Fiscalía de Colombia desvirtúa dos veces en 15 días declaraciones de militares sobre incidentes con civiles
14 de julio de 2005 14 de julio de 2005Bogotá, Colombia — La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a cuatro militares y un civil por el caso de la muerte de tres sindicalistas en el departamento de Arauca, al este del país, en agosto de 2004. En el momento de los hechos, el Ejército colombiano afirmó ante los medios de comunicación que Jorge Eduardo Prieto, Héctor Alirio Martínez y Leonel Goyeneche Goyeneche, líderes sindicales, murieron abatidos en combates con el Batallón Mecanizado de Saravena. No obstante, sindicalistas y familiares de los asesinados denunciaron que Prieto, Martínez y Goyeneche no eran guerrilleros de las FARC como afirmaba el ejército y que fueron asesinados. Ante estas denuncias, el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe y el vicepresidente de la República Francisco Santos Calderón salieron en defensa del Ejército. No obstante, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía determinó que los tres sindicalistas fueron en realidad sacados de una casa del caserío Caño Seco y posteriormente ejecutados en un lote cercano, en total estado de indefensión. El funcionario basó su decisión en las pruebas forenses y de balística realizadas. Los militares involucrados son el subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón, los soldados profesionales Jhon Alejandro Hernández, Óscar Saúl Cuta Hernández y Walter Loaiza Cuma, mientras que el civil responde al nombre de Daniel Caballero. Los cinco serán procesados por el delito de homicidio agravado. Uno de los familiares de las víctimas reaccionó así: "Se hizo justicia, se tiene que hacer justicia porque no sólo los militares que están detenidos son culpables de la muerte de mi hermano sino que hay otros de alto rango que deben ser castigados". Por su parte, Luis Hernando Castellanos, abogado de los militares sindicados, declaró: "Que sea un juez de la República el que decida si finalmente aquí se ha probado una responsabilidad penal o estamos únicamente ante una resolución de acusación, resolución que no implica, desde ningún punto de vista, condena en contra de mis representados". Dos semanas atrás, otros siete militares fueron llamados a juicio por la muerte de cinco campesinos, incluidos un bebé de seis meses y dos menores de edad, de 14 y 17 años, ocurrida la noche del 10 de abril de 2004 cerca de la población de Cajamarca, Tolima, al occidente de Bogotá. Los campesinos habrían sido confundidos con guerrilleros de las FARC y fueron abatidos por las tropas en medio de la oscuridad. El Ejército declaró que los soldados abrieron fuego al no obtener respuesta a la orden de detenerse por parte de los supuestos subversivos. El presidente Álvaro Uribe tuvo que reconocer días más tarde que se trataba de un "error militar", si bien justo después del incidente los militares se mantuvieron firmes en sus declaraciones. Aunque la justicia penal militar se abstuvo en su momento de procesar a los militares involucrados, la Fiscalía General de la Nación ordenó el pasado 1 de julio iniciar el proceso contra los militares por el delito de homicidio en persona protegida, pues un fiscal consideró la existencia de pruebas que indicarían que los campesinos recibieron los disparos a una corta distancia. Mientras que la atribución no es legalmente obligatoria, sería agradecida.
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