Un ejemplo de ello es el caso de un hombre homosexual expulsado de su barrio por la «limpieza social» que hacían bandas criminales articuladas al narcotráfico.
Dos años después de pensar que yo quería retornar, retornar, retornar, recibí la noticia de la muerte de uno de mis más cercanos amigos, abogado de la Universidad del Cauca, asesinado en San Antonio, Tolima, por paramilitares, en frente de su niño pequeño de tres añitos.
La Comisión de la Verdad pidió al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE que cruzara los datos entre la población censada a nivel general y el Registro Único de Víctimas.
Los principales perpetradores de esta violación fueron los paramilitares seguidos de guerrillas como las FARC-EP y el ELN, y fuerza pública y otros agentes del Estado, como los organismos de inteligencia y contrainteligencia 
Este panorama de represión cambió durante la presidencia de Belisario Betancur Cuartas quien con la amnistía política promulgada a través de la Ley 35 de 1982 y la derogación del Estatuto de Seguridad despertó un optimismo de cambio, con el acuerdo de paz con la FARC, y de allí el nacimiento del partido político Unión Patriótica 
Cuando llegó esa amenaza de muerte a papá e hijos, lo que se advierte es que esta líder, esta mujer, tiene medidas de protección de la Comisión Interamericana, tiene Brigadas de Paz Internacional detrás, ella no es presa fácil, pero están sus hijos.
Este capítulo sobre las causas de los diferentes exilios en distintos momentos históricos del conflicto armado interno muestra partes de la historia colectiva de Colombia que habitan en otros muchos lugares del mundo: en Estocolmo, Montreal, Nueva Jersey, San Lorenzo, Antofagasta, Madrid, Montevideo, Maracaibo o Buenos Aires, así como en el retorno al país.
El primer testimonio que tomó la Comisión fue el del hijo del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero, también de la Universidad del Atlántico, quien fue secuestrado, torturado y, finalmente, asesinado el 28 de agosto del 2001 por grupos paramilitares y agentes del Estado: «A partir de eso hubo una serie de persecuciones y amenazas, un clima también de incertidumbre y violencia directa contra estas personas que se oponían a que se instaurara un pequeño régimen en las universidades, donde no existiera el pensamiento crítico, la actividad sindical ni pensamientos alternativos.
La detención de Carrillo marcó un hito en la organización sindical: «Los testigos eran sin rostro, la gente del Ministerio Público era sin rostro, el fiscal era sin rostro.
Primero se perdió mi cuñado, luego se perdió un sobrino: nunca hemos podido saber de la vida de ellos; mi hermana todos los días llora, es enferma, pero tampoco hemos tenido como un apoyo […].
La práctica del secuestro se extendió a finales de los noventa en medio de la consolidación de frentes del ELN, las negociaciones de paz con las FARC-EP en el Caguán y el aumento de las masacres de los grupos paramilitares, mientras se arreciaba la ofensiva militar con operaciones de rescate y el intento de cercar a los grupos guerrilleros; entretanto, crecía el temor de los familiares por un rescate a sangre y fuego.
La investigación de las masacres de Honduras y La Negra en Turbo Antioquia en marzo de 1988 también obligó a la jueza encargada a exiliarse; tras su salida, la jueza que la sustituyó fue asesinada, en una cadena de violencia que mostró no solo hasta dónde llegaron los intentos de bloquear la investigación, sino también la desprotección de investigadores tan relevantes como son los jueces de la república y la aquiescencia de funcionarios públicos de alto nivel para obstaculizar las investigaciones.
Esto suscitó una protesta por parte de los habitantes de Copacabana, que en junio de ese año convocaron una gran jornada artística donde personas infiltradas filmaron a los asistentes, entre ellas, al grupo musical.
En el exilio también existe la posibilidad de encontrar verdades y asimilar las derrotas de las luchas en que un día creyeron las personas.
Eso genera dentro de los trabajadores afiliados a esa organización sindical el mayor de los temores y pérdida de incidencia política».




La influencia de Cerro Matoso es tal en su zona de operaciones, que en el año 2007 el municipio de Uré fue creado por la Asamblea Departamental de Córdoba como respuesta a las demandas de los habitantes del otrora corregimiento de Montelíbano, que exigían autonomía administrativa y financiera, con miras a recibir regalías por parte del proyecto de extracción de ferroníquel.
Allí se suscribió un convenio entre la empresa, el Incora, los ministerios del Medio Ambiente, de Minas y Energía y el pueblo embera katío, en el que se acordó que a la primera le correspondía 45 cumplir con los compromisos del Plan de Etnodesarrollo para 1996, financiar este Plan hasta el año 2000 y revisar y reformular el proyecto de estanques piscícolas.
La primera etapa está a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojada, Uaegrtd, y es la entidad encargada de recibir las 68 solicitudes de restitución hechas por los reclamantes y realizar los trámites para el ingreso del predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
En 1986 y 1987, los campesinos cordobeses se unieron a las Jornadas Nacionales por la Reforma Agraria y en 1988 protagonizaron el Paro Agrario Nacional por el incumplimiento de acuerdos previos con el Gobierno Nacional -particularmente los acuerdos del Paro Cívico Regional del Nororiente del país de 1987, en el que se prometió discutir las demandas de desarrollo regional, protección de derechos humanos, desmilitarización, reforma agraria, servicios públicos, rebaja en impuestos, empleo, salud, educación, defensa de los recursos naturales frente a las multinacionales, vivienda y vías-.
Ello implica replantear la ocupación y uso de los suelos, el territorio y en general de los recursos naturales, esta ocupación deberá estar orientada a alcanzar progresivamente el bienestar de las comunidades rurales y la transformación participativa de los conflictos existentes.
Promoción y defensa de la economía campesina, agroecología, agricultura familiar, manejo racional y sustentable de los recursos.
Por su parte las Farc, a través de sus frentes 5, 18 y 58 hace presencia en la parte alta del Nudo de Paramillo conocida como Alto San Jorge y en algunas zonas del Alto Sinú desde donde proyecta su accionar y control territorial hacia el Bajo Cauca Antioqueño.
Con este enfoque de desarrollo rural se fortalece la gran propiedad terrateniente y particularmente el latifundio ganadero.
Una política de desarrollo rural con enfoque territorial propuesta desde los campesinos y campesinas puede articularse alrededor de los siguientes componentes:
La economía y la organización social campesina, han sido fuertemente impactadas por el conflicto armado y no existen políticas públicas orientadas a resolver esta crisis generalizada.
Reconocimiento de la diversidad de la sociedad rural colombiana: abordaje de una construcción colectiva, para la comprensión, aceptación y respeto a nuestra diversidad, multiétnica y pluricultural, tanto en lo económico como en lo social y cultural.
Alrededor de la implementación de la Ley 1448 de 2011, construir colectivamente propuestas de retorno y reparación transformadora en diálogo con las entidades a cargo de estos programas.
Sustentabilidad Abordar, en los encuentros campesinos y étnicos, el análisis y comprensión de las limitaciones y potencialidades de los recursos naturales para proponer e implementar el uso racional de los mismos.
Cultivos de uso ilícito Desarrollo de propuestas alternativas de desarrollo campesino local y regional para el tránsito voluntario y gradual de cultivos de uso ilícito a la producción agroalimentaria campesina, teniendo en cuenta que deben existir garantías de inversión social y acompañamiento estatal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los campesinos.
Este tránsito debe tener, como correlato de las entidades públicas, políticas y programas que estimulen la transformación y comercialización justa de los productos y garantías laborales.






Tanto como la guerra, que fue una de las primeras y será sin duda la última de las actividades sociales de la especie humana, la pretensión de regular los enfrentamientos violentos ha conocido una larga historia.                                
Suscritos por Bolívar y Morillo en Trujillo Venezuela con el fin de «economizar la sangre cuanto sea posible», estos instrumentos fueron redescubiertos por Jules Basdevant hacia 1914, en un célebre artículo publicado en la Revista General de Derecho Internacional Público .i El jurista francés considera que la importancia excepcional de los tratados de 1820 proviene del hecho de que sus cláusulas, entre las cuales se encuentran disposiciones pioneras sobre canje de prisioneros de guerra y trato humanitario de heridos y enfermos en campana, constituyen la primera aplicación conocida de las costumbres de la guerra a una lucha civil o a lo que hoy llamaríamos una guerra de liberación nacional.        
Tal fue evidentemente el caso de los acuerdos de tregua entre las fuerzas de Mosquera y el ejército regular: el presidente Ospina Rodríguez se negó a ratificarlos, el conflicto se tornó irreconciliable y solo pudo desatarse con el golpe de Estado de julio 18 de 1861, cuando el gobernador rebelde entró triunfante a Bogotá.                
En las Actas de la Convención de Rionegro, se lee que en la sesión de mayo 5 de 1863 los ciudadanos Tomas Cipriano Mosquera y Salvador Camacho Roldan propusieron un nuevo artículo constitucional que conviene transcribir in extenso pues contiene un pequeño manual de derecho internacional humanitario que el país ignora o ha olvidado: «Los Estados Unidos de Colombia no reconocen delitos sino errores, en tanto cuanto no haya hechos criminosos por de las garantías individuales.
Habrá derecho a suspensión de hostilidades, a armisticios y convenios para restablecer la paz.
El Poder Ejecutivo Nacional nombrará una comisión de juris consultos y estadistas, hasta de once individuos, para que trabajen un tratado de derecho natural y de gentes y el derecho de la guerra para que sirva como texto y doctrina en los Estados Unidos de Colombia y por el se resuelvan los juicios de equidad que puedan surgir, y cuyo procedimiento y fallo corresponde a la Corte Suprema».                
Con todo, los más notable de estos precedentes nacionales sobre humanización de la guerra, y de la guerra civil, es que ellos se configuran aproximadamente en la misma época en que surge el moderno derecho internacional humanitario gracias a la articulación de dos tradiciones: la preocupación filantrópica del suizo Henri Dunant de resultas de su presencia en la batalla de Solferino que dio origen al movimiento internacional de la Cruz Roja; y la tarea de reflexión y codificación del germano-norteamericano Francis Lieber sobre humanización de la guerra irregular, que se tradujo en su precursor opúsculo de 1862 acerca de la aplicación de las leyes y costumbres de la guerra clásica a la guerra de guerrillas y en la famosa Orden General No. 100 de 1863, por la cual el Gobierno del presidente Lincoln puso en vigor el primer código militar enderezado a humanizar un conflicto armado de carácter civil.
Se trata del Código Militar de 1881, en cuyo extenso Libro IV no solo se incluían precisas disposiciones sobre la conducción de las hostilidades y el tratamiento de víctimas y prisioneros de guerra, sino también los textos oficiales completos del Convenio de Ginebra de 1864, ya citado, y de la Declaración de San Petersburgo de 1868, que proscribe por vez primera el empleo de ciertas armas y municiones.        
Pero el arma total, la bomba atómica, no ha sido proscrita a causa del equilibrio del terror en el cual se apoya el desorden establecido que llamamos orden internacional.        
Se encuentra codificado en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977.        
Sería de desear que el actual Gobierno colombiano, frente a los instrumentos de derecho humanitario aplicables al conflicto civil, manifieste más voluntad política para honrar los compromisos externos del país y recuperar, a la vez, la iniciativa perdida en el manejo democrático del orden público.        
A este respecto, cabe señalar que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha dictaminado reiteradamente que el derecho de los conflictos armados en su conjunto hace parte del jus cogens o derecho consuetudinario de los pueblos y es, por tanto, de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la comunidad internacional civilizada, aunque los Estados no sean signatarios de los diferentes instrumentos de Ginebra y de La Haya.        
Tanto en la legalidad de Ginebra cuanto en la legalidad de La Haya hay numerosas herramientas a disposición del Estado y de sus cuerpos armados, así como de la sociedad civil y de sus movimientos y organizaciones, cuyo empleo bien podría aliviar sufrimientos, evitar muertes, distinguir entre combatientes y no combatientes, y abrir espacios de confianza y avenidas de entendimiento entre los insurrectos y el establecimiento con miras a la reconciliación democrática de los colombianos.                                
Durante la guerra civil de 1860-1861, la única de nuestra historia ganada por los insurrectos, el caudillo radical suscribió tres convenios de tregua con las fuerzas del Gobierno conservador para la suspensión de hostilidades y el intercambio de heridos y prisioneros de guerra.
Los hombres de la Regeneración, quienes crearon la leyenda negra que aún existe entre nosotros alrededor de la experiencia federal, abandonaron el ideal humanitario del liberalismo radical en materia desorden público interno y adoptaron en su lugar el desdichado dispositivo disciplinario del estado de sitio de que trata el artículo 121 constitucional.






