La memoria histórica, la paz, la seguridad y algunos retos para lo que se ha venido llamando postconflicto, son cuatro temas de actualidad que ligan de manera compleja nuestro pasado y nuestro futuro, y estructuran los ejes de reflexión que propone esta edición de “Relecturas” del IPC. Su importancia radica en la relación que estos cuatro campos de análisis tienen con la posibilidad de que la sociedad y su democracia se configuren con el referente del respeto a los derechos humanos y el derecho al territorio, o que se prolongue indefinidamente el estatus de ser una sociedad dominada por actores que sistemáticamente violan los derechos humanos, y toman el territorio como un botín de guerra que les representa jugosas rentas y ganancias económicas. Será necesario plantearse entonces algunas preguntas para entender el alcance de las reflexiones que se proponen. ¿Dónde se gesta la violación de derechos humanos? ¿Cuál es el desencadenante?, ¿Cómo se esclarece el origen? ¿Qué tanto pueden avanzar la paz y la seguridad como proyectos de equidad y construcción territorial incluyente? ¿Qué está en disputa en los territorios? ¿Qué significa avanzar en el tránsito de la guerra y la confrontación hacia un camino en que la paz se pone como un logro posible? Afirma Gonzalo Sánchez en la presentación del informe de Memoria Histórica que “Colombia apenas comienza a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia. Aunque sin duda la mayoría de nuestros compatriotas se sienten habitualmente interpelados por diferentes manifestaciones del conflicto armado, pocos tienen una conciencia clara de sus alcances, de sus impactos y de sus mecanismos de reproducción. Muchos quieren seguir viendo en la violencia actual una simple expresión delincuencial o de bandolerismo, y no una manifestación de problemas y social”. Es esa guerra de más de cinco décadas, que ha dejado millones de desplazados, desarraigados de su territorio, más de 220 mil asesinatos y ese orden político, social y económico, el escenario donde se gestan día a día miles de violaciones de derechos humanos. Asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones de personas, masacres, atentados a pueblos, amenazas, todos confluyendo a una perversa manera de regular la sociedad sobre la base del miedo, que inmoviliza e impide que la agenda compleja de todos los actores aflore como proyecto alternativo a la exclusión y a la barbarie con que se ha tejido el despojo de tierras y la destrucción de comunidades enteras. En el informe nacional sobre desplazamiento forzado para el periodo 1985 – 2012 realizado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas se afirma que “se encuentran registradas 5’432.156 víctimas. De este total, se reportan 4’790.317 personas que sufrieron desplazamiento forzado desde el año 1985 en adelante. Los departamentos con mayor número de personas afectadas son Antioquia (924.140 personas), Bolívar (411.610), Magdalena (328.660), Chocó (273.420) y Nariño (239.107); en estos cinco departamentos se concentra el 45% del total de las víctimas de desplazamiento. Entre tanto, los centros urbanos vienen siendo capturados por mercaderes de rentas legales e ilegales, mercaderes de “protección violenta” en los que el desplazamiento intraurbano y la desaparición de personas se imponen como modalidades cotidianas de violación de derechos humanos. Llama la atención que para el año 2012, el 50% de los eventos de expulsión de población se presentaron en 51 municipios. Medellín con el 2.2%, es el tercer mayor expulsor después de San Andrés de Tumaco (7,8%) y Buenaventura (5,1%). Parte de la explicación de este lugar relevante de Medellín a nivel nacional se explica por la guerra ocasionada por el control de rentas legales e ilegales. Así lo relata Héctor Abad Faciolince a propósito de la compleja realidad que vive el centro de Medellín en los últimos tres años: “…El centro de mi ciudad valía y vale mucho. Pero hoy hay una mafia dispuesta a todo para comprarlo barato. Y hay una manera muy buena de abaratar el centro: volviéndolo mierda… Es lo que está pasando en Medellín: una mafia te ofrece el servicio de seguridad privada (convivir), a cambio de un chantaje. Si no pagas la vacuna, exactamente frente a tu negocio empiezan a atracar, a vender drogas, a desfilar prostitutas y proxenetas. Cuando te aburres de que te atraquen o te apuñalen o te maten, y los herederos quieran vender, aparece de inmediato el comprador. Curioso, es del mismo grupo que organiza las vacunas, las salas de juego, los prostíbulos, las tales convivir”. Esta realidad de la disputa por la ciudad explica porque el desplazamiento intraurbano y la extorsión se imponen. Según Fenalco unos 25.000 comerciantes del Valle de Aburrá han denunciado ante el gremio eventos de extorsión que afecta especialmente a pequeños comerciantes y que representan unos 50 mil millones de pesos anules, solo en este ámbito de la actividad comercial “tenemos información de comerciantes que tienen que pagar entre 100 y 200 mil pesos a la semana y el cálculo proyectado de todo el Valle de Aburrá por este concepto es de 50 mil millones de pesos cada año”. Además, el personero municipal, Rodrigo Ardila, asegura que “hemos recibido denuncias de venteros informales que dicen que hay criminales que les exigen pagar entre 500 mil y 2 millones de pesos para poder vender en el Centro”. “ Al analizar la complejidad de esta realidad en la ciudad, afirma Jairo Bedoya en el artículo que nos presenta en esta entrega, “la protección forzada es un fenómeno nacional en varios países pero su componente paisa es su conversión en mercado.
Por ello vale la pena el balance que sobre el proceso de paz presenta José Girón, en el cual afirma que este tiene limitaciones y dentro de ellas “tal vez la mayor radica en que, dado su carácter parcial, deja por fuera otros agentes generadores de violencia. Dentro de los cambios que introdujo el narcotráfico al conflicto, no sólo fue convertirse en una importante fuente de recursos para todos los actores armados y darle vida al paramilitarismo sino que le introdujo cambios a las dinámicas propias de las expresiones urbanas de este mismo conflicto”. Pero él mismo, en su artículo sobre la Memoria Histórica, nos recuerda que “el ejercicio de visibilizar lo invisibilizado, el ejercicio de atreverse a escudriñar la maraña compleja de la vida que se da bajo territorialidades o geografías concretas, donde reside el trabajo de la historia (…) [esta, la memoria], es una presencia que originada en la destrucción, se convierte en una fuerza transformadora al confrontar las conciencias, pues la historia la hacen hombres y mujeres pero también se deben servir de ella”. Por ello a esta reflexión aporta de igual manera el análisis presentado por Ángela Urrego y Mary Luz Posada en torno a los “Retos para la educación en un posible contexto de post conflicto político en Colombia” Esperamos que estas cuatro aproximaciones a nuestra realidad nos permitan identificar los retos para que la violación de los derechos humanos, la ausencia de democracia, la exclusión social y el miedo no sigan siendo los referentes determinantes para analizar nuestra realidad. María Soledad Betancur Betancur Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC Un balance entre claroscuros, certezas e incertidumbres José Girón Sierra Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC Abril de 2014 Cumplidas 22 sesiones de trabajo y casi 18 meses de iniciada, la negociación que adelantan el Gobierno y las FARC necesita un balance. La razón es apenas obvia: se trata de dar por terminado un conflicto que ha enfrentado al Estado con la fuerza insurgente que ha tenido entre sus propósitos centrales destruir este Estado e implantar uno nuevo, para lo cual ha construido una fuerza armada, la más antigua, la más poderosa y la que le ha infringido los mayores daños bélicos a las fuerzas oficiales. A. ¿Por qué se llega nuevamente a una negociación? El Gobierno colombiano y Las FARC han tenido tres intentos importantes de negociación política para dar por terminado el conflicto: En marzo 28 de 1984, el gobierno del Presidente Belisario Betancur,1 por intermedio de la Comisión de Paz, firma con las FARC-EP un “acuerdo de cese al fuego, tregua y paz”, el cual estimaba que…..” se abriría un período de prueba o de espera de un año para que los integrantes de la agrupación, hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), puedan organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión”. Una consecuencia concreta de estos acuerdos fue la creación de la Unión Patriótica concebida como la organización política que llevaría a cabo “la lucha de las masas populares por el retorno a la normalidad, a la controversia civilizada, por una apertura democrática que garantice el libre ejercicio de la oposición…” Hechos como el incumplimiento del Gobierno (Betancur y Barco) en desarrollos concretos del acuerdo de La Uribe, la irrupción del paramilitarismo en el escenario y el inicio de la masacre de la Unión Patriótica, abortaron esta posibilidad y profundizaron las desconfianzas entre las partes. El 7 de Agosto de 1998, el Presidente electo de Colombia, Andrés Pastrana2 señaló en su discurso de posesión que: “el muy sabio refranero español lo dijo: Sin paz no hay pan. Por eso, ante todo, quiero la paz, que es pan y paz. Y es la tierra prometida que anhelamos: una Colombia en paz”. En Enero 7 de 1999, se hace pública una declaración conjunta entre el Gobierno y las FARC, en la que se dice que “reiteran su firme voluntad de buscar caminos de reconciliación entre los colombianos” y que en función de este propósito, con la participación de los representantes designados por el Gobierno y por las FARC, se dará instalación a la mesa de diálogo encargada de preparar una agenda y convenir un cronograma, acuerdos que conduzcan en el menor tiempo posible a concretar negociaciones formales de paz”. El 14 de enero del 2002, el Gobierno, de manera unilateral, después de un ambiente plagado de mutuas acusaciones de incumplimientos a lo acordado y sin llegar a precisar los componentes de la agenda que abriría la posibilidad de un dialogo formal, da por terminado el proceso, en un momento en el cual el Gobierno ha puesto en marcha a plenitud el Plan Colombia y la guerrilla ha logrado propinar sus mayores éxitos militares. Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. De un desarme real de los espíritus, construido sobre cimientos perdurables que no alimenten falsas esperanzas, que no permitan más engaños y que no conduzcan a nuevas frustraciones en un país que, desde lo más profundo de su alma ensangrentada, lo que más desea es la paz. A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa”. El 4 de octubre del 2012, la presidencia sorprende al país con el anuncio de que después de ocho meses de acercamientos mantenidos en el más absoluto secreto, el Gobierno y Las FARC han acordado una agenda para establecer diálogos formales, teniendo como único objetivo dar por terminado este conflicto. En mayo 4 de 2011, en contravía del (ex) Presidente Uribe –quien durante 8 años sostuvo la tesis, bastante amañada, de que en Colombia no había conflicto armado, lo cual fundamentaba la validez de la guerra y por lo tanto la imposibilidad de una salida negociada, concentrando la oferta institucional en la desmovilización y entrega de armas -, el presidente Juan Manuel Santos declara que “hace rato hay conflicto armado en este país” y ordena que en el proyecto de ley de víctimas, que pondrá a la discusión del Congreso, se incorpore este concepto. Con esto se resuelve el equívoco descomunal de desconocer, con todo y sus transformaciones, la existencia de un conflicto cuyas causas sociales y políticas se hunden en lo más profundo de nuestra historia y se da un primer paso muy importante hacia el despeje del camino a una probable negociación, al reconocerle un carácter político al levantamiento armado de la insurgencia. Estos tres intentos se suceden en contextos bastante disímiles, de allí que a sus fracasos y a sus éxitos no se les pueda establecer un juicio de valor sino al tenor de estos contextos. ¿Cuáles serían entonces las razones por las cuales se llega a esta nueva posibilidad de resolver el conflicto a través de la negociación política? Podrían resumirse en los siguientes puntos: 1. La política de la “Seguridad democrática” en cabeza de Álvaro Uribe, configura la propuesta más audaz e integral jamás emprendida por el Estado colombiano para la derrota militar de quien, hasta ese momento, se consideraba su enemigo histórico. La ofensiva pretendía no sólo darle un salto cualitativo a la capacidad operativa de las fuerzas armadas, sino también desarrollar sistemáticamente una estrategia de opinión que le infringiera la mayor derrota política a la insurgencia, en 15 el plano nacional e internacional, e inclusive la desmoralización de su tropa. El presupuesto para la guerra,5 que entre 1990 y 1998 representaba el 4% del PIB, para el período de 1999 a 2003 llega al 7.4 % del PIB y entre el 2005 y el 2006 al 9%. Para el 2013 este presupuesto, sin tener en cuenta los costos directos e indirectos del conflicto, está estimado en 26 billones de pesos. Esta política, articulada a la guerra global contra el “terrorismo” que contó con EEUU como un aliado clave, logra éxitos inmediatos que obligan a un repliegue de la insurgencia hacia las fronteras, al abandono de territorios claves y de su plan estratégico explicitado en la VII Conferencia de 1987, el cual contemplaba la toma de la capital del país. La realidad es que después de ocho años de una guerra que ofrecía el triunfo sobre la insurgencia y el narcotráfico, al final del segundo mandato de Uribe presenta importantes síntomas de agotamiento y la imposibilidad de mantener la carrera sostenida de éxitos que permitiera llegar al triunfo prometido. La guerrilla logra recomponerse e inclusive retoma en algún grado la iniciativa, pero los Al respecto, el General Freddy Padilla: “Cualquiera de estas organizaciones criminales perdió su guerra política y está siendo despreciada por el pueblo colombiano, insistió el Alto Oficial. “En el año 1998 las Fuerzas Armadas nos sentíamos impotentes frente a las FARC, para el año 2002 la guerrilla tenía 26 mil hombres sin sumar su milicia; este año no llegan a ocho mil. Además que han perdido comando y control”.
golpes políticos y militares dejan un legado bastante amargo a la nueva generación de comandantes que los obliga a hacer replanteamientos de fondo. Así, la conclusión parecía obvia, la derrota de la insurgencia no estaba a la vuelta de la esquina y la toma del poder para el proyecto revolucionario, tampoco. De esta manera el conflicto maduraba y la negociación política se abría camino en medio de las más profundas desconfianzas. La llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos, cuadro importante de un sector de la elite modernizante con intereses diferenciados del sector patriarcal y agrario que representaba el Presidente Uribe, y, como ex Ministro de Defensa, conocedor como de las virtudes y limitaciones de la política de Seguridad Democrática, se plantea un plan de desarrollo que aspira a inscribir la economía del país en las oportunidades de acumulación visualizadas por el capital global, en la tierra, tanto en sus posibilidades del suelo como del subsuelo. Resulta coherente, por lo tanto, que fueran los temas del campo y la paz los que ocuparan el centro de su discurso de posesión. La propuesta de las locomotoras del desarrollo, dentro de las cuales se destaca 
la minero-energética y la agrícola, explican 
qué es propiamente lo que se está jugando. 
Volver la mirada al campo es el reto y, por 
ello, resolver el conflicto es una necesidad urgente, pues el capital global tendrá una primera demanda: Seguridad. Los costos de la guerra constituyen otro 
factor determinante. Estimados 
en un 
monto anual de 23 billones de pesos, esto 
es, el 14% del presupuesto anual, en un 
país que carga con los indicadores más altos de inequidad y en un escenario de crisis 
del capitalismo que no se resuelve. Esto la 
hace insostenible. El aliado más importante, Estado Unidos, 
sumido en una crisis económica sólo comparable a la de los años treinta, la emergencia 
de nuevos centros que desplazaran a Colombia en la comercialización y distribución de 
narcóticos, como México y Centroamérica y, 
finalmente, los precarios resultados de la política antidrogas, obligan a replantear el flujo de recursos hacia Colombia y obligan, si 
no reducir, por lo menos a congelarlos. Con 
ello, se da el retiro progresivo del apoyo económico más importante. Ante el hecho de no 
haber logrado los resultados esperados, esta 
circunstancia de orden económico jugó un 
papel decisivo que condujo a contemplar un 
escenario distinto a la guerra. Se prevé a partir del 2013 un recorte de 67 millones de dólares por parte de 
la administración Obama. Esto significa que el Plan Colombia podría tener 
una reducción del 15%. El aporte para el 2012 fue de 440 millones de dólares. 
«Si 
miras el impacto del Plan Colombia en el tonelaje total de drogas que vienen 
al  mercado de consumidores internacionales o el total de hectáreas con cultivos de coca en  Colombia, creo que sin riesgo de enfadar a nuestros amigos 
colombianos podemos decir que el  Plan Colombia no ha tenido impacto en 
la mitigación de la producción o tráfico». 
Un primer elemento, que merece destacarse, es 
el de los contextos indicados con anterioridad. 
Hasta ese momento era válida la hipótesis de que 
“más que de un asunto de voluntades políticas, más que de apuestas altruistas por la paz, 
los procesos de negociación (..) Se mostraron 
como ventanas de oportunidad abiertas que 
cada actor buscaba aprovechar de acuerdo con 
su historia y sus intereses particulares; la función que dichos procesos cumplieron en medio 
de los conflictos estuvo muchas veces puesta en 
términos de ajustes o modificaciones de las relaciones de poder. Y no en función de un interés 
por la finalización de las disputas”. Dicho de 
otra manera, el conflicto en su desenvolvimiento 
no había removido, del campo de los actores armados enfrentados, la idea de la posibilidad del 
triunfo a través de la contienda armada. Por lo 
tanto, en términos de la teoría de conflictos: éste 
no estaba maduro. Esto explica buena parte de las 
razones que condujeron a sus respectivos fracasos, pues las desconfianzas se profundizaron ante 
permanentes y recíprocas prácticas tramposas. El fracaso de la Seguridad Democrática en los términos antes indicados; la crisis del capitalismo, 
aun hoy no superada y que minó en grado importante las pretensiones belicistas de los EEUU 
y con ello la posibilidad de nuevos recursos para llevar a niveles superiores la guerra antiterrorista 
en Colombia; los cambios en la sociedad introducidos por el proceso que condujo a la Constitución de 1991; la irrupción de un actor social 
como el de las víctimas y los importantes golpes 
militares propinados a la insurgencia, que le obligaron modificar su estrategia armada e inclusive 
los alcances de su proyecto político; acunaron, 
por así decirlo, los componentes más destacados 
que precipitaron se disponga de elementos que 
conduzcan a pensar que podríamos encontrarnos en una situación de maduración del conflicto. Este es por lo tanto un primer elemento de 
cambio, sugerente de una voluntad de terminar 
el conflicto y no del interés sólo de modificar o de 
ajustar las relaciones de poder para obtener ventajas en la confrontación armada. -Un segundo elemento lo constituye el haber logrado, sin los afanes publicitarios que abortaron 
anteriores opciones, una agenda de temas que definía una hoja de ruta concreta para las discusiones. El “Acuerdo General Para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera” convenido en la etapa exploratoria, 
que duró cerca de 8 meses, se convierte en un hecho inédito en la historia colombiana y, quizás, 
en el primer paso concreto que confirma la hipótesis expuesta en el numeral anterior. Los seis 
puntos acordados como temas constitutivos de la 
agenda, pero de manera específica, la política de 
desarrollo agrario integral, la participación política, la solución al problema de las drogas ilícitas 
y la restitución a las víctimas, ubican de manera actualizada aspectos estructurales y estructurantes del conflicto. -El reconocimiento en su preámbulo de que “la 
construcción de la paz es un asunto de la sociedad 
en su conjunto y, como lo indica en el numeral 
sexto, se contará con un proceso de implementación, verificación y refrendación, en la cual, una 
vez todo esté acordado, se desencadena un proceso de participación en donde la sociedad y las 
regiones en particular jugarán un papel clave. No se trata entonces tan sólo de un pacto entre 
guerreros, se trata, a diferencia de procesos anteriores, de que la sociedad esté comprometida 
de manera directa y no como un convidado de 
piedra. Contrario a lo ocurrido en el Caguán, el 
acuerdo en su preámbulo señala que “la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en 
su conjunto que requiere de la participación de 
todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras a las que invitamos a unirse a este 
propósito”. Como desarrollo concreto de esto, se 
acuerda el desarrollo de foros temáticos, previos 
al tratamiento de cada uno de los temas en la segunda fase, coordinados por entidades neutrales 
que al final recaen en la Universidad Nacional y 
la ONU. Este fue un paso concreto en la incorporación de este tercer actor, al cual se sumó la 
iniciativa de la Comisión de Paz del Congreso, el 
cual llevó a cabo mesas temáticas en zonas en las 
cuales se dividió el territorio nacional. -Un cuarto elemento lo constituye la participación de la comunidad internacional. Bien se sabe, bajo determinadas coyunturas, el papel decisivo 
que ha jugado en la resolución de conflictos armados sobre todo en guerras de larga duración. 
En el caso colombiano, siempre ha estado presente pero es relevante la manera como se ha dado 
en esta oportunidad. Como nunca antes se había 
registrado un volcamiento de apoyos, organismos multilaterales de orden regional, como Mercosur y la Alianza del Pacífico y cada gobierno en 
particular, han expresado no sólo su apoyo sino 
ofrecimientos concretos en la ruta de facilitar los 
acuerdos. La Unión Europea ha estado de manera 
unánime comprometida en todo el proceso. Merece destacar el papel cumplido desde la etapa exploratoria de Noruega y Cuba, constituidos posteriormente con Venezuela y Chile como países 
garantes y acompañantes respectivamente. No deja de tener relevancia el papel de los EEUU que 
ha sido un actor directo e interno al conflicto, en el 
desenvolvimiento del mismo, pues esto se remonta 
a una historia larga de identidades de Colombia con 
políticas diseñadas desde el norte como la teoría de 
la seguridad nacional o de la eliminación del enemigo interno y los desarrollos posteriores en la lucha 
antiterrorista, emprendida por la administración 
Bush. En consonancia con los cambios en la geopolítica mundial donde ya la supremacía americana 
se ha desdibujado, lo ha sido también la llamada 
doctrina Monroe, como bien lo reconociera recientemente el secretario de estado, John Kerry, -en un 
espacio como la OEA, donde habló de un marco de 
relaciones “entre iguales”-. Estos hechos globales, la 
misma crisis del capitalismo antes indicada, los precarios resultados en la política antidrogas y la subsecuente apertura global a un replanteamiento de la 
misma, han permitido que la administración Obama esté interesada, sin reticencias, en la solución 
definitiva de este conflicto. Este hecho pesa mucho 
en una élite, como la colombiana, que ha sido tan 
proclive a caminar y servirse, sin escrúpulos, de las 
migajas del norte. Estos cuatro elementos se constituyen en componentes claves para aseverar que se está frente a 
un proceso serio y, sobre todo, un proceso que ha 
sido pensado en clave de sostenibilidad. C. ¿En que momento nos encontramos? Contrario a las aspiraciones que se desatan en 
procesos de negociación que pretenden resolver 
conflictos de larga duración, por razones prácticas, no es posible que éstas contemplen todas las 
deudas sociales y políticas acumuladas. Pero sí es 
indispensable que se incida, con acciones concretas, en por lo menos cuatro campos sustanciales: 
en la remoción o transformación de algunas de 
las causas objetivas y subjetivas que originaron 
la confrontación; en la identificación de acciones que le impriman sostenibilidad y eviten el 
retorno a situaciones de confrontación iguales o 
peores; remoción de las circunstancias relevantes que deja la guerra en términos de la fractura 
social, la incredulidad y la desconfianza hacia la 
posibilidad de un escenario distinto a la guerra; y 
finalmente en acciones que desbrocen el caminos 
a la legalidad, enormemente comprometida en la 
confrontación. Después de 22 ciclos de conversaciones y del desarrollo de tres foros sociales sobre los temas de la 
agenda: desarrollo agrario, participación política 
y narcotráfico, una mirada al camino recorrido 
permite inferir que en un contexto marcado por 
dudas de todo orden y amagos de crisis, los resultados no dejan de ser alentadores. 
El despojo violento en el campo y la resistencia 
del latifundismo a cualquier posibilidad de reforma en la tenencia de la tierra, han marcado 
el desenvolvimiento de las motivaciones mayores para la toma de las armas. De acciones 
de autodefensa campesina, para protegerse de 
las huestes oficiales, se pasó, ante la indolencia 
del Estado, afín a los intereses del latifundio, a 
plantearse la posibilidad de la toma revolucionaria del poder por la vía de las armas. Si bien, lo publicitado en el comunicado que 
dio cuenta de este primer acuerdo, podría calificarse de general: “lo que hemos convenido 
en este acuerdo será el inicio de trasformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. 
Está  centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la 
lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la 
economía del campo”. Y además: “el acuerdo 
busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo 
y del desplazamiento forzado”. -Incluye la formación y actualización de la 
información rural para la actualización del 
respectivo catastro, buscando seguridad jurídica y mejor y más eficiente información. -Pensando en las futuras generaciones de 
colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental. Ésto marcó un giro radical puesto que, para 
la insurgencia, tiene la implicación de admitir que es en el campo de la institucionalidad, y por lo tanto de la legalidad, es donde 
se daría la materialización de esta conquista 
de tanta relevancia en la génesis de su levantamiento armado. El jefe de la delegación del 
gobierno señaló al respecto de este primer 
acuerdo: “Contiene una verdadera transformación de la vida y la economía del campo. 
Hay allí una visión integral de transformación del campo, capaz de crear un entorno 
de bienestar en el sector rural. El corazón 
del acuerdo es la reafirmación de la dignidad de la familia campesina. Un cambio 
profundo, un renacimiento del campo colombiano”. Pudiera afirmarse entonces que este es una 
primera ruptura importante con la desesperanza, la desconfianza y la incredulidad, pues 
el proceso entra así en el terreno de las certezas y no de cualquier manera, pues se está 
tocando ni más ni menos que el corazón del 
origen del conflicto. Para el 6 de noviembre del 2013, se anuncia el acuerdo sobre el segundo punto de la 
agenda, esto es, sobre la participación política pero esencialmente dirigido a definir los 
derechos y garantías para el ejercicio de la 
oposición política y los mecanismos democráticos de participación política. En investigación adelantada por el CINEP, se 
establece que en los últimos veinte años se 
han perpetrado 53.000 asesinatos políticos, 
siendo paradigmático el asesinato de cerca de 
5.000 militantes de la Unión Patriótica, dentro de los cuales se cuentan dos candidatos 
presidenciales, ocho congresistas y cientos de 
alcaldes. La gran mayoría de estos asesinatos ocurrieron bajo procesos de negociación 
con el Gobierno. Merece señalarse también 
al respecto, cuando se adelantaba un proceso 
de tregua, el asesinato de dos dirigentes del 
EPL: Ricardo Lara Parada y Oscar William 
Calvo. De la institucionalidad, líderes políticos como Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez 
Hurtado, fueron víctimas también de la intolerancia, y cada vez más la justicia identifica 
a agentes del Estado como coautores o ideólogos de estos crímenes. Un panorama como el anotado, sin nada que 
se le parezca, por lo menos en la época moderna en el mundo, está indicando el problema de fondo que subyace en la cultura política; en la democracia calificada, no se sabe a 
partir de que criterios, como la más antigua 
del continente; y en los imaginarios y valores 
que se han instalado en una sociedad que no 
conoce sino el lenguaje de la eliminación del 
contrario. Por ello el segundo punto de la agenda no 
tiene otro sentido que el de incidir en dicho 
problema de fondo y por lo tanto en uno de 
los componentes centrales comprometidos 
en la sostenibilidad y, por consiguiente, en la 
construcción de la paz. No se trata sólo de 
rodear de garantías a la oposición, componente sustancial de una real democracia, se 
trata también, de que se remuevan los obstáculos a la participación ciudadana y de que 
ésta juegue un papel central en el proceso de 
construcción de la paz. Se trata además de 
allanar el camino para dar pasos concretos 
hacia la compleja tarea de las transformaciones culturales que remuevan, en los imaginarios sociales, el autoritarismo, el desprecio 
por lo común y lo diferente, la pulsión por 
caer fácilmente en la ilegalidad y, finalmente, 
la precaria valoración de la vida. De la declaración conjunta sobre los acuerdos, que en este caso fueron más concretos 
y precisos, se destacan los siguientes puntos 
con respecto a lo expresado antes: Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza 
y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos 
y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que 
espacios de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y 
el robustecimiento de una cultura política democrática. -El ejercicio de la oposición política es fundamental 
para la construcción de una democracia amplia. Ello 
cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos 
movimientos políticos que requerirán garantías para el 
ejercicio de la política. -Se establece que, se convocará en un evento nacional 
a los voceros de partidos y movimientos políticos para 
integrar una Comisión que defina los lineamientos del 
estatuto de garantías para los partidos que se declaren 
en oposición. La línea de tiempo se convendrá en el sexto punto de la Agenda. -Se impulsará igualmente una legislación de garantías y 
promoción de la participación ciudadana democrática 
y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los 
voceros de los movimientos sociales en otro evento de 
carácter nacional. Al respecto, en el texto se dice que las 
organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los 
que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes 
de participación ciudadana. Se busca empoderar a los 
ciudadanos a través de la participación. Así mismo, se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica 
un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, 
tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos. -Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente 
afectadas por el conflicto y el abandono, de manera 
que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de 
su participación en 
las elecciones ordinarias. Estas 
circunscripciones transitorias serian adicionales a las 
circunscripciones 
ordinarias 
existentes. Contarían 
con las garantías de acompañamiento para asegurar 
la transparencia del proceso electoral y la libertad del 
voto de los electores. Esta se pondrá en marcha en el 
marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la 
firma del Acuerdo Final. Se acordó un sistema integral de seguridad para el 
ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un 
marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y 
busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de 
pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de 
convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo 
movimiento que surja de las FARC – EP a la actividad 
política legal.
Un análisis de lo conocido hasta ahora, de los 
acuerdos sobre los dos primeros puntos de la agenda pactada el año anterior, conduce a la conclusión 
de que lo que está entre manos es el desarrollo del 
Estado social y democrático de derecho y de que 
todo es posible dentro del marco de la Constitución actual. Esto es particularmente importante en 
cuanto al debate, aun en desarrollo, sobre cuál sería el camino para refrendar lo acodado en caso de 
llegar a un acuerdo final. Sería de esta manera, un 
nuevo proceso de negociación que le imprimiría el 
empujón necesario para hacerla realidad y salvarla 
de la intencionalidad muy clara de la élite gobernante, de despojarla de su esencia, de cortarle las 
alas como acuerdo garantista. D. ¿Cuáles son los problemas 
por resolver y cuáles las amenazas? - Se quiere la paz pero se desconfía en el proceso. 
Se quiere la paz pero sin concesiones 
y sin ningún costo Ha sido reiterativa en las encuestas de opinión 
que se han venido realizando en los últimos cinco 
años, por distintas entidades, que hay una opinión mayoritaria que quiere la paz pero desconfía 
de los resultados que puedan salir de una negociación. La última de ellas llevada a cabo por el 
observatorio de la Democracia de la Universidad 
de los Andes: “¿Qué piensan los colombianos del proceso de paz? Una mirada desde el barómetro de Las Américas”, es importante pues no sólo 
indaga sobre una muestra nacional sino que lo 
hace con las mismas preguntas en territorios en 
los cuales el conflicto es de alta intensidad. Se destaca en esta encuestan que, en un 59.1% en 
el país y en un 53.7% en las zonas de conflicto, 
se apoye el actual proceso de negociación pero 
que, en un 71.9 % a nivel nacional y en un 68.3 
%, estén en desacuerdo con que los potenciales 
desmovilizados no deban ser castigados y que, de 
otro lado, se rechace a nivel nacional en un 70.6% 
y en las zonas de conflicto en un 65%, que se den 
prerrogativas a la participación política de las 
FARC. La última encuesta (Polimetrica) llevada 
a cabo el 31 de marzo del 2014 indica que el 61% 
de los colombianos(as) cree que el proceso de paz 
no llegará a un final positivo y el 34% considera 
que la mejor opción es la derrota militar. Esto plantea varias posibilidades de lectura: En 
primer lugar sugiere que la estrategia de opinión, 
hábilmente manipulada, adelantada de manera 
sistemática por los tres últimos gobiernos, tras 
cada acto de guerra y de barbarie de las FARC 
(secuestro, toma de pueblos, asesinatos de asambleístas del Valle, daños a la infraestructura eléctrica) ha sido exitosa y lo suficientemente profunda como para pensar que pueda ser removida 
con facilidad. Se habla de hábilmente manipulada porque hechos, igualmente reprochables, realizados por agentes del Estado y paramilitares en 
su momento, no tuvieron un tratamiento similar, 
allí la omisión cuando no el ocultamiento, fueron la regla. La ley del fuero penal militar que por 
vicios de forma, más no de contenido, fue considerada inexequible por la Corte Constitucional, 
impulsada por el actual gobierno y altamente 
cuestionada por organismos internacionales de 
DDHH, pues esa si era una ley de impunidad y 
de autorización para matar, es un ejemplo concreto de ello. En segundo lugar, se podría indicar que se esté 
haciendo coro a la postura, muy dominante en 
los gobiernos, que ahora ha tomado cuerpo en 
la sociedad, la cual concibe los procesos de negociación más como procesos de desmovilización y 
desarme que como procesos políticos, en los que 
habría que contemplar cambios de orden estructural. En tercer lugar, negociar en medio del conflicto 
es sin duda el peor escenario para superar decenas de años ricos en motivos de desconfianzas y 
de daños que han dejado profundas huellas. Los 
hechos de guerra anulan cualquier intento que 
pretenda dar mensajes de que se avanza y de que 
hay una real voluntad de llegar a los acuerdos necesarios. Estos hechos operan como poderosos 
reforzadores de la desesperanza y de la desconfianza, que además, encuentra en la sociedad actores sociales y políticos que como enemigos del 
proceso los utilizarán de manera hábil. En cuarto lugar. La estrategia comunicativa de las 
partes negociadoras ha tenido la limitante de que 
lo publicitado como acuerdos es bastante general 
por la razón justificable de que aún es pertinente un alto grado de reserva. Pero esto contrasta con 
la alta publicidad dada a la confrontación epistolar de Gobierno e insurgencia. La imagen producida es que los desacuerdos no son menores y que 
se asiste a una guerra mediática que opera como 
una continuidad de la guerra que se desenvuelve 
en los campos. Finalmente, podría 
tratarse de una expresión 
concreta del espíritu vengativo y de odio que desde gobiernos, partidos y medios se ha sembrado 
en la sociedad. No ha sido posible un acercamiento al conflicto que aún nos desangra desde sus 
grises. Con un alto grado de cinismo se pretenden relativizar las causas objetivas y subjetivas y 
no ha faltado quien las niegue, imponiéndose un 
discurso polarizador que clama por la venganza. 
Una expresión de ello, se concreta en la postura 
de la elite pero de manera especial en quienes por 
mecanismos no muy limpios han ejercido el poder, de exonerarse de toda responsabilidad y de 
promover el discurso que se mueve en la polaridad de buenos y malos. Asumen, pues, un papel 
de víctimas, en nada creíble pero que logra alimentar y cimentar dicha polarización. Bien se trate de una de estas lecturas o de todas, 
la realidad es que en un escenario de negociación 
como en el que se está y con la posibilidad de una 
etapa de postconflicto, Gobierno e insurgencia 
tienen entre manos un problema que debe ser 
tratado con prioridad. Si en este proceso no se 
cree y la sociedad no se dispone a la reconciliación, pues no se está en la condición de vencedores y vencidos, su suerte para este proceso no será la mejor. Las posibilidades de una justicia para el 
período de transición siguiente a la actual etapa, 
que en el fondo es una decisión de orden político, 
se encontraría con un problema de legitimidad 
muy grande. De alguna manera la urgencia es mayor para las 
FARC, pues un proceso de negociación en sí mismo no va a resolver la derrota política ya infringida, menos la importante masa de rechazo y de 
odio ganada por sus actos e incrementada sagazmente por sus adversarios. La balanza en la guerra y en la política está del lado del gobierno, de 
allí que la iniciativa está en el campo de las FARC 
para ahora y para el futuro. Al respecto y mirado desde la sociedad esta situación, es significativo que esta posibilidad de 
resolver un factor de violencia tan importante, 
encuentre al llamado movimiento social por la 
paz en un nivel de debilidad y fragmentación que 
lo convierten en un actor marginal. La realidad 
social antes descrita agregada a la pasividad que 
asumen sectores importantes de la sociedad, en 
un escenario en donde la oposición al proceso 
asume el carácter de una verdadera avalancha, 
hace pensar que las condiciones no sean las mejores para revertir el estado de cosas. También merece tener en consideración el papel 
del sector económico en la etapa de negociación 
pero sobre todo, en la lo que podría ser la etapa 
de postconflicto. Las negociaciones fallidas lo han 
sido en parte porque presidentes que tomaron la 
iniciativa muy rápidamente se encontraron solos y en esta soledad el sector productivo jugó un papel determinante. Como parte destacada del bloque en el poder, este sector ha tenido como una 
de sus características la afinidad ideo política con 
el autoritarismo, con proyectos políticos alineados con la praxis de una democracia restringida 
y con propuestas violentas para dirimir los conflictos. Al respecto merece tener en consideración 
la encuesta llevada a cabo recientemente por la 
Revista Dinero entre los empresarios, en la cual 
se revela que sólo 4 empresarios de 10 estarían 
dispuestos a pagar más impuestos para financiar 
la paz en la eventualidad de un acuerdo en La Habana. Esto contrasta con el impuesto de guerra 
propuesto en la administración Uribe en dónde 
nadie protestó y casi de manera unánime los gremios económicos explicitaron su apoyo. La evidencia de que la paz es un gran negocio para los 
empresarios en particular y para la sociedad en 
general, es un aserto bastante extraño para esta 
porción de la elite en donde marca un punto bastante alto agremiaciones como FADEGAN. - Las avanzadas de una oposición al proceso que 
se mueven en la legalidad y la ilegalidad en la 
ultraderecha y por qué no en la extrema izquierda. Con Belisario Betancur se inició una nueva etapa 
de salidas negociadas y es desde acá desde donde 
se acuñó la idea de las causas objetivas y subjetivas del conflicto armado pero también, la existencia de los llamados “enemigos ocultos” que en 
honor a la verdad no lo han sido tanto
La realidad es que la prolongación del conflicto, 
que de viejo se llegó a afirmar su inexistencia, se 
debe a que en la composición de la élite gobernante ha dominado un sector de ultraderecha 
que de manera muy temprana tomó partido por 
la tesis de la seguridad nacional y encontró en el 
discurso autoritario y el uso de la fuerza, los pilares para la defensa de sus intereses y la construcción de su modelo de sociedad. De la democracia 
era claro que les eran útiles sus elementos formales pero que ésta tomara asiento en la sociedad 
para el desarrollo de las libertades y derechos, se 
convertía en una real amenaza. Sectores como el 
agrario, la iglesia y un componente del Estado 
como las fuerzas armadas, formadas en EEUU 
en esta versión de la seguridad de la cual no se 
desprenden, siempre han estado como actores 
claves. Los intentos reformistas de López Pumarejo, Lleras Restrepo y César Gaviria, entre otros, 
en el modelo económico y político, y los fallidos 
intentos por resolver el conflicto armado desde la 
perspectiva de remover sus causas, no han sido 
más que escaramuzas que siempre han contado 
con una férrea oposición en la cual acudir a lo 
legal y lo ilegal ha estado en el orden del día, en 
cada coyuntura con sus particulares expresiones. Estas particulares expresiones tiene en la actualidad sus exponentes que bien pudiéramos calificar de avanzadas: El Centro Democrático, es en la actualidad la 
avanzada legal y política que tiene como núcleo 
de su programa impedir que se concrete una negociación entre el Gobierno y la insurgencia, que 36 37 reivindica la seguridad y la guerra, como la única 
opción de conseguir la paz. Los tímidos y a veces 
vacilantes intentos del actual Presidente Santos 
por actualizar una política que como la “Seguridad Democrática” no daba más y que implicaba 
caminar por la senda de reformas políticas, sociales y económicas, prendió las alarmas en su 
ideólogo el ex presidente Uribe. Se crea entonces 
una fuerza populista de ultraderecha que llama a 
“recuperar el rumbo” en la cual confluyen el latifundismo y todos aquellos sectores afines a poderes locales, cuyos nexos con el paramilitarismo y 
el empresarismo mafioso, tiene en la actualidad a 
buena parte de sus cuadros más importantes encarcelados o en proceso de judicialización. Esta 
fuerza política que condensa su poder en los altos 
niveles de favorabilidad de su caudillo, representa en algún grado a esa amplia masa de opinión 
adversa al actual proceso que se ha registrado con 
anterioridad. Los medios y las tecnologías modernas de comunicación, tan decisivas en la época en que vivimos, cuyo papel no es otro que el estar reforzando los elementos ideológicos y políticos de esta 
fuerza política, actúan como otra de las avanzadas. La manipulación de los hechos es cotidiana, 
de manera descontextualizada son utilizados en 
esta tarea de reforzamiento en un plan, bastante 
eficaz, de desinformación y de manera sistemática se convierten en caja de resonancia de sus pronunciamientos y planteamientos. Pero a estas avanzadas legales, se le suman las entronizadas en el Estado. El Ministerio de Defensa 37 y la Procuraduría, son puntales al interior de Estado en la labor de oposición y no es difícil identificar las identidades ideológicas y políticas que 
comparten al respecto con el ex presidente Uribe 
y su movimiento político. Estos que son los enemigos públicos y legales, que 
por serlo, por lo menos admiten una confrontación civilista, aunque claramente desigual, no son 
los únicos. Sabemos que también están los ocultos, tan oportunamente identificados por Belisario Betancur. Siempre lo han estado  dentro  de  la 
institucionalidad y no es descartable que lo estén 
de igual forma al interior de la insurgencia misma, 
sobre todo en sectores vinculados con el narcotráfico, cuyo perfil es más cercano con la delincuencia 
común. Todo ello indica que en los bandos no hay 
homogeneidad y que allí se cuecen contradicciones 
importantes.  Estos últimos, los ocultos, constituyen la avanzada que expresa la forma más bizarra 
de todas ellas, la que puede ocasionar mayor daño 
y la que, por su carácter oculto, sería más difícil de 
confrontar. Los miles de asesinatos, sobre los que 
se hacía mención, pero de manera paradigmática 
la masacre de la Unión Patriótica y magnicidios 
como el de Álvaro Gómez Hurtado son ejemplarizantes al respecto. Esta amalgama de fuerzas legales e ilegales, con 
niveles de articulación implícitos, tan ligadas a 
nuestra historia política, son una amenaza real y 
se constituyen en un riesgo que deberá considerarse de manera permanente, no sólo por quienes 
apoyamos este proceso sino especialmente por 
quienes negocian, pues no se está exento de actos violentos que, por su alto impacto y extravagancia, busquen devolver el proceso a un lugar sin retorno. Allí estaría el gran medidor de qué tanto se 
camina sobre  terreno sólido, de qué tanto se está 
preparado para sortear los intentos de saboteo a 
los logros hasta ahora alcanzados. - El conflicto urbano, la seguridad 
y la protección violenta Ya se ha indicado que con todo lo importante que 
es, el actual proceso de negociación con la insurgencia tiene limitaciones, tal vez la mayor radica 
en que, dado su carácter parcial, deja por fuera 
otros agentes generadores de violencia. Dentro de 
los cambios que introdujo el narcotráfico al conflicto, no sólo fue convertirse en una importante 
fuente de recursos para todos los actores armados y darle vida al paramilitarismo sino que le 
introdujo cambios a las dinámicas propias de las 
expresiones urbanas de este mismo conflicto. La 
vigencia hoy del narcotráfico, que ha resistido a la 
guerra declarada desde el norte, y un paramilitarismo que ha mutado con articulaciones cada vez 
más finas con el mismo narcotráfico, a la manera 
de complejas redes, han encontrado en la oferta 
de seguridad violenta el eslabón clave de la cadena. Estas articulaciones en red que operan en 
todas las escalas territoriales, a manera de empresas, son los mayores responsables de la violencia 11 Informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y agencias antinarcóticos como la DEA calculan que las FARC obtienen entre 500 y 800 
millones de dólares anuales por narcotráfico y que esta actividad representa 
entre el 50 y el 70 por ciento de sus ingresos, a los que se suman miles de 
millones de pesos por la extorsión y la denominada minería ilegal. 
Salvo lo concerniente al punto cuarto de la agenda pactada en La Habana, referente a la solución 
del problema de las drogas ilícitas, este proceso 
de negociación no tocaría de manera directa la 
situación anteriormente indicada. Lo anterior, leído dentro del marco del actual 
plan de desarrollo - que ha colocado a la minería 
como uno de los sectores claves para acumulación capitalista, sector directamente implicado 
territorialmente con 
la presencia de todos 
los 
actores armados, sugiere que podríamos encontrarnos en muy corto plazo en un nuevo ciclo de 
violencia, de hecho ya ocurre. Las razones son 
apenas obvias: Una de las falencias estructurales 
del Estado colombiano consistente en no contar 
con el monopolio de la fuerza. Esta situación es 
de gravedad extrema en las escalas municipales 
en el campo y, por esta misma razón, crea dificultades para la gobernabilidad, al darle cabida a todas las expresiones de la ilegalidad, colocando estos territorios en un nivel de vulnerabilidad muy 
alto. Puestos los ojos del capital nacional y global 
una vez más en la tierra, pero sobre todo en su 
subsuelo, en unos territorios donde no impera la 
ley, se estaría ante la alta posibilidad de un nuevo 
ciclo de violencia y con éste, una nueva etapa de 
desposesión violenta de la tierra. Contrario entonces a lo que a diario se publicita, por cuadros calificados de la élite gobernante, el conflicto armado, en sentido estricto, no es el 
problema, éste es más bien una consecuencia y no 
una causa. Las preguntas de fondo tendrían que 
dirigirse entonces hacia el Estado y la democracia 
que tenemos. La negociación de La Habana, de ser exitosa, tiene la 
virtud de sacar del conflicto a uno de sus actores más 
relevantes. Pero también podría ser la gran oportunidad para crear las condiciones que permitan desbrozar 
el camino para la construcción de la paz, lo cual estaría 
determinado por la concreción y profundización, por 
parte del Estado y la sociedad, de los elementos políticos, económicos y sociales, hoy objeto de negociación, 
que eventualmente podrían ponerse a la consideración 
de los colombianos para su refrendación. Pero como se 
ha indicado, no se puede ocultar que los factores que 
podrían abortar este proceso, tanto en su etapa de negociación como de postconflicto, son muy importantes. El 
riesgo es muy alto. Lo que está en juego no es cualquier cosa: la paz, tan preciada y valiosa como la mejor porcelana pero tan frágil 
como ella. ¿La memoria histórica 
para qué? Un proyecto para el postconflicto José Girón Sierra 
Agosto de 2013 El Grupo de Memoria Histórica (GMH) dio a conocer 
en 2013 su informe general: ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, en un momento en el cual se 
avanza en un proceso de negociación entre el Gobierno 
Nacional y la organización insurgente FARC. Esta feliz 
coincidencia y la posibilidad de que la sociedad colombiana se vea abocada a un proceso de postconflicto importante, impone la necesidad de dar los pasos anticipados que sean necesarios para imaginar el quehacer, en 
la perspectiva de imprimirle la tan indispensable sostenibilidad ha dicho proceso. La política, la economía y la 
cultura serán campos profundamente comprometidos 
con políticas públicas concretas que, dentro del marco 
de la civilidad y la legalidad, permitan, en este caso, desbrozar el camino de la construcción y de la vigencia del 
estado de derecho y, con ello, el desarrollo de la democracia. Cuando el informe aludido nos habla de que, hasta ahora, dicho conflicto ha provocado la muerte de por lo menos 220.000 personas, 25.000 desaparecidos, 4.744.046 
personas desplazadas y que, según fuentes oficiales, existen más de 8,3 millones de hectáreas (358.937 predios) 
despojadas o abandonadas por la fuerza, está indicando 
hasta dónde se ha llegado en términos de victimización 
de la sociedad y demanda, como imperativo, la urgencia 
de parar esta guerra por mecanismos que no impliquen 
más derramamiento de sangre. Poner fin a la guerra por mecanismos civilistas siempre 
será un escenario plagado de complejidades pero hacerlo sostenible, que es a lo que propiamente se alude 
cuando se habla de postconflicto, no lo es menos, pues 
es allí donde cada sociedad saca lo mejor de sí, dónde 
las sociedades presas de conflictos armados asumen su futuro y movilizan todos sus recursos en la dirección de 
la no repetición. ¿Qué papel juega entonces la memoria histórica en 
un escenario como el que se vislumbra y cómo podría 
convertirse en un componente relevante en un escenario en donde se impone la construcción de la paz? Para responder este interrogante, resulta indispensable 
llevar a cabo una reflexión sobre el concepto mismo de 
MEMORIA HISTORICA y, de manera específica, en 
dónde radica su importancia. La acepción de Historia dominante, concibe ésta como 
el resultado de hechos excepcionales producidos por seres excepcionales que han incidido de manera relevante 
en la vida de las sociedades. Esta acepción, la historia-relato, ha sido un instrumento de marcada funcionalidad 
para los vencedores y para la institucionalidad beneficiaria del poder. Esta historia-relato interesada sólo en 
los destellos aislados del devenir de las sociedades, en 
donde emergen sus protagonistas siempre destacados, 
omite esa historia que se desenvuelve en temporalidades generalmente largas que se construye con improntas 
decisivas como la geografía, la cultura y, en general, las 
cosmovisiones desde las cuales se explica el mundo circundante. Los hacedores de esta historia, no relato, que 
no es sólo un pasado si no también un presente, son los 
innominados, aquellos que, como tejedores de una red, 
resultado de las múltiples y diversas experiencias colectivas e individuales, construyen sentidos, explicitan rupturas y definen rutas no siempre lineales. La guerra, como hecho, aunque no siempre excepcional 
pero si relevante para las sociedades, ha acaparado el interés de la historia- relato. En esta perspectiva se inscribe la difundida frase atribuida al marxismo de la violencia 
como la partera de la historia. De las guerras se sabe de 
sus vencedores a quienes se les atribuye una condición 
de excepcionalidad, como se ha indicado, pero de las 
víctimas sólo se sabe vagamente de las fosas comunes 
que habitan. La historia de las guerras ha tenido como 
epicentro a los victimarios, las víctimas son los innominados. Es entonces, el ejercicio de visibilizar lo invisibilizado, el 
ejercicio de atreverse a escudriñar la maraña compleja 
de la vida que se da bajo territorialidades o geografías 
concretas, donde reside el trabajo de la historia. Por eso, 
el papel de la historia no es la construcción de héroes, 
es más bien la reconstrucción de un mundo desde su 
complejidad, es develar la trama de la vida en la plenitud 
de sus contradicciones y discontinuidades. Por ello, esta 
historia es en esencia crítica ante las visiones lineales, 
ante las lecturas ancladas a un pasado que muy poco le 
dice a un presente en nada inocente de ese mismo pasado. Es la historia que se ocupa del individuo pero no se 
queda ahí, sobrepasa las percepciones que éste construyó en su corta vida de sí mismo, de su entorno, esto es, 
devela las fuerzas que fuera de él y del orden colectivo 
intervienen en modelar esas realidades que se dan en 
geografías concretas. ¿Pero qué es entonces la memoria histórica? La historia 
como se ha dicho, es en algún grado una memoria en 
tanto se ocupa también de las percepciones individuales sobre hechos propios de su existencia. Por ello, al 
hablar de memoria histórica podríamos estar ante una 
tautología. Pero la memoria histórica nace como respuesta a un acontecimiento destructivo como la guerra, ante todo: Para reivindicar a los invisibilizados. En ella, se 
condensa el instrumento de los innominados, las 
víctimas, para confrontar la verdad oficial que 
sólo visibiliza los héroes de los vencedores. Es la expresión de una fuerza organizada y colectiva que, por razón del ocultamiento, reclama 
recuperar su lugar en el mundo y exige un reconocimiento. Con ella, vuelven a ocupar un lugar 
en la sociedad aquellos que yacen en las fosas comunes o aquellos que, aun desaparecidos, ni siquiera contaron con un lugar para la muerte. 3. Es el principio de la dignificación a individuos y 
colectividades a quienes se les impuso el silencio 
y el olvido. Cobran vida, pues, nombres, territorios, tejidos sociales y cosmovisiones. 4. Una mirada a un relato que ha atenuado el dolor para motivar una reflexión constructiva. Es 
un recuerdo que se aviva en el relato, en las fechas, en espacios y monumentos simbólicos. Es 
una presencia que originada en la destrucción, se 
convierte en una fuerza transformadora al confrontar las conciencias, pues la historia la hacen 
hombres y mujeres pero también se deben servir 
de ella. El informe del GMH es sin duda el esfuerzo institucional más completo en los términos de dar cuenta de lo 
que ha sucedido en los últimos cincuenta años de conflicto armado interno, se aparta por lo tanto de un relato 
funcional a los intereses de la institucionalidad. Aunado 
al trabajo el PNUD: El conflicto, callejón con salida, publicado en el 2003 y la PARAPOLÍTICA, la ruta de la 
expansión paramilitar y los acuerdos políticos, configuran los tres esfuerzos más sólidos por iniciar el camino hacia 
el indispensable esclarecimiento de una tragedia nacional que aún no culmina. Hay mucha verdad pero no son 
pocas las oscuridades que persisten sobre un pasado que 
debe arañarse más, no sólo para comprender mejor lo 
que ha ocurrido, sino también para disponer de mayores certezas para abocar las transformaciones. Nos asiste una feliz coincidencia, como se anunció al 
comienzo. Esto es: las víctimas se han levantado de las 
cenizas y hoy son un actor social y político que ha desatado un proceso irreversible de ser reconocidas como 
sujetos de derecho, en donde la verdad es uno de los 
derechos que probablemente más se ha desarrollado. 
Con un componente destacado de la coyuntura como 
el anterior; el Gobierno ha dado comienzo a un proceso 
de negociación que pretende dar fin al conflicto armado 
que, por más de 50 años, sostiene el Estado colombiano 
con la organización insurgente FARC. Si bien nos encontramos una vez más frente a un proceso de negociación de carácter parcial, que no implica 
un antes y un después, el contexto ha cambiado, haciéndose relevantes, entre otros, los desarrollos en materia 
de verdad. Los procesos de negociación anteriores, incluidos los 
que le dieron origen a la actual Constitución Política, 
antes que remover las causas estructurales del conflicto 
y la estructura de valores y de creencias anidadas en una 
sociedad proclive a la resolución violenta de los conflictos, las reforzaron, dando lugar a un nuevo ciclo de violencia con prácticas de guerra marcadamente degradadas. El país vivió un escenario de victimización y revictimización desde finales de los ochenta hasta comienzos del siglo XXI sólo comparable con la violencia partidista 
de los cincuenta. Las víctimas disponen como se ha indicado, pues, aunque no de toda, si de una importante parte de la verdad. 
Es uno de los resultados concretos de una lucha como 
expresión de la rebeldía contra el silencio y el ocultamiento y que dignifica a quienes sufrieron los rigores de 
la guerra. Pero como lo señala el informe: “La violencia de la desaparición forzada, la violencia 
sobre el líder sindical perseguido, la violencia del desplazamiento forzado, la del campesino amenazado y 
despojado de su tierra, la de la violencia sexual y tantas otras suelen quedar marginadas de la esfera pública, se viven en medio de profundas y dolorosas soledades. En suma, la cotidianización de la violencia, 
por un lado, y la ruralidad y el anonimato en el plano 
nacional de la inmensa mayoría de víctimas, por el 
otro, han dado lugar a una actitud si no de pasividad, 
sí de indiferencia, alimentada, además, por una cómoda percepción de estabilidad política y económica. Colombia apenas comienza a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia. Aunque sin duda la mayoría de nuestros compatriotas se sienten habitualmente interpelados por diferentes manifestaciones del 
conflicto armado, pocos tienen una conciencia clara 
de sus alcances, de sus impactos y de sus mecanismos 
de reproducción. Muchos quieren seguir viendo en la 
violencia actual una simple expresión delincuencial 
o de bandolerismo, y no una manifestación de problemas de fondo en la configuración de nuestro orden 
político y social.” Dicho de otra manera, la tarea está incompleta. ¿Cómo 
provocar una reflexión constructiva en una sociedad que no sólo omite la tragedia si no que pareciera compartir el 
discurso violento? Es preciso entonces imaginar cómo convertimos 
los 
cambios en el contexto y la coyuntura en una oportunidad para impedir que un proceso de negociación como 
el presente, aunque parcial, no sólo sea exitoso sino que 
introduzca los cambios económicos, políticos y culturales, que aborte la lógica cíclica de la violencia y cree 
las bases para la construcción democrática y la reconciliación. Dicho de otra manera, cómo la sociedad colombiana da un paso importante en la garantía de no 
repetición, entendida ésta como la posibilidad de que 
el Estado haga lo que le corresponda en materia política y social, pero la sociedad, de igual forma, adelante 
la reflexión que le corresponde a partir de hacer suya 
también la indignación y el dolor, no para la venganza y alimento del odio, sino para comprometerse con la 
profundización de la democracia, el modelo de sociedad 
posible. No basta pues con el cese del trinar de los fusiles. Un primer paso se sitúa sin duda en la urgencia de romper la indiferencia y el acomodamiento de la sociedad 
frente a una guerra que, por sus daños, ha herido de manera profunda a la humanidad, a lo humano. A la verdad 
que se ha llegado, debe sacársele de las discusiones de las 
dirigencias sociales y políticas y ponerla a jugar en los 
escenarios públicos. Es urgente imaginar un proyecto 
pedagógico que permita hacer llegar los contenidos de 
esta verdad a amplios sectores de la sociedad. La escuela, 
en su sentido más amplio, debe incluir de manera sistemática el tema con el fin de sensibilizar por lo menos a 
una generación, acerca no sólo de lo sucedido sino también con respecto a las causas de dicha tragedia, no sólo 
como un ejercicio académico sino como un episodio que sea sentido como propio y concite la voluntad de 
impedir que vuelva a ocurrir. De otro lado, a la verdad a que se ha llegado, le es necesario un ejercicio histórico riguroso que permita 
trascender el relato y de cuenta de las especificidades 
y particularidades desde una perspectiva territorial. La 
perspectiva territorial en la investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris, de la cual se hizo mención con anterioridad, es el camino que en la actualidad debe cobrar 
la vigencia necesaria, pues, podría hablarse de causas 
estructurales comunes de la guerra pero el conflicto ha 
tenido la impronta de geografías concretas, esto es, con 
realidades económicas, políticas y culturales, no siempre 
las mismas, que le han imprimido su propio sello y que 
desbrozarían el camino para acercar esta historia como 
pasado y presente. Debe ser un factor para la identidad 
colectiva y un motivador que movilice las energías de 
quienes han construido territorialidades concretas hacia 
la compleja tarea reconstructiva. Colombia es un país 
de regiones y esta condición estructurante no podría 
ser ajena al conflicto armado sobre todo en sus soluciones. Por ello, es un hecho que la paz de La Habana no 
es la paz de las regiones y la gran puesta a prueba de los 
acuerdos a los cuales se llegue, como es el deseo, estará 
en los territorios en tanto será allí, y no en otro lugar, 
donde a fin de cuentas adquirirá la debida materialidad 
la ruta que se trace el acuerdo Gobierno-insurgencia. El diseño del postconflicto que tiene como telón de fondo la demanda de garantía de no repetición deberá ser 
imaginado desde lo local en sus políticas públicas y estrategias políticas, sociales, económicas y culturales. Un 
replanteamiento de la institucionalidad local, tal como 
fue reclamada por los gobernadores en el foro llevado a cabo el 15 de agosto de 2013 en Medellín, es un reclamo 
y una alerta al Gobierno. Es el momento, pues, para que 
las regiones dejen de ser convidados de piedra y que su 
palabra ocupe el lugar debido y se sacudan del centralismo asfixiante. La posibilidad de una paz sostenible y la posibilidad de 
emprender los caminos de la reconciliación, los dos pilares centrales de la no repetición, implican que la verdad 
se pluralice como realidad territorial. No habría pues, 
una verdad si no las necesarias para que las certezas para 
la reconstrucción sean mayores. Pensemos el postconflicto Ponencia de José Antonio Girón Sierra 
Medellín, junio de 2014 1 Esta ponencia fue presentada en el seminario “Los procesos de paz en Colombia”, realizado por la Fundación Cultura Democrática –Fucude en junio 
de 2014. José Girón Sierra es analista político del Observatorio de DDHH y 
de paz del Instituto Popular de Capacitación- IPC A. Resumen Se lleva a cabo un ejercicio reflexivo sobre el postconflicto apelando a la teoría de los conflictos y a partir de 
precisar el alcance del concepto y problematizarlo. Concomitante con lo anterior, se muestra el panorama nacional y local en materia de procesos de salidas negociadas no sólo con respecto al conflicto armado en general 
sino también en cuanto a la amplia experiencia que puede mostrar la ciudad de Medellín. En un esfuerzo por 
articular el ejercicio reflexivo teórico y el acumulado en 
materia de soluciones civilistas a la guerra, se abordan 
los retos que implicaría la posibilidad de un escenario 
exitoso en las negociaciones de paz que se llevan a cabo 
en La Habana, atendiendo a las particularidades de éstas, en las cuales Gobierno e insurgencia dialogan con el 
propósito de darle fin al conflicto armado que ha marcado la vida del país por más de cincuenta años. B. Palabras Claves Postconflicto, negociación, contrainsurgencia, paramilitarismo, narcotráfico, protección violenta. C. Introducción Una mirada a los más de 50 años del conflicto armado, que ha vivido la sociedad colombiana, indica que en 
ese lapso de tiempo se han llevado a cabo más de diez 
procesos de negociación con organizaciones armadas, lo 
que sugiere que en ese mismo tiempo se han dado un 
número similar de circunstancias en las cuales, bien el 
Gobierno nacional o los Gobiernos locales como el caso 
de Medellín, se ocuparon de acciones encaminadas a la 
desactivación de un factor de violencia. Un hecho que merece destacarse al respecto es que el 
Estado colombiano, en el período aludido, no ha logrado, en los términos que propone la guerra convencional, 
propinar una derrota militar a ninguna organización armada de las que, por una u otra razón, entraron en un 
proceso de negociación, incluido por supuesto el actual 
proceso con las FARC. Dicho de otra manera, hasta ahora, la negociación ha sido el recurso con el cual se han 
intentado cerrar procesos violentos por fuera de una 
condición de rendición. Algunas de las explicaciones podrían encontrarse en 
las características de la guerra que se ha desarrollado 
en Colombia. Desde los años cincuenta, de la mano 
de EEUU, se inauguró la estrategia de la seguridad nacional y en la época siguiente a la caída del muro de 
Berlín, se perfilaron las que posteriormente se llamarían guerras de baja intensidad o contrainsurgentes. 
A la guerra clásica o convencional entre naciones desarrolladas, por razones de control territorial, se suman los conflictos internos que, animados por procesos revolucionarios, se proponían implantar modelos 
sociopolíticos contrarios a los intereses del imperio. 
Esta modalidad de confrontación significaba para los 
EEUU la defensa de sus intereses en la periferia, para 
lo cual necesitaba impedir que sus aliados fueran presa de amenazas internas. Se partía de la premisa de 
que las formas convencionales utilizadas en la guerra 
no servían para enfrentar guerras cuya naturaleza era 
no convencional. Era pues preciso un replanteamiento de fondo. De allí, que sus formas dependieran de 
las circunstancias particulares de acuerdo a la naturaleza del factor desestabilizante: de acciones sólo de 
contención puntual podría extenderse a acciones más 
complejas (militares, económicas, culturales) y duraderas, si se estaba por ejemplo frente a conflictos 
internos en los cuales se encontraban actores como 
organizaciones insurgentes. La Alianza para el Progreso y el Plan Colombia, son dos ejemplos concretos 
de estas acciones. En su concepción se visualizan las 
siguientes etapas: 1. 2. La estabilización política y militar del aliado. El desarrollo de una guerra de desgaste, sostenida 
mediante acciones militares, concebida para un 
período generalmente largo. 3. Y finalmente, 
la utilización de una ofensiva 
militar, política y psicológica que debilite profundamente al oponente, que lo conduzca a 
modificar sus aspiraciones y lo obligue a una 
negociación. Un examen juicioso de estas etapas indica que todas 
ellas, en el caso de Colombia, han tenido sus propias 
expresiones y que bien podríamos encontrarnos en la 
tercera de ellas. Sin embargo, esta guerra de baja intensidad en Colombia ha trazado su propio camino. 
El hecho de encontrarse el Estado colombiano frente a 
varios actores armados, con planteamientos ideo-políticos diferentes o antagónicos, y la irrupción del narcotráfico y del paramilitarismo, a partir de finales de los 
ochentas, hizo que la guerra interna adquiriera unas 
dimensiones y unas connotaciones problemáticas para 
ser abordadas desde las categorías, hasta ahora disponibles, en las ciencias sociales. Esa mixtura de narcotráfico, paramilitarismo e insurgencia se movió entre 
su inscripción dentro de la lucha mundial contra las 
drogas, hasta su señalamiento como un componente 
clave de la lucha antiterrorista. Una consecuencia del discurrir particular de esta guerra en Colombia ha sido que, en la aplicación de la tercera etapa a la cual se hizo mención con anterioridad, 
no sólo se obligó al Estado a actuar en distintos frentes 
de guerra, dispersando sus propias fuerzas, sino que le 
impuso la lógica de los pactos parciales. Desde Belisario 
Betancur, en la época más reciente de este conflicto, cada 
gobierno, en su haber, tiene un proceso de negociación 
con un actor armado.
