentalmente por su flujo de caja y sus antecedentes crediticios.
En el caso de créditos pignoraticios o créditos de consumo con garantía de depósitos en
efectivo efectuados en la misma empresa o con garantía de oro en lingotes en custodia de
la empresa prestamista, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
a) Créditos pignoraticios con alhajas u objetos de oro: por el importe del crédito que
exceda el 80% del valor de la garantía, deberá efectuarse una evaluación de la
capacidad de pago del solicitante, de conformidad con los criterios aplicables a los
deudores minoristas.
b) Créditos pignoraticios con alhajas u objetos de plata: por el importe del crédito que
exceda el 70% del valor de la garantía, deberá efectuarse una evaluación de la
capacidad de pago del solicitante, de conformidad con los criterios aplicables a los
deudores minoristas.
c) Créditos de consumo con garantía de oro en lingotes en custodia de la empresa
prestamista: por el importe del crédito que exceda el 80% del valor de la garantía,
14
Literal sustituido por la Resolución SBS N° 3716 - 2016 del 06/07/2016.
15
Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 5570-2019 del 27/11/2019, vigente a partir del 1 de enero de 2021.
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deberá efectuarse una evaluación de la capacidad de pago del solicitante, de
conformidad con los criterios aplicables a los deudores minoristas.
d) Créditos de consumo con garantía de depósitos en efectivo efectuados en la misma
empresa: por el importe del crédito que exceda el 100% del valor de la garantía, deberá
efectuarse una evaluación de la capacidad de pago del solicitante, de conformidad con
los criterios aplicables a los deudores minoristas.16
La evaluación del solicitante para el otorgamiento del crédito a deudores no minoristas debe
considerar además de los conceptos señalados en el párrafo anterior, su entorno
económico, la capacidad de hacer frente a sus obligaciones ante variaciones cambiarias o
de su entorno comercial, político o regulatorio, el tipo de garantías que respalda el crédito,
la calidad de la dirección de la empresa y las clasificaciones asignadas por las demás
empresas del sistema financiero.
Para evaluar el otorgamiento de créditos a deudores minoristas, se analizará la capacidad
de pago en base a los ingresos del solicitante, su patrimonio neto, el importe de sus
diversas obligaciones, y el monto de las cuotas asumidas para con la empresa; así como las
clasificaciones crediticias asignadas por las otras empresas del sistema financiero. En el
caso de los créditos a pequeñas empresas y a microempresas, las empresas podrán
prescindir de algunos de los requisitos documentarios exigidos por esta Superintendencia,
pudiéndose elaborar conjuntamente entre cliente y empresa indicadores mínimos, a
satisfacción de este organismo de control, que permitan determinar la capacidad de pago
para el cumplimiento de la obligación.
Los criterios de evaluación de los deudores que se señalan en el artículo 222º de la Ley
General se aplicarán en el contexto de su pertenencia a un grupo económico, conglomerado
financiero o mixto o en base a otros supuestos de riesgo único señalados en el artículo
203º.
Los criterios señalados anteriormente se aplican sin perjuicio de las disposiciones sobre
conocimiento del cliente y del mercado establecidas en las Normas Complementarias para
la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
5.2 CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR
Criterios Generales
a) La clasificación crediticia del deudor está determinada principalmente por la capacidad
de pago del deudor, a través de su flujo de caja y el grado de cumplimiento de sus
obligaciones. Asimismo, deben tomarse en consideración su solvencia, las
clasificaciones crediticias asignadas por otras empresas del sistema financiero, así como
su historial crediticio, entre otros elementos prudenciales.
b) Sólo se considerará el cumplimiento de las obligaciones del deudor como parámetro
válido cuando los fondos utilizados para tal fin sean generados por el propio deudor y no
sean flujos financiados directa o indirectamente por terceros. Tampoco se considerarán
tales cumplimientos como parámetros válidos cuando constituyan una simple
instrumentación contable, sin que medien ingresos reales. Estos criterios serán de
aplicación general, incluso en los casos de operaciones objeto de alguna refinanciación
o reestructuración, así como de aquellos arrendamientos financieros que tuvieron su
origen en otros créditos.
16 Primer párrafo modificado por la Resolución SBS N° 1802-2014 del 18/03/2014.
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c) En caso que el deudor tenga varios créditos en la misma empresa, su clasificación será
la correspondiente a la categoría de mayor riesgo, a menos que el saldo en dichos
créditos sea menor a S/. 100.00 (Cien Nuevos Soles) o al uno por ciento (1%) del total
de la deuda con la empresa (con un tope máximo de tres (3) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT)), el que resulte mayor. La empresa primero consolidará la clasificación
correspondiente al deudor por modalidad de crédito aplicando el criterio señalado
anteriormente; luego consolidará las distintas modalidades por tipo de crédito, aplicando
el mismo criterio.
d) En caso el deudor tenga créditos en dos o más empresas del sistema financiero o, en
general, en cualquier patrimonio que deba reportar el Anexo Nº 6 “Reporte Crediticio de
Deudores- RCD”, el deudor será clasificado a la categoría de mayor riesgo que le haya
sido asignada por cualquiera de las entidades cuyas acreencias representen un mínimo
del veinte por ciento (20%) en el sistema. La revisión de la clasificación así efectuada se
designará en los párrafos subsiguientes, como “alineamiento”. Sólo se permitirá un nivel
de discrepancia con respecto a esta categoría.
e) La entidad deberá efectuar el procedimiento del alineamiento en forma mensual,
considerando la clasificación del deudor en base a la última información disponible
remitida por esta Superintendencia a través del “Reporte Crediticio Consolidado – RCC”.
La entidad deberá reportar igualmente la clasificación sin alineamiento en el campo
17
asignado en el “Reporte Crediticio de Deudores – RCD.
f) Para fines de los literales c) y d) se considerará a los créditos directos y a los créditos
indirectos, excepto los créditos no desembolsados y las líneas no utilizadas.
g) Para efecto del alineamiento se deberá considerar a:
i. Las carteras de créditos mantenidas por empresas del sistema financiero,
incluidas las carteras castigadas que mantengan las empresas del sistema
financiero y las carteras de créditos de las empresas del sistema financiero
en liquidación;
ii. Las carteras de créditos que hayan sido transferidas mediante fideicomiso u
otro contrato similar, siempre que conforme con el Reglamento del
Fideicomiso y de las Empresas de Servicios Fiduciarios, exista obligación
de seguir reportando en el RCD.18
iii. Las carteras de créditos transferidas que conforme el Reglamento de
transferencia y adquisición de cartera se encuentren obligados a seguir
19
reportando en el RCD .
Créditos de Deudores No Minoristas
a) Para clasificar a los deudores de la cartera de créditos no minoristas se deberá tener en
cuenta primordialmente el flujo de caja del deudor, lo que también incluye el
conocimiento del endeudamiento global de la empresa deudora con terceros
acreedores, del país y del exterior, y su nivel de cumplimiento en el pago de dichas
deudas.
b) Asimismo, expresamente deberán considerarse los posibles efectos de los riesgos
financieros relacionados a los descalces en moneda, plazos y tasas de interés de los
estados financieros de la empresa deudora y que pueden repercutir en su capacidad de
pago, incluyendo a las operaciones con instrumentos financieros derivados.
17 Literal sustituido por la Resolución SBS N° 7657-2011 del 04/07/2011.
18 Numeral modificado por Resolución SBS N° 1882-2014, del 26/03/2014.
19 Numeral incorporado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
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c) Al evaluar el flujo de caja, la empresa del sistema financiero deberá tener presente el
grado de sensibilidad frente a variaciones en el entorno económico y regulatorio en el
que se desenvuelve la empresa deudora, así como el grado de vulnerabilidad a
cambios en la composición y calidad de su cartera de clientes y proveedores y en sus
relaciones contractuales con ellos. Se considerará adicionalmente para la clasificación,
la calidad de gestión de la empresa deudora y sus sistemas de información.
d) El incumplimiento del deudor en el pago de su deuda en los plazos pactados presume
una situación de flujo de caja inadecuado.
Créditos de Deudores Minoristas
a) Tratándose de la clasificación crediticia de los deudores minoristas, se tomará en cuenta
principalmente su capacidad de pago medida en función de su grado de cumplimiento,
reflejado en el número de días de atraso, así como en la clasificación de los deudores en
las otras empresas del sistema financiero, en caso de aplicación del alineamiento.
b) Para los deudores minoristas, sólo se efectuará el alineamiento cuando la clasificación
en la entidad cuyas acreencias representen un mínimo del veinte por ciento (20%) en el
sistema sea de Dudoso o Pérdida.
c) Para el cálculo del alineamiento de los deudores minoristas no se tomará en cuenta la
información crediticia del deudor con más de mil ochocientos (1,800) días de atraso.
d) En caso que la empresa otorgue financiamientos a deudores minoristas que
anteriormente formaron parte de la cartera que haya castigado o transferido con la
clasificación crediticia de Pérdida, antes de la expiración de un plazo de dos (2) años,
contados desde la fecha de castigo o transferencia, se deberá constituir una provisión
del cien por ciento (100 %) durante un (1) año.
CAPÍTULO II
CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE
CRÉDITOS
1. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN CREDITICIA
El deudor será clasificado de acuerdo a las siguientes categorías:
• Categoría Normal (0)
• Categoría con Problemas Potenciales (1)
• Categoría Deficiente (2)
• Categoría Dudoso (3)
• Categoría Pérdida (4)
2. CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS CORPORATIVOS, A
GRANDES EMPRESAS Y A MEDIANAS EMPRESAS
2.1 CATEGORÍA NORMAL (0)
El deudor:
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a) Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento patrimonial y
adecuada estructura del mismo con relación a su capacidad de generar utilidades. El
flujo de caja no es susceptible de un empeoramiento significativo ante modificaciones
importantes en el comportamiento de las variables tanto propias como vinculadas con su
sector de actividad; y,
b) Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones.
Adicionalmente y sin perjuicio de lo establecido en los incisos a) y b) precedentes, la
empresa del sistema financiero considerará si el deudor:
a) Tiene un sistema de información consistente y actualizado, que le permita conocer en
forma permanente su situación financiera y económica;
b) Cuenta con una dirección calificada y técnica, con apropiados sistemas de control interno;
c) Pertenece a un sector de la actividad económica o ramo de negocios que registra una
tendencia creciente; y,
d) Es altamente competitivo en su actividad.
2.2 CATEGORÍA CON PROBLEMAS POTENCIALES (1)
El deudor presenta cualquiera de las características siguientes:
a) Una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado endeudamiento
patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de las deudas por capital e intereses.
El flujo de caja podría, en los próximos doce (12) meses, debilitarse para afrontar los
pagos, dado que es sumamente sensible a modificaciones de variables relevantes como
entorno económico, comercial, regulatorio, político, entre otros; o,
b) Atrasos ocasionales y reducidos en el pago de sus créditos que no exceden los 60 días.
2.3 CATEGORÍA DEFICIENTE (2)
El deudor presenta cualquiera de las características siguientes:
a) Una situación financiera débil y un flujo de caja que no le permite atender el pago de la
totalidad del capital y de los intereses de las deudas. La proyección del flujo de caja no
muestra mejoría en el tiempo y presenta alta sensibilidad a modificaciones menores y
previsibles de variables significativas, debilitando aún más sus posibilidades de pago.
Tiene escasa capacidad de generar utilidades; o,
b) Atrasos mayores a sesenta (60) días y que no excedan de ciento veinte (120) días.
2.4 CATEGORÍA DUDOSO (3)
El deudor presenta cualquiera de las características siguientes:
a) Un flujo de caja manifiestamente insuficiente, no alcanzando a cubrir el pago de capital
ni de intereses; presenta una situación financiera crítica y muy alto nivel de
endeudamiento patrimonial, y se encuentra obligado a vender activos de importancia
para la actividad desarrollada y que, materialmente, son de magnitud significativa con
resultados negativos en el negocio; o,
b) Atrasos mayores a ciento veinte (120) días y que no excedan de trescientos sesenta y
cinco (365) días.
2.5 CATEGORÍA PÉRDIDA (4)
El deudor presenta cualquiera de las características siguientes:
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a) Un flujo de caja que no alcanza a cubrir sus costos. Se encuentra en suspensión de
pagos, siendo factible presumir que también tendrá dificultades para cumplir eventuales
acuerdos de reestructuración; se encuentra en estado de insolvencia decretada o está
obligado a vender activos de importancia para la actividad desarrollada, y que,
materialmente, sean de magnitud significativa; o,
b) Atrasos mayores a trescientos sesenta y cinco (365) días.
3. CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS A PEQUEÑAS
EMPRESAS, A MICROEMPRESAS, DE CONSUMO REVOLVENTE Y CONSUMO NO
REVOLVENTE
Estos deudores deberán clasificarse conforme a los siguientes criterios:
3.1 CATEGORÍA NORMAL (0)
Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus créditos de acuerdo a lo
convenido o con un atraso de hasta ocho (8) días calendario.
3.2 CATEGORÍA CON PROBLEMAS POTENCIALES (1)
Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de nueve (9) a treinta
(30) días calendario.
3.3 CATEGORÍA DEFICIENTE (2)
Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de treinta y uno (31) a
sesenta (60) días calendario.
3.4 CATEGORÍA DUDOSO (3)
Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de sesenta y uno (61)
a ciento veinte (120) días calendario.
3.5 CATEGORÍA PÉRDIDA (4)
Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de sus créditos de más de ciento
veinte (120) días calendario.
4. CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA
4.1 CATEGORÍA NORMAL (0)
Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus créditos de acuerdo a lo
convenido o con un atraso de hasta treinta (30) días calendario.
4.2 CATEGORÍA CON PROBLEMAS POTENCIALES (1)
Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de treinta y uno (31) a sesenta (60)
días calendario.
4.3 CATEGORÍA DEFICIENTE (2)
Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de sesenta y uno (61) a ciento veinte
(120) días calendario.
4.4 CATEGORÍA DUDOSO (3)
Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de ciento veintiuno (121) a
trescientos sesenta y cinco (365) días calendario.
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4.5 CATEGORÍA PÉRDIDA (4)
Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de más de trescientos sesenta y
cinco (365) días calendario.
CAPÍTULO III
EXIGENCIA DE PROVISIONES
1. CLASES DE PROVISIONES
1.1 PROVISIÓN GENÉRICA
Las provisiones genéricas son aquellas que se constituyen, de manera preventiva,
sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos
indirectos de deudores clasificados en categoría Normal.
1.2 PROVISIÓN ESPECÍFICA
Las provisiones específicas son aquellas que se constituyen sobre los créditos directos
y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores a
los que se ha clasificado en una categoría de mayor riesgo que la categoría Normal.
2. TASAS DE PROVISIONES
2.1. TRATAMIENTO GENERAL
Las tasas mínimas de provisiones genéricas que las empresas deben constituir sobre los
créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos,
clasificados en categoría Normal son las siguientes:
Tipos de crédito Tasas de
Provisiones
Créditos corporativos 0.70%
Créditos a grandes empresas 0.70%
Créditos a medianas empresas 1.00%
Créditos a pequeñas empresas 1.00%
Créditos a microempresas 1.00%
Créditos de consumo revolventes 1.00%
Créditos de consumo no-revolventes 1.00%
Créditos hipotecarios para vivienda 0.70%
Asimismo, las tasas mínimas de provisiones específicas que las empresas deben constituir sobre
los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos, de
deudores clasificados en una categoría de mayor riesgo que la Normal son las siguientes:
Categoría de Riesgo Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3
Categoría con Problemas Potenciales 5.00% 2.50% 1.25%
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Categoría Deficiente 25.00% 12.50% 6.25%
Categoría Dudoso 60.00% 30.00% 15.00%
Categoría Pérdida 100.00% 60.00% 30.00%
En caso que los créditos cuenten con garantías preferidas autoliquidables señaladas en el
numeral 3.12 del Capítulo IV del presente Reglamento, la empresa constituirá provisiones
específicas por la porción cubierta, considerando un porcentaje no menor al 1%.
En caso que los créditos corporativos, a grandes empresas, a medianas empresas, a pequeñas
empresas, a microempresas o hipotecarios para vivienda cuenten con garantías preferidas de
muy rápida realización, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.11 del Capítulo IV, la empresa
constituirá provisiones considerando porcentajes no menores a los señalados en la Tabla 3, por
la porción cubierta. Asimismo, en caso dichos créditos cuenten con garantías preferidas, de
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.10 del Capítulo IV, la empresa constituirá provisiones
considerando porcentajes no menores a los señalados en la Tabla 2, por la porción cubierta.
Para los créditos de consumo pignoraticios que cuenten con las garantías preferidas definidas en
el inciso h) del numeral 3.10.3 del Capítulo IV, la empresa constituirá provisiones considerando
porcentajes no menores a los señalados en la Tabla 2, por la porción cubierta.
Las empresas deberán constituir provisiones por la porción no cubierta por garantías preferidas
autoliquidables, garantías preferidas de muy rápida realización, garantías preferidas, según
corresponda al tipo de crédito, considerando porcentajes no menores a los señalados en la Tabla
1.
Los créditos que cuenten con garantías preferidas que respaldan diversas obligaciones, en los
cuales el derecho de la empresa del sistema financiero sobre dicha garantía está subordinado a
la preferencia de un tercero sobre la misma, deberán provisionar de acuerdo a los porcentajes de
20
la Tabla 1.
Para efecto de provisiones, los créditos bajo la modalidad de arrendamiento financiero y
capitalización inmobiliaria, excepto los créditos de consumo, serán considerados como créditos
con garantías, debiéndose tomar en cuenta la calidad de los bienes dados en arrendamiento
financiero y capitalización inmobiliaria, así como la valuación de los mismos, conforme a lo
21
señalado en el numeral 3 del Capítulo IV.
Para los créditos que cuenten con la responsabilidad subsidiaria de los gobiernos centrales y sus
agencias, bancos centrales, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Banco de
Pagos Internacionales, bancos multilaterales de desarrollo listados en el artículo 16° del
Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, empresas del
sistema financiero o del sistema de seguros del país y del exterior, así como otras entidades con
Riesgo II de acuerdo con el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por
Riesgo de Crédito, instrumentada en (i) cartas fianzas solidarias, (ii) avales, (iii) aceptaciones
bancarias, iv) pólizas de caución, v) seguro de crédito a la exportación para financiamientos pre y
post embarque, (vi) cartas de crédito, cartas de crédito stand by o garantías similares, siempre
que sean irrevocables con documentos negociados sin discrepancias, (vii) derivados crediticios
(únicamente total return swap y credit default swap); o que cuente con cobertura de seguro de
crédito extendida por un patrimonio autónomo de seguro de crédito; o con cobertura de un fondo
de garantía constituido por Ley, o con la cobertura de riesgo brindada por el Fondo MIVIVIENDA
20 Párrafo incorporado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
21 Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
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S.A. que sea aplicable y se encuentre vigente de acuerdo con las normas establecidas por dicho
Fondo, el requerimiento de provisiones corresponde a la clasificación crediticia de quien brinde la
protección crediticia, por el monto cubierto, independientemente de la clasificación del deudor y
el tipo de crédito del deudor original. Para la clasificación crediticia de las contrapartes que
brinden la protección crediticia se debe considerar los criterios señalados en el Capítulo II del
22
presente Reglamento.
La porción del crédito hipotecario para vivienda con cobertura de riesgo del Fondo MIVIVIENDA
S.A. puede recibir el mismo tratamiento de un crédito con garantía autoliquidable siempre que se
cumpla con lo siguiente:
a) Los créditos hipotecarios hayan sido otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA S.A.; y
b) La cobertura de riesgo brindada por el Fondo MIVIVIENDA S.A. a favor de la empresa sea
aplicable y se encuentre vigente, de acuerdo con las normas establecidas por dicho Fondo.
Cuando los deudores, independientemente del tipo de crédito y de la garantía con que cuenten,
permanezcan clasificados en la categoría Dudoso por más de 36 meses o en la categoría
Pérdida por más de 24 meses, deben constituir provisiones de acuerdo con las tasas señaladas
en la Tabla 1. Dicho criterio no se aplica a los deudores cuya clasificación crediticia obedece a la
aplicación del procedimiento del alineamiento, ni a los deudores que cuenten con créditos
hipotecarios para vivienda, clasificados en dichas categorías producto de la aplicación del literal
c) del numeral 5.2 del Capítulo I del presente Reglamento, siempre que los créditos hipotecarios
23
para vivienda se encuentren en situación contable de vigente.
24
2.2. TRATAMIENTO DE CRÉDITOS CON MÁS DE NOVENTA (90) DÍAS DE ATRASO25
Cuando el deudor posea algún crédito con un atraso mayor a noventa (90) días, la empresa
deberá realizar la mejor estimación de la pérdida que esperaría tener por cada operación
que posee el deudor. La estimación de este porcentaje de pérdida esperada (PESP) para
cada operación se realizará teniendo en cuenta la coyuntura económica actual y la condición
de la operación, incluyendo el valor de la(s) garantía(s), la modalidad de crédito, el sector
económico del deudor y la finalidad de la operación, entre otros.
Para los créditos a pequeñas empresas, créditos a microempresas y créditos de consumo
(revolventes y no revolventes), el cálculo de la PESP estimada podrá realizarse de acuerdo
a las tasas de provisiones contempladas en el numeral 2.1. del presente Capítulo, salvo que
la empresa se encuentre autorizada a emplear métodos basados en calificaciones internas
para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito
correspondiente a dichas carteras, en cuyo caso aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.
22 Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009. Posteriormente sustituido por la
Resolución SBS N° 1782-2015 del 19/03/2015.
23 Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 7657-2011 del 04/07/2011. Posteriormente sustituido por la
Resolución SBS N° 1782-2015 del 19/03/2015.
24 Últimos tres párrafos sustituidos por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009. Posteriormente
eliminados por la Resolución SBS N° 1465-2015 del 26/02/2015.
25 Numeral sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
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Las empresas deberán constituir como provisiones específicas el monto que resulte mayor
entre la PESP estimada y el tratamiento general indicado en el numeral 2.1 del presente
Capítulo.
2.3 RÉGIMEN GENERAL DE PROVISIONES PROCÍCLICAS
Las empresas deberán constituir las provisiones procíclicas de la categoría Normal de
acuerdo al Anexo I ”Régimen General de Provisiones Procíclicas”.
3. CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES
Las empresas deben constituir las provisiones genéricas y específicas sobre los créditos directos
y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos.
Las provisiones constituidas se registrarán conforme a las disposiciones contenidas en el
Manual de Contabilidad.
Cuando las provisiones constituidas resulten menores a las requeridas, el directorio de la
empresa deberá informar a esta Superintendencia, conjuntamente con el reporte mensual del
patrimonio efectivo, las razones del referido incumplimiento. Dicha diferencia será detraída,
inmediatamente, del patrimonio efectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General.
En caso resulte procedente reclasificar un crédito hacia una categoría de menor riesgo como
resultado de una mejora en la capacidad de pago del deudor, la empresa del sistema financiero
deberá reasignar el monto producto de la reversión de provisiones para la constitución de otras
provisiones, comenzando primero por las categorías de mayor riesgo.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALES
1. DEL PROCESO DE LA CLASIFICACIÓN CREDITICIA Y REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN
CREDITICIA DEL DEUDOR
1.1 ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA CLASIFICACIÓN CREDITICIA Y DE LA REVISIÓN DE
LA CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR
Clasificación crediticia del deudor
La clasificación crediticia del deudor deberá ser responsabilidad de la Unidad de
Riesgos o, en su defecto, de otra unidad independiente de las unidades de negocios y
de admisión de créditos.
La unidad responsable de la clasificación crediticia del deudor, conforme a lo señalado
en el párrafo anterior deberá elaborar trimestralmente el listado de los deudores no
minoristas que hayan sido reclasificados a una mejor categoría, debiendo indicar las
clasificaciones inicial y final. Dicho listado deberá ser informado al directorio y estar a
disposición de la Superintendencia.
Revisión de la clasificación crediticia del deudor
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La revisión de la clasificación crediticia del deudor deberá ser responsabilidad de la
Unidad de Auditoría Interna.
Los resultados de dicha revisión deberán ser reportados al directorio, órgano
equivalente o comité delegado, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la
Gestión Integral de Riesgos. El directorio u órgano equivalente deberá emitir
pronunciamiento al respecto, señalando su conformidad o la adopción de medidas
correctivas, debiendo dicho pronunciamiento constar en actas.
1.2 PERIODICIDAD DE LA CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR
Deudores No Minoristas
La clasificación de los deudores no minoristas debe realizarse por lo menos de manera
mensual. Los factores cualitativos y aquellos derivados de la información financiera
deberán ser evaluados al menos una vez al año o cuando se produzcan hechos o
eventos que puedan afectar la calidad crediticia del deudor.
Para los créditos de deudores clasificados como CPP, Deficiente y Dudoso, así como
para los refinanciados y reestructurados, la evaluación de los factores cualitativos y
financieros deberá realizarse al menos semestralmente.
Deudores Minoristas
La clasificación de los deudores minoristas será efectuada por lo menos de manera
mensual.
1.3 COBERTURA Y PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CREDITICIA
DEL DEUDOR
Deudores No Minoristas
La Unidad de Auditoría Interna deberá revisar la clasificación de una muestra
representativa de la cartera de créditos de deudores no minoristas, cuando menos
cuatrimestralmente o según lo fijado en su plan anual conforme con el Reglamento de
Auditoría Interna, pudiendo variar la composición de la muestra en cada revisión. La
metodología para la determinación de la muestra representativa deberá estar
debidamente documentada y permanecer en todo momento a disposición de la
Superintendencia. Este órgano de control podrá requerir modificaciones a dicha
metodología.
La metodología para la determinación de la muestra representativa deberá considerar
entre otros criterios: las mayores exposiciones individuales, los deudores que hubiesen
sido objeto de alertas, los deudores que tuviesen atrasos ocasionales de manera
repetida y los deudores que hubiesen mejorado su clasificación durante el último año.
Deberá incluir asimismo a deudores de créditos refinanciados y reestructurados, de
créditos otorgados a las personas vinculadas a la propia empresa del sistema
financiero, y a los deudores reclasificados por la empresa o por la Superintendencia.
En el caso de grupos económicos o de la presunción de riesgo único a que se refiere el
artículo 203º de la Ley General, la revisión se efectuará tomándolos como un solo
cliente.
Deudores Minoristas
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Para la revisión de la clasificación de los deudores minoristas, se deberá implementar
controles automatizados permanentes. Asimismo, se deberá utilizar análisis de
integridad de datos y realizar análisis de muestras representativas, como
procedimientos de revisión, por lo menos una vez al año.
En el caso de grupos económicos o de la presunción de riesgo único a que se refiere el
artículo 203º de la Ley General, la revisión se efectuará tomándolos como un solo
cliente.
1.4 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El resultado de la clasificación deberá informarse mensualmente a esta Superintendencia en
un plazo no mayor de quince (15) días calendario, contados desde el cierre del mes a que
corresponde la información de evaluación y clasificación del deudor, utilizando para el efecto
el Anexo Nº 5 “Informe de Clasificación de los Deudores de la Cartera de Créditos” y el
Anexo Nº 6 “Reporte Crediticio de Deudores- RCD” vigentes.
2. OPERACIONES REFINANCIADAS Y REESTRUCTURADAS
2.1 OPERACIONES REFINANCIADAS
Se considera como “OPERACIÓN REFINANCIADA” al crédito o financiamiento directo,
cualquiera sea su modalidad, respecto del cual se producen variaciones de plazo y/o monto
del contrato original que obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor.
También se considera operación refinanciada cuando se producen los supuestos de
novación contenidos en el artículo 1277 y siguientes del Código Civil, siempre que sean
producto de las dificultades en la capacidad de pago del deudor. Cuando las dificultades en
la capacidad de pago de un deudor motiven una novación subjetiva por delegación, dichas
operaciones no serán consideradas como refinanciadas salvo que el deudor que se sustituye
tenga vinculación o pertenezca al grupo económico del deudor sustituido.
Toda operación refinanciada deberá ser sustentada en un reporte de crédito, debidamente
documentado, y analizada individualmente teniendo en cuenta esencialmente la capacidad
de pago del deudor, estableciéndose que el nuevo crédito que se otorgue será recuperado en
las condiciones de interés y plazo pactados.
2.2. OPERACIONES REESTRUCTURADAS
Se considera como “OPERACIÓN REESTRUCTURADA” al crédito o financiamiento directo,
cualquiera sea su modalidad, sujeto a la reprogramación de pagos aprobada en el proceso
de reestructuración, de concurso ordinario o preventivo, según sea el caso, conforme a la Ley
General del Sistema Concursal aprobada mediante la Ley Nº 27809.
2.3 CLASIFICACIÓN
Al momento de firmarse el contrato de refinanciación o de aprobarse la reprogramación de
pagos, según corresponda a un crédito refinanciado o reestructurado, la clasificación de
riesgo de los deudores deberá mantenerse en sus categorías originales, con excepción de
los deudores clasificados como Normal que deberán ser reclasificados como Con Problemas
26
Potenciales.
26 Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
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Posteriormente, la clasificación crediticia de los deudores refinanciados o reestructurados
podrá ser mejorada en una categoría, cada dos (2) trimestres, siempre que el deudor haya
efectuado pagos puntuales de las cuotas pactadas, y se encuentre cumpliendo las metas del
plan de refinanciación. Si, por el contrario, el deudor presenta atrasos en el pago de las
cuotas pactadas o incumplimientos de las metas acordadas o deterioro en su capacidad de
pago de acuerdo con el Capítulo II del presente Reglamento, la empresa supervisada deberá
27
proceder a reclasificar al deudor, inmediatamente, en una categoría de mayor riesgo.
En caso que alguna refinanciación o reestructuración contemplase un período de gracia, los
criterios señalados en el párrafo anterior respecto a la mejora en la clasificación crediticia del
deudor se aplicarán a partir de la conclusión de dicho período de gracia.
Los intereses, las comisiones y gastos que se generen por las operaciones refinanciadas o
reestructuradas se deberán contabilizar por el método de lo percibido.
2.4 REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES REFINANCIADAS Y
REESTRUCTURADAS
Las operaciones refinanciadas y reestructuradas deben ser registradas contablemente en las
cuentas de créditos refinanciados y créditos reestructurados, de acuerdo a las disposiciones
contenidas en el Manual de Contabilidad.
Dichas operaciones podrán ser registradas contablemente como créditos vigentes si se
cumplen todas las condiciones que se detallan a continuación:
a) Los deudores de los créditos estén clasificados como Normal o Con Problemas
Potenciales, como consecuencia de la evaluación por capacidad de pago;
b) El crédito original no haya sufrido cambios en las condiciones contractuales, que
obedecen a dificultades en la capacidad de pago, por más de una vez;
c) El deudor haya pagado por lo menos el veinte por ciento (20 %) del capital de la deuda
refinanciada o reestructurada; y,
d) El deudor haya demostrado capacidad de pago con respecto al nuevo cronograma del
crédito mediante el pago puntual de las cuotas durante los dos (2) últimos trimestres.
Para este efecto se considerará como pago puntual el cumplimiento de la obligación en
la fecha establecida en el contrato.
En caso que alguna refinanciación y/o reestructuración contemplase un período de gracia, lo
señalado en el párrafo anterior se aplicará a partir de la conclusión de dicho período de
gracia.
Los intereses, comisiones y gastos que generen las operaciones refinanciadas y
reestructuradas una vez reclasificadas en la categoría de vigentes, se contabilizarán según el
criterio aplicado a los créditos vigentes, establecido en el Manual de Contabilidad.
Las empresas del sistema financiero deberán mantener un registro permanente en cuentas
de control de las operaciones refinanciadas y reestructuradas que hayan sido reclasificadas
en la categoría de vigentes.
2.5 VALOR PRESENTE DE LAS OPERACIONES REFINANCIADAS Y/O
REESTRUCTURADAS
27 Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)2218990 Fax: (511) 4417760 26
Al momento de la refinanciación o reestructuración, las empresas deberán determinar el valor
presente de los flujos futuros del nuevo cronograma de la deuda. Si dicho valor presente es
menor que el valor en libros neto de provisiones se deberá constituir inmediatamente
provisiones adicionales a las existentes por la diferencia correspondiente.
3. VALUACIÓN DE GARANTÍAS
Las normas sobre valuación de garantías son las que se señalan a continuación:
3.1 La valuación de las garantías se basará en el valor neto de realización, el que deberá
reflejar apropiadamente su valor de venta en el mercado menos los gastos adicionales en
que se incurre para tal fin.
3.2 Se entiende por valor neto de realización en el mercado, al valor neto que la empresa espera
recuperar como consecuencia de la eventual venta o ejecución del bien, en la situación cómo
y donde esté. Por tanto, este valor debe considerar los castigos y cargos por concepto de
impuestos, comisiones, fletes, mermas, entre otros.
Este valor debe basarse en un valor comercial de referencia, calculado a partir de
información confiable. En ningún caso el valor comercial debe estimarse a partir de meras
expectativas de mejoramiento de precios en el mercado, o supuestos de carácter financiero
relacionados con potenciales clientes, sino que se seguirá un criterio estrictamente
conservador, fundado en las condiciones vigentes del mercado.
3.3. Los bienes dados en garantía serán valuados por profesional idóneo debidamente inscrito en
el Registro de Peritos Valuadores (REPEV) de esta Superintendencia. Dicho requisito es
obligatorio para las garantías preferidas indicadas en los numerales 3.10.1, 3.10.2, literal h)
del numeral 3.10.3 y literal a) del numeral 3.10.4 del presente apartado, cuando corresponda.
También está sujeta a dicho requerimiento, la fiducia en garantía constituida sobre los bienes
antes mencionados. En caso que las garantías preferidas señaladas en el literal h) del
numeral 3.10.3 no se encuentren tasadas por un perito inscrito en el REPEV, se aplicará un
28
descuento del 1% sobre el valor de tales garantías.
3.4. En el caso de hipotecas y garantías mobiliarias que deben encontrarse inscritas conforme al
presente Reglamento, debe verificarse si estas han sido efectivamente inscritas en los
registros correspondientes y que cuenten con un seguro que cubra la pérdida del bien,
debidamente endosado a favor de la empresa. De no ser así, no pueden ser consideradas
como garantías preferidas, a menos que exista bloqueo registral al que se considera como
garantía constituida por un plazo no mayor de noventa (90) días contados desde su
29
inscripción.
3.5. Cuando se trate de bienes inmuebles y bienes muebles inscritos en el Registro Jurídico de
Bienes, la valuación deberá efectuarse mediante una tasación comercial que cuente con
suficientes antecedentes de respaldo referidos a los precios utilizados. Preferentemente se
considerarán ventas recientes de bienes similares, las fuentes que originaron los cálculos de
estos precios y las consideraciones que sirvieron de base para determinar el valor final del
bien tasado. Tales antecedentes deberán permanecer en archivos a disposición de la
Superintendencia.
28 Numeral sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
29 Numeral sustituido por la Resolución SBS N° 1782-2015 del 19/03/2015.
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3.6. Cuando las garantías sean títulos valores, o instrumentos financieros en general, éstos serán
gravados a favor de la empresa, observándose las leyes sobre la materia. La valuación de
estos instrumentos se realizará de acuerdo a modelos internos desarrollados por la empresa,
sujetos a la revisión de la Superintendencia. Dichos modelos deberán ser consistentes con
los modelos de valorización empleados en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
de Clasificación, Valorización y Provisiones de las Inversiones de las Empresas del Sistema
Financiero, y los precios resultantes deberán ser iguales para la valuación de garantías e
inversiones.
3.7 Los actos de constitución de garantía mobiliaria sobre bienes destinados a la explotación
industrial, agrícola o minera, deben establecer expresamente que dichos bienes sólo podrán
ser trasladados con autorización de la empresa acreedora.
3.8 Tratándose de créditos sindicados, a que se refiere el numeral 8 del artículo 221º de la Ley
General, las garantías presentadas se considerarán proporcionalmente a las alícuotas de los
créditos otorgados.
3.9 Se considera como garantías preferidas, aquellas que reúnan todos los siguientes requisitos:
• Se trata de dinero o de bienes que permiten su conversión en dinero, con el cual se
puede cancelar la obligación garantizada, sin costos significativos;
• Cuenten con documentación legal adecuada;
• No presenten obligaciones previas que pudieran disminuir su valor o de alguna manera
impedir que la empresa acreedora adquiera clara titulación;
• Su valor esté permanentemente actualizado.
Para efectos de mantener permanentemente actualizado el valor de las garantías preferidas,
distintas al dinero, las empresas podrán utilizar sistemas de actualización de valor sobre la
base de indicadores de realización de mercado, construidos a partir de información confiable
de referencia comercial, económica y estadística. Dichos sistemas deberán estar
permanentemente actualizados y a disposición de esta Superintendencia. El valor de las
garantías preferidas obtenido por los medios antes mencionados deberá actualizarse
mediante valuación realizada por perito registrado en el REPEV, cuando corresponda
conforme a lo señalado en el numeral 3.3, cuando exista algún cambio que pudiera tener un
impacto significativo en la valuación del bien.
Tratándose de créditos pignoraticios con alhajas u objetos de oro y plata, o de créditos de
consumo con garantía de oro en lingotes en custodia de la empresa prestamista, la
metodología de valorización de la empresa deberá considerar un valor del oro o plata que
sea consistente con el precio internacional de la onza troy del oro o plata. El valor del oro o
plata no podrá superar el mínimo entre el valor promedio de la onza troy del oro o plata en los
últimos treinta (30) días y el último dato de cierre disponible.30
3.10 Se consideran como garantías preferidas las siguientes:
3.10.1 Primera hipoteca sobre inmuebles.
3.10.2 Productos y mercadería de fácil realización, afectados mediante warrants endosados
conforme a Ley.
3.10.3 Primera garantía mobiliaria sobre los siguientes bienes:
30 Párrafo incorporado por Resolución SBS N° 1802-2014 del 18/03/2014.
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)2218990 Fax: (511) 4417760 28
a) Instrumentos representativos de deuda no subordinada emitidos por empresas del
sistema financiero y del sistema de seguros, por bancos multilaterales de
desarrollo y por empresas del sistema financiero y de seguros del exterior de
primer nivel;
b) Instrumentos representativos de capital que sirvan para la determinación de los
índices correspondientes a mecanismos centralizados de negociación del
extranjero de reconocido prestigio a satisfacción de la Superintendencia o
instrumentos representativos de los valores señalados en el literal d) siguiente;
c) Instrumentos representativos de deuda que tengan cotización en algún mecanismo
centralizado de negociación del extranjero, cuya calificación de riesgo en el
mercado internacional sea no menor a BBB+ o A-2, según corresponda, de
acuerdo a las equivalencias señaladas en las normas emitidas por esta
Superintendencia;
d) Instrumentos representativos de capital emitidos por personas jurídicas distintas al
deudor, que se transen en mecanismos centralizados de negociación, calificados
en las categorías 1 y 2 o en las categorías AAA, AA y A, según corresponda, de
acuerdo con las equivalencias contenidas en las normas emitidas por esta
Superintendencia, con excepción de los emitidos por la propia empresa acreedora;
e) Instrumentos representativos de deuda calificados en las categorías CP-1 y CP-2 o
en las categorías AAA, AA y A, según corresponda, de acuerdo con las
equivalencias contenidas en las normas emitidas por esta Superintendencia, que
se transen en mecanismos centralizados de negociación, con excepción de los
emitidos por la empresa deudora;
f) Certificados de Participación en Fondos Mutuos calificados en las categorías AAA,
AA y A de acuerdo con las equivalencias contenidas en las normas emitidas por
esta Superintendencia;
g) Certificados de Participación en Fondos de Inversión calificados en las categorías
AAA, AA y A de acuerdo con las equivalencias contenidas en las normas emitidas
por esta Superintendencia;
h) Joyas y metales preciosos con desposesión del bien. Si dichas garantías no se
encuentran inscritas en los registros correspondientes se aplicará un descuento
31
del 1% sobre el valor de dichas garantías;
i) Conocimientos de embarque y cartas de porte, emitidos por empresas
transportadoras de reconocido prestigio, debidamente endosados a favor de la
empresa del sistema financiero;
Para efectos de las equivalencias de las categorías de clasificación, deberá
considerarse lo establecido en el Reglamento de Clasificación, Valorización y
Provisiones de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero
complementado, cuando corresponda, por las disposiciones sobre Calificación y
Clasificación de Inversiones del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
3.10.4 Siempre que se encuentre inscrita en los Registros Públicos:
a) Primera garantía mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves,
aeronaves, así como sobre bienes, de fácil realización, destinados a la
explotación agropecuaria, industrial y minera.
b) Fideicomiso en garantía constituido sobre los bienes a que se refieren los
numerales 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3.
31 Literal sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)2218990 Fax: (511) 4417760 29
Para que la primera garantía mobiliaria señalada en el literal a) del presente numeral
sea considerada como garantía preferida, el constituyente o su representante
deberá ser designado depositario de dichos bienes en el respectivo acto constitutivo.
3.10.5 Cartas fianza emitidas por empresas supervisadas por la Superintendencia que
garanticen la terminación de un inmueble, su independización y posterior
constitución de hipoteca a favor de la empresa (aplicable solo para créditos
hipotecarios para vivienda, cuando no es posible la constitución de la hipoteca por
32
tratarse de bienes futuros).
3.11 Se considerarán como garantías preferidas de muy rápida realización las siguientes:
3.11.1. Primera garantía mobiliaria sobre los siguientes bienes:
a) Instrumentos representativos de deuda pública externa emitidos por el Gobierno
Central o instrumentos representativos de obligaciones del Banco Central de
Reserva del Perú;
b) Instrumentos representativos de deuda emitidos por gobiernos centrales o bancos
centrales que se coticen en mecanismos centralizados de negociación, calificados
en grado de inversión por clasificadoras de riesgo a satisfacción de la
Superintendencia;
c) Valores mobiliarios incluidos en el listado que publica semestralmente la
Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90º del
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo Nº
00498-EF, con excepción de los emitidos por la empresa deudora y acreedora.
d) Warrants de commodities que sean transados en mecanismos centralizados de
negociación o cuya negociación en mercados secundarios sea frecuente.
3.11.2. Fideicomiso en garantía sobre los bienes señalados en el numeral 3.11.1, siempre
que se encuentre inscrito en los Registros Públicos.
3.12 Se considerarán como garantías preferidas autoliquidables las siguientes:
a) Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera efectuados en la
empresa prestamista y sujetos a garantía mobiliaria constituida conforme a Ley. En
caso que dichos depósitos no se encuentren inscritos, se aplicará un descuento del
33
0.5% sobre el valor de tales depósitos.
b) Derechos de carta de crédito, cartas de crédito stand by u otras similares, siempre que
sean irrevocables, con documentos negociados sin discrepancias, pendientes de
cobro del banco emisor cuando éste sea una empresa del sistema financiero del
exterior de primer nivel, en la medida que la empresa opte por no considerarla a
efectos de la sustitución de contraparte crediticia.
34
c) Oro en lingotes en custodia de la empresa prestamista.
d) Cobertura de riesgo de crédito provista por el Fondo MIVIVIENDA S.A. La porción del
crédito hipotecario para vivienda con cobertura de riesgo del Fondo MIVIVIENDA S.A.
puede recibir el mismo tratamiento de un crédito con garantía autoliquidable siempre
que se cumpla con lo siguiente: i) los créditos hipotecarios hayan sido otorgados con
recursos del Fondo MIVIVIENDA S.A.; y ii) la cobertura de riesgo brindada por el
32 Numeral incorporado por la Resolución SBS N° 1782-2015 del 19/03/2015.
33 Literal sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
34 Literal incorporado por la Resolución SBS N° 1802-2014 del 18/03/2014.
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Fondo MIVIVIENDA S.A. a favor de la empresa sea aplicable y se encuentre vigente,
de acuerdo con las normas establecidas por dicho Fondo.35
3.13 En caso de verificarse el incumplimiento de las exigencias mínimas antes descritas, o que
existan dudas respecto de las valuaciones efectuadas, la Superintendencia podrá requerir
una reevaluación total o parcial de los mencionados bienes.
Para efectos de los numerales 3.10 y 3.12 entiéndase como empresas del sistema
financiero y de seguros del exterior de primer nivel a aquellas instituciones que posean una
calificación internacional no menor a “BBB-" para instrumentos representativos de deuda de
largo plazo y no menor a “A-3” para instrumentos representativos de deuda de corto plazo,
de acuerdo a las equivalencias establecidas en el Reglamento para la Inversión de los
Fondos de Pensiones en el Exterior.
4. PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA
SUPERINTENDENCIA
La Superintendencia evaluará regularmente el cumplimiento, por parte de las empresas, de
aquellas disposiciones bajo las cuales se realiza el proceso de evaluación y clasificación de los
deudores de la cartera de créditos. En esa orientación, dispondrá la reclasificación en las
categorías de riesgo correspondientes a aquellos deudores que, a su juicio, la empresa hubiera
clasificado sin ajustarse a las normas pertinentes.
Con este propósito las empresas deberán mantener permanentemente actualizadas las carpetas
de sus deudores, donde la evaluación y clasificación de éstos deberá estar debidamente
fundamentada, incluyendo las provisiones necesarias para cubrir eventuales pérdidas. Asimismo,
deberá mantener permanentemente actualizado y a disposición de este Organismo de Control, el
manual de políticas y procedimientos crediticios.
Si como producto de la verificación de la clasificación de los deudores de la cartera de créditos, la
Superintendencia determinara la exigencia de provisiones totales superiores a las calculadas por
la empresa, ésta deberá constituir inmediatamente dichas provisiones y proceder a la
reclasificación de los deudores en cuestión. Asimismo, de considerarlo necesario, la
Superintendencia podrá requerir a la empresa la reevaluación del íntegro de la cartera de créditos.
5. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
Los resultados de la evaluación y clasificación de la cartera crediticia -a ser aplicadas por las
empresas de acuerdo a los criterios señalados en la presente norma- formarán parte de la
información que será difundida por esta Superintendencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
137º de la Ley General.
6. CASTIGO DE CRÉDITOS INCOBRABLES
El directorio debe proceder al castigo de un crédito clasificado como Pérdida, íntegramente
provisionado, cuando exista evidencia real y comprobable de su irrecuperabilidad o cuando el
monto del crédito no justifique iniciar acción judicial o arbitral.
35 Literal incorporado por la Resolución SBS N° 1782-2015 del 19/03/2015.
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La empresa deberá fijar dentro de sus políticas de control interno, los procedimientos y medidas
necesarias para llevar a cabo el castigo de sus cuentas incobrables, quedando evidenciados en
las actas respectivas del directorio u órgano equivalente.
Los créditos castigados deberán ser controlados contablemente en las cuentas respectivas
destinadas para su registro, de acuerdo a las normas contables vigentes.36
Los créditos castigados deben ser reportados por las empresas en el Anexo Nº 6 “Reporte
Crediticio de Deudores – RCD” y serán mantenidos en la Central de Riesgos hasta que sean
transferidas, condonadas o se hayan superado los motivos que dieron lugar a su castigo, de
37
acuerdo a lo informado por la empresa correspondiente.
7. SUSPENSIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR CRÉDITOS RIESGOSOS
En tanto no se materialice el pago, los intereses, comisiones y gastos sobre créditos o cuotas que
se encuentren en situación de vencidos, en cobranza judicial, o clasificados en las categorías
Dudoso o Pérdida, deberán ser contabilizados como ingresos o rendimientos en suspenso. En el
caso de los créditos vencidos, dicha contabilización procederá desde que la primera cuota se
encuentre vencida, independientemente de que las demás cuotas aún no hayan vencido.
Tales intereses, comisiones y gastos serán reconocidos en la cuenta de resultados sólo cuando
sean efectivamente percibidos.
Los intereses, comisiones y gastos por las cuentas corrientes deudoras, por plazos mayores a
treinta (30) días calendario de otorgado el sobregiro, se registrarán en las cuentas respectivas en
suspenso mientras no se materialice su pago, extornándose los rendimientos no efectivizados
hasta la fecha.
Tratándose de los créditos reestructurados y refinanciados, e independientemente de su
clasificación, los intereses y comisiones que no hayan sido efectivamente percibidos deberán ser
contabilizados como ingresos o rendimientos en suspenso de acuerdo a las normas contables
vigentes.
8. ADJUDICACIÓN DE BIENES EN PAGO DE DEUDAS
El registro, tratamiento contable y provisiones de los bienes que se adjudique una empresa en
pago de deudas, se sujetarán a las disposiciones contenidas en el Reglamento para el
Tratamiento de los Bienes Adjudicados y Recuperados y sus Provisiones, emitido por la
Superintendencia.
9. CLASIFICACIÓN CONTABLE DE LOS CRÉDITOS
El plazo para considerar la totalidad del crédito como vencido es después de transcurrido quince
(15) días calendario de la fecha de vencimiento de pago pactado para créditos de deudores no
minoristas y de treinta (30) días calendario para créditos a pequeñas empresas y a
microempresas.
36
Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
37
Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
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En el caso de créditos de consumo revolvente y no revolvente, hipotecarios para vivienda y
operaciones de arrendamiento financiero, se sigue un tratamiento escalonado para la
consideración de crédito vencido: después de los treinta (30) días calendario de no haber
pagado a la fecha pactada, se considerará vencida sólo la porción no pagada; mientras que
después de los noventa (90) días calendario del primer incumplimiento, se considerará la
totalidad de la deuda insoluta.
Para el caso de sobregiros en cuenta corriente, independientemente del tipo de crédito, se
considerará como crédito vencido a partir del trigésimo primer día (31º) calendario de otorgado el
sobregiro.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
PRIMERA.- Para efectos del seguimiento y registro de los créditos sujetos a los Programas de Rescate
Financiero Agropecuario (RFA) y de Fortalecimiento Patrimonial de Empresas (FOPE) las empresas
deberán aplicar lo dispuesto en el Anexo II de la presente norma.
SEGUNDA.- Los créditos hipotecarios que a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento,
hayan sido otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA no darán lugar a la constitución de
provisiones por la parte que cuente con cobertura de dicho Fondo.
TERCERA.- Esta Superintendencia establecerá los lineamientos específicos, así como las normas
38
reglamentarias, para la aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento para las derramas.
CUARTA.- La Superintendencia podrá ajustar los porcentajes señalados en los literales a), b) y c) del
numeral 5.1 del Capítulo I del presente reglamento con la finalidad de adecuarlo al comportamiento del
39
oro y la plata en el mercado.
QUINTA.- Aquellas empresas que hayan otorgado, antes de la entrada en vigencia de la Resolución
SBS N° 1802-2014, créditos de consumo con garantía de depósitos en efectivo efectuados en la misma
empresa por encima del 100% del valor de la garantía, créditos de consumo con garantía de oro en
lingotes en custodia de la empresa prestamista por encima del 80% del valor de la garantía, o créditos
pignoraticios con alhajas u objetos de oro y plata por encima del 80% y 70% del valor de la garantía,
respectivamente, tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para adecuarse a las disposiciones
sobre créditos pignoraticios y créditos de consumo con garantía de depósitos en efectivo efectuados en la
misma empresa o con garantía de oro en lingotes en custodia de la empresa prestamista, aprobadas
mediante la resolución antes mencionada.
Para los créditos de consumo con garantía de depósitos en efectivo efectuados en la misma empresa,
créditos de consumo con garantía de oro en lingotes en custodia de la empresa prestamista, o créditos
pignoraticios con alhajas u objetos de oro y plata, otorgados a partir de la entrada en vigencia de la
Resolución antes mencionada, las empresas tendrán plazo hasta el 31 de enero de 2015 para adecuarse
40
a lo establecido en dicha Resolución.
38 Disposición incorporada por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009.
39 Disposición incorporada por la Resolución SBS N° 1802-2014 del 18/03/2014.
40 Disposición incorporada por la Resolución SBS N° 1802-2014 del 18/03/2014.
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SEXTA.- Para los créditos de consumo no revolventes con contratos referidos a convenios de descuento
por planilla de remuneraciones o de pensiones del Sector Público que tenían la condición de elegibles
antes de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 010-2014-EF y que eran reportados como tal, la
empresa podrá seguir constituyendo las provisiones de acuerdo con los porcentajes señalados en la
Tabla 3 del numeral 2.1 “Tratamiento General” del numeral 2 “Tasas de Provisiones” del Capítulo III
“Exigencia de Provisiones” y el porcentaje de provisión procíclica de 0.25%, hasta el vencimiento de
dichos créditos, siempre que tales créditos se encuentren al día en sus pagos y no se efectúen
modificaciones contractuales referidas a ampliación de monto ni que constituyan refinanciaciones.
Para los créditos de consumo no revolventes con contratos referidos a convenios de descuento por
planilla de remuneraciones o de pensiones que no son del Sector Público y que tenían la condición de
elegibles antes de la entrada en vigencia de la Resolución SBS N° 1465-2015 y que eran reportados
como tal, la empresa podrá seguir constituyendo las provisiones de acuerdo con los porcentajes
señalados en la Tabla 3 del numeral 2.1 “Tratamiento General” del numeral 2 “Tasas de Provisiones” del
Capítulo III “Exigencia de Provisiones” y el porcentaje de provisión procíclica de 0.25%, hasta el
vencimiento de dichos créditos, siempre que tales créditos se encuentren al día en sus pagos y no se
efectúen modificaciones contractuales referidas a ampliación de monto ni que constituyan
41
refinanciaciones.
SÉTIMA.- Con relación a las modificaciones al Reglamento establecidas mediante Resolución SBS N°
1782-2015, se debe precisar lo siguiente:
a. En caso una empresa opte por tratar la cobertura de riesgo crediticio provista por el Fondo
MIVIVIENDA como garantía autoliquidable, puede hacerlo para los créditos hipotecarios
desembolsados a partir del 01.07.2010.
b. Las cartas fianza a que se refiere el numeral 3.10.5 del numeral 3 “Valuación de Garantías” del
Capítulo IV “Disposiciones Generales y Especiales” se aceptan como garantías preferidas,
independientemente de la fecha de desembolso del crédito hipotecario para vivienda.42
43
OCTAVA.- Créditos Reprogramados - COVID 19
44
NOVENA.- Créditos Reprogramados - COVID 19
Las empresas del sistema financiero, a los créditos reprogramados COVID-19, contabilizados como
Créditos Reprogramados - Estado de Emergencia Sanitaria, de acuerdo con las disposiciones emitidas
por la Superintendencia, deben aplicar lo siguiente:
1. Los créditos reprogramados de los deudores con clasificación Normal, son considerados créditos
de deudores con riesgo crediticio superior a Normal, correspondiéndoles el nivel de riesgo de
crédito Con Problemas Potenciales (CPP). A estos créditos se les aplica provisiones específicas
correspondientes a la categoría de riesgo de crédito CPP, de acuerdo con el numeral 2.1. del
Capítulo III del presente Reglamento.
41 Disposición incorporada por la Resolución SBS N° 1465-2015 del 26/02/2015.
42 Disposición incorporada por la Resolución SBS N° 1782-2015 del 19/03/2015. Fe de erratas de la Resolución
SBS N° 1782-2015, publicado en el diario El Peruano de fecha 26/03/2015.
43
Disposición incorporada por la Resolución SBS N° 3155-2020 del 17/12/2020 y Derogada a partir del 25.12.2021
por la Resolución SBS N° 3922-2021 del 23/12/2021.
44
Disposición Incorporada por la Resolución SBS 03922-2021 del 23.12.2021 publicado el 24.12.2021, vigente a
partir del 25.12.2021
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Sin embargo, tratándose de deudores con clasificación Normal y CPP que no hayan efectuado el
pago de al menos una cuota completa que incluya capital en los últimos seis meses al cierre de
la información contable, les corresponde el nivel de riesgo de crédito Deficiente. Asimismo, en
caso de deudores con clasificación Normal, CPP y Deficiente que no hayan efectuado el pago de
al menos una cuota completa que incluya capital en los últimos doce meses, les corresponde el
nivel de riesgo de crédito Dudoso. A estos créditos, se les aplica las provisiones específicas
correspondientes a la categoría de riesgo de crédito Deficiente o Dudoso, respectivamente, de
acuerdo con el numeral 2.1. del Capítulo III del Reglamento.
Lo señalado en este numeral es aplicable a los créditos de consumo, microempresa, pequeña
empresa y mediana empresa.
2. A los intereses devengados (contabilizados en la cuenta 1408) de los créditos reprogramados,
en situación contable de vigente, correspondientes a la cartera de créditos de consumo,
microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, se les aplicará un requerimiento de
provisiones específicas correspondiente a la categoría de riesgo de crédito Deficiente, de
acuerdo con el numeral 2.1. del Capítulo III del presente Reglamento.
Sin embargo, tratándose de deudores que no hayan efectuado el pago de al menos una cuota
completa que incluya capital en los últimos seis meses al cierre de la información contable, a
dichos intereses devengados se les aplicará un requerimiento de provisiones específicas
correspondientes a la categoría de riesgo de crédito Pérdida, de acuerdo con la Tabla 1 del
numeral 2.1. del Capítulo III del Reglamento.
3. Las disposiciones señaladas en los numerales 1 y 2 no afectan la clasificación del deudor en el
Reporte Crediticio de Deudores.
4. Los intereses devengados no cobrados a la fecha de la reprogramación, reconocidos como
ingresos, que se capitalicen por efecto de la reprogramación, deben extornarse y, registrarse
como ingresos diferidos, contabilizándose como ingresos en base al nuevo plazo del crédito y
conforme se vayan cancelando las respectivas cuotas.
5. Con relación a los pagos y cancelación, se deben considerar las disposiciones establecidas en el
literal b) del numeral 5.2 del Capítulo I del presente Reglamento.
6. Las empresas no podrán, en ningún caso, generar utilidades o generar mejores resultados por la
reversión de las provisiones, debiendo reasignarlas para la constitución de provisiones
específicas obligatorias.
7. Las disposiciones antes señaladas no aplican en los siguientes casos:
a) si la operación corresponde a créditos agropecuarios con pagos con frecuencia menor a
mensual; o,
b) si la operación corresponde a algún programa de gobierno, para los cuales se deberá aplicar
las normas o precisiones correspondientes.
La Superintendencia podrá establecer los lineamientos específicos, con la finalidad de precisar la
aplicación de las disposiciones antes señaladas.
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ANEXO I
RÉGIMEN GENERAL DE PROVISIONES PROCÍCLICAS
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1. Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en el presente anexo se considerarán las siguientes definiciones:
a. BCRP: Banco Central de Reserva del Perú.
b. PBI: Producto Bruto Interno Real del Perú publicado por el BCRP.
c. Regla procíclica: Medida que hace que a la tasa de provisión correspondiente a la
categoría de riesgo Normal se añada un componente adicional. Dicho componente se
activa de acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del Capítulo II del presente Anexo.
2. Componente procíclico de la tasa de provisión de la categoría Normal
El componente procíclico de las provisiones sobre los créditos directos y la exposición
equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores clasificados en categoría
Normal se constituirá cuando la regla procíclica se encuentre activada. Las tasas mínimas del
45
componente procíclico para cada tipo de crédito son las siguientes :
Tipos de crédito Componente
procíclico
Créditos corporativos 0.10%
Créditos a grandes empresas 0.40%
Créditos a medianas empresas 0.60%
Créditos a pequeñas empresas 1.00%
Créditos a microempresas 1.00%
Créditos de consumo revolventes 1.50%
Créditos de consumo no revolventes 1.00%
Créditos hipotecarios para vivienda 0.40%
En caso los créditos cuenten con garantías preferidas autoliquidables, el componente procíclico
46
será 0% por la porción cubierta con dichas garantías.
Para los créditos de consumo no revolventes que cuenten con contratos referidos a convenios de
descuento por planilla de remuneraciones o de pensiones, y siempre que sean elegibles, el
componente procíclico será 0.25%. Para que dichos créditos sean elegibles deberán cumplir con
todas las siguientes condiciones:
a) El empleador o el que paga la pensión debe encontrarse en clasificación de Normal. De no
contar con clasificación crediticia, la empresa del sistema financiero deberá evaluarlo y otorgarle
una clasificación;
45
Tabla sustituida por la Resolución SBS N° 03718-2021 del 07 de diciembre de 2021.
46
Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 03718-2021 del 07 de diciembre de 2021.
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b) Los créditos de consumo no revolventes deberán tener primera preferencia de pago mediante el
descuento por planilla de remuneraciones o de pensiones. Al respecto, debe tenerse en cuenta
que la primera preferencia de pago está determinada por la antigüedad de los créditos;
c) El descuento total para pago de créditos de consumo no revolventes que cuenten con contratos
referidos a convenios de descuento por planilla de remuneraciones o de pensiones otorgados
por la misma empresa del sistema financiero no debe exceder el 30% de la remuneración o
pensión mensual neta de mandatos judiciales y legales; y,
Los créditos de consumo no revolventes que cuenten con contratos referidos a convenios de
descuento por planilla de remuneraciones o de pensiones deberán encontrarse al día en sus
pagos y no deberán presentar modificaciones contractuales referidas a ampliación de monto ni
47
que constituyan refinanciaciones.
CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
48
1. Activación de la regla procíclica
Las empresas deberán constituir las provisiones procíclicas para la cartera en Categoría Normal,
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:
a) El promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 30 meses pase de un
nivel menor al 4% a uno mayor o igual a este umbral.
b) Cuando el promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 30 meses se
encuentre por encima de 4% y el promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los
últimos 12 meses sea mayor en 2 puntos porcentuales a este mismo indicador evaluado un año
antes.
c) Cuando el promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 30 meses se
encuentre por encima de 4% y hubiesen transcurrido 18 meses desde que la regla procíclica fue
desactivada por la situación contemplada en el numeral (3.b).
El cálculo de los promedios móviles será realizado utilizando la información mensual de la variación
porcentual anualizada del PBI publicada por el BCRP.
2. Constitución de provisiones procíclicas
La Superintendencia emitirá una Circular indicando a las empresas la activación de la regla
49
procíclica. Las empresas tendrán seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de
la Circular para constituir el nivel de provisiones requerido según el componente procíclico para
créditos en Categoría Normal. La constitución de estas provisiones podrá ser de forma gradual,
no pudiendo las tasas del componente procíclico ser menores a lo indicado en la siguiente
50
tabla:
47
Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009. Posteriormente sustituido por la
Resolución SBS N° 1465-2015 del 26/02/2015.
48
Numeral sustituido por la Resolución SBS N° 03718-2021 del 07 de diciembre de 2021.
49
Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
50
Tabla sustituida por la Resolución SBS N° 03718-2021 del 07 de diciembre de 2021.
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Tipos de crédito Mes 2 Mes 4 Mes 6
Créditos corporativos 0.04% 0.08% 0.10%
Créditos a grandes empresas 0.10% 0.25% 0.40%
Créditos a medianas empresas 0.25% 0.40% 0.60%
Créditos a pequeñas empresas 0.30% 0.65% 1.00%
Créditos a microempresas 0.30% 0.65% 1.00%
Créditos de consumo revolventes 0.50% 1.00% 1.50%
Créditos de consumo no revolventes 0.30% 0.65% 1.00%
Créditos hipotecarios para vivienda 0.15% 0.25% 0.40%
Por otro lado, para los créditos de consumo no revolventes que cuentan con contratos referidos a
convenios de descuento por planilla de remuneraciones o de pensiones, y que sean elegibles,
51 52
deberán constituir el total de las provisiones procíclicas a más tardar en el mes 2.
3. Desactivación de la regla procíclica
La regla procíclica se desactivará cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:
a) El promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 30 meses pase de
un nivel igual o mayor al 4% a uno menor a este umbral.53
b) El promedio de la variación porcentual anualizada del PBI de los últimos 12 meses sea
menor en 4 puntos porcentuales que este mismo indicador evaluado un año antes.
La Superintendencia informará la desactivación de la regla procíclica a las empresas, mediante
54
Circular.
55
4. Reasignación de las provisiones procíclicas
Las empresas no podrán en ningún caso, generar utilidades por la reversión de las provisiones
procíclicas.
Las empresas reasignarán las provisiones procíclicas para la constitución de provisiones
específicas obligatorias. La Superintendencia, excepcionalmente, podrá autorizar la reasignación
de las provisiones procíclicas a otras provisiones.
5. Información a la Superintendencia
Cuando la regla procíclica se encuentre activada, las empresas deberán reportar mensualmente
las provisiones procíclicas de los créditos en categoría Normal en el Anexo 5-A “Resumen de
Provisiones Procíclicas” del Manual de Contabilidad.
51 Párrafo modificado por la Resolución SBS N° 1465-2015 del 26/02/2015.
52
Primera oración del párrafo derogada tácitamente por la Resolución SBS N° 03718-2021 del 07/12/2021.
53
Literal sustituido por la Resolución SBS N° 03718-2021 del 07 de diciembre de 2021.
54
Párrafo incorporado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
55
Numeral sustituido por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
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56
6. Condiciones especiales de activación y desactivación de la regla procíclica
La Superintendencia podrá activar o desactivar la regla procíclica, mediante Circular, en
situaciones excepcionales no contempladas en los numerales 1 y 3 del Capítulo II del presente
Anexo, como eventos de caso fortuito o fuerza mayor; o situaciones prudenciales, debidamente
fundamentadas, tales como la necesidad de preservar las condiciones de estabilidad del sistema
financiero, o cuando por circunstancias extraordinarias se origine una excesiva volatilidad sobre
las variables que determinan la activación y desactivación de la regla procíclica; entre otras.
56
Numeral incorporado por la Resolución SBS N° 03718-2021 del 07 de diciembre de 2021.
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ANEXO II
NORMAS ESPECIALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO EN LOS PROGRAMAS DE RESCATE FINANCIERO AGROPECUARIO Y DE
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL DE EMPRESAS
1. Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en el presente anexo se considerarán las siguientes definiciones:
a) RFA: Programa de Rescate Financiero Agropecuario, aprobado mediante Decreto de Urgencia Nº
059-2000 y sus normas modificatorias y complementarias.
b) FOPE: Programa de Fortalecimiento Patrimonial de Empresas, aprobado mediante Decreto de
Urgencia Nº 059-2000 y sus normas modificatorias y complementarias.
c) Deuda a Refinanciar: La deuda señalada en el literal c) del artículo 5º de la Ley Nº 27551, y en el
literal c) del artículo 4º del Anexo II “Reglamento del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de
Empresas (FOPE)” aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 121-2000-EF/77 y sus
modificatorias, según corresponda.
d) Deducciones: Las reducciones señaladas en el literal b) del artículo 5º de la Ley Nº 27551, y en el
literal b) del artículo 4º del Anexo II “Reglamento del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de
Empresas (FOPE)” aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 121-2000-EF/77 y sus
modificatorias, según corresponda.
e) Intereses devengados: Los intereses que se encuentren pendientes de cobro hasta el día previo a la
fecha de liquidación de la deuda.
f) Días: Días calendario.
2. Tratamiento de la deuda refinanciada por la empresa supervisada
Para efectos del registro contable de la deuda refinanciada por la empresa supervisada no deberá
incluirse el monto prepagado por el beneficiario ni el monto prepagado con los Bonos de Reactivación.
3. Tratamiento de las Deducciones
Las Deducciones podrán ser negociadas libremente entre la empresa supervisada y el deudor. En caso
se capitalicen Deducciones, el tratamiento seguirá lo establecido en el Reglamento para la Capitalización
de Acreencias por parte de las Empresas del Sistema Financiero.
Si se castiga parte del principal de la deuda, las pérdidas correspondientes deberán reconocerse
inmediatamente en resultados. Si se castigan intereses en suspenso, la empresa supervisada tendrá que
revertir el monto correspondiente registrado en el pasivo.
Si las Deducciones se convierten en deuda subordinada, durante los primeros cinco (5) años, desde
dicha conversión, estas Deducciones no se detraerán del patrimonio efectivo para efectos de lo señalado
en la Ley General.
4. Registro de Bonos de Reactivación DS Nº 087-2000-EF
La inversión efectuada por la empresa del sistema financiero en dichos Bonos de Reactivación se
registrará y provisionará de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Clasificación, Valorización y
Provisiones de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero.
5. Financiamientos para la campaña agrícola y capital de trabajo
Los financiamientos de corto plazo para la campaña agrícola y capital de trabajo, señalados en el artículo
3º del Decreto Supremo Nº 088-2000-EF y en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 089-2000-EF, según
corresponda, podrán ser provisionados usando las tasas correspondientes a la categoría de riesgo
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normal, siempre que su otorgamiento haya sido precedido de un análisis de riesgo del deudor de acuerdo
con lo establecido en el presente Reglamento, y cuenten con fuentes de repago claramente identificadas.
De reportarse incumplimiento en el pago de los referidos financiamientos dentro de los plazos pactados
en el cronograma acordado entre el deudor y la empresa supervisada, éstos se provisionarán usando las
tasas correspondientes a la categoría asignada al deudor según lo establecido en el numeral 2.3 del
Capítulo IV de la presente norma.
6. Clasificación del deudor
Para efectos de la clasificación del deudor deberá considerarse lo dispuesto en el numeral 2.3 del
Capítulo IV del presente Reglamento.
Tratándose de la Ley N° 28591, los créditos serán reclasificados como Normal, siempre que se hayan
acogido a la refinanciación o reestructuración conforme las disposiciones de la citada Ley, o que con
anterioridad a la vigencia de la referida Ley se hayan acogido al Programa RFA y se encuentren
cumpliendo puntualmente con el pago de sus cuotas. Posteriormente, a partir de dicha reclasificación a
Normal, se aplicarán las disposiciones de clasificación del deudor establecidas en el Capítulo II del
presente Reglamento.
Es responsabilidad del directorio y de la Gerencia efectuar una supervisión adecuada de las operaciones
para determinar de manera oportuna el cumplimiento de las metas establecidas dentro de los Programas
RFA y FOPE.
7. Tratamiento de las provisiones
Las provisiones correspondientes a la deuda original serán asignadas en el siguiente orden de prioridad:
a) Cobertura de provisiones requeridas de acuerdo con la nueva o revisada clasificación del deudor;
b) Cobertura de pérdidas resultantes del castigo, conversión en deuda subordinada o refinanciación de
las Deducciones;
c) Cobertura de provisiones requeridas por inversiones originadas por la capitalización de acreencias; y,
d) Reasignación a la constitución de otras provisiones requeridas, cubriendo primero las categorías de
mayor riesgo.
En caso se presente un exceso de provisiones, éstas deberán destinarse temporalmente a la constitución
de provisiones genéricas. En ningún caso el exceso de provisiones debe destinarse a incrementar
resultados.
8. Expediente de crédito
La información y documentación mínima que deberán incluir los expedientes de crédito de los deudores
refinanciados dentro del marco de los programas RFA y FOPE es la siguiente:
I. Información y documentación mínima requerida para el análisis de la deuda a ser
refinanciada dentro del marco del Programa RFA
1. Diagnóstico de la situación del deudor previa a la refinanciación. Se deberá incluir en dicho
diagnóstico información sobre el nivel de ingresos, el nivel de endeudamiento, la posición de la
empresa frente a la competencia y otra información que se considere relevante.
2. Análisis comparativo de la situación económica y financiera de la empresa deudora de acuerdo
al contrato original del préstamo y al contrato de refinanciación.
3. Condiciones de la refinanciación del préstamo, que deben incluir el cronograma de pagos, tasa
de interés, plazos, garantías, entre otras.
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4. Detalle de los compromisos asumidos por la empresa deudora, especificando las metas
mensuales y trimestrales.
5. Objetivos, condiciones y utilización de crédito adicional.
6. Análisis de todas las obligaciones del deudor que no se incluyen en el programa, especificando
el efecto de los pagos de dichas obligaciones sobre la viabilidad de la refinanciación.
7. Otros documentos que sean requeridos en el marco de la refinanciación de la deuda.
II. Información y documentación mínima requerida para el análisis de la deuda a ser
refinanciada dentro del marco del Programa FOPE
1. Diagnóstico de la situación del deudor previa a la refinanciación. Se deberá incluir en dicho
diagnóstico información sobre el nivel de ingresos, el nivel de endeudamiento, la posición de la
empresa frente a la competencia y otra información que se considere relevante.
2. Análisis comparativo de la situación económica y financiera de la empresa deudora de acuerdo
al contrato original del préstamo y al contrato de refinanciación, el cual deberá de incorporar
aspectos de gestión. Dicho análisis deberá contener:
a) Supuestos utilizados para realizar las proyecciones de los estados financieros, el flujo de
caja del deudor y el valor presente del principal e intereses.
b) Análisis de sensibilidad de la capacidad de pago de la empresa deudora.
c) Análisis y recomendaciones para determinar las condiciones de la refinanciación del
préstamo, tales como la tasa de interés, las reducciones efectuadas, los cambios de plazo y
facilidades adicionales.
3. Condiciones de la refinanciación del préstamo, que deben incluir el cronograma de pagos, tasa
de interés, plazos, garantías, entre otras.
4. Detalle de los compromisos asumidos por la empresa deudora, especificando las metas
mensuales y trimestrales.
5. Objetivos, condiciones y utilización de crédito adicional.
6. Análisis de todas las obligaciones del deudor que no se incluyen en el programa, especificando
el efecto de los pagos de dichas obligaciones sobre la viabilidad de la refinanciación.
7. Otros documentos que sean requeridos en el marco de refinanciación de la deuda.
Asimismo, dentro del rubro IV “Informes referidos a operaciones de crédito” del Anexo 2 de la Circular
SBS Nº B-2125-2003, F-0465-2003, CM-0312-2003, CR-0181-2003, EAF-0216-2003, EDPYME-0104-
2003, FOGAPI-0018-2003, se incluirá la siguiente información relacionada con los programas de RFA y
FOPE:
a) Monto y provisiones constituidas y requeridas por la deuda original;
b) Monto y provisiones constituidas y requeridas por la deuda refinanciada por la empresa supervisada
y las Deducciones, al acordarse la refinanciación;
c) Monto y provisiones constituidas y requeridas por la deuda refinanciada por la empresa supervisada;
d) Tratamiento de las Deducciones;
e) Monto y provisiones constituidas y requeridas por los financiamientos de corto plazo;
f) Copia del Acuerdo suscrito entre las empresas del sistema financiero, para consolidar las
obligaciones de un solo deudor en una de ellas, previa transferencia de cartera, u otro mecanismo
alternativo, en caso corresponda; y,
g) Otra información que considere necesaria incluir la unidad encargada de la evaluación.
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ANEXO A
MODIFICACIONES AL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA LAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO
I. Modifíquense el Capítulo III “Catálogo de Cuentas” y Capítulo IV “Descripción y Dinámica de
Cuentas” del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero conforme a
lo siguiente:
1. Modifíquese la descripción de la subcuenta 1401.04 “Créditos hipotecarios para
vivienda” conforme al siguiente texto:
“Registra los créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción,
refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia,
siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas,
sea que estos créditos se otorguen por el sistema convencional de préstamo hipotecario
o por cualquier otro sistema de características similares, conforme a los criterios
establecidos en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la
Exigencia de Provisiones.
Se incluyen los créditos para la adquisición o construcción de vivienda propia que a la
fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, bienes en proceso de
independización o bienes en proceso de inscripción de dominio, no es posible constituir
hipoteca individualizada que deriva del crédito otorgado.
Se registran también en esta subcuenta las acreencias producto de contratos de
capitalización inmobiliaria, siempre que tal operación haya estado destinada a la
adquisición o construcción de vivienda propia; así como los créditos hipotecarios
MIVIVIENDA.
Para las cuentas analíticas de esta subcuenta es aplicable, en lo pertinente, la
descripción de las cuentas analíticas de la subcuenta 1401.01 “Créditos Comerciales”.
2. A efectos de registrar los créditos para la adquisición o construcción de vivienda propia
que a la fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, bienes en proceso de
independización o bienes en proceso de inscripción de dominio, no es posible constituir
hipoteca individualizada que deriva del crédito otorgado, se incorpora en la subcuenta
1401.04 “Créditos hipotecarios para vivienda”, cuenta analítica 1401.04.06 “Préstamos”
las siguientes subcuentas analíticas:
1401.04.06.01 Préstamos con hipoteca inscrita
1401.04.06.02 Préstamos sin hipoteca inscrita
3. Las provisiones procíclicas serán registradas en las cuentas analíticas: 1409.01.02,
1409.02.02, 1409.03.02 y 1409.04.02 correspondiente a provisiones genéricas
obligatorias.
Cuando se produzca la desactivación de la regla procíclica conforme a las normas
emitidas por la Superintendencia, las empresas reasignarán el monto producto de la
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reversión de provisiones por el componente procíclico para la constitución de otras
provisiones obligatorias o deberán ser mantenidas en las cuentas analíticas 1409.01.02,
1409.02.02, 1409.03.02 y 1409.04.02. En ningún caso las empresas podrán generar
utilidades por la reversión de dichas provisiones.
4. Para efectos de constituir las provisiones procíclicas sobre los créditos de consumo
revolventes conforme se señala en el Anexo I del Reglamento para la Evaluación y
Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, se deberán considerar las
siguientes cuentas y subcuentas analíticas:
1401.03.01 “Avances en cuenta corriente contratados”, 1401.03.02 “Tarjetas de crédito
contratadas”, 1401.03.04 “Sobregiros en cuenta corriente”, 1401.03.06.01 “Préstamos
revolventes” y 1401.03.20.02 “Tarjeta de crédito”.
5. Para efectos de constituir las provisiones procíclicas sobre los créditos de consumo que
cuenten con contratos referidos a convenios de descuento por planilla de
remuneraciones que sean elegibles, conforme se señala en el Anexo I del Reglamento
para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, se deberá
considerar la subcuenta analítica 1401.03.06.04 “Préstamos no revolventes otorgados
bajo convenios elegibles”.
II. Modifíquense el Capítulo V “Información Complementaria” del Manual de Contabilidad para
las Empresas del Sistema Financiero, conforme a lo siguiente:
1. Sustitúyanse los formatos del Anexo 5 “Informe de Clasificación de Deudores y
Provisiones”, Anexo Nº 5-A “Resumen de Provisiones Procíclicas”, Anexo 5-B “Informe
de Clasificación de los Deudores y Provisiones- Transferencia de Cartera Crediticia”, y
Anexo 5-C “Informe de Clasificación de la Cartera Transferida en Fideicomiso”, así
como sus notas metodológicas.
2. Incorpórese el Anexo 5-C‘ denominado “Resumen de Provisiones Procíclicas de la
Cartera Transferida en Fideicomiso” cuyo plazo de remisión es trimestral.
3. Modifíquese el Anexo Nº 6 “Reporte Crediticio de Deudores” conforme a lo siguiente:
Incorpórense las subcuentas analíticas 1401.04.06.01 y 1401.04.06.02 en las cuentas
contables.
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6283-2013 r (modificado).doc | Lima, 18 de octubre de 2013
Resolución S.B.S.
N° 6283-2013
El Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29985 se aprobó la Ley que regula
las Características Básicas del Dinero Electrónico como Instrumento de Inclusión Financiera, en
adelante la Ley;
Que, mediante Decreto Supremo N° 090-2013-EF se
aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29985 que Regula las Características Básicas del Dinero
Electrónico;
Que, ambos dispositivos legales facultan a la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a emitir
normas reglamentarias y complementarias sobre diversas materias relacionadas a las operaciones
con dinero electrónico;
Que, en ese sentido resulta necesario establecer el marco
normativo bajo el cual se regirá la realización de operaciones con dinero electrónico;
Que, mediante Resolución SBS N° 895-98 y sus normas
modificatorias y complementarias se aprobó el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema
Financiero, en adelante Manual de Contabilidad;
Que, a efectos de recoger las opiniones del público en
general, se dispuso la prepublicación del proyecto de resolución en el portal electrónico de la
Superintendencia, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
Contando con el visto bueno de las Superintendencias
Adjuntas de Banca y Microfinanzas, Riesgos, Estudios Económicos y Asesoría Jurídica, así como de
la Gerencia de Productos y Servicios al Usuario; y,
En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 7,
9, 13 y 19 del artículo 349º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N°26702 y sus normas modificatorias, en
adelante Ley General, así como las facultades otorgadas en la Ley Nº 29985 y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 090-2013-EF;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Operaciones
con Dinero Electrónico, según se indica a continuación:
“REGLAMENTO DE OPERACIONES CON DINERO ELECTRONICO
TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Alcance
Las disposiciones de la presente norma son aplicables a las empresas de operaciones múltiples
comprendidas en el literal A del artículo 16° de la Ley General autorizadas a emitir dinero electrónico,
a las empresas emisoras de dinero electrónico a que se refiere el numeral 6 del artículo 17° de la Ley
General, al Banco de la Nación, al Banco Agropecuario, así como a las empresas que se consideren
dentro del ámbito de la Ley, a criterio de esta Superintendencia, en aplicación de la Quinta Disposición
Complementaria Final de la Ley, en adelante emisores de dinero electrónico.
Artículo 2.- Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en la presente norma, considérense las siguientes definiciones:
a. Dinero electrónico: aquel definido de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento
de la Ley.
b. Emisión: comprende las operaciones de conversión a dinero electrónico, reconversión,
transferencias, pagos y cualquier movimiento u operación relacionada con el valor monetario del
que disponga el titular y necesaria para dichas operaciones.
c. Ley: Ley que Regula las Características Básicas del Dinero Electrónico, Ley Nº 29985.
d. Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo:
Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo,
1
aprobado por Resolución SBS N° 2660-2015.
1
e. Persona: Se refiere a las personas naturales y personas jurídicas.
f. Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley Nº 29985 que Regula las Características Básicas
del Dinero Electrónico, Decreto Supremo N° 090-2013-EF.
g. Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema
Financiero: Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del
Sistema Financiero aprobado por la Resolución SBS N° 8181-2012 y sus normas modificatorias.
h. Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
i. Tarjeta prepago de dinero electrónico: es un soporte para el uso del dinero electrónico, en el cual
se almacena valor monetario en una tarjeta, física o virtual, recargable o no, y cuyo uso se
encuentra limitado al saldo existente en esta en cada momento.
j. Titular: persona que contrata con el emisor de dinero electrónico la prestación del servicio de
emisión de dinero electrónico. También se considera titular a los menores de edad que tengan
más de dieciséis (16) años, que cuenten con autorización de su tutor o apoderado legal o que
cuenten con capacidad de ejercicio de acuerdo con la normativa vigente.
k. Transacción: Es la ejecución individual de las operaciones de conversión, reconversión,
transferencias, pagos y cualquier movimiento u operación relacionada con el valor monetario del
que disponga el titular y necesaria para dichas operaciones.
2
l. Persona natural: Se refiere a las personas naturales o personas naturales con negocio.
1 Literal sustituido por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017.
2
Literal incorporado por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017.
m. Cuentas operativas: Son las cuentas de dinero electrónico a que se refiere el artículo 7° del
Reglamento de la Ley Nº 29985 que mantienen los operadores de cajeros corresponsales o los
emisores mismos, con la finalidad de realizar operaciones que permitan el adecuado
3
funcionamiento del servicio de dinero electrónico.
n. Dinero electrónico emitido: Dinero electrónico en las cuentas que mantiene el emisor, sean de
3
usuarios o cuentas operativas.
TÍTULO II
DEL DINERO ELECTRÓNICO
Artículo 3.- Operaciones con dinero electrónico
Las operaciones que pueden realizarse con dinero electrónico, según el tipo de cuenta de dinero
electrónico, son:
a) Conversión.
b) Reconversión.
c) Pagos.
d) Transferencias.
e) Otras operaciones a los que el emisor de dinero electrónico haya sido autorizado por esta
Superintendencia.
4
Artículo 4.- Soportes para uso de dinero electrónico
Los soportes mediante los cuales se puede hacer uso del dinero electrónico pueden ser los
siguientes:
a) Teléfonos móviles.
b) Tarjetas prepago.
c) Cualquier otro equipo o dispositivo electrónico, que cumpla los fines establecidos en la Ley.
Estos dispositivos deben incluir como mínimo la siguiente información:
1. Denominación social de la empresa que emite el soporte mediante el cual se hace uso del
dinero electrónico.
2. Nombre comercial que la empresa asigne al producto.
3. Identificación del sistema de tarjeta (marca) al que pertenece, de ser el caso.
5
Dicha información debe ser mostrada en un espacio visible y de fácil acceso para el usuario .
Un mismo soporte puede ser utilizado y/o asociado para realizar transacciones con más de una
cuenta de dinero electrónico.
3
Literal incorporado por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017
4
Sustituido por la Resolución SBS N° 504-2021 del 22/02/2021 vigente a partir del 24.02.2021.
5
Sustituido por la Resolución SBS N° 504-2021 del 22/02/2021 vigente a partir del 01.01.2022.
Artículo 5.- Cuentas de dinero electrónico simplificadas
Se consideran “cuentas de dinero electrónico simplificadas” a aquellas cuentas que los emisores de
dinero electrónico ponen a disposición de personas naturales y que cumplen con las siguientes
6
condiciones:
7
a) Son abiertas por personas naturales nacionales o extranjeras residentes.
8
b) Cada transacción se encuentra sujeta al límite de tres mil soles (S/. 3,000.00).
c) El saldo consolidado de cuentas de dinero electrónico de un mismo titular, bajo cualquier
modalidad, en un mismo emisor de dinero electrónico, no puede ser superior a diez mil soles (S/.
9
10,000.00).
d) Las conversiones a dinero electrónico acumuladas de un mismo titular, bajo cualquier modalidad,
en un mismo emisor en un mes, no pueden ser mayores a diez mil soles (S/. 10,000.00).10
e) Las transacciones acumuladas (conversiones, transferencias, pagos, reconversiones, etc.) de un
mismo titular, bajo cualquier modalidad, en un mismo emisor en un mes, no pueden exceder de
11
quince mil soles (S/. 15,000.00).
f) La apertura de cuentas de dinero electrónico simplificadas y las operaciones de conversión solo
pueden ser realizadas en el territorio nacional. Asimismo, dichas cuentas solo pueden ser
5
utilizadas en moneda nacional.
12
g) No se solicita un monto mínimo de apertura ni un saldo mínimo mensual.
h) Se crean como cuentas de dinero electrónico simplificadas y deben permanecer bajo esta
13
categoría, cumpliendo con los requisitos establecidos, durante su vigencia.
Los emisores de dinero electrónico deben definir procedimientos y medidas con el objetivo de
monitorear el cumplimiento de los límites y condiciones antes señaladas.
Cuando los usuarios del dinero electrónico intenten efectuar transacciones que excedan los límites y
condiciones antes establecidos, los emisores, a través del dispositivo utilizado, deberán informar a los
usuarios que la transacción no puede ser llevada a cabo debido al incumplimiento de los límites.
Artículo 6.- Cuentas de dinero electrónico generales
Las cuentas de dinero electrónico que no cumplan las características para ser consideradas cuentas
de dinero electrónico simplificadas, serán consideradas como cuentas de dinero electrónico generales
y no estarán sujetas a los límites establecidos en el artículo anterior, pero sí al límite señalado en el
literal b) del artículo 5° de la Ley.
Artículo 7.- Régimen Simplificado de conocimiento del cliente y debida diligencia de Lavado
de activos y financiamiento del terrorismo
Las cuentas de dinero electrónico simplificadas se encuentran incluidas en el régimen simplificado de
debida diligencia en el conocimiento de clientes a que alude el artículo 31° del Reglamento de Gestión
de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.14
6
Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017.
7
Literal sustituido por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017.
8
Literal sustituido por la Resolución SBS N° 1262-2020 del 20 de marzo de 2020.
9
Literal sustituido por la Resolución SBS N° 1262-2020 del 20 de marzo de 2020
10 Literal sustituido por la Resolución SBS N° 1262-2020 del 20 de marzo de 2020
11 Literal sustituido por la Resolución SBS N° 1262-2020 del 20 de marzo de 2020
12 Literal incluido por la Resolución SBS N° 2891-2018 del 25 de julio de 2018.
13 Literal incluido por la Resolución SBS N° 2891-2018 del 25 de julio de 2018.
14 Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017.
Para la apertura de las cuentas de dinero electrónico simplificadas se requerirá, como mínimo, la
información correspondiente al nombre completo del titular, así como al número del Documento
Nacional de Identidad (DNI) o al número del Carnet de Extranjería, según corresponda. La empresa
realiza la verificación a través de Reniec, Migraciones o de cualquier otra modalidad que le permita
dejar constancia de la verificación realizada, incluso posteriormente a la apertura de la cuenta.
Cuando la contratación sea presencial, es exigible la presentación del documento de identidad o
15
carnet de extranjería.
Para la apertura de cuentas de dinero electrónico simplificadas que tengan como soporte electrónico
teléfonos móviles, se requerirá también el número de servicio de telefonía móvil asociado a dicho
soporte electrónico.
Las empresas deberán desarrollar procedimientos de monitoreo, evaluación de riesgo y control a fin
de prevenir el abuso de las cuentas de dinero electrónico simplificadas, garantizar su operatividad
dentro de las condiciones establecidas y tomar las medidas adicionales que sean apropiadas para
mantener el servicio dentro de los niveles propios de una cuenta de bajo riesgo en materia de lavado
de activos y de financiamiento del terrorismo.
Las empresas podrán solicitar a la Superintendencia que otros servicios de dinero electrónico de bajo
riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo sean considerados bajo el régimen
simplificado de debida diligencia en el conocimiento de clientes, para lo cual tendrán en cuenta lo
establecido en el artículo 31° del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del
16
Financiamiento del Terrorismo.
1718
Artículo 8.- Régimen general de debida diligencia en conocimiento del cliente
Los requisitos de identificación y verificación mínimos aplicables a los titulares para la apertura de las
cuentas de dinero electrónico que no cumplan las características para ser consideradas cuentas de
dinero electrónico simplificadas, se regirán por el régimen general de debida diligencia en el
conocimiento del cliente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30° del Reglamento de Gestión
de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, con excepción de aquellos
titulares que se encuentren sujetos al régimen reforzado de debida diligencia en el conocimiento del
19
cliente, que señala el artículo 32° del citado Reglamento.
Para la apertura de cuentas de dinero electrónico antes señaladas que tengan como soporte
electrónico teléfonos móviles, se requerirá también el número de servicio de telefonía móvil asociado
a dicho soporte electrónico.
En el caso de extranjeros, la empresa debe verificar la información con la base de datos del Registro
Central de Extranjería de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, lo que podrá
realizarse posteriormente a la apertura de la cuenta de dinero electrónico.
Artículo 9.- Transacciones realizadas a través de cajeros corresponsales
Los emisores de dinero electrónico deberán establecer mecanismos que aseguren que las
transacciones con dinero electrónico realizadas a través de cajeros corresponsales, cumplan con lo
15 Párrafo modificado por la Resolución SBS N° 2891-2018 del 25 de julio de 2018
16 Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017.
17 Nombre de artículo sustituido por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017.
18 Último párrafo modificado por la Resolución SBS N°2304 -2020 vigente a partir del 23.10.2020
19 Párrafo sustituido por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017.
establecido en los párrafos segundo o tercero del artículo 4° de la presente norma, según
corresponda; ello implica no solo el registro de las transacciones en las cuentas de dinero electrónico
de los titulares, sino también el registro del ingreso o salida de los recursos en los sistemas del
emisor.
Conforme lo señalado en el artículo 7° del Reglamento de la Ley, en los casos que los emisores de
dinero electrónico utilicen cuentas operativas de dinero electrónico con sus cajeros corresponsales,
estas no estarán sujetas al límite establecido en el literal b) del artículo 5° de la Ley, ni a los límites
establecidos en el artículo 5° de la presente norma.
Artículo 10.- Información a presentar a la Superintendencia
Los emisores de dinero electrónico deberán presentar a la Superintendencia, vía SUCAVE, el Reporte
N° 32-A “Reporte Diario de Dinero Electrónico”. Este Reporte deberá ser presentado diariamente
hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente.
Asimismo, los emisores de dinero electrónico deberán presentar a la Superintendencia, vía SUCAVE,
el Reporte N° 32-B “Reporte Mensual de Dinero Electrónico”. Este Reporte deberá ser presentado
mensualmente dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de cierre de cada mes.
20
TÍTULO III
TÍTULO IV21
DE LAS GARANTIAS
Artículo 11.- Constitución de los fideicomisos
Los emisores de dinero electrónico, en calidad de fideicomitentes, deben constituir en empresas
autorizadas para actuar como fiduciarios según la legislación vigente sobre la materia, diferentes del
emisor de dinero electrónico, fideicomisos por el cien por ciento (100%) del dinero electrónico emitido,
constituyendo patrimonios fideicometidos cuya finalidad exclusiva sea respaldar a los tenedores de
cuentas de dinero electrónico.
Asimismo, en el acto constitutivo de los fideicomisos, se deberá designar a un fiduciario sustituto y el
procedimiento de sustitución en caso de quiebra o cuando opere otra causal de remoción de este.
Artículo 12.- Valor de los patrimonios fideicometidos
Los emisores de dinero electrónico son responsables de establecer mecanismos para asegurar que el
valor del patrimonio fideicometido sea superior o equivalente, en todo momento o por lo menos al
cierre diario de operaciones, al valor del dinero electrónico emitido.
Artículo 13.- Fondos de los patrimonios fideicometidos
Los fondos de los patrimonios fideicometidos constituidos por los emisores de dinero electrónico, solo
podrán ser invertidos por el fiduciario, de la siguiente forma:
a) Depósitos de disposición inmediata que generen intereses en empresas de operaciones múltiples
clasificadas en categoría “A+”, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la
Clasificación de Empresas del Sistema Financiero y de Empresas del Sistema de Seguros,
20 Título derogado por la Resolución SBS N° 2304-2020 vigente a partir del 23.10.2020
21 Título sustituido por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017.
aprobado por la Resolución SBS N° 18400-2010; así como depósitos en el Banco Central de
Reserva del Perú. La Superintendencia podrá requerir la diversificación de los referidos depósitos
en más de una empresa de operaciones múltiples clasificadas en categoría “A+”.
b) Hasta un máximo del treinta (30%) de los recursos recibidos en bonos del Tesoro o instrumentos
emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú.
c) Otros activos líquidos que autorice la Superintendencia, la cual podrá requerir la diversificación de
las inversiones, según instrumento de inversión y empresa.
En caso el valor del patrimonio fideicometido sea menor al valor del dinero electrónico emitido, dicha
diferencia deberá ser cubierta con activos líquidos de propiedad del emisor de dinero electrónico. Los
rendimientos del patrimonio fideicometido no serán de libre disponibilidad para el fideicomitente,
pasando a formar parte de dicho patrimonio fideicometido.
Las inversiones a que se refieren los literales b) y c) deberán valorizarse al valor razonable de
acuerdo con las normas emitidas por la Superintendencia.
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
Primera.- Esta Superintendencia podrá considerar como dinero electrónico a aquellos servicios
brindados por empresas supervisadas por ella, que presenten características similares a las
establecidas en el artículo 2° de la Ley.
Segunda.-22 Las empresas de operaciones múltiples autorizadas a emitir dinero electrónico no
deberán considerar los activos ni los pasivos correspondientes al dinero electrónico emitido para la
elaboración de los Anexos N° 15-A “Reporte de tesorería y posición diaria de liquidez”, N° 15-B “Ratio
de cobertura de liquidez“ y N° 15-C “Posición mensual de liquidez” del Manual de Contabilidad
contemplados en el Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez aprobado por la Resolución
SBS N° 9075-2012 y sus normas modificatorias.
Asimismo, solo deberán considerar para la elaboración de los Anexos N° 16-A “Cuadro de Liquidez
por Plazos de Vencimiento” y N° 16-B “Simulación de Escenarios de Estrés y Plan de Contingencia”,
los pasivos netos correspondientes al dinero electrónico emitido.
12
Tercera.- Para la elaboración de los Anexos 7-A “Medición del Riesgo de Tasa de Interés –
Ganancias en Riesgo” y 7-B “Medición del Riesgo de Tasa de Interés – Valor Patrimonial en Riesgo”,
las empresas de operaciones múltiples autorizadas a emitir dinero electrónico no deberán considerar
los activos ni los pasivos correspondientes al dinero electrónico emitido.
23
Cuarta .- Las cuentas operativas de dinero electrónico, así como las cuentas de dinero electrónico
abiertas por personas jurídicas, se encuentran sujetas a las disposiciones contempladas en el Título III
- Aspectos aplicables en materia de transparencia de información, contratación y servicios de atención
al usuario, en lo que resulte pertinente, considerando que no les resulta aplicable el Código de
Protección y Defensa del Consumidor - Ley N° 29571 y sus normas modificatorias, ni la Ley
Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros - Ley N°
28587 y sus normas complementarias. Respecto de las disposiciones en materia de transparencia de
22 Disposición sustituida por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017.
23 Disposición incorporada por la Resolución SBS N°4628 de 13/08/2015 y sustituida por la Resolución SBS N° 465-2017 de
02 de febrero de 2017.
información aplicables a dichas cuentas, los emisores se sujetan a la tercera disposición final y
complementaria del Reglamento de Transparencia, en lo que corresponda.
Quinta.-24 La intervención, así como la disolución y liquidación de un emisor de dinero electrónico no
afecta a los recursos que deben ser destinados por dicha empresa a constituir el patrimonio
fideicometido para respaldar a los tenedores de cuentas de dinero electrónico, de conformidad con el
artículo 15° de este Reglamento.
Las cuentas de dinero electrónico serán transferidas a otro emisor conforme lo determine la
Superintendencia, mediante resolución específica, garantizándose en todo momento la integridad de
los fondos del público.
En aplicación de lo establecido en numeral 5 del artículo 118° de la Ley General, los pagos que el
emisor deba realizar para cubrir las obligaciones resultantes de la compensación de dinero electrónico
a que se refiere el Reglamento de los Acuerdos de Pago de Dinero Electrónico, se encuentran
excluidos de la masa para fines del proceso de liquidación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las empresas supervisadas que al momento de la entrada en vigencia de la presente norma, brinden
servicios que se consideren dinero electrónico, los deberán identificar y ponerlos en conocimiento de
esta Superintendencia, dentro de los quince 15 días calendario de la entrada en vigencia de la
presente norma, para los fines pertinentes.”
Artículo Segundo.- Los servicios financieros a los que se
refieren la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29985 y el artículo 12° del
Reglamento de la Ley Nº 29985 que Regula las Características Básicas del Dinero Electrónico,
aprobado por Decreto Supremo N° 090-2013-EF, consideran a los productos y servicios brindados a
los usuarios que impliquen el uso de servicios de telecomunicaciones, en especial a los servicios que
usan el teléfono móvil como soporte.
Artículo Tercero.- Modificar el Manual de Contabilidad
para las Empresas del Sistema Financiero, conforme al Anexo adjunto a la presente resolución, el
cual se publica en el Portal Institucional (www.sbs.gob.pe), según lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 001-2009-JUS.
Artículo Cuarto.- La presente Resolución entra en vigencia
al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo lo dispuesto en el artículo
tercero que entrará en vigencia para la información correspondiente al mes de enero de 2014.