La Corporación Jurídica Libertad acompaña a los familiares desde que ellos valerosamente denunciaron luego de ocurridos los crímenes ante las autoridades judiciales, a través de la asesoría jurídica, orientada al esclarecimiento de los hechos, al juzgamiento de los responsables y al logro de la reparación integral; pero también en el propósito de potenciar el proceso organizativo, la dignificación de las víctimas y la reconstrucción de la verdad como paso para crear memoria colectiva que se enfrente a la manipulación y a la mentira de los victimarios.
La inspección de policía era una institución en la que se podía confiar y se recurría a ella para solucionar los problemas entre los vecinos.
Los convites y las mingas eran las expresiones comunitarias con mayor recordación porque a través de ellas trabajábamos unidos en las labores del campo y en las noches celebrábamos los logros comunes alcanzados.
En 1994 se creó la Fuerza de Tarea Águila conformada por tropas de los batallones Pedro Nel Ospina y Héroes de Barbacoas de la Brigada 4ª y del Bárbula de la Brigada 14ª para operar por la autopista Medellín Bogotá, desde el sitio conocido como Monteloro hasta Alto Bonito en el Municipio de El Santuario y estaba conformada por tropas.
Los militares dispararon contra la vivienda produciendo destrozos en su interior.
En la noche del 26 de noviembre de 1996 el Personero del municipio de El Carmen de Viboral HELÍ GÓMEZ OSORIO fue 12 asesinado cuando caminaba por una de las calles del casco urbano de la municipalidad.
El Personero había denunciado ante los medios de comunicación a los grupos paramilitares y al personal del ejército nacional como responsables de las desapariciones forzadas ocurridas en el municipio, especialmente las de la Vereda La Esperanza, cuestionando que cuando se tenían identificados a los militares responsables de esta clase de hechos, su único castigo era el inminente traslado a otras guarniciones militares.
Cada uno fue entregando su testimonio y aportando elementos de investigación que daban cuenta de la acción conjunta entre el ejército y los paramilitares.
No le gusta recordar y le da dolor de cabeza, se enferma, entonces él prefiere no asistir a nada, es preferible que se quede en casa.
La desaparición forzada tiene intencionalidades perversas y un cálculo del daño que desea provocar, pues tiene la característica de ser selectivo16 y está generalmente relacionado a otros tipos de crímenes como la tortura y el asesinato.
Otra dimensión en la que se expresa el daño en las mujeres, es la soledad que deben enfrentar por la pérdida de sus compañeros.
Algunos de los familiares han muerto de pena moral, otros de enfermedades, otros de viejos.
A pesar del miedo y la desolación enfrentamos las amenazas, el desplazamiento forzado, el hambre, el frío, la incertidumbre.
Así mismo obtener proyectos productivos o asociativos y recibir una formación adecuada para salir adelante y tener un medio de subsistencia.Garantizar una pensión de vejez y/o invalidez para aquellas mujeres que por su edad o enfermedades ya no pueden acceder a ningún empleo y por ello se encuentran desamparadas y en situación de total indefensión.
Para garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir en la vereda, ni en ninguna otra parte del país requerimos: Que haya paz y se acabe el conflicto.                                                                                                                        




A partir de 2005 la instrumentalización de los cuerpos de las víctimas a través de su desaparición y/o fragmentación y la ambigüedad con la cual se presentan sus responsables, han configurado un conflicto que se presenta sin cuerpos y sin rostros, consolidando mecanismos de impunidad en el esclarecimiento y castigo de sus responsables.
De modo que, se subcontratan con empresas especializadas servicios como seguridad privada adicional a la fuerza pública impuestos y aduanas, así como mantenimiento del Terminal respecto a los equipos, telecomunicaciones, informática, aseo, servicios eléctricos        
Los puertos de Buenaventura han sido objeto de inversiones multimillonarias en los últimos años, de manera que –se dice– tienen poco que envidiar a los puertos más modernos del mundo.
Los niveles de pobreza urbana y rural de Buenaventura son más del doble de los de Cali –la capital del Valle del Cauca–, el tercer departamento más competitivo del país, y un poco menos que los de Quibdó –la capital del Chocó–.
Los transportadores y comerciantes que usan el puerto han expresado su inconformismo por el deterioro que presenta la vía.        
El primero asesinado por un hermano medio de Helmer Herrera y el segundo, al parecer envenenado.                        
El bloqueo al desarrollo de los mecanismos legítimos de movilidad social que históricamente habían permitido a jóvenes bonaverenses incidir en la transformación de las trayectorias de vida propias y de sus comunidades se ha mantenido, permitiendo que el mecanismo de anudamiento que han cumplido las bandas locales en la inserción y operación de los grupos armados ilegales con presencia nacional siga persistiendo.
Es muy posible, según este informe, que quienes no aparecen desmovilizados hayan desertado insertándose a los ejércitos privados del cartel del Norte del Valle.                                
La diversificación y expansión del circuito criminal tiene implicaciones nefastas para el conflicto armado que cobra vida en Buenaventura.
Microtráfico El microtráfico o venta de estupefacientes al menudeo o al detal es un negocio montado por las mafias para vender masivamente al consumidor drogas ilegales por gramos, la dosis mínima        
Cultivos ilícitos y minería criminal Los cultivos de coca y la minería criminal son las actividades que han articulado una red de negocios ilícitos y de victimización en la zona rural de Buenaventura.                        
Al realizar la evaluación de los objetivos propuesta en la Séptima Conferencia, en la Octava Conferencia realizada en 1993 se identificó que los pocos frentes que habían logrado responder con su ampliación y cuota financiera eran aquellos que se habían articulado de una u otra forma al negocio del narcotráfico.                                                
Desde 1998 las AUC llegaron al Valle del Cauca, con cincuenta integrantes, a los municipios de Tuluá, Bugalagrande y Buga, provenientes de Urabá y bajo la comandancia de Rafael Antonio Londoño Jaramillo alias Rafa Putumayo.
Carlitos fusilero supuestamente fue el primer nombre que llegó aquí, en los panfletos y todo, donde eran las 9 de la noche y todo el mundo tenía que estar acostado, tenía que estar en su casa porque si pasaba Carlitos mataba a cualquiera.                                                
El enfrentamiento entre las bandas produjo uno de los picos de victimización más altos de los últimos tiempos, además que incrementó en la espiral de la guerra mayor sevicia en contra de los bonaverenses.                                                                                                


En Puerto Rellena, llamado ahora Puerto Resistencia, en Siloé, en La Luna, en Meléndez, en Loma de la Cruz, los jóvenes son atacados de forma indiscriminada por la Fuerza Pública.
En las inmediaciones de la Universidad del Valle, los cordones del ESMAD, de la Policía y del Ejército han emprendido su accionar.                        
Las comunidades resistían con sus tradiciones y saberes a un ambiente asediado por el narcotráfico y el conflicto armado, situación que se ha venido agudizando en las últimas décadas.
Adán Martínez y Ruth Chaparro, de la Fundación Caminos de Identidad, me proponen brindar apoyo artístico a las instituciones educativas del resguardo Huellas de Caloto.                                                        
El maestro Alejandro Badillo, ingeniero de sonido, quien tiene en su reconocida historia artística un premio Grammy, fue nuestro productor musical.
El trabajo previo, adelantado juiciosamente dos meses atrás, había consistido en un taller intensivo de elaboración de textos sobre poesía, cuento y relato, en el que se buscaba dar realce a las vivencias y experiencias.
En contra de los embates del odio y la violencia, el coro empina las tonalidades para proclamar que es tiempo de reconstruir la montaña bajo el sol.
Eso les pasa a los músicos famosos, no a nosotros, me contestaban algunos cuando les decía que habrían de acordarse de mí cuando sus temas sonaran en las emisoras.                                                
La presentación fue en el Teatro Municipal de Caloto, en compañía de otra agrupación que se llama A’LUXC Hijos de la Estrella creada a raíz de una experiencia artísticos en Toribío, Cauca; la gente bajó de sus veredas, había una gran expectativa, de pronto nos vimos frente a unas seiscientas personas.
A los pocos meses de ese mismo 2014, ya teníamos planes para realizar dos presentaciones, la primera en el Centro Nacional de Memoria Histórica, ubicado en la zona céntrica de Bogotá.
En ciertos puntos hicimos paradas en las que los chicos de la Orquesta leyeron fragmentos de sucesos dolorosos ocurridos en el territorio.
Cuando se estaban firmando los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC, Derly y uno de sus compañeros viajaron a la Habana para hablar sobre los riesgos en que se encuentra la infancia en medio del conflicto armado, también asistieron a sesiones del Congreso de la República en nombre del pueblo Nasa, entregaron más de trescientas cartas escritas por niños, niñas y jóvenes del Cauca, en las que reclamaban un espacio representativo en los diálogos de paz.                                                
Intentamos incentivarlos a que estudien, que ojalá entren a la universidad y que donde se encuentren compartan el conocimiento Nasa.
Allí mismo, la noche del 16 de agosto de 2012, escucharon el sonido de una moto e inmediatamente una granada entró por la ventana de la casa, no pudieron levantarse con facilidad porque al hacerlo se enredaron con el toldillo.
Ella estuvo fugazmente en algunos proyectos pedagógicos que hicimos en Caloto, tenía once años y una energía increíble, se destacaba por el inconfundible ingenio de sus ideas.                                                                                                                                                                                        


El principal problema es, de acuerdo con la profesora Jiménez, la desfinanciación de la paz en la región, pues El Plan nacional de desarrollo del presidente Duque no propone un capítulo específico para la implementación del Acuerdo de paz en los términos establecidos por el Plan marco de implementación, y en el plan plurianual de inversiones tampoco se definen con precisión los recursos para financiar la paz.
Esta estrategia de militarización, a la par del desdibujamiento de los Programas de desarrollo con enfoque territorial, muy probablemente aumentará los riesgos de confrontación militar con otros actores armados que hacen presencia en la región, con las consecuencias que ello tiene.
Esto genera un riesgo muy alto, primero para hacer el seguimiento efectivo de los recursos de implementación del Acuerdo de paz, y segundo, para que la gente que participó en este escenario pueda ver si la propuesta que hizo se está desarrollando o no.        
Desde la instalación de las zonas futuro doscientos siete líderes sociales han sido asesinados en esas zonas, de los cuales treinta y seis de ellos, es decir de los líderes sociales asesinados allí lo fueron en la zona del Catatumbo seis de ellos en lo corrido del año, cuatro en la región de Tibú
El departamento de Norte de Santander solo cuenta con ciento veinte ambulancias básicas, de las cuales solo veinticinco están municipalizadas, y hay ciento seis centros de salud del nivel uno, cuatro del dos y una institución del tercer nivel.
En suma, el Catatumbo es una de las regiones más vulnerables, habiendo municipios como Acarí, en donde el de sus necesidades básicas insatisfechas lo hacen uno de los más pobres, pero si nos trasladamos al municipio de El Tarra, cuenta con de necesidades básicas insatisfechas
Las organizaciones sociales tienen como principios la integración, la vida y el territorio, permitiéndoles una gran capacidad organizativa que va más allá del exterminio, logrando mantener un tejido comunitario en el que es importante destacar el trabajo de la organizaciones campesinas e indígenas.
El Catatumbo se caracteriza por una historia de lucha y de resistencia que viene desde hace muchas décadas, y la región se ubica como la base de la resistencia del movimiento comunal, que ha constituido una base muy importante para dar respuesta a las necesidades básicas y cotidianas de la comunidad.
La estrategia de resistencia comunitaria ha sido hablar con sus comités veredales, activar las juntas de acción comunal y la guardia campesina como mecanismos, primero de protección y segundo para el respaldo a los líderes y lideresas, frente al trabajo que se vienen desarrollando en el territorio, que es muy importante, así como la protección de la vida.
Los servicios de salud en el Catatumbo obedecen a la lógica mercantilista de la ley 100, lo cual hace que la región, al igual que departamentos como el Chocó y La Guajira, sean un mercado poco atractivo para las EPS, que prefieren atender los grandes mercados urbanos.        
La población se encuentra atemorizada por la covid-19, pero también tiene miedo de quedarse sin comida y de tener que hacer frente, además, a la insistencia del gobierno en continuar con las erradicaciones forzosas.
Con mucha frecuencia se pide a las víctimas que cuenten su historia, que concedan entrevistas, que entreguen información, pero muy pocas veces existe la posibilidad de que estas personas gocen de acompañamiento psicológico, que incluso el gobierno les ha negado.3.Se requiere la cooperación de la academia para documentar en memorias escritas no solo el conflicto, sino también los planes y las propuestas que vienen presentando organizaciones de la región como Ascamacat, Cisca, MCP, el pueblo barí, entre otras.                                                                                                                                                                                                        
Es imperioso que la academia reconozca al campesinado como un sujeto de derechos y contribuya al reconocimiento de este sector social por parte de la institucionalidad y a su inclusión en los escenarios de la vida social y política del país.
Se necesita desarrollar acciones de acompañamiento, divulgación y defensa jurídica sobre los hechos que permanecen impunes en relación con la actuación criminal de determinadas empresas privadas y sectores de la fuerza pública contra quienes se han opuesto a la erradicación forzada.        
La identidad y el reconocimiento político del campesinado es fundamental, y la academia puede aportar mucho en ese sentido, mediante campañas en contra de la estigmatización del campesinado que cultiva coca o está en zonas del conflicto armado.                                                                                                                                                                                                        