Tras el golpe militar, decretó amnistía para las guerrillas liberal-conservadoras como fuerza pública Expide decreto que otorga amnistía e 
indulto a 
organizaciones guerrilleras y propone un plan de 
rehabilitación. Este proceso 
fracasa por presión 
conservadora y se impone la guerra. Acuerdo de La Uribe. Pacta un cese al fuego bilateral 
con las FARC y nace la Unión Patriótica. Este acuerdo 
fracasa ante el asesinato y exterminio de la militancia 
de esta fuerza política. Se inician conversaciones con el M19 y las Autodefensas obreras-ADO. Dialogo y desmovilización del M19. Nace la alianza 
democrática M19 y se acuerda un proceso constituyente que tendría como tarea una nueva constitución. Dialogo y desmovilización con el EPL Acercamientos con la Coordinadora guerrillera, el 
ELN y disidencia del EPL. Dialogo y desmovilización con el PRT. Reinicia conversaciones con la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar (Cavo norte, Caracas y Tlaxcala). Dialogo y desmovilización entre el Gobierno Nacional y la Corriente de Renovación Socialista (CRS). Conversaciones en Maguncia con el ELN y la Disidencia del EPL. Se firma el llamado Acuerdo de 
Puerta del Cielo, pero esto no avanza. Acercamientos con las FARC para el diseño de una 
zona desmilitarizada. Se comisiona para esto a Juan 
M. Santos. Negociaciones en el Caguán. El Gobierno concede 
zona de distensión y le da estatus político a las FARC. 
Se llegó hasta acordar la llamada agenda para un 
cambio hacia una nueva Colombia. Pero el proceso 
Fracasó. Negociaciones de Ralito con las AUC. Se pacta desmovilización, que compromete a los territorios en los 
cuales operaban los distintos grupos paramilitares. Acuerda con las FARC un proceso de negociación en 
La Habana, sobre la base de una AGENDA. Negociaciones y políticas de paz de orden regional-local
Negociación entre el gobierno nacional y Milicias Populares, Milicias Independientes del 
Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas 
del Valle de Aburrá. Se pacta desmovilización, 
inversión social en las comunas y se crea 
Coosercom. Empresa de vigilancia privada. Negociación entre el gobierno y el Movimiento independiente y revolucionario Comandos 
armados MIR-Coar. Se pacta desmovilización 
e indulto, inversión social Entre 1995 
y 1998 Se llevan a cabo 50 pactos de convivencia 
y paralelamente se establecen los llamados 
Barrios de convivencia Entre 1995 
y 2000 Se autoriza por parte del gobierno el desarrollo de acuerdos regionales para lo cual se crea 
la Comisión Facilitadora de paz. 2001-2003 Establece la policía de “compro la guerra”. 
Es una política que pretendía desmovilizar a 
3000 jóvenes. 2001-2003 Plan Congruente de paz. Primera experiencia 
de orden regional de incidir de manera 
integral en las causas objetivas y subjetivas 
de la guerra. Sepúlveda Arroyave Juan Guillermo. Vivencias urbanas de paz. Medellín década de los 90. 2010
 Derechos Humanos y Solución de Conflictos.
Con el aval del Gobierno nacional se Formula 
un plan de convivencia que contemplaba el 
desarrollo de pactos con las bandas de las 
comunas. Programa “Fuerza Joven”, mediante 
consulta popular se construye el manual de 
convivencia, Se establece el plan desarme y el 
programa Medellín despierta para la vida. Estas circunstancias particulares son las que motivan en 
primer lugar a que sea repensado el concepto de postconflicto y que, a su vez, se intente un ejercicio valorativo con respecto a los procesos parciales que, hasta el 
momento, se han llevado a cabo en el país. D. Volvamos sobre la teoría 
de los conflictos Pero, para hablar del postconflicto, resulta indispensable precisar de qué idea de conflicto partimos. Para el 
efecto, Galtung plantea que el conflicto no es otra cosa 
que una situación de objetivos o intereses incompatibles 
que siempre estarán emergiendo dentro del marco de las El postconflicto en Colombia. Coordenadas para la paz. Juan Diego Garzón Galiano y otros. Bogotá. 2003. Universidad Pontificia Javeriana. “ 
También podemos definir el posconflicto….., como el período de tiempo que procede a la terminación del conflicto en sentido parcial (para 
el combatiente que estando en curso la confrontación ya no participa 
de ella) y en sentido total (cuando hay una terminación total de la confrontación armada ya sea por la derrota militar de una de las partes o 
por un acuerdo de paz), determinado por las mismas circunstancias del 
conflicto el origen, cultura e idiosincrasia de los sujetos intervinientes y 
en el cual se trazarán las metas de la reconstrucción y rehabilitación, que 
se ejecutarán en planes estratégicos de emergencia a corto plazo y desarrollo a largo plazo, con el fin de detener la proliferación de conflictos y 
de atender en forma adecuada e integral a las victimas generadas por la 
Como hecho relacional, hace parte permanente 
de la vida y es un generador constante de experiencias 
que comprometen la interioridad y la exterioridad de 
los sujetos. Por ello, como bien lo plantea este autor, no 
es posible hablar del fin del conflicto como tampoco de 
su solución, por lo cual se propone el concepto de transformación. Esto es, que de una situación de objetivos e 
intereses incompatibles se pasa a una situación nueva, 
donde inevitablemente se darán otros intereses y objetivos, proceso en el cual se ha generado una experiencia 
humana bastante referida al cómo se hace ese tránsito 
bien sea apelando a la ruta más arcaica, la violencia, o 
lo que, en palabras de Galtung, sería apelar a la capacidad de paz que le es inherente al ser humano, por ello 
su máxima de que “si queremos la paz preparémonos 
para la paz” como alteridad a la máxima “si queremos 
la paz preparémonos para la guerra”. Vistas las cosas de 
esta manera, los conflictos no son buenos ni malos en sí 
mismos, es el hecho vital que en su complejidad acuna 
una de las más importantes situaciones de interacción 
humana productora de experiencias para transformar y 
para construir pero, sin duda, también para destruir. En los términos de las guerras convencionales, el postconflicto no sería otra cosa que aquel período de tiempo, 
generalmente largo, que ocurre bien sea por la derrota 
militar propinada a una de las fuerzas contendiente –en 
tanto una de las fuerzas se impuso sobre la otra- o bien 
porque al final se optó por dar por terminado el conflicto a través de una negociación. Pero dentro de la mirada que podría darse a la arquitectura que le es común a 
todo conflicto y por consiguiente a la arquitectura de la 61 paz, se identifican tres fases, como puede observarse en 
el siguiente cuadro: LA ARQUITECTURA DEL CONFLICTO Y DEL PROCESO DE PAZ Fase de prenegociación Fase de negociación Fase de postconflicto Manejo del conflicto Resolución del conflicto Transformación del 
conflicto Respuesta a la violencia. Reacción a la realidad 
cambiante del conflicto 
en el terreno. Se refiere a 
todas 
las 
acciones 
que, 
desde 
el establecimiento y la 
sociedad, se dirigen a 
frenar 
la escalada de 
violencia y desactivar la 
idea de que no hay otra 
salida al conflicto que 
aumentar el dolor. Desarrollo de acciones 
orientadas a cambiar la realidad del conflicto removiendo 
sus causas. Corresponde a un momento 
en el cual se dan por lo 
menos tres condiciones: 1. 2. 3. Percepción mutua 
de 
las partes de que su 
situación es de estancamiento 
que 
apunta 
a generar altos costos 
para las partes. Han 
irrumpido 
en 
la 
sociedad 
liderazgos 
fuertes que construyen 
un ambiente favorable a 
la paz y de rechazo a la 
guerra. Apoyo relevante de 
la 
comunidad 
internacional. - - Afrontar los problemas 
propios de 
la 
implementación de los acuerdos. Transformar la relación 
entre los actores (enemigos) en contienda a 
través de la reconciliación política.
Estas fases o etapas se suceden en este orden, pero en la 
realidad el tránsito de una a otra está sujeta a fuertes tensiones y a crisis que pueden conducir a períodos de estancamiento e, inclusive, a regresiones a la primera fase 
cuando se estaba en el período de postconflicto. Pero 
este esquema que nos propone la teoría de los conflictos 
hace indispensable hacer algunas precisiones: 
El término posconflicto, como se ha indicado, se 
refiere, en los conflictos armados, a aquella etapa 
que comienza, en sentido exacto, cuando uno de 
los actores sucumbe al poder militar del oponente 
o cuando, a partir de un pacto, las partes declaran 
un cese al fuego, pero de ninguna manera podría 
conducir a la idea del fin del conflicto. Desde la 
perspectiva de los conflictos armados, casi siempre 
de larga duración, y de los conflictos que en general se suceden, en el ámbito del diverso y complejo 
mundo de las relaciones humanas, no es posible 
hablar del fin de éstos. La idea de que los conflictos 
no terminan ni se solucionan, sino que se transforman, radica en el hecho de que en toda etapa 
de negociación lo que se está dirimiendo de fondo 
es la creación de un escenario en el cual se creen 
unas condiciones sociales y políticas en medio de 
las cuales el trámite de deudas históricas; de orden 
social, económico y político; y visiones específicas 
de la sociedad; no implique el uso de la violencia 
y que en el orden de lo subjetivo individual y colectivo se restaure el daño causado. Esto es lo que 
propiamente se ha denominado la dimensión política del posconflicto. Al respecto John Paul Lederach en su obra “la Imaginación Moral señala: 
“Otorgamos a los acuerdos y esperamos que ellos den más de lo que pueden 
dar, especialmente en torno a la idea de que, en los acuerdos el proceso negociador ha terminado. De hecho, lo es todo lo contrario: los acuerdos de paz 
crean un espacio social y político en el cual las negociaciones representan 
una plataforma en desarrollo. En este sentido, las negociaciones no son un 
intento excepcional a corto plazo, sino que en realidad, los acuerdos de paz 
significan que acaba de comenzar toda una nueva serie de negociaciones a 
menudo, más arduas y difíciles”.
La dimensión política del posconflicto. “Al hablar de 
la dimensión política del postconflicto nos referimos a los retos relacionados 
con el diseño institucional, la reintegración política de excombatientes, la 
reconciliación política y la profundización de la democracia, en un contexto 
de continuidad, revolución o transición posterior al final de un conflicto. De manera exacta, los contenidos de una negociación son una solución o soluciones en cuanto 
se da término a una manera de tratar un conflicto y se abre la posibilidad de hacerlo de otra 
manera y, con ello, la oportunidad de transformarlo. Las decisiones sociales y políticas, encaminadas a incidir sobre las motivaciones que 
condujeron al conflicto, al tomar cuerpo en la 
sociedad, como realidades en esta etapa, modifican la escala de intereses, creencias y estructura 
de valores, y los transforman creando un nuevo escenario de disputa. De allí la pertinencia 
del llamado que hace Lederach, al respecto de la 
complejidad a la cual se ven abocadas las sociedades que aspiran a transformar sus conflictos 
cuando éstos han adoptado el camino de la guerra y/o las violencias. Por ello, las negociaciones 
exitosas pueden tener, de inmediato, como resultado, reducciones importantes en los indicadores de violencia sin que esto tenga implicaciones en cuanto a las causas que le dieron origen a 
la confrontación. Ocuparse de ello configura el 
gran reto cuando se hace referencia al concepto 
propiamente de la sostenibilidad y, esto, no es 
menor, pues a fin de cuentas lo que se está decidiendo es ese tránsito espinoso del lenguaje de 
la destrucción y de la muerte al lenguaje de la 
construcción, de la creatividad y de la vida. El postconflicto sería entonces el período que se 
ocupa de ese escenario que, en sentido exacto, es 
un período de transición en el cual las fuerzas sociales y políticas, que se inscriben en la dicotomía 
guerra-paz, tensionan sus fuerzas en el campo de la civilidad y dirimen sus diferencias apelando a 
los instrumentos propios de la democracia. 
En esta tensión de fuerzas, en un comienzo, la 
guerra y las formas violentas de resolver los conflictos gozan de una particular ventaja, de allí los 
altos riesgos de devolverse a períodos anteriores. 
Este devolverse también puede darse cuando los 
procesos de negociación concentran todas sus 
energías en lo sintomático, en lo más evidente, 
esto es, simplemente detener la escalada de las 
violencias, omitiendo el por qué se llegó a donde se llegó. Este pragmatismo bastante socorrido por la mayoría de los gobiernos que piensan 
más en metas de corto alcance o mediano vuelo, 
lo que hace simplemente es posponer la transformación y precipitar nuevos ciclos de violencia 
mucho más deletéreos. 2. Pero los problemas con el término posconflicto 
están presentes también cuando el lente desde el 
cual miramos estas ideas es el conflicto o, para 
ser más exacto, los conflictos armados que ha 
afrontado la sociedad colombiana.
“La participación de los ciudadanos en procesos de toma de decisiones, la inclusión 
de grupos excluidos en la vida política y económica del país, la prevalencia 
de un Estado de derecho y la construcción de instituciones democráticas 
efectivas y eficaces son elementos centrales en 
los procesos de democratización, superación del conflicto armado y avance 
en la construcción de una sociedad posconflicto.
 John Paul Lederach. La Imaginación de la moral”. “La mayoría de los acuerdos de paz no son soluciones en cuanto contenidos: son propuestas de paz 
para procesos negociados, que de seguirse, cambiarán la expresión del conflicto y suministrarán cauces para redefinir las relaciones.” 
particularidades antes referidas, se ha visto abocado a diversas etapas o fases de negociación y 
la entrada a un número similar de fases de posconflicto y/o transformación. Los contenidos 
de esta tercera fase han estado marcados por los 
mismos contenidos de la negociación que se han 
movido, desde treguas o desde la sola desmovilización y dejación de armas, hasta pactos más 
complejos que incluyen el desarrollo de políticas públicas encaminadas a incidir en los factores causales. Esto permite afirmar que la experiencia de posconflicto sí la ha vivido la sociedad colombiana 
pero dentro de los marcos de procesos de negociación parciales, 
los cuales agregan nuevos 
problemas que lo hacen más complejo cuando 
se les aboca desde la transformación misma del 
conflicto. Construir cuando a la vez impera el 
lenguaje de la destrucción, cuando la posibilidad 
de re-victimización no es un hecho aislado sino 
un riesgo permanente, es lo que permite afirmar 
las desventajas enormes, reales, que enfrenta una 
etapa de transformación. De allí que termine 
por imponerse la lógica de la guerra y, con ello, 
la imposibilidad de que el habitante del común 
no cuente, en su haber, con experiencias positivas 
en lo constructivo, y se afiance en sus conciencias 
la desesperanza, la desconfianza y la incredulidad 
en la paz. Estos problemas han tenido como consecuencia 
que las negociaciones, en unos casos, fracasen y 
se dé un regreso a la etapa de pre-negociación 
y en otros simplemente que los territorios que deja un actor sean copados de inmediato por 
otros que hacen parte de otras guerras. Respecto a esto último, el paramilitarismo inauguró lo 
que se ha denominado procesos de pacificación, 
entendidos éstos como el desalojo de un actor 
armado de un territorio, no por las fuerzas del 
Estado –pero en casi todos los casos con su colaboración-, sino por un actor irregular que le 
arrebata, mediante guerra degrada, su base social e impone por la fuerza su dominio. En los 
noventa en Colombia se habló de un país pacificado al norte y un país en conflicto con la 
insurgencia al sur. Dicho de otra manera, la sociedad colombiana 
sí se ha encontrado en circunstancias propias de 
lo que podrían ser etapas de posconflicto pero 
éstas no han podido ser parte del imaginario colectivo, en tanto la impronta de las guerras no 
negociadas ha sido tan relevante que ha opacado, cuando no neutralizado, cualquier iniciativa 
que intente incidir en remover causas de orden 
estructural ( inequidad, exclusión, democracia 
restringida) y cuerpos de creencias y de valores 
que socialmente apuntalan las salidas violentas 
a las conflictividades. 3. Al lado, estas particularidades y sus implicaciones, que son inobjetables, aparecen en otras no 
tan particulares, pues hacen parte de elementos 
más de orden propios de la región de América 
Latina. Se refiere más específicamente al complejo Estado débil-democracia restringida-contrainsurgencia, que en el continente tomó asiento a partir de la doctrina de seguridad nacional de la cual se hizo ya mención. En distintas coyunturas en las que se ha entrado a procesos de 
paz con posibilidades de éxito, se ha hablado de 
los enemigos ocultos de la paz. Estos enemigos, 
que en la realidad no son tan ocultos como se 
dice, operan a partir del complejo antes indicado. Se trata de sectores de la elite económica articulada a empresas electorales muy poderosas 
y éstas, con sectores de las fuerzas armadas, que 
han encontrado en el mantenimiento de la guerra una estrategia bastante funcional a la protección de sus intereses. Estas fuerzas que conspiran contra la paz, abortaron un primer intento como el acuerdo de La 
Uribe que terminó con el exterminio de la Unión 
Patriótica; experimento que tenía como finalidad 
crear las condiciones para una desmovilización 
total de las FARC. Posteriormente, con el intento 
de mayor calado como fue llegar a concebir una 
constitución garantista que desbrozara el camino 
para la construcción de la paz, después de 23 años 
se ha asistido a una lucha entre quienes pugnan 
por desarrollarla y quienes pugnan por revertir 
sus componentes más progresistas. En esta lucha 
el contenido de sus reformas indican que estos 
En el país hay mucho escepticismo sobre el proceso mismo. Y 
diría que muchos sectores, no solo las elites dirigentes, están descubriendo 
que a ellos les ha ido mejor con el conflicto armado que lo que les podría 
ir en el caso de que se firmara un acuerdo pacífico. Es decir, la gente está 
descubriendo, sin estar muy consciente de ello, que el conflicto armado ya 
no le molesta tanto a la gente de las grandes ciudades, que solo afecta a  las 
periferias de Colombia. Por todo eso muchos sectores tienen la convicción 
de que el conflicto armado a lo largo de los últimos 30 años ha sido para ellos 
un factor de cierta estabilidad social y política”. Resulta bastante 
relevante, que fue en este período de post-negociación, en el cual la guerra llegó a los más altos 
niveles de degradación y, por lo tanto, de victimización. Finalmente, está el proceso del Caguán, 
en cuyo fracaso también estuvieron involucrados 
estos sectores que le temen a la democratización 
de la sociedad pues se verían compelidos a tranzar y poner en juego sus intereses con otros. De manera conclusiva, la condición de posconflicto es 
una realidad no ajena al devenir de la historia del conflicto armado que Colombia ha sufrido en los últimos 
cincuenta años. Esa condición, que entraña una profunda complejidad, lo ha sido más por las propias particularidades que han impedido su sostenibilidad precipitando ciclos de violencia sucesivos que han profundizado 
las denominadas causas objetivas así como las subjetivas. Al no removerse, en la sociedad, sino más bien profundizarse creencias y valores alimentados desde el miedo, bastante funcional a la guerra, y al verse sometida 
ésta a sucesivas victimizaciones, la consecuencia no ha 
sido otra que el imperio de la desconfianza con respecto 
a dichos procesos. Miremos de manera resumida estas 
particularidades: - - Una guerra de baja intensidad que se ha hecho 
bastante prolongada y funcional a los intereses de 
sectores importantes de la elite política y económica. Presencia de diversos actores armados que confrontan al Estado o que actúan en consonancia 
con él, abriendo un abanico importante de guerras y violencias. 
Por las razones anteriores: la instauración de la 
lógica de las negociaciones parciales que, aún exitosas en su etapa de negociación, no han logrado 
en su etapa de post-negociación transformar las 
subjetividades (estructura de creencias y de valores) y externalidades (discriminación, exclusión) 
que encaminen la sociedad por alternativas no 
violentas. El pragmatismo bastante arraigado que asume 
el conflicto, desde la simplicidad y la omisión de 
la complejidad, centrándose sólo en lo más sintomático y visible (desactivar el actor armado 
por ejemplo) sin tocar por lo menos de manera 
importante lo no tan visible pero determinante, 
como aquello definido como causa objetiva o 
factor estructural. La acción deliberada de los guerreros de no 
considerar la pertinencia de que esa etapa de 
posconflicto necesita un sujeto que actúe preventivamente y de manera prospectiva como 
dique a un retroceso o devolución. La sociedad se excluye del proceso y si en algún momento se le tiene en cuenta lo es desde estrategias manipuladoras. Es el sujeto quien, en 
palabras utilizadas por Lederach, le definirá la 
dirección al flujo del nuevo escenario de relaciones o en la dirección del “cambio social 
constructivo. 
¿Qué retos nos depararía 
que el proceso de La Habana 
culmine exitosamente? Las circunstancias de las guerras no son siempre las mismas y esto lo es más, cuando hablamos de guerras de larga duración. En el caso del conflicto que en Colombia se 
expresa en la contradicción entre el Estado colombiano 
y la insurgencia, los contextos nacionales e internacionales han tenido un peso significativo. En el período político que siguió al fracaso de la negociación del Caguán, llamado “Seguridad Democrática”, 
cuyo objetivo central era propinar una contundente derrota militar a las FARC, se desarrollaron y aplicaron, 
en la escala más avanzada, los pasos antes indicados de 
la guerra de baja intensidad. Esto hizo pensar que la vía 
negociada de dicho conflicto había llegado a sus niveles 
más bajos y que el país se había adentrado en una de las 
etapas más regresivas en materia de paz; y que muchos 
de los logros alcanzados por el movimiento social por 
la paz en la década de los -cimentar valores como la 
vía negociada, la construcción de la paz e invalidez de 
la guerra como opción- se venían a bajo. La sociedad 
legitimaba la guerra y, aún más, parecía validar “el todo 
vale” que parecía ser una opción legítima para el paramilitarismo. Sin embargo, el heredero de esta política, Juan Manuel 
Santos, sorprendió a propios y extraños cuando en su 
discurso de posesión abrió la posibilidad de una negociación, dentro del marco de un proyecto de gobierno 
denominado “La Prosperidad Democrática”, el cual se 
haría realidad a partir de las llamadas cinco locomotoras: el campo, la infraestructura, la vivienda, la minería 71 y la innovación
Un año después, 
estos anuncios se vieron concretados en el “ACUERDO 
GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO”, que tiene caminando una negociación que ha podido avanzar en tres de los cinco puntos de la agenda. ¿Pero 
qué ha cambiado propiamente en este nuevo intento de 
tramitación negociada de la guerra?. Proceso de acumulación global y nacional. Después de una crisis prolongada, iniciada a finales 
de los noventa, de la cual apenas empiezan a vislumbrase los primeros amagos de recuperación, 
el capitalismo encontró como fuente privilegiada 
para un nuevo ciclo de acumulación los recursos 
naturales pero, de manera específica, la tierra y 
lo relacionado con lo minero-energético-alimenticio. Por razones obvias la mirada se situó en 
América Latina como una gran reserva en estos 
campos y los capitalistas nacionales, poco golpea- Discurso de posesión del Presidente Juan Manuel Santos. Apartes:
“ -Con el campo, la infraestructura, la vivienda, la minería y la innovación 
pondremos en marcha el tren del progreso y la prosperidad, para que jalone 
los vagones de la industria, del comercio y los servicios, que son los mayores 
generadores de empleo. Discurso de posesión)
-Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos.
-De un desarme real de los espíritus, construido sobre cimientos perdurables 
que no alimenten falsas esperanzas, que no permitan más engaños y que no 
conduzcan a nuevas frustraciones en un país que, desde lo más profundo de 
su alma ensangrentada, lo que más desea es la paz.
-Tenemos que asimilar la lección del pasado y aprender de los errores cometidos en esta brega por superar una confrontación que hace demasiado 
tiempo nos desgarra.
-A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan 
otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a 
cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa dos por la crisis, encontraron una gran oportunidad para dar un salto importante en sus propósitos de acumulación. 2. Un sector destacado de la elite, interesada en inscribirse en esta nueva dinámica de acumulación, 
encuentra en la persistencia de dicha guerra un 
obstáculo importante para hacerse competitivos 
en el escenario global, en cuanto la coincidencia 
espacial de dichos intereses con territorialidades comprometidas seriamente con el conflicto. 
Los resultados no concluyentes de la “Seguridad 
Democrática”, concebida como ofensiva final, y 
la imposibilidad, por la misma crisis, del incremento de recursos del Plan Colombia, por parte 
de los EEUU, que permitieran llevar la confrontación a unos niveles superiores, condujeron a 
que sectores modernizantes, afines a dicha propuesta, replantearan la estrategia y una vez más 
imaginaran una salida distinta a la confrontación 
armada, para lo cual era preciso servirse de las 
experiencias anteriores y diseñar un proceso que 
ofreciera mayores certezas. 3. Las experiencias regionales que alientan en el 
continente el desarrollo de proyectos de izquierda desde plataformas democráticas (Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia), confirman que la época de las revoluciones, que se alimentaban de la 
tesis de la violencia revolucionaria y la toma del 
poder por las armas, si bien no han llegado a su 
fin, han perdido toda vigencia y posibilidades de 
desarrollo. A esto se agrega una insurgencia que 
ha sufrido importante derrota política nacional 
e internacional al perder su lucha toda legitimidad y reconocimiento. Dos circunstancias son 
relevantes en esta derrota política: el verse involucrada en hechos de guerra degradada (masacres, secuestro, minas antipersona, afectación de 
civiles en la confrontación armada) y en acciones 
que la ligaban con el tráfico de drogas ilícitas. No 
son menos importantes los reveses militares que 
la arrinconaron contra las fronteras, obligándola 
a perder el control de territorios claves y líderes 
que condensaban un importante acumulado de 
los saberes de la guerra. Esto presionó cambios 
radicales en la estrategia e impuso la posibilidad 
de la negociación. 4. Una metodología que contempla claramente las 
tres etapas de la transformación del conflicto y 
que innova a partir de los aprendizajes sobre los 
procesos anteriores. Al respecto merece destacarse el pacto de una agenda que centralice los temas 
objeto de negociación, dentro de los cuales cobran una singular importancia el narcotráfico y 
las víctimas. En segundo lugar, el hecho de considerar un mecanismo de refrendación para el cierre de la etapa 
de negociación. Esto último rompe, de manera 
sustancial, con los procesos anteriores y resuelve un problema de fondo al considerar la validez 
de lo que se ha llamado el tercer actor, esto es, la 
sociedad, como un agente decisivo en la etapa de 
posconflicto en tanto actor clave en la perspectiva 
de la sostenibilidad. Como paso previo a esta decisión, merece destacarse la reactivación del Consejo Nacional de Paz, espacio concebido en la Ley 
434 de 1998, en cuyo artículo primero señala: “La política de paz es una política de Estado, 
permanente y participativa. En su estructuración deben colaborar en forma coordinada y 
armónica todos los órganos del Estado, y las 
formas de organización, acción y expresión de 
la sociedad civil, de tal manera que trascienda 
los períodos gubernamentales y que exprese la 
complejidad nacional”. Con esta ley, el Estado desarrolla los artículos 22 
y 95 de la Constitución sobre el derecho a la paz y 
le da a la paz estatus de política de Estado. La irrupción de las víctimas, en la primera década 
del 2000, como un actor social y político, ligada 
a políticas públicas como la ley de justicia y paz 
y ley de víctimas y restitución de tierras, creó un 
escenario nuevo donde el Estado se vio obligado a armonizarse con la legislación internacional 
establecida en convenios. Estas demandas que 
comenzaban a tomar asiento en nuestra estructura jurídica, en donde el movimiento social por 
los DDHH y de paz jugaron un papel destacado, 
aunadas a los escándalos de la parapolítica, permitieron que se avanzara muchísimo en materia 
de verdad, y la sociedad pudo encontrarse con 
algo que había permanecido oculto y que daba 
cuenta de la tragedia y la magnitud del daño causado. Todo esto volvió a colocar sobre el tapete 
la urgencia de parar el desangre y por lo tanto la 
urgencia de considerar la alternativa de la negociación. Estas cinco circunstancias son las que, a nuestro entender, le imprimen al actual proceso de negociación unas 
condiciones que permiten juzgar que, si en algún momento los procesos de negociación anteriores pudieron 
ser utilizados por los agentes de la guerra para hacerse a 
mejores posiciones que les diera ventajas desde la guerra 
misma, tal vez por primera vez, en nuestra historia de 
violencias que parecían sin fin, nos encontrábamos ante 
el reconocimiento, por parte de dos actores claves en la 
guerra, de la imposibilidad de provocarse una derrota 
militar y, para la insurgencia, del aserto de que su programa político era posible por otros medios distintos al 
imaginario de la toma del poder por la vía armada. Lo 
cual, en su conjunto, le imprimía al proceso aludido un 
amplio margen de certezas y unas condiciones bastante 
creíbles de terminar exitosamente. Ahora, ante la pregunta sobre los retos que plantea una 
nueva etapa para transformar el conflicto, resulta absolutamente pertinente intentar identificar dichos retos a 
los cuales nos veremos abocados. 1. Legitimación del proceso en la sociedad. Tantos años de victimizaciones y revictimizaciones y 
tantos intentos fallidos por encontrar un camino 
distinto a la violencia, para dirimir intereses encontrados en la sociedad, sembraron en las conciencias el pesimismo que, como bien lo caracteriza Lederach para conflictos de larga duración, 
se trata de un pesimismo para la supervivencia, John Paul Lederach. La imaginación moral. “La sorprendente percepción 
en estas tierras es que la supervivencia requiere del horizonte de esperanza 
aunado con la indiferencia hacia el impacto de la violencia……No permiten 
que los repetidos ciclos de violencia maten su pasión por la vida o hagan descarrilar su trayecto cotidiano. Continúan caminando por ese terreno a pesar 
de la violencia. Esto les exige una indiferencia selectiva: estos acontecimientos concretos que están fuera de mi control no restringirán ni destruirán mi 
vida. Cuando esos acontecimientos se repiten una y otra vez, atravesando 
décadas y generaciones, crean el pesimismo de la supervivencia esto es, la espera para que se disponga de las certezas respecto de la autenticidad del cambio. Es 
el sentimiento que emerge en “escenarios en los 
cuales sus habitantes han aprendido a negociar 
la vida en los duros terrenos de la violencia”. 
De manera sostenida y desde diversas encuestas 
de percepción ciudadana, llevadas a cabo en los 
últimos diez años, se observa la coincidencia en 
constatar que sólo entre el 30% y 35% de la población considera que un proceso de negociación 
del conflicto terminaría de manera exitosa, y que 
un porcentaje mayor que puede superar el 70% 
rechaza cualquier prerrogativa de orden 
judicial o político a la insurgencia. Esta percepción 
confirma, de manera cuantificada, el hecho del 
pesimismo antes aludido y está explicitando un 
problema central cuando se plantea la necesidad 
de un sujeto para la sostenibilidad del proceso 
de negociación y un sujeto para la construcción 
de paz. También en esto está implicada toda la 
estructura de valores y de creencias que han naturalizado, por así decirlo, el autoritarismo, el 
caudillismo y un conjunto de prácticas en la vida 
pública, donde no es propiamente el interés por 
lo común lo que se explicita como más relevante. Esto nos coloca ante la posibilidad, en nada descabellada habida cuenta del proceso de refrendación al cual se hizo mención antes, de encontrarnos ante el riesgo de que se rechace en las urnas el 
acuerdo firmado, de mantenerse los altos niveles 
de animadversión, desconfianza y escepticismo. No se trata de un problema sólo pedagógico 
como, de manera simplista, se quiere presentar. 
Se trata de que, desde el Estado y la insurgencia, 
se creen hechos que en la vida cotidiana de los 
habitantes de este país, les permitan dar paso a 
paso ese tránsito entre el pesimismo que les ha 
permitido sobrevivir a una esperanza que 
los 
haga sentirse agentes efectivos en la transformación de sus entornos y realidades. Esto pasa por 
cambios en el lenguaje en la tramitación de intereses contrapuestos (desactivar la guerra verbal 
y la práctica inveterada de las estigmatizaciones), 
por hechos en el comportamiento de los agentes 
del Estado que hablen de un giro sustancial en las 
relaciones ciudadano-estado (desmontar la estrategia del enemigo interno, que conlleva al trato 
violento de toda protesta social, o a toda postura 
que se oponga a la institucionalidad, que se den 
pasos en rodear de garantías la participación social y desde los gobernantes hacerla efectiva y no 
manipularla, romper el Estado con todo vínculo 
con la ilegalidad) es también, por decisiones unilaterales que alivien la tragedia de la guerra o que 
ofrezca inclusive treguas definitivas y, finalmente, 
que desde la espontaneidad, sin esperar al gran 
acuerdo, se den aportes, desde ya, en la verdad, 
en dar versiones y explicaciones creíbles sobre lo 
ocurrido, ante demandas concretas que se hacen 
en los territorios y escenarios de la confrontación 
(secuestros, masacres, desapariciones). Como puede colegirse de lo anterior, legitimar este 
proceso es el reto inmediato y la tarea permanente 
por el período, seguramente largo, que tendrá el 
período transformativo del posconflicto. El ingreso de los combatientes a la civilidad. 
Uno de los aprendizajes que han dejado los procesos anteriores, es un saber importante en cómo 
afrontar la complejidad que entraña provocar los 
cambios en las subjetividades de aquellos para 
quienes la guerra y la destrucción se convirtió en 
una manera de vivir. Políticas de orden nacional y 
regional permiten reconocer que se ha avanzado 
bastante en el quehacer y hay un saber acumulado al respecto. Pero el mundo relacional, en territorios en los cuales se encontrarán cara a cara 
víctimas y victimarios, y una sociedad en general 
que fue inundada por el equívoco de que el mayor agente de violencia y el mayor de sus problemas era la insurgencia, es a nuestro modo de ver 
el gran vacío y el gran reto. El daño causado y sus 
consecuencias inevitables en las subjetividades de 
las víctimas y el odio alimentado desde políticas 
y estrategias estatales, por muchos años desde 
el complejo contrainsurgente, es tal vez uno de 
los retos que están en primera línea, cuando se 
piensa en la reconciliación, perspectiva clave en 
el postconflicto. 3. Desarrollar el sujeto de la paz y la democracia. 
Si el proceso actual pretende dar un salto cualitativo, con respecto a los procesos anteriores, 
en el sentido de evitar que termine siendo una 
negociación parcial entre guerreros, limitada en 
sus resultados a sólo reducir los indicadores de 
violencia, y sea sólo un paréntesis en el cual se 
incube un nuevo ciclo de violencia, debe tomarse en serio que ese actor que, desde la década de 
los 90, viene teniendo presencia en lo que se ha 
llamado el movimiento social por la paz, que ha sido arrinconado y estigmatizado, de manera sistemática por los gobiernos, buscando que sea potenciado y enriquecido, para que el camino de la 
reconstrucción del país se asegure y sea una realidad. El proceso de refrendación, concebido en la 
agenda de La Habana, es sin duda un primer paso 
y una excelente oportunidad para que las aguas 
empiecen a caminar hacia la orilla del amor y no 
hacia las orillas del miedo, según la metáfora propuesta por Lederach. Dicho de otra manera, hacer sostenible un proceso largo y difícil, que desde 
el asentamiento de la democracia, como la mejor 
forma civilista de relacionarnos y de ocuparnos 
de lo común, permita ir desbrozando el camino 
de no retorno a prácticas violentas y de asegurar 
paso a paso ese cambio social constructivo al cual 
se hizo referencia antes. Los conflictos urbanos y un cambio en la concepción y en la construcción de políticas públicas en seguridad ciudadana. El carácter parcial 
de las negociaciones que se llevan a cabo en La 
Habana lo está determinando el hecho de que 
éstas no se ocupan, por lo menos de manera directa, de las violencias que se desenvuelven en la 
mayoría de los centros urbanos y en los mismos 
espacios rurales en los cuales se desarrolló el paramilitarismo de los 90 y que en la actualidad explican el grueso de las violaciones a los derechos 
humanos, expresadas, entre otros, en homicidios, 
secuestro, desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones, extorsión y violencia sexual. 
Estas violencias, tienen como actor la brutal mixtura 
paramilitarismo-narcotráfico-insurgencia, 
reconfiguración ocurrida después de la fraudulenta negociación con las AUC, la cual se concreta orgánicamente en las complejas estructuras de 
corte mafioso que operan en la casi totalidad del 
territorio nacional. Estas estructuras, que funcionan en red en todas 
las escalas territoriales, han diversificado y complejizado su campo de operaciones: contrainsurgencia, micro tráfico, mercado global de narcóticos, inserción en la economía legal (transporte 
urbano, mercados barriales, minería, construcción y mercado habitacional, juegos, ventas ambulantes, prostitución) y en la política, articulados a estructuras partidarias de ultraderecha y a 
los poderes en la escala municipal. Este amplio 
campo de operaciones se hace posible desde la 
lógica de la oferta de protección violenta, que se 
impone a la oferta legal estatal, por una situación 
de clara desventaja o bien por una expresa connivencia. Esta realidad es lo que impone ponderar los efectos, que en un corto plazo pudiera tener un escenario de post-negociación, en la reducción de los 
indicadores de violencia. Esto lo es más, cuando 
la política antidrogas, a nivel global y nacional, “Colombia podría verse abocada a una nueva reforma agraria a partir de 
una nueva oleada de desposesión violenta y revictimización, a partir de actores globales y nacionales, que ante las necesidades de acumulación, en un 
sector como el minero-energético, no dudarían, como se ha indicado, en 
comprar seguridad y garantías a quien las ofrezca. La perversa alianza de 
sectores de la elite económica, la ultraderecha, capital global, latifundismo, 
narcotráfico y actores armados ilegales, podría estarse reeditando para mantener el statu quo en el campo y así, despejar el camino para articularse a 
las nuevas necesidades de acumulación”. En ello es significativo que las políticas de seguridad, en los ámbitos urbanos, no se muevan del 
modelo concebido en el Plan Colombia; allí la 
declaratoria de guerra y la búsqueda de objetivos 
de alto valor está en el orden del día, basta mirar 
al respecto el Plan de Seguridad y Convivencia –
PISC de la actual administración de Medellín. Sin embargo, 
los componentes de 
la agenda 
que se discute en la Habana, consignados en el 
Acuerdo General para la terminación del conflicto, 
sí tocarían de manera indirecta esta guerra, que 
como se ha indicado, carga con el mayor peso 
en las violaciones de los DDHH, siendo por ello, 
el mayor agente generador de violencia. Sólo el 
hecho de haber incorporado como uno de los 
puntos de la agenda: la solución al problema de 
las drogas ilícitas, sobre el cual ya se tiene un 
acuerdo concreto, es una señal inequívoca que 
se está incidiendo sobre un problema de orden 
estructural y, por lo tanto, de un valor nada despreciable en la dinámica de las violencias urbanas, pues abre, entre otras cosas, la posibilidad 
de un replanteamiento de la política antidrogas. 
No es menos importante al respecto, el punto 
referente al desarrollo integral del agro y la implementación de una reforma política que al 
rodear de garantías a la participación política, 
le dé un empujón a la democracia restringida 
existente y, en los ámbitos locales, fortalezca la 
legalidad y le cierre espacios a la corrupción y 
a actores ilegales que se han beneficiado de las 
debilidades del Estado para capturarlo y servirse 
de él.
A manera de conclusión: 1. Se está pues, ante la posibilidad de que un proceso de negociación que reviste todas las características de parcialidad, podría tener el carácter de transformar de manera general los factores de violencia y encontrarnos en un escenario 
complejo pero prometedor de postconflicto 
inédito en la larga historia de tramitación negociada de nuestros conflictos armados. Todo 
ello, lo será dependiendo de que en dicho postconflicto se dé el tránsito de la tríada estado 
débil-democracia 
restringida-contrainsurgencia a la de estado fuerte- democratización 
en desarrollo-libertades y derechos. Dicho de 
otra manera, el actual proceso de la negociación no es la paz en sentido general pero puede llegar a serlo, pero también si no lo es, nos 
estaría colocando a las puertas de un nuevo 
ciclo de violencia. De esta manera, un Estado fuerte no está referido 
precisamente a la idea de un Estado que pretende imponer el imperio de la ley a condición del 
sólo fortalecimiento del aparato coercitivo y por 
lo tanto, la militarización de la vida ciudadana. 
Se trata de un Estado que se ha hecho fuerte porque se fundamenta en la vigencia y observancia 
de los derechos y por el imperio de la civilidad 
en la amplia y diversa gama de relacionamientos. 
Es de manera resumida, el imperio del Estado de 
Derecho como expresión de que el habitante confía en la legalidad y además se considera un actor 
fundamental en la protección y desarrollo de esa 
legalidad.
Este escenario de postconflicto tendría el tema 
de la seguridad urbana a uno de sus mayores retos pues si bien comparten problemas de orden 
estructural, acusa particularidades relacionadas 
con el actor violento para cuyo tratamiento no 
depende únicamente de las decisiones locales o 
nacionales si no que se enfrenta una escala mayor 
como la global. Sin embargo, este escenario si podría abocar un 
replanteamiento de la concepción que en materia 
de seguridad se tiene, inspirada en la estrategia de 
seguridad nacional y en el planteamiento contrainsurgente, lo cual permitiría imaginar políticas 
que sean congruentes con la complejidad que se 
pretende transformar y se supere así, la manera 
simplista y poco imaginativa que ha imperado. 
Como se ha indicado, el desarrollo de los acuerdos de la Agenda de la Habana, pero de manera 
particular lo concerniente a la posibilidad una 
nueva política antidrogas en el marco de una política integral al problema de las drogas ilícitas y 
la creación de unas condiciones que fortifiquen 
nuestra democracia, impactarían y viabilizarían 
positivamente los replanteamientos que puedan 
hacerse en materia de seguridad, lo cual tendría 
positivas consecuencias en 
los 
indicadores de 
violencia ligados a la protección violenta y en las 
condiciones que han permitido de manera estructural estas expresiones violentas de los conflictos urbanos.
Pensar en un posible escenario de postconflicto político en Colombia, implica revisar y analizar las tareas que 
desde allí emergen en todos los ámbitos de la sociedad. 
De manera particular, en este artículo se esbozarán algunas reflexiones sobre varios de los retos que esto supone 
en el ámbito educativo, procurando precisar lo que se 
entiende por postconflicto y, desde esta concepción, lo 
que compete a la nominación de “político”, buscando 
establecer algunos aspectos de lo que significaría un fin 
a los enfrentamientos entre las FARC y el Estado colombiano y lo que aun quedaría faltando para poder hablar 
de construcción de paz en Colombia. En este sentido se 
presentan unos antecedentes, que inciden en el análisis 
de la posible situación de postconflicto y se hará referencia a este proceso de negociación como una de las etapas 
del postconflicto político, quedando con esto señalado 
que este es sólo un tipo de conflicto y que sólo se está 
avanzando en una de las etapas en lo concerniente a la 
dimensión política del mismo. Avanzando hacia el postconflicto político 
en Colombia Abordar el tema del esperado fin del conflicto armado 
entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
–FARC y el Estado colombiano, lleva en primera instancia y de manera necesaria a la tarea de dimensionar la 
categoría postconflicto, además pone de plano la dificultad de poder nominar de esta manera el proceso que se 
está llevando a cabo en La Habana, pues se debe partir 
de que la negociación que se espera lograr no significará 
el fin de todas las dimensiones del conflicto armado ni 
mucho menos del cese de la violencia en nuestro país. 88 89 Para definir el concepto de postconflicto, Ugarriza (2013. 
p.145), retoma los planteamientos de Galtung (1975), 
Boutros-Ghali (1992), Chetail (2009), Rettberg (2003 y 
2012), y plantea que éste se entiende como la terminación del conflicto, bien sea por medio de la negociación, 
de la victoria militar o de otras formas de lograrlo. De 
acuerdo con esto, el fin del conflicto armado entre las 
FARC y el Estado colombiano no debe entenderse como 
la victoria o el fracaso de uno u otro actor, pues es por 
medio de un proceso de diálogo que nos estamos aproximando a una salida negociada de un conflicto armado 
que lleva casi cinco décadas, en las que sería difícil decidir quién o quienes han salido victoriosos, en su momento, o quiénes han perdido. Como complemento, Ugarriza también enuncia que la 
construcción de la paz es un reto ineludible del postconflicto, que va unido a su propia definición y que implica fortalecer los acuerdos y buscar los mecanismos y las 
estrategias para evitar una recaída en la confrontación 
armada, lo cual hace necesario que se revisen las condiciones de esta negociación en el caso de Colombia, pues 
para garantizar que no se vuelva a caer en lo mismo se 
deben tener en cuenta muchos aspectos que van más allá 
del acuerdo que se podría firmar en La Habana. Algunas de las experiencias en América Latina evidencian que para llevar a cabo un proceso de desmovilización y de reinserción en la vida social y política de los 
actores armados que firman un pacto, se requieren no 
sólo de marcos jurídicos que soporten la clasificación y 
priorización de los delitos cometidos y de sus sanciones, 
apoyados en unos instrumentos de justicia transicional, además de unas garantías de reinserción a la vida 
social, productiva y política de dichos actores, sino que 89 también se requiere recuperar la credibilidad del Estado 
como garante del control, la seguridad y el bienestar de 
los ciudadanos y esto, a su vez, implica tener en cuenta el 
análisis de los factores que desencadenaron el conflicto 
al que se pretende dar fin, así como el transcurso que 
ha sufrido y los cambios que en dicho conflicto se han 
efectuado. En el análisis que hace el investigador Wielandt (2005, 
p.8): “El encuentro de un vínculo entre las causas del 
conflicto armado y de la situación posconflicto en 
Centroamérica tiene que ver con las condiciones 
sociales que dieron origen a los conflictos armados en la década de los años setenta y ochenta, y los 
problemas que explican la violencia y criminalidad 
posconflicto. El problema yace, en consecuencia, en 
una continuidad de las causas; o sea, las condiciones sociales, que suscitaron los conflictos se mantienen al término de éstos, y la regulación de las crisis 
adquiere otras formas de escape social a través de la 
violencia privada criminal”. Esto obliga a pensar en cómo garantizar que los miles 
de hombres y mujeres que se reincorporarán a la sociedad civil no serán cooptados por los múltiples grupos 
armados que operan desde la ilegalidad y la delincuencia, acrecentando la problemática actual en términos 
mayores. Una de las tesis desarrollada en el trabajo de Wielandt, es 
que “la deslegitimación de la democracia, producto de 
la inseguridad de los ciudadanos, obedece a la tendencia 
histórica dada por las condiciones tradicionales de injusticia de las sociedades centroamericanas en cuestión”, a lo cual no escapa el caso colombiano, porque el inicio 
del enfrentamiento entre los frentes que están en la negociación, al igual que la raíz de muchas de las problemáticas asociadas a las múltiples manifestaciones de la 
violencia, la ilegalidad y la delincuencia en nuestro país, 
radican en la inequidad y la injusticia social. Así, hablar de la construcción de la paz en el caso Colombiano y que ésta sea duradera y estable, como lo 
plantea el Marco Jurídico para la Paz, obliga a establecer las múltiples relaciones que se han desprendido de 
la tensión inicial que dio origen al enfrentamiento armado y buscar los mecanismos para que no se repita. 
Pero esta es una tarea bastante ardua, porque primero 
que todo es necesario entender que las FARC no son 
el único grupo armado que protagoniza actos bélicos, 
ni son los únicos que agencian la violencia en nuestro 
país y por tanto no se puede hacer una generalización, 
aludiendo a este proceso de negociación abiertamente 
como si se tratase del fin del conflicto armado, pues 
la sociedad colombiana ha tenido que afrontar poderes violentos que van desde los grupos insurgentes, los 
grandes capos del narcotráfico, los paramilitares, hasta 
la propia fuerza pública del Estado; todos se han visto 
involucrados en episodios nefastos para el país y han 
contribuido a que se naturalice la guerra y la muerte 
como opciones válidas para acceder a formas de poder 
y control, lo cual ha significado, entre otras cosas, que 
muchos colombianos tengan una creciente incredulidad en el Estado como garante de derechos y como 
fuerza legítima. Consecuentemente es necesario reconocer que la guerra que se ha librado y se libra entre los distintos actores 
armados que tienen vigencia en el país, ha significado 91 cifras interminables de muertes, de genocidios, de torturas, de vejámenes en los que todos los actores armados han sido responsables de afectaciones a la población civil, lo cual implica tener en cuenta a los millones 
de víctimas que ha cobrado la guerra y los concernientes procesos de reparación, restitución y garantía de no 
repetición respectivos. Por tanto, en Colombia, hablar 
de postconflicto político implica, en primera instancia, 
analizar la deslegitimidad del Estado frente a gran parte de la sociedad, así como la pérdida de credibilidad 
en la solución armada para llegar al poder y para cambiar unas condiciones económicas, sociales, políticas y 
culturales, que van en detrimento de una vida digna 
para millones de colombianos, además pone grandes 
retos en lo relacionado a la construcción de la paz. En 
este sentido, asuntos como la atención a las víctimas; 
los procesos de verdad, justicia y reparación; y la reinserción de los miembros de los grupos desmovilizados; tendrán que ser objeto de grandes esfuerzos por 
parte del Estado y de la sociedad para que esa paz sea 
real. Adicionalmente se tendrán que producir cambios 
drásticos en lo estructural, relacionados con el sistema económico, político y cultural que sigue generando 
enormes brechas sociales. Proceso de paz de la Habana: El proceso de diálogo entre las FARC y el Gobierno colombiano que se adelanta en La Habana, es un paso muy 
importante para comenzar a construir un ambiente de 
paz en Colombia, sin embargo, aunque necesario y vital, 
es sólo un paso; porque son múltiples las líneas que se 
cruzan en el complejo panorama que ofrece el conflicto 
social y las violencias que de este se desprenden. Pero 
como lo plantea Ugarriza (op cit.), “los retos políticos del postconflicto no se limitan a la atención específica a 
victimarios y su relación con las víctimas, sino que implican reconstituir la relación política de estos grupos 
con el resto de la sociedad”. Así, este proceso de negociación se podría entender como una etapa de postconflicto político, pero sólo si se tiene en cuenta lo que plantea Ugarriza (op cit, p.156) al respecto: “Una evaluación 
completa de la dimensión política del postconflicto implica el desarrollo de herramientas de medición y análisis de sus componentes en los niveles sistémico, grupal 
e individual”, además añade que hay estudios sobre lo 
relacionado a los análisis sistémicos y grupales, pero advierte que “existe un claro vacío sobre cómo abordar el 
nivel individual de manera empírica” y adicionalmente 
plantea que es necesario tener en cuenta la reintegración 
política, la reconciliación política y la participación ciudadana, como retos fundamentales para las sociedades 
en postconflicto. De esta manera, ponerle fin a una confrontación que le 
ha costado a Colombia no sólo innumerables muertes, 
sino indecibles experiencias de horror que han vivido 
miles de personas, más los padecimientos que han sufrido generaciones enteras que crecieron en un ambiente 
cada vez más enrarecido por los efectos de la guerra y 
sus subsiguientes consecuencias en la configuración de 
unas concepciones, valoraciones y posturas morales que 
validan la violencia como mecanismo de control y dominación, todo esto, sin entrar en detalle sobre los costos 
monetarios que han desangrado el erario público con la 
inversión de los miles de millones que se han tributado 
para sostener la guerra, ponen de manifiesto que esta 
es una tarea bastante compleja, porque no se trata sólo 
del cese al fuego cruzado sino del restablecimiento de la 
legitimidad del Estado y de la búsqueda de su estabilidad. Lo cual está directamente relacionado con los niveles sistémico, grupal e individual, que plantea el trabajo 
realizado por Ugarriza (op cit) y que hacen referencia a 
lo siguiente: En el nivel sistémico, una democracia profunda o 
de calidad se refiere a un sistema político eficiente y 
capaz de proveer servicios básicos a los ciudadanos 
(PNUD e IDEA 2009). En el nivel grupal significa la 
existencia de una ciudadanía organizada, comprometida, responsable y empoderada, capaz de cuidar 
y promover sus derechos sociales y políticos mediante mecanismos de participación democrática 
(Departamento Nacional de Planeación 2010). En 
el nivel individual, la idea de profundización de la 
democracia en el postconflicto implica la apropiación personal de una visión ideal de ciudadanía y 
su puesta en práctica con independencia de la pertenencia, o no, a colectivos organizados. Hasta aquí se han mencionado sólo algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta para considerar 
como urgente e imprescindible la construcción de unos 
acuerdos, que permitan avizorar nuevos escenarios democráticos en la búsqueda de la tan anhelada paz en 
Colombia. No obstante, es fundamental considerar que 
este es un proceso que representa indudables beneficios 
para toda la sociedad colombiana, los cuales deben ser 
capitalizados para continuar con la ardua tarea de construir la paz en el país y tener claro que para el logro de 
este reto, ahora más que nunca, se requiere la participación de todos los ciudadanos de a pie, que estamos 
llamados a estar muy atentos a lo que significa o puede 
representar llegar a un fin del conflicto político entre las 
FARC y el Estado. Otras realidades que se deben considerar 
para hablar de construcción de paz En los imaginarios colectivos de los últimos tiempos, 
han transitado discursos que apuntan a señalar a las 
guerrillas como la fuente primordial de la violencia 
en Colombia, uno de estos discursos ha sido el que 
abanderó el gobierno de Álvaro Uribe y su política 
de Seguridad Democrática, en este mismo plano se 
ubican 
los discursos paramilitares que pretendían 
sustentar la idea de “limpiar” al país de los grupos insurgentes, lo cual, quedó refrendado en la serie televisiva “Los tres caínes” emitida por el canal RCN, en 
la que los protagonistas (hermanos Castaño) repiten 
incesantemente que su labor es hacer patria, atacando 
a sangre y fuego todo lo que huela a izquierda en Colombia. Esto, sin duda, ha servido para que se oculten problemáticas de fondo a partir de focalizar en 
los grupos insurgentes el origen y las consecuencias 
de la violencia. Entonces, en este orden de idas, sería 
ingenuo desconocer situaciones como las referidas a 
la manera en que el narcotráfico ha permeado todos 
los espacios de la vida nacional. Para ilustrar un poco 
este asunto, se retoma un fragmento de una entrevista realizada a Alejandro Gaviria, en la Silla Vacía en 
mayo de 2011, en la cual afirma que: “…las ganancias son sustanciales y, sobre todo, están concentradas en pocas manos, lo cual, en conjunto, les da a los narcotraficantes un gran poder 
corruptor.  Hay en todo esto una suerte de paradoja. El narcotráfico transformó la sociedad y las instituciones colombianas. Disparó la violencia, infiltró 
los partidos, corrompió las instituciones, reestructuró la moral, etcétera.”  De otro lado, Alejo Vargas, profesor e investigador de 
Universidad Nacional de Colombia y director del Grupo 
de Investigación en Seguridad y Defensa, plantea que: “La sociedad colombiana y su democracia se encuentran afectadas por los efectos perversos del 
narcotráfico y sus actividades relacionadas. El problema de la droga tiene como antecedente fundamental, en el caso colombiano, una estructura de 
ilegalidad preexistente. Todos los estudios indican 
que las primeras infraestructuras de tráfico de marihuana y cocaína se construyeron a partir de las experiencias acumuladas por organizaciones de contrabandistas durante el siglo XIX y comienzos del 
XX. Por supuesto, la debilidad histórica del Estado 
colombiano ha desempeñado un papel fundamental. (Vargas, 2010: 159)” También es interesante retomar un fragmento que 
cita en su artículo, en el que la fuerza pública reconoce la gran influencia del narcotráfico en la vida política del país. El último número de la Revista Criminalidad, editada por la Policía Nacional, describe de 
manera contundente el impacto del narcotráfico en 
la democracia: “En la actualidad, el narcotráfico es la mayor amenaza para la institucionalidad y gobernabilidad del 
Estado, a partir de la capacidad de corrupción que 
ha desarrollado, producto de sus finanzas y la vinculación de los grupos armados ilegales. Así, se ha 
constituido en el principal factor de atención para 
al Gobierno Colombiano, y especialmente para la 
Policía Nacional, como institución que lidera la lucha contra el narcotráfico en el país. (Vargas, 2010: 
161)” Como puede advertirse, la historia de las últimas décadas del país ha estado permeada por el fenómeno del 
narcotráfico, los años 80 fueron significativos en el crecimiento del negocio y los carteles lograron recaudar cifras extraordinarias, que luego sirvieron para comprar 
conciencias y fortalecer vínculos con otras fuerzas que 
servían de aliados para continuar creciendo de manera 
exponencial. Tanto en esta década como en las siguientes se dieron todo tipo de articulaciones, con la clase política y dirigente del país, con militares, la guerrilla, las 
autodefensas, lo único que interesaba era conseguir el 
fin sin importar los medios ni los socios. En este complejo panorama crecía la demanda por 
la seguridad, que el Estado no estaba en condiciones 
de ofrecer, así que se configuraron diversas formas de 
protección violenta y de empresarios del crimen organizado que acogían en sus filas a cualquier desmovilizado que tuviera experiencia en estrategias de guerra y 
en manejo de armas, dando fuerza a la consolidación 
de grupos, bandas o combos que han ejercido el control de grandes zonas del territorio nacional y que por 
su heterogénea configuración es muy difícil de ubicar 
en alguno de los clásicos bandos, pues no son guerrilla, no son milicianos, no son paramilitares, tampoco 
son sólo narcotraficantes. La combinación de estos actores en la que el narcotráfico aparece como punto articulador ha cobrado cada vez más fuerza en el país. Al 
respecto, la investigadora Ana María Jaramillo (2010, 
p. 91), dice que: De acuerdo con los estudios realizados por el 
politólogo y analista Juan Carlos Garzón (Garzón 2008), al igual que para el caso de la mafia, 
existen unos criterios que permiten definir, y en cierta medida diferenciar, el crimen organizado 
de otros fenómenos como el terrorismo y lo que 
comúnmente se ha denominado delincuencia común. Ante la evidente ausencia del Estado, los grupos del 
crimen organizado han ido legitimando su presencia 
en la vida social de las comunidades, que prefieren 
acudir a estos actores que a las fuerzas institucionales, 
otorgándoles un poder y un control, que aún no se ha 
dimensionado en nuestra ciudad. Por ejemplo en algunas comunas de Medellín han disminuido las muertes violentas y se vive un ambiente de tensa calma, que 
sus habitantes reconocen como producto de pactos y 
negociaciones que se han dado entre los combos que 
operan en estos sectores. Unos se han logrado a partir 
de la imposición de un grupo sobre otro, debido a su 
fuerza y otros a una modalidad de compra de franquicias que se ha llevado a cabo. En la actualidad es innegable el control que estos grupos ejercen en la vida de 
las personas, poco a poco han ido ganando legitimidad 
ante la comunidad, pues debido al vacío de autoridad 
generado por la debilidad del Estado, se erigen como 
otra autoridad paralela al Estado que por vía de la fuerza impone reglas, dirime situaciones conflictivas desde 
lógicas violentas, e incluso han comenzado a hacer lo 
que la comunidad reconoce como un “trabajo social” 
que busca regular comportamientos como el maltrato 
a las mujeres, el robo en las zonas que “protegen”, la 
venta indiscriminada de drogas, entre otros asuntos. 
Así, ellos son los que deciden en qué lugar se puede o 
no vender, comprar y consumir drogas, qué costo deben pagar los dueños de negocios para ser “protegidos”, 
a quién se le debe castigar o amedrentar como lección o en su defecto a quién se debe matar por no acogerse 
a las reglas que estos grupos imponen. Hoy los niños, niñas y jóvenes están inmersos en un contexto de violencia, siendo cada vez más permeados por 
actores violentos, ya que en muchos casos se convierten 
en referentes de socialización de los mismos. Las cifras 
que presenta la Defensoría del Pueblo en el informe presentado el pasado mes de marzo de 2013, nos reflejan 
una situación realmente alarmante: Cerca de 18.500 niños, niñas y adolescentes que habitan las comunas 8, 10, 13 y 16, y los corregimientos San Antonio de Prado y Altavista de Medellín, se 
encuentran en situación de riesgo de reclutamiento 
forzado y utilización ilícita por estructuras armadas. (Defensoría del Pueblo, 2013) Ellos y ellas habitan en lugares en los que imperan distintas violencias, incluida la violencia armada, donde 
grupos ilegales se disputan el poder, y en medio de esta 
pugna se cometen actos de barbarie en la cotidianidad 
de sus vidas dejando profundas huellas. Por ejemplo 
muchos niños y niñas quieren ser como los actores armados para dominar un territorio y ejercer control sobre el resto de habitantes del barrio. En la mayoría de los 
casos, la legitimación empieza en la casa, en el escenario 
familiar que como ámbito de socialización, por múltiples razones, legitima y naturaliza estos hechos. De esta manera, muchos niños, niñas y jóvenes legitiman la violencia como un bien y justifican la guerra desde el ámbito privado, la cual se materializa en 
los juegos, a través de los cuales se proyectan desde ya, 
como quiénes podrán poseer armas. En los imaginarios colectivos está presente la connotación de que las armas serán una forma de ser reconocidos/as y temidos/as. También es frecuente que justifiquen la muerte 
de alguien que no hace parte de su ámbito privado y 
fraternal; que tomen como referente al “malo” de la película y que terminen inclinándose hacia él y admirándolo profundamente. En este sentido se puede inferir 
que ellos y ellas establecen una relación simbólica con 
los patrones impartidos por la televisión y los medios 
en general, lo cual incide en su configuración moral. 
Este contacto con los medios y la influencia que se desprende se presenta, en muchas ocasiones, sin contar 
con el acompañamiento efectivo de un adulto o alguien 
que permita reflexionar en torno a situaciones límite 
que se presentan en las reiteradas escenas de contenido 
violento, por tanto reciben la información sin pasarla por el tamiz de la reflexividad y la reproducen en 
su vida cotidiana, muchas veces invisibilizando al otro 
que tienen al frente, desconociéndolo e ignorando la 
responsabilidad con los otros. En consecuencia, las condiciones de existencia y posibilidad de niños, niñas y jóvenes que son permeados/
as por un contexto conflictivo, favorecen las acciones de 
dominación de los grupos armados hacia ellos, ingresando a un terreno de la obediencia que perfila dichos 
sujetos. Comprender que el desarrollo de sentimientos morales hacia la conformación y configuración de valores, 
está mediado especialmente por la relación con los 
otros significativos, es decir que, los agentes de socialización que participan con el niño, la niña y los 
jóvenes en la vida cotidiana y en sus posturas, inciden en que ellos y ellas afiancen unos valores universales o por el contrario mantengan o profundicen la ambigüedad frente a los mismos. Igualmente, de los 
otros significativos depende que haya un desarrollo 
del razonamiento moral que le de soportes o afianzamientos a la apropiación de un determinado valor. 
Así, las formas de relación de exclusión; de estigmatizaciones; la cercanía y la lejanía de los otros significativos; las prácticas de ejercicio de la autoridad y de 
acogida; las formas culturales de premiar o castigar; 
de someter o reconocer, son definitivas en la adopción que hacen los niños y las niñas de modos de ser 
o de actuar, en correspondencia con sus valoraciones 
del bien o del mal. En correspondencia con lo anterior, si no se desactiva la dinámica de atracción que se ha instalado en 
muchos niños, niñas y jóvenes, la lógica de la guerra 
permanecerá por generaciones. Por esto es necesario 
reiterar que debemos estar atentos para no caer en la 
trampa de pensar que los acuerdos de La Habana son el 
único proceso que se requiere para lograr la paz, pues 
esto significaría desconocer otras realidades que a gritos señalan lo frágil de tal apreciación. En suma, implicaría desconocer que el vacío del Estado como garante 
de los derechos de los ciudadanos es cada vez más pronunciado, y que en esto hay asuntos de tipo estructural 
que están relacionados directamente con la inequidad, 
que se expresa en la pobreza, en la falta de oportunidades, en la desigualdad social de amplios sectores de 
la sociedad, y en la ausencia de una cultura política 
democrática, los cuales son entre otros, el nicho por 
excelencia en el que se incuban muchas formas de violencia y en el que los demás actores armados ilegales 
siguen encontrando y cooptando integrantes para sus 
incalculables filas. El Estado, las escuelas y el conflicto 
armado En nuestro país, el Estado se ha limitado a obedecer los 
mandatos impuestos por la ley, dejando restringido el 
campo de la política pública; en este caso la política pública educativa. En conversaciones realizadas con algunos directivos docentes, éstos expresan no sentirse parte 
del Estado, como se refleja en el siguiente relato: “Sí, el Estado no se compromete… Mire por ejemplo 
con el niño que mataron por aquí en el barrio, lo mató 
el papá, ni la Comisaría de Familia, ni Bienestar Familiar pudieron con eso. Yo no espero que Secretaría 
de Educación me colabore, eso es bobada, uno aquí 
tiene que mantenerse preparado, eso aquí es muy verraco”1. En consecuencia, estos directivos empiezan a asumir su 
labor como un asunto privado, desde su compromiso y 
desde su riesgo, lo cual presenta una fuerte desconexión 
de la educación entendida como un asunto público, de 
hecho perciben las políticas como algo que no les corresponde y que si lo asumen sería una forma más de 
sujeción o dominación de ese Estado del cual “no se sienten parte”. En esta lógica, la institucionalidad no funciona, en el 
sentido de que no hay una acción colectiva que permee a 
las instituciones escolares para afrontar diversas formas 
de violencia que las afectan, entonces todo se reduce a 
las acciones individuales heroicas de algunos maestros 
o directivos: “Los estudiantes y los combos mandan, si es de 
bandita o sea los dueños, los estudiantes que ya sabemos, los que tienen vínculos con los de afuera. 
Los profesores sí copian de los grupos armados, se 
ve como si el colegio estuviera abandonado” Hay unos desplazamientos de la autoridad por distintas 
razones, poniendo de manifiesto una gran debilidad por 
parte de actores educativos, así como las organizaciones 
de la sociedad civil, los sindicatos, los gremios y otras 
expresiones sociales y, en consecuencia, al reducir su voz 
pública, lo público se vuelve estatal. El liberalismo en el mundo, produjo un desencanto y 
una des-soberanización del Estado. “Esa desilusión, por 
merecida que haya sido, quita toda base popular de los 
estados y anula efectivamente cualquier razón por la que 
sus poblaciones deberían tolerar la continua y creciente 
polarización de nuestro sistema mundial” (Wallerstein, 
2007: 6), produciendo la sensación de asumirse cooptados por una fuerza extrema conservadora proteccionista 
privada, como lo plantea Wallerstein (op cit: 23): “Eso fue lo que hizo el estado liberal plausible y 
aceptable como estructura política. Actualmente el 
mundo ha perdido esa fe, y con ella perdió su estabilizador esencial. Esa pérdida de fe en la reforma 
inevitable es lo que explica el gran viraje en contra 
del estado que vemos por todas partes hoy.” Si los actores educativos dejan el umbral de posibilidades dentro de la acción pública en un estado límbico, dicho vacío ¿quién lo estará ocupando? ¿En qué lugar queda la autoridad legal? ¿Quién entra a reemplazarla? Estas preguntas se hacen en un escenario en el que abunda 
la extorsión, el micro tráfico de drogas y de armas, la 
territorialización de algunos espacios, las amenazas y algunas otras situaciones de violencia que se extienden de 
los barrios, a las paredes y espacios de las instituciones 
educativas. “Se expresa en un desprecio cada vez más por los 
procesos legales y de hecho en el aumento de la delincuencia como forma de protesta. La política de 
ese anti estatismo es acumulativa. Las poblaciones 
se quejan que la seguridad es inadecuada y empiezan a devolver las funciones de seguridad a manos 
privadas” (Wallerstein, op cit: 53).” En algunas instituciones educativas, los referentes y expectativas de justicia están puestos en la autoridad ilegal, 
es decir en actores que ocupan el lugar que deja la condición de “orfandad estatal”, entonces, los ciudadanos 
plantean que “toca defenderse”, porque en muchos casos 
ninguna autoridad legal es ejercida en la escuela o el barrio y en ocasiones los actores ilegales ocupan el lugar de 
la autoridad hasta en las mismas familias: “En mi casa hay tienda, y cobran la vacuna. En estos 
días habían unos pelaos que se iban a joder, a fumar 
marihuana, a pegarle al perro. Y mi mamá le puso 
la queja a los que cobraban la vacuna y entonces los 
cascaron, y se volvieron todos unos señores… ellos 
tienen sus métodos de investigación también, ellos 
advierten y si vuelven a colocarles la queja lo pegan 
y si no, no, eso depende del problema, del que mande y de la persona que ponga la queja, por mi casa 
primero le advierten y le dan otra oportunidad”3. 3 Registro grupo focal a estudiantes de una Institución Educativa de la ciudad 
de Medellín, junio de 2012. Estas situaciones legitiman las prácticas de autodefensa social y de una cultura de la ilegalidad que cada vez 
gana más poder y autoridad en el plano de los distintos 
escenarios públicos y privados. Lo que viven las escuelas a diario contrasta con la respuesta estatal de política 
educativa municipal, pues como se evidencia en el documento “Horizonte de trabajo para la implementación 
de la Ruta de Calidad”, suministrado por la Secretaría de 
Educación de Medellín y en la presentación del “Decálogo de Calidad” (2013), hay un énfasis en la investigación, 
en el mejoramiento de la calidad a partir de las olimpiadas del conocimiento y en las pruebas saber, en la infraestructura entre otros aspectos, pero no hay ninguna 
alusión directa a las afectaciones de la violencia armada 
a las instituciones educativas; y en el componente del 
Decálogo de Calidad que se denomina “Escuelas para la 
vida”, que es el que contempla unas líneas estratégicas 
como son la protección y la prevención, en las líneas de 
acción tampoco visibiliza directamente la intensión de 
atender dicha problemática. Adicionalmente, el presupuesto asignado para este componente es de 400 millones de pesos para atender a 402 sedes que tiene la ciudad, mientras que el presupuesto general del programa 
Medellín Multilingüe es de $5.370 millones. Frente a una concepción legalista y estatista de las políticas públicas, es necesario asumir las políticas educativas 
en el marco de los derechos humanos, especialmente si 
estamos hablando de afectaciones al derecho a la educación por la violencia armada. Por tanto, en un eventual contexto del postconflicto, es necesario desarrollar 
acciones públicas, que contemplen programas y líneas 
de acción específicas en este sentido; acciones que partan de una comprensión estructural del problema y que posibiliten a las instituciones educativas contar con las 
herramientas, las rutas y el acompañamiento específico 
para que puedan asumirse como corresponsables de dicho problema, en tanto actores sociales y responsables 
públicos. La educación política: un camino para 
la construcción de una paz legítima y 
duradera en Colombia Hasta aquí se han planteado algunos elementos que ponen de manifiesto la necesidad de revisar críticamente 
los discursos que se están poniendo en juego para referirse al proceso de postconflicto y la construcción de 
la paz en Colombia, como ya se ha mencionado son 
muchos los cuidados que se deben tener en las generalizaciones, pero también son muchos los retos que este 
posible escenario nos pone a los colombianos, aun entendiéndolo como una etapa del largo proceso que nos 
esperaría a partir de la firma de los acuerdos entre las 
FARC y el Gobierno nacional. Uno de estos retos es la educación, parafraseando a Paulo Freire, “la educación no lo es todo, pero sin educación nada es posible”, por esto, partiendo de reconocer 
su importancia, se esbozarán algunas ideas acerca de los 
aspectos que tendrían que ser considerados para que 
desde el ámbito educativo se pueda contribuir a la construcción de la paz en Colombia: Formar sujetos críticos y reflexivos, ciudadanos responsables y con una participación efectiva en la vida 
política, social y cultural del país: Este es uno de los 
objetivos fundamentales de la educación en Colombia, 
pero esto es algo que se ha mirado más desde postulados 106 107 cognitivistas y desde acciones puntuales que promueven 
ciertos tipos de participación, que desde concepciones 
y perspectivas críticas, en las que la escuela sea considerada como un escenario de encuentro en el que es 
necesario reconocer, pensar y analizar el contexto, tanto 
inmediato como el general en el que se vive, para poder 
oponerse a las lógicas de dominación y de imposición de 
una cultura que desconoce los derechos humanos como 
base incuestionable para construir escenarios de convivencia pacífica. En este mismo sentido, asociar la capacidad crítica y reflexiva con la lectura del ser y del lugar 
que ocupa en el mundo, (de un ser que es siendo); con 
una perspectiva política que incluya la lectura crítica del 
orden socioeconómico y de las relaciones de poder en la 
vida cotidiana que permitan repensar la sociedad desde 
el desarrollo humano, a diferencia de las visiones que se 
asocian a la productividad y a la innovación, en las que 
se propugna por un pensamiento creativo y transformador de las realidades humanas. Proyectos educativos desde la conciencia histórica: Se 
requiere la implementación de proyectos educativos que 
apunten a la construcción de una memoria histórica, que 
permita a los y las estudiantes la toma de consciencia de 
los procesos históricos, (sociales, culturales, económicos 
y políticos) que están en la base de la sociedad actual y 
que, desde ahí, ellos y ellas puedan reconocerse como 
sujetos históricos que tienen la maravillosa posibilidad 
de transformar la historia y por tanto de construir otras 
nuevas realidades más justas y equitativas, pero para 
esto se requiere que maestros y maestras tengan a su vez 
la posibilidad de construir dicha consciencia histórica. Generar vínculos seguros en la red social y en la red 
escolar: La superación de las afectaciones del conflicto armado a la escuela y el desarrollo de una educación política democrática, debe partir del reconocimiento de los 
y las estudiantes como sujetos de derechos. Esto no es 
posible sin el fortalecimiento del tejido social y comunitario, de la articulación de la escuela con las organizaciones de base comunitaria y social que generen circuitos 
de protección y de producción de nuevas posibilidades 
y oportunidades para los niños, niñas y jóvenes. Lo anterior supone tanto una democratización al interior de 
la escuela como una apertura a otros sectores de la sociedad y a las comunidades de su entorno, en procura 
de constituir espacios protectores frente a las diversas 
formas de violencia. Formar en competencias para tramitar los conflictos: 
No se trata de pretender erradicar el conflicto de las relaciones interpersonales, pues éste es inherente a ellas, 
sino de enseñar y aprender mecanismos que basados en 
los derechos humanos, permitan tramitarlo por medio 
del diálogo, el establecimiento de acuerdos y de consensos en los que prime el respeto y la dignidad del otro y 
la otra con quienes se entra en una situación conflictiva. 
Pero esto va más allá de enseñar competencias ciudadanas en unas clases particulares, porque pensar en educar 
en y para la paz en nuestros contextos nos pone ante 
la tarea de reconocer, identificar, nombrar, visibilizar las 
diferentes formas en las que la violencia se ha instaurado 
como vía legítima para abordar los conflictos, en indagar por las maneras en que esto influye en la configuración de posicionamientos morales en los que los sujetos 
presentan ambivalencias, porque hay situaciones en las 
que la “justicia” o el “bien” se asumen de manera privada 
y entonces la muerte, el señalamiento, la amenaza, la intimidación se validan y reconocen como legítimas en un 108 109 medio en el que la sobrevivencia es crucial, “es el otro/a 
o soy yo”. Cuando se trata del aprendizaje de habilidades para la tramitación de conflictos, se deben tener en 
cuenta también aspectos emocionales, sociales y comunicativos, además de contenidos políticos que permitan 
a los sujetos ser actores de la transformación creativa de 
los conflictos. Deconstruir los imaginarios colectivos e individuales: 
frente a las representaciones del poder, la autoridad, la 
seguridad, la manera de resolver los conflictos, las formas de ejercer la ciudadanía, de la política y lo político 
y la manera en la que se concibe al otro y la otra, entre 
muchos otros, porque se requiere reconstruir el sentido 
de la esfera pública, del reconocimiento de la pluralidad 
humana, del sentido crítico frente a las relaciones de poder y de saber, para poder resistirse ante las lógicas que 
imponen las fuerzas de los violentos y para encontrar 
caminos posibles en la construcción conjunta de la paz. La formación en las facultades de educación: Es necesario replantear los currículos universitarios que se 
ofertan para la formación de los maestros y maestras. En 
estos será indispensable construir una mirada trans-disciplinar, que permita a los educadores comprender las 
dinámicas sociales para poder intervenir en ellas con 
pertinencia. Implica ir más allá de las asignaturas propias de su área disciplinar. De otro lado se tendrá que 
considerar la inclusión de temáticas y metodologías que 
permitan la adquisición, implementación y desarrollo 
de herramientas para abordar las diferentes realidades 
que viven día a día los maestros y maestras de nuestras 
instituciones educativas, esto es formarlos en una lectura crítica de los contextos, en derechos humanos, en 
mecanismos de tramitación de conflictos, en protocolos de seguridad, en prevención del reclutamiento de NNJ, 
entre otros aspectos, porque la mayoría de los docentes 
se encuentran abocados a un sinnúmero de situaciones 
que están relacionadas con estos asuntos y ante los cuales se sienten ahogados y desbordados, en parte porque 
carecen de estrategias para afrontarlos. El sistema educativo debe responder a las necesidades 
del contexto: un reto en este sentido es cerrar la brecha 
entre el Estado y las comunidades educativas, construir 
relaciones de confianza y cooperación para el desarrollo 
de las políticas educativas que apunten a la construcción 
de una cultura política democrática y de paz, superando 
el extrañamiento y la orfandad que especialmente docentes y directivos han sentido frente a los responsables 
estatales a raíz de las situaciones de riesgo y amenaza 
generados por los actores armados. Finalmente, es necesario decir que el camino para construir la paz es largo y que requiere de un proceso de 
reconciliación profundo, que no sólo implica a los victimarios y a las víctimas, no es un asunto que sólo les 
compete a quienes han participado directamente en el 
conflicto armado, porque todos los colombianos tendremos que asumir esta tarea como propia, y debemos ser 
conscientes de que los diálogos de La Habana representan sólo una etapa de las que debe contener el proceso, 
sin olvidar que la verdad, la justicia y la reparación y la 
garantía de no repetición son partes constitutivas esenciales para poder llegar a la reconciliación. Además será 
necesario entenderla como un proceso que alude a la reconstrucción del tejido social y al restablecimiento de 
las relaciones sociales basadas en los derechos humanos 
como fundamento central de la convivencia pacífica. Al decir de Reuter la diferenciación del fenómeno del poder frente al fenómeno del mercado 
presente en la criminalidad es imprescindible hacerla en las sociedades infectadas o afectadas por 
grupos tipo-mafia, como sucede en Medellín. La 
Oficina colombiana de las Naciones Unidas contra 
la droga y el delito UNODOC acaba de presentar a 
la Alcaldía de la ciudad una auditoria que explora 
la propuesta de lectura que presenté en mi libro en 
2009 publicado por Confiar y el IPC, que para el 
caso podría leerse como aplicación del enfoque en 
mención y sobre el cual profundizo ahora algunos 
aspectos. El enfoque Sin pretender explicar todo el proceso de violencias que 
nos afectan, las cruentas y las más imperceptibles como 
el reclutamiento forzado, la violencia sexual, social o 
infantil, y tal vez ofreciendo otro tipo de entrada a su 
análisis se propone este abordaje de dos fenómenos que 
están incidiendo de manera determinante en la (in) securitización (Bigo 2008) de Medellín. Para avanzar en la 
clarificación de lo que sucede con la criminalidad organizada que afecta a la ciudad con un mercado territorial 
de violencia que va más allá de los llamados eslabones 
del tráfico, de las “ollas” –expendios de drogas ilícitas- y 
del consumo de drogas sicotrópicas, y fundamentar así 
en donde reside la excepcionalidad de la violencia en 
Medellín, es fundamental de una parte diferenciar poder 
y mercado criminal, para luego desentrañar la particularidad del fenómeno en la ciudad. Estos serán los dos 
temas que se abordaran a continuación. Una respuesta común, reiterada y fracasada a los peligros 
entramados por la violencia organizada había sido – y por desgracia lo sigue siendo- focalizarse en los miembros y líderes de las bandas barriales a su servicio (Gómez Martínez et al. Gugliotta 1990, 1991), pues dicha 
persecución policial y judicial fragmentada, usualmente 
militarista y cortoplacista sigue dejando casi intactas las 
fuentes del negocio, negando el fenómeno empresarial 
que las explota y la inserción de toda esa violencia organizada dentro de la economía legal local y trasnacional. 
La vigente política del Gobierno Santos contra las bandas en los barrios populares orienta para esta ciudad es 
“más de lo mismo” (El Espectador 26 mayo 2011). De 
fondo reside la visión que visibiliza la seguridad solo 
por el control de la “violencia homicida” cuando de más 
en más el crimen organizado tiende a reducir los costos 
de su operación no produciendo violencia cruenta en la 
medida que para los empresarios de violencia “el homicidio es un error de mercado” . El fenómeno de la protección violenta, que consiste en 
la imposición de extorsión continua por parte del crimen organizado, sobre la base, real o imaginaria, de la 
venta de protección, apareció en la otrora primera ciudad industrial del país hacia los años 90´s . Esta práctica criminal, que ha desplegado desde 
su origen innovadoras facetas con referencia al ya estudiado por Gambetta en Sicilia, se renueva exigiendo de 
la investigación nuevas precisiones pero sin abandonar 
su característica central de apropiación violenta de la seguridad pública. La protección forzada es un fenómeno nacional en varios países pero su componente paisa es su conversión en mercado. Es un negocio, una nueva 
rama industrial que no se circunscribe exclusivamente 
al tráfico de drogas. 1. Mafias con poder 
y traficantes con mercado Contrario a la imagen clásica de las mafias, son ellas 
protectores violentos en primer lugar, y sólo secundario es su papel como narcotraficantes, traficantes de armas, contrabandistas, lavadores de dinero, prestamistas 
usureros, etc. El término ‘narcotraficantes’ fue dado a la 
industria de sicotrópicos de consumo ilícito por el gobierno de Richard Nixon en 1971, y exportado a escala 
planetaria en 1982 por el gobierno de Ronald Reagan. 
La prohibición del consumo de sustancias psicoactivas 
(Restrepo 1991:24) se transformó así en una “guerra 
contra las drogas, reduciendo el tema de la mafia a una 
conspiración extranjera contra los Estados Unidos”, un 
monopolio criminal externo a la sociedad, que socava 
su riqueza, con la no tan casual 
confusión de coca y cocaína. 
Esta tradicional interpretación estadounidense del tráfico de drogas como un asunto de “seguridad nacional”, generado por un extraño invasor o “alien” llamado 
drug-trafficking no provee una precisa y completa mirada para entender cabalmente los grupos tipo-mafia y 3 Con la asociación de los sectores sociales tan dispares como los campesinos, 
colonos y comunidades indígenas con los grandes traficantes, los banqueros y los productores de sustancias químicas (García, Martha y Betancor, 
Darío 1994:292.Narcotráfico e Historia de la Mafia Colombiana. Bogota, 
Cinep-Apep) algunos investigadores y responsables políticos han perdido de 
vista la verdadera naturaleza de la violencia en países productores de drogas, 
acarreando de paso una serie de cuestionadas implicaciones en la creación 
de políticas destinadas a hacer frente a las actividades de la mafia y en la 
agudización de la dependencia del Sur sobre el Norte
La mafia debe más bien 
entenderse como “un conjunto de empresas que prestan 
servicios extra-estatales de protección a los consumidores, de manera principal pero no exclusiva al sector del 
mercado ilegal” propone la figura de un continuum 
entre los grupos que ejercen violencia por encargo y los 
que explotan comercial o industrialmente un negocio 
criminal o actividad económica ilegal, los primeros que 
a falta de un nombre más apropiado aceptamos seguir 
llamando grupos tipo-mafia o mejor 
aún protectores violentos y los segundos traficantes de 
droga y de sus precursores, traficantes de armas, reducidores de objetos valiosos robados (carros, obras de arte, 
piedras preciosas, etc.), Son grupos que “vienen y van, 
ascienden y de la misma manera caen, lo que hace más 
difícil su clasificación”. Hay incluso momentos en los 
que algunos grupos pueden mostrar características de 
ambas especies al mismo tiempo. Teniendo en cuenta 
esta complejidad, se debe dudar poco que “puedan y deban ser considerados bien como Carteles empresariales 
o Carteles de fuerza, dependiendo primero de la esfera 
en la que participen y en segundo lugar del uso de tácticas de extorsión”. Existe así una combinación y una transición estructural que puede llegar hasta la homogenización entre la 
protección violenta como mercancía y la mercancía que 
es protegida a través de la violencia. Esto es particularmente cierto en el globalizado mundo del comercio de 
drogas de consumo ilícito que demanda de manera creciente el uso de sistemas “híbridos” y “redes de negocios” 
El señala que ambos 
“son fenómenos de crimen organizado que aparecen en 
escenarios diferentes: mientras que los narcotraficantes se 
ocupan de la producción y comercialización de bienes y 
servicios ilegales, los mafiosos se especializan en el ejercicio 
ilegal del poder, en la protección y la extorsión”. Sin embargo el hecho de que el “poder” tenga diferente 
significado para los protectores violentos y para los traficantes de droga marca una diferencia cualitativa básica 
entre un dominio y el otro pese a su eventual combinación, transición del uno al otro y, aun, su fusión en una 
sola estructura. Aún más, instrumentalmente hablando, 
un extremo del continuum puede ser difícilmente distinguido del otro. “Mientras que el control territorial de la 
mafia está orientado generalmente a apropiarse de todos 
los recursos posibles que circulan en su área de influencia, 
el de los narcotraficantes sirve más bien para asegurar un 
flujo de recursos económicos que se origina en otra parte”. La estructura organizativa de ambos campos tiene acentos diferentes, en el sentido de que los protectores violentos se organizan como lo exige el ejercicio ilegal del 
poder requerido por la puesta en práctica de la protección forzada-extorsión y del control territorial que se les 
asocia: modelo piramidal de dirección político-militar 
cerrado, más jerarquizado y con descentralización de la 
operatividad en redes aparentemente autónomas pero 
imbuidas de la misma lógica. Del lado de los mercaderes 
su estructura organizativa está orientada, por el contrario, a la eficiencia en la producción y comercialización 
de los mercados ilegales, dotándose en el caso del tráfico 
de drogas por ejemplo, de grupos funcionales pequeños, de cohesión laxa y poco formalizada pero de obediencia 
absoluta (Krauthaussen 1998,24,246). Aunque narcotraficantes y grupos tipo mafia pueden cada uno desempeñar funciones de mercado en el primer caso y de poder en el segundo, sus estructuras organizativas estarán 
caracterizadas por el dominio que privilegien. Igualmente, operando más como indicador que como 
característica, la intensidad de la persecución estatal varía usualmente a favor de la mafia, más aun en países 
como Colombia donde el Estado actúa bajo la lupa y la 
presión estadounidense, y cuyo interés se cifra en el tráfico de drogas, no en la violencia que produce la mafia 
asociada al comercio de drogas en el lugar de su procesamiento. No todos los protectores violentos se desempeñan ampliamente en el campo de la protección, pues hay algunos de ellos limitados a la protección del campo específico de mercado ilegal donde se desempeñan, como 
puede suceder con los grupos tipo-mafia ligados al traficante de armas, de obras de arte, de niños y de mujeres etc. Tampoco todos los protectores violentos son 
comerciante de productos ilícitos, como se muestra claramente en el caso de las milicias vecinales de Medellín, 
las cuales no se aplicaron a proteger algún comercio ilegal, ni todos los protectores son narcotraficantes como 
sucede en el caso de algunas bandas de motociclistas en 
Norteamérica. Un traficante de drogas que se vincula al 
contrabando de equipos electrónicos de alta calidad es 
simplemente un contrabandista. Un traficante de narcóticos que recibe pagos de otros contrabandistas con el 
propósito de protegerlos, sea de él mismo o de la extorsión de otros criminales, es un protector violento. De la 
misma manera, un traficante de alucinógenos que posee un negocio de chance o de lotería es para este caso simplemente un propietario de chance o de lotería. Cuando siendo chancero o lotero o no siéndolo, se aplica a 
proteger a chanceros y loteros, se verá involucrado en 
una actividad de protección violenta que en inglés se 
denomina racket. Los protectores del tráfico de drogas 
o de un mercado ilegal, son un peculiar espécimen del 
crimen organizado especializado en producir, promover 
y vender una mercancía intangible: protección legal o 
ilegal de grupos e individuos “pobremente protegidos por 
el Estado” 4. Su función es ambivalente como lo es la protección en 
sí. De un lado, protector significa salvaguarda de alguien 
frente al daño y la perturbación. Del otro, esta protección significa extorsión, extracción de tributos pagados 
bajo la amenaza de la coerción. Son los dos contrastantes tonos de la protección: al decir de Tilly, “uno es 
confortante, el otro ominoso”. La palabra ‘protección’ y 
aún más, ‘protección violenta’, suena como un servicio 
y al mismo tiempo parece un mal que debe ser evitado. 
“Con un tono, `protección` allega imágenes de un refugio”, un seguro, un techo contra un peligro presentado 
por un poderoso enemigo. “Con el otro, evoca el racket, 
en el cual un fuerte vecino fuerza a comerciantes a pagar 
tributo para evitar un daño, daño que el mismo fuerte vecino amenaza con enviar”. Aunque los 
protectores violentos son parásitos, se originan en particulares condiciones sociales. Aun en el ejercicio de la 4 Como es lógico suponer, este requerimiento es común en la región y no solo 
en Colombia, entre contrabandistas, usureros, jugadores de azar y prisioneros; también entre venteros callejeros, venteros en plazas de víveres minoristas y mayoristas, políticos corruptos, agentes de lobby, etc. Es decir, todos 
aquellos que requieren protección pero no tienen o no pueden acogerse a la 
protección del Estado protección legalmente establecida, quienes proveen protección (soldados, policías y reguladores de seguridad) 
pueden usar, y de hecho usan, su poder de extracción 
en mayor escala que los mismos ladrones y bandidos 
que persiguen. De la misma manera, los proveedores de 
seguridad pueden desestabilizar sus gobiernos  
“Alguien que produce ambos, el peligro y, por el mismo 
precio, el escudo contra éste, es un racketeer. Alguien que 
provee un necesario escudo pero tiene poco control sobre el 
surgimiento del peligro, califica como un protector legítimo, especialmente si su precio no es más alto que el de sus 
competidores”. Tal vez la característica más determinante de un protector violento, además de su condición de empresario, es 
su habilidad para invocar amenazas creíbles de violencia 
contra un amplio espectro de personas y organizaciones 
“en una forma que les permite evitar ser aprehendidos y 
protegerse a sí mismos contra la retaliación” (No todo lo que hacen estos grupos es protección violenta. Lo que constituye protección violenta es el uso de su 
reputación criminal para controlar las acciones de otros” 
. La explotación de mano de 
obra asalariada con trabajadores a sueldo como sicarios, 
abogados, testaferros, informáticos y hasta agentes de 
valores. De la misma manera, debemos distinguir entre protectores violentos y bandas. Por un lado, “(…) nuestra 
comprensión convencional de bandas debe cambiar porque este fenómeno en sí mismo ha cambiado. Las bandas al final del siglo 20 difieren en muchos aspectos de las 
bandas de comienzos de siglo”. Las bandas no se encuentran, como muchas personas todavía 
lo creen, solamente en los tugurios urbanos, sino también en la “atractiva y estable clase media urbana y en 
los suburbios urbanos por igual.”. Las bandas o combos, son precisamente los 
espacios donde se encuentran los trabajadores a destajo 
de estos empresarios, son la parte visible de la empresa 
encargados de la actividad práctica y más deleznable del 
ejercicio de la violencia. Por eso su vida útil es menor al 
asumir todo el riesgo operativo en primer lugar, y luego, 
al volverse un testigo, convertirse en una amenaza jurídica para el patrón. De otro lado, los protectores violentos por sí mismos 
no se involucran en actividades criminales tradicionales, excepto por el uso ilegal de la fuerza y las amenazas 
para poder ejercer funciones protectoras y de gobierno 
en relación con otros grupos, grupos que “deben pagar 
una cuota de sus ganancias” (Volkov 2002:64). Es difícil enjuiciar a un depredador por inspirar temor, porque 
la estructura de la acción en la protección violenta entorpezca la tarea de hacer cumplir la ley. Además, por lo 
general es muy difícil atrapar al jefe o gerente de protección violenta en flagrante delito, como ha sucedido 
con los líderes de la Oficina de Envigado: “Don Berna”, 
“Danielito” y hasta el mismo “Valenciano” capturado en 
años recientes. Cuando es considerada por separado, la interacción entre un solo extorsionista y su víctima no puede ser entendida todavía como una protección violenta. Si empieza como un caso aislado o incipiente, la relación está 
en sus etapas iniciales de desarrollo, y la imagen que 
siempre viene a la mente es ésta de la extorsión. Es cierto 
que los grupos suelen empezar por la comisión de actos 
de extorsión y luego convierten estos actos en una empresa. Pero el concepto de protección violenta, de hecho, 
implica “una multiplicidad de matones interactuando, 
cada uno de los cuales pueden actuar simultáneamente 
como amenaza y como protección”. 
La extorsión es un acto particular, una ofensa criminal, 
mientras una protección violenta es una “relación institucionalizada” (Volkov 2000b,718) que encuentra en la corrupción otra de sus herramientas privilegiadas(Schulte-Bockholt 2006:12). Por lo general, cuando un barrio, 
un comerciante o una empresa han cedido a la intimidación de la extorsión organizada efectuando un pago, 
todos ellos se verán obligados a pagar hasta el final. No puede olvidarse, para no confundir este fenómeno 
con el chantaje, que aparte de la existencia de una organización que proporciona una presencia constante y que 
une a los matones con el pretexto de la protección, hay 
una tercera característica que también debe estar presente para que esta estructura funcione con eficacia: a la 
víctima se le debe ofrecer algún tipo de apoyo real. El elemento 
clave de este análisis económico de la fuerza (o del ejercicio de la coerción extorsiva) es “la definición de la medida exacta de violencia, esto es, de la cantidad de fuerza 
que debe ser invertida para sostener la coerción” (Volkov 
2000b:717). Medellín podría representar, además del pago de mano 
de obra entrenada en el uso de armas, “un ingreso anual 
para la ilegalidad, en solo microtráfico, de un billón 
147 mil millones de pesos. Si a eso se le suman apuestas ilegales, lavado de activos, prostitución, comercio de 
armas, extorsión al comercio y obras públicas, las cifras 
podrían llegar a ser escandalosas” . Precisamente por eso sería preferible hablar de mafias en plural, lo que sin embargo no responde 
completamente a la imprescindible des-narcotización 
del término y del fenómeno en cuanto tal. Este tipo de iniciativa empresarial se caracteriza en consecuencia por el uso de la coerción continua con violencia latente, pero también por adelantar una función 
social particular, y la intervención en la esfera política 
con amplio impacto económico en los diferentes sectores sociales, por lo que puede ser más exacto hablar 
de “violencia organizada”, en oposición a “crimen organizado”. La integración social de sus agentes criminales nos obliga a reconocer la oscura 
frontera entre legalidad e ilegalidad, la relación entre los 
sectores altos y bajos del mundo criminal, así como el 
terreno mucho más grande que puede ser cubierto por 
la violencia organizada en comparación con el crimen 
organizado. Precisamente por esta razón, no es esencial 
que la ilegalidad sea considerada una característica definitoria de este tipo de delincuencia organizada El arte de extraer ingresos a través de la protección violenta, o “empresariado violento”, como algunos la han 
llamado, “produce y se deriva de soluciones organizativas 
y estrategias de acción para manejar la violencia organizada e información sobre seguridad De hecho, es este “complejo de relaciones entre las personas que ponen su influencia, posición social o algún otro 
atributo para asistir y proteger a otros, y esos ayudados a 
proteger” el que termina por generar el mercado para la venta de la protección armada. La 
constante instigación a la desconfianza realizada por los 
empresarios de la protección violenta ayuda a reproducir esta situación, como dice Gambetta, se alimenta de la 
misma demanda que autogenera. En dónde reside la excepcionalidad 
de la violencia en Medellín Es en la existencia de un mercado con una enorme demanda de servicios ilegales en donde reside la excepcionalidad de la violencia en Medellín. Este mercado tiene 
dos protagonistas básicos: hay mercaderes de violencias 
y hay padrinos de dichas violencias. Mercaderes de violencias Uno de los factores decisivos en la emergencia de grupos tipo-mafia o de protección violenta es la creación 
de un mercado de violencia. Para que emerja un nuevo 
mercado se requiere una conjunción de circunstancias 
entre las que se destacan: la demanda de recursos alternativos de protección que usualmente acompaña la transformación de los mercados, la 
falla en la protección del Estado que hace el negocio más 
rentable, y “el suministro de gente entrenada en el uso de 
la violencia”. En el ámbito local, lo 
que catapultó el surgimiento no solo de la demanda sino 
de la oferta, y con ella la existencia de estos grupos de 
empresarios, fue la creación pionera de un fuerte mercado de compra, venta y comercio de violencia, gracias 
a la enorme demanda de servicios realizada por clientes 
nuevos, poderosos y adinerados. Además, de la existencia de un abundante suministro de 
trabajadores potenciales bien entrenados en el uso de la 
violencia, la recuperación de la autonomía local de los 
sectores ilegales en el contexto de una crisis socioeconómica y política en la región, potenciaron y continuaron 
alimentando ese tipo de acuerdos entre esos llamados 
por Volkov “socios de imposición”. La recuperación de la 
autonomía de la esfera extralegal es la cuarta circunstancia clave requerida debido a que -como lo ha demostrado Gambetta para el caso siciliano- el desfallecimiento 
del sistema de control es el nudo 
gordiano del negocio. “Así, tornándose más democrática, la organización de la violencia es accesible a muchos 
y puede albergar aun pequeñas iniciativas que anteriormente podían solo respaldarse en el músculo y la energía 
de sus patronos”. Así es como aparece un 
mercado de violencia, mercado que Gambetta también 
denomina “mercado de la sospecha”. Un indicador claro de la mano de obra entrenada existente en la ciudad es el número de hombres armados 
que han prometido dejar las armas en cada proceso parcial de negociaciones y diálogos de paz. En Colombia, 
las mayores desmovilizaciones urbanas, de hombres, 
casi en su totalidad, se han dado en esta región, bastando 
solo señalar que en 1994 se desconectaron de sus grupos 
de acción más de 700 milicianos, que en noviembre de 
2003 cerca de 840 reconocieron su participación en el 
batallón paramilitar denominado Cacique Nutibara, y 
que en la actualidad Antioquia, y en particular Medellín, 
reciben el mayor número de reinsertados del paramilitarismo. Todo esto sin contar que en las luchas por el 
control del mercado han muerto cientos de pistoleros 
a lo largo de estos años. Medellín ha sido una ciudad 
cuna de desmovilizados, un mercado de mano de obra 
entrenada. En el reino privado de los ejecutores de fuerza, de coerción y violencia física, a la larga no son solamente muy 
apreciadas, además de los recursos materiales bélicos, 
cualidades como la aptitud física, la preparación y el estado atlético, la competitividad, la disciplina y el espíritu 
para usar la fuerza así como la resistencia para sufrir lesiones. Ciertamente el fácil acceso a armas y municiones, 
o las cualidades antes descritas, no son suficientes para 
asegurar a un individuo o grupo una carrera exitosa en 
el empresariado violento. Además de la ambición bélica 
o paramilitar y el liderazgo individual debe haber de un 
lado oportunidades comerciales, como las que ofrecen 
tradicionalmente los negocios de mercancías ilegalizadas, y de otro ser acompañadas de unas políticas estatales propicias. La ciudad fue y sigue siendo escenario de contratación, 
en especial para los tipos de actividades que no pueden acogerse a la protección oficial y requieren enorme y 
creciente involucramiento de experiencia armada. Es el 
“factor paisa” en un mercado que atiende los “servicios” 
no solo de traficantes de droga y que por lo tanto no se 
alimenta solo de su demanda. No se trata de un problema causado por los venteros 
ambulantes, por los artistas del rebusque diario, por 
desplazados sin vergüenza, por jóvenes pistoleros de 
los barrios. Es un fenómeno mayor que los articula a 
todos, un mercado orientado a estimular lo ilegal para 
poder usufructuar su protección. Si bien, como ya ha 
sido señalado, aunque hayan sido políticos y no económicos los motivos que han 
predominado por momentos en su desarrollo, los principios guías de este mercado de violencia en el área de 
Medellín han sido también la ganancia implícita en las 
entrelazadas formas de apropiación e intercambio. La 
investigación de Martha Elvira Soto sobre la compañía 
de transporte público Bellanita, en el vecino municipio 
de Bello, ofrece un claro ejemplo de estos cruces 
La explotación de mano de obra en la producción de esta nueva 
protección, y su realización según las leyes de la oferta y 
la demanda nos permiten comprender que estamos ante 
una nueva mercancía, amén del nuevo fenómeno y el 
nuevo campo de investigación que le vienen aparejados. Padrinos de violencias El espectro de mercados que comenzaron a caer bajo 
el control de los empresarios violentos en los noventa 
cubre toda una gama que va desde el contrabando y el 
lavado de dólares del tráfico de drogas, hasta la administración de barrios marginales olvidados por el Estado en la provisión, por ejemplo, de transporte público suplido 
de manera privada con carros particulares popularmente llamados colectivos (buses, microbuses, y taxis), o de 
acceso a onerosas tasas de crédito bancario suplido con 
negocios agiotistas como el llamado “paga-diario”. La protección e imposición de tributación a negocios 
informales e ilegales es el eje sobre el 
cual gira y se amplía la protección violenta. Poco a poco 
todos esos mercados informales o ilegales y los relanzados por la globalización económica irán cayendo en 
poder de sus propias mafias, teniendo que reconocer los 
políticos y académicos que no se tiene ni el mapa del 
amplio espectro del mercado que está bajo su control 
y mucho menos los términos y volúmenes de las transacciones. No se trata ya solo de la compra y venta de 
mercancías de contrabando realizada desde pequeñas 
tiendas, antiguamente conocidas como san andresitos, 
sino de amplios territorios de venta masiva de productos de contrabando como el llamado Hueco que exhibe 
como sus vecinas más privilegiadas a la Alcaldía y la Gobernación. Los escenarios y campos de acción de mafias que los protegen y usufructúan se multiplicaron de 
gran manera: las plazas de mercado minorista y mayorista, carnicerías, terminales de buses intermunicipales, 
eventos de entretenimiento masivo, mercados de juegos 
electrónicos y de partes de computadores, lugares para 
el cambio de divisas, circulación de mercancía pirata, 
casinos y lugares de juegos de azar, juego del chance 
(parcialmente legalizado después de convertirse en una 
genuina e ilícita empresa lucrativa); control de las tarifas en lugares de intercambio y venta de servicios como 
las casas de prostitución, ventas callejeras (por ejemplo, 
de minutos de celular); al igual que el control de esferas donde es común la alta desconfianza y la corrupción, 
como las cárceles, el mercado negro de partes robadas 
y de armas, así como las denominada micro-plazas de 
venta de droga alucinógena al menudeo. Al considerar 
esos tipos de actividades, que los grupos de protección 
violenta “atienden”, encontramos que su centro no es el 
expendio o el tráfico de drogas, la que se constituye más 
bien en una de sus principales fuentes de financiación. La provisión coercitiva de protección violenta, como una 
variedad del crimen organizado en Medellín, garantiza 
no solo la seguridad del bajo mundo, ladrones, asesinos 
y traficantes de mercancías ilegales (narcóticos, apuestas, armas, aparatos electrónicos, etc.), sino también la 
salvaguarda de comerciantes licenciados, sea que expendan mercancías ilegales (productos piratas o robados, 
lavadores de dinero, etc.) o servicios informarles o no 
reglamentados (vigilancia vecinal, transporte público 
en vehículos no autorizados, etc.) gracias al monopolio 
de operaciones que ejercen en esferas sociales o institucionales, o sobre territorios como mercados públicos y 
áreas de entretenimiento, así como espacios comunales 
públicos que son administrados por medio de la fuerza. Gambetta ha avanzado en la identificación de las siguientes 3 esferas básicas de acción en las que se desempeña socialmente la protección violenta: protección 
frente a otros depredadores, solución de disputas y forzamiento en el cumplimiento de acuerdos y contratos. 1. Protección frente a otros depredadores Este es el lado más conocido de la protección racket, 
pues involucra y absorbe toda otra clase de comportamientos ilegales y criminales. La criminalidad, bien sea organizada o desorganizada, es obligada a 
trabajar ‘para’ o ‘bajo’ la empresa de protección violenta. La provisión de seguridad a bandas criminales y grupos ilegales llegará a permitir a las bandas 
de oficina el control del sicariato, el secuestro, los 
atracos bancarios y robo de mercancías de valor, tales como los automotores de marca. Pero las bandas de oficina no protegen forzadamente solo contra la competencia originada en 
el bajo mundo. Ofrecen protección contra la sana 
competencia, bien sea político-electoral o mercantil; contra el control administrativo, el ejercicio de 
la justicia, etc. De este tipo es, por ejemplo, la provisión violenta de seguridad a grupos y partidos 
políticos corruptos y a dirigentes locales acorralados o dominados por el afán de poder, dinero 
o imagen; rentable actividad que puede incluir 
desde la franquicia electoral a los políticos para 
realizar la propaganda electoral y la campaña de 
promoción de candidatos, hasta la desaparición de 
contrincantes y la obtención del respaldo electoral forzado de la población. Asimismo, en nuestro medio estos empresarios consiguen una incidencia creciente sobre el ejercicio de la violencia 
institucional, desde las labores de guerra sucia que 
encubran las violaciones estatales de los derechos 
humanos hasta el apoyo a las “políticas de gestión 
con resultados”, “falsos positivos” u operativos “exitosos”, eficacia exigida a los mandos policiales y de 
las Fuerzas Militares, que recurren a vías expeditas 
no legales para conseguirlos. Esta “pactación” forzada se ejecuta gracias a que 
existe una endeble y/o perversa incidencia del Estado, pero igualmente, por tratarse de negocios de alta liquidez y rotación acelerada de inventarios, 
que de un lado generan enormes sumas de dinero 
y de otro hacen muy difícil el control de la veracidad de las transacciones, y que a su vez resultan 
ideales para el lavado de ingresos por tráfico de 
drogas, tales como la compra de finca raíz y construcción masiva, el préstamo diario e informal de 
dinero llamado pagadiario, “las casas de cambio, las 
comercializadoras, los servicios financieros”. En su portafolio están también la compraventa de derechos deportivos de jugadores de fútbol y la ficha de equipos deportivos profesionales y 
hasta el implante de megaproyectos de desarrollo. 
Igualmente, toda la actividad de falsificación y piratería en los pujantes y globalizados mercados de 
artículos informáticos, electrónicos y de diversión 
masiva, combustible y vehículos robados y pirateados, al igual que el contrabando de gasolina. 2. Arreglo de disputas Esta es una de las actividades “sociales” más tradicionales Volverse mediador en una 
sociedad en la cual el Estado se presenta deformado o escaso, y donde su conducta se iguala a la de 
otro depredador, puede ser bien visto a la par que 
siempre será requerido un tipo de gobierno para 
impedir el recurso a la violencia entre los miembros y los protectores violentos lo 
ejercitan a cabalidad. En Medellín, durante el pleno auge de La Oficina 
con la banda La Terraza ocurrido en los últimos 
años del siglo pasado, se obligaba a las bandas no 
solo a rendirse y operar bajo su mando sino a pactar la no agresión con otras bandas enemigas. Aún 
no está establecido cuántos de los 25 pactos de no agresión realizados en la ciudad entre 1998-2000 
fueron fruto menos de la acción mediadora de la 
oficina de paz de la Alcaldía y más resultado del armisticio impuesto por la oficina La Terraza. Sin embargo, es claro que su número sí fue significativo. Como reconocidos casos figuran también el acuerdo en la comuna 8 de la zona centro-oriental a finales de 1999 y comienzos de 2000 entre las Milicias 6 
y 7 de noviembre y la banda La Cañada, presionado 
por La Terraza; y la intervención de Don Berna (jefe 
de La Oficina) en el pacto forzado en el año 2002 
entre las barras de seguidores de los dos equipos de 
fútbol profesional de la ciudad, el Atlético Nacional 
y el Independiente Medellín. El llamado “pacto del 
fusil” realizado en el año 2013, ofrece otro de esos 
ejercicios de pactación criminal que impone por la 
fuerza, más que propiciar por voluntad, los acuerdos y “pacificaciones”. 3. Forzamiento de acuerdos y contratos Ciertamente uno de los más importantes papeles 
de los protectores violentos es el hacer cumplir los 
acuerdos y contratos, transacciones en las cuales los 
participantes intercambian promesas en lugar de 
mercancías . Como las promesas por naturaleza conllevan enorme asimetría 
en la información, pues solo el que las hace conoce 
si podrá cumplirlas, su ejecución es la única forma 
disponible para valorar su veracidad (íbid). Bajo estas circunstancias, el pago a un protector violento 
será en consecuencia una garantía para el que recibe la promesa y una forma de sanear estos negocios 
informales, ilegales o extralegales. Esta figura representa un paso mayor en el proceso 
de concreción de la asociación forzada, en la medida que establece tasas fijas de cobro regular a todo 
contrato, usualmente del 10% como lo indicó Carlos Castaño, en entrevista con Germán Castro Caicedo (1996:162), aplicable también a toda venta de 
productos o servicios. Se hace imprescindible en un 
medio ambiente de desconfianza, como los escenarios donde fuertes y débiles intercambian servicios: 
prostíbulos, ventas callejeras, casas de préstamos; 
o donde la corrupción y el engaño son habituales, 
como las cárceles, “plazas” –expendios de estupefacientes- y el negocio de armas. En conclusión este enfoque deja claro que la acción 
criminal de los empresarios de violencia, solamente o principalmente vista como un monopolio de 
fuerza para contrabandear drogas de consumo ilícito genera una interpretación bastante estrecha, 
debido a que, al decir de Volkov, “injustificablemente estrecha su aplicación sociológica y confunde su 
naturaleza con sus actividades complementarias y de 
soporte”(2002:22). A la base se encuentran dos confusiones: la que asocia y reduce mafia a traficantes 
de droga, y la que sigue viendo a las mafias como 
mercachifles cuasifeudales y no admite su evolución neoliberal como empresarios de una nueva rama industrial, la protección pública.