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ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 1. CONSORCIO DE ZONA FRANCA. AMPLIACIÓN LEGAL DE COMPETENCIAS: CONSECUENCIAS Consecuencias de la ampliación legal de competencias de los Consorcios de Zona Franca.
Diferenciación entre actividad de fomento, sometida al Derecho Público al menos en cuanto a actos separables, y ejercicio de la iniciativa pública en la actividad económica, a realizar mediante sociedades para que no se produzca competencia desleal 1. Vista la consulta de referencia, el Abogado del Estado que suscribe ...
Esta es la dicción de la Ley 50/1998; la Orden ministerial habla de «promover, gestionar y explotar, en régimen de derecho privado, directamente o asociado a otros organismos, todos los bienes, de cualquier naturaleza, integrantes de su patrimonio y situados fuera del territorio de la Zona Franca, que le pudieran perte...
128), la iniciativa pública en la actividad económica, cuando no nos hallamos ante recursos o servicios esenciales tal iniciativa debe ejercerse en régimen de 1 Informe elaborado el 3 de febrero de 2000 por don Manuel Ponce Arianes, Abogado del Estado-Jefe en Cádiz 1 libre concurrencia dentro del mercado, para lo ...
En una primera aproximación la ampliación del objeto del Consorcio operada por una y otra norma (la Ley de Acompañamiento y la Orden ministerial por la que se modifican los Estatutos) pudieran parecer en todo o en parte coincidentes; pudiera tratarse de la misma idea, pero expresada de forma diferente. Es posible que e...
Mientras no se produzca, intentaremos evitar equívocos en la terminología que puedan llevar consigo errores o imprecisiones en cuanto a consecuencias jurídicas se refiere. El impulso económico de una región puede llevarse a cabo y, en concreto, puede llevarlo a cabo el Consorcio, de muy distintas formas: A) dentro de...
Su régimen es de prestación de servicio público, aunque en puridad, lo que se hace más bien es poner a disposición de los particulares unos terrenos sometidos a especiales condiciones (algo similar a lo que ocurre con las autopistas de peaje). Desde el punto de vista de los usuarios, no sólo se presta un servicio, sino...
B) fuera del recinto fiscal la actividad del Consorcio de la Zona Franca ha sido en el pasado muy tímida (al menos el Consorcio de …), pues no contaba con un refrendo legal propiamente dicho. Con carácter general existió una previsión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (Ley 4/1990, de 29 de junio,...
En repetidas ocasiones el polígono exterior se amplió (con las pertinentes autorizaciones) en detrimento del recinto interior. Tras la ampliación del objeto operada por la Orden ministerial de 26 de junio de 1998, esta actividad exterior al recinto ya tiene un régimen: su sometimiento al Derecho Privado. Ahora bien, lo...
Precisamente el sometimiento al Derecho Privado no encaja bien con dicha calificación, pues la actividad de fomento, como pública que es, o está sometida íntegramente al Derecho Público (ej. subvenciones) o lo está al menos en parte, los actos separables al Derecho Público y el resto al Derecho Privado (ej. préstamos c...
En la actividad de fomento no hay contraprestación 2, mientras que aquí se habla de «promover» y «explotar» bienes. A nuestro modo de ver nos hallamos más bien ante la denominada actividad industrial y comercial de la Administración, en virtud de la cual ésta actúa en el mercando proporcionando bienes y servicios en ré...
De esta forma su actividad quedará sometida a impuestos del mismo modo que la de los particulares que operan en el mismo mercado. Progresivamente habría que reconducir la actividad tradicional del Consorcio fuera del recinto fiscal (polígono exterior), también a este régimen, que resulta ser ahora el único ajustado a l...
El sentido del texto se comprende si cambiamos el enfoque. La actividad de fomento, sin contraprestación, estaría en el importe de los intereses que «se regalan», aunque el resto se cobren. En aquella porción el subsidio de intereses funciona como si se tratase de una subvención.