En el caso de la violencia sexual, reproductiva y por prejuicio no se dio lugar la investigación a fondo como en estos casos.
La violencia sexual se presenta como uno de los malos tratos, sin profundizar su reiteración, las características de esta violencia ni su funcionalidad dentro del patrón de privación de la libertad
El lenguaje usado por la magistratura es naturalizador de la violencia sexual, pues en varias menciones minimizó la gravedad de lo sucedido.
Es decir, la JEP aún duda sobre temáticas que han sido abordadas con suficiencia por parte de instancias como la Corte Constitucional que reconoce que la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano Auto 092/08
Esto, debió ser analizado la magistratura, proviene en parte de la convicción cultural de que lo normal es que una mujer sea sometida a acoso, maltrato y violencia sexual.
La metodología de la JEP no indagó en los motivos discriminatorios que precedieron el secuestro, ni en otras conductas que podrían haberse enmarcado en este crimen porque socioculturalmente son aceptadas y son vistas como oportunidades para reformar a las personas LGBT, como los trabajos agrícolas forzados y aislados.
También se debe ahondar en los tipos de violencia sexual y violencias basadas en género que se perpetraron, identificando los hechos de violación, pero también los hechos de violencia por prejuicio y violencia reproductiva, a partir de la identificación amplia de conductas, utilizando las categorías jurídicas existentes en la calificación jurídica propia a partir de las normas y jurisprudencia nacionales Ley 1719 y Autos 092/08 e internacionales Estatuto de Roma en el tema.
Nos genera preocupación las afirmaciones de la JEP según las cuales los casos de violencia sexual en el caso 001 fueron hechos aislados.
Tanto en la calificación de los crímenes de guerra como de lesa humanidad, el análisis de la violencia sexual fue mínimo a pesar de haber vinculado a estas definiciones del derecho penal internacional
El Auto 019 de 2021 muestra la labor que adelanta la JEP para cumplir sus objetivos es un recorrido con perspectiva judicial de un fenómeno que marcó las dinámicas del conflicto armado y que afectó a miles de personas y sus familias.
Los vacíos y debilidades en el análisis de violencia sexual en el caso 001 permiten valorar las limitaciones actuales de la JEP y sus instancias y órganos para investigar y analizar estos crímenes, tanto desde la recolección de información, como en la integración del enfoque de género a todas las actuaciones y procedimientos.
La apertura de un caso nacional de violencia sexual, reproductiva y la motivada en la sexualidad de las víctimas, es una oportunidad única para que la investigación y el análisis de la JEP se centren en estas violencias, en lugar de abordarlas como un asunto tangencial, secundario, como hechos aislados o conexos y que permita desarrollar las metodologías necesarias para investigar o contrastar la información disponible, y facilite la incorporación de herramientas diferenciales en los demás casos priorizados.
De la violencia reproductiva y de las personas LGBT no se hace ninguna mención.                                                        
En la calificación jurídica propia se afirma que la violencia sexual, como crimen de guerra, [s]e trata de hechos especialmente graves pero en sí mismos aislados y como crimen de lesa humanidad, no se repiten de manera consistente en las privaciones de la libertad, como sí sucede con los malos tratos, razón por la cual no es posible concluir la existencia de un patrón de violencia sexual
A pesar de estas aclaraciones, a 3 integrantes del secretariado se les pide reconocer su responsabilidad por mando por los crímenes cometidos de forma concurrente a las privaciones de la libertad, entre ellos la violencia sexual como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad




Extrañamiento y aislamiento.
Como mecanismo de castigo velado, los presos políticos están siendo trasladados a sitios de reclusión alejados por completo de sus lugares de origen.
De otra parte, el aislamiento se expresa en las limitaciones que se imponen a organizaciones de derechos humanos que les asisten, restringiendo el contacto con el exterior y la posibilidad de dar a conocer su situación en reclusión.
Violación del derecho de asociación e información Teniendo en cuenta la desarticulación de los patios de presos políticos, y la disgregación de ellos en pequeños grupos, se violenta el derecho de asociación en la medida que se desintegran los colectivos de presos políticos 
La situación se agrava con las restricciones que se imponen al ingreso de prensa alternativa que les permite mantener o alimentar una postura crítica a la situación del país.
Revisión y transformación de la actual política criminal cimentada en la privación de la libertad y su prolongación como regla general La respuesta estatal a todo problema social pareciera ser la creación de nuevos delitos y el endurecimiento de penas, situación que ha contribuido en la persistencia del hacinamiento.
Para tal efecto, solicitamos de manera concreta: La creación e instalación con rango legal de las mesas de trabajo en los diferentes centros de reclusión conformadas por: Representantes de la población privada de la libertad, delegados de órganos de control, delegados del Ministerio de Justicia, Delegados de los jueces de ejecución de penas, delegados de Organizaciones de derechos humanos.
Desmilitarización de las cárceles y penitenciarías
Las cárceles no pueden ser convertidas en escenarios de conflicto armado
Detención domiciliaria como alternativa a la privación intramural de la libertad Considerando que gran parte de las mujeres son madres cabeza de familia y que en ella sigue recayendo la responsabilidad de la crianza y manutención de sus hijos, resulta necesaria y proporcional la sustitución de la detención intramural por la detención domiciliaria
Teniendo en cuenta la obligación legal  de clasificar debidamente la población reclusa de acuerdo con la naturaleza del delito, solicitamos la adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, principalmente la separación de los presos y detenidas políticas de los miembros de grupos paramilitares                                                
Dado que la ubicación de la población reclusa se realiza sin consideración de sus lugares de origen y residencia de sus familias, es necesario exigir: Una reubicación que garantice la reintegración familiar y la efectividad del derecho a la visita.Un trato digno y mecanismos eficaces de control que impidan el abuso de poder de la guardia frente a los familiares, abogados y amigos que acudimos a los centros penitenciarios.La prohibición absoluta de requisas que impliquen el contacto físico con los visitantes, dado que el INPEC cuenta con los implementos electrónicos que garantiza la seguridad y permite la detección de elementos prohibidos.La celeridad 12 en el trámite de visitas conyugales entre personas privadas de la libertad y el traslado efectivo de la pareja al centro de reclusión donde se llevará a cabo la misma.Garantía de la plena igualdad en el uso y goce de la visita íntima de las mujeres y población LGBTI privadas de la libertad
Prevención, investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos, tratos crueles inhumanos y degradantes contra la población reclusa y sus familias degradantes de Naciones Unidas.La prohibición del uso de celdas de aislamiento, como medida de castigo o medida de seguridad habida cuenta que ésta pueda garantizarse a través de otras medidas como la adecuada clasificación de la población reclusa.Se retiren las propuestas de reforma a la ley 65 que propenden por la militarización y tercerización del servicio de guardia penitenciaria, tras las cuales se prevé un aumento a las violaciones de los derechos humanos en las cárceles y la impunidad en las mismas
Garantizar a la población reclusa el principio universal que prevé a igual trabajo, igual salario y se implementen las medidas de seguridad industrial a fin de minimizar los riesgos en las distintas áreas de trabajo.Aumentar los descuentos previstos para la redención de penas
El abuso de la figura de la extradición, hace necesario exigir del gobierno nacional el replanteamiento de su política en esta materia, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad
En desarrollo de lo anterior, pedimos al Gobierno Nacional, que en desarrollo de su poder discrecional se abstenga de entregar en extradición a personas vinculadas con organizaciones guerrilleras






Por ahí hay mucho gallinazo suelto-, me frenó en seco.Y así lo hizo mi hermano, con mano y todo sobre la biblia
Era inevitable: a pesar de todo, yo seguía bailando en sus ojos.Nacida ya nuestra hija, interpuso una demanda que me obligaba a llevársela a la cárcel durante los días de visita
Mi esposo quedó tendido en un charco de sangre, exactamente un mes después de que el mismo hombre, a la misma hora, asesinara a mi hermano.Durante 20 años he guardado en silencio la imagen con el rostro del asesino y su anillo de oro, que brillaba mientras apretaba el gatillo
En bicicleta por la reconciliación Por john fredy taborda El sol bailoteaba con fuerza en lo alto del cielo, los techos de lata crujían golpeados por el calor, y el reloj que cuelga en un paredón de la desvencijada cocina, casi marcaba las tres de la tarde, hora del encuentro que hacen las mujeres de la ciudad madre bajo el palo de mango y en el que todos los martes a la misma hora se juntan para hablar de sus penas y ayudarse para sanarlas, como si se tratara de remendar las hilachas que ha dejado la guerra
La mayoría de los ranchos no tenían luz y cuando se iba entrando la noche todos se sentaban en el corredor a refrescar el calor y a conversar sobre las afugias del día.-No se vayan a entrar todavía- les dijo una noche Rosalba a sus hijos y a su marido que estaban muy entretenidos- voy donde mi mamá a llevarle un caldito porque anda enferma la vieja, no me demoro.Rosalba emprendió el camino empuñando la agarradera del portacomidas en el que llevaba un poco de caldo con algunas verduras y una linterna para alumbrar el camino y no tropezar
Y después de carcajadas y comentar que la vida le sonreía, su hermano se despidió sin sospechar que sería para siempre.Desde aquel día, Estela no lo vio nunca más, tampoco tuvo noticia alguna sobre su paradero
Al otro día, sin mediar palabra, emprendió la búsqueda de Guardián, enajenada del dolor y la rabia
Finalmente encontró a Guardián tirado en un rastrojo lejos de la casa: estaba muerto                                                
Allí se acompañan en el dolor de la guerra, toman el algo, ríen, juegan dominó, hablan de la vida y de la necesidad de cuidar de sí
Un domingo, cuando la tía y yo estábamos en la sala viendo las noticias del medio día, se me entró un frío al cuerpo de repente:- ¡Tía!, ese señor que acaban de mostrar, ¿no se parece mucho a mi papá?Lo cierto es que en el momento dudé mucho que fuera él, ya habían pasado 12 años y casi no lo recordaba                                                        
Habían pasado tantos años que lo dábamos por muerto.
La doña agarró un papelito de su mesita de noche con el número de una prima en Bogotá y salimos a Telecom para hacer una llamada.
¡Qué berracos tan desconfiados en la Capital! Después de hablar hasta con el perro y el gato, logramos dar con el paradero de papá.Meses después nos enteramos de que una noche había aprovechado un aguaceral para volarse de esos hombres.                                                        
Durante años Estela le dio vueltas al mismo parloteo en la mente: ¿por qué él?, ¿quién?, como si aquella obsesión hiciera aparecer a su Viejito.
¿Qué le dirían si pudieran despedirse? – exhortó el asesor.Sin embargo, Estela solo pensaba para sus adentros que aquello era una reverenda bobada.                                                                                
Afirma el documento CONPES 3411 que, con el propósito de asegurar que las intervenciones comprendidas en la Política se coordinen con las estrategias y planes de acción relacionadas a fin de prevenir solapamientos, duplicación de esfuerzos y promover mayores niveles de trabajo conjunto entre las entidades concernidas, la Política se articula con los siguientes planes, proyectos, políticas y normas del Estado colombiano                
Eje problemático IV. Condiciones operativas específicas para la investigación y sanción Este eje se centra en las condiciones operativas que se hacen indispensables para el logro de los objetivos de la Justicia Penal y del Sistema de Control Disciplinario en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Como factores asociados a este eje se establecieron los siguientes: la programación de diligencias y actividades de  Incumplimiento de sanción.   Incumplimiento o cumplimiento inoportuno en la ejecución de las órdenes de captura en los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.        
Adquisición de vehículos para el fortalecimiento de las remisiones judiciales realizadas por el INPEC.                                                
Ejercer monitoreo y control permanente sobre las condiciones y eficacia de la ejecución de las medidas de aseguramiento y las penas impuestas a los presuntos responsables por violaciones a los DDHH e infracciones al DIH
El impulso a casos de homicidio en persona protegida se ha hecho posible a través del desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional. De esta forma se han alcanzado logros como la suscripción e implementación de un convenio de apoyo entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación, del 14 de junio de 2006, en el cual se señala la competencia exclusiva de los funcionarios del CTI para llevar a cabo las inspecciones en los lugares en los que ocurran bajas en desarrollo de operaciones militares. Por otra parte, la suscripción del Convenio 122 del 18 de enero de 2008, relacionado con la ampliación de planta de la Fiscalía, dio lugar a la conformación de una subunidad de apoyo con 20 fiscales a nivel nacional, para el impulso de las investigaciones que se adelanten por los homicidios presuntamente cometidos por Agentes del Estado.                                                        
Se generaron tres módulos de formación tendientes a fortalecer el cumplimiento de la misión de los operadores con competencias en la investigación, juzgamiento y sanción de los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH se capacitó en estos módulos a 100 operadores pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Rama Judicial y la justicia Penal Militar                                        
Se apoyó la movilización de comisiones de investigación comisiones especiales de impulso, comisiones de casos particulares y comisiones de consulta en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.
Por su parte, en la Procuraduría General se observan para los años 2006 y 2007 los niveles más altos de ingreso en la carrera, puesto que el plan de implementación de la carrera en dicha entidad se viene desarrollando de tiempo atrás. Sin embargo, este porcentaje decrece para el 2008, como consecuencia del ingreso de 33 nuevos funcionarios a las áreas misionales en cuestión durante dicho periodo de tiempo, los cuales no hacen parte de la carrera
Se encuentra asociado con el objetivo específico de Proveer esquemas de protección que favorezcan la actuación autónoma de los jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos e investigadores en los procesos de investigación y sanción en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.                                                                        
De otra parte, la Justicia Penal Militar y la Defensoría del Pueblo han puesto en marcha un plan dirigido a los operadores militares para potenciar acciones que prevengan la comisión de homicidios en persona protegida. Este acercamiento ha permitido un acuerdo sobre intercambio de información entre las dos instituciones respecto a los hechos de esta naturaleza consumados.        
Para contribuir a esta estrategia del Estado colombiano la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura aprobó la creación de dos Juzgados Penales Especializados de Descongestión para casos de delitos contra sindicalistas, y un Juzgado Único Penal del Circuito de Descongestión, con sede en la ciudad de Bogotá, para el conocimiento y juzgamiento exclusivo de los casos de violaciones a los DDHH de sindicalistas.                
Por otra parte, desde el GTA se ha hecho un seguimiento constante al proceso de descongestión de los conflictos de competencia entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación, proceso en el que el Consejo Superior de la Judicatura había adquirido unos compromisos específicos para disminuir los tiempos de decisión de los conflictos pendientes. Gracias a este ejercicio se registra una disminución de los procesos pendientes de definición de competencias entre Justicia Penal Militar y Fiscalía General de la Nación, en sede de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Con ocasión de estos ejercicios de coordinación esta entidad ha iniciado instrucciones relacionadas principalmente con la necesidad de respetar el trabajo de la policía judicial siempre que se produzca una muerte en combate. A través de esta directiva se crea un comité de seguimiento para monitorear el tema de homicidio en persona protegida.  Directiva 19. Estricta colaboración con investigaciones penales y disciplinarias en materia probatoria y aplicación del carácter restrictivo del fuero penal militar                
Además del presupuesto ya ejecutado, se debe considerar la posibilidad de generar nuevos recursos de inversión para vigencias futuras que permitan darle continuidad a los esfuerzos de coordinación interinstitucional, renovación tecnológica e innovación, que contribuyan al fortalecimiento institucional en el largo plazo.                                                        
La Política debe prioritariamente articularse con las acciones de prevención incluidas en políticas relacionadas, pues uno de los factores determinantes para las reformulaciones de proyectos o los cambios de prioridades de intervención de proyectos específicos es la creciente demanda a la que se enfrenta el sistema, especialmente en materia de víctimas. Aunque el aumento de la demanda puede ser explicado por múltiples razones –como la expedición de una norma, la ocurrencia de un evento coyuntural o un retraso histórico–, un elemento determinante que debe estar incluido en cualquier política pública es el factor de la prevención. Es necesario que una Política de Lucha Contra la Impunidad ataque las causas de la misma, de modo tal que se evite la ocurrencia de hechos que den origen a las necesidades de investigación, juzgamiento y sanción, por lo cual es urgente su articulación con las políticas existentes o la creación de líneas de acción propias dentro de la Política que nos ocupa.                                                        




Corporación AVRE Este documento se ha realizado con el apoyo financiero de la obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo –Misereor– y del Fondo de contribuciones Voluntarias de las naciones Unidas para las Víctimas de la tortura.                        
El objetivo del Encuentro Nacional fue contribuir al reconocimiento del lugar del enfoque psicosocial en procesos colectivos orientados a afrontar afectaciones derivadas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la imposición de megaproyectos.                
Y cierran con el Comunicado Conjunto suscrito por organizaciones y movimientos, en que manifiestan sus consideraciones, reclaman sus derechos y exigen ser tenidos en cuenta ante las exigencias del contexto actual que los convoca.                                        
Algunos de estos instrumentos de referencia son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.                
El conflicto armado les ha permitido a las empresas generar condiciones para el posicionamiento de sus proyectos, a un costo humano demasiado alto.                                                                
Los cambios en la forma de estar y de sentir el territorio comenzaron a evidenciarse cuando se rompió la lógica de propiedad, la cual está dada no por el reconocimiento de un tercero en términos legales, sino por la vivencia y el reconocimiento de algo como propio.                        
La imposición de megaproyectos ha ido en detrimento de valores como la cooperación y la solidaridad, que se expresaban en prácticas como el trueque de productos alimenticios, el cual ya no es posible desarrollar debido a que la pérdida de la vocación y de la productividad agrícola de muchas comunidades ha llevado a que ya no tengan un producto propio que puedan intercambiar.                                                        
Para los Emberá, en el mundo de abajo están las venas de la madre tierra, que para el capitalismo es el petróleo.                                
Aunque la población afro comparte ciertas expresiones de territorialidad con la población indígena —lo que les permite fundar algunas alianzas inter-étnicas que establezcan reglas de cómo sus territorios pueden ser ocupados—, en la cosmovisión afro la minería es una representación del diablo.                                                                
Este fortalecimiento ha comprometido el rescate de elementos propios de la cultura campesina de las comunidades, tales como la conservación de semillas autóctonas, la práctica de métodos de producción agrícola tradicionales y la capacidad de autoabastecerse.                
Consideraron que dentro de los espacios de encuentro es fundamental permitir el disenso y conversarlo para lograr una visión y unos objetivos comunes, así como lograr una comunicación interna y externa clara que merme el rumor como elemento disociador que puede debilitar el proceso comunitario.                                                        
Desde nuestra posición en defensa del territorio, que es nuestra vida misma, consideramos que ésta puede ser una nueva oportunidad para replantear la actuación que han tenido las empresas que vienen desarrollando megaproyectos en nuestros territorios, y las medidas que han adelantado para su implementación.                                        
Reiteramos que un verdadero escenario de justicia implica el ejercicio pleno de nuestros derechos, rebatiendo cualquier intento de imponer un concepto de desarrollo que no recoge el espíritu y la cosmovisión de las comunidades.                                                        
Las profundas alteraciones que se han ocasionado en nuestros territorios exigen una reparación integral que redunde en la reparación del alma y en la mitigación del dolor que llevamos dentro.                        
Por ello, continuaremos fortaleciéndonos y reafirmando la permanencia y protección de nuestros territorios para preservarlos como lo que son, una extensión de nuestros propios cuerpos.                                                                                                                                                                        
En relación con la coyuntura electoral, presentamos una revisión de los programas de gobierno de los candidatos ganadores en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá y su relación tanto con la construcción de paz territorial como con la implementación del Acuerdo de Paz
Bajo este contexto, este informe recoge diferentes insumos presentados por instituciones oficiales, como el Instituto Kroc para Estudios Internacionales sobre Paz, la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación -CSIVI- y el grupo multipartidista del Congreso, y de organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz -FIP- encargado de acompañar la comisión de Paz del Congreso, la Fundación Paz y Reconciliación - PARES, entre otros, que le hacen seguimiento al Acuerdo de Paz, en diferentes niveles territoriales tanto nacional como regional, con el fin de generar insumos y reflexiones que contribuyan a la materialización de la construcción de paz territorial en Antioquia y en el Valle de Aburrá.
El PND del presidente Duque, a pesar de ser el primero que se da después de la firma del Acuerdo de Paz y que debería incorporar los seis puntos como parte estructural de su plan de gobierno, deja de lado muchas de las medidas establecidas en el Acuerdo, y en cambio propone un enfoque que no reconoce su potencial transformador: El PND 2018-2020 Pacto por Colombia, pacto por la legalidad, está sustentado en la fórmula: legalidad + emprendimiento = equidad; tiene 5 líneas estratégicas, pactos regionales y 13 pactos transversales, uno de ellos llamado construcción de paz 
Frente a los mecanismos de seguimiento y verificación de lo pactado, el gobierno ha asumido una posición de desinterés en facilitar su trabajo; Por un lado, la Comisión de Seguimiento y Verificación como instancia en la que se encuentra con la FARC para evaluar el proceso no se articula plenamente y en muchos casos se desconocen sus intervenciones, en cambio, se ha puesto en duda su continuidad por falta de voluntad del gobierno Duque; de igual forma, el componente Internacional de la verificación, integrado por dos notables, los expresidentes José Pepe Mujica y Felipe González se encuentra en riesgo latente de desaparecer.                                
¿Y la implementación del Acuerdo de paz en los territorios? Como se mencionó anteriormente, la implementación del Acuerdo de paz se materializa en los territorios del país, en especial, en aquellos que han sido más afectados por el conflicto armado.                                
El municipio de Yondó pertenece al PDET del Sur de Bolívar, y Murindó y Vigía del Fuerte corresponden a PDET de Chocó.                        
Aunque el programa se ha concentrado en la ayuda inmediata y aumentado progresivamente la cobertura de la asistencia técnica, no ha logrado conectarse con la Reforma Rural Integral —tal y como señalaba el Acuerdo de Paz—, y tiene un déficit notable en la generación de proyectos productivos, los cuales hasta el momento involucran solo a una fracción de las familias                                 
Estas zonas se han ido transformando y se han convertido en escenarios de reconciliación, donde conviven en la cotidianidad excombatientes y población civil en general.                                        
En Antioquia, se encuentran acreditadas 1.356 personas, 342 de ellas se ubicadas en los diferentes ETCR.
El programa de gobierno presentado por Agudelo tiene propuestas relacionadas con la implementación del acuerdo de paz de la Habana y otras acciones de paz territorial tales como: transformación ¡Ahora sí! ciudadana Fortalecer las medidas de prevención y protección a las víctimas en riesgo, líderes sociales y defensores de derechos humanos        
Apoyo y acompañamiento a las víctimas que tienen viviendas sin sanear, a fin de que puedan adquirir el derecho real de dominio.                
Por lo tanto, la Seguridad Ciudadana hace referencia al respeto de la integridad física, psicológica y social, y la garantía que no sea violentada, ya sea en la privacidad del hogar, en el lugar donde se vive, en lugares de tránsito o en la ciudad que se habita, concepto muy relacionado con la convivencia ciudadana.                                        
Bello es un municipio con amplio accionar de grupos delincuenciales, dichos grupos intimidan continuamente a sus pobladores
Mejoraremos el actuar del Museo Casa de la Memoria como eje central para la recuperación de la memoria y de construcción de Paz
Garantizaremos la oferta institucional para la atención oportuna para la reintegración y reincorporación integral y efectiva de las personas desmovilizadas, en el marco de la cultura de paz territorial, la legalidad, los derechos humanos, la convivencia y la reconciliación Fortalecimiento del Centro de Atención a las Víctimas con acompañamiento jurídico y psicológico; Mecanismos alternativos de resolución de conflictos y acceso a la justicia.                                                                                                                                                                                                        
En términos generales podemos afirmar que sus demandas nunca podrán ser satisfechas a través del actual sistema general de seguridad social en salud, pues la lógica bajo la cual este se encuentra concebido carece de mecanismos efectivos para lograr tal propósito.                
Asimismo, la impunidad en la resolución de sus casos ha causado y sigue causando un especial sufrimiento para ellas y sus familias, no solo por los daños sufridos, sino además por el miedo a que se repitan hechos similares.                                                        
Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual 6 M.P.: María Victoria Calle 7 lineamientos para que el Estado colombiano desarrolle una política pública en salud integral para víctimas del conflicto que contemple una atención con verdaderos efectos reparadores
La Corte Constitucional ordenó en su sentencia T-045 de 2010, con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle, que el Ministerio de Salud debía diseñar e implementar una política de atención en salud.        
Tal afirmación la sostiene la autoridad defensorial al advertir que: Corte Constitucional, sentencia T-045 de 2010, M.P.: María Victoria Calle
Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad principios 31-34, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder
Colombia que no puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos, en razón del daño específico generado por la violación y, por lo tanto, no puede entenderse cumplido el deber de reparar integralmente cuando las víctimas no tienen acceso a servicios especiales de salud
Para reforzar la ausencia y negación de la memoria en el MSPS cabe anotar que antes de las sentencias proferidas por la Corte IDH no solo estaban los hechos victimizantes que datan de finales de los años 80 y 90, hechos ampliamente conocidos por la opinión pública, sino también los informes periciales de evaluaciones psicosociales y en salud que daban cuenta del estado mental y psicológico de las víctimas, no hizo nada con ello, como tampoco con los resultados de la evaluación del 2009 los cuales fueron a dar literalmente a la basura.                        
Así es como ha sido tratada la historia de la salud de las víctimas en los últimos años por parte de los diferentes gobiernos de turno.                
La evaluación y diagnóstico realizado por los médicos generales fue superficial y se limitó a aspectos de salud física, a pesar de que las afectadas manifestaron padecer de problemas emocionales.                
Contra la Ley Estatutaria de salud, el Plan Nacional de Desarrollo, reafirma el imperio de las EPS y, con este, el modelo de salud como negocio.        
Las EPS les adeudan 12 billones; pero antes que obligarlas a pagar, les concedió el ministro Gaviria siete años de gracia para refinanciarse ¡con plata de los colombianos! ¿Creerá él que con este modelo inmoral se construye paz                                                        
La consagración legal de los derechos fundamentales a la educación, a la salud, a una vivienda digna, deben articularse con las capacidades habilidades, intereses y expectativas de las víctimas, encaminadas a fortalecer sus capacidades productivas, el entorno familiar y comunitario, la participación y el ejercicio de la ciudadanía para una verdadera incidencia política, componentes que no reflejan un avance significativo que aporte a la disminución de los niveles de pobreza y pobreza extrema                
Las razones y comprensiones expuestas en los tres capítulos que nos preceden constituyen la explicación de porqué el sistema de seguridad social y en salud o el sistema de salud a partir de la más reciente ley, no reconocen a las personas, colectivos y comunidades que han sido victimizados en desarrollo del longevo conflicto sociopolítico de nuestro país, por lo tanto, un sistema que no fue concebido para atender y asumir los efectos de la guerra no puede ser el mismo que pretenda atender y reparar a las víctimas; queda claro entre otras, que las modificaciones a la ley 100, que no reformas, tampoco han facilitado la inclusión del sector poblacional más afectado por el conflicto armado, es más, ha contribuido a su revictimización.                                                        
Rehabilitación Psicosocial: Medidas de recuperación a nivel individual                                                                 




El establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición CEV es un avance decidido en los esfuerzos de esclarecimiento y rendición de cuentas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado colombiano.                                                        
Esta sistematización fue creada por académicos de la Universidad de Oxford y por organizaciones de la sociedad civil –el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia en Colombia, y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales Andhes en Argentina                                
Estos incluyen casos de complicidad empresarial con violaciones de los derechos humanos cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC durante el conflicto armado.                                
Las recomendaciones formuladas buscan impulsar el trabajo de la CEV a fin de revelar una verdad amplia y completa de cómo la complicidad empresarial contribuyó a la grave violación de los derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano.                        
Este tipo de comisiones, si bien tienen como objetivo principal acercar la verdad a las víctimas y la sociedad en general, también son importantes para establecer políticas de reparación, justicia y no repetición
La información sobre la implementación de estas recomendaciones en los casos mencionados señala que no ha habido mucho progreso en esta materia.                                                        
En casos de participación de terceros civiles es difícil encontrar elementos probatorios que encuentren el vínculo directo o indirecto de empresarios en el conflicto armado.                                                        
El Grupo de Memoria Histórica GMH documentó el homicidio selectivo de 1.227 líderes comunitarios, 1.495 militantes políticos, 685 sindicalistas y 74 defensores de derechos humanos 10 En su libro Guerras recicladas Ronderos explica esta relación desde el inicio de las autodefensas así: Según testimonios recogidos por el investigador Carlos Medina Gallego, hubo una reunión formal de todos los poderes de Puerto Boyacá para sellar la creación del grupo armado antisubversivo.                                
Por ello, sugerimos que para el análisis de la inclusión de la complicidad empresarial en su mandato la Comisión no interprete dicho artículo como una referencia que la limite en sus funciones de revelar una verdad amplia sobre dicho fenómeno.                                                        
Por esta razón sugerimos que la CEV analice si el Estado colombiano ejerció un debido control o supervisión a las fuerzas armadas y policiales que pudieron haber prestado apoyo a agentes estatales que estaban bajo su control Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, principio 4 y que el Estado colombiano pudo prevenir.                        
Ello es posible por medio de la formulación de recomendaciones guiadas al fortalecimiento de las entidades reguladoras que debieron actuar en su momento a fin de evitar casos de complicidad empresarial que desencadenen graves violaciones de derechos humanos
Un principio 96 fundamental de dicha Ley es disponer de la documentación organizada, en tal forma que […] sea recuperable para el uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de historia
Tomar en cuenta el impacto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de actividades de complicidad empresarial Como el presente estudio muestra, el impacto generado a los grupos vulnerables como sindicalistas y comunidades locales, tanto indígenas como afrodescendientes, por actividades de agentes económicos se centró en su mayoría en las actividades de agricultura, construcción, comercio/bienes de consumo, financiero, entre otros.                                        
Comunicar de manera periódica a la sociedad colombiana los avances en materia de complicidad empresarial La CEV está facultada para informar periódicamente los avances en sus labores.                                
Delegar en el comité de seguimiento y monitoreo las recomendaciones de la CEV para que verifique el cumplimiento de aquellas en materia de complicidad empresarial De acuerdo con el Decreto 588 de 2017 se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la CEV                                                                                                                                


Este capítulo ofrece la autobiografía intelectual de las Escuelas de Perdón y Reconciliación EspErE, propuesta metodológica que ha dado resultados exitosos en su aplicación en diversos escenarios y países, y además da cuenta de los principios que sustentan las lógicas y los propósitos que permitieron su diseño y sustentación.                                        
Todo esto con el propósito de interpretar cómo y en qué medida sus vidas, sus narrativas emocionales-discursivas y sus intercambios sociales se habían desarrollado a partir de las ofensas y agresiones recibidas.        
Mientras que la oferta de enmarcamiento, de clasificación permaneció inalterada, se modificó la representación de la personalidad: ya no como sistema integrado de componentes, sino como la encrucijada en la que los discursos narran la experiencia.                                
El equipo sugirió que era posible el perdón sin la reconciliación y que la reconciliación, sin un mínimo ejercicio de elaboración narrativa acerca del perdón, corría el riesgo de ser frágil, considerando que, al juntar las partes separadas por la agresión sin un proceso previo de construcción de una narrativa alterna, se correría el riesgo de mantener los discursos que acerca de la ofensa alejaban a las partes implicadas en la agresión.                
Esto indica que en su conformación metodológica las EspErE se fueron perfilando por la vía del diálogo con los saberes y prácticas relativos a las temáticas y vivencias de los involucrados, tanto académicos como personas agredidas.                                                        
Una persona herida se retrae, dedica gran parte de sus energías a tratar de restablecer el equilibrio.                                                
Esta es una concepción orgánica que transfiere la función del terapeuta a los otros y, dentro de los otros, al propio sujeto de la clínica.En las EspErE el terapeuta no se encuentra instituido y tampoco la víctima.                
Si los discursos acerca de una ofensa guardan cierta similitud, independientemente de la cultura y la formación de quien los elabore, y si las EspErE se proponen como el contexto en que estas narrativas se intercambian, es preciso aclarar de qué tipos de ordenamientos se trata
La fuerza de la implicación moral de la ofensa ya no radica en el individuo; ahora la justicia, en nombre de lo colectivo, expropia a la víctima        
Habría que aclarar cómo se hace necesaria una arqueología que reconstruya la manera en que la rabia, el odio, el resentimiento y el deseo de venganza se constituyen en la historia.Al respecto de la diferenciación entre lo íntimo y lo público, es determinante la reconstrucción del entrecruzamiento de dos tipos de funcionarios: terapeutas y jueces
Los discursos que fijan la ofensa en lo más concreto del cuerpo encuentran una vía de drenaje, son nombrados, y las nuevas narrativas propuestas por las EspErE, en este momento, construyen posibles rutas de expresión, en la circularidad que devuelve del cuerpo a la palabra los registros físicos de la ofensa.Si el acto, la ofensa, circula del hecho al cuerpo, en la imposible conexión de sentido posterior a la ofensa, el propósito de la puesta en común, de la publicación de la herida, consiste en traer a la palabra la fuerza que debilita.                                                                
En el espejo, el ojo busca la lectura que hace posible para el cuerpo, que se mira, identificar la presencia de su ser.                                        
Recrear al otro en la imaginación es una invitación al desarrollo de nuevas narrativas.                                                                
De nuevo, el cuerpo está invitado a desdoblar la imagen del recuerdo en la imagen del porvenir, memoria actualizada que el taller propone a los participantes durante la relajación, trabajando acostados sobre una colchoneta, mientras el facilitador guía la sesión acompañado de música apropiada.                                                                
La compasión es la respuesta de solidaridad de un corazón noble hacia la otra persona.                                                                                                                                                


4 Ríos fue uno de los primeros proyectos de comunicación del país que se interesó en dinamizar la memoria del conflicto armado en espacios virtuales.                                                        
Según su director, Élder Tobar, la idea surgió en 2012, cuando él trabajaba como capacitador en herramientas digitales en regiones rurales del país y, al tiempo, era el productor del Festival de Cine Comunitario Ojo al Sancocho, con el interés de asociar lo comunitario con lo digital comencé a pensar en un proyecto que se enfocara en tratar de explicar de forma distinta hechos relacionados con el conflicto armado, dijo.                        
El primer proyecto narrativo que realizó el equipo de 4 Ríos fue sobre la masacre en la región del río Naya, que perpetraron paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, entre 10 y el 13 de agosto de 2001, cuando asesinaron a 46 personas, la mayoría indígenas
En esta narración, el equipo apostó por un cómic interactivo en el que el visitante puede decir la manera en la que se adentra a la historia.        
En este primer relato los realizadores se acercaron a una propuesta narrativa y artística que pocas veces había sido utilizada en Colombia para hablar de los efectos del conflicto, iniciamos el proceso en el 2013 y lo terminamos en el 2016.                                                
Lo hicimos desde una perspectiva de experimentación, pues en aquél momento, en el campo de la memoria, era novedoso contar desde el cómic y para una versión de experiencia virtual, por eso, nos llevó tres años, explicó Tobar.                                                                
Con esa experiencia sobre la masacre del Naya el equipo de 4 Ríos entendió que su propuesta de memoria debía estar dirigida a habitantes de las ciudades colombianas, especialmente jóvenes, que no sufrieron directamente hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.        
Nos interesa hablar de una memoria que conmueva porque la información básica está en todos lados: en libros, en portales, en periódicos, en noticieros, pero la emotividad se puede lograr es en ejercicios artísticos como este, afirma Tobar.                                                
En la realización del relato de la masacre del Naya participaron once personas entre diseñadores, programadores, realizadores audiovisuales e investigadores sociales.        
En esa primera experiencia narrativa el equipo tuvo como punto de partida una fuerte investigación documental sobre los sucesos que quería narrar, en la que se acercaron a la información de prensa, a las investigaciones académicas que se habían desarrollado al respecto y a la información judicial disponible y, posteriormente, se fortaleció con trabajo de campo y entrevistas a las personas que sobrevivieron a la masacre.                
De ese proyecto de narrativa transmedia sobre la masacre del Naya, el equipo de 4 Ríos ha presentado una serie de productos, entre los que se destaca el documental interactivo que se puede consultar en su página , una versión clásica del mismo que está en etapa de circulación y una experiencia de realidad aumentada que han llevado por diferentes escenarios en el país.                                                        
Para Tobar, el aporte de 4 Ríos en relatos como la masacre del Naya está en que, como bien lo pudo verificar en la investigación documental, a pesar de que hay muchos relatos e investigaciones sobre el tema, las estadísticas o las descripciones que estas ofrecen, ponen al lector como un espectador del relato y no lo involucran emocionalmente con las personas que sufrieron determinadas situaciones.                                        
En cambio, su propuesta implica que el público se comprometa en la construcción del relato, se pongan en los zapatos de quienes han sufrido la guerra desde una plataforma de realidad ampliada y se hagan preguntas que les permitan reflexionar lo que ha pasado en nuestro país, dijo.        
Ahora, el equipo de 4 Ríos espera continuar con proyectos similares al del Naya.                                                                        
Su objetivo es poder contar las historias de situaciones como las que se vivieron en Bojayá, en el barrio la Chinita de Apartadó o la masacre del Salado.                                                                                                                                                        
Acompañamiento a víctimas y organizaciones de víctimas en el proceso de activación y seguimiento en la ruta de protección.                        
Este plan comprende un acuerdo para la evaluación del riesgo, planes de vinculación organizacional, acompañamiento e identificación de la necesidad de atención psicosocial, control sobre los soportes que presenten los beneficiarios, e informes finales.
Entidad remisora: Puede ser cualquier organización cuyo trabajo esté relacionado con la defensa de derechos humanos, intereses sociales y búsqueda de la paz.                                                        
Entidad administradora: Tiene a su cargo el funcionamiento administrativo y contable del FFP, además de la orientación de la secretaría técnica.        
Le corresponde la puesta en marcha de las ayudas aprobadas buscando el logro de los objetivos propuestos en seguridad y protección para las personas y organizaciones beneficiadas.                                
La presentación de las solicitudes al FFP la realiza la entidad remisora, por escrito a través de las entidades aval.                                        
La entidad remisora debe ser reconocida ampliamente por su trabajo en derechos humanos, paz e intereses sociales; su relación con el solicitante le debe permitir conocer el contexto del caso.                                
La entidad remisora presenta por escrito la solicitud de ayuda a las entidades aval CAPS ILSA Justapaz Humanidad Vigente                
En caso de que se deba transferir a otra persona, debe anexarse autorización para la entrega del desembolso y cédula de ciudadanía de la persona autorizada.                                                        
Como requisito para entregar el último desembolso, la entidad remisora debe presentar un informe final que exponga la situación de seguridad del beneficiario, las perspectivas de estabilización y el impacto de la ayuda
Posterior a la ayuda recibida comentar como continuará, el/la o los/las beneficiarios/as, su trabajo y su vida teniendo en cuenta la evaluación hecha de su situación de seguridad.                                                                                                                                                                                                        
De la democracia representativa a la democracia participativa La Constitución de 1886 estaba diseñada para una democracia representativa, donde el ciudadano, con su voto, delegaba en un candidato el poder de decidir sobre todas las funciones públicas que eran de su competencia.Antes de la Constitución de 1991, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en el seguimiento y evaluación de la gestión de los funcionarios y de las entidades públicas se limitaba, en el mejor de los casos, a elegir a sus representantes.                
Protección al espacio público: se debe proteger el espacio de uso común que satisfacen las necesidades colectivas superando los intereses individuales.                                                        
Derecho a la paz: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento clasificado según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un derecho colectivo y por ello, busca incentivar el progreso y elevar el nivel de vida de los pueblos en el marco de la igualdad jurídica
En la misma medida, en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de Estados que aportan al desarrollo del DIH.        
Hacer respetar significa que los Estados, estén participando en un conflicto o no, deben tomar todas las medidas posibles para garantizar que las normas sean respetadas por todos y, en particular, por las partes en conflicto.                                                                
Por ejemplo, las normas internacionales de los derechos humanos dicen que no pueden menores de edad hacer parte de la guerra y Colombia acogió esta norma en 1999 y es prohibido que en el Ejército colombiano los menores de 18 años presten el servicio militar; para el grupo que viole las normas del derecho internacional humanitario, el código penal tipificó unos delitos especiales denominados Delitos Contra Personas y Bienes Protegidos por el DIH.                                                        
No se deben iniciar acciones de tutela temerarias, esto es que no buscan proteger efectivamente un derecho fundamental, porque quien así actúa podrá ser sancionado con multas
La denuncia penal De acuerdo con la Constitución y el actual funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, las denuncias penales por delitos que afectan los Derechos 23 CONSTRUYENDO POLÍTICAS DE PAZ Y DE DERECHOS HUMANOS personas pueden solicitar cualquier tipo de información a las autoridades y funcionarios públicos, y pedir explicaciones por el no cumplimiento de normas y de decisiones administrativas, reclamar la protección de sus derechos y demandar la prestación de servicios.        
Entre los factores que convierten a una persona o a un grupo en vulnerable están la falta de igualdad de oportunidades, la desnutrición, la enfermedad, la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas y acceder a los servicios públicos, la marginación, y el conflicto armado.                
Los adultos mayores tienen, por ser población vulnerable, el derecho de ser asistidos y cuidados por la sociedad.                                
Esta situación más la creencia que el adulto muere en vida, genera subvaloración para el anciano.                                        
La falta de canales de participación generó un sentimiento de exclusión y apatía entre la ciudadanía, que con el tiempo se fue convirtiendo en incredulidad y distanciamiento de los colombianos frente a la política, las instituciones y los gobernantes.La figura de la democracia participativa empezó a regir en Colombia con la Constitución de 1991, que consideró, que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo que es la máxima autoridad, de la cual emana el poder público, y que éste la puede ejercer en forma 11 CONSTRUYENDO POLÍTICAS DE PAZ Y DE DERECHOS HUMANOS directa o por medio de sus representantes o mandatarios.Uno de los objetivos de la Constitución Política de 1991 fue ampliar los principios y mecanismos para el ejercicio de la democracia y crear las Asamblea Nacional Constituyente.                                        
Entre los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia se destacan los Derechos civiles y políticos, los Derechos económicos, sociales y culturales y los Derechos colectivos y del medio ambiente.        
Derecho libre desarrollo de la personalidad: todas las personas tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen el derecho de los demás • se prohíbe la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos en todas sus formas, la libertad física o individual es inconciliable con la esclavitud cualquiera que sea la forma que tome.                                                        
Libertad de expresión: todas las personas pueden expresar y difundir su pensamiento y opiniones, por cualquier medio aunque puede haber responsabilidad posterior por los daños o delitos causados.                                                                                                                                                                
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha informado que en los dos primeros meses de 2018 van 22 casos líderes asesinados en el país, de estos 4 en Antioquia                                                        
Un primer texto aborda la necesidad de actualizar el movimiento de derechos humanos en territorios situados para la construcción participativa de una agenda en derechos humanos para su incorporación en las políticas públicas, con el objeto de que contribuya a la promoción de las organizaciones sociales de los municipios del Valle de Aburrá
Profundizando en la coerción extorsiva, el crimen organizado y las políticas públicas, para continuar la discusión frente al control de los territorios, el segundo artículo presenta los resultados de investigación en el artículo Las fronteras en Medellín: realidad y ficción de la seguridad pública que parte de la pregunta sobre si el campo de fronteras forzadas define la estructura y el marco social en el que opera la coerción extorsiva, en el que se forma el mercado de desconfianza que acompaña el mercado de protección violenta y en el que se propician las acciones que lo retroalimentan
Seguridad, justicia y construcción de paz democracia para la Estrategias transversales de las que vale resaltar el peso de la 4.
En segundo lugar, juega un papel relevante en este contexto, el Plan integral de desarrollo Metropolitano PIDM el cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA en desarrollo de sus funciones y en atención a las leyes 152 de 1994 y 128 de 1994, debe elaborar y ejecutar; y, cuyo objetivo general es: establecer un marco estratégico general con visión metropolitana y regional integrada para dirigir, programar y coordinar el desarrollo sostenible del territorio bajo su jurisdicción.                        
¿Cómo se promueven las organizaciones sociales de su municipio en las políticas públicas que se aplican actualmente?  Caracterización general del Valle de Aburrá Conformación geográfica y ubicación
Según las proyecciones del Plan Director BIO 2030 se espera que para el 2030 los municipios del Valle de Aburrá aumenten su población en un lo que significaría al menos 612.700 nuevos habitantes que demandarán bienes y servicios; la mayoría de ellos se espera ocupen las zonas urbanas 
El municipio de Bello no solo es importante por su cercanía a Medellín y por la facilidad de intercambios comerciales, que esa proximidad geográfica facilita, sino porque cuenta con un jugoso presupuesto anual de 350.000 millones de pesos.                                                        
La participación política de las mujeres es un indicador de democracia y modifica estereotipos sexistas.                        
Los problemas de la Vivienda se centran en su calidad, según el índice cualitativo; el cual indica la cantidad de viviendas que son susceptibles de adecuaciones con el fin de alcanzar los estándares de habitabilidad, más que la cobertura de las mismas, que de acuerdo al índice cuantitativo, hace referencia a la cantidad de viviendas nuevas a construir para cada uno de los municipios del Valle de Aburrá.                        
Los municipios que tienen un mayor déficit cualitativo de vivienda, expresado en porcentaje, son: Barbosa nuevamente el más alto, seguido de Medellín y Bello que empatan con        
Indudablemente, los Diálogos de paz de la Habana entre el Gobierno y las Farc-Ep han colocado a los colombianos y las colombianas en un lugar muy especial; porque después de cincuenta y dos años de una guerra permanente se ha tenido la posibilidad de comenzar a pensar, de manera concreta, en que sí se puede conversar y recuperar la palabra como el corazón movilizador de las transformaciones que se requieren para lograr, a corto, mediano y largo plazo, una paz estable y duradera con y para todas y todos: el aporte a la paz que han significado los Acuerdos logrados y los diálogos que van 34 Los coloquios y sus despliegues para la construcción de la agenda en derechos humanos Teniendo en cuenta la recuperación, en clave de derechos humanos, que se hizo del Plan de gestión 2016-2019: territorios integrados del Área metropolitana del Valle de Aburrá, la construcción de la agenda en derechos humanos para su incorporación en las políticas públicas y contribuyente a la promoción de organizaciones sociales de los diez municipios del Valle del Aburrá, tuvo como su mayor desafío el reconocer que, efectivamente, dicha promoción de las organizaciones sociales en los municipios de la subregión ha sido un hecho casi nulo.                                                        
Algo es claro: no es pertinente seguir pensando del mismo modo que se hacía, cuando la decisión final, en general, la tenía la guerra.
Comprender los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y la seguridad, en este nuevo contexto, pasa por medir los avances o retrocesos de los problemas con enfoque de derechos y desde sujetos con necesidades reales; y, no desde sujetos frente a los que la gestión pública responde con ofertas que le parece son las adecuadas, sin importarle lo que demandan la gente y los territorios.                                
Una arista de reflexión que es necesario abordar tiene relación con cómo ver la construcción de democracia o los problemas que han dejado, para la configuración de democracia, estas cuatro décadas de un modelo que le ha dado el poder a las grandes corporaciones transnacionales.                                                                                




El presente informe solamente se refiere a la Política contenida en el CONPES 3411 y se concentra en la presentación de los resultados de las acciones contenidas en dicho documento. Con todo, para comprender la verdadera dimensión de lo realizado en la lucha contra la impunidad, sería necesario repasar los avances de las políticas mencionadas en el párrafo anterior y entender todo lo que ha pasado en este período 2006‐2008 en el país, en especial lo relacionado con:                                         Aunque la mayoría de éstos se encuentran en un estado de avance significativo en su ejecución física y presupuestal, existen algunos que aún están en fase de reformulación o que 5 Proyectos                        
Finalmente, es un ejemplo de coordinación el Proyecto 17, en el cual el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Procuraduría, con la colaboración del PLCI, han realizado acciones conjuntas para reformular un proyecto que, tal como estaba planteado inicialmente, no tenía un impacto significativo en la planificación integrada de diligencias en las organizaciones del Sistema de Justicia Penal y el Sistema de Control Disciplinario para los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.        
Se encuentra asociado con el objetivo específico de Proveer esquemas de protección que favorezcan la actuación autónoma de los jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos e investigadores en los procesos de investigación y sanción en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.                                                        
De hecho, algunos de los riesgos previstos al formular la Política se han materializado y han surgido otros distintos que deben ser tomados en consideración a la hora de evaluar los resultados alcanzados y las medidas que se adoptarán para enfrentarlos.                
A continuación se realiza un análisis de aquellos riesgos que se concretaron convirtiéndose en obstáculos, y de algunas otras situaciones problemáticas que fueron advertidas a lo largo del ejercicio de seguimiento a la Política
Esta situación determinó que la Vicepresidencia entrara a suplir el vacío presupuestal presentado, financiando estas actividades mediante los recursos de cooperación de Países Bajos, medida que si bien eliminó el riesgo de que las acciones inicialmente programadas quedaran sin realización, de un lado evidencia un cambio de prioridades en las intervenciones inicialmente definidas por la Fiscalía, y de otro determinó que las actividades programadas para el Proyecto 10 se desplazaran en pro de otras relacionadas, pero que modificaron la planeación inicial.                
En cualquier caso, estas circunstancias no son determinantes de una dificultad fundamental, habida cuenta que las acciones finalmente se han realizado. Ahora bien, desde un punto de vista general, la discusión cardinal acerca de la priorización de 27 Se trata del Proyecto 5 que, como se sabe, se fusionó al 16 en tanto los dos hacen referencia a medidas de protección: en el primero a operadores y en el segundo a víctimas y testigos.        
En el marco de la Política de Lucha Contra la Impunidad, y como parte de los compromisos asumidos por el Estado dentro del Acuerdo Tripartito firmado en junio de 2006 en Ginebra Suiza, el 15 de septiembre de 2006, se firmó entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación el Convenio Interadministrativo Nº 15406 para el impulso de los casos de violaciones de derechos humanos de los sindicalistas cuyo objetivos son: a) generar estrategias que propendan por el esclarecimiento de los hechos; b) identificar y castigar a los autores y partícipes en estas violaciones; c) prevenir los delitos que atentan contra los derechos humanos de los sindicalistas adoptando los planes y programas interinstitucionales, nacionales y locales que se requieran.                                        
Para contribuir a esta estrategia del Estado colombiano la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura aprobó la creación de dos Juzgados Penales Especializados de Descongestión para casos de delitos contra sindicalistas, y un Juzgado Único Penal del Circuito de Descongestión, con sede en la ciudad de Bogotá, para el conocimiento y juzgamiento exclusivo de los casos de violaciones a los DDHH de sindicalistas.                                                                
Adicionalmente, el GTA facilitó un acercamiento entre la Dirección de Etnias y el INPEC, con la finalidad de solucionar las condiciones de hacinamiento en que se encontraba un grupo de indígenas en el centro de reclusión de Puerto Inírida. Como resultado de este trabajo coordinado el INPEC comenzó con el traslado de estos indígenas a la ciudad de Villavicencio
En el marco de la Política se ha ejecutado acciones a nivel regional, como la realización de audiencias virtuales y la ruta de atención psicojurídica de la Defensoría del Pueblo                                 
Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las instituciones a nivel regional, resultaría significativo que el GTA desarrollara una labor articuladora territorial, identificando cuáles son las necesidades transversales de las regiones, bien sea a través de una o varias sesiones en las que los representantes seccionales pudieran exponer sus necesidades
Así, si bien la responsabilidad de este registro no constituye una responsabilidad establecida en el CONPES 3411, sí puede ser una tarea que requiere de la articulación con otras acciones del Estado, pues el dimensionamiento y la caracterización de las víctimas es un insumo fundamental para estimar la oferta institucional requerida para su orientación, atención, protección y defensa, aspecto importante si se tiene en cuenta que el eje problemático de atención a víctimas establecido por el CONPES está asociado con el hecho que Los mecanismos de atención y protección no se ajustan a las características y necesidades de víctimas y testigos.                                                                
En este sentido, al evaluar la Política es necesario tener en cuenta que existen algunas acciones realizadas por el Estado y por organismos de Cooperación Internacional que también han servido para fortalecer la capacidad institucional para la investigación, juzgamiento y sanción de los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Este aspecto debe ser considerado para la evaluación de la Política, no como una forma de subestimar sus logros, sino como una manera de entender que ésta debe conocer y articularse con su entorno para evitar la duplicidad de esfuerzos y generar sinergias que repercutan en mayor eficacia de la lucha contra la impunidad.                                                                                                                                                                        


El presente documento integra los resultados de trabajo investigativo y de incidencia llevado a cabo por cuatro organizaciones socias, quienes compartimos la autoría del mismo.                                        
La extradición era un mecanismo contra los grandes acumuladores de poder mafioso en el país.                                                
Entre ellas, su concepción y diseño por un Congreso que, según las investigaciones sobre la parapolítica, estaba ampliamente conformado por aliados de los paramilitares quienes buscaban favorecer a estas fuerzas ilegales y no a las víctimas, concediéndoles un estatus político como tercer actor en el conflicto armado interno También recibió críticas por su desligado completamente del esfuerzo bélico y represivo estatal
De acuerdo con las interpretaciones de la Corte Constitucional, las víctimas o popular para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados podrían constituirse en parte civil en cualquier momento de un proceso judicial, con derecho a indagar, solicitar pruebas y participar en el proceso; y las víctimas y sus representantes tenían el de los EEUU, se entiende que el Estado interviene en nombre de las víctimas        
Específicamente, se le eliminó la posibilidad de participar directamente en el inicio de la investigación preliminar, y se dejó la respuesta a la peticiones a la decisión del Fiscal.                                                        
Los demandantes enmendaron la demanda para tomar en cuenta la decisión de la Corte Suprema.                                                
En términos generales, las acciones judiciales en EEUU son muy costosas, y pocas víctimas tendrían acceso; las víctimas sistema federal descentralizado, los resultados dependen de las interpretaciones y de la voluntad, pueden correr graves riesgos por exponerse frente a sus victimarios.                                                                
La información obtenida de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ´Don Berna´, contribuyó a un avance importante en el proceso en contra del el ex sub director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, José Miguel Narváez, supuesto autor intelectual de los asesinatos del senador Manuel Cepeda en 1994 y del periodista Jaime Garzón en 1999, y del secuestro de Piedad Córdoba Corte IDH en el caso Manuel Cepeda Vargas vs.                                                                        
Se han empleado a los tomadores de decisiones sobre las posibles consecuencias que tuvo la extradición para la garantía de sus derechos; y se ha buscado entrar en diálogo directo con los extraditados para contribuir al esclarecimiento de la verdad del fenómeno del paramilitarismo.        
El aumento se relacionaba directamente con la cooperación entre EEUU y dramáticamente durante la primera década de este siglo, pasando de 12 extradiciones en 2000 a un Colombia en el marco de la denominada lucha contra el narcotráfico, que se reforzó de forma muy significativa a través del programa de asistencia económica conocido como Plan Colombia
No hemos recibido funcionario de la sección antidroga del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a nosotros nos instrucciones para recibir información de asuntos diferentes
Adicionalmente, el sistema judicial es descentralizado, y los fiscales evidencia son pertinentes
Uno de ellos, refiriéndose a la desmovilización de las AUC Muchos analistas han observado la complejidad del fenómeno paramilitar, incluyendo su íntima entre 2003 y 2006, comentó que [el proceso de desmovilización de las AUC puso de manifiesto el papel prominente del narcotráfico en el fenómeno paramilitar.                                                        
Efectivamente, hay varios ejemplos de extraditados que han sido deportados a Colombia una vez [extraditados devueltos a Colombia] quedan libres a pesar del hecho de que sus deudas con la ´banda criminal´ Los Rastrojos.                                                         
Se cuenta con cientos de versiones libres, incluyendo las de los mismos extraditados, que ofrecen por lo menos pistas sobre el enorme rompecabezas de quién hizo qué, cuándo y por qué, en la historia de 60 años de conflicto armado interno, o por lo menos de los últimos 20 a 25 años.                                                                                                                                                                        


Acudiendo a diferentes narrativas, Medellín: Memorias de Violencia y Resistencia ofrece un recorrido por la historia, desde el origen de los pobladores del Valle de Aburrá hasta los relatos de vida y resistencia de quienes han sobrevivido con fuerza, dignidad y creatividad a la guerra        
Reconocemos en su figura no al representante institucional sino a quien desde su lugar, de líder o profesional, puede establecer un diálogo respetuoso cuando el visitante lo desea o le da espacio a quien prefiere recorrer la sala en soledad.                                                
Los dispositivos y colecciones serán siempre la materia prima para que el visitante construya su propio significado.                                
Los mediadores son los portadores de una gran responsabilidad: conmover a quien se siente indiferente, apoyar a quien se sienta identificado e invitar a participar a quien se sienta implicado.                                        
Ellos mismos han participado de forma directa en la creación de esos cambios a través de la instauración de sistemas historiográficos y semióticos destinados a interpretarlos.                                
El Museo Casa de la Memoria se entiende a sí mismo como un espacio social para la construcción y para el intercambio de saberes: que potencia y facilita los procesos de aprendizaje y producción de conocimiento.        
Presentar experiencias de memoria, procesos de paz y reparación simbólica o colectiva dando a conocer sus aspectos e implicaciones políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales.                        
Promover la movilización ciudadana desde la solidaridad y la construcción de sujetos de derecho Las exposiciones permanentes o salas centrales son parte esencial de la identidad de un museo: estas y el diseño del edificio se vuelven referentes para recordarlos y diferenciarlos.                        
Aunque la exposición tenga un carácter permanente o de mediana duración, se espera que sus contenidos vayan cambiando con el tiempo, dado que trabaja en torno a un conflicto que aún es vigente y en medio de un proceso de justicia transicional que genera información constantemente.        
Buscamos que al final del recorrido cada persona se sienta parte de la historia.                                                                
La violencia asociada a una dimensión económica, usualmente relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.                
Busca crear desde el diálogo una pedagogía de la memoria.                
Los hechos más cometidos son homicidio con 124.000, y desplazamiento forzado con 919.000 casos de expulsión.                                
Dar cuenta de diversos impactos de las violencias a partir del testimonio fotográfico de 4 fotodocumentalistas: Stephen Ferry, Natalia Botero, Albeiro Lopera y Jesús Abad Colorado.                                        
Los familiares, los vecinos y los amigos no tuvieron valor para decirnos adiós                         






LA MOVILIZACIÓN SOCIAL NO DA TREGUA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL NO DA TREGUA El observatorio de la Red por la vida y los derechos humanos del Cauca ha registrado en lo que va corrido del año 153 homicidios.        Los municipios más golpeados por los homicidios en el departamento son los siguientes: Santander con 18, Argelia con 18, El Tambo con 17, Popayán con 13 y Corinto con 12.                                                        
La violencia se exacerba en el sur del Cauca, aunque se mantiene la tendencia en los municipios del Norte.                                        
Los fenómenos de violencia están centrados en los municipios productores de cultivos de uso ilícito, y, relacionados con el narcotráfico.        
Por otro lado, se están asesinando a comunidades que ejercen su control territorial, como es el caso de los indígenas en el norte del Cauca.        
Del total de homicidios en el departamento del Cauca, 13 pertenecen a mujeres lo que representa del total.                                
Lo anterior da cuenta de un decrecimiento de la violencia en contra de las mujeres, frente al último trimestre de 2020.                                
Sin embargo, es importante resaltar que cada día las mujeres se ven afectadas por el fenómeno de la violencia del departamento






Esta memoria, se centrará en el taller llevado a cabo en la Casa Campesina, sin dejar de reconocer y valorar los aprendizajes encontrados en otras actividades que se han realizado en esta región.                
En el encuentro participaron más de veinte familiares y sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica, con quienes compartimos sonrisas, tristezas, cantos, poesía y música.                                        
De esta forma, con poesía y música los familiares y sobrevivientes construyeron los significados de verdad, justicia y reparación, un ejemplo de esto es el poema que elaboró el grupo que trabajó el tema de la Verdad: recordar la historia, sentir la tierra Jóvenes, adultos y abuelos, comenzaron todos juntos a trabajar sobre el papel, con ayuda de tijeras, plastilina y colores, buscaron crear un mapa que hiciera visible y ubicara en el territorio los hechos más importantes que enmarcaron la historia de la Unión Patriótica en el departamento del Caquetá, así como reconocer el paso de la propia vida en esta tierra.                                                
Desde la llegada de los primeros colonos a estas tierras, huyendo de otras guerras de antaño, hasta el día de hoy, se ha mantenido una puja por la tierra y sus riquezas.                                                        También, el grupo conversó sobre los deseos y necesidades que tienen los familiares y sobrevivientes del genocidio contra la UP.                        
De acuerdo con lo trabajado, surgieron nuevos interrogantes: ¿Cómo sería una reparación colectiva para los sobrevivientes de la Unión Patriótica, después de acercarnos al territorio?¿Qué diferencias hay entre lo que significa una reparación colectiva para familiares y para sobrevivientes?¿Cuáles son las expectativas más concretas de los familiares frente al proceso de litigio ante la CIDH?¿Qué pasa si no se satisfacen estas expectativas como lo deseamos? Memorias Encuentros psicosociales - Caquetá Algunas reflexiones sobre esta actividad: Escuchar es una tarea que requiere de mucha atención y de un especial reconocimiento y respeto por el otro.                                        
Para el grupo es claro, cómo el Estado colombiano fue incapaz de cuidar la vida de miles de ciudadanos que le apostaron a hacer oposición política
En este sentido, se analizó la Ley 975 Justicia y Paz la cual no resulta un instrumento viable para esclarecer la verdad de lo ocurrido con las víctimas del genocidio contra la UP, ni para hacer justicia por tales hechos.        
En esta actividad, queremos dar un especial agradecimiento a todos y todas quienes asistieron, se reconoce el esfuerzo por contar esas experiencias silenciadas por años, y por hacer evidente las largas noches en las que no han podido volver a dormir tranquilos.                                        
Hablar de la vida propia para todos los participantes requirió de un gran esfuerzo, pero junto a esto, se reconoció que es importante contar lo vivido, y que por más que se deseara, el olvido ni es posible, ni es sano.        
Llena de motivación por el espíritu de estas valientes mujeres, Venus puso manos a la obra ante las sugerencias e inquietudes que ellas mismas plantearon, alrededor del trabajo de REINICIAR.                        
En Ibagué, ciudad musical de Colombia, todas las participantes ofrecieron una muestra de la potencialidad que alberga la música y el baile para movilizar a sus demás compañeras.                                        
Para finalizar, queda la valiosa certeza de que las mujeres víctimas sobrevivientes del genocidio contra la UP no se encuentran solas, y que las difíciles experiencias que han sobrellevado durante todos estos años es más fácil asumirlas y transformarlas entre todas, más aún cuando hay presentes jóvenes generaciones dispuestas a reanimar sus efuerzos y comprometidas para compartir con esperanzas.                        
Las mujeres expresaron interés por afianzar sus conocimientos en temas de Derechos Humanos y derechos de las víctimas, así como por aprender a entablar acciones de exigencia de derechos, tales como derechos de petición, tutelas y otras acciones populares, debido a las continuas irregularidades que, según refieren, viven día a día en sus municipios.        
Continuar el trabajo con un enfoque participativo en los procesos de acompañamiento beneficiará significativamente el interés que las mujeres tienen por desarrollar sus capacidades de liderazgo y, así mismo, repercutirá positivamente en la necesidad de expresar y lograr que sean escuchadas sus voces, experiencias y demandas.                                                                                                                                                                                        
El panel indagó el papel de las comunidades e instituciones religiosas en la construcción de paz en Colombia.                                        
La otra revelación del estudio es que el de los católicos y el de los cristianos evangélicos y protestantes tienen una percepción negativa del proceso de paz.1 ¿Han contribuido las comunidades e instituciones religiosas a esta imagen negativa del proceso de paz? ¿Pueden ayudar a la reconstrucción de la confianza entre los colombianos? La experiencia internacional en países en conflicto como Sudán del Sur, Congo y Burundi demuestra que comunidades e instituciones religiosas pueden jugar roles positivos y negativos en la construcción de la paz.                        
Las instituciones y los líderes religiosos también han apoyado de forma colectiva a comunidades afectadas por el conflicto, haciendo, en muchos casos, intervención en defensa de los derechos humanos.                
Cuatro retos para la construcción de paz En el mundo actual hay una ansiedad general sobre la seguridad y la paz global.                        
Esta tensión muchas veces se incita por los temas de género y sexualidad.
Este apego a poner en aparente tensión la tradición, los valores cristianos y los derechos humanos, sobre todo la igualdad de género, es un conflicto exportado a Colombia desde las comunidades cristianas estadounidenses, influyentes a lo largo de la historia a través de muchas misiones y trabajo en el país        
Recomendaciones a las comunidades e instituciones religiosas para contribuir a la construcción de paz La experiencia internacional muestra que la relación entre religión, paz, derechos humanos y desarrollo es fundamental durante la reconstrucción del tejido social de sociedades afectadas por décadas de conflicto armado.                                
Es urgente construir espacios de encuentro entre las iglesias que apoyaron el Sí y las que apoyaron el No en el plebiscito.                                
Los líderes religiosos pueden facilitar discusiones difíciles al interior de las comunidades y propiciar la transformación de conflictos.                
Las comunidades e instituciones religiosas pueden apoyar los procesos de reintegración de excombatientes de las Farc, a través de la creación de espacios de encuentro con las comunidades                                
Las instituciones religiosas en el exterior que trabajan con la diáspora colombiana pueden jugar un papel positivo en ayudar a interpretar los avances de la negociación gobierno-ELN y los procesos de reconciliación producto del acuerdo de paz con las Farc
La visita del papa Francisco debe constituirse en un evento épico para consolidar el liderazgo de la iglesia católica en la construcción de paz.
La visita del papa Francisco debe aprovecharse para promover ejercicios de diálogo, reconciliación y perdón por parte de la sociedad civil para que se apropien del proceso de paz y no lo vean solamente como una agenda política.                                                                
Los diálogos multiactor son pilares necesarios no solo para la construcción de paz, sino también para construir una visión compartida de país.        
El panel contó con palabras de bienvenida de Sir Tony Baldry, presidente de la junta directiva del Centro por la Reconciliación y la Paz de St Ethelburga, y de Germán Espejo, ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en el Reino Unido.Fue facilitado por Gwen Burnyeat para Rodeemos el Diálogo, candidata al doctorado en Antropología en la Universidad de Londres                                                         


Pueblos indígenas asentados en el departamento de Santander
Esta información debe estar sujeta a constante actualización para obtener un mapa preciso del despojo para las mujeres.                
Implementación de la perspectiva de las mujeres en las pretensiones y los fallos de restitución de tierras.                                        
No obstante, para las mujeres la situación jurídica con la tierra es con frecuencia precaria, al no tener la plena propiedad o estar mediada esta propiedad por los varones.                                        
La Ley 30 de 1988 estableció, por primera vez y de manera obligatoria, la titulación a nombre de la pareja e igualmente, medidas preferenciales para el acceso a la adjudicación de baldíos para las jefas de hogar.                
De acuerdo con Magdalena León, en América Latina en el mejor de los casos, la mujer puede acercarse a ser titular de una cuarta parte de la propiedad, porque en general las mujeres tienen cerca del de la propiedad        
La UARIV cuenta con algunos datos de desplazamiento forzado y despojo diferenciado por edad y por género, que pueden resultar indicativos más no definitivos, para calcular la densidad del despojo y la cantidad de tierra que les fue arrebatada a mujeres en el marco de la guerra.                        
El abandono forzado se da cuando las circunstancias llevan a las personas a irse, aun cuando no han recibido amenazas directas, por el contexto de riesgo que se percibe.                                                        
La Unidad de Restitución de Tierras falla en este tema, dado que los diálogos entre la URT y los usuarios/as generalmente no incluyen directamente a los niños, niñas y adolescentes –NNA- En las direcciones territoriales de la URT hay juegos para niños y niñas pequeños y esto les mereció un reconocimiento por la adecuación de sus instalaciones.        
Hoy, el fallo de un juez de restitución de tierras las favorece, ordenando incluso que se les garantice educación.                                
Para el caso de la aplicación del enfoque de género se tiene el Documento CONPES 161 de 2013 y de forma general el Documento CONPES 3712 que contempla los mecanismos y presupuesto para la aplicación de la Ley 1448 de 2011.                                                                
El marco normativo que analizamos anteriormente aplica para todo el territorio nacional, lo que genera una situación jurídica equivalente para las mujeres en el país en cuanto a las oportunidades formales de acceder a la propiedad.                                                        
Cuatro mil personas integrantes de ambos Consejos Comunitarios se desplazaron hacia Turbo y Mutatá.                
La Corte Constitucional dio un plazo perentorio al Gobierno hasta hace 4 años para devolverle la tierra a los campesinos y a la fecha partes de este territorio siguen en manos de los palmicultores.        
El Comité Campesino del Valle de Río Cimitarra es una de las organizaciones sociales que han luchado por este tema, incluyendo las mujeres que hacen parte de la organización.                                                                                                                                                                                                        
El objetivo principal de la UBPD dentro del SIVJRNR es acompañar a las víctimas en el proceso de búsqueda de sus seres queridos, mediante la implementación de acciones humanitarias para localizar a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, recuperar, identificar y entregar dignamente su cuerpo; contribuyendo a aliviar el sufrimiento causado por la incertidumbre y la falta de respuesta del Estado.                                                        
Los retos que esta transformación conlleva, abarcan aspectos conceptuales y jurídicos sobre la naturaleza y alcance de la labor, pero también organizacionales y operativos que tienen una envergadura importante por estar profundamente atados a los primeros y ser igualmente determinantes en el cumplimiento cabal del mandato.                                
En la segunda parte del documento se narran los avances y retos de la gestión, a partir de la labor de cada una de las dependencias que conforman la entidad.                                                        
Con el apoyo de recursos de cooperación internacional, en el segundo semestre del año se inició la formulación de la planeación estratégica de la UBPD con un horizonte a cinco años, bajo la metodología de enfoque adaptativo considerando en todo caso, el rol de la Unidad en la construcción de paz y justicia transicional en un entorno complejo y cambiante
De esa manera, el componente estratégico de la planeación que la UBPD realizará no solo se refiere a las labores de ejecución y cumplimiento de metas institucionales, sino también al legado y a la responsabilidad amplia que la entidad tiene frente a una temática como la desaparición
Para garantizar la participación, durante septiembre, octubre y diciembre de 2019, la UBPD realizó ocho Encuentros nacionales para la construcción del PNB, con la concurrencia de asociaciones de familiares de personas dadas por desaparecidas, personas que buscan organizadas y no organizadas, organizaciones sociales que han tenido miembros desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil que acompañan a los familiares en la búsqueda.                                                        
Para estos Encuentros Nacionales, la UBPD compartió un Documento base de discusión, para orientar el diálogo y focalizar los aportes e insumos con relación a los cuatro ejes u objetivos estratégicos antes señalados, para recoger sobre esa base la experiencia y saberes de las personas que buscan.                                                        
Ahora bien, de las 4.877 personas dadas por desaparecidas puestas en conocimiento de la UBPD, para 1.123 de ellas se han adelantado acciones conducentes a determinar el estado del proceso de búsqueda, a partir de la contrastación con diferentes bases de datos SIRDEC, SICOMAIN, VIVANTO, CNMH, Convenio 001, BDUA el número restante se encuentra en el proceso de verificación y consolidación.                        
Entre la información recolectada, almacenada y contrastada, se encuentran 8.296 registros de prospecciones y recuperaciones, con lo que se han identificado 51 sitios posibles de disposición de cuerpos y se cuenta con información respecto a 136 posibles lugares de disposición mencionados en la solicitud de medidas cautelares de protección en cinco departamentos del país.                                                        
Las personas reportadas como desaparecidas corresponden en un a miembros de grupos armados al margen de la ley, el a civiles y el a integrantes de la Fuerza Pública.                                        
Conocimiento y contacto establecido con las organizaciones de la sociedad civil En el marco de las acciones de relacionamiento, la DTPCVED se relacionó con 59 organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas de la sociedad civil, acompañantes y de familiares presentes en Colombia y en el exterior, a través de reuniones, acciones de fortalecimiento, diálogos iniciales colectivos, eventos y actividades, que se realizaron en conjunto con otras dependencias de la UBPD.                                        
Cooperación internacional y alianzas Para fortalecer y mantener el relacionamiento con los organismos de la cooperación internacional que apoyan de manera política, técnica y financiera a la UBDP, se realizaron gestiones para la implementación de proyectos y la firma de acuerdos y convenios con organismos internacionales de cooperación, complementarios y estratégicos para el desarrollo de su misionalidad y mandato, que fueron alineados a la estrategia de cooperación internacional denominado Hoja de ruta de cooperación internacional.                
 Estos informes brindan la posibilidad de comparar experiencias de búsqueda e identificar elementos que pueden servir para aclarar el mandato de la UBPD, reconocer las características y particularidades del caso colombiano e identificar buenas prácticas.                                
La diferencia corresponde a 16 indicadores, los cuales quedaron por fuera de cumplimiento, en niveles de riesgo y crítico, equivalentes al a los cuales se les generó retroalimentación para orientar acciones de mejora que permitan optimizar la gestión de la entidad.                        
Diseño de los procesos y demás documentación para la operación de la UBPD En el marco del contrato PSPJ-2738 de 2019 VISP-0229 entre la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Fundación de Estudios para el Desarrollo de la Participación y la Integración Política y Social en Colombia, el cual tuvo por objeto levantar, diseñar y documentar los procesos o subprocesos y procedimientos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación de conformidad con los requisitos establecidos en las normas técnicas de calidad y en articulación con las políticas de gestión y desempeño institucionales, incorporando mejores prácticas, metodologías de mejoramiento continuo y el enfoque territorial, diferencial, de género y étnico, se logró: 1.                                                                                                                                                                                                        
La Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Individual tiene como objetivo ofrecer una alternativa para el acompañamiento psicosocial de las víctimas que se encuentran afectadas emocionalmente a causa de los hechos de violencia ocasionados por el conflicto armado colombiano        
El cuarto capítulo aborda los diferentes enfoques Enfoque Psicosocial, Enfoque de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, Enfoque de Derechos, Enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género No Hegemónicas, Enfoque de Niñez y Juventud que sirven como principios orientadores para la atención psicosocial a las personas víctimas de estos hechos.                                                                
Con referencia a las distintas vulneraciones que sufren las mujeres y los niños, niñas y jóvenes con ocasión del conflicto armado, según la Corte Constitucional, después del desplazamiento forzado, la prostitución forzada, la esclavitud doméstica, el reclutamiento de mujeres jóvenes en las filas de los grupos armados, asesinatos y amenazas a mujeres líderes y la violencia sexual4 son crímenes frecuentes.                                        
La esterilización forzada comúnmente consiste en castración u otras formas de mutilación sexual.                                                
5 de octubre de 2009 Reitera a las partes que participan en el conflicto armado que respeten el derecho internacional aplicable a los derechos de las mujeres y las niñas.                                                
La violencia física es la ejercida por el victimario por medio del uso de la fuerza de manera que la víctima no pueda resistirse físicamente al acto; la violencia psicológica se ejerce mediante intimidaciones, manipulación —sobre todo si son niños, niñas o adolescentes— o amenazas de lesionar a la víctima o alguno de los familiares; incapacidad para resistirse al acto, por encontrarse en estado de inconsciencia o padecer alguna discapacidad cognitiva, física o sensorial.                                                
La Unidad para las Víctimas define el Enfoque Diferencial como el conjunto de medidas y acciones que, al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales
La violencia sexual a la luz de las premisas del Enfoque Psicosocial de la Unidad para las Víctimas
El sufrimiento emerge luego de vivir las graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, como una consecuencia natural
Adicionalmente, no todos los que tienen una psicopatología reflejan condiciones de discapacidad, donde el porcentaje se reduciría aún más
Los Derechos Sexuales son aquellos que permiten regular y tener control autónomo y responsable sobre todas las cuestiones relativas a la sexualidad, sin ningún tipo de coacción, violencia, discriminación, enfermedad o dolencias                                        
Algunas mujeres víctimas de violencia sexual expresan el sufrimiento por medio del cuerpo delgadez, gordura, síntomas físicos        
También puede ocurrir que los hijos e hijas se enteren, por terceras personas, que nacieron a raíz del hecho victimizante, lo que puede generar fractura en el vínculo afectivo con la madre por sentir que no hubo sinceridad con ellos o ellas desde el principio.                        
A continuación, se presentan unas herramientas que pueden ser de utilidad al momento de abordar un caso de una mujer víctima de violencia sexual y que pueden ser tenidas en cuenta por el/la profesional psicosocial de acuerdo con su discernimiento y apreciación de cada caso.        
Este tipo de lugares pueden ser relacionados con el lugar en donde ocurrieron los hechos de violencia sexual.                        
Es de mencionar que estos impactos psicosociales no son los únicos y no comprenden la totalidad de las afectaciones que viven los niños, niñas y adolescentes.