Las empresas que al momento de la entrada en vigencia del Reglamento de las Operaciones con
Dinero Electrónico brinden servicios que se consideren dinero electrónico, tendrán sesenta (60) días
calendario para adecuarse a lo establecido en el Reglamento antes mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
24 Disposición incorporada por la Resolución SBS N° 465-2017 de 02 de febrero de 2017.
JAVIER POGGI CAMPODÓNICO
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (a.i.) |
2755-2018(Anexos).R | ANEXO 1
INFRACCIONES COMUNES
(Anexo aplicable a las personas naturales o jurídicas de los Anexos 2 al 5 del Reglamento de
Infracciones y Sanciones de la SBS, así como a los accionistas, directores, gerentes, trabajadores y
1
colaboradores de supervisión)
I. INFRACCIONES LEVES
1) No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia, la
información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o estadística
(formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas por la
Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
2) No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia la
información que se encuentren obligados a presentarle de acuerdo con las disposiciones normativas
expresas, o que haya sido requerida por esta Superintendencia, conforme al plazo y/o forma
establecidos; salvo las exigencias normativas de envío de información que se encuentren
expresamente contempladas en otros supuestos de infracción.
3) No haber realizado las capacitaciones o los programas de capacitación exigidos, o que estos no se
realicen conforme a lo establecido en la normativa vigente o a las disposiciones internas adoptadas por
los propios supervisados.
4) No contar con el programa de capacitación en materia de prevención del LAFT o no ejecutarlo y/o
capacitar al personal sin considerar el contenido mínimo de capacitación, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente.
5) No mantener una constancia de las capacitaciones recibidas requeridas según la normativa vigente.
6) No brindar a los directores, gerentes y/o trabajadores, a más tardar dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de su ingreso a la empresa, una capacitación sobre los alcances del sistema de
prevención del LA/FT, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
7) No cumplir con comunicar a la SBS la designación del responsable del área de atención de reclamos,
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
8) No cumplir con atender las consultas, reclamos y/o requerimientos presentados por los usuarios,
incluidos los potenciales pensionistas, de acuerdo con los procedimientos y/o dentro de los plazos
establecidos por la normativa vigente.
9) No mantener a disposición del público la información referente al procedimiento de atención de
consultas, reclamos y/o requerimientos, conforme a las normas vigentes.
10) Incumplir las cláusulas establecidas en el contrato suscrito para el llenado de los títulos valores.
11) No comunicar, dentro de los plazos establecidos, las modificaciones de los datos registrados o que
deban ser objeto de inscripción en un registro de la Superintendencia, conforme a la normativa vigente.
12) Incumplir con el cronograma del proceso de liquidación voluntaria presentado por la Junta General de
Accionistas, conforme a la normativa vigente.
13) No exhibir y/o no tener a disposición en las oficinas del país de las empresas, todo o parte del material
informativo de modo impreso y/o electrónico exigido en la normativa vigente.
14) No dejar constancia de haber puesto en conocimiento el manual para la prevención y gestión de
riesgos de LA/FT y/o el código de conducta a los directores, gerentes y trabajadores, de acuerdo a la
regulación vigente.
1 Denominación modificada mediante Resolución SBS N° 5569-2019 publicada el 28 de noviembre de 2019.
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15) No remitir mediante el software REDIR la información actualizada registrada en los currículum vitae
(CV) de los directores, gerentes, auditor interno, oficial de cumplimiento y principales funcionarios de
las empresas supervisadas, conforme a la normativa vigente.
16) No contar con autorización previa para el nombramiento de un auditor interno interino o exceder el
plazo establecido en la normativa vigente para ello.
17) No cumplir con ejecutar las actividades programadas mínimas señaladas en el Anexo al Reglamento
de Auditoría Interna vigente, como parte del Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna, según
2
corresponda.
18) No cumplir con las funciones exclusivas del comité de riesgos de LA/FT y/o que no esté conformado
de acuerdo con la regulación vigente.
19) No cumplir con la presentación anual del informe sobre la gestión integral de riesgos del grupo
financiero, ni cumplir con el contenido mínimo exigido en las normas vigentes sobre supervisión
consolidada.
20) No presentar a la Superintendencia los informes elaborados por una sociedad de auditoría externa,
dentro del plazo y la forma establecida en la normativa vigente.
21) No calcular el Patrimonio Efectivo o los Requerimientos Patrimoniales del Grupo Consolidable de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente sobre supervisión consolidada.
22) Considerar como parte del patrimonio efectivo del grupo consolidable utilidades con acuerdos de
capitalización cuya ejecución no se ha dado en el plazo establecido en la normativa vigente sobre
supervisión consolidada.
23) No contar con el contenido mínimo del manual para la prevención y gestión de riesgos de LA/FT y/o
del código de conducta, establecido en la normativa vigente.
24) No haber implementado y/o no tener en funcionamiento el sistema de prevención y gestión de riesgos
de LA/FT de acuerdo con las exigencias y lineamientos definidos en la normativa vigente, por aspectos
que no se encuentren comprendidos en otros supuestos de infracción.
25) Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y
competencias, dentro del plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia,
3
siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
26) Incumplir con el plazo señalado en la normativa vigente para la remisión de la declaración jurada de
los propietarios significativos de las empresas supervisadas y/o de los beneficiarios finales de los
propietarios significativos, según corresponda.
27) No mantener actualizada la base de datos con la relación de todas las personas vinculadas a los
grupos consolidables, de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes sobre supervisión
consolidada.
4
Sociedades de Auditoría Externa
5
28)
6
Infracciones comunes
29) No cumplir con el contenido mínimo de los informes de auditoría interna, de acuerdo con la
7
normatividad vigente.
2 Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
3 Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
4 Eliminado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
5 Numeral eliminado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
6 Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
7 Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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II. INFRACCIONES GRAVES
1) No proporcionar, dentro de los plazos y/o condiciones establecidas en cada caso, la información y/o
documentación siguiente, requerida por la Superintendencia:
a) Información requerida para la preparación y/o durante el desarrollo de una visita de inspección o
cualquier otro procedimiento de control;
b) Información complementaria requerida con posterioridad a una visita de inspección o cualquier otro
procedimiento de control y que se encuentre vinculada a cualquiera de ellos;
c) Información requerida durante las investigaciones preliminares realizadas con motivo de una
denuncia administrativa presentada en el marco del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General;
d) Información requerida en el desarrollo de la actividad de supervisión y control.
2) No proporcionar a la Superintendencia la información que se solicite en los casos de adquisición de
acciones señalados en la normativa vigente o proporcionar dicha información de forma incompleta y/o
incorrecta, a pesar de los requerimientos realizados para completarla y/o corregirla.
Sanciones específicas:
La Superintendencia podrá suspender los derechos de accionista, incluyendo su derecho a voto y a
participar de las utilidades, así como ordenar que sus acciones no sean computables para determinar
8
el quórum y mayorías necesarias para la Junta General de Accionistas.
3) No solicitar autorización previa a las transferencias de acciones y/o no informar las modificaciones del
accionariado señaladas en la normativa vigente.
Sanciones específicas:
La Superintendencia podrá suspender los derechos de accionista, incluyendo su derecho a voto y a
participar de las utilidades, así como ordenar que sus acciones no sean computables para determinar
9
el quórum y mayorías necesarias para la Junta General de Accionistas.
4) Abrir, trasladar, convertir, compartir, o cerrar oficinas, sucursales o cualquier otro tipo de
establecimiento, sin contar con la autorización de la Superintendencia.
5) No brindar a la Superintendencia las facilidades requeridas para el inicio y/o desarrollo de las visitas de
inspección o de cualquier otro procedimiento de control, u obstaculizar tales acciones.
6) No implementar integralmente las recomendaciones contenidas en el informe de visita o acta de visita
de supervisión o implementarlas sin corregir las deficiencias detectadas y/o fuera del plazo establecido
10
para su implementación.
7) Adquirir, directa o indirectamente, acciones de una empresa de la misma naturaleza o no formalizar la
fusión dentro de los seis (6) meses de emitida la declaración jurada en la que consta que la compra de
acciones tiene el propósito de fusión.
Sanciones específicas al supervisado adquirente:
a) Multa al supervisado, equivalente al valor de adquisición de las acciones transferidas;
b) Prohibición al supervisado de ejercer el derecho a voto que le confiere las acciones adquiridas; y,
c) Obligación del supervisado de vender las acciones adquiridas en el plazo de treinta (30) días, bajo
apercibimiento de duplicar la multa impuesta.
8) Incumplir las normas que regulan la forma de llevar libros y registros contables, o la formulación de los
estados financieros, sus anexos y reportes o llevar libros y contabilidad de manera que no permita la
exacta apreciación del verdadero estado de la empresa, o que sus registros no proporcionen la debida
11
seguridad.
8 Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
9 Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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9) Incumplir con las obligaciones que tengan por finalidad :
a) Contar con el requerimiento mínimo de información para el conocimiento del cliente, de acuerdo a
lo establecido en la normativa vigente;
b) Desarrollar y/o implementar y/o aplicar procedimientos para la debida diligencia en el conocimiento
del cliente, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente;
c) Identificar a los clientes bajo el régimen de debida diligencia reforzada y/o implementar medidas
reforzadas a los clientes registrados en dicho régimen, de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente;
d) Identificar a los beneficiarios finales de los servicios y/o productos suministrados por las entidades
supervisadas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente;
e) Desarrollar y/o implementar y/o aplicar criterios y procedimientos para el conocimiento del
mercado, segmentos de mercado y/o estimar los rangos dentro de los cuales las operaciones de
sus clientes son consideradas normales;
f) Contar con el requerimiento mínimo de información para el conocimiento de directores, gerentes
y/o trabajadores y/o realizar su evaluación;
g) Elaborar y/o implementar y/o aplicar los procedimientos para el conocimiento de directores,
gerentes y/o trabajadores de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente para la prevención
y gestión de riesgos de LA/FT;
h) Elaborar y/o implementar y/o aplicar procedimientos para el conocimiento de proveedores y/o
contrapartes de acuerdo a la normativa vigente.
10) Con relación a la banca corresponsal y relaciones de corresponsalía:
a) No definir en los contratos de corresponsalía las obligaciones y/o responsabilidades de cada
participante con relación a la prevención del LA/FT y/o no encontrarse suscritos por el nivel
gerencial más alto de las empresas.
b) No desarrollar y/o no implementar y/o no aplicar criterios para el conocimiento del
corresponsal y/o que dichos procedimientos no se ajusten a la normativa vigente.
11) No solicitar y/o no contar con la declaración jurada de origen de fondos cuando corresponda y con la
información de sustento del origen de fondos en operaciones en moneda extranjera en efectivo,
13
cuando corresponda.
12) Con relación al Registro de Operaciones:
a) No contar con un registro de operaciones y/o no anotar las operaciones de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente y/o no remitirlo en el plazo y modo señalados por la SBS.
b) No conservar el registro de operaciones por el plazo establecido en la normativa vigente;
c) No contar con copia de seguridad del registro de operaciones, durante el plazo establecido en la
normativa y/o que no se adecue a lo requerido en la normativa vigente;
d) No poner a disposición de la Superintendencia o de las autoridades competentes las copias de
seguridad del registro de operaciones dentro del plazo establecido en la normativa vigente;
e) No presentar los reportes relacionados al registro de operaciones dentro de los plazos y formas
establecidos por la Superintendencia.
13) No presentar los informes y/o reportes relacionados al sistema de prevención del LAFT dentro de los
plazos y formas establecidos por la Superintendencia.
14) No contar con manual para la prevención y gestión de riesgos de LA/FT y/o código de conducta, o que
sus disposiciones no se cumplan y/o no se ajusten a lo establecido en la normativa vigente.
15) No cumplir con las políticas, procedimientos, metodologías u otro documento interno distintos al
manual para la prevención y gestión de los riesgos de LA/FT y/o código de conducta y/o no estén de
acuerdo a lo establecido en la regulación vigente.
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16) No haber elaborado y/o implementado, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente: i) la
evaluación de los riesgos de LA/FT y/o los procedimientos y/o metodologías asociadas, ii) calificación
de riesgos de LA/FT para clientes, iii) evaluación de riesgos de LA/FT en nuevos productos y/o
14
servicios, iv) evaluación de riesgos de LA/FT para nuevas zonas geográficas.
17) Que el oficial de cumplimiento no cuente con capacitación especializada en prevención y gestión de
riesgos de LA/FT distinta a la brindada al personal de la empresa.
18) Respecto a las señales de alerta y operaciones inusuales:
a) No desarrollar y/o no implementar y/o no aplicar criterios y/o procedimientos para la identificación
y evaluación de señales de alerta y/o que estos no permitan el análisis de operaciones inusuales
y/o reporte de operaciones sospechosas, conforme a lo exigido en la normativa vigente.
b) No realizar evaluaciones sobre la efectividad de las señales de alerta, como parte de la gestión
de riesgos LA/FT.
c) No contar con constancia documental del análisis y evaluación realizada para la calificación de
una operación como inusual.
d) No desarrollar y/o no implementar el procedimiento y/o la evaluación de operaciones inusuales.
19) Contratar los servicios de sociedades de auditoría o clasificadoras de riesgo, cuyos accionistas,
socios, directores, gerentes o trabajadores asignados a realizar el servicio contratado se encuentren
inhabilitados por haber sido sancionados por la Superintendencia, durante el período en que se
encuentre vigente la inhabilitación.
20) No cumplir con lo establecido en la normativa vigente en lo que corresponde a la implementación y
desarrollo de las disposiciones referidas a gobierno corporativo, cumplimiento normativo, riesgos y
auditoría interna.
21) Incumplir los artículos 241 al 274 de la Ley General sobre fideicomiso, según corresponda, o las
normas emitidas por esta Superintendencia sobre dicha materia.
22) Incumplir los artículos 275 al 281 de la Ley General sobre comisiones de confianza, según
corresponda.
23) Con relación al Oficial de Cumplimiento:
a) No contar con oficial de cumplimiento con vínculo laboral directo, a tiempo completo y exclusivo,
con dependencia exclusiva del directorio y con categoría de primer nivel gerencial; o contar con
oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva sin la debida autorización;
b) No designar oficial de cumplimiento de acuerdo a los plazos previstos y los requisitos establecidos
en la normativa vigente;
c) No informar la designación, ausencia, remoción o vacancia del cargo de oficial de cumplimiento,
de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y/o mantener la situación de vacancia por
más tiempo del plazo establecido en la normativa vigente;
d) No mantener la confidencialidad de la identidad del oficial de cumplimiento conforme a la normativa
vigente.
e) Que el Oficial de Cumplimiento no cuente con un Programa Anual de Trabajo, conforme a lo
establecido en la normativa vigente.
24) No atender dentro del plazo establecido y/o atender con información incorrecta y/o incompleta los
requerimientos de información que se realicen con relación al sistema de prevención de LA/FT,
15
conforme a la normativa vigente.
25) No implementar las recomendaciones: i) de auditoría interna o del órgano que haga sus veces, y/o ii)
de auditoría externa, y/o iii) las comunicadas por la Superintendencia, con relación al sistema de
prevención del LA/FT de la empresa.
26) Denegar o no entregar dentro del plazo establecido la información solicitada por la Superintendencia
para el desempeño de su función de inteligencia financiera.
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27) No efectuar la evaluación del sistema de prevención y gestión de riesgos de LA/FT a través de una
firma de auditoría externa, de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente.
28) Incumplir las disposiciones sobre conservación de documentos y sustitución de archivos establecidos
en la Ley General y/o regulación vigente.
29) Incumplir cualquiera de las responsabilidades que le corresponden al directorio y la gerencia o quienes
desempeñen funciones equivalentes, respecto del sistema de prevención y gestión de riesgos de
LA/FT conforme con el marco normativo vigente.
30) No contar con información completa del ordenante y beneficiario, según corresponda, cuando se trate
de transferencias de fondos, de acuerdo con la normativa vigente.
31) No cumplir con las medidas de prevención y/o gestión de riesgos de LA/FT de acuerdo a la normativa
vigente por parte de las sucursales, subsidiarias y/o empresas en el exterior pertenecientes a un grupo
económico supervisado por la Superintendencia.
32) No contar o dejar de contar con la clasificación de dos (2) empresas clasificadoras de riesgo, de
acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.
33) Incurrir en las prohibiciones respecto a las operaciones con las empresas clasificadoras de riesgo,
establecidas en el marco normativo vigente.
34) No cumplir con evaluar las actividades realizadas por los auditores internos y externos, por parte del
16
Comité de Auditoría, según corresponda.
17
35)
36) Incumplir con las funciones de Auditoria Interna establecidas en la normativa vigente.
37) Que el auditor interno no informe en el plazo establecido, cualquier hecho que afecte
significativamente el funcionamiento de la UAI y/o su independencia.
38) Que el Directorio no cumpla con verificar las condiciones apropiadas para el desarrollo de la función de
auditoría interna.
18
39)
40) No mantener los documentos de trabajo y/o de sustento de las evaluaciones de auditoría.
41) No aplicar las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, el Código
de Ética emitidos por The Institute of Internal Auditors (IIA), o en el caso de los auditores de sistemas,
las directrices del Information Systems Audit and Control Association (ISACA).
42) No contar con un programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría interna
y/o no realizar evaluaciones internas anuales y externas cada 5 años, conforme a la normativa vigente.
43) No contar con una estructura organizativa, asignación de funciones y responsabilidades, así como
recursos para la gestión del riesgo operacional, de la seguridad de la información y de la continuidad
del negocio, acorde con la normativa vigente.
44) No haber identificado, evaluado y tratado los riesgos operacionales a los que se encuentra expuesta la
empresa, empleando la metodología definida para tal fin.
45) No implementar el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información en los productos o
servicios que ofrece a sus usuarios, o no implementar políticas, procedimientos o controles de
seguridad de la información requeridos por la normativa vigente, para la provisión de los mismos.
46) No contar con una base de datos de eventos de pérdida por riesgo operacional, ni haber implementado
procedimientos para la recolección de dichos eventos.
47) No comunicar de forma periódica al Directorio, Comité de Riesgos y la Gerencia General los aspectos
relacionados a hechos significativos de la gestión integral de riesgos.
48) No evaluar los riesgos de forma previa a la emisión de nuevos productos o servicios y/o cambios
importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático.
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49) No haber implementado alguna de las fases de gestión de continuidad del negocio establecidas en la
regulación vigente.
50) No haber realizado, como parte de las actividades de Auditoría Interna, la revisión de los aspectos
referidos a la gestión del riesgo operacional, gestión de la continuidad del negocio y la gestión de la
seguridad de la información, conforme a la normativa vigente.
51) Efectuar el procesamiento principal de datos en el exterior sin autorización expresa de la
Superintendencia, o incumpliendo los términos en los que se haya autorizado.
52) Presentar un incidente de seguridad la información que afecte la operatividad de la empresa o la
información de sus clientes, debido a la ausencia o al mal funcionamiento de controles de seguridad de
la información requeridos por la normativa vigente.
53) No contar con una base de datos con la relación de todas las personas vinculadas a los grupos
consolidables, ni mantenerla a disposición de la Superintendencia, de acuerdo a lo establecido en las
normas vigentes sobre supervisión consolidada.
54) No cumplir con incluir a una persona o ente jurídico en un grupo consolidable y/o no cumplir con excluir
a una persona o ente jurídico de un grupo consolidable, conforme a la normativa vigente.
55) Incumplir las disposiciones de carácter prudencial dictadas por la Superintendencia respecto de
atenuar los riesgos que enfrentan los grupos consolidables o permitir una efectiva supervisión
consolidada.
56) Incumplir las disposiciones normativas vigentes relacionadas con la elección de directores, gerentes,
principales funcionarios, que no se encuentren contempladas expresamente en otros supuestos de
19
infracción.
57) No contar con el número de directores independientes establecidos en la normativa vigente.
58) Modificar el estatuto social sin contar con la autorización de la Superintendencia, salvo en el caso de
modificaciones derivadas de aumentos del capital social a que se refiere el primer párrafo del artículo
62 de la Ley General.
59) No comunicar a la Superintendencia el déficit patrimonial consolidado o el exceso de límites
consolidados, de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente.
60) No contar con el área encargada de atender los reclamos de los usuarios y/o no designar ni contar con
el responsable de dicha área o que estos no cumpla con los requerimientos establecidos conforme a la
normativa vigente.
61) No cumplir con las funciones del área de atención de reclamos, referidas a la elaboración de los
informes de gestión, implementación y cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por
la empresa y/o la atención de solicitudes y comunicación de estadísticas a la SBS.
62) No contar con los canales de recepción de reclamos, conforme a la normativa vigente.
63) Realizar las conductas consideradas como prácticas abusivas según la ley de la materia y la
correspondiente reglamentación emitida por esta Superintendencia.
64) No remitir la declaración jurada de los propietarios significativos de las empresas supervisadas y de
los beneficiarios finales de los propietarios significativos, según corresponda, conforme a lo señalado
por la normativa vigente.
Sociedades de Auditoría Externa
65) Presentar deficiencias en la elaboración de los documentos de trabajo que dificulten la confrontación
de los mismos en la sustentación del dictamen o informes.
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Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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66) No comunicar a esta Superintendencia cualquier modificación a la información presentada para su
inscripción en el Registro de Sociedades de Auditoría Externa (RESAE) en un plazo no mayor a quince
(15) días de producidas.
Sanción Específica:
Suspensión por un plazo de un año ante la falta de comunicación de cualquier modificación de la
información; en caso de reincidencia se procederá a la cancelación del Registro.
67) Incumplir con la implementación de las medidas correctivas o medidas cautelares dispuestas por la
Superintendencia.
20
Infracciones comunes
68) Incumplir las disposiciones, limitaciones y prohibiciones establecidas por esta Superintendencia e
informadas por escrito al Directorio, en el marco de lo dispuesto por los artículos 218, 349 y 355 de la
21
Ley General, que no se encuentren contemplados en otros supuestos de infracción.
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69) Incumplir con el orden de prelación establecido en el artículo 66 de la Ley General.
70) Incumplir la obligación de informar al Directorio sobre las comunicaciones de la Superintendencia,
23
según lo señalado en el artículo 90 de la Ley General.
24
III. INFRACCIONES MUY GRAVES
1) Desarrollar operaciones o actividades no autorizadas por la Superintendencia.
2) Exceder el límite global del grupo financiero o grupos consolidables o los límites referidos al
financiamiento a personas vinculadas o de concentración establecidos en las normas vigentes sobre
supervisión consolidada.
3) No cumplir el plan de adecuación para los casos de déficit patrimonial consolidado o el plan de
adecuación para el caso de exceso de límites consolidado, según corresponda, autorizados por la
Superintendencia.
4) No presentar a la Superintendencia el plan de adecuación para los casos de déficit patrimonial
consolidado a nivel de grupo financiero o de grupos consolidables, o el plan de adecuación para el
caso de exceso de límites en el caso de grupos consolidables en los plazos y forma establecidos en
las normas vigentes sobre supervisión consolidada.
5) Incumplir con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley General sobre las actividades de los
25
representantes de las empresas del exterior, conforme a la normativa vigente .
6) No atender los requerimientos y/o no entregar la información sobre el levantamiento del secreto
bancario formulados por las autoridades competentes o su entrega se efectúe de manera parcial o
tardía o con información inexacta, de acuerdo a la normativa vigente.
7) Transgredir el deber de reserva respecto de las operaciones pasivas de acuerdo a lo establecido en el
artículo 140 de la Ley General.
8) Incumplir el deber de reserva, poniendo en conocimiento de cualquier persona, entidad u organismo,
bajo cualquier medio o modalidad, el hecho de que alguna información ha sido solicitada o
proporcionada a la Superintendencia, a través de la UIF-Perú.
9) No comunicar a la Superintendencia, dentro de los cinco (5) días de producida, cualquier sanción que
haya recibido y/o la cancelación y/o suspensión de las certificaciones y/o contratos de servicios
requeridos por la legislación vigente sobre la materia, que se presentaron en el expediente de
inscripción, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
20
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
21
Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Fe de Erratas publicada el 22 de julio de 2018.
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Fe de Erratas publicada el 22 de julio de 2018.
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10) No presentar la declaración jurada anual y/o documentos que acrediten que se mantienen vigentes
todas las condiciones, certificaciones y contratos de servicios requeridos por la legislación vigente
sobre la materia, que se presentaron en el expediente de inscripción, de acuerdo con lo establecido en
la normatividad vigente.
11) Incumplir con la obligación de identificar y/o comunicar sin demora a la UIF-Perú, los fondos u otros
activos detectados de las personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas de conformidad con la Resoluciones 1267 (1999), 1718 (2006) y 2231 (2015), y las
resoluciones que la sucedan.
12) Incumplir con la obligación de: i) comunicar sin demora a la UIF-Perú la no existencia de fondos u otros
activos de las personas o entidades sobre las cuales la UIF-Perú dispone el congelamiento
administrativo o ii) ejecutar sin demora la medida congelamiento administrativa de fondos u otros
activos dispuesta por la UIF-Perú.
13) Emplear el capital social pagado durante el proceso de organización, para fines distintos a los
establecidos en la normativa vigente.
14) No comunicar a la UIF-Perú las operaciones calificadas como sospechosas, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente.
Sociedad de Auditoría Externa
15) No haber comunicado a la Superintendencia o a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (FENACREP), según corresponda, dentro del plazo establecido por la norma vigente, los
hechos significativos que detecten en el proceso de auditoría a las empresas.
16) No revelar la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de caja de la empresa
de acuerdo a la normativa vigente.
17) No emitir los dictámenes o informes conforme a las Normas Internacionales de Auditoría y Servicios
Relacionados y a las disposiciones del Reglamento de Auditoría Externa.
18) No mantener reserva sobre la información que conozca en ejercicio de su actividad.
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Infracciones comunes
19) Incumplir las disposiciones, limitaciones y prohibiciones establecidas por esta Superintendencia e
informadas por escrito al Directorio, en el marco de lo dispuesto por los artículos 218, 349 y 355 de la
Ley General, relacionadas con fortalecimiento patrimonial, manejo del gasto, utilidades,
establecimiento de límites, disposición de activos, captación de depósitos, operaciones con vinculados
27
y gestión de activos ponderados por riesgo (de crédito, mercado u operacional).
26
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
27
Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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ANEXO 2
INFRACCIONES ESPECÍFICAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y CONEXOS
(Empresas de operaciones múltiples, empresas especializadas, bancos de inversión y otras de similar
naturaleza bajo supervisión, así como representantes de empresas financieras no establecidas en el
país y colaboradores de supervisión de este grupo; a las empresas de servicios complementarios y
conexos y a los accionistas, directores, gerentes, trabajadores).
I. INFRACCIONES LEVES
1) No difundir o entregar la información sobre las tasas de interés, comisiones, gastos u otros conceptos,
en los términos señalados en la normativa vigente.
2) Incumplir con entregar y/o poner a disposición de los usuarios la información precontractual,
contractual aplicable y/o la exigida durante la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en
el marco normativo vigente.
3) Otorgar créditos sin requerir o analizar la información mínima establecida en las disposiciones
normativas vigentes relacionadas con el otorgamiento de créditos.
4) Incumplir, las disposiciones normativas vigentes referidas al cierre o rectificación de cierre de cuentas
corrientes.
5) Incumplir las disposiciones normativas sobre publicidad y difusión de la cobertura del Fondo de
Seguro de Depósitos.
28
6)
7) Incumplir con las normas sobre constitución, características, reporte y demás aspectos relativos al
patrimonio efectivo y activos ponderados por riesgos, no considerados en otra tipificación.
8) No cumplir con remitir un Plan de Adecuación en el plazo señalado en el Reglamento para la Gestión
del Riesgo de Liquidez, ante la caída del Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL) en moneda nacional o
en moneda extranjera y/o del Ratio de Inversiones Líquidas en moneda nacional, por debajo del límite
regulatorio establecido en el Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez.
9) No efectuar el traslado de fondos de cuentas CTS en los términos y plazos señalados en la normativa
vigente.
10) No cumplir con utilizar las categorías y denominaciones de comisiones de acuerdo con lo establecido
por la normativa vigente.
11) No incluir en las hojas resumen y/o cartilla de información y/o resumen de condiciones, según
corresponda al producto o servicio contratado, los requisitos mínimos de información comprendida en
la normativa emitida por la Superintendencia.
12) No comunicar de forma previa a los usuarios sobre las modificaciones contractuales unilaterales en los
términos y/o plazos señalados en la normativa vigente.
13) Entregar y/o poner a disposición de los usuarios documentación que contenga información que no se
ajuste a las condiciones ofertadas y/o pactadas con los usuarios.
14) Remitir en forma incompleta o con errores y/o fuera del plazo establecido, la información solicitada por
la Superintendencia mediante el Aplicativo de la Solicitud de Constancia de Depósitos.
Empresas de transferencia de fondos
15) No informar o informar en forma incompleta o con errores respecto de los contratos suscritos o
renovados con agentes y corresponsales, de acuerdo a la normativa vigente.
28
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16) No informar o informar en forma incompleta o con errores la información relativa a la apertura, traslado,
cierre de sus oficinas y locales compartidos, de acuerdo a la normativa vigente.
17) No constituir y mantener actualizados los archivos de información de cada uno de sus agentes.
18) Incumplir las disposiciones sobre funcionamiento establecidas en el Reglamento.
II. INFRACCIONES GRAVES
1) Incumplir las disposiciones normativas relativas a la emisión, administración y/o seguridad aplicables a
las tarjetas de crédito y/o débito y/o a su información.
2) Utilizar modelos de contratos con cláusulas generales de contratación que no hayan sido aprobadas
previamente conforme a la normativa vigente.
3) Incluir en los contratos utilizados, sin aprobación previa de la Superintendencia, cláusulas generales de
contratación aprobadas para otras empresas.
4) Utilizar en los contratos cláusulas identificadas como abusivas por la Superintendencia.
5) Incumplir las disposiciones normativas vigentes relacionadas con el otorgamiento de financiamientos a
directores o trabajadores, o a los cónyuges o parientes de estos.
Sanción específica:
Multa equivalente al cien por ciento (100%) del monto total del exceso o de la valoración de las
condiciones más ventajosas.
6) Presentar discrepancias en la clasificación de la cartera de créditos corporativos, a grandes empresas
y a medianas empresas en más del 20% y hasta el 30% de una muestra significativa de por lo menos
40 deudores revisada por la Superintendencia. El porcentaje de discrepancias se calculará en función
al ratio “número de deudores discrepantes/total de deudores revisados.
7) Incumplir las disposiciones normativas relativas a la evaluación y clasificación del deudor y la exigencia
de provisiones establecidas en las normas de la materia que determine una desviación del cálculo de
provisiones requeridas respecto de las constituidas como mínimo del 10%.
8) Presentar discrepancias en la clasificación de la cartera de créditos de Pequeña Empresa,
Microempresa, de Consumo y/o Hipotecarios en más del 10% y hasta el 20% del saldo de la cartera de
créditos revisada por la Superintendencia, siempre y cuando alguna de las líneas de negocio
revisadas, de manera individual o a nivel agregado, representen más del 20% del saldo total de la
cartera de la entidad.
9) No cumplir con el horario mínimo de atención al público conforme a lo establecido en el artículo 139 de
la Ley General.
10) No divulgar las memorias anuales o incumplir con la obligación de publicar los estados financieros en
el Diario Oficial y en uno de extensa circulación nacional, cuando menos cuatro veces al año, en las
oportunidades y con el detalle que establece la Superintendencia.
11) Incumplir el ratio de liquidez en moneda nacional y/o el ratio de liquidez en moneda extranjera
establecidos por la Superintendencia.
Sanción específica:
Multa equivalente a 1,5 veces la tasa de interés activa de mercado en moneda nacional (TAMN) y/o en
moneda extranjera (TAMEX) promedio del periodo de cálculo, sobre el déficit de activos líquidos
respecto a los requerimientos mínimos de liquidez. La tasa básica de multa se incrementará en un
punto porcentual por cada periodo de cálculo en que persista el déficit.
12) Ante la caída del Ratio de Inversiones Líquidas (RIL) en moneda nacional por debajo del límite
regulatorio establecido en el Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez: i) no cumplir con
subsanar las observaciones al Plan de Adecuación efectuadas por la Superintendencia en el plazo
señalado para ello, o ii) no cumplir con las medidas, acciones a tomar y/o con los plazos señalados en
el Plan de Adecuación.
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13) Ante la caída del Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL) en moneda nacional o en moneda extranjera
por debajo del límite regulatorio establecido en el Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez:
i) no cumplir con subsanar las observaciones al Plan de Adecuación efectuadas por la
Superintendencia en el plazo señalado para ello, o ii) no cumplir con las medidas, acciones a tomar y/o
con los plazos señalados en el Plan de Adecuación.
14) Incumplir lo dispuesto en la normativa vigente con relación al registro inicial, medición posterior y/o
valorización de inversiones, deterioro de valor y/o no mantener a disposición de la Superintendencia la
29
información sobre inversiones.
15) Emitir Instrumentos financieros, instrumentos representativos de deuda, instrumentos hipotecarios y/o
bonos sin cumplir lo dispuesto en la Ley General y las normas emitidas por la Superintendencia.
16) Incumplir la normativa vigente sobre autorización, registro, constitución de departamentos o
subsidiarias.
17) Adquirir, conservar o vender instrumentos representativos de deuda o instrumentos representativos de
capital no permitidos.
18) Incumplir con los procedimientos y prohibiciones establecidos en las normas, referidos a cambios de
categoría de clasificación de las inversiones y ventas de inversiones al vencimiento.30
19) Incumplir con los límites a la posición global establecidos en el Reglamento para la Gestión del Riesgo
31
de Mercado.
20) Reducir el patrimonio efectivo por el ciclo económico acumulado, cuando la regla esté desactivada,
para fines distintos a aquellos para los que fue creado.
21) No realizar la ponderación por riesgo crediticio de las operaciones en las que corresponda, que origine
una desviación igual o mayor de 100 pb del ratio de apalancamiento global, siempre que el ratio de
capital global sea superior al límite que incorpora los requerimientos de patrimonio efectivo adicionales
establecidos en la norma correspondiente.
22) Transferir bienes adjudicados y recuperados a personas vinculadas a la empresa conforme al artículo
202 de la Ley General, sin contar con la autorización correspondiente.
23) Otorgar financiamiento a vinculados sin contar con la aprobación previa del Directorio u órgano
equivalente o incumpliendo lo señalado en la normativa emitida por la Superintendencia para tal
efecto.
24) No presentar un plan de adecuación aprobado por el Directorio, ante el incumplimiento de los
requerimientos de capital, que incluya la identificación de las causas del incumplimiento y las medidas
por adoptarse para el incremento del patrimonio efectivo, u otras acciones, detallando los plazos en
que se implementarán y/o incumplir con el plan de adecuación, conforme a lo establecido en el artículo
218 de la Ley General y la normatividad vigente.
25) Incumplir las obligaciones establecidas por la normativa vigente aplicables a la comercialización de
productos de seguros.
26) Emplear un método de cálculo de capital para el requerimiento patrimonial diferente al autorizado por
la Superintendencia, conforme a la normativa.
27) Incluir en los modelos de hoja resumen, cartilla de información o resumen de condiciones, según
corresponda al producto o servicio contratado, disposiciones que tengan por objeto incorporar,
modificar, sustituir o dejar sin efecto el contenido de las cláusulas generales de contratación aprobadas
por la Superintendencia.
28) No cumplir con el marco normativo vigente relacionado con la aplicación de adelanto de cuotas y/o
pagos anticipados.
29) Efectuar cargos por concepto de comisiones y/o gastos que no cumplan con los criterios establecidos
por la normativa vigente, de una muestra significativa revisada por la Superintendencia.
29
Fe de Erratas publicada el 22 de julio de 2018.
30
Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
31
Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 5569-2019 publicado el 28 de noviembre de 2019.
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30) No cumplir con la ejecución y/o aplicación de las condiciones pactadas en los contratos conforme a la
normativa vigente y de acuerdo a una muestra significativa y material revisada por la
32
Superintendencia.
31) Con relación al Oficial de Conducta de Mercado33:
a) No contar con un Oficial de Conducta de Mercado a tiempo completo y a dedicación exclusiva.
b) Contar con un Oficial de Conducta de Mercado a dedicación no exclusiva sin la debida
autorización.
c) Que el Oficial de Conducta de Mercado no cumpla las funciones y responsabilidades según lo
señalado en la normativa vigente.
32) No contar con las políticas generales, procedimientos y/o documentos normativos internos
establecidos en la normativa vigente, referidos a la implementación de la gestión de conducta de
mercado.
33) No presentar los informes de gestión de conducta de mercado u otros documentos señalados en la
normativa vigente, en las condiciones y/o los plazos establecidos.
34) Ofrecer productos y servicios a través de canales complementarios para los cuales la empresa no
cuenta con autorización, de acuerdo con lo establecido por el marco normativo vigente.
35) No remitir el informe de riesgos por nuevos productos y cambios importantes, requerido de acuerdo
con el marco normativo vigente, cuando se produzca un incremento mayor al 100% en los límites de
prestación de servicios informados por las empresas autorizadas para abrir establecimientos de
operaciones básicas y cajeros corresponsales, a esta Superintendencia.
36) Realizar operaciones con dinero electrónico por montos que se encuentren por encima de los límites
establecidos en el marco normativo vigente.
37) No mantener fideicomisos por el cien por ciento (100%) del dinero electrónico en circulación, conforme
lo establece el marco normativo vigente.
38) No invertir los fondos de los patrimonios fideicometidos constituidos por los emisores de dinero
electrónico de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
39) No cumplir con el pago o pagar un monto de primas menor al establecido al fondo de seguro de
depósitos, de conformidad con la normativa vigente.
40) No transferir activos inmovilizados por más de 10 años al fondo de seguro de depósitos de acuerdo
con los plazos y procedimientos establecidos por la normativa vigente.
41) Utilizar prácticas de negocio que no se ajusten a los aspectos señalados en la normativa vigente de
34
gestión de conducta de mercado.
42) Incumplir el límite prudencial con relación a las ganancias en riesgo, referido a la exposición al riesgo
de tasa de interés, establecido en la normativa vigente.
43) Aplicar los pagos y/o depósitos realizados por los usuarios en una fecha distinta, independientemente
de los canales utilizados para su ejecución.
Peritos Valuadores
44) Incurrir en errores y deficiencias técnicas y/o inconsistencias en las valuaciones efectuadas que
evidencien negligencia asociada al proceso de valuación.
Sanción específica:
Cancelación de la inscripción del infractor, en el registro de la Superintendencia. Si se trata de un
perito valuador que sea persona jurídica, dicha cancelación podrá alcanzar a su personal autorizado.
32
Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
33
Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
34
Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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45) Realizar valuaciones sin la sustentación y/o informe pertinente, sin sustento técnico o no cumplir con el
desarrollo de sus actividades, por parte de los peritos valuadores.
Sanción específica:
Suspensión temporal de hasta doce (12) meses en el registro de la Superintendencia. Si el perito
valuador es persona jurídica, dicha suspensión podrá alcanzar a su personal autorizado.
Empresa de Transferencias de Fondos
46) No incluir en los contratos suscritos o renovados con agentes y corresponsales, las cláusulas mínimas
establecidas en la normatividad emitida por la Superintendencia.
47) Establecer relaciones comerciales con corresponsales para el envío y/o recepción de fondos que no
cuenten con las autorizaciones correspondientes en sus respectivos países de origen.
Infracciones específicas del sistema financiero y de las empresas de servicios complementarios y
35
conexos
48) Incumplir con el compromiso de capitalización de utilidades a que se refiere el numeral 2 del artículo
184 de la Ley General.
Sanción específica:
Prohibición de repartir dividendos hasta implementar el acuerdo de capitalización o hasta que la
Superintendencia lo autorice. Asimismo, la Superintendencia podrá prohibir a dicha empresa que
incluya cualquier acuerdo de capitalización de utilidades hasta que no haya sido implementado el
acuerdo incumplido, o cualquier acuerdo de capitalización de utilidades futuras en el cómputo de su
patrimonio efectivo por un período de dos (2) años, contado desde el vencimiento del plazo en que
debió implementar el acuerdo.
Si en los cinco (5) años siguientes a la no implementación de un acuerdo de capitalización de
utilidades o acuerdo de capitalización de utilidades futuras, dentro del plazo previsto, la empresa
reincidiera en esa conducta, la Superintendencia tiene la facultad de prohibirle que incluya cualquier
acuerdo de capitalización de utilidades por un período de cinco (5) años, contado desde el vencimiento
36
del plazo para implementar el último acuerdo.
49) No cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente respecto a la aplicación del orden de imputación
37
de pagos en obligaciones de tarjeta de crédito y/o otros productos activos.
Infracciones específicas del sistema financiero y de las empresas de servicios complementarios y
conexos
50) Incumplir con los límites a la posición contable neta en productos financieros derivados de moneda
38
extranjera establecidos en el Reglamento para la Gestión del Riesgo de Mercado.
III. INFRACCIONES MUY GRAVES
1) Suministrar cualquier información protegida por el secreto bancario sin que medie autorización escrita
de los clientes o sin que se haya ordenado el levantamiento del secreto bancario por autoridad
competente.
2) Efectuar operaciones con commodities y con productos financieros derivados, tales como forwards,
futuros, swaps, opciones, derivados crediticios u otros instrumentos o contratos de derivados, sin la
autorización de acuerdo con lo establecido por el artículo 283 de la Ley General.
3) Exceder los límites individuales y/o globales comprendidos entre los artículos 200 a 215 de la Ley
General, que no se encuentren expresamente contemplados en otros supuestos de infracción.
Sanción específica:
39
Se aplica la sanción establecida en el artículo 219 de la Ley General, según corresponda.
35
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
36
Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
37
Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 5569-2019 publicado el 28 de noviembre de 2019.
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4) Presentar discrepancias en la clasificación de la cartera de créditos corporativos, a grandes empresas
y a medianas empresas en más del 30% de la muestra significativa de por lo menos 40 deudores,
revisada por la Superintendencia. El porcentaje de discrepancias se calculará en función al ratio
número de deudores discrepantes/total de deudores revisados.
5) Presentar discrepancias en la clasificación de la cartera de créditos de Pequeña Empresa,
Microempresa, de Consumo y/o Hipotecarios en más del 20% del saldo de la cartera de créditos
revisada por la Superintendencia, siempre y cuando alguna de las líneas de negocio revisadas, de
manera individual o a nivel agregado, representen más del 20% del saldo total de la cartera de la
entidad.
6) Cuando las posiciones afectas al riesgo crediticio, de mercado y operacional a que se refiere el artículo
199 de la Ley General, incumplen el límite establecido en dicho artículo.
7) Realizar cualquiera de las actividades prohibidas por el artículo 217 de la Ley General.
Sanción específica:
Multa equivalente al cien por ciento (100%) del monto total de la operación.
8) Abrir cuentas anónimas, con nombres ficticios, inexactos o exclusivamente con códigos.
40
9)
Empresas de transferencias de fondos
10) No contar con el capital mínimo requerido conforme la Ley General y el Reglamento.
Sanción específica:
Cancelación de la autorización de funcionamiento
11) No cumplir sus obligaciones con los ordenantes y/o beneficiarios en forma permanente.
Sanción específica:
Cancelación de la autorización de funcionamiento.
Infracciones específicas del sistema financiero y de las empresas de servicios complementarios y
41
conexos
12) Efectuar cargos por concepto de comisiones y/o gastos, con un impacto económico igual o superior al
monto equivalente de 100 UIT, que no cumplan con los criterios establecidos por la normativa
42
vigente.
39
Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
40
Numeral eliminado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
41
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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ANEXO 3
INFRACCIONES ESPECÍFICAS DEL SISTEMA DE SEGUROS
(Empresas de seguros y reaseguros. Incluye intermediarios y auxiliares de seguros, representantes de
empresas de reaseguros y de corredores de reaseguros del extranjero y colaboradores de supervisión
43
de este grupo. Incluye a los accionistas, directores, gerentes y trabajadores)
I. INFRACCIONES LEVES
Empresas del Sistema de Seguros
1) No entregar la póliza, el resumen, la póliza simplificada, el certificado de seguros y/o la solicitud–
certificado, según corresponda o entregarlas fuera del plazo, de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente.
2) No implementar, no utilizar o no mantener operativos los sistemas informáticos de control requeridos
por la normativa vigente.
3) Incumplir el compromiso de cotización de pensión conforme a lo establecido en la normativa vigente.
4) Emitir pólizas de caución sin haber requerido previamente, a los contratantes o tomadores, la
documentación sustentatoria que acredite la naturaleza de la obligación garantizada y/o no haber
evaluado los antecedentes y características del contratante, conforme a lo establecido en el
Reglamento de Pólizas de Caución o la normativa que la sustituya.
5) No comunicar al asegurado o beneficiario, según corresponda, las condiciones relevantes bajo las
cuales se emitan las pólizas de caución o fianzas, a través del certificado de garantía y/o carta
complementaria, según corresponda.
6) No realizar el pago de las pólizas de caución de acuerdo con las condiciones que se hubieran pactado
y/o no observando el marco normativo vigente.
7) Incumplir los requerimientos establecidos en la normativa vigente para la renovación de las pólizas.
8) Entregar pólizas y/o certificados de seguros por mecanismos virtuales sin contar con las medidas
tecnológicas de seguridad necesarias, que doten a los mencionados documentos de validez y eficacia
jurídica.
9) No cumplir con comunicar los modelos de pólizas que ya no se comercializan y que no mantienen
asegurados, o no confirmar los productos que deben mantenerse incorporados en el Registro de
Modelos de Pólizas de Seguro y Notas Técnicas, en el plazo establecido en la normativa vigente.
10) No comunicar el representante responsable de las coordinaciones relacionadas con el procedimiento
de aprobación y/o modificación de cláusulas generales de contratación, registro y/o modificación de
44
modelos de pólizas de seguro, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
11) No mantener actualizada en sus páginas web una sección en la que indiquen el listado de productos
cuyos códigos de registro hayan sido revocados por la Superintendencia.
12) No mantener en sus páginas web una sección en la que indiquen las cláusulas abusivas identificadas
por la Superintendencia.
13) Utilizar para el cálculo de las primas, metodologías, hipótesis, y demás fórmulas distintas a las
45
contenidas en la nota técnica.
14) Contratar reaseguros mediante la intermediación de corredores de reaseguros que no se encuentren
hábiles en el registro correspondiente a cargo de esta Superintendencia.
43
Denominación modificada mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
44
Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 1825-2019 publicada el 3 de mayo de 2019.
45
Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 1825-2019 publicada el 3 de mayo de 2019.
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15) No presentar la información que, de acuerdo con las normas vigentes, se utiliza en el cálculo de la
Pérdida Máxima Probable (PML) y de la Pérdida Máxima Esperada de estructuras especiales (PME)
de riesgos catastróficos.
16) No incluir en los folletos informativos, y/o en el tarifario y/o cotizador, la información mínima
comprendida en la normativa emitida por la Superintendencia.
17) Incumplir con el contenido del resumen de la cobertura contratada establecido en la normativa vigente.
18) No cumplir con difundir en la página web de la empresa de seguros información actualizada sobre los
productos que ofrecen, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.
19) Cobrar a los contratantes de seguros, cargos adicionales al importe de la prima comercial que estén
relacionados con la cobertura materia del contrato de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente,
según fue informado y pactado.
20) Incumplir las disposiciones normativas vigentes relacionadas a los microseguros, que no se
encuentren tipificadas en otro supuesto infractor.
21) No realizar las capacitaciones al personal que desempeña la función actuarial, conforme a lo
establecido en la normativa vigente.
22) No remitir a la Superintendencia los documentos metodológicos de reservas técnicas, que incluye las
reservas técnicas adicionales, requeridas por y conforme a la normativa vigente.
23) La función actuarial no es desempeñada por personas que cumplan con el perfil señalado en la
normativa vigente.
24) No contar con una estructura organizativa que asegure el cumplimiento efectivo de la función actuarial
y/o la función de gestión de riesgo técnico evitando los conflictos de interés.
25) Incumplir los requisitos mínimos del contenido de los modelos de pólizas, póliza simplificada, el
certificado de seguros y/o la solicitud – certificado, según corresponda, establecidos por las normas
vigentes.
Intermediarios, Auxiliares y Representantes de empresas de reaseguros del exterior
26) Incumplir las disposiciones sobre intermediarios y auxiliares de seguros establecidas en la
normatividad vigente.
27) Incumplir con los requerimientos de remisión de información referidos a la actividad autorizada en los
plazos o en la forma, establecidos por las normas vigentes o remitirla incompleta o con errores, así
como incumplir con mantener a disposición de la Superintendencia, la información señalada.
28) Incumplir, con actualizar dentro de los plazos y conforme a lo establecido en el Reglamento de
Registro de Intermediarios y Auxiliares de seguros y sus modificatorias, la información correspondiente
a la persona natural o jurídica registrada, proporcionada al momento de la inscripción en el Registro en
aquellos casos que revisten de materialidad.
29) No hacer de conocimiento del contratante los alcances de la póliza de responsabilidad civil profesional.
30) No mantener canales de comunicación disponibles con la finalidad de absolver, en cualquier momento,
las consultas y atención en caso de siniestro.
Empresas del Sistema de Seguros46
31) Aceptar y/o pagar por los servicios de intermediarios de seguros o de los auxiliares de seguros que se
encuentren suspendidos o cancelados en el Registro correspondiente a cargo de la
47
Superintendencia.
48
Intermediarios, Auxiliares y Representantes de empresas de reaseguros del exterior
32) En el caso de los auxiliares de seguros, no actualizar la información sobre sus auxiliares exclusivos, en
49
los plazos establecidos por la normativa vigente.
46
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
47
Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
48
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1
de agosto de 2019.
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33) Incumplir con la obligación de mantener los Registros de información de contratos intermediados e
informes de ajuste establecidos en la normativa vigente y/o no mantener a disposición de la
50
Superintendencia los sustentos de los mismos.
34) Incumplimiento de empresas corredoras de seguros de brindar capacitación a su personal y
promotores de venta requerida en la normativa vigente.51
35) No informar a la Superintendencia sobre la apertura, traslado y/o cierre de oficinas o no adjuntar la
52
documentación o no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
36) No adjuntar a la carta de nombramiento el anexo que señale las obligaciones como corredor de
seguros, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.53
37) Incumplir con las disposiciones referidas al Gobierno Corporativo de acuerdo al artículo 38 del
54
Reglamento de supervisión y control de los corredores y auxiliares de seguros.
38) No comunicar o comunicar fuera del plazo, las modificaciones estatutarias distintas a las que la
normativa vigente exige autorización previa.55
II. INFRACCIONES GRAVES
Empresas del Sistema de Seguros
1) Exceder el límite de endeudamiento con relación a operaciones de seguros y/o reaseguros.
Sanción específica:
Multa mensual, sobre el exceso del límite, equivalente a una y media (1,5) veces la tasa de interés
mensual promedio para las operaciones activas a treinta (30) días en la respectiva moneda y mercado
que publica la Superintendencia.
A partir del segundo mes, de subsistir la infracción, la multa se incrementa en cincuenta por ciento
(50%) por cada mes.
2) Exceder el límite de endeudamiento con relación al otorgamiento de fianzas.
Sanción específica:
Por el primer mes o fracción de mes, multa sobre el exceso del límite, equivalente a uno punto cinco
(1,5) veces la tasa de interés mensual promedio para las operaciones activas, en la respectiva moneda
y mercado, deducida la tasa de interés mensual promedio para las operaciones pasivas, al mismo
plazo, moneda y mercado.
A partir del segundo mes, de subsistir la infracción, la multa se incrementa en cincuenta por ciento
(50%) por cada mes.
49
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1
de agosto de 2019.
50
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1
de agosto de 2019.
51
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1
de agosto de 2019.
52
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1
de agosto de 2019.
53
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1
de agosto de 2019.
54
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1
de agosto de 2019.
55
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1
de agosto de 2019.
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3) No contar con un patrimonio efectivo que cubra los requerimientos patrimoniales establecidos por la
normativa vigente.
Sanción específica:
Multa mensual, sobre el déficit del patrimonio, equivalente a una y media (1,5) veces la tasa de interés
mensual promedio para las operaciones activas a 30 días en la respectiva moneda y mercado que
publica la Superintendencia.
A partir del segundo mes, de subsistir la infracción, la multa se incrementa en cincuenta por ciento
(50%) por cada mes.
4) Incurrir en déficit de inversiones elegibles que respalden las obligaciones técnicas.
Sanción específica:
Multa mensual, sobre el déficit de inversión, equivalente a una y media (1,5) veces la tasa de interés
mensual promedio para las operaciones activas a 30 días en la respectiva moneda y mercado que
publica la Superintendencia.
A partir del segundo mes, de subsistir la infracción, la multa se incrementa en cincuenta por ciento
(50%) por cada mes.
5) No constituir las reservas técnicas que dispone el artículo 306 de la Ley General, constituir reservas
técnicas insuficientes de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o constituir
reservas técnicas de forma distinta a la establecida por la Superintendencia.
6) No incrementar las obligaciones técnicas por la cuantía de las primas diferidas al cierre del periodo que
corresponda.
7) No incrementar las obligaciones técnicas por la cuantía de la Práctica Insegura que corresponda a las
primas cedidas al cierre del trimestre que corresponda.
8) Realizar las actividades prohibidas por el artículo 325 de la Ley General.
9) Aplicar a la cobertura de obligaciones técnicas, inversiones que no son consideradas como elegibles o
valores de inversiones elegibles que exceden los límites normados de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley General y/o el Reglamento de las Inversiones de las Empresas de Seguros o cualquier norma que
56
lo sustituya.
10) Comercializar pólizas de seguro distintas a las presentadas a la Superintendencia o cuyos modelos no
cuenten con código de registro, o cuya comercialización se encuentre suspendida o cuyo código de
registro haya sido revocado.
57
11)
12) No contar con la firma del asegurado o contratante en la solicitud de seguro, salvo en el caso de
contratos de seguros comercializados a través de sistemas a distancia u otros que señale
expresamente la Superintendencia.
13) No sustentar los saldos de las cuentas por cobrar y/o por pagar a reaseguradores y/o coaseguradores,
reportados a la Superintendencia en los estados financieros.
14) No registrar contablemente operaciones de coaseguros originadas por la misma empresa, de acuerdo
con lo establecido por las normas vigentes.
15) No contar con autorización para realizar otras operaciones de seguros conforme al artículo 321 de la
Ley General.
16) Incumplir las disposiciones normativas vigentes relacionadas con la comercialización de seguros por
cualquier medio utilizado.
17) Realizar ventas anticipadas de inversiones registradas en la categoría de inversiones a vencimiento,
en contra de lo establecido por la normativa vigente.
18) Incumplir con los límites a la posición global en moneda extranjera, aprobados mediante el
Reglamento de medición del riesgo cambiario en empresas del sistema de seguros o la normativa que
la sustituya.
56
Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
57
Numeral eliminado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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19) Rechazar solicitudes de cobertura de seguros sin contar con el sustento y/o no comunicar el rechazo
en el plazo establecido en la normativa vigente.
20) No establecer las estrategias, políticas y procedimientos para la gestión de riesgos de cauciones y/o
no contar con los respectivos manuales debidamente aprobados, en ambos casos, de acuerdo a los
requerimientos establecidos en las normas dictadas por la Superintendencia.
21) No registrar contablemente, como siniestros, las solicitudes de ejecución de las pólizas de caución, de
acuerdo a los requerimientos de las normas emitidas por la Superintendencia.
22) Incumplimiento de la obligación de mantener y/o actualizar la base de datos que se requiere en la Ley
29355 y en su Reglamento aprobado por D.S. N° 271-2009-EF, con las disposiciones adicionales
establecidas en disposiciones emitidas por la Superintendencia, para la conformación del Registro
Nacional de Información de Contratos de Seguros de Vida y de Accidentes Personales con Cobertura
de Fallecimiento o de Muerte Accidental.
23) No remitir la información requerida por la Superintendencia, sobre la existencia de pólizas de seguros
en el marco de los establecido por la Ley 29355, Ley de Creación del Registro Nacional de Información
de Contratos de Seguros de Vida y de Accidentes Personales con Cobertura de Fallecimiento o de
Muerte Accidental y en su Reglamento aprobado por D.S. N° 271-2009-EF, o remitirla, incompleta, con
errores o fuera del plazo establecido en los referidos dispositivos.
24) Incumplir con el deber de reserva de información señalado en la Ley 29355, Ley de Creación del
Registro Nacional de Información de Contratos de Seguros de Vida y de Accidentes Personales con
Cobertura de Fallecimiento o de Muerte Accidental y en su Reglamento aprobado por D.S. N° 271-
2009-EF.
25) Incumplir con la obligación de informar y de publicar a que se refiere la Ley 29355, Ley de Creación del
Registro Nacional de Información de Contratos de Seguros de Vida y de Accidentes Personales con
Cobertura de Fallecimiento o de Muerte Accidental y su Reglamento aprobado por D.S. N° 271-2009-
EF.
26) No levantar las observaciones, efectuadas por la Superintendencia al contenido de las notas técnicas,
en el plazo establecido por la referida entidad.
27) No cumplir con informar a los contratantes y/o asegurados, mediante los mecanismos directos de
comunicación pactados durante la vigencia del contrato:
- Las cláusulas abusivas detectadas por la Superintendencia y/o
- La revocación del código de registro.
28) Ceder o adquirir cartera de pólizas de seguros sin contar con la autorización previa de la
Superintendencia, conforme las normas vigentes sobre la materia.
29) Ceder cartera de pólizas de seguros sin haber tramitado el consentimiento de los contratantes y/o
asegurados según las disposiciones vigentes.
30) Modificar los términos y condiciones de las pólizas de seguros, en perjuicio de los contratantes y/o
asegurados, sin cumplir con las exigencias consideradas por las normas vigentes, en los casos de
cesión de cartera de pólizas de seguros.
31) No subsanar en el plazo indicado las observaciones que emita esta Superintendencia, dentro o fuera
de visitas de inspección, con relación a la conformación y/o los cambios que realice la empresa sobre
los grupos homogéneos de obligaciones y/o los portafolios de inversión que los respaldan, en base a
los criterios establecidos en la normativa vigente, para la gestión de activos y pasivos.
32) Utilizar para el cálculo de las reservas técnicas, modelos, parámetros, supuestos y otros aspectos
relevantes distintos a los contenidos en el documento metodológico de cálculo de reservas técnicas.
33) No realizar la modificación de la metodología de estimación de reservas técnicas, en base a los
resultados del backtesting, en el plazo determinado por la Superintendencia.
34) No comunicar el término o resolución de los contratos de reaseguros que dentro del plazo establecido
por la normativa vigente, no hubieran sido reemplazados por otros contratos de reaseguros.
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35) Mantener partidas pendientes de contabilización en las conciliaciones con empresas coaseguradores,
en contra de lo dispuesto por la normativa vigente.
36) No efectuar las provisiones por cobranza dudosa de las partidas con plazo de cobro vencido de los
saldos deudores, de las cuentas corrientes con reaseguradores y/o coaseguradores.
37) Aplicar la reserva de riesgos catastróficos sin contar con la respectiva autorización de la
Superintendencia.
38) No efectuar el cálculo de la Pérdida Máxima Esperada de estructuras especiales (PME) diferentes a
edificios y naves industriales, de acuerdo con la normativa vigente.
39) Realizar el cálculo de la Pérdida Máxima Probable y/o de la Pérdida Máxima Esperada de riesgos
catastróficos con una metodología diferente a la establecida por la Superintendencia e incumplimiento
las disposiciones contenidas en la normativa vigente.
40) No mantener a disposición de la Superintendencia la información sobre inversiones, así como la
información asociada al registro inicial, medición posterior y valorización de inversiones, tanto para
instrumentos financieros como inmuebles, de acuerdo a la normativa vigente.
41) No comunicar a los asegurados las modificaciones a las pólizas de seguros en los términos y/o
plazos establecidos por la normativa vigente.
42) No contar con un Oficial de Atención al Usuario y/o que la persona designada no cumpla con los
requerimientos establecidos en las normas emitidas por la Superintendencia.
43) Utilizar en los contratos cláusulas identificadas como abusivas por la Superintendencia.
44) No contar con la documentación de sustento señalada para el proceso de notificación cumpliendo lo
establecido en el Reglamento de Inversiones de las Empresas de Seguros.
45) Exigir a los asegurados o beneficiarios de los contratos de seguros, el cumplimiento de condiciones no
previstas legal o contractualmente para el pago de las indemnizaciones.
46) Establecer cláusulas en los contratos de seguros que determinen la suspensión inmediata del seguro
por mora en el pago de la prima.
47) No cursar copia de las comunicaciones al corredor de seguros, referidas a la póliza intermediada,
según lo indicado en la normativa vigente.
48) No designar al ajustador de siniestros, de acuerdo con la normativa vigente, para la liquidación del
siniestro.
49) Predeterminar en el contrato de seguros el nombre de los ajustadores que se encargarán de la
liquidación del siniestro.
50) No aceptar el pago de la prima por parte del contratante/asegurado, o terceros y/o establecer
procedimientos que obstaculizan o impidan su cumplimiento oportuno.
51) No atender los siniestros reclamados argumentando prima impaga, incumpliendo lo dispuesto en la
normativa vigente.
52) Incumplir con el pago total de las indemnizaciones a los asegurados o beneficiarios, así como los
intereses que correspondan, conforme a lo establecido por la normativa vigente.
53) Suspender la cobertura del seguro por supuestos distintos a los establecidos por el marco normativo
vigente.
54) No rehabilitar la cobertura de seguro de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.
55) Incumplir con lo estipulado en la normativa vigente para proceder a la resolución del contrato de
seguro por falta de pago.
56) Incumplir con efectuar el pago de los siniestros liquidados pendientes de pago correspondientes a los
beneficios de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio del seguro previsional en el contexto del
modelo de licitación de cobertura de dicho seguro bajo una póliza colectiva; o no pagar o pagar
parcialmente los intereses moratorios, según el Título VII del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Pensiones, aprobado por Resolución N°
232-98-EF/SAFP y modificatorias.
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57) No aceptar o impedir la revocación del consentimiento de un asegurado de seguro de vida o aceptarlo
sin la presentación de documento escrito.
58) Otorgar cobertura de seguros de vida a menores de edad sin autorización de los padres o tutores.
59) No cumplir con los plazos de prescripción para los contratos de seguros.
60) No ofrecer al contratante la revisión del contrato de seguro en los plazos establecidos en la normativa,
en los casos de reticencia y/o declaración inexacta no dolosa.
61) Poseer subsidiarias no contempladas en las normas emitidas por la Superintendencia.
62) Emitir instrumentos representativos de deuda, sin arreglo a lo dispuesto en las normas emitidas por la
Superintendencia.
63) No cumplir con las restricciones establecidas en la normativa vigente respecto al otorgamiento de
créditos a los trabajadores.
64) No observar el procedimiento de cálculo y transferencia del Aporte Adicional a la Cuenta Individual de
Capitalización del afiliado, a efectos del pago de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, en los
plazos y/o condiciones establecidas en las disposiciones emitidas por la Superintendencia.
65) No observar el procedimiento y/o condiciones para ofrecer modalidades básicas y/o productos
complementarios que se establecen en los artículos 265, 266, 267 y 268 del Título VII del Compendio
de Normas del SPP y Disposiciones Complementarias y/o Relacionadas.
66) Emitir sin autorización de la Superintendencia fianzas consideradas como garantías sobre obligaciones
crediticias y que no tienen vinculación con las obligaciones a las que hace referencia la definición del
riesgo caución del plan de cuentas para las empresas del sistema asegurador.
67) No contar con previa autorización de la Superintendencia para actuar como fiduciarios.
68) No contar con procesos y procedimientos, y/o no implementarlos adecuadamente en la práctica, que
garanticen la calidad de los datos utilizados para el cálculo de las reservas técnicas, es decir, los datos
no son completos, exactos y adecuados.
69) No calcular el margen de solvencia de acuerdo a los procedimientos establecidos por la
Superintendencia.
70) Suscribir contratos con ajustadores de seguros que afecten su independencia y/o que contravengan
las normativas correspondientes a la liquidación de siniestros.
71) No cumplir parcial o totalmente las actividades de la función actuarial señaladas en la normativa
vigente.
72) No cumplir parcial o totalmente las actividades de la función de gestión de riesgos técnicos señaladas
en la normativa vigente.
73) No presentar el informe de la función actuarial en el plazo y/o según requerimientos señalados en la
normativa vigente.
74) No presentar la información correspondiente a los riesgos técnicos en el informe anual de riesgos, en
el plazo y/o según requerimientos señalados en la normativa vigente.
Intermediarios, Auxiliares y Representantes de empresas de reaseguros del exterior
75) En el caso de representantes de empresas de reaseguros del exterior y corredores de reaseguros,
incurrir en las prohibiciones señaladas en la normativa vigente.
76) Actuar sin consentimiento del asegurado o excediendo las facultades otorgadas por el contratante o
asegurado en la carta de nombramiento, en su perjuicio.
77) No remitir a las empresas de seguros la información referida al conocimiento del cliente de acuerdo a
la normativa vigente sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
78) No poner a disposición simultánea del asegurado y de la empresa de seguros los informes
(preliminares y/o finales) de liquidación de siniestros.
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79) No remitir a la empresa de seguros la constancia que acredite el rechazo del contratante y/o
asegurado, a la cesión de cartera de pólizas de seguros.
58
80)
81) No cumplir con su función de asesoría al contratante y/o asegurado durante la vigencia del contrato y
ante la ocurrencia de un siniestro.
82) No proporcionar a las empresas de seguros la información requerida en la normativa vigente sobre los
bienes asegurados contra riesgos catastróficos.
83) No comunicar, tanto a la empresa de seguros como al asegurado, la solicitud de prórroga para
efectuar el ajuste ni el pronunciamiento de la Superintendencia.
84) No entregar los informes de ajuste en el plazo establecido en las normativas correspondientes o no
59
gestionar la prórroga ante la Superintendencia .
Sociedades de Auditoría Externa
85) Efectuar la revisión de los aspectos definidos en el Reglamento de gestión actuarial para empresas de
seguros sin la participación de un actuario de formación, quien a su vez deberá firmar el informe de
60
revisión.
86) Incumplir las disposiciones establecidas sobre revisión de reservas técnicas y gestión actuarial en la
61
normativa vigente.
Empresas del Sistema de Seguros62
87) Proceder al pago anticipado o al rescate por sorteo de la deuda subordinada emitida por las empresas,
63
sin autorización previa de la Superintendencia.
64
Intermediarios, Auxiliares y Representantes de empresas de reaseguros del exterior
65
88) Realizar alguna de las actividades prohibidas establecidas en la normatividad vigente.
66
Empresas del sistema de seguros
89) Pagar a los corredores de seguros comisiones por la intermediación en la contratación de seguros
cuya normativa prohíbe expresamente dicho pago.67
68
Intermediarios, Auxiliares y Representantes de empresas de reaseguros del exterior
58
Numeral eliminado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
59
Fe de Erratas publicada el 22 de julio de 2018.
60
Fe de Erratas publicada el 22 de julio de 2018.
61
Fe de Erratas publicada el 22 de julio de 2018.
62
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
63
Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
64
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
65
Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
66
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
67
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
68
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
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90) Tener una póliza de responsabilidad civil profesional que no contenga las coberturas establecidas en
69
la normatividad vigente.
91) Modificar el estatuto social sin contar con la autorización previa de la Superintendencia, conforme a la
70
normativa vigente.
92) En caso de empresas corredoras de seguros, no actualizar la información sobre sus corredores
71
exclusivos en los plazos establecidos por la normativa.
93) Incumplir con el plan de adecuación con medidas de fortalecimiento patrimonial para revertir una
situación de patrimonio negativo.72
94) No informar a la Superintendencia, en el plazo establecido en la normativa vigente, las
73
reorganizaciones societarias acordadas.
95) Utilizar modalidades de intermediación de seguros establecidas en la normativa vigente para los
corredores de seguros persona jurídica, por personas naturales inscritas como corredores de
74
seguros.
96) Incumplir por parte de los corredores de seguros los requisitos de modalidades de intermediación de
75
seguros, previstas en el Reglamento.
97) Incumplir las condiciones establecidas en la normativa vigente para realizar la intermediación de
seguros a través de sistemas de comunicación a distancia.76
98) No enviar a la Superintendencia la información requerida sobre la transferencia de cartera.77
69
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
70
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
71
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
72
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
73
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
74
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
75
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
76
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
77
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
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99) No implementar las políticas y procedimientos establecidos en el artículo 40 del Reglamento de
supervisión y control de los corredores y auxiliares de seguros.78
100) No entregar en las propuestas que presente el corredor de seguros a los contratantes y/o asegurados
potenciales, la información relacionada a la cobertura establecida en el artículo 41 del Reglamento de
supervisión y control de los corredores y auxiliares de seguros.79
101) En el caso de corredores o auxiliares de seguros exclusivos de una empresa corredora de seguros o
de una empresa auxiliar de seguros, brindar servicios a otras empresas inscritas en el Registro de
80
intermediarios y auxiliares de seguros y actividades de seguros transfronterizas.
102) En el caso de los ajustadores de siniestros, no implementar sistemas de alerta para el conteo de los
plazos que debe cumplir para la elaboración de informes de ajuste y/o sistemas de entrega de dichos
81
informes en forma simultánea tanto al asegurado como a la empresa de seguros.
103) Incumplir con el plan de comunicación a clientes en el caso de corredores de seguros suspendidos por
incumplimiento de la normativa vigente82
104) No tener información de sustento respecto a las comisiones u honorarios de intermediación o
83
asesorías de seguros.
84
Sociedades de Auditoría externa
105) Incumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de supervisión y control de los
intermediarios de seguros y auxiliares de seguros, relacionadas con los exámenes anuales sobre la
85
razonabilidad de los estados financieros anuales.
86
Intermediarios, Auxiliares y Representantes de empresas de reaseguros del exterior
106) Comunicar tardíamente o no comunicar las actualizaciones de la información proporcionada al Registro
de intermediarios y auxiliares de seguros, empresas de reaseguros del exterior y actividades de
87
seguros transfronterizas, que impliquen impedimento sobreviniente.
Empresas del Sistema de Seguros88
89
104) Comercializar pólizas de seguro que no cuenten con la nota técnica correspondiente.
78
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
79
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
80
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
81
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
82
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
83
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
84
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
85
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
86
Incorporado mediante Resolución SBS N°808-2019 publicado el 7 de marzo de 2019.
87
Incorporado mediante Resolución SBS N°808-2019 publicado el 7 de marzo de 2019.
88
Incorporado mediante Resolución SBS N° 1825-2019 publicada el 3 de mayo de 2019.
89
Incorporado mediante Resolución SBS N° 1825-2019 publicada el 3 de mayo de 2019.
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511) 6309000 Fax: (511) 6309239
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90
III. INFRACCIONES MUY GRAVES
Empresas del sistema de seguros91
1) Aceptar y/o pagar por los servicios de personas que actúen como intermediarios de seguros o de los
auxiliares de seguros y que no cuenten con autorización de inscripción en el Registro correspondiente
a cargo de la Superintendencia.92
93
Intermediarios, Auxiliares y Representantes de empresas de reaseguros del exterior
2) En el caso de los ajustadores de siniestros, no poner en conocimiento de la empresa de seguros, la
fecha en que el asegurado ha completado la información contenida en la póliza para el cómputo de
plazo para efectuar la liquidación del siniestro, en el plazo establecido en la normatividad vigente.94
95
Intermediarios, Auxiliares y Representantes de empresas de reaseguros del exterior
3) Inducir al contratante y/o asegurado a ocultar información o presentar una declaración y/o información
96
incorrecta para lograr la cobertura del seguro.
97
Intermediarios, Auxiliares y Representantes de empresas de reaseguros del exterior
4)Comprobación por parte de la Superintendencia de la presentación de documentación falsa a efectos de
lograr la inscripción en el Registro de intermediarios y auxiliares de seguros, empresas de reaseguros del
98
exterior y actividades de seguros transfronterizas.
90
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
91
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
92
Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
93
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
94
Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
95
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
96
Incorporado mediante Resolución SBS N°809-2019 publicado el 7 de marzo de 2019, vigente a partir del 1 de
agosto de 2019.
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Incorporado mediante Resolución SBS N°808-2019 publicado el 7 de marzo de 2019.
98
Incorporado mediante Resolución SBS N°808-2019 publicado el 7 de marzo de 2019.
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ANEXO 4
INFRACCIONES ESPECÍFICAS DEL SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE
PENSIONES
(Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, promotores de ventas de las AFP. Incluye a los
accionistas, directores, gerentes y trabajadores)
I. INFRACCIONES LEVES
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
1) No poner a disposición del público en cada una de sus agencias, la información y/o
documentación sobre la AFP y el SPP, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.
2) No responder al reclamante en la forma y plazo establecido por la normativa vigente sobre los
requisitos formales que debe reunir el escrito de denuncia al promotor de ventas, y/o responder
en forma incompleta.
3) No acreditar ante la Superintendencia a los funcionarios que consignarán segunda firma en las
solicitudes de traspasos suscritas por promotores en investigación, de conformidad con la
normativa vigente.
4) No mantener un registro actualizado y detallado de las denuncias y reclamos que los afiliados,
empleadores y terceros efectúen respecto de los promotores de ventas, de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente.
5) No observar los procedimientos y plazos establecidos en los artículos 77 y 78 del Título III del
Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, para los casos de modificación del Estatuto.
6) No remitir al empleador, vía el Portal de Recaudación AFPnet, la lista de los trabajadores
incorporados al SPP junto a sus respectivos CUSPP, dentro de los tres (3) días útiles de
obtenido el referido código.
7) No actualizar el archivo de afiliados conforme a lo establecido en la normativa vigente.
8) No mantener actualizadas las carpetas individuales de los afiliados, con la documentación
mínima o, en los casos de nulidad de afiliación o desafiliación del SPP, no conservar las
Carpetas Individuales de acuerdo a la normativa vigente.
9) No comunicar al empleador o al trabajador, sea dependiente o independiente, en el plazo y
forma establecidos por el marco normativo vigente según corresponda, la declaración de
nulidad de la afiliación.
10) Incumplir las disposiciones aplicables al contenido mínimo y envío del estado de cuenta a los
afiliados, conforme a la normativa vigente.
11) No registrar, de acuerdo con lo establecido por el marco normativo vigente, los instrumentos de
inversión y las operaciones en las que se inviertan los recursos de cada Fondo obligatorio con
el nombre de “Para el Fondo de Pensiones Tipo 0, 1, 2 o 3” según corresponda o “Para la
Cartera Administrada Tipo 0, 1, 2 o 3” según corresponda, indistintamente, precedida del
nombre de la AFP correspondiente, por tres (3) veces en el lapso de quince (15) días.
12) No contar con la conformidad de la Superintendencia respecto del Informe Diario de
Inversiones, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
13) No cumplir con las disposiciones normativas vigentes para el cálculo, recálculo y/o el
otorgamiento de una pensión bajo la modalidad de Retiro Programado, Renta Vitalicia Familiar,
o demás productos autorizados para su comercialización en el SPP.
14) No cumplir con las disposiciones normativas vigentes referidas al procedimiento de
determinación y sustentación de los retiros mensuales por concepto de Retiro Programado y/o
Renta Temporal.
15) Incumplir con otorgar o poner a disposición la información relevante que permita a los afiliados,
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beneficiarios y/o público en general, acceder a pensiones de jubilación, invalidez o
sobrevivencia, así como para el trámite de beneficios no pensionarios, de acuerdo con lo
establecido por la normativa vigente.
16) No cumplir con las disposiciones normativas vigentes referidas a los procedimientos de
evaluación de requisitos y/o no verificar los documentos requeridos para el inicio de los
trámites de las pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y/o beneficios no pensionarios.
17) No cumplir con el procedimiento para el otorgamiento de las citas al afiliado y/o a los
beneficiarios o sus representantes para la culminación de las diferentes etapas de la Solicitud
de Pensión de Jubilación, Invalidez o Sobrevivencia y/o beneficios no pensionarios, de acuerdo
con lo establecido por la normativa vigente.
18) No cumplir con las disposiciones normativas vigentes para la gestión de la Solicitud de
Evaluación y Calificación de Invalidez y/o la entrega de información correspondiente.
19) No cumplir con el procedimiento de otorgamiento de gastos de sepelio de conformidad con lo
establecido por el marco normativo vigente.
20) No cumplir con el procedimiento para el otorgamiento de pensiones preliminares, transitorias
y/o definitivas, por Jubilación, Invalidez o Sobrevivencia, establecido por el marco normativo
vigente.
21) No cumplir con el procedimiento del traslado de la información a que se refiere la Solicitud de
Evaluación y Calificación de Invalidez y/o de la información sustentatoria al COMAFP, de
acuerdo con lo establecido por el marco normativo vigente.
22) No cumplir con el procedimiento de verificación y/o acreditación de los requisitos de acceso a
los Regímenes a que se refieren las Leyes N° 27252, 27617 y 28911, u otros de garantía
estatal o de similar naturaleza; y/o no cumplir con el procedimiento de información al afiliado,
respecto de las formalidades exigidas para sustentar el acceso a los referidos regímenes, de
conformidad con lo establecido por el marco normativo vigente.
23) No cumplir con el procedimiento de información al afiliado y/o sus beneficiarios, respecto al
pronunciamiento emitido por la Oficina de Normalización Previsional con relación a la solicitud
de acceso a los Bonos de Reconocimiento y/o Bonos Complementarios a que se refieren las
Leyes N° 27617, 27252 y 28991, u otros de garantía estatal o de similar naturaleza, de
conformidad con lo establecido por el marco normativo vigente.
24) No cumplir con los procedimientos y plazos establecidos para la atención de las solicitudes
para la obtención de las claves privadas de seguridad en las agencias y sitios web de la AFP.
25) No contar con los formularios electrónicos autorizados puestos a disposición de los usuarios en
el sitio web de la AFP.
26) No cumplir con el procedimiento de cotizaciones y/o brindar información errónea, incompleta
fuera de plazo y/o no autorizada a una o más empresas de seguros a efectos de realizar la
cotización de pensión, de acuerdo a las disposiciones establecidas por la normativa vigente.
27) No informar de manera previa a la unidad de auditoría interna o unidad equivalente de la AFP,
las políticas de inversiones que deberán seguir la AFP y las personas que participan en el
proceso de inversión de los recursos de los fondos administrados de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente.
28) No cumplir con lo establecido en el artículo 156 del Título VI del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones respecto de los lineamientos sobre información de las Políticas de Inversión.
29) No cumplir con lo establecido en la normativa vigente respecto de la obligación de evaluar e
informar a la Superintendencia sobre cualquier incumplimiento del Capítulo XV del Título VI del
Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones.
30) No entregar a los potenciales pensionistas las constancias de atención, con los requisitos
mínimos de información establecidos para su generación, de acuerdo a la normativa vigente.
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32) No remitir dentro del plazo y/o forma establecida por la Superintendencia la información de los
instrumentos u operaciones de inversión que la AFP haya calificado como elegibles.
33) No remitir dentro del plazo y/o forma establecida en la normativa vigente, el informe de gestión
de riesgos de las operaciones con instrumentos derivados.
34) No publicar en el último día hábil de los meses de mayo y noviembre, en un diario de
circulación nacional y en otro de circulación regional o local, una relación de todos los
representantes designados en aquellas localidades distintas de Lima Metropolitana y de la
Provincia Constitucional del Callao, que no cuenten con agencia u OAP, de acuerdo con lo
establecido por el marco normativo vigente.
35) No acatar lo resuelto por la Superintendencia respecto del carácter confidencial de la
información solicitada por los accionistas, conforme a la normativa vigente.
36) No comunicar oportunamente al afiliado, el primer mes de devengue en la AFP de destino, en
caso de traspaso de un afiliado, de acuerdo con lo establecido por el marco normativo vigente.
37) No informar al afiliado, a su solicitud y dentro de los plazos establecidos, el saldo de sus
aportes voluntarios.
38) No iniciar, desarrollar o concluir un proceso interno de investigación ante indicios sobre el
comportamiento doloso, negligente o desleal de algún promotor del SPP, según la normativa
vigente.
39) No publicar en su portal web, dentro del plazo y/o forma establecida, la información sobre la
composición especifica de la cartera administrada.
40) No cumplir con el procedimiento para el otorgamiento del nivel base para pensiones y/o sus
condiciones de aplicación y pago, de conformidad con lo establecido por el marco normativo
vigente.
41) No cumplir con los procedimientos y/o disposiciones establecidas en la normativa vigente para
el pronunciamiento respecto de la procedencia y/o la conformidad de la Solicitud de Pensión de
Jubilación, Invalidez o Sobrevivencia.
42) No cumplir con el procedimiento de comunicación a la empresa de seguros respecto de la
conformidad de la Solicitud de Pensión Definitiva, para la determinación del excedente de
pensión, conforme a la normativa vigente.
43) No verificar la identidad del solicitante respecto de la documentación sustentatoria presentada
para el trámite de la Solicitud de Evaluación y Calificación de Invalidez conforme a la normativa
vigente.
44) No efectuar el procedimiento de reajuste de pensiones de Jubilación, Invalidez y
Sobrevivencia, de conformidad con lo establecido por el marco normativo vigente.
45) No cumplir con el procedimiento establecido para el cambio de modalidad de pensión, repacto
y/o adelanto de pensión, de conformidad con lo establecido por el marco normativo vigente.
46) No cumplir con los procedimientos de solicitud, atención, presentación, vigencia de
cotizaciones y/o elección de modalidad de pensión de jubilación, invalidez o sobrevivencia, en
las condiciones y/o plazos que se establecen en la normativa vigente.
47) No cumplir con el procedimiento de determinación de porcentajes de pensión, así como de
remuneración máxima asegurable, para el pago de la pensión de invalidez o sobrevivencia,
establecido por el marco normativo vigente.
48) No cumplir con el procedimiento establecido en la normativa vigente para otorgar los beneficios
no pensionarios.
49) No cumplir con los procedimientos para determinar la condición de invalidez, discapacidad,
enfermedad terminal o cáncer, preexistencia, exclusión u otros actos administrativos a cargo de
los comités médicos en el SPP, de acuerdo a la normativa vigente.100
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Numeral eliminado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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50) No cumplir con el procedimiento y/o los principios establecidos en la normativa vigente,
vinculados al otorgamiento de pensiones de jubilación, invalidez y/o sobrevivencia con o sin
cobertura previsional y/o con participación de garantía estatal o no.
51) No efectuar la retención del saldo Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios
y/o no efectuar la transferencia a Essalud, para garantizar las prestaciones y beneficios del
asegurado al régimen contributivo de la seguridad social en salud, de acuerdo a la normativa
vigente.
52) No cumplir con el procedimiento y/o los principios contenidos en la normativa vigente,
vinculados al otorgamiento de cobertura previsional dentro del modelo SISCO de
Administración de Riesgos Previsionales.
53) No cumplir con el procedimiento y/o los principios contenidos en la normativa vigente,
vinculados al servicio de asesoría, orientación y/o información con ocasión del otorgamiento de
un beneficio pensionario o no pensionario.
54) No asumir el pago de intereses moratorios en caso de incumplimiento de cualquier pago,
transferencia u otra operación similar vinculada a beneficios, en las condiciones y plazos
estipulados en la normativa vigente.
55) No cumplir con el procedimiento de determinación, cálculo, notificación, retiro y/o entrega de
aportes voluntarios y/o excedente de pensión de acuerdo con la normativa vigente.
56) No observar el procedimiento para el otorgamiento del nivel base para pensiones y/o sus
condiciones de aplicación y pago, de conformidad con lo establecido por el marco normativo
vigente.
57) No sujetarse al procedimiento de transferencia de la Cuenta Individual de Capitalización,
emisión de póliza y/o notificación para la contratación de algún producto autorizado para su
comercialización en el SPP, de conformidad con el marco normativo vigente.
58) No cumplir con el procedimiento de presentación y evaluación de documentación sustentatoria
en el caso de beneficiarios, conforme lo establece el marco normativo vigente.
59) No iniciar el trámite de redención del Bono de Reconocimiento en la oportunidad y condiciones
que establece la normativa vigente.
60) No cumplir con el procedimiento para determinar el derecho a la cobertura de seguro de
invalidez, sobrevivencia y/o gastos de sepelio, de acuerdo a la normativa vigente.
61) No cumplir con el procedimiento de exclusión de la cobertura del seguro de invalidez,
sobrevivencia y gastos de sepelio, de acuerdo a la normativa vigente.
62) No cumplir con el procedimiento de entrega del saldo de la Cuenta Individual de Capitalización
a la masa hereditaria, de acuerdo a la normativa vigente.
63) No cumplir con el procedimiento de cálculo y transferencia del aporte adicional a la Cuenta
Individual de Capitalización del afiliado, de conformidad con la normativa vigente.
64) No cumplir con formular las evaluaciones, exámenes médicos y/o informes requeridos para la
solicitud de evaluación y calificación de invalidez, de acuerdo a la normativa vigente.
65) No cumplir con el procedimiento de calificación de invalidez, dentro del trámite de pensiones de
invalidez, de acuerdo a la normativa vigente.
66) No cumplir con el pago de los gastos de los exámenes y procedimientos clínicos requeridos por
el COMAFP y el COMEC a los médicos consultores de la Superintendencia, de acuerdo con la
normativa vigente.
67) No orientar al afiliado o beneficiario respecto del procedimiento de apelación al dictamen de
invalidez, de evaluación de preexistencia por fallecimiento o de evaluación de exclusión de
cobertura, u otro acto administrativo emitido por el COMAFP y/o no orientarlo dentro de los
plazos establecidos por la normativa vigente.
68) No cumplir con el procedimiento establecido por el marco normativo vigente en caso de
100
Fe de Erratas publicada el 22 de julio de 2018.
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apelación del dictamen emitido por el COMAFP.
69) No cumplir con el procedimiento de remisión a la Oficina de Normalización Previsional de la
información de aquellos afiliados que hayan solicitado una pensión bajo el beneficio de los
Regímenes a que se refieren las Leyes N° 27617, 27252 y 28991, u otros procesos de garantía
estatal o de similar naturaleza, de acuerdo a la normativa vigente.
70) No cumplir con el procedimiento de cálculo de la pensión de los regímenes a que se refieren
las Leyes N° 27617, 27252 y 28991 u otros de garantía estatal o de similar naturaleza, de
acuerdo a la normativa vigente.
71) No cumplir con el procedimiento de remisión de información a la Superintendencia relacionada
con las solicitudes y/o pagos de bonos complementarios a que se refieren las Leyes N° 27617,
27252 y 28991, u otros de garantía estatal o de similar naturaleza, de conformidad con lo
establecido por el marco normativo vigente.
72) No cumplir con el procedimiento de devolución de aportes a afiliados jubilados o inválidos
definitivos, de acuerdo a la normativa vigente.
73) No cumplir con remitir, a la Superintendencia o a la Oficina de Normalización Previsional,
según corresponda, en los plazos y/o condiciones establecidas en la normativa vigente, la
información y/o documentos vinculados a los trámites de Bono de Reconocimiento.
74) No cumplir con las instrucciones y disposiciones asociadas a la utilización del Sistema MELER
para la cotización de las pensiones que se contraten en el SPP.
75) No contar y/o no desarrollar el Plan Integral de Orientación e Información a afiliados y
beneficiarios próximos a pensionarse, de acuerdo a la normativa vigente.
76) No contar y/o no desarrollar el plan de capacitación para el personal de orientación de la AFP,
de acuerdo a la normativa vigente.
77) No cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato de Administración de Riesgos de
invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio en el SPP.
COMITÉ MÉDICO
78) No emitir el dictamen de calificación de invalidez, de preexistencia por fallecimiento o de
exclusión de cobertura, u otro acto administrativo a cargo de los comités médicos del SPP y/o
no cumplir con emitir el dictamen con la información establecida en la normativa vigente.
79) No notificar a la AFP, al solicitante o a la empresa de seguros respecto de la suspensión de la
evaluación de calificación de invalidez, en los plazos y condiciones establecidos por el marco
normativo vigente.
80) Asignar la evaluación de un afiliado y/o beneficiario a una entidad prestadora de servicios de
médicos consultores que mantienen vinculación con las empresas de seguros que administran
los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio en el SPP.
81) No emitir el dictamen de calificación de invalidez con el contenido mínimo establecido en la
normativa vigente.
II. INFRACCIONES GRAVES
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
1) Operar con un capital social por debajo del mínimo establecido.
2) Aprobar la distribución de utilidades con cargo a las ganancias netas de un ejercicio anual, u
otorgar participación en las utilidades a los directores, sin contar con la aprobación del Balance
de fin de ejercicio por parte de la Junta General de Accionistas.
3) No sustituir la garantía constituida al inicio de operaciones, de acuerdo con lo establecido por
el marco normativo vigente.
4) Realizar actividades no comprendidas dentro de su objeto exclusivo como AFP.
5) Impedir la asistencia del Superintendente o de los funcionarios que este designe a las sesiones
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de Junta General de Accionistas y/o de Directorio.
6) Permitir que uno o más representantes-AFP efectúen funciones de cobranza a los afiliados,
empleadores y/o público en general de modo directo o indirecto.
7) Incumplir las disposiciones normativas vigentes relacionadas con la contratación, capacitación
y/o evaluación de promotores de venta.
8) Permitir que un promotor de ventas inhabilitado o una persona no registrada como tal realice
funciones propias de un promotor de ventas.
9) Tramitar solicitudes de traspaso que no consignen la firma del fedatario, en caso el promotor se
encuentre en proceso de investigación.
10) Incumplir las disposiciones normativas vigentes relacionadas con el cobro de comisiones.
11) Incumplir con la normativa vigente referida a las funciones y/o responsabilidades del Comité de
Inversiones.
12) No proporcionar los informes y explicaciones que, fuera de Junta General, sean solicitados por
accionistas que representen cuando menos tres por ciento (3%) del capital pagado de la
sociedad, dentro de los diez (10) días de haber sido solicitados.
13) Incumplir las disposiciones normativas vigentes relacionadas con el procedimiento y/o
condiciones aplicables en caso de solicitudes de traspaso.
14) No proceder con la devolución íntegra de los aportes del afiliado cuya afiliación ha sido
declarada nula de acuerdo con la normativa vigente.
15) No verificar el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de recaudación
celebrado con una institución recaudadora.
16) No incorporar o no actualizar la información en el sistema de cuentas del afiliado de acuerdo
con la normativa vigente.
17) Realizar el cierre de una Cuenta Individual de Capitalización de Aporte Obligatorio por
circunstancias distintas a las establecidas por la normativa vigente.
18) No realizar la devolución del aporte pagado en exceso por prima de seguro de invalidez,
sobrevivencia y gastos de sepelio, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.
19) No efectuar, dentro de los plazos y/o procedimientos establecidos por la normativa vigente, la
entrega y/o la conversión de los aportes voluntarios sin fin previsional en aportes voluntarios
con fin previsional, a solicitud del afiliado.
20) Excederse del límite de disposición de comisiones del que pueden hacer uso, antes de
culminado el proceso de conciliación y acreditación de aportes.
21) No efectuar la acreditación de los aportes recaudados, trasladados o traspasados e
identificados, conforme a la normativa vigente.
22) No implementar el procedimiento de transferencia de primas, por conceptos de cobertura de
riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio a las empresas de seguros, de acuerdo
a lo establecido en el marco de la normativa vigente.
23) No devolver los aportes recibidos, correspondientes a trabajadores no afiliados al SPP, de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente.
24) No transferir, dentro de los plazos establecidos, los aportes recibidos e identificados como
rezagos de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente.
25) No observar el procedimiento establecido por la normativa vigente para los casos de Pago de
Planilla de Aportes Previsionales en defecto o exceso.
26) No iniciar el proceso administrativo o judicial de cobranza al empleador, dentro del plazo
establecido por la normativa vigente.
27) Interrumpir, suspender o concluir el procedimiento administrativo o judicial de cobranza al
empleador, por causales distintas a las establecidas por la normativa vigente.
28) No cumplir con los procedimientos y plazos establecidos para declarar la nulidad de una
afiliación, de acuerdo a lo establecido por el marco normativo vigente.
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29) No constituir o constituir por debajo del nivel las provisiones por negligencia exigidas por la
normativa vigente.
30) Incurrir en sobregiros y/u otras modalidades de endeudamiento para la realización de
inversiones a cuenta de uno o más de los fondos.
31) Adquirir para uno o más de los fondos cualquier instrumento de inversión que se encuentre
prendado o sujeto a embargo.
32) No cumplir con reponer con recursos propios el diferencial que se genere cuando el exceso de
inversión se deba a causa estrictamente imputable a la AFP y el valor de la venta no alcance
para cubrir la recuperación de la inversión y la rentabilidad esperada, de acuerdo con el
tratamiento de los excesos de inversión.
33) No constituir y mantener el encaje legal en el modo y forma, de acuerdo a lo establecido por el
marco normativo vigente.
34) No cumplir con brindar la información a la Superintendencia y al público en general, respecto
de la política de inversiones adoptada para la gestión de cada uno de los fondos, de acuerdo a
lo establecido en la normativa vigente.
35) No constituir la carta fianza como garantía de la rentabilidad mínima en las condiciones
señaladas por el marco normativo vigente.
36) No reintegrar a uno o más de los fondos el capital y/o los intereses moratorios generados por
cargos indebidos, abonos fuera de fecha, abonos en defecto, entre otros, de acuerdo a la
normativa vigente.
37) No resarcir o indemnizar a los fondos por los perjuicios ocasionados por la AFP, sus directores,
gerentes, funcionarios, trabajadores y cualquier otra persona que les preste servicios, según lo
establecido en el artículo 61A del Reglamento del TUO de la Ley del SPP.
38) No cumplir con los requerimientos establecidos por la normativa vigente referidos a la unidad
de riesgos de inversión y/o que esta incumpla las funciones y responsabilidades que le
corresponden.
39) No contar con Manuales de Políticas y Procedimientos para la Administración Integral de
Riesgos de Inversión y/o no remitir información a la Superintendencia según la normativa
vigente.
40) Incumplir las disposiciones relacionadas con el desarrollo de una política de inversiones de
acuerdo con lo establecido por el marco normativo vigente.
41) No implementar el procedimiento de constitución de capitales para pensión de Jubilación,
Invalidez y Sobrevivencia, de acuerdo con lo establecido por el marco normativo vigente.
42) No contar con un procedimiento para la determinación de la tasa de interés técnico de
conformidad con lo establecido por el marco normativo vigente.
43) No contar o incumplir con el procedimiento para el tratamiento de casos comprendidos bajo la
cobertura del Régimen de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, de conformidad con
lo establecido por el marco normativo vigente.
44) No contar o incumplir con el procedimiento de inexistencia de aporte adicional, para casos de
invalidez o sobrevivencia, de conformidad con lo establecido por el marco normativo vigente.
45) No contar o incumplir con el procedimiento para la devolución de aportes pendientes de pago
recuperados, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
46) No contar o incumplir con el procedimiento de notificación al afiliado y/o beneficiarios, del
resultado de los dictámenes de invalidez, de preexistencia por fallecimiento o de exclusión de
cobertura, u otros actos administrativos emitidos por el COMAFP, de conformidad con lo
establecido por el marco normativo vigente.
47) No contar o incumplir con el procedimiento para el pago de las pensiones vinculadas a los
Regímenes a que se refieren las Leyes N° 27617, 27252 y 28991, u otros de garantía estatal o
de similar naturaleza, de conformidad con lo establecido por el marco normativo vigente.
48) No contar o incumplir con el procedimiento de remisión a la Oficina de Normalización
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Previsional, en los plazos y/o condiciones establecidos, la información a que se refiere el
desarrollo de pagos de las pensiones vinculadas a los Regímenes a que se refieren las Leyes
N° 27617, 27252 y 28991, u otros de garantía estatal o de similar naturaleza, de conformidad
con lo establecido por el marco normativo vigente.
49) No contar o incumplir con el procedimiento de depósito en el fondo de pensiones que
administra la AFP y a la acreditación en la Cuenta Individual de Capitalización del afiliado del
pago de la redención del Bono de Reconocimiento por parte de la ONP.
50) Incumplir el procedimiento y/o condiciones para la implementación y/o funcionamiento del
sistema de grabación de llamadas establecido en el Título IV del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones.
51) No cumplir con atender las solicitudes de desembolso del 25%, de acuerdo con los
procedimientos y dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.
52) Incumplir los procedimientos, lineamientos y/o plazos establecidos en la normativa vigente
para tramitar las solicitudes de cambio de fondo.
53) Incumplir con la normativa vigente referida a las funciones y/o responsabilidades del Comité de
Riesgos de Inversión.
54) No contar con indicadores de validación para el envío electrónico del Informe Diario de
Inversiones a la Superintendencia.
55) No formalizar mediante convenios marco autorizados por la Superintendencia, los contratos de
instrumentos derivados OTC que se realicen con contrapartes locales y/o del exterior.
56) No verificar anualmente si los títulos accionarios que mantiene en las Carteras Administradas
cumplen con los requisitos descritos en el literal b) del artículo 18 del Título VI del Compendio
de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de
101
Fondos de Pensiones.
57) No cumplir con la metodología de codificación de instrumentos y operaciones de inversión
incluidos en el Informe Diario de Inversiones.
58) No contar con un archivo centralizado de la documentación sustitutoria referida al cumplimiento
de la normativa vigente y del proceso de inversión de los recursos de los fondos.
59) No informar al Directorio de la AFP y/o a la Superintendencia, a través de la Unidad de
Auditoria Interna, cualquier incumplimiento del Título VI del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones.
60) No cumplir con las disposiciones del Manual de Contabilidad de la Cartera Administrada o de la
AFP, establecidas por el Título IX del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
61) No contar con un listado de elegibilidad actualizado de los instrumentos y operaciones de
inversión, de las personas jurídicas, de las contrapartes y de los procedimientos aplicables, de
acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.
62) No informar dentro del plazo cualquier evento, hecho relevante u otra información que pueda
afectar el patrimonio de los fondos de inversión.
63) No solicitar al emisor la actualización de los informes de clasificación de riesgo cuando el
instrumento de inversión se encuentre en situación de observación.
64) No monitorear el nivel de riesgo y los cambios en la clasificación de riesgo de los instrumentos
de inversión en los que invierten las carteras administradas, a efectos de actualizar la tasa de
encaje correspondiente.
65) No cumplir con los términos establecidos en el procedimiento de autorización general para
operar con las subclases de activo y/o tipos de instrumentos u operaciones de inversión.
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Fe de Erratas publicada el 22 de julio de 2018.
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66) No comunicar a la Superintendencia cualquier cambio y/o modificación a los criterios de
evaluación generales y específicos presentados como sustento para obtener la autorización
general.
67) No cumplir con los términos fijados o aprobados por la Superintendencia respecto a los planes
de adecuación como consecuencia de excesos de límites de inversión, imputables y no
imputables.
68) Incluir en el Listado de Elegibilidad personas jurídicas, de las contrapartes y de los
procedimientos, que no cumplan con los criterios de elegibilidad previstos en la normativa
102
vigente.
69) No contar con un registro previo de órdenes y transacciones del proceso de negociación, de
conformidad con lo establecido por la normativa vigente.
70) No presentar la política de inversiones de cada una de las carteras administradas
correspondientes a los fondos obligatorios y voluntarios ni informar cualquier modificación de
esta.
71) No remitir los manuales y/o procedimientos sobre la política de inversiones de acuerdo a la
normativa vigente y cada vez que exista una creación, actualización y/o modificación; o
remitirlos sin contar con la aprobación del Directorio o del comité delegado, así como del
Comité de Riesgos de Inversión.
72) Exceder los límites y, en caso corresponda, sub-límites máximos de inversión de los fondos de
pensiones establecidos por el marco normativo vigente.
73) No implementar un procedimiento de pago de pensiones de jubilación, invalidez y
sobrevivencia, que se adecúe a los alcances señalados en la normativa vigente.
74) No contar o incumplir con el procedimiento para brindar orientación previsional e información a
potenciales afiliados, afiliados, pensionistas y sus beneficiarios y potenciales pensionista de
acuerdo a las características, condiciones y/o estándares mínimos establecidos en el marco
normativo vigente.
75) 103
76) 104
77) 105
COMITÉ MÉDICO
78) No considerar los criterios para determinar la fecha de ocurrencia de la invalidez, de acuerdo al
marco normativo vigente.
79) 106
107
Administradoras privadas de fondos de pensiones
80) Entregar o difundir material informativo, por intermedio de los promotores de ventas y personal
108
a su cargo, que incumpla las disposiciones del Título IV del Compendio de Normas del SPP.
109
Promotores de venta
81) No verificar la información consignada en la solicitud de traspaso o en cualquier otro formato
110
vinculado a dichos procesos, con excepción de la firma y huella digital.
82) No completar los datos o las firmas en el original y en todas las copias de la solicitud de
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Numeral modificado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
103
Numeral eliminado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
104
Numeral eliminado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
105
Numeral eliminado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
106
Numeral eliminado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
107
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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traspaso.
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83) No guardar el compromiso de reserva conforme a lo establecido en la normativa vigente.
III. INFRACCIONES MUY GRAVES
1) No cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente respecto a los requisitos y la constitución
de la garantía para iniciar operaciones.
2) Invertir el remanente del capital social pagado en instrumentos financieros distintos a los
señalados por el artículo 20 del Título II del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, o depositarlo
en un banco que no cumpla con la condición establecida por el artículo 86 del Título VI del
Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones.
3) No cumplir con resarcir el patrimonio mediante aumento de capital, dentro del plazo establecido
por la normativa vigente, cuando el patrimonio se reduzca por debajo del mínimo exigido por la
Ley.
4) Dar en garantía instrumentos de inversión adquiridos para uno o más de los fondos que no se
encuentren comprendidos en los supuestos de excepción establecidos en el Reglamento del
TUO de la Ley del SPP.
5) Adquirir para los fondos, instrumentos de inversión pertenecientes a la AFP, sus ejecutivos y/o
sus directores, o viceversa.
6) Operar con una institución de custodia y/o guarda física que no cumpla con las disposiciones
establecidas en la normativa vigente.
7) No reponer a los fondos el valor de las pérdidas generadas como consecuencia de un siniestro
en la custodia y/o guarda física, en los plazos establecidos en la normativa vigente.
8) No cumplir con llevar contabilidad separada de las operaciones sociales propias de la AFP y
de los patrimonios de los fondos que administran.
9) No cumplir con designar directores en sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas por
las carteras administradas, de acuerdo con lo establecido por el marco normativo vigente.
10) Incumplir con el aporte de recursos propios hasta alcanzar la rentabilidad mínima
correspondiente a cada fondo de acuerdo con la normativa vigente.
11) No implementar el procedimiento de transferencia del monto del capital para pensión a la
empresa de seguros ganadora, de conformidad con lo establecido por el marco normativo
vigente.
12) No implementar el procedimiento de suspensión justificada de las pensiones, de conformidad
con lo establecido por el marco normativo vigente.
13) No implementar el procedimiento de regularización de pensiones de jubilación, invalidez y
sobrevivencia, de conformidad con lo establecido por el marco normativo vigente.
14) No mantener reserva de la información relacionada con las inversiones de los fondos
administrados, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
15) Invertir en instrumentos y operaciones de inversión no listados en el artículo 155 del Título VI
del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones.
16) Invertir en instrumentos y operaciones de inversión que presenten conflictos de interés u
otorguen beneficios a la AFP o sus trabajadores en perjuicio de los fondos administrados.
17) No verificar la identidad del trabajador que se afilia.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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18) Afiliar a un trabajador sin su consentimiento.
19) Traspasar o tramitar cualquier documento a nombre de un afiliado sin su consentimiento.
20) Efectuar afiliaciones o traspasos sin ceñirse a los requisitos y procedimientos establecidos en
el marco normativo vigente.
21) Invertir en activos y/o instrumentos financieros sin contar con autorización previa de la
Superintendencia, en los casos en los que esta sea requerida de acuerdo con lo establecido
por el marco normativo vigente.
22) Ofrecer a los actuales y/o futuros afiliados, beneficios que no estén directamente relacionados
con la operación de las AFP, o que estando relacionadas, la AFP ofrezca tales beneficios, dada
la posición de ventaja de sus accionistas.
23) Incumplir con la normativa vigente referida a las funciones y/o responsabilidades del Directorio.
24) No sustentar técnicamente las decisiones de inversión de los recursos de los fondos según lo
previsto en la normativa vigente.
25) Atribuir a las carteras administradas costos, gastos y comisiones que no cumplan con las
disposiciones establecidas por el marco normativo vigente.
PROMOTORES DE VENTA
26) Efectuar incorporaciones y/o traspasos brindando información errada, incompleta, o inexacta al
trabajador afiliado, o inducirlo a afiliarse o traspasarse con engaños, sin proporcionar
información veraz y completa sobre las características inherentes al Sistema Privado de
Pensiones u ofreciendo beneficios que son ajenos al SPP.
27) Desempeñar labores de promotor de ventas en otra AFP encontrándose en alguno de los
impedimentos a que se refiere el artículo 33 del Título III del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones.
28) Desempeñar labores de promotor de ventas sin contar con el código de Registro de
Promotores habilitado.
29) Tramitar incorporaciones o traspasos a través de personas no inscritas como promotores de
ventas o que, estando registrados, no cuenten con código habilitado.
30) Sustituir o hacerse sustituir por otro promotor en la firma de una o más solicitudes de traspaso
u otro formato vinculado.
31) Ofrecer a los actuales y/o futuros afiliados, beneficios que no estén directamente relacionados
con la operación de las AFP, concursos, sorteos, canjes, rifas y cualquier otra actividad
análoga destinada a mantener o incrementar la cartera de afiliados en base a beneficios
económicos, reales o simbólicos, que sean distintos a los previstos en la Ley del SPP o ajenos
a la actividad de las AFP.
COMITÉ MÉDICO
32) No emitir dictámenes médicos de acuerdo al procedimiento y plazos establecidos por el marco
normativo vigente o emitirlos incompletos o sin el sustento requerido.
113
Administradoras privadas de fondos de pensiones
33) No cumplir con las políticas de inversión aprobadas por el Directorio de cada una de las
114
carteras administradas correspondientes a los fondos obligatorios y voluntarios.
34) No determinar la elegibilidad previamente a la inversión y/o no cumplir con los criterios de
elegibilidad de los instrumentos u operaciones de inversión previstos en la normativa
115
vigente.
35) Remitir el Informe Diario de Inversiones con errores u omisiones que generen distorsiones en
116
el Valor Cuota de las Carteras Administradas.
113
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Promotores de venta
36) Efectuar incorporaciones o traspasos de afiliados sin ceñirse a los requisitos y procedimientos
118
establecidos y/u ofreciendo beneficios adicionales no contemplados en la normativa vigente.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
117
Incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 0310-2019 publicado el 25 de enero de 2019.
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ANEXO 5
INFRACCIONES APLICABLES A LAS DERRAMAS, CAJAS DE BENEFICIOS, OTROS FONDOS
QUE RECIBAN RECURSOS DE SUS AFILIADOS Y OTORGUEN PENSIONES DE CESANTÍA,
JUBILACIÓN Y SIMILARES, EMPRESAS DE FACTORING NO COMPRENDIDAS EN EL AMBITO
DE LA LEY GENERAL Y OTROS SUPERVISADOS NO CONSIDERADOS EN LOS DEMÁS
ANEXOS
(Incluye a los directores o miembros de órgano equivalente, gerentes, trabajadores.)
I. INFRACCIONES GRAVES
1) Incumplir con mantener la debida reserva de que la entidad supervisada está sometida al régimen
de vigilancia.
Sanción específica
Multa al directivo, funcionario o trabajador responsable.
2) No presentar oportunamente la información para adecuarse como empresa de factoring
comprendida en el ámbito de la Ley General cuando cumpla los requisitos establecidos en el
artículo 13° del Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring.
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ANEXO 6119
INFRACCIONES ESPECÍFICAS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO NO
AUTORIZADAS A OPERAR CON RECURSOS DEL PÚBLICO Y CENTRALES DE AHORRO Y
CRÉDITO
(Anexo aplicable también a los directivos, gerentes, trabajadores, sociedades de auditoría externa)
I. INFRACCIONES LEVES
1) No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia,
la información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o
estadística (formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas
por la Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
2) No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia
la información que se encuentren obligados a presentarle de acuerdo con las disposiciones
normativas expresas, o que haya sido requerida por esta Superintendencia, conforme al
plazo y/o forma establecidos; salvo las exigencias normativas de envío de información que se
encuentren expresamente contempladas en otros supuestos de infracción.
3) No haber realizado las capacitaciones o los programas de capacitación exigidos, o que estos
no se realicen conforme a lo establecido en la normativa vigente o a las disposiciones
internas adoptadas por los propios supervisados.
4) No contar con el programa de capacitación en materia de prevención del LAFT o no
ejecutarlo y/o capacitar al personal sin considerar el contenido mínimo de capacitación, de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
5) No mantener una constancia de las capacitaciones recibidas requeridas según la normativa
vigente.
6) No brindar a los directivos, gerentes y/o trabajadores, a más tardar dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de su ingreso a la COOPAC, una capacitación sobre los alcances
del sistema de prevención del LA/FT, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
7) No dejar constancia de haber puesto en conocimiento el manual para la prevención y gestión
de riesgos de LA/FT y/o el código de conducta a los directivos, gerentes y trabajadores, de
acuerdo a la regulación vigente.
8) No cumplir con las funciones exclusivas del comité de riesgos de LA/FT y/o que no esté
conformado de acuerdo con la regulación vigente.
9) No contar con el contenido mínimo del manual para la prevención y gestión de riesgos de
LA/FT y/o del código de conducta, establecido en la normativa vigente.
10) No haber implementado y/o no tener en funcionamiento el sistema de prevención y gestión
de riesgos de LA/FT de acuerdo con las exigencias y lineamientos definidos en la normativa
vigente, por aspectos que no se encuentren comprendidos en otros supuestos de infracción.
11) Incumplir las cláusulas establecidas en el contrato suscrito para el llenado de los títulos
valores.
12) No comunicar, dentro de los plazos establecidos, las modificaciones de los datos registrados
o que deban ser objeto de inscripción en un registro de la Superintendencia, conforme a la
normativa vigente.
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Anexo incorporado mediante Resolución SBS N° 1310-2019 publicada el 29 de marzo de 2019.
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13) Incumplir con el cronograma del proceso de liquidación voluntaria, conforme a la normativa
vigente.
14) No cumplir con ejecutar las actividades programadas señaladas en el Reglamento de
Auditoría Interna vigente, como parte del Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna, según
corresponda.
15) Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus
facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la
Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
16) Incumplir con el plazo para remitir la declaración jurada sobre los requisitos de idoneidad
moral que deben cumplir los directivos, gerentes y principales funcionarios de las COOPAC
y/ o que no estén incursos en los impedimentos, de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente.
17) Incumplir con las obligaciones, disposiciones y responsabilidades establecidas en las normas
vigentes para el Gerente General, Consejo de Administración y para el Consejo de Vigilancia;
que no estén comprendidas en otros supuestos de infracción.
18) No comunicar la elección y vacancia de los directivos y gerente general en el plazo
establecido en la normativa vigente.
21) No elaborar los indicadores de riesgos técnicos del patrimonio autónomo de seguro de
crédito, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
22) No cumplir con el contenido mínimo de la solicitud-certificado de cobertura de riesgos del
patrimonio autónomo de seguro de crédito.
23) No informar el sustento del monto de las dietas y/o gastos de representación, conforme a la
normativa vigente.
24) No comunicar a la Superintendencia dentro del plazo establecido en la normativa vigente, la
realización de aportes o adquisición de acciones o participaciones en otras cooperativas o
entidades que brindan servicios a sus socios o tengan compatibilidad con su objeto social.
25) No contar con un reglamento que contenga las políticas y procedimientos para la evaluación
y otorgamiento de créditos, aprobado por el Consejo de Administración; adecuado a lo
indicado en el Anexo N° 01 “Criterios para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la
Exigencia de Provisiones, por parte de las COOPAC Nivel 1 y 2.
26) Otorgar créditos sin realizar la evaluación del deudor para el otorgamiento de créditos, de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente y en la normativa interna de la COOPAC.
27) No informar a la Superintendencia, dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, el
inventario de oficinas en funcionamiento con corte al cierre del ejercicio anterior.
28) No efectuar el traslado de fondos de cuentas CTS en los términos y plazos señalados en la
normativa vigente.
29) No cumplir con el contenido mínimo de los informes de auditoría interna, de acuerdo con la
normativa vigente.
30) No entregar el certificado de cobertura de riesgos del patrimonio autónomo de seguro de
crédito, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
31) No aplicar la metodología y el procedimiento de cálculo del fondo de solvencia del patrimonio
autónomo de seguro de crédito, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
32) La función técnica no es desempeñada por personas que cumplan con el perfil académico
y/o profesional señalado en la normativa vigente.
33) No contar con procedimientos y/o no implementarlos para verificar la calidad de los datos
utilizados para la estimación del aporte total de la nota técnica, el cálculo del fondo de
solvencia e indicadores de riesgos técnicos, es decir, los datos no son completos y
consistentes.
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II. INFRACCIONES GRAVES
1) No proporcionar, dentro de los plazos y/o condiciones establecidas en cada caso, la
información y/o documentación siguiente, requerida por la Superintendencia:
a) Información requerida para la preparación y/o durante el desarrollo de una visita de
inspección o cualquier otro procedimiento de control;
b) Información complementaria requerida con posterioridad a una visita de inspección o
cualquier otro procedimiento de control y que se encuentre vinculada a cualquiera de ellos;
c) Información requerida durante las investigaciones preliminares realizadas con motivo de
una denuncia administrativa presentada en el marco del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General;
d) Información requerida en el desarrollo de la actividad de supervisión y control;
e) Información respecto de hechos u operaciones que por su materialidad puedan afectar la
estabilidad o solidez de la COOPAC.
2) Emitir una declaración jurada inexacta y/o incorrecta respecto cumplimiento de los requisitos
de idoneidad moral y técnica, según corresponda, de los directivos, gerentes y principales
funcionarios de la COOPAC o Centrales y/o que no encontrarse incurso en los impedimentos
establecidos en la normativa vigente.
3) No brindar a la Superintendencia las facilidades requeridas para el inicio y/o desarrollo de las
visitas de inspección o de cualquier otro procedimiento de control, u obstaculizar tales
acciones.
4) Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables,
incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en
otros supuestos de infracción.
5) Abrir, trasladar, convertir, compartir o cerrar sucursales y oficinas fuera de la región donde se
encuentra la oficina principal sin contar con la autorización de la Superintendencia.
6) No implementar integralmente las recomendaciones contenidas en el informe de visita de
inspección o acta de supervisión o implementarlas sin corregir las deficiencias detectadas y/o
fuera del plazo establecido para su implementación
7) Incumplir con llevar los instrumentos contables, financieros o similares exigidos conforme a lo
señalado en las normas de la materia
8) Incumplir, según corresponda, con las obligaciones que tengan por finalidad:
a) Contar con el requerimiento mínimo de información para el conocimiento del socio, de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
b) Desarrollar y/o implementar y/o aplicar procedimientos para la debida diligencia en el
conocimiento del socio, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente;
c) Identificar a los socios bajo el régimen reforzado de debida diligencia y/o implementar
medidas reforzadas a los socios registrados en dicho régimen, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente.
d) Identificar a los beneficiarios finales de los servicios y/o productos suministrados de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente;
e) Desarrollar y/o implementar y/o aplicar procedimientos para el conocimiento del mercado,
de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente;
f) Contar con el requerimiento mínimo de información para el conocimiento de directivos,
gerentes y/o trabajadores y/o realizar su evaluación
g) Elaborar y/o implementar y/o aplicar los procedimientos para el conocimiento de directivos,
gerentes y/o trabajadores de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente;
h) Elaborar y/o implementar y/o aplicar procedimientos para el conocimiento de proveedores
y/o contrapartes de acuerdo a la normativa vigente.
9) No solicitar y/o no contar con la declaración jurada de origen de fondos cuando corresponda y
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con la información de sustento del origen de fondos en operaciones en moneda extranjera en
efectivo, cuando corresponda
10) Con relación al Registro de Operaciones:
a) No contar con un registro de operaciones y/o no anotar las operaciones de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente y/o no remitirlo en el plazo y modo señalados por la
SBS.
b) No conservar el registro de operaciones por el plazo establecido en la normativa vigente;
c) No contar con copia de seguridad del registro de operaciones, durante el plazo establecido
en la normativa y/o que no se adecue a lo requerido en la normativa vigente;
d) No poner a disposición de la Superintendencia o de las autoridades competentes las
copias de seguridad del registro de operaciones dentro del plazo establecido en la
normativa vigente;
e) No presentar los reportes relacionados al registro de operaciones dentro de los plazos y
formas establecidos por la Superintendencia.
11) No presentar los informes y/o reportes relacionados al sistema de prevención del LAFT dentro
de los plazos y formas establecidos por la Superintendencia.
12) No contar con manual para la prevención y gestión de riesgos de LA/FT y/o código de
conducta, o que sus disposiciones no se cumplan y/o no se ajusten a lo establecido en la
normativa vigente.
13) No cumplir con las políticas, procedimientos, metodologías u otro documento interno
desarrollado por la COOPAC respecto del sistema de prevención del LA/FT, distintos al
manual para la prevención y gestión de los riesgos de LA/FT y/o código de conducta, y/o no
estén de acuerdo a lo establecido en la regulación vigente.
14) No haber elaborado y/o implementado, de acuerdo con lo establecido en la normatividad
vigente: i) la evaluación de los riesgos de LA/FT y/o los procedimientos y/o metodologías
asociadas, ii) calificación de riesgos de LA/FT para socios, iii) evaluación de riesgos de LA/FT
en nuevos productos y/o servicios, iv) evaluación de riesgos de LA/FT para nuevas zonas
geográficas
15) Que el oficial de cumplimiento no cuente con capacitación especializada en prevención y
gestión de riesgos de LA/FT distinta a la brindada al personal de la COOPAC, conforme a la
normativa vigente.
16) Respecto a las señales de alerta y operaciones inusuales:
a) No desarrollar y/o no implementar y/o no aplicar criterios y/o procedimientos para la
identificación y evaluación de señales de alerta y/o que estos no permitan el análisis de
operaciones inusuales y/o reporte de operaciones sospechosas, conforme a lo exigido
en la normativa vigente.
b) No realizar evaluaciones sobre la efectividad de las señales de alerta, como parte de la
gestión de riesgos LA/FT.
c) No contar con constancia documental del análisis y evaluación realizada para la
calificación de una operación como inusual.
d) No desarrollar y/o no implementar el procedimiento y/o la evaluación de operaciones
inusuales.
17) Con relación al Oficial de Cumplimiento, según corresponda:
a) No contar con oficial de cumplimiento con vínculo laboral o contractual directo, a
dedicación exclusiva cuando corresponda, con dependencia exclusiva del Consejo de
Administración y con categoría de primer nivel gerencial; o contar con oficial de
cumplimiento a dedicación no exclusiva sin la debida autorización;
b) No designar oficial de cumplimiento de acuerdo a los plazos previstos y los requisitos
establecidos en la normativa vigente;
c) No informar la designación, ausencia, remoción o vacancia del cargo de oficial de
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cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y/o mantener la
situación de vacancia por más tiempo del plazo establecido en la normativa vigente;
d) No mantener la confidencialidad de la identidad del oficial de cumplimiento conforme a la
normativa vigente.
e) Que el Oficial de Cumplimiento no cuente con un Programa Anual de Trabajo, conforme a
lo establecido en la normativa vigente.
18) No atender dentro del plazo establecido y/o atender con información inexacta y/o incorrecta
y/o incompleta los requerimientos de información que se realicen con relación al sistema de
prevención de LA/FT, conforme a la normativa vigente.
19) No implementar las recomendaciones: i) de auditoría interna o del órgano que haga sus veces,
y/o ii) las comunicadas por la Superintendencia, con relación al sistema de prevención del
LA/FT de la COOPAC.
20) No efectuar la evaluación del sistema de prevención y gestión de riesgos de LA/FT a través de
una firma de auditoría externa, de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente y/o no
implementar sus recomendaciones.
21) Denegar o no entregar dentro del plazo establecido la información solicitada por la
Superintendencia para el desempeño de su función de inteligencia financiera.
22) No cumplir con las medidas de prevención y/o gestión de riesgos de LA/FT de acuerdo a la
normativa vigente por parte de las sucursales o subsidiarias.
23) Contratar los servicios de sociedades de auditoría o clasificadoras de riesgo, cuyos
accionistas, socios, directores, gerentes o trabajadores asignados a realizar el servicio
contratado se encuentren inhabilitados por haber sido sancionados por la Superintendencia,
durante el período en que se encuentre vigente la inhabilitación.
24) No cumplir con lo establecido en la normativa vigente en lo que corresponde a la
implementación y desarrollo de las disposiciones referidas a gobierno corporativo, riesgos y
auditoría interna.
25) Incumplir los artículos 241 al 274 de la Ley General sobre fideicomiso, según corresponda, o
las normas emitidas por esta Superintendencia sobre dicha materia.
26) Incumplir las disposiciones sobre conservación de documentos y sustitución de archivos
establecidos en la Ley General y/o regulación vigente.
27) Incumplir la obligación de informar al Consejo de Administración o al Consejo de Vigilancia,
según corresponda, sobre las comunicaciones de la Superintendencia y/o del colaborador
técnico.
28) No contar con una clasificación de riesgos anual, de acuerdo con lo establecido por la
normativa vigente.
29) No cumplir con evaluar las actividades realizadas por los auditores internos, conforme a la
normativa vigente.
30) Incumplir con las funciones de Auditoria Interna establecidas en la normativa vigente.
31) Que el auditor interno no informe en el plazo establecido, cualquier hecho que afecte
significativamente el funcionamiento de la UAI y/o su independencia.
32) Que el Consejo de Administración no proporcione las condiciones apropiadas para el
desarrollo de la función de auditoría interna.
33) No mantener los documentos de trabajo y/o de sustento de las evaluaciones de auditoría.
34) No aplicar las normas internacionales relacionadas al ejercicio de la actividad de auditoría
interna.
35) No comunicar de forma periódica al Consejo de Administración los aspectos relacionados a
hechos significativos de la gestión integral de riesgos, según corresponda.
36) Incumplir las disposiciones normativas vigentes relacionadas con la elección de directivos,
gerentes, principales funcionarios, que no se encuentren contempladas expresamente en otros
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supuestos de infracción.
37) Modificar el estatuto social sin contar con la autorización de la Superintendencia.
38) Incumplir las disposiciones normativas relativas a la emisión, administración y/o seguridades
aplicables a las tarjetas de crédito y/o débito y/o a su información.
39) Incumplir los límites establecidos en la normativa vigente relacionadas con el otorgamiento de
financiamientos.
40) Incumplir lo dispuesto en la normativa vigente con relación al registro inicial, medición posterior
y/o valorización de inversiones, deterioro de valor y/o no mantener a disposición de la
Superintendencia la información sobre inversiones.
41) Emitir Instrumentos financieros, instrumentos representativos de deuda, instrumentos
hipotecarios y/o bonos sin cumplir lo dispuesto en la Ley General y las normas emitidas por la
Superintendencia.
42) Adquirir, conservar o vender instrumentos representativos de deuda o instrumentos
representativos de capital no permitidos.
43) Incumplir con los procedimientos y prohibiciones establecidos en las normas, referidos a
cambios de categoría de clasificación de las inversiones y ventas de inversiones al
vencimiento.
44) No cumplir con el pago de la prima correspondiente al fondo de seguro de depósitos, de
conformidad con la normativa vigente.
45) No comunicar a los socios y/o Asamblea General sobre aspectos de importancia reportados
por la Superintendencia, de acuerdo a los Estatutos y la normativa vigente.
46) No solicitar autorización a la Superintendencia para constituir un patrimonio autónomo de
seguro de crédito y/o para la ampliación de su autorización para ofrecer coberturas
adicionales.
47) No llevar la contabilidad del patrimonio autónomo de forma separada e independiente a la
contabilidad de la COOPAC.
48) No informar y/o informar fuera del plazo su participación en cualquier forma de reorganización,
de acuerdo a la normativa vigente.
49) Infringir el límite establecido en la normativa vigente para realizar actividades accesorias o
complementarias a su objeto social.
50) No calcular el patrimonio efectivo o el requerimiento patrimonial de acuerdo a lo establecido en
la normativa vigente.
51) Efectuar el pago de dietas y/o gastos de representación que no cumplan lo establecido en la
normativa vigente.
52) Contratar productos financieros derivados con contrapartes no autorizadas por la
Superintendencia.
53) Presentar discrepancias en la clasificación de la cartera de créditos corporativos, a grandes
empresas y a medianas empresas en más del 20% y hasta el 30% de una muestra de créditos
revisada por la Superintendencia. El porcentaje de discrepancias se calculará en función al
ratio “número de deudores discrepantes/total de deudores revisados.
54) Presentar discrepancias en la clasificación de la cartera de créditos de Pequeña Empresa,
Microempresa, de Consumo y/o Hipotecarios en más del 10% y hasta el 20% del saldo de la
cartera de créditos revisada por la Superintendencia, siempre y cuando alguna de las líneas
de negocio revisadas, de manera individual o a nivel agregado, representen más del 20% del
saldo total de la cartera de la entidad.
55) Incumplir los criterios y disposiciones normativas relativas a la evaluación y clasificación del
deudor y la exigencia de provisiones establecidas en las normas de la materia que determine
una desviación del cálculo de provisiones requeridas respecto de las constituidas como
mínimo del 10%.
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56) Incumplir el límite del ratio de liquidez en moneda nacional y/o el ratio de liquidez en moneda
extranjera establecidos en la normativa vigente, por dos meses consecutivos.
57) Incumplir el límite del Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL) en moneda nacional o en moneda
extranjera establecidos en la normativa vigente
58) No realizar la ponderación por riesgo crediticio de las operaciones en las que corresponda,
que origine una desviación igual o mayor de 100 pb del ratio de apalancamiento global.
59) No cumplir con remitir o no implementar el plan de adecuación para los casos de déficit de
recursos del patrimonio autónomo de seguro de crédito, dentro del plazo establecido en la
normativa vigente.
60) Ofrecer coberturas de riesgo distintas a las incluidas en la nota técnica del patrimonio
autónomo de seguro de crédito y/u ofrecerlas a personas naturales o jurídicas que no son
socios de las COOPAC o Central Cooperativa.
61) No invertir los recursos del patrimonio autónomo en instrumentos de rápida realización, invertir
los recursos en inmuebles y/u otorgar préstamos o cualquier tipo de financiamiento con los
recursos del patrimonio autónomo.
62) No gestionar una auditoría externa sobre la razonabilidad de los estados financieros anuales
del patrimonio autónomo de seguro de crédito.
63) Incumplimiento por parte de las COOPAC Nivel 3 y Centrales de las políticas de provisiones
establecidas en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de
Provisiones, aprobado por la Resolución SBS N 11356-2008 y sus modificatorias.
64) Incumplimiento de las COOPAC y Centrales a los requerimientos patrimoniales y los límites
establecidos en el Reglamento de Clasificación y Valorización de las Inversiones de las
empresas del Sistema Financiero, de acuerdo a la normativa vigente.
65) Incumplir con el pago de sus obligaciones, cuando no sea causal de intervención.
66) Distribuir excedentes sin contar con la reserva cooperativa establecida en la normativa
vigente.
67) Hacer publicidad referida a que los depósitos de los socios de la COOPAC se encuentran
cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC), cuando aún la COOPAC
no ha aportado al Fondo por un periodo mínimo de veinticuatro (24) meses.
68) No exhibir o publicar, según corresponda, los estados de situación financiera y/o de
resultados, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
69) Obstaculizar las labores de inspección, control o supervisión de los entes competentes.
70) Que la Sociedad de Auditoría Externa no comunique a la Superintendencia cualquier
modificación a la información presentada para su inscripción en el Registro de Sociedades de
Auditoría Externa (RESAE) en un plazo no mayor a quince (15) días de producidas
Sanción específica:
Suspensión por un plazo de un año ante la falta de comunicación de cualquier modificación
de la información; en caso de reincidencia se procederá a la cancelación del Registro
71) Que los peritos valuadores incurran en errores y deficiencias técnicas y/o inconsistencias en
las valuaciones efectuadas que evidencien negligencia asociada al proceso de valuación.
Sanción específica:
Cancelación de la inscripción del infractor, en el registro de la Superintendencia. Si se trata
de un perito valuador que sea persona jurídica, dicha cancelación podrá alcanzar a su
personal autorizado
72) Que los peritos valuadores realicen valuaciones sin la sustentación y/o informe pertinente, sin
sustento técnico o no cumplir con el desarrollo de sus actividades, por parte de los peritos
valuadores
Sanción específica:
Suspensión temporal de hasta doce (12) meses en el registro de la Superintendencia. Si el
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perito valuador es persona jurídica, dicha suspensión podrá alcanzar a su personal
autorizado.
III. INFRACCIONES MUY GRAVES
1) Realizar operaciones no autorizadas en el nivel de esquema modular asignado.
2) Impedir o interrumpir el desarrollo de las visitas de inspección o de cualquier otro
procedimiento de control realizado por la Superintendencia.
3) Utilizar nombres o acrónimos que induzcan a error sobre las actividades u operaciones que la
COOPAC está autorizada a realizar.
4) Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus
facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente, respecto del compromiso de superar el impedimento legal de sus directivos
y/o gerente general declarado en el formulario de solicitud de inscripción en el Registro
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público y
Centrales.
5) No atender los requerimientos y/o no entregar la información sobre el levantamiento del
secreto bancario formulados por las autoridades competentes o su entrega se efectúe de
manera parcial o tardía o con información inexacta, de acuerdo a la normativa vigente.
6) Transgredir el deber de reserva respecto de las operaciones pasivas.
7) Incumplir el deber de reserva, poniendo en conocimiento de cualquier persona, entidad u
organismo, bajo cualquier medio o modalidad, el hecho de que alguna información ha sido
solicitada o proporcionada a la Superintendencia, a través de la UIF-Perú.
8) Incumplir con la obligación de identificar y/o comunicar sin demora a la UIF-Perú, los fondos u
otros activos detectados de las personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas de conformidad con la Resoluciones 1267 (1999), 1718 (2006) y 2231
(2015), y las resoluciones que la sucedan.
9) Incumplir con la obligación de: i) comunicar sin demora a la UIF-Perú la no existencia de
fondos u otros activos de las personas o entidades sobre las cuales la UIF-Perú dispone el
congelamiento administrativo o ii) ejecutar sin demora la medida congelamiento administrativa
de fondos u otros activos dispuesta por la UIF-Perú.
10) No comunicar a la UIF-Perú las operaciones calificadas como sospechosas, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente.
11) Suministrar cualquier información protegida por el secreto bancario sin que medie autorización
escrita de los socios o sin que se haya ordenado el levantamiento del secreto bancario por
autoridad competente.
12) Exceder los límites establecidos en los artículos 36, 37, 38 y/o 40 del Reglamento General de
COOPAC.
13) Incumplir el límite global establecido en el artículo 31 del Reglamento General de COOPAC.
14) Incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 41 del Reglamento General de
COOPAC.
15) Presentar discrepancias en la clasificación de la cartera de créditos corporativos, a grandes
empresas y a medianas empresas en más del 30% de la muestra de créditos, revisada por la
Superintendencia. El porcentaje de discrepancias se calculará en función al ratio número de
deudores discrepantes/total de deudores revisados.
16) Presentar discrepancias en la clasificación de la cartera de créditos de Pequeña Empresa,
Microempresa, de Consumo y/o Hipotecarios en más del 20% del saldo de la cartera de
créditos revisada por la Superintendencia, siempre y cuando alguna de las líneas de negocio
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revisadas, de manera individual o a nivel agregado, representen más del 20% del saldo total
de la cartera de la entidad
17) Abrir cuentas anónimas, con nombres ficticios, inexactos o exclusivamente con códigos.
18) No cumplir con el plan de adecuación en el plazo aprobado por la Superintendencia, en los
casos que las COOPAC excedan el límite establecido en el artículo 26 del Reglamento
General de Cooperativas de Ahorro y Crédito No autorizadas a Captar Recursos del Público.
Sanción específica:
Exclusión del Registro COOPAC.
19) No pagar las indemnizaciones o pagar con recursos ajenos al patrimonio autónomo de seguro
de crédito.
20) Utilizar los recursos que componen el patrimonio autónomo de seguro de crédito o que se
generan por la administración de este, para fines distintos al establecido en la normativa
vigente.
21) Mantener los recursos del patrimonio autónomo con un déficit mayor al 10% con relación al
mayor importe entre el fondo mínimo y el fondo de solvencia.
22) No contar con los títulos habilitantes o requisitos exigidos para operar o seguir operando
conforme al esquema modular asignado.
23) Captar depósitos de fuentes no autorizadas.
24) No acatar la restricción sobre la utilización de los depósitos cuando se incumpla el límite
global, sin contar con la autorización de la Superintendencia, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 39 del Reglamento General de la COOPAC.
25) Impedir o interrumpir las labores de inspección, control o supervisión de los entes
competentes.
26) Que la sociedad de auditoría externa no comunique a la Superintendencia, dentro del plazo
establecido por la norma vigente, los hechos significativos que detecten en el proceso de
auditoría a las COOPAC.
27) Que la sociedad de auditoría externa no revele la situación financiera, los resultados de las
operaciones y los flujos de caja de la COOPAC de acuerdo a la normativa vigente.
28) Que la sociedad de auditoría externa no emita los dictámenes o informes conforme a las
normas internacionales de auditoría y a las disposiciones del Reglamento de Auditoría
Externa.
29) Que la sociedad de auditoría externa no mantenga la confidencialidad sobre la información
que conozca en ejercicio de su actividad.
30) Incumplir la disposición de la Superintendencia que se refiere el numeral 13-I.2 del
120
Reglamento del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo vigente.
120
Numeral incorporado mediante Resolución SBS N° 5646-2019 publicada el 30 de noviembre de 2019.
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511) 6309000 Fax: (511) 6309239
49/49 |
6941-2008.r_SE | Lima, 25 de agosto de 2008
Resolución S.B.S.
Nº 6941 -2008
El Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones:
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, en adelante Ley General,
establece en su artículo 222º que, en la evaluación de las operaciones que integran la cartera crediticia
deberá tenerse presente los flujos de caja del deudor, sus ingresos y capacidad de servicio de la deuda,
situación financiera, patrimonio neto, proyectos futuros y otros factores relevantes para determinar la
capacidad del servicio y pago de la deuda; señalando expresamente que el criterio básico es la capacidad
de pago del deudor y que las garantías son subsidiarias;
Que, asimismo, el numeral 4 del artículo 132º de la indicada Ley
General establece como uno de los medios para atenuar los riesgos del ahorrista, la constitución de
provisiones genéricas y específicas de cartera, individuales o preventivas globales por grupos o
categorías de crédito y el artículo 133º de la indicada Ley permite que las provisiones genéricas excedan
el 1 % de la cartera normal en situaciones excepcionales como lo es la presencia de un riesgo de
sobreendeudamiento de los deudores minoristas.
1
Que, mediante la Resolución SBS N° 808-2003 se aprobó el
Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, el cual establece
los criterios para el otorgamiento de créditos, así como las provisiones mínimas que deben constituirse
por riesgo crediticio;
Que, mediante la Resolución SBS Nº 1237-2006 se aprobó el
Reglamento para la Administración del Riesgo de Sobreendeudamiento de los Deudores Minoristas, que
dispone que las empresas deberán establecer en sus políticas comerciales, así como de otorgamiento, de
modificación y de revisión de líneas de crédito revolventes, criterios y medidas explícitos que incorporen
el riesgo de sobreendeudamiento de deudores minoristas;
Que, posteriormente, mediante la Resolución SBS Nº 037-2008 se
aprobó el Reglamento de Gestión Integral de Riesgos, en el que se define a la Gestión Integral de
Riesgos como un proceso, efectuado por el Directorio, la Gerencia y el personal aplicado en toda la
empresa y en la definición de su estrategia, diseñado para identificar potenciales eventos que pueden
afectarla, gestionarlos de acuerdo a su apetito por el riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro
de sus objetivos, estableciendo asimismo la necesaria independencia entre la unidad de riesgos y las
unidades de negocios;
Que, asimismo, el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos
define al riesgo de crédito como la posibilidad de pérdidas por la imposibilidad o falta de voluntad de los
1
Resolución SBS N° 808-2003 dejada sin efecto por la Resolución SBS Nº 11356-2008
1
deudores o contrapartes, o terceros obligados para cumplir completamente sus obligaciones
contractuales registradas dentro o fuera de balance;
Que, mediante la Resolución SBS Nº 264-2008 se aprobó el
Reglamento de Tarjetas de Crédito, que establece estándares mínimos en cuanto a la gestión de las
tarjetas de crédito;
Que, es necesario reforzar la administración del riesgo de
sobreendeudamiento de los deudores minoristas a fin de promover una sana bancarización en el sistema
financiero y un crecimiento saludable de las colocaciones;
Que, por otro lado, resulta necesario actualizar determinados
conceptos del Reglamento aprobado por la Resolución SBS Nº 1237-2006, como resultado de la labor de
supervisión de este Organismo de Control;
Que, además, es necesario adecuar el marco regulatorio
establecido en el Reglamento para la Administración del Riesgo de Sobreendeudamiento de los Deudores
Minoristas a las normas citadas anteriormente, aprobándose un nuevo texto;
Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de
Banca y Microfinanzas, de Riesgos y de Asesoría Jurídica, así como por la Gerencia de Estudios
Económicos; y,
En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 7, 9 y 13
del artículo 349º de la Ley General;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento para la Administración
del Riesgo de Sobre Endeudamiento de Deudores Minoristas, en adelante Reglamento, que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Modificar el Manual de Contabilidad para las
Empresas del Sistema Financiero, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo N° 1 de la presente
Resolución, que entrará en vigencia a partir de la información correspondiente al mes de diciembre de
2008.
Artículo Tercero.- Otorgar un plazo de adecuación hasta el 31 de
diciembre de 2008, para que las empresas se adecuen a las disposiciones del Reglamento aprobado en
el artículo primero.
Artículo Cuarto.- Vencido el plazo de adecuación que se indica en
el artículo anterior, quedará sin efecto el Reglamento para la Administración del Riesgo de Sobre
Endeudamiento de Deudores Minoristas aprobado mediante la Resolución SBS Nº 1237-2006. Luego de
lo cual, las empresas pondrán a disposición de la Superintendencia, las medidas aprobadas por el
Directorio para la adecuación al Reglamento y su grado de implementación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
2
FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
3
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE SOBRE ENDEUDAMIENTO
DE DEUDORES MINORISTAS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Alcance
La presente norma es de aplicación a las empresas de operaciones múltiples comprendidas en el literal A
del artículo 16° de la Ley General, a las empresas de arrendamiento financiero, a las empresas
administradoras hipotecarias, al Banco de la Nación, al Fondo MIVIVIENDA y al Banco Agropecuario, en
adelante empresas.
Artículo 2º.- Definiciones
Para la aplicación del presente Reglamento deberán considerarse las siguientes definiciones:
a. Línea de crédito revolvente: Son aquellas exposiciones crediticias en las que se permite que los
saldos pendientes de los créditos directos de los clientes fluctúen en función de sus propias
decisiones de endeudamiento, hasta un límite fijado por la empresa financiera. Es igual a la suma de
la línea de crédito revolvente utilizada y no utilizada.
b. Línea de crédito revolvente no utilizada: Resulta de la resta del monto aprobado, registrado y
comunicado al cliente de una línea de crédito revolvente menos todas las obligaciones adquiridas por
el cliente bajo esa línea incluyendo la deuda directa y los intereses devengados.
c. Exposición equivalente a riesgo crediticio: Conversión de una deuda potencial en una deuda directa
por medio de un factor que multiplica a la deuda potencial.
d. Deuda directa o créditos directos: Representa los financiamientos que, bajo cualquier modalidad, las
empresas del sistema financiero otorguen a sus clientes, originando a cargo de éstos la obligación de
entregar una suma de dinero determinada, en uno o varios actos comprendiendo, inclusive, las
obligaciones derivadas de refinanciaciones y reestructuraciones de créditos o deudas existentes.
e. Deuda o endeudamiento potencial: Créditos indirectos y otras obligaciones contraídas por los
deudores minoristas producto de avales y fianzas otorgados por ellos a terceros.
f. Créditos indirectos o créditos contingentes: Para efectos de la presente norma, incluye los avales, las
cartas fianza, las cartas de crédito, las aceptaciones bancarias, los créditos concedidos no
desembolsados y las líneas de crédito revolventes no utilizadas otorgados al deudor minorista.
g. Deuda o endeudamiento total: Para efectos de la presente norma, la suma de la deuda minoritas de
todo tipo (a pequeñas empresas, a microempresas (MES), consumo revolvente y no revolvente e
2
hipotecario para vivienda) y la deuda potencial.
h. Deudor minorista: Persona natural o jurídica que cuenta con créditos directos e indirectos clasificados
como a pequeñas empresas, a microempresas, consumo revolventes y no revolventes e hipotecario
3
para vivienda.
i. Manual de Contabilidad: Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero aprobado
mediante Resolución SBS Nº 895-98 del 1 de septiembre de 1998 y sus normas modificatorias.
j. Manual de políticas y procedimientos: Manual de políticas y procedimientos crediticios a que se
refiere el numeral 4 del capítulo IV del Reglamento para la Clasificación del Deudor.
k. Obligaciones minoristas: La suma de los créditos directos e indirectos de tipo pequeña empresa,
MES, consumo revolvente y no revolvente e hipotecarios para vivienda en el sistema financiero, más
4
los intereses devengados y otras obligaciones contraídas por los deudores minoristas.
2
Literal modificado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
3
Literal modificado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
4
Literal modificado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
4
l. Reglamento para la Clasificación del Deudor: Reglamento para la Evaluación y Clasificación del
5
Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado por la Resolución SBS N° 808-2003 y sus
modificatorias.
m. Sobreendeudamiento: Nivel de endeudamiento en el sistema financiero que, por su carácter excesivo
respecto de los ingresos y de la capacidad de pago pone en riesgo el repago de las obligaciones de
un deudor minorista.
n. Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.
Artículo 3°.- Responsabilidad de las Empresas y el Directorio
Las empresas deberán adoptar un sistema de administración del riesgo de sobreendeudamiento que
permita reducir dicho riesgo antes y después del otorgamiento, efectuar un seguimiento permanente de la
cartera con el objeto de identificar a los deudores sobreendeudados, y que incluya la evaluación periódica
de los mecanismos de control utilizados, así como de las acciones correctivas o mejoras requeridas,
según sea el caso.
En ese sentido, será responsabilidad del Directorio u órgano equivalente, el establecimiento y revisión de
políticas y procedimientos formalizados para la identificación, medición, tratamiento, control, reporte y
monitoreo del riesgo derivado de los niveles de endeudamiento de sus deudores minoristas y asegurarse
de que la Gerencia adopte las medidas necesarias para vigilar y controlar estos riesgos. Dicha
responsabilidad incluye el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.
En línea con lo dispuesto en el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos, el Directorio deberá
asegurar:
a) Que la empresa cuente con una estructura organizacional que contemple una total independencia
entre las áreas de riesgos y las áreas de negocios. En línea con ello se deberá definir y delimitar
claramente las diferentes funciones y responsabilidades de dichas áreas, con la finalidad de evitar
posibles conflictos de interés que puedan afectar el adecuado desempeño de sus funciones.
b) Que los sistemas de incentivos por rendimiento del personal no generen conflictos de interés con la
gestión del riesgo.
c) Que, en caso se efectúe modificaciones a los objetivos, lineamientos, políticas y procedimientos para
la administración del riesgo de crédito minorista, o se incursione en nuevas actividades en función a
los cambios del entorno del negocio, tales modificaciones sean aprobadas por dicho órgano sobre la
base de una evaluación previa del riesgo de crédito involucrado en dichas modificaciones.
CAPÍTULO II
REQUERIMIENTOS PRUDENCIALES PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DE SOBRE
ENDEUDAMIENTO PARA LOS DEUDORES MINORISTAS
Artículo 4°.- Gestión del riesgo de sobreendeudamiento
Las empresas deberán establecer un ambiente interno apropiado para la administración del riesgo de
crédito de los deudores minoristas, partiendo de una estructura organizacional que garantice la oportuna
5
Resolución SBS N° 808-2003 dejada sin efecto por la Resolución SBS Nº 11356-2008
5
identificación, medición, tratamiento, control y reporte del riesgo de sobreendeudamiento así como su
adecuado monitoreo.
Asimismo, las empresas deberán establecer en sus políticas crediticias, así como de otorgamiento, de
modificación y de revisión de líneas de crédito revolventes, criterios y medidas explícitos que incorporen
el riesgo de sobreendeudamiento de los deudores minoristas, los mismos que deberán ser aprobados y
revisados por lo menos anualmente por el Directorio.
En este sentido, las empresas deberán tomar en consideración, al momento de otorgar nuevos créditos
minoristas, o de modificar el monto de créditos y/o de líneas existentes, como parte de sus criterios de
aceptación de riesgo, el comportamiento de pago y el endeudamiento total del deudor en el sistema
financiero, así como toda la información disponible actualizada que permita evaluar la capacidad de pago
y de endeudamiento total.
Adicionalmente, en línea con un proceso adecuado de monitoreo de créditos, las empresas deberán
dotarse de sistemas y procedimientos, que permitan realizar un adecuado seguimiento del nivel de
endeudamiento total y de la capacidad de pago de sus deudores, capturar la información relevante y
generar reportes oportunos y confiables.
De esta manera, las empresas deberán estar en capacidad de identificar aquellos deudores, que se
encuentren en una situación de sobreendeudamiento y tomar acciones correctivas al respecto para lo
cual deberán establecer su propia metodología de administración del riesgo de sobreendeudamiento, la
misma que deberá ser aprobada formalmente por el Directorio e incorporada en la gestión crediticia.
Artículo 5°.- Medidas prudenciales de administración del riesgo de sobreendeudamiento
Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, a fin de ejercer una gestión prudencial del riesgo de
sobreendeudamiento, las empresas deberán por lo menos cumplir con los siguientes criterios, los cuales
podrán verificarse mediante la aplicación de prácticas alternativas de efecto equivalente:
a) Tomar en cuenta el endeudamiento total del deudor (y su cónyuge, cuando los ingresos de éste
sean incluidos en el análisis) con la entidad y con las otras empresas del sistema financiero en el
cálculo de la deuda total a fin de determinar su capacidad de endeudamiento y su carácter de
sobreendeudado. Tratándose de deudores MES y pequeña empresa, se deberá considerar el
endeudamiento personal y familiar que podrían tener los microempresarios, pequeños
empresarios, microempresas y pequeñas empresas familiares, siempre que los familiares
6
considerados sean parte activa del negocio.
b) Considerar entre las variables diferenciadoras del riesgo el número de instituciones con las que
los deudores minoristas hayan contraído obligaciones, así como las relaciones deuda
total/ingreso anual neto o deuda total/ingreso mensual neto como factor de selección y/o de
alerta, aplicando un criterio acorde con el perfil de riesgo de la clientela, segmentado por nivel de
ingresos.
c) Para los créditos de consumo revolvente y no revolvente, considerar niveles apropiados de
cuota/ingreso para determinar la capacidad de endeudamiento, adecuadamente diferenciados
por productos y rango de ingresos, utilizando supuestos realistas al convertir saldos de créditos
en equivalente de cuotas. Para los créditos MES y pequeñas empresas, tomar en cuenta el
6
Literal modificado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
6
grado de adecuación entre los niveles de deuda y las necesidades reales de financiamiento y los
7
flujos de caja del negocio.
d) Efectuar el proceso completo de evaluación para el otorgamiento de créditos para todas las
modalidades de crédito, incluyendo la ampliación de líneas. En este sentido, se deberá
considerar una nueva evaluación que incluya la capacidad de endeudamiento a la fecha y el
comportamiento de pago en el sistema, entre otros factores.
e) Considerar para el otorgamiento de créditos hipotecarios, una relación monto del préstamo/valor
del bien (“Loan-to-value”) acorde con el perfil de riesgo de los clientes.
f) Para el caso de líneas de crédito revolventes, se debe fijar un nivel máximo en función de la
capacidad de pago del cliente y su endeudamiento total en el sistema.
g) En las campañas de aumento de líneas de crédito por tarjeta, o de captación de clientes para
productos de créditos de consumo, se deberá ejercer mayor prudencia en caso se seleccione
clientes no clasificados como Normal.
h) Se deberá incluir como parte del seguimiento de las carteras crediticias el análisis y la
evaluación periódica de la evolución de su calidad, no sólo en función de la mora histórica y
otros factores de discriminación del riesgo sino también en función de la fecha de concesión de
los créditos (análisis de cosechas) a fin de poder tomar medidas correctivas. En particular este
análisis se deberá aplicar con especial énfasis a los resultados de las campañas de aumento de
líneas de crédito por tarjeta, o de captación de clientes para productos de créditos de consumo,
i) Para tomar en consideración el riesgo existente por el endeudamiento potencial de los deudores
minoristas, se calculará su exposición equivalente a riesgo crediticio. La metodología a aplicar
dependerá de cada empresa, tomando en cuenta la información disponible, y deberá
encontrarse adecuadamente sustentada e incorporada en los Manuales de Políticas y
Procedimientos correspondientes.
j) En el caso de los deudores mancómunos minoristas y en la medida de la información disponible,
se deberá hacer un seguimiento de cada una de las personas conformantes y agregar las
exposiciones individuales a fin de dar seguimiento a la deuda mancomunada en el sistema. Para
el cálculo de la deuda en el sistema de una persona con deuda mancomunada, se le asignará la
fracción de deuda por división simple entre el número de mancómunos.
k) Cuando las líneas de tarjeta de crédito incluyan la posibilidad de uso de línea mediante retiro de
efectivo, se deberá contar con indicadores y sistemas de alerta para el monitoreo del uso de
línea mediante dichos retiros, así como para la aplicación de las medidas de reducción del riesgo
crediticio que sean necesarias.
l) Establecer un sistema de monitoreo sobre la cartera minorista que permita identificar a aquellos
deudores que incurran en riesgo de sobreendeudamiento luego de la aprobación de sus
operaciones en la empresa, a fin de tomar acciones preventivas y/o correctivas sobre la base de
los reportes de seguimiento que se generen.
m) Efectuar por lo menos anualmente un análisis de sensibilidad y pruebas de estrés sobre la
cartera minorista considerando al menos dos escenarios de crecimiento económico adverso, a
7
Literal modificado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
7
fin de determinar el impacto sobre la calidad de la cartera y sobre los ingresos y la solvencia de
la empresa, y definir las acciones correctivas a adoptar ante cada escenario sobre las metas de
crecimiento y sobre los criterios de aceptación de riesgo. El resultado de dicho análisis deberá
ser informado al Directorio.
n) En el caso de las líneas de crédito revolventes otorgadas bajo la forma de tarjetas de crédito,
identificar a los deudores que sólo efectúan el pago mínimo, y establecer mecanismos de
seguimiento específicos para tomar las medidas correctivas que fueran necesarias.
Artículo 6°.- Unidad de Riesgos y Auditoría Interna
La Unidad de Riesgos se encargará del monitoreo del riesgo de sobreendeudamiento, e informará
mediante un reporte trimestral al Directorio sobre los siguientes aspectos:
a) las excepciones a las políticas adoptadas;
b) el seguimiento al conjunto de clientes sobreendeudados y las acciones tomadas por la Gerencia
General a fin de reducir la exposición de la empresa con dichos deudores; y,
c) el seguimiento de la calidad de la cartera, y en particular el correspondiente a campañas de captación
de clientes para productos de crédito de consumo y de aumento de líneas por tarjetas de crédito,
cuando corresponda.
Dicho reporte se encontrará a disposición de la Superintendencia.
La Unidad de Auditoría Interna, siempre y cuando la actividad crediticia minorista sea significativa en la
empresa y en función de su perfil de riesgos, deberá incluir el examen del cumplimiento de la presente
norma en su plan de actividad anual y como parte de sus actividades habituales.
Artículo 7°.- Requerimiento de provisiones para empresas que incumplan la presente norma
Las empresas que no cumplan con las disposiciones del presente Reglamento deberán, para fines de
provisión, calcular la exposición equivalente a riesgo crediticio aplicando un factor de veinte por ciento
(20%) al monto no usado de las líneas de crédito revolventes de tipo MES, pequeña empresa y consumo
revolventes. Sobre dicha exposición equivalente a riesgo crediticio serán aplicables las tasas de
provisiones determinadas en el Reglamento para la Clasificación del Deudor.
Sobre el particular, el monto de la línea de crédito revolvente empleado para el cálculo referido en el
párrafo anterior deberá corresponder al último monto aprobado comunicado al cliente.
Adicionalmente, aquellas empresas que no cumplan con las disposiciones del presente Reglamento
deberán constituir una provisión genérica adicional del 1% sobre la deuda directa. Dicha provisión será
aplicable a la deuda directa de consumo (revolvente y no-revolvente) y/o MES y/o Pequeña Empresa de
los clientes clasificados por la empresa como Normal, según corresponda. Las empresas podrán excluir
de la aplicación de dicha provisión a los créditos y arrendamientos financieros vehiculares, siempre y
8
cuando exista suficiente evidencia de una buena gestión del conjunto de sus elementos.
Artículo 8°.- Precisiones sobre la aplicación del Reglamento para la Clasificación del Deudor
La exposición equivalente a riesgo crediticio de las líneas de crédito revolventes no utilizadas de tipo
Pequeña Empresas y/o MES y/o Consumo (revolvente y no revolvente) se encontrará sujeta a las
disposiciones del Reglamento para la Clasificación del Deudor, con excepción del cómputo del 20% de
8
Artículo modificado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
8
deuda en el sistema financiero para efectos de alineamiento de clasificación de deudores entre empresas
9
del sistema financiero a que se refiere el Capítulo I del mismo Reglamento.
Artículo 9°.- Procedimientos de control por parte de la Superintendencia
La Superintendencia, como producto de la supervisión del cumplimiento del presente Reglamento,
efectuada in-situ y/o extra-situ, podrá disponer la aplicación de las provisiones mencionadas en el artículo
7º, cuando considere que la administración del riesgo de sobreendeudamiento no corresponde a lo
dispuesto en el presente Reglamento.
Artículo 10°.- Aplicación del Reglamento de Transparencia al monto de las líneas de crédito
La obligación de notificación previa de modificaciones de condiciones contractuales a la que alude el
Reglamento de transparencia de información y disposiciones aplicables a la contratación con usuarios del
sistema financiero no es aplicable para las variaciones de monto de las líneas de crédito, cuando se trate
de clientes cuyo nivel de endeudamiento o su comportamiento, hagan presumir a las empresas un
potencial deterioro de su calidad crediticia. La entidad podrá disponer la reducción o cierre de la línea de
crédito con posterior comunicación al cliente de dicho hecho.
9
Artículo modificado por la Resolución SBS N° 14353-2009 del 30/10/2009
9
ANEXO N° 1
MODIFICACIONES AL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA LAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO
I. Modifíquese los Capítulos III “Catálogo de Cuentas” y IV “Descripción y Dinámica de Cuentas”
del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero, conforme a lo siguiente:
1. A efectos de registrar las provisiones genéricas adicionales por los créditos directos MES y
consumo, referidas a la administración inadecuada del riesgo de sobreendeudamiento,
incorpórense las siguientes cuentas analíticas en los Capítulos III “Catálogo de Cuentas” y
IV “Descripción y Dinámica de Cuentas” del Manual de Contabilidad:
1409.02.06 (Provisión genérica por riesgo de sobreendeudamiento)
1409.03.06 (Provisión genérica por riesgo de sobreendeudamiento)
4302.02.06 Provisión genérica por riesgo de sobreendeudamiento
4302.03.06 Provisión genérica por riesgo de sobreendeudamiento
2. A efectos de registrar las provisiones por la exposición equivalente a riesgo crediticio del
monto no usado de las líneas de crédito revolventes, referidas a la administración
inadecuada del riesgo de sobreendeudamiento, afectándose las cuentas analíticas
2701.01.01 y 2701.02.01, incorpórese la subcuenta:
4305.06 Provisión por riesgo de sobreendeudamiento
3. Sustitúyase el primer párrafo de la descripción de la cuenta 1409 “(Provisiones para
Créditos)” conforme a lo siguiente:
“En esta cuenta se registran las provisiones genéricas y específicas por créditos directos
conforme con las disposiciones emitidas en el Reglamento para la Evaluación y
Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones. Asimismo, se registrarán las
provisiones por riesgo cambiario crediticio y las provisiones genéricas adicionales referidas
a la administración inadecuada del riesgo de sobreendeudamiento conforme a las
disposiciones emitidas por la Superintendencia.”
4. Incorpórese en la Dinámica de la cuenta 1409, en la parte Créditos, lo siguiente:
i. - Por la constitución de provisiones genéricas adicionales referidas a la
administración inadecuada del riesgo de sobreendeudamiento.
5. Sustitúyase el primer párrafo de la descripción de la cuenta 2701 “Provisiones para Créditos
Contingentes” conforme a lo siguiente:
“En esta cuenta se registran las provisiones genéricas y específicas por créditos
contingentes o indirectos conforme con las disposiciones emitidas en el Reglamento para la
Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, y provisiones referidas
a la administración inadecuada del riesgo de sobreendeudamiento conforme a las
disposiciones emitidas por la Superintendencia.”
6. Sustitúyase el primer párrafo de la descripción de la cuenta 4302 “Provisiones para
Incobrabilidad de Créditos” conforme a lo siguiente:
“En esta cuenta se registran los cargos por provisiones genéricas y específicas por créditos
directos conforme con las disposiciones emitidas en el Reglamento para la Evaluación y
Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones. Asimismo, se registrarán las
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provisiones por riesgo cambiario crediticio y las provisiones genéricas adicionales referidas
a la administración inadecuada del riesgo de sobreendeudamiento conforme a las
disposiciones emitidas por la Superintendencia.”
7. Sustitúyase la descripción de la cuenta 4305 “Provisiones para Contingencias y Otras”
conforme a lo siguiente:
“En esta cuenta se registran los cargos por provisiones genéricas y específicas por créditos
indirectos conforme con las disposiciones emitidas en el Reglamento para la Evaluación y
Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, provisiones por riesgo país y
aquellas referidas a la administración inadecuada del riesgo de sobreendeudamiento, así
como por otras contingencias, conforme a las normas emitidas por la Superintendencia.”
8. Incorpórese en la Dinámica de las cuenta 4301, 4302, 4303, 4304 y 4305, en la parte
Débitos, lo siguiente:
- Por la constitución de provisiones por riesgo de sobreendeudamiento.
II. Modifíquese el Capítulo V “Información Complementaria” del Manual de Contabilidad para las
Empresas del Sistema Financiero, conforme a lo siguiente:
1. Modifíquese las notas metodológicas del Anexo N° 5 “Informe de Clasificación de Deudores
y Provisiones” y sus anexos complementarios, en los siguientes términos:
a. Sustitúyase el primer y segundo párrafo de la nota 2 del Anexo Nº 5, de acuerdo a lo
siguiente:
“Indicar el monto de los créditos, contingentes y arrendamientos financieros de la
cartera de la empresa según la clasificación correspondiente al deudor. Sin perjuicio de
la distribución de los créditos, contingentes y arrendamientos financieros que se realice
en los acápites C a J de la Sección I, la clasificación del deudor es única. En caso la
responsabilidad del deudor con una misma empresa incluya créditos de diversos tipos,
las empresas deberán procesar previamente dicha información de manera que la
clasificación del deudor se base en la clasificación del crédito que presenta la categoría
de mayor riesgo, sin considerar aquellos créditos (operaciones) de consumo o MES que
el deudor mantenga con un saldo menor a S/. 100.
Por ejemplo, un deudor que tenga en una misma empresa un crédito MES por un monto
de S/. 99 clasificado como Deficiente y un crédito hipotecario por un monto de S/. 1000
clasificado como Normal, será considerado como un deudor Normal, tanto por el monto
del crédito MES como por el monto del crédito hipotecario. Este proceso de
consolidación de información deberá encontrarse a disposición de esta
Superintendencia.”
b. Sustitúyase el segundo párrafo de la nota 33 del Anexo Nº 5, conforme al siguiente
texto:
“Adicionalmente, el reporte de las provisiones por créditos directos no deberá incluir
las provisiones genéricas adicionales referidas a la administración inadecuada del
riesgo de sobreendeudamiento conforme con el Reglamento para la Administración del
Riesgo de Sobre Endeudamiento de Deudores Minoristas, así como las provisiones por
riesgo cambiario crediticio conforme con el Reglamento para la Administración del
Riesgo Cambiario Crediticio. Asimismo, los créditos indirectos (créditos contingentes) no
deberá incluir aquellas realizadas por la exposición equivalente a riesgo crediticio de las
líneas de crédito revolventes no utilizadas, referidas a la administración inadecuada del
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riesgo de sobreendeudamiento, conforme con el Reglamento para la Administración del
Riesgo de Sobre Endeudamiento de Deudores Minoristas”.
c. Sustitúyase el primer párrafo de la nota 1 del Anexo Nº 5-C, de acuerdo a los siguiente:
“Indicar el monto de los créditos, contingentes y arrendamientos financieros
transferidos en fideicomiso según la clasificación correspondiente al deudor. Sin
perjuicio de la distribución de los créditos, contingentes y arrendamientos financieros
que se realicen en los acápites C a I del Anexo 5-C, la clasificación del deudor es única.
En caso la responsabilidad del deudor con una misma empresa incluya créditos de
diversos tipos, las empresas deberán procesar previamente dicha información de
manera que la clasificación del deudor se base en la clasificación del crédito que
presenta la categoría de mayor riesgo, sin considerar aquellos créditos (operaciones) de
consumo o MES que el deudor mantenga con un saldo menor a S/. 100.00.”
2. Modifíquese el Anexo A “Activos y Créditos Contingentes Ponderados por Riesgo” del
Reporte Nº 2 del Manual de Contabilidad, según se señala a continuación:
a) Incorpórese en el numeral 9 del rubro I Activos con Riesgo 0%- Factor 0,0, lo siguiente:
Menos: Provisiones por riesgo de Correspondiente a las
sobreendeudamiento provisiones referidas a la
administración inadecuada
del riesgo de
sobreendeudamiento,
registradas en las cuentas
1409.02.06 y 1409.03.06, así
como en la cuenta 2701.01.01,
por créditos que pertenezcan a
esta categoría.
b) Incorpórese en el numeral 2 del rubro II Activos Crediticios con Riesgo 10%- Factor
0,1, lo siguiente:
Menos: Provisiones por riesgo de Correspondiente a las
sobreendeudamiento provisiones referidas a la
administración inadecuada del
riesgo de
sobreendeudamiento,
registradas en las cuentas
1409.02.06 y 1409.03.06, así
como en la cuenta 2701.01.01,
por créditos que pertenezcan a
esta categoría.
12
c) Incorpórese en el numeral 8 del rubro III Activos Crediticios con Riesgo 20%- Factor
0,2, lo siguiente:
Menos: Provisiones por riesgo de sobre- Correspondiente a las
endeudamiento provisiones referidas a la
administración inadecuada del
riesgo de
sobreendeudamiento,
registradas en las cuentas
1409.02.06 y 1409.03.06, así
como en la cuenta 2701.01.01,
por créditos que pertenezcan a
esta categoría.
d) Incorpórese en el numeral 9 del rubro IV Activos Crediticios con Riesgo 50%- Factor
0,5, lo siguiente:
Menos: Provisiones por riesgo de sobre- Correspondiente a las
endeudamiento provisiones referidas a la
administración inadecuada del
riesgo de
sobreendeudamiento,
registradas en las cuentas
1409.02.06 y 1409.03.06, así
como en la cuenta 2701.01.01,
por créditos que pertenezcan a
esta categoría.
e) Incorpórese en el numeral 15 del rubro V Activos Crediticios con Riesgo 100%, lo
siguiente:
Menos: Provisiones por riesgo de sobre- Correspondiente a las
endeudamiento provisiones referidas a la
administración inadecuada del
riesgo de
sobreendeudamiento,
registradas en las cuentas
1409.02.06 y 1409.03.06, así
como en la cuenta 2701.01.01,
por créditos que pertenezcan a
esta categoría.
13 |
11699-2008.r | Lima, 28 de noviembre de 2008
Resolución S.B.S.
Nº 11699 -2008
El Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones:
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 180º de
la Ley General de Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley General, corresponde a esta
Superintendencia establecer los requisitos y estándares de auditoría interna para las empresas del
sistema financiero y de seguros, con la finalidad de brindar al ahorrista y al asegurado una adecuada
protección;
Que, mediante Resolución SBS N° 1041-99 de fecha 26 de
noviembre de 1999 y sus modificatorias, se aprobó el Reglamento de Auditoría Interna;
Que, conforme al inciso e) del artículo 57° del Texto Único
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por
Decreto Supremo N° 054-97-EF, es atribución y obligación de la Superintendencia fiscalizar a las AFP
en el cumplimiento de las disposiciones legales y directivas administrativas que les rigen, razón por la
cual resulta conveniente incluirlas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Auditoría
Interna;
Que, la labor que desarrolla la auditoría interna de las
empresas supervisadas constituye un mecanismo fundamental de apoyo a la supervisión y control que
realiza esta Superintendencia, por lo que resulta necesario actualizar los criterios mínimos requeridos
para su ejercicio de acuerdo a los estándares internacionales y mejores prácticas;
Que, una auditoría interna efectiva y eficiente constituye un
elemento vital para la administración prudente en las empresas del sistema financiero, de seguros y
administradoras privadas de fondos de pensiones;
Que, conforme a la Ley de Creación de la Unidad de
Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), aprobada por Ley N° 27693 y sus modificatorias, esta
Superintendencia para ejercer su función de supervisión del sistema de prevención de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo, se apoyará, entre otros agentes, en las áreas de auditoría
interna, las cuales formularán un informe especial anual de la evaluación del sistema de prevención
del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo;
Que, con fecha 25 de julio de 2006 se ha publicado el
Reglamento de la Ley N° 27693, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, el cual regula
diversos aspectos relacionados a las labores del área de auditoría interna de los sujetos obligados a
informar a la UIF-Perú supervisados por esta Superintendencia;
Que, mediante la Resolución SBS Nº 37-2008 del 10 de
enero de 2008, se aprobó el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos, señalando en el artículo
22º de dicho Reglamento que, la auditoria interna desempeña un rol independiente en la Gestión
Integral de Riesgos;
Que, en consecuencia, resulta necesario emitir un nuevo
Reglamento de Auditoría Interna;
Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de
Banca y Microfinanzas, de Riesgos, de Seguros, de Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú -UIF, así como, por
la Gerencia de Estudios Económicos; y,
En uso de las atribuciones conferidas en el numeral 7 del
artículo 349º y numeral 7 del artículo 367° de la Ley General;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Auditoría
Interna, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Otorgar un plazo hasta el 31 de
diciembre de 2008, para que las empresas se adecuen a las disposiciones del Reglamento aprobado
en el artículo Primero.
Artículo Tercero.- Vencido el plazo de adecuación que se
indica en el artículo anterior, quedarán sin efecto el Reglamento de Auditoría Interna aprobado
mediante Resolución SBS Nº 1041-99 del 26 de noviembre de 1999, el último párrafo del artículo 79°
de la Resolución N° 053-98-EF/SAFP, así como todas aquellas disposiciones que se le opongan de
manera total o parcial.
Artículo Cuarto.- La elaboración, presentación e
implementación del Plan Anual de Trabajo y sus respectivos informes, correspondientes al ejercicio
2009 se sujetarán a las disposiciones del Reglamento aprobado por el artículo Primero.
Artículo Quinto.- Incorpórense los procedimientos N°s 116
y 117 “Autorizaciones especiales para la subcontratación significativa de las funciones de la Auditoría
Interna” y “Autorización para presentar el Plan de Trabajo de Auditoría basado en riesgos”,
respectivamente, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aprobado mediante Resolución SBS N° 131-2002,
conforme el texto que se adjunta a la presente Resolución y se publica conforme lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 004-2008-PCM, Reglamento de la Ley N° 29091. (Portal institucional:
2
www.sbs.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese,
FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
3
REGLAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Alcance
El presente Reglamento será de aplicación a las empresas señaladas en los artículos 16° y 17° de la
Ley General, así como a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), en adelante
empresas.
En caso de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), la Caja Municipal de Crédito Popular,
el Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI), el Banco de la Nación, el
Banco Agropecuario, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Fondo MIVIVIENDA S.A.,
las Derramas y Cajas de Beneficios bajo control de la Superintendencia, la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y el Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito FOCMAC, se aplicará el presente reglamento en tanto no se contrapongan con las normativas
específicas que regulen el accionar de estas empresas.
Artículo 2°.- Definiciones
Para la aplicación del presente Reglamento deberán considerarse las siguientes definiciones:
a) Actividades programadas.- Son aquellas que se encuentran incluidas en el Plan Anual de Trabajo
de Auditoría, algunas de las cuales son de realización obligatoria por requerimientos normativos.
b) Casa Matriz.- Se refiere a la sociedad principal o a la que ejerza el control en un conglomerado
financiero o mixto.
c) Comité de Auditoría.- Toda referencia al Comité de Auditoría, en caso las empresas no se
encuentren obligadas a constituir dicho Comité en aplicación del artículo 11º del Reglamento de la
Gestión Integral de Riesgos, se entenderá referida al Directorio
d) Días.- Días calendario.
e) Directorio.- Toda referencia al directorio, ó a cualquier órgano equivalente.
f) Gestión integral de riesgos.- Es un proceso, efectuado por el Directorio, la Gerencia y el personal
aplicado en toda la empresa y en la definición de su estrategia, diseñado para identificar
potenciales eventos que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo a su apetito por el riesgo y
proveer una seguridad razonable en el logro de sus objetivos.
g) Hechos significativos.- Aquellos hechos que pueden tener impacto importante sobre la situación
financiera de la empresa, o sobre el logro de sus objetivos
h) Jefe de auditoría interna.- El Gerente o funcionario de nivel gerencial cualquiera sea su
denominación, responsable de la unidad o servicio de auditoría interna.
i) Manuales de políticas y procedimientos.- Documentos que contienen funciones,
responsabilidades, las políticas, metodologías y procedimientos establecidos por la empresa para
la realización de las actividades de cada una de las unidades con las que cuenta, incluyendo las
que corresponden a la gestión de riesgos.
j) Plan.- Se refiere al Plan Anual de Trabajo de Auditoría.
k) Servicios de aseguramiento.- Exámenes objetivos de evidencias con el propósito de proveer una
evaluación independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una
organización. Estos servicios incluyen evaluaciones financieras, de desempeño, de cumplimiento,
de seguridad de sistemas, entre otros.
l) Servicios de consulta.- Actividades de asesoramiento, consejo y servicios afines proporcionados
a los usuarios, cuya naturaleza y alcances estén acordados con los mismos y estén dirigidos a
añadir valor y a mejorar los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de la organización,
sin que el auditor interno asuma responsabilidades de gestión. Algunos ejemplos de estas
actividades son el consejo, el asesoramiento, la facilitación y la formación.
4
m) Superintendencia.- Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones.
Artículo 3°.- Responsabilidad del Directorio y del Comité de Auditoría
El directorio es responsable de adoptar las acciones necesarias para que la unidad de auditoría
interna pueda realizar sus funciones de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento y con
la naturaleza y complejidad de las operaciones de la empresa.
El Comité de Auditoría tiene como propósito principal vigilar que los procesos contables y de reporte
financiero sean apropiados, así como evaluar las actividades realizadas por los auditores internos y
externos.
Los informes realizados por el auditor interno presentados al Comité de Auditoría y requeridos por
este Reglamento, se entenderán presentados al Directorio. Las responsabilidades indicadas en este
Reglamento al Comité de Auditoría, se entenderán asignadas al Directorio, cuando el Comité de
Auditoría no haya sido constituido.
El Reglamento del Comité de Auditoría, que deberá ser aprobado por el Directorio, fijará las relaciones
y forma de reporte entre el Comité de Auditoría, el Directorio y la Unidad de Auditoría Interna, en lo
que no se oponga al presente Reglamento.
CAPITULO II
DE LA AUDITORIA INTERNA
Artículo 4º.- La Auditoría Interna
La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta,
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de las empresas, al ayudarlas a cumplir sus
objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación y mejora de la eficacia de
la gestión de riesgos y del gobierno corporativo.
Articulo 5º.- Independencia de la Unidad de Auditoría Interna
Las empresas deberán contar con una unidad de auditoría interna, en adelante UAI, que
informará al Comité de Auditoría, cuando exista, y a quien presentará los informes que elabore, salvo
que a criterio del auditor deban ser informados también al Directorio
La UAI deberá tener la independencia suficiente para cumplir sus funciones de manera efectiva,
eficiente y oportuna, contando para ello con todas las facultades y mecanismos para el logro de sus
objetivos.
La UAI debe tener acceso a la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones y el
desarrollo de sus exámenes, sin limitación que pueda afectar sus conclusiones, incluyendo aquella
que se derive de actas del directorio y de sus Comités, y de cualquier otro órgano de dirección,
gerencia o nivel administrativo.
Articulo 6º.- Funciones de la Unidad de Auditoría Interna
Las funciones que debe desempeñar la UAI incluyen, entre otras, las siguientes:
a) Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del control interno.
b) Diseñar el Plan y someterlo a consideración del directorio para su aprobación, así como cumplir
con las actividades programadas y elaborar los informes que se deriven de las mismas;
5
c) Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen a las empresas, en el curso de
sus exámenes, en particular de la Ley General y las disposiciones emitidas por la
Superintendencia;
d) Evaluar continuamente la calidad y adecuación de los sistemas informáticos y los mecanismos
establecidos por la empresa para garantizar la seguridad de la información;
e) Evaluar continuamente el cumplimiento de los manuales de políticas y procedimientos y demás
normas internas de la empresa, así como proponer modificaciones a los mismos;
f) Evaluar la implementación oportuna y adecuada de las recomendaciones y medidas para
superar las observaciones y recomendaciones formuladas por esta Superintendencia, los
auditores externos, así como las realizadas por la propia UAI y, en el caso de las cajas
municipales de ahorro y crédito, por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC);
g) Verificar el cumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
h) Evaluar el cumplimiento de aquellos aspectos que determine esta Superintendencia; y,
i) Otras actividades de aseguramiento o consulta que la misma empresa señale.
Artículo 7º.- Competencia de la auditoría interna y subcontratación significativa
La UAI, cuando es considerada en conjunto, debe reunir u obtener los conocimientos, aptitudes
técnicas y otras competencias requeridas para cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo a la
complejidad y tamaño de la empresa.
Competencia de la auditoría interna
La UAI y los auditores internos que la conforman deben reunir los conocimientos, las aptitudes
técnicas, la experiencia y otras competencias requeridas para el cumplimiento de sus
responsabilidades.
Toda UAI debe contar con un servicio de auditoría de sistemas de información, que colabore en el
logro de sus funciones y objetivos. Este servicio debe contar con personal competente y experiencia
específica en auditoría de sistemas, apropiado en competencias a la complejidad y tamaño de las
operaciones que realiza la empresa, el que podrá ser también subcontratado.
La experiencia y especialización requeridos para la práctica profesional de la auditoría interna podrán
acreditarse entre otros, mediante certificaciones profesionales vigentes de prestigio internacional
como el Certified Internal Auditor (CIA), emitido por el Instituto de Auditores Internos (IIA) y el Certified
Information Systems Auditor (CISA), emitido por la Asociación de Auditores en Sistemas de
Información (ISACA).
Subcontratación significativa
La subcontratación significativa se define como aquella subcontratación que tiene por objeto
reemplazar la mayor parte de las funciones que se le asignan a la UAI, de manera no eventual y con
la finalidad de acceder a ventajas de índole técnica, de recursos, metodología, entre otras. Este tipo
de subcontratación requiere la autorización previa de la Superintendencia, según se indica en la
Primera Disposición Final.
Cualquiera sea el nivel de subcontratación, el jefe de auditoría continúa siendo responsable de
asegurar que la auditoría interna funcione de manera adecuada y eficaz, y de acuerdo a lo previsto en
la normatividad vigente y según el acuerdo de nivel de servicio o equivalente.
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La contratación de servicios específicos a proveedores de servicios profesionales para el mejor
desarrollo de las funciones de la UAI, que no implique una subcontratación significativa, no requiere
de autorización previa por esta Superintendencia, debiendo ser informada a este organismo
supervisor.
El Jefe de Auditoría Interna es responsable de supervisar el cumplimiento del contrato de servicios,
asegurar la calidad general de las actividades, informar al Comité de Auditoría, así como efectuar el
seguimiento de los resultados del trabajo contratado.
Artículo 8º.- Infraestructura y otros recursos
La UAI deberá contar con una infraestructura apropiada y con los recursos humanos, técnicos y
logísticos, adecuados a la magnitud y complejidad de las operaciones de la empresa, así como a los
riesgos que ésta enfrenta.
El Directorio es responsable de asegurar las condiciones apropiadas para el desarrollo de la función
de auditoría interna.
El jefe de auditoría interna y demás auditores internos deben recibir capacitación permanente en
materias relacionadas a sus funciones, para lo cual corresponde al jefe de auditoría interna presentar
las necesidades de capacitación con relación a los miembros de la UAI, indicando las principales
áreas de capacitación y el número de horas requeridas anualmente.
Artículo 9°.- Normas y estándares para la práctica de la auditoría interna
En lo que no se oponga a lo previsto en la normatividad de la Superintendencia, serán de aplicación
las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, así como el Código de
Ética emitidos por The Institute of Internal Auditors (IIA). En el caso de los auditores de sistemas, se
tomarán en consideración las directrices de auditoría previstas por el Information Systems Audit and
Control Association (ISACA).
Artículo 10°.- Auditoría basada en Riesgos (ABR)
La Auditoría basada en Riesgos consiste en un conjunto de procesos mediante los cuales la auditoría
provee aseguramiento independiente al Directorio acerca de:
- Si los procesos y medidas de gestión del riesgo que se encuentran implementadas están
funcionando de acuerdo a lo esperado;
- Si los procesos de gestión de riesgos son apropiados y están bien diseñados; y,
- Si las medidas de control de riesgos que la Gerencia ha implementado son adecuadas y
efectivas, y reducen el riesgo al nivel de tolerancia aceptado por el Directorio.
La ABR depende del nivel de desarrollo que la propia empresa ha alcanzado en la gestión de riesgos
en el área objeto de examen, y el grado en que han sido definidos objetivos apropiados por la
Gerencia contra los cuales pueden medirse los riesgos asociados.
Cuando la empresa cuenta con un sistema de gestión del riesgo adecuado en el (las) área(s) bajo
examen, sin perjuicio de la necesidad de verificaciones adicionales propias del debido cuidado
profesional, la ABR puede confiar en mayor grado en la evaluación del riesgo que la propia empresa
ha realizado, y desarrollar un Plan basado en Riesgos (PBR) que complemente las acciones
realizadas por la empresa y aumente el valor de las actividades de la Auditoría Interna. Cuando la
empresa cuenta con un sistema de gestión del riesgo menos desarrollado, la ABR requiere descansar
más en la evaluación del riesgo que hace la propia Auditoría.
7
CAPITULO III
DEL JEFE DE AUDITORÍA INTERNA
Artículo 11º.- Designación
La UAI estará a cargo del Jefe de auditoría interna, quien será un funcionario de nivel gerencial a
tiempo completo y dedicación exclusiva, que no podrá tener funciones de gestión, cuya designación
es responsabilidad y atribución del Comité de Auditoría.
Artículo 12º.- Requisitos e impedimentos del auditor interno
El jefe de auditoría interna deberá tener solvencia moral, conocimientos y experiencia apropiados para
la función que desarrolla dicha unidad, debiendo reunir los siguientes requisitos mínimos:
a) Tener título profesional o grado académico de Magíster, así como especialización en materias
afines a las funciones de la UAI;
b) Tener una experiencia no menor de tres (3) años en actividades de auditoría, según corresponda,
en empresas del sistema financiero, de seguros, de fondos de pensiones, de servicios
complementarios o conexos, de derramas, de cajas de pensiones, y/o haber desempeñado
cargos similares para dichas empresas, por un período no menor a cinco (5) años, según
corresponda;
c) No tener antecedentes penales;
d) Para las empresas obligadas, no estar incurso en alguno de los impedimentos señalados en el
artículo 81º de la Ley General, con excepción del numeral 5 del mencionado artículo;
e) No haber sido sancionado por esta Superintendencia por la comisión de infracciones
consideradas graves o muy graves;
f) No haber sido sancionado por cualquier organismo público por la comisión de infracciones
consideradas como graves o muy graves por la entidad sancionadora;
g) No tener vinculación de propiedad o de gestión con la empresa o con las personas jurídicas
integrantes del conglomerado al cual pertenece. Asimismo, no tener relación de parentesco con
sus accionistas o socios, directores, gerentes, representantes legales o funcionarios principales,
de acuerdo a la normatividad emitida por esta Superintendencia;
h) No estar incurso en situaciones que limiten la necesaria independencia para el ejercicio de sus
funciones;
Con excepción de los literales a) y b) señalados en el presente artículo, los demás integrantes de la
UAI deberán cumplir con los requisitos indicados en el párrafo anterior. Asimismo, dichos integrantes
no deberán tener funciones de gestión.
Los requisitos mínimos señalados deberán ser debidamente verificados por el área de recursos
humanos o equivalente, debiendo constar dicha verificación en los archivos de personal.
Artículo 13º.- Responsabilidad del Jefe de auditoría interna
El Jefe de auditoría interna es responsable de cumplir con las obligaciones que se le asignan en el
presente Reglamento, así como de informar inmediatamente, en el plazo de dos (2) días hábiles a
esta Superintendencia sobre cualquier hecho que afecte significativamente el funcionamiento de la
UAI y/o su independencia.
El Jefe de auditoría interna también es responsable de informar inmediata y directamente a la
Superintendencia y al comité de auditoría, de manera simultánea, la ocurrencia de hechos
significativos. Dicha comunicación deberá realizarse dentro de los dos (2) días hábiles de concluidas
las evaluaciones correspondientes y emitido el informe. Atendiendo a la circunstancias y a su
8
importancia, el Jefe de Auditoría Interna podrá informar de manera preliminar de los hechos
significativos bajo examen y enviar informes preliminares si ello se encuentra por conveniente; y
asimismo la Superintendencia podrá solicitarlos, en tanto se cuente con el informe final.
Es responsabilidad de los auditores internos aplicar en el ejercicio de sus funciones los estándares
generales definidos por el Artículo 9°.
Artículo 14º.- Remoción del jefe de auditoría interna
La remoción del Jefe de auditoría interna sólo podrá efectuarse por causa debidamente justificada, la
misma que debe ser acordada por el directorio. En el caso de las empresas integrantes del Sistema
Nacional de Control, deberán tomar en cuenta la normatividad específica aplicable.
La adopción de dicho acuerdo deberá ser comunicada a esta Superintendencia indicando las razones
por las que se toma esta decisión. Esta Superintendencia podrá citar al jefe de auditoría interna y
tomar las medidas que considere necesarias.
La situación de vacancia por remoción o renuncia no podrá durar más de treinta (30) días, salvo
razones de fuerza mayor que deberán ser informadas al Directorio y a esta Superintendencia.
Artículo 15º.- Jefe de auditoría interna interino
Previa autorización de esta Superintendencia, la UAI podrá estar a cargo de un Jefe de auditoría
interna interino hasta por un plazo de seis (6) meses, el mismo que deberá cumplir con los requisitos
referidos en el artículo 12º del presente Reglamento, con excepción de lo dispuesto en el literal b) del
citado artículo. De manera alternativa a lo indicado en el citado literal, la experiencia será de al menos
dos (2) años en actividades de auditoría de las empresas indicadas o en el desempeño de cargos
gerenciales afines en dichas empresas. Se seguirá el proceso de registro a través del sistema
informativo del Registro de Directores, Gerentes y Principales Funcionarios (REDIR), en la forma
prevista para el Jefe de auditoría interna.
CAPITULO IV
DEL PLAN DE TRABAJO
Artículo 16º.- Contenido mínimo del Plan
En el Plan anual de trabajo de auditoría interna, deberán incluirse todas las labores a desarrollarse.
Dicho Plan deberá ser aprobado por el directorio, debiendo remitirse a esta Superintendencia una
copia del mismo a más tardar el 31 de diciembre del año previo. Dicho Plan deberá considerar, por lo
menos, los siguientes aspectos:
a) Objetivos y alcance del plan
b) Actividades, exámenes e informes y cronograma de los mismos;
c) Recursos humanos disponibles para el cumplimiento del Plan, indicando de ser el caso la
necesidad de contratación de servicios especializados; y,
d) Seguimiento a las observaciones formuladas por esta Superintendencia.
Las actividades mencionadas en el literal b), deberán incluir como mínimo lo que señala el anexo
adjunto al presente Reglamento, salvo que se obtenga autorización de la Superintendencia, según lo
indicado en la Tercera Disposición Final. Además, la Superintendencia podrá solicitar actividades
adicionales y requerir información complementaria acerca del contenido del Plan. Asimismo, la
Superintendencia mediante Oficio Múltiple podrá definir la estructura mínima que deberá contener el
Plan, así como su presentación por medios electrónicos.
9
Artículo 17º.- Modificaciones del Plan
Las modificaciones significativas realizadas al Plan deberán ser aprobadas por el Comité de Auditoría
e informadas a la Superintendencia como parte del informe de avance del plan a que hace referencia
el siguiente artículo.
CAPITULO V
DE LOS INFORMES PRESENTADOS A LA SUPERINTENDENCIA
Artículo 18º.- Informe sobre el avance del Plan
La UAI presentará a esta Superintendencia un informe cuatrimestral sobre el avance del Plan,
indicando el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades realizadas y otros aspectos que se
consideren relevantes, entre otros, dentro de los veinte (20) días posteriores al cierre de cada
cuatrimestre. El último informe cuatrimestral dará cuenta de las actividades previstas y realizadas en
el año.
Se incluirá en dicho informe una relación de los informes elaborados por la UAI durante el respectivo
período, breve resumen del contenido y las observaciones encontradas y su importancia. Asimismo,
dicho informe contendrá una evaluación del estado de las observaciones y recomendaciones
formuladas por esta Superintendencia, indicando las superadas, pendientes, en proceso y su
antigüedad.
El informe deberá ser puesto en conocimiento oportuno del directorio o del comité de auditoría,
cuando este último haya sido constituido, para la toma de acciones pertinentes.
Respecto al informe sobre el avance del Plan, las ETF deberán presentar los informes con
periodicidad semestral, dentro de los veinte (20) días posteriores al cierre de cada semestre.
Esta Superintendencia, mediante Oficio Múltiple podrá definir la estructura mínima que deberá
contener el informe, así como su presentación por medios electrónicos.
Artículo 19º.- Informes Especiales
Adicionalmente a lo señalado en el artículo anterior, la UAI debe presentar a esta Superintendencia
informes especiales anuales, que podrán ser incluidos como parte del informe correspondiente al
último cuatrimestre, sobre lo siguiente:
1) Para las empresas señaladas en el acápite I, II, III, IV y VI del anexo adjunto, la evaluación del
sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, poniendo énfasis
en:
a) Establecimiento de políticas que aseguren el adecuado conocimiento del cliente,
conocimiento del mercado y conocimiento de la banca corresponsal, cuando
corresponda.
b) Existencia del Manual para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, permanentemente actualizado y con arreglo a la legislación vigente.
c) Nivel de cumplimiento del Manual para la Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.
d) Existencia de programas de capacitación periódicos que abarquen a todos los niveles
de la empresa.
e) Cumplimiento de la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiamiento
del terrorismo.
10
f) Evaluación de los criterios aplicados por el oficial de Cumplimiento para no considerar
sospechosas algunas operaciones. En caso de existir un Comité de Prevención del
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, también se deberá evaluar la
asistencia que hubiera proporcionado dicho Comité.
g) Oportunidad de la comunicación de operaciones sospechosas a la UIF-Perú en base al
Registro de Operaciones Sospechosas. Dicha revisión no implica acceso a información
protegida por el deber de reserva, previsto en el artículo 12° de la Ley N° 27693.
h) Implementación del Registro de Operaciones conforme a los lineamientos establecidos
por la normativa vigente.
Las conclusiones de dicha evaluación deben presentarse a la Superintendencia mediante un
informe especial anual. Dicho informe será presentado en el plazo establecido para el Informe
Anual del Oficial de Cumplimiento correspondiente al segundo semestre.
2) Para las empresas señaladas en el acápite I y IV del anexo adjunto, la evaluación del
funcionamiento del sistema de atención al usuario, así como del cumplimiento de las
disposiciones sobre las normas de transparencia de información y contratación con usuarios
del sistema financiero, poniendo énfasis en:
a) Aplicación del Principio de Transparencia en las disposiciones internas dictadas por la
empresa sobre Transparencia de Información, así como, del nivel de difusión de las
mismas en la Red de Oficinas.
b) Criterios establecidos por la empresa para asegurar la plena transparencia en la
difusión de las tasas de interés, comisiones, gastos y otras tarifas de las operaciones
activas y pasivas que realiza, así como de sus modificaciones.
c) Oportunidad en la comunicación de modificación de tasas de interés, comisiones,
gastos y otras tarifas.
d) Cumplimiento de todos los aspectos a que hace referencia las disposiciones de
transparencia de información y contratación con usuarios del sistema financiero, en
cuanto a la información adjunta a los contratos que tienen como objeto la realización de
las operaciones activas y pasivas.
Las conclusiones de dicha evaluación deben presentarse a la Superintendencia mediante un
informe especial anual. Dicho informe será presentado en el plazo establecido para el Informe
Anual del Oficial de Atención al Usuario.
CAPITULO VI
DE LOS INFORMES PRESENTADOS AL DIRECTORIO
Artículo 20°.- Presentación al Directorio
La UAI deberá presentar al comité de auditoría o directorio, todos los informes que elabore en
cumplimiento de sus funciones. Dicho órgano evaluará los informes respectivos a más tardar en la
sesión inmediata siguiente a su presentación. La oportunidad en que dicho órgano tome conocimiento
de los informes, las decisiones que al respecto se adopten y el seguimiento de las medidas
correctivas, deberá constar en el Libro de Actas respectivo.
Artículo 21°.- Archivos
La UAI deberá mantener un archivo conteniendo los informes elaborados, papeles de trabajo y
comunicaciones informando el resultado de sus exámenes a las diferentes unidades de la empresa,
así como la documentación sustentatoria de los mismos. Dicha información deberá estar a
11
disposición de la Superintendencia, los auditores externos y, de ser el caso, de las empresas
clasificadoras de riesgo, cuando así lo requieran.
Artículo 22º.- Contenido mínimo de los informes
Los informes de la UAI deberán contener, por lo menos, la siguiente información:
a) Objetivo y alcance de la evaluación;
b) Evaluación de la situación de la actividad u operación a la fecha del informe, identificando los
riesgos detectados y su impacto en la empresa;
c) Observaciones y recomendaciones formuladas, independientemente de que estén subsanadas o
no al cierre del informe, indicando el estado en el que se encuentran;
d) Nombre del funcionario responsable de la evaluación; y,
e) Fecha de inicio y término de la evaluación.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Autorizaciones especiales para la subcontratación significativa de las funciones de
la auditoría interna
Con excepción de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, la Caja de Pensiones Militar
Policial y las Derramas, las funciones de la UAI podrán ser objeto de subcontratación significativa
con la casa matriz, la empresa que ejerce el control directo o indirecto, o la que tenga responsabilidad
directa de la operación, o con firmas especializadas en auditoría, siempre que dicha subcontratación
iguale o exceda los criterios previstos en el presente Reglamento y represente una ventaja
significativa en alcance, especialización y competencia profesional.
Las empresas, previamente a la subcontratación, deberán solicitar autorización a la Superintendencia,
con aprobación del Directorio para lo cual presentarán la siguiente información:
1) Solicitud presentada por el Comité de Auditoría,
2) Organización del servicio de auditoría de la casa matriz, la empresa que ejerce el control
directo o indirecto, o la que tenga responsabilidad directa de la operación, en lo que resulte
pertinente a la autorización solicitada.
3) Sustentación del motivo de la subcontratación.
4) Metodología que será aplicada.
5) Descripción de los recursos disponibles.
6) Explicación detallada de la manera en que se aplicarán las disposiciones establecidas en el
presente reglamento, en lo que resulte pertinente.
7) Informe en que se describa cómo se da cumplimiento a las Normas Internacionales de
Auditoría Interna, según lo publicado por The Institute of Internal Auditors, en lo que no se
oponga al presente reglamento.
8) Borrador de Acuerdo del nivel de servicio o equivalente, indicando las medidas que tomará la
empresa para asegurar su adecuado cumplimiento.
9) Cuando se contrate a una firma especializada, se presentará adicionalmente información
acerca de los equipos de auditoría previstos, socio responsable, antigüedad y experiencia de la
firma en el Perú en labores de auditoría relevantes.
10) Otras a solicitud de la Superintendencia.
Adicionalmente se deberá considerar lo siguiente:
a) En caso que las actividades del conglomerado al que pertenece la empresa se desarrollen
principalmente fuera del país, las funciones de la Unidad de Auditoría Interna podrán ser
12
asumidas por su casa matriz, la empresa que ejerce el control directo o indirecto, o la que
tenga responsabilidad directa de la operación.
Esta modalidad de subcontratación, cuando es provista desde fuera del país, estará dirigida
principalmente a cubrir las necesidades de auditoría de empresas cuyo volumen de operación
no exija la presencia de equipos radicados permanentemente en el Perú.
La empresa debe designar un responsable local de la vigilancia sobre el adecuado
funcionamiento de los servicios recibidos, mediante el acuerdo de nivel de servicio o
equivalente, quien será responsable por el cumplimiento del presente Reglamento ante la
Superintendencia, así como de las normas relacionadas al auditor interno.
b) Las firmas especializadas con la cual se subcontrate la función de auditoría interna, no pueden
brindar a la misma empresa servicios de consultoría, auditoría externa u otros que limiten su
independencia en el ejercicio de la función de auditoría interna. Asimismo la firma
especializada no podrá haber realizado la evaluación del sistema de prevención de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo, ni el examen de los estados financieros durante los dos
(2) años anteriores consecutivos, restricción que es aplicable también a los integrantes de los
equipos. Asimismo, se deben observar los mismos requisitos de rotación de socios, exigibles a
los auditores externos, según el Reglamento de Auditoría Externa.
Las firmas especializadas deberán operar y encontrarse legalmente habilitadas para este fin en
el Perú. Dado el carácter especializado de sus servicios, estas firmas deberán tener respaldo
metodológico externo y revisiones de calidad periódicas, así como contar con experiencia
relevante en el país.
Segunda.- Cancelación de autorizaciones
Esta Superintendencia podrá cancelar en cualquier momento las autorizaciones especiales
concedidas a que hace referencia esta norma, cuando en el ejercicio de su función supervisora
observe que entre otras razones, el volumen de operación, las actividades de la empresa o los
servicios de la casa matriz cambiaran significativamente y no cubrieran adecuadamente los riesgos
asociados, que la empresa ha incumplido con las obligaciones previstas, o que la autorización
concedida no ha contribuido a una mejora en la labor de auditoría.
Tercera.- Plan de auditoría basado en riesgos (PBR) y actividades programadas
Las empresas deberán incluir en su plan los aspectos contemplados en los informes especiales
correspondientes a la evaluación del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo y la evaluación del funcionamiento del sistema de atención al usuario, así como las
actividades relacionadas al cumplimiento de las disposiciones sobre las normas de transparencia de
información y contratación con usuarios del sistema financiero, señalados en el artículo 19º del
presente Reglamento, que son requeridos por mandato legal.
Asimismo, aquellas empresas que cuenten con prácticas sólidas de auditoría interna y un adecuado
cumplimiento de los criterios previstos en la presente normativa, podrán solicitar autorización a la
Superintendencia para que en la formulación de su plan anual, se consideren sólo las actividades
previstas en el anexo “actividades programadas” que resulten relevantes según la propia metodología
de auditoría basada en riesgos implementada por la empresa, caso en el que deberán incluir para
cada “actividad programada” que no hubiera sido incluida en su plan, las razones que sustenten el no
haberla considerado en el plan de auditoría de ese año.
13
Las solicitudes de autorización a la Superintendencia, deberán presentarse cuando menos sesenta
(60) días calendarios antes de la presentación de su plan anual, para lo cual deberán presentar, la
documentación siguiente:
a) Solicitud realizada por el Auditor Interno o Comité de Auditoría,
b) Descripción del enfoque de auditoría basada en riesgos y metodología asociada.
c) Relación de recursos humanos y técnicos existentes, así como políticas relacionadas de
contratación, como por ejemplo servicios especializados de auditoría de sistemas entre otros.
d) Autoevaluación realizada por el Auditor Interno sobre el grado de cumplimiento de las “Normas
Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna” según el Instituto de Auditores Internos
(IIA), y las medidas que tomará con relación a los casos en que existiera una desviación
importante.
La Superintendencia determinará el plazo de la autorización, de manera indefinida o sólo para un
ejercicio específico, así como con las excepciones que considere necesarias, sobre la base de la
evaluación de la información remitida por la empresa solicitante. Asimismo, si como resultado de su
labor supervisora entiende por necesaria la realización de ciertos exámenes excluidos por la empresa,
podrá requerirlos para su inclusión como actividad no programada.
La autorización de la Superintendencia no exonera a la empresa de cumplir con los exámenes
requeridos por leyes vigentes, entendiéndose ésta limitada sólo a aquellas actividades requeridas por
regulación emitida por la Superintendencia.
Cuarta.- Convenios
Las empresas supervisadas podrán establecer convenios de colaboración y apoyo mutuo,
transferencia tecnológica u otros, para la adecuada aplicación del presente Reglamento.
Quinta.- Empresas de Servicios Complementarios y Conexos
Para efectos de lo señalado en el artículo 11° de la presente norma, tratándose de las Empresas de
Servicios Complementarios y Conexos, dichas empresas se sujetarán a las disposiciones del citado
artículo, conforme a la magnitud de las operaciones que realicen.
Las Empresas de Transferencia de Fondos (ETF) cuyo promedio mensual de fondos transferidos en
los últimos doce (12) meses sea igual o supere a las cuatro mil (4,000) Unidades Impositivas
Tributarias (UITs), deben contar con un Auditor Interno a tiempo completo. El Auditor Interno de las
ETF cuyo citado promedio mensual sea inferior a las referidas 4,000 UITs, puede ser contratado a
tiempo parcial y bajo cualquier modalidad, debiendo cumplir con los requerimientos y funciones
señalados en el presente Reglamento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Excepcionalmente, tratándose del Plan anual de trabajo de
auditoría correspondiente al año 2009, la solicitud de autorización a que hace referencia la Tercera
Disposición Final, deberá presentarse cuando menos treinta (30) días calendarios antes de la
presentación del Plan.
14
ANEXO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Como parte del plan anual, las empresas deberán considerar al menos la realización de exámenes
dirigidos a evaluar y verificar el adecuado funcionamiento de los siguientes temas:
I. EMPRESAS SEÑALADAS EN LOS LITERALES A, B Y C DEL ARTÍCULO 16° DE LA LEY
GENERAL (EXCEPTO LAS EMPRESAS AFIANZADORAS Y DE GARANTÍAS), BANCO DE LA
NACIÓN, BANCO AGROPECUARIO, FONDO MIVIVIENDA Y CORPORACIÓN FINANCIERA DE
1
DESARROLLO (COFIDE) :
1) Evaluación del cumplimiento de los límites operativos de las empresas, tanto individuales
como globales;
2) Evaluación de los criterios de asignación y cumplimiento de los requerimientos de capital
por cada riesgo, el cálculo de apalancamiento y el patrimonio efectivo total;
3) Evaluación de la gestión del riesgo operacional y del cumplimiento de los procedimientos
utilizados para la administración de los riesgos de operación;
4) Evaluación de la gestión de riesgos de mercado;
2
4A) Evaluación de la gestión del riesgo de liquidez;
5) Evaluación de la gestión de riesgos de crédito; el mismo que deberá incluir la revisión
de la clasificación de una muestra representativa de deudores de la cartera de créditos
no minoristas, cuando menos cuatrimestralmente, pudiendo variar la composición de la
muestra en cada revisión. La metodología para la determinación de la muestra
representativa y sus modificaciones deberán estar debidamente documentadas y
permanecer en todo momento a disposición de la Superintendencia. Este órgano de
control podrá requerir modificaciones en dicha metodología.
La metodología para la determinación de la muestra representativa deberá considerar
entre otros criterios: las mayores exposiciones individuales, los deudores que hubiesen
sido objeto de alertas, los deudores que tuviesen atrasos ocasionales de manera repetida
y los deudores que hubiesen mejorado su clasificación durante el último año. Deberá
incluir asimismo a deudores de créditos refinanciados y reestructurados, de créditos
otorgados a las personas vinculadas a la propia empresa del sistema financiero, y a los
deudores reclasificados por la empresa o por la Superintendencia.
Para la revisión de la clasificación de los deudores de créditos minoristas se deberá
implementar controles automatizados permanentes. Asimismo, las empresas deberán
utilizar análisis de integridad de datos y realizar análisis de muestras representativas,
como procedimientos de revisión, por lo menos una vez al año.
En el caso de grupos económicos o de la presunción de riesgo único a que se refiere el
artículo 203º de la Ley General, la revisión se efectuará tomándolos como un solo cliente.
6) Evaluación de la gestión de riesgo cambiario crediticio;
3
6A) Evaluación de la gestión de riesgo país;
7) Evaluación del cumplimiento de las disposiciones señaladas en las normas especiales
sobre vinculación y grupo económico;
8) Análisis de los mecanismos para la gestión integral de riesgos del grupo financiero,
1
Título modificado por Resolución SBS N° 8934-2012 del 01/12/2012 y Resolución SBS N° 3544-2015 del 23/06/2015.
2 Numeral incorporado por Resolución SBS N° 9075-2012 del 05/12/12
3
Numeral incorporado por Resolución SBS N° 7932-2015 del 30/12/15
15
teniendo en cuenta la exposición al riesgo por las operaciones realizadas con personas
vinculadas y empresas del conglomerado. Evaluación de las políticas contables
significativas empleadas en la consolidación de los estados financieros del grupo
financiero y de los grupos consolidables, así como evaluación del cumplimiento de los
requerimientos patrimoniales, los límites globales y de concentración, y las demás
disposiciones establecidas en el Reglamento para la Supervisión Consolidada de los
4
Conglomerados Financieros y Mixtos;
9) Evaluación del cumplimiento de la norma sobre los Requerimientos sobre la Conducta
Ética y la Capacidad Profesional de las Personas que participan en el Proceso de
Inversión de las Empresas Bancarias, de Seguros y de las Carteras Administradas por
las AFP;
10) Evaluación de la naturaleza y la frecuencia de los reclamos presentados a las empresas
así como el tratamiento dado a los mismos;
11) Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la UAI, los
auditores externos y por la Superintendencia;
12) Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación
de la existencia o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo
5
dicha función.
6
13) Evaluación de las operaciones de transferencia y adquisición de cartera crediticia.
7
14) Evaluación de las operaciones de fideicomiso.
15) Evaluación del cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Reglamento para la
8
Gestión del Riesgo Social y Ambiental, en caso el citado reglamento resulte aplicable.
Las demás evaluaciones y los informes que las empresas deben realizar periódicamente
9
conforme las disposiciones vigentes de esta Superintendencia.”
II. EMPRESAS DE SEGUROS Y/O DE REASEGUROS:
1) Evaluación de la gestión de los riesgos distintos a los riegos técnicos de seguros, que
incluyen riesgo operacional, de mercado, de crédito, entre otros; así como, evaluación del
cumplimiento de los procedimientos utilizados para la identificación, medición, control y
10
reporte de dichos riesgos;
2) Evaluación de la gestión de suscripción de pólizas y de la cobranza de las primas;
3) Evaluación del cumplimiento de los procedimientos llevados a cabo por el (los)
11
encargado(s) de la función actuarial y la función de gestión de riesgos técnicos;
4) Evaluación de la gestión de reaseguros y en la determinación de la calidad de los
reaseguradores;
12
5) ;
6) Evaluación del cumplimiento de los procedimientos realizados para garantizar la calidad
de los datos usados en la tarificación, en el cálculo de las reservas técnicas y del margen
4
Numeral modificado, a partir del 01-01-2011, por Resolución SBS N° 11823-2010 del 29-09-2010.
5
Numeral modificado por Resolución SBS N° 8754-2011 del 03-08-2011
6 Numeral modificado por Resolución SBS N° 1308-2013 del 15/02/2013
7
Numeral incorporado por Resolución SBS N° 1882-2014 del 26-03-2014.
8 Numeral incorporado por Resolución SBS N° 1928-2015 del 27-03-2015
9
Párrafo incorporado por Resolución SBS N° 8754-2011 del 03-08-2011
10
Numeral modificado por Resolución SBS N° 2507-2010 del 17-03-2010
11
Numeral modificado por Resolución SBS N° 3863-2016 del 13-07-2016
12
Numeral eliminado por Resolución SBS N° 3863-2016 del 13-07-2016
16
13
de solvencia;
7) Evaluación de la gestión de inversiones y su valorización. Como parte de esta
14
evaluación, debe incluirse:
a) Verificar que se lleve un registro de las inversiones personales de los que toman
decisiones en el proceso de inversión, incluyendo al personal de los comités de riesgo e
inversiones y del directorio.
b) Verificar que haya un control independiente para que el personal que tenga acceso a
información respecto al análisis, estrategias, posiciones, entre otra información reservada
respecto de las inversiones de la empresa, suscriba declaraciones juradas de
cumplimiento de las Políticas de uso apropiado de la información reservada; y para que
estas se encuentren a disposición de la Superintendencia.
8) Evaluación de la gestión en la comercialización de pólizas y de la transparencia de
información a los potenciales asegurados;
9) Evaluación del cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia en lo referente
al sustento de rechazo de siniestros;
10) Evaluación de la naturaleza y la frecuencia de los reclamos presentados a las empresas
así como el tratamiento dado a los mismos;
11) Evaluación del cumplimiento de las disposiciones señaladas en las normas especiales
sobre vinculación y grupo económico;
12) Análisis de los mecanismos para la gestión integral de riesgos del grupo financiero,
teniendo en cuenta la exposición al riesgo por las operaciones realizadas con personas
vinculadas y empresas del conglomerado. Evaluación de las políticas contables
significativas empleadas en la consolidación de los estados financieros del grupo
financiero y de los grupos consolidables, así como evaluación del cumplimiento de los
requerimientos patrimoniales, los límites globales y de concentración, y las demás
disposiciones establecidas en el Reglamento para la Supervisión Consolidada de los
15
Conglomerados Financieros y Mixtos;
13) Evaluación del cumplimiento de la norma sobre los Requerimientos sobre la Conducta
Ética y la Capacidad Profesional de las Personas que participan en el Proceso de
Inversión de las Empresas Bancarias, de Seguros y de las Carteras Administradas por
las AFP;
14) Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la UAI, los
auditores externos y por esta Superintendencia;
15) Evaluación de la custodia de las inversiones elegibles;
16) Evaluación del cumplimiento de los límites regulatorios establecidos por la
16
Superintendencia.
17) Evaluación de la calidad de la información que se presenta a la Superintendencia sobre
estados financieros e información contable (formas, anexos, reportes e informes) que
17
requieran las normas emitidas por la Superintendencia.
18) Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación
de la existencia o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo
18
dicha función.
19
19) Evaluación de las operaciones de fideicomiso.
13
Numeral modificado por Resolución SBS N° 3863-2016 del 13-07-2016
14
Numeral sustituido por Resolución SBS N° 1041-2016 del 26-02-2016
15
Numeral 12) modificado, a partir del 01-01-2011, por Resolución SBS N° 11823-2010 del 29-09-2010.
16
Numeral modificado por Resolución SBS N° 2507-2010 del 17-03-2010
17
Numeral incorporado por Resolución SBS N° 2507-2010 del 17-03-2010
18
Numeral modificado por Resolución SBS N° 8754-2011 del 03-08-2011
19
Numeral incorporado por Resolución SBS N° 1882-2014 del 26-03-2014.
17
Los demás exámenes e informes que las empresas deben realizar periódicamente conforme las
20
disposiciones vigentes de esta Superintendencia.
III. EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y CONEXOS:
1) Evaluación de la gestión del riesgo operacional y del cumplimiento de los procedimientos
utilizados para la administración de los riesgos de operación;;
2) Evaluación de la naturaleza y la frecuencia de los reclamos presentados a las empresas
así como el tratamiento dado a los mismos;
3) Evaluación del cumplimiento de los límites operativos establecido por la
Superintendencia:
4) Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la unidad de
auditoría interna, los auditores externos y por esta Superintendencia;
5) En el caso de los almacenes generales de depósito:
a) Evaluación de la cartera de clientes por los servicios de almacenaje, y
b) Evaluación de las políticas de control, valuación, y responsabilidad de la custodia de
los bienes almacenados, en el caso de los almacenes generales de depósito.
6) Adicionalmente, las Empresas de Transferencias de Fondos (ETF) deberán incluir en el
Plan de Trabajo las siguientes actividades:
c) Evaluación de las comisiones cobradas a empresas del exterior por la entrega de
fondos a beneficiarios en el Perú, así como su registro contable, cuya periodicidad
de ejecución de la actividad deberá ser semestral.
d) Evaluación de la adecuada identificación y control de los fondos disponibles propios
y de terceros, objetos del servicio, cuya periodicidad de ejecución de la actividad
deberá ser semestral.
e) Evaluación del cumplimiento de plazos para la entrega de fondos a terceros de
acuerdo a las políticas y normas internas establecidas por la empresa, los
compromisos asumidos con los usuarios, así como la adecuada publicidad e
información a los clientes, cuya periodicidad de ejecución de la actividad deberá ser
semestral.
f) Evaluación del cumplimiento del límite operativo de la empresa referido a fondos
disponibles, cuya periodicidad de ejecución de la actividad deberá ser trimestral.
g) Evaluación del cumplimiento de Acuerdos del Directorio, cuya periodicidad de
ejecución de la actividad deberá ser semestral.
h) Evaluación sobre la adecuada supervisión y centralización de operaciones de los
Agentes, en caso de contar con ellos, cuya periodicidad de ejecución de la actividad
deberá ser semestral.
7) Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación
de la existencia o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo
21
dicha función.
8) Adicionalmente, las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE) deberán incluir en
el Plan de Trabajo las siguientes actividades:22
- Evaluación del cumplimiento de los límites y condiciones operativas establecidos por
la Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento
de inclusión financiera, Ley N° 29985; el Reglamento de la Ley Nº 29985 que regula
las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión
20
Párrafo incorporado por Resolución SBS N° 2507-2010 del 17-03-2010.
21
Numeral modificado por Resolución SBS N° 8754-2011 del 03-08-2011
22
Numeral incorporado por Resolución SBS N° 6284-2013 del 18-10-2013
18
financiera, aprobado por el Decreto Supremo N° 090-2013-EF; y el Reglamento de
Operaciones con Dinero Electrónico, aprobado por la Resolución SBS N° 6283-
2013.
- Evaluación de las comisiones cobradas por operaciones, así como su registro
contable.
- Evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos con los clientes, así
como de la adecuada información y publicidad brindada a estos.
- Evaluación del cumplimiento de Acuerdos del Directorio.
- Evaluación del cumplimiento de las disposiciones respecto a los fondos recibidos:
constitución de fideicomiso, funcionamiento, saldos y efectiva cobertura del
fideicomiso, etc.
- Evaluación de la adecuada supervisión y centralización de operaciones de los
cajeros corresponsales, en caso de contar con ellos.”
Los demás exámenes e informes que las empresas deben realizar periódicamente conforme las
disposiciones vigentes de esta Superintendencia.23
IV. EMPRESAS AFIANZADORAS Y DE GARANTÍAS:
1) Evaluación de las garantías otorgadas;
2) Evaluación de la gestión de riesgos de operación y del cumplimiento de los
procedimientos utilizados para la administración de los riesgos de operación;;
3) Evaluación de la naturaleza y la frecuencia de los reclamos presentados a las empresas
así como el tratamiento dado a los mismos;
4) Evaluación del cumplimiento de los límites operativos establecido por la
Superintendencia:
5) Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la UAI, los
auditores externos y por esta Superintendencia;
6) Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación
de la existencia o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo
dicha función. 10
7) Evaluación de los criterios de asignación y cumplimiento de los requerimientos de capital
24
por cada riesgo, el cálculo de apalancamiento y el patrimonio efectivo total.
25
8) Evaluación de las operaciones de transferencia y adquisición de cartera crediticia.
26
9) Evaluación de las operaciones de fideicomiso.
10) Evaluación del cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Reglamento para la
27
Gestión del Riesgo Social y Ambiental, en caso el citado reglamento resulte aplicable.
Los demás exámenes e informes que las empresas deben realizar periódicamente conforme las
11
disposiciones vigentes de esta Superintendencia.
V. DERRAMAS Y CAJAS DE PENSIONES:
1) Evaluación de las entregas a rendir cuenta y su regularización;
23
Párrafo incorporado por Resolución SBS N° 8754-2011 del 03-08-2011
24
Numeral incorporado por Resolución SBS N° 8934-2012 del 01-12-2012.
25
Numeral modificado por Resolución SBS N° 1308-2013 del 15/02/2013.
26
Numeral incorporado por Resolución SBS N° 1882-2014 del 26-03-2014.
27
Numeral incorporado por Resolución SBS N° 1928-2015 del 27-03-2015
19
2) Evaluación del la gestión de inversiones de la empresa, su valorización , la constitución
de provisiones y adecuado respaldo de las obligaciones con sus asociados;
3) Evaluación de la gestión del riesgo operacional y del cumplimiento de los procedimientos
utilizados para la administración de los riesgos de operación;
4) Evaluación de la constitución de las reservas técnicas y de los pasivos por obligaciones
con sus asociados.
5) Evaluación de la naturaleza y la frecuencia de los reclamos presentados a las empresas
así como el tratamiento dado a los mismos;
6) Evaluación del cumplimiento de políticas y procedimientos implementados para el
otorgamiento y clasificación de los deudores de su cartera crediticia; así como sobre la
adecuada constitución de provisiones.
7) Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la UAI, los
auditores externos y por esta Superintendencia; y,
8) Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación
de la existencia o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo
10
dicha función.
Los demás exámenes e informes que las empresas deben realizar periódicamente conforme las
disposiciones vigentes de esta Superintendencia.28
VI. ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP):
1) Evaluación de la gestión del riesgo operacional;
2) Evaluar el sistema de gestión de riesgos de inversión, dentro del cual deberá incluirse,
29
como mínimo, lo siguiente :
a) El desarrollo de la gestión de riesgos de inversión de conformidad con lo establecido
en las disposiciones señaladas en el Capítulo XI del Título VI y en el manual de
políticas y procedimientos establecidos por la AFP.
b) La organización de la unidad de riesgos de inversión, que incluye la asignación de
responsabilidades al interior de la unidad de riesgos de inversión; y su
independencia de las demás áreas funcionales.
c) La suficiencia, integridad, consistencia y grado de integración de los sistemas de
procesamiento de información y para el análisis de riesgos de inversión.
d) La consistencia, precisión, integridad, oportunidad y validez de las fuentes de
información utilizadas en los modelos de medición.
e) Las modificaciones en los modelos de medición de los riesgos y su correspondiente
aprobación por el comité de riesgos de inversión.
f) El proceso de aprobación de los modelos de medición de los riesgos utilizados por el
personal de las diversas áreas y de control de operaciones.
3) Evaluación de la naturaleza y la frecuencia de los reclamos presentados a las empresas
así como el tratamiento dado a los mismos;
4) Evaluación del cumplimiento de la norma sobre los Requerimientos sobre la Conducta
Ética y la Capacidad Profesional de las Personas que participan en el Proceso de
Inversión de las Empresas Bancarias, de Seguros y de las Carteras Administradas por
las AFP;
5) Evaluación de las medidas tomadas para implementar las recomendaciones formuladas
por la UAI, los auditores externos y por esta Superintendencia;
y,
28
Párrafo incorporado por Resolución SBS N° 8754-2011 del 03-08-2011.
29
Numeral modificado por Resolución SBS N° 6253-2014 del 22/09/2014.
20
6) Evaluar al menos anualmente el cumplimiento del Título VI del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones referido a Inversiones, debiendo informar al directorio de la AFP y a la
Superintendencia una vez culminada dicha evaluación, incluyendo las medidas
30
preventivas y correctivas adoptadas.
7) Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación
de la existencia o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo
31
dicha función.
8) Evaluar al menos semestralmente el proceso vinculado a la inversión directa de los
Fondos de Pensiones en instrumentos derivados locales y extranjeros, incluyendo el
cumplimiento de la normativa aplicable de las unidades de inversiones, riesgos de
32
inversión y back office.
9) Evaluar el cumplimiento de los requerimientos asociados al proceso de autorización
general establecidos mediante la Circular N°AFP-140-2014.
Las conclusiones de la evaluación deben contener cualquier cambio y/o modificación que
se hubiese efectuado y pueda afectar el cumplimiento de alguno de los requerimientos
33
señalados en Circular N°AFP-140-2014.
Los demás exámenes e informes que las empresas deben realizar periódicamente conforme las
34
disposiciones vigentes de esta Superintendencia.
30
Modificado por Resolución SBS N° 2111-2010 del 05-03-2010 y posteriormente por Resolución SBS N° 1293-2014 del
03-03-2014. Posteriormente modificado por Resolución SBS N° 6253-2014 del 22/09/2014.
31
Numeral incorporado por Resolución SBS N° 8754-2011 del 03-08-2011
32
Numeral incorporado por Resolución SBS N° 6412-2014 del 26-09-2014
33
Numeral incorporado por Resolución SBS N° 6412-2014 del 26-09-2014
34
Incorporado por Resolución SBS N° 2111-2010 del 05-03-2010
21 |
Ley N° 26702 (01012023) | TEXTO CONCORDADO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA
FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGANICA
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
LEY No 26702
Incluye Modificaciones:
- Ley No. 27008 publicada el 05.12.1998
- Ley No. 27102 publicada el 06.05.1999
- Ley No. 27287 publicada el 19.06.2000
-.Ley No. 27299 publicada el 07.07.2000
- Ley No. 27331 publicada el 28.07.2000
-.Ley No. 27584 publicada el 07.12.2001
-.Ley No. 27603 publicada el 21.12.2001
-.Ley No. 27693 publicada el 12.04.2002
-.Ley No. 27964 publicada el 18.05.2003
-.Ley No. 28184 publicada el 02.03.2004
-.Ley No. 28306 publicada el 29.07.2004
-.Ley No. 28393 publicada el 23.11.2004
-.Ley No. 28579 publicada el 09.07.2005
-.Ley No. 28755 publicada el 06.05.2006
-.Ley N°. 28677 publicada el 01-03-2006
-.Ley No. 28971 publicada el 26.01.2007
-.Decreto Legislativo N° 1028 publicado el 22.06.2008
-.Decreto Legislativo N° 1052 publicado el 27.06.2008
-. Ley N°29440 publicada el 19.11.2009
-. Ley N°29489 publicada el 23.12.2009
-. Ley N°29623 publicada el 07.12.2010
-. Ley N°29654 publicada el 18.01.2011
-. Ley N°29850 publicada el 06.04.2012
-. Ley N°29878 publicada el 05.06.2012
-. Ley N° 29946 publicada el 27.11.2012 y vigente desde el
26.05.2013
-. Ley N° 29985 publicada el 17.01.2013
-. Ley N° 30052 publicada el 27.06-2013 y vigente desde el
24.12.2013
-. Ley N° 30308 publicada el 12.03-2015
-. Decreto Legislativo N° 1196 publicado el 09.09.2015
-. Decreto Legislativo N° 1313 publicado el 31.12.2016
-. Decreto Legislativo N° 1321 publicado el 05.01.2017
-.LEY Nº 30607 publicada el 13.07.2017
-.LEY Nº 30741 publicada el 28.03.2018
-. LEY N° 30822 publicada el 19.07.2018
-. Decreto Legislativo N° 1434 publicado el 16.09.2018
-. Decreto de Urgencia N° 013-2020 publicado el 23.01.2020
-. LEY N° 31143 publicada el 18.03.2021
-. Decreto de Urgencia N° 037-2021 publicado el 15.04.2021
-. Decreto de Urgencia N° 101-2021 publicado el 29.10.2021
-. Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19.03.2022
-. Decreto de Urgencia N° 003-2022 publicado el 26.03.2022
2
Índice
TITULO PRELIMINAR:
PRINCIPIOS GENERALES Y DEFINICIONES .............................................................
SECCION PRIMERA:
NORMAS COMUNES AL SISTEMA FINANCIERO Y AL SISTEMA DE SEGUROS ...........
TITULO I : Constitución de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros .....................................................................................
Capítulo I : Forma de Constitución y Capital Mínimo ...........................................
Capítulo II : Autorización de Organización ...........................................................
Capítulo III : Autorización de Funcionamiento .......................................................
TITULO II : Otras Autorizaciones .......................................................................
Capítulo I : Autorización para la Apertura, Traslado y Cierre de Sucursales y Otras
Oficinas ..........................................................................................
Capítulo II : Autorización para la Constitución de Subsidiarias ..............................
Capítulo III : Autorización para la Constitución de Patrimonios Autónomos de Se-
guro de Créditos .............................................................................
Capítulo IV : Autorización para el Establecimiento de Empresas de los Sistemas
Financiero y de Seguros del Exterior ...............................................
Capítulo V : Autorización de Representantes de Instituciones Extranjeras no Es-
tablecidas en el País .......................................................................
TITULO III : Capital, Reservas y Dividendos ........................................................
Capítulo I : Accionistas y Capital .......................................................................
Capítulo II : Aplicación de Utilidades ...................................................................
Capítulo III : Reservas ........................................................................................
Capítulo IV : Dividendos ......................................................................................
TITULO IV : Órganos de Gobierno .......................................................................
Capítulo I : Junta General de Accionistas ...........................................................
Capítulo II : Directorio .......................................................................................
Capítulo III : Gerencia .........................................................................................
TITULO V : Régimen de Vigilancia .....................................................................
Capítulo Único : Régimen de Vigilancia .....................................................................
3
TITULO VI : Intervención ....................................................................................
Capítulo Único : Intervención ....................................................................................
TITULO VII : Disolución y Liquidación ..................................................................
Capítulo I : Disposiciones Generales ..................................................................
Capítulo II : Convocatoria a Junta de Acreedores .................................................
SECCION SEGUNDA
SISTEMA FINANCIERO ............................................................................................
TITULO I : Normas Generales ...........................................................................
Capítulo I : Principios Declarativos ....................................................................
Capítulo II : Secreto Bancario .............................................................................
Capítulo III : Fondo de Seguro de Depósitos .........................................................
Capítulo IV : Central de Riesgos ..........................................................................
Capítulo V : Encajes ..........................................................................................
Capítulo VI : Garantías .......................................................................................
Capítulo VII : Disposiciones Varias ......................................................................
TITULO II : Límites y Prohibiciones ....................................................................
Capítulo I : Patrimonio Efectivo .........................................................................
Capítulo II : Concentración de Cartera y Límites Operativos .................................
Capítulo III : Prohibiciones ..................................................................................
Capítulo IV : Sanciones .......................................................................................
TITULO III : Operaciones y Servicios ..................................................................
Capítulo I : Normas Comunes ............................................................................
Capítulo II : Contratos e Instrumentos .................................................................
Sub-Capítulo I : Disposiciones Generales ..................................................................
Sub-Capítulo II : Fideicomiso ....................................................................................
Sub-Capítulo III : Comisiones de Confianza ..............................................................
TITULO IV : Empresas del Sistema Financiero ....................................................
Capítulo I : Disposiciones Generales ..................................................................
Capítulo II : Sucursales de Bancos del Exterior ...................................................
Capítulo III : Bancos de Inversión ........................................................................
Capítulo IV : Empresas de Capitalización Inmobiliaria ...........................................
4
SECCION TERCERA
SISTEMA DE SEGUROS ...........................................................................................
TITULO I : Normas Generales ...........................................................................
Capítulo Único : Normas Generales ...........................................................................
TITULO II : Empresas de Seguros y de Reaseguros ............................................
Capítulo I : Límites y Prohibiciones ....................................................................
Sub-Capítulo I : Patrimonio e Instrumentos ...............................................................
Sub-Capítulo II : Reservas .....................................................................................
Sub-Capítulo III : Inversiones ..................................................................................
Capítulo II : Operaciones ...................................................................................
Sub-Capítulo I : Ámbito Operativo .............................................................................
Sub-Capítulo II : Pólizas ...........................................................................................
TITULO III : Patrimonios Autónomos de Seguro de Crédito ...................................
Capítulo Único : Patrimonios Autónomos de Seguro de Crédito ...................................
TITULO IV : Intermediarios de Seguros ...............................................................
Capítulo I : Disposiciones Generales ..................................................................
Capítulo II : Intermediarios de Seguros ...............................................................
Sub-Capítulo I : Corredores de Seguros ....................................................................
Sub-Capítulo II : Corredores de Reaseguros ...............................................................
Capítulo III : Auxiliares de Seguros ......................................................................
Sub-Capítulo I : Ajustadores de Siniestros ................................................................
Sub-Capítulo II : Peritos de Seguros ..........................................................................
SECCION CUARTA
DEL ORGANO DE SUPERVISION ..............................................................................
TITULO I : Denominación, Fines y Domicilio ......................................................
TITULO II : De Las Atribuciones y Funciones ......................................................
Capítulo I : De Las Atribuciones ........................................................................
Capítulo II : Del Control y Supervisión ................................................................
Sub-Capítulo I : Del Control ....................................................................................
Sub-Capítulo II : De La Inspección.............................................................................
Capítulo III : De Las Sanciones ...........................................................................
TITULO III : De La Organización .........................................................................
5
TITULO IV : Del Régimen Administrativo y Económico .........................................
Capítulo I : Del Régimen del Personal ..............................................................
Capítulo II : Del Régimen Económico .................................................................
SECCION QUINTA
TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS ....................................................
DISPOSICIONES FINALES y COMPLEMENTARIAS ....................................................
DISPOSICIONES TRANSITORIAS .............................................................................
ANEXO - GLOSARIO ................................................................................................
6
TEXTO CONCORDADO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y
DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
1
BANCA Y SEGUROS - LEY Nº 26702
TÍTULO PRELIMINAR
PRINCIPIOS GENERALES Y DEFINICIONES
Artículo 1º.- ALCANCES DE LA LEY GENERAL.
La presente ley establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las empresas que
operen en el sistema financiero y de seguros, así como aquéllas que realizan actividades vinculadas o
complementarias al objeto social de dichas personas.
Salvo mención expresa en contrario, la presente ley no alcanza al Banco Central.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 2, 4, 11, 13, 16, 17, 19, 34, 39, 282, 345, 349 (3), 3ª, 5ª, 6ª, 11ª, 13ª. Disp. F y C.
C.C. Art. IX Título Preliminar.
L.G.S. Art. 2.
L.G.S.C. Art. 2.
Artículo 2º.- OBJETO DE LA LEY.
Es objeto principal de esta ley propender al funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de
seguros competitivos, sólidos y confiables, que contribuyan al desarrollo nacional.
CONST. Arts. 58, 61, 87.
LEY GRAL. Arts. 130, 132, 134, 135, 347, 357.
Artículo 3º.- DEFINICIONES.
Los vocablos y siglas que se señalan en la presente ley, tendrán el significado que se indica en el glosario
anexo a esta ley.
LEY GRAL. Arts. 225, 238, 241, 282, 293, 295, 345, 21ª Disp. F. y C., Glosario.
L.M.V. Art. 8.
Artículo 4º.- APLICACIÓN SUPLETORIA DE OTRAS NORMAS.
Las disposiciones del derecho mercantil y del derecho común, así como los usos y prácticas comerciales,
son de aplicación supletoria a las empresas.
LEY GRAL. Arts. 276 (1), 349 (6).
C.C. Arts. IX Título Preliminar, 1353, 1356.
L.G.S. Art. 2.
C. DE C. Art. 2.
L.M.V. Art. 2.
L.G.S.C. Art. 2.
1
Promulgada el 06-12-96 y publicada el 09-12-96.
7
Artículo 5º.- TRATAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA.
La inversión extranjera en las empresas tiene igual tratamiento que el capital nacional con sujeción, en su
caso, a los convenios internacionales sobre la materia.
De ser pertinente, la Superintendencia toma en cuenta criterios inspirados en el principio de reciprocidad,
cuando se vea afectado el interés público, según lo dispuesto por el Título III del Régimen Económico de
la Constitución Política.
CONST. Art. 63.
C.C. Art. 2073.
D.LEG.662. Art. 1 (a).
D.LEG. 757. Art. 12.
Artículo 6º.- PROHIBICIÓN A TRATAMIENTOS DISCRIMINATORIOS.
Las disposiciones de carácter general que, en ejercicio de sus atribuciones, dicten el Banco Central o la
Superintendencia, no pueden incorporar tratamientos de excepción, que discriminen entre:
1. Empresas de igual naturaleza.
2. Empresas de distinta naturaleza, en lo referente a una misma operación.
3. Empresas establecidas en el país respecto de sus similares en el exterior.
4. Personas naturales y jurídicas extranjeras residentes frente a las nacionales, en lo referente a la
recepción de créditos.
CONST. Art. 2 (2).
LEY GRAL. Arts. 2, 21, 24, 38, 39, 43, 129, 133, 134 (4), 135, 138, 158, 159, 180, 184, 186, 197,
202, 203, 221 (44), 223, 228, 230, 235, 295, 349 (7, 8, 9, 10, 12 y 13), 374 (4), 375,
377, 14ª Disp F. y C., 1ª, 8ª, 10ª Disp. Tran.
L.O.B.C.R. Arts. 4, 24 (c, k, l).
2
Artículo 7º.- NO PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL SISTEMA FINANCIERO.
El Estado no participa en el sistema financiero nacional, salvo las inversiones que posee en COFIDE
como banco de desarrollo de segundo piso, en el Banco de la Nación, en el Banco Agropecuario y en el
Fondo MIVIVIENDA S.A.
CONST. Art. 60.
LEY GRAL. 13ª Disp. F. y C.
D.LEG. 757. Art. 6.
L.O.M. Art. 71.
Artículo 8º.- LIBERTAD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y CRITERIO DE ASIGNACION DE
3
RIESGO.
Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros gozan de libertad para asignar los recursos
de sus carteras, con las limitaciones consignadas en la presente ley, debiendo observar en todo momento
el criterio de la diversificación del riesgo, razón por la cual la Superintendencia no autoriza la constitución
de empresas diseñadas para apoyar a un solo sector de la actividad económica, salvo el Banco
Agropecuario.
CONST. Arts. 58, 59, 62.
LEY GRAL. Arts. 9, 200 al 215.
2 Modificado por la Ley Nº 28579 del 08-07-2005
3 Modificado por la Ley Nº 27603 del 20-12-2001
8
C.C. Arts. 1354, 1355.
Artículo 9.- LIBERTAD PARA FIJAR INTERESES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL COBRO DE
4
COMISIONES Y GASTOS
Las empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, dentro del límite
establecido por el Banco Central de Reserva en aplicación del artículo 52 de la Ley 26123, Ley Orgánica
del Banco Central de Reserva del Perú.
Las comisiones y gastos deben implicar la prestación de un servicio, adicional y/o complementario a las
operaciones contratadas por los usuarios, efectivamente prestado y que justifiquen el traslado de dicho
costo al cliente, cuyo valor se basa en un costo real y demostrable a través de un informe técnico,
económico y legal que las empresas deben presentar previamente a la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones siendo aprobadas y publicadas mediante
resolución de esta entidad.
La disposición contenida en el primer párrafo del artículo 1243 del Decreto Legislativo 295, Código Civil, y
el artículo 214 del Decreto Legislativo 635, Código Penal, también se aplica a las operaciones de
intermediación realizadas por las empresas financieras.
Las empresas del sistema de seguros determinan libremente las condiciones de las pólizas. Las tarifas y
otras comisiones serán reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones (SBS). Dichos conceptos deben ser puestos en conocimiento de forma detallada
al público usuario, así como ser informadas y aprobadas previamente por la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).
Los contratos, hojas resumen, comisiones, tarifas, cargos y gastos que cobren las empresas del sistema
financiero, así como las condiciones generales y específicas de las pólizas de las empresas del sistema
de seguros, deberán ser aprobadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, mediante resolución y puestas en conocimiento del público en su
portal web, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del
Consumidor, y la Ley 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de
Servicios Financieros.
CONST. Arts. 58, 59, 62, 84.
LEY GRAL. Art. 8.
C.C. Arts. 1243, 1244.
L.O.B.C.R. Arts. 51, 52.
D.LEG. 757. Art. 4.
I.G.V. Art. 7, Apéndice II numeral 1.
I.R. Arts. 19 (c, i, ll), 24 (a y b).
D.S. 009-98-EF.
D.S. 034-98-EF.
DIR. 001-2000-SUNAT
Artículo 10º.- LIBERTAD PARA CONTRATAR SEGUROS Y REASEGUROS EN EL EXTERIOR.
Los residentes en el país pueden contratar seguros y reaseguros en el exterior.
CONST. Arts. 2 (14), 62.
Artículo 11º.- ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA.
4 Artículo modificado por la Ley N° 31143 del 17-03-2021
9
Toda persona que opere bajo el marco de la presente ley requiere de autorización previa de la
Superintendencia de acuerdo con las normas establecidas en la presente ley. En consecuencia, aquélla
que carezca de esta autorización, se encuentra prohibida de:
1. Dedicarse al giro propio de las empresas del sistema financiero, y en especial, a captar o recibir en
forma habitual dinero de terceros, en depósito, mutuo o cualquier otra forma, y colocar habitualmente
tales recursos en forma de créditos, inversión o de habilitación de fondos, bajo cualquier modalidad
contractual.
2. Dedicarse al giro propio de las empresas del sistema de seguros y, en especial, otorgar por cuenta
propia coberturas de seguro, así como intermediar en la contratación de seguros; y otras actividades
5
complementarias a ésta.
3. Efectuar anuncios o publicaciones en los que se afirme o sugiera que practica operaciones y
servicios que le están prohibidos conforme a los numerales anteriores.
4. Usar en su razón social, en formularios y en general en cualquier medio, términos que induzcan a
pensar que su actividad comprende operaciones que sólo pueden realizarse con autorización de la
Superintendencia y bajo su fiscalización, conforme a lo previsto en el artículo 87º de la Constitución
Política.
Se presume que una persona natural o jurídica incurre en las infracciones reseñadas cuando, no
teniendo autorización de la Superintendencia, cuenta con un local en el que, de cualquier manera:
a) Se invite al público a entregar dinero bajo cualquier título, o a conceder créditos o
financiamientos dinerarios; o
b) Se invite al público a contratar coberturas de seguros, directa o indirectamente, o se invite a las
6
empresas de seguros a aceptar su intermediación; y
c) En general, se haga publicidad por cualquier medio con los indicados propósitos.
Quienes infrinjan las prohibiciones antes señaladas serán sancionadas con arreglo a los artículos
7
pertinentes del Código Penal.
La Superintendencia está obligada a disponer la intervención de los locales en los que presuma la
realización de las actividades indicadas en el presente artículo, sin la correspondiente autorización.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 12, 19 al 21, 23, 26 al 28, 39, 43, 347, 349 (1 y 4), 351, 352, 356.
L.G.S. Arts. 407 (7), 410.
C.P. Art. 246.
LEY 26421. Arts. 1, 5, 6.
5 Numeral modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
6 Literal modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
7 Párrafo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
10
SECCIÓN PRIMERA
NORMAS COMUNES AL SISTEMA FINANCIERO
Y AL SISTEMA DE SEGUROS
TÍTULO I
CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y
DEL SISTEMA DE SEGUROS
CAPÍTULO I
FORMA DE CONSTITUCIÓN Y CAPITAL MÍNIMO
Artículo 12º.- CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS.
Las empresas deben constituirse bajo la forma de sociedad anónima, salvo aquéllas cuya naturaleza no
lo permita. Para iniciar sus operaciones, sus organizadores deben recabar previamente de la
Superintendencia, las autorizaciones de organización y funcionamiento, ciñéndose al procedimiento que
dicte la misma con carácter general.
Tratándose de las empresas que soliciten su transformación, conversión, fusión o escisión, éstas deberán
solicitar las autorizaciones de organización y de funcionamiento respecto del nuevo tipo de actividad.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 11, 14, 16, 17, 19 al 21, 23, 26 al 28, 35, 61, 349 (1), 361 (9 y 10), 14ª Disp.
Tran.
L.G.S. Arts. 1, 2, 3, 53, 56, 333 al 390.
D.LEG. 757. Art. 5.
I.R. Art. 14.
Artículo 13º.- ESTATUTO SOCIAL.
La escritura social y el estatuto han de adecuarse a la presente ley en términos que obliguen a las
empresas a cumplir todas sus disposiciones, y deben ser inscritos en el Registro Público correspondiente.
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y Cajas Municipales de Crédito Popular se regirán por la
legislación que les es propia y las normas que señala la presente ley.
CONST. Arts. 87.
LEY GRAL. Arts. 14, 23 (2), 1ª, 14ª Disp. Tran.
L.G.S. Arts. 5, 6, 15, 16, 54, 55.
C. DE C. Art. 17.
Artículo 14º.- MODIFICACIONES ESTATUTARIAS.
Toda modificación estatutaria se sujeta a la regla indicada en el primer párrafo del artículo anterior y debe
contar con la aprobación previa de la Superintendencia, sin la cual no procede la inscripción en los
Registros Públicos. Se exceptúan las modificaciones derivadas de aumentos del capital social, a que se
refiere el primer párrafo del artículo 62º, que, sin embargo, deben ser puestas en conocimiento de la
Superintendencia.
El pronunciamiento debe emitirse en el plazo de treinta (30) días hábiles de presentada la respectiva
solicitud; de lo contrario, se tendrá por aprobada la modificación propuesta.
11
LEY GRAL. Arts. 13, 62, 64, 1ª Disp. Tran.
L.G.S. Arts. 16, 198, 202.
Artículo 15º.- DENOMINACIÓN SOCIAL.
En la denominación social de las empresas debe incluirse específica referencia a la actividad para que se
las constituye, aun cuando para ello se utilice apócopes, siglas o idioma extranjero. Les es prohibido
utilizar la palabra “central”, así como cualquier otra denominación que confunda su naturaleza. En la
denominación social es obligatorio se consigne expresamente la expresión que refleje la naturaleza de la
empresa, según corresponda.
No es necesario que figure el término sociedad anónima o la abreviatura correspondiente.
LEY GRAL. Art. 21.
L.G.S. Arts. 9, 50, 55 (1).
8
Artículo 16º.- CAPITAL MÍNIMO.
Para el funcionamiento de las empresas y sus subsidiarias, se requiere que el capital social, aportado en
efectivo, alcance las siguientes cantidades mínimas:
9
A. Empresas de Operaciones Múltiples:
1. Empresa Bancaria : S/. 14 914 000,00
2. Empresa Financiera : S/. 7 500 000,00
10
3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito: S/. 7 500 000,00
4. Caja Municipal de Crédito Popular: S/. 4 000 000,00
5. Empresa de Créditos: S/. 678 000,00
6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público: S/. 678 000,00
7. Caja Rural de Ahorro y Crédito: S/. 678 000,00
B. Empresas Especializadas:
11
1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria: S/. 4 000 000,00
2. Empresas de Arrendamiento Financiero: S/. 2 440 000,00
3. Empresas de Factoring: S/. 1 356 000,00
4. Empresas Afianzadora y de Garantías: S/. 1 356 000,00
5. Empresas de Servicios Fiduciarios: S/. 1 356 000,00
12
6. Empresas Administradora Hipotecaria S/. 3 400 000,00
C. Bancos de Inversión: S/. 14 914 000,00
D. Empresas de Seguros:
8 Cifras a diciembre de 1996, que se actualizan periódicamente.
9 Literal modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
10 Cifra correspondiente a diciembre 1996, que se actualiza trimestralmente. Numeral modificado por la Ley N°
30607 publicada el 13-07-2017.
11 Importe modificado por el Decreto Legislativo N° 1196 publicado el 09-09-2015
12 Numeral incorporado por Ley N° 28971 del 26-01-2007, que modificó el Literal B. El monto del capital social se
actualizará trimestralmente tomando como base la información correspondiente al mes en que dicha Ley entre
en vigencia.
12
1. Empresa que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida): S/. 2 712 000,00
2. Empresa que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida): S/. 3 728 000,00
3. Empresa de Seguros y de Reaseguros: S/. 9 491 000,00
4. Empresa de Reaseguros: S/. 5 763 000,00
LEY GRAL. Arts. 18, 34, 42, 62, 63, 64, 71, 95 (1,b), 132 (3), 224, 356 (3), 361, 3ª Disp. F. y C.
L.G.S. Arts. 51, 52, 54 (3 y 4), 55(5).
LEY 28971 Art. 2.
Artículo 17º.- CAPITAL MÍNIMO DE EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y
CONEXOS. 13
Para el establecimiento de las empresas de servicios complementarios y conexos, se requiere que el
capital social alcance las siguientes cantidades mínimas:
1. Almacén General de Depósito: S/ 2 440 000,00
2. Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario: S/ 14 627 717,00. La referencia del
citado capital corresponde al trimestre octubre - diciembre 2021 y posteriormente se sujeta a la
actualización trimestral, según el procedimiento señalado en el artículo 18 de la presente Ley.
3. Empresa de Transferencia de Fondos: S/ 678 000,00
4. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico: S/ 2 268 519,00. El citado capital corresponde al trimestre
octubre - diciembre 2012 y posteriormente se sujeta a la actualización trimestral, según el
procedimiento señalado en el artículo 18 de la presente Ley.
LEY GRAL. Arts. 18, 34, 62, 63, 64, 71, 95 (1,b), 132 (3), 224, 356 (3), 361, 3ª Disp. F. y C., 12ª
Disp. F. y C., 10ª Disp. Tran.
L.G.S. Arts. 51, 52, 54 (3 y 4), 55 (5).
Artículo 18º.- ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES.
Las cifras señaladas en los artículos 16º y 17º son de valor constante y se actualizan trimestralmente, en
función al Índice de Precios al Por Mayor que, con referencia a todo el país, publica mensualmente el
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las cifras resultantes se redondean a la centena superior.
Se considera como índice base el correspondiente a octubre de 1996.
LEY GRAL. Arts. 16, 17, 63, 95 (1,b), 132 (3), 224, 356 (3), 361.
L.G.S. Arts. 51, 52, 205.
CAPÍTULO II
AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN
Artículo 19º.- ORGANIZADORES DE EMPRESAS.
Las personas naturales o jurídicas que se presenten como organizadores de las empresas a que se
refieren los artículos 16º y 17º, deben ser de reconocida idoneidad moral y solvencia económica. No hay
número mínimo para los organizadores, sin embargo, por lo menos uno debe ser suscriptor del capital
social de la empresa respectiva.
La Superintendencia está facultada para autorizar la organización y el funcionamiento de las empresas
comprendidas en los artículos 16° y 17° de la presente Ley. En el caso de las empresas comprendidas en
13 Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
13
los incisos A, B y C del artículo 16° así como del numeral 6 del artículo 17° debe contar con la opinión
14
previa del Banco Central.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 12, 16, 17, 18, 20 al 23, 25, 42, 349 (1).
L.O.B.C.R. Art. 24 (i).
L.G.S. Arts. 54 (1), 70 al 73.
Artículo 20º.- IMPEDIMENTOS PARA SER ORGANIZADOR. 15
No pueden ser organizadores de las empresas:
1. Los condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, financiamiento de
terrorismo, terrorismo, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria y demás delitos
dolosos, aún cuando hubieran sido rehabilitados.
2. Los que, por razón de sus funciones, estén prohibidos de ejercer el comercio, de conformidad
con las normas legales vigentes.
3. Los que se encuentren en proceso de insolvencia y los quebrados
4. Los accionistas mayoritarios de una persona jurídica que se encuentre en proceso de insolvencia
o quiebra.
5. Los miembros del Poder Legislativo y de los órganos de gobierno de los gobiernos locales y
regionales.
6. Los directores, trabajadores y asesores de los organismos públicos que norman o supervisan la
actividad de las empresas.
7. Los directores y trabajadores de una empresa de la misma naturaleza excepto los de una
empresa de seguros para organizar otra que opere en ramo distinto.
8. Los que registren protestos de documentos en los últimos cinco años no aclarados a satisfacción
de la Superintendencia.
9. Las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya cancelado su autorización de
operación, o su inscripción en cualquier registro requerido para operar o realizar oferta pública de
valores, por infracción legal en el Perú o en el extranjero.
10. Los accionistas mayoritarios de una persona jurídica a la que se le haya cancelado su
autorización de operación, o su inscripción en cualquier registro requerido para operar o realizar
oferta pública de valores, por infracción legal, en el Perú o en el extranjero.
11. Los que en los últimos diez años, contados desde la fecha de la solicitud de autorización hayan
sido accionistas mayoritarios directamente o a través de terceros, directores, gerentes o
ejecutivos principales, de empresas o administradoras privadas de fondos de pensiones, que
hayan sido intervenidas por la Superintendencia. No se considerará para estos efectos la
participación de una persona por un plazo inferior a un año, acumulado dentro del plazo de los
diez años.
12. Los que, como directores o gerentes de una persona jurídica, en los últimos diez años, contados
desde la fecha de la solicitud de autorización hayan resultado administrativamente responsables
por actos que han merecido sanción.
14 Párrafo modificado por Ley N° 29985 del 16-01-2013
15 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
14
13. Los que incurran en conductas personales, profesionales o comerciales que puedan poner en
riesgo la estabilidad de la empresa que se proponen constituir o la seguridad de sus depositantes
o asegurados.
14. Los que participen en acciones, negociaciones o actos jurídicos de cualquier clase, que
contravengan las leyes o las sanas prácticas financieras o comerciales establecidas en el Perú o
en el extranjero.
15. Los que han sido inhabilitados para el ejercicio de cargos u oficios públicos, sea por una
infracción penal o administrativa.
Tratándose de una persona jurídica los impedimentos establecidos en los numerales 3, 4 , 9, 10, 11, 13 y
14 se considerarán respecto de sus accionistas mayoritarios, de los que ejercen su control, así como de
sus directores, gerentes y ejecutivos principales a la fecha de solicitud de autorización.
CONST. Art. 92.
LEY GRAL. Arts. 22, 25, 52, 81 (2), 92, 361 (6), 381.
C.C. Arts. 42, 43, 44.
C. DE C. Art.14.
Artículo 21º.- SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN.
Las solicitudes para la organización de las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros
deberán contener la información y requisitos de carácter formal que establezca la Superintendencia por
norma de carácter general, la misma que señalará el procedimiento a observarse.
Se debe adjuntar a la solicitud el certificado de depósito de garantía constituido en cualquier empresa del
sistema financiero regida por la presente ley, a la orden de la Superintendencia por un monto equivalente
al cinco por ciento (5%) del capital mínimo u otro instrumento financiero por dicho monto que cumpla con
la misma finalidad, de acuerdo con lo que establezca la Superintendencia. Dicho certificado debe ser
devuelto a los organizadores, debidamente endosado en caso sea denegada la solicitud.16
Una vez recibida la documentación completa, la Superintendencia la pondrá en conocimiento del Banco
Central cuando se trate de empresas precisadas en los incisos A, B y C del artículo 16°, así como en el
numeral 6 del artículo 17°. El Banco Central debe emitir su opinión dentro de los treinta (30) días de
17
recibido el oficio respectivo.
Dentro de un plazo que no excederá de noventa (90) días de recibida la opinión del Banco Central, la
Superintendencia emitirá la resolución que autoriza o que deniega la organización de una empresa. En
caso se deniegue la organización, la Superintendencia, en la medida de lo practicable y a petición del
18
solicitante, deberá informar las razones de la denegación de dicha solicitud.
LEY GRAL. Arts. 19, 20, 23, 35, 42, 349 (1), 20ª Disp. F. y C., Glosario (resolución expedida con
criterio de conciencia).
L.O.B.C.R. Art. 24 (i).
19
Artículo 22º.- REQUISITOS PARA SER ORGANIZADOR.
Los organizadores deben cumplir requisitos de idoneidad técnica y moral y no estar incursos en los
impedimentos establecidos en el artículo 20°.
LEY GRAL. Arts. 19, 20, 21, 134 (2).
16 Párrafo modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
17 Párrafo modificado por Ley N° 29985 del 16-01-2013
18 Párrafo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
19 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
15
Artículo 23º.- CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN.
Expedida la resolución de autorización de organización, la Superintendencia otorga el certificado
correspondiente. Con dicho certificado, los organizadores deberán:
1. Publicarlo por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los treinta (30) días de su
expedición, bajo sanción de caducidad al término de este plazo.
2. Otorgar la escritura pública correspondiente, en la que necesariamente se inserta dicho certificado,
bajo responsabilidad del notario público interviniente.
3. Realizar las demás acciones conducentes a obtener la autorización de funcionamiento.
El certificado de autorización de organización caduca a los dos (2) años de otorgado.
LEY GRAL. Art. 12.
C.C. Arts. 183 (1), 184, 2003 al 2007.
L.G.S. Arts. 5, 15, 16, 18, 43, 44, 53, 54, 55.
Artículo 24º.- UTILIZACIÓN DEL CAPITAL.
De acuerdo con las regulaciones establecidas por la Superintendencia, el importe del capital social inicial
sólo podrá ser utilizado durante la etapa de organización, para:
1. Cobertura de los gastos que dicho proceso demande.
2. Compra o construcción de inmuebles para uso de la empresa.
3. Compra del mobiliario, equipo y máquinas requeridos para el funcionamiento de la empresa.
4. Contratación de servicios necesarios para dar inicio a las operaciones.
El remanente deberá ser invertido en valores del Estado o en obligaciones del Banco Central, o
depositado en una Empresa del país.
L.G.S. Art. 24.
L.O.B.C.R. Art. 62.
I.G.V. Art. 1 (b).
Artículo 25º.- GARANTÍA DE LOS ORGANIZADORES.
Sin perjuicio del depósito de garantía a que se refiere el artículo 21º, los organizadores garantizan
personal y solidariamente la realización de los aportes de capital. Ambas garantías subsisten hasta treinta
(30) días después de la asunción de funciones del Directorio.
LEY GRAL. Arts. 19, 21.
C.C. Arts. 1183 y 1186.
L.G.S. Arts. 22 al 30, 52, 59.
CAPÍTULO III
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 26º.- COMPROBACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
Cuando los organizadores comuniquen por escrito que han cumplido con los requisitos exigidos para el
funcionamiento de la empresa, la Superintendencia procederá a las comprobaciones que corresponda.
LEY GRAL. Arts. 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 50, 52, 54, 55, 81,92, 134 (2), 381.
L.G.S. Arts. 5, 6, 51, 52, 54, 59.
16
R.M. Nº 0689-2000-IN-1701
20
Artículo 27º.- RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
Efectuadas las comprobaciones que trata el artículo anterior, y dentro de un plazo que no debe exceder
de treinta (30) días calendario, la Superintendencia expide la correspondiente resolución autoritativa y
otorga un certificado de autorización de funcionamiento. Este certificado se publica por dos veces
alternadas, la primera en el Diario Oficial y la segunda en uno de extensa circulación nacional. Dicho
certificado debe encontrarse publicado de manera que se encuentre accesible permanentemente al
público.
LEY GRAL. Arts. 12, 26, 28, Glosario (días).
L.G.S. Arts. 43, 44.
C.C. Arts. 183 (1), 184.
Artículo 28º.- VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.21
El certificado de autorización de funcionamiento es de vigencia indefinida y puede ser cancelado por la
Superintendencia como sanción a una falta grave en que hubiere incurrido la empresa o a solicitud de la
propia empresa.
La Superintendencia puede revocar el certificado de autorización de funcionamiento si la empresa no
inicia operaciones en el plazo máximo que establezca la Superintendencia, el cual no puede ser superior
a un año desde el otorgamiento del certificado de autorización de funcionamiento.
La Superintendencia puede revocar el certificado de autorización de funcionamiento si la empresa deja de
desarrollar el objeto social para el cual fue autorizada.
Salvo el caso de las empresas a que alude el artículo 7, para las empresas del sistema financiero no
autorizadas a captar depósitos del público, la Superintendencia revoca el certificado de autorización de
funcionamiento de presentarse alguna de las causales señaladas en el artículo 28-A.
La Superintendencia informa al Banco Central la revocatoria de licencias de empresas del sistema
financiero.
LEY GRAL. Arts. 26, 27, 114, 356, 361 (9), 362, 381.
Artículo 28-A.- CAUSALES DE REVOCACIÓN DEL CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO22
En el caso de las empresas del sistema financiero no autorizadas a captar depósitos del público, son
causales de revocación del certificado de autorización de funcionamiento cualquiera de las siguientes:
1. Cuando el patrimonio efectivo sea menos de la mitad del requerido en el numeral 3 del primer párrafo
del artículo 199.
2. Pérdida o reducción de más del 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio efectivo en los últimos doce
(12) meses.
La revocatoria es inscribible en los Registros Públicos por el solo mérito de la resolución emitida por la
Superintendencia.
Artículo 29º.- INSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE LA EMPRESA EN LA BOLSA.
Antes de que las empresas bancarias, financieras y de arrendamiento financiero, así como las empresas
del sistema de seguros, inicien sus operaciones con el público, deberán tener inscritas en bolsa las
acciones representativas de su capital social.
20 Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
21 Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
22 Artículo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
17
La Superintendencia podrá exigir a aquellas empresas no comprendidas en el párrafo anterior, su
inscripción en bolsa, cuando así lo considere pertinente.
L.M.V. Arts. 11, 13, 16, 85, 132 (a, g), 18ª Disp. F. y C.
TÍTULO II
OTRAS AUTORIZACIONES
CAPÍTULO I
AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE
DE SUCURSALES Y OTRAS OFICINAS
Artículo 30º.- APERTURA DE SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS ESPECIALES.
La apertura por una empresa del sistema financiero autorizada a captar depósitos del público o por una
empresa del sistema de seguros, de sucursales o agencias, sea en el país o en el exterior, requiere de
23
autorización previa de la Superintendencia.
Tratándose de la apertura de una sucursal en el exterior, la Superintendencia, antes de expedir la
autorización, debe recabar la opinión del Banco Central.
El pronunciamiento debe expedirse en el plazo de quince días, si la oficina ha de operar en el territorio
nacional, y de sesenta días si se pretende que funcione en el extranjero. Dicho plazo se computa a partir
de la recepción de la respectiva solicitud debidamente documentada.
La denegatoria de alguna de las solicitudes a que se refiere este artículo debe contener expresión de
fundamentos; pero no es impugnable en la vía administrativa, ni en la judicial.
LEY GRAL. Arts. 31, 32, 39, 39-a.
L.G.S. Arts. 21, 396 al 399.
L.O.B.C.R. Art. 24 (i).
Artículo 31º.- OBLIGACIÓN DE EXHIBIR RESOLUCIÓN DE APERTURA.
En toda sucursal, agencia u oficina especial de una empresa deberá exhibirse el
original de la resolución que autoriza su apertura, así como copia certificada de la Resolución de
Autorización de Funcionamiento de la Empresa.
LEY GRAL. Arts. 27, 30, 32.
L.G.S. Art. 398.
Artículo 32º.- TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS
24
ESPECIALES.
El traslado y el cierre de sucursales, agencias u oficinas especiales de las empresas del sistema
financiero autorizadas a captar depósitos del público o de las empresas del sistema de seguros, en el
país o en el exterior, siempre que brinden atención al público, requieren también de autorización previa de
la Superintendencia, para cuyo efecto se observan los plazos señalados en el artículo 30.
Para el caso del traslado o cierre de sucursales de empresas del sistema financiero en el exterior, se
debe poner en conocimiento del Banco Central.
23 Párrafo modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
24 Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
18
LEY GRAL. Arts. 27, 30, 31.
L.G.S. Art. 402.
L.O.B.C.R. Art. 24 (i).
Artículo 33º.- ESTABLECIMIENTO DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN.
Las empresas del sistema financiero y las empresas del sistema de seguros podrán compartir locales
para la prestación de sus servicios, incluso mediante contratos de ventanilla y arrendamiento de espacios.
Estos contratos serán puestos en conocimiento de la Superintendencia para resguardar las exigencias de
control y de seguridad.
LEY GRAL. Art. 31.
CAPÍTULO II
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE SUBSIDIARIAS
Artículo 34º.- CONSTITUCIÓN DE SUBSIDIARIAS.
Las Empresas del sistema financiero pueden constituir subsidiarias para los efectos a que se refiere el
artículo 224º.
Las empresas de seguros de ramos generales pueden constituir subsidiarias que operen en el ramo de
vida y viceversa o para los fines señalados en el artículo 318º.
LEY GRAL. Arts. 12, 35, 36, 37, 217 (9), 224, 345, 349 (1, 4).
L.G.S. Arts. 5, 50 al 53.
Artículo 35º.- AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR SUBSIDIARIAS.25
Para el establecimiento de subsidiarias que van a realizar actividades previstas en la presente Ley, se
requiere contar previamente con las autorizaciones de organización y de funcionamiento
correspondientes, exceptuándolas del requisito de presentar el certificado de depósito de garantía
señalado en el artículo 21 de la presente Ley, así como del aporte en efectivo del capital social, cuando
se trate de constituciones por fusión de empresas o escisiones de estas.
Sin embargo, tratándose de las subsidiarias a que se refieren los numerales 2, 3, 5 y 6 del artículo 224 de
la presente Ley, corresponde a la SMV otorgar la autorización respectiva. Para el otorgamiento de la
autorización, se recaba la opinión de la Superintendencia, la misma que tiene carácter vinculante.
LEY GRAL. Arts. 12, 16, 17, 18, 21, 34, 36, 224, 345, 349 (1, 4).
L.M.V. Arts. 13, 15, 185, 186, 188, 189, 259, 302, 3ª Disp. Tran., 16ª, 18ª Disp. F. y C.
D.LEG. 862. Art. 12.
Res. CONASEV. N° 26-2000-EF/94.10
Res. CONASEV. N° 42-2003-EF/94.10
Artículo 36º.- REGLAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE SUBSIDIARIAS.
Para la constitución de subsidiarias por parte de las empresas del sistema financiero y de seguros, rigen
las siguientes reglas:
25 Artículo modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia N° 013-
2020 del 22/01/2020
19
1. El conjunto de las inversiones en subsidiarias no puede ser mayor al cuarenta por ciento del
patrimonio de la empresa, salvo el caso de las subsidiarias de las empresas de seguros generales,
dedicadas a seguro de vida.
2. La participación de una empresa del sistema financiero o de seguros en el capital accionario de una
subsidiaria no puede ser inferior a las tres quintas partes.
3. No es exigible la pluralidad de accionistas.
4. Los directores y trabajadores de la principal pueden ser, a su vez, directores o trabajadores de su
subsidiaria y viceversa.
5. Podrán celebrar con su principal contratos que les permitan contar con el soporte de ésta en el área
administrativa, informática y otros campos afines.
LEY GRAL. Arts. 16, 34, 35, 37, 50, 79, 81 (6, 7), 92, 224.
L.M.V. Arts. 187, 263, 305.
D.LEG. 862. Art. 16.
L.G.S. Art. 4.
Artículo 37º.- OTRAS NORMAS APLICABLES A LAS SUBSIDIARIAS.
Las demás disposiciones de la presente ley son de aplicación a las subsidiarias, en lo que fuere
pertinente.
LEY GRAL. Arts. 4, 16, 34, 35, 36, 79, 224.
L.G.S. Art. 2.
CAPÍTULO III
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
DE SEGURO DE CRÉDITOS
26
Artículo 38º.- CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DE SEGURO DE CRÉDITO.
La Superintendencia aprobará la constitución de los patrimonios autónomos de seguro de crédito, a
que se refiere el artículo 334º o para establecer coberturas o fondos de contingencias a favor de los
depositantes y titulares o usuarios de tarjetas de crédito o de débito u otros servicios, que decidan
constituir las empresas. Al efecto recabará la opinión previa del Banco Central.
En caso de liquidación de la empresa que estuviere administrando un patrimonio autónomo, el
Superintendente puede designar a otra en sustitución.
Las regulaciones de los patrimo
nios autónomos y de sus operaciones de cobertura y contratos estarán contenidas en las normas
regulatorias que dicte la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 349 (1), 334, 20ª Disp. F. y C.
L.O.B.C.R. Art. 24 (i).
C.P.C. Art. 65.
Ley 26827. Arts. 3, 4.
26 Modificado por la Ley N° 27102 del 05.05.99.
20
CAPÍTULO IV
AUTORIZACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS
DE LOS SISTEMAS FINANCIERO Y DE SEGUROS DEL EXTERIOR
27
Artículo 39º.- ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS DEL EXTERIOR.
Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros, del exterior, que se propongan
establecer en el país una sucursal que opere con el público, deben recabar la autorización previa de
la Superintendencia. Cuando se trate de empresas del sistema financiero, la Superintendencia debe
solicitar la opinión del Banco Central dentro del plazo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 21º,
conforme al procedimiento que la Superintendencia señale.
Las disposiciones de la presente ley son aplicables a las sucursales señaladas en el párrafo anterior.
Ellas gozan de los mismos derechos y están sujetas a las mismas obligaciones que las empresas
nacionales de igual naturaleza.
Las sucursales no pueden entablar reclamaciones diplomáticas respecto de los negocios y
operaciones que efectúan en el país, sea que invoquen para ello derechos derivados de su
nacionalidad o cualquier otra razón.
Los acreedores domiciliados en el Perú tienen derecho preferente sobre los activos de la sucursal de
una empresa del sistema financiero o del sistema de seguros, del exterior, localizados en el Perú, en
caso de liquidación de dicha empresa o de su sucursal en el Perú.
CONST. Art. 63.
LEY GRAL. Arts. 5, 12, 19, 21, 22, 27, 349 (1), 20ª Disp. F. y C.
L.G.S. Arts. 21, 396, 403, 404, 406.
L.O.B.C.R. Art. 24 (i).
28
Artículo 39-a°.- DISPENSAS ESPECIALES A LAS SUCURSALES.
La sucursal establecida conforme al artículo 39° no está obligada a tener Directorio, pero deberá
contar con representante investido de las más amplias facultades para obligarla en todo lo
concerniente al desarrollo de sus actividades.
Dichas sucursales están facultadas para conducir sus negocios siguiendo sus propias prácticas,
siempre que no contravengan la normativa peruana.”
L.G.S. Art. 396.
Artículo 40º.- VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
Recibida la solicitud y examinada la documentación presentada, la Superintendencia verifica la solidez y
seriedad de la institución peticionaria y, de ser el caso, otorga un certificado de autorización de
organización.
LEY GRAL. Arts. 22, 134 (2), 39, 41, 42.
Artículo 41º.- AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
Cuando la Superintendencia compruebe que ha sido asignado e ingresado el capital prescrito y que han
sido cumplidos los requisitos establecidos que resulten pertinentes, expide la resolución de autorización
de funcionamiento correspondiente.
27 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
28 Artículo incorporado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
21
Dicha resolución es suficiente para la inscripción de la oficina en el Registro Público correspondiente y
debe ser publicada por una sola vez en el Diario Oficial; asimismo, debe encontrarse publicada de
29
manera que se encuentre accesible permanentemente al público.
LEY GRAL. Arts. 16, 18, 26, 40, 42, 134 (2), 349 (1).
C.C. Art. 2029.
L.G.S. Art. 403.
C. DE C. Art. 17.
30
Artículo 42º.- CAPITAL ASIGNADO.
Las sucursales a que se refiere el artículo 39º, deberán tener un capital mínimo asignado equivalente
al de las empresas que realizan las mismas actividades en el país, el que deberá ser radicado en el
país. Las operaciones de estas sucursales están limitadas por el capital radicado en el Perú.
LEY GRAL. Arts. 16, 18, 26, 39, 40, 41.
D.LEG. 662. Art. 1.
CAPÍTULO V
AUTORIZACIÓN DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES
EXTRANJERAS NO
ESTABLECIDAS EN EL PAÍS
Artículo 43º.- SOLICITUD PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE UNA EMPRESA NO
31
ESTABLECIDA EN EL PAÍS.
El representante que designe una empresa del sistema financiero del exterior, debe ser autorizado
previamente por la Superintendencia la que ejerce su supervisión. Para dicho efecto, el representante
presenta una solicitud, acompañada del instrumento público que contenga dicho nombramiento y los
demás documentos pertinentes que establezca la Superintendencia.
Los representantes de las empresas de reaseguros y de las empresas corredoras de reaseguros, del
exterior, se sujetan a las disposiciones que establezca la Superintendencia en concordancia a lo
dispuesto en la presente ley.
La representación de las empresas financieras, de reaseguros del exterior y corredores de reaseguros
del exterior que ejerzan personas naturales o jurídicas domiciliadas en el Perú, y que no cuenten con
autorización de la SBS, podrán ser objeto de cierre de su establecimiento y de las sanciones que
establezca en su reglamento la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 44 al 49, 349 (1).
C.C. Arts. 145, 149, 154, 160, 167.
C.P.C. Arts. 67, 72 al 75.
32
Artículo 44º.- EVALUACIÓN PARA AUTORIZAR LA REPRESENTACIÓN.
29 Párrafo modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
30 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
31 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
32 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
22
Para otorgar la autorización a que se refiere el artículo 43°, la Superintendencia evalúa la idoneidad
técnica y moral de la persona designada como representante y la solvencia técnica y económica de la
persona que será representada, requiriendo para ello la información que acredite dicha idoneidad y
solvencia .
LEY GRAL. Arts. 43, 349 (1).
33
Artículo 45º.- ACTIVIDADES DE LOS REPRESENTANTES.
Los representantes de empresas del sistema financiero del exterior sólo pueden realizar las siguientes
actividades:
1. Promocionar los servicios de su representada entre empresas de similar naturaleza que
operen en el país, con el propósito de facilitar el comercio exterior y proveer financiación
externa.
2. Promocionar las distintas ofertas de financiamiento de su representada entre personas
naturales y jurídicas interesadas en la compra o venta de bienes y servicios en los mercados
del exterior.
3. Promocionar los servicios de su representada entre demandantes potenciales de crédito o
capital externo.
LEY GRAL. Arts. 11, 43.
34
Artículo 46º.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LOS REPRESENTANTES.
Los representantes de empresas del sistema financiero del exterior están prohibidos de:
1. Realizar operaciones y brindar servicios que sean propios de la actividad de su representada.
2. Captar fondos o colocarlos en forma directa en el país.
3. Ofrecer o colocar directamente, en el territorio nacional, valores y otros títulos extranjeros.”
LEY GRAL. Arts. 11, 43, 347.
Artículo 47º.- IDENTIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES. 35
Los representantes de las empresas del sistema financiero, de las empresas de reaseguros y de las
empresas corredoras de reaseguros, del exterior, pueden hacer uso de los medios de identificación
escrita que los acrediten como tales, a condición de indicar que su representada no se encuentra
establecida en el país.
LEY GRAL. Arts. 15, 43, 45, 46.
36
Artículo 48º.- SUPERVISIÓN DE LOS REPRESENTANTES.
La actuación de los representantes de las empresas del sistema financiero, de las empresas de
reaseguros y de las empresas corredoras de reaseguros, del exterior, es objeto de supervisión por la
Superintendencia, la que está facultada para revocar la autorización y denegar la acreditación de uno
nuevo.
Asimismo, la Superintendencia les exigirá informes periódicos sobre sus actividades.
LEY GRAL. Arts. 43, 345, 349 (2).
Artículo 49º.- REVOCATORIA DE AUTORIZACIÓN. 37
33 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
34 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
35 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
36 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
37 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
23
La Superintendencia revocará la autorización otorgada a un representante de las empresas del
sistema financiero del exterior, cuando infrinja las limitaciones y prohibiciones señaladas en los
artículos 45º y 46º.
Para el caso de los representantes de las empresas de reaseguros y de las empresas corredoras de
reaseguros, del exterior, hay lugar a la revocatoria de la autorización cuando el representante de
dichas empresas, infrinja las limitaciones y prohibiciones establecidas por la Superintendencia
conforme al artículo 43°.
LEY GRAL. Arts. 43, 44, 46, 347, 356, 361.
TÍTULO III
CAPITAL, RESERVAS Y DIVIDENDOS
CAPÍTULO I
ACCIONISTAS Y CAPITAL
Artículo 50º.- NÚMERO MÍNIMO DE ACCIONISTAS.
Las empresas de los sistemas financiero y de seguros organizadas como sociedades anónimas deben
tener en todo momento, el número mínimo de accionistas que establece la Ley General de Sociedades.
Toda persona natural o jurídica que adquiera acciones en una empresa, directa o indirectamente, por un
monto del uno por ciento (1%) del capital social en el curso de doce meses, o que con esas compras
alcance una participación de tres por ciento (3%) o más, tiene la obligación de proporcionar a la
Superintendencia la información que este Organismo le solicite, para la identificación de sus principales
actividades económicas y la estructura de sus activos. Esto incluye proporcionar el nombre de los
accionistas en el caso de sociedades que emiten acciones al portador.
LEY GRAL. Arts. 19, 51 al 60, 134 (2), 347.
L.G.S. Arts. 4, 51, 84, 407 (6), 423 (6).
Artículo 51º.- TENENCIA DE ACCIONES POR UNA SOLA PERSONA.
Para la tenencia de acciones en una determinada empresa de los sistemas financiero o de seguros por
una sola persona, no existe más limitación que la que impone el requisito establecido en el artículo
anterior.
LEY GRAL. Arts. 50, 52 al 55.
Artículo 52º.- REQUISITOS PARA SER ACCIONISTA. 38
Los accionistas deben cumplir requisitos de idoneidad moral y solvencia económica.
No pueden ser accionistas de una empresa de los sistemas financiero o de seguros, los que se
encuentren incursos en los impedimentos señalados en los numerales 1,2,3,4,5, 8, 9,10,11,12,13,14 y 15
del artículo 20º de la presente ley.
Los impedimentos indicados en los numerales 2 y 5 no serán de aplicación si el impedimento es posterior
a la condición de accionista, siempre y cuando la condición de accionista no genere conflicto de interés
con el cargo y funciones que desempeña.
LEY GRAL. Arts. 20, 22, 51, 58, 59, 347, Glosario (resolución expedida con criterio de conciencia).
C.P. Art. 102.
38 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
24
Artículo 53º.- LIMITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE UNA EMPRESA POR
PARTE DE OTRA DE LA MISMA NATURALEZA.
No puede ser accionista de una empresa de los sistemas financiero o de seguros, otra de la misma
naturaleza. Para estos efectos no se considera como empresa de la misma naturaleza a aquellos otros
tipos de empresas que integran el sistema financiero o de seguros y que sean distintos al de la empresa
involucrada.
Se exceptúa la compra de acciones con el propósito, declarado juratoriamente ante la Superintendencia,
de incorporar por fusión a la empresa emisora de las acciones materia de la transferencia. Si
transcurriesen seis (6) meses desde la emisión de la declaración jurada sin que la fusión se haya
formalizado, el titular de las acciones adquiridas con tal fin queda obligado a transferirlas e impedido de
ejercer con ellas el derecho de voto.
LEY GRAL. Arts. 20, 22, 51, 58, 59, 347, 19ª Disp. F. y C.
Artículo 54º.- LIMITACIONES PARA SER ACCIONISTA EN RAZÓN DEL CARGO
Los funcionarios y trabajadores públicos a que se refiere el artículo 39º de la Constitución Política, así
como sus cónyuges, no pueden ser titulares de acciones de una empresa de los sistemas financiero o de
seguros, en una proporción que exceda del cinco por ciento del capital de la Empresa.
El Presidente de la CONASEV, el Superintendente, los trabajadores de ambas instituciones, así como sus
cónyuges, no pueden ser titulares de acciones de empresa alguna en los sistemas financiero o de
seguros.
Esta limitación no rige respecto de las acciones adquiridas con anterioridad a la asunción del cargo o
función y siempre que sean consignadas en la respectiva declaración jurada de bienes y rentas, ni de las
acciones que, sin variar el porcentaje preexistente, se suscriba en los casos de aumento de capital.
CONST. Arts. 39, 41, 92.
LEY GRAL. Arts. 59, 365 (1), 19ª Disp. F. y C.
L.G.S. Arts. 101.
L.G.M Art. 27.
Artículo 55º.- LIMITACIÓN A ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE OTRA EMPRESA DE LA
MISMA NATURALEZA.
Quienes, directa o indirectamente, sean accionistas mayoritarios de una empresa de los sistemas
financiero o de seguros, no pueden ser titulares, directa o indirectamente, de más del cinco (5%) por
ciento de las acciones de otra empresa de la misma naturaleza.
LEY GRAL. Arts. 53, 59 Glosario (accionistas mayoritarios).
L.G.S. Arts. 101, 133.
Artículo 56º.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
Toda transferencia de acciones de una empresa de los sistemas financiero o de seguros debe ser
registrada en la Superintendencia. En su caso, las instituciones de compensación y liquidación de valores
establecerán con la Superintendencia la utilización de los medios de comunicación informáticos más
convenientes para permitir una información a tiempo real.
Tratándose de empresas que no tengan inscritas sus acciones en bolsa o que teniéndolas, las negocien
fuera de ellas, será responsabilidad del Gerente General de la empresa, remitir a la Superintendencia,
dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, la relación de todas las transferencias
producidas durante el mes anterior.
LEY GRAL. Arts. 29, 50, 57, 59, 347, 18ª Disp. Tran.
L.G.S. Arts. 92, 100 al 102.
L.M.V. Arts. 31, 49, 123, 223, 227, 234.
25
Artículo 57º.- TRANSFERENCIA POR ENCIMA DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL CAPITAL
SOCIAL.
La transferencia de las acciones de una empresa del sistema financiero o de seguros por encima del diez
por ciento (10%) de su capital social en favor de una sola persona, directamente o por conducto de
terceros, requiere la previa autorización de la Superintendencia.
Lo dispuesto en el párrafo anterior rige para los casos en que, con la adquisición prevista y consideradas
las tenencias previas de la persona de que se trate, se alcance el mencionado porcentaje.
Si una persona jurídica, domiciliada en el Perú, fuese accionista en porcentaje mayor al antes señalado
en la empresa, sus socios deben contar con la previa autorización de la Superintendencia para ceder
derechos o acciones de esa persona jurídica en proporción superior al diez por ciento (10%). Si el
accionista fuese persona jurídica no domiciliado queda obligada a informar a la Superintendencia en caso
de que se produzca una modificación en la composición de su accionariado, en proporción que exceda
dicho porcentaje, con indicación de los nombres de los accionistas de esta última sociedad.
Pesa sobre la empresa la obligación de informar a dicho organismo en los casos en que tome
conocimiento de que una parte de sus acciones ha sido comprada por una sociedad no domiciliada, con
indicación de los nombres de los accionistas de esta última sociedad.
LEY GRAL. Arts. 56, 58, 59, 347.
Artículo 58º.- DENEGATORIA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
El Superintendente denegará la autorización que se le solicite conforme al artículo anterior, si la persona
natural que pretenda adquirir las acciones o los accionistas, directores o trabajadores de la persona
jurídica que tenga igual propósito, se encontrasen incursos en los siguientes casos:
1. Estuviesen afectados por los impedimentos señalados en los artículos 20º, 52º y 53º, o por las
restricciones de los artículos 54º y 55º.
2. Estuviesen realizando actividades prohibidas por el artículo 11º.
La resolución es inimpugnable.
LEY GRAL. Arts. 11, 19, 20, 52 al 55, 57, 347.
Artículo 59º.- SANCIÓN AL COMPRADOR QUE TRANSGREDE LAS NORMAS SOBRE
LIMITACIONES A LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE UNA
EMPRESA.
En el caso de adquirirse las acciones con transgresión de lo dispuesto en los artículos 52º, 53º, 54º y
55º, el comprador es sancionado con una multa de monto equivalente al valor de las acciones que le
hubiesen sido transferidas. Sin perjuicio de ello, queda obligado a la venta en el plazo de treinta (30)
días y, si tal plazo venciere sin que la situación haya sido corregida, se duplica la multa. Adicionalmente,
el adquirente que hubiere infringido lo dispuesto en los artículos 54º y 55º no puede ejercer el derecho de
voto en las sesiones de la Junta General de Accionistas.
En el caso de que el accionista rehusara cumplir con lo establecido en los artículos 50º y 57º, la
Superintendencia podrá suspender el ejercicio de sus derechos como tal, incluyendo su derecho a voto y
a percibir participaciones en las utilidades. Asimismo, las acciones de que es titular el precitado
accionista, no serán computables para determinar el quórum y mayorías necesarias para Juntas
Generales de Accionistas.
LEY GRAL. Arts. 50, 52 al 55, 57, 347, 356 (1), 361.
L.G.S. Art. 95 (2).
Artículo 60º.- ACCIONES PREFERENTES.
Las empresas de los sistemas financiero o de seguros pueden emitir acciones preferentes, con o sin
derecho a voto. Las acciones preferentes pueden ser redimibles a plazo fijo, con derecho a dividendo
acumulativo o no acumulativo, y otras, según lo acuerde la Junta General de Accionistas.
26
En caso de pérdidas, éstas serán absorbidas en primer lugar por las acciones comunes y sólo cuando se
haya agotado el valor de estas últimas, serán absorbidas por las acciones preferentes. En caso que las
pérdidas reduzcan el valor del patrimonio contable en un tercio o más, las acciones sin derecho a voto
adquirirán ese derecho, salvo que se aumente el capital con suscripción de nuevas acciones comunes.
Asimismo, las empresas podrán emitir y colocar acciones bajo la par, observando el siguiente
procedimiento:
1. Cargar el monto del descuento en su colocación a las cuentas de utilidades retenidas y/o de
reservas facultativas; o
2. Cargar el gasto financiero a resultados, lo que se hará en el mismo ejercicio en que se coloquen
dichos títulos.
LEY GRAL. Art. 184
L.G.S. Arts. 72, 88, 94, 96, 97, 100 (3).
Artículo 61º.- FUSIÓN Y ESCISIÓN DE EMPRESAS - DERECHO DE LOS DISIDENTES.
Acordada por las respectivas Juntas Generales la fusión de dos o más empresas de los sistemas
financiero o de seguros, los accionistas tienen derecho a vender sus acciones a la correspondiente
empresa conforme a las normas de la Ley General de Sociedades.
El mismo derecho asiste a los accionistas para el caso de la escisión de una empresa.
LEY GRAL. Arts. 12, 51, 53, 57.
L.G.S. Arts. 115 (7), 200 (4), 344 al 390.
LEY No. 26901.
Artículo 62º.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.
El capital social de una empresa de los sistemas financiero o de seguros sólo puede aumentarse
mediante aportes en efectivo, capitalización de utilidades, y reexpresión del capital como consecuencia
de ajustes integrales contables por inflación.
Excepcionalmente, y previa autorización de la Superintendencia, dicho capital social también podrá ser
aumentado mediante fusión, conversión de obligaciones de la empresa en acciones, y cualquier otra
modalidad que autorice este Organismo.
Tratándose del aumento por aporte de inmuebles, la autorización de la Superintendencia procederá
únicamente cuando se trate de aumentos del capital por encima del capital mínimo requerido en efectivo,
y hasta por un límite equivalente al setenticinco por ciento (75%) del patrimonio efectivo, a la fecha del
aporte.
En el caso de empresas de seguros, contando con la autorización de la Superintendencia, los aumentos
de capital a que se refiere el párrafo anterior pueden también tener lugar mediante aportes efectuados en
cualquiera de los otros activos previstos en el artículo 311º.
LEY GRAL. Arts. 14, 16, 17, 18, 71, 347.
L.G.S. Arts. 25, 26, 27, 74, 198, 201, 202, 204, 206, 213, 214.
Artículo 63º.- TRATAMIENTO DEL DÉFICIT DE CAPITAL.
El déficit de capital que resulte por aplicación de lo dispuesto en el artículo 16º, 17º y 18º deberá ser
cubierto durante el siguiente trimestre. Excepcionalmente, la Superintendencia puede conceder una
prórroga de noventa (90) días, para lo cual evalúa si la empresa ha sido conducida adecuadamente y si
ha efectuado esfuerzos razonables para cumplir con la obligación que recae sobre ella.
Dicha prórroga no puede ser otorgada por dos veces consecutivas.
LEY GRAL. Arts. 16, 17, 18, 62, 66, 71, 132 (3), 347.
Artículo 64º.- REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.
27
Con excepción de lo establecido en el artículo 69º, toda reducción del capital o de la reserva legal debe
ser autorizada por la Superintendencia.
Señaladamente, y sin perjuicio de la apreciación discrecional de la Superintendencia, no procede la
reducción:
1. Por el valor no cubierto de la reserva legal, con relación al capital mínimo.
2. Por el monto del déficit existente respecto de las provisiones ordenadas por la Superintendencia.
3. Si, como consecuencia de la reducción, han de resultar excedidos los límites operacionales de la
empresa.
LEY GRAL. Arts. 66 (2), 69, 132 (2, 4), 185 (1).
L.G.S. Arts. 215 al 218, 220.
CAPÍTULO II
APLICACIÓN DE UTILIDADES
Artículo 65º.- APLICACIÓN DE UTILIDADES.
Las utilidades del ejercicio se determinan luego de haber efectuado todas las provisiones dispuestas por
la ley, determinadas por la Superintendencia o acordadas por la propia empresa.
LEY GRAL. Arts. 66, 132 (4), 185 (2), 187, 355.
L.G.S. Arts. 229 al 232.
Artículo 66º.- PRELACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES.
El orden de prelación para la aplicación de las utilidades del ejercicio de las empresas de los sistemas
financiero y de seguros, es el siguiente:
1. Para la recomposición del capital mínimo, según lo exigido por los artículos 16º, 17º y 18º.
2. Para la constitución, por las empresas del sistema financiero, de la reserva legal o, en su caso, para
su reconstitución hasta el límite a que se refiere el segundo párrafo del artículo 69º.
3. Para la constitución, por las empresas del sistema de seguros, del fondo de garantía a que se refiere
el artículo 305º, o, en su caso, para su reconstitución hasta el límite a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 69º.
4. Para la constitución de reservas facultativas o la distribución de dividendos.
LEY GRAL. Arts. 16, 17, 18, 63, 67, 68, 355.
L.G.S. Arts. 229 al 232.
CAPÍTULO III
RESERVAS
Artículo 67º.- RESERVA LEGAL.
Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros deben alcanzar una reserva no menor al
equivalente del treinta y cinco por ciento de su capital social.
La reserva en mención se constituye trasladando anualmente no menos del diez por ciento de las
utilidades después de impuestos y es sustitutoria de aquella a que se refiere el artículo 258º de la Ley
General de Sociedades.
28
LEY GRAL. Arts. 16, 17, 18, 68, 69, 70, 132 (2), 354 (1).
L.G.S. Arts. 229, 232.
I.R. Art. 37 (h).
Artículo 68º.- RESERVAS FACULTATIVAS.
No podrá acordarse la transferencia anual de utilidades a la cuenta de reserva facultativa, sin que
previamente se cumpla con la aplicación preferente dispuesta por esta ley para la constitución de la
reserva legal en el porcentaje anual establecido en el artículo anterior o para la reconstitución de la
reserva legal en la forma dispuesta por el artículo siguiente.
Lo establecido por el presente artículo no es aplicable a las empresas del sistema de seguros en lo que
atañe a las reservas técnicas.
LEY GRAL. Arts. 67, 69, 132 (2), 354 (1).
L.G.S. Art. 229.
I.R. Art. 37 (h).
Artículo 69º.- APLICACIÓN DE RESERVAS.
Si la empresa de los sistemas financiero o de seguros registra pérdidas, se aplica a su cobertura el monto
de las utilidades no distribuidas y de las reservas facultativas, si las hubiere, y por la diferencia se reduce
automáticamente el monto de la reserva legal o del fondo de garantía, de que tratan los artículos 67º y
305º.
En tanto no se alcance nuevamente el monto mínimo, o el más alto que se hubiere obtenido en el período
de constitución de la reserva legal o del fondo de garantía, el íntegro de las utilidades debe ser aplicado a
ella.
LEY GRAL. Arts. 64, 67, 71, 73, 132 (2).
L.G.S. Arts. 220, 229.
I.R. Art. 37 (h).
Artículo 70º.- AUMENTO DE RESERVAS LEGALES.
En cualquier momento, el monto de la reserva legal puede ser incrementado con aportes que los
accionistas efectúen con ese fin.
LEY GRAL. Arts. 67, 132 (2).
L.G.S. Arts. 229, 232.
I.R. Art. 37 (h).
CAPÍTULO IV
DIVIDENDOS
Artículo 71º.- RECOMPOSICIÓN PREFERENTE DEL CAPITAL MÍNIMO.
Dentro del término señalado en el artículo 63º, la utilidad que se obtenga debe ser aplicada,
preferentemente, a la recomposición del capital social mínimo.
LEY GRAL. Arts. 16, 17, 18, 63, 72, 73.
L.G.S. Art. 230 (1).
D.LEG. No. 757. Art. 10.
29
Artículo 72º.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 355º de la presente ley, en tanto la Junta General de
Accionistas no haya aprobado el respectivo balance final y la correspondiente distribución de utilidades,
las empresas están impedidas de repartir éstas con cargo a las ganancias netas de un ejercicio anual, así
como de otorgar a sus directores participación en las utilidades.
LEY GRAL. Arts. 73, 347, 354 (4), 355.
L.G.S. Arts. 40, 114 (1, 2), 177, 230 (3).
D.LEG. No. 757. Art. 10.
Artículo 73º.- RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO.
Quienes hayan adoptado los acuerdos por los que se transgreda lo dispuesto en los artículos 69º, 71º y
72º, responden solidariamente por el reintegro a la empresa de los importes indebidamente pagados, sin
perjuicio de la responsabilidad, también solidaria, que les corresponde conforme a la Ley General de
Sociedades.
LEY GRAL. Arts. 69, 71, 72, 356 (1), 361.
L.G.S. Arts. 40, 177.
TÍTULO IV
ÓRGANOS DE GOBIERNO
CAPÍTULO I
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Artículo 74º.- QUÓRUM.
Para la celebración en primera convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas de las empresas de
los sistemas financiero o de seguros, constituidas como sociedades anónimas, cualquiera que fuere su
objeto, no puede exigirse en el estatuto quórum de accionistas que representen más de las dos terceras
partes del capital social.
Tratándose de segunda convocatoria, deben estar presentes accionistas que representen no menos de
un tercio del capital social, siempre que no se trate de los temas que se menciona en el artículo 134º de la
Ley General de Sociedades, supuesto en el cual ha de observarse lo que dicha norma dispone.
LEY GRAL. Arts. 13, 75, 76, 106 (1).
L.G.S. Arts. 40, 111 al 120, 124, 125, 126.
Artículo 75º.- EXIGENCIA DE MAYORÍA.
Para la adopción de acuerdos en las Juntas Generales de Accionistas de las empresas, no puede
requerirse en el estatuto mayorías más altas que las señaladas en los artículos 133º y 134º de la Ley
General de Sociedades. Empero, para el caso de segunda convocatoria a que alude el primero de esos
numerales, el mínimo legal es el voto favorable de accionistas que representen, cuando menos, la cuarta
parte del capital social pagado.
LEY GRAL. Arts. 13, 74, 76.
L.G.S. Art. 127.
Artículo 76º.- REPRESENTANTE DE ACCIONISTAS.
30
El estatuto de las empresas no puede exigir que quien sea designado por un accionista para
representarlo en Junta General tenga también la calidad de accionista.
LEY GRAL. Arts. 13, 74.
L.G.S. Arts. 121, 122.
C.C. Art. 145.
Artículo 77º.- FACULTAD DEL SUPERINTENDENTE PARA ASISTIR A LAS JUNTAS
GENERALES.
El Superintendente está facultado para concurrir, por sí o por intermedio del delegado que designe, a
cualquier sesión de la Junta General de Accionistas.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 100 (3), 347.
Artículo 78º.- FACULTAD DEL SUPERINTENDENTE DE DECLARAR LA LEGITIMIDAD DE
SESIONES Y ACUERDOS DE JUNTAS GENERALES.
Compete al Superintendente, a petición de parte o de oficio, resolver en la vía administrativa todas las
cuestiones que pudieran afectar la legitimidad de las sesiones de la Junta y de los acuerdos que en ella
se adopten, sin perjuicio del derecho de impugnación en la vía judicial que a los accionistas les concede
la ley.
LEY GRAL. Arts. 100 (3), 347, 349 (6).
L.G.S. Arts. 139, 140, 143.
CAPÍTULO II
DIRECTORIO
Artículo 79º.- CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO.
El Directorio de las empresas de los sistemas financiero y de seguros se integra con no menos de cinco
(5) miembros, que reúnan condiciones de idoneidad técnica y moral, elegidos por la Junta General de
Accionistas.
LEY GRAL. Arts. 20, 80, 81, 39-a, 347, 361 (4, 6).
L.G.S. Arts. 153, 155, 156, 159, 161, 164.
Artículo 80º.- DIRECTORES SUPLENTES.
Las empresas podrán designar directores suplentes, de acuerdo a lo que establezca su estatuto. Su
designación será comunicada a la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 20, 79, 81,86, 89, 39-a.
L.G.S. Arts. 156, 157, 159, 161, 164.
Artículo 81º.- REQUISITOS PARA SER DIRECTOR. 39
Los directores de las empresas de los sistemas financiero o de seguros deben cumplir requisitos de
idoneidad técnica y moral y no estar incursos en los siguientes impedimentos:
1. Los impedidos de conformidad con la Ley General de Sociedades.
39 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
31
2. Los que, según los artículos 20º, 51º y 52º, tienen impedimento para ser organizadores o
accionistas.
3. Los conocidamente insolventes y quienes tengan la mayor parte de su patrimonio afectado por
medidas cautelares.
4. Los que, siendo domiciliados, no figuren en el Registro Único de Contribuyentes.
5. Los trabajadores de la propia empresa, a excepción del Gerente General.
6. Los trabajadores de una empresa, así como de sus subsidiarias, en otras empresas y sus
respectivas subsidiarias, siempre que sean de la misma naturaleza.
7. Los trabajadores de una empresa de seguros, así como de sus subsidiarias, en otra empresa de
la misma naturaleza o en empresas de reaseguros domiciliadas en el país con las que no exista
vinculación accionaria, y viceversa.
8. Los que, directa o indirectamente, en la misma empresa, o en otra empresa del sistema
financiero, tengan créditos vencidos por más de ciento veinte días (120), o que hayan ingresado a
cobranza judicial.
9. Los que, directa o indirectamente, sean titulares, socios o accionistas que ejerzan influencia
significativa sobre sociedades que tengan créditos vencidos por más de ciento veinte (120) días,
o que hayan ingresado a cobranza judicial en la misma empresa o en otra del sistema financiero.
La resolución que se emita por la existencia de algún impedimento para ser director de una empresa, en
la medida de lo practicable y a petición del solicitante, deberá estar debidamente fundamentada.
LEY GRAL. Arts. 20, 51, 52, 79, 82, 88, 92, 381.
C.C. Arts. 44, 584, 585.
L.G.S. Arts. 161, 162.
C. DE C. Arts. 13, 14.
Artículo 82º.- COMUNICACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA.
Toda elección de directores de una empresa de los sistemas financiero y de seguros, así como las
vacancias, deben ser puestas en conocimiento de la Superintendencia en un plazo no mayor de un (1)
día hábil de producidas, mediante remisión de copia certificada del acta de la sesión en que aquélla
conste, expedida por el secretario del Directorio o quien haga sus veces.
LEY GRAL. Arts. 79, 80, 89, 92.
L.G.S Arts. 134, 153, 157, 158, 161,162.
Artículo 83º.- CARGO DE DIRECTOR NO DELEGABLE.
El cargo de director de una empresa de los sistemas financiero o de seguros no es delegable.
LEY GRAL. Arts. 79, 80.
L.G.S. Art. 159.
Artículo 84º.- OPORTUNIDAD DE SESIONES DE DIRECTORIO.
El Directorio celebra sesiones ordinarias cuando menos una vez al mes.
LEY GRAL. Arts. 13, 85, 86, 89, 100 (3).
L.G.S. Art. 167.
Artículo 85º.- QUÓRUM DEL DIRECTORIO.
En ningún caso el quórum señalado en el estatuto de las empresas de los sistemas financiero o de
seguros para las sesiones de Directorio puede ser mayor que las dos terceras partes de los miembros de
32
éste. Tampoco puede exigirse en el estatuto, para la adopción de acuerdos, el voto conforme de más de
las dos terceras partes de los directores presentes.
LEY GRAL. Arts. 13, 79, 84, 86.
L.G.S. Arts. 168, 169, 170.
Artículo 86º.- ASISTENCIA DE DIRECTORES SUPLENTES.
La asistencia a una sesión de uno de los directores suplentes a que se refiere el artículo 80º, sin que se
haya hecho presente el respectivo titular, constituye por sí sola presunción de que éste último se
encuentra ausente o impedido de concurrir.
LEY GRAL. Arts. 80, 83, 85.
L.G.S. Art. 156.
Artículo 87º.- RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES.
Los directores titulares y los suplentes a que se refiere el artículo 80º, con la solidaridad que señala el
artículo 172º de la Ley General de Sociedades, son especialmente responsables por:
1. Aprobar operaciones y adoptar acuerdos con infracción de las disposiciones de la Ley y,
señaladamente, de las prohibiciones o de los límites establecidos en el Capítulo II del Título II de la
Sección Segunda.
2. Omitir la adopción de las medidas necesarias para corregir las irregularidades en la gestión.
3. Incumplir las disposiciones emitidas por la Superintendencia, así como los pedidos de información
que emanen de ese organismo o del Banco Central.
4. Dejar de proporcionar información a la Superintendencia, o suministrarla falsa, respecto de hechos u
operaciones que pudieran afectar la estabilidad y solidez de la empresa de los sistemas financiero o
de seguros.
5. Abstenerse de dar respuesta a las comunicaciones de la Superintendencia o del Banco Central que
sean puestas en su conocimiento por mandato de la Ley o por indicación de dichos organismos.
6. Omitir la adopción de las medidas conducentes a garantizar la oportuna realización de las auditorías
internas y externas.
Las infracciones anotadas serán sancionadas por la Superintendencia, de acuerdo a su gravedad, sin
perjuicio de las acciones civiles o penales que corresponda conforme a los artículos 173º y 174º de la Ley
General de Sociedades y de las atribuciones que conforme a su Ley Orgánica corresponden al Banco
Central.
LEY GRAL. Arts. 79, 80, 92, 134 (1, 2, 3), 164, 165, 356, 361 (4, 6).
L.G.S. Arts. 177, 178, 183, 184.
Artículo 88º.- INCOMPATIBILIDAD DEL CARGO DE DIRECTOR.
Con la excepción que resulta del numeral 5 del artículo 81º, los miembros del Directorio de una empresa,
salvo el Presidente del Directorio, no pueden desempeñar cargo ejecutivo en la propia empresa.
LEY GRAL. Art. 81 (5).
Artículo 89º.- VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR.
Además de las causales previstas por la ley para las sociedades anónimas, vaca el cargo de director de
una empresa de los sistemas financiero o de seguros, cuando:
1. Falte a sesiones de manera ininterrumpida, sin licencia del Directorio, por un período de tres meses.
2. Se incurra en inasistencias, con licencia o sin ella, que superen la tercera parte del total de sesiones
celebradas en un lapso de doce (12) meses que culmine en la fecha de la última ausencia.
33
La causal del numeral 2 no opera en la medida en que el suplente designado asista a las sesiones.
La vacancia del director titular determina automáticamente la de su suplente.
LEY GRAL. Arts. 80, 82.
L.G.S. Arts. 156, 157.
Artículo 90º.- OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL DIRECTORIO SOBRE LAS COMUNICACIONES
DE LA SUPERINTENDENCIA.
Toda comunicación que la Superintendencia dirija a una empresa de los sistemas financiero o de
seguros, con referencia a una inspección o investigación practicada, o que contenga recomendaciones
sobre sus negocios, debe ser puesta en conocimiento del Directorio, o del organismo que ejerza función
equivalente, en la primera oportunidad en la que se reúna, bajo responsabilidad del Presidente del
Directorio o funcionario de rango equivalente.
LEY GRAL. Arts. 87 (3, 5), 357, 359.
L.G.S. Art. 173.
CAPÍTULO III
GERENCIA
Artículo 91º.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
El nombramiento de los gerentes de una empresa no puede recaer en persona jurídica. No puede
atribuirse la potestad de efectuar la designación de tales funcionarios a entidad ajena a la empresa de los
sistemas financiero o de seguros, u órgano de gobierno de ésta.
LEY GRAL. Arts. 81, 82, 92, 347.
L.G.S. Arts. 185, 186, 193.
Artículo 92º.- NORMAS APLICABLES AL GERENTE Y OTROS EJECUTIVOS PRINCIPALES 40
Son aplicables a los gerentes y otros ejecutivos principales de las empresas en cuanto hubiere lugar, las
disposiciones de los artículos 81º, 82º y 87º.”
LEY GRAL. Arts. 81, 82, 87, 91, 356, 361, 381.
L.G.S. Arts. 189, 190, 191, 194, 195, 196.
Artículo 93º.- OBLIGACIÓN DEL GERENTE DE INFORMAR AL DIRECTORIO SOBRE LAS
OPERACIONES DE CRÉDITO.
En las empresas de los sistemas financiero o de seguros, el Gerente General o quien haga sus veces,
debe informar al Directorio, en cada sesión ordinaria y por escrito, de todos los créditos y garantías que, a
partir de la sesión precedente, se hubiere otorgado a cada cliente, así como de las inversiones y ventas
efectuadas, cuando en uno y otro caso se excede el límite que establezca la Superintendencia.
Una copia del acta, en la que se informa de los excesos, deberá ser remitida a la Superintendencia para
los fines correspondientes, bajo responsabilidad del Directorio.
LEY GRAL. Arts. 87, 92, 94, 356, 361, 367 (6).
L.G.S. Arts. 189, 190.
40 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
34
Artículo 94º.- OBLIGACIÓN DEL GERENTE DE INFORMAR AL DIRECTORIO SOBRE LA
MARCHA DE LA EMPRESA.
El Gerente General o quien haga sus veces, debe informar al Directorio, cuando menos trimestralmente,
sobre la marcha económica de la empresa de los sistemas financiero o de seguros, contrastando ese
informe con el correspondiente al trimestre anterior y con las metas previstas para el período. El Directorio
será responsable del puntual cumplimiento de esta obligación.
LEY GRAL. Arts. 87, 92, 367 (6).
L.G.S. Art. 190.
TITULO V
RÉGIMEN DE VIGILANCIA
CAPÍTULO ÚNICO
RÉGIMEN DE VIGILANCIA
41
Artículo 95º.- SOMETIMIENTO A RÉGIMEN DE VIGILANCIA - CAUSALES.
La Superintendencia somete a toda empresa del sistema financiero autorizada a captar depósitos del
público, así como a las referidas en el artículo 7, o a toda empresa del sistema de seguros, a régimen de
vigilancia, cuando incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:42
1. Causales aplicables a las empresas de los sistemas financiero o de seguros:
a) Incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 63º;
b) Disminución del patrimonio efectivo o del capital social por debajo del capital mínimo exigible;
c) Conceder crédito a sus propios accionistas, para ser destinados a cubrir los requerimientos de
capital de la empresa;
d) Proporcionar intencionalmente información falsa a la Superintendencia o al Banco Central, o dar
lugar a que se sospeche de la existencia de fraude o de significativas alteraciones en la
posición financiera;
e) Negarse a someter sus libros y negocios al examen de la Superintendencia o rehuir a tal
sometimiento;
f) Existir negativa de sus directores, gerentes o demás funcionarios, así como de los trabajadores
a prestar su declaración ante la Superintendencia sobre las operaciones y negocios de la
empresa;
g) Haber resultado imposible, por falta del mínimo legal de votos favorables señalado en el artículo
75º, la adopción oportuna por la Junta General de Accionistas, de acuerdos requeridos para la
adecuada marcha de la empresa; y,
h) Incurrir en notorias o reiteradas violaciones a la ley, a su estatuto o a las disposiciones
generales o específicas dictadas por la Superintendencia o el Banco Central.
2. Causales aplicables a las empresas del sistema financiero:
a) Incumplimiento de los requerimientos de encaje de la totalidad de períodos consecutivos
comprendidos en un lapso de 3 (tres) meses, o en períodos que, conjuntamente, supongan una
41 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
42 Párrafo modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
35
duración mayor de 5 (cinco) meses en un lapso de 12 (doce), que culmine con el mes del
último déficit;
b) Necesidad de recurrir al financiamiento de sus obligaciones que, a criterio de la
Superintendencia, denote una insuficiencia financiera estructural para el cumplimiento de las
normas de encaje o que tienda a ser permanente;
c) Necesidad de recurrir al apoyo crediticio del Banco Central por más de 90 (noventa) días en los
últimos 180 (ciento ochenta) días;
d) Exceso en los límites establecidos en los artículos 206º, 207º, 208º y 209º durante 3 (tres)
meses en un lapso de 12 (doce) que culmine con el mes en el que se haya registrado el último
exceso;
e) Infracción de otros límites individuales o globales con una frecuencia o magnitud que, a juicio
del Superintendente, revele conducción inadecuada de los negocios por la empresa, aunada a
la omisión en la aprobación y ejecución de medidas correctivas;
f) Incumplimiento reiterado de la atención al público a que se refiere el artículo 139º;
g) Cuando el patrimonio efectivo sea menor al requerido en el numeral 3 del primer párrafo del
artículo 199 por un período de 3 (tres) meses consecutivos ó 5 (cinco) meses alternados en un
43 44
período de un año, contado desde el primer mes en que se presente el incumplimiento;
45
h) Pérdida o reducción de más del 40% (cuarenta por ciento) del patrimonio efectivo.
3. Causales aplicables a las empresas del sistema de seguros:
a) Incumplimiento de los requerimientos de inversión, patrimonio efectivo y límite de
endeudamiento, en períodos consecutivos en un lapso de 3 (tres) meses, o en períodos que,
conjuntamente, supongan una duración mayor de 5 (cinco) meses en un lapso de 12 (doce),
que culmine con el mes del último déficit;
b) Necesidad de recurrir al financiamiento de sus obligaciones que, a criterio de la
Superintendencia, denote una insuficiencia financiera estructural para el cumplimiento de sus
obligaciones; y,
c) Haber omitido presentar el programa considerado en los artículos 302º y 316º, o haberlo hecho
en términos que la Superintendencia considere inaceptables.
4. Causales aplicables a las empresas del sistema de seguros que realicen operaciones afectas al riesgo
crediticio: incumplimiento de cualquiera de las causales precisadas en el numeral 2, literales (d) y (e).
Adicionalmente, la Superintendencia puede decidir el sometimiento de una empresa de los sistemas
financiero o de seguros a un régimen de vigilancia, si estima que existen razones graves no
contempladas en el presente artículo que justifiquen la medida. Tratándose de las empresas del sistema
financiero, la Superintendencia pondrá esa decisión en conocimiento previo del Banco Central.
La decisión del Superintendente de someter a una empresa al régimen de vigilancia no da lugar a
resolución, se hace conocer por oficio y se mantiene bajo estricta reserva. El Banco Central, el Fondo y
43 Literal modificado por Decreto Legislativo N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009, y
posteriormente por Decreto Legislativo N° 1531, publicado el 19-03-2022 y vigente desde el 01-01-2023.
44 Conforme la Única Disposición Complementaria Transitoria del D.U. 101-2021 del 28-10-2021, publicado el 29-
10-2021 y modificada por el D.U. N° 003-2022 publicado el 26-03-2022, se suspende de manera excepcional,
hasta el 31-03-2023, lo dispuesto en el literal g) del numeral 2 del artículo 95.
45 Conforme la Única Disposición Complementaria Transitoria del D.U. 037-2021 del 14-04-2021, publicado el 15-
04-2021 y modificada por el D.U. N° 003-2022 publicado el 26-03-2022, se incrementa hasta el 60% la pérdida o
reducción del patrimonio efectivo, como causal de sometimiento a régimen de vigilancia prevista en el literal h),
numeral 2 del artículo 95, excepcionalmente, hasta el 31-03-2023, para las empresas del sistema financiero
comprendidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Literal A del artículo 16 de la Ley Nº 26702.
36
sus respectivos trabajadores, así como los accionistas, directores y trabajadores de las empresas
sometidas al régimen de vigilancia se encuentran obligados a mantener dicha reserva, siendo aplicable lo
dispuesto en el artículo 372º. Asimismo, dicha reserva también es aplicable a los terceros considerados
en el numeral 3 del artículo 99º. La infracción de esta obligación se considera falta grave sin perjuicio de
la responsabilidad que determina el artículo 249º del Código Penal.
LEY GRAL. Arts. 16,17, 18, 63, 87, 92, 96 al 102, 104 (3), 139, 161, 162, 163, 164, 199, 200, 203,
206, 207, 208, 209, 217 (2), 349 (16), 367 (6), 1ª Disp. F. y C., Glosario (commodities).
L.G.S. Arts. 190, 191.
L.O.B.C.R. Arts. 53, 54, 58.
C.P. Art. 245.
Artículo 96º.- DURACIÓN. 46
El régimen de vigilancia tiene una duración no mayor de 45 (cuarenta y cinco) días, que puede ser
prorrogado por un período idéntico, por una sola vez, y sólo si, pese a los esfuerzos desplegados y a las
mejoras obtenidas, subsisten las causales señaladas en el artículo anterior. Esta prórroga no es aplicable
en los casos precisados en los numerales 1-c, 2-e y 2-f de dicho artículo.
LEY GRAL. Arts. 95 (1c, 2c, 2f), 97 al 102.
Artículo 97º.- REQUERIMIENTO A EMPRESA SOMETIDA A RÉGIMEN DE VIGILANCIA.
Durante el régimen de vigilancia se mantiene la competencia y la autoridad de los órganos de gobierno de
la empresa, sin más limitaciones que las que resultan del presente Título.
La empresa sometida al régimen de vigilancia, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la
recepción del oficio que comunique tal decisión, deberá proponer un plan de recuperación financiera a
satisfacción de la Superintendencia. Este plan contemplará las reglas de prudencia que dicho organismo
considere adecuadas. Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la aprobación que se dé al referido
plan, y sin perjuicio de iniciar su ejecución en el intervalo, se deberá suscribir el convenio que lo formalice.
Adicionalmente, la empresa deberá demostrar, con la periodicidad que se establezca en el referido
convenio, una mejora de su posición, la que necesariamente debe incluir aportes nuevos de capital en
efectivo.
LEY GRAL. Arts. 62, 95, 96, 98 al 102.
L.G.S. Art. 202.
Artículo 98º.- CONVENIO DE RECUPERACIÓN.
El convenio a que se refiere el artículo anterior, celebrado con empresas del sistema financiero, es puesto
en conocimiento del Banco Central por el Superintendente, al que informa cada quince (15) días de su
ejecución, así como de su eventual prórroga.
LEY GRAL. Arts. 97, 349 (16), 359, 1ª Disp. F. y C.
L.O.B.C.R. Art. 97.
47
Artículo 99º.- FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA.
En cualquier momento durante el Régimen de Vigilancia, la Superintendencia está facultada para:
1. Evaluar el patrimonio real de la empresa y realizar los estudios que permitan establecer la posibilidad
de rehabilitarla;
46 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
47 Modificado por la Ley Nº 27008 del 04-12-98
37
2. Determinar el patrimonio real de la empresa y, en su caso, disponer la cancelación de las pérdidas
con cargo a las reservas legales y facultativas, y al capital social; y,
3. Requerir a los accionistas que efectúen nuevos aportes de capital en efectivo de forma inmediata. En
el caso que los accionistas no lo efectúen, pierden su derecho preferencial y la Superintendencia
está facultada para obtener dichos aportes de terceros.
LEY GRAL. Arts. 62, 95 al 98, 100, 101, 102, 134 (1), 180
L.G.S. Art. 202.
D.S. 081-99-EF.
Artículo 100º.- FACULTADES DEL FUNCIONARIO DESIGNADO.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Superintendente puede designar a un funcionario
con las siguientes facultades:
1. Tratándose de empresas del sistema financiero, requerir toda información que estime necesaria, en
especial la relativa a los depósitos y los créditos
2. Tratándose de las empresas del sistema de seguros, requerir toda la información que estime
necesaria en relación con sus operaciones.
3. Asistir como observador a las sesiones del Directorio y de la Junta General de Accionistas.
LEY GRAL. Arts. 77, 78, 356.
L.G.S. Art. 121.
C.P. Arts. 365, 368.
48
Artículo 101º.- CONSECUENCIAS DEL REGIMEN DE VIGILANCIA
Son consecuencias indesligables del sometimiento al régimen de vigilancia, y subsisten en tanto no
concluya:
1. Tratándose de las empresas de los sistemas financiero o de seguros:
a) La inspección permanente de la empresa por la Superintendencia, con las facultades que le
confiere la presente Ley.
b) La prohibición de constituir o aceptar fideicomisos.
c) La privación del derecho a voto, que pudiera corresponderles en las sesiones que realice la
Junta General de Accionistas u órgano equivalente, a los accionistas que se hubieren
desempeñado como directores o gerentes al momento del sometimiento de la empresa al
régimen de vigilancia.
d) La Superintendencia convocará a la Junta General de Accionistas, de manera inmediata, para
la adopción de los acuerdos necesarios para superar las causales que motivaron el
sometimiento al régimen de vigilancia y en especial para la implementación del aporte de capital
a que se refiere el numeral 3 del artículo 99º de la presente Ley, convocatoria que se realizará
sin necesidad de formalidad alguna. En dicha Junta General, de ser pertinente, se procederá a
la elección del nuevo Directorio de la empresa. En la sesión respectiva no pueden votar quienes
hayan formado parte del Directorio o se hayan desempeñado como gerentes de la empresa al
tiempo de la imposición del Régimen de Vigilancia o en los dos (2) años previos, ni quienes
estén vinculados a ellos conforme a lo establecido por la Superintendencia.
e) Otras medidas que la Superintendencia estime pertinentes con la finalidad de cumplir con lo
dispuesto en el presente Capítulo.
2. Tratándose de las empresas del sistema financiero:
48 Modificado por la Ley Nº 27331 del 27-07-2000
38
a) La reducción del período de encaje en la forma que determine el Banco Central.
b) Todo incremento en los depósitos u otras obligaciones por encima del saldo registrado en la
fecha en la que el régimen fue impuesto, así como cualquier ulterior recuperación de créditos,
debe ser utilizado en primera instancia para reducir el déficit de encaje, si es que hubiere.
Cubierto el déficit, dichas sumas serán abonadas en las cuentas corrientes abiertas en el Banco
Central y por las que se abonará la tasa de interés que éste determine, la misma que será al
menos equivalente a la remuneración de los fondos de encaje en la respectiva moneda.
c) La Superintendencia podrá restringir la realización de determinadas operaciones que
incrementen el riesgo de la empresa. Las empresas sólo podrán volver a realizar dichas
operaciones con la autorización previa de la Superintendencia.49
En el supuesto del literal d) del numeral 1 del presente artículo, el Superintendente nombrará a un nuevo
Directorio, sólo si se presentara alguna de las siguientes circunstancias:
a) La Junta General de Accionistas no se hubiese reunido en alguna de las fechas para las que
fue convocada;
b) La Junta General de Accionistas no aprobase la remoción y sustitución del Directorio;
c) Ninguno de los socios con derecho a voto represente individualmente cuando menos 4%
(cuatro por ciento) del capital social y todos ellos no alcancen una participación del 15% (quince
por ciento) en dicho capital; y,
d) El nuevo Directorio no hubiese cumplido con sustituir al Gerente General.
Al nombrar al nuevo Directorio, el Superintendente dará participación en él a los socios que se
encuentren hábiles para intervenir en la Junta General y a los acreedores no preferenciales de
mayor importancia.
LEY GRAL. Arts. 95, 96, 99, 102, 161, 162, 166, 199, 200, 221 (16, 17, 20, 22), 241, 242, 357.
L.O.B.C.R. Arts. 53, 54
Artículo 102º.- CONCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DE VIGILANCIA.
El Superintendente dará por concluido el régimen de vigilancia cuando considere que hayan
desaparecido las causales que determinaron su sometimiento o cuando la empresa haya caído en alguna
de las causales de intervención, previstas en los artículos 103º y siguientes.
Es potestad del Superintendente dar igualmente por concluido el régimen de vigilancia antes de la
finalización del término establecido, si llega a formarse convicción de que durante dicho plazo no es
posible la superación de los problemas detectados.
LEY GRAL. Arts. 95, 96, 97, 103, 104.
TÍTULO VI
INTERVENCIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
INTERVENCIÓN
Artículo 103º.- INTERVENCIÓN. 50
49 Literal modificado por Decreto Legislativo N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009.
50 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99 y por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
39
Toda empresa del sistema financiero autorizada a captar depósitos del público, así como las referidas en
el artículo 7, o del sistema de seguros, que incurra en las causales consideradas en el artículo siguiente,
debe ser intervenida por resolución del Superintendente. La intervención es realizada directamente por la
Superintendencia o con el apoyo de terceros. En el caso de empresas del sistema financiero, la
intervención debe ser puesta en conocimiento previo del Banco Central.
LEY GRAL. Arts. 104 al 107, 184, 185, 349 (16), 359, 361 (8), 1ª Disp. F. y C.
C.P. Arts. 245, 247, 365, 368.
Artículo 104º.- CAUSALES DE INTERVENCIÓN. 51
Son causales de intervención de una empresa de los sistemas financiero o de seguros:
1. La suspensión del pago de sus obligaciones;
2. Incumplir durante la vigencia del régimen de vigilancia con los compromisos asumidos en el plan de
recuperación convenido o con lo dispuesto por la Superintendencia de acuerdo a lo establecido en el
Título V de la presente sección;
3. En el caso de empresas del sistema financiero, cuando el patrimonio efectivo sea menos de la mitad
52 53
del requerido en el numeral 3 del primer párrafo del artículo 199;
4. Pérdida o reducción de más del 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio efectivo en los últimos 12
54 55
meses.
5. Tratándose de empresas del sistema de seguros, la pérdida o reducción del patrimonio efectivo por
debajo del 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio de solvencia.
LEY GRAL. Arts. 16, 17, 18, 63, 67, 95 (1b), 96, 97, 98, 99, 103, 105, 106, 107, 184, 185,199, 298,
299.
L.G.S. Art. 407 (4).
Artículo 105º.- DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 56
La intervención dispuesta con arreglo al artículo anterior tendrá una duración de 45 (cuarenta y cinco)
días, prorrogables por una sola vez hasta por un período idéntico(*). Transcurrido dicho plazo se dictará la
correspondiente resolución de disolución de la empresa, iniciándose el respectivo proceso de liquidación.
El régimen de intervención puede concluir antes de la finalización del plazo establecido en el párrafo
anterior cuando el Superintendente lo considere conveniente. La respectiva resolución deberá ser puesta
en conocimiento previo del Banco Central.
51 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
52 Numeral modificado por Decreto Legislativo N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009, y
posteriormente por Decreto Legislativo N° 1531, publicado el 19-03-2022 y vigente desde el 01-01-2023.
53 Conforme la Única Disposición Complementaria Transitoria del D.U. 037-2021 del 14-04-2021, publicado el 15-
04-2021, se reduce a 25% del patrimonio efectivo requerido en el primer párrafo del artículo 199, como causal
de intervención prevista en el numeral 3 del artículo 104, excepcionalmente, hasta el 31-03-2022, para
las empresas del sistema financiero comprendidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Literal A del artículo
16 de la Ley Nº 26702. Esta reducción fue dejada sin efecto por el D.U. N° 003-2022 publicado el 26-03-2022.
54 Numeral modificado por Decreto Legislativo N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
55 Conforme la Única Disposición Complementaria Transitoria del D.U. 037-2021 del 14-04-2021, publicado el 15-
04-2021 y modificada por el D.U. N° 003-2022 publicado el 26-03-2022, se incrementa a 80%, la pérdida o
reducción del patrimonio efectivo en los últimos 12 meses como causal de intervención prevista en el numeral 4
del artículo 104, excepcionalmente, hasta el 31-03-2023, para las empresas del sistema financiero
comprendidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Literal A del artículo 16 de la Ley Nº 26702.
56 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
(*) Sujeto a prórroga excepcional dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 028-2001 del 09-03-2001
40
LEY GRAL. Arts. 103, 104, 106, 107, 114, 115.
L.G.S. Art. 407 (4).
57
Artículo 106º.- CONSECUENCIAS DE LA INTERVENCIÓN.
Son consecuencias indesligables de la intervención y subsisten en tanto no concluya:
1. La competencia de la Junta General de Accionistas se limita exclusivamente a las materias de que
trata este capítulo;
2. La suspensión de las operaciones de la empresa;
3. La aplicación de la porción necesaria de la deuda subordinada, en su caso, a absorber las pérdidas,
después de haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 107º;
4. La aplicación de las prohibiciones contenidas en el artículo 116º, a partir de la publicación de la
resolución que determine el sometimiento al régimen de intervención; y,
5. Otras que la Superintendencia estime pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en este
capítulo.
LEY GRAL. Arts. 64, 67, 68, 69, 104, 107, 116, 233.
L.G.S. Arts. 95 (4), 114, 115, 121.
58
Artículo 107º.- FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA.
Durante el régimen de intervención, la Superintendencia está facultada para:
1. Determinar el patrimonio real y cancelar las pérdidas con cargo a las reservas legales y facultativas
y, en su caso, al capital social;
2. Disponer, para los fines del numeral 3 siguiente, las exclusiones de:
a) Todo o parte de los activos del Balance que la Superintendencia considere, incluyendo los
señalados en el artículo 118º;
b) Los pasivos considerados en el artículo 118º, en el numeral 1 del literal A del artículo 117º y de
las imposiciones señaladas en el artículo 152º hasta por el monto establecido en el artículo
153º;
c) En caso de que existan activos que permitan su transferencia, las imposiciones señaladas en el
artículo 152º por montos superiores al establecido en el artículo153º, así como depósitos
adicionales a los establecidos en el artículo 152º, excepto los conceptos referidos en el último
párrafo de éste.
3. Transferir total o parcialmente los activos y pasivos señalados en el numeral anterior. Para realizar
dichas transferencias no se requiere del consentimiento del deudor o acreedor, salvo lo dispuesto en
el artículo 62º de la Constitución Política. Si como consecuencia de la transferencia existiera un
saldo positivo, éste se integrará a la masa, una vez deducidos los costos de las indicadas
transferencias.
LEY GRAL. Arts. 100, 103 al 106, 117 (1A), 118, 152, 153, 356, 361.
CONST. Art. 62.
Artículo 108º.- 59
60
Artículo 109º.-
57 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
58 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
59 Derogado por la Ley No. 27102 del 05-05-99
41
Artículo 110º.- 61
Artículo 111º.- 62
Artículo 112º.- 63
Artículo 113º.- 64
TITULO VII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 114º.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS.
Las empresas del sistema financiero autorizadas a captar depósitos del público, así como las referidas en
el artículo 7, o del sistema de seguros, se disuelven, con resolución fundamentada de la
Superintendencia, por las siguientes causales:65
1. En el caso a que se refiere el artículo 105º de la presente ley;
2. Por las causales contempladas en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.
La resolución de disolución no pone término a la existencia legal de la empresa, la que subsiste hasta que
concluya el proceso liquidatorio y, como consecuencia de ello, se inscriba la extinción en el Registro
Público correspondiente. A partir de la publicación de dicha resolución, la empresa deja de ser sujeto de
crédito, queda inafecta a todo tributo que se devengue en el futuro, y no le alcanzan las obligaciones que
esta ley impone a las empresas en actividad, incluido el pago de las cuotas de sostenimiento a la
Superintendencia.
La Superintendencia establecerá las normas y el procedimiento aplicable para la disolución y liquidación
de las empresas.
LEY GRAL. Arts. 28, 105, 106, 115 al 129, 177, 269 (2), 281, 349 (9), 356, 361 (10), 373, 374.
L.G.S. Arts. 44, 407, 409, 411, 412, 413, 421, 422, 423 (6), 424.
L.P.A.G. Art. 3 (4).
66
Artículo 115º.- PROCESO DE REHABILITACIÓN O DE LIQUIDACIÓN.
La Superintendencia encomendará, mediante contratos, la liquidación de las empresas del sistema
financiero y del sistema de seguros a personas jurídicas debidamente calificadas, correspondiéndole la
supervisión y control de dicho proceso. Dicho contrato dejará a salvo la posibilidad de rehabilitación de la
empresa, de acuerdo a lo establecido en los artículos 124º a 129º.
60 Derogado por la Ley No. 27102 del 05-05-99
61 Derogado por la Ley No. 27102 del 05-05-99
62 Derogado por la Ley No. 27102 del 05-05-99
63 Derogado por la Ley No. 27102 del 05-05-99
64 Derogado por la Ley No. 27102 del 05-05-99
65 Párrafo modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
66 Modificado por la Ley N° 27102 del 05-05-99
42
La remuneración por la rehabilitación o liquidación consistirá en un porcentaje de los nuevos aportes o de
la recuperación. La Superintendencia establecerá las demás condiciones del proceso, en el contrato
respectivo. La rehabilitación podrá consistir, igualmente, en la fusión u otra forma de recuperación
empresarial.
En el respectivo contrato se establecerá un plazo de duración compatible con la complejidad previsible
del proceso, el que no debe exceder de 2 (dos) años, término prorrogable hasta por uno igual, a juicio del
Superintendente, si mediare causa justificada.
La selección se hará mediante concurso público. En caso de que la segunda convocatoria a concurso
público quedase desierta, la liquidación será judicial y se regirá en lo pertinente por el Título II de la
Sección Tercera de la Ley General de Sociedades. La designación del liquidador la realiza la Corte
Suprema y el seguimiento del proceso de liquidación correspondiente es competencia exclusiva del Poder
Judicial.
CONST. Art. 76.
LEY GRAL. Arts. 105, 114, 116, 124 al 129, 177, 8ª Disp. Tran.
L.G.S. Arts. 44, 413, al 416.
C.T. Art. 17 (2).
Artículo 116º.- PROHIBICIONES.
67
A partir de la fecha de publicación de la resolución de disolución de una empresa de los sistemas
financiero o de seguros del país, es prohibido:
1. Iniciar contra ella procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
2. Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra ella.
3. Constituir gravámenes sobre alguno de sus bienes en garantía de las obligaciones que le
conciernen.
68
4. . Hacer pagos, adelantos o compensaciones o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los
fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros, con excepción de:
i. Las compensaciones entre las empresas de los sistemas financiero o de seguros del país; y,
69
ii. Las compensaciones de obligaciones recíprocas generadas de operaciones de venta con
compromiso de recompra, venta y compra simultáneas de valores, transferencia temporal de
valores y operaciones con productos financieros derivados, celebradas con instituciones
financieras y de seguros del país y del exterior. Las compensaciones incluirán los márgenes
otorgados en respaldo de dichas operaciones. Para efectos de lo dispuesto en esta disposición
se consideran obligaciones recíprocas y márgenes aquellos que emanen de operaciones de
venta con compromiso de recompra, venta y compra simultáneas de valores, transferencia
temporal de valores y de operaciones con productos financieros derivados, que sean suscritos
entre las mismas partes, en una o más oportunidades, bajo la ley peruana o extranjera, al
amparo de un mismo convenio marco de contratación. La Superintendencia establecerá las
características mínimas que deberán cumplir los convenios marco de contratación que suscriban
las empresas, considerando para ello los convenios que gozan de aceptación general en los
mercados internacionales.
Las empresas deberán remitir a la Superintendencia los contratos suscritos de conformidad con
el presente numeral. La compensación solo procederá si dichos contratos cumplen con las
características que establezca la Superintendencia y siempre que hayan sido puestos en
67 Párrafo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008
68 Numeral modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008
69 Inciso modificado por Ley N° 30052 del 26-06-2013 y vigente desde el 24-12-2013.
43
conocimiento de esta, con anterioridad a la fecha de sometimiento de las empresas al régimen
de intervención o disolución y liquidación.
70
iii. Las compensaciones de obligaciones recíprocas generadas de operaciones de venta con
compromiso de recompra, venta y compra simultáneas de valores y transferencia temporal de
valores, celebradas con el Ministerio de Economía y Finanzas o el Banco Central de Reserva del
Perú de acuerdo con los modelos de contrato y disposiciones normativas aprobados por dichas
instituciones para sus respectivas operaciones. Las compensaciones incluirán los márgenes
otorgados en respaldo de dichas operaciones.
Las empresas deberán remitir a la Superintendencia los contratos marco suscritos con el
Ministerio de Economía y Finanzas y con el Banco Central de Reserva del Perú. La
compensación solo procederá siempre que dichos contratos hayan sido puestos en conocimiento
de la Superintendencia, con anterioridad a la fecha de sometimiento de las empresas al régimen
de intervención o disolución y liquidación.
LEY GRAL. Arts. 114, 119, 120.
C.C. Arts. 1288, 1299.
C.T. Arts. 17 (2), 119
Artículo 117º.- MEDIDAS CAUTELARES Y PRELACIÓN EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES
71
DE UNA EMPRESA EN LIQUIDACIÓN.
Los bienes de una empresa en proceso de liquidación no son susceptibles de medida cautelar alguna.
Las medidas cautelares decretadas en fecha previa a la respectiva resolución de la Superintendencia
serán levantadas por el solo mérito de ésta, bajo responsabilidad de la autoridad ordenante.
Las obligaciones a cargo de una empresa de los sistemas financiero o de seguros en proceso de
liquidación serán pagadas en el siguiente orden:
A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.
1. Las remuneraciones; y,
2. Los beneficios sociales, las aportaciones al Sistema Privado de Pensiones y a la Oficina de
Normalización Previsional, así como otros créditos laborales de los trabajadores de la empresa
liquidada, devengados hasta la fecha en que se declara la disolución, y las pensiones de jubilación a
cargo de la misma o el capital necesario para redimirlas o para asegurarlas con la adquisición de
pensiones vitalicias.
B. CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DEL AHORRO.
Los recursos provenientes de la intermediación financiera captados en forma de depósito u otras
modalidades previstas por la presente Ley, no atendidos con cargo al Fondo. De igual forma, la
contribución realizada por el Fondo y los recursos utilizados para efectivizar la cobertura. Asimismo, los
créditos de los asegurados, o en su caso de los beneficiarios. Igualmente, los créditos de los
reasegurados frente a los reaseguradores o de estos últimos frente a los primeros.
C. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER TRIBUTARIO.
1. Los que correspondan al Seguro Social de Salud (ESSALUD), por obligaciones por prestaciones de
salud de cargo de la empresa disuelta como empleadora.
2. Los tributos.
D. CUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES.
1. Las demás, según su antigüedad; y cuando no pueda determinarse, a prorrata.
70 Inciso incorporado por Ley N° 30052 del 26-06-2013 y vigente desde el 24-12-2013.
71 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
44
2. Los intereses a que se refiere el artículo 120º, en el mismo orden de las acreencias reseñado
precedentemente.
3. La deuda subordinada.
El orden indicado es de carácter general y se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 118º. La
preferencia de los créditos implica que unos excluyen a los otros según el orden establecido en el
presente artículo, hasta donde alcancen los bienes de la empresa.
No son de aplicación las preferencias establecidas por leyes especiales.
Se excluye del orden de prelación, la comisión porcentual por recuperación pactada con los liquidadores
para cubrir su retribución y gastos, así como los pagos necesarios asumidos por la empresa con arreglo
al Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos - ALADI, que el Banco Central no haya podido transferir en
cobranza a otra empresa del sistema financiero. Estas obligaciones serán pagadas con preferencia a las
señaladas en los numerales del presente artículo.
CONST. Art. 24, 87.
LEY GRAL. Arts. 114, 116, 118, 119, 120, 154 al 157, 177, 233, Glosario (Convenio de Pagos y
Créditos Recíprocos).
C.P.C. Arts. 612, 616, 648.
C.T. Arts. 3, 5, 6.
D.LEG. 856.
D.S. 081-99-EF.
72
Artículo 118º.- CONCEPTOS EXCLUIDOS DE LA MASA.
Para los fines del proceso de liquidación se excluye de la masa de la empresa de los sistemas financiero
o de seguros a:
1. Las contribuciones de previsión social y tributos que hubiere retenido o recaudado como
consecuencia de alguna obligación legal o de convenios, y no hubiesen sido entregadas al titular
en su oportunidad.
2. Las colocaciones hipotecarias, las obligaciones representadas por letras, cédulas y demás
instrumentos hipotecarios así como los activos y pasivos vinculados a operaciones de
arrendamiento financiero, los cuales serán transferidos a otra empresa del sistema financiero. La
Superintendencia procurará para estos fines que exista entre los activos y pasivos transferidos la
menor diferencia absoluta entre sus respectivos valores contables.
3. Los montos que se originen en los pagos que por cuenta de la empresa haya realizado el Banco
Central con arreglo al Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos - ALADI.
4. Los montos que se originen en los pagos que por cuenta de la empresa se hayan realizado para
cubrir el resultado de las Cámaras de Compensación.
5. Los montos que se originen como consecuencia de operaciones en las cuales la empresa se
haya limitado a actuar sólo como agente. Estas operaciones serán determinadas mediante
disposición emitida por la Superintendencia.
6. Las operaciones de hipoteca inversa, excepto aquellas que se encuentren en proceso de cobro o
ejecución de la hipoteca.
Para los efectos a que se refieren los numerales 2 y 6, la Superintendencia dispondrá su entrega a otra
empresa o empresas, a través de concursos.
CONST. Art. 12.
72 Modificado por la Ley Nº 27331 del 27-07-2000 y Ley N° 30741 del 27/03/2018
45
LEY GRAL. Arts. 38, 114, 122, 123, 154 al 157, 177, 221 (5, 35), 233, 235, 236, 238, 255, 281,
334, Glosario (Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos).
C.C. Arts. 1206, 1207, 1211, 1215.
C.P.C. Art. 65.
C.T. Art. 5.
LEY 26827.
Artículo 119º.- SUBSISTENCIA DE GARANTÍAS REALES CONSTITUIDAS EN RESPALDO DE
CRÉDITOS CONTRA LA EMPRESA.
Las garantías reales o específicas constituidas antes de la resolución que declara a la empresa en
disolución e iniciado el proceso liquidatorio correspondiente, subsisten con el objeto de respaldar los
créditos contra ella. Las personas en cuyo favor éstas hubiesen sido constituidas conservan su derecho a
hacerse cobro con el producto de su venta, de manera preferente, con sujeción a las reglas siguientes:
1. Se forma concurso separado de cada bien o conjunto de bienes o de derechos gravados con
garantía real o específica, para atender con su producto los créditos que los afectan. Se reconoce y
gradúa separadamente los créditos contra cada bien o grupo de bienes en la forma que el presente
capítulo establece para ese fin.
2. Vendido alguno de los bienes, o hecho efectivo el monto de los créditos y valores gravados, su
producto será depositado por él o los liquidadores en forma separada de los demás de la masa, de
modo tal que se resguarde su valor y produzca renta.
3. Una vez firme la graduación de créditos que recaen sobre determinado bien o grupo de bienes o
derechos, se reserva su pago con cargo al producto que se alude en el numeral precedente hasta
que, con los recursos de la masa general, sean cancelados o debidamente asegurados los créditos
incluidos en las prelaciones que se contempla en los numerales 1 y 2 del artículo 117º.
4. En el caso de que con los bienes de la masa general no se alcanzare a cubrir los créditos
preferenciales de los numerales 1 y 2 del artículo 117º, se aplica a su pago el producto de los bienes
gravados con garantías reales específicas, afectándose todos ellos a prorrata de su valor.
5. Si el producto de la venta o liquidación de determinado bien o grupo de bienes o de derechos fuere
insuficiente para cubrir los créditos garantizados con los derechos reales que lo gravan, los saldos
de créditos no cubiertos se incorporan a la lista general de graduación de créditos y se les coloca en
el lugar que corresponda conforme a su naturaleza.
LEY GRAL. Arts. 114 al 117, 120, 171, 172.
C.C. Arts. 1112, 2016, 2022.
C.P.C. Art. 720.
Artículo 120º.- DEUDAS DE LA EMPRESA CONTINÚAN GENERANDO INTERESES.
Las deudas de la empresa de los sistemas financiero y de seguros en liquidación sólo devengan intereses
legales. Su pago sólo tiene lugar una vez que sea cancelado el principal de las obligaciones,
respetándose la graduación establecida en el artículo 117º.
LEY GRAL. Arts. 114, 117, 119, 151, 152.
C.C. Arts. 1244, 1245.
L.O.B.C.R. Arts. 51, 52.
Artículo 121º.- TRANSFERENCIA DE CARTERA.
Los liquidadores podrán transferir total o parcialmente, la cartera de una empresa del sistema financiero
declarada en disolución a cualquier otra empresa, sea o no integrante de dicho sistema.
46
En el caso de la cartera de una empresa de seguros, la transferencia se efectuará necesariamente a otra
empresa del mismo sistema.
LEY GRAL. Arts. 115, 8ª Disp. Tran.
C.C. Arts. 1206, 1207, 1211, 1215.
L.G.S. Art. 416.
Artículo 122º.- POSIBILIDAD DE APELAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA.
En el caso de que una reclamación sustentada en lo que dispone el artículo 118º no sea considerada
fundada por él o los liquidadores, el interesado puede interponer recurso de apelación ante la
Superintendencia, dentro de los quince (15) días hábiles de notificada tal decisión.
La Superintendencia deberá resolver en un término no mayor de treinta (30) días hábiles.
LEY GRAL. Arts. 118, 362, 369.
C.P.C. Arts. 540, 541, 542.
L.P.A.G. Art. 211.
TUPA
Artículo 123º.- FALTA DE LIQUIDEZ DE LA EMPRESA EN LIQUIDACIÓN.
Si la empresa de los sistemas financiero o de seguros no contare con la liquidez suficiente para atender
de inmediato las devoluciones a que se refiere el artículo 118º, el o los liquidadores, previa deducción de
su comisión, deben destinar a ello los primeros ingresos que obtengan de la cobranza de créditos o la
realización de los activos, aplicándose en todo caso el orden de prelación establecido en el artículo 118º.
LEY GRAL. Arts. 117, 118, 122.
CAPÍTULO II
CONVOCATORIA A JUNTA DE ACREEDORES
Artículo 124º.- PROPUESTA DE PLAN DE REESTRUCTURACIÓN.
Los acreedores de una empresa que, acumulativamente, representen cuando menos el treinta por ciento
(30%) de los pasivos de la misma, podrán presentar a la Superintendencia un plan de rehabilitación de la
empresa. El Plan deberá incluir la suscripción del capital por el monto necesario para que la empresa
alcance una posición de patrimonio que le permita cumplir con los límites operativos establecidos en la
presente ley.
Dicho Plan considerará la aplicación de la parte necesaria de la deuda subordinada de diverso tipo a
absorber pérdidas; y de haber saldo, a su conversión a capital, con emisión de nuevas acciones de serie
distinta.
La propuesta de rehabilitación a realizarse incluirá exclusivamente aportes o capitalización de pasivos,
efectuados por el sector privado.
LEY GRAL. Arts. 97, 99 (2), 106 (3), 115, 125 al 129, 177, 184, 185, 198, 199, 200, 203.
L.G.S. Arts. 202, 203, 204, 208, 214.
Artículo 125º.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN.
Para que proceda la rehabilitación de la empresa intervenida, el Plan deberá ser aprobado por la
Superintendencia, previa opinión del Banco Central. El Banco Central emitirá su opinión tomando en
consideración el informe emitido por la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts.115, 124, 126, 127, 177, 349 (16), 359, 1ª Disp. F. y C., 20ª Disp. F. y C.
47
L.O.B.C.R. Arts. 24 (i, j), 97.
Artículo 126º.- APROBACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN.
Si conforme a lo señalado en el artículo anterior, la Superintendencia considera elegible el Plan de
Rehabilitación procederá a poner dicha propuesta a consideración de los acreedores de la empresa,
quienes podrán aprobarlo con el voto favorable de la mayoría absoluta de los acreedores registrados.
La aprobación del Plan de Rehabilitación por parte de los acreedores no requiere de la realización de una
reunión física de los mismos para tal finalidad, sino que el consentimiento de los acreedores podrá ser
manifestado por adhesión, conforme al procedimiento que para el efecto establezca la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 115, 124, 125 127, 129, 177, 349 (9).
Artículo 127º.- REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
Los nuevos aportes que se acuerden como resultado de la rehabilitación deberán ser suscritos y pagados
en el plazo que para tal efecto establezca el plan, cumplido lo cual la Superintendencia expide resolución
revocando la resolución de disolución, poniendo término al proceso de liquidación y convocando a la
Junta General de Accionistas, con el objeto de que proceda a la elección de un nuevo Directorio y al
nombramiento por éste de un nuevo Gerente.
La elección no puede recaer en los directores ni gerentes que se hallaban en ejercicio al tiempo de
disponerse la intervención, o en los dos (2) años previos.
LEY GRAL. Arts. 74, 75, 79, 81 (2), 82, 91, 92, 114, 115, 124, 125, 126 al 129, 177.
L.G.S. Arts. 126, 127, 153, 161, 185.
Artículo 128º.- DETERMINACIÓN DEL VALOR DE ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES.
En el caso que se trate de una sociedad anónima, deberán observarse las siguientes reglas:
1. Instalado el nuevo Directorio, éste dispone lo conveniente para que una firma especializada
determine, una vez absorbidas las pérdidas, el valor de adquisición de las acciones.
2. Si se detectara la existencia de pérdidas ocultas, que repercuten en un menor valor de las acciones
de los nuevos suscriptores, la Superintendencia realiza los ajustes contables que corresponda.
3. Si las pérdidas ocultas son de tal magnitud que determinan un valor negativo del patrimonio social, la
Superintendencia declara extinguido el valor de las acciones de la serie común.
4. Si la valorización a que se refiere los numerales 1 y 2 precedentes, pone de manifiesto la existencia
de ganancias ocultas, los nuevos suscriptores de capital deben obrar, alternativamente, de la
manera siguiente:
a) Pagar a la empresa el valor de las acciones recibidas en exceso en relación con la suma
aportada; o,
b) Devolver a la empresa las acciones recibidas en exceso, a fin de que sean amortizadas o
recolocadas en bolsa.
5. Si bajo la gestión del nuevo Directorio, se producen nuevas pérdidas, la Junta General de
Accionistas, optará entre acordar suscripciones adicionales de capital, invitar a terceros para que
hagan tal suscripción, o solicitar a la Superintendencia que declare a la empresa en disolución y
liquidación.
LEY GRAL. Arts. 114, 115, 124, 134(1), 177.
L.G.S. Arts. 76, 85, 115.
Artículo 129º.- NORMAS ADICIONALES A LAS JUNTAS DE ACREEDORES
Todos los demás aspectos relacionados a la realización de la Junta de Acreedores a que se refiere los
artículos precedentes serán regulados por la Superintendencia mediante normas de carácter general.
48
LEY GRAL. Arts. 115, 124 al 128, 177, 349 (9).
49
SECCIÓN SEGUNDA
SISTEMA FINANCIERO
TÍTULO PRIMERO
NORMAS GENERALES
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS DECLARATIVOS
Artículo 130º.- ESTADO PROMUEVE EL AHORRO.
Con arreglo a la Constitución Política, el Estado promueve el ahorro bajo un régimen de libre
competencia.
CONST. Arts. 61, 87.
LEY GRAL. Arts. 2, 8, 9, 131, 132, 134, 181, 182, 221 (2), 229, 345, 347.
Artículo 131º.- AHORRO.
El ahorro está constituido por el conjunto de las imposiciones de dinero que, bajo cualquier modalidad,
realizan las personas naturales y jurídicas del país o del exterior, en las empresas del sistema financiero.
Esto incluye los depósitos y la adquisición de instrumentos representativos de deuda emitidos por tales
empresas. Tales imposiciones están protegidas en la forma que señala la presente ley.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 2, 130, 132, 134, 144, 151, (1), 152, 221 (2).
Artículo 132º.- FORMAS DE ATENUAR LOS RIESGOS PARA EL AHORRISTA.
En aplicación del artículo 87º de la Constitución Política, son formas mediante las cuales se procura,
adicionalmente, la atenuación de los riesgos para el ahorrista:
1. Los límites y prohibiciones señalados en el Título II de la Sección Segunda y en las demás
disposiciones que regulan a las empresas. Dichos límites tienen por objeto asegurar la
diversificación del riesgo y la limitación al crecimiento de las empresas del sistema financiero hasta
un determinado número de veces el importe de su patrimonio efectivo.
2. La constitución de la reserva de que trata el Capítulo III del Título III de la Sección Primera.
3. El mantenimiento del monto del capital social mínimo a valores reales constantes, según lo normado
en el artículo 18º.
4. La constitución de provisiones genéricas y específicas de cartera, individuales o preventivas globales
por grupos o categorías de crédito, para la eventualidad de créditos impagos, y la constitución de las
otras provisiones y cargos a resultados, tratándose de las posiciones afectas a los diversos riesgos
de mercado.
5. La promoción del arbitraje como un medio de solución de conflictos entre empresas y entre éstas y el
público, haciendo uso para tal efecto de las cláusulas generales de contratación.
6. La recuperación en forma expeditiva de los activos de las empresas del sistema financiero.
7. El mérito ejecutivo de las liquidaciones de saldos deudores que emitan las empresas.
50
8. 73 La ejecución del Título de Crédito Hipotecario Negociable y del Warrant que garanticen
obligaciones con empresas del sistema financiero por su tenedor, con exclusión de cualquier tercer
acreedor del constituyente, concursado o no. La presente disposición no afecta los derechos de los
Almacenes Generales de Depósito de cobrar los almacenajes adeudados y gastos de remate al
ejecutar los warrants.
9. Los valores, recursos y demás bienes que garantizan obligaciones con empresas del sistema
financiero, cubren preferentemente a éstas. Las medidas cautelares que se dispongan respecto de
tales bienes, valores o recursos, sólo surten efecto luego que la empresa disponga sobre ellas los
cargos que correspondan por las deudas vencidas de su titular a la fecha de notificación de dicha
medida, y siempre que dichos bienes, valores o recursos no se encuentren sujetos a gravamen
alguno en favor de la empresa del sistema financiero. Igual norma es aplicable tratándose de
valores, recursos o demás bienes dados en garantía para afianzar obligaciones de terceros.
10. Posibilidad de dar por vencidos los plazos de las obligaciones, vencidas y no vencidas, de un deudor
ante un caso de incumplimiento. En este supuesto, la empresa podrá hacer uso del derecho de
compensación referido en el numeral siguiente.
11. El derecho de compensación de las empresas entre sus acreencias y los activos del deudor que
mantenga en su poder, hasta por el monto de aquellas, devolviendo a la masa del deudor el exceso
resultante, si hubiere. No serán objeto de compensación los activos legal o contractualmente
declarados intangibles o excluidos de este derecho.
74
12.
13. La supervisión consolidada de los conglomerados financieros o mixtos.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 16, 17, 18, 67, 133, 134, 135, 137, 138, 175, 184, 185, 198, 199, 200, 203, 217,
231, 353, 354, 7ª Disp. F. y C., Glosario (conglomerado financiero, conglomerado
mixto, riesgo de mercado).
C.C. Arts.1288, 1289, 1290, 1392.
C.P.C. Arts. 608, 619.
Artículo 133º.- PROVISIONES DE EMPRESAS SUJETAS A RIESGO CREDITICIO. 75
Las empresas deberán constituir, con cargo a resultados, provisiones genéricas o específicas por riesgo
de crédito según la clasificación del deudor, conforme a las normas que dicte la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 132 (4), 135, 136, 137, 353, 354 (1, 5), 16ª Disp. F. y C., 1ª Disp. Tran.
C.P. Art. 250.
I.R. Art. 37 (h).
Artículo 134º.- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN ADECUADA DEL AHORRISTA.
A fin de brindar al ahorrista una protección adecuada y sin perjuicio de las demás atribuciones que le
confiere la presente ley, corresponde a la Superintendencia:
1. Disponer la práctica de auditorías externas por sociedades previamente calificadas e inscritas en el
registro correspondiente.
2. Supervisar que las empresas del sistema financiero se encuentren debidamente organizadas así
como administradas por personal idóneo.
73 Inciso modificado por la Ley Nº 27287 del 17.06.2000
74 Numeral derogado por la Sexta Disposición Final de la Ley N° 28677 publicada el 01-03-2006
75 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
51
3. Supervisar que cumplan las empresas del sistema financiero con las normas sobre límites
individuales y globales.
4. Efectuar supervisiones consolidadas de los conglomerados financieros o mixtos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 138º.
5. Medir el riesgo de las empresas intermediarias, a través del sistema de la Central de Riesgos,
mediante el registro del endeudamiento global, en el país y en el exterior, de las personas que
soliciten crédito a las empresas del sistema financiero.
LEY GRAL. Arts. 22, 52, 79, 87 (6), 138, 158, 180, 198, 199, 200, 203, 347, 381.
Artículo 135º.- INFORMACIÓN AL PÚBLICO SOBRE MARCHA DE LAS EMPRESAS.
Las empresas del Sistema Financiero deben mantener informada a su clientela sobre el desarrollo de su
situación económica y financiera. Para ello, sin perjuicio de las memorias anuales que deben divulgar
adecuadamente, están obligadas a publicar los estados financieros en el Diario Oficial y en uno de
extensa circulación nacional, cuando menos cuatro veces al año, en las oportunidades y con el detalle
que establece la Superintendencia.
La publicación en el Diario Oficial se hace dentro de los siete (7) días de recibidos los estados financieros,
bajo responsabilidad de su Director.
LEY GRAL. Arts. 93, 94, 134, 180, 353.
L.G.S. Art. 43.
Artículo 136º.- CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO.
Todas las empresas del sistema financiero que capten fondos del público deben contar con la
clasificación de por lo menos dos empresas clasificadoras de riesgo, cada seis meses. De existir dos
clasificaciones diferentes, prevalecerá la más baja.
Por su parte, la Superintendencia clasificará a las empresas del sistema financiero de acuerdo con
criterios técnicos y ponderaciones que serán previamente establecidos con carácter general y que
considerarán, entre otros, los sistemas de medición y administración de riesgos, la calidad de las carteras
crediticia y negociable, la solidez patrimonial, la rentabilidad y la eficiencia financiera y de gestión, y la
liquidez.
LEY GRAL. Arts. 133, 135, 137, 138, 184, 185, 353, 357, 349 (17), 367 (7), 21ª Disp. F. y C., 16ª
Disp. Tran. Glosario (cartera negociable).
L.M.V. Arts. 269, 280, 286, 287, 288, 290.
RES. CONASEV. 74-98-EF/94.10.
Artículo 137.- DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE LAS EMPRESAS.
La Superintendencia deberá difundir, por lo menos trimestralmente, la información sobre los principales
indicadores de la situación de las empresas del sistema financiero, vinculados a sus carteras crediticia y
negociable; pudiendo incluir la clasificación a que se refiere el segundo párrafo del artículo precedente,
así como sobre las colocaciones, inversiones y demás activos de las mismas, su clasificación y
evaluación conforme a su grado de recuperabilidad y su nivel de patrimonio y provisiones.
Igualmente, podrá ordenar a las empresas sujetas a su control que publiquen cualquier otra información
adicional que considere necesaria para el público.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 87 (3, 4), 92, 132, 133, 135, 136, 138, 153, 184, 185, 356, 357, Glosario (cartera
negociable).
Artículo 138º.- SUPERVISIÓN CONSOLIDADA.
1. Supervisión consolidada de conglomerados financieros.
52
La Superintendencia, en el ejercicio de supervisión consolidada sobre los conglomerados
financieros, requiere a las empresas sometidas a su supervisión, la presentación de balances y
demás información financiera pertinente en forma consolidada e individual por empresas, según lo
considere adecuado.
a. Tratándose de las empresas establecidas en el Perú que conformen el conglomerado
financiero, la Superintendencia puede solicitar de las diferentes empresas que lo integran la
información complementaria que requiera, en forma global o individual, así como procurarse
dicha información directamente de las empresas supervisadas, mediante visitas de inspección y
demás procedimientos in situ que juzgue del caso.
b. Tratándose de las empresas no domiciliadas en el Perú que conformen un conglomerado
financiero cuyas actividades principales se desarrollen en el Perú, es responsabilidad de las
empresas supervisadas proveer a la Superintendencia toda la información necesaria para el
desarrollo de la función de que trata este apartado.
c. Tratándose de los conglomerados financieros cuyas actividades principales se desarrollan fuera
del Perú, la supervisión consolidada corresponderá, preferentemente, al organismo de
supervisión del país matriz. La Superintendencia ejercerá supervisión sobre las operaciones en
el Perú. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia establecerá y aplicará normas
prudenciales de supervisión consolidada, en la medida en que sean necesarias para el mejor
desarrollo de su función.
En los casos precisados en los apartados (a) y (b) precedentes, la Superintendencia aplicará los
diferentes coeficientes, requerimientos y límites de que trata esta ley, en forma global o individual,
según lo determine mediante norma de carácter general. La supervisión consolidada faculta a la
Superintendencia a evaluar la calidad de los activos de cada empresa, y a consolidar los patrimonios
y los activos ponderados por riesgo, de manera acumulativa.
En los casos precisados en los apartados (b) y (c), la Superintendencia tendrá en cuenta, entre otros
procedimientos, los convenios que, en su caso, haya suscrito con otras autoridades similares del
exterior, pudiendo solicitar la participación de auditores externos independientes.
2. Supervisión consolidada de conglomerados mixtos.
Las facultades de que trata el apartado anterior se ejercerán en lo pertinente a los conglomerados
mixtos, a fin de determinar los efectos que en las empresas bajo supervisión de la Superintendencia,
se originen en la situación financiera de los integrantes no financieros del conglomerado.
Será responsabilidad de las empresas supervisadas proveer a la Superintendencia toda la
información necesaria para el desarrollo de la función de que trata este párrafo.
3. Declaración jurada.
La información se ofrece de manera fidedigna y oportuna, y tiene carácter de declaración jurada.
Como resultado de la supervisión consolidada, la Superintendencia podrá ordenar a las empresas
supervisadas la adopción de medidas previsionales orientadas a atenuar los riesgos que considere
inconvenientes respecto a operaciones con otras entidades conformantes del conglomerado o sus
clientes comunes. Iguales medidas podrá disponer en aquellos casos en que, por falta de
información, considere que no puede evaluar adecuadamente el riesgo en que incurre una empresa.
LEY GRAL. Arts. 132 (13), 134 (4), 179, 180, 198, 199, 203, 349 (3, 11, 14, 15), 354, 356, 357, 367
(10), 1ª Disp. Tran., Glosario (conglomerados).
Artículo 139º.- HORARIO Y RESTRICCIONES A LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.
Por la naturaleza de los servicios que prestan, las empresas del Sistema Financiero deben brindar una
efectiva atención al público, en cada una de sus oficinas, con un mínimo de seis (6) horas diarias durante
todos los días laborables del año. Cualquier excepción sólo procede en casos de fuerza mayor, las que
deben ser justificadas ante la Superintendencia de modo previo, si las circunstancias lo permitieren.
53
La atención al público en días no laborables es facultativa, con la consiguiente libertad para establecer el
horario en el que es prestada; informando oportunamente a la Superintendencia.
La infracción de la obligación consignada en el primer párrafo de este artículo se sanciona con multa. La
reiteración de esa inconducta es causal de sometimiento al régimen de vigilancia.
Ninguna autoridad está facultada para disponer la paralización o restricción de la atención que las
empresas del sistema financiero deben brindar al público.
Los feriados bancarios sólo pueden ser declarados mediante Decreto Supremo en situaciones de extrema
gravedad que afecten el interés nacional. Su duración se limita a la estrictamente requerida por las
circunstancias.
CONST. Arts. 118 (8), 125 (2).
LEY GRAL. Arts. 95 (2f), 356 (1).
C.C. Art. 1315.
CAPÍTULO II
SECRETO BANCARIO
76
Artículo 140º.- ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN.
Está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores,
suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie
77
autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos consignados en los Artículos 142, 143 y 143-A.
También se encuentran obligados a observar el secreto bancario:
1. El Superintendente y los trabajadores de la Superintendencia, salvo que se trate de la información
respecto a los titulares de cuentas corrientes cerradas por el giro de cheques sin provisión de fondos.
2. Los directores y trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú.
3. Los directores y trabajadores de las sociedades de auditoría y de las empresas clasificadoras de
riesgo.
No rige esta norma tratándose de los movimientos sospechosos de lavado de dinero o de activos, a que
se refiere la Sección Quinta de esta Ley, en cuyo caso la empresa está obligada a comunicar acerca de
tales movimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera.
No incurren en responsabilidad legal, la empresa y/o sus trabajadores que, en cumplimiento de la
obligación contenida en el presente artículo, hagan de conocimiento de la Unidad de Inteligencia
Financiera, movimientos o transacciones sospechosas que, por su naturaleza, puedan ocultar
operaciones de lavado de dinero o de activos. La autoridad correspondiente inicia las investigaciones
necesarias y, en ningún caso, dicha comunicación puede ser fundamento para la interposición de
acciones civiles, penales e indemnizatorias contra la empresa y/o sus funcionarios.
Tampoco incurren en responsabilidad quienes se abstengan de proporcionar información sujeta al secreto
bancario a personas distintas a las referidas en el artículo 143º. Las autoridades que persistan en
requerirla quedan incursas en el delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376º del Código
Penal.
CONST. Art. 2 (5, 10).
LEY GRAL. Arts. 87 (4), 136, 141, 142, 143, 154, 180, 225, 228, 360, 372, 375, 376, 378.
C.C. Art. 16.
76 Modificado por la Ley Nº 27693 del 11-04-2002
77 Párrafo modificado por Decreto Legislativo N° 1313 del 31-12-2016.
54
C.P. Arts. 20 (8), 376.
L.O.B.C.R. Art. 41.
C.T. Art. 62 (10).
L. de T.V. Art. 145.
L.O.M.P. Arts. 1, 66 (8).
Artículo 141º.- FALTA GRAVE DE QUIENES VIOLEN EL SECRETO BANCARIO.
Sin perjuicio de la responsabilidad penal que señala el artículo 165º del Código de la materia, la infracción
a las disposiciones de este capítulo se considera falta grave para efectos laborales y, cuando ello no
fuere el caso, se sanciona con multa.
CONST. Art. 2 (10).
LEY GRAL. Arts. 140, 142, 143, 360, 361, 372.
L.O.B.C.R. Art. 41.
C.P. Art. 165.
D.S. 03-97-TR. Arts. 24, 25, 26.
Artículo 142º.- INFORMACIÓN NO COMPRENDIDA DENTRO DEL SECRETO BANCARIO.
El secreto bancario no impide el suministro de información de carácter global, particularmente en los
siguientes casos:
1. Cuando sea proporcionada por la Superintendencia al Banco Central y a las empresas del sistema
financiero para:
I. Usos estadísticos.
II. La formulación de la política monetaria y su seguimiento.
2. Cuando se suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los que se mantenga
corresponsalía o que estén interesados en establecer una relación de esa naturaleza.
3. Cuando la soliciten las sociedades de auditoría a que se refiere el numeral 1 del artículo 134º o
firmas especializadas en la clasificación de riesgo.
4. Cuando lo requieran personas interesadas en la adquisición de no menos del treinta por ciento
(30%) del capital accionario de la empresa.
No constituye violación del secreto bancario, la divulgación de información sobre las sumas recibidas de
los distintos clientes para fines de liquidación de la empresa.
CONST. Art. 84.
LEY GRAL. Arts. 41, 57, 117, 134 (1), 136, 140, 143, 180, 359.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (a), 97.
Artículo 143º.- LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO.
El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida por:
1. Los jueces y tribunales en el ejercicio regular de sus funciones y con específica referencia a un
proceso determinado, en el que sea parte el cliente de la empresa a quien se contrae la solicitud.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, sin perjuicio de
lo señalado en el numeral 10 del artículo 62 del Código Tributario, mediante escrito motivado puede
solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario en cumplimiento de lo acordado en tratados
internacionales o en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) o en el ejercicio
de sus funciones.
55
En estos casos, el Juez debe resolver dicha solicitud en el plazo de cuarentaiocho (48) horas
contado desde la presentación de la solicitud.
Dicha información será proporcionada en la forma y condiciones que señale la SUNAT, dentro de los
diez (10) días hábiles de notificada la resolución judicial, pudiéndose excepcionalmente prorrogar por
un plazo igual cuando medie causa justificada, a criterio del juez.
La información obtenida por la SUNAT solo puede ser utilizada para el cumplimiento de lo acordado
en tratados internacionales o en las Decisiones de la Comisión de la CAN o en el ejercicio de sus
funciones. El incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo será sancionado por las autoridades
78
competentes como falta grave administrativa. .
2. El Fiscal de la Nación, en los casos de presunción de enriquecimiento ilícito de funcionarios y
servidores públicos o de quienes administren o hayan administrado recursos del Estado o de
organismos a los que éste otorga soporte económico.
3. El Fiscal de la Nación o el gobierno de un país con el que se tenga celebrado convenio para
combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas o el terrorismo, o en general, tratándose de
movimientos sospechosos de lavado de dinero o de activos, con referencia a transacciones
financieras y operaciones bancarias ejecutadas por personas presuntamente implicadas en esas
actividades delictivas o que se encuentren sometidas a investigación bajo sospecha de alcanzarles
responsabilidad en ellas.
4. El Presidente de una Comisión Investigadora del Poder Legislativo, con acuerdo de la Comisión de
que se trate y en relación con hechos que comprometan el interés público.
5. El Superintendente, en el ejercicio de sus funciones de supervisión.
En los casos de los numerales 2, 3 y 4, el pedido de información se canaliza a través de la
Superintendencia.
Quienes accedan a información secreta en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, están obligados
a mantenerla con dicho carácter en tanto ésta no resulte incompatible con el interés público.
CONST. Arts. 2 (5, 10), 97.
LEY GRAL. Arts. 140, 349 (3), 376 (1, 3), 378.
C.P. Arts. 20 (8), 296
L.O.M.P. Art. 6.
L.O.P.J. Arts. 1, 4.
REGL. CONGR. Arts. 34, 35 (b).
D.S. N° 043-2003-PCM Arts. 17(2), 18.
Artículo 143-A.- INFORMACIÓN FINANCIERA SUMINISTRADA A LA SUNAT. 79
Las empresas del sistema financiero, suministran a la SUNAT, la información financiera distinta a la
desarrollada en el numeral 1 del artículo 143 de la presente Ley, tal como se establece en el numeral 2
del párrafo siguiente.
El suministro de información financiera se sujeta a las siguientes condiciones:
1. El Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria requiere la información a las
empresas del sistema financiero, mediante resolución de superintendencia. Esta condición no es
aplicable tratándose del suministro de información financiera para el cumplimiento de lo acordado en
los tratados internacionales o Decisiones de la Comisión de la CAN.
78 Numeral modificado por Decreto Legislativo N° 1313 del 31-12-2016.
79 Artículo incorporado por Decreto Legislativo N° 1313 del 31-12-2016 y modificado por el Decreto Legislativo N°
1434 del 15-09-2018
56
2. La información que se puede suministrar versa sobre operaciones pasivas de las empresas del
sistema financiero con sus clientes referida a saldos y/o montos acumulados, promedios o montos
más altos de un determinado periodo y los rendimientos generados, incluyendo la información que
identifique a los clientes, de conformidad a lo regulado por Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas. En ningún caso la información suministrada detalla movimientos
de cuenta de las operaciones pasivas de las empresas del sistema financiero con sus clientes ni
excede lo dispuesto en el presente párrafo, para lo cual la SUNAT tiene habilitado el procedimiento
de levantamiento judicial del secreto bancario establecido en el numeral 1 del artículo 143 de la ley.
3. El suministro de información financiera se realiza únicamente en dos supuestos:
a. El cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales o Decisiones de la Comisión de la
CAN.
b. El ejercicio de la función fiscalizadora de la SUNAT para combatir la evasión y elusión tributarias.
4. La información suministrada solo puede tratar de aquella que sea igual o superior al monto a ser
establecido mediante el decreto supremo referido en el numeral 2 precedente, considerando para el
caso del literal b. del numeral anterior lo siguiente:
a. El monto establecido para el registro de operaciones en las normas referidas a detección de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y/o,
b. El monto establecido como mínimo no imponible en las normas que regulan los tributos
administrados por la SUNAT.
5. Las empresas del sistema financiero suministran directamente a la SUNAT la información solicitada,
con la periodicidad establecida por decreto supremo.
El tratamiento de la información obtenida por la SUNAT se sujeta a las siguientes reglas:
1. La información es tratada bajo las reglas de confidencialidad y de seguridad informática exigidas
por los estándares y recomendaciones internacionales referidos al intercambio automático de
información financiera emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
2. Las empresas del sistema financiero ponen a disposición de sus clientes los medios que
permitan a estos acceder a la información que respecto de ellos se hubiera proporcionado a la
SUNAT, previa verificación de la identidad del referido cliente.
3. La información obtenida no puede transferirse a otras entidades del país, salvo a un Juez, el
Fiscal de la Nación o una comisión investigadora del Congreso, mediante solicitud debidamente
justificada.
4. La obligación de la confidencialidad de las personas con vínculo laboral o de otra naturaleza
contractual con la SUNAT no se extingue al concluir dicho vínculo.
5. El uso no autorizado o ilegal de la información constituye falta grave administrativa, sin perjuicio
de la responsabilidad penal a que hubiera lugar.
CAPÍTULO III
FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS
Artículo 144º.- CARACTERÍSTICAS Y OBJETO DEL FONDO. 80
El Fondo de Seguro de Depósitos es una persona jurídica de derecho privado de naturaleza especial
regulada por la presente Ley, las disposiciones reglamentarias emitidas mediante Decreto Supremo y su
estatuto, que tiene por objeto proteger a quienes realicen depósitos en las empresas del sistema
financiero, con las excepciones que se indican en el artículo 152º y dentro de los límites señalados en el
presente capítulo. Se encuentra facultado para:
80 Modificado por la Ley N° 27331 del 27-07-2000
57
1. Dar cobertura a los depositantes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 152º y 153º;
2. Facilitar la atención a los depositantes y la transferencia de los pasivos y/o activos de empresas
sometidas al régimen de intervención, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 151º; y,
3. Ejecutar, en situaciones excepcionales, las medidas dictadas por la Superintendencia, orientadas al
fortalecimiento patrimonial de las empresas del sistema financiero cuando una empresa miembro del
Fondo se encuentre sometida al régimen de vigilancia, previo cumplimiento con lo dispuesto en los
numerales 2 y 3 del artículo 99º. La excepcionalidad será determinada por la Superintendencia con
la opinión favorable del Ministerio y del Banco Central.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 131, 132, 145, 157, 182, 13ª Disp. F. y C., 24ª Disp. F. y C. (7e), 15ª Disp. Tran.
C.C. Art. 76.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (t), 38 (f).
D.S. 081-99-EF.
Artículo 145º.- MIEMBROS DEL FONDO.
Todas las empresas del sistema financiero autorizadas a captar depósitos del público a que se refiere el
literal A del artículo 16º, son miembros del Fondo.
Las empresas que ingresen al Fondo deberán efectuar aportaciones al mismo durante veinticuatro meses
para que sus operaciones se encuentren respaldadas.
LEY GRAL. Arts. 16 (A), 144, 147 (2), 151, 152, 154.
D.S. 081-99-EF.
81
Artículo 146º.- ADMINISTRACIÓN DEL FONDO.
El Fondo cuenta con un Consejo de Administración y una Secretaría Técnica con las funciones y
atribuciones que se establezcan en su estatuto. El estatuto del Fondo se sujetará a las disposiciones
reglamentarias emitidas por la Superintendencia, quien lo aprobará mediante Resolución. Asimismo, toda
modificación estatutaria deberá contar con la aprobación de la Superintendencia. Los Registros Públicos
deberán inscribir al Fondo en el Registro de Personas Jurídicas por el solo mérito de lo dispuesto en la
presente ley.
La Superintendencia le suministra el personal, local, mobiliario, equipo y las instalaciones que requiera.
Asimismo, designa al Secretario Técnico.
El Consejo de Administración está integrado por:
1. Un representante de la Superintendencia, designado por el Superintendente, quien lo preside.
2. Un representante del Banco Central, designado por su Directorio.
3. Un representante del Ministerio, designado por el Ministro.
4. 3 (Tres) representantes de las empresas del sistema financiero, designados en la forma que se
establezca en el Reglamento.
Los miembros del Consejo de Administración ejercen el cargo por un período de 3 (tres) años, renovable.
Su retribución corre exclusivamente por cuenta de las entidades que los nombran. El Consejo de
Administración sesiona cuando menos una vez al mes, adoptando sus acuerdos con el voto de la mayoría
de los asistentes a la sesión. En caso de empate, el presidente tendrá voto dirimente.
LEY GRAL. Arts. 144, 367 (12), Glosario (Ministro, Ministerio)
L.O.B.C.R. Arts. 24 (t), 38 (f).
81 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
58
D.S. 081-99-EF.
Artículo 147º.- RECURSOS DEL FONDO. 82
Son recursos del Fondo:
1. El aporte inicial efectuado por el Banco Central.
2. Las primas que abonan las empresas del sistema financiero.
3. Los que resulten de la aplicación del artículo 182º.
4. El rendimiento de sus activos
5. El dinero, los valores y los demás activos depositados en el Banco de la Nación, en calidad de
remanente de los procesos de liquidación, si transcurren 5 (cinco) años sin que se los reclame.
6. Los ingresos que por multas impongan la Superintendencia o el Banco Central.
7. Líneas de crédito del Tesoro Público aprobadas por Decreto de Urgencia.
8. Líneas de crédito obtenidas con garantía del Tesoro Público aprobadas por Decreto de Urgencia.
9. Los demás que obtenga con aprobación del Consejo de Administración.
La línea de crédito referida en el numeral 7 del presente artículo será pagada por el Fondo, en las
condiciones que se acuerden entre éste y el Tesoro Público.
Estos recursos son intangibles, no son susceptibles de medida cautelar alguna y sólo deben utilizarse
para los fines señalados en la presente Ley. A efectos tributarios, el Fondo no es sujeto pasivo de tributo
alguno creado o por crearse, incluyendo aquellos que requieran de norma expresa para este efecto.
Los recursos provenientes de las primas a que se refiere el numeral 2 del presente artículo y el
rendimiento que éstas produzcan, no pueden ser aplicados a la realización de las operaciones a que se
refiere el numeral 1 del artículo 151º. Sin embargo, dichas sumas podrán ser utilizadas para el repago de
los financiamientos obtenidos. Igualmente, dichas sumas podrán ser utilizadas en el supuesto del numeral
8 anterior, cuando el Tesoro Público haya honrado la garantía otorgada al acreedor.
LEY GRAL. Arts. 59, 87, 92, 139, 141, 144, 156, 166, 182, 219, 220, 361 (2, 3).
L.G.S. Arts. 190, 191.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (ll), 56, 57, 74, 76.
D.S. 081-99-EF.
Artículo 148º.- MONTO Y CÁLCULO DE LAS PRIMAS.
El monto de las primas que han de satisfacer los miembros del Fondo será determinado en función a la
clasificación de riesgos a que se refiere el artículo 136º partiendo de una base mínima de cero punto
sesenticinco por ciento (0.65%) y con un diferencial entre categorías de cero punto veinte por ciento
(0.20%). Estos coeficientes podrán ser variados por la Superintendencia previa opinión del Banco
Central.
Su pago se hace trimestralmente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expiración de los
meses de marzo, junio, setiembre y diciembre, sobre la base del promedio de las obligaciones cubiertas
por el Fondo en el trimestre que concluya en esos meses y en la forma que se determine en el
Reglamento que expida el Consejo de Administración.
Al fin indicado los miembros del Fondo preparan y presentan las respectivas liquidaciones, las que son
verificadas por la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 136, 141, 145, 147 (2), 152, 153, 23ª Disp. F. y C.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (i, j), 97.
82 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
59
D.S. 081-99-EF.
Artículo 149º.- CRITERIOS PARA LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO.
La inversión de los recursos del Fondo se hace por el Banco Central en activos que, teniendo en cuenta
criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad y diversificación, determine el Consejo de Administración. De
preferencia deberán ser invertidos en la compra de:
1. Moneda extranjera.
2. Obligaciones del Tesoro Público o del Banco Central.
3. Bonos y valores cuya adquisición esté permitida para las Administradoras de Fondos de Pensiones o
de Fondos Mutuos, emitidos por instituciones ajenas al sistema financiero.
4. Certificados de participación en fondos mutuos o de inversión, siempre que las inversiones de éstos
hayan sido efectuadas en valores emitidos en el país.
Los títulos valores en los cuales se inviertan los recursos del Fondo deberán estar clasificados en las
categorías I ó II o equivalentes, elaborados por las empresas clasificadoras de riesgos.
LEY GRAL. Arts. 146, 147, 150.
L.O.B.C.R. Arts. 61, 62, 66.
D.LEG. 862. Arts. 1, 2, 8, 27.
D.S. 081-99-EF.
RES. CONASEV. 078-97-EF/94.10.
83
Artículo 150º.- INVERSIONES PROHIBIDAS.
Con excepción de lo dispuesto en el artículo 151º, es prohibido invertir los activos del Fondo en:
1. Depósitos o inversiones en las empresas del sistema financiero nacional, sea cual fuere su
modalidad; y,
2. La compra de maquinaria, equipo y mobiliario.
LEY GRAL. Arts. 147, 149.
D.S. 081-99-EF.
Artículo 151º.- OPERACIONES DEL FONDO. 84
El Fondo puede realizar las siguientes operaciones:
1. En caso de que una empresa miembro del Fondo sea sometida al régimen de vigilancia y participe
en el sistema de canje y compensación, previo cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 2 y 3
del artículo 99º y sólo cuando se trate de las situaciones previstas en el numeral 3 del artículo 144º:
a) Realizar temporalmente aportes de capital siempre y cuando adquiera el control de la empresa;
y,
b) Facilitar a las empresas del sistema financiero la absorción o adquisición de una empresa
sometida al régimen de vigilancia, bajo diversas modalidades de financiamiento o capitalización,
siempre y cuando dicha absorción o adquisición implique el control de la empresa, por parte del
adquirente o absorbente.
2. En caso de que una empresa miembro del Fondo sea sometida al régimen de intervención:
83 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
84 Modificado por la Ley Nº 27331 del 27-07-2000
60
a) Realizar una contribución en efectivo para facilitar la transferencia señalada en el numeral 3 del
artículo 107º, por una cantidad equivalente a un porcentaje del monto cubierto de las
imposiciones respaldadas por el Fondo según el artículo 153º, que en ningún caso podrá
exceder del 100% (cien por ciento) de dicho monto. Este porcentaje será determinado en el
estatuto del Fondo.
b) Adquirir todo o parte de las imposiciones señaladas en el artículo 152º hasta por el monto
establecido en el artículo 153º, a efectos de subrogarse en la posición jurídica de los
depositantes.
c) Transferir todo o parte de los pasivos señalados en el literal anterior, mediante fideicomiso u
otras modalidades.
d) Celebrar contratos de opción de compra de los pasivos considerados en el literal anterior.
e) En situaciones excepcionales determinadas por la Superintendencia con la opinión favorable
del Ministerio y del Banco Central, podrá constituir una empresa del sistema financiero para
adquirir todo o parte de los activos y/o pasivos señalados en el numeral 2 del artículo 107º de
las empresas bancarias y las demás empresas de operaciones múltiples , que se encuentren
en régimen de intervención. Esta empresa tendrá un plazo máximo de funcionamiento de un (1)
año, prorrogable hasta tres (3) años mediante extensiones anuales aprobadas por el Fondo 85.
f) Realizar cualquier otra operación que sea autorizada por la Superintendencia y compatible con
la naturaleza del Fondo.
3. En caso de que una empresa miembro del Fondo sea disuelta y se haya iniciado el proceso de
liquidación, pagar los depósitos asegurados, en los casos que corresponda y hasta los límites
establecidos en el artículo 153º.
4. Pagar a los agentes que utilice para realizar las operaciones establecidas en el presente artículo.
El Fondo realizará las operaciones del presente artículo cuando la Superintendencia lo determine. Para
efectos de los literales a) y b) del numeral 1 y del literal e) del numeral 2, el Fondo podrá realizar nuevos
aportes.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 144, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 15ª Disp. Tran.
D.S. 081-99-EF.
Artículo 151-bº.- EXCEPCIONES 86
La constitución de la empresa señalada en el literal e) del numeral 2 del artículo 151º se efectuará por el
sólo mérito de la inscripción de la resolución que emita la Superintendencia autorizando la organización y
el funcionamiento de dicha empresa sin necesidad de cumplir lo establecido en los capítulos I, II y III del
Título I de la sección primera de la presente Ley que esta Superintendencia estime pertinente.
A dicha empresa le son aplicables todas las disposiciones establecidas en la presente Ley y sus normas
reglamentarias, excepto las siguientes:
a) El impedimento para ser director de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 81º;
b) La inscripción de las acciones de la empresa en Bolsa, según lo dispuesto en el artículo 29º;
c) La limitación para el nombramiento y la designación de gerentes de acuerdo con lo señalado en el
artículo 91º;
d) Contar con la pluralidad de accionistas señalada en el primer párrafo del artículo 50º, en
concordancia con el artículo 4º de la Ley General de Sociedades; y,
85 Literal modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008
86 Incorporado por la Ley N° 27331 del 27-07-2000
61
e) Los límites y demás disposiciones prudenciales a criterio de la Superintendencia por un plazo
máximo de seis (6) meses.
87
Artículo 152º.- IMPOSICIONES RESPALDADAS POR EL FONDO.
El Fondo respalda únicamente las siguientes imposiciones:
1. Los depósitos nominativos, bajo cualquier modalidad, de las personas naturales y las personas
jurídicas privadas sin fines de lucro;
2. Los intereses devengados por los depósitos referidos en el numeral precedente, a partir de la fecha
de constitución o de su última renovación. Estos intereses se devengan hasta la fecha de recepción
de la relación a que se hace referencia en el artículo 154º; y,
3. Los depósitos a la vista de las demás personas jurídicas, exceptuando los correspondientes a las
empresas del sistema financiero.
En el caso de existir cuentas mancomunadas en un mismo miembro del Fondo, su monto se distribuye a
prorrata entre los titulares de la cuenta de que se trate y la cobertura tiene lugar, respecto de cada uno de
ellos, con arreglo a los límites y condiciones enunciados en el artículo 153º y la restricción que resulta del
88
párrafo siguiente.
El Fondo no cubre los depósitos de los titulares que durante los 2 (dos) años previos a la declaración de
disolución y liquidación, se hubieren desempeñado como directores o gerentes de la empresa de que se
trate, y de las personas pertenecientes a los grupos económicos que tengan participación mayor al 4%
(cuatro por ciento) en la propiedad de la empresa, siempre que hayan participado directa o indirectamente
en su gestión. Tampoco están cubiertos los depósitos correspondientes a personas vinculadas a la
empresa, sus accionistas, personal de dirección y de confianza, los depósitos de otras empresas del
sistema financiero nacional o del extranjero, los depósitos constituidos con infracción de la ley y los
instrumentos, que gozando formalmente de la denominación de depósito, sean esencialmente acreencias
no depositarias.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 120, 151, 153, 154, 15ª Disp. Tran.
C.C. Arts. 80, 99, 111, 1172, 1173, 1182.
D.S. 081-99-EF.
89
Artículo 153º.- MONTO MÁXIMO DE COBERTURA Y SU PUBLICIDAD
El monto máximo de cobertura es de S/. 62 000,00 por persona en cada empresa, comprendidos los
intereses, siendo reajustado con arreglo a lo establecido en el Artículo 18º.
A fin de determinar la cobertura del Fondo para los asegurados de una determinada empresa en
liquidación, se toma en cuenta el monto máximo que se encuentre vigente al momento de darse inicio a
los pagos a favor de aquellos.
Esta cobertura deberá ser indicada por los miembros del Fondo en la publicidad que realicen de las
operaciones que ofrezcan a sus clientes, con excepción de aquella que exclusivamente promocione una
operación no cubierta.
LEY GRAL. Arts. 18, 120, 151, 154, 156, 181.
D.S. 081-99-EF.
Artículo 154º.- CASO DE DISOLUCIÓN DE UN MIEMBRO DEL FONDO. 90
87 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
88 Párrafo modificado por Ley N°29489 del 23.12-2009
89 Modificado por la Ley Nº 27008 del 04-12-98
62
Declarada la disolución de un miembro del Fondo, la Superintendencia en un plazo no mayor de sesenta
(60) días calendario dispone que se prepare y remita al Fondo una relación de los asegurados cubiertos,
con indicación del monto a que ascienden sus derechos, discriminando capital e intereses. Esta relación
debe ser exhibida por la empresa de manera que se encuentre accesible al público, por un plazo no
menor de ciento ochenta (180) días calendario, conjuntamente con un aviso en el que se da cuenta de las
91
fechas y de los lugares en los que se ha de atender a los asegurados.
Quienes hubiesen sido omitidos en la relación a que se refiere el párrafo anterior, pueden formular la
reclamación correspondiente ante la Superintendencia en un plazo de sesenta (60) días de iniciada la
exhibición de dicho documento, lo cual debe ser certificado notarialmente.
LEY GRAL. Arts. 120, 144, 145, 152, 153, 155, 156, 157.
D.S. 081-99-EF.
Artículo 155º.- COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES.
Si el asegurado mantuviese obligaciones para con el miembro del Fondo en proceso de liquidación, se
practica la compensación correspondiente y se le abona sólo el saldo que pueda resultar a su favor. Esta
compensación procede también, ilimitadamente, respecto de las sumas originadas en los depósitos por
compensación de tiempo de servicios y de cualquier otra acreencia aun intangible o inembargable del
deudor.
LEY GRAL. Arts. 117, 132, (11), 153, 154, 156, 157.
C.C. Arts. 1288, 1290.
C.P.C. Art. 648.
D.S. 01-97-TR. Art. 2.
Artículo 156º.- INICIO DE LOS PAGOS QUE CORRESPONDA REALIZAR AL FONDO. 92
Los pagos que corresponda efectuar al Fondo se inician en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles
de recibida la relación de que trata el Artículo 154º, los que deben proseguir de manera ininterrumpida.
La Superintendencia podrá solicitar al Fondo los recursos necesarios para atender el pago a los
depositantes asegurados, encontrándose el Fondo obligado a su transferencia inmediata. La
Superintendencia deberá rendir cuenta del uso de los fondos transferidos.
En caso de existir imposiciones a nombre de menores, se constituyen, siempre a su nombre, un depósito
de ahorros en una empresa del sistema financiero.
Los asegurados que no cobrasen la cobertura correspondiente en un plazo de diez (10) años, contado a
partir de la fecha de iniciación de los pagos, pierden su derecho sobre dicha cobertura, pasando ésta a
formar parte de los recursos del Fondo, excepto los sujetos a medida cautelar y las imposiciones a
nombre de menores.
LEY GRAL. Arts. 147, 151, 153, 154, 157.
C.C. Art. 451.
D.S. 081-99-EF.
Artículo 157º.- MONTO NO CUBIERTO DE LOS DEPÓSITOS.
El monto no cubierto de los depósitos efectuados por los asegurados de un miembro del Fondo constituye
crédito a ser tomado en cuenta para los fines de la liquidación, con arreglo a lo dispuesto por el artículo
117º.
90 Modificado por la Ley Nº 27008 del 04-12-98
91 Párrafo modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
92 Modificado por la Ley Nº 27008 del 04-12-98
63
La empresa en liquidación queda obligada con el Fondo, desde el día de inicio de pago del seguro, por la
totalidad de las sumas en moneda nacional y extranjera que el Fondo cubre a sus clientes, conforme a la
relación a que se refiere el artículo 154, realizándose el pago correspondiente de acuerdo a lo señalado
en el artículo 117º.
LEY GRAL. Arts. 117, 145, 153 al 156.
D.S. 081-99-EF.
CAPÍTULO IV
CENTRAL DE RIESGOS
Artículo 158º.- ORGANIZACIÓN DE LA CENTRAL DE RIESGOS E INFORMACIÓN QUE
CONTENDRÁ.
La Superintendencia tendrá a su cargo un sistema integrado de registro de riesgos financieros, crediticios,
comerciales y de seguros denominado “Central de Riesgos”, el mismo que contará con información
consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas.
Toda institución gremial que cuente con la infraestructura necesaria correspondiente podrá tener acceso
a esta Central, celebrando el correspondiente convenio con la Superintendencia.
Se registrará en la Central de Riesgos, los riesgos por endeudamientos financieros y crediticios en el país
y en el exterior, los riesgos comerciales en el país, los riesgos vinculados con el seguro de crédito y otros
riesgos de seguro, dentro de los límites que determine la Superintendencia.
Además, podrá registrarse:
1. 93
2. Todo encargo fiduciario que comporte la transferencia de bienes, con la indicación de estos últimos;
lo que del mismo modo cumplirá fines de información; y
3. Cualquier otro tipo de endeudamiento que genere riesgos crediticios adicionales para cualquier
acreedor.
La información correspondiente estará a disposición de las empresas del sistema financiero y de seguros,
del Banco Central, de las empresas comerciales y de cualquier interesado en general, previo pago de las
tarifas que establezca la Superintendencia. Dicha información deberá ser proporcionada en forma
sistemática, integrada y oportuna.
La Superintendencia dictará las regulaciones correspondientes.
LEY GRAL. Arts. 2, 134 (5), 159, 160, 231, 241, 246, 349 (7).
LEY 28677 Art. 32 (b).
Artículo 159º.- OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN RELEVANTE.
Las empresas de los sistemas financiero y de seguros deben suministrar periódica y oportunamente, la
información que se requiere para mantener actualizado el registro de que trata el artículo anterior. De
contar con sistemas computarizados proporcionarán dicha información diariamente.
Toda empresa del sistema financiero antes de otorgar un crédito deberá requerir a la persona natural o
jurídica que lo solicite, la información que con carácter general establezca la Superintendencia. En caso
de incumplimiento no podrá otorgarse el crédito.
LEY GRAL. Arts. 158, 160, 179, 361.
93 Numeral derogado por la Sexta Disposición Final de la Ley N° 28677 publicada el 01-03-2006.
64
Artículo 160º.- CENTRALES DE RIESGOS PRIVADAS.
Es libre la constitución de personas jurídicas que tengan por objeto proporcionar al público información
sobre los antecedentes crediticios de los deudores de las empresas de los sistemas financiero y de
seguros y sobre el uso indebido del cheque.
La Superintendencia podrá transferir total o parcialmente al sector privado, la central de riesgos a que se
refiere el artículo 158º.
CONST. Art. 61.
LEY GRAL. Arts. 2, 134 (5), 137, 158, 159, 228.
LEY 27489
CAPÍTULO V
ENCAJES
Artículo 161º.- ENCAJE.
Las empresas del sistema financiero están sujetas a encaje de acuerdo a la naturaleza de las
obligaciones o a la naturaleza de sus operaciones, según lo determine el Banco Central.
LEY GRAL. Arts. 95 (2 a), 101 (2 a), 162 al 166, 356 (5).
L.O.B.C.R. Arts. 24 (c, ll), 53 al 57.
Circular N° 006-2009-BCRP
Circular N° 007-2009-BCRP
Artículo 162º.- ENCAJE MÍNIMO LEGAL Y ENCAJES ADICIONALES
El encaje mínimo legal es no mayor del nueve por ciento del total de obligaciones sujetas a encaje.
Por razones de política monetaria, el Banco Central puede establecer encajes adicionales o marginales,
estando facultado a reconocer intereses por los fondos con los que se les constituya, a la tasa que
determine su Directorio.
LEY GRAL. Arts. 95 (2 a), 161, 163, 164, 166.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (c), 53, 55.
Circular N° 006-2009-BCRP
Circular N° 007-2009-BCRP
Artículo 163º.- CONSTITUCIÓN E INEMBARGABILIDAD DE LOS ENCAJES.
Los encajes sólo pueden estar constituidos por:
1. Dinero en efectivo, en caja de la empresa de que se trate; y,
2. Depósitos en el Banco Central.
La moneda extranjera no puede constituir encaje de obligaciones en moneda nacional, ni viceversa.
Las sumas que conforman el encaje exigido a las empresas del sistema financiero son inembargables.
Para efectos de su cálculo, dichas sumas son equivalentes al encaje exigible registrado en el último
reporte de encaje disponible.
LEY GRAL. Arts. 161, 162, 164.
L.O.B.C.R. Arts. 53, 54, 55.
Circular N° 006-2009-BCRP
Circular N° 007-2009-BCRP
65
Artículo 164º.- CORRESPONDE AL BANCO CENTRAL.
Corresponde al Banco Central:
1. Determinar la tasa del encaje mínimo legal y las tasas de los encajes adicionales o marginales a que
se refiere el artículo 162º de la presente ley.
2. Controlar el cumplimiento de los encajes e imponer las sanciones a que hubiere lugar, sin perjuicio
de la función fiscalizadora que corresponde a la Superintendencia.
3. Determinar los períodos de encaje.
4. Determinar las obligaciones que se encuentran sujetas a encaje.
5. Establecer el método y la base de cálculo para su aplicación.
6. Señalar los aspectos que han de contener los informes que se les suministre sobre esa materia.
7. Emitir las normas reglamentarias del encaje que fueren necesarias para la ejecución de sus políticas.
LEY GRAL. Arts. 161, 162, 163, 165, 166, 349 (4), 356 (5), 361.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (c, m, ll), 53 al 57.
Circular N° 006-2009-BCRP
Circular N° 007-2009-BCRP
Artículo 165º.- REFORMULACIÓN DE INFORMES.
El Banco Central puede disponer la reformulación por una empresa del sistema financiero de los informes
periódicos que hubiere presentado sobre su situación de encaje. Sin embargo, transcurrido un (1) año de
la entrega de un informe se tiene éste por exacto y definitivo.
LEY GRAL. Art. 164.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (ll), 56, 57.
Artículo 166º.- DÉFICIT DE ENCAJE.
Las empresas del sistema financiero que incurren en déficit de encaje son sancionadas con una multa de
monto progresivo, según determinación del Banco Central.
La exoneración o la reducción de la multa por déficit de encaje que resuelva el Banco Central, de acuerdo
con lo que prescribe su Ley Orgánica, determina la interrupción de la progresión de que trata el párrafo
anterior.
LEY GRAL. Arts. 95 (2 a), 164, 356 (5).
L.O.B.C.R. Arts. 24 (ll), 56, 57.
Circular N° 006-2009-BCRP
Circular N° 007-2009-BCRP
CAPÍTULO VI
GARANTÍAS
Artículo 167º.- 94
Artículo 168º.- 95
94 Artículo derogado por la Ley Nº 27287 del 17.06.2000
95 Artículo derogado por la Ley Nº 27287 del 17.06.2000
66
Artículo 169º.- PRESUNCIÓN DE ENDOSO EN GARANTÍA.
Cuando un título valor u otro susceptible de negociación por endoso, excepto el cheque, se encuentre en
poder de una empresa del sistema financiero, el endoso puesto en él se presume hecho en garantía, a
menos que medie estipulación en contrario.
LEY GRAL. Art. 132 (9).
L. de T.V. Arts. 12, 33, 34, 37, 42, 140.
D.S. 174-86-EF. Art. 1.
Artículo 170º.- PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DE PRENDA.
La sola entrega a una empresa del sistema financiero de bonos u otros valores mobiliarios no
comprendidos en el artículo precedente, constituye prenda sobre tales bienes, en garantía de las
obligaciones de quien hiciera la entrega, salvo estipulación en contrario.
Respecto de la prenda sobre acciones, rige lo establecido por las disposiciones pertinentes de la Ley
General de Sociedades o de la Ley del Mercado de Valores, según sea el caso.
LEY GRAL. Arts. 132 (9), 169, 171 al 174.
L.G.S. Arts. 92, 100 (5), 109.
C. DE C. Arts. 315, 316, 319.
ra
LEY 28677. 3 D.F.
Artículo 171º.- CARÁCTER PREFERENTE DE LAS GARANTÍAS REALES.
El carácter preferente propio de las garantías reales inscribibles o no, no se afecta por la eventual
existencia de deudas tributarias a cargo del constituyente.
LEY GRAL. Arts. 119, 132 (8, 9), 170, 172, 6ª Disp. F. y C.
C.C. Arts. 1097, 1112, 2016, 2019 (1), 2022.
C.T. Art. 6.
LEY 28677 Arts. 25, 32.
Artículo 172º.- GARANTÍAS RESPALDAN TODAS LAS OBLIGACIONES FRENTE A LA EMPRESA
96
… (*)
La liberación y extinción de toda garantía real constituida en favor de las empresas del sistema financiero
requiere ser expresamente declarada por la empresa acreedora. La extinción dispuesta por el artículo 3º
de la Ley Nº. 26639 no es de aplicación para los gravámenes constituidos en favor de una empresa.
LEY GRAL. Arts. 171, 173, 174, 204, 235 (2), 236 (2), 238, 239 (3).
C.C. Arts. 1097, 1100, 1101, 1104.
LEY 26639. Art. 3.
Artículo 173º.- EXTENSIÓN A LA INDEMNIZACIÓN DEBIDA.
Las prendas y las hipotecas constituidas en favor de una empresa del sistema financiero se extienden a
la indemnización debida en caso de siniestro, si los bienes se encontrasen asegurados, sin perjuicio de
los seguros que pueda haberse constituido expresamente en favor de la empresa.
96 El primer y segundo párrafo incorporados por la Ley N° 27851 (que modificó el artículo 1° de la Ley N° 27682,
norma modificatoria del primer párrafo del texto original de este artículo) han sido dejados sin efecto en virtud de
la derogación dispuesta por la Sexta Disposición Final de la Ley de la Garantía Mobiliaria aprobada por la Ley
N° 28677 del 24-02-2006.
67
Las empresas de seguros sin necesidad de mandato judicial, y en todo caso a simple requerimiento
escrito de la empresa del sistema financiero, están obligadas a abonar la indemnización debida, bajo
sanción de segundo pago, en caso que hicieren entrega del valor indemnizatorio a terceros.
En el caso de seguros que se refieran a mercaderías amparadas por warrants, el cobro de la
indemnización se efectuará de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 2763, sobre warrants y
almacenes generales de depósitos.
LEY GRAL. Arts. 171, 172, 174, 343 (5).
C.C. Arts. 1097, 1101, 1224.
ra
LEY 28677. Art. 6, 3 D.F.
Artículo 174º.- EXTENSIÓN A LA CANTIDAD QUE DEBAN PAGAR LOS RESPONSABLES DE
LOS BIENES GRAVADOS.
El derecho que para una empresa del sistema financiero deriva de la constitución a su favor de prendas o
hipotecas, se extiende a las cantidades que deban pagar los responsables de la pérdida, deterioro o
destrucción de los bienes gravados.
Si existiere proceso civil o penal en trámite, cualquiera fuere su estado, aún en ejecución de sentencia, el
juez, a simple requerimiento escrito de la empresa, debe disponer que la suma que se hubiere ordenado
o se pudiera ordenar pagar, sea abonada directamente a favor de ella. La empresa será considerada
como parte del proceso y podrá sustituir al demandante o a la parte civil, según sea el caso.
LEY GRAL. Arts. 172, 173, 344 (3), 8ª Disp. F. y C.
C.C. Arts. 1101, 1110, 1122 (4), 1708 (1).
C.P.C. Arts. 713 (1), 715.
ra
LEY 28677. 3 D.F.
Artículo 175º.- VENTA DE LOS BIENES GRAVADOS
Las empresas del sistema financiero pueden solicitar la venta de los bienes que se les haya afectado en
prenda o hipoteca en los siguientes casos:
1. Si el deudor dejara de pagar una o más cuotas en los plazos establecidos.
2. Si la garantía se hubiese depreciado o deteriorado a punto tal que se encuentre en peligro la
recuperación del crédito, según opinión de perito tasador registrado en la Superintendencia.
3. Si el deudor o la empresa del sistema financiero, son demandados respecto de la propiedad de los
bienes dados en garantía.
4. Si el deudor realiza actos de disposición o constituye otros gravámenes sobre los bienes afectados
en garantía, con perjuicio de los derechos que a la empresa corresponde como acreedora.
5. Si por cualquier título el deudor cede la posesión de los bienes dados en garantía sin recabar la
conformidad de la empresa acreedora.
LEY GRAL. Arts. 132 (6, 10), 171, 172, 344 (3).
C.C. Arts. 882, 1110, 1111, 1113.
C.P.C. Arts. 720, 723.
ra
LEY 28677. Art. 27, 47, 3 D.F.
Artículo 176º.- BLOQUEO REGISTRAL.
Las empresas del sistema financiero y de seguros pueden hacer uso del bloqueo registral para la
inscripción de cualquier acto ante los registros que integran los Registros Públicos, siendo de aplicación,
en lo que fuere pertinente, lo dispuesto por el Decreto Ley Nº. 18278, ampliatorias y modificatorias.
68
Los contratos que estas empresas celebren con sus clientes, podrán extenderse en documento privado
con firma legalizada notarialmente, o ser protocolizado notarialmente, los mismos que serán inscritos sin
necesidad de escritura pública en el Registro Público correspondiente, salvo los contratos cuyo valor
exceda de cuarenta (40) UITs, en cuyo caso sí es necesaria la escritura pública.
LEY GRAL. Art. 172.
C.C. Arts. 2010, 2019, 2020.
LEY 26481.
Artículo 177º.- NO APLICACIÓN A LAS EMPRESAS DE LAS NORMAS SOBRE INSOLVENCIA Y
REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL.
Las situaciones de insolvencia y, en su caso, de reestructuración patrimonial de las empresas reguladas
por la presente ley, se encuentran sujetas exclusivamente a las normas aquí contenidas.
La responsabilidad que recaiga sobre los directores y gerentes de las empresas de los sistemas
financiero o de seguros declaradas en disolución y liquidación, estará sujeta a las normas contenidas en
los artículos 209º, 210º, 211º y 213º del Código Penal.
LEY GRAL. Arts. 87, 92, 114, 115, 117, 118, 119, 126.
L.G.S. Arts. 177, 183, 190, 191, 196.
C.P. Arts. 209, 210, 211, 213.
L.G.S.C. Art. 2
Artículo 178º.- ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS. 97
Las empresas deben establecer un adecuado proceso de administración de activos y pasivos. Dicho
proceso debe incluir la identificación, medición, control y reporte de los riesgos a los que se encuentren
expuestas por la prestación de servicios financieros, tales como riesgo de liquidez, riesgo de mercado y
riesgo operacional.
LEY GRAL. Arts. 2, 8, 347, Glosario (intermediación financiera).
Artículo 179º.- CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DE TODA INFORMACIÓN PRESENTADA
A UNA EMPRESA.
Toda información proporcionada por el cliente a una empresa del sistema financiero o del sistema de
seguros tiene el carácter de declaración jurada.
Quien valiéndose de información o documentación falsa sobre su situación económica y financiera,
obtiene de una empresa de los sistemas financiero o de seguros, una o más operaciones de crédito,
directas o indirectas, incluido el arrendamiento financiero o la prórroga o refinanciación de tales
operaciones, queda sujeto a la sanción establecida en el primer párrafo del artículo 247º del Código
Penal.
Sin perjuicio de la sanción penal a que se alude en el párrafo anterior, la empresa está facultada, para
resolver el respectivo contrato o dar por vencidos todos los plazos pactados, procediendo a exigir la
ejecución de las garantías correspondientes.
El deudor de una empresa del sistema financiero no puede realizar acto de disposición a título gratuito de
sus bienes, sin previa comunicación escrita a la empresa acreedora. Los actos a título gratuito u oneroso
que revistan el carácter de simulados, serán ineficaces de conformidad con lo establecido en los artículos
219 inciso 5) y 221º inciso 3) del Código Civil, según corresponda.
El acreedor puede ejercer el derecho a que se refiere el artículo 1219, inciso 4 del Código Civil.
97 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
69
LEY GRAL. Arts. 132 (10), 138, 172, 173.
C.C. Arts. 190 al 193, 195, 196, 199, 219 (5), 220, 221 (3), 222, 1219 (4).
C.P. Arts. 196, 247, 427, 428 al 430.
Artículo 180º.- AUDITORÍA DE LAS EMPRESAS.
Adicionalmente a las normas generales que regulan las auditorías, la Superintendencia establecerá
requisitos y estándares de auditoría interna y externa para el caso de las empresas de los sistemas
financiero y de seguros. Las empresas deberán someter la evaluación del cumplimiento de tales
requisitos y estándares a los auditores externos, quienes deberán emitir su opinión al respecto en el
dictamen a los estados financieros.
La omisión o el defectuoso cumplimiento por los auditores externos de lo dispuesto por el párrafo anterior,
será sancionado por la Superintendencia con la exclusión del registro correspondiente.
LEY GRAL. Arts. 134 (1), 142 (3), 357, 367 (7).
C.P. Arts. 245, 427 al 430.
Artículo 181º.- PUBLICIDAD QUE REALICEN LAS EMPRESAS.
En la publicidad que efectúen las empresas del sistema financiero en relación con los intereses que
reconozcan a los depositantes, es obligatorio indicar el efectivo rendimiento anual de las imposiciones. La
Superintendencia sanciona la omisión en que se incurra, así como los casos en que la información sea
equívoca o induzca a error.
CONST. Art. 61.
LEY GRAL. Arts. 9, 356, 361.
C.C. Arts. 1243, 1244.
L.O.B.C.R. Art. 52.
D.S. 006-2009-PCM
D. Leg 1044
Artículo 182º.- DEPÓSITOS INMOVI-LIZADOS POR DIEZ AÑOS.
Los depósitos, títulos valores u otros bienes de los clientes que permanezcan en una empresa del
sistema financiero durante diez años, sin que se haga nuevas imposiciones ni se retire parte de ellos o de
sus intereses y sin que medie reclamación durante ese lapso, al igual que los respectivos rendimientos,
constituyen recursos del Fondo.
LEY GRAL. Arts. 144, 147 (3), 151.
D.S. 081-99-EF.
C.C Art. 2001 (1).
Artículo 183º.- PLAZO DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.
Las empresas del sistema financiero están obligadas a conservar sus libros y documentos por un plazo
no menor de diez (10) años. Si, dentro de ese plazo, se promueve acción judicial contra ellas, la
obligación en referencia subsiste en tanto dure el proceso, respecto de todos los documentos que
guarden relación con la materia controvertida.
Para los fines de lo dispuesto en este artículo, puede hacerse uso de microfilms u otros medios análogos,
con aplicación de la ley de la materia.
LEY GRAL. Arts. 375, 376, 377.
L.G.S. Art. 190 (1).
C.C. Art.. 2001 (1).
70
D.LEG. 681.
D.S. 09-92-JUS.
TÍTULO II
LÍMITES Y PROHIBICIONES
CAPÍTULO I
PATRIMONIO EFECTIVO
98
Artículo 184º.- PATRIMONIO EFECTIVO.
El patrimonio efectivo está compuesto por el patrimonio efectivo de nivel 1 y el patrimonio efectivo de nivel
2; y es destinado a cubrir los requerimientos de patrimonio efectivo por riesgo de crédito, riesgo de
mercado, riesgo operacional, y otros requerimientos de capital establecidos por encima del límite global,
de conformidad con lo establecido en los artículos 199, 199-A y 199-B.
La estructura del patrimonio efectivo de las empresas es la siguiente:
1. Patrimonio efectivo de nivel 1, el cual está compuesto por:
1.1. El capital ordinario de nivel 1, el cual está constituido de la siguiente manera:
a) Acciones comunes y otros instrumentos de capital, siempre que hayan sido pagados y que
cumplan las condiciones señaladas por la Superintendencia.
b) Prima de emisión de las acciones comunes y de otros instrumentos de capital señalados en el
literal a).
c) Utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio en curso, de conformidad con lo dispuesto por la
Superintendencia.
d) Ganancias no realizadas, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia.
e) Reservas legales y las reservas facultativas.
f) Las donaciones que cumplan las condiciones señaladas por la Superintendencia.
g) Otros elementos que defina la Superintendencia mediante norma de carácter general.
h) Ajustes regulatorios que comprenden las siguientes deducciones del capital ordinario de nivel 1:
i. Pérdidas de ejercicios anteriores y del ejercicio en curso.
ii. Pérdidas no realizadas, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia.
iii. Déficit de provisiones que haya determinado la Superintendencia.
iv. Crédito mercantil (goodwill) producto de la reorganización de la empresa, así como de la
adquisición de inversiones.
v. Activos intangibles distintos al señalado en el literal anterior.
vi. Activos por impuesto a la renta diferidos originados por arrastre de pérdidas.
vii. Activos por impuesto a la renta diferidos, netos de los pasivos por impuesto a la renta
diferidos, originados por diferencias temporarias que excedan el umbral fijado por la
Superintendencia.
98 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009, y posteriormente
por D. Leg. 1531, publicado el 19-03-2022 y vigente desde el 01-01-2023
71
viii. Inversiones en instrumentos de capital computables en el capital ordinario de nivel 1,
emitidos por empresas del sistema financiero o del sistema de seguros, del país o del
exterior.
ix. Para las empresas autorizadas a calcular el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo
de crédito con modelos internos, el exceso de la pérdida esperada sobre las provisiones
constituidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189.
x. Tenencia, directa o indirecta, de instrumentos de capital computables en el capital ordinario
de nivel 1, que han sido emitidos por la propia empresa y que están mantenidos en tesorería.
Se incluyen los instrumentos propios computables en el capital ordinario de nivel 1 para los
que existe una obligación presente o contingente de adquirirlos en virtud de obligaciones
contractuales.
xi. El importe de los elementos que deben ser deducidos del capital adicional de nivel 1 que
exceden el límite de dicho capital adicional de nivel 1.
xii. Instrumentos de capital computables en el capital ordinario de nivel 1, emitidos por empresas
con las que corresponde consolidar estados financieros, incluyendo las holding y las
subsidiarias a que se refieren los artículos 34 y 224, de conformidad con lo que establezca la
Superintendencia.
xiii. Otras deducciones que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general.
1.2. El capital adicional de nivel 1:
a) Instrumentos de capital y deuda subordinada que reúnan las condiciones señaladas por la
Superintendencia. Los instrumentos de deuda subordinada deben cumplir con lo establecido en
el artículo 233.
b) Prima de emisión de los instrumentos de capital señalados en el literal a).
c) Otros elementos que defina la Superintendencia mediante norma de carácter general.
d) Ajustes regulatorios que comprenden las siguientes deducciones del capital adicional de nivel 1:
i. Tenencia, directa o indirecta, de instrumentos de capital y/o deuda subordinada computables
en el capital adicional de nivel 1, que han sido emitidos por la propia empresa y que están
mantenidos en tesorería. Se incluyen los instrumentos propios computables en el capital
adicional de nivel 1 para los que existe una obligación presente o contingente de adquirirlos
en virtud de obligaciones contractuales.
ii. Inversiones en instrumentos de capital y/o deuda subordinada computables en el capital
adicional de nivel 1, emitidos por empresas del sistema financiero o del sistema de seguros,
del país o del exterior.
iii. Instrumentos de capital y deuda subordinada computables en el capital adicional de nivel 1,
emitidos por empresas con las que corresponde consolidar estados financieros, incluyendo
las holding y las subsidiarias a que se refieren los artículos 34 y 224, de conformidad con lo
que establezca la Superintendencia.
iv. El importe de los elementos que deben ser deducidos del patrimonio efectivo de nivel 2 que
exceden el límite de dicho patrimonio efectivo de nivel 2.
v. Otras deducciones que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general.
2. Patrimonio efectivo de nivel 2
a) Instrumentos de capital y deuda subordinada, no incluidos en el patrimonio efectivo de nivel 1,
que reúnan las condiciones señaladas por la Superintendencia. Los instrumentos de deuda
subordinada deben cumplir con lo establecido en el artículo 233.
b) Prima de emisión de los instrumentos de capital señalados en el literal a).
c) Cuando se emplee el método estándar para la determinación del requerimiento de patrimonio
efectivo por riesgo de crédito, se suma las provisiones genéricas hasta el uno punto veinticinco
72
por ciento (1.25%) de los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito. En caso se
empleen modelos internos para el citado requerimiento patrimonial, se suma el exceso de las
provisiones constituidas sobre las provisiones esperadas hasta seis décimos por ciento (0.6 %)
de los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 189.
d) Otros elementos que defina la Superintendencia mediante norma de carácter general.
e) Ajustes regulatorios que comprenden las siguientes deducciones del patrimonio efectivo de nivel
2:
i. Tenencia, directa o indirecta, de instrumentos de capital y/o deuda subordinada computables
en el patrimonio efectivo de nivel 2, que han sido emitidos por la propia empresa y que están
mantenidos en tesorería. Se incluyen los instrumentos propios computables en el patrimonio
efectivo de nivel 2 para los que existe una obligación presente o contingente de adquirirlos en
virtud de obligaciones contractuales.
ii. Inversiones en instrumentos de capital y/o deuda subordinada computables en el patrimonio
efectivo de nivel 2, emitidos por empresas del sistema financiero o del sistema de seguros,
del país o del exterior.
iii. Instrumentos de capital y deuda subordinada computables en el patrimonio efectivo de nivel
2, emitidos por empresas con las que corresponde consolidar estados financieros, incluyendo
las holding y las subsidiarias a que se refieren los artículos 34 y 224, de conformidad con lo
que establezca la Superintendencia.
iv. Otras deducciones que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general.
La Superintendencia, mediante normas de carácter general, señala cuales son las características que
deben reunir los elementos elegibles en el patrimonio efectivo de nivel 1 (capital ordinario de nivel 1 y
capital adicional de nivel 1) y patrimonio efectivo de nivel 2. La Superintendencia emite las disposiciones
referidas a las deducciones en cada uno de los niveles del patrimonio efectivo.
LEY GRAL. Arts. 16, 18, 34, 60, 64 (2), 65, 67, 68, 70, 71, 132, 133, 185 al 211, 199, 233, 24ª
Disp. Tran Glosario (patrimonio efectivo).
L.G.S. Arts. 51, 52, 85,202 (3), 206, 229.
I.R. Art. 37 (h).
D.LEG. 797.
D.S. 06-96-EF.
99 100
Artículo 185º.- LÍMITES EN EL CÓMPUTO DEL PATRIMONIO EFECTIVO.
Para la determinación del patrimonio efectivo se deben cumplir los siguientes límites para los
componentes:
1. El Capital Adicional de Nivel 1 no debe ser superior a un tercio del Capital Ordinario de Nivel 1. El
exceso sobre dicho límite puede ser computable como patrimonio efectivo de nivel 2.
2. El patrimonio efectivo de nivel 2 no debe ser superior a dos tercios del patrimonio efectivo de nivel 1.
El exceso sobre dicho límite no es computable en el patrimonio efectivo.
LEY GRAL. Arts. 184, 233.
99 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009, y posteriormente
por D. Leg. 1531, publicado el 19-03-2022 y vigente desde el 01-01-2023
100 Conforme la Única Disposición Complementaria Transitoria del D.U. 037-2021 del 14-04-2021, publicado el 15-
04-2021 y modificada por el D.U. N° 003-2022 publicado el 26-03-2022, se suspenden los límites a que se
refieren el artículo 185, excepcionalmente, hasta el 31-03-2023, para las empresas del sistema financiero
comprendidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Literal A del artículo 16 de la Ley Nº 26702
73
Artículo 186º.- METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE RIESGOS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO
101
DE LOS REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO.
La Superintendencia determina las metodologías para la medición del riesgo de crédito, del riesgo de
mercado y del riesgo operacional que son utilizadas por las empresas para calcular los requerimientos de
patrimonio efectivo.
Para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito, las empresas utilizan el
método estándar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 187, o modelos internos según lo señalado
en el artículo 188.
Para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado, las empresas utilizan el
método estándar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 192, o modelos internos según lo señalado
en el artículo 193.
Para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional, las empresas utilizan los
métodos que establezca la Superintendencia, según lo señalado en el artículo 194.
En caso de incumplimiento de las disposiciones que establezca la Superintendencia para el uso de
modelos internos para riesgo de crédito o riesgo de mercado, así como los métodos establecidos para
riesgo operacional, la Superintendencia puede determinar que la empresa calcule su requerimiento de
patrimonio efectivo de acuerdo con el método que utilizaba previo a la autorización correspondiente,
según las normas que establezca dicho Órgano de Control.
LEY GRAL. Arts. 132, 187 al 197, 199, 218, 359, 24ª Disp. Tran, Glosario
L.O.B.C.R. Arts. 24 (i, j), 97.
Artículo 187º.- REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE CRÉDITO
102
MEDIANTE EL MÉTODO ESTÁNDAR.
Salvo en caso de contar con autorización de la Superintendencia para calcular el requerimiento de
patrimonio efectivo por riesgo de crédito conforme a lo dispuesto en el artículo 188°, las empresas
deberán emplear el método estándar para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo
de crédito y deberán ponderar el monto de sus exposiciones por los factores que sean asignados en
función de la clasificación de riesgo de la contraparte o, en caso corresponda, determinados de acuerdo
con el portafolio de activos, según las normas que establezca la Superintendencia.
Las partidas fuera de balance serán convertidas en exposiciones equivalentes de riesgo de crédito
mediante la utilización de factores de conversión a riesgo de crédito, de acuerdo con las normas que
establezca la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 184, 185, 186, 190, 191,196, 199, 218, 24ª Disp. Tran , Glosario (riesgo
crediticio).
Artículo 188º.- REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE CRÉDITO
103
MEDIANTE MODELOS INTERNOS.
Las empresas podrán emplear modelos internos para calcular el requerimiento de patrimonio efectivo por
riesgo de crédito previa autorización de la Superintendencia. Para dicho efecto, la Superintendencia
establecerá los requisitos y demás disposiciones que deberán cumplir las empresas y los referidos
modelos internos.
LEY GRAL. Arts. 184, 185, 186, 189 190, 191, 196, 197 199, 218, 24ª Disp. Tran. Glosario (riesgo
crediticio)
101 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009, y posteriormente
por D. Leg. 1531, publicado el 19-03-2022 y vigente desde el 01-01-2023
102 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
103 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
74
Artículo 189º.- COMPENSACIÓN DE PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO EN LA
104
APLICACIÓN DE MODELOS INTERNOS.
Las empresas que utilicen modelos internos para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por
riesgo de crédito, deberán comparar (i) el volumen total de provisiones constituidas por riesgo de crédito
con (ii) las pérdidas esperadas totales calculadas con los modelos internos.
Cuando la pérdida esperada total sea superior al total de provisiones constituidas por riesgo de crédito,
las empresas deberán deducir la diferencia utilizando un 50% del patrimonio de Nivel 1 y un 50% del
patrimonio de Nivel 2. En caso no exista patrimonio de Nivel 2, el 100% de la diferencia se deducirá del
patrimonio de Nivel 1.
Cuando la pérdida esperada total sea inferior al conjunto de las provisiones constituidas por riesgo de
crédito, las empresas podrán reconocer la diferencia como patrimonio de Nivel 2 hasta un máximo del
0,6% de los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito.
LEY GRAL. Arts. 184, 185, 186, 188.
L.O.B.C.R. Arts. 62, 63.
Artículo 190º.- CRITERIOS PARA LA PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y CONTINGENTES POR
105
RIESGO DE CRÉDITO.
Para el cálculo de los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito, rige lo siguiente:
1. No se incluyen aquellos activos que hayan sido deducidos del patrimonio efectivo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 184º.
2. Las provisiones no consideradas en el patrimonio efectivo, se deducen del activo o categoría de
activo que corresponda en el caso del método estándar. En el caso del uso de modelos internos, se
consideran los activos sin deducir provisiones.
3. Las amortizaciones del activo intangible y las depreciaciones se restan de las respectivas cuentas.
4. La valuación de los activos en moneda extranjera se efectúa al tipo de cambio de la fecha que se
utilice para la presentación a la Superintendencia de los informes de que trata el artículo 197°.
LEY GRAL. Arts. 184, 185, 186, 187, 188, 191, 196, 197, 199, 218, 24ª Disp. Tran.
106
Artículo 191º.- MITIGANTES DE RIESGO DE CRÉDITO.
Los cálculos de provisiones y del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito señalados en
los artículos 133°, 187º y 188º podrán resultar menores en caso las exposiciones cuenten con mitigantes
de riesgo de crédito. La Superintendencia determinará los mitigantes que podrán ser considerados para
fines de la reducción de las exposiciones y reglamentará los requisitos que deberán cumplir tales
mitigantes, así como la metodología de cómputo de dichas reducciones.
LEY GRAL. Arts. 133, 186, 187, 188, 189, 190, 196, 197,
Artículo 192º.- REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE MERCADO
107
MEDIANTE EL MÉTODO ESTÁNDAR.
Salvo en caso de contar con autorización de la Superintendencia para calcular el requerimiento de
patrimonio efectivo por riesgo de mercado conforme a lo dispuesto en el artículo 193º, las empresas
deberán emplear el método estándar para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por
riesgo de mercado, según las normas que establezca la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 184, 185, 186, 196, 197, 199, 218, 24ª Disp. Tran , Glosario (riesgo de mercado).
104 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
105 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
106 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
107 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
75
Artículo 193º.- REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE MERCADO
108
MEDIANTE MODELOS INTERNOS.
Las empresas podrán emplear modelos internos para calcular el requerimiento de patrimonio efectivo por
riesgo de mercado previa autorización de la Superintendencia. Para dicho efecto, la Superintendencia
establecerá los requisitos y demás disposiciones que deberán cumplir las empresas y los referidos
modelos internos
LEY GRAL. Arts. 184, 185, 186, 196, 197, 199, 218, 24ª Disp. Tran , Glosario (riesgo de mercado).
109
Artículo 194º.- REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO OPERACIONAL.
Las empresas deben emplear para determinar el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo
operacional, los métodos que establezca la Superintendencia.
La Superintendencia puede establecer en su normativa los métodos cuyo uso requiere autorización previa
por parte de dicho Órgano de Control.
LEY GRAL. Arts. 184, 185, 186, 196, 197, 199, 218, 24ª Disp. Tran.
110
Artículo 195º.-
Artículo 196º.- CLASIFICACIÓN DE RIESGO PARA LOS REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO
111
EFECTIVO.
La Superintendencia establecerá la forma en que las clasificaciones de riesgo podrán ser empleadas para
el cálculo de los requerimientos de patrimonio efectivo.
LEY GRAL. Arts. 184 al 194, 197, 199, 218, 24ª Disp. Tran.
112
Artículo 197º.- INFORMES SOBRE REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO.
La Superintendencia establecerá la periodicidad, formato y demás condiciones de los informes que deban
presentar las empresas, elaborados de acuerdo con el plan de cuentas que apruebe dicho organismo.
Dichos informes deberán mostrar: el requerimiento patrimonial, las posiciones afectas a los distintos
riesgos, estados financieros y otros temas que considere la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 138, 184 al 196, 199, 218, 349 (13), 354, 24ª Disp. Tran.
CAPÍTULO II
CONCENTRACIÓN DE CARTERA Y LÍMITES OPERATIVOS
Artículo 198º.- CÁLCULO DE LÍMITES OPERATIVOS.
Los límites para las operaciones de las empresas se determinan en función de su patrimonio efectivo.
LEY GRAL. Arts. 8, 87, 92, 95, 104, 132 (1), 134 (3), 184, 185, 199 al 212, 218, 356 (4), 24ª Disp.
Tran.
C.P. Art. 244.
108 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
109 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009, y posteriormente
por D. Leg. 1531, publicado el 19-03-2022 y vigente desde el 01-01-2023
110 Artículo derogado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
111 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
112 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
76
D.LEG. 797.
D.S. 06-96-EF.
Artículo 199º.- REQUERIMIENTOS DE SOLVENCIA. 113
Las empresas deben cumplir con los siguientes requerimientos mínimos de solvencia:
1. El capital ordinario de nivel 1 debe ser igual o mayor al 4.5% de los activos y contingentes
ponderados por riesgo totales.
2. El patrimonio efectivo de nivel 1 debe ser igual o mayor al 6% de los activos y contingentes
ponderados por riesgo totales.
3. Límite global: El patrimonio efectivo de la empresas debe ser igual o mayor al 10% de los activos y
contingentes ponderados por riesgo totales.
Los activos y contingentes ponderados por riesgo totales corresponden a la suma de: el requerimiento de
patrimonio efectivo por riesgo de mercado multiplicado por la inversa del límite global, el requerimiento de
patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por la inversa del límite global, los activos y
contingentes ponderados por riesgo de crédito.
En el cómputo de los indicadores de solvencia se debe incluir toda exposición o activo en moneda
nacional o extranjera, incluidas sus sucursales en el extranjero.
LEY GRAL. Arts. 95, 104, 132 (1), 134 (3), 184, 185, 186 al 198, 218, 356 (4), 24ª Disp. Tran.
C.P. Art. 244.
Artículo 199-Aº.- REQUERIMIENTO DE COLCHONES DE CONSERVACIÓN, POR CICLO
114
ECONÓMICO Y POR RIESGO DE CONCENTRACIÓN DE MERCADO.
Las empresas deben mantener colchones de conservación, por ciclo económico y por riesgo por
concentración de mercado, por encima de los requerimientos mínimos establecidos en el artículo 199.
Estos colchones deben ser cubiertos con capital ordinario de nivel 1.
El colchón de conservación debe representar, como mínimo, el 2.5% de los activos y contingentes
ponderados por riesgo totales. Este colchón puede ser utilizado conforme con las disposiciones que
determine la Superintendencia.
La Superintendencia establece, mediante normas de carácter general, los requerimientos de capital
ordinario de nivel 1 asociados al colchón por ciclo económico y al colchón por riesgo por concentración de
mercado.
115
Artículo 199-Bº.- REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS ADICIONALES.
Las empresas deben contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su patrimonio efectivo en
función a su perfil de riesgo. Es responsabilidad del directorio asegurarse que las empresas tengan un
patrimonio efectivo por encima del límite global y de los colchones establecidos en el artículo 199-A, en
función al perfil de riesgo de su negocio. Para ello, la Superintendencia establece, mediante normas de
carácter general, los requerimientos de patrimonio efectivo por riesgos adicionales.
Artículo 200º.- LÍMITES GLOBALES POR OPERACIONES.
En las operaciones que efectúen con arreglo al artículo 221º las empresas a que se refiere el literal A del
artículo 16º están sujetas a los siguientes límites globales, en función del patrimonio efectivo:
1. 116
113 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009, y posteriormente
por D. Leg. 1531, publicado el 19-03-2022 y vigente desde el 01-01-2023
114 Artículo incorporado por D. Leg. 1531, publicado el 19-03-2022 y vigente desde el 01-01-2023
115 Artículo incorporado por D. Leg. 1531, publicado el 19-03-2022 y vigente desde el 01-01-2023
77
2. Para las tenencias de oro a que se contrae el numeral 40: el quince por ciento (15%).
3. Para las operaciones con productos financieros derivados, conforme el numeral 16: el diez por ciento
(10%). El procedimiento para el cálculo de este límite será determinado por la Superintendencia 117.
4. Para las tenencias de acciones, conforme el numeral 17; así como los certificados de participación
en fondos mutuos y los certificados de participación en fondos de inversión, a que se refiere el
118
numeral 19: el cuarenta por ciento (40%)
5. 119.
6. Para la inversión en bienes muebles e inmuebles de que trata el numeral 28, con excepción de los
dados en arrendamiento financiero y de los adjudicados que se rigen por lo dispuesto en el artículo
215º: el setenticinco por ciento (75%).
7. 120.
8. Otros límites globales que, por razones prudenciales, determine la Superintendencia, previa opinión
del Banco Central.
121
LEY GRAL. Arts. 95, 132 (1), 134 (3), 184, 185, 198, 219, 221 (10, 16, 17, 19, 28, 40), 349 (16),
356 (4), 359, 1ª Disp. F. y C., 20ª Disp. F. y C.
C.P. Art. 244.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (i, j), 71, 72, 97.
L.M.V. Art. 132 (d).
D.LEG. 299.
D.S. 559-84-EFC.
Artículo 201º- CRÉDITOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA.
122
El conjunto de los créditos que una empresa del sistema financiero conceda a sus directores y
trabajadores, así como a los cónyuges y parientes de éstos, no debe exceder del siete por ciento (7%) de
su patrimonio efectivo. Ningún director o trabajador puede recibir más del cinco por ciento (5%) del
indicado límite global, tomando en consideración para tal fin al cónyuge y a los parientes.
Ningún crédito de los referidos en este artículo puede ser concedido en condiciones más ventajosas que
las mejores acordadas a los clientes de la empresa, con excepción de los créditos hipotecarios para fines
de vivienda única que se conceda a los trabajadores.
LEY GRAL. Arts. 95, 184, 185, 198, 203, 212, 219, Glosario (parientes, trabajadores, patrimonio
efectivo).
C.C. Arts. 236, 237.
Artículo 202º.- FINANCIAMIENTOS A PERSONAS VINCULADAS. 123
116 Numeral que derogado por la Ley N° 29623 del 06-12-2010, publicada el 07-12-2010.
117 Numeral modificado por D.Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
118 Numeral modificado por D.Leg, 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
119 Numeral derogado por D.Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008
120 Numeral derogado por D.Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008
121 Párrafo derogado por D.Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008
122 Párrafo modificado por D.Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
123 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
78
Sin perjuicio de las limitaciones que resultan de los artículos 206º al 211º, el total de los créditos,
arrendamientos financieros, inversiones y contingentes que una empresa del sistema financiero otorgue a
personas naturales y jurídicas vinculadas de manera directa o indirecta a su propiedad en proporción
mayor al 4% (cuatro por ciento), o con influencia significativa en su gestión, no puede superar un monto
equivalente al 30% (treinta por ciento) del patrimonio efectivo de la empresa.
Las condiciones de dichos créditos no podrán ser más ventajosas que las mejores que la empresa
otorgue a su clientela, en cuanto a plazos, tasas de interés y garantías.
La Superintendencia determinará los criterios de vinculación mediante normas de carácter general, con
aplicación de los principios establecidos en el artículo siguiente.
LEY GRAL. Arts. 95, 184, 185, 198, 201, 203, 206 al 211, 219., 1ª Disp. Tran.
D.LEG. 299.
D.S. 559-84-EFC.
124
Artículo 203º.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS LÍMITES INDIVIDUALES.
A efectos de determinar los límites individuales, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Evitar la concentración de riesgos, que se producen cuando diversas personas naturales o jurídicas
conforman un mismo conglomerado financiero o mixto, y estén afectos por tanto, a un riesgo común
o único.
2. Cuando se defina a las contra-partes relacionadas, no sólo deberá considerarse a los grupos que
producen cuentas consolidadas, sino los criterios que se establecen para riesgo único o común.
3. Al determinar los límites individuales se considerará la concentración del riesgo en una contra-parte
única o en un grupo de contra-partes relacionadas.
Se entiende por riesgo único o común, cuando dos o más personas naturales o jurídicas están asociadas
mutuamente en el sentido que:
a. Una de ellas ejerce control directo o indirecto sobre la otra;
b. Sus créditos acumulados representan para la empresa del sistema financiero un riesgo único en la
medida en que están interrelacionados con la probabilidad de que si una de ellas experimenta
problemas financieros, es probable que la otra o todas ellas tengan que enfrentar dificultades de
pago. Esto incluye interrelaciones basadas en la propiedad común, control o administración común,
garantías recíprocas y/o interdependencia comercial directa que no puede ser sustituida a corto
plazo;
c. Presunciones fundadas de que los créditos otorgados a una serán usados en beneficio de otra;
d. Presunciones fundadas de que diversas personas mantienen relaciones de tal naturaleza que
conforman de hecho una unidad de intereses económicos.
El hecho de que sea deudora de una empresa, una sociedad constituida en el extranjero, entre cuyos
socios o accionistas figuren otras sociedades o cuyas acciones sean al portador, hará presumir que se
encuentra vinculada para los efectos a que se refiere el artículo anterior.
El riesgo único no se desvirtúa cuando el endeudamiento de dichas personas naturales o jurídicas con
una misma empresa del sistema financiero o sus subsidiarias, es en forma separada.
Para los fines de la presente ley, las definiciones que, sobre grupo económico, empresas vinculadas o
conglomerados, serán las que establezca mediante normas de carácter general, la Superintendencia,
tomando en cuenta los criterios especificados en el presente artículo.
Asimismo, la Superintendencia establecerá los criterios que se aplicarán para determinar el riesgo único
cuando se trate de entidades, organismos, dependencias y empresas, que directa o indirectamente sean
considerados o formen parte del Estado Peruano.
124 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
79
LEY GRAL. Arts. 95, 132 (1), 134, 138, 198, 201 al 211, 212, 219, 22ª Disp. F. y C., 1ª Disp. Tran.
Artículo 204º.- FINANCIAMIENTOS OTORGADOS A OTRA EMPRESA ESTABLECIDA EN EL
PAÍS.
Los financiamientos otorgados por una empresa del sistema financiero a otra establecida en el país y los
depósitos constituidos en ella, sumados a los avales, fianzas y otras garantías que se haya recibido de
dicha empresa, no pueden exceder del treinta por ciento (30%) de su patrimonio efectivo.
Una empresa del sistema financiero no puede recibir en garantía warrants emitidos por un solo Almacén
General de Depósito por encima del sesenta por ciento (60%) de su patrimonio efectivo. Se exceptúa de
lo dispuesto en este artículo a los almacenes generales de depósito de los que la empresa sea accionista
mayoritaria.
Los límites individuales de las coberturas que otorgue un patrimonio autónomo de seguro de crédito en
favor de una misma empresa del sistema financiero, y los límites globales de tales coberturas, serán
establecidos por la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 38, 95, 132 (1), 134 (3) 184, 185, 198, 203, 212, 219, 221, 224 (2), 334, 1ª Disp.
Tran.
C.C. Art. 1868.
L.de T.V. Arts. 59, 61, 62.
Artículo 205º.- FINANCIAMIENTOS A EMPRESAS DEL EXTERIOR.
Los financiamientos otorgados por una empresa del sistema financiero a una institución bancaria o
financiera del exterior y los depósitos constituidos en ella, sumados a los avales, fianzas y otras garantías
que se haya recibido de tal institución, no pueden exceder de los siguientes límites, referidos al
patrimonio efectivo de la empresa:
1. Del cinco por ciento (5%), si se trata de instituciones no sujetas a supervisión por organismos
similares a la Superintendencia.
2. Del diez por ciento (10%), si se trata de instituciones sujetas a supervisión por organismos similares
a la Superintendencia y que no se hallen comprendidos en el numeral 3.
3. Del treinta por ciento (30%), si se trata de bancos de primera categoría.
4. Del cincuenta por ciento (50%), si el exceso, en cada uno de los casos precedentes, está
representado por la emisión de cartas de crédito, con exclusión de aquéllas a que se refiere el
párrafo siguiente.
No se toma en consideración para los efectos del límite, las cartas de crédito que sean pagaderas con
arreglo al Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos - ALADI.
LEY GRAL. Arts. 95, 184, 185, 198, 203, 212, 216, 219, 221, 1ª Disp. Tran. Glosario (Convenio de
Pagos y Créditos Recíprocos).
C.C. Art. 1868.
Artículo 206º.- FINANCIAMIENTOS A FAVOR DE UNA MISMA PERSONA - LÍMITE DEL DIEZ POR
CIENTO (10%).
Las empresas del sistema financiero no pueden conceder, en favor o por cuenta de una misma persona,
natural o jurídica, directa o indirectamente, créditos, inversiones o contingentes que excedan el
equivalente al diez por ciento (10%) de su patrimonio efectivo.
En el límite indicado en el párrafo anterior están comprendidas todas las modalidades de financiamiento e
inversiones, con excepción de las fianzas que garanticen la suscripción de contratos derivados de los
procesos de licitación pública, las que están sujetas a un límite de treinta por ciento (30%).
LEY GRAL. Arts. 95, 184, 185, 198, , 203, 207 al 209, 212, 219, 221, 1ª Disp. Tran.
C.C. Art. 1868.
80
Artículo 207º.- LÍMITE DEL QUINCE POR CIENTO (15%).
De manera excepcional, las empresas del sistema financiero pueden exceder el límite a que se refiere el
artículo anterior, hasta el equivalente al quince por ciento (15%) de su patrimonio efectivo, siempre que,
cuando menos por una cantidad equivalente al exceso sobre el límite, se cuente con alguna de las
siguientes garantías, a valor de realización:
1. Hipoteca.
2. Prenda con entrega jurídica o con entrega física, con excepción de las prendas a que se refieren los
artículos 208º y 209º.
3. Warrants.
4. Conocimientos de embarque y cartas de porte que hayan sido objeto de endoso o cesión, sólo si la
operación fuese de financiamiento de importaciones.
5. Fiducia en garantía constituida sobre los bienes a que se refiere este artículo.
Las garantías a que se contrae el numeral 4 pueden constar en documento aparte, siempre que se
refieran a los bienes materia de la importación y obren en poder de la empresa los originales de los
documentos correspondientes a ésta.
LEY GRAL. Arts. 95, 171, 172, 184, 185, 198, 203, 206, 208, 209, 212, 219, 221, 274, 1ª Disp.
Tran.
C.C. Art. 1097.
L.G.M. 2 ª D.F.
Artículo 208º.- LÍMITE DEL VEINTE POR CIENTO ( 20%).
De manera excepcional estas empresas pueden exceder los límites a que se refieren los artículos
anteriores, hasta el equivalente al veinte por ciento (20%) de su patrimonio efectivo, siempre que, cuando
menos por una cantidad equivalente al exceso sobre dichos límites, se cuente con alguna de las
siguientes garantías, a valor de realización:
1. Primera prenda sobre:
a) Instrumentos representativos de deuda no subordinada, emitidos por cualesquiera una de las
instituciones o empresas a que se refieren, respectivamente, los artículos 189º numeral 5 y
191º numerales 3 y 4, por el referido valor de mercado, actualizado una vez al mes;
b) Valores mobiliarios que sirven de base para la determinación del índice selectivo de la Bolsa de
Valores de Lima, también por el mencionado valor de mercado, actualizado una vez al mes; o
c) Acciones o bonos de gran liquidez, que tengan cotización en alguna bolsa extranjera de
reconocido prestigio, por su correspondiente valor de mercado, actualizado una vez al mes.
Para que dichas prendas sean elegibles deben estar inscritas en el registro correspondiente.
2. Las operaciones de reporte con transferencia en favor de la empresa de cualesquiera de los activos
precisados en el presente artículo.
3. Fiducia en garantía constituida sobre los bienes a que se refiere este artículo.
LEY GRAL. Arts. 95, 171, 172, 184, 185, 198, 203, 206, 207, 209, 212, 219, 221, 232, 234, 274, 1ª
Disp. Tran.
L.G.S. Arts. 92, 100 (5), 109.
L.M.V. Arts. 80, 81, 82, 83, 86.
L. de T.V. Art. 32.
L.G.M. 2 ª D.F.
81
125
Artículo 209º.- LÍMITE DEL TREINTA POR CIENTO (30%).
Igualmente, de manera excepcional, las empresas pueden exceder los límites a que se refieren los
artículos anteriores, hasta el equivalente al treinta por ciento (30%) de su patrimonio efectivo, siempre
que, cuando menos por una cantidad equivalente al exceso sobre dichos límites, se realicen operaciones
de arrendamiento financiero o se cuente con alguna de las siguientes garantías, a valor de realización:
1. Prenda con entrega física sobre los depósitos en efectivo a que se refiere el numeral 4 del artículo
189º, por su importe nominal íntegro;
2. Primera prenda sobre instrumentos representativos de obligaciones del Banco Central, por su valor
de mercado actualizado una vez al mes;
3. Las operaciones de reporte con transferencia en favor de la empresa de los instrumentos a que se
126
refiere el numeral 2 del presente artículo .
LEY GRAL. Arts. 95, 171, 172, 184, 185, 198, 203, 206, 207, 208, 212, 219, 221, 1ª Disp. Tran.
L.O.B.C.R. Art. 62.
L.G.M. 2 ª D.F.
127
Artículo 210º.-
Artículo 211º.- FINANCIAMIENTO A PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.
Los créditos, contingentes, inversiones y arrendamientos financieros que una empresa otorgue a una
persona natural o jurídica residente en el exterior, con exclusión de los bancos y financieras a que se
refiere el artículo 205º, no pueden exceder de una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del
patrimonio efectivo de aquélla.
El indicado límite es susceptible de ser elevado hasta el diez por ciento (10%) del patrimonio efectivo de
la empresa, siempre que, cuando menos por una cantidad equivalente al exceso sobre dicho límite, se
cuente con alguna de las siguientes garantías:
a) Hipoteca;
b) Acciones o bonos emitidos por una sociedad, que tengan cotización en bolsa, y sobre cuya calidad y
prestigio exista pronunciamiento emanado de entidad especializada y acreditada del país
correspondiente.
Excepcionalmente, los indicados límites del cinco por ciento (5%) y del diez por ciento (10%) pueden ser
elevados, según corresponda, hasta el equivalente del treinta por ciento (30%) del patrimonio efectivo de
la empresa, siempre que, cuando menos por una cantidad igual al exceso, se cuente con alguna de las
siguientes garantías:
1. Depósitos en efectivo en la propia empresa, especialmente afectados; y
2. Avales, fianzas y otras obligaciones de cargo de un banco con arreglo al Convenio de Pagos y
Créditos Recíprocos - ALADI, u otorgado por un banco del exterior de primera categoría.
LEY GRAL. Arts. 95, 171, 172, 184, 185, 198, 203, 205, 216, 219, 221, 232, 1ª Disp. Tran.,
Glosario (Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos).
C.C. Art. 1868.
L.M.V. Art. 86.
D.LEG. 299.
D.S. 559-84-EFC.
125 Modificado por la Ley N° 28184 publicada el 02-03-2004
126 Modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
127 Derogado por la Ley N° 28184 del 09-02-2004
82
Artículo 212º.- SUSTITUCIÓN DE LA CONTRA-PARTE CREDITICIA. 128
Cuando un financiamiento cuente con la responsabilidad subsidiaria de los gobiernos centrales, bancos
centrales, organismos multilaterales de crédito, empresas del sistema financiero y empresas de seguros
del país y del exterior, así como de otras entidades que determine la Superintendencia; instrumentada en
fianzas solidarias, avales, pólizas de caución, cartas de crédito, cartas de crédito stand by u otras
garantías similares, o que cuente con cobertura de seguro de crédito extendida por un patrimonio
autónomo de seguro de crédito; el riesgo de contra-parte corresponde al proveedor de la garantía, y el
límite individual se computará en función de dicho proveedor.
LEY GRAL. Arts. 38, 185, 203 al 211, 221, 334.
C.C. Art. 1868.
L.de T.V. Arts. 59, 61, 62.
LEY 26827.
Artículo 213º.- NORMAS SOBRE GARANTÍAS.
Para efectos de la aplicación de lo señalado en los artículos 207º al 209º, las garantías de mayor rango
pueden sustituir a las de menor, en los correspondientes porcentajes.
LEY GRAL. Art. 171, 207, 208, 209.
129
Artículo 214º.-
Artículo 215º.- LÍMITE TEMPORAL - TRATAMIENTO A BIENES RECIBIDOS EN PAGO DE
DEUDAS.
Cuando como consecuencia del pago de una deuda contraída previamente y de buena fe, se reciba o
adjudique en pago total o parcial, bienes muebles o inmuebles, debe enajenarlos en el plazo de un (1)
año, el mismo que podrá ser prorrogado por la Superintendencia por una sola vez y por un máximo de
seis (6) meses.
Vencido dicho plazo, sin que se haya efectuado la venta o el arrendamiento financiero del bien, la
empresa deberá constituir una provisión hasta por el monto equivalente al costo en libros de los bienes no
vendidos.
LEY GRAL. Arts. 133, 200 (6), 219, 354 (1), 8ª Disp. F. y C.
C.C. Art. 1265.
C.P.C. Art. 744.
Artículo 216º.- LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORÍA.
A los fines de la aplicación de los límites a que se contrae este Título, así como las demás disposiciones
pertinentes de la presente ley, el Banco Central elabora una lista de los bancos del exterior de primera
categoría con prescindencia de los criterios que aplique para la colocación de las reservas que administre
y tomando como referencia las publicaciones internacionales especializadas sobre la materia.
LEY GRAL. Arts. 205 (3), 211 (2).
CAPÍTULO III
PROHIBICIONES
128 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
129 Artículo derogado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
83
Artículo 217º.- OPERACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS.
Sin perjuicio de las demás prohibiciones contenidas en la presente Ley, las empresas del sistema
financiero no podrán:
1. Otorgar créditos con garantía de sus propias acciones;
2. Conceder créditos con el objeto de que su producto se destine, directa o indirectamente, a la
adquisición de acciones de la propia empresa;
3. Conceder créditos para financiar actividades políticas;
4. Dar fianzas, o de algún otro modo respaldar obligaciones de terceros, por monto o plazo
indeterminado;
5. Garantizar las operaciones de mutuo dinerario que se celebre entre terceros, a no ser que uno de
ellos sea otra empresa del sistema financiero, o un banco o una financiera del exterior;
6. Dar en garantía los bienes de su activo fijo, con exclusión de los que se afecten en respaldo de las
operaciones de arrendamiento financiero, y de las cédulas hipotecarias que emitan las empresas de
capitalización inmobiliaria;
7. Aceptar el aval, la fianza o la garantía de sus directores y trabajadores en respaldo de operaciones
de crédito otorgadas a personas vinculadas a ellos;
8. Adquirir acciones de sociedades ajenas al sistema financiero que, directa o indirectamente, sean
accionistas de la propia empresa, salvo que estén cotizadas en bolsa;
9. Negociar los certificados de depósito que se menciona en el numeral 9 del artículo 221º con sus
subsidiarias y asumir compromisos que originen la obligación de recomprar tales certificados;
10. Captar depósitos por cuenta de instituciones financieras no autorizadas a operar en el territorio
nacional;
11. Usar información no divulgada al mercado, de personas naturales o jurídicas, sean o no clientes, con
el objeto de propiciar negocios en beneficio propio o de terceros, siendo de aplicación lo dispuesto
en la Ley del Mercado de Valores.
LEY GRAL. Arts. 11, 87, 92, 95, 116, 220, 221 (3b, 6, 9), 238, 356, 361.
C.C. Art. 1648, 1868
L.G.S. Arts. 104, 106.
L.M.V. Arts. 12, 34, 40, 45, 46.
L.DE T.V. Arts. 59, 61, 62.
CAPÍTULO IV
SANCIONES
Artículo 218º.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS
130
199, 199-A O 199-B.
1. La empresa que incumpla el límite global establecido en el numeral 3 del primer párrafo del artículo
199, debe depositar todo incremento en el nivel de sus obligaciones sujetas a encaje que aparezca
en los informes de que trata el artículo 165 en cuentas en el Banco Central, en las respectivas
130 Artículo modificado por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009, y posteriormente
por D. Leg. 1531, publicado el 19-03-2022 y vigente desde el 01-01-2023
84
monedas. Dichos depósitos deben ser mantenidos en las cuentas del Banco Central hasta que la
empresa no registre incumplimiento del referido límite.
2. La empresa que incumpla lo dispuesto en el artículo 199, 199-A o 199-B debe presentar en un plazo
no mayor de quince (15) días calendario de registrado el incumplimiento, un plan de adecuación
aprobado por el Directorio. El mencionado plan debe incluir, por lo menos, la identificación de las
causas del incumplimiento y las medidas por adoptarse para el incremento del patrimonio efectivo o
capital ordinario de nivel 1, según corresponda, u otras acciones, detallando los plazos en que se
implementan. La Superintendencia puede restringir operaciones o suspender la autorización para que
la empresa realice determinadas operaciones.
3. La Superintendencia puede establecer restricciones o prohibiciones para distribuciones de
patrimonio, incluidos los dividendos, ante el incumplimiento del colchón de conservación, del colchón
por ciclo económico y/o del colchón por riesgo por concentración de mercado, según lo dispuesto en
el artículo 199-A, conforme lo establezca en su normativa.
LEY GRAL. Arts. 87, 92 al 95, 104, 134 (3)161, 162, 163, 165, 184, al 198, 199, 356, 361, 24 Disp.
Tran.
L.O.B.C.R. Art. 63.
Artículo 219º.- SANCIÓN POR INFRACCIÓN DE LOS LÍMITES.
Por la infracción de los límites operativos fijados en la presente ley, con excepción de lo establecido en el
artículo anterior, las empresas quedan sujetas, por el primer mes o fracción de mes, a una multa sobre el
exceso, equivalente a uno punto cinco (1.5) veces la tasa promedio para las operaciones activas, en la
respectiva moneda y mercado, deducida la tasa mensual promedio para las operaciones pasivas al
mismo plazo, moneda y mercado.
A partir del segundo mes y mientras subsista la infracción, esta multa se incrementará progresivamente
en un cincuenta por ciento (50%) mes a mes.
LEY GRAL. Arts. 134 (3), 198, 200 al 211, 212, 356, 361, 362.
Artículo 220º.- SANCIÓN POR ACTOS PROHIBIDOS.
131
La infracción a cualquiera de las prohibiciones señaladas en el artículo 217º se sanciona con multa
equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total de la operación. Igual sanción será aplicable cuando
se exceda el límite establecido en el artículo 201º calculado sobre el exceso. Estas sanciones se
aplicarán sin perjuicio de otras que pueda establecer la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 201, 217, 356, 361, 362.
TÍTULO III
OPERACIONES Y SERVICIOS
CAPÍTULO I
NORMAS COMUNES
Artículo 221º.- OPERACIONES Y SERVICIOS.
Las empresas podrán realizar las siguientes operaciones y servicios, de acuerdo a lo dispuesto por el
capítulo I del título IV de esta sección segunda:
131 Párrafo modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
85
1. Recibir depósitos a la vista;
2. Recibir depósitos a plazo y de ahorros, así como en custodia;
132
3. a) Otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes
b) Otorgar créditos directos, con o sin garantía
c) Otorgar créditos de consumo, créditos de consumo de bajo monto y crédito para las pequeñas y
microempresas. El crédito de consumo de bajo monto es el crédito cuyo monto es igual o menor
a 2 UIT.
4. Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y otros documentos
comprobatorios de deuda;
5. Conceder préstamos hipotecarios y prendarios; y, en relación con ellos, emitir títulos valores,
instrumentos hipotecarios y prendarios, tanto en moneda nacional como extranjera;
5-A Conceder préstamos en la modalidad de hipoteca inversa, y con relación a estos emitir títulos
133
valores e instrumentos hipotecarios tanto en moneda nacional como extranjera;
6. Otorgar avales, fianzas y otras garantías, inclusive en favor de otras empresas del sistema
financiero;
7. Emitir, avisar, confirmar y negociar cartas de crédito, a la vista o a plazo, de acuerdo con los usos
internacionales y en general canalizar operaciones de comercio exterior;
8. Actuar en sindicación con otras empresas para otorgar créditos y garantías, bajo las
responsabilidades que se contemplen en el convenio respectivo;
9. Adquirir y negociar certificados de depósito emitidos por una empresa, instrumentos hipotecarios,
warrants y letras de cambio provenientes de transacciones comerciales;
10. Realizar operaciones de factoring;
11. Realizar operaciones de crédito con empresas del país, así como efectuar depósitos en ellas;
12. Realizar operaciones de crédito con bancos y financieras del exterior, así como efectuar depósitos
en unos y otros;
13. Comprar, conservar y vender acciones de bancos u otras instituciones del exterior que operen en la
intermediación financiera o en el mercado de valores, o sean auxiliares de unas u otras, con el fin de
otorgar alcance internacional a sus actividades. Tratándose de la compra de estas acciones, en un
porcentaje superior al tres por ciento (3%) del patrimonio del receptor, se requiere de autorización
previa de la Superintendencia;
14. Emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, incluidos los ordinarios, los convertibles, los
de arrendamiento financiero, y los subordinados de diversos tipos y en diversas monedas, así como
pagarés, certificados de depósito negociables o no negociables, y demás instrumentos
representativos de obligaciones, siempre que sean de su propia emisión;
15. Aceptar letras de cambio a plazo, originadas en transacciones comerciales;
16. Efectuar operaciones con commodities y con productos financieros derivados, tales como forwards,
futuros, swaps, opciones, derivados crediticios u otros instrumentos o contratos de derivados,
134
conforme a las normas que emita la Superintendencia ;
132 Numeral modifcado por la Ley N° 31143 del 17/03/2021
133 Operación incorporada por la Ley N° 30741 del 27/03/2018
134 Numeral modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
86
17. Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se negocien en algún mecanismo
centralizado de negociación e instrumentos representativos de deuda privada, conforme a las normas
135
que emita la Superintendencia ;
18. Adquirir, conservar y vender acciones de las sociedades que tengan por objeto brindar servicios
complementarios o auxiliares, a las empresas y/o a sus subsidiarias;
19. Adquirir, conservar y vender, en condición de partícipes, certificados de participación en los fondos
mutuos y fondos de inversión;
20. Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, interna y externa, así como
obligaciones del Banco Central;
21. Comprar, conservar y vender bonos y otros títulos emitidos por organismos multilaterales de crédito
de los que el país sea miembro;
22. Comprar, conservar y vender títulos de la deuda de los gobiernos conforme a las normas que emita
la Superintendencia 136;
23. Operar en moneda extranjera;
24. Emitir certificados bancarios en moneda extranjera y efectuar cambios internacionales;
25. Servir de agente financiero para la colocación y la inversión en el país de recursos externos;
26. Celebrar contratos de compra o de venta de cartera;
27. Realizar operaciones de financiamiento estructurado y participar en procesos de titulización,
sujetándose a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores;
28. Adquirir los bienes inmuebles, mobiliario y equipo;
29. Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias oficinas
y/o bancos corresponsales;
30. a) Emitir cheques de gerencia;
b) Emitir órdenes de pago;
31. Emitir cheques de viajero;
32. Aceptar y cumplir las comisiones de confianza que se detalla en el artículo 275º;
33. Recibir valores, documentos y objetos en custodia, así como dar en alquiler cajas de seguridad;
34. Expedir y administrar tarjetas de crédito y de débito;
137
35. Realizar operaciones de arrendamiento financiero y de capitalización inmobiliaria;
36. Promover operaciones de comercio exterior así como prestar asesoría integral en esa materia;
37. Suscribir transitoriamente primeras emisiones de valores con garantías parcial o total de su
colocación;
38. Prestar servicios de asesoría financiera sin que ello implique manejo de dinero de sus clientes o de
portafolios de inversiones por cuenta de éstos;
39. Actuar como fiduciarios en fideicomisos;
40. Comprar, mantener y vender oro;
41. Otorgar créditos pignoraticios con alhajas u otros objetos de oro y plata;
135 Numeral modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-01-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
136 Numeral modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-01-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
137 Numeral modificado por D. Leg N° 1196, publicado el 09-09-2015
87
138
42. Emitir dinero electrónico
43. Actuar como originadores en procesos de titulización mediante la transferencia de bienes muebles,
inmuebles, créditos y/o dinero, estando facultadas a constituir sociedades de propósito especial;
44. Todas las demás operaciones y servicios, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por
la Superintendencia mediante normas de carácter general, con opinión previa del Banco Central.
Para el efecto, la empresa comunicará a la Superintendencia las características del nuevo
instrumento, producto o servicio financiero. La Superintendencia emitirá su pronunciamiento dentro
de los treinta (30) días de presentada la solicitud por la empresa.
LEY GRAL. Arts. 8, 9, 11, 12, 16, 18, 217 al 220, 223, 224, 283 a 289, 345, 355, 356, 361, 5ª Disp
F. y C., 1ª Disp. Tran.
I.G.V. Art. 5, Apéndice II.
Numeral 1:
LEY GRAL. Arts. 130, 131, 224, 225 al 228
L. de T.V. Arts. 134, 145, 146.
C. DE C. Arts. 563, 567, 575, 576, 577, 585.
Numeral 2:
LEY GRAL. Arts. 130, 131, 144, 181, 224, 229, 230.
Numeral 3:
LEY GRAL. Arts. 171, 172, 201 al 209, 211, 221 (5), 222, 224, 225.
L. de T.V. Art. 135.
C. DE C. Art. 579.
Numeral 4:
LEY GRAL. Arts. 168, 169, 224
L. de T.V. Arts. 61, 69, 129, 133.
Numeral 5:
LEY GRAL. Arts. 171, 172, 201, al 209, 211, 221 (3b), 224, 235, 236, 238.
C.C. Art. 1097.
L.G.M. 2 ª D.F.
Numeral 6:
LEY GRAL. Arts. 204, 205, 206, 217 (4, 5), 224.
C.C. Art. 1868.
L. de T.V. Art. 85.
Numeral 7:
LEY GRAL. Arts. 205 (4), 221 (36).
C. DE C. Arts. 557, 558, 559.
Numeral 8:
LEY GRAL. Arts. 206 al 211, 221 (3b).
Numeral 9:
LEY GRAL. Arts. 168, 204, 217 (9), 221 (14), 235.
L. de T.V. Arts. 33, 34, 37, 38, 39.
Numeral 10:
LEY GRAL. Arts. 200 (1), 237, 282 (8),
Numeral 11:
LEY GRAL. Arts. 191, 204.
Numeral 13:
138 Numeral incorporado por Ley N° 29985 del 16-01-2013
88
LEY GRAL. Arts. 5, Glosario (intermediación financiera).
Numeral 14:
LEY GRAL. Arts. 221 (9), 232, 233, 234, 18ª Disp. F. y C., 2ª Disp. Tran.
L. de T.V. Arts. 129, 133.
L.M.V. Arts. 17, 49, 86, 88, 89, 95, 98, 100, 18ª Disp. Final.
L.G.S. Arts. 304, 306, 307, 313, 318, 320, 329.
Numeral 15:
LEY GRAL. Art. 217 (4, 5).
L. de T.V. Arts. 63, 71, 72, 73.
Numeral 16:
LEY GRAL. Arts. 186, 283
Numeral 17:
LEY GRAL.Arts. 200 (4), 234.
L.M.V. Arts. 17, 18, 49, 122, 18ª Disp. Final.
I.R. Arts. 19 (l 1, 3).
Numeral 18:
LEY GRAL. Arts. 17, 18, 36.
Numeral 19:
LEY GRAL.Arts. 200 (4), 224 (4).
L.M.V. Arts. 238, 239, 246, 249.
I.R. Art. 19 (l).
D.LEG. 862. Arts. 1, 2, 5.
Numeral 20:
L.O.B.C.R. Art. 62.
I.G.V. Art. 2 (l).
Numeral 21:
LEY GRAL. Arts. 200 (5).
Numeral 22:
LEY GRAL. Arts. 349 (8).
Numeral 23:
LEY GRAL. Arts. 8, 178.
Numeral 24:
LEY GRAL. Arts. 349 (8),.
Numeral 25:
LEY GRAL. Arts. 224 (3),.
L.M.V. Arts. 167, 168, 185, 194, 204, 207, 18ª Disp. Final.
Numeral 26:
LEY GRAL. Arts. 121, 222.
C.C. Arts. 1206, 1207, 1211, 1212, 1213, 1215.
Numeral 27:
LEY GRAL. Arts. 224 (6) 18ª Disp. F. y C.
L.M.V. Arts. 291, 293, 294, 295, 296, 301, 302, 308, 313, 324, 325.
I.R. Art. 19 (i, l 4).
Numeral 28:
LEY GRAL. Arts. 200 (6), 217 (6), 354 (3), 355 (4).
Numeral 29:
LEY GRAL. Arts. 17 (5), 18, 193, 275 (14).
Numeral 30:
89
LEY GRAL. Arts. 225.
L. de T.V. Art. 157.
Numeral 31:
LEY GRAL. Arts. 225.
L. de T.V. Arts. 158, 159, 160.
Numeral 32:
LEY GRAL. Arts. 275, 276.
Numeral 33:
LEY GRAL. Arts. 17 (2), 18.
Numeral 34:
LEY GRAL. Arts. 221 (3b), 230.
I.G.V. Art. 18.
Numeral 35:
LEY GRAL. Arts. 16 (B2), 18, 200 (7), 210, 282 (7).
D.L. 299.
D.S. 559-84-EFC.
Numeral 36:
LEY GRAL. Art. 221 (7).
Numeral 37:
L.M.V. Art. 53.
Numeral 39:
LEY GRAL. Arts. 158 (2), 223 (6), 224 (6), 241, 242, 246, 251, 252, 256, 257, 261.
Numeral 40:
LEY GRAL. Arts. 200 (2).
L.O.B.C.R. Arts. 66, 72.
Numeral 41:
LEY GRAL. Arts. 221 (5).
Numeral 42:
LEY GRAL. Arts. 186, 200 (3), 221 (16), 223 (2), 283.
Numeral 43:
LEY GRAL. Arts. 349 (8), 18ª Disp. F. y C.
L.M.V. Arts. 291, 293, 294, 295, 296, 301, 302, 308, 313, 324, 325.
Numeral 44:
LEY GRAL. Arts. 349 (8, 16), 359, 1a. Disp. F. y C., 20ª Disp. F. y C.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (i, j), 97.
Artículo 222º.- EVALUACIÓN DE LAS OPERACIONES QUE INTEGRAN LA CARTERA
CREDITICIA.
Con relación a las operaciones que integran la cartera crediticia, deberá tenerse presente que para su
evaluación se tomará en cuenta los flujos de caja del deudor, sus ingresos y capacidad de servicio de la
deuda, situación financiera, patrimonio neto, proyectos futuros y otros factores relevantes para determinar
la capacidad del servicio y pago de deuda del deudor. El criterio básico es la capacidad de pago del
deudor. Las garantías tienen carácter subsidiario.
LEY GRAL. Arts. 132 (4), 133, 136, 221 (3b, 5, 26).
139
Artículo 223º.-OPERACIONES REALIZABLES A TRAVÉS DE DEPARTAMENTOS SEPARADOS.
139 Artículo modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
90
Para actuar como fiduciarios en fideicomisos, conforme el numeral 39 del artículo 221°, las empresas
deben constituir un departamento separado, claramente diferenciado. Esta operación será llevada en
registros contables claramente diferenciados, de acuerdo con las normas que dicte la Superintendencia.
LEY GRAL. Art. 221 (39).
140
Artículo 224º.- OPERACIONES REALIZABLES A TRAVÉS DE SUBSIDIARIAS.
Para que las empresas del sistema financiero realicen las siguientes operaciones, se requiere constituir
subsidiarias:
1. Operar como almacenes generales de depósito.
2. Actuar como sociedades agentes de bolsa, sujetándose a la Ley del Mercado de Valores.
3. Establecer y administrar programas de fondos mutuos y de fondos de inversión, sujetándose a la Ley
del Mercado de Valores y Ley de Fondos de Inversión.
4. Operar como Empresas de Custodia, Transporte y Administración de Numerario y Valores, siempre
que cuente con autorización de la Superintendencia y del Ministerio del Interior.
5. Actuar como fiduciarios en fideicomisos de titulización, sujetándose a lo dispuesto en la Ley del
Mercado de Valores.
6. Realizar actividades de financiamiento participativo financiero, sujetándose a la Ley respectiva.
Una misma subsidiaria no puede desarrollar más de una de las operaciones o actividades reseñadas en
los numerales del 1 a 6, que anteceden, salvo lo dispuesto en el artículo 185 del Texto Único Ordenado
de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Decreto Supremo N° 093-2002-EF.
También pueden constituir subsidiarias para realizar las demás operaciones indicadas en el artículo 221
de la presente Ley, así como constituir como subsidiarias a las Empresas Administradoras Hipotecarias,
según lo establecido en la ley que rige a estas últimas.
LEY GRAL. Arts. 16 (B), 17 (1, 2), 18, 34, 35, 36, 221, 282 (10), 2ª Disp. F. y C.3ª Disp. F. y C.
L.M.V. Arts. 185, 186, 194, 259, 261, 302, 16ª Disp. Final, 18ª Disp. Final.
D.LEG. 862.
CAPÍTULO II
CONTRATOS E INSTRUMENTOS
SUB-CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
141
Artículo 225º.- CUENTA CORRIENTE.
La cuenta corriente regida por la presente ley es un contrato en virtud del cual una empresa se obliga a
cumplir las órdenes de pago de su cliente hasta por el importe del dinero que hubiere depositado en ella o
del crédito que se haya estipulado, esto último en el caso de las empresas autorizadas para conceder
sobregiros de conformidad con los artículos 283º al 289°.
140 Artículo modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia N° 013-
2020 del 22/01/2020
141 Artículo modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008,
91
LEY GRAL. Arts. 221 (1, 3b), 226, 227, 228, 283
C. de C. Arts. 563, 564, 567.
L. de T.V. Arts. 135, 145.
C.C. Art. 1351.
Artículo 226º.- EFECTOS DE LA CUENTA CORRIENTE.
Hay novación en todo crédito del uno contra el otro, de cualquier naturaleza y fecha que sea, si el crédito
pasa a una cuenta corriente; salvo que el acreedor o deudor acuerden expresa reserva de sus derechos.
Todo abono o cargo dentro de la cuenta corriente, produce compensación.
Las medidas cautelares que se dispongan respecto de cuentas corrientes sólo surtirán efecto sobre el
saldo que resulte luego de que la empresa aplique sobre ella los cargos que corresponda por las deudas
vencidas que mantenga el titular de la cuenta a la fecha de notificación de dichas medidas y siempre que
no se encuentre sujeto a gravamen alguno.
La existencia del contrato de cuenta corriente se acredita por cualquiera de los medios de prueba
admitidos por la ley, excepto la declaración testimonial.
No es consubstancial a la cuenta corriente la entrega al cliente de un talonario de cheques. La disposición
de los recursos disponibles en cuenta corriente puede efectuarse mediante la celebración de un pacto
autónomo de cheque o a través de otros pactos.
Las empresas informarán periódicamente a sus clientes respecto de sus estados de cuenta, los que se
darán por aceptados de no ser observados dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
LEY GRAL. Arts. 221 (1), 225, 227, 228.
C.C. Arts. 143, 144, 1277, 1278, 1288, 1290, 1352, 1353, 1411, 1412.
C.P.C. Arts. 192 (2), 612.
C. DE C. Arts. 567, 571, 575, 578.
Artículo 227º.- PRESUNCIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL CÓNYUGE.
En el establecimiento de cuentas corrientes por personas naturales y en las operaciones que se efectúe
con las mismas, se presume de pleno derecho el consentimiento del cónyuge del titular de la cuenta.
LEY GRAL. Arts. 221 (1), 225, 226.
C.C. Arts. 302, 310, 313, 314, 315.
Artículo 228º.- CIERRE DE CUENTA CORRIENTE.
La cuenta corriente se cierra por iniciativa de la empresa o del cliente. La empresa puede negarse a la
solicitud que le formule el cliente para el cierre de la cuenta en el caso que la misma mantenga saldo
deudor o que el cliente tuviese obligaciones pendientes de pago con ésta.
Salvo pacto en contrario, la empresa podrá compensar los saldos de las distintas cuentas que el cliente
mantenga con ella, inclusive cuando se realice el cierre de una cuenta corriente.
Las empresas cerrarán las cuentas corrientes de quienes registren el rechazo de cheques por falta de
fondos, conforme a los términos que determine la Superintendencia. Dicho organismo sancionará a
quienes incumplan con esta obligación. La relación de las cuentas corrientes cerradas por esta razón,
será publicada mensualmente por la Superintendencia, en el Diario Oficial “El Peruano”.
Las empresas notificarán a la Superintendencia, los cierres de cuentas corrientes que realicen por falta de
fondos, a fin de que ésta disponga el cierre inmediato de todas las demás cuentas corrientes que el
sancionado tenga en el resto del sistema financiero.
La empresa puede, en cualquier momento, remitir una comunicación al cliente, advirtiéndole de la
existencia de saldos deudores en su cuenta y requiriéndole el pago. Transcurridos quince (15) días
92
hábiles de la recepción de la comunicación sin que hubiere observaciones, la empresa está facultada
para girar contra el cliente por el saldo más los intereses generados en dicho período, una letra a la vista,
con expresión del motivo por el que se la emite. El protesto por falta de pago de la indicada cambial, en
la que no se requiere la aceptación del girado, deja expedita la acción ejecutiva.
LEY GRAL. Arts. 221 (1), 225, 226, 356 (1), 361.
C.C. Arts. 1288, 1290.
C.P.C. Arts. 688
C.P. Art. 215.
C. de C. Arts. 576, 577.
L. de T.V. Art. 145.
Artículo 229º.- DEPÓSITO DE AHORROS.
Los depósitos de ahorros tienen las siguientes características:
1. Pueden ser constituidos por personas naturales o jurídicas, inclusive por analfabetos e incapaces.
Los depósitos constituidos por menores de edad se regirán por lo dispuesto en el Código del Niño y
del Adolescente.
2. Constan de libretas o de otros documentos en donde se anote las fechas y los montos de las
imposiciones y de los retiros, así como los intereses abonados por el período convenido.
3. No son transferibles.
4. Los retiros proceden al solo requerimiento del titular, su representante legal o apoderado, a menos
que se haya pactado plazo o limitado su número en un período dado.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 9, 130, 131, 132, 134, 140, 151 (1), 152, 153, 181, 182, 221 (2).
C.C. Arts. 43, 44, 45, 451, 452.
I.R. Art. 19 (i).
Artículo 230º.- SISTEMAS DE COBERTURAS O DE FONDOS DE CONTINGENCIA.
Las empresas que ofrezcan sistemas de cobertura o fondos de contingencia a favor de sus depositantes,
titulares de tarjetas de débito, tarjetas de crédito u otros servicios, están obligadas a mantener en sus
registros declaraciones de los clientes que se adhieran a tal sistema, con los nombres de los beneficiarios
de dichas coberturas y sus domicilios actualizados.
Al tomar conocimiento del evento indemnizable, el monto que corresponda se deposita en una cuenta de
ahorros, que se abre a nombre y disposición de los beneficiarios, de acuerdo a los procedimientos que
determine la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 132, 134, 221 (2, 34), 229, 349 (8, 9).
142
Artículo 231º.-
Artículo 232º.- EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
La emisión en serie de instrumentos financieros de captación del ahorro del público deberá ser acordada
por el órgano de dirección de la respectiva empresa, con excepción de los bonos convertibles y
subordinados, cuya emisión deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas, pudiendo delegar
esta facultad en el directorio.
142 Artículo derogado por la Sexta Disposición Final de la Ley N° 28677 publicada el 01-03-2006.
93
Para la emisión de tales instrumentos se requerirá opinión favorable de la Superintendencia. Asimismo,
en los casos en que éstos tengan la condición de valores mobiliarios y se emitan por oferta pública,
CONASEV procederá a inscribirlos en el Registro Público del Mercado de Valores, previa presentación de
la resolución expedida por la Superintendencia, y de la documentación precisada en el artículo 18º de la
Ley del Mercado de Valores.
Los instrumentos emitidos en serie o en forma individual pueden ser colocados bajo su valor par.
Para la emisión de instrumentos financieros, incluyendo bonos, no es exigible la constitución de garantías
específicas.
LEY GRAL. Arts. 74, 75, 221 (14), 233, 234, 282 (8), 2ª Disp. F. y C., 18ª Disp. F. y C., 2ª Disp.
Tran
.L.G.S. Arts. 126, 127, 304, 306, 307, 313, 318, 320, 329.
L.M.V. Arts. 3, 13, 17, 18, 49, 86, 88, 89, 90, 95, 98, 100, 122, 18ª Disp. Final.
D.S. 532-85-EF.
143
Artículo 233º.- DEUDA SUBORDINADA COMPUTABLE EN EL PATRIMONIO EFECTIVO.
La deuda subordinada computable en el patrimonio efectivo puede ser representada mediante
instrumentos representativos de deuda o mediante préstamos. La Superintendencia autoriza su cómputo
en el patrimonio efectivo y establece los requisitos que los instrumentos antes citados deben cumplir para
dicho cómputo mediante norma de carácter general.
La deuda subordinada computable en el patrimonio efectivo de nivel 1 debe contar con un mecanismo
que le permita absorber pérdidas mediante su conversión en acciones comunes o mediante su
condonación a la ocurrencia de algún evento desencadenante, previa determinación de la
Superintendencia, de acuerdo con lo establecido en la normatividad que emita. La Superintendencia
puede exigir dichos requisitos a la deuda subordinada computable en el patrimonio efectivo de nivel 2, de
acuerdo con lo establecido en la normatividad que emita.
LEY GRAL. Arts. 60, 65, 66, 184, 185, 221 (14), 232, 2ª y 25ª Disp. Tran., Glosario (patrimonio
contable, patrimonio efectivo).
L.G.S. Arts. 304, 306, 307, 313, 318, 320, 329.
L.M.V. Arts. 2, 17, 18, 49, 86, 88, 89, 90, 95, 122, 18ª Disp. Final.
Artículo 234º.- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA.
Las empresas del sistema financiero podrán emitir los instrumentos financieros a que se refiere la Ley del
Mercado de Valores, y aquéllos que la Superintendencia autorice mediante norma de carácter general.
LEY GRAL. Arts. 221 (14), 232, 282 (8), 349 (8, 9).
L.M.V. Arts. 3, 17, 18, 49, 98, 100, 122.
Artículo 235º.- INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS.
Las empresas del sistema financiero podrán emitir instrumentos hipotecarios, con arreglo a las normas
que expida la Superintendencia.
Dichos instrumentos tendrán las siguientes características generales:
1. Emanan de un contrato hipotecario;
2. Deben ser garantizados con primera hipoteca;
3. Las hipotecas que pesen sobre los inmuebles que sean financiados con la emisión de instrumentos
hipotecarios serán incluidas en un registro separado de la empresa del sistema financiero, y no
143 Artículo modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009, y
posteriormente por D. Leg. N° 1531, publicado el 19-03-2022 y vigente desde el 01-01-2023.
94
garantizan las demás obligaciones del propietario del inmueble o constituyente de la hipoteca en
favor de esta última;
4. El conjunto de los gravámenes hipotecarios a que se refiere el numeral anterior respalda por
ministerio de la ley, al conjunto de los instrumentos hipotecarios que emita la empresa del sistema
financiero, sin que sea necesario el otorgamiento de escritura pública para afectar dichos
gravámenes en favor de tales instrumentos;
5. Cuando un deudor hipotecario prepague su deuda, la empresa emisora podrá colocar nuevos
préstamos de iguales características al prepagado, o rescatar los instrumentos financieros que
respaldan la deuda prepagada; y,
6. En caso de intervención por suspensión de pagos de obligaciones o por liquidación de la empresa
emisora, las obligaciones que sustentan los instrumentos hipotecarios, así como las
correspondientes colocaciones y sus garantías hipotecarias serán transferidas a otra empresa del
sistema financiero, previa autorización de la Superintendencia, siendo excluidos de la masa.
7. 144 Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, los préstamos otorgados por el Fondo
MIVIVIENDA a las empresas del Sistema Financiero para que realicen colocaciones hipotecarias,
recibirán el mismo tratamiento que los instrumentos hipotecarios. En este caso, sólo se requerirá la
calificación previa de la Superintendencia para ser excluido de la masa.
LEY GRAL. Arts. 103, 118, 121, 171, 172, 176, 221 (5), 236, 238, 349 (8, 9).
C.C. Arts. 1097, 1098, 1112, 2010, 2016, 2022.
Artículo 236º.- LETRAS HIPOTECARIAS.
Las empresas del sistema financiero podrán emitir letras hipotecarias, con arreglo a las normas que
expida la Superintendencia.
Dichos instrumentos tendrán las siguientes características generales:
1. Emanan de un contrato de crédito hipotecario.
2. Son emitidas por una empresa del sistema financiero que tiene la calidad de obligado principal y es
el único responsable de su pago.
3. Pueden ser emitidas en moneda nacional o extranjera.
4. 145
5. Sólo pueden ser emitidas por un importe inferior o igual al monto de las obligaciones hipotecarias
asumidas para con la empresa emisora.
6. Deben ser garantizadas con primera hipoteca, la que no es factible hacer extensiva a otras
obligaciones a favor de la empresa, y debe estar autorizada en forma expresa en el acto de
constitución.
7. Es factible su amortización por la empresa emisora, en forma directa o mediante compra, rescate o
sorteo a la par.
8. En caso de intervención por suspensión de pagos y obligaciones o por liquidación de la empresa
emisora, las letras hipotecarias serán transferidas conjuntamente con los correspondientes créditos y
sus respectivas garantías hipotecarias a otra empresa del sistema financiero autorizada por la
Superintendencia para operar con el sistema de letras hipotecarias, y tales activos y pasivos serán
excluidos de la masa.
LEY GRAL. Arts. 103, 118, 121, 171, 172, 176, 221 (5), 235, 238, 349 (8, 9).
C.C. Arts. 1097, 1098.
144 Inciso incorporado por Ley N° 27964 del 17-05-2003
145
Inciso derogado por la Ley Nº 27287 del 17.06.2000
95
L. de T.V. Arts. 269, 270.
I.R. Art. 19 (ll).
146
Artículo 237º.-
Artículo 238º.- CÉDULAS HIPOTECARIAS.
Las cédulas hipotecarias son instrumentos representativos de deuda hipotecaria de largo plazo, no
redimibles anticipadamente, emitidos por las empresas autorizadas por esta ley y que se encuentran
respaldadas con la hipoteca del conjunto de inmuebles que queden afectos al régimen hipotecario
vinculado a tales cédulas.
Por su naturaleza no son susceptibles de redención anticipada, y son materia de negociación en el
mercado secundario.
LEY GRAL. Arts. 171, 172, 176, 221 (5), 235, 236, 295.
C.C. Arts. 1097, 1098, 1109, 1112, 2016, 2022.
L.M.V. Art. 64.
L. de T.V. Arts. 271, 272.
I.R. Art. 19 (i).
147
Artículo 239º
Artículo 240º.- REAJUSTE AUTOMÁTICO DE DEUDAS.
La facultad establecida en el artículo 1235º del Código Civil puede ser ejercida respecto de pasivos de las
empresas contraídos a plazo no menor de noventa (90) días. El índice de reajuste diario es elaborado por
el Banco Central con sujeción al Índice de Precios al Consumidor para Lima Metropolitana que, para el
mes precedente, haya determinado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y se publica
oportunamente en el Diario Oficial.
En los casos en que las partes se acojan a lo dispuesto en este artículo, debe consignarse en los
contratos, títulos valores y demás documentos, inmediatamente después de la cifra correspondiente, la
frase “Valor Adquisitivo Constante” o las siglas “VAC”.
C.C. Art. 1235.
L.O.B.C.R. Art. 24 (g).
SUB CAPÍTULO II
FIDEICOMISO
Artículo 241º.- CONCEPTO DE FIDEICOMISO.
El fideicomiso es una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra
persona, denominada fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio
fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o un
tercero denominado fideicomisario.
146 Artículo derogado por la Ley Nº 27287 del 17.06.2000
147 Artículo derogado por la Ley Nº 27287 del 17.06.2000
96
El patrimonio fideicometido es distinto al patrimonio del fiduciario, del fideicomitente, o del fideicomisario y
en su caso, del destinatario de los bienes remanentes.
Los activos que conforman el patrimonio autónomo fideicometido no generan cargos al patrimonio
efectivo correspondiente de la empresa fiduciaria, salvo el caso que por resolución jurisdiccional se le
hubiera asignado responsabilidad por mala administración, y por el importe de los correspondientes
daños y perjuicios.
La parte líquida de los fondos que integran el fideicomiso no está afecta a encaje.
La Superintendencia dicta normas generales sobre los diversos tipos de negocios fiduciarios.
LEY GRAL. Arts. 161, 184, 185, 221 (39), 242 al 274, 349 (8).
C.C. Arts. 1457, 1458, 1460, 1461.
LEY 28579 Arts. 3 (f), 3 (g).
148
Artículo 242º.- EMPRESAS AUTORIZADAS A DESEMPEÑARSE COMO FIDUCIARIOS.
Están autorizadas para desempeñarse como fiduciarias, COFIDE, las empresas de operaciones múltiples
a que se refiere el inciso A del artículo 16º y las empresas de servicios fiduciarios que señala el inciso b-5
del artículo mencionado, las empresas del numeral 1 del artículo 318º, así como las empresas o
instituciones supervisadas por la Superintendencia, cuyo objeto es garantizar, apoyar, promover y
asesorar directa o indirectamente a la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) de cualquier sector económico.
En caso de dolo o culpa grave, la Superintendencia puede disponer la remoción de la empresa fiduciaria
y designar a quien ha de sustituirla, si el fideicomitente no lo hiciera dentro del plazo que se le señale.
Para ejercer las funciones de fiduciario en fideicomisos de titulización a que se refiere la Ley del Mercado
de Valores, las empresas del sistema financiero deben constituir sociedades titulizadoras.
LEY GRAL. Arts. 16 (A, B5), 221 (39), 243, 252, 256, 257, 261, 269 (3), 318 (1), 13ª Disp. F. y C.
C.C. Arts. 1318, 1319.
L.M.V. Arts. 301, 302, 307, 310, 313.
Artículo 243º.- VALIDEZ DEL ACTO CONSTITUTIVO.
Para la validez del acto constitutivo del fideicomiso es exigible al fideicomitente la facultad de disponer de
los bienes y derechos que transmita, sin perjuicio de los requisitos que la ley establece para el acto
jurídico.
LEY GRAL. Arts. 241, 245, 246, 252, 262, 265.
C.C. Arts. 140, 219, 221, 923.
L.M.V. Arts. 301, 308, 313.
Artículo 244º.- DERECHOS DEL HEREDERO FORZOSO PERJUDICADO POR EL FIDEICOMISO.
Los herederos forzosos del fideicomitente pueden exigir la devolución de los bienes fideicometidos por su
causante a título de fideicomiso gratuito, en la parte que hubiere perjudicado sus legítimas. La empresa
fiduciaria tiene la facultad de elegir, entre los bienes fideicometidos, aquéllos que han de ser objeto de la
devolución.
No obstante, puede el fideicomitente constituir en fideicomiso los bienes que toquen a la legítima de
alguno de sus herederos menores o incapaces, en beneficio de ellos mismos y mientras subsista la
minoridad o la incapacidad.
La prodigalidad se califica por el propio constituyente del fideicomiso. En este caso, el fideicomiso dura
hasta cinco (5) años después del fallecimiento del causante, salvo que el presunto pródigo acredite ante
el juez especializado estar capacitado para administrar sus bienes.
148 Artículo modificado por Ley N° 29654, del 17-01-2011.
97
La empresa fiduciaria, en todo caso, debe atender al mantenimiento del menor o del incapaz, con cargo a
las rentas o frutos del fideicomiso.
LEY GRAL. Arts. 243, 246, 251, 256, 262.
C.C. Arts. 42 al 45, 584, 587, 664, 665, 666, 723, 724.
Artículo 245º.- ACCIÓN PARA ANULAR LA TRANSMISIÓN FIDEICOMISARIA.
La acción para anular la transmisión fideicomisaria realizada en fraude de acreedores caduca a los seis
(6) meses de publicado en el Diario Oficial, por tres (3) días consecutivos, un aviso que dé cuenta de la
enajenación. En todo caso, esa caducidad opera a los dos (2) meses de la fecha en que el acreedor haya
sido notificado personalmente de la constitución del fideicomiso.
LEY GRAL. Arts. 241, 243, 246, 265.
C.C. Arts. 195, 197, 199, 200, 221, 2003, 2004, 2007.
Artículo 246º.- FORMALIDAD.
La constitución del fideicomiso se efectúa y perfecciona por contrato entre el fideicomitente y la empresa
fiduciaria, formalizado mediante instrumento privado o protocolizado notarialmente.
Cuando el contrato comporta la transferencia fiduciaria de activos mobiliarios, debe ser inscrito en la
Central de Riesgos de la Superintendencia, según lo considere el fideicomitente.
Tiene también lugar por voluntad unilateral del fideicomitente, expresada en testamento.
Para oponer el fideicomiso a terceros se requiere que la transmisión al fiduciario de los bienes y derechos
inscribibles sea anotada en el registro público correspondiente y que la otra clase de bienes y derechos
se perfeccione con la tradición, el endoso u otro requisito exigido por la ley.
Para los casos de fideicomiso en garantía, la inscripción en el registro respectivo le otorga el mismo orden
de prelación que corresponde, en razón al tiempo de su inscripción.
LEY GRAL. Arts. 158, 221 (39), 241, 242, 243, 245, 247, 250, 274.
C.C. Arts. 144, 686, 689, 690, 947, 949, 1351, 1352, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016.
L. de T.V. Arts. 26, 27, 33.
L.G.M Art. 1, 25, 32 (3.b).
Artículo 247º.- FIDEICOMISO TESTAMENTARIO NO REQUIERE ACEPTACIÓN.
No es requisito para la validez del fideicomiso testamentario la aceptación de la empresa fiduciaria
designada ni la de los fideicomisarios. Si aquella declinare la designación, debe proponer a quien la
reemplace y si ninguna otra empresa aceptare el encargo, el fideicomiso se extingue.
Los fideicomisos a que se refiere este artículo se entienden constituidos desde la apertura de la sucesión.
LEY GRAL. Arts. 241, 242, 243, 246, 252, 269.
C.C. Arts. 660, 686, 689, 690, 691, 695.
Artículo 248º.- VALIDEZ DE FIDEICOMISO EN FAVOR DE PERSONAS INDETERMINADAS.
Es válido el fideicomiso establecido en favor de personas indeterminadas que reúnan ciertas condiciones
o requisitos, o del público en general, siempre que consten en el instrumento constitutivo las calidades
exigibles para disfrutar de los beneficios del fideicomiso o las reglas para otorgarlos.
Es válido el fideicomiso en beneficio del propio fideicomitente.
LEY GRAL. Arts. 241, 243, 245, 246, 252, 263.
Artículo 249º.- FIDEICOMISO EN FAVOR DE VARIAS PERSONAS.
98
El fideicomiso puede constituirse en beneficio de varias personas que sucesivamente deban sustituirse,
por la muerte de la anterior o por otro evento, siempre que la sustitución tenga lugar en favor de personas
que existan cuando quede expedito el derecho del primer designado.
LEY GRAL. Arts. 241, 246, 247, 256, 263, 265, 269.
C.C. Art. 740.
Artículo 250º.- FIDEICOMISARIO QUE INTERVIENE EN EL CONTRATO.
Si el fideicomisario interviene como parte en el contrato, adquiere a título propio los derechos que en él se
establezcan a su favor, los que no pueden ser alterados sin su consentimiento.
En los demás casos, el fideicomitente puede convenir con la empresa fiduciaria las modificaciones que
estime adecuadas, y aún la resolución del fideicomiso, salvo que con ello se lesionen derechos
adquiridos por terceros.
El fideicomitente puede también resolver el contrato de fideicomiso constituido a título gratuito, excepto en
el caso previsto en el primer párrafo y, también, si hubiere renunciado a tal derecho. De crearse esa
facultad, debe pagar a la empresa fiduciaria la pena convenida, o en su defecto, la que señale el juez
especializado o el tribunal arbitral, respectivo.
Para modificar o resolver el contrato de fideicomiso, los causahabientes del fideicomitente requieren, en
todo caso, el consentimiento unánime de los fideicomisarios o, si éstos fueren indeterminados, la
aprobación del Superintendente.
LEY GRAL. Arts. 241, 246, 261, 269.
C.C. Arts. 1321, 1341, 1351, 1361, 1371, 1463, 1464, 1467.
Artículo 251º.- PLAZO MÁXIMO DE DURACIÓN.
El plazo máximo de duración de un fideicomiso es de treinta (30) años, con las siguientes excepciones:
1. En el fideicomiso vitalicio, en beneficio de fideicomisarios determinados que hubieran nacido o
estuviesen concebidos al momento de constituirse el fideicomiso, el plazo se extiende hasta la
muerte del último de los fideicomisarios.
2. En el fideicomiso cultural, que tenga por objeto el establecimiento de museos, bibliotecas, institutos
de investigación arqueológicos, históricos o artísticos, el plazo puede ser indefinido y el fideicomiso
subsiste en tanto sea factible cumplir el propósito para el que hubiere sido constituido.
3. En el fideicomiso filantrópico, que tenga por objeto aliviar la situación de los privados de razón, los
huérfanos, los ancianos abandonados y personas menesterosas, el plazo puede igualmente ser
indefinido y el fideicomiso subsiste en tanto sea factible cumplir el propósito para el que se le hubiere
constituido.
En los casos en los cuales el plazo del fideicomiso debe ser necesariamente extendido más allá del límite
legal máximo, a fin de no perjudicar intereses de terceros, la Superintendencia podrá autorizar su vigencia
por el término estrictamente necesario para la consecución de los fines previstos.
LEY GRAL. Arts. 241, 246, 249, 256, 268, 269, 270.
C.C. Arts. 183, 184.
Artículo 252º.- FACULTADES DEL FIDUCIARIO SOBRE BIENES QUE RECIBE.
El fiduciario ejerce sobre el patrimonio fideicometido, dominio fiduciario, el mismo que le confiere plenas
potestades, incluidas las de administración, uso, disposición y reivindicación sobre los bienes que
conforman el patrimonio fideicometido, las mismas que son ejercidas con arreglo a la finalidad para la que
fue constituido el fideicomiso, y con observancia de las limitaciones que se hubieren establecido en el
acto constitutivo.
Dependiendo de la naturaleza del fideicomiso, el fideicomitente y sus causahabientes son titulares de un
derecho de crédito personal contra el patrimonio fiduciario.
99
La empresa fiduciaria sólo puede disponer de los bienes fideicometidos con arreglo a las estipulaciones
contenidas en el instrumento constitutivo. Los actos de disposición que efectúe en contravención de lo
pactado son anulables, si el adquirente no actuó de buena fe, salvo el caso de que la transferencia se
hubiese efectuado en una bolsa de valores. La acción puede ser interpuesta por cualquiera de los
fideicomisarios, el fideicomitente y aún por la propia empresa fiduciaria.
LEY GRAL. Arts. 241, 242, 243, 250, 251, 256 al 259, 261, 263.
C.C. Art. 221.
L.M.V. Art. 115.
Artículo 253º.- PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.
El patrimonio fideicometido no responde por las obligaciones del fiduciario o del fideicomitente ni de sus
causahabientes y, tratándose de las obligaciones de los fideicomisarios, tal responsabilidad sólo es
exigible sobre los frutos o las prestaciones que se encuentran a disposición de ellos, de ser el caso.
En caso que la empresa fiduciaria no se oponga a las medidas que afecten al patrimonio fideicometido,
pueden hacerlo el fideicomitente o cualquier fideicomisario. Uno y otros están facultados para coadyuvar
en la defensa si la empresa fiduciaria hubiese hecho valer la oposición.
La empresa fiduciaria podrá delegar en el fideicomisario o el fideicomitente las facultades necesarias para
que ejerzan las medidas de protección del patrimonio fideicometido, sin quedar liberado de
responsabilidad.
LEY GRAL. Arts. 241, 252, 254, 256, 273.
C.P.C. Arts. 97, 101.
Artículo 254º.- AFECTACIÓN DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO
FIDEICOMETIDO.
Los bienes que integran el patrimonio fideicometido se encuentran afectos al pago de las obligaciones y
responsabilidades que la empresa fiduciaria contraiga en ejercicio del dominio fiduciario por los actos que
efectúe para el cumplimiento de la finalidad para la que fue constituido el fideicomiso y, en general, de
acuerdo a lo establecido en el acto constitutivo.
No se encuentran afectos a dicho pago, salvo disposición en contrario, los bienes que integran el
patrimonio propio de la empresa fiduciaria, del fideicomitente, del fideicomisario y del destinatario del
remanente.
LEY GRAL. Arts. 241, 242, 252, 253, 256, 257, 259, 261, 263, 273.
Artículo 255º.- LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA FIDUCIARIA.
En caso de liquidación de la empresa fiduciaria, asiste a quienes tengan legítimo interés el derecho de
identificar y rescatar los bienes y derechos existentes que pertenezcan al patrimonio fideicometido, en
cualquier estado del proceso, por no formar parte de la masa.
Por el valor de los bienes, recursos líquidos y derechos perdidos o no identificables del fideicomiso, el
fideicomisario tiene sobre la masa, hasta por el importe de la responsabilidad de la empresa fiduciaria, un
crédito amparado con privilegio general de primer orden.
LEY GRAL. Arts. 116, 117, 118, 122, 253, 254, 269 (2), 270.
C.C. Arts. 923, 927.
Artículo 256º.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA FIDUCIARIA.
Son obligaciones de la empresa fiduciaria:
1. Cuidar y administrar los bienes y derechos que constituyen el patrimonio del fideicomiso, con la
diligencia y dedicación de un ordenado comerciante y leal administrador;
100
2. Defender el patrimonio del fideicomiso, preservándolo tanto de daños físicos cuanto de acciones
judiciales o actos extrajudiciales que pudieran afectar o mermar su integridad;
3. Proteger con pólizas de seguro, los riesgos que corran los bienes fideicometidos, de acuerdo a lo
pactado en el instrumento constitutivo;
4. Cumplir los encargos que constituyen la finalidad del fideicomiso, realizando para ello los actos,
contratos, operaciones, inversiones o negocios que se requiera, con la misma diligencia que la
propia empresa fiduciaria pone en sus asuntos;
5. Llevar el inventario y la contabilidad de cada fideicomiso con arreglo a ley, y cumplir conforme a la
legislación de la materia las obligaciones tributarias del patrimonio fideicometido, tanto las
sustantivas como las formales;
6. Preparar balances y estados financieros de cada fideicomiso, cuando menos una vez al semestre,
así como un informe o memoria anual, y poner tales documentos a disposición de los fideicomitentes
y fideicomisarios, sin perjuicio de su presentación a la Superintendencia;
7. Guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e información que se
relacionen con los fideicomisos, con los mismos alcances que esta ley establece para el secreto
bancario;
8. Notificar a los fideicomisarios de la existencia de bienes y servicios disponibles a su favor, dentro del
término de diez días de que el beneficio esté expedito;
9. Devolver al fideicomitente o a sus causahabientes, al término del fideicomiso, los remanentes del
patrimonio fideicometido, salvo que, atendida la finalidad de la transmisión fideicomisaria,
corresponda la entrega a los fideicomisarios o a otras personas;
10. Transmitir a la nueva empresa fiduciaria, en los casos de subrogación, los recursos, bienes y
derechos del fideicomiso; y,
11. Rendir cuenta a los fideicomitentes y a la Superintendencia al término del fideicomiso o de su
intervención en él.
LEY GRAL. Arts. 140, 241, 242, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 270, 271, 272, 273.
C.T. Arts. 172, 178.
D.S. 043-2003-PCM Arts. 17(2), 18.
Artículo 257º.- PROHIBICIONES DE LA EMPRESA FIDUCIARIA.
Es prohibido a la empresa fiduciaria afianzar, avalar o garantizar en forma alguna ante el fideicomitente o
los fideicomisarios los resultados del fideicomiso o de las operaciones, actos y contratos que realice con
los bienes fideicometidos.
Son nulos el pacto en contrario así como las garantías y compromisos que se pacten en contravención a
lo dispuesto en este artículo.
LEY GRAL. Arts. 241, 242, 252, 253, 254, 256, 259.
C.C. Art. 219.
Artículo 258º.- PROHIBICIÓN DE REALIZAR OPERACIONES EN BENEFICIO DE DETERMINADAS
PERSONAS.
La empresa fiduciaria está prohibida de realizar operaciones, actos y contratos con los fondos y bienes de
los fideicomisos, en beneficio de:
1. La propia empresa.
2. Sus directores y trabajadores y, en su caso, los miembros del comité a cargo del fideicomiso.
3. El factor o factores fiduciarios.
101
4. Los trabajadores de su departamento fiduciario y los contratados para el fideicomiso de que se trate.
5. Sus auditores externos, incluidos los profesionales socios que integran la firma y los profesionales
que participen en las labores de auditoría de la propia empresa.
Los impedimentos a que se refiere este artículo alcanzan al cónyuge y a los parientes de las personas
indicadas, así como a las personas jurídicas en que el cónyuge y los parientes en conjunto, tengan
personalmente una participación superior al cincuenta por ciento.
Son nulas las operaciones que se realice en contravención de las prohibiciones reseñadas.
LEY GRAL. Arts. 241, 242, 252, 253, 256, 257, 259, 271, 272.
C.C. Art. 166.
Artículo 259º.- INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR DOLO O CULPA GRAVE.
La empresa fiduciaria que incumpla sus obligaciones por dolo o culpa grave debe reintegrar al patrimonio
del fideicomiso el valor de lo perdido, más una indemnización por los daños y perjuicios irrogados, sin
perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
Si el instrumento constitutivo del fideicomiso prevé la existencia de un comité, junta u otro órgano de
gobierno, las disposiciones del mismo no podrán modificar el objeto del fideicomiso.
LEY GRAL. Arts. 241, 242, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 263, 270, 272.
C.C. Arts. 1318, 1319, 1321.
Artículo 260º.- EMISIÓN DE VALORES MOBILIARIOS
La emisión de valores mobiliarios con respaldo en un patrimonio fideicometido se sujeta a lo dispuesto en
la Ley del Mercado de Valores.
LEY GRAL. Arts. 241, 242, 252, 253.
L.M.V. Arts. 3, 49, 80, 81, 314, 315.
Artículo 261º.- DERECHOS DE LA EMPRESA FIDUCIARIA.
Son derechos de la empresa fiduciaria:
1. Cobrar una retribución por sus servicios, de acuerdo con lo estipulado en el instrumento constitutivo
o, en su defecto, una no mayor al uno por ciento (1%) del valor de mercado de los bienes
fideicometidos; y,
2. Resarcirse con recursos del fideicomiso de los gastos en que incurriere en la administración del
patrimonio fideicometido y en la realización de su finalidad.
LEY GRAL. Arts. 241, 242, 252, 253, 256.
C.C. Arts. 1755, 1759, 1764, 1767.
Artículo 262º.- OBLIGACIÓN DE FIDEICOMITENTE.
Es obligación del fideicomitente o de sus causahabientes integrar en el patrimonio del fideicomiso los
bienes y derechos señalados en el instrumento constitutivo, en el tiempo y el lugar estipulados.
LEY GRAL. Arts. 241, 243, 246, 250, 252, 253, 254, 265 (5), 266, 269 (5).
Artículo 263º.- DERECHO DEL FIDEICOMISARIO DE EXIGIR LOS BENEFICIOS QUE SE
GENEREN.
Los fideicomisarios tienen derecho a exigir a la empresa fiduciaria los beneficios que del patrimonio
fideicometido se generen o del capital mismo, según se estipule en el instrumento constitutivo y figure en
el certificado de participación. La acción puede ejercerla cualquiera de los interesados, por la parte que le
corresponda en los beneficios y en pro del interés común.
102
Pueden también, en el caso del primer párrafo del artículo 259º, exigir al fideicomitente que integre en el
patrimonio del fideicomiso los bienes que ofreció.
LEY GRAL. Arts. 241, 243, 250, 252, 256, 262, 267.
C.C. Arts. 1458, 1461, 1462, 1469.
Artículo 264º.- CESIÓN DE DERECHOS.
Los fideicomisarios determinados, los fideicomitentes y sus respectivos sucesores, pueden ceder sus
derechos a personas que no se encuentren impedidas por la ley o por el instrumento constitutivo del
fideicomiso.
LEY GRAL. Arts. 241, 246, 248, 250, 263.
C.C. Arts. 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1215.
Artículo 265º.- NULIDAD DE FIDEICOMISO.
El fideicomiso es nulo:
1. Si contraviene el requisito establecido en el artículo 243º.
2. Si su objeto fuese ilícito o imposible.
3. Si se designa como fideicomisario a la propia empresa, salvo en los casos de fideicomiso de
titulización.
4. Si todos los fideicomisarios son personas legalmente impedidas de recibir los beneficios del
fideicomiso.
5. Si todos los bienes que lo deben integrar están fuera del comercio.
Si el impedimento a que se refiere el numeral 4 sólo recae sobre parte de los fideicomisarios, el
fideicomiso es válido respecto de los restantes.
LEY GRAL. Arts. 241, 243, 248, 249, 258, 266, 267.
C.C. Arts. 43, 44, 219 (3, 4, 7), 224, 1403.
Artículo 266º.- FIDEICOMISO SOBRE BIENES FUERA DEL COMERCIO.
En el caso que uno o más de los bienes que deben integrar el fideicomiso se encuentren fuera del
comercio, el fideicomiso es válido y subsiste con los bienes remanentes.
LEY GRAL. Arts. 243, 246, 252, 253, 254, 265 (5).
C.C. Arts. 219 (3), 224, 1403.
Artículo 267º.- CASO DE MÁS DE CINCO FIDEICOMISARIOS.
En el caso que los fideicomisarios fueran más de cinco, deben celebrar juntas con sujeción a las reglas
que para las asambleas de obligacionistas establecen los artículos 236º, 237º y 238º de la Ley General de
Sociedades, salvo que sobre el particular hubiese estipulación diversa en el instrumento del fideicomiso.
Las juntas a que se refiere el párrafo anterior tienen por objeto:
1. Designar representantes y procuradores que accionen en resguardo del interés común de los
fideicomisarios.
2. Aprobar modificaciones en las cláusulas del fideicomiso, cuando fuere necesario el consentimiento
de los fideicomisarios, siempre que éstos no sean menores o incapaces y en razón de ello se
encuentren impedidos de intervenir personalmente en las juntas.
3. Adoptar otras medidas y decisiones en pro del interés común de sus miembros.
4. En los casos de fideicomiso con fideicomisarios indeterminados, la representación la asume la
Superintendencia.
103
LEY GRAL. Arts. 241, 246, 248, 250, 263.
L.G.S. Arts. 320, 321, 323, 324, 325.
C.C. Arts. 43, 44, 145, 160.
Artículo 268º.- FIDEICOMISO POR PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO.
Si el fideicomiso se establece por un plazo superior al permitido por ley, el exceso se tiene por no puesto,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 251º.
LEY GRAL. Arts. 241, 246, 251, 269.
C.C. Arts. 183, 184.
Artículo 269º.- TÉRMINO DEL FIDEICOMISO.
El fideicomiso termina por:
1. Renuncia de la empresa, con causa justificada, aceptada por la Superintendencia.
2. Liquidación de la empresa fiduciaria.
3. Remoción de la empresa fiduciaria.
4. Renuncia expresa de todos los fideicomisarios a los beneficios que les concede el fideicomiso.
5. Pérdida de los bienes que lo integran o de parte sustancial de ellos a juicio de la empresa fiduciaria.
6. Haberse cumplido la finalidad para la cual fue constituido.
7. Haber devenido imposible la realización de su objeto.
8. Resolución convenida entre el fideicomitente y el fiduciario, con aprobación de los fideicomisarios en
el caso del primer párrafo del artículo 250º.
9. Revocación por parte del fideicomitente, antes de la entrega de los bienes a la empresa fiduciaria, o
previo cumplimiento de los requisitos legales, salvo lo previsto en el primer párrafo del artículo 250º.
10. Vencimiento del plazo.
En los casos de los numerales 1, 2 y 3, las causales operan si en el término de seis (6) meses no se
encuentra otra empresa que asuma el cargo.
Si la revocación a que se refiere el numeral 9 fuese parcial, subsiste el fideicomiso con los bienes que se
integren en el patrimonio.
LEY GRAL. Arts. 116, 118, 241, 242, 246, 247, 250, 251, 255, 257, 265 (2), 268.
C.C. Art. 1361.
Artículo 270º.- DEVOLUCIÓN DE BIENES AL TÉRMINO DEL FIDEICOMISO.
Si el convenio constitutivo no contiene indicación de la persona a la que, al término del fideicomiso debe
entregarse los bienes, se devuelve éstos al fideicomitente o a sus causahabientes y, en su defecto, se
hace entrega de ellos al Fondo.
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo a los fideicomisos de que trata el artículo 244º, en los cuales
los bienes, en la parte que afectó la legítima de algún heredero, se entregan a éste o a sus sucesores.
LEY GRAL. Arts. 241, 244, 246, 256.
C.C. Arts. 723, 724.
Artículo 271º.- DESIGNACIÓN DE UN FACTOR FIDUCIARIO.
Para cada fideicomiso que reciba, la empresa designa un factor fiduciario, quien asume personalmente su
conducción, así como la responsabilidad por los actos, contratos y operaciones que se relacionen con
dicho fideicomiso. La empresa es solidariamente responsable de los actos que, respecto al fideicomiso,
104
practiquen el factor y los trabajadores del fiduciario, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
259º.
Una misma persona puede ser factor de varios fideicomisos.
La designación del factor debe ser puesta en conocimiento de la Superintendencia, organismo que está
facultado para disponer su remoción, en cualquier momento.
LEY GRAL. Arts. 241, 242, 246, 252, 256, 259, 261, 272, 273.
Artículo 272º.- POSIBILIDAD DE DESIGNAR COMISIONES ADMINISTRADORAS.
Si la índole o el número de las operaciones, actos y contratos relativos a los bienes de un fideicomiso o
requeridos para el cumplimiento de su finalidad lo justifican, la empresa fiduciaria designa una comisión
administradora del fideicomiso, compuesta de no menos de tres (3) ni más de siete (7) miembros, y
reglamenta su funcionamiento y facultades, siempre con sujeción a las reglas que contenga el
instrumento constitutivo del fideicomiso.
Por las mismas razones del párrafo anterior, la empresa fiduciaria puede contratar personal “ad-hoc” para
cada fideicomiso. Tal personal sólo puede ejercer sus derechos contra los bienes del respectivo
fideicomiso y la vigencia de su relación laboral queda subordinada a la subsistencia del fideicomiso que
determinó su empleo. Los contratos deben constar por escrito.
LEY GRAL. Arts. 241, 242, 246, 252, 256, 259, 261, 271, 273.
C.C. Arts. 143, 144.
Artículo 273º.- CONTABILIDAD SEPARADA POR CADA FIDEICOMISO.
El patrimonio fideicometido es administrado por el fiduciario.
La empresa fiduciaria debe llevar contabilidad separada por cada patrimonio fideicometido bajo su
dominio fiduciario en libros debidamente legalizados, sin perjuicio de las cuentas y registros que
corresponden en los libros de la empresa, cuentas y registros que deben mantenerse conciliados con
aquélla.
La empresa fiduciaria no tiene derecho de propiedad sobre los bienes que conforman el patrimonio
fideicometido, siendo responsable de la administración del mismo.
LEY GRAL. Arts. 241, 242, 256, 257, 259, 261, 271, 272.
L.G.S. Arts. 190, 191.
C.T. Art. 87 (4).
Artículo 274º.- FIDEICOMISO EN GARANTÍA.
La empresa que otorgue créditos con una garantía fiduciaria constituida con una tercera empresa
fiduciaria se resarcirá del crédito incumplido con el resultado que se obtenga de la ejecución del
patrimonio fideicometido, en la forma prevista en el contrato o con el propio patrimonio fideicometido
cuando éste se encuentre integrado por dinero, dando cuenta, en este último caso a la Superintendencia.
Son excluyentes la calidad de fiduciario y acreedor.
LEY GRAL. Arts. 221 (3b), 241, 242, 246, 254, 256, 257.
SUBCAPÍTULO III
COMISIONES DE CONFIANZA
Artículo 275º.- COMISIONES DE CONFIANZA.
105
Las comisiones de confianza que, señaladamente, sin perjuicio de las demás que autorice la
Superintendencia, pueden aceptar y ejecutar las empresas, según el numeral 32 del artículo 221º, son las
siguientes:
1. Realizar las funciones de depositario e interventor de bienes embargados, salvo que el depósito
recaiga sobre dinero.
2. Administrar provisionalmente los negocios y sociedades que se encuentren en proceso de
reestructuración económica y financiera, conforme a la ley de la materia.
3. Cumplir las funciones de administración, realización y liquidación de los bienes de las sociedades
declaradas en quiebra conforme a la ley de la materia.
4. Ser administradores de bienes comunes por acuerdo de los interesados, o por nombramiento del
juez especializado en el caso del artículo 772º del Código Procesal Civil.
5. Ejercer el cargo de albacea testamentario o dativo.
6. Oficiar de guardadores de bienes de menores e incapaces en los casos a que se refiere el artículo
503º del Código Civil y en todos los demás en que dicho Código dispone o autoriza el nombramiento
de guardador especial, testamentario o dativo, para todos o parte de los bienes del menor o incapaz.
7. Actuar como guardadores de bienes de ausentes declarados judicialmente.
8. Administrar bienes dejados por testamento o donados bajo condición o hasta cierto día, a fin de
entregarlos a los herederos, legatarios o donatarios cuando se cumpla la condición o llegue el día.
9. Asumir la administración de bienes dejados por testamento o por acto entre vivos para obras
públicas, establecimientos de beneficencia o de educación u otros fines lícitos a que los hubiere
destinado el testador o donante, sujetándose a la voluntad del instituyente.
10. Tomar la administración de bienes que se hubiere dejado por testamento o por acto entre vivos con
el fin de que el fideicomisario perciba únicamente la renta durante su vida o por el tiempo que
determine el instituyente.
11. Obrar como administradores de bienes gravados con usufructo, cuando así se haya establecido en
el acto constitutivo.
12. Servir de representante de los tenedores de bonos emitidos por sociedades anónimas.
13. Administrar portafolios de cartera.
14. Celebrar contratos de mandato, con o sin representación, incluyendo los poderes generales o
especiales para:
i Administrar bienes.
ii Cobrar créditos o documentos.
iii Comprar y vender acciones, bonos y demás valores mobiliarios.
iv Percibir dividendos e intereses.
v Representar a los titulares de acciones, bonos y valores.
LEY GRAL. Arts. 221 (32), 276 al 281.
Numeral 1:
C.C. Arts. 1814, 1819, 1830, 1854.
C.P.C. Arts. 649, 654, 655.
Numeral 4:
C.C. Art. 972.
106
C.P.C. Arts. 769 al 774.
Numeral 5:
C.C. Arts. 778, 779, 784, 787, 789.
Numeral 6:
LEY GRAL. Arts. 278, 279.
C.C. Arts. 502, 503, 508, 515, 564, 565.
Numeral 7:
C.C. Arts. 47, 48, 597.
Numeral 8:
C.C. Arts. 171, 178, 686, 689, 738, 768, 1621, 1622.
Numeral 9:
C.C. Arts. 686, 734, 738, 1621, 1622.
Numeral 10:
C.C. Arts. 686, 1457, 1621, 1622, 1923, 1941.
Numeral 11:
LEY GRAL. Art. 280.
C.C. Arts. 999, 1000.
Numeral 12:
C.C. Arts. 145, 157.
L.G.S. Arts. 304, 313.
Numeral 13:
LEY GRAL. Art. 121.
Numeral 14:
C.C. Arts. 1790, 1792, 1793, 1794, 1801, 1806 al 1809.
Artículo 276º.- REGLAS SOBRE COMISIONES DE CONFIANZA.
Rigen para el ejercicio de las comisiones de confianza que se confiera a las empresas las siguientes
reglas:
1. Las empresas están sujetas a las disposiciones del derecho mercantil y del derecho común, en
cuanto no hayan sido modificadas por la presente ley.
2. No es necesario que las empresas otorguen fianza, ni que sus personeros presten juramento, en los
casos en que lo exijan otras disposiciones legales.
3. Las empresas pueden excusarse de aceptar las comisiones, así como renunciar a ellas sin
expresión de causa; pero en tal caso, se hallan en la obligación de adoptar las medidas urgentes que
impongan las circunstancias, a fin de no afectar los derechos de quien les confirió la comisión.
LEY GRAL. Arts. 4, 221 (32), 275, 277, 281.
C.C. T.P. Arts. IX, 1868, 1870, 1871.
L.G.S. Art. 2.
C. DE C. Art. 2.
Artículo 277º.- USO DEL DINERO SOBRE EL QUE VERSEN COMISIONES DE CONFIANZA.
107
El dinero sobre el que versen las comisiones de confianza o que provenga de ellas se invierte de acuerdo
con las instrucciones del cliente o con el objeto de la comisión de confianza, en la forma que se determine
en los actos constitutivos. A falta de instrucciones, se le aplica, en un plazo de quince (15) días de
percibido, a la adquisición de títulos de la deuda pública, de obligaciones del Banco Central o de los
valores y demás modalidades de inversión permitidas por la legislación que regula la actividad de las
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Vencido el plazo indicado, sin que la inversión haya sido efectuada, y en tanto ello no ocurra, la empresa
debe reconocer los intereses activos más altos del sistema financiero.
LEY GRAL. Arts. 9, 221 (20, 32), 275, 276.
C.C. Arts. 1354, 1361.
L.O.B.C.R. Art. 62.
Artículo 278º.- GUARDADORES DE BIENES DE MENORES.
En el caso del numeral 6 del artículo 275º, las prohibiciones establecidas en los artículos 538º y 546º del
Código Civil son aplicables a la empresa guardadora, sus directores y trabajadores. Los bienes de la
empresa no quedan sujetos a hipoteca legal para responder de la administración.
LEY GRAL. Arts. 221 (32), 275 (6), 276, 277, 279.
C.C. Arts. 502, 503, 508, 520 (2), 538, 546, 564, 565.
Artículo 279º.- ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE MENORES O INCAPACES.
La institución de heredero forzoso en favor de un menor o incapaz puede hacerse bajo condición de que,
durante la minoría o incapacidad del heredero, los bienes que constituyen la legítima sean administrados
por una empresa, no obstante que el menor tenga padre o madre, o el incapaz cuente con guardador
llamado por ley.
LEY GRAL. Arts. 221 (32), 275 (6), 276, 277, 278.
C.C. Arts. 43, 44, 425, 564, 565, 724.
Artículo 280º.- ADMINISTRADORES DE BIENES GRAVADOS CON USUFRUCTO.
En el caso del numeral 11 del artículo 275º, los derechos y obligaciones de la empresa son los señalados
por el instituyente y, en su defecto, los que corresponden al nudo propietario.
LEY GRAL. Arts. 221 (32), 275 (11), 276, 277.
C.C. Arts. 600, 999, 1000, 1006, 1007, 1354, 1361.
Artículo 281º.- DISOLUCIÓN DE EMPRESA QUE REALICE COMISIONES DE CONFIANZA.
Si una empresa que estuviere ejerciendo comisiones de confianza entrase en proceso de disolución y
liquidación, o renunciase al cargo, el Superintendente, o el juez especializado en su caso, pueden
designar a otra en sustitución. De preferencia, el nombramiento debe recaer en una empresa de la
misma plaza.
LEY GRAL. Arts. 114, 116, 118, 221 (32), 276.
TÍTULO IV
EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
108
149
Artículo 282º.- DEFINICIONES.
1. Empresa bancaria: es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en depósito
o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga
de otras fuentes de financiación en conceder créditos en las diversas modalidades, o a aplicarlos a
operaciones sujetas a riesgos de mercado.
2. Empresa financiera: es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en facilitar
las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría
de carácter financiero.
3. Caja Rural de Ahorro y Crédito: es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste
en otorgar financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y micro empresa del ámbito rural.
4. Caja Municipal de Ahorro y Crédito: es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad
consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro
empresas.
5. Caja Municipal de Crédito Popular: es aquella especializada en otorgar crédito pignoraticio al público en
general, encontrándose también facultada para efectuar operaciones activas y pasivas con los
respectivos Concejos Provinciales y Distritales y con las empresas municipales dependientes de los
primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos concejos y empresas.
6. Empresa de Créditos: es aquella cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento en las diversas
modalidades, con recursos de su propio capital y de otras fuentes que no incluyan depósitos del
150
público.
7. Empresas de arrendamiento financiero comprendidas en el ámbito de esta Ley, cuya especialidad
consiste en la adquisición de bienes muebles o inmuebles, que serán cedidos en uso a una persona
natural o jurídica o ente jurídico, a cambio del pago de una renta periódica y con la opción de compra
de dichos bienes por un valor determinado y que cumplan con los criterios mínimos establecidos por
la Superintendencia en cuanto a volumen de las operaciones antes mencionadas y/o respecto al
riesgo que estas empresas puedan representar para la estabilidad del sistema financiero.
8. Empresas de factoring comprendidas en el ámbito de esta Ley, cuya especialidad consiste en la
adquisición de facturas negociables, facturas conformadas, títulos valores representativos de deuda y
en general cualquier valor mobiliario representativo de deuda y que cumplan con los criterios mínimos
establecidos por la Superintendencia en cuanto a volumen de las operaciones antes mencionadas y/o
respecto al riesgo que estas empresas puedan representar para la estabilidad del sistema financiero.
9. Empresa afianzadora y de garantías, cuya especialidad consiste en otorgar afianzamientos para
garantizar a personas naturales o jurídicas. Están comprendidas las sociedades de garantía recíproca
a que se refiere el artículo 22 del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo
Decente, aprobado por el Decreto Supremo 008-2008-TR.
10. Empresa de servicios fiduciarios, cuya especialidad consiste en actuar como fiduciario en la
administración de patrimonios autónomos fiduciarios, o en el cumplimiento de encargos fiduciarios de
cualquier naturaleza.
11. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público a que se refiere el artículo
289 de la presente ley.”
149 Artículo modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia N° 013-
2020 del 22/01/2020
150 Numeral modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
109
CONST. Arts. 61, 87.
LEY GRAL. Arts. 1, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 177, 217, 221, 223, 224, 283 al 289, 356, 361, 1ª Disp.
Tran.
151
Artículo 283º.- OPERACIONES REALIZABLES POR LAS EMPRESAS BANCARIAS.
Las empresas bancarias pueden realizar todas las operaciones señaladas en el artículo 221º, excepto
la indicada en el numeral 16, para lo cual deberán contar con autorización de la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 221, 275, 282 (1), 349 (16), 359, 1ª Disp. F. y C., 20ª Disp. F. y C.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (i, j), 97.
D.S. 54-97-EF. Art. 16 (a).
Artículo 284º.- OPERACIONES REALIZABLES POR LAS EMPRESAS FINANCIERAS. 152
Las empresas financieras pueden realizar las operaciones señaladas en los numerales 1, 2, 3b, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30a, 30b, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 y 43 del artículo 221º. Las demás operaciones señaladas en el artículo 221º
también podrán ser realizadas por estas empresas cuando cumplan los requisitos establecidos por la
Superintendencia
LEY GRAL. Arts. 221, 275, 282 (2).
D.S. 54-97-EF. Art. 16 (a).
Artículo 285º.- OPERACIONES REALIZABLES POR LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y
153
CRÉDITO.
Las cajas rurales de ahorro y crédito, pueden realizar las operaciones señaladas en los incisos 2, 3b, 4,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29 32, 33, 35, 36, 38,39, 41 y 43 del artículo 221º.
Las demás operaciones señaladas en el artículo 221º también podrán ser realizadas por estas empresas
cuando cumplan los requisitos establecidos por la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 221, 275, 282 (3).
D.S. 54-97-EF. Art. 16 (g).
Artículo 286º.- OPERACIONES REALIZABLES POR LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y
154
CRÉDITO.
La autorización para funcionar como Caja Municipal de Ahorro y Crédito conlleva la facultad de realizar
las operaciones señaladas en los numerales 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 40 y 41 del artículo 221.
A partir del segundo año de funcionamiento, previa autorización de la Superintendencia, adicionalmente a
las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán realizar las operaciones señaladas en los
numerales 2, 3b, 17, 19, 24, 26, 35 y 39 del artículo 221. Tratándose de la operación del numeral 3b, solo
corresponderá al otorgamiento de créditos con garantía.
A partir del tercer año de funcionamiento, previa autorización de la Superintendencia, adicionalmente a
las operaciones a que se refieren los párrafos anteriores, podrán realizar las operaciones señaladas en
los numerales 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 25, 32, 33, 36, 38 y 43 del artículo 221. Tratándose de la
operación del numeral 3b, corresponderá al otorgamiento de créditos sin garantía.
151 Artículo modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-01-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
152 Artículo modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-01-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
153 Artículo modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-01-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
154 Artículo modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-01-2008 y vigente desde el 01-12-2008, y
posteriormente por la Ley N° 30607 publicada el 13-07-2017.
110
Las demás operaciones señaladas en el artículo 221 también podrán ser realizadas por estas empresas
cuando cumplan los requisitos establecidos por la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 221, 275, 282 (4), 5ª Disp. F. y C., 13ª Disp. Tran., 14ª Disp. Tran.
D.S. 157-90-EF.
D.S. 54-97-EF. Art. 16 (g).
Artículo 287º.- OPERACIONES REALIZABLES POR LAS CAJAS MUNICIPALES DE CRÉDITO
POPULAR. 155
Las Cajas Municipales de Crédito Popular pueden realizar las operaciones a que se refiere el numeral 5
del artículo 282º de la presente ley. Adicionalmente pueden realizar las operaciones señaladas en los
numerales 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, ,39 y 43 del
artículo 221º. Las demás operaciones señaladas en el artículo 221º también podrán ser realizadas por
estas empresas cuando cumplan los requisitos establecidos por la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 221, 275, 282 (5), 5ª Disp. F. y C., 14ª Disp. Tran., 15ª Disp. Tran.
LEY 10769.
156
Artículo 288º.- OPERACIONES REALIZABLES POR LAS EMPRESAS DE CRÉDITOS.
Las Empresas de Créditos pueden realizar las operaciones señaladas en los incisos 3b, 4, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 y 43 del artículo 221. Las demás
operaciones señaladas en el artículo 221, con excepción de la captación de depósitos del público (incisos
1 y 2), también pueden ser realizadas por estas empresas cuando cumplan los requisitos establecidos por
la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 221, 275, 282 (6)
Artículo 289º.- COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO AUTORIZADAS A CAPTAR
RECURSOS DEL PUBLICO.
Las cooperativas de Ahorro y Crédito pueden operar con recursos del público, entendiéndose por tal a las
personas ajenas a sus accionistas, si adoptan la forma jurídica de sociedades cooperativas con acciones.
Sus características son las siguientes:
1. El capital social de estas sociedades cooperativas se encuentra representado por acciones sociales,
regidas por la presente ley y por el régimen de sociedades anónimas de la Ley General de
Sociedades;
2. Se encuentran obligadas a constituir la reserva legal a que se refiere el artículo 67º de la presente
ley, sin que les corresponda constituir reserva cooperativa alguna;
3. La administración de estas sociedades cooperativas se rige por las normas de la Ley General de
Sociedades, régimen de sociedades anónimas;
4. Las cooperativas pueden realizar las operaciones señaladas en los numerales 2, 3b), 4, 6, 11, 15,
23, 28, 29 y 39 del artículo 221º y en el numeral iii del inciso 14 del artículo 275º de la presente ley.
Las demás operaciones señaladas en el artículo 221º también podrán ser realizadas por estas
empresas cuando cumplan los requisitos contenidos en el artículo 290º;
5. Serán de aplicación a estas sociedades las normas contenidas en la presente ley; y se encuentran
sujetas a la supervisión directa de la Superintendencia.
155 Artículo modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-01-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
156 Artículo modificado por D. Leg N° 1028, publicado el 22-01-2008 y por por el Decreto Legislativo N° 1531
publicado el 19-03-2022.
111
6. No se rigen por la Ley General de Cooperativas, texto único ordenado aprobado por decreto
supremo 074-90-TR.
LEY GRAL. Arts. 221 (2, 3b, 4, 6, 11, 15, 23, 28, 29, 39), 275 (14 iii), 282 (11), 24ª Disp. F. y C. (1),
5ª Disp. Tran.
157
Artículo 290º.-
CAPÍTULO II
SUCURSALES DE BANCOS DEL EXTERIOR
158
Artículo 291º.-
159
Artículo 292º.-
CAPÍTULO III
BANCOS DE INVERSIÓN
Artículo 293º.- BANCOS DE INVERSIÓN.
Los bancos de inversión son sociedades anónimas que tienen por objeto promover la inversión en
general, tanto en el país como en el extranjero, actuando sea como inversionistas directos, sea como
intermediarios entre inversionistas y los empresarios que confronten requerimientos de capital.
Los bancos de inversión sólo operarán en cartera negociable, afecta a los diversos riesgos de mercado,
sin que les sea de aplicación los límites del artículo 200º, numerales 2, 3, 4 y 5, ni el artículo 214º. No
pueden recibir depósitos del público, efectuar colocaciones ni otorgar créditos contingentes, careciendo,
por tanto, de cartera crediticia.
Deberán propender a la diversificación de los riesgos de mercado.
LEY GRAL. Arts. 16, 200, 294.
D.LEG. No. 662.
Artículo 294º.- OPERACIONES.
Los bancos de inversión están facultados para efectuar las siguientes operaciones y servicios:
1. Adquirir, conservar y vender acciones, bonos e instrumentos similares de sociedades anónimas
establecidas en el país o en el extranjero, por cuenta propia o terceros.
2. Adquirir, conservar y vender, en la condición de partícipes, certificados de participación en los fondos
mutuos y fondos de inversión.
3. Realizar operaciones en el mercado de futuros, productos financieros derivados y en “commodities”.
4. Originar, estructurar, distribuir y suscribir transitoriamente, en todo o en parte emisiones primarias de
valores en el mercado doméstico o externo para su posterior colocación al público, con la facultad de
otorgar al emisor una garantía total o parcial de la colocación.
157 Artículo derogado por D.Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
158 Derogado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
159 Derogado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
112
5. Asesorar y facilitar la colocación de fondos en el país o en el exterior, por medio de transacciones
bursátiles, de conformidad con la legislación sobre la materia.
6. Dar en garantía los valores a que se refiere el numeral anterior.
7. Emitir y colocar en el mercado sus propias obligaciones;
8. Identificar eventuales socios para sus clientes interesados en la compra de activos o de negocios en
marcha;
9. Prestar servicios de asesoría económica y financiera y valorizar activos y negocios en marcha;
10. Aceptar y cumplir comisiones de confianza, siempre que con ello se trate de promover una inversión,
o la fusión y traspaso de negocios en marcha, la reestructuración de pasivos, así como aquellas
compatibles con su naturaleza;
11. Desempeñarse como institución liquidadora de empresas de los sistema financiero y de seguros;
12. Las demás operaciones compatibles con su naturaleza, que autorice la Superintendencia con
opinión previa del Banco Central.
LEY GRAL. Arts. 16 (C), 18, 200, 221, 232, 233, 234, 275, 293, 349 (16), 359, 1ª Disp. F. y C., 20ª
Disp. F. y C., Glosario (commodities).
L.G.S. Arts. 304, 306, 307, 313, 318, 320, 329.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (i, j), 97.
L.M.V. Arts. 2, 4, 5, 17, 18, 49, 53, 64, 86, 98, 122, 238, 239, 246, 247.
D.LEG. 862 Art. 1, 2, 5.
D.LEG. No. 662.
CAPÍTULO IV
EMPRESAS DE CAPITALIZACIÓN INMOBILIARIA
160
Artículo 295º.- OPERACIONES PERMITIDAS.
Empresa de capitalización inmobiliaria es aquélla cuya actividad consiste en comprar y/o edificar
inmuebles para fines de vivienda, y, con relación a los mismos, celebrar contratos de capitalización
inmobiliaria individual con terceros, entregando en arrendamiento al cliente la correspondiente unidad
inmobiliaria. Estos contratos de arrendamiento incluyen el derecho de opción de compra de la unidad
inmobiliaria por parte del cliente al precio pactado a la suscripción del referido contrato. El derecho de
opción de compra se ejerce en cualquier momento. Estas empresas pueden celebrar contratos pasivos
para el prefinanciamiento de los inmuebles y emitir cédulas hipotecarias.
La capitalización individual del cliente se constituye progresivamente con los aportes que éste realice. Las
empresas de capitalización inmobiliaria sólo podrán efectuar operaciones vinculadas con programas de
capitalización individual relacionados al mercado inmobiliario con fines de vivienda, y no podrán efectuar
otras colocaciones distintas del contrato de capitalización inmobiliaria.
La Superintendencia dictará las normas que regulen las diversas materias vinculadas con este tipo de
empresas y con sus operaciones, incluyendo, entre otras, las siguientes:
1. Las características de los contratos de capitalización inmobiliaria que celebren con los clientes debe
considerar como mínimo la entrega de unidades inmobiliarias en arrendamiento, la opción de compra
160 Artículo modificado por D. Leg N° 1196 publicado el 09-09-2015
113
del inmueble por el cliente y que no estará sujeto al plazo a que se refiere el artículo 1423º del
Código Civi.
2. El régimen de su prefinanciamiento y la emisión de instrumentos hipotecarios, en moneda nacional o
extranjera.
LEY GRAL. Arts. 16, 18, 238, 349 (9).
C.C. Arts. 1419, 1421, 1422, 1423, 1435, 1814.
LEY 28364
114
SECCIÓN TERCERA
SISTEMA DE SEGUROS
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
NORMAS GENERALES
Artículo 296º.- CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS.
Las empresas de seguros se someten, cuando menos semestralmente, a un régimen de clasificación de
riesgo por parte de empresas clasificadoras independientes, a fin de evaluar las obligaciones que tengan
con sus asegurados. De existir dos clasificaciones diferentes, prevalecerá la más baja.
La Superintendencia clasificará a las empresas del sistema de seguros de acuerdo con criterios técnicos
y ponderaciones que serán previamente establecidos con carácter general y que considerarán, entre
otros, los sistemas de medición y administración de riesgos, la solidez patrimonial, la rentabilidad y la
eficiencia financiera y de gestión, y la liquidez.
LEY GRAL. Arts. 136, 297, 349 (9), 367 (7), 21ra. Disp. F. y C., Glosario (empresas de seguros).
L.M.V. Arts. 269, 280, 286, 287, 288, 290.
Artículo 297º.- PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN.
La Superintendencia publica cuando menos trimestralmente información actualizada, destinada a divulgar
los principales indicadores de la situación patrimonial y financiera y de gestión de las empresas de
seguros, asimismo puede incluir su clasificación. Dicha información incluye estadísticas acerca de la
oportunidad del pago de los siniestros y rechazos que realicen en las empresas de seguros.
LEY GRAL. Arts. 87 (4), 92, 296, 298, 303, 306 al 310, 353, 354.
TÍTULO II
EMPRESAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
CAPÍTULO I
LÍMITES Y PROHIBICIONES
SUBCAPÍTULO I
PATRIMONIO E INSTRUMENTOS
Artículo 298º.- PATRIMONIO DE SOLVENCIA.
Las empresas de seguros y/o de reaseguros, deberán contar en todo momento con un patrimonio efectivo
que no podrá ser menor al patrimonio de solvencia.
El importe del patrimonio de solvencia se establece en función de la cifra más alta que resulte de la
aplicación de los siguientes criterios:
1. El margen de solvencia establecido conforme al artículo 303º; y
115
2. El capital mínimo fijado en el artículo 16º.
LEY GRAL. Arts. 16, 18, 299, 300, 303, 311, 315, Glosario (empresas de reaseguros, margen de
solvencia, patrimonio efectivo).
Artículo 299º.- PATRIMONIO EFECTIVO DESTINADO A CUBRIR RIESGOS DE SEGUROS Y/O
161
REASEGUROS.
1. El patrimonio efectivo de las empresas del sistema de seguros, destinado a cubrir las operaciones de
seguros y/o de reaseguros, podrá estar constituido como sigue:
a) Capital pagado, reservas legales y facultativas y prima por la emisión de acciones; y,
b) La porción computable de la deuda subordinada que reúna los requisitos que, a tal efecto y con
carácter general, establezca la Superintendencia, incluyendo en su caso, los bonos convertibles en
acciones por exclusiva decisión del emisor.
2. Para la determinación del patrimonio efectivo elegible para cubrir riesgos de seguros y/o de
reaseguros, ajustado por inflación en su momento, se sigue el siguiente procedimiento:
a) Se suma al capital pagado, la prima suplementaria de capital y la reserva legal y las facultativas, si
las hubiere;
b) Se suma las utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio en curso, previa la declaración a que se
refiere el artículo 187º;
c) Se detrae el monto de toda inversión en bonos subordinados y en acciones de diversa naturaleza
hecha por las empresas de seguros en empresas de seguros dedicadas a otros ramos;
d) Se resta las pérdidas de ejercicios anteriores y del ejercicio en curso; y,
e) Se detrae el monto de la plusvalía mercantil o crédito mercantil (goodwill) producto de la
reorganización de la empresa, así como de la adquisición de inversiones.
LEY GRAL. Arts. 16, 18, 67, 68, 72, 184, 185, 233, 298, 301, 302, Glosario (patrimonio efectivo).
L.G.S. Arts. 85, 229.
D.LEG. 797.
Artículo 300º.- PATRIMONIO EFECTIVO DESTINADO A CUBRIR RIESGO CREDITICIO.
Cuando la empresa de seguros otorgue las fianzas a que se refiere el artículo 304º, otorgue
financiamiento a sus asegurados para el pago de sus primas de seguro, o efectúe préstamos
hipotecarios, procederá a destinar una porción de su patrimonio efectivo, en la parte que exceda a su
patrimonio de solvencia, a cubrir el riesgo crediticio, con observancia de las normas que con carácter
general expida la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 298, 302, 304, 305, 318, 325 (3), Glosario (riesgo crediticio).
C.C. Arts. 1868, 1870, 1871.
Artículo 301º.- ACCIONES PREFERENTES Y BONOS SUBORDINADOS
Las empresas de seguros y/o de reaseguros se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 60º de la presente
ley.
Los bonos subordinados que emitan las empresas de seguros tendrán las características y los límites
precisados en el artículo 233º de esta ley, así como las que, en su caso, establezcan la
Superintendencia por regulaciones de carácter general.
LEY GRAL. Arts. 60, 184, 185, 233, 349 (9)
161 Modificado por la Ley N° 28184 publicada el 02-03-2004.
116
LGS. 88, 95, 96.
Artículo 302º.- LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO.
1. Límite de endeudamiento con relación a operaciones de seguros y/o reaseguros.
Las empresas de seguros y/o reaseguros sólo pueden tomar créditos, en el país o en el exterior, por
una suma que no exceda el equivalente de su patrimonio efectivo.
En caso supere el límite de endeudamiento que dispone el presente artículo, deberá informar a la
Superintendencia dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la respectiva comprobación y
presentar dentro de los quince (15) días hábiles posteriores un programa aprobado por su Directorio,
en el que se consigne las medidas adoptadas para eliminar el exceso en un plazo no mayor de tres
(3) meses.
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo se sancionará con multa mensual
equivalente a una y media (1.5) veces la tasa de interés mensual promedio para las operaciones
activas a treinta (30) días en la respectiva moneda y mercado que publica la Superintendencia. A
partir del segundo mes y mientras subsista la infracción, esta multa se incrementará
progresivamente en un cincuenta por ciento (50%) mes a mes.
2. Límite de endeudamiento con relación al otorgamiento de fianzas
Cuando las empresas de seguros hubieran asignado una porción de su patrimonio efectivo a cubrir
el riesgo crediticio resultante del otorgamiento de fianzas, el límite de estas operaciones, en función
de sus créditos contingentes ponderados por riesgos crediticios, será de once (11) veces dicho
patrimonio, en la forma precisada en la sección segunda de esta ley.
Este límite de endeudamiento es independiente del establecido en el numeral 1 que antecede.
El incumplimiento de este límite está afecto a las sanciones señaladas en el artículo 219º.
LEY GRAL. Arts. 199, 219, 298, 299, 300, 301, 325 (3), 361, 24° Disp. Tran.
C.C. Arts. 1868, 1870, 1871.
Artículo 303º.- MARGEN DE SOLVENCIA.
El margen de solvencia lo determina la Superintendencia en función de:
1. El importe anual de las primas.
2. La carga media de siniestralidad en los últimos tres ejercicios.
Para el fin indicado, la Superintendencia opta por el criterio que, al ser aplicado, determine el monto más
elevado entre ambos.
Cuando el margen de solvencia supera el patrimonio efectivo, la empresa de seguros debe presentar un
programa de adecuación patrimonial de acuerdo a las regulaciones que dicte la Superintendencia para tal
efecto.
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo se sancionará con multa mensual equivalente a
la señalada en el último párrafo del numeral 1 del artículo 302º.
LEY GRAL. Arts. 298, 299, 300, 302, 332, 361, Glosario (margen de solvencia).
Artículo 304º.- OPERACIONES SUJETAS A RIESGO CREDITICIO.
Las operaciones a que se refiere el artículo 318º, estarán sujetas a las siguientes reglas:
1. Las fianzas, créditos para el financiamiento de primas y otros créditos están afectas a la aplicación
de los factores de ponderación de riesgo crediticio establecidos en los artículos 188 y 195º. Estas
operaciones estarán afectas a las provisiones y a las normas sobre límites, conglomerados
financieros y/o mixtos contenidas en la Sección Segunda de la presente ley y serán llevadas en
cuentas separadas y debidamente identificadas respecto de las operaciones de seguros.
117
2. Las subsidiarias que constituyan las empresas de seguros para la realización de operaciones
financieras se encuentran sujetas a todas las normas de la presente ley.
LEY GRAL. Arts. 133, 138, 186 al 191, 198, 199, 200, 201 al 212, 318, 325, 354, Glosario
(conglomerados).
C.C. Arts. 1868, 1870, 1871.
162
Artículo 305º.- FONDO DE GARANTÍA
Las empresas del sistema de seguros deben constituir un Fondo de Garantía, destinado a cubrir riesgos
distintos a los riesgos técnicos de seguros y al riesgo de crédito de las operaciones señaladas en el
artículo 300°.
La Superintendencia emitirá las normas complementarias para la determinación del Fondo de Garantía,
considerando los riesgos de mercado, operacional y otros que determine, así como el riesgo de crédito de
operaciones distintas a las indicadas en el artículo 300°.
LEY GRAL. Arts. 69, 298, 300, 303, 304, 311, 315, Glosario (margen de solvencia, riesgo de
mercado).
SUBCAPÍTULO II
RESERVAS
Artículo 306º.- RESERVA TÉCNICA.
Las empresas de seguros y/o reaseguros deben constituir, mensualmente, las reservas técnicas
siguientes:
1. De siniestros, incluyendo los ocurridos y no reportados, de capitales vencidos y de rentas o
beneficios de los asegurados pendientes de liquidación o pago.
2. Matemáticas, sobre seguros de vida o renta.
3. De riesgos en curso o de primas no devengadas.
4. De riesgos catastróficos y de siniestralidad incierta.
163
5. De seguros médicos, de salud o de asistencia médica.
LEY GRAL. Arts. 67 al 70, 298, 303, 307 al 311, 315, 316.
Artículo 307º.- RESERVA DE SINIESTROS.
Las reservas de siniestros, de capitales vencidos y de rentas de los asegurados, pendientes de
liquidación o pago, se constituye por el monto de la respectiva liquidación, sin incluir la parte recuperable
del reasegurador.
LEY GRAL. Arts. 298, 303, 306, 311, 315, 316.
Artículo 308º.- RESERVA MATEMÁTICA.
La reserva matemática sobre seguros de personas se constituye sobre la base de cálculos actuariales,
tomando en cuenta el total de pólizas de seguros. Las normas relativas al cálculo son dictadas por la
Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 298, 303, 306, 311, 315, 316.
162 Artículo modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
163 Inciso incorporado por Ley N° 29878 del 04-06-2012
118
Artículo 309º.- RESERVA DE RIESGOS EN CURSO.
La reserva de riesgos en curso o de primas no devengadas está conformada por la parte de las primas
retenidas, con exclusión de las anulaciones que se destina a cubrir el período de vigencia no extinguido
en el ejercicio corriente. Se constituye mensualmente, siguiendo los procedimientos fijados por la
Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 298, 303, 306, 311, 315, 316.
Artículo 310º.- RESERVA DE RIESGOS CATASTRÓFICOS Y DE SINIESTRALIDAD INCIERTA.
La reserva de riesgos catastróficos y de siniestralidad incierta se constituye por mandato de la
Superintendencia. Su objeto es cubrir riesgos de frecuencia no predecible y el riesgo de cataclismos u
otros fenómenos análogos, de manera de propender al normal desarrollo de las actividades de las
empresas de seguros.
LEY GRAL. Arts. 298, 303, 306, 311, 315, 316.
164
Artículo 310°-A.- RESERVA DE SEGUROS MÉDICOS, DE SALUD O DE ASISTENCIA MÉDICA.
La reserva de seguros médicos, de salud o de asistencia médica tiene por objeto cubrir los riesgos
propios originados por el quebrantamiento de la salud e integridad física y psicofísica de los tomadores de
seguros a partir de los sesenta años de edad, a efectos de promover el normal desarrollo de las
actividades de las empresas de seguros. La Superintendencia establece las normas relativas a su
constitución y cálculo.
LEY GRAL. Arts. 298, 303, 306, 311, 315, 316.
SUBCAPÍTULO III
INVERSIONES
165
Artículo 311º.- INVERSIONES Y RESPALDO DE LAS OBLIGACIONES.
Las empresas de seguros y/o reaseguros deben respaldar en todo momento el total de sus obligaciones
asociadas al negocio de seguros con activos que cumplan con las disposiciones que indique la
Superintendencia en normas complementarias.
La Superintendencia reglamentará los rubros de inversión y límites a los que se sujetarán los activos
destinados a respaldar las obligaciones mencionadas. Los componentes que constituyen dichas
obligaciones, así como su procedimiento de cálculo, serán determinados por la Superintendencia en
normas complementarias.
LEY GRAL. Arts. 298, 303, 305, 306, 312, 313, 315, 316, 318.
Artículo 312º.- LÍMITE DE DIVERSIFICACIÓN POR EMISOR DE ACTIVOS.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del mismo se rigen por
el límite de diversificación por emisor de los activos que respalden las reservas técnicas, el patrimonio
mínimo de solvencia y el fondo de garantía, hasta un diez por ciento.
Artículo 313º.- CALIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES.
Las categorías de calificación que establezca la Superintendencia para los activos señalados en el
artículo 311º tienen los factores que se indica:
Categoría I o equivalentes: 1.0
Categoría II o equivalentes: 0.8
164 Artículo incorporado por Ley N° 29878 del 04-06-2012
165 Artículo modificado por D. Leg. Nº 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
119
Categoría III o equivalentes: 0.4
Categoría IV o equivalentes: 0.2
Categoría V o equivalentes: 0.0
En ningún caso, las inversiones pueden efectuarse en activos calificados en las categorías IV y V o
equivalentes.
LEY GRAL. Arts. 311, 312, 314, 315, 316
Artículo 314º.- LÍMITE A ACTIVOS EMITIDOS POR CONGLOMERADO FINANCIERO O POR
GRUPOS ECONÓMICOS.
El total de las inversiones en los activos comprendidos en los numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 311º,
emitidos por una misma sociedad, o por sociedades que integran un mismo grupo económico o un
conglomerado financiero y/o mixto, no puede exceder del veinte por ciento (20%) de las reservas
técnicas, del patrimonio mínimo de solvencia y del fondo de garantía de la empresa de seguros. Dicho
límite se reduce a la mitad cuando el emisor o emisores pertenecen al mismo conglomerado del que
forma parte la empresa de seguros y/o reaseguros.
Artículo 315º.- INVERSIONES NO CONSIDERADAS COMO RESPALDO DE RESERVAS
TÉCNICAS, PATRIMONIO MÍNIMO DE SOLVENCIA Y FONDO DE GARANTÍA.
Las inversiones que sobrepasen alguno de los límites establecidos en los artículos 311º y 312º, no se
consideran respaldo de las reservas técnicas, del patrimonio mínimo de solvencia y del fondo de garantía.
Artículo 316º.- DÉFICIT DE INVERSIONES.
Cuando una empresa de seguros y/o reaseguros presente déficit de inversiones de reservas técnicas, de
patrimonio mínimo de solvencia y del fondo de garantía, deberá informar de ello a la Superintendencia
dentro de los dos días (2) hábiles siguientes a la comprobación correspondiente. Adicionalmente, queda
obligada a presentar dentro de los quince (15) días hábiles posteriores, un programa aprobado por su
Directorio en el que se consigne las medidas adoptadas para solucionar tal déficit en un plazo no mayor
de tres (3) meses.
La Superintendencia está facultada para exigir que el déficit sea cubierto en un plazo menor.
El déficit de inversión se sanciona con multa mensual, equivalente a una y media veces la tasa de interés
mensual promedio para las operaciones activas a treinta (30) días, en la respectiva moneda y mercado
que publica la Superintendencia. A partir del segundo mes y mientras subsista la infracción, esta multa se
incrementará progresivamente a razón del cincuenta por ciento (50%) mes a mes.
LEY GRAL. Arts. 87, 92, 298, 305, 306, 313, 315, 361.
Artículo 317º.- LOS ACTIVOS QUE RESPALDAN RESERVAS NO PUEDEN SER GRAVADOS NI
EMBARGADOS.
Los activos que respaldan las reservas técnicas, el patrimonio mínimo de solvencia y el fondo de garantía
de una empresa del sistema de seguros no pueden ser gravados ni son susceptibles de medida cautelar
alguna, acto o contrato que impida o limite su libre disponibilidad.
Los bienes de las empresas de seguros y/o reaseguros que constituyen inversión de sus reservas
matemáticas sobre seguros de vida, afectos al cumplimiento de compromisos y obligaciones con
asegurados, fideicomisarios y empresas reaseguradoras, son igualmente inembargables, salvo que la
medida cautelar se adopte para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los
contratos de seguros o de reaseguros celebrados por la empresa.
LEY GRAL. Arts. 298, 305, 306.
C.C. Art. 882.
C.P.C. Arts. 611, 612, 642.
120
CAPÍTULO II
OPERACIONES
SUBCAPÍTULO I
ÁMBITO OPERATIVO
Artículo 318º.- OPERACIONES.
1. OPERACIONES DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
En general, las empresas de seguros y/o reaseguros pueden realizar todas las operaciones, actos y
contratos necesarios para extender coberturas de riesgos o para emitir pólizas de caución vinculadas a
prestaciones de hacer o de no hacer, incluyendo las operaciones de cesión o aceptación de reaseguro de
ser el caso, así como efectuar inversiones. También podrán otorgar créditos a los asegurados para el
pago de sus primas de seguros.
Adicionalmente, y previa la ampliación de su autorización de funcionamiento, podrán emitir fianzas,
realizar comisiones de confianza y encargos fiduciarios.
2. OPERACIONES DE LAS SUBSIDIARIAS DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS
Las empresas del sistema de seguros pueden constituir como subsidiarias:
a) Una empresa financiera, que se regirá por las normas contenidas en las secciones primera y
segunda de esta ley, y
b) Una empresa prestadora de salud, a que se refiere el Decreto Legislativo 887.
166
c) Una empresa administradora hipotecaria a que se refiere su propia ley.
Las diversas actividades y operaciones a que se contrae este artículo, estarán sujetas en su caso, a las
regulaciones que dicte la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 8, 9, 34, 36, 282 (2, 10), 284, 298, 300, 302, 304, 321, 323, 325.
C. DE C. Arts. 375 al 429.
Ley 26790
D.S. 09-97-SA.
Ley 28971
Artículo 319º.- ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGUROS.
Las empresas de seguros podrán asociarse entre sí, constituyendo personas jurídicas cuyo único objeto
sea formar sistemas de reaseguro, en condición de cedentes y reaseguradoras, sobre todos o algunos de
los ramos de seguros. Al efecto deberán solicitar a la Superintendencia las correspondientes
autorizaciones de organización y funcionamiento.
Estas empresas reaseguradoras están sujetas al cumplimiento de todas las normas establecidas por la
presente ley.
LEY GRAL. Arts. 10, 318, 322, 323, 325, Glosario (empresas de reaseguros, ramos de seguros de
vida, ramos de seguros generales).
166 Literal incorporado por Ley N° 28971 del 26-01-2007.
121
Artículo 320º.- VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE LOS MONTOS DE
RETENCIÓN.
Compete a la Superintendencia comprobar que responden a las condiciones técnicas, económicas y
financieras de cada empresa de seguros, los montos de retención que ellas establecen para los
diferentes riesgos en los que operan.
LEY GRAL. Arts. 304, 306 al 310, 349 (2, 3).
Artículo 321º.- OTRAS OPERACIONES AUTORIZADAS.
Contando con el consentimiento del asegurado, previa autorización de la Superintendencia, y con las
formalidades que ella señale, las empresas de seguros podrán:
1. Ceder uno o más ramos de su cartera de seguros vigentes a otras empresas de igual naturaleza
autorizadas para emitir pólizas en los mismos ramos.
2. Establecer sistemas de cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades.
LEY GRAL. Arts. 318, 325.
C.C. Arts. 1206 al 1211.
Artículo 322º.- AUTONOMÍA DE LOS CONTRATOS DE SEGURO Y DE REASEGURO.
El contrato de reaseguro no subordina las relaciones que emanan del contrato de seguro. En
consecuencia, el pago de un siniestro derivado del contrato de seguro no puede quedar condicionado a
las relaciones existentes entre la empresa de seguros y el reasegurador.
Por norma de carácter general, la Superintendencia puede establecer excepciones a esta disposición.
LEY GRAL. Arts. 10, 318, 319, 323, 324, 349 (9).
Artículo 323º.- REASEGUROS
Las empresas de seguros pueden contratar libremente reaseguros en el país o en el extranjero,
sujetándose a las regulaciones que dicte la Superintendencia.
Asimismo, este organismo establecerá el porcentaje mínimo de los riesgos catastróficos que debe ser
reasegurado en el exterior.
LEY GRAL. Arts. 10, 310, 318, 319, 322, 324, Glosario (empresas de reaseguros).
Artículo 324º.- REGISTRO DE EMPRESAS REASEGURADORAS DEL EXTERIOR.
La Superintendencia lleva un registro de empresas de reaseguros del exterior y ejerce la supervisión de
167
sus representantes.
Para la inscripción en el registro mencionado, la empresa interesada presentará una solicitud indicando la
fecha desde la que está autorizada para operar y a la que deberá acompañar:
1. Copia autenticada de su estatuto vigente.
2. La última memoria anual, en la que figuren sus estados financieros debidamente auditados por
auditores independientes.
3. Copia del poder otorgado a un residente en el país para que la represente con amplias facultades.
Además, la empresa peticionaria acreditará que:
a) Se encuentra legalmente constituida en su país de origen y en capacidad de reasegurar riesgos
cedidos desde el extranjero.
b) Cuenta con un patrimonio no menor de US $ 10 000 000,00 o su equivalente en otras divisas.
167 Modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
122
c) No tiene inconveniente para pagar, de conformidad con la legislación de su país de origen, en
moneda de libre convertibilidad, las obligaciones que resulten de los contratos de reaseguro
que suscribe en el extranjero.
4. Otros requisitos que establezca la Superintendencia. 168
LEY GRAL. Arts. 10, 180, 318, 319, 322, 323, 349, 354.
Artículo 325º.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LAS EMPRESAS DE SEGUROS.
Las empresas de seguros están prohibidas de:
1. Dar en garantía sus activos aplicados a las inversiones de que trata el artículo 311º.
2. Realizar operaciones con acciones representativas de su capital social.
3. Prestar en alguna forma sumas de dinero, o garantizar o afianzar las responsabilidades de sus
directores y trabajadores, salvo, en lo que a estos últimos concierne, los préstamos de vivienda
única, los que son concedidos con observancia de lo dispuesto en el artículo 201º.
4. Pagar indemnizaciones por siniestros en exceso de lo pactado.
5. Impedir la renovación de la póliza de seguro médico, de salud o de asistencia médica
ininterrumpidamente e incluir cualquier cláusula que impida al tomador del seguro renovar su póliza
por causa de su edad, a menos que no la hubiere renovado sucesiva e ininterrumpidamente en los
169
últimos cinco años.
SUBCAPÍTULO II
PÓLIZAS
170
Artículo 326º.- CONDICIONES Y CONTENIDO DE LAS PÓLIZAS.
Las pólizas y tarifas de seguros responden al régimen de libre competencia, con sujeción a las reglas que
contiene la presente Ley y lo dispuesto por la Ley del Contrato de Seguro.
La Superintendencia aprobará expresamente, con anterioridad a su utilización, las condiciones mínimas
y/o cláusulas de los contratos de seguro, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley del
Contrato de Seguro. Asimismo, la Superintendencia ordenará la inclusión de cláusulas o condiciones en
las pólizas que promuevan el fortalecimiento de las bases técnicas y económicas del seguro y la
protección de los asegurados
CONST. Art. 61.
LEY GRAL. Arts. 8, 9, 327, 328, 329, 337.
C. DE C. Arts. 378, 380.
D.S. 006-2009-PCM
Artículo 327º.- REAJUSTE DE CAPITALES ASEGURADOS, PRIMAS E INDEMNIZACIONES.
A menos que se pacte en moneda extranjera, los capitales asegurados, las primas y las indemnizaciones
pueden ser expresados en la póliza de seguro en moneda nacional de valor adquisitivo constante (VAC).
Los respectivos valores de rescate se determinan ajustándolos según el índice de que trata el artículo
240º.
LEY GRAL. Arts. 240, 326, 328, 329.
168 Numeral incorporado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
169 Numeral incorporado por Ley N° 29878 del 04-06-2012
170
Modificado por la Ley del Contrato de Seguro, Ley N° 29946, vigente a partir del 26-05-2013
123
C.C. Art. 1235.
Artículo 328º.- CONDICIONES Y TARIFAS DE SEGUROS A CONOCIMIENTO DE LA
171
SUPERINTENDENCIA.
Salvo los casos en que la Superintendencia fije las condiciones mínimas y/o clausulas, los modelos de
pólizas, las tarifas y las condiciones resultantes de lo dispuesto en los artículos 9, 326 y 327 no requieren
aprobación previa de la Superintendencia, pero deben hacerse de su conocimiento antes de su utilización
y aplicación. Dicho organismo está facultado para prohibir la utilización de pólizas redactadas en
condiciones que no satisfagan lo señalado en los mencionados artículos.
Lo dispuesto se aplica de acuerdo a la facultad de la Superintendencia de identificar las cláusulas
abusivas y aprobar previamente las condiciones mínimas, y/o cláusulas, conforme a los artículos 27 y 40
de la Ley del Contrato de Seguro y otras normas legales que así lo permitan
LEY GRAL. Arts. 9, 326, 327, 349 (3).
172
Artículo 329º.- COBERTURA DEL SEGURO.
173
Artículo 330º.- CAUSAL DE RESOLUCIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.
Artículo 331º.- REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.
El ofrecimiento sistemático de pólizas que desconozcan los principios señalados en los artículos 9º, 326º
y 327º, la exigencia de condiciones no previstas legal o contractualmente para el pago de las
indemnizaciones y toda práctica reiterada que persiga evitar o dilatar de manera injustificada el
cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato de seguro, dará lugar a la revocación de la
autorización de la empresa para operar en el ramo o los ramos en los que se compruebe dicha
inconducta.
LEY GRAL. Arts. 9, 318, 326, 328, 356, 361 (9).
174
Artículo 332º.- SINIESTROS.
175
Artículo 333º.- EXCEPCIÓN A LOS PLAZOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO 332º.
No están incluidos en los plazos referidos en el artículo anterior, aquellos casos regulados por leyes
específicas nacionales o convenios internacionales, los que así se estipule en la respectiva póliza tales
como las indemnizaciones por siniestros ocasionados exclusivamente por robo o hurto de automóviles,
aquellos donde se haya iniciado un proceso arbitral, y aquellos donde se haya iniciado un proceso judicial
en que no sea parte la compañía de seguros.
LEY GRAL. Art. 10, 332.
171 Modificado por la Ley del Contrato de Seguro, Ley N° 29946, vigente a partir del 26-05-2013:
172 Artículo dejado sin efecto por la Ley del Contrato de Seguro, Ley N° 29946, vigente a partir del 26-05-2013
173 Artículo dejado sin efecto por la Ley del Contrato de Seguro, Ley N° 29946, vigente a partir del 26-05-2013
174 Artículo dejado sin efecto por la Ley del Contrato de Seguro, Ley N° 29946, vigente a partir del 26-05-2013
175 Artículo derogado por la Décimo Tercera Disposición Complementaria, Final y Modificatoria de la Ley del
Contrato de Seguro, Ley N° 29946.
124
TÍTULO III
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DE SEGURO DE CRÉDITO
CAPÍTULO ÚNICO
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DE SEGURO DE CRÉDITO
Artículo 334º.- CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO DE SEGURO DE CRÉDITO.
Toda empresa de seguros podrá constituir patrimonios autónomos de seguro de crédito, de los que será
administradora, los mismos que otorgarán la cobertura y asumirán el riesgo contra el pago de primas de
autoseguro.
LEY GRAL. Arts. 38, 204, 212.
TÍTULO IV 176
INTERMEDIARIOS Y AUXILIARES DE SEGUROS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 335º.- INTERMEDIARIOS Y AUXILIARES DE SEGUROS 177
Se comprende en la denominación de intermediarios de seguros a los corredores de seguros y/o de
reaseguros; y en la denominación de auxiliares de seguros, a los ajustadores de siniestros y/o peritos
de seguros.
La Superintendencia autoriza y regula el ejercicio de las actividades de los intermediarios y los
auxiliares de seguros y lleva un registro de ellos, en el que se precisa los servicios de los ramos de
seguros en los que cada uno puede operar, según corresponda.”
LEY GRAL. Arts. 336, 337, 338, 342, 343, 344.
Artículo 336º.- INSCRIPCIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS.
La Superintendencia establece los requisitos para la inscripción de los intermediarios de seguros, así
como las obligaciones, derechos, garantías y demás condiciones a las que deben sujetar su actividad,
debiendo satisfacer cuando menos lo siguiente:
1. Mantener su calidad de hábiles para el ejercicio de sus actividades.
2. No hallarse incursos en ningún caso de incompatibilidad o impedimento.
3. Encontrarse al día en el pago de sus contribuciones a la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 335, 337, 342, 343, 344, 349.
CAPÍTULO II
176 Denominación del Título modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
177 Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
125
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
SUB CAPÍTULO I
CORREDORES DE SEGUROS
Artículo 337º.- CORREDORES DE SEGUROS.
Los corredores de seguros son las personas naturales o jurídicas que, a solicitud del tomador, pueden
intermediar en la celebración de los contratos de seguros y asesorar a los asegurados o contratantes del
seguro en materias de su competencia.
LEY GRAL. Arts. 318, 321, 335, 336, 338 al 341.
Artículo 338º.- FUNCIONES Y DEBERES DE LOS CORREDORES DE SEGUROS.
Son funciones y deberes del corredor de seguros:
1. Intermediar en la contratación de seguros.
2. Informar a la empresa de seguros, en representación del asegurado, sobre las condiciones del
riesgo.
3. Informar al asegurado o contratante del seguro, en forma detallada y exacta, sobre las cláusulas del
contrato.
4. Comprobar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones según las cuales se cubre el
riesgo.
5. Comunicar a la empresa de seguros cualquier modificación del riesgo que demande a su vez variar
el monto de la cobertura.
LEY GRAL. Arts. 318, 321, 326, 331, 335, 336, 337, 339, 340, 341.
Artículo 339º.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LOS CORREDORES DE SEGUROS.
Los corredores de seguros están prohibidos de suscribir cobertura de riesgos a nombre propio o de
cobrar primas por cuenta del asegurador.
LEY GRAL. Arts. 337, 338, 340.
Artículo 340º.- FACULTAD QUE OTORGA LA CARTA DE NOMBRAMIENTO AL CORREDOR DE
SEGUROS.
La carta de nombramiento que el asegurado o contratante extiende a un corredor de seguro, faculta a
éste para realizar actos administrativos de representación, mas no de disposición.
Las comunicaciones al corredor de seguros surten efecto en relación a su representado.
LEY GRAL. Arts. 335, 336, 338, 339.
C.C. Arts. 155, 156.
Artículo 341º.- SOLICITUD DE SEGUROS Y MODIFICACIONES DEBEN SER FIRMADOS POR EL
ASEGURADO.
La solicitud del seguro y las posteriores modificaciones que pueda proponer el corredor de seguros a la
empresa de seguros deben estar firmadas por el asegurado o contratante, al igual que la copia de la
178
póliza emitida y sus posteriores modificaciones . Dichos documentos deben ser devueltos a la empresa
de seguros.
LEY GRAL. Arts. 335, 338, 340.
178 Disposición derogada parcialmente por la Décimo Tercera Disposición Complementaria, Final y Modificatoria de
la Ley del Contrato de Seguro, Ley N° 29946.
126
C. DE C. Arts. 376, 377.
SUBCAPÍTULO II
CORREDORES DE REASEGUROS
Artículo 342º.- FUNCIONES DE LOS CORREDORES DE REASEGUROS.
Son funciones y deberes de los corredores de reaseguros:
1. Intermediar en la contratación de reaseguros.
2. Asesorar a las empresas de seguros para la elección de un contrato de reaseguro.
3. Mantener informadas a las empresas de seguros sobre los cambios y tendencias en los mercados
de reaseguros, que puedan determinar la conveniencia de modificar un programa o contrato de
reaseguro.
4. Asesorar en la presentación, seguimiento y cobranza de los reclamos que se proponga formular la
empresa de seguros.
LEY GRAL. Arts. 323, 335, 336.
CAPÍTULO III
AUXILIARES DE SEGUROS
SUBCAPÍTULO I
AJUSTADORES DE SINIESTROS
Artículo 343º.- FUNCIONES DEL AJUSTADOR DE SINIESTROS.
Son funciones del ajustador de siniestros:
1. Estimar el valor de los objetos asegurados antes de la ocurrencia del siniestro, en el caso de que
éste se encontrase cubierto por la póliza.
2. Examinar, investigar y determinar las causas conocidas o presuntas del siniestro.
3. Calificar, informar y opinar si el siniestro se encuentra amparado por las condiciones de la póliza.
4. Establecer el monto de las pérdidas o daños amparados por la póliza.
5. Señalar el importe que corresponde indemnizar con arreglo a las condiciones de la póliza.
6. Establecer el valor del salvamento para deducirlo de la cifra de daños, o su comercialización por la
empresa de seguros.
El peritaje del ajustador no obliga a las partes y es independiente a ellos.
LEY GRAL. Arts. 332, 335, 336.
SUBCAPÍTULO II
PERITOS DE SEGUROS
Artículo 344º.- FUNCIONES DEL PERITO DE SEGUROS.
Son funciones del perito de seguros:
127
1. En calidad de inspector de riesgos, examinar y calificar un bien, una responsabilidad o una
operación, como acción previa al proceso de aseguramiento, con el objeto de que la empresa de
seguros aprecie el riesgo que ha de cubrir.
2. En calidad de previsor, alertar sobre la posibilidad de que ocurra un daño o una pérdida,
recomendando las acciones para evitar o reducir uno u otra.
3. En calidad de inspector de averías, investigar los daños y las pérdidas, estimando la cuantía de unos
y otras, así como el valor de los objetos siniestrados.
LEY GRAL. Arts. 332, 335, 336.
128
SECCIÓN CUARTA
DEL ÓRGANO DE SUPERVISIÓN
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, FINES Y DOMICILIO
Artículo 345º.- SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.
La Superintendencia de Banca y Seguros es una institución constitucionalmente autónoma y con
personería de derecho público, cuyo objeto es proteger los intereses del público en el ámbito de los
sistemas financiero y de seguros.
La Superintendencia ejerce en el ámbito de sus atribuciones, el control y la supervisión de las empresas
conformantes del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y de las demás personas naturales y jurídicas
incorporadas por esta ley o por leyes especiales, de manera exclusiva en los aspectos que le
corresponda.
La Superintendencia supervisa el cumplimiento de la Ley Orgánica y disposiciones complementarias del
Banco Central, sin perjuicio del ejercicio de su autonomía, no incluyendo lo referente a la finalidad y
funciones contenidas en los artículos 83º al 85º de la Constitución Política del Perú.
CONST. Arts. 83 al 85, 87.
LEY GRAL. Arts. 1, 2, 11, 19, 26, 35, 38, 41, 44, 95, 103, 114, 130, 132, 134, 137, 138, 158, 346 al
353, 356, 357, 361, 371, 373, 381, 1ª Disp. F. y C., 2ª Disp. F. y C., 4ª Disp. F. y C.,
Glosario (sistema financiero, sistema de seguros).
L.O.B.C.R. Arts. 96, 97.
Artículo 346º.- AUTONOMÍA Y ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA.
La presente Ley determina el marco de la autonomía funcional, económica y administrativa de la
Superintendencia de Banca y Seguros; establece su ubicación dentro de la estructura del Estado; define
su ámbito de competencia; y señala sus demás funciones y atribuciones.
Las demás leyes o disposiciones legales distintas a esta ley, no podrán establecer normas de obligatorio
e imperativo cumplimiento para la Superintendencia.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 345, 347, 349, 350, 367, 373.
Artículo 347º.- FINALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA.
Corresponde a la Superintendencia defender los intereses del público, cautelando la solidez económica y
financiera de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control, velando porque se cumplan las
normas legales, reglamentarias y estatutarias que las rigen; ejerciendo para ello el más amplio control de
todas sus operaciones y negocios y denunciando penalmente la existencia de personas naturales y
jurídicas que, sin la debida autorización ejerzan las actividades señaladas en la presente ley, procediendo
a la clausura de sus locales, y, en su caso, solicitando la disolución y liquidación del infractor.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 11, 19, 95, 103, 114, 130, 132, 134, 138, 345, 346, 349 al 352, 357, 361.
L.G.S. Arts. 407, 410.
129
Artículo 348º.- SELLO UTILIZADO.
La Superintendencia utiliza un sello oficial con el Escudo de Armas de la República y la inscripción
“República del Perú - Superintendencia de Banca y Seguros”.
Todo documento suscrito por el Superintendente y que lleve el sello anteriormente descrito, debe tenerse
como auténtico.
La Superintendencia tiene su domicilio legal en la ciudad de Lima y puede establecer oficinas en
cualquier otro lugar de la República, para el mejor cumplimiento de sus fines.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 345, 346, 347.
TÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS ATRIBUCIONES
Artículo 349º.- ATRIBUCIONES.
Son atribuciones del Superintendente, además de las ya establecidas en la presente ley, las siguientes:
1. Autorizar la organización y funcionamiento de personas jurídicas que tengan por fin realizar
cualquiera de las operaciones señaladas en la presente ley;
2. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, estatutos y toda otra disposición que rige al
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, ejerciendo para ello, el más amplio y absoluto control
sobre todas las operaciones, negocios y en general cualquier acto jurídico que las empresas que los
integran realicen;
3. Ejercer supervisión integral de las empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, las
incorporadas por leyes especiales a su supervisión, así como a las que realicen operaciones
complementarias;
4. Fiscalizar a las personas naturales o jurídicas que realicen colocación de fondos en el país;
5. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el
esclarecimiento de los hechos que se estudien durante las inspecciones e investigaciones, para lo
cual podrá ordenar su comparecencia, gozando para tal efecto, de las facultades que para esta
diligencia autoriza el Código Procesal Civil.
6. Interpretar, en la vía administrativa, sujetándose a las disposiciones del derecho común y a los
principios generales del derecho, los alcances de las normas legales que rigen a las empresas del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, así como a las que realizan servicios
complementarios, constituyendo sus decisiones precedentes administrativos de obligatoria
observancia;
7. Aprobar o modificar los reglamentos que corresponda emitir a la Superintendencia;
8. Establecer las normas generales que regulen los contratos e instrumentos relacionados con las
operaciones señaladas en el Título III de la Sección Segunda de la presente ley; y aprobar las
cláusulas generales de contratación que le sean sometidas por las empresas sujetas a su
competencia, en la forma contemplada en los artículos pertinentes del Código Civil;
9. Dictar las normas necesarias para el ejercicio de las operaciones financieras y de seguros, y
servicios complementarios a la actividad de las empresas y para la supervisión de las mismas, así
como para la aplicación de la presente ley;
130
10. Dictar las disposiciones necesarias a fin de que las empresas del sistema financiero cumplan
adecuadamente con los convenios suscritos por la República destinados a combatir el lavado de
dinero;
11. Establecer la existencia de conglomerados financieros o mixtos y ejercer supervisión consolidada
respecto de ellos de conformidad con el artículo 138º.
12. Disponer la individualización de riesgos por cada empresa de manera separada;
13. Dictar las normas generales para precisar la elaboración, presentación y publicidad de los estados
financieros, y cualquier otra información complementaria, cuidando que se refleje la real situación
económico-financiera de las empresas, así como las normas sobre consolidación de estados
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados;
14. Celebrar convenios de cooperación con otras Superintendencias y entidades afines de otros países
con el fin de un mejor ejercicio de la supervisión consolidada;
15. Celebrar convenios con los otros organismos nacionales de supervisión a efectos de un adecuado
ejercicio de la misma;
16. Coordinar con el Banco Central en todos los casos señalados en la presente ley;
17. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 269º de la Ley del Mercado de Valores, la
Superintendencia podrá dictar pautas de carácter general a las que deberá ceñirse la clasificación de
las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros; y,
18. Identificar las cláusulas abusivas en las pólizas de seguros médicos, de salud o de asistencia
179
médica. Dichas cláusulas quedan prohibidas de ser utilizadas en las pólizas.
19. En general, se encuentra facultado para realizar todos los actos necesarios para salvaguardar los
180
intereses del público, de conformidad con la presente ley.
20. Sancionar y denunciar a las empresas del sistema financiero que incumplan el artículo 52 del Decreto
Ley 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, y el artículo 9 de la Ley 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros; y cobren a los usuarios tasas de interés activas superiores a las tasas máximas
181
fijadas por el Banco Central de Reserva del Perú.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 1, 2, 4, 11, 19, 26, 35, 38, 41, 44, 95, 103, 114, 130, 132, 134, 137, 138, 158, 346
al 353, 356, 357, 361, 371, 373, 381, 1ª Disp. F. y C., 2ª Disp. F. y C., 4ª Disp. F. y C.,
Glosario (sistema financiero, sistema de seguros).
C.C. T.P., Art. IX., 1392, 1393.
L.G.S. Art. 2.
C.P.C. Arts. 188, 192 (2), 222, 223.
L.M.V. Art. 269.
Artículo 350º.- FACULTAD DE INSPECCIÓN.
Para el desarrollo de su facultad de inspección referida en el artículo anterior, el Superintendente, podrá
examinar, por los medios que considere necesarios, libros, cuentas, archivos, documentos,
correspondencia y en general cualquier otra información que sea necesaria para el cumplimiento de sus
179 Numeral modificado por Ley N° 29878 del 04-06-2012
180 Numeral incorporado por Ley N° 29878 del 04-06-2012
181 Numeral incorporado por la Ley N° 31143 del 17-03-2021
131
funciones. Existe para ello la obligación de la empresa, representante o corredor de brindar al personal
encargado de las inspecciones todas las facilidades que requieran para el cumplimiento de su cometido.
La negativa, resistencia o incumplimiento de los obligados, siempre que se encuentre debidamente
acreditado, da lugar a la imposición de cualquiera de las sanciones establecidas en el artículo 361º.
Igualmente podrá requerir todos los antecedentes que juzgue necesarios para informarse acerca de su
situación financiera, recursos, administración o gestión, actuación de sus representantes, grado de
seguridad y prudencia con que se realizan las inversiones, y en general, de cualquier otro asunto que, en
su opinión, deba esclarecerse.
Se podrá también recibir el testimonio de terceras personas y solicitarles la exhibición de libros y
documentos, diligencia ésta que se practicará dentro de los límites que establece el artículo 47º del
Código de Comercio.
LEY GRAL. Arts. 142, 143 (5), 183, 349 (5), 356, 357, 359, 361, 372.
C. DE C. Art. 47.
Artículo 351º.- CLAUSURA DE LOCALES Y DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES INFRACTORAS.
El Superintendente debe disponer la inmediata clausura de los locales en que se realicen operaciones no
autorizadas conforme a esta ley, contando con la intervención del Ministerio Público. Asimismo dispondrá
la incautación de la documentación que en ellos se encuentre, para lo cual está facultado a demandar
directamente el apoyo de la fuerza pública. El ejercicio de esta potestad no genera responsabilidad
alguna para el Superintendente.
Quien desatienda el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior, queda incurso en el delito de abuso
de autoridad previsto en el primer párrafo del artículo 378º del Código Penal.
Adicionalmente, el Superintendente formulará la denuncia que corresponda, con el objeto de que se
promueva acción penal contra los infractores, proceso en el cual la Superintendencia será considerada
como agraviada. Le corresponde, por tanto, constituirse como parte civil y ofrecer las pruebas necesarias
para esclarecer el delito.
LEY GRAL. Arts. 11, 347, 352, 356, 358.
C.P. Arts. 246, 378.
L.O.M.P. Arts. 1, 11.
Artículo 352º.- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD INFRACTORA.
Sin perjuicio de la facultad que al Poder Ejecutivo otorga el artículo 365º de la Ley General de
Sociedades, es facultad del Superintendente solicitar directamente ante la Corte Suprema la disolución de
la sociedad infractora a que se hace referencia en el artículo anterior.
La Superintendencia designará directamente a los liquidadores, no rigiendo lo dispuesto en el citado
artículo 365º de la Ley General de Sociedades.
El procedimiento liquidatorio se sujetará a las normas de la indicada Ley General de Sociedades, siendo
los gastos que demande este procedimiento asumidos por la empresa infractora.
LEY GRAL. Arts. 11, 347, 351, 356, 358, 361.
L.G.S. Arts. 407 (7), 410.
C.P. Art. 246.
LEY 26421.
Artículo 353º.- DIFUSIÓN DE INDICADORES DE LAS EMPRESAS SUPERVISADAS.
La Superintendencia debe publicar a más tardar el 31 de mayo de cada año, su memoria anual.
Asimismo, debe difundir periódicamente la información sobre los principales indicadores de la situación de
las empresas sujetas a su control, pudiendo ordenar a éstas que publiquen cualquier otra información que
a su juicio sea necesaria para el público.
132
LEY GRAL. Arts. 87 (3), 92, 135, 137, 180, 181, 354.
CAPÍTULO II
DEL CONTROL Y SUPERVISIÓN
SUBCAPÍTULO I
DEL CONTROL
Artículo 354º.- NORMAS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS.
Para los efectos a que se refiere el numeral 13 del artículo 349º, la Superintendencia está autorizada
para:
1. Exigir a los supervisados que constituyan provisiones y reservas para los activos y contingentes que
comporten riesgos crediticio o de mercado, de acuerdo a las normas generales que sobre el
particular haya dictado;
2. Requerir que las inversiones y demás posiciones afectas a riesgos de mercado sean ajustados a su
valor de mercado, de acuerdo con la metodología que ella establezca;
3. Requerir que los inmuebles y otros activos que figuren en sus libros sean ajustados a su verdadero
valor en el mercado, de acuerdo con la metodología que ella establezca;
4. Prohibir que las empresas, en tanto no den cumplimiento a los requerimientos mencionados en los
numerales precedentes, paguen dividendos o distribuyan utilidades, cualquiera que fuere la
modalidad empleada; y,
5. Cuando, con respecto a cualquier activo o contingente, no se suministre a la Superintendencia
información que permita evaluarlo y calificarlo adecuadamente, ésta se encuentra facultada para
ordenar la constitución de las provisiones que considere necesarias con relación a tales activos o
contingentes.
LEY GRAL. Arts. 66, 67, 68, 70, 72, 132 (2, 4), 186, 214, 215, 349 (13), 353, 355, 356, 361
Artículo 355º.- 182 INFORMES SOBRE APLICACION DE UTILIDADES Y EMPRESAS QUE
PRESENTEN INESTABILIDAD FINANCIERA O ADMINISTRACION DEFICIENTE.
Toda empresa está obligada a presentar a la Superintendencia un informe explicativo de los acuerdos
que hubiera adoptado sobre la declaración de dividendos u otra forma de aplicación de utilidades o de
disposiciones de recursos. El plazo para la entrega del referido informe es de 10 (diez) días hábiles,
contados a partir de la fecha de adopción del acuerdo, debiendo transcurrir un plazo similar para que el
contenido del mismo pueda hacerse efectivo.
La Superintendencia podrá suspender los acuerdos de aplicación de utilidades en tanto no reciba
explicaciones que absuelvan satisfactoriamente las observaciones que, con relación a ellos, hubiere
formulado.
Tratándose de empresas que presenten inestabilidad financiera o administración deficiente, la
Superintendencia podrá determinar el patrimonio real y, de ser el caso, requerir los ajustes patrimoniales
que estime pertinentes, con cargo a las reservas y al capital social. De igual manera, esta
Superintendencia podrá solicitar a los accionistas aportes en efectivo de forma inmediata. Asimismo,
hasta por un período de 6 (seis) meses renovable por otro igual, la Superintendencia está facultada para
prohibir a tales empresas la realización de una o más de las siguientes operaciones:
182
Modificado por la Ley Nº 27008 del 04-12-98 y por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
133
1. Tomar riesgos adicionales de toda naturaleza con cualquier persona natural o jurídica vinculada
directa o indirectamente a la propiedad o gestión de la empresa, con o sin garantías;
2. Renovar por más de 180 (ciento ochenta) días cualquier operación que implique riegos;
3. Realizar operaciones que generen nuevos riesgos de mercado;
4. Comprar, vender o gravar bienes muebles o inmuebles que correspondan a su activo fijo o a sus
inversiones financieras permanentes;
5. Enajenar documentos de su cartera crediticia;
6. Otorgar créditos sin garantía; y,
7. Otorgar poderes para la celebración de las operaciones previstas en cualquiera de los numerales
anteriores.
LEY GRAL. Arts. 65, 66, 72, 95, 101 (1 a), 103, 184, 185, 203, 221 (3b, 26), 354 (4), 361 (7).
Artículo 356º.- DETERMINACIÓN DE INFRACCIONES.
El Superintendente está facultado para hacer comparecer a uno o más representantes de las empresas,
cuando considere que existen indicios relacionados con la inestabilidad de las mismas, o cuando éstas
hayan incurrido en alguna de las faltas que a continuación se señala:
1. Infringir cualquier norma legal, disposición u orden que la Superintendencia hubiera dictado en uso
de sus atribuciones.
2. Conducir sus negocios u operaciones en forma prohibida o no autorizada.
3. Haber reducido el capital social a cifras inferiores al mínimo legal.
4. Haber excedido en sus operaciones, los límites previstos en esta ley.
5. Incurrir en déficit de encaje.
6. Llevar sus libros y su contabilidad de manera que su revisión no permita la exacta apreciación del
verdadero estado del supervisado, o que sus registros no proporcionen la debida seguridad.
7. Las demás establecidas en la presente ley.
La Superintendencia podrá requerir a todas las personas naturales o jurídicas, aún cuando no se
encuentren comprendidas dentro del ámbito de su competencia, la presentación de la información que
considere necesaria para determinar posibles infracciones a la presente Ley. Quien no cumpliese con
dicho requerimiento dentro de los plazos que en cada caso fije la Superintendencia, incurrirá en el delito
de violencia y resistencia a la autoridad.
LEY GRAL. Arts. 11, 16, 18, 46, 87, 90, 92, 95, 103, 140, 166, 198 al 215, 217, 218, 257, 258, 349
(13), 351, 361.
L.P.A.G. Art. 230 (4).
C.P. Arts. 365, 368.
SUBCAPÍTULO II
DE LA INSPECCIÓN
183
Artículo 357º.- INSPECCIONES.
La Superintendencia realiza sin previo aviso, ya sea directamente o a través de sociedades de auditoría o
terceros especializados, inspecciones destinadas a examinar la situación de las empresas supervisadas,
183 Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
134
determinando el contenido y alcance de las inspecciones antes señaladas, en función al perfil de riesgo
de tales empresas y su impacto en la estabilidad de los sistemas supervisados, en el marco de una
supervisión basada en riesgos.
La Superintendencia aplica un enfoque de supervisión simplificado y proporcional a los riesgos a las
empresas del sistema financiero no autorizadas a captar depósitos del público, y otras que determine;
salvo a las empresas a que alude el artículo 7. Mediante disposición, la Superintendencia puede
establecer excepciones a la regla contenida en este párrafo.”
LEY GRAL. Arts. 90, 134, 138 (1 a), 142 (3), 180, 350, 359, 360, 367 (7), 372.
184
Artículo 358º.- COMUNICACION AL MINISTERIO PÚBLICO
El Superintendente pondrá en conocimiento del Ministerio Público, los hechos delictivos que hubieren
sido detectados en el curso de las inspecciones que se practique a las instituciones sometidas a su
control.
Queda facultado para denunciar ante el Ministerio Público a las empresas del sistema financiero que
incumplan el artículo 52 del Decreto Ley 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, y el
artículo 9 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de
la Superintendencia de Banca y Seguros; y cobren a los usuarios tasas de interés activas superiores a las
tasas máximas fijadas por el Banco Central de Reserva del Perú, en aplicación del artículo 214 del
Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo 635.
LEY GRAL. Arts. 347, 350, 357, 359.
C.P. Art. 407.
L.O.M.P. Arts. 1, 11.
Artículo 359º.- INFORMES.
Los exámenes a que se hace referencia en la presente ley darán lugar a la formulación de informes
escritos. El contenido de éstos, será puesto en conocimiento de la empresa supervisada en la forma que
determine el Superintendente, a fin que con la intervención de su más alto órgano de gobierno, adopte las
medidas correctivas pertinentes en el plazo que para tal efecto se señale. Por su carácter reservado,
dichos informes no podrán ser utilizados como pruebas por las partes en litigio, ante ninguna instancia
judicial o arbitral.
El Superintendente podrá proporcionar al Banco Central, copia de los informes escritos que éste requiera
para el cumplimiento de las funciones que la Constitución y la ley le asignan.
CONST. Art. 84.
LEY GRAL. Arts. 90, 142, 180, 357, 360, 372, 1ª Disp. F. y C.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (j), 97.
D.S. N° 043-2003-PCM Arts. 17(6), 18.
Artículo 360º.- PROHIBICIÓN DE REVELAR EL RESULTADO DE LOS INFORMES.
Todo empleado, delegado, agente o persona que preste servicios a la Superintendencia, Banco Central,
sociedades de auditoría y empresas clasificadoras de riesgo, está prohibido de revelar a terceros
información que haya obtenido en el ejercicio de sus funciones.
184 Artículo modificado por la Ley N° 31143 del 17/03/2021
135
El que infrinja la prohibición establecida en el presente artículo incurrirá en falta grave y en delito tipificado
en el artículo 165º del Código Penal.
LEY GRAL. Arts. 140, 141, 357, 359, 372.
C.P. Art. 165.
L.O.B.C.R. Art. 41.
CAPÍTULO III
DE LAS SANCIONES
185
Artículo 361º.- SANCIONES.
La Superintendencia aplicará, según la gravedad de la infracción cometida, las siguientes sanciones:
1. Amonestación.
2. Multa a la empresa de monto no menor a diez UITs ni mayor a doscientas, a menos que la presente
ley señale de manera específica un importe diferente.
3. Multa al director o trabajador responsable no menor de punto cinco UITs ni mayor de cien.
4. Suspensión del director o trabajador responsable, por plazo no menor de tres días ni mayor de
quince, y remoción en caso de reincidencia.
5. Destitución.
6. Inhabilitación del director o trabajador en caso de ser responsable de la intervención o liquidación de
la institución a su cargo.
7. Prohibición de repartir dividendos.
8. Intervención.
9. Suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento.
10. Disolución y liquidación.
La aplicación de las sanciones antes mencionadas no exime a los infractores de la responsabilidad civil o
penal a que hubiere lugar.
Las sanciones previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del presente artículo serán impuestas por los
funcionarios autorizados. La escala de multas será establecida por la Superintendencia.
Las infracciones susceptibles de sanción son las previstas en la presente ley y aquellas que de modo
previo y general, a través de reglamento, tipifique la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 20, 28, 52, 72, 81, 87, 92, 103, 114, 141, 217 al 220, 354 (4), 355, 356, 358.
Artículo 362º.- DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA NO SUSPENDE EJECUCIÓN DE LA
SANCIÓN.
La interposición de la demanda contencioso administrativa no suspende la ejecución de la sanción.
Si la multa no fuese pagada dentro de los cinco días siguientes a su notificación, ésta será cobrada por la
vía coactiva, siendo reajustada en función al Índice de Precios al Por Mayor que con referencia a todo el
país publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más los correspondientes
intereses legales.
LEY GRAL. Arts. 361.
C.P.C. Arts. 540, 541, 542.
185 Modificado por la Ley N° 28184 publicada el 02-03-2004.
136
L. P.A G. Art. 216.5.
Ley 27584
TÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 363º.- SUPERINTENDENTE.
El funcionario de mayor nivel jerárquico de la Superintendencia, es el Superintendente de Banca y
Seguros. Su nombramiento compete al Poder Ejecutivo y es ratificado por el Congreso de la República.
Ejerce el cargo por el período constitucional del gobierno que lo designa, pudiendo ser nombrado para
uno o más periodos sucesivos. Continuará en el ejercicio del cargo mientras no se designe a su sucesor.
Le está vedado el ejercicio de toda actividad económica remunerada, con excepción de la docencia.
Si por cualquier causa no completare el período para el que fue nombrado, su reemplazante será
designado dentro de los sesenta (60) días posteriores a su cese, quien desempeñará el cargo por un
período constitucional que lo nombró, con arreglo a lo establecido en el párrafo precedente.
CONST. Arts. 87, 101 (2).
LEY GRAL. Arts. 349 al 352, 356, 358, 359, 364 al 369, 374, 1ª Disp. F. y C., 2ª Disp. F. y C.,
Glosario (Superintendente).
Artículo 364º.- REQUISITOS PARA SER SUPERINTENDENTE.
Son requisitos para ser Superintendente:
1. Ser de nacionalidad peruana.
2. Ser mayor de 30 años.
3. Contar con estudios especializados y experiencia no menor de cinco años en materias económicas,
financieras y bancarias.
4. Tener conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral.
LEY GRAL. Arts. 363, 365, 366, 367.
Artículo 365º.- IMPEDIMENTOS PARA SER SUPERINTENDENTE.
Son impedimentos para ser nombrado Superintendente:
1. Tener participación directa o indirecta en el capital o en el patrimonio de cualquier empresa sujeta a
la supervisión de la Superintendencia.
2. Ostentar la calidad de director, asesor, funcionario o empleado de las empresas sujetas al control de
la Superintendencia.
3. Haber sido declarado en quiebra, aunque el respectivo proceso hubiese sido sobreseído.
4. Haber sido condenado por la comisión de delitos dolosos, aún cuando hubiere sido rehabilitado.
5. Haber sido inhabilitado por la Superintendencia para ser organizador, accionista, director, o gerente
de las empresas sujetas a su control.
6. Encontrarse incurso en cualquiera de los impedimentos señalados en la presente ley para ser
organizador, accionista, director o gerente.
7. Haber sido sancionado por la Superintendencia por actos de mala gestión en la dirección o
administración de las empresas sujetas a su control.
8. Haber sido destituido de cargo público o haber sido cesado en él por falta grave.
137
LEY GRAL. Arts. 20, 52, 345, 361, 363, 364, 366.
C.P. Arts. 11, 69, 70.
D.LEG. 276. Art. 34.
Artículo 366º.- FALTAS GRAVES Y REMOCIÓN DEL SUPERINTENDENTE, DENUNCIAS CONTRA
EL SUPERINTENDENTE Y LOS SUPERINTENDENTES ADJUNTOS 186
Constituyen faltas graves del Superintendente:
a) No adoptar las medidas necesarias para sancionar según corresponda, a quienes, sin contar con la
autorización correspondiente, realicen actividades propias de las empresas sujetas al control de la
Superintendencia;
b) La infracción a las prohibiciones establecidas en el artículo 365º;
c) No aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 361º, cuando cuente con la información
debidamente comprobada que le demuestre fehacientemente la infracción cometida.
La remoción del Superintendente la efectúa el Congreso, por propia iniciativa, o a solicitud del Poder
Ejecutivo en los siguientes casos:
1. Cuando, en el ejercicio de sus funciones, haya incurrido en falta grave, debidamente comprobada y
fundamentada.
2. Cuando no concurriendo la causal prevista en el numeral anterior, se dicte contra él mandato firme
de detención definitiva.
Cualquier denuncia penal que se formule contra el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones o contra los Superintendentes Adjuntos deberá ser interpuesta
directamente ante el Fiscal de la Nación, quien será el único titular de la acción penal contra aquellos. En
caso de que encontrara fundada la denuncia, el Fiscal de la Nación la presentará ante la Sala
Especializada de la Corte Superior de Lima, la que conocerá la materia en primera instancia. La sentencia
podrá ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la República, quien actuará en calidad de
instancia revisora y final.
El procedimiento dispuesto en el párrafo precedente también es de aplicación para los ex
Superintendentes y ex Superintendentes Adjuntos que sean denunciados penalmente a partir de la
vigencia de la presente Ley, por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de sus
funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas
CONST. Art. 100.
LEY GRAL. Arts. 11, 351, 352, 361, 363, 364, 365.
L.O.M.P. Arts. 1, 11, 66.
L.O.P.J. Arts. 31, 41 (4).
Artículo 367º.- FACULTADES DEL SUPERINTENDENTE.
Para la gestión administrativa de la Superintendencia, el Superintendente se encuentra facultado para:
1. Determinar y modificar la estructura orgánica de la Superintendencia.
2. Aprobar y modificar el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia y las demás
normas requeridas para su normal y eficiente funcionamiento.
3. Programar, formular, aprobar, ejecutar, ampliar, modificar y controlar el presupuesto anual de la
Superintendencia.
4. Nombrar a los funcionarios de mayor jerarquía y delegar las funciones que considere necesarios.
186 Modificado por la Ley N° 28755 publicada el 06-06-2006
138
5. Designar al funcionario que deba sustituirlo por ausencia o impedimento temporal, o en caso de
cese, en tanto no sea cubierta la vacante. Esta facultad no podrá ejercerse en el caso que se
hubiera iniciado un proceso para la remoción del Superintendente, en cuyo caso lo hará el Poder
Ejecutivo.
6. Establecer el monto a partir del cual los gerentes de las empresas sujetas al control de la
Superintendencia, deberán informar a sus Directorios de los créditos, garantías, inversiones y ventas
que hubiese efectuado.
7. Dictar las disposiciones que propendan a una eficaz coordinación de las labores de la
Superintendencia con la de los auditores internos o externos de las empresas sujetas a su control,
así como con las sociedades de auditoría y las sociedades clasificadoras de riesgo.
8. Nombrar, contratar, suspender, remover o cesar al personal de la Superintendencia, así como fijar
sus remuneraciones; y delegar sus atribuciones en cualquiera de ellos.
9. Celebrar los contratos y demás actos requeridos para el normal desarrollo de las actividades de la
Superintendencia, incluidos los de prestación de servicios para la ejecución de trabajos específicos,
salvo delegación expresa.
10. Celebrar convenios con organismos del Estado u otras instituciones de supervisión bancaria,
financiera y de seguros del extranjero, con fines de capacitación e intercambio de información en
materia de supervisión.
11. Cualquier otra que conduzca al cumplimiento adecuado de los fines de la Superintendencia.
12. Las demás que señale la presente ley y las disposiciones que gobiernan a otras instituciones sujetas
al control de la Superintendencia.
CONST. Art. 87.
LEY GRAL. Arts. 77, 78, 93, 136, 138, 180, 349 al 352, 363 al 366, 371, 373, 374, 381.
Artículo 368º.- PODERES PROCESALES DEL SUPERINTENDENTE.
Los poderes procesales que el Superintendente confiera a cualquier trabajador de la Superintendencia,
no estarán sujetos a las formalidades que para su otorgamiento dispone el artículo 72º del Código
Procesal Civil. En tal sentido, para la eficacia del referido poder, bastará que el mismo conste en una
Resolución debidamente firmada y sellada por el Superintendente.
Salvo indicación en contrario del Superintendente, se presume que los poderes por él conferidos,
contienen todas las facultades generales y especiales para litigar, no rigiendo para este efecto el principio
de literalidad contenido en el segundo párrafo del artículo 75º del Código Procesal Civil.
LEY GRAL. Arts. 349, 367.
C.P.C. Arts. 69, 72, 74, 75.
Artículo 369.- INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
Toda resolución administrativa que expida la Superintendencia en ejercicio de sus atribuciones podrá ser
objeto de reconsideración ante el funcionario que la expidió y apelarse ante el Superintendente quien
constituye última y segunda instancia, en los plazos establecidos por la Ley General de Procedimientos
Administrativos.
Esta norma no es aplicable a las resoluciones que expida el Superintendente con criterio de conciencia,
en los casos de excepción previstos en esta ley.
La resolución expedida por el Superintendente agota la vía administrativa.
LEY GRAL. Arts. 349, 362, 367, Glosario (Resolución expedida con criterio de conciencia).
L.P.A.G. Arts. 208, 209.
139
187
Artículo 370º.-
TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO
CAPÍTULO I
DEL RÉGIMEN DEL PERSONAL
Artículo 371º.- RÉGIMEN LABORAL.
El personal de la Superintendencia se encuentra comprendido en el régimen laboral de la actividad
privada, por lo que sus derechos laborales se rigen exclusivamente por la referida legislación.
Los derechos y obligaciones del personal serán fijados en el Reglamento Interno de Trabajo que apruebe
el Superintendente. Dicha norma establecerá asimismo las prohibiciones del personal.
LEY GRAL. Arts. 345, 363, 366, 367 (8), 372.
D.S. 03-97-TR.
Artículo 372º.- RESERVA DE INFORMACIÓN.
Queda prohibido a todo empleado, delegado, agente o persona que bajo cualquier título preste servicios a
la Superintendencia, revelar cualquier detalle de los informes que hayan emitido, o dar a personas
extrañas a ella información alguna de cualquier hecho, negocio o situación de la que hubiere tomado
conocimiento en el ejercicio de su cargo.
LEY GRAL. Arts. 140 al 143, 359, 360, 371.
CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 373º.- PRESUPUESTO DE LA SUPERINTENDENCIA.
El presupuesto de la Superintendencia será aprobado por el Superintendente de Banca y Seguros, quien
tendrá a su cargo la administración, la ejecución y el control del mismo, y será cubierto mediante
contribuciones trimestrales adelantadas a cargo de las empresas supervisadas.
La Contraloría General tendrá a su cargo el control de la ejecución presupuestal de la Superintendencia.
CONST. Art. 77, 87.
LEY GRAL. Arts. 346, 367 (3), 374.
Artículo 374º.- CONTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS SUPERVISADAS.
Las contribuciones que deben abonar las empresas supervisadas son fijadas por el Superintendente
trimestralmente, como sigue:
1. Tratándose de empresas del sistema financiero, en proporción al promedio trimestral de sus activos
sin exceder de un quinto del uno por ciento, que previamente determine la Superintendencia.
187 Artículo derogado por la Ley Nº 27584 Ley que regula el proceso Contencioso Administrativo publicada el
07.12.2001.
140
2. Tratándose de empresas de seguros y de reaseguros, en proporción a las primas retenidas durante
el trimestre anterior, sin exceder el seis por ciento del monto de esas primas.
3. Tratándose de empresas de seguros de vida, en la proporción indicada en el numeral 1 del presente
artículo.
4. Tratándose de otras instituciones o personas sujetas a su control, equitativamente, de acuerdo con
lo que establezca el Superintendente mediante norma de carácter general, teniendo en cuenta el
volumen y la naturaleza de sus operaciones y las limitaciones contenidas en leyes especiales.
5. Tratándose de empresas que hubiesen operado durante parte del trimestre anterior, equitativamente,
de acuerdo con la norma de carácter general que establezca el Superintendente, sobre la base del
capital y reservas de la respectiva empresa.
En casos excepcionales la Superintendencia podrá incrementar dichas contribuciones, cuando las
circunstancias así lo exijan. Estos fondos no serán incluidos en el presupuesto general de la República.
Las contribuciones se pagan dentro de los diez (10) días posteriores a la publicación de la Resolución de
la Superintendencia.
En caso de mora, el monto de las contribuciones devengará la tasa de interés activa promedio en
moneda nacional que publique la Superintendencia, durante el período de mora.
Si al finalizar el ejercicio presupuestal, existiera saldo de balance proveniente de las contribuciones, el
Superintendente transferirá los saldos no comprometidos del presupuesto a una cuenta especial, los
mismos que podrán ser destinados a la cobertura de los gastos correspondientes a ejercicios posteriores.
LEY GRAL. Arts. 6, 346, 367 (3), 373.
SECCIÓN QUINTA
TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS
Artículo 375.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS.
1. Las empresas del sistema financiero deben mantener cuentas nominativas. No pueden mantener
cuentas anónimas ni cuentas que figuren bajo nombres ficticios o inexactos.
2. Las empresas del sistema financiero deben registrar y verificar por medios fehacientes, la identidad,
representación, domicilio, capacidad legal, ocupación y objeto social de las personas, así como otros
datos de identidad de las mismas, sean éstos, clientes ocasionales o habituales, a través de
documentos tales como documentos de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, licencia de
conducir, contratos sociales y estatutos, o cualesquiera otros documentos oficiales o privados,
cuando establezcan relaciones comerciales, en especial la apertura de nuevas cuentas, el
otorgamiento de libretas de depósito, la realización de transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas
de seguridad o la ejecución de transacciones en efectivo que superen determinado monto de
conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia.
3. Las empresas del sistema financiero deben adoptar medidas razonables para obtener y conservar
información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta
o se lleve a cabo una transacción, cuando exista alguna duda acerca de que tales clientes puedan
no estar actuando en su propio beneficio, especialmente en el caso de personas jurídicas que no
llevan a cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el lugar donde tengan su sede o
domicilio.
4. Las empresas del sistema financiero deben mantener durante la vigencia de una operación y por lo
menos diez años a partir de la financiación de la transacción, registros de la información y
documentación requeridas en este artículo.
141
5. Las empresas del sistema financiero deben mantener los registros de la identidad de sus clientes,
archivos de cuentas y correspondencia comercial según lo determine la Superintendencia, por lo
menos durante diez años después que la cuenta haya sido cerrada.
6. Las empresas del sistema financiero deben mantener además registros que permitan la
reconstrucción de las transacciones financieras que superen determinado monto de conformidad con
lo dispuesto por la Superintendencia, por lo menos durante diez años después de la conclusión de la
transacción.
LEY GRAL. Arts. 1, 2, 140, 179, 183, 376 al 381, 14. Disp. F. y C.
LEY 27693.
AC. PERÚ-E.E.U.U.
Artículo 376º.- DISPONIBILIDAD DE REGISTROS.
1. Las empresas del sistema financiero deben cumplir, dentro del plazo que se determine, las solicitudes
de información que les dirijan las autoridades competentes en relación a la información y
documentación a que se refiere el artículo anterior, a fin de ser utilizadas en investigaciones y
procesos penales, civiles o administrativos, según corresponda, relacionados con un delito de tráfico
ilícito de drogas o delitos conexos.
188
Las empresas del sistema financiero no pueden poner en conocimiento de persona alguna, salvo un
Tribunal, autoridad competente, Unidad de Inteligencia Financiera u otra persona autorizada por las
disposiciones legales, el hecho de que una información ha sido solicitada o proporcionada a un
Tribunal, Unidad de Inteligencia Financiera o autoridad competente.
2. Las autoridades competentes pueden compartir dicha información con otras autoridades competentes
nacionales o de otros estados, conforme a derecho, y cuando se relacionen con un delito de tráfico
ilícito de drogas o delitos conexos.
Las autoridades competentes tratan como reservada la información a que se refiere este artículo,
salvo en la medida en que dicha información sea necesaria en investigaciones y procesos penales,
civiles o administrativos, según corresponda, relacionados con un delito de tráfico ilícito de drogas o
delitos conexos.
3. Las disposiciones legales referentes al secreto o reserva bancaria no son un impedimento para el
cumplimiento del presente artículo, cuando la información sea solicitada o compartida por la autoridad
competente.
LEY GRAL Arts. 140, 142, 143, 183, 358, 375, 377 al 380, 14. Disp. F. y C.
C.P. Arts. 296, 296-A, 296-B.
Ley N° 27693
Artículo 377º.- REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO.
1. Toda empresa del sistema financiero debe registrar en un formulario diseñado por la
Superintendencia, cada transacción en efectivo en moneda nacional o extranjera que supere
determinado monto, de conformidad con lo dispuesto por aquella.
2. 189 Los formularios a que se refiere el numeral anterior deben contener, por lo menos, en relación con
cada transacción, los siguientes datos:
188 Párrafo modificado por la Ley Nº 27693 del 11-04-2002
189 Numeral modificado por la Ley Nº 28306 publicada el 29-07-2004
142
a) La identidad, la firma o huella digital y la dirección de la persona que físicamente realiza la
transacción;
b) La identidad y la dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la transacción;
c) La identidad y la dirección del beneficiario o destinatario de la transacción, si la hubiere;
d) La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existen;
e) El tipo de transacción de que se trata, tales como depósitos, retiro de fondos, cambio de
moneda, cobro de cheques, compras de cheques certificados o cheques de gerencia, u órdenes
de pago u otros pagos o transferencias efectuadas por o a través de la empresa;
f) El origen del efectivo en moneda nacional o extrajera, mediante el cual se va a realizar la
transacción. Para estos efectos, la empresa también podrá requerir a los clientes una
Declaración Jurada sobre el origen de los fondos, en aquellos casos en que se considere
necesario;
g) La identidad de la empresa del sistema financiero en que se realizó la transacción; y,
h) La fecha, la hora y el monto de la transacción.
Las características y modelo de los formularios serán determinados por la Superintendencia.
3. Dicho registro es llevado en forma precisa y completa por la empresa del sistema financiero en el día
que se realice la transacción y se conserva durante el término de diez años a partir de la fecha de la
misma.
4. 190
5. En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las empresas del sistema financiero que
están sujetas a supervisión por la Superintendencia, no se requiere el registro en el formulario
referido en este artículo.
6. Dichos registros deben estar a disposición del tribunal o autoridad competente, conforme a derecho,
para su uso en investigaciones y procesos penales, civiles o administrativos, según corresponda,
con respecto a un delito de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos.
7. Cuando lo estime conveniente, la Superintendencia puede establecer que las empresas del sistema
financiero le presenten, dentro del plazo que ella fije, el formulario previsto en los numerales 2 y 3 de
este artículo. El formulario sirve como elemento de prueba o como informe oficial y se utiliza para los
mismos fines señalados en el numeral 6 de este artículo.
8. Las empresas del sistema financiero no pueden poner en conocimiento de persona alguna, salvo un
tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las disposiciones legales, el hecho de
que una información ha sido solicitada o proporcionada al tribunal o autoridad competente.
9. Las disposiciones legales referentes al secreto o reserva bancaria no son un impedimento para el
cumplimiento del presente artículo, cuando la información sea solicitada o compartida por el tribunal
o autoridad competente.
LEY GRAL. Arts. 140, 142, 143, 358, 375, 376, 378 a 381, 14ª Disp. F. y C.
LEY 27693
C.P. Arts. 296
Artículo 378º.- COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS.
1. Las empresas del sistema financiero deben prestar especial atención a todas las transacciones,
efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no
190 Numeral derogado por la Ley Nº 28306 publicada el 29-07-2004
143
habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento
económico o legal evidente.
191
2. Al sospechar que las transacciones descritas en el numeral 1 de este artículo pudieran constituir o
estar relacionadas con actividades ilícitas, de acuerdo a su buen criterio, las empresas del sistema
financiero deben comunicar ello a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Dicha comunicación
se rige por la Ley Nº 27693 y se enviará a través del Oficial de Cumplimiento, quien utilizará su
código de identificación o clave secreta, en representación de la empresa del sistema financiero.
192
3. Las empresas del sistema financiero que informen a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
sobre las transacciones sospechosas descritas en la presente Ley y en la Ley Nº 27693, así como
sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, trabajadores o terceros con vínculo profesional
con los sujetos obligados, bajo responsabilidad, están prohibidos de poner en conocimiento de
cualquier persona, entidad u organismo, incluso a sus propios organismos supervisores, bajo
cualquier medio o modalidad, el hecho de que alguna información ha sido solicitada y/o
proporcionada a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, salvo solicitud del órgano
jurisdiccional o autoridad competente de acuerdo a ley.
4. Las empresas del sistema financiero y sus empleados, funcionarios, directores y otros
representantes autorizados por la legislación, están exentos de responsabilidad penal, civil o
administrativa, según corresponda, por el cumplimiento de este artículo o por la revelación
de información cuya restricción esté establecida por contrato o emane de cualquier otra disposición
legislativa, reglamentaria o administrativa, cualquiera sea el resultado de la comunicación.
LEY GRAL. Arts. 140, 142, 143, 358, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 14ª Disp. F. y C.
LEY 27693. Arts. 8° y 9°.
C.P. Arts. 296, 296-A, 296-B.
D. LEG. 986
Artículo 379º.- RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO.
1. Las empresas del sistema financiero, o sus empleados, funcionarios, directores y otros
representantes autorizados que, actuando como tales, tengan participación en un delito de tráfico
ilícito de drogas o delitos conexos, están sujetos a sanciones más severas.
2. Las empresas del sistema financiero son responsables, conforme a derecho, por los actos de sus
empleados, funcionarios, directores u otros representantes autorizados que, actuando como tales,
tengan participación en la comisión de cualquier delito previsto en el artículo 296-B del Código
Penal. Esa responsabilidad puede determinar, entre otras medidas, la imposición de una multa, o la
suspensión o revocación de la autorización de funcionamiento.
3. Incurren en responsabilidad penal los empleados, funcionarios, directores u otros representantes
autorizados de empresas del sistema financiero que, actuando como tales, deliberadamente no
cumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 375º y 378º, o que falseen o adulteren los
registros o informes aludidos en los mencionados artículos.
4. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pueda corresponderles en relación con los delitos
de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos, las empresas del sistema financiero que no cumplan
con las obligaciones a que se refieren los artículos 375º a 378º y 380º serán sancionadas, entre
otras medidas, con la imposición de una multa, la prohibición temporal de realizar transacciones o la
suspensión o revocación de la autorización de funcionamiento.
LEY GRAL. Arts. 87, 92, 361 (9), 375 al 378, 380, 381, 14ª Disp. F. y C.
C.C. Art. 1981.
C.P. Arts. 99, 104, 105, 296, 296-A, 296-B.
191 Numeral modificado por la Ley Nº 28306 publicada el 29-07-2004
192 Numeral modificado por la Ley Nº 28306 publicada el 29-07-2004
144
LEY 27693.
D. LEG. 986
Artículo 380º.- PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DE LAS
EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO.
1. Las empresas del sistema financiero, deben adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas,
procedimientos y controles internos para prevenir y detectar los delitos previstos en el artículo 296-B
del Código Penal. Esos programas incluyen, como mínimo:
a) El establecimiento de procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal y un
sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del mismo;
b) Programas permanentes de capacitación del personal, tal como “conozca a su cliente” e
instruirlo en cuanto a las responsabilidades señaladas en los artículos 375º al 378º;
c) Un mecanismo de auditoría independiente para verificar el cumplimiento de los programas.
2. Las empresas del sistema financiero deben asimismo designar funcionarios a nivel gerencial
encargados de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, incluido el
mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas. Dichos
funcionarios sirven de enlace con las autoridades competentes.
LEY GRAL. Arts. 81, 92,134 (2), 140, 375 a 379, 381, 14ª Disp. F. y C.
C.P. Arts. 296, 296-A, 296-B.
LEY 27693
Artículo 381º.- FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA.
1) Conforme a derecho, la Superintendencia está facultada para:
a) Otorgar, denegar, suspender o cancelar la autorización de funcionamiento de las empresas del
sistema financiero;
b) Adoptar las medidas necesarias para prevenir y/o evitar que cualquiera persona no idónea
controle o participe, directa o indirectamente, en la dirección, gestión y operación de la empresa
del sistema financiero;
c) Examinar, controlar o fiscalizar a las empresas del sistema financiero y reglamentar y vigilar el
cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y notificación establecidas en los artículos
anteriores;
d) Verificar, mediante exámenes regulares, que las empresas del sistema financiero posean y
apliquen los programas de cumplimiento obligatorio;
e) Brindar a otras autoridades competentes la información obtenida de empresas del sistema
financiero conforme a los artículos 375º y siguientes, incluyendo aquéllas fruto de un examen de
cualquiera de ellas;
f) Dictar instructivas o recomendaciones que ayuden a las empresas del sistema financiero a
detectar patrones sospechosos en la conducta de sus clientes. Esas pautas se desarrollan
tomando en cuenta técnicas modernas y seguras de manejo de activos, y sirven como elemento
educativo para el personal de las empresas del sistema financiero;
g) Cooperar con otras autoridades competentes y aportarles asistencia técnica, en el marco de
investigaciones y procesos referentes a los delitos de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos.
2) La Superintendencia debe prestar, conforme a derecho, una estrecha cooperación con las
autoridades competentes de otros Estados en las investigaciones, procesos y actuaciones referentes
a los delitos de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos.
145
LEY GRAL. Arts. 2, 6, 20, 23, 28, 81, 92, 134 (2), 140, 349, 356, 358, 361, 375 al 380, 14ª Disp. F.
y C.
C.P. Arts. 296, 296-A, 296-B.
LEY 27693
146
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
PRIMERA:
El Banco Central y la Superintendencia deben efectuar las coordinaciones pertinentes a efectos de dar
cumplimiento a los fines que les encomienda la Constitución Política del Perú.
El Superintendente concurre por lo menos cada tres meses al Directorio del Banco Central, a fin del
necesario intercambio de información propia de sus funciones.
CONST. Arts. 84, 87.
LEY GRAL. Arts. 2, 6, 19, 30, 32, 38, 39, 95, 98, 103, 124, 164, 214, 216, 345, 349 (16), 359, 20ª
Disp. F. y C., 23ª Disp. F. y C.
L.O.B.C.R. Arts. 2, 8, 24 (i, j), 96, 97.
SEGUNDA:
La Superintendencia y CONASEV deben efectuar las coordinaciones pertinentes a efectos de dar
cumplimiento a los fines de supervisión que les asignan sus leyes correspondientes.
El Superintendente concurre por lo menos cada tres meses al Directorio de CONASEV, a fin del
necesario intercambio de información sobre la situación de los mercados financiero y de capitales.
LEY GRAL. Arts. 35, 54, 232, 22ª Disp. F. y C.
L.M.V. 5ª Disp. Final.
L.O.CONASEV. Arts. 1, 2.
TERCERA:
Las empresas de arrendamiento financiero y los almacenes generales de depósitos, continuarán
rigiéndose por sus leyes propias, en lo no derogado expresamente por esta ley.
Se encuentran bajo la autoridad y control de la Superintendencia, sean o no subsidiarias de empresas del
sistema financiero.
LEY GRAL. Arts. 16, 17, 29, 168, 221 (35), 223 (4), 224 (2), 282 (7).
LEY 2763.
D.LEG. 299.
D.S. 559-84-EF.
CUARTA:
En toda denuncia de carácter penal que se interponga contra una empresa del Sistema Financiero y de
Seguros o sus representantes, así como cualquier otra supervisada, la autoridad que conozca de dicha
denuncia deberá solicitar el informe técnico de la Superintendencia, tan pronto como llegue a su
conocimiento la denuncia correspondiente, bajo responsabilidad.
LEY GRAL. Arts. 87, 92, 141, 379.
D.S. N° 043-2003-PCM Arts. 17(6), 18.
QUINTA:
Las Cajas Municipales de Crédito Popular y las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito continuarán
regidas por las normas contenidas en sus leyes especiales respectivas y sus modificatorias, salvo lo
relativo a los factores de ponderación de riesgos, capitales mínimos, patrimonios efectivos, límites, niveles
de provisiones, y otras materias establecidas por esta ley y sus normas reglamentarias que determine la
147
Superintendencia, en protección de los ahorros del público, y la exigencia de su conversión a sociedades
anónimas sin el requisito de la pluralidad de accionistas.193
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 26483, modificatoria de la Ley Orgánica
de Municipalidades, los Concejos Municipales designarán a sus representantes al comité directivo de la
correspondiente Caja, quienes no podrán ser regidores.
Dejarán de aplicarse las leyes especiales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y las normas del
Sistema Nacional de Control, una vez que terceros accionistas privados hayan adquirido mayoría del
accionariado de la Caja respectiva. Se considera como mayoría accionaria, a aquella participación que
represente, cuando menos, la mitad más uno del número de acciones suscritas con derecho a voto de la
respectiva Caja.173
LEY GRAL. Arts. 12, 13, 16, 18, 221 (23, 29, 39), 282 (4, 5), 5ª Disp. F. y C., 13ª Disp. Tran., 14ª
Disp. Tran.
LEY 10769.
D.S. 157-90-EF.
SEXTA:
Las normas de los artículos 167º, 168º y 171º son de aplicación general, aún cuando no fuese una
empresa del Sistema Financiero la que hubiese recibido el título valor o la garantía real o personal a que
tales preceptos se refieren.
LEY GRAL. Arts. 171.
L.de.T.V. Arts. 49, 61, 62, 139.
SÉTIMA:
La Superintendencia promoverá la constitución de tribunales arbitrales que, integrados por personas de
reconocida idoneidad moral y profesional, puedan resolver las controversias que surjan entre las
empresas del Sistema Financiero y de Seguros, y entre éstas y sus clientes.
LEY GRAL. Art. 132 (5).
D. Leg. 1071
OCTAVA:
Precísase que en el caso de enajenación de inmuebles hipotecados en favor de las empresas, vía remate
judicial o por adjudicación directa, no será de aplicación lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 1708º del
Código Civil, salvo que el respectivo contrato de arrendamiento se hubiera encontrado inscrito con
anterioridad a la fecha de la constitución de la garantía hipotecaria.
LEY GRAL. Arts. 215, 221 (5).
C.C. Art. 1708.
NOVENA:
Apruébese el Glosario que como Anexo forma parte de la presente Ley.
LEY GRAL. Art. 3.
194
DÉCIMA:
DÉCIMO PRIMERA:
193 Primer y tercer párrafo modificado por La Ley N° 30607 publicada el 13-07-2017
194 Disposición derogada por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008
148
Las empresas multinacionales andinas que se dediquen al giro bancario se rigen por la Decisión 292 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin perjuicio de observar las disposiciones que regulan la
actividad de las empresas y las demás pertinentes de la presente ley.
LEY GRAL. Art. 1.
DECISIÓN 292.
DÉCIMO SEGUNDA:
Las empresas que se dediquen a prestar servicios de transporte de dinero y valores requerirán
autorización de la Superintendencia y del Ministerio del Interior.
LEY GRAL. Arts. 17, 18, 10ª Disp. Tran.
D.S.05-94-IN. Arts. 27, 31, 33.
195
DÉCIMO TERCERA :
Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de aplicación supletoria para COFIDE en tanto no
alteren su calidad de banco de desarrollo de segundo piso, establecida en su Estatuto. Del mismo modo,
dichas disposiciones son de aplicación supletoria para el Fondo MIVIVIENDA S.A. en tanto no
contravengan lo dispuesto en su Ley de Conversión, ni alteren su calidad de entidad especializada en el
desarrollo del mercado hipotecario. Asimismo, el Banco de la Nación, en su calidad de persona jurídica de
derecho público se rige por su estatuto, siéndole de aplicación la disposición contenida en el artículo 33°.
Las mencionadas instituciones están excluidas del Fondo de Seguro de Depósitos.
El Fondo MIVIVIENDA S.A. puede actuar simultáneamente como fiduciario y fideicomitente. Dicha entidad
podrá actuar como fiduciario en fideicomisos de titulización, no siendo de aplicación el artículo 224° inciso
6 y último párrafo del artículo 242° de la presente Ley.
LEY GRAL. Arts. 7, 33, 145, 242.
D.L. 25694. Art. 3
LEY 16000.
LEY 28579 Arts. 3 (f), 3 (g).
D.S. 07-94-EF.
DÉCIMO CUARTA:
Mediante normas de carácter general, la Superintendencia regula los procedimientos establecidos en la
Sección Quinta de la presente Ley para asegurar el cumplimiento de los fines objeto de la misma.
LEY GRAL. Arts. 140, 349 (9), 375 al 381.
196
DÉCIMO QUINTA:
DÉCIMO SEXTA:
El Fondo de Garantía para la Pequeña Industria - FOGAPI, se encuentra sujeto a los factores de
ponderación de riesgos, patrimonios efectivos, límites y niveles de provisiones, establecidos por esta ley,
así como a la supervisión de la Superintendencia. El plazo de adecuación será de 90 días.
LEY GRAL. Arts. 132 (4), 133, 184, 185, 186, 198, 199, 200, 203.
DÉCIMO SÉTIMA:
195 Modificado por la Ley Nº 28579 del 08-07-2005.
196 Disposición derogada por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008
149
Los bancos multinacionales constituidos al amparo del Decreto Ley 21915 y que se encuentren en
operaciones, que no opten por adecuarse a las normas generales contenidas en la presente Ley, se
regirán por las normas siguientes:
1. Sólo pueden ser accionistas de los bancos multinacionales las instituciones financieras de inversión
o de crédito, seguros, reaseguros, públicos o privados, de reconocida solvencia en su país de origen.
2. El capital suscrito mínimo de los bancos multinacionales es de cincuenta millones de dólares
americanos o su equivalente en otras monedas de libre convertibilidad. El capital pagado no puede
ser inferior al cincuenta por ciento de dicha suma.
3. Los bancos multinacionales se constituyen con la participación del capital extranjero y tienen por
objeto promover y participar en todo tipo de operaciones bancarias y financieras, de inversión y
desarrollo de negocios, servicios y otras actividades afines, en el país y en el exterior.
4. Los bancos constituidos como multinacionales se consideran extranjeros y sus inversiones y créditos
en el país como tales, cuando se efectúen con recursos originados en el exterior.
5. Los bancos multinacionales, pueden realizar operaciones activas y pasivas propias de empresas
bancarias o financieras en el mercado interno, siempre que asignen de su capital social, en efectivo,
un capital no menor al mínimo legal exigido para las empresas bancarias, y mantener tales recursos
en el país.
6. Para el establecimiento, traslado y cierre de sucursales o agencias de bancos multinacionales dentro
del país, se requiere autorización previa de la Superintendencia, la que se otorga teniendo en cuenta
las condiciones económicas y financieras generales y locales y previo informe del Banco Central. En
el caso de sucursales o agencias en el exterior, sólo es necesario comunicar el hecho a la
Superintendencia.
7. Los libros y registros contables requeridos por las disposiciones legales peruanas deben ser llevados
por los bancos multinacionales en español, pudiendo serlo además en el idioma extranjero que
establezcan sus estatutos.
8. La contabilidad debe reflejar en cuentas separadas las operaciones, ingresos y gastos que se
deriven de las actividades extra territoriales, y aquéllas que se realicen en el país.
9. Las operaciones efectuadas en el mercado interno se registran en moneda nacional, pudiendo
mantenerse las operaciones en moneda extranjera en registros auxiliares en la moneda de origen.
10. Los estados financieros consolidados pueden ser elaborados y presentados en la moneda que
establezca el respectivo estatuto.
11. En caso de que el banco multinacional tuviera su oficina principal en otro país, le será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 39°-a. de la presente ley.
12. Cuando el banco multinacional tenga su oficina principal en el Perú, se regirá, en el orden que se
indica, por:
a) Las normas contenidas en esta disposición final;
b) Las demás normas contenidas en la presente ley;
c) Las disposiciones contenidas en su estatuto.
13. Cuando el banco multinacional tenga su oficina principal fuera del Perú, y tenga una sucursal en el
Perú, se regirá, en el orden que se indica, por:
a) Tratándose de las materias extraterritoriales que no comprometan al ahorro del público, por las
normas contenidas en su estatuto social;
b) Tratándose de las materias que comprometan al ahorro del público, por las normas contenidas
en la presente ley;
150
14. Cuando el banco multinacional tenga su oficina principal fuera del Perú, se regirá, en el orden que se
indica, por:
a) Las normas contenidas en su estatuto social;
b) Las normas contenidas en esta disposición final, en todo lo que atañe a la información que debe
presentar a la Superintendencia, así como a las autorizaciones que debe solicitar de este último
Organismo;
c) En caso de que, en el país donde tenga su oficina principal, el banco multinacional no se
encontrara sujeto a un mecanismo de supervisión equivalente al que establece la presente ley,
la Superintendencia podrá asumir esa supervisión.
15. Los bancos multinacionales deberán presentar a la Superintendencia toda información y
documentación que este Organismo les solicite.
LEY GRAL. Arts. 39-a, 1ª Disp. F. y C., 7ª Disp. Tran., 11ª Disp. Tran.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (i), 97.
DÉCIMO OCTAVA:
Los instrumentos que se emitan para fines de titulización y bonos de arrendamiento financiero, por su
naturaleza no son susceptibles de redención anticipada, y son materia de negociación en el mercado
secundario.
LEY GRAL. Arts. 221 (14), 232, 234.
DÉCIMO NOVENA:
Exceptúese de lo dispuesto en los artículos 53º y 55º de la presente ley, la participación de las empresas
del sistema financiero en COFIDE.
197 Asimismo, exceptúese de lo dispuesto en los artículos 53º y 55º, la participación de las empresas del
sistema financiero en la institución a que se refiere la Resolución Suprema Nº 346-96-PCM, del 27 de
setiembre de 1996, y en las cajas municipales de ahorro y crédito, para las cuales tampoco rige la
disposición contenida en el numeral 7 del artículo 20º.
LEY GRAL. Arts. 20 (1), 53, 55, 286.
R.S. 346-96-PCM.
VIGÉSIMO:
En todos los casos previstos en la presente ley en los que corresponde emitir opinión al Banco Central, su
opinión se entenderá favorable a la solicitud formulada, si en el término de treinta días no emite informe.
LEY GRAL. Arts. 19, 30, 38, 39, 124, 186, 188, 214, 349 (16), 359, 1ª Disp. F. y C., 23ª Disp. F. y
C.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (i, j), 97.
VIGÉSIMO PRIMERA:
Las empresas clasificadoras de riesgos a que hace referencia la presente ley son las reguladas por la Ley
del Mercado de Valores, así como otras similares constituidas en el exterior previamente calificadas por
la Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 136, 140 (3), 349 (17), 360, 367 (7).
L.M.V. Arts. 269, 271.
VIGÉSIMO SEGUNDA:
197
Párrafo modificado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
151
CONASEV, mediante disposiciones de carácter general, establecerá los criterios de vinculación, de
propiedad directa e indirecta, y sobre grupos económicos, en las materias regidas por la Ley del Mercado
de Valores.
LEY GRAL. Arts. 203, 2ª Disp. F. y C.
L.M.V. Arts. 8, 5ª Disp. Final.
VIGÉSIMO TERCERA:
Los coeficientes a ser utilizados para los fines previstos en el artículo 148º podrán ser variados por la
Superintendencia, previa opinión del Banco Central.
LEY GRAL. Arts. 148, 349 (16), 1ª Disp. F. y C., 20ª Disp. F. y C.
L.O.B.C.R. Arts. 24 (i, j), 97.
198
VIGÉSIMO CUARTA:
1. CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO QUE SOLO OPERAN
CON SUS SOCIOS:
Las cooperativas de ahorro y crédito - a que se refiere el numeral 2.11 del inciso 2 del artículo 7 del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, aprobado por Decreto Supremo 074-90-TR, en
adelante, Ley General de Cooperativas - que solo operan con sus socios y que no están autorizadas a
captar recursos del público u operar con terceros - en adelante, las Coopac -, tienen características y se
rigen por las disposiciones siguientes:
a. Son distintas de las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público a que se
refiere el artículo 289 de la presente ley.
b. Realizan sus actividades, operaciones y servicios con observancia de los principios cooperativos
señalados en la Ley General de Cooperativas —en adelante, principios cooperativos—.
c. Solo pueden captar depósitos de sus socios cooperativistas. No están autorizadas para captar
depósitos del público.
d. Solo pueden otorgar crédito a sus socios cooperativistas.
e. Utilizan obligatoriamente la denominación “cooperativa de ahorro y crédito” o su acrónimo “Coopac”,
seguido del nombre distintivo que elijan. No pueden utilizar otras denominaciones que generen confusión
respecto a su naturaleza.
f. Se rigen por la Ley General de Cooperativas, salvo en las materias objeto de la presente disposición
final y complementaria y normas reglamentarias emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP.
g. Realizan operaciones financieras y crediticias con sus socios, incluyendo operaciones de
arrendamiento financiero y actuando como fiduciarios en fideicomisos, así como otras operaciones
necesarias para su funcionamiento, conforme al esquema modular que se establece en el numeral 3 de la
presente disposición final y complementaria. Para la realización de las actividades a que se refiere el
numeral 9 del artículo 8 de la Ley General de Cooperativas, cuentan con un límite ascendente al 10% de
sus ingresos totales.
h. Los depósitos de sus socios se encuentran incluidos dentro de la cobertura del Fondo de Seguro de
Depósitos Cooperativo a que se refiere el numeral 8 de la presente disposición final y complementaria.
i. Tienen un capital variable en función del importe de las aportaciones de sus socios cooperativistas, las
cuales se efectuarán conforme a lo establecido en el estatuto de cada Coopac.
198 Disposición sustituida por la Ley N° 30822 del 18/07/2018
152
j. Los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Comité
Electoral deben cumplir requisitos de idoneidad moral y no deben estar incursos en los impedimentos
previstos en el artículo 20 de la presente ley ni en los impedimentos estipulados en el numeral 3 del
artículo 33 de la Ley General de Cooperativas. El gerente debe cumplir con requisitos de idoneidad
técnica y moral que lo califiquen para desempeñar el cargo de manera adecuada, y no debe estar incurso
en los impedimentos previstos en el artículo 20 de la presente ley ni en los impedimentos estipulados en
el numeral 3 del artículo 33 de la Ley General de Cooperativas. Los requerimientos de idoneidad técnica
están referidos, como mínimo, a estudios y experiencia, que deben guardar concordancia con el esquema
modular que se establece en el numeral 3 de la presente disposición final y complementaria.
k. Para efectos de la presente disposición final y complementaria, se consideran como directivos aquellos
socios que sean miembros titulares del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de
Educación y Comité Electoral; así como a los miembros suplentes de cada uno de ellos.
Los directivos son renovados anualmente en la Asamblea General, dentro de los noventa días calendario
de cerrado el ejercicio económico anual de la Coopac, en proporciones no menores al tercio del
respectivo total. En caso de no efectuarse la renovación de tercios en el plazo establecido, los miembros
del Consejo de Administración son responsables solidarios pasibles de una sanción administrativa,
conforme a la presente ley y sus normas reglamentarias.
Los directivos pueden ser reelegidos para el período inmediato siguiente, únicamente en caso de que el
estatuto de la Coopac lo autorice. Bajo ninguna circunstancia procede la reelección indefinida.
Los derechos y obligaciones del presidente, vicepresidente y secretario de los consejos y comités se
mantienen vigentes mientras no se haya producido una nueva distribución de cargos, siempre que el
directivo cuente con mandato vigente.
Los directivos suplentes son siempre elegidos por un año y reemplazan a los titulares solo por el tiempo
de su propio mandato.
Vencido el mandato de los directivos, estos pueden volver a postular como tales si hubiera transcurrido un
período mínimo de un año entre su cese y la fecha en que iniciaría funciones como directivo, salvo que el
estatuto hubiera permitido la reelección para el período inmediato siguiente y hubiera ocurrido esta,
supuesto en el cual los directivos que ya hubieran sido reelegidos solo pueden volver a postular
nuevamente como directivos, si hubiera transcurrido un período mínimo de dos años entre su cese y la
fecha en que iniciaría funciones como directivo.
Se considera que hay reelección para el período inmediato siguiente cuando un miembro titular cesante
de un consejo o comité postula de manera inmediata para ocupar un cargo de miembro titular o suplente
en el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación o Comité Electoral.
No se considera reelección para el período inmediato siguiente cuando:
i) Un miembro suplente es elegido como titular en el mismo órgano.
ii) Un miembro suplente es nuevamente elegido como suplente.
iii) Un miembro, titular o suplente, que ejerce el cargo por un período menor al estatutario para cubrir la
vacancia producida, es elegido para el período inmediato siguiente.
En ningún caso, quienes se hayan desempeñado como miembros del Consejo de Administración pueden
ser reelegidos para el período inmediato siguiente para ejercer como miembros del Consejo de Vigilancia.
No pueden ser directivos en el mismo período aquellos que tengan parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad entre sí ni los que tengan uniones de hecho entre sí; tampoco
aquellos que tengan la misma relación de parentesco antes referida o tengan una unión de hecho con
algún trabajador de la Coopac.
Lo dispuesto en el presente literal es igualmente aplicable para la elección de los delegados, en lo que
resulte pertinente.
153
l. En el ejercicio de las funciones directivas debe tenerse presente lo siguiente:
i) Los cargos directivos y de gerente son personales e indelegables. El gerente no puede tener la
condición de persona jurídica.
ii) No se pagan dietas ni gastos de representación a los directivos, salvo cuando ello haya sido
expresamente aprobado por la Asamblea General. En este último caso, debe ponerse en conocimiento de
sus socios la decisión de la Asamblea General y el monto de las dietas o gastos de representación.
iii) El sustento del monto de las dietas o gastos de representación acordados por la Asamblea General
debe ser informado a la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, conforme a las normas que emita
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
iv) Solo se pueden asignar dietas para las sesiones ordinarias y se abonan únicamente a los directivos
que registren una asistencia efectiva a estas. Una asistencia es efectiva cuando el directivo ha
participado, presencial o no presencialmente, desde el inicio hasta el término de la sesión.
v) Los directivos suplentes pueden recibir dietas únicamente cuando el directivo titular se encuentre
ausente o impedido de concurrir y se ejerza en forma efectiva la suplencia.
vi) Los socios, delegados y directivos no reciben dietas ni otro tipo de retribución por participar en las
asambleas a las que sean convocados, salvo por lo dispuesto en el numeral ii).
vii) El pago de las dietas de los miembros de consejos, comités y comisiones por asistencia a sesiones,
así como las asignaciones para gastos de representación, se aprueba en la Asamblea General. Si la
cooperativa arroja pérdidas durante tres meses consecutivos, se suspende únicamente el reconocimiento
de dietas. La Coopac vuelve a reconocer dietas luego de tres meses consecutivos en los que no hubiera
arrojado pérdidas.
viii) Los gastos de representación cuyo monto sea aprobado por la Asamblea General se asignan
únicamente a quienes desempeñen efectivamente labores de representación a favor de la Coopac, bajo
responsabilidad del respectivo consejo o comité.
ix) El informe que emita la auditoría externa de la Coopac debe pronunciarse expresamente sobre el
cumplimiento de los puntos ii), iii), iv), v), vi), vii) y viii) del presente literal.
m. Las aportaciones de sus socios cooperativistas deben ser contabilizadas en cuentas independientes
de las que corresponden a sus depósitos. Para efectos del retiro de aportes, se debe tener en cuenta lo
establecido en el literal r) del presente numeral,
n. Las Coopac deben asegurarse que la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de
Vigilancia, el Comité Electoral, el Comité de Educación, el gerente general y otros encargados de la
administración y gestión de la Coopac se encuentren capacitados en los principios cooperativos y en las
normas que regulan la actividad de ahorro y crédito cooperativo.
o. La extinción dispuesta por el artículo 3 de la Ley 26639, Ley por la que se precisa la aplicación de
plazo de caducidad previsto en el artículo 625 del Código Procesal Civil, no es de aplicación a los
gravámenes constituidos a favor de una Coopac.
p. Son de aplicación a las Coopac las disposiciones sobre secreto bancario establecidas en el capítulo II
del título primero de la sección segunda de la presente ley. Dichas disposiciones son aplicables también a
los directivos y trabajadores de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú u
otros organismos cooperativos de grado superior cuando actúen como colaboradores técnicos de la
Superintendencia Adjunta de Cooperativas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 de la presente
disposición final y complementaria.
q. Son de aplicación a las Coopac las disposiciones sobre central de riesgos establecidas en los artículos
158 y 159 de la presente ley, guardando concordancia con el esquema modular que se establece en el
numeral 3 de la presente disposición final y complementaria.
154
r. El patrimonio efectivo de las Coopac debe ser igual o mayor al 10% de sus activos y contingentes
ponderados por riesgo de crédito, de mercado y operacional, guardando concordancia con el esquema
modular, todos ellos establecidos en los numerales 2 y 3 de la presente disposición final y
complementaria.
Es responsabilidad del Consejo de Administración asegurarse de que las Coopac tengan un patrimonio
efectivo por encima del límite antes señalado, anticipando posibles fluctuaciones negativas del ciclo
económico y en función del perfil de riesgo de sus operaciones.
2. RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN
2.1. La supervisión y la ejecución de la intervención de las Coopac está a cargo de la Superintendencia
Adjunta de Cooperativas, que para la realización de su labor de supervisión e intervención de las Coopac
de niveles 1 y 2, puede contar con el apoyo de colaboradores técnicos.
2.2 Pueden ser colaboradores técnicos de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, para el ejercicio
de las funciones de supervisión e intervención de las Coopac de niveles 1 y 2, las centrales cooperativas,
las federaciones nacionales de cooperativas o la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú,
entidades a las que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Cooperativas. La Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, de acuerdo al proceso de selección que desarrolle la Superintendencia Adjunta
de Cooperativas, podrá suscribir convenios de colaboración interinstitucional con los colaboradores
técnicos bajo las normas del Código Civil, y en los casos de contratación de bienes y servicios, los
contratos se rigen bajo la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuando corresponda.
2.3 El contrato o convenio, según corresponda, que suscribe el colaborador técnico con la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, fija, como mínimo, los alcances de las labores de apoyo en
la función de supervisión que le corresponde a la Superintendencia Adjunta, la normativa aplicable, así
como las responsabilidades, contraprestación y frecuencia del pago de la contraprestación, además de
los criterios de entrega del sustento para acreditar la realización de la colaboración técnica. Bajo ningún
supuesto, la suscripción del contrato debe incluir la renuncia o delegación de las competencias que le
corresponden a la Superintendencia Adjunta en favor del colaborador técnico.
2.4 Las contribuciones por supervisión que deben abonar las Coopac a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, son determinadas previamente por esta institución, se calculan en proporción del
promedio trimestral de sus activos sin exceder de un décimo del uno por ciento. Estas contribuciones son
distintas a las que pueden cobrar las organizaciones de integración cooperativa a las que se refiere el
artículo 57 de la Ley General de Cooperativas, producto de su labor gremial.
2.5. Como parte de la información necesaria para realizar las labores de supervisión, se puede solicitar la
presentación del registro o padrón de socios e información de las operaciones que realizan los socios con
las Coopac, entre otra que resulten pertinentes.
2.6. La Superintendencia Adjunta de Cooperativas, cuando tenga conocimiento de irregularidades
sustentadas en la marcha de una Coopac debe:
a. Solicitar al Consejo de Administración o Consejo de Vigilancia, bajo responsabilidad, que emita un
informe, de acuerdo con las normas que establezca.
b. Convocar a Asamblea General si el Consejo de Administración o el Consejo de Vigilancia, requeridos
para ello, en caso no lo hagan o no señalen en la agenda materia de convocatoria los temas requeridos
por la Superintendencia Adjunta de Cooperativas. Desde el requerimiento efectuado por la referida
Superintendencia Adjunta, el Consejo de Administración tiene un plazo máximo de seis días hábiles para
realizar la convocatoria. El mismo plazo se otorga al Consejo de Vigilancia para que efectúe la
convocatoria. La Asamblea General debe ser convocada por el Consejo de Administración o por el
Consejo de Vigilancia, para celebrarse en primera convocatoria dentro de un plazo no menor de cinco ni
mayor de once días hábiles, contados desde que se efectúe la convocatoria; y, en segunda convocatoria,
luego de transcurrida una hora contada desde la señalada para la primera convocatoria.
155
La convocatoria que efectúe la Superintendencia Adjunta de Cooperativas debe ser publicada mediante
un aviso en el diario oficial El Peruano y en un diario de mayor circulación de la circunscripción en la que
se ubique domicilio legal de la Coopac.
En caso que, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, la Superintendencia Adjunta de
Cooperativas convoque a Asamblea General, el representante de esta o su colaborador técnico, según
corresponda, actúa como veedor, con voz y sin voto, y como primer acto solicita la elección de un director
de debates de la Asamblea General.
El representante de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas o de su colaborador técnico antes
referido, está facultado para suscribir la constancia de convocatoria y quórum de la Asamblea General.
Para efectos registrales, el registrador solo exige la resolución de la citada Superintendencia Adjunta
disponiendo la convocatoria y la constancia de convocatoria y quórum correspondiente.
2.7. Las exigencias de regulación y supervisión para las Coopac están en función a un esquema modular
que son establecidas a propuesta de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas a través de
reglamentos, en concordancia con los principios cooperativos y el principio de proporcionalidad aplicable
a la supervisión.
2.8. De acuerdo con el monto de total de activos con el que cuentan las Coopac, estas son asignadas a
alguno de los siguientes niveles del esquema modular:
- Nivel 1: Coopac cuyo monto total de activos sea hasta 600 unidades impositivas tributarias (UIT).
- Nivel 2: Coopac cuyo monto total de activos sea mayor a 600 unidades impositivas tributarias (UIT), y
hasta 65,000 unidades impositivas tributarias (UIT).
- Nivel 3: Coopac cuyo monto total de activos sea mayor a 65,000 unidades impositivas tributarias (UIT).
Estas deben contar con una clasificación de riesgos anual de acuerdo con las normas de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
2.9. Para las Coopac asignadas al nivel 1, la regulación y supervisión se centra principalmente en verificar
que la Coopac cumpla con los requisitos para inscribirse y mantenerse en el Registro Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, a cargo de la
Superintendencia Adjunta de Cooperativas al que se refiere el numeral 9 de la presente disposición final y
complementaria. Se pueden efectuar visitas de supervisión in situ sin previo aviso a dichas Coopac, a
efectos de verificar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a ellas.
2.10. Para las Coopac asignadas a los niveles 2 y 3, la regulación y supervisión es acorde a los riesgos
que corresponden a las operaciones que se llevan a cabo en dichos niveles.
2.11. En caso una Coopac supere durante noventa días calendario el monto de activos correspondiente al
umbral en que se encuentre, o voluntariamente solicita ascender de nivel, debe solicitar autorización a la
Superintendencia Adjunta de Cooperativas, para realizar las operaciones del nuevo nivel, para lo cual la
citada Superintendencia Adjunta tiene en cuenta su gestión de riesgos y su nivel de solvencia. En tanto
no se le otorgue la referida autorización, la Coopac no puede realizar las operaciones del nuevo nivel; sin
embargo, se debe encontrar sujeta a la regulación y supervisión correspondiente al nivel al cual, por el
umbral, pertenezca. La Superintendencia Adjunta le otorga un plazo de adecuación de hasta noventa días
calendario, asimismo, puede aplicar medidas de carácter prudencial adicionales a aquellas Coopac que
incumplan dicho plazo de adecuación.
2.12. Una Coopac solo puede descender de nivel, previa autorización de la Superintendencia Adjunta de
Cooperativas, si hubiera mantenido durante noventa días calendario el monto de activos correspondiente
al umbral al que pretende descender.
3. OPERACIONES REALIZABLES SEGÚN ESQUEMA MODULAR
Según se encuentren en cada nivel, las Coopac pueden realizar las siguientes operaciones:
Nivel 1:
156
1. Recibir depósitos de sus socios. No incluye cuentas corrientes ni depósitos de Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS).
2. Otorgar a sus socios créditos directos, con o sin garantía, con arreglo a las condiciones que señale el
respectivo reglamento de créditos de la cooperativa.
3. Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, no válidos para procesos de
contratación con el Estado.
4. Recibir líneas de crédito de entidades nacionales o extranjeras.
5. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus actividades.
6. Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema cooperativo de ahorro
y crédito.
7. Operar en moneda extranjera.
8. Constituir, efectuar aportaciones o adquirir acciones o participaciones en otras cooperativas, o en
entidades que tengan por objeto brindar servicios a sus asociados o tengan compatibilidad con su objeto
social. Esto debe ser comunicado a la Superintendencia Adjunta de Cooperativas dentro de un plazo de
diez (10) días hábiles.
9. Efectuar operaciones de descuento y factoring con sus socios.
10. Efectuar operaciones de cobros, pagos y transferencia de fondos donde al menos una parte debe ser
socio (ordenante o beneficiario).
11. Efectuar operaciones de venta de cartera crediticia, de acuerdo con las normas que emita la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, siendo necesario para ello la emisión previa y positiva de un
informe técnico de viabilidad de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas.
12. Expedir y administrar tarjetas de débito, previa autorización de la Superintendencia Adjunta de
Cooperativas.
Asimismo, las Coopac pueden efectuar actividades que coadyuven a la realización de las operaciones
expresamente contempladas en este nivel, en la medida que no transgredan las normas emitidas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y que no desnaturalicen las operaciones antes enumeradas.
Nivel 2:
Las operaciones del nivel 1, más las siguientes:
1. Recibir depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de sus socios.
2. Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, válidos para procesos de
contratación con el Estado.
3. Realizar operaciones de arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria con sus socios.
4. Otorgar créditos a otras cooperativas.
5. Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, interna y externa, así como
obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
6. Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se negocien en algún mecanismo
centralizado de negociación e instrumentos representativos de deuda privada conforme a las normas que
emita la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así como certificados de participación en fondos
mutuos y fondos de inversión.
7. Contratar forwards de moneda extranjera con fines de cobertura, previa autorización de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, solo con contrapartes autorizadas por esta.
157
8. Efectuar operaciones de compra de cartera crediticia de otras cooperativas de ahorro y crédito,
empresas del sistema financiero o empresas comerciales, de acuerdo con las normas que emita la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, siempre que los deudores cuya cartera se adquiere sean
socios de la cooperativa adquirente.
9. Contraer deuda subordinada de acuerdo con las normas que emita la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.
10. Constituir patrimonios autónomos de seguro de crédito para establecer coberturas o fondos de
contingencia, previa autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; así como constituir
patrimonios autónomos de carácter asistencial con el objeto de cubrir los gastos de sepelio, a favor de
sus socios, de conformidad con las normas que emita la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y de
acuerdo con lo establecido en el numeral 11 de la presente disposición final y complementaria.
11. Expedir y administrar tarjetas de crédito, previa autorización de la Superintendencia Adjunta de
Cooperativas.
Asimismo, las Coopac pueden efectuar actividades que coadyuven a la realización de las operaciones
expresamente contempladas en este nivel, en la medida que no transgredan las normas emitidas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, siendo necesario para ello la emisión previa y positiva de un
informe técnico de viabilidad de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, y que no desnaturalicen las
operaciones antes enumeradas.
La Superintendencia Adjunta de Cooperativas autoriza, de manera conjunta, todas las operaciones del
nivel 2 adicionales a las del nivel 1, conforme a los procedimientos y requisitos establecidos para tal
efecto.
Nivel 3:
Las operaciones del nivel 2, más las siguientes:
1. Brindar servicios de cuenta corriente a sus socios, sujeto a opinión previa y vinculante del Banco
Central de Reserva del Perú (BCR).
2. Emitir Títulos de Crédito Hipotecario Negociables a sus socios, conforme al régimen establecido en el
artículo 245.4 de la Ley 27287, Ley de Títulos Valores, y sus modificatorias.
3. Contratar productos financieros derivados tanto con fines de cobertura como con fines de negociación,
previa autorización de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, solo con contrapartes autorizadas
por esta.
4. Actuar como fiduciarios en fideicomisos cuyos fideicomitentes o fideicomisarios sean sus socios, de
conformidad con la presente ley, en lo que resulte aplicable.
5. Brindar todos los tipos de créditos establecidos o que se establezcan para cualquier empresa del
sistema financiero, sean en autorizaciones o reglamentos que emita la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.
Asimismo, las Coopac pueden efectuar actividades que coadyuven a la realización de las operaciones
expresamente contempladas en este nivel, en la medida que no transgredan las normas emitidas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y que no desnaturalicen las operaciones antes enumeradas.
La Superintendencia Adjunta de Cooperativas, autoriza, de manera conjunta o individual, las operaciones
del nivel 3 adicionales a las del nivel 2, conforme a los procedimientos y requisitos establecidos para tal
efecto.
Igualmente, previa autorización de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, las Coopac de nivel 3
pueden realizar también otras operaciones señaladas en el artículo 221 de la presente ley que guarden
relación con su naturaleza. Para contar con dicha autorización, las Coopac deben cumplir con los
requisitos establecidos por la referida Superintendencia Adjunta.
158
4-A. FACULTADES DE REGULACIÓN
4-A.1. En materia de regulación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, previo informe técnico
positivo de viabilidad de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, emite las normas que sean
necesarias para el cumplimiento de lo estipulado en la presente disposición final y complementaria, así
como sobre los demás aspectos que sean necesarios para la supervisión y regulación de las operaciones
de las Coopac, las que son consistentes con el esquema modular, todo ello establecido en los numerales
2 y 3 de la presente disposición final y complementaria. Las normas que emita la referida
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, deben respetar los principios cooperativos y de
proporcionalidad aplicables a la supervisión.
4-A.2. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP emite normas destinadas a regular la gestión de
riesgos de las operaciones señaladas en los niveles mencionados en el numeral 3, pudiendo restringir a
las Coopac algunas de dichas operaciones en caso de incumplimientos reiterados.
4-A.3. Entre otras disposiciones para las Coopac, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, puede
dictar normas sobre las materias siguientes:
a. En materia de provisiones.
b. Sobre límites y prohibiciones respecto a operaciones.
c. Sobre conducta de mercado.
d. Sobre apertura, traslado y cierre de oficinas.
e. Sobre condiciones para la distribución de excedentes o remanentes y para los niveles de reservas a fin
de que se cumpla con lo establecido en el literal r) del numeral 1 de la presente disposición final y
complementaria.
f. Establecer la composición y cálculo del patrimonio efectivo.
g. Establecer el cálculo de los requerimientos de patrimonio efectivo por los diferentes riesgos que deben
ser cubiertos con el patrimonio efectivo antes señalado.
h. Establecer normas para evitar conflictos de intereses o actos de deslealtad por parte de los directivos o
gerentes.
i. Establecer disposiciones aplicables para la aprobación o modificación de estatutos de las Coopac
enmarcadas en la revisión de la legalidad de los artículos.
j. Establecer disposiciones sobre registro contable y sobre auditoría interna y externa.
k. Otras medidas prudenciales y correctivas consistentes con los niveles del esquema modular de las
Coopac.
4-A.4. La Superintendencia Adjunta de Cooperativas está facultada para requerir información a las
Coopac de forma periódica y específica, dentro de los plazos que sean señalados en el reglamento
correspondiente. Asimismo, está facultada para efectuar visitas de supervisión, programadas o
inopinadas.
4-A.5. La deuda subordinada contraída por una Coopac puede ser computada en su patrimonio efectivo,
en la medida que la Coopac cumpla con los requisitos que estipule la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP vía reglamento, en relación a dicho producto financiero.
4-B. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN
4-B.1. La Superintendencia Adjunta de Cooperativas, interviene a aquella Coopac, de nivel 1 o 2, que
incurra en las siguientes causales:
a. Disminución del número de socios a menos del mínimo cuando se trate de cooperativas primarias, y a
una sola cooperativa cuando se trate de centrales cooperativas.
159
b. Pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa.
c. Conclusión del objeto específico para el que fue constituida.
d. Cuando carezca de representante con poderes suficientes para administrar la Coopac, o exista
conflicto respecto a la legitimidad del representante de la Coopac que haga inviable su funcionamiento
regular.
4-B.2. La ejecución de la intervención tiene una duración máxima de cuarenta y cinco días calendario. La
Superintendencia Adjunta de Cooperativas ejecuta la intervención que comprende los plazos
mencionados a continuación. Durante dicho período de ejecución de la intervención, dicha
Superintendencia Adjunta puede requerir del apoyo de un colaborador técnico.
4-B.3. La Superintendencia Adjunta de Cooperativas, convoca a la Asamblea General, la cual debe
realizarse en un plazo máximo de diez días calendario, contados desde el inicio de la intervención. La
convocatoria que efectúe la Superintendencia Adjunta, se realiza mediante la publicación de un aviso en
el diario oficial El Peruano y en el diario de mayor circulación de la circunscripción donde se encuentre el
domicilio legal de la Coopac. El representante de la Superintendencia Adjunta, está facultado para
suscribir la constancia de convocatoria y quórum de la Asamblea General. Para efectos registrales, el
registrador solo debe exigir la resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP disponiendo la
convocatoria y la constancia de convocatoria y quórum correspondiente.
4-B.4. Mientras dure la intervención, la competencia de la Asamblea General se limita exclusivamente a
temas referidos en la convocatoria que efectúen los interventores. Durante los primeros treinta días
calendario, la Coopac puede levantar las causales que dieron lugar a la declaratoria del régimen de
intervención, a satisfacción de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, dando fin a dicho régimen.
De no ocurrir lo antes mencionado, el Fondo de Seguros de Depósito Cooperativo procede a pagar los
depósitos cubiertos, subrogándose en la posición jurídica de los depositantes, de conformidad con lo que
se establezca en el reglamento, y teniendo en cuenta la naturaleza de la Coopac.
4-B.5. De no levantarse las causales que dieron lugar a la declaratoria del régimen de intervención
durante los treinta primeros días calendario, la Coopac es sancionada con la exclusión del Registro
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público a cargo de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
4-B.6. La declaración de intervención de una Coopac y de designación de los interventores, así como el
levantamiento del régimen de intervención, de ser el caso, son inscribibles en los Registros Públicos por
el solo mérito de la resolución emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
4-B.7. Para las Coopac de nivel 3, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aplica los regímenes de
vigilancia e intervención de conformidad con lo que se establezca en el reglamento, teniendo en cuenta la
naturaleza especial de las Coopac. Para estos efectos, deberá contar con la emisión previa y positiva de
un informe técnico de viabilidad de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas.
5-A. RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
5-A.1. Para las Coopac de los niveles 1 o 2, concluido el régimen de intervención sin que se hubieran
levantado las causales que dieron lugar a su declaración, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
previo informe técnico positivo de viabilidad de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, dicta la
correspondiente resolución de disolución y designa a un administrador temporal que asume la
representación de la Coopac.
5-A.2. En los casos en que el administrador temporal verifique que existen activos por liquidar, la
liquidación es judicial. Para tal efecto, el administrador temporal solicita al juez comercial o, en su defecto,
al que corresponda, del domicilio legal de la Coopac, a través de un proceso de ejecución, que designe a
un liquidador y disponga el inicio de la liquidación judicial de la Coopac. El título ejecutivo que da mérito al
inicio del proceso de ejecución referido es la resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
y el informe del administrador temporal. El juez comercial o, en su defecto, el que corresponda, recibe los
informes periódicos y el informe final del liquidador y, con conocimiento de la Superintendencia de Banca,
160
Seguros y AFP, declara la conclusión del proceso liquidatorio y solicita la inscripción de la extinción de la
Coopac a Registros Públicos.
5-A.3. Tratándose de Coopac en las que el administrador temporal verifique que no existen activos por
liquidar, el referido administrador emite un informe a la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, siendo
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP la que solicita al juez comercial o, en su defecto, al que
corresponda, del domicilio legal de la Coopac, que declare la quiebra de la Coopac y que requiera la
inscripción de su extinción a Registros Públicos.
5-A.4. Cuando las Coopac de los niveles 1 o 2 acuerden disolverse voluntariamente, comunican dichos
acuerdos a la Superintendencia Adjunta de Cooperativas y los inscriben en los Registros Públicos.
5-A.5. Para las Coopac de nivel 3, la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, aplica un régimen de
disolución y liquidación de conformidad con lo que se establezca en el reglamento, respetando la
naturaleza de las Coopac.
5-A.6. Cuando una Coopac de nivel 1, 2 o 3, presenta una inactividad o no cumple el objeto social para el
que fue constituida ni presenta vida asociativa durante un período continuo de dos años, la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, previo informe técnico positivo de viabilidad de la
Superintendencia Adjunta de Cooperativas, declara, de oficio, su disolución. El proceso de liquidación se
rige por lo señalado en los párrafos anteriores. Todos los gastos de liquidación son asumidos con los
recursos de la Coopac en liquidación.
5-A.7. Las resoluciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, respecto a la disolución y
designación del administrador temporal, así como la resolución judicial respecto a la designación del
liquidador, previstas en este numeral, son inscribibles en Registros Públicos por el solo mérito de su
emisión, a solicitud de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o del órgano jurisdiccional, según
corresponda.
5-A.8. La resolución que ordena la disolución de una Coopac podrá ser impugnada ante el Poder Judicial
por la Coopac o por sus socios que representen no menos del 10 % del número total de socios hábiles.
En estos casos, será competente en primera instancia la sala contenciosa administrativa de la corte
superior respectiva. La Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en apelación y la Sala Constitucional y
Social en casación, si fuera el caso.
5-B. REORGANIZACIONES
Las Coopac pueden participar en cualquier forma de reorganización, tales como transformación, fusión,
escisión u otra regulada por la legislación vigente, encontrándose sujetas a lo estipulado por la Ley
26887, Ley General de Sociedades, y la Ley General de Cooperativas, debiendo informar de ello a la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
6. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
6.1. Constituyen infracciones susceptibles de sanción, los incumplimientos de las obligaciones, deberes y
prohibiciones previstas en la presente ley y su reglamentación y en la Ley General de Cooperativas,
destinadas a regular los alcances de la actuación de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a
recibir recursos de terceros. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, previo informe técnico
positivo de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, tipifica dichas infracciones en función a la
gravedad de la conducta, respetando el principio de legalidad.
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, constituyen infracciones pasibles de sanción, las
conductas siguientes:
a. No contar con los títulos habilitantes o requisitos exigidos para operar o seguir operando conforme al
esquema modular asignado.
b. Realizar operaciones no autorizadas en el nivel de esquema modular asignado.
c. Impedir o interrumpir las labores de inspección, control o supervisión de las autoridades competentes.
161
d. Incumplir con la entrega de la documentación solicitada en el tiempo, modo y forma requerida por la
autoridad competente.
e. Captar recursos de fuentes no autorizadas.
f. Incumplir con llevar los instrumentos contables, financieros o similares exigidos conforme a las normas
de la materia.
g. Incumplir con renovar dentro de los plazos y forma prevista a las autoridades y directivos.
6.2. La Superintendencia Adjunta de Cooperativas en primera instancia y la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP en segunda instancia tienen la facultad sancionadora respecto a las infracciones que
cometan las Coopac, los integrantes de sus Consejos de Administración, los integrantes de sus Consejos
de Vigilancia, los integrantes de sus comités y comisiones, o sus trabajadores.
6.3. Las Coopac, los integrantes de sus Consejos de Administración, los integrantes de sus Consejos de
Vigilancia, los integrantes de sus comités y comisiones, y sus trabajadores quedan sujetos a las
siguientes sanciones, según la gravedad de sus faltas y al monto de activos de cada Coopac:
a. Amonestación.
b. Multa a la Coopac, no menor a 0.50 unidades impositivas tributarias (UIT), ni mayor a ciento cincuenta
(150) unidades impositivas tributarias (UIT).
c. Multa a los integrantes del Consejo de Administración, a los integrantes del Consejo de Vigilancia, a los
integrantes de los comités y comisiones, o a los trabajadores responsables no menor a 0.30 unidades
impositivas tributarias (UIT), ni mayor de diez unidades impositivas tributarias (UIT).
d. Suspensión de los integrantes del Consejo de Administración, de los integrantes del Consejo de
Vigilancia, de los integrantes de los comités y comisiones, o de los trabajadores responsables, por plazo
no menor de tres ni mayor de quince días hábiles, y remoción en caso de reincidencia.
e. Destitución de los integrantes del Consejo de Administración, de los integrantes del Consejo de
Vigilancia, de los integrantes de los comités y comisiones, o de los trabajadores responsables.
f. Inhabilitación de los integrantes del Consejo de Administración, de los integrantes del Consejo de
Vigilancia, de los integrantes de los comités y comisiones, o de los trabajadores, en caso de ser
responsables de la intervención, o disolución y liquidación de la Coopac a su cargo.
g. Intervención de la Coopac.
h. Disolución de la Coopac.
i. Exclusión definitiva de la Coopac del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No
Autorizadas a Captar Recursos del Público.
6.4. En caso las Coopac, o los integrantes de los comités o comisiones, o los trabajadores responsables,
reconozcan la comisión de la infracción antes de la emisión de la resolución que imponga la sanción, la
instancia correspondiente, en base a criterios de gradualidad, puede reducir la sanción incluso por debajo
de los mínimos antes señalados.
6.5. La aplicación de las sanciones antes mencionadas no exime a los infractores de la responsabilidad
civil o penal a que hubiere lugar.
6.6. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, previo informe técnico positivo de viabilidad de la
Superintendencia Adjunta de Cooperativas, complementa, vía reglamento el régimen de infracciones y
sanciones aplicable teniendo en cuenta criterios de razonabilidad y de debido procedimiento, clasificando
las infracciones en leves, graves y muy graves. La escala de sanciones por la comisión de infracciones es
establecida, previo informe técnico positivo de viabilidad de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas,
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro de los tipos de sanciones previstas en el
párrafo 6.3 y en función a la gravedad de la conducta, así como el beneficio real o potencial obtenido por
el sujeto infractor. El citado reglamento debe respetar los principios de legalidad y tipicidad, por lo que se
162
encuentra prohibido de sancionar el incumplimiento de obligaciones, deberes o prohibiciones que no se
encuentren previstas en la presente ley y su reglamentación o en la Ley General de Cooperativas.
6.7. Los montos recaudados por concepto de sanciones impuestas a las Coopac miembros del Fondo de
Seguro de Depósitos Cooperativo, a los integrantes de sus Consejos de Administración, a los integrantes
de sus Consejos de Vigilancia, a los integrantes de sus Comités Electorales, a los integrantes de
comisiones, o a sus trabajadores constituyen recursos del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo al
que se refiere el numeral 8 de la presente disposición final y complementaria.
6.8. El Consejo de Administración de las Coopac sancionadas es responsable del cumplimiento de las
sanciones que imponga la instancia correspondiente.
6.9. Las sanciones aplicadas a las Coopac, sus directivos o gerentes, deben ser comunicadas a los
correspondientes Consejos de Administración y de Consejos de Vigilancia, los cuales deben dejar
constancia de haber conocido dicha comunicación en el acta de la primera sesión que dichos órganos
celebren luego de la recepción de la notificación respectiva o dentro del plazo de treinta días hábiles
posteriores a su recepción, lo que ocurra primero.
6.10. Las copias certificadas de las respectivas actas, expedidas por los correspondientes secretarios de
los Consejos de Administración y de los Consejos de Vigilancia, o quienes hagan sus veces, son
remitidas a la instancia correspondiente dentro de los quince días hábiles siguientes a la realización de la
sesión. De considerarlo necesario, la instancia correspondiente puede disponer se convoque a una
sesión especial del Consejo de Administración o de la Asamblea General para los efectos antes
señalados.
6.11. El Consejo de Administración de la Coopac es responsable de informar a la Asamblea General en la
sesión más próxima, las sanciones que la instancia correspondiente haya impuesto a dichas cooperativas
y a sus directivos o gerentes por la comisión de infracciones, dejándose constancia de dicha
comunicación en el acta correspondiente a la referida sesión.
7. SUPERVISIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
7.1. Conforme lo dispuesto en el numeral 3) del párrafo 3.1 del artículo 3 de la Ley 29038, Ley que
incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF–PERÚ) a la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, las Coopac son consideradas sujetos
obligados por lo que deben cumplir con las normas legales vigentes sobre prevención de lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo, entre otras, la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de
Inteligencia Financiera – Perú, su reglamento y las normas sobre la materia emitidas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
7.2. El supervisor de las Coopac de los niveles 2 y 3 en materia de prevención del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo es la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones. El supervisor de las Coopac de nivel 1 en materia de prevención del lavado de
activos y financiamiento del terrorismo es la UIF–PERÚ, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 9-
A.9. del artículo 9-A de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, y sus
modificatorias.
8. FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS COOPERATIVO
8.1. Constitúyese un Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo, exclusivo para las Coopac, como una
persona jurídica de derecho privado de naturaleza distinta del Fondo de Seguro de Depósitos a que se
refiere el Capítulo III del Título I de la Sección Segunda de la presente ley, que tiene por objeto principal
proteger a quienes realicen depósitos en las Coopac.
8.2. Son miembros del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo todas las Coopac que capten
depósitos de sus socios y que se encuentren en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito
No Autorizadas a Captar Recursos del Público. Las Coopac que ingresen al Fondo deben efectuar
aportaciones a este durante veinticuatro meses, como mínimo, para que los depósitos de sus socios se
encuentren respaldados.
163
8.3. La administración del referido Fondo está a cargo de su Consejo de Administración y Secretaría
Técnica con las funciones y atribuciones que establezca su estatuto. El Consejo de Administración está
integrado por:
a. Un representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y uno de la Superintendencia
Adjunta de Cooperativas.
b. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
c. Un representante del Ministerio de la Producción.
d. Dos representantes del organismo cooperativo con el que la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP tenga suscrito un contrato o convenio de colaboración técnica. En caso de existir más de un
organismo cooperativo, los miembros son elegidos en la forma que establezca el estatuto.
e. Dos representantes de las Coopac, designados en la forma que establezca el reglamento.
8.4. El representante de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas preside el Consejo de
Administración y tiene voto dirimente. Las atribuciones y funciones del Fondo de Seguro de Depósitos
Cooperativo son establecidas en su estatuto, así como en la reglamentación que emita la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. El estatuto del citado Fondo se sujeta a las disposiciones
reglamentarias que emita la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
8.5. Los miembros del Consejo de Administración ejercen el cargo por un período de tres (3) años
renovables. Su retribución corre exclusivamente por cuenta de las entidades que los nombran. El Consejo
de Administración sesiona cuando menos una vez al mes, adoptando sus acuerdos con la mayoría de los
asistentes a la sesión, conforme a su reglamento. Las causales de vacancia de los miembros son
señaladas en el estatuto del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo.
8.6. El Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo se rige por las disposiciones del reglamento que emita
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en el cual se establecen los alcances, requisitos,
facultades, recursos, primas, coberturas, y régimen de inversión y de administración del Fondo,
disposiciones que deben ser consistentes con el esquema modular, todos ellos establecidos en los
numerales 2 y 3 de la presente disposición final y complementaria; así como por su estatuto, el que es
propuesto por el Consejo de Administración a que se refiere el presente numeral para la aprobación de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante resolución. Asimismo, toda modificación estatutaria
debe contar con la aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
8.7. Los Registros Públicos deben inscribir al Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo en el Registro
de Personas Jurídicas por el solo mérito de lo dispuesto en la presente ley. El Fondo de Seguro de
Depósitos Cooperativo no es sujeto pasivo de tributo alguno.
9. REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO NO AUTORIZADAS A
CAPTAR RECURSOS DEL PÚBLICO
9.1. Todas las Coopac están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público a cargo de la Superintendencia Adjunta de
Cooperativas. Las normas aplicables al citado Registro son aprobadas por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, para lo cual es necesario que cuente con el informe técnico previo y positivo de viabilidad
de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas. Las Coopac están obligadas a remitir la información que
se les solicite en dichas normas. Solo pueden utilizar la denominación de Cooperativa de Ahorro y Crédito
o Coopac, y realizar las operaciones contempladas en el numeral 3 de la presente disposición final y
complementaria, las cooperativas que se encuentren inscritas en el presente registro.
9.2. Las Coopac tienen un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de su
inscripción en los Registros Públicos, para solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas
de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.
164
9.3. Para la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a
Captar Recursos del Público, las Coopac remiten a la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, lo
siguiente:
a. Solicitud de inscripción suscrita por representante legal, en la que se especifica o a la que se adjunta,
por lo menos, copia literal actualizada de la partida registral de la Coopac, ficha RUC, denominación de la
Coopac, domicilio, teléfono y correo electrónico, nombre completo, número de documento nacional de
identidad (DNI) y cargo de los directivos y gerente de la Coopac.
b. Declaración suscrita por representante legal en la que se señala que la Coopac y sus socios, directivos
y gerente, van a cumplir y sujetarse a las disposiciones dictadas por la Superintendencia Adjunta de
Cooperativas, y que, en tal sentido, pueden ser pasibles de la imposición de sanciones por parte de dicho
órgano, de conformidad con lo estipulado en la presente disposición final y complementaria y en la
reglamentación correspondiente.
9.4. Vencido el plazo señalado en el párrafo 9.2 sin que se haya efectuado la solicitud de inscripción en el
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, la
Superintendencia Adjunta de Cooperativas puede adoptar las medidas señaladas en el numeral 10 de la
presente disposición final y complementaria.
9.5. La Superintendencia Adjunta de Cooperativas comunica a la Coopac solicitante la culminación de su
inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar
Recursos del Público, o, en su defecto, comunica las observaciones identificadas en la información
remitida para su debida subsanación.
9.6. Dentro de los quince primeros días hábiles de cada mes, la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos publica en su página web y en el portal del Estado, una relación de las Coopac cuya
constitución haya sido inscrita durante el mes anterior, con indicación de su denominación o razón social
y los datos de su inscripción. Para estos efectos, dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes,
las oficinas registrales, bajo responsabilidad de su titular, deben remitir a la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos la información antes referida.
10. CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS
10.1. Únicamente las Coopac que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de
Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, a cargo de la Superintendencia Adjunta
de Cooperativas, pueden captar depósitos de sus socios.
10.2. Considerando lo señalado en el párrafo 10.1, las cooperativas distintas de las Coopac que deseen
captar depósitos de sus socios, deben constituir o adoptar la forma de una Coopac para tal efecto.
10.3. En caso de detectarse que una cooperativa distinta de una Coopac, o una Coopac está captando
depósitos sin estar inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a
Captar Recursos del Público, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, debe disponer la inmediata
clausura de sus oficinas, contando para ello con el apoyo e intervención del Ministerio Público. Asimismo,
la Superintendencia Adjunta puede disponer la incautación de la documentación que se encuentre, para
lo cual está facultada a demandar directamente el apoyo de la fuerza pública.
10.4. Quien desatienda el requerimiento a que se refiere el párrafo 10.3, queda impedido de ejercer
cargos directivos en otra Coopac, sin perjuicio de quedar incurso en el delito de resistencia o
desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal.
10.5. Adicionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, previo informe técnico positivo de
viabilidad de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, formula la denuncia que corresponda, con el
objeto de que se promueva acción penal contra los infractores, proceso en el cual la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP es considerada como agraviada. Le corresponde, por tanto, constituirse como
parte civil y ofrecer las pruebas necesarias para esclarecer el delito.
165
10.6. Se excluyen del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar
Recursos del Público, a las Coopac que capten depósitos sin estar inscritas en el Fondo de Seguro de
Depósitos Cooperativo en el plazo que se establezca en el reglamento.
10.7. Las Coopac existentes a la entrada en vigencia de la presente disposición final y complementaria
que durante el plazo de un año, contado desde su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de
Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, no logren incorporarse al Fondo de
Seguro de Depósitos Cooperativo, deben suspender inmediatamente la captación de nuevos depósitos,
debiendo en un plazo máximo de treinta días calendario, contados a partir de dicha suspensión, presentar
a la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, un plan de devolución de los depósitos que mantengan.
Si al vencimiento de estos treinta días calendario no ha sido aprobado el plan de devolución de los
depósitos, y ello es imputable a la Coopac, o si se incumple el plan aprobado por la Superintendencia
Adjunta de Cooperativas, se les excluirá del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No
Autorizadas a Captar Recursos del Público, lo cual conlleva a su disolución y liquidación.
10.8. La Superintendencia Adjunta de Cooperativas puede requerir a cualquier persona natural o jurídica,
la presentación de la información que se considere necesaria para determinar posibles infracciones a lo
dispuesto en la presente disposición final y complementaria y a sus normas reglamentarias. Quien no
cumpliese con dicho requerimiento dentro de los plazos que en cada caso fije la Superintendencia
Adjunta, incurre en el delito de violencia y resistencia a la autoridad.
10.9 Recursos otorgados por los socios de otros tipos de cooperativas. Para efectos de la presente ley,
no se entiende como depósitos a los recursos financieros o no financieros que los socios entreguen a la
cooperativa agraria a la que pertenecen, con fines del cumplimiento del objeto social de la misma,
considerándose ello como una actividad que coadyuva con el cumplimiento de su objeto social; en la
medida en que no incurran en las prohibiciones a las que se refiere el artículo 11 de la Ley 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros.
La misma regla se aplica para otros tipos de cooperativas en la medida en que no incurran en las
prohibiciones a las que se refiere el referido artículo 11 de la Ley 26702.
11. CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
11.1. La constitución de patrimonios autónomos de seguro de crédito para establecer coberturas o fondos
de contingencia requiere la autorización previa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
11.2. Las regulaciones de los patrimonios autónomos de seguro de crédito para establecer coberturas o
fondos de contingencia, y de los patrimonios autónomos de carácter asistencial con el objeto de cubrir los
gastos de sepelio, y las regulaciones de sus operaciones y sus contratos, están contenidas en las normas
que dicte la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
11.3 Los patrimonios autónomos de seguro de crédito para establecer coberturas o fondos de
contingencia, y los patrimonios autónomos de carácter asistencial con el objeto de cubrir los gastos de
sepelio, son registrados como cuenta independiente del pasivo de la Coopac, y no tienen la naturaleza de
un fondo de inversión. Asimismo, las operaciones de las Coopac, con cargo a dichos patrimonios, y los
socios de las Coopac, son considerados como actos cooperativos. Para dicho efecto, las Coopac deben
haber contemplado en su objeto social la constitución de este tipo de patrimonios, que tienen como fin
brindar un servicio de necesidad de sus socios, de conformidad con la Ley 29683, Ley que precisa los
alcances de los artículos 3 y 66 del Decreto Legislativo 85, Ley General de Cooperativas.
12. CENTRALES DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Las centrales cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público se rigen por la
Ley General de Cooperativas, salvo en las materias objeto de la presente disposición final y
complementaria, y su reglamentación, resultándole aplicable la regulación correspondiente a las Coopac,
en tanto se inscriban en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a
Captar Recursos del Público, a cargo de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas. Las mencionadas
166
centrales son supervisadas directamente por la Superintendencia Adjunta y solo pueden brindar servicios
a sus socios.
VIGÉSIMO QUINTA:
Derógase el Decreto Legislativo Nº 770, así como los Decretos Leyes Nºs 12813, 25987 y 25612, y sus
disposiciones complementarias y modificatorias.
Derógase los artículos 10º, 31º, 32º, 33º, 34º y 35º de la ley de hipoteca naval, Nº. 2411; así como la
primera disposición complementaria del Decreto Legislativo 857. La hipoteca naval se regirá por las
normas generales del Código Civil sobre la hipoteca, y por las normas contenidas en el artículo 170º de
esta ley, el artículo 6º del Código Tributario promulgado por Decreto Legislativo 816, y, en lo aplicable, por
la Ley de Reestructuración Patrimonial promulgada por el Decreto Legislativo Nº 847.
Derógase los numerales 2, 4 y 7 del artículo 73º y el artículo 74º de la Ley General de Cooperativas,
recogida en el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 074-90-TR, el Decreto Ley Nº
26091, y en general toda norma que se oponga o contravenga a lo dispuesto en la presente ley.
LEY GRAL. Arts. 170, 177.
C.C. Arts. 1097 al 1122.
C.T. Art. 16.
D.LEG. 847.
D.LEG. 857.
199
VIGÉSIMO SEXTA:
Los registros públicos deberán inscribir por el solo mérito de su presentación, las resoluciones que emita
la Superintendencia en virtud de los artículos 99º del numeral 2, 107º numeral 1 y 355º. Asimismo, para
efectos de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99º no son de aplicación las disposiciones de la Ley
del Mercado de Valores, en lo que se opongan.
LEY GRAL. Arts. 99, 107, 355.
VIGÉSIMO SÉTIMA: 200
Los derechos y demás bienes adquiridos por terceros de buena fe durante el régimen de intervención, no
son materia de reivindicación, ni son objeto de impugnación judicial o administrativa. Las certificaciones
de las transferencias emitidas por la Superintendencia tienen mérito suficiente para ser inscritas en los
registros públicos respectivos.
Los bienes de la empresa durante el régimen de intervención no son susceptibles de medida cautelar
alguna.
LEY GRAL. Arts. 103 al 107.
VIGÉSIMO OCTAVA: 201
La Superintendencia con la finalidad de facilitar las transferencias previstas en el artículo 107º o los
procesos previstos en los artículos 99º y 151º podrá, de manera temporal, exceptuar o eximir del
cumplimiento de algunos de los límites establecidos en la presente Ley y en las demás disposiciones que
le resulten aplicables.
LEY GRAL. Arts. 99, 107, 151.
199 Creada por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
200 Creada por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
201 Incorporado por la Ley Nº 27102 del 05-05-99
167
202
VIGÉSIMO NOVENA:
Los supervisados tendrán derecho a ser indemnizados por la Superintendencia por toda lesión que sufran
en sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que los trabajadores y/o funcionarios
presuntamente responsables hubieran obrado con dolo o negligencia grave en el ejercicio de su función.
En estos casos, la Superintendencia podrá repetir judicialmente contra los trabajadores y funcionarios
responsables del perjuicio, en los términos previstos en el artículo 238° de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Las medidas cautelares para futura ejecución forzada sobre los bienes de los trabajadores y funcionarios
de la Superintendencia, por actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones de regulación y
supervisión de acuerdo a la presente Ley, únicamente proceden si, mediante sentencia consentida o
ejecutoriada, se ha declarado la responsabilidad civil de la Superintendencia por actos u omisiones
realizados por el trabajador o funcionarios cuyos bienes son objeto de la solicitud de afectación.
En toda denuncia de carácter penal que sea interpuesta contra un trabajador o funcionario de la
Superintendencia, por actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones de regulación y
supervisión de acuerdo a la presente Ley, la autoridad que conozca de dicha denuncia deberá solicitar a
la Superintendencia, con anterioridad a cualquier pronunciamiento, un informe técnico que señale el
alcance de las funciones del referido trabajador o funcionario.
Lo dispuesto en el presente artículo no enerva las atribuciones del Congreso de la República y de la
Contraloría General de la República, para que ejerzan su función de control y fiscalización respecto de los
actos u omisiones de los trabajadores o funcionarios de la Superintendencia.
LPAG. Art. 238
203
TRIGÉSIMA:
Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, las empresas del sistema de seguros y/o proveedores
de servicios relacionados con los seguros, domiciliados en el territorio de un país con el cual Perú
mantenga vigente un Tratado Internacional en el que se haya permitido la contratación de los siguientes
servicios de seguros y relacionados con los seguros:
a) seguros contra riesgos relativos a:
i) transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte espaciales (incluidos
satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las mercancías
objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y cualquier responsabilidad
que pueda derivarse de los mismos; y
ii) mercancías en tránsito internacional.
b) servicios de reaseguro y retrocesión;
c) consultores, actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros; y,
d) intermediación de seguros de riesgos relacionados a los listados en los subpárrafos (a) y (b);
podrán suministrar en el Perú tales servicios de seguros y relacionados con los seguros.
Sin perjuicio de otras medidas de regulación prudencial para el comercio transfronterizo de los servicios
antes indicados, la Superintendencia podrá exigir el registro de las empresas o proveedores
202 Incorporado por la Ley N° 28755 publicada el 06-06-2006
203 Incorporado por Decreto Legislativo N° 1052 del 26-06-2008
168
transfronterizos y de instrumentos financieros, cumpliendo lo dispuesto en la Trigésimo Segunda
Disposición Final y Complementaria de la presente Ley.
204
TRIGÉSIMA PRIMERA:
La autorización que emita la Superintendencia para la ampliación de operaciones de las empresas del
sistema financiero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 283° al 289°, requerirá la opinión
previa del Banco Central cuando se trate de las siguientes operaciones:
a. Numeral 1 del artículo 221°: Recibir depósitos a la vista;
b. Numeral 2 del artículo 221°: Recibir depósitos a plazo y de ahorros, así como en custodia;
c. Numeral 3a) del artículo 221°: Otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes;
d. Numeral 30a) del artículo 221°: Emitir cheques de gerencia;
e. Numeral 30b) del artículo 221°: Emitir órdenes de pago;
f. Numeral 31 del artículo 221°: Emitir cheques de viajero; y,
g. Numeral 16 del artículo 221: Efectuar operaciones con commodities y con productos financieros
derivados, tales como forwards, futuros, swaps, opciones, derivados crediticios u otros
instrumentos o contratos de derivados.
205
h. Numeral 42 del artículo 221°: Emitir dinero electrónico.
TRIGÉSIMA SEGUNDA: 206
La Superintendencia, en la medida de lo practicable:
a) Publicará por anticipado cualquier regulación de aplicación general relativa a materias de la presente
ley; así como el propósito de dichas regulaciones.
b) Brindará a las personas interesadas una oportunidad razonable para hacer comentarios a dichas
regulaciones propuestas;
c) Al adoptar regulaciones definitivas, considerará comentarios sustantivos recibidos de los interesados
con respecto a las regulaciones propuestas; y,
d) Dejará transcurrir un plazo razonable entre la publicación de las regulaciones definitivas y su entrada
en vigencia.
La reglamentación referida a los artículos 133°, 184°, 186°, 187°, 188°, 189°, 190°, 191°, 192°, 193°,
194°, 196°, 212° y 233° debe prepublicarse por un período mínimo de noventa (90) días calendario antes
de su publicación definitiva.
TRIGÉSIMA TERCERA: 207
La limitación establecida en los artículos 53 y 55 de la presente Ley, no rige cuando se trate de la
constitución de una empresa bancaria, por parte de:
1. Una empresa bancaria del exterior incluida en la Lista de Bancos de Primera Categoría que publica el
Banco Central conforme a lo dispuesto en el artículo 216 de la presente Ley.
2. Una empresa del sistema bancario del país que cumpla con los criterios que utiliza el Banco Central
para la determinación de la Lista de Bancos de Primera Categoría.
En estos casos, el accionista mayoritario de las empresas indicadas en los acápites 1 y 2, únicamente
podrá ser, a su vez, accionista de otra empresa de igual naturaleza cuando esta última cumpla con los
204 Incorporado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
205 Numeral incorporado por Ley N° 29985 del 16-01-2013
206 Incorporado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008
207 Disposición incorporada por D. Leg N° 1321, publicado el 05-01-2017.
169
criterios que utiliza el Banco Central para la determinación de la Lista de Bancos de Primera Categoría o
se trata de las entidades constituidas de acuerdo a las características indicadas en el párrafo precedente.
El eventual retiro de la Lista de Bancos de Primera Categoría o el dejar de cumplir alguno de los criterios
señalados por el Banco Central para ser considerado dentro de dicha Lista, no afecta la inversión que en
su momento se hubiera realizado al amparo de esta disposición final y complementaria.
La Superintendencia puede establecer, a través de una norma de carácter general, los parámetros
técnicos y demás requisitos que se deben acreditar, a efectos de acogerse a este tratamiento, así como
las disposiciones pertinentes para la aplicación de la presente norma y la debida observancia de la
independencia de la gestión y los Principios de Buen Gobierno Corporativo.
208
TRIGÉSIMA CUARTA.
La Superintendencia puede establecer en el ámbito de las funciones de supervisión otorgadas por esta y
otras leyes, la realización temporal de cualquier operación o actividad a través de modelos novedosos,
pudiendo otorgar excepciones a la regulación que les resulte aplicable a las personas naturales o
jurídicas que realicen tales operaciones o actividades, así como respecto a las demás disposiciones
necesarias para su desarrollo.
209
TRIGÉSIMA QUINTA:
Toda publicación a que haga referencia la presente Ley para diversas actuaciones administrativas o de la
Administración se puede realizar por la vía electrónica o digital.
210
TRIGÉSIMA SEXTA:
Las autorizaciones que se otorguen a las empresas de servicios complementarios y conexos, así como la
supervisión de estas empresas, se enmarcan en los esquemas que disponga la Superintendencia,
conforme a su volumen de operaciones y/o un enfoque basado en riesgos.
211
TRIGÉSIMA SÉTIMA:
Las empresas pueden realizar de manera digital todas las operaciones para las que se encuentren
autorizadas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA:
La presente ley rige desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo los
plazos especiales establecidos en esta misma ley.
Las empresas de los sistemas financiero y de seguros que se encuentran en actividad al dictarse la
presente ley deben adecuar sus operaciones y estatuto a las disposiciones que esta contiene, dentro del
208 Disposición incorporada por la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia N° 013-
2020 del 22/01/2020
209 Disposición incorporada por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
210 Disposición incorporada por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
211 Disposición incorporada por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
170
plazo de seis meses computados desde que entra en vigencia, salvo disposición expresa contenida en la
presente ley.
En el caso de que, como consecuencia de la aplicación de las normas sobre supervisión consolidada,
resultaran excesos de concentración de colocaciones, las empresas se adecuarán gradualmente a los
límites establecidos en los artículos 202º a 211º de la presente ley, a más tardar al 31 de diciembre del
año 2001. Sin embargo, no podrá incrementarse esos niveles de concentración.
212 El plazo de adecuación al límite establecido en el artículo 202º vencerá el 31 de diciembre del año
2003, debiendo al 31 de diciembre del año 2001, no superar un monto equivalente al 75% (setenta y
cinco por ciento) del patrimonio efectivo de la empresa y al 31 de diciembre del año 2002, no superar un
monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio efectivo. Sin embargo, no podrán
incrementarse los niveles de concentración existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Ley.
213
CONST. Art. 109.
LEY GRAL. Arts. 133, 138, 198, 202 al 211, 25ª Disp. F. y C.
SEGUNDA:
Los bonos subordinados emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, se rigen
por la ley vigente al tiempo de su emisión.
LEY GRAL. Arts. 233, 25ª Disp. F. y C. 3ª Disp. Tran.
L.M.V. Arts. 2, 86.
214
TERCERA:
215
CUARTA:
.
QUINTA:
Las cooperativas de ahorro y crédito que a la vigencia de la presente ley deseen captar recursos del
público, deben adecuarse a esta ley. Al efecto, el importe de la reserva cooperativa será abonado a la
cuenta de reserva legal establecida en la presente ley, no siéndole aplicable la norma del artículo 44º de
la Ley General de Cooperativas, Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 074-90-TR.
La reserva cooperativa se considerará como parte del capital social aportado por los socios hasta la fecha
de la transformación, reconociéndose a éstos la parte proporcional sobre dichos fondos en función de los
aportes por ellos realizados a la cooperativa. Tales aportes serán representados por acciones sociales
libremente transferibles a terceros.
LEY GRAL. Arts. 16 (A), 18, 289, 24ª Disp. F. y C.
D.S. 74-90-TR.
SEXTA: 216
SÉTIMA:
212 Párrafo modificado por la Ley N° 27102 del 05-05-99
213 Dos últimos párrafos derogados por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
214 Disposición derogada por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
215 Disposición derogada por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
216 Disposición derogada por D.Leg, 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008
171
Salvo que se adecuen a las normas generales contenidas en la presente ley, los bancos multinacionales
actualmente existentes quedarán sujetas al régimen precisado en la disposición final y complementaria
décimo séptima.
OCTAVA:
Los procesos liquidatorios en curso bajo el ámbito de la Comisión de Liquidaciones del Decreto
Legislativo Nº 770, serán transferidos a la Superintendencia, a más tardar el 30 de junio de 1997. Para tal
finalidad, la Superintendencia dictará las medidas correspondientes para que dicha transferencia se
efectúe sin afectar la realización actualmente en proceso de sus respectivos activos. Dichos procesos
serán objeto de encargos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115º.
LEY GRAL. Art. 115.
NOVENA:
Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito inscribirán las prendas agrarias de que sean titulares, en los
Registros Públicos respectivos dentro del término improrrogable de ciento ochenta (180) días contados a
partir de la publicación de la presente ley. Las prendas agrarias que no fueran inscritas dentro de dicho
plazo no podrán ser opuestas ante otras empresas del Sistema Financiero.
LEY GRAL. Arts. 282 (3), 285.
DÉCIMO:
Las empresas de transportes, custodia y administración de numerario, así como las empresas de
transferencia de fondos en actual existencia se adecuarán a lo dispuesto en la presente ley en un plazo
que establezca la Superintendencia. Al efecto, someterán el plan respectivo a la aprobación de la
Superintendencia.
LEY GRAL. Arts. 17 (2), 18, 12ª Disp. F. y C.
D.S. 05-94-IN.
DÉCIMO PRIMERA:
Cuando el Estado lo considere oportuno, transferirá el íntegro de las inversiones en los bancos
multinacionales creados al amparo del Decreto Ley 21915 y sus disposiciones transitorias.
217
DÉCIMO SEGUNDA:
DÉCIMO TERCERA:
El procedimiento de elección de los directores previsto en el artículo 79º no es de aplicación a las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito, el que se regirá por su ley propia.
LEY GRAL. Arts. 79, 282 (4), 286.
D.S. 157-90-EF.
DÉCIMO CUARTA:
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y las Cajas Municipales de Crédito Popular, deberán
convertirse en sociedades anónimas en un plazo que no excederá de doce meses contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley. No será aplicable a dichas sociedades anónimas el requisito de la
pluralidad de accionistas.
Autorízase a los respectivos Concejos Municipales a acordar la participación de personas naturales,
jurídicas o entes jurídicos en el accionariado de las correspondientes Cajas Municipales de Ahorro y
218
Crédito, preferentemente de instituciones afines del país y del exterior.
217 Disposición derogada por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
218 Párrafo modificado por la Ley N° 30607 publicada el 13-07-2017.
172
Autorízase igualmente a los Concejos Municipales a acordar la participación de personas naturales o
jurídicas en el accionariado de las correspondientes Cajas Municipales de Crédito Popular,
preferentemente a instituciones afines del país y del exterior.
LEY GRAL. Arts. 12, 13, 221, 282 (4, 5), 286, 287, 5ª Disp. F. y C.
DÉCIMO QUINTA:
Las obligaciones emitidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, que se encuentren
garantizadas por el Fondo de Seguro de Depósitos, continuarán garantizados por éste, hasta su
vencimiento.
Por su parte, los depósitos efectuados en la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima con anterioridad
a la vigencia de la presente ley continúan excluidos del Fondo de Seguro de Depósitos.
LEY GRAL. Arts. 134, 145, 152.
D.S. 081-99-EF
219
DÉCIMO SEXTA:
Las empresas del sistema financiero distintas de las empresas bancarias y financieras, que a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ley no cuenten con la clasificación a que hace referencia el artículo
136°, tendrán plazo hasta el 31 de julio de 2010 para adecuarse a lo dispuesto en dicho artículo.
LEY GRAL. Arts. 136.
DÉCIMO SÉTIMA:
Las empresas de crédito de consumo constituidas durante la vigencia del Decreto Legislativo 770,
tendrán un plazo de un año para adecuarse a los términos de la presente ley. Entretanto, se regirán por
las normas sobre dicho tipo de empresas contenidas en ese Decreto Legislativo.
LEY GRAL. Art. 25ª Disp. F. y C.
DÉCIMO OCTAVA:
En tanto no se constituyan las instituciones de compensación y liquidación de valores a que se refiere el
artículo 56º, la información a que se refiere ese artículo deberá ser proporcionada a la Superintendencia
por la entidad que cumpla sus funciones.
LEY GRAL. Art. 56.
L.M.V. Arts. 223, 227, 234.
DÉCIMO NOVENA:
220
Las empresas del sistema de seguros podrán otorgar financiamiento de las primas de seguros hasta el
30 de junio del año 2000.
Las cuentas por cobrar resultantes del financiamiento antes mencionado no constituyen parte de las
inversiones del patrimonio de solvencia, del fondo de garantía ni de las reservas técnicas.
LEY GRAL. Arts. 298, 305, 306.
221
VIGÉSIMA:
Si a la fecha de entrada en vigencia de la presente disposición las empresas registraran excesos al límite
establecido en el artículo 209º de la presente ley, ocasionados por operaciones de arrendamiento
financiero, deberán adecuarse en un plazo que no excederá del 31 de diciembre del año 2006, debiendo
219 Modificado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
220
Prorrogado hasta el 30 de junio del 2002 por la Ley Nº 27299 del 06-07-2000
221 Incorporada por la Ley N° 28184 publicada el 02-03-2004.
173
al 31 de diciembre del 2004 no superar un monto equivalente al 70% del patrimonio efectivo, y al 31 de
diciembre del 2005 no superar el 50% del patrimonio efectivo. De presentarse los referidos excesos, las
empresas no podrán incrementar los niveles de exposición en operaciones de arrendamiento financiero
existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente disposición.
LEY GRAL. Art. 209.
222
VIGÉSIMA PRIMERA:
223
VIGÉSIMA SEGUNDA:
Las empresas del sistema de seguros deben mantener el equivalente al treinta y cinco por ciento (35%)
de su patrimonio de solvencia como Fondo de Garantía, en tanto se emita la reglamentación
correspondiente.
LEY GRAL. Arts. 298, 305, 311.
“VIGÉSIMA TERCERA: 224
Cuando una empresa se encuentre autorizada a aplicar modelos internos para riesgo de crédito y
mantenga una parte de su portafolio bajo el método estándar, lo establecido en el numeral 3 del literal B
del artículo 184° deberá ser calculado en función a los activos y contingentes ponderados por riesgo del
método que corresponda.”
225
“VIGÉSIMA CUARTA:
Las empresas contarán con un plazo de adecuación para cumplir gradualmente con lo dispuesto en el
primer párrafo del artículo 199°. Para dicho efecto, se aprueba el siguiente cronograma de adecuación:
PLAZO REQUERIMIENTO ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO
PATRIMONIAL TOTALES
% Activos Ponderados (Sumar)
Por Riesgo Totales)
A julio de 2009 9.5% 1. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo
de mercado multiplicado por 10.5
2. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo
operacional multiplicado por 10.5; y,
3. Los activos y contingentes ponderados por
riesgo de crédito.
A julio de 2010 9.8% 1. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo
de mercado multiplicado por 10.2.
2. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo
operacional multiplicado por 10.2; y,
3. Los activos y contingentes ponderados por
riesgo de crédito
222 Disposición derogada por D. Leg. 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009
223 Incorporado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-12-2008.
224 Incorporado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009.
225 Incorporado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009.
174
A julio de 2011 10% 1. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo
de mercado multiplicado por 10
2. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo
operacional multiplicado por 10; y,
3. Los activos y contingentes ponderados por
riesgo de crédito.
226
“VIGÉSIMA QUINTA:
Resultará aplicable a la deuda subordinada redimible con menos de cinco (5) y dos (2) años para su
vencimiento al 1 de julio de 2009, lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 233º.”
227
ANEXO - GLOSARIO
- Accionistas mayoritarios: Aquellos que, directa o indirectamente, tengan una
participación de cuando menos el equivalente a un sexto del capital social.
- Año: El gregoriano, según las reglas del artículo 183º del Código Civil.
- Banco Central: Banco Central de Reserva del Perú.
- Cartera negociable: Todas las posiciones afectas a riesgos de mercado, dentro o
fuera del balance, incluyendo los instrumentos representativos de deuda, de capital, las
posiciones afectas a riesgo cambiario, y las posiciones en “commodities”.
- CONASEV: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.
- COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
- “Commodities”: Mercancías primarias o básicas consistentes en productos físicos,
que pueden ser intercambiados en un mercado secundario, incluyendo metales preciosos pero
excluyendo oro, que es tratado como una divisa.
- Conglomerado financiero: Conjunto de empresas nacionales o extranjeras que
realizan actividades financieras, de seguros y de valores, incluyendo a las empresas tenedoras
de las acciones de estas últimas, que están vinculadas entre sí a través de relaciones directas
o indirectas, de propiedad, control, administración común, u otros medios que permitan ejercer
sobre ellas una influencia preponderante y continua sobre las decisiones del directorio,
gerencia general u otros órganos de dirección de las empresas que lo conforman.
- Conglomerado mixto: Conjunto de empresas nacionales o extranjeras integrado por,
cuando menos, una empresa que desarrolla operaciones financieras o de seguros, y por otras
que desarrollan operaciones no financieras, que están vinculadas entre sí a través de
relaciones, directas o indirectas, de propiedad, control, administración común, u otros medios
que permitan ejercer una influencia preponderante y continua sobre las decisiones del
directorio, gerencia general u otros órganos de dirección de las empresas que lo conforman.
- Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos: El celebrado por los Bancos Centrales
de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
- Diario Oficial: El Diario Oficial “El Peruano” en la capital de la República, y el
encargado de las publicaciones judiciales en los demás lugares de ella.
- Días: Los calendarios, a menos que se señale que se tratan de hábiles.
- Empresas: Las empresas del sistema financiero y de seguros autorizadas a operar en
el país y sus subsidiarias, con exclusión de aquellas que prestan servicios complementarios.
226 Incorporado por D. Leg. N° 1028, publicado el 22-06-2008 y vigente desde el 01-07-2009.
227 Modificado por el Decreto Legislativo N° 1531 publicado el 19-03-2022
175
- Empresas del sistema financiero autorizadas a captar depósitos del
público: Aquellas señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del literal A del artículo 16 de la
presente Ley.
- Empresa de reaseguros: Es aquélla que otorga cobertura a una o más empresas de
seguros o patrimonios autónomos de seguros por los riesgos asumidos, en los casos en que se
encuentren capitales importantes, o así convenga a estos últimos por razón de sus límites
operacionales.
- Empresas de seguros: Aquella que tiene por objeto celebrar contratos mediante los
cuales se obliga, dentro de ciertos límites y a cambio de una prima, a indemnizar un
determinado daño, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones pactadas, en el
caso de ocurrir un determinado suceso futuro e incierto.
- Fondo: El Fondo de Seguro de Depósitos.
- Intermediación Financiera: Actividad que realizan las empresas del sistema
financiero consistente en la captación de fondos bajo cualquier modalidad, y su colocación
mediante la realización de cualquiera de las operaciones permitidas en la Ley.
- Margen de solvencia: El respaldo marginal que deben poseer las empresas de
seguros, para hacer frente a posibles situaciones de siniestralidad futura técnicamente no
previstas y que se determina en función de parámetros establecidos por la Superintendencia.
- Mes: El Calendario, según las reglas del artículo 183º del Código Civil.
- Ministerio: El Ministerio de Economía y Finanzas.
- Ministro: El Ministro de Economía y Finanzas.
- Operaciones Financieras: Son aquéllas autorizadas a las empresas conforme a las
normas de la Sección Segunda de la presente ley, ya sea que se traten de operaciones
pasivas, activas; servicios o inversiones.
- Parientes: Los comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad y el primero
de afinidad.
- Patrimonio contable: Recursos propios de las empresas, constituido por la diferencia
entre el activo y el pasivo. Comprende la inversión de los accionistas o asociados, el capital
adicional (proveniente de donaciones y primas de emisión) así como las reservas, el capital en
trámite, los resultados acumulados y el resultado neto del ejercicio, netos de las pérdidas, si las
hubieren. No incluye el capital suscrito mientras no haya sido integrado al capital.
- Ramos de seguros de vida: Los que tienen como cobertura principal, los riesgos que
puedan afectar a la persona del asegurado en su existencia. También se consideran
comprendidos dentro de este ramo los beneficios adicionales que basados en la salud o en
accidentes personales se incluyan en pólizas regulares de seguros de vida, los contratos de
seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro
de personas y aquellos derivados de los regímenes previsionales. No incluye los seguros que
tengan como cobertura principal los riesgos por accidentes y enfermedades que no
comprendan la cobertura de la existencia del asegurado.
- Ramos de seguros generales: Todos los ramos no comprendidos en la definición de
ramos de seguros de vida.
- Representante: El representante en el país de una empresa bancaria, financiera y de
reaseguros no establecida en éste.
- Resolución expedida con criterio de conciencia: Aquélla que no requiere expresión
de causa o parte considerativa, y es inimpugnable. Por su naturaleza, no genera
responsabilidad por su expedición, que se hace en ejercicio de la potestad y responsabilidad de
salvaguardar el ahorro del público, que confiere al Superintendente el artículo 87º de la
Constitución Política.
- Riesgo crediticio: El riesgo de que el deudor o la contra-parte de un contrato
financiero no cumpla con las condiciones del contrato.
- Riesgo de mercado: Riesgo de tener pérdidas en posiciones dentro y fuera de la hoja
del balance, derivadas de movimientos en los precios de mercado. Se incluye a los riesgos
176
pertenecientes a los instrumentos relacionados con tasas de interés, riesgo cambiario,
cotización de las acciones, “commodities”, y otros.
- Servicio Financiero: Servicio financiero significa cualquier servicio de naturaleza
financiera. Los servicios financieros comprenden todos los servicios bancarios, todos los
servicios de seguros y relacionados con seguros y demás servicios financieros, así como todos
los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera.
- Sistema Financiero: El conjunto de empresas, que debidamente autorizadas operan
en la intermediación financiera. Incluye las subsidiarias que requieran de autorización de la
Superintendencia para constituirse
- Sistema de Seguros: Las empresas de seguros y de reaseguros que debidamente
autorizadas operan en el país, distinguiéndose a las que operan en riesgos generales y las
dedicadas al ramo de vida, así como sus subsidiarias y los intermediarios y auxiliares de
seguros.
- Superintendencia: La Superintendencia de Banca y Seguros.
- Superintendente: El Superintendente de Banca y Seguros.
- Trabajadores: Los Gerentes, incluido el Gerente General, los funcionarios y los
demás servidores de una empresa en relación de dependencia.”
177
CLAVES UTILIZADAS EN LA CONCORDANCIA
• BCR Banco Central de Reserva del Perú.
• CONASEV Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
• SBS Superintendencia de Banca y Seguros
• SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
• CONST. Constitución Política del Perú.
• LEY GRAL. Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros.
• C.C. Código Civil.
• C.P. Código Penal.
• L.G.M. Ley de la Garantía Mobiliaria.
• L.G.S. Ley General de Sociedades.
• C. DE C. Código de Comercio.
• C.T. Código Tributario.
• C.P.C. Código Procesal Civil.
• L.M.V. Ley del Mercado de Valores.
• L. DE T.V. Ley de Títulos Valores.
• LG.S.C. . Ley General del Sistema Concursal.
• I.R. Ley del Impuesto a la Renta.
• I.G.V. Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
• L.O.B.C.R. Ley Orgánica del Banco Central de Reserva.
• L.O. CONASEV Ley Orgánica de la CONASEV.
• L.O.M. Ley Orgánica de Municipalidades.
• L.O.M.P. Ley Orgánica del Ministerio Público.
• L.O.P.J. Ley Orgánica del Poder Judicial.
• L.P.A.G. Ley del Procedimiento Administrativo General.
• REGL. CONG. Reglamento del Congreso de la República del Perú.
• R.U.U. Reglas y Usos Uniformes recopilados por la Cámara de Comercio Internacional
• COD. NIÑO Código del Niño y del Adolescente
• R.U.A. Reglamento Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de
Servicios No Personales para el Sector Público.
• DECISIÓN 292 Comisión del Acuerdo de Cartagena: Reglamento Uniforme para Empresas
Multinacionales Andinas.
• D.LEG. Decreto Legislativo.
• D.L. Decreto Ley.
• D.S. Decreto Supremo.
• D.U. Decreto de Urgencia.
178
• REGL. Reglamento.
• R.S. Resolución Suprema.
• R.M. Resolución Ministerial.
• RES. Resolución.
• CARTA CIR. Carta Circular.
• OFICIO CIR. Oficio Circular.
• CIRC. Circular.
• ART. Artículo.
• DISP. F. Y C. Disposición Final y Complementaria.
• DISP. TRAN. Disposición Transitoria.
• T.P. Título Preliminar.
______________
179 |
Subsets and Splits
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