3 Salvo que se trate de una gestión de mero cobro de los censos reservativos previamente constituidos. En tal caso no estaría ejercitando una actividad empresarial, sino simplemente recogiendo los rendimientos de una anterior inversión en capital inmobiliario, previamente liquidada (en ese supuesto el Consorcio ya no e...
En cambio en la actividad de fomento propiamente dicha sí se excluye tal resultado. C) por último la actividad de fomento cierra el elenco de competencias atribuidas hoy en día a los Consorcios. A diferencia de la actividad comercial e industrial, aparece como completamente nueva, sin que el Consorcio se hubiese dedica...
Se requería para ello una previsión legal con la que ahora se cuenta. En pocas palabras se trataría de aquella actividad pública en la que el interés público se logra incentivando la actividad de los particulares, de manera que estos actúen de la forma más acorde posible con los intereses generales. Las formas más típi...
El otorgamiento de préstamos por parte del Consorcio de la Zona Franca, según las circunstancias del caso, admite su encuadramiento tanto dentro de la actividad de fomento (actividad puramente administrativa), como en la gestión de su propio patrimonio; esta última sería manifestación del ejercicio de la iniciativa púb...
No obstante, para llegar a una conclusión fiable al respecto tendríamos que dilucidar el ámbito de la posible iniciativa pública del Consorcio en la actividad económica: ¿es ilimitada, o tiene que atenerse a unos fines determinados? Para el Estado en general habríamos de remitirnos al artículo 128.2 de nuestra Constitu...
La opinión mayoritaria, sin embargo es la contraria (Garrido Falla, S. Martín Retortillo, Ariño Ortiz). La iniciativa pública en materia económica es también una actividad de la Administración o administrativa y, como tal, 1está supeditada al principio superior de consecución del interés público. Sólo cuando la admin...
En la misma línea se mueve la legislación de régimen local, que da un amplio margen de maniobra a la inicitiva pública local en materia económica, pero siempre que se tramite previamente un expediente (este es el nuevo enfoque de los tradicionales expedientes de municipalización) acreditativo de la conveniencia y oport...
De hecho nuestro Tribunal Supremo, en STS de 10 de octubre de 1989 (Ar. 7352), anuló el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona por el que constituyó la sociedad anónima municipal «Iniciatives Municipals Empresarials SPM, S. A.», precisamente porque el objeto social era tan amplio y genérico que resultaba imposible contr...
Se tratará pues de un ente público con finalidad, en esta segunda faceta, de promoción económica regional (EPER). Si aplicamos lo expuesto a la actividad de otorgamiento de préstamos nos encontraremos con que se trata de un sector de la economía ampliamente cubierto por el sector privado. Son necesarios otro tipo de pr...
3. Sin abandonar todavía el apartado de la iniciativa pública del Consorcio en la actividad económica creemos existe todavía un ámbito de aplicación de la figura de los préstamos, y es como contrato accesorio a otra actividad principal. A) Desde este punto de vista el préstamo podría ser accesorio de la actividad de pr...
El momento oportuno sería normalmente el de la negociación del contrato de arrendamiento (en el fondo, financiando al arrendatario lo que se estaría haciendo es negociando el precio del arrendamiento y su plazo de pago); pero tampoco se puede excluir un momento posterior siempre que el otorgamiento del préstamo repercu...
El préstamo convertible se conecta con una posible o futura participación accionarial que juega como una opción para el Consorcio que lo presta. De la misma manera que se puede adquirir una opción de compra, como paso previo para una compraventa, que entre tanto se medita; se puede otorgar un préstamo con opción a conv...
En tal caso creemos que la tramitación debe ser la misma que en la creación de sociedades por el Consorcio, sin que sea preciso crear un banco; ni tan siquiera una sociedad independiente del Consorcio. Al igual que en la creación de sociedades, serán fundamentales los estudios previos e informes técnicos, de manera que...
Recordamos que, al utilizar dinero público y en actividad sometida al Derecho Público (la constitución actual de la sociedad o la decisión de participar en el futuro en la misma a través de la adquisición de acciones 4 Si no se cumplen estos requisitos, desaparecería el nexo entre préstamo y arrendamiento, y creemos ...
De hecho en el préstamo hay un contrato y la sociedad puede enfocarse como Institución o persona jurídica que nace, pero también como contrato que liga a los socios al constituirla y para el futuro. Por ejemplo, el socio actual del Consorcio (actual prestamista con opción a convertirse en socio) debe acreditar estar al...
Tal como se solicita, no sólo se puede producir publicidad, sino que es conveniente e incluso necesario, –para que ningún tercero que quiera contar con esta posible financiación quede exento de ella por desconocimiento de que el Consorcio está dispuesto a asociarse con otras empresas en actividades beneficiosas para la...
No obstante, si la operación se repite innumerables veces y nunca se concreta en adquisición de acciones, podría pensarse en un cierto fraude de ley, pues de esta manera se «invade» el negocio bancario cuando no se tiene una intención real de convertir ninguno de esos préstamos convertibles en verdaderas participacione...
En concreto pueden extractarse los criterios de la Comisión al respecto de la siguiente forma (Laguna de Paz): a) se presume que la aportación de capital se ajusta a las condiciones del mercando en los casos siguientes: – creación de empresas con participación pública –mayoritaria o minoritaria–, siempre que los Po...
Toda ayuda pública de efecto equivalente a subvención deberá ser comunicada, con carácter previo a su aplicación, a la Comisión de las Comunidades Europeas por el procedimiento previsto en el Real Decreto 1755/1987, de 23 de diciembre. En el caso de participaciones públicas de capital (o préstamos equivalentes) que no ...
Mientras el préstamo siga siendo algo accesorio a otro contrato principal, el prestamista no tiene por qué ser un banco o entidad crediticia. La posibilidad que estamos exponiendo ahora ya la hemos contemplado para actividades realizadas en el recinto fiscal interior. Para otorgar tales préstamos o financiación no habr...
En el recinto exterior, aunque el Consorcio viniese realizando actuaciones sometidas al Derecho Privado desde siempre, en realidad lo hacía sin contar con un marco legal preciso. Actualmente esas actuaciones externas al recinto fiscal deben ir acoplándose al régimen que corresponde al resto de las actividades de gestió...
Si pasamos ahora al campo de la actividad de fomento, ya hemos visto a lo largo de este informe que el préstamo se puede convertir en una modalidad del mismo en función de las condiciones en las que se otorgue, y siempre que éstas sean inferiores a las que ofrece el mercado (normalmente el tipo de interés, pero puede t...
5 Con la excepción expuesta en la nota 2 anterior. 2. EXTINCIÓN DEL DERECHO AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS.
CONTESTACIÓN A RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Escrito de contestación a la demanda en recurso contenciosoadministrativo, interpuesto contra la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre solicitud de declaración de extinción del derecho al uso privativo de aguas, por caducidad de la concesión otorgada o, subsidiar...
Incumplimiento de condiciones no imputable al concesionario 1. 1. Prescindiendo de los antecedentes más remotos que se relacionan en los Hechos I a III del escrito de demanda formalizado por la contraparte, por Orden ministerial del entonces Ministerio de Obras Públicas, de 28 de marzo de 1951 (obrante en la ampliación...
2 capacidad del vaso y de hacer compatible, en cuanto sea posible, la preferencia absoluta de las condiciones anteriores con el máximo aprovechamiento en la producción de energía eléctrica». 2. Consta acreditado que en agosto de 1972 «IBERDUERO, S. A.» presentó el denominado «Proyecto reformado del aprovechamiento hidr...
3. Presentado por IBERDUERO el nuevo proyecto modificado conforme a lo exigido por la referida resolución de 31 de mayo de 1983, en virtud de nueva resolución de 31 de julio de 1993, de la Dirección General de Calidad de las Aguas del entonces denominado Ministerio de Obras Públicas y Transportes (que obra a los folios...
Se preveía la construcción del aprovechamiento en dos fases: en la primera, el Salto de Jánovas, con un gran Embalse a la cota 746 y 548,5 Hm3 de capacidad... La Dirección General de Obras Hidráulicas... dictó resolución para que se modificase el proyecto, de forma que la capacidad útil del Embalse de Jánovas fuese d...
..................................................................................................................... Resulta evidente que la construcción del Embalse de Jánovas es vital para las aspiraciones aragonesas y que deben hacerse, como lo demuestra su inclusión dentro de las directrices del Plan Hidrológico...
En un principio, era un aprovechamiento cuya finalidad principal era la de producción de energía eléctrica, pero ya en la Orden ministerial 2 de 1951 quedaba patente que el Embalse a crear debía ser preferentemente para riegos, al condicionar el régimen de desembalse a las decisiones del Ministerio de Obras Públicas....
Entre las condiciones fijadas en la mencionada resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas, de 31 de julio de 1993, debe destacarse la 2.a, conforme a la cual: «La sociedad concesionaria deberá aportar la documentación que se le indica, en los plazos indicados que cuentan a partir de la fecha de notifi...
Seis – Proyectos de las restantes obras incluidas en el Plan. Doce meses». Pues bien, como se reconoce de contrario en los Hechos VIII, IX, X y XI del escrito de demanda y obra acreditado en la ampliación al expediente, todos estos documentos fueron aportados, bien por IBERDROLA, bien por Eléctricas Reunidas de Zarag...
«IBERDROLA. Proyecto de obras auxiliares y complementarias para la construcción de la Presa de Jánovas en el río Ara. Término municipal de Fiscal (Huesca)», confeccionado en agosto de 1993.
2. «Memoria-resumen del Proyecto del Salto de Jánovas» confeccionada en octubre de 1993. 3.
«Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A. Aprovechamiento hidroeléctrico del río Ara entre Fiscal y Aínsa y del río Cinca entre Lafortunada y Aínsa. Presa de Jánovas. Proyecto de construcción.
Término municipal de Fiscal (Huesca)», confeccionado en febrero de 1994. 4. «Proyecto de construcción del río Ara entre Fiscal y Aínsa y del río Cinca entre Lafortunada y Aínsa, Saltos de Fiscal, Jánovas y Aínsa», confeccionado para «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», en agosto de 1994.
Debe advertirse que la confección de determinados proyectos de los requeridos por la repetida condición 2.a, por parte o a instancia de IBERDROLA o Eléctricas Reunidas de Zaragoza, encuentra su justificación en la escritura de compraventa de 30 de diciembre de 1993, que de contrario se acompaña al escrito de demanda co...
Efectivamente, como se consigna en el Hecho XV de la demanda y consta acreditado en la ampliación al expediente, el Embalse de Jánovas, en cuanto incluido en la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón, en su sesión de 30 de junio de 1992 (conocida como Pacto del Agua), figura en el artículo 52 de las d...
2 6. Según consta a los folios 1 a 27 del expediente originario, mediante escrito que tuvo entrada en la Confederación Hidrográfica del Ebro el día 15 de febrero de 1999, la Asociación «Río Ara» suplicó de la Confederación Hidrográfica del Ebro se tuviera por solicitada «la declaración de extinción del derecho del uso ...
Mediante escrito que tuvo entrada en la Confederación Hidrográfica del Ebro el día 7 de octubre de 1999, la Asociación recurrente interesó se le informara del estado de tramitación del expediente, su plazo máximo de resolución y efectos que pudiera producir el silencio administrativo y, ante la falta de respuesta y, co...
La cuestión controvertida en el presente recurso consiste en precisar si se acomoda al ordenamiento jurídico la que de contrario se considera desestimación presunta de la solicitud formulada para que se declarara la caducidad de la concesión de constante referencia o su revisión para adaptarla a las previsiones del Pla...
En lo que concierne a la competencia para el conocimiento del recurso (que constituye, como es bien sabido, cuestión de orden público procesal y que se suscita al amparo de lo dispuesto por el artículo 7.2 y 3 de la Ley Jurisdiccional), la respuesta a tal cuestión dependerá de cuál sea el órgano administrativo a que re...
3) Que, consiguientemente, como hemos destacado en el Hecho Cuarto de esta contestación, la condición 21.a de la referida resolución, de 31 de julio de 1993, estableció que «toda modificación de las características de esta concesión requerirá la previa autorización del Ministerio 2 de Obras Públicas y Transportes...»...
Atribuible, pues, el acto presunto que se impugna (ya consista en una declaración de caducidad o en una revisión o modificación de las características de la concesión) a la competencia resolutoria del (hoy) Ministro de Medio Ambiente, la conclusión es que la Sala a la que tengo el honor de dirigirme carece de competenc...
folio 44 de su demanda), el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráu- 2lico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, cuyo número 2 establece que: «La tramitación del expediente (de extinción de una concesión) la llevará a cabo, en todo caso, el Organismo de cuenca, y la resolución del mism...
De la resolución se dará traslado al Organismo de cuenca a efectos de su constancia en el Registro de Aguas». III. Subsidiariamente, para el supuesto de que la Sala a la que tengo el honor de dirigirme apreciara su propia competencia para el conocimiento del recurso, invocaremos su inadmisibilidad al amparo de lo dispu...
Por otra parte, conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada Ley 4/1999, «a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior», es decir, por la Ley 30/1992 en su redacción originaria. Así pues, partien...
Es cierto que el precepto mencionado se refiere únicamente al plazo para resolver las peticiones de concesión del dominio público hidráulico y no al plazo para resolver las solicitudes de caducidad o de modificación de características de concesiones ya otorgadas, pero no lo es menos que se trata del único precepto que ...
Pero es que, por si no fuera suficiente lo anterior, lo cierto es que en el régimen originario de los actos presuntos en la Ley 30/1992 (que ya hemos visto resulta aquí aplicable), no bastaba con el mero transcurso del plazo para resolver, sino que, como requisito de eficacia, era precisa la denominada «certificación d...
En efecto: 1. Por lo que concierne a la caducidad que se invoca por incumplimiento de cualquiera de las condiciones esenciales de la concesión o plazos en ella previstos, dispone el artículo 51.1 de la Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985, que «el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de...
Para responder adecuadamente a esta cuestión, debe advertirse de antemano que, como ya se alegó por la codemandada en trámite de audiencia frente a la solicitud de declaración de caducidad articulada por la Asociación actora, no son susceptibles de examen las suceptibles modificaciones que han venido introduciéndose po...
En rigor, además, ni siquiera puede sostenerse que las obras conducentes a la ejecución del Embalse de Jánovas no se hubieran iniciado en absoluto, puesto que, como consta al punto 1.1 de la Memoria del proyecto de construcción de la Presa de Jánovas confeccionada en febrero de 1994 y aportada por la contraparte como d...
Y por lo que se refiere a la pretensión subsidiaria de que se declare extinguida la concesión, al resultar exigible su revisión para adecuarla al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (artículo 63.c de la Ley de Aguas), lo primero que debe destacarse es que la revisión de las condi- 2ciones de una concesión no compo...
Sin embargo, ni la revisión comporta –según ya hemos dicho– la extinción de la concesión; ni cabe mantener que la única utilización posible del Embalse sea el aprovechamiento hidroeléctrico; ni la revisión –caso de ser exigible– podría acordarse en virtud de la solicitud de la actora, sino en función de las nuevas circ...
ASISTENCIA SANITARIA 3. SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO Reconocimiento de la condición de beneficiario del Sistema Público de Salud y del derecho a la obtención de la correspondiente Tarjeta sanitaria acreditativa de dicha condición 1.
Esta Abogacía del Estado ha examinado el escrito dirigido a la Ministra de Sanidad y Consumo por el Abogado don XYZ en el que solicita que se le reconozca su condición de beneficiario del Sistema Público de Salud y, en consecuencia, su derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita, y se expida a nombre del compare...
Históricamente, y con la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad en 1941, se establece en nuestro ordenamiento jurídico una dicotomía que deviene clásica: la Sanidad y la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Bajo el concepto de Sanidad se incluyeron todas aquellas medidas de protección de la salud que no ...
3La asistencia sanitaria, mediante el establecimiento de un régimen público, se atribuye al Instituto Nacional de Previsión que, a partir de 1942, gestionó una nueva contingencia, la asistencia sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Este principio vino recogido en la Ley de Bases de la Seguridad Social desarro...
2. La Constitución de 1978 reconoce en su artículo 43 el derecho de protección a la salud, estableciendo además que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al resp...
De un examen de este precepto parece deducirse que el constituyente pretende acabar con la tradicional dicotomía Sanidad y asistencia sanitaria de la Seguridad Social, máxime cuando ésta tiene su fundamento en otro precepto de la Constitución, en concreto el artículo 41. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanid...
El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las Comunidades autónomas en los términos establecidos en la presente Ley. 3. No obstante lo anterior, la propia Ley General de Sanidad sigue manteniendo la estructura de la asistencia sa...
disposición adicional sexta y disposiciones transitoria tercera y cuarta). Debemos resaltar que esto no es contradictorio sino que responde a una lógica del Estado de las autonomías. Y es que el legislador pudo perfectamente desvincular la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, considerando a la misma como una mo...
Ahora bien, de haberse hecho así, a la vista del Estado de las autonomías, conforme al Título VIII de la Constitución y una vez aprobados todos los Estatutos, resultaría que, al tener todas las Comunidades competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad e higiene, el INSALUD sería transferible a...
No obstante, la reforma de los Estatutos de Autonomía llevada a cabo en la legislatura anterior ha difuminado la situación, en tanto en cuanto todas las Comunidades Autónomas del artículo 143 han adquirido competencia en materia de ejecución de la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, aunque carece...
Ello resulta del artículo 16, que dispone que los usuarios sin derecho a la asistencia de los servicios de salud podrán acceder a los servicios sanitarios con la consideración de pacientes privados de acuerdo con los siguientes criterios: ... 3. La facturación por la atención de estos pacientes será efectuada por las r...
art. 16). 5.
La Ley General de Sanidad mantiene la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, por lo que tienen derecho a la sanidad pública quienes 3se encuentren incluidos en la misma, sea dentro del Régimen General sea dentro de cualesquiera de los Regímenes Especiales. Ahora bien, una de las grandes innovaciones de la Ley e...
Ello ha sido efectuado por el importantísimo Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, por el que se extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes. Por otra parte, tanto por normativa estatal como autonómica se ha ido extendiendo la asistenc...
Asistencia sanitaria a pensionistas de clases pasivas que no tuvieran derecho por otro título. Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para 1989. Asistencia sanitaria a objetores de conciencia.
Real Decreto 20/1988, de 15 de enero, por el que se reglamenta la protección social de los objetores. Asistencia sanitaria a militares de reemplazo. Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar.
Asistencia sanitaria a niños. Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. Resaltamos que todos los niños, según la Convención, tienen derecho a la asistencia sanitaria en España, sean nacionales o extranjeros, entendiéndose...
Asimismo, de acuerdo con la referida Convención, las madres, cualquiera que sea su nacionalidad, tienen derecho a atención sanitaria prenatal y postnatal. 6. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que con posterioridad tratemos la situación sanitaria de los extranjeros, hemos de resaltar que existe una minoría de ...
Debemos resaltar que esta minoría ha sido reducida por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Organización y Supervisión de Seguros Privados. Efectivamente, su disposición adicional quinta establece que aquellas personas que ejerzan una actividad por cuenta propia incluida en el artículo 10.2 c) de la Ley General de la ...
No obstante, la disposición transitoria quinta.3 de la Ley 30/1995 establece un plazo de cinco años para la entrada en vigor de esta norma al señalar que transcurrido el plazo de cinco años, las personas que ejerzan una actividad por cuenta propia en los términos del artículo 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de septiembr...
Ello se debe a que no se ha desarrollado en su totalidad el artículo 80 de la Ley General de Sanidad que dispone que el Gobierno regulará el sistema de financiación de la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social para las personas no incluidas en la misma... y es que, como hemos manifestado con anteri...
3En la misma línea el Gobierno de Navarra, por el Decreto Foral 71/1991, de 21 de febrero, ha universalizado la asistencia sanitaria para los ciudadanos residentes en cualquiera de los municipios de la Comunidad. 7. Hemos de hacer mención a la asistencia sanitaria de los extranjeros que viene hoy regulada en la Ley Org...
Efectivamente el artículo 12 establece las siguientes reglas: – El extranjero que se encuentre en España inscrito en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente tiene derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. – La extranjera embarazada que se encuentre en España tendrá ...
El extranjero que se encuentre en España tiene derecho a la asistencia sanitaria pública de España ante la contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. De este precepto resulta que el extranjero empadronado tiene asiste...
No obstante, esta Ley Orgánica ha creado una situación de discriminación a favor del extranjero en los supuestos de asistencia sanitaria pública de urgencia, ya que le concede la gratuidad que no tienen la minoría de ciudadanos españoles no incluidos en la atención del Sistema Nacional de Salud. Y es que este precepto,...
No se da esta circunstancia en la asistencia sanitaria pública de urgencia que resultaría gratuita para los extranjeros, conforme al artículo 12.2 de la Ley Orgánica 4/2000 mientras que la minoría de españoles no incluidos en la protección del Sistema Nacional de Salud debería pagarla, y a coste efectivo de acuerdo con...
3 Efectivamente la referida Ley, fruto del denominado Pacto de Toledo, modifica la Ley General de la Seguridad Social, considerando de naturaleza no contributiva las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidas en la acción protectora financiada con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, pasando a f...
10. Ahora bien, a nuestro juicio procedería estudiar el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria gratuita del Sistema Nacional de Salud a todos los españoles residentes en España cualquiera que fuera su situación. Ello resulta un corolario de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalizació...
Por otra parte, la concesión de la gratuidad implicaría el pleno desarrollo del artículo 43 de la Constitución, lo que no se ha producido al día de hoy por existir una minoría de ciudadanos españoles que todavía deben pagarla. No obstante resaltamos que la misma ya no se puede efectuar por Real Decreto al amparo del ar...
11. Pasamos a examinar la petición formulada por el señor XYZ que, como ya hemos señalado, solicita de la Ministra de Sanidad y Consumo que se le reconozca su condición de beneficiario del Sistema Nacional de Salud, y por tanto su derecho a la asistencia pública gratuita. 3Resaltamos, en primer lugar, que nos encontram...
Por lo que, de conformidad con su disposición transitoria quinta a partir del 10 de noviembre de este año podrá solicitar la afiliación o el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, adquiriendo desde entonces el derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Por tod...
Segunda. Esto no ha sido modificado por la Ley 24 /1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, ya que lo único que dispone es que las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria serán financiados con aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social. Tercer...
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, establece una discriminación a favor de los mismos frente a los españoles, ya que su artículo 12.2 reconoce al extranjero que se encuentre en España el derecho a la asistencia sanitaria pública gratuit...

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