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En un escenario de posconflicto,
¿qué hace que algunas experiencias de
reintegración de excombatientes puedan avanzar o no hacia acciones de
reconciliación? Este es el principal cuestionamiento que se plantea la presente
investigación, y el cual, a su vez, permite indagar sobre los factores que han
facilitado o inhibido la (re)construcción de relaciones pacíficas y de confianza entre
colectivos de desmovilizados y sus comunidades receptoras. Teniendo esta indagación como punto de partida, vale decir que la presente
investigación busca contribuir a
los actuales procesos de
reconciliación y
reintegración en Colombia, lo que constituye, en sí, un desafío vigente no solo
para el Estado, sino para el conjunto de la sociedad colombiana que se encuentra
enfrentada a un posible escenario de posconflicto. Para este proyecto se utilizó un enfoque metodológico principalmente cualitativo.
Para
lograrlo
se acudió, a
fuentes
secundarias
(publicaciones académicas,
registros de prensa y bases de datos, entre otras) y a fuentes primarias: entrevistas
semiestructuradas, talleres, grupos focales y encuentros con actores claves en las
regiones y en todo el plano nacional. La principal herramienta de la investigación fue el estudio de caso. Para este
propósito, se parte del reconocimiento de
la experiencia como unidad social
de análisis, cuyos aprendizajes son útiles para la generación de conocimiento
colectivo y como inspiración de iniciativas sociales y de los procesos de diseño e
implementación de políticas públicas. La opción metodológica que se desarrollará es el análisis de experiencias regionales
las cuales atañen, en primera medida, a la propuesta de una comprensión compleja
Esta comprensión
compleja revela esencialmente que si el conflicto colombiano ha tenido desarrollos
diferenciales a lo largo del territorio durante la historia, la manera de abordar
estos conflictos y las alternativas para transformarlos merecen una perspectiva
semejante. Por ello, el análisis de experiencias tiene un doble propósito en el marco de la
presente investigación. El primero reside en el planteamiento de unos niveles
micro y meso que consisten en contribuir a la comprensión de cada experiencia
en sí misma y su lugar en la dinámica de reconciliación en las zonas de origen. El
segundo radica en la propuesta de un nivel macro, el cual consiste en establecer
algunos rasgos comunes y continuidades que permitan hacer generalizaciones
analíticas y
recomendaciones políticas sobre cómo
las
iniciativas colectivas,
derivadas de procesos de desmovilización, pueden redundar en procesos de
convivencia pacífica y reconciliación en Colombia. La estructura del presente documento corresponde, en gran medida, con la ruta
metodológica que diseñamos para la investigación. En primer lugar, se encuentra
un recorrido sobre el debate teórico alrededor del concepto de reconciliación y,
asimismo, cómo se entiende en el marco de la presente investigación. También
se pasa por la propuesta de un modelo analítico para comprender cómo una
experiencia de reintegración puede llegar a la coexistencia, la convivencia pacífica
o la reconciliación en una comunidad receptora. La ventaja del modelo analítico que se propone en el primer capítulo consiste en
un abordaje simultáneo de, por un lado, el desarrollo de cada experiencia y, por el
otro, las dinámicas de contexto que las enmarcan, lo cual conduce a una reflexión
sobre cómo los procesos de reconciliación afectan los espacios de encuentro y la
disposición de los actores. Con base en conceptos propuestos y desarrollados por McAdam, Tarrow y Tilly
(2005), se utilizaron como recursos de observación una serie de mecanismos,
definidos como un conjunto de acontecimientos que de manera recurrente
logran transformar las relaciones entre los actores de las experiencias y todo su
conjunto. Teniendo en cuenta la contextualización de cada experiencia y también
la reconstrucción cronológica de cada una de ellas, se procedió a la identificación
de los mecanismos que han facilitado o inhibido su desarrollo.
Tal recorrido permite identificar las principales
coyunturas que ha atravesado esta relación, así como los desarrollos institucionales
y los actores involucrados. El recorrido histórico permite una mirada panorámica
que anticipa varios elementos del contexto, los cuales incidieron indiscutiblemente
en las experiencias regionales focalizadas en el presente estudio. El tercer capítulo expone las cuatro experiencias de reintegración y reconciliación
seleccionadas para el análisis de la presente investigación. Aquí se abordan avances
tangibles en los territorios que permiten afirmar que la reconciliación ha dejado
de ser una apuesta exclusivamente discursiva, nominal y abstracta, para ser un
proceso real y palpable que se cimienta en la creación de escenarios propicios para
el restablecimiento de relaciones interrumpidas o determinadas por la violencia,
incluso en medio de las hostilidades armadas. En este punto es importante advertir que el análisis de experiencias que se plantea
en este estudio no parte de una clasificación tradicional entre experiencias exitosas
y no exitosas, sino que se basa en un enfoque apreciativo y en una concepción
propia y compleja de la reconciliación. Lo anterior se concreta en el reconocimiento
de las diversas iniciativas de reintegración y reconciliación en el país y los desarrollos
diferenciales que puede tomar la construcción/reconstrucción de relaciones entre
excombatientes y sus comunidades receptoras a través del tiempo. La exposición de cada una de las experiencias cuenta con una contextualización
histórica, una descripción de la trayectoria y, finalmente, un análisis de los principales
mecanismos y aprendizajes que de ellas se derivan. A continuación, se presentan
las experiencias analizadas, las cuales fueron seleccionadas conjuntamente por los
socios del proyecto a partir de los siguientes criterios: 1. Las experiencias debían
haberse desarrollado en un marco institucional y corresponder a procesos de
carácter grupal o colectivo o donde confluyeran varios excombatientes; 2. Deberían
ser considerados los procesos de reinserción/reintegración ocurridos desde 1990,
tanto con grupos guerrilleros como con paramilitares; 3. Las experiencias tendrían
que involucrar tanto las diferencias como las similitudes de las dinámicas urbanas
y rurales; 4. Deberían ser abordadas desde un enfoque de género que reconozca
la afectación diferenciada de las mujeres en el conflicto y su participación en la
construcción de paz, en este caso de acciones de reconciliación. 3 A lo largo del presente texto se emplearán los conceptos de experiencia, acción colectiva o iniciativa para referirnos
al objeto de análisis de la investigación. Lo anterior sin detrimento de una comprensión más estricta y profunda que
pueda tener cada uno de esos conceptos. 15 Aprendizajes para la reconciliación En la Tabla 1, que se expone a continuación, se resume la información general de
los cuatro estudios de caso seleccionados 4 de acuerdo con los criterios definidos
anteriormente. Por otro lado, en el cuarto capítulo se encuentra un análisis comprensivo de las
experiencias abordadas, allí también se despliega el análisis multinivel descrito al
inicio de esta introducción. La observación micro de cada experiencia, de su dinámica
endógena, dio pistas sobre mecanismos específicos, inherentes a los actores, que
permitieron su desarrollo en el tiempo. Por su parte, la observación del nivel meso
que se hizo con base en una mirada simultánea entre la contextualización y la
dinámica micro de la experiencia, permitió identificar los mecanismos ambientales
que hacen parte de su contexto y que han incidido igualmente en sus trayectorias. Transferencia de información desde el interior de la experiencia que la
visibiliza y propaga. Emergencia de un nuevo actor y de dispositivos que refuerzan los
atributos que la diferencian. Creación de nuevos
actores e identidades colectivas De(cid:31)nición Difusión Intermediación Conexión, a través de un tercero, de dos o más enclaves sociales antes
desconectados. Formación
de identidad política 4 El carácter de las experiencias, descrito en la tabla, pone en evidencia importantes diferencias históricas, geográficas,
sociales e incluso en sus marcos jurídicos, que podrían pensarse como obstáculo para el contraste, forma o método
de los estudios de caso. No obstante, este fue el obstáculo que intentó superarse con el modelo analítico en el que se
establece aquello que puede compararse y aquello que no, advirtiendo que más que un ejercicio de comparación se
trata de un análisis comprensivo de las experiencias.
5 El diálogo con el enfoque de género, respecto al modelo propuesto, es muy dinámico dado el carácter histórico
que se propuso: 1. Hacer un análisis de los roles desempeñados por las mujeres y su relación con la trayectoria y los
mecanismos de cada experiencia; 2. Los aprendizajes alrededor de las desigualdades estructurales entre géneros, las
cuales se profundizan en etapas de conflicto o posconflicto; y 3. La visibilización de las diferentes necesidades de los
roles de las mujeres de cara a la reconciliación. Mecanismo en el que personas, que individualmente preferirían no
asumir los riesgos de la acción colectiva, se encuentran incapaces de
retirarse sin herir a los demás, cuya solidaridad valoran pero realizan
acciones al precio de sufrir graves pérdidas. Transforma la percepción, postura, conciencia y acción ante la realidad
social. Proporciona herramientas cognitivas, políticas o prácticas que
permiten potenciar la acción colectiva. Compromiso 16 Cambio de identidad Transformación de la respuesta a la pregunta sobre ¿quién eres?,
generando simultáneamente cambios en las interacciones. Mediación Intervención de un tercero en la resolución de un con(cid:30)icto o disputa. Atribución de oportunidad
o amenaza colectiva Identi(cid:31)cación colectiva de circunstancias de ventaja o de riesgo y que
tiene efecto cohesionador o de convergencia. Lanzar señales Exposición de signos que son interpretados consistentemente y que
permiten modular la conducta de acuerdo a situaciones de riesgo o
de con(cid:31)anza. Atribución de similitud Identi(cid:31)cación deliberada de semejanza. Convergencia de actores En escenarios de poca colaboración, descoordinación o polarización,
actores menos polémicos o menos radicales propenden por aliarse. Interacción Continuo de acción recíproca e in(cid:30)uencia. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras En el capítulo de conclusiones y recomendaciones, y posterior a unos resultados de
análisis en los niveles micro y meso de las experiencias que revelan las causas de
sus avances y sus obstáculos, se reconocen sus principales aprendizajes. Estos, al
hacer explícitas las «claves para la acción» permiten su traducción en una suerte de
recomendación política. Es aquí donde se desarrolla el nivel macro de la presente
investigación. Para finalizar, se resaltan las contribuciones hacia una definición más compleja
de reconciliación, la cual debe ser coherente con la situación del país y con una
invitación a ampliar y fortalecer la comprensión del enfoque comunitario, enfoque
que ha tenido varios desarrollos en el debate para la implementación de procesos
de DDR durante la última década (UNDP, 2005). Asimismo, el recorrido aquí expuesto desemboca en el reconocimiento de los retos
que plantea el panorama actual del país de cara a la reconciliación, en la medida
que las negociaciones que se llevan a cabo entre el gobierno colombiano y las Farc
en la Habana, así como los diálogos exploratorios con el ELN, plantean la necesidad
de discutir las implicaciones que tienen los procesos DDR frente a la consolidación
de la paz en los territorios, ya no como un conjunto de medidas que hacen parte
de una estrategia contrainsurgente de pacificación –como sucedió en algunos
gobiernos precedentes-, sino como un proceso que tenga una incidencia clara
en lo referido a la construcción de la paz con un sentido integral. Tal reto debería
tomar como punto de partida a las experiencias previas, con el fin de contemplar las
lecciones aprendidas de la historia, para evitar así cometer los errores del pasado. 17 Aprendizajes para la reconciliación Infograma 1 Reconciliación Es tanto una meta como un proceso, e implica la construcción o reconstrucción
de relaciones que en un tiempo previo, por causas de con(cid:30)icto y violencia,
estaban fracturadas, debilitadas, eran tensas o simplemente inexistentes. Dimensión interpersonal Son procesos individuales o de contextos
interpersonales, entre actores
directamente implicados en el con(cid:31)icto. Dimensión social o colectiva Se concentra en el consenso
colectivo en vez de las
responsabilidades individuales. Dimensión política Implica la (re)construcción
de con(cid:30)anzas entre la ciudadanía
y las instituciones. Características Espontánea Dinámica Parcial Las acciones de reconciliación se
construyen en escenarios que propician
cambios de imaginarios y posturas
frente “al otro”, pero no constituyen un
proceso que responda a una vía de
acción concreta y establecida. Las acciones de reconciliación
pueden ser coyunturales y su
existencia no garantiza en sí
misma su sostenibilidad. Las acciones de
reconciliación pueden darse
entre algunos y no todos los
miembros o grupos de una
sociedad. Alcances Reconciliación Convivencia
pací(cid:31)ca Coexistencia Supone la ausencia de violencia
directa en un escenario de
cohabitación de un espacio
geográ(cid:30)co. 18 Reconciliación Implica la aceptación
de las diferencias
en el seno de una
sociedad y pasa por el
reconocimiento de la
existencia de un
proyecto colectivo. El cambio de relaciones entre los miembros de
una comunidad en el nivel interpersonal, la
construcción de procesos colectivos que
impliquen el fortalecimiento del tejido social,
así como el restablecimiento o la construcción
de la con(cid:30)anza en el Estado, daría cuenta de la
consolidación de la reconciliación en una
sociedad.
Los alcances son avances parciales en el proceso de reconciliación, ya
que son escenarios conducentes a la transformación de posturas
frente al "otro" (adversario, victimario, excombatiente, víctima, etc.), y
contribuyen al cambio de relaciones. Esto alcances NO constituyen un
proceso escalonado, tampoco lineal, ni es regular. A pesar de lo anterior,
la reconciliación como meta sí requiere que existan ambos alcances. Capítulo 1. Una propuesta para el análisis
de experiencias de reconciliación entre
comunidades receptoras y colectivos
de excombatientes en Colombia En el presente capítulo se realizará, en primer lugar, una aproximación al concepto
de reconciliación, el cual es fundamental para esta investigación, y, posteriormente,
se explicará la propuesta metodológica con la que se desarrollará dicho concepto
en relación con las experiencias seleccionadas y sus avances hacia acciones de
reconciliación. Uno de los retos principales de esta investigación consistió en establecer una
definición del concepto reconciliación. La indagación realizada sobre este aspecto
evidenció que no existe una única concepción del término, y que su utilización en
escenarios de conflicto armado, y en sociedades divididas y polarizadas como la
colombiana, trae consigo implicaciones éticas y políticas que han hecho de su uso
y estudio un ejercicio complejo. Lo anterior está relacionado, por un lado, con el
uso diversificado y discursivo de este concepto a lo largo de la historia del país 6, y,
por otro lado, con las posibilidades de interpretación en su dimensión individual.
Ante este escenario, fue necesario definir de manera concreta sus características
más relevantes, así como las dimensiones en las cuales pueden existir acciones de
reconciliación. Los hallazgos de este estudio, así como todo el proceso de análisis descrito en el
presente libro, tienen cimiento en una noción de reconciliación que consiste en la
construcción o reconstrucción de relaciones que en un tiempo previo, por causas
de conflicto, fueron fracturadas, debilitadas, o simplemente eran inexistentes, y 6 Estas variaciones del concepto son el propósito del próximo capítulo. 19 Aprendizajes para la reconciliación La reconciliación consiste en la construcción o
reconstrucción de relaciones que en un tiempo previo,
por causas de conflicto, fueron fracturadas, debilitadas,
o simplemente eran inexistentes que están encaminadas a la concreción de un escenario social que prescinda de la
violencia. Desde esta perspectiva, la reconciliación se configura como: i) Una meta, en tanto implica la recuperación o la construcción de relaciones
fracturadas o inexistentes, y en esa medida es un proceso de largo alcance que
requiere
la reforma profunda de ciertos
imaginarios sociales y el cambio de
creencias arraigadas; de modo que necesita de acciones convergentes y sostenidas
en el tiempo, con el fin de establecer un nuevo consenso social que garantice que
la violencia del pasado no se repetirá (Beristain, 2005, p. 16). ii) Un proceso de construcción de espacios de encuentro (De Greiff, 2007, p. 53)
(Chayes y Minow, 2003) y de generación de disposición entre en los miembros de
una sociedad, (antiguos adversarios, victimarios, víctimas, etcétera) 7, para asumir e
integrar el pasado y el futuro con el fin de afrontar el presente (PNUD, 2007, p. 7). En
otras palabras, se reconoce aquí que la reconciliación no es solamente un escenario
del futuro en el cual se aspira alcanzar el consenso social nombrado anteriormente,
sino que además es posible entrever acciones de reconciliación en escenarios en
los que la violencia persiste. Así pues, esas acciones concretan un proceso de reconciliación, permitiendo
afirmar que ésta puede ser, por un lado, parcial (pues puede existir únicamente
entre algunos miembros de la comunidad) y, por otro lado, puede ser dinámica (en
tanto su mutabilidad no garantiza perpetuidad). En este sentido, puede decirse
que la reconciliación es espontánea, ya que si bien es posible propiciar escenarios
en los cuales se cambien las posturas de las personas o grupos, y la opción por
establecer relaciones distintas debe ser deliberada, la reconciliación no se genera
por imposición8 y tampoco puede ser regulada por el Estado. Bajo esa misma
lógica, se sostiene que el acto de reconciliación tiene lugar en tres dimensiones:
interpersonal, social y política. La dimensión interpersonal o individual refiere a las acciones de reconciliación
que tienen lugar en interacciones directas, es decir que involucran a individuos
que se relacionan entre sí. También puede referir «al sentimiento de los individuos
frente a quienes culpan de los acontecimientos que pertenecen al fuero interno
individual» (Rettberg, 2014, p. 4). Complementando esta definición, Gibson (2001)
asegura que la dimensión individual incluye «procesos individuales o de contextos
interpersonales entre la víctima y el perpetrador», entre los excombatientes y los 20 7 Véase el capítulo 4.
8 Estas características de la reconciliación constituyen uno de los hallazgos de la presente investigación. El cimiento de
su categorización se encuentra en las conclusiones de este libro. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras La reconciliación puede ser parcial, es dinámica y
espontánea. Se da en tres dimensiones: interpersonal,
social y política; y la coexistencia y la convivencia
pacífica, son sus alcances previos miembros no-víctimas de las comunidades receptoras, o entre excombatientes
y adversarios. Este nivel puede asociarse a valores éticos o religiosos, o incluso a
procesos relacionados con la superación de los traumas (Méndez, 2011, p. 2). Debe
mencionarse que también puede estar condicionada por la satisfacción de las
víctimas respecto a los procesos de verdad, justicia y reparación. Rettberg señala que la dimensión social o colectiva de la reconciliación «se
concentra en el consenso colectivo en vez de las responsabilidades individuales»
(Méndez, 2011, p. 2). Se enfrentan en esta dimensión «verdades mutuas entre los
bandos antes en contienda y esta confrontación puede ser objeto de políticas
públicas» (Rettberg, 2014, p. 4). La dimensión social o colectiva parte del supuesto
de que víctimas y victimarios no logran encontrar espacios comunes ni consensos,
para ello son necesarios los escenarios en los cuales prime la coexistencia pacífica a
través de una cultura política respetuosa de los derechos humanos. Así, además de
existir un componente individual crucial en la reconciliación, existe una dimensión
colectiva que demanda el cuestionamiento de las actitudes, los prejuicios y los
estereotipos negativos que se desarrollaron alrededor de la figura del «enemigo»
durante la guerra (Bloomfield, Barnes y Huyse, 2003, p. 13). Por su parte la dimensión política aplica en el sentido de la (re)construcción de
confianzas entre las y los ciudadanos y las instituciones (Fundación Social, 2006).
Entonces, la reconciliación pretende dar solución a las causas estructurales del
conflicto a través del fortalecimiento del atributo garantista del Estado respecto a
los derechos humanos, entre ellos las condiciones socioeconómicas y los derechos
civiles y políticos. En relación con lo anterior, y partiendo del principio de que la reconciliación
como proceso sucede siempre en contextos específicos que plantean condiciones
concretas a su desarrollo, es posible establecer también algunos de sus alcances
parciales. Estos alcances son la coexistencia y la convivencia pacífica, que si bien no
son aspectos que permitan alcanzar la reconciliación como meta, sí son entendidos
aquí como actos de un proceso en la medida que promueven la creación de
espacios de encuentro y motivan cambios de relación pacífica en la disposición de
los sujetos. Estos alcances parciales de la reconciliación suceden por determinantes
del contexto, como, por ejemplo, la persistencia de escenarios de violencia directa
o estructural. En este sentido,
la coexistencia, entendida como alcance parcial del proceso
de reconciliación, puede tener lugar en el nivel interpersonal o individual de
la reconciliación. Es considerado un avance en la medida en que es condición 21 Aprendizajes para la reconciliación necesaria —más no suficiente— para lograr la reconciliación como meta, y plantea
la potencialidad de avanzar en términos de la construcción de un escenario de
convivencia pues supone, en el escenario social, la inexistencia de una violencia
directa. En este sentido, es un estadio necesario en el proceso de la reconciliación. Sin embargo,
la coexistencia como un avance de
la reconciliación debe ser
comprendida cuidadosamente, en la medida que no implica obligatoriamente
un cambio en
los
imaginarios sobre «el otro». De allí que deba tenerse en
cuenta que en algunos contextos, tanto las víctimas como el conjunto de las
comunidades receptoras se han visto forzadas a cohabitar un espacio geográfico
con excombatientes y/o victimarios; así que es posible que en estos escenarios
la violencia directa haya cesado, pero pueden persistir odios, resentimientos,
prejuicios y estereotipos, así como segregación física (Prieto, s.f, p. 33). De este modo,
es probable también que dicha coexistencia sea posible por desconocimiento
de los antecedentes y la procedencia de las personas con quienes se cohabita.
Móviles como el del anonimato, mediante el cual los excombatientes cohabitan
un espacio con una comunidad sin que sus miembros sepan sus antecedentes,
serían el cimiento de una convivencia muy alejada de la reconciliación final, pero
conveniente ya que previene, por un lado, agresiones entre sus miembros y, por
otro, la estigmatización; factor determinante de una nueva violencia. Solo en esa
medida la coexistencia puede entenderse como un alcance de la reconciliación
como proceso. Por otro
lado,
la convivencia pacífica trasciende
la coexistencia pues
implica
la aceptación de
las diferencias en el seno de una sociedad y pasa por el
reconocimiento de
la existencia de un proyecto colectivo
(PNUD, 2007). La
convivencia pacífica se configura como un escenario que procura respeto, tolerancia
y garantías democráticas, y en el que, sin embargo, las acciones no están dirigidas
necesariamente a la superación y transformación de las causas estructurales del
conflicto (UARIV, 2013). Los cambios de postura de los sujetos que conviven pacíficamente promueven la
construcción o la reconstrucción del tejido social, entendido aquí como el resultado
de las relaciones y acciones entre los individuos, las familias y las comunidades, de
manera que se retroalimentan a través de una estructura de vías de comunicación.
Esta relación permite la identificación de los individuos como parte de un grupo,
o bien posibilita el establecimiento de las reglas condicionantes de la interacción.
Un tejido social fuerte es sinónimo de
la existencia de relaciones solidarias,
enmarcadas en el respeto a los derechos de los miembros del grupo y la condición
necesaria para construir un ambiente propicio para la creación de metas colectivas
y comunes (Subsecretaría de Prevención y participación ciudadana, 2011). 22 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras La reconciliación considerada como una meta en sí misma ya no representa una
serie de actos, sino que se refiere a una situación, la cual está caracterizada por
la construcción de la reconciliación en sus tres dimensiones: interpersonal, social
y política. En ese sentido, el cambio de relaciones entre los miembros de una
comunidad en el nivel interpersonal, la construcción de procesos colectivos que
impliquen el fortalecimiento de un tejido social, así como el restablecimiento o
la construcción de la confianza en el Estado, darían cuenta de una reconciliación
concreta en una sociedad marcada por la violencia. Por otra parte, es importante señalar, sobre este trabajo de investigación, que
la observación micro y meso de las experiencias converge con el enfoque de
comunidades receptoras; dicho enfoque ha tenido varios desarrollos en el debate
para la implementación de procesos de DDR durante la última década (UNDP,
2005). En él se destaca que los procesos de reintegración de excombatientes
pueden trascender de una dimensión individual centrada en el desmovilizado,
hacia la búsqueda de la recomposición del tejido social mediante el desarrollo de
capacidades comunitarias para lograr la reinserción de excombatientes a la vida
civil (Caramés, 2005, p. 2) 9. Este enfoque comunitario ha sido tomado como referente para
la presente
investigación con el propósito de llevarlo a una propuesta teórica límite, la cual
plantea que el enfoque comunitario busca
incluso
la transformación de
las
causas estructurales de un conflicto, sobre el cual se busca llegar a procesos de
rehabilitación, readaptación y reconciliación. Si bien desde diversas corrientes
se han señalado varias de sus restricciones10, la complejidad regional del caso
colombiano resulta idónea para su implementación. 9 Desde la perspectiva de Caramés (2005), la implementación del enfoque comunitario se caracteriza por una definición
geográfica, conformada tanto por habitantes de esas zonas como por sus autoridades e instituciones. En relación con
esto, es necesario el reconocimiento de estrategias participativas que referencien las necesidades y expectativas tanto
de desmovilizados como de la comunidad receptora, pues el enfoque comunitario tiene sus bases en las gestiones
tanto de los actores locales, como de los sistemas descentralizados.
10 Dentro de las limitaciones del enfoque comunitario se ha advertido sobre el riesgo de marginación de actores
armados por falta de cobertura geográfica y atención directa a excombatientes y su consecuente generación de
inseguridad. Asimismo se señala que la definición de «comunidad receptora» se hace en función de la localización de
los desmovilizados. 23 Aprendizajes para la reconciliación Analizar las experiencias desde
sus mecanismos: ¿qué las potencia?, ¿qué las dificulta? Para tener un mayor y efectivo acercamiento a los procesos de reconciliación, es
necesario reconocer las experiencias de reintegración como una modalidad de
acciones colectivas dirigidas a la construcción de paz (García-Durán, 2008) 11. Dicho
reconocimiento fue el lugar de partida de la presente investigación, la cual, para
avanzar en el análisis de los cambios políticos, se sustenta en algunos elementos de
la propuesta metodológica de McAdam, Tarrow y Tilly (2005). En aras de alcanzar
una observación a profundidad de las dinámicas y las relaciones, los autores
mencionados utilizaron como recursos los episodios y los mecanismos, los cuales
son tomados como elementos de observación en cada una de las experiencias. Los episodios son una herramienta narrativa que facilita la descripción de cada una
de las experiencias, en ese mismo sentido, proporciona elementos que permiten
agrupar analíticamente la transformación de las relaciones entre ciertos actores
y la forma de comportamiento de sus mecanismos en un momento específico.
Los episodios no corresponden a una secuencia cronológica obvia o lineal de las
experiencias, sino a momentos específicos de procesos e interacciones, los cuales
están marcados por las transformaciones dadas en las relaciones entre sus actores
(McAdam et al, 2005, p. 32). Así pues, los procesos de desmovilización y reintegración
son un ejemplo de episodio, también lo es la organización de actores que dieron
origen a una iniciativa o la incursión de grupos armados cuya imposición marca
una inflexión en el comportamiento de los actores del territorio. Las distancias históricas y los marcos jurídicos existentes en los diferentes procesos
de desmovilización y reintegración, sumados a las complejas dinámicas locales que
atraviesan las cuatro experiencias en el contexto colombiano, podrían suponer una
barrera para el análisis comparativo. Sin embargo, tales barreras parecen agotarse
ante la posibilidad de identificar series de acontecimientos que transforman las
relaciones y que facilitan o inhiben tales experiencias. Esto es lo que denominamos
mecanismos. Los mecanismos, por su parte, permiten
identificar
factores que potencian
o inhiben12 las experiencias, pero más allá de ello, y lo que es relevante para 24 11 Según García-Durán, dentro de las dimensiones para la construcción de paz en los distintos momentos del
conflicto, las experiencias pueden ser clasificadas en aquellas que buscan su contención (peacekeeping), la negociación
(peacemaking) o su mantenimiento y prevención de la violencia (peacebuilding). En esta última, se ubican los procesos
de reintegración de excombatientes así como los de reconciliación (Datapaz CINEP/PPP, 2008).
12 Los mecanismos, según McAdam, Tarrow y Tilly, se definen como «tipos delimitados de acontecimientos que
cambian las relaciones entre conjuntos especificados de elementos de maneras idénticas o muy similares en toda una
diversidad de situaciones» (McAdam et al, 2005, p. 27). Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Los episodios facilitan la descripción
de cada una de las experiencias. Los
mecanismos permiten identificar factores
que potencian o inhiben las experiencias esta
investigación, tienen
la capacidad de determinar aquello que
incide en
el establecimiento de procesos de convivencia pacífica y reconciliación entre
excombatientes y sus comunidades receptoras, esto durante diferentes episodios
de su historia. Las experiencias seleccionadas en Cali, Pereira, sur de Bolívar y Cesar consisten en
procesos de desmovilización, desarme y reintegración (grupales e individuales
de guerrillas y paramilitares dados en los años 90 y la primera década del año
2000). En estos momentos específicos hubo una serie de configuraciones sociales
evidenciadas en acciones colectivas que tuvieron distintos niveles de interacción
con la institucionalidad. Estos a su vez se conectan con los niveles micro, meso
y macro de análisis de
la presente
investigación,
los cuales revelan distintas
formas de operación de los mecanismos que condujeron a la transformación de
relaciones. También permitieron el reconocimiento de condiciones conducentes
a procesos de reconciliación (individual, social y política) y sus diferentes alcances
(coexistencia, convivencia pacífica o reconciliación). Los mecanismos, desde la perspectiva de McAdam, Tarrow y Tilly (2005), suelen
manifestarse en
tres
tipologías: cognitivos,
relacionales y ambientales. Los
mecanismos cognitivos se caracterizan por transformar las percepciones, posturas,
interpretaciones o las conciencias individuales y colectivas. Por ejemplo, las acciones
de formación política dentro de organizaciones sociales y sus experiencias suelen
dar elementos cognitivos a los miembros nuevos y esto les ayuda a interpretar la
realidad, como también les da herramientas que pretenden transformarla. Por otra parte, están los mecanismos relacionales, los cuales alteran las conexiones
y las interacciones previamente establecidas. El ejemplo más recurrente en las
experiencias, además señalado con frecuencia en el texto Dinámica de la contienda
política (2005), es la
intermediación, mecanismo en el cual se vinculan partes
previamente desconectadas y en el que la conjunción desencadena una acción
colectiva determinada, bien sea en un sujeto o en un grupo de actores. Como
ejemplo de este mecanismo podemos referirnos al papel de la iglesia católica o
de actores como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, cuyas
acciones de acompañamiento e intercesión han incrementado la visibilización de
las interacciones entre las iniciativas locales y su capacidad de conectarse con otros
para gestionar demandas: «La intermediación logra crear nuevos actores colectivos
potenciales» (McAdam et al, 2005, p.174).
Mecanismos específicos de las experiencias de reconciliación Mecanismo Difusión De(cid:31)nición Transferencia de información desde el interior de la experiencia que la
visibiliza y propaga. Creación de nuevos
actores e identidades colectivas Emergencia de un nuevo actor y de dispositivos que refuerzan los
atributos que la diferencian. Intermediación Formación
de identidad política Compromiso Cambio de identidad Conexión, a través de un tercero, de dos o más enclaves sociales antes
desconectados. Transforma la percepción, postura, conciencia y acción ante la realidad
social. Proporciona herramientas cognitivas, políticas o prácticas que
permiten potenciar la acción colectiva. Mecanismo en el que personas, que individualmente preferirían no
asumir los riesgos de la acción colectiva, se encuentran incapaces de
retirarse sin herir a los demás, cuya solidaridad valoran pero realizan
acciones al precio de sufrir graves pérdidas. Transformación de la respuesta a la pregunta sobre ¿quién eres?,
generando simultáneamente cambios en las interacciones. Mediación Intervención de un tercero en la resolución de un con(cid:30)icto o disputa. Atribución de oportunidad
o amenaza colectiva Identi(cid:31)cación colectiva de circunstancias de ventaja o de riesgo y que
tiene efecto cohesionador o de convergencia. Lanzar señales Exposición de signos que son interpretados consistentemente y que
permiten modular la conducta de acuerdo a situaciones de riesgo o
de con(cid:31)anza. Atribución de similitud Identi(cid:31)cación deliberada de semejanza. Convergencia de actores En escenarios de poca colaboración, descoordinación o polarización,
actores menos polémicos o menos radicales propenden por aliarse. Interacción Continuo de acción recíproca e in(cid:30)uencia. 26 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El nivel micro de análisis de las cuatro experiencias se revela cómo estas comprenden
mecanismos complejos de creación de
identidades, organización y cohesión
interna que derivan, directa o indirectamente, en procesos de convivencia pacífica
y reconciliación interna en sus comunidades receptoras. Del mismo modo, permite
identificar cómo aspectos subjetivos de excombatientes y actores sociales pueden
afectar las trayectorias de las experiencias. A partir de ello toman sentido los niveles meso y macro de análisis de las experiencias
de la presente investigación. La mirada micro de las experiencias locales quedaría
incompleta sin el contexto de dinámicas locales, regionales y nacionales en las
cuales se desarrollan. Aquí vale afirmar que las experiencias no son herméticas sino
que interactúan y son condicionadas por sus contextos, es de allí que varios de los
mecanismos que las potencian u obstaculizan sean proporcionados por estos; por
eso se denominan mecanismos ambientales. Los análisis meso y macro logran explicar por qué no todas las iniciativas funcionan
en todos
los territorios, aún con
la existencia y participación de actores que
despliegan o están afectados por un mismo conjunto de mecanismos. Factores
como
la dinámica de
integración territorial y social,
la configuración de
las
instituciones, la política local y regional, así como la dinámica del conflicto armado
y la violencia urbana, tienen una repercusión importante en la trayectoria de las
experiencias (González, Bolívar y Vásquez, 2003). Todos los mecanismos ambientales hacen parte del contexto, pero este, en un
ejercicio inverso, no se constituye en su totalidad por mecanismos ambientales
que favorecen u obstaculizan una experiencia de reintegración y reconciliación.
Dichos mecanismos parten de una relación de influencias o condiciones externas
asociadas a procesos de cambio social que tienen injerencia en la acción colectiva y
operan de manera directa sobre esta. Tal es el caso del auge y/o las crisis financieras
que son determinantes al momento de tratar los recursos con los que pueden
embarcarse los actores en una acción colectiva; los procesos de urbanización
y dinámicas de poblamiento;
la capacidad de
las comunidades
receptoras
(establecidas) para integrar a sujetos nuevos y marginales (Heinich, 1991, p. 86).
Otros de los elementos que influyen en los procesos mencionados son la dinámica
e intensidad del conflicto armado, la estructura agraria, la propiedad de las tierras
y otros recursos, las reformas institucionales, la capacidad del Estado local, el tejido
social y la movilización social. Todos estos pueden convertirse en mecanismos
ambientales que favorecen o no el desarrollo de procesos reconciliación con
excombatientes13. 13 Véase el capítulo 4. 27 Aprendizajes para la reconciliación ¿Cómo y por qué funcionan o no ciertas
experiencias de reconciliación y reintegración? Una vez identificados los mecanismos clave (específicos y ambientales), la presente
investigación busca, en un segundo paso analítico, explicar la manera en la cual
estos inciden en el establecimiento de procesos de construcción o reconstrucción
de relaciones entre excombatientes y sus comunidades receptoras. Para tal motivo,
se ha desarrollado un modelo que será expuesto a continuación, y que permite
entender de qué manera los mecanismos de cada experiencia intervienen, directa
e indirectamente, y establecen un determinado nivel de reconciliación. Mecanismos Especí(cid:31)cos Espacio de encuentro Escenario en el cual se gestan
argumentos que contienen
información respecto al “otro”. Disposición Voluntad de recibir argumentos para,
eventualmente, reconsiderar la percepción
frente al “otro” (cambio de posturas). Argumentos Insumos o móviles que alimentan
la percepción y la re(cid:31)exión
frente al “otro”. Cambio de posturas
frente al otro Es la acción que implica una transformación
en la percepción del “otro”. 5. En el infograma 1 (modelo analítico) hace falta
una columna vertical que había a la izquierda que se
llama "" Infograma 2
Modelo analítico s e
a l t n e i b m A s o m s i n a
c e M 28 Al partir de la definición de trabajo anteriormente presentada, se puede identificar
que cada proceso de reconciliación se basa en un cambio de posturas frente «al
otro», es decir que la relación se traslada de rechazo total a una neutralidad o
favorabilidad, o viceversa. Tal cambio de posturas es motivado por una serie de
argumentos 14 en pro o en contra que, dependiendo de un espacio de encuentro
y de disposición 15, son acogidos por los actores. Para recibir argumentos nuevos,
estos deben, por un lado, estar dispuestos a recibir tales insumos y, por otro, contar
con un espacio de encuentro (físico o inmaterial) en el cual se gestan y comparten
argumentos que contienen información respecto al «otro» 16. Dichos argumentos
pueden ser producto de una interacción directa (encuentro físico) o la recepción
unilateral (deliberada o no) de información. Al favorecer u obstaculizar el proceso de reconciliación, cada mecanismo puede
producir argumentos o influir de alguna manera los aspectos o variables claves del
modelo expuesto anteriormente. En este sentido, el mecanismo de intermediación
puede, por ejemplo, propiciar el espacio de encuentro al implicar la confluencia
de más actores involucrados. A su vez, puede promover mayor disposición por
parte de los mismos para así recibir argumentos y reconsiderar eventualmente su
postura frente al otro. Adicionalmente,
los mecanismos ambientales dialogan de
forma
transversal
tanto con las variables del modelo como con los mecanismos específicos. Así,
la persistencia del conflicto armado (como mecanismo ambiental) puede influir
directamente tanto en la consolidación o inhibición de espacios de encuentro
como en
la disposición de
los actores. De
igual manera, dicho mecanismo
puede, eventualmente, promover la opción por el anonimato por parte de los
excombatientes, asunto que, a su vez, obstaculiza el uso del dispositivo específico
de difusión. 14 El concepto «argumentos» es definido como: insumos o móviles que alimentan la percepción y la reflexión frente al
otro. Los argumentos pueden ser: observaciones, experiencias, potencialidades, explicaciones, etc.
15 La variable de «disposición» es definida como: voluntad de recibir argumentos para, eventualmente, reconsiderar la
percepción frente al otro (cambio de posturas).
16 Ambas variables son imprescindibles para el cambio de posturas, esto implica que no existe una jerarquía entre
estas. 29 Aprendizajes para la reconciliación 30 Capítulo 2. Políticas de reintegración
y noción de la reconciliación
en Colombia: una mirada histórica Las cuatro experiencias analizadas en esta investigación dan cuenta de procesos
de reincorporación que han sido influenciados, directa o indirectamente, por la
evolución de las políticas de reinserción y reintegración en los últimos treinta
años, al igual que la persistencia del conflicto armado, entre otros aspectos. En el
ejercicio de entender el desarrollo de este proceso histórico es posible rastrear, de
forma transversal, los cambios y continuidades en las nociones de reconciliación
que han surgido de forma paralela a estos procesos, haciendo uso tanto de los
recursos retóricos de la política pública como de los insumos del contexto social
y político. Esta contextualización intentará dar cuenta entonces de: i) los procesos políticos
derivados de
las negociaciones entre el Gobierno colombiano y
los actores
armados; ii) las estrategias institucionales que se gestaron en estos procesos de
cara a la reintegración de excombatientes; y iii) las coyunturas sociales y políticas
que enmarcaron la implementación de dichos mecanismos propios de la justicia
transicional hasta la actualidad. Se tratará la noción de reconciliación implícita
en cada proceso, procurando establecer la forma como se han abordado en el
panorama nacional. Con esto se busca posicionar al lector en el contexto general
de desarrollo de las cuatro experiencias estudiadas en esta investigación. En función de lo anterior, el desarrollo del contexto se dividirá en cuatro momentos:
el primero, describirá las características de la política de reinserción (reintegración)
de los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco; en el segundo, serán narrados
los acuerdos de paz adelantados con varios grupos guerrilleros durante los inicios
de la década del 90, haciendo énfasis en el proceso emprendido entre el EPL y
el Gobierno nacional, con el fin de establecer las particularidades del panorama 31 Aprendizajes para la reconciliación Las experiencias de procesos de paz en Colombia
pueden rastrearse desde la década de los 80, partiendo
de la iniciativa tomada por la presidencia de Belisario
Betancur social y político de la época e ilustrar los alcances que tuvo la noción reconciliación
nacional; como tercer punto, se hará un esbozo general de la política de paz de los
gobiernos de la segunda mitad de la década del 90 hasta el 2010, dándole un acento
particular al proceso de desmovilización de las AUC (2003-2006); y, para finalizar,
se plantearán algunos retos que existen para la reintegración de excombatientes
en el panorama nacional actual, abordando de manera general, por un lado, las
características más relevantes del programa de reintegración vigente desde el
año 2011, y por el otro, los escenarios sociopolíticos que posicionan el debate
en torno a las miradas de la reconciliación en función de los nuevos diálogos de
paz emprendidos entre el Gobierno nacional y parte importante de la insurgencia
armada. Política pública de paz: abordaje
institucionales en los años 80 Las experiencias de procesos de paz en Colombia pueden rastrearse desde la
década de los 80, partiendo de la iniciativa tomada por la presidencia de Belisario
Betancur para gestionar una salida negociada al conflicto armado mediante una
política de paz. Dicha disposición implicó la introducción de nuevos elementos al
discurso político colombiano: en primer lugar, se reconoció a la oposición armada
como un actor político y se tomó la decisión de emprender un proceso de apertura
democrática (Chernick, 1996); en segundo lugar, se incorporó la referencia directa
a las causas objetivas y las causas subjetivas de la violencia (Villaraga, 2008, p. 58); y
en tercer lugar, el Gobierno se comprometió a asumir la responsabilidad del Estado
de darle sustento real al proceso. La propuesta de paz descrita promovió la instauración de un diálogo nacional
ampliamente participativo,
la aprobación de una
ley de amnistía17 y
la
consolidación de las comisiones de paz encargadas de adelantar las negociaciones
con las guerrillas. Entre los logros de estas comisiones merece rescatar la firma
de los acuerdos de tregua parcial con el M-19, las Farc, el EPL, la ADO y algunos
sectores del ELN. Sin embargo, con excepción de la tregua firmada con las Farc en el
municipio de La Uribe, en el departamento del Meta, estos acuerdos se rompieron
en menos de un año (García-Durán, 2011, pp. 100-101). 32 17 Ley 35 de 1982. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El sustento esbozado se tradujo en una política de paz cuya
intencionalidad
aparente se dirigió tanto a las necesidades individuales de los revolucionarios
(condiciones subjetivas) como a las causas políticas y estructurales de la violencia
(condiciones objetivas). En ese sentido, los procesos derivados de la amnistía y los
apoyos dirigidos al restablecimiento del proyecto de vida de los excombatientes
atenderían a ese componente subjetivo de la violencia; de la misma forma, la
apertura democrática, sumada al programa de desarrollo contemplado en el Plan
Nacional de Rehabilitación, estarían enfocados a mitigar las causas estructurales
de la violencia política, a saber, la ausencia del Estado, la exclusión política y las
inequidades económicas18 (Leal-Buitrago, 1999, p. 3). Esta aproximación a la coyuntura política promovió la creación de un andamiaje
institucional que orientó los alcances de la reincorporación de los excombatientes.
La amnistía, piedra angular de dicha estructura, implicó la libertad de la mayoría
de los presos de las guerrillas y fue relacionada con delitos políticos y conexos,
con excepción de los crímenes atroces contemplados en los principios y normas
humanitarias 19, e incluyó beneficios económicos y acceso a programas especiales
del Gobierno enfocados en propiciar la integración social y económica de los
amnistiados (Villaraga, 2008, pp. 61-64). Estas medidas institucionales, la existencia
de un escenario de participación política en apariencia incluyente y el énfasis en el
reconocimiento político de la insurgencia, propició indirectamente la consolidación
de la Unión Patriótica (UP) en 1985 (Turriago, Bustamante, 2003, pp. 6-7). A pesar de esto, la iniciativa de Betancur no obtuvo un respaldo político y social
generalizado debido a la ausencia de directrices y metas claras, su distancia de la
institucionalidad y el mismo hecho de carecer del apoyo de algunos sectores como
las Fuerzas Militares y los partidos políticos tradicionales20. Además, el conflicto
armado se agudizó durante este período, pues estas dinámicas de violencia
estuvieron «íntimamente relacionad[a]s con la emergencia de un nuevo actor, el 18 «El presidente Betancur estableció el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) como parte de la estrategia de paz de
su gobierno, como una forma de hacerle frente a las causas objetivas de la violencia y establecer relaciones armónicas
entre el Estado y la sociedad. Tenía como objetivo aumentar la inversión social del Estado y su presencia en zonas
rurales, para así disminuir el apoyo a la guerrilla» (Conciliation Resources, s.f.).
19 «La Comisión de Paz dio a conocer en septiembre de 1984 información de la Presidencia de la República, en la
que estimó en más de 1500 los amnistiados, según la cual se avanzaba en proporcionarles auxilios de sostenimiento
inmediato, apoyo para la obtención de la documentación, vinculación a atención básica en salud, acceso a crédito para
programas educativos y auxilios extraordinarios por calamidades» (Villaraga, 2008, p. 64).
20 «Peor aún, contaba con amplias resistencias en el bipartidismo. Como lo anotaba el mismo Belisario, con ellos era
imposible avanzar pero tampoco se podía prescindir de ellos. De esta manera, el Presidente recurrió a un pequeño
núcleo de colaboradores como Bernardo Ramírez, Antonio Duque y Jhon Agudelo Ríos, e incorporó al Gobierno a
reconocidas figuras del bipartidismo, pero marginó a los directorios políticos. Esas fórmulas irritaron a los jefes de los
partidos. Por ello el proceso de paz chocó desde un comienzo con “enemigos de paz” agazapados en todos los rincones
del Estado». (Ramírez, en Medina y Sánchez. p. 277). 33 Aprendizajes para la reconciliación paramilitarismo21; y la presencia de unos recursos financieros sin antecedentes
provenientes del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión» (Comisión Histórica
del Conflicto y sus Víctimas, 2015, p. 51). Por otro lado, de forma paralela a la firma de los acuerdos antes enunciados, las Farc
continuaron con su expansión hacia las regiones cercanas a sus zonas de influencia
histórica. Este crecimiento ocurrió simultáneamente con la migración de muchos
militantes de la lucha armada de izquierda hacia la lucha política legal bajo el manto
de la UP, lo cual generó una «suerte de desconfianzas, que se veían reforzadas por
la ambigüedad de algunos de [los militantes de la UP] frente a la opción armada»
(González, 2014, p. 384). Este aspecto podría indicar una disposición parcial de la
guerrilla hacia la construcción de alternativas a la violencia, o al restablecimiento
de relaciones de interlocución que pudiesen derivar en acciones concretas en favor
de la reconciliación. Enmarcado en este contexto nacional, acaeció el inicio del genocidio político
de este partido, hecho en sí mismo detestable, que marcaría no solo uno de los
períodos más violentos de la historia reciente de nuestro país, sino que, además
(y entre otras graves consecuencias), sería un obstáculo determinante para la
realización de la iniciativa de pacificación emprendida por el Gobierno de la época
y el que lo sucedió. Asimismo, en ese tiempo se inició en el país un proceso de descentralización
política, que derivó en la aprobación de la elección popular de alcaldes en 1986,
acto que se haría efectivo por vez primera en 1988. En este proceso, «sectores
ganaderos y empresariales, y grupos de
los partidos
liberal y conservador
manifestaron su rechazo a la posibilidad de que las alcaldías escaparan a su control.
La campaña contra la UP adquirió la forma de pronunciamientos públicos en los
que se invitaba a que ninguna personalidad o tendencia política hiciera alianzas
con el “proselitismo armado”. La advertencia sobre las consecuencias que podrían
tener los pactos electorales con la nueva colectividad sirvió para abonar el terreno
de los actos de violencia» (Cepeda, s.f.). Más aún, la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia, en 1985, representarían
el fin «real y simbólico de los esfuerzos de paz de Betancur. Este episodio puso de
manifiesto […] el peso que las soluciones de fuerza seguían teniendo para muchos
sectores de la sociedad, incluidos los militares, los terratenientes y líderes políticos
regionales, los paramilitares y también los grupos guerrilleros» (García, 2006, p. 34 21 En un estadio aún primitivo. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Hubo un cambio de énfasis en la política
de paz emprendida por el Gobierno Barco,
en el cual se asumió como central
el concepto de reconciliación 187). Todo este panorama evidenció la inexistencia de un escenario de encuentro
propicio para la reconciliación nacional, en la medida que no existía una genuina
disposición de varios sectores de la sociedad que se habían enfocado en construir
alternativas a la violencia. Las iniciativas de paz fueron fracturadas por la defensa
de intereses concretos a nivel nacional y local, lo que en últimas se tradujo en un
escalamiento del conflicto. En este contexto, en 1986, Virgilio Barco fue elegido presidente. Su Gobierno
«asumió como política de paz el propósito de superar la pobreza y la exclusión social
para acabar con las razones objetivas de la violencia, y promovió una estrategia
sustentada en presupuestos de reconciliación, rehabilitación y normalización»
(Villarraga, 2009, p. 71). Según la perspectiva de Mauricio García-Durán, el manejo de la paz del Gobierno
Barco se desarrolló en dos etapas: en la primera, continuó la implementación del
Plan Nacional de Rehabilitación con los mismos objetivos del Gobierno anterior,
apuntándole a la construcción de una reconciliación política. En la segunda (a partir
de 1988), se hizo la presentación de la iniciativa de paz y la apertura de nuevos
diálogos con la guerrilla del M-19 (Conciliation Resources, s.f). Por otro lado, la tregua firmada con las Farc en el gobierno anterior se rompió, las
guerrillas se fortalecieron y se aliaron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.
Además, el panorama político nacional se hizo más complejo, debido a la expansión
del narcotráfico y la perpetración de varios atentados terroristas dirigidos a evitar
las extradiciones a los Estados Unidos (Villarraga, 2009, p. 71). En este contexto, se gestaron varias iniciativas políticas que transcurrieron mientras
que una serie de episodios trágicos tenían lugar en las zonas rurales y urbanas del
país. Hubo un cambio de énfasis en la política de paz emprendida por el Gobierno
Barco, en el cual se asumió como central el concepto de reconciliación, pues el
foco de atención se dirigió no solo a la iniciativa de desmovilizar a la insurgencia,
sino también a atender las demandas sociales que servían como base del conflicto.
Se entendió que este énfasis era necesario para recuperar la convivencia pacífica
(Villarraga, 2009, p. 71). De forma consecuente con ese cambio de discurso, el
Gobierno creó la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación,
en la cual se consideraba que el logro de la paz incluía no solo al Estado y los grupos
alzados en armas, sino también a toda la sociedad (Ossa, en Villarraga, 2009, p. 30).
La rehabilitación se entendió, en este contexto institucional, como un concepto
atado a la normalización, que consistía en propiciar las condiciones necesarias para
«restablecer la normalidad de la vida civil, es decir, la presencia de las instituciones
propias de un Estado de Derecho, especialmente la justicia, con el fin de garantizar 35 Aprendizajes para la reconciliación El Gobierno aumentó la presión militar mientras
consolidaba un desarrollo institucional proclive a
la reconciliación, lo que impidió la consolidación de
escenarios de coexistencia que los conflictos se resolvieran conforme a las normas que deberían regular el
funcionamiento de una sociedad que efectivamente se acogiera a procedimientos
democráticos» (Ossa, en Villarraga, 2009, p. 30). Sin embargo, el Gobierno optó simultáneamente por aumentar la presión militar
a las guerrillas, lo que impidió la consolidación de escenarios de coexistencia:
mientras, por un
lado, emprendía el desarrollo
institucional
y discursivo
mencionado anteriormente, el cual buscaba emprender procesos de reconciliación
nacional, por otro lado rechazaba a la subversión armada, en la medida que,
según esta perspectiva, la paz no podía ser asimilada con el cese al fuego, ni sería
coexistente a la presencia de grupos armados ilegales. La alusión que Virgilio Barco
hizo a la reconciliación partía de una condición mínima, a saber, que existieran
demostraciones tangibles de las guerrillas en relación con su voluntad política para
la desmovilización (Discurso presidencial, enero 12 de 1989). Lo anterior explica por
qué la política de paz en este contexto consideró que «las reformas y las políticas
gubernamentales no tomaran como referente a las minorías armadas al margen de
la ley sino al mandato ciudadano entregado al presidente y a las aspiraciones del
conjunto de la población» (Villarraga, 2009, p. 76). La posible incoherencia derivada de este abordaje, a la vez belicista y proclive al
diálogo, así como el recrudecimiento de la violencia, la agudización del exterminio
de la UP22 y el rompimiento de las negociaciones con las guerrillas fueron la
demostración de las fallas más graves en el abordaje de la política de paz durante
ese Gobierno de cara a su apuesta por la reconciliación nacional en distintos
sentidos. El objetivo principal de la agenda de paz del Gobierno Barco «no era
negociar una solución al conflicto armado, sino legitimar el Estado y deslegitimar
la guerrilla. Es decir, para Barco podía haber negociaciones, pero ya no entre dos
partes, sino entre un Estado que conscientemente representaba a la ciudadanía
y unos grupos guerrilleros que cada vez eran menos legítimos, pero que podrían
aspirar a participar en la vida política del país. La estrategia se resumió en el lema
de “mano tendida y pulso firme”» (Chernick, 1996). Adicionalmente, la ausencia de garantías para la participación política legal de los
miembros de los grupos insurgentes que ingresaron a la UP y su estigmatización por 22 Pese al supuesto apoyo explícito dado por la administración Barco a la participación política de la Unión Patriótica,
es posible establecer que la ausencia de garantías de seguridad brindada a sus miembros durante la época, la
polarización política y el presupuesto de que para la UP, que «constituía una dificultad la persistencia de la guerrilla
que le dio origen, al no prosperar el proceso de paz que posibilitara la reintegración de sus miembros a la vida civil»
(Villarraga, 2009, p. 85), fueron algunos de los aspectos que ocasionaron la barbarie del genocidio. En este sentido, se
profundizó en algunos sectores de la sociedad el señalamiento de que, supuestamente, la UP era un partido político
legal, con brazo armado ilegal. 36 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras parte de algunos sectores de la sociedad daría como resultado el recrudecimiento
de la polarización política del país. La falta de protección para los excombatientes
insertados en la lucha política legal contrastó con el alto grado de apoyo social
con el que contó el partido político en cuestión durante las elecciones de 1988.
Su visibilización fue, asimismo, una oportunidad en términos de participación
política y una amenaza en términos de seguridad, pues se puso de manifiesto
la inexistencia de un ambiente integralmente propicio para reintegración civil y
política de excombatientes. No obstante, la política de paz promovida por el Gobierno y la agenda política
nacional de la época dieron un nuevo impulso a la política local, fortalecida,
entre otras cosas, por los avances que se dieron en términos de descentralización
del poder del Estado y por el aumento de la protesta social, lo cual derivó en la
consolidación de fuerzas políticas alternativas en algunas regiones. Todo esto
surgió por una creciente necesidad de paz y se tradujo en la eclosión de diálogos
regionales23 y la confluencia de distintos actores en distintos debates de la arena
política dirigidos a «articular consensos y promover un mejor nivel de diálogo con
los grupos guerrilleros presentes en las respectivas regiones» (García-Durán, 2011,
p. 106). Adicionalmente, según Turriago y Bustamante (2003, pp. 15-19), la política de
paz del Gobierno Barco se concretaría en la formulación y puesta en marcha
de la iniciativa para la paz en septiembre de 1988, y aunque el país y los grupos
insurgentes tomaron diversas posiciones al respecto, esta postura institucional fue
la base para el inicio y la culminación exitosa de los diálogos con el M-19, el EPL,
el Movimiento Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). De este modo, la iniciativa para la paz pretendía propiciar «la reincorporación a
la plenitud de la normalidad ciudadana de quienes han escogido el camino de
la subversión armada […] [logrando] la disolución de los grupos armados, su
desarme y reincorporación a la sociedad, dentro de un contexto de garantías
efectivas y específicas». Además, esta iniciativa definió los términos que regirían
el proceso, así como unos principios generales ya esbozados: los alzados en armas
debían demostrar su voluntad de paz, las violaciones a los derechos humanos y el 23 «La Iniciativa preveía la realización de diálogos regionales para la convivencia, con el fin escuchar a la sociedad civil
frente: a) la solución a factores locales de perturbación; b) la solución a casos específicos de violencia regional; c) la
realización de los diálogos, y d) lucha contra todas las formas de violencia. Asimismo, señalaba un plazo perentorio para
su aplicación y, por tanto, para que la insurgencia se acogiera a ella. El término fue fijado para la jornada electoral de
marzo de 1990. No obstante, la iniciativa se aplicó en una segunda oportunidad con los grupos que a ella se acogieron,
durante la administración de César Gaviria, en el horizonte de participación en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991» (Turriago y Bustamante, 2003, pp. 14-15). 37 Aprendizajes para la reconciliación terrorismo tenían que suspenderse, se establecería un diálogo directo para acordar
procedimientos de
reincorporación, se adelantarían audiencias para
recoger
opiniones sobre reajuste institucional, se concedería el indulto a quienes cesaran
definitivamente en las acciones subversivas, se adelantarían diálogos regionales
de la sociedad civil por la paz, se levantaría el estado de sitio y no se suspendería la
lucha contra el terrorismo y contra quienes persistieran en la subversión (Turriago
y Bustamante, 2003, pp. 13-14). Primero, se anunció la puesta en marcha del plan hacia la dejación de armas e
incorporación del M-19 a la vida civil y el plan de seguridad y protección. Mientras el
Congreso aprobaba el proyecto de ley de indulto24 , el Gobierno tramitó el proyecto
de reforma constitucional. Después, la Registraduría Nacional inscribió las listas de
los desmovilizados del M-19 para las elecciones de 1990. El 9 de marzo se realizaría
el acto simbólico de «dejación voluntaria de armas», en el caserío Santo Domingo,
Cauca. Por medio de este hecho, los integrantes del M-19 se reinsertaron a la vida
civil y su proyecto inauguró su participación activa en la política colombiana a
través del Movimiento Alianza Democrática M-19. El candidato presidencial del
movimiento para las elecciones 1990, Carlos Pizarro, sería asesinado unas semanas
después de haber firmado la paz, en plena campaña electoral (Centro de Memoria,
Paz y Reconciliación, Hechos de paz, s.f.). Fortalecimiento democrático y recrudecimiento
de la guerra, procesos simultáneos en la década de los 90 Los comicios presidenciales de 1990 finalmente fueron ganados por César Gaviria.
Fue durante su Gobierno que se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente,
que coincidió con el desarrollo de una grave crisis política y social derivada de una
creciente ola de violencia. «El momento reflejó la culminación de dos procesos
contradictorios que había experimentado el país desde comienzos de los años 80:
uno era un proceso de reformas y democratización, el otro, la gran profundización
de la violencia en el país. Los resultados fueron un país realmente más democrático,
aunque sustancialmente más violento» (Chernick, 1996). Ese mismo año, se firmó el acuerdo entre el Gobierno y el EPL, que contemplaba la
participación de dos voceros de este grupo en la Asamblea Nacional Constituyente
y la garantía de las condiciones necesarias para la promoción de su proyecto
político. El movimiento Esperanza, Paz y Libertad sería fundado por una parte de 38 24 Ley 77 de 1989. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El EPL plasmó en su acuerdo
de paz el concepto
de «reencuentro» en lugar de hablar de
reinserción sus excombatientes y la otra parte participaría en la conformación de la Alianza
Democrática M-19 (Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Hechos de paz, s.f.)25.
En consecuencia con la naturaleza de los acuerdos y para mantener una postura
favorable a la negociación, el EPL plasmó en su acuerdo de paz el concepto de
«reencuentro» en lugar de hablar de reinserción, «en el entendido de que se trataba
de un proceso de reencuentro social y político, y de una mutua aproximación al
nuevo marco constitucional y legal que constituía la base del propio proceso de
paz» (Villarraga, 2013). El plan de reencuentro planteaba, entonces, que la inserción
del EPL a la vida política, económica y social del país era un acto de reconciliación
dentro de un proyecto político diseñado para validar la construcción de un diálogo
democrático. La inserción del EPL a la vida política, económica y social del país es un
acto de reconciliación dentro de un proyecto político diseñado para validar
la convivencia democrática hacia una sociedad más
justa y equitativa.
El Gobierno y el EPL concuerdan en que este proceso debe generar una
corriente de convivencia y la ampliación de la democracia. Para asegurar
que tanto la difusión del proceso de paz con el EPL como los proyectos de
reinserción cívica y productiva de su fuerza, tengan el necesario respaldo
de la ciudadanía, de las organizaciones civiles, empresariales, y para que las
tareas que habrán de emprenderse con estos objetivos cuenten con el apoyo
de los gobiernos seccionales (Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y el
Ejército Popular de Liberación, 15 de febrero de 1991). No obstante, los excombatientes fueron víctimas de asesinatos, persecuciones,
amenazas y desplazamientos, y, adicionalmente,
la condición de reintegrarse
en los territorios en medio del recrudecimiento de la guerra promovió casos de
reincidencia o de rearme, aunque con los matices regionales propios del desarrollo
del conflicto a nivel
local, de
los tiempos y
las características de
los actores
involucrados (Fundación Cultura Democrática, 2006). En el Urabá, región de influencia histórica del EPL y zona de vital importancia para
la expansión del proyecto paramilitar, los excombatientes y su proyecto político
y social fueron víctimas de varios hostigamientos realizados por las Farc, por un
grupo disidente del mismo EPL y por la contrainsurgencia (Centro de Memoria, Paz 25 «Dejaron definitivamente las armas el primero de marzo y ahora están en la fase de reencuentro, de reinserción. Es
un reto para estas dos mil mujeres y hombres miembros del EPL y para la sociedad colombiana que los acoge de nuevo
como ciudadanos. Bienvenidos. Para ellos esa transición es vivida con nostalgia pero también con incertidumbre
frente al futuro. Sin embargo han votado firmemente en favor de paz y de la reconstrucción de Colombia. Y han creado
un partido político que mantiene sus siglas pero cambia su contenido: Esperanza, Paz, Libertad» (El Tiempo, s.f.). 39 Aprendizajes para la reconciliación La última fase del programa de reinserción
se enfocó en la proyección de la socialización hacia las
comunidades de las regiones por medio de programas
que beneficiaran a la población no desmovilizada y Reconciliación, s.f.). De los 2200 desmovilizados, 500 murieron; algunos de ellos se
aliaron con los paramilitares de Carlos Castaño contra las Farc y Caraballo, otros se
rearmaron, para defenderse, en los Comandos Populares26 (Semana, 2011, febrero).
Varios casos de reintegración fueron minados de esta forma por la ausencia de
garantías y condiciones de seguridad en las zonas rurales. Por otro lado, a propósito de la reintegración, el Gobierno creó el Programa de
Reinserción Económica y Social y, en 1990, el Consejo Nacional de Normalización,
vinculado al Departamento Administrativo de
la Presidencia de
la República
(DAPRE), encargado de supervisar y coordinar los programas y asignar los recursos
provenientes del Fondo para la Paz a los Consejos Regionales de Normalización. En
1991, se creó la Oficina Nacional de Reinserción, que meses después sería trasladada
a la denominada Dirección del Programa Presidencial para la Reinserción, adscrita
al DAPRE, para finalmente reintegrarse al PNR (Turriago y Bustamante 2004, pp.
25-27). Los excombatientes indultados recibieron un auxilio de mantenimiento, atención
en salud, acceso a créditos productivos y asistencia técnica; sin embargo, dichos
beneficios no fueron sostenibles y hubo una ausencia de acompañamiento del
Estado en el desarrollo de los proyectos productivos. Así, surgieron proyectos
empresariales colectivos e individuales, tanto rurales como urbanos, que se vieron
afectados a pesar de haber sido apoyados por el programa de reinserción, por la
ausencia de una estrategia acertada, lo cual es muestra del «predominio de un
enfoque hacia la individualización; las falencias en la asesoría, y el seguimiento y
notorias dificultades en el contexto macroeconómico» (Franco, 2000, pp. 128-130,
citado en Villarraga, 2013). La última fase del programa de reinserción se enfocó en la proyección de la
socialización hacia las comunidades de las regiones por medio de programas
que beneficiaran a la población no desmovilizada (Franco, 2000, p. 132), lo que
permitió la realización de proyectos relacionados con la promoción de políticas de
paz y convivencia, derechos humanos, desarrollo local y participación ciudadana.
Al respecto, existe cierto consenso en torno a señalar el éxito de los programas
de capacitación y educación, con énfasis en resolución pacífica de conflictos27
(Villarraga, 2013). Las cooperativas, empresas, asociaciones y ONG creadas o
promovidas con el concurso de
los desmovilizados constituyeron un valioso 40 26 Surgió un grupo rearmado de desmovilizados y no desmovilizados —los Comandos Populares—, que, tras acciones
militares, paramilitares y guerrillas (Villarraga y Plazas, 1994).
defensivas, incurrió en violaciones contra la población civil similares a las causadas en la región en esos años por
27 «El programa de validación de bachillerato, con énfasis en resolución pacífica de conflictos, se extendió a una
franja importante de la población de escasos recursos. Algunos grupos desmovilizados lograron acceso a programas
comunitarios y colectivos de vivienda» (Villarraga, 2013). Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras aporte social y político en las regiones (Franco 2000, citado en Villarraga, 2013).
Esta coyuntura promovió la eclosión de múltiples expresiones de concertación
social y política a nivel local y regional, y propició, para muchos excombatientes, el
nicho idóneo para continuar con su lucha política en la legalidad. Este hecho en particular, sumado a los avances logrados gracias a los procesos de
paz firmados con los otros grupos guerrilleros en la época, podría ser un indicador
de que este es el momento de la historia política reciente de Colombia en el que
han existido mejores condiciones para rastrear actos de reconciliación. Lo anterior,
si se tiene en cuenta que varios sectores de la sociedad colombiana transformaron
sus percepciones y nociones frente a los excombatientes, a pesar de la persistencia
y el recrudecimiento del conflicto armado. Adicionalmente, la materialización del
énfasis dado por los grupos desmovilizados en el desarrollo de los acuerdos a los
procesos de participación política, tanto en el marco de las elecciones de cuerpos
colegiados y de alcaldías como para la Asamblea Nacional Constituyente, puso de
manifiesto un esfuerzo positivo emprendido por parte de la institucionalidad, en la
medida que implicó «poner en marcha los compromisos suscritos en los acuerdos
de paz en torno a la favorabilidad política: aplicación del indulto; montaje de
los esquemas de seguridad; legalización de las nuevas organizaciones políticas;
promoción de los procesos a través de los medios de comunicación y ejecución de
los programas de rehabilitación» (Turriago y Bustamante, 2003, p. 29). De esta manera, los actos de reconciliación que pueden rastrearse a lo largo de la
época ilustran que: La reconciliación en contextos de conflicto que aún está por resolverse, y
de violencia que aún no cesa, […] imprime una particularidad; es a la vez:
i) un horizonte o punto de llegada sea cual sea la imagen que se tenga del
resultado, y, ii) una parte importante en el proceso de superación de las
causas que han generado los conflictos y la violencia. Esto quiere decir que
en estos contextos, la reconciliación es parte de un proceso de acercamiento
de quienes están o han estado enfrentados, que
involucra el diálogo
comunitario, social, político, y procesos de concertación y negociación de en
torno a los intereses y necesidades de la población. Deja entonces de ser un
momento en la etapa post-conflicto, que aún está por abrirse camino, para
ser un elemento más en la superación del mismo. (Fernández, 2013) A pesar de todo el avance que los acuerdos pudieron significar en términos de
la construcción de la paz y la reconciliación, la política de Gaviria presentaría la
misma incoherencia evidenciada en la política de Barco: después del ataque a Casa 41 Aprendizajes para la reconciliación Verde, el 9 de diciembre de 1990, el mismo día que se producían las elecciones de
los integrantes de la Constituyente, el presidente declaró y emprendió la «guerra
integral» contra la guerrilla; esta estrategia fue interrumpida transitoriamente por
los diálogos de Tlaxcala, en México, con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar,
en 1992. Para entonces, el conflicto social y armado había adquirido nuevas
dimensiones que superaban sus causas históricas iniciales (Comisión Histórica del
Conflicto y sus Víctimas, 2015)28. En términos de Álvaro Villarraga: hay que reconocer que hubo voluntarismo y cortoplacismo al pretender
conseguir la paz a partir de unos acuerdos políticos que […] no se asociaron
con una estrategia de Estado que comprometiera acciones estructurales
y de largo plazo, ni con una dinámica de amplio consenso nacional que
consiguiera algo más que una respuesta coyuntural de apoyo. (2009, 90) A pesar del cortoplacismo de las políticas de paz observadas desde los años
80,
la fluctuante
infraestructura
institucional que acompañó
los procesos de
reintegración de excombatientes se mantendría sin mayores reformas durante
varios años. Esto puede deberse a que no hubo procesos de paz que culminaran
en desmovilizaciones colectivas, ni existió algún proceso político con niveles
de acción colectiva e incidencia social que se tradujera en un mayor número de
desmovilizaciones. Diálogos, rupturas y énfasis
de la reinserción individual de excombatientes El recrudecimiento de la guerra entre el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín, la
reacomodación de la guerrilla en varias de las zonas de influencia que habían
sido controladas por
los grupos desmovilizados,
la consolidación de grupos
paramilitares a partir de la recomposición de sus filas, nutridas en muchos casos
por excombatientes de grupos insurgentes, y la crisis de gobernabilidad del Estado,
que venía gestándose simultáneamente con los procesos de descentralización,
fueron algunas de las complejas dinámicas que vivió el país durante el segundo
lustro de los años 90. El Gobierno Samper intentó construir un modelo de negociación con la guerrilla y
reformar parcialmente el proceso de desmovilizaciones individuales29, pero toda 42 28 Otra arista de la incoherencia develada es la inauguración y consolidación del modelo neoliberal en la economía
nacional, cuyas consecuencias, en términos de la profundización de la crisis en el agro y las áreas rurales en general,
determinarían el fracaso de muchos de los proyectos productivos emprendidos por los desmovilizados, tal y como se
hará evidente en la sistematización de las experiencias rurales analizadas en esta investigación.
29 Decreto Presidencial 1385 de 1994, «Por el cual se expiden normas sobre concesión de beneficios a quienes
abandonen voluntariamente las organizaciones subversivas». Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Fue entre 1996 y 2005 que la
guerra en Colombia alcanzó su
máxima expresión, extensión y
niveles de victimización su iniciativa de paz quedaría relegada por el peso del proceso 8000. Merecen ser
rescatados de este contexto las aproximaciones y acuerdos realizados con el ELN
en Maguncia, Alemania. Más adelante, durante la presidencia de Andrés Pastrana, el Gobierno nacional
propició un nuevo acercamiento a la guerrilla de las Farc. Según Álvaro Villarraga,
«su programa fue una síntesis de los consensos y propuestas nacionales existentes,
en el que planteó priorizar la búsqueda de la paz en la agenda pública, pero de
forma que se visibilizara de inmediato el proceso a través de hechos decisivos»
(Verdad Abierta, 2012). La búsqueda de estos hechos de paz definitivos implicó la
inexistencia de una «elaboración política y programática» coherente, que le diera
dirección a la política de paz, entre otras cosas, «porque inicialmente no estaba
presupuestada como aspecto central de su Gobierno y luego porque se asumió
como hecho político para posicionar la campaña electoral» (Verdad Abierta, 2012).
Después de varios sucesos que bombardearon la base de confianza en el proceso,
los diálogos tendrían una ruptura definitiva en el año 2002. Fue entre 1996 y 2005 que la guerra en Colombia alcanzó su máxima expresión,
extensión y niveles de victimización. «[E]l conflicto armado se transformó en una
disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local. Se trata de
un período en el que la relación entre actores armados con la población civil se
transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la agresión,
la muerte y el destierro» (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 156). La
violencia adquirió así un carácter masivo, cuya expresión característica pasó por la
generalización de las masacres, el recrudecimiento del desplazamiento forzado y el
despojo, en otras palabras, «los repertorios de violencia registraron su mayor grado
de expansión en la historia del conflicto armado colombiano» (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2013, p. 156). El cambio de las formas como se relacionaban los
actores armados con la población civil en los territorios rurales sería determinante,
no solo de cara a
las
impresionantes consecuencias que tuvo en materia de
violación a los derechos humanos, sino también en proyección a los procesos de
desmovilización que se emprenderían de ahí en adelante en el país. En consecuencia, durante esta época las movilizaciones sociales expresaron una
creciente deslegitimación de la insurgencia armada (García-Durán, 2011, p. 111),
al tiempo que se reportó una legitimación del proyecto paramilitar por parte de
élites locales en algunas zonas del país (aspecto que propiciaría, entre otras cosas,
la unificación de los grupos paramilitares de todo el país en el proyecto de las AUC 43 Aprendizajes para la reconciliación La reinserción se enmarcó en la lógica de lucha
contra el terrorismo existente en la base de
la Seguridad Democrática, dándole un giro
discursivo a la guerra y a la reintegración durante 1997), y crecía la intimidación a las comunidades de las zonas rurales por
cada uno de los bandos, debido a procesos de estigmatización y complejidades
propias de una disputa violenta de esas magnitudes. Esto determinaría un
escenario de profundas polarizaciones en torno a los combatientes de los grupos
armados en el seno de la población civil, que profundizaron los resentimientos y
odios arraigados en la sociedad colombiana. En este contexto, 2505 personas se acogieron a los programas de desmovilización
en
forma
individual
(Villarraga, 2013).
Los gobiernos de Gaviria, Samper,
Pastrana (1998-2002), y el primer mandato de Uribe (2002-2010) mantuvieron
este mecanismo legal de acceso a beneficios de la reintegración de guerrilleros
desertores. El Gobierno Pastrana rebautizaría la oficina con el nombre de Dirección
General para la Reinserción (Decreto 2546 de 1999), que tenía como funciones
principales coordinar y dirigir el programa de reinserción para la desmovilización
de los grupos guerrilleros y coordinar asuntos referentes a acuerdos de paz. Esta
institución se mantendría vigente hasta el año 2003. Así como sucedió con el conflicto armado, resulta importante mencionar que
los procesos de reinserción se enmarcaron, desde el 2001, en la lógica de lucha
contra el terrorismo que nutrió a la política de seguridad democrática de Álvaro
Uribe y que le daría un nuevo giro discursivo a la guerra en Colombia. Su postura
se mostraba cada vez menos dispuesta a tolerar las acciones de los «grupos
terroristas», que solían ser justificadas en causas políticas. Este giro hizo aún más
profunda la polarización que había traído consigo el escalamiento del conflicto
desde la expansión de las AUC (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p.
172). Además, con este hecho suprimió discursivamente el estatus político de
los grupos alzados en armas, y en ese sentido, su política de reintegración de
excombatientes se enfocó casi que exclusivamente en establecer condiciones
económicas personales, que le permitieran al desmovilizado sobrevivir en la vida
civil de forma individual. El Gobierno Uribe
introdujo una reforma a
la
ley sobre orden público que
posibilitó que los procesos de diálogo y negociación para la paz incluyeran a los
grupos paramilitares, apelando a la denominación de «grupos armados ilegales»,
y equiparando
legalmente el
tratamiento a
las organizaciones guerrilleras
y paramilitares. El discurso oficial cuestionó
la política y
los procesos de paz
desarrollados con anterioridad, pues negó
la existencia del conflicto armado
interno, calificó indistintamente a guerrilleros y paramilitares como terroristas, y
cerró la posibilidad de emprender una política de negociación con la insurgencia, 44 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras tal y como ya fue mencionado. De tal forma, la «política de paz» estimuló las
deserciones individuales, fortaleció la ofensiva militar y, con ella, la exigencia a
todos los grupos armados ilegales de cesar las hostilidades de manera unilateral
como condición mínima para establecer negociaciones, a cambio de acceder al
programa de reincorporación y el beneficio de indulto (Granada, Restrepo y Vargas
2009, citados en Villarraga, 2013). Se aprobaría entonces la Ley 782 de 2002 para conceder beneficios jurídicos a
los desmovilizados para los delitos de concierto para delinquir simple, utilización
ilegal de uniformes e insignias, instigación para delinquir, así como fabricación,
tráfico y porte de armas y municiones. Quienes habían sido responsabilizados
de delitos no contemplados en la mencionada ley y que fueron cometidos en el
marco de la pertenencia a un grupo armado ilegal, antes del 25 de julio de 2005,
fueron postulados posteriormente a los beneficios de la Ley 975 de 2005, en la
cual se contemplarían por primera vez, de manera explícita, mecanismos propios
de la justicia transicional en el país. Sobre este punto, se volverá más adelante
(Observatorio DDR, Universidad Nacional, 2012). La aplicación de esta política de reintegración estuvo reforzada
inicialmente
por el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del
Interior, creado en 2003, que surgiría de una renovación institucional que heredó
las nociones fundamentales de los programas de reinserción y reincorporación
que le precedieron. Sin embargo, los altos grados de improvisación, la carente
articulación
interinstitucional y
la escasa vinculación de
los entes territoriales
durante su vigencia fueron algunos de los obstáculos que debió afrontar la política
de reintegración de la época (ACR, s.f.). Adicionalmente, el programa implicó el
desarrollo de distintas formas de dependencia en
los beneficiarios, derivadas
de una concepción pasiva y receptora del desmovilizado, lo que obstaculizó su
empoderamiento y reintegración en el contexto social de reubicación. Mientras que esto sucedía con el programa a cargo de las desmovilizaciones
individuales, desde el año 2003 se llevaron a cabo las negociaciones en Santa Fe
de Ralito con los altos mandos de las AUC. Las negociaciones culminarían en el
año 2005, y con ellas se iniciaría un nuevo proceso de desmovilizaciones colectivas.
Así, entre 2003 y 2006 se desarrolló el proceso de desmovilización de más de
32.000 paramilitares (García-Durán, 2011, p. 112). Dichas negociaciones, acuerdos
y desmovilizaciones tuvieron
la ya mencionada Ley 782 de 2002 como base
normativa. Desde ese entonces, se proyectó acudir a los estándares de la justicia
transicional para facilitar el tránsito de una situación de conflicto armado hacia la
consecución de la paz (Observatorio DDR Universidad Nacional, 2012). 45 Aprendizajes para la reconciliación Ante esta coyuntura, se diseñó y aprobó la denominada ley de justicia y paz30
como parte del proceso de desmovilización. Esta ley ofrecía una reducción de
penas a cambio de la confesión completa y de «la contribución del beneficiario a
la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las
víctimas y su adecuada resocialización» (ICTJ, s.f.). La principal premisa de la ley de
justicia y paz fue conseguir un equilibrio entre una desmovilización efectiva de los
grupos armados y la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas (ICTJ, s.f.). Con las desmovilizaciones colectivas derivadas de las mesas de negociación en
Santa Fe de Ralito, y en medio de la construcción de instituciones cimentadas en la
ley de justicia y paz, el PRVC enfrentó problemas de cobertura y acceso, articulación
institucional, acompañamiento a excombatientes y oferta de servicios básicos,
en lo que se consideraba la etapa más crítica del proceso de desmovilización;
lo anterior, teniendo en cuenta que el número de desmovilizados acogidos al
programa fue creciendo de forma sustancial, copando la capacidad de respuesta
y cobertura de la institucionalidad que asumía el proceso. Esta coyuntura se hizo
más compleja por la existencia de un limbo jurídico, derivado de la existencia de
miles de desmovilizados que no fueron cobijados por los beneficios de la Ley 975,
y que se solucionaría con la expedición de la Ley 1424 en el año 2011. Sobre este
punto se hará énfasis más adelante. Este tipo de inconvenientes derivó en una progresiva transformación del proceso
de reintegración sobre el camino. De este modo, el PRVC, asumido como un
programa de reinserción enfocado en el corto plazo, fue reemplazado y asumido
por la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, creada en septiembre de
2006. La transición enunciada afectaría la ejecución del programa, en la medida que
provocó algunos problemas administrativos derivados del «poco fortalecimiento
de las oficinas locales responsables del tema y la falta de articulación de la oferta
nacional con las administraciones municipales y el sector privado» (MAPP-OEA,
2006, p. 3). La nueva institucionalidad, la justicia transicional
y los nuevos retos a la reintegración y la reconciliación La Alta Consejería para
la Reintegración sería
también
reformada en 2011,
durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ya que, a pesar de
presentar mejoras en contraste con la gestión emprendida por el PRVC, no logró
ser autónoma en relación con su dependencia del Ministerio del Interior. Uno de 30 Ley 975 de 2005. 46 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El programa implicó el desarrollo de distintas formas
de dependencia en los beneficiarios, derivadas de una
concepción pasiva y receptora del desmovilizado, lo que
obstaculizó su empoderamiento y reintegración en el
contexto social de reubicación los cambios más significativos que introdujo la ACR fue el paso de la reinserción
a la reintegración. Según su perspectiva institucional, «la reintegración es una
oferta de seis años y medio que el Estado colombiano le[s] ofrece a las personas
desmovilizadas de los grupos armados ilegales que quieren reintegrarse a la vida
social y económica. La reintegración busca desarrollar habilidades y competencias
ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo,
se propone propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación, y
fomentar la corresponsabilidad de los actores externos» (ACR, s.f. b). Esta reforma institucional y el proceso de reintegración que se consolidó tuvieron
origen a partir de la sanción de la Ley 1424 de 2011, en la cual se contemplan
algunas «disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y
reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la
ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones» (Ley 1424 de
2011). Esta ley beneficiaría a cerca de 25.000 desmovilizados de grupos armados
ilegales, cuya situación jurídica no había sido definida, y que pagarían sus penas sin
ir a la cárcel, siempre y cuando no hubieran cometido delitos de lesa humanidad y
no estuviesen postulados a la ley de justicia y paz. La
ley contempla, además, que es condición necesaria para el desmovilizado
beneficiario de sus preceptos ser participante activo o culminar formalmente el
proceso de reintegración de la ACR, no haber incurrido en delitos con posterioridad
a su desmovilización, participar de las actividades de servicio social y reparación
que establezca
la Alta Consejería para
la Reintegración y firmar el acuerdo
de contribución a
la verdad histórica, en donde se compromete a facilitar el
esclarecimiento de
la conformación de
los grupos organizados al margen de
la ley, el contexto general de su participación y a garantizar la no repetición de
hechos violentos, así como la reparación, ante el Alto Consejero Presidencial Para la
Reintegración (El Tiempo, 2011, junio). En términos de
la reintegración económica,
los programas brindados por
la
agencia demuestran que no ha habido, desde la década del 80, cambios relevantes
en materia de subsidios y programas de esta naturaleza para el desmovilizado. La
reintegración económica continúa buscando que se promueva la participación
de los excombatientes en el mercado laboral, bien sea como empleados o como
emprendedores de su propio plan de negocio, y en ese sentido, tienen acceso a
créditos, capacitaciones, capital semilla, etcétera. 47 Aprendizajes para la reconciliación Sin embargo, y a diferencia de
los programas de reintegración colectiva que
tuvieron lugar durante los años 9031, la reintegración política es la dimensión
olvidada de
la política actual de reintegración, en
la medida que no provee
mecanismos suficientes para que los excombatientes «enfrenten la necesidad de
abrazar valores democráticos como el pluralismo y la tolerancia, adaptarse a la
discusión política entre iguales como criterio de participación política de calidad
en la esfera pública, y tomar responsabilidad de los derechos y deberes ciudadanos
como la participación electoral» (IEGAP, 2013). En contraste, el componente de la
reintegración comunitaria pareciera ser novedoso. Tiene como objetivo, según la
fuente oficial, «construir vínculos entre la comunidad de manera contextualizada,
entre excombatientes participantes de la ruta de reintegración y sus comunidades
receptoras, así como entre estas comunidades y las instituciones locales». De este
modo, la ACR intenta, por lo menos en el discurso, fortalecer los espacios para
el encuentro de los actores sociales en torno a la deliberación de los asuntos
públicos que permitan la reconstrucción de la confianza entre los miembros de las
comunidades y el Estado (ACR, s.f.). Sin embargo, más allá de una mención nominal, no es suficientemente explícito
en qué sentido se relaciona con las estrategias de reintegración comunitaria en
los términos de procurar la reconciliación. Componentes como el servicio social
no están necesariamente orientados a propiciar espacios de encuentro entre
la comunidad receptora y los participantes del programa, en la medida que sus
objetivos (implementar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de
quienes acogen a las personas que se están reintegrando32) no se traducen de
forma obligatoria en la consolidación de interacciones y en la construcción de
relaciones entre los participantes del programa y los miembros de la comunidad
receptora. Por último, resulta imprescindible hacer mención a la Ley 1448 de 2011,
ley de víctimas y restitución de tierras, que beneficia a todos quienes a partir del
primero de enero de 1985 hayan sufrido daños con ocasión del conflicto armado,
incluidos miembros de la Fuerza Pública y extranjeros, y a cualquiera que a partir
del 10 de enero de 1991 hubiese perdido los terrenos que poseía o explotaba como
consecuencia de hechos violentos del conflicto (Semana, s.f.). Desde la perspectiva
del Gobierno: 31 Como fue esbozado líneas arriba, en el énfasis dado a la reintegración política de excombatientes de las guerrillas se
gestaron distintos espacios de encuentro que propiciaron avances claros y concretos en términos de la reconciliación.
A pesar de que los fenómenos políticos que influyeron en ambos procesos de desmovilización son radicalmente
distintos, al igual que la identidad política de los grupos armados que se desmovilizaron, vale la pena hacer visibles las
posibles implicaciones que podría traer consigo la no priorización de la reintegración política de los excombatientes
en la estructura institucional vigente, de cara a la consolidación de escenarios propicios a la reconciliación.
32 Información disponible en la infografía Acciones benéficas de personas en reintegración con comunidades que los
acogen SERVICIO SOCIAL (ACR, s.f). 48 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras [Esta
ley] constituye un hito en
la defensa y garantía de
los derechos
humanos en Colombia, que se ciñe a los estándares internacionales y que
además expresa la voluntad de una sociedad que se congregó para debatir
y concertar una ley incluyente, viable y responsable, que es hoy la esperanza
para el logro de la reconciliación nacional y la prosperidad para todos. Una
reconciliación que permita el restablecimiento de la confianza, que busca la
reconstrucción de vínculos y el pensar en un futuro compartido. (Ley 1448
de 2011) Para ello, se ha erigido un engranaje institucional enfocado en responder a las
necesidades específicas de
la población víctima de
la violencia, orientado a
garantizar los derechos a la verdad, la justicia, y la reparación. El análisis del contexto nacional permite afirmar entonces que la reconciliación
plantearía la necesidad de establecer un equilibro entre la política de reparación
de las víctimas y la política de reintegración de los desmovilizados, para propiciar
de este modo un ambiente idóneo con el fin de emprender estos procesos de
reconocimiento, que son esencialmente subjetivos, y, de esta manera, trascender
del silenciamiento de las armas para construir un tejido social fuerte. Sin embargo,
la fluctuación institucional y el diseño de las políticas públicas no han garantizado,
hasta ahora, ni el fin del conflicto armado, ni la construcción de escenarios propicios
para una reconciliación nacional. Pablo de Greiff (2008) sostenía que la reconciliación es una idea compleja pero
reducible a unos mínimos básicos, y en esta perspectiva parece enfocarse el Estado
y su oferta institucional. Vista así, «no contempla la reconciliación definida en los
extremos desde lo personal hasta lo político, sino que se concentra únicamente
en las medidas que constituyen una política de justicia transicional, dentro de
ellas: la justicia penal, el esclarecimiento de la verdad, las reparaciones y la reforma
institucional». Entonces, una sociedad reconciliada será la que se desprenda del
éxito en la aplicación de estas medidas. Se trata de una visión que se concentra en
condiciones objetivas e ignora la dimensión subjetiva de la reconciliación, la cual
involucra un cambio de actitudes. Esta reconciliación descartaría la posibilidad de
iniciativas de reconciliación independientes de las medidas de justicia. Al contemplar esta noción de reconciliación, y para terminar este aparatado, es
preciso insistir en que, gracias a la inclusión dentro del contexto político y jurídico
nacional del concepto de justicia transicional, cuyo objetivo medular consiste en 49 proporcionar a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fomentando la
confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho (ICTJ, s.f.), los alcances de
la reconciliación llamaron la atención de la política pública, más allá de su apelación
discursiva. A partir de la visibilización de las víctimas en el debate jurídico del país,
y a partir del diseño y la implementación de políticas de reparación, la noción de
reconciliación ha representado un concepto mucho menos abstracto y subjetivo.
Se teje un consenso, por lo menos nominal, en torno a sus implicaciones prácticas
y a los alcances de su construcción conceptual. Tal y como se verá a continuación, en el desarrollo de los procesos nacionales
descritos en este contexto general, se enmarcaron las experiencias objeto de
esta investigación. Esto permite no solo posicionar, en el contexto nacional, las
particularidades de las experiencias en cuestión, sino que también así se defiende la
tesis de que, para los territorios, los retos inherentes a los procesos de reintegración
de excombatientes no son una novedad. A pesar de que el contexto y las experiencias analizadas en esta investigación dan
cuenta de los precedentes de la reintegración y de la capacidad que al respecto
existe en estos territorios, conviene decir que el contexto nacional actual plantea
nuevos retos y potencialidades en materia de la construcción de una nueva noción
de reconciliación. Las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla
de las Farc en la ciudad de La Habana, y los diálogos exploratorios con el ELN,
plantean la necesidad de discutir las implicaciones de los procesos de DDR de cara
a la construcción de sociedad, ya no como un conjunto de medidas que hacen
parte de un estrategia contrainsurgente de pacificación, como sucedió en algunos
gobiernos anteriores, sino como un proceso que tenga una incidencia clara en lo
referido a la construcción de la paz nacional con un sentido de integralidad. Para
salvar este obstáculo, se debería tomar como punto de partida las experiencias
previas, con el fin de contemplar las lecciones aprendidas de la historia y evitar así
que se cometan los mismos errores del pasado. Las experiencias que se describirán en el capítulo 3 dan cuenta de avances que
permiten afirmar que la reconciliación dejó de ser una apuesta exclusivamente
discursiva, nominal y abstracta, para ser un proceso que existe en realidad y que
se cimienta en la creación de escenarios propicios para el restablecimiento de
relaciones interrumpidas o determinadas por la violencia, incluso en medio de las
hostilidades armadas. 50 Capítulo 3. Experiencias locales
de procesos de reconciliación
entre excombatientes y comunidades
receptoras Las experiencias que se encuentran a continuación son acciones colectivas
derivadas de procesos de reintegración de excombatientes, que han constituido
de maneras distintas, y desde diversas perspectivas, avances en términos de
reconciliación. El objetivo de este apartado es mostrar cuáles de los componentes
de las experiencias en mención permitieron generar dichos avances. En ese orden
de ideas, el capítulo expondrá una descripción del contexto en el cual tienen
lugar las experiencias, así como también una reseña de las mismas, junto con el
análisis de los mecanismos que han facilitado su funcionamiento y sostenibilidad,
para terminar con una selección de aprendizajes respecto a
los procesos de
reconciliación. Las cuatro experiencias, localizadas en los departamentos de Cesar, Valle del Cauca,
Risaralda y Bolívar (ver Mapa 1), la manera como se han construido relaciones entre
algunos sectores de la comunidad receptora y los excombatientes que se acogieron
a procesos de desmovilización, para así contemplar cómo, en cada uno de los
casos, la influencia del contexto, la confluencia de actores y la activación de ciertos
mecanismos se tradujo directa o indirectamente en acciones de reconciliación. Finalmente, es importante resaltar que, a pesar de que los procesos descritos a
continuación dan cuenta de realidades locales e históricas específicas, es posible
extraer algunos aprendizajes sobre la forma en la cual se han construido espacios
de encuentro generadores de acciones de reconciliación. 51 Aprendizajes para la reconciliación Mapa 1
Ubicación nacional de las cuatro experiencias 52 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Experiencia de Ganchos
y Amarras del Valle Ganchos y Amarras del Valle es una empresa privada ubicada en la ciudad de Cali,
Valle del Cauca, dedicada a la fabricación de distintos tipos de artículos para la
fijación de tejas. Esta empresa surgió en 2010, producto de una iniciativa conjunta
entre Eternit, la Fundación Carvajal33, Coltabaco, la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), Siderúrgica De Occidente (SIDOC) y la Alta Consejería para la
Reintegración, ahora Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), como parte
del objetivo para «generar nuevas alternativas para población desmovilizada de
grupos armados ilegales» (El Tiempo, 2012). Esta empresa está compuesta por diez desmovilizados34, seis de
los cuales
pertenecían a los bloques Calima y Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), y cuatro son desertores de la guerrilla de las Farc. Estos excombatientes
asociados son los dueños de la empresa, han ejercido progresivamente mayores
funciones técnicas y se han involucrado activamente en las decisiones gerenciales.
De los diez integrantes, nueve han culminado satisfactoriamente el proceso de
reintegración con la Agencia Colombiana para la Reintegración (en adelante ACR). La Fundación Carvajal ha sido una de las entidades más cercanas al proyecto de
generación de empleo para excombatientes en el Valle del Cauca. Concretamente,
ha sido vital para el surgimiento y sostenimiento de Ganchos y Amarras, pues
realizó los estudios de viabilidad y estableció una serie de acuerdos con la ACR
para la selección de los desmovilizados beneficiarios del proyecto35. Igualmente, ha
actuado como prestamista garantizando el sostenimiento de la iniciativa. Por otro lado, la decisión de los integrantes de Ganchos y Amarras de asentarse
en Cali estuvo fundamentada en las posibilidades y facilidades que ofrecía la
ciudad en cuanto a la mayor probabilidad de mejoras en los niveles de calidad de
vida, y en términos de seguridad por la condición de anonimato proporcionada
por las grandes urbes. Adicionalmente, el asentamiento de algunas familias de
los desmovilizados que ya vivían en dicha ciudad y la facilidad para el acceso a 33 La Fundación Carvajal surgió de la donación de un porcentaje de las acciones del grupo Carvajal S.A que hizo la
familia Carvajal (hoy el 23,5 %) convirtiéndola en su mayor accionista (Fundación Carvajal).
34 Actualmente, uno se encuentra retirado temporalmente por motivos personales.
35 Los criterios de selección se construyeron conjuntamente entre la ACR y la Fundación Carvajal (Gerente Ganchos y
Amarras, junio 2014). 53 Aprendizajes para la reconciliación los programas de reintegración ofrecidos por
la ACR36 fueron razones vitales
para ubicarse allí, pues permitieron la reintegración efectiva de la mayoría de
excombatientes participantes en esta experiencia. Hay que tener en cuenta que el carácter filantrópico de la élite valluna, con arraigos
profundos en la religión católica, y el contexto histórico de la sociedad caleña son
factores culturales que han facilitado la emergencia de este tipo de experiencias
(Escorcia, 1981). El hecho mismo de que la Fundación Carvajal —creada por una
de las familias más adineradas del Valle— haya decidido invertir en la generación
de alternativas de empleo para desmovilizados en el departamento es una
manifestación de las preocupaciones ante problemáticas tales como la atención
y generación de oportunidades para este sector poblacional. Asimismo, en Cali se
encuentran otro tipo de iniciativas sociales provenientes de sectores adinerados
de la sociedad, por ejemplo, Vallenpaz37. La convergencia de actores privados y estatales que se ha generado a partir de este
tipo de experiencias es una muestra de acciones concretas de corresponsabilidad
para asumir los retos de la reintegración económica de excombatientes en los
territorios. La mediación y el acompañamiento de las instituciones estatales y de
sectores de la sociedad, en este caso de un sector del empresariado, han sido clave
para el sostenimiento de la experiencia de Ganchos y Amarras. Sin embargo, más allá de la reintegración económica que se evidencia claramente
en esta experiencia, se plantean retos en la construcción de relaciones entre
excombatientes y de estos con sus comunidades receptoras. Igualmente, se deja
entrever la idea de que la «comunidad receptora», lejos de ser un conjunto social
claramente definido, está constituida por un grupo heterogéneo de actores, en la
cual los excombatientes establecen relaciones diferenciadas y, en esa medida, se
dan o no se dan acciones hacia la reconciliación. La anterior situación expone, en el
caso de Cali, unas amplias brechas entre las concepciones de reconciliación entre
comunidades receptoras y los excombatientes que allí habitan. 36 Estos criterios fueron comentados durante el taller de retrospectiva con los miembros de Ganchos y Amarras.
37 Rodrigo Guerrero Velasco alcalde de Cali para el periodo 2012-2015 fue director de la Fundación Carvajal y asesoró
directamente el diseño de Vallenpaz. Asimismo, ha asesorado iniciativas como el Programa de Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio y el Plan Colombia. Para mayor información sobre Vallenpaz revisar: http://bibliotecadigital.icesi.
edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68307/1/vallenpaz_convergencia_acciones.pdf 54 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras La experiencia de Ganchos y Amarras demuestra los alcances diferenciados de
la reconciliación entre un grupo de desmovilizados y los diversos sectores de su
comunidad receptora: una reintegración económica atravesada por un proceso de
reconciliación con un sector del empresariado caleño; una reconciliación interpersonal
entre un grupo de excombatientes, que anteriormente eran adversarios, y una mera
coexistencia con la comunidad receptora en los barrios de residencia. El contexto caleño: violencia,
conservadurismo y filantropía Santiago de Cali es la capital del Valle del Cauca, departamento ubicado en el
suroccidente del país con costas sobre el Océano Pacífico. La ciudad cuenta
con 560,3 km2 de extensión y topográficamente está rodeada por tres regiones
naturales: la región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental;
la región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo.
Por último, la región de la Costa Pacífica sede del principal puerto de Colombia,
Buenaventura. Según el Censo de 2005, en ese año la ciudad tenía 2.068.386
habitantes, lo que la hacía la tercera ciudad más poblada de Colombia. Del mismo
modo, el DANE asegura en sus proyecciones de población que para el año 2015 Cali
contará con cerca de 2.369.829 habitantes. De este total 1.115.019 son hombres,
es decir el 48,04 %, y 1.218.194 son mujeres, lo que corresponde al 51,4 % de la
población total (DANE, Boletín Censo General 2005 Perfil Cali, 2010). Al respecto se
puede observar el Mapa 2 expuesto a continuación: 55 Aprendizajes para la reconciliación Mapa 2
Experiencia de Ganchos y Amarras del Valle 56 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Cali es una ciudad caracterizada por una dinámica
social históricamente estratificada y jerarquizada,
lo que podría considerarse como una herencia de
la economía esclavista de la Colonia Cali presenta altos índices de pobreza, problemáticas sociales complejas como
discriminación racial38, violencia e
inseguridad, y, actualmente, es uno de
los
grandes centros receptores de población desplazada del país. Al respecto, el
Informe de Riesgo N°002- 14 de la Defensoría del Pueblo, correspondiente a febrero
de 2014, asegura que en Cali han confluido distintos factores que inciden en el
recrudecimiento de la violencia ligada al conflicto armado interno. La presencia
de milicias de la guerrilla en sus sectores aledaños, así como la presencia de
estructuras armadas después de la desmovilización de las AUC, hacen parte de una
«situación que ha mantenido en un nivel alto los índices de violencia y la afectación
sobre la población, particularmente de aquella ubicada en las zonas hondamente
vulnerables donde se concentran los mayores índices de pobreza y de presencia de
víctimas de la violencia […]» (Personería Municipal Santiago de Cali, 2014). Adicionalmente, Cali es una ciudad caracterizada por una dinámica
social
históricamente estratificada y
jerarquizada,
lo que podría considerarse como
una herencia de la economía esclavista de la Colonia. Esta dinámica social estuvo
fuertemente
influenciada por elementos
ideológicos y
legales calcados de
la
sociedad española: Esta sociedad colonial, al igual que la de su metrópolis era una sociedad de
jerarquías sociales basadas en la existencia de estamentos cuya característica
era
la desigualdad jurídicamente reconocida y sancionada […] pero en
América se hacía presente un
importante elemento de estratificación
y diferenciación que no estaba en
la sociedad europea, por
lo menos
abiertamente: el factor racial. (Escorcia, 1981) Según Escorcia (1981), este factor racial permanecería rígido en las estructuras de
la sociedad caleña. Dentro de esta misma dinámica colonial, se instauraron fuertes
características de una población conservadora, católica y patriarcal que perduran
hasta hoy, luego de la abolición de la esclavitud en 1851 y la desamortización de
los bienes eclesiásticos en 1861 (Grajales, 2012). En contraste con lo anterior, el crecimiento económico y el carácter empresarial
de la sociedad caleña comenzaron a sobresalir a partir de la segunda mitad del
siglo XIX, en la medida en que los empresarios empezaron a especializarse y
diversificaron la producción, con el fin de maximizar los ingresos. Los principales
negocios de la época eran la crianza y venta de ganado, la importación de artículos 38 Según el Censo de 2005, del total de la población del Municipio de Cali el 26,4 % se autoreconoció como población
negra (Censo Nacional 2005, DANE 2005). 57 Aprendizajes para la reconciliación de consumo para las élites —especialmente—, almacenes y venta de rancho y
licores, droguerías, otorgamiento de crédito y actividades bancarias e industrias
manufactureras (Benítez, 2012). En todo este proceso de formación de las élites
empresariales caleñas resalta el papel de la iglesia católica, ya que, como algunos
autores aseguran «históricamente ha jalonado el desarrollo y la construcción de
ciudadanía, así como ha sido co-responsable de situaciones injustas ya sea por
indiferencia o aprobación» (Grajales, 2012). Una mirada a la violencia en Cali Paralelo a este crecimiento
industrial y empresarial, se empezó a configurar
un contexto violento en el Valle del Cauca desde los años cuarenta y cincuenta,
momento en el cual
llegaron personas desplazadas por
la violencia de otros
departamentos (Eje Cafetero). Una parte de esta población se involucró en la disputa
por el territorio, con la intención de defender y promover o el conservadurismo o
el liberalismo (Banco de Datos de Violencia Política, 2013). A este primer proceso
migratorio de la década de los años 50, se le sumó la migración de población,
en la década de los 70, gran parte de ella damnificada del maremoto de Tumaco
ocurrido en 1979 (Negrete, 2012). Estos procesos migratorios dieron pie a la formación de centros de asentamiento
ilegales, en
terrenos que se convertirían posteriormente en barrios
legales,
gracias al trabajo colectivo de los inmigrantes que encontraron ahí un lugar para
reconstruir sus proyectos de vida. En dichos espacios confluyó la recepción de
distintos procesos migratorios y así se dio origen a sectores poblacionales surgidos
desde la década del treinta, entre los que se encuentran el Distrito de Aguablanca,
La Ladera, Siloé y más recientemente Potrero Grande. Dichos sectores comparten
algunas características tales como las condiciones de vulnerabilidad y el origen de
sus pobladores de procesos como el desplazamiento por desastres naturales o por
la violencia en las regiones de Tumaco, Chocó, Cauca, Huila. Debido a que muchos de
los migrantes que han
llegado a esta zona son
afrocolombianos, se convirtieron en el grupo poblacional mayoritario de estos
distritos. Al respecto Urrea Giraldo (1999), asegura que la participación de población
afrocolombiana, al igual que otros grupos de población no afrocolombianos, tiene
«como contexto socio-histórico el conflicto social de la continua demanda de tierras
para vivir de sectores populares desde finales de la década del 40, prolongándose en
varias etapas de urbanización hasta las décadas recientes». El proceso de migración
hacia estas zonas no ha cesado hasta el presente, lo que podría indicar que en
los períodos de llegada a partir de la década del 70 «las condiciones de inserción
urbana [de la población migrante] al lado de un mecanismo de discriminación 58 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras racial los ha colocado en una situación mayor de segregación, vía urbanización
todavía precaria» (Negrete, 2012). Por otro lado, simultáneamente al auge empresarial caleño, los problemas sociales
se hicieron evidentes a finales de los años 70 y comienzos de los 80 cuando hizo
su aparición el tráfico ilegal de cocaína en el país, que encontró en las zonas
más vulnerables de Cali (antes mencionadas), el personal idóneo y los espacios
propicios para solidificar un mercado ilegal que cambiaría el modo de vida de
muchos caleños y dio pie a una «cultura del sicariato» que configuró una imagen
negativa de estos distritos. Así las cosas, Benjamín Herrera Zuleta fue el pionero del tráfico de estupefacientes
en el Valle del Cauca y llegó a ser conocido como «El Papa negro de la cocaína» (El
Espectador, 2012). Luego de este episodio aparecieron los capos que conformarían
el Cartel de Cali y no solo controlarían el tráfico
ilegal de cocaína, sino que
serían reconocidos por el lavado de dinero en Colombia y en Estados Unidos (El
Espectador, 2012). A finales de la década de los 80, las Farc crearon el Frente 30 que actuaba en la
zona rural de los municipios de Buenaventura, Dagua y Calima. Municipios en los
que este grupo armado inició un proceso de consolidación territorial, para, una
década después, incrementar su accionar con el fortalecimiento del Frente 6, que
concentró sus operaciones en el Norte del Cauca y amplió su eje de acción hacia
la cordillera Central. Durante los años siguientes, las Farc fortalecieron su trabajo
de estructuras urbanas en la ciudad de Cali y creó el frente urbano Manuel Cepeda
Vargas. Igualmente, entre 1988 y 1999, el Frente 30 comenzó su expansión hacia
el área urbana de Buenaventura y el margen oriental de la cordillera Occidental,
gracias al posicionamiento del Frente 6 y del Bloque Central del sur del Tolima
(Fundación Social, 2011). Al tiempo que las Farc se fortalecían, el ELN se asentó en
el Valle del Cauca a mediados de los ochenta con el frente Luis Carlos Cárdenas, que
operaba en los municipios de Riofrío, El Dovio y Trujillo (Fundación Social, 2011). De
igual manera, entre 1985 y 1986, el grupo guerrillero M-19 tuvo presencia activa en
la ciudad y como respuesta a esta incursión el Estado desarrolló acciones militares
propias de la guerra urbana en estos distritos. Para la década de los 80 y los 90 en Cali ya se hacía evidente una inestabilidad
institucional, influenciada en parte por la llegada del narcotráfico. Tal y como
asegura Andrea Otero (2012) «en los últimos 20 años, tres alcaldes de la ciudad
fueron destituidos por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en
sus mandatos o en la forma como fueron electos. Ellos fueron Mauricio Guzmán 59 Aprendizajes para la reconciliación Para la década de los 80 y los 90 en Cali
ya se hacía evidente una inestabilidad
institucional, influenciada en parte por la llegada
del narcotráfico Cuevas (enero 1995 a agosto 1997), Apolinar Salcedo (Enero 2004 a mayo 2007) y
Jorge Iván Ospina Gómez (Enero 2008 a diciembre 2011)». Esto ha fomentado la
desconfianza en las instituciones caleñas, ya que se percibe un clima político pobre
y proclive a la corrupción. En medio de
la configuración de un ambiente de violencia,
inseguridad y
desconfianza de la sociedad caleña en la institucionalidad, mientras los grupos
insurgentes incursionaban en el departamento del Valle del Cauca, el Cartel de Cali
aprovechó el escaso control territorial del Estado en las costas del Océano Pacífico
y consolidó rutas de exportación de cocaína en esta zona, que actualmente se
encuentran en disputa39. Tal y como asegura Guzmán Barney (2013): Entre 1993 y 1996 […] la tasa de homicidios por cien mil habitantes llegó
a 121, en medio del auge del cartel de Cali y la detención posterior de
sus principales capos: Durante el ascenso del cartel, Cali vivía en plena
prosperidad económica: era la danza de los millones. La élite del poder local
aceptó convivir con la poderosa organización criminal en grados diversos.
Fue evidente su penetración en las esferas del Estado y en las actividades
económicas legales. Pero
la violencia en Cali estaba
lejos de encontrar su pico más alto. Con el
desmonte y la detención y desaparición de los jefes del Cartel de Cali, el negocio
del narcotráfico continuó con «personas no conocidas que segmentaron
la
organización y multiplicaron el número de empresarios ilegales, menos visibles que
en épocas anteriores» (Guzmán Barney, 2013). En ese período comprendido entre
1996 y 2002 se consolidó en primer lugar el Cartel del Norte del Valle, que estuvo
fuertemente relacionado con la llegada del fenómeno paramilitar al departamento
del Valle del Cauca. Esta consolidación tuvo como objetivo el control del territorio y el control
político y social, que directa o indirectamente producía el desplazamiento de la
población civil en especial con hechos violentos como las masacres (Personería
Municipal de Santiago de Cali, 2014). En esta misma etapa, algunos empresarios
agrícolas agenciaron y financiaron la violencia para reprimir a los trabajadores 60 39 A comienzos de 1988 el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín entraron en una guerra por las diferencias en los
métodos de actuar en confrontación con el Estado, el Cartel de Cali colaboró en numerosas ocasiones con el Estado en
su lucha contra Pablo Escobar. Así las cosas, “cuando cayó abatido Pablo Escobar en Medellín en diciembre de 1993, las
autoridades colombianas enfilaron baterías para desmantelar al Cartel de Cali. En ese contexto, el Estado unió fuerzas
para capturar a sus capos, hecho que tuvo lugar entre los años 1995 y 1996, catapultando a la fama al entonces director
de la Policía, general Rosso José Serrano” (El Espectador, 2012). En medio de este fenómeno de violencia en el Valle del
y sobre todo de Cali.
Cauca, la cultura del sicariato y la violencia urbana se incrustaron en las juventudes más vulnerables del departamento Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras sindicalizados o con el fin de despojar la tierra apta para actividades agropecuarias.
Así, aumentaron
los desplazamientos masivos, y desde 1999 se comenzó a
expandir el proyecto paramilitar desde la Costa Atlántica y el Urabá hacia zonas
del suroccidente del país, entre ellas el departamento del Valle del Cauca, en
municipios como Buenaventura, Tuluá, El Dovio, Trujillo, entre otros, por parte de
la estructura armada del Bloque Calima (Personería Municipal de Santiago de Cali,
2014). Específicamente, el Bloque Calima fue conformado por 50 hombres provenientes
de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que luego pasó a
ser una estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De acuerdo
con el borrador de versión
libre que preparó Vicente Castaño antes de su
desaparición, la presencia de paramilitares fue solicitada por personas influyentes
del departamento, que «desfilaron más de dos años por los corredores de las ACCU
implorando la presencia de las Autodefensas [Sic]» (Verdad Abierta, 2012). Esta
presencia era solicitada para combatir la presencia de la guerrilla de las Farc y el
ELN que actuaban en la región. En 2002, con
la
llegada a
la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se
inició
la
desmovilización y el desarme de 34 bloques de
las Autodefensas Unidas de
Colombia. Estas desmovilizaciones iniciaron el 25 de noviembre de 2003 (Medellín,
bloque Cacique Nutibara) y finalizaron el 15 de agosto de 2006 (Bloque Elmer
Cárdenas: «En 38 actos se desmovilizaron 31.671 de los integrantes de los grupos
irregulares» (Verdad Abierta). En medio de esta ola creciente de violencia y en rechazo a estas acciones, en
Cali la movilización por la paz tuvo un comportamiento que corresponde con la
tendencia nacional específicamente en el primer pico de 199840. Esta movilización
tuvo dos picos, uno en 1998 y otro en 2004, que convergen con la intensificación de
la violencia y del desplazamiento forzado. Fuentes oficiales y no oficiales coinciden
en que estas variaciones se relacionan con el incremento de acciones violentas y el
periodo de negociación con los grupos paramilitares41. 40 Ver al respecto: Movimiento por la paz en Colombia: 1978-2003. Mauricio García-Durán, 2006, p. 117.
41 La Unidad de Víctimas y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) coincidieron
recientemente en esta afirmación (Elespectador.com, 2014). 61 Aprendizajes para la reconciliación Los procesos migratorios y la violencia configuran
espacios que dificultan la reconciliación, e inciden
negativamente en las posturas de las comunidades
frente a los excombatientes y viceversa Gráfico 1
Acciones Colectivas por la Paz – Cali (1978 – noviembre 2014) 25 20
15
10
5
0 1981 1983 1986 1989 1991 1994 1996 1998 200020022004200620081989 20122014 Fuente: Datapaz, CINEP/PPP, 2015 Cali En concordancia con la etapa de negociación entre grupos paramilitares y el
Gobierno, en Cali se observa un aumento importante de las Acciones Colectivas
por
la Paz, específicamente en 2004. No se puede asegurar que existe una
correlación entre estas dos situaciones, pero sí una coincidencia importante que
podría reflejar el carácter propositivo que caracteriza la movilización por la paz en
Cali. Por ejemplo, de un total 273 Acciones Colectivas por la Paz (en adelante ACP),
la mayoría (120) se concentran en motivaciones de paz positiva, entendida como
«la generación de una relación armoniosa y ella se consigue cuando dos o más
entidades en conflicto emprenden proyectos juntos y los beneficios que genera
ese proyecto son repartidos equitativamente»
(Romero Castillo, Evan, 2010).
Concretamente, las acciones de promoción de la paz y de búsqueda de alternativas
para la paz han predominado en la movilización por la paz en Cali42. Corregimiento Hombres Mujeres Total Monterrey
San Blas
El Paraíso
San Joaquín
Santa Lucía
Total Por último, de los elementos contextuales antes referenciados es necesario recalcar
la relevancia de algunos que actuaron como mecanismos ambientales (ver marco
teórico) que incidieron en la experiencia de Ganchos y Amarras del Valle. Los
procesos migratorios y la violencia han configurado espacios en los que confluyen
problemáticas sociales distintas que dificultan procesos de reconstrucción de
relaciones, pero, sobre todo, inciden fuertemente en las posturas de comunidades
frente a excombatientes y viceversa. En medio de este escenario complejo, el
carácter paternalista de un sector empresarial, permeado por una tradición 769
306
275
313
148
1811 681
250
184
269
112
1496 1450
556
459
582
260
3307 42 Promoción de la paz: Cuando el motivo de la acción colectiva es realizar acciones que favorecen una posición
positiva con relación a la construcción de la paz, o promover acciones pedagógicas en esa dirección en forma abstracta
o general (sin explicitar cuál es el contenido de la misma) (García-Durán, 2006, p. 341). Búsqueda de alternativas
para la paz: Cuando el motivo de la acción colectiva es discutir, formular o implementar propuestas, estrategias o
alternativas que buscan afianzar la paz (en términos más amplios que un proceso de negociación) (García-Durán, 2006.
p. 341). 62 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Según cifras de la ACR, en el
Valle del Cauca, 2.559 personas
se han desmovilizado de grupos
armados católica y conservadora ha materializado esfuerzos importantes para solventar
estas problemáticas confluyentes en varios sectores vulnerables de la ciudad de
Cali. Sin embargo, la ciudad sigue siendo escenario de altos índices de violencia
y segregación social, lo cual dificulta que surjan escenarios de encuentro seguros
que faciliten acciones de reconciliación entre desmovilizados y comunidades
receptoras. La historia de la experiencia
de Ganchos y Amarras del Valle El proceso de desmovilización: orígenes de la experiencia Según cifras de la ACR, en el Valle del Cauca 2.559 personas se han desmovilizado
de grupos armados. De ellas, 2.437 han ingresado al Proceso de Reintegración,
desde el 2003 hasta mayo de 2014. Cerca del 17 % son mujeres y el 83 % son
hombres (estos porcentajes se reflejan en la conformación del equipo de Ganchos
y Amarras, que no cuenta con la participación de desmovilizadas). Asimismo, son
más de mil las personas que decidieron residir en la capital del Valle para rehacer
sus vidas, es decir, el 57, 92 % de la población desmovilizada del departamento
reside en Cali43. Entre las más de mil personas que decidieron recorrer la ruta de reintegración
con la ACR en Cali, se encuentran los 10 dueños de Ganchos y Amarras. Como ha
sido enunciado anteriormente, los desmovilizados de la experiencia participaron
en grupos de las AUC (desmovilización colectiva) y de las Farc (desmovilización
individual). Los miembros de esta empresa nacieron en los departamentos de
Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño y fueron combatientes de rangos medios
en su mayoría. En un primer momento, tanto para los excombatientes de grupos paramilitares
como de grupos insurgentes, el proceso de desarme y desmovilización representó
una incertidumbre basada en la desconfianza en el programa ofrecido por el
Gobierno: «empezó a crecer mucha zozobra, no sabíamos realmente qué era lo que
quería el Gobierno con nosotros, si realmente nos quería ayudar o simplemente era
una trampa para querernos dar de baja, como decíamos nosotros […]» (Entrevista
1). Cabe recordar que, si bien el programa de atención a desmovilizados en el país 43 Información tomada de brochure: Reintegración en Colombia: Hechos y Datos Valle del Cauca. Enero – Diciembre
2013 63 Aprendizajes para la reconciliación inició a finales de 2002, para el 2005 y 2006 la implementación del programa de
reintegración se encontraba adaptándose a las necesidades de los desmovilizados
y a la ejecución del mismo en la esfera local. Este programa de reintegración no
solo permitía que los desmovilizados se reencontraran con ciertos sectores de
la sociedad como empresarios y funcionarios estatales, sino también propiciaba
el reencuentro con otros excombatientes de grupos adversarios que habían
combatido tal como ellos. El ambiente de incertidumbre mencionado anteriormente estuvo acompañado por
la preferencia de anonimato de los excombatientes y por algunos momentos de
recelo, no solo por pertenecer a bandos anteriormente enfrentados, sino también
por el origen de la política del Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC).
El Programa enunciado proporcionaba una diferenciación monetaria entre los
desmovilizados desertores y aquellos que hicieron parte de las desmovilizaciones
colectivas: «entonces a ellos les llegaba una bonificación mucho mayor que la que
nos llegaba a nosotros, […] entonces yo miraba eso, que era muy poquito lo que
nos daban a nosotros y a los demás por qué tanto» (Participante grupo focal 1). Cabe resaltar que las motivaciones de los excombatientes para ingresar al proceso
de desmovilización varían entre los hoy socios de Ganchos y Amarras. La mayoría
identifica en sus núcleos familiares cercanos, sus esposas y sus hijos un motivo
para comprometerse con el proceso de reintegración hasta llegar al momento del
recibir formación para el trabajo. Mientras los primeros desmovilizados se acercaban a la etapa de formación para el
trabajo que contempla el proceso de reintegración, la ACR, la Fundación Carvajal,
SIDOC y OIM confluyeron en la preocupación por apoyar esta etapa del proceso.
Específicamente
la Fundación Carvajal maneja sus
intervenciones a partir de
cuatro líneas de trabajo: generación de ingresos, educación, vivienda y entorno,
y desarrollo social. Fue precisamente bajo la línea de generación de ingresos que
incluyó un proyecto para la Reintegración a la vida civil de actores de los procesos de
desmovilización armada en el Valle del Cauca en asocio con la Alta Consejería para la
Reintegración (ACR). El objetivo de dicho asocio fue vincular a 200 beneficiarios del
proceso de desmovilización y a sus familias a la sociedad civil colombiana, a través
de la puesta en marcha de actividades económicas sostenibles y de la interacción
social y cultural con las comunidades donde viven. (Fundación Carvajal) Así las cosas, en 2010 el proyecto en el que confluían intereses y necesidades de la
ACR, Fundación Carvajal, SIDOC y OIM comenzó a diseñarse. Durante los primeros
meses del año se hicieron los respectivos estudios de viabilidad, junto con el 64 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras plan de negocios de una empresa de metalmecánica. Entre marzo y diciembre
de 2011,
los excombatientes en proceso de reintegración seleccionados para
formar la experiencia tuvieron una serie de capacitaciones técnicas en este oficio,
específicamente en la fabricación de ganchos y amarras para fijación de tejados. En
esos meses de 2011, el proceso de consolidación de la empresa tuvo inconvenientes
administrativos
que
los
excombatientes
describían
como momentos
de
incertidumbre y desconfianza en la ACR, en la Fundación Carvajal y en las promesas
que les habían hecho. «En ese tiempo se pensaba que sinceramente ese programa
no iba a dar resultado… nos tenían de aquí para allá…» (Participante grupo focal
1). Pero en diciembre de 2011, la empresa logró aprobar los estatutos y alquilaron
la bodega en la que actualmente funcionan. Durante estos tiempos intervinieron, además de las entidades encargadas de la
implementación de la política de reintegración, distintas personas que se acercaron
al proyecto de empleabilidad de desmovilizados mostrando su interés en apoyar
este tipo de iniciativas. Por ejemplo, la bodega que se alquiló para el funcionamiento
de la fábrica es propiedad de un señor que, al conocer la procedencia de los
trabajadores que iban a ocupar su bodega, decidió apoyarlos no solo al confiar en
ellos, sino al ofrecerles un precio mucho menor en el alquiler, gesto que le fue útil
a Ganchos y Amarras del Valle para despegar económicamente. Durante todo el proceso de reintegración los desmovilizados dueños de Ganchos
y Amarras contaron con acompañamiento psicosocial por parte de
la ACR,
acompañamiento que incluía a sus familias a partir de un enfoque de reintegración
comunitaria en el que ellos prestaron un servicio social a la comunidad. Pero a decir
verdad, no hubo un establecimiento de relaciones con las comunidades en las que
vivían, debido a la preferencia del anonimato por parte los excombatientes. La consolidación de una reconciliación entre excombatientes Desde el comienzo de las capacitaciones técnicas que recibieron los desmovilizados
en proceso de
reintegración que harían parte de Ganchos y Amarras,
fue
propiciado un espacio de encuentro que resultó en un proceso de reconciliación
entre excombatientes. Este proceso de convivencia y reconciliación se comenzó a
gestar a comienzos de 2011. Los socios de Ganchos y Amarras del Valle aseguran
que entre marzo y diciembre de ese año hubo prevenciones entre ellos ya que,
debido a sus precedentes personales, se sentían inseguros. Dichas desconfianzas
estaban fundamentadas en el hecho de haber pertenecido a grupos armados
ilegales antes enfrentados, lo cual incrementaba los temores y las inseguridades de
retaliaciones entre ellos. Al respecto, uno de los reintegrados que hizo parte de un
grupo paramilitar aseguró que al comienzo durante las capacitaciones: «Siempre 65 Aprendizajes para la reconciliación La construcción de una cotidianidad compartida ayudó a la
superación de prevenciones, a la apertura y la construcción
de nuevas relaciones en el marco del fortalecimiento de la
experiencia de Ganchos y Amarras del Valle decíamos en qué momento estos manes planean atacar» (Entrevista 1) refiriéndose
a aquellos reintegrados que habían pertenecido a grupos insurgentes y que hacían
parte de los 10 beneficiarios del proyecto. Esta situación se transformó durante el transcurso de los días de las capacitaciones
y la consolidación de la experiencia, debido en gran parte al acompañamiento de
la asesora psicosocial de la ACR y la asesora psicosocial de la Fundación Carvajal,
y por medio de talleres de integración y afianzamiento de confianza en el otro.
Asimismo, la construcción de una cotidianidad compartida ayudó a la superación
de prevenciones y a la apertura a la construcción de nuevas relaciones en el marco
del fortalecimiento de la experiencia de Ganchos y Amarras del Valle. A pesar de que al interior de Ganchos y Amarras las relaciones mejoraban día a
día entre excombatientes, con el gerente (persona externa contratada por
la
Fundación Carvajal) y con las asesoras psicosociales, las relaciones con cada una de
las comunidades receptoras en los barrios no han sido tan prolijas como al interior
de la empresa. Esta situación ha estado mediada por la preferencia del anonimato
por parte de los excombatientes como mecanismo de autoprotección ante una
posible estigmatización en sus comunidades, debido a que, entre los años 2008 y
2011, el contexto de violencia en Cali se intensificó drásticamente, particularmente
en el centro urbano, situación que afectó la percepción de seguridad que en 2010
cayó siete puntos —pasó de 37 a 30— (Acero Velásquez, 2011). Algunas corrientes de opinión44 aseguraban que este incremento en los niveles de
inseguridad se relacionaba con la concentración de excombatientes desmovilizados
durante los acuerdos de 2005 con grupos paramilitares radicados en Cali, que
decidieron reincidir en acciones criminales. Según el Centro de Memoria Histórica,
esto se fundamenta en que después de las desmovilizaciones colectivas de las
AUC en el Valle del Cauca, se fortalecieron o surgieron grupos armados como
Los Rastrojos, Los Machos, Las Águilas Negras y Nueva Generación, entre otros,
a la vez que las Farc y el ELN se desplegaron en varias zonas, redefiniendo así la
cartografía del conflicto armado (Hernández Mercado, 2014). A propósito, uno de
los miembros de Ganchos y Amarras afirmó: «uno trataba de controlarse un poco y
de no desviarse mucho, pero la mayoría de compañeros al ver que no había trabajo
y solamente recibían una ayuda, más de uno cogía y se iba. Entonces aquí en Cali
la delincuencia se ha desatado más por parte de los desmovilizados» (Participante 66 44 Incluso antes de la desmovilización este temor ya era expresado por organizaciones internacionales como el PNUD
que aseguraba que «Ante la falta de opciones y por los fracasos productivos, la población reinsertada es “mano de
obra calificada” para ser otra vez reclutada por grupos armados ilegales, por la delincuencia común o los carteles de la
droga» (Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD, 2005). Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Se construyó un ambiente de convivencia entre los miembros
de la empresa y se generaron nuevas relaciones basadas en la
confianza que han desembocado en el surgimiento de relaciones
de trabajo en equipo y algunas relaciones de amistad grupo focal 1). Lo anterior no pretende generalizar y atribuir a desmovilizados
reincidentes toda la situación de inseguridad que se estaba proliferando en Cali
durante la época, pero sí establece un tipo de relación entre el rearme o reincidencia
de este segmento de la población y el aumento de violencia. A partir de esta etapa de consolidación de la empresa se evidencia el cambio
en el tipo de relaciones al interior de la experiencia y las pocas relaciones entre
excombatientes y otros sectores de su comunidad receptora. Durante el año 2010 y
2011, se construyó un ambiente de convivencia entre los miembros de la empresa y
se generaron nuevas relaciones basadas en la confianza que han desembocado en
el surgimiento de relaciones de trabajo en equipo y algunas relaciones de amistad.
Este es un
indicativo de
lo que podría reconocerse como una reconciliación
entre excombatientes. Este proceso de reconstrucción de relaciones ha pasado
por dinámicas en las que cada socio de Ganchos y Amarras ha compartido su
experiencia en el grupo armado, sus temores y sus percepciones sobre el proceso
de reintegración. Sin embargo, a lo largo de la experiencia han surgido conflictos
internos45 que han sido mediados por el gerente y las asesoras psicosociales
(ACR-Fundación Carvajal), quienes les han enseñado distintos mecanismos de
resolución pacífica de sus conflictos y promueven constantemente el respeto por
los estatutos internos de la empresa46. A partir de este proceso de convivencia y reconciliación interna, se ha fortalecido
la empresa y se ha consolidado no solo como una experiencia de reintegración y
reconciliación entre excombatientes, sino como una evidencia del establecimiento
de relaciones sólidas entre excombatientes y sectores empresariales. Se ha logrado
establecer relaciones comerciales sólidas, por ejemplo, con Eternit, que si bien
desde un comienzo ha apoyado la iniciativa, debido a la calidad de los productos
que fabrican
los desmovilizados, han designado a Ganchos y Amarras en
la
categoría de proveedor tipo A, es decir, proveedor único de cierto tipo de ganchos
y amarras para tejados a nivel nacional. Esta designación ha implicado que gran
parte del personal de Eternit conozca la experiencia y su procedencia, haciéndose
participe de este tipo de procesos de reintegración y reconciliación en el país. Por otra parte, las relaciones comerciales no han sido solamente con aquellos
actores (empresas) que han financiado
la
iniciativa. Actualmente, Ganchos y 45 Por ejemplo el cumplimiento de los turnos de trabajo, las horas de llegada y salida y las horas de descanso durante
el día eran algunas de las grandes discordias que se presentaba entre los desmovilizados.
46 Precisamente algunos conflictos han girado en torno a la aplicación exigente de los estatutos internos de la
empresa y a las diferencias sobre la forma en la que algunos miembros asumían el respeto por las normas acordadas
conjuntamente en los estatutos. 67 Aprendizajes para la reconciliación Amarras cuenta con un asesor comercial (financiado por Fundación Carvajal) que se
encarga de conseguir otro tipo de clientes como ferreterías medianas o pequeñas
que puedan comercializar sus productos. En este proceso de consecución de
nuevos clientes, el asesor comercial enfatiza el origen de la empresa y promueve
el apoyo a la empresa como un proceso de construcción de paz en el país: «claro…
yo les comento de dónde vienen estos muchachos y de dónde viene Ganchos y
Amarras» (Entrevista 2). Es importante anotar que el caso de Ganchos y Amarras evidencia acciones de
reconciliación entre los miembros de la experiencia con un sector del empresariado
caleño. Se habla de reconciliación en el sentido que trasciende la transacción
económica o filantropía hacia la reconstrucción de relaciones. Evidentemente el
papel de la Fundación Carvajal obedece a una actuación tradicional de apoyo a
sectores vulnerables, pero la trayectoria de la iniciativa ha involucrado a nuevos
actores de la élite empresarial caleña, que también ha sido víctima directa de las
Farc. Este es el caso de la Siderúrgica de Occidente (SIDOC), cuyo presidente y
propietario Maurice Armitage, sufrió dos secuestros y manifestó perdonar a las Farc
por el hecho (El Tiempo, 2014). La inauguración: un paso forzoso al reconocimiento público En 2012, cuando se publicaron
los resultados de
la encuesta de seguridad y
convivencia ciudadana, cuyos datos fueron recogidos durante los años anteriores,
se comprobó que «en Cali-Palmira, el 70,5 % de la población de 15 años y más se
[sentía] insegura en su ciudad» (DANE, 2012). Podría decirse que la percepción
de inseguridad afectó también la calidad de vida de los desmovilizados y de las
comunidades
receptoras. Para algunos desmovilizados entrevistados, dicha
situación representaba un riesgo para su seguridad y, en este sentido, generaba
temor. En el caso de excombatientes de la guerrilla el temor se fundamenta en que
son declarados objetivo militar cuando desertan del grupo armado, y asimismo
tanto excombatientes individuales como colectivos pueden ser buscados para
pertenecer nuevamente a los nuevos grupos criminales. Al respecto, un estudio de
la Fundación Ideas para la Paz, plantea que el 36 % de los desmovilizados han sido
abordados por grupos criminales para ser reclutados y el 10 % ha estado tentado a
aceptar la oferta (Fundación Ideas para la Paz, 2014). De la misma forma, mientras aumentaba la percepción de inseguridad en Cali, la
ciudad seguía teniendo problemas fuertes de victimización y como ha sucedido
históricamente, seguía siendo una ciudad receptora de desplazados. Para 2012, la
ciudad reportó un total de 28.085 denuncias de desplazamiento forzoso, es decir, 68 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras del total de hechos victimizantes reportados por la Unidad de Víctimas en Cali para
el 2012, el 84 % correspondía a desplazamiento (Red Nacional de Información).
Esta alta recepción de desplazados víctimas del conflicto armado en regiones
aledañas, el aumento de los índices de violencia y una estigmatización hacia los
desmovilizados en la ciudad configuraron un escenario poco favorable para el
establecimiento de relaciones entre víctimas y excombatientes. Dicho escenario
se evidenciaba más en
los
sectores en
los que
vivían
desmovilizados, sectores a los que en muchos casos llegaron los desplazados
por la violencia, específicamente hablamos de algunos barrios en el distrito de
Aguablanca, Siloé y Ladera, lugares en los que coincide todo tipo de población
vulnerable. Por tal motivo, la mayoría de víctimas no mostraba disponibilidad para
aceptar a excombatientes, ya que los relacionaban directamente con la violencia
de la que habían sido víctimas (Grupo focal con organización de víctimas de Cali,
2014). Así las cosas, en octubre de 2012, se llevó a cabo un evento público y ampliamente
difundido de
inauguración de
la empresa, que contó con
la presencia del
director de la ACR, USAID y algunos actores locales, pero en su mayoría medios
de
comunicación. Teniendo en
cuenta que
los excombatientes desde
su
desmovilización han preferido el anonimato y la mesura en cuanto a la publicidad
de la empresa, hoy aseguran que, a pesar de que este evento no tuvo consecuencias
en términos de su seguridad, sí consideran que este fue un hecho que permitió
que los vecinos del barrio donde se ubica la fábrica conocieran abruptamente su
procedencia. Esa manera de dar a conocer la experiencia no fue del agrado de
todos los miembros de Ganchos y Amarras, algunos de los cuales consideraron
que fue una inauguración muy visible en un contexto en el que ellos aún se sentían
inseguros. A pesar de la conmoción interna que generó el evento y de que en un primer
momento se angustiaron ante
la situación de que sus vecinos supieran su
proveniencia y el contexto del que había surgido la empresa, reconocieron que
esta situación no afectó su cotidianidad y sobre todo no generó discriminaciones ni
señalamientos por parte de los trabajadores de las fábricas aledañas, siguieron con
sus vidas normalmente: «cuando se dieron cuenta de todo, pues igual todo siguió
normal, con nosotros nadie se ha metido, nosotros no hemos tenido problemas
con nadie» (Participante grupo focal 1). A partir de la inauguración pública de Ganchos y Amarras se ha venido configurando
el presente de la empresa, es decir, el periodo comprendido entre 2013 y 2014. A 69 Aprendizajes para la reconciliación Algunos de los miembros de Ganchos y Amarras
aseguran que se han encontrado con víctimas
suyas en sus barrios y su reacción ha sido
esconderse por temor a señalamientos partir de 2012, han trabajado fuertemente para alcanzar un punto de equilibrio
después de varios años de tener déficit al final de los años contables. Este trabajo se
ha realizado gracias al empoderamiento de los desmovilizados frente a la empresa,
pues si bien aún no han prescindido del apoyo técnico y financiero de la Fundación
Carvajal, reconocen que se sienten más comprometidos con su empresa, gracias a
la estabilidad que les ha provisto y que se ve reflejada en la calidad de vida de ellos
y de sus familias. Igualmente,
la
inauguración
logró
reducir
el
temor que
representaba
el
reconocimiento público para
los miembros de Ganchos y Amarras
(aunque
solamente en el barrio donde se ubica la fábrica, más no en sus comunidades
y/o barrios), esto
les ha permitido sentirse orgullosos de pertenecer a esta
experiencia y ser un referente de reconciliación entre excombatientes y un
ejemplo de reintegración para los demás desmovilizados en el país. Aunque con
la inauguración se dejaron de lado las prevenciones por parte de los miembros
de Ganchos y Amarras y por parte de los funcionarios de las fábricas vecinas a la
bodega donde funciona, en lo que respecta a la relación con las comunidades donde
viven los desmovilizados no hay resultados satisfactorios, en parte porque siguen
latentes las condiciones de violencia, de desplazamiento y de victimización, que
inevitablemente aumentan las prevenciones y estigmatizaciones fundamentadas
en el miedo por parte de las comunidades. En lo referente a la perspectiva de las víctimas, se entrevistó a comunidades
perjudicadas por el conflicto armado, dichas comunidades viven ahora con
desmovilizados y, no solo se corroboró que muchas de estas víctimas ignoran la
presencia de desmovilizados en sus comunidades, sino que también se rehúsan a
la posibilidad de convivir con ellos en el presente o en un futuro cercano. Aseguran
que son contextos mediados por la presencia de bandas delincuenciales que
ejercen acciones violentas sobre la comunidad, que imponen su orden y sus reglas
para el manejo de narcotráfico y narcomenudeo en los barrios donde viven. Este contexto violento no permite que ni las víctimas ni los excombatientes quieran
cambiar la situación de simple coexistencia en sus barrios. Algunos de los miembros
de Ganchos y Amarras aseguran que se han encontrado con víctimas suyas en sus
barrios y su reacción ha sido esconderse por temor a señalamientos y por no querer
enfrentar a sus víctimas, ya que consideran que esos hechos son cosas del pasado
y que se deben dejar en el pasado: «Toca es esconderse pues… es que uno no
sabe la reacción que vayan a tomar…entonces es mejor evitarlos…» (Participante
grupo focal 1). Asimismo, hubo víctimas que identificaron a los actores materiales
de la violencia por la que fueron desplazados de otras zonas del país viviendo en 70 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Un primer mecanismo que ha
permitido el sostenimiento de la
experiencia ha sido
la convergencia de varios actores sus barrios, frente a lo cual aseguran que «Pues yo sí he visto uno [desmovilizado],
allá de mi pueblo, que él es comandante…lo he visto…pero qué…uno no puede
hablar porque él también me ha visto a mí…» (Participante grupo focal 2). La anterior situación ha sido una constante desde la desmovilización de los socios
de la empresa, lo cual devela que si bien se puede hablar de una reconciliación al
interior de la experiencia, en lo referente a la reconciliación con las comunidades
receptoras, se puede hablar de una situación de coexistencia con tintes de
violencia latente que dificultan fuertemente la reconstrucción de lazos entre estos
dos sectores de la sociedad. Entre el acompañamiento institucional
y empresarial: aciertos y tropiezos A continuación, se identifican aquellos elementos puntuales que permitieron o
inhibieron que, a partir de esta experiencia de reintegración, surgieran procesos
de convivencia pacífica y de reconciliación. Estos elementos se entenderán como
mecanismos determinantes para que en el contexto de Cali esta experiencia
prosperara y permaneciera en el transcurso de cuatro años. Aciertos Un primer mecanismo que ha permitido el sostenimiento de la experiencia ha
sido la convergencia de varios actores. Entre estos actores se encuentra la Agencia
Colombiana para
la Reintegración (ACR),
la Fundación Carvajal, Organización
Internacional para
las Migraciones
(OIM), USAID, Siderúrgica de Occidente
(SIDOC) y Eternit. La confluencia de los intereses de estos actores en el contexto
caleño permitió que prosperara un proyecto conjunto y asimismo permitió su
sostenibilidad a lo largo del tiempo. Cada actor ha jugado un papel fundamental en
el funcionamiento de la empresa, y ha incidido indirectamente en una construcción
de convivencia y reconciliación al interior de la experiencia, al mismo tiempo, han
logrado reconciliar sectores sociales en Cali con excombatientes. De esta manera
se ha construido un referente de procesos de reintegración y de reconstrucción de
relaciones entre excombatientes y sectores de la sociedad con los que antes no se
tenía ningún tipo de relación. En esta convergencia de actores resalta el papel desempeñado por la Agencia
Colombiana para
la Reintegración (ACR) y especialmente el de
la Fundación
Carvajal, entidad que ha estado acompañando de manera cercana todo el proceso.
Este acompañamiento ha logrado la vinculación de dos o más sectores sociales 71 Aprendizajes para la reconciliación antes desconectados —Intermediación (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005)—. Este
interés por propiciar encuentros entre sectores de
la sociedad proviene del
contexto propio de una cultura conservadora, patriarcal y caritativa, que encuentra
en estas oportunidades una forma más de «ayudar» a sus conciudadanos con
distintas condiciones de vulnerabilidad en espacios socialmente segregados y
mediados por la violencia. El apoyo de la Fundación Carvajal ha sido multifacético, ya que en cada etapa
de formación de la experiencia ha prestado el apoyo requerido. Por ejemplo,
ha acompañado el desarrollo económico de
la experiencia, pero también ha
involucrado su propio personal como una forma de mediar no solo en los procesos
económicos, sino en los procesos de intermediación al interior y exterior de Ganchos
y Amarras. Esta acción ha facilitado el uso combinado de recursos de la empresa
en espacios diferentes y ha permitido la creación de nuevos actores colectivos
(McAdam et al., 2003, p. 157). La mediación al interior de la experiencia ha estado a
cargo del gerente y de la asesora psicosocial de Fundación Carvajal, y ha permitido
el proceso de reconstrucción de confianza entre los excombatientes que hoy son
dueños de Ganchos y Amarras, personas que con el paso de los años han alcanzado
la reconciliación, lo cual ha permitido el surgimiento de un actor colectivo con el
fin de sostener la empresa. En este proceso de mediación ha sobresalido el rol
ejercido por las mujeres, pues son parte clave de los procesos de reconstrucción
de confianza al interior de la experiencia. Además, los excombatientes identifican
en sus esposas y en sus familias factores determinantes para su permanencia en el
proceso de reintegración y en la superación de conflictos que hayan podido surgir
en este proceso. Por su lado, el rol de mediación ejercido por los hombres que han asesorado gerencial
y comercialmente la empresa ha girado en torno a la intervención en relaciones
laborales y comerciales con otros sectores de la sociedad caleña. Por su parte, el
asesor comercial ha ejercido un rol difusor con posibles nuevos compradores de
los productos que se fabrican en Ganchos y Amarras, fortaleciendo la imagen de
esta empresa y enalteciendo su origen como una experiencia de reintegración y
convivencia que se ha consolidado como ejemplo de la corresponsabilidad de todos
los actores de la sociedad en procesos de reintegración y reconciliación en Cali. En este sentido, se encuentra un mecanismo de difusión que incluye cualquier
transferencia de información a través de las líneas de comunicación existentes.
Este mecanismo ha sido recurrente desde el inicio de la experiencia y ha buscado
promover el apoyo de la mayoría de sectores de la sociedad y, sobre todo, de
aquellos que pueden contribuir directamente a esta experiencia de reintegración 72 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras y fortalecerla. En este proceso de difusión han participado directamente aquellos
actores iniciales como las empresas involucradas y la Agencia Colombiana para la
Reintegración, y los medios de comunicación han jugado un papel primordial en la
transmisión de esta experiencia. La actual alcaldía de Cali, y específicamente la Asesoría de Paz, han desarrollado
acciones que buscan romper con
la estigmatización de desmovilizados y de
víctimas en la ciudad. Algunas de estas acciones consisten en eventos deportivos
y culturales: Aquí hicimos un evento muy bonito, que fue muy mediático. Metimos 25.000
personas vestidas de blanco al estadio, metimos todos los desmovilizados de
Cali con sus familias […] eran alrededor de 4mil víctimas y 4mil personas entre
soldados y policías, lo que pasa es que ninguno iba uniformado, todos iban
con camisetas blancas […] fue un tema donde además de ser transmitido en
vivo, hubo un par de desmovilizados que cogieron un micrófono y frente a
25 mil personas pidieron perdón por sus actos. (Entrevista 3) Si bien no es posible determinar el impacto de este tipo de acciones, es una
evidencia de las acciones del Gobierno local de cara a las políticas de DDR y justicia
transicional en el territorio. Dificultades Tal como se han dado aciertos, se han
identificado obstáculos durante
la
trayectoria de la experiencia de Ganchos y Amarras, sobre todo en lo referente a
la relación entre comunidades receptoras y excombatientes. Así como se ha dicho
que los mecanismos de difusión han sido un aliciente para la experiencia y para
su reconocimiento como un ejemplo de reconciliación entre excombatientes,
estos mecanismos han condensado algunos obstáculos responsables de frenar
las oportunidades de reconstrucción de relaciones entre comunidades receptoras
(compuestas en gran parte por víctimas del
conflicto) y excombatientes.
Principalmente en un contexto como el caleño en el que aún confluyen factores
de violencia urbana organizada y en el que permanecen características de una
sociedad segregada y mediada por estigmas hacia diferentes grupos poblacionales,
incluidos los desmovilizados. A partir de esta experiencia, se ha corroborado que desde la perspectiva de un
sector de comunidades receptoras entrevistadas, víctimas además del conflicto
armado y que viven en sectores como Agua Blanca, atribuyen más amenazas 73 Aprendizajes para la reconciliación Varios de los excombatientes entrevistados manifiestan
tener disposición para entablar en un futuro relaciones con
sus comunidades de llegada y aseguran que la reconciliación
depende de una decisión de las personas que allí habitan que oportunidades a algún proceso de
reconstrucción de
relaciones con
excombatientes. Cuando una persona de estas mismas comunidades fue consultada
sobre la posibilidad de que llegaran desmovilizados, aseguró que: «no, yo preferiría
devolverme de donde me sacaron a tener que verlos por acá» (Participante grupo
focal 2). En gran medida esta respuesta está anidada en el temor que representa
compartir con exmiembros de los grupos que los victimizaron y desplazaron así
como también por la impunidad que desde su perspectiva representa verlos en
libertad y no purgando sus delitos en la cárcel. Esta perspectiva se ha visto reforzada por el temor con el que viven las comunidades
receptoras por el continuo accionar de actores armados y bandas delincuenciales
que refuerzan los estigmas y la desconfianza hacia las personas desmovilizadas.
Igualmente, en
las entrevistas a víctimas de
la comunidad
receptora, estas
manifiestan una sensación de inequidad entre los beneficios gubernamentales que
reciben y los que les proporcionan a los desmovilizados: «ellos [los desmovilizados]
tienen mejores condiciones, aunque vivimos en el mismo barrio» (Participante
grupo focal 2). Por otra parte, el trabajo de entes gubernamentales y no gubernamentales con
población vulnerable en Cali, entre ella excombatientes y víctimas, se hace por
separado, lo cual, si bien corresponde con una lógica de intervención diferencial,
también perpetúa la simple coexistencia presentada en estos sectores e inhibe
procesos más profundos de convivencia pacífica y reconciliación. Lo anterior
plantea retos en términos de
la concordancia de esfuerzos tanto del sector
empresarial como de organizaciones sociales y de carácter gubernamental. Otro mecanismo que ha inhibido la generación de espacios de reconciliación
entre excombatientes y comunidades receptoras es la contradicción de conceptos
sobre
reconciliación que
tienen
los sectores sociales
involucrados. Para
los
excombatientes este término se asocia más con el perdón y con el olvido, con
dejar atrás el pasado de violencia; asimismo, delegan en las víctimas el poder de
reconciliarse: «yo en mi caso, también si llegamos a hablar pues pedir perdón [a las
víctimas] pero yo ya no puedo confiar más en esa persona, ni esa persona tampoco
puede confiar […] es que nosotros como desmovilizados no podemos confiar en
nadie, ni aquí, ni con los vecinos, ni con nadie» (Participante grupo focal 1). En el caso de
los excombatientes entrevistados, varios de ellos manifiestan
disposición para entablar en un futuro relaciones con sus comunidades de llegada,
y como se dijo anteriormente, aseguran que es una decisión propia de las personas
que allí habitan: «depende de la comunidad, de las personas, se requiere tiempo… 74 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El acompañamiento brindado
por la Fundación Carvajal,
Eternit y la ACR, ha sido
financiero, técnico y psicosocial uno tiene que hacerse querer porque hay algunos que no respetan, que llegan a
meter miedo, lo importante es hacerse querer» (Participante grupo focal 1). Asimismo aseguran que «a esa gente son disculpas, pero el sentimiento queda, yo
me sentiría muy bien con el hecho de pedir perdón y ya que ellos miren en qué
posición estarían» (Participante Taller Ganchos y Amarras, septiembre 2014). La anterior visión de reconciliación contrasta con la de las víctimas entrevistadas
quienes, no obstante, coinciden en sus sentimientos de desconfianza y zozobra
en los barrios donde coexisten con excombatientes. Para ellos, la reconciliación
solo podrá darse una vez el proceso de verdad, justicia y reparación culmine
satisfactoriamente. Por último, para los presidentes de la Fundación Carvajal (Diario El País, 2014) y de
la Siderúrgica de Occidente (Diario El Tiempo, 2014) la reconciliación es un proceso
que en algún momento de la historia tendrá que darse, pero que requiere esfuerzos
conjuntos y más proactivos por parte de toda
la sociedad. Estas posiciones
encontradas en algunos puntos sobre cómo puede darse
la reconciliación a
partir de esta experiencia no han permitido que se reconstruyan relaciones entre
excombatientes y víctimas. Un sector de las empresas privadas, la institucionalidad
y los excombatientes han concurrido en un espacio de encuentro que con motivo
de
la reintegración económica ha
logrado también restablecer confianzas y
cambiar posturas entre actores, facilitando acciones de reconciliación. Por su parte,
no existen espacios de encuentro entre excombatientes y comunidades receptoras
de los barrios de residencia, solo un encuentro cotidiano en el territorio, en el que,
de manera intencionada o no, no existe un reconocimiento mutuo, que permita un
verdadero proceso de reconciliación. Aprendizajes La identificación de los mecanismos desplegados en la experiencia de Ganchos y
Amarras permite establecer algunas pistas que pueden fortalecer los procesos de
reintegración y las posibilidades de alcanzar escenarios de convivencia pacífica y
reconciliación en contextos similares. Uno de los elementos clave para la consolidación interna de esta experiencia ha sido
el acompañamiento institucional y de empresas que han apoyado directamente
su sostenimiento. El acompañamiento se ha expresado tanto en apoyo financiero
como en lo técnico y psicosocial por parte de la Fundación Carvajal, Eternit, la ACR,
entre otros. 75 Aprendizajes para la reconciliación Lo anterior evidencia la importancia de la convergencia de actores públicos y
privados de cara a la sostenibilidad de procesos de reintegración y sus posibilidades
hacia otros procesos de reconciliación. Es necesario que el conjunto de la comunidad
receptora de excombatientes sea parte activa tanto del proceso de reintegración
como de un eventual proceso de reconciliación, siempre acompañados por la
institucionalidad. En el caso de Cali, se ha evidenciado una actitud de corresponsabilidad por parte
de un sector de las élites caleñas que ha facilitado los procesos de reintegración
económica de excombatientes. Esta situación, que es una ventaja para
la
institucionalidad caleña en términos de la implementación de políticas del sector,
se vuelve un desafío para los gobiernos locales de otros territorios en los que
por el contrario el grueso de sus élites se resiste o son indiferentes en el apoyo a
iniciativas de reintegración de excombatientes. Este tipo de acompañamiento en
otras regiones con menor presencia de actores armados puede generar realmente
procesos de convivencia pacífica entre excombatientes y comunidades receptoras. Por otro lado, esta experiencia evidencia los obstáculos ambientales o estructurales
para una convivencia pacífica entre excombatientes y comunidades receptoras, en
particular por víctimas y comunidades vulnerables, en contextos caracterizados
por la violencia, la segregación y la pobreza. El abordaje de problemáticas como
la violencia, la sensación de inequidad entre las políticas de atención a población
desmovilizada, desplazada y vulnerable, así como
la persistente
impunidad,
alimenta argumentos en contra de acciones de reconciliación por parte de las
comunidades receptoras. Por tal razón, es fundamental comprender y dar solución
a los problemas que afectan directamente la generación de espacios de encuentro,
así como la disposición de los actores en favor de acciones de reconciliación. 76 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Infograma 3 Empresa Ganchos y Amarras Cali 2010 Empresa dedicada a la fabricación de artículos para la (cid:31)jación de tejas.
Compuesta por 10 participantes del programa de la ACR, seis de los cuales
pertenecían a los bloques Calima y Metro de las AUC, y cuatro son desertores
de la guerrilla de las FARC. De los 10 integrantes, nueve han culminado
satisfactoriamente el proceso de reintegración con ACR. Proceso
de desmovilización Reconciliación entre
excombatientes A partir
de la inauguración Los escenarios de violencia, los rasgos
segregacionistas de algunos sectores
de la sociedad caleña y las precarias
condiciones de vida hicieron que no
hubiese un consenso en torno a la
visibilización de la experiencia. Los
excombatientes continúan optando
por el anonimato. A partir de 2012 han
trabajado para alcanzar un punto de
equilibrio después de varios años de
dé(cid:31)cit contable en la empresa. Factores de las experiencias
que permitieron avances en
términos de la
Reconciliación Mecanismos Especí(cid:31)cos Intermediación
(Fundación Carvajal) Mediación (ACR) Convergencia de actores
(Fundación Carvajal / ACR) La política de reintegración
permitió la consolidación
de un proyecto productivo,
que le permitiría
al excombatiente restablecer
su proyecto de vida.
La Fundación Carvajal,
la ACR, SIDOC y OIM, unieron
esfuerzos para apoyar
la iniciativa. Los excombatientes, antes
adversarios, trabajaron
conjuntamente en el espacio
propiciado por la empresa. Episodios Aspectos del contexto que
condicionan a la experiencia, y
que permitieron avances en
términos de la Reconciliación Mecanismos Ambientales Estas características
del contexto propiciaron
una mejor disposición
de algunos sectores
del empresariado y de los
excombatientes mismos,
lo que condujo a ciertos
avances en términos de
la Reconciliación. La persistencia de estas
problemáticas motivó
a los excombatientes a
optar por el anonimato
de cara a las comunidades
de los barrios en los
que habitan. Desarrollo
empresarial Política
de reintegración Violencia urbana Dinámica de poblamiento
y segregación social Difusión La activación de dichos mecanismos se tradujo en unos
avances parciales en el proceso de la reconciliación Coexistencia con la
comunidad receptora. Reconciliación interpersonal
entre los trabajadores
de la empresa,
antes adversarios. Reconciliación social
con un sector del
empresariado caleño. 77 Aprendizajes para la reconciliación Experiencia de Colectivos del Café Colectivos del Café es una cooperativa que ofrece servicios de transporte de
pasajeros por carretera en zonas del Eje Cafetero (Pereira, Cartago, Manizales). La
empresa fue fundada en 1992 por 52 personas desmovilizadas del Frente Oscar
William Calvo47 del Ejército Popular de Liberación (EPL), quienes, como parte de
su proceso de reinserción48, —denominado en su proyecto como reencuentro—,
decidieron asociarse para vincularse a un mercado que era relativamente incipiente
en Pereira: el de colectivos de
transporte
(buses medianos con capacidad
aproximada de 18 pasajeros en promedio). En 1991, 60 excombatientes firmaron un acta de compromiso para establecer una
cooperativa de transportes, a los pocos meses se retiraron ocho, la cooperativa
está compuesta actualmente por 2549 socios, 11 mujeres y 14 hombres. En 1992,
comenzaron a capacitarse en temas administrativos y gerenciales50, asimismo
siguieron ejerciendo la política en el departamento51 sin dejar de lado la formación
profesional del personal que trabajaría allí. En este momento, Colectivos del Café
cuenta con cuatro mujeres que trabajan directamente en sus instalaciones y 54
familias son beneficiaras de la cooperativa. La cooperativa cuenta con 20 cupos propios asignados por el Ministerio de
Transporte que les otorgó la licencia de transportar pasajeros desde y hacia Pereira,
Manizales y Cartago. Pero no todos los cupos de los buses son de exmiembros del52
EPL, pues con el tiempo surgió la necesidad económica de abrir la cooperativa a
personas externas para sus sostenibilidad. 47 En Risaralda se desmovilizaron un total de 184 personas incluyendo hombres y mujeres provenientes de los frentes
Aldemar Londoño del Putumayo, los frentes del Norte del Tolima, del Valle del Cauca y en su mayoría del Oscar William
Calvo. (Arrieta, 2006).
48 El EPL calificó su proceso como reencuentro con la sociedad, sus miembros difieren en que se les considere como
como proceso de reinserción o reintegración.
49 Han sido diferentes motivos los que han reducido el número de socios, entre ellos las crisis económicas que han
tenido y que las expectativas que se tenían con el negocio no fueron satisfechas. El hecho de que algunos socios se
hayan retirado no implicó en ningún momento que el capital que invirtieron en Colectivos del Café les fuera devuelto.
Una de las condiciones es que el capital de la cooperativa es de la cooperativa y, por lo tanto, aquellos que se retiren
no podrán recibir dinero que haga parte del capital de la empresa.
50 Como parte del proceso de reinserción el Gobierno ofreció educación para los desmovilizados. En el caso de los
miembros de Colectivos del Café, una de los cursos que más se promovió fue con las mujeres para que se capacitaran
como taquilleras: uno de los cargos que más se necesita en una empresa de transportes.
51 Marino Álzate, actual gerente de Colectivos del Café fue diputado de la Asamblea por la Alianza Democrática M-19
y los reinsertados del EPL participaron activamente en su campaña.
52 Se usa el término «reinserción» teniendo en cuenta el marco jurídico que cobijó las desmovilizaciones del EPL.
Asimismo, ellos prefieren ser reconocidos como reinsertados y no reintegrados, porque consideran que el factor
de participación política que tuvieron con el proceso de reinserción es una gran diferencia con el proceso actual de
reintegración de excombatientes. 78 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras La experiencia de Colectivos del Café permite la identificación de mecanismos que
han permitido o facilitado el funcionamiento y mantenimiento de la experiencia,
como un proceso de
reinserción económica que avanzó hacia acciones de
reconciliación en su comunidad receptora. Algunos de esos mecanismos están
relacionados con el contexto, pero en su gran mayoría han sido elementos
propios de la experiencia, lo cual la hace muy endógena, pero al mismo tiempo
tiene
relevancia en el entendimiento de procesos de
reconciliación que se
dan en comunidades receptoras y que no han sido victimizadas directamente.
No obstante, la experiencia de Colectivos del Café, evidencia particularidades
proporcionadas por el momento histórico y político que vivía el país en los 90,
aspectos estructurales que facilitaron el reencuentro de estos miembros del EPL
con este sector de la comunidad pereirana. El contexto de Pereira Pereira está ubicada en el centro-occidente del país y limita con los departamentos
de Antioquia, Tolima, Caldas, Chocó, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Según
proyecciones de población del DANE para el 2015, Pereira contará con un total de
469.644 habitantes. En 2005 el 52,2 % de la población eran mujeres y el 47,8 % eran
hombres (DANE, Boletín Censo General 2005 Perfil Pereira, 2010). En la población
pereirana el género femenino predomina. La proporción dentro del total de
habitantes es de 52,45 %, relación superior a la existente en el departamento de
Risaralda en 1,15 puntos porcentuales. 79 Aprendizajes para la reconciliación Mapa 3
Experiencia de Colectivos del Café 80 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Aspectos sociales y económicos Pereira es un municipio, en su mayoría, receptor de población migrante. El 48,8 %
de la población de Pereira había nacido en otro municipio o en otro país, según
el censo de 2005. El 13 % de la población de cinco años y más, que residía en el
momento del censo en el municipio, procedía de otro lugar del departamento y
el 0,8 %, de otro país. Igualmente, Pereira es el segundo municipio de Colombia
con mayor intensidad migratoria, según el mismo censo. Esto constata «que el
crecimiento poblacional de Pereira se ha sustentado en alta medida en procesos
migratorios históricos, que al momento del censo conservaban su dinámica»
(Ministerio del Trabajo & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD, 2013). No obstante, el área metropolitana de Pereira ha tenido las más altas
tasas de desempleo urbanas en Colombia durante los últimos años, por lo tanto,
se «ha venido generando en el mismo sentido condiciones de empleo precario
que se han venido reflejando en el subempleo, como problema subsidiario de la
desocupación laboral» (Alcaldía de Pereira, 2014). La ciudad fue fundada en 1863 por un grupo de ciudadanos de Cartago, vecina
población de la región del Gran Cauca. Durante la historia de su formación la ciudad
ha tenido recepción importante de migrantes provenientes de departamentos
como Antioquia, Caldas, Quindío. Desde 1870 y, como resultado de las guerras
civiles de 1876 y 1885, la región hoy conocida como Pereira recibió una oleada
de inmigrantes provenientes de Antioquia (Rodríguez Becerra, 1993, p. 6). Los
primeros migrantes tenían características similares a los pobladores originales, en
cuanto a las ocupaciones e indumentarias, «todos eran campesinos o al menos
descendientes de ellos» (Luis Duque Gómez, 1963, p. 5) por lo que esta similitud
de costumbres y características de pobladores originales y migrantes desde la
segunda mitad del siglo XIX, «ha significado que la ciudad desde el punto de vista
de la hospitalidad hacia el forastero ha sido y es, la ciudad sin puertas para quienes
provienen de otras regiones del país. [La migración] ha sido favorecida por la
localización geográfica de la ciudad y ha contribuido a reforzar el carácter abierto
de la sociedad pereirana» (Luis Duque Gómez, 1963). En cuanto a
la economía, para el siglo XIX se reconoce como primitiva con
predominancia de agricultura, ganadería y comercio. A comienzos del siglo XX, junto
con la ganadería, se consolidó el mercado del café y la caña de azúcar, renglones
que desplazarían gradualmente al oro, al caucho y al cacao. El café, que había sido
introducido en la región en 1865, solamente se tornó en el pilar fundamental de
la economía caldense a principios del siglo XX, sin que esto significara que la caña
de azúcar y la ganadería dejaran de ser economías regionalmente representativas, 81 Aprendizajes para la reconciliación Hay quienes aseguran que
el EPL nunca constituyó una
amenaza real y latente para la
clase dirigente del Eje Cafetero especialmente en Pereira. Durante la primera mitad del siglo XX, los departamentos
de Caldas, Risaralda y Quindío tenían
las mayores fincas cafeteras del país y
lograron posicionar el café colombiano, internacionalmente reconocido por su alta
calidad. Para 1980, en Pereira, «las fincas menores de 4 hectáreas representaban el
80 % del total de explotaciones, pero únicamente cubrían el 38 % de la superficie y
apenas si lograban contribuir con el 33 % de la producción» (Arango Gaviria, 1989).
Esto denota que a pesar de que Pereira hace parte de la reconocida zona cafetera
en Colombia, el aporte a la economía nacional del café no era tan representativo
como el de otras zonas, por lo que su auge económico no fue tan notorio. Actores armados en Risaralda y Pereira En el departamento de Risaralda ha coincidido la presencia de distintos grupos
armados, mayoritariamente en las zonas rurales. En primer lugar, se encuentra el
Ejército Popular de Liberación (EPL) grupo que hizo su incursión en la década de
los 80, cuando el Frente Carlos Alberto Morales, después conocido como Frente
Oscar William Calvo, comenzó sus operaciones en el Eje Cafetero, específicamente
tenía injerencia en los departamentos de Risaralda, en el oriente de Caldas y en el
suroeste de Antioquia. (Comisión de la Superación de la Violencia, 1992, pág. 71). El año 1988 se reconoce como el año de la más fuerte ofensiva en contra del EPL y
de su base social en el departamento de Risaralda: Tras el secuestro y asesinato del cafetero Hernán Londoño53 por parte
de esta organización, el Batallón San Mateo de Pereira, apoyado según
algunas fuentes por grupos paramilitares financiados por la clase dirigente
regional, desató una contraofensiva que
incluyó detenciones
ilegales,
torturas, desapariciones y asesinatos en el resguardo
indígena de San
Lorenzo en Riosucio, Caldas (donde se encontró el cuerpo del secuestrado),
y detenciones ilegales y torturas en la misma ciudad de Pereira. (Comisión de
la Superación de la Violencia, 1992, p. 72). Sin embargo, hay quienes aseguran que el EPL nunca se constituyó o se reconoció
como una amenaza real y latente para la clase dirigente del Eje Cafetero: Los fortines guerrilleros fueron ante todo
los municipios periféricos de
la zona cafetera en los límites con el Chocó […] Quizá por ello la guerrilla
fue percibida por buena parte de la clase dirigente como un problema 82 53 Información de este evento narrado por Carlos Mario Franco. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Uno de los más grandes
fenómenos generadores de
violencia en la ciudad de Pereira
fue, y ha sido, el narcotráfico marginal; y tan pronto como se pasó de límite, como en el secuestro de
Hernán Londoño, a esta clase social le fue posible cerrar las filas y enfrentarlo
con éxito a través de las Fuerzas Armadas o de grupos paramilitares o de
autodefensa. (Comisión de la Superación de la Violencia, 1992, p. 72) Al respecto, puede enunciarse el grupo paramilitar «Los Magníficos», que desplegó
acciones en la región con el fin de neutralizar al EPL y fue sostenido por algunos
miembros de la clase dirigente risaraldense. Posteriormente, aunque la mayoría
del Frente Oscar William Calvo se desmovilizó, en el departamento siguió actuando
una estructura disidente de dicha organización, que concentró sus acciones en los
departamentos de Risaralda y Caldas. Durante 2006 ocurrieron varios hechos que
provocaron la desarticulación de este grupo54. Por otro lado, las Farc, por medio de la injerencia de los frentes 47 y 50, buscaban
consolidar un corredor que les permitiera, por un lado, asegurar la salida al mar a
través de Chocó, a través de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, y por otro,
facilitar un paso permanente entre el sur y el norte del país (Martínez Herrera,
2006). Asimismo, la compañía Aurelio Rodríguez ha actuado históricamente en la
zona Norte de Mistrató, Pueblo Rico, Guática y Quinchía (Observatorio DDHH de la
Vicepresidencia de la República de Colombia, 2007). La columna Jacobo Arenas lo
hacía en las áreas urbanas. Es relevante anotar que uno de los más grandes fenómenos generadores de
violencia en la ciudad de Pereira fue, y ha sido, el narcotráfico. Para el año 1999,
«los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses señalaban la fuerte influencia del narcotráfico y sus múltiples actores en
el departamento de Risaralda. Destacaban los elevados índices de homicidio en
el norte del Departamento del Valle del Cauca, el sur de Risaralda, y el occidente
de Caldas» (Martínez Herrera, 2006). Según Martínez Herrera (2006), las bonanzas
generadas por el cultivo del café y amapola, la creciente presencia de laboratorios
para el tratamiento de sustancias ilícitas y la compra de terrenos por parte de
narcotraficantes, provenientes fundamentalmente del Valle del Cauca, generaron
escenarios de violencia en los cuales estos nuevos actores ejercían regulación sin
la mediación estatal. 54 «El primer hecho, fue la muerte en combate de alias «Leytor», comandante del frente, en un choque armado
registrado el 8 de julio de 2006, con tropas del Batallón San Mateo del Ejército en Quinchía. Posteriormente fue
capturado alias «Leo», presunto sucesor de Leytor y finalmente, el 23 de julio, se presentó la desmovilización de varios
de sus integrantes, gracias a la presión de la Fuerza Pública, lo que condujo a su desarticulación». (Observatorio DDHH
de la Vicepresidencia de la República de Colombia, 2007) 83 Aprendizajes para la reconciliación Así las cosas, se fortaleció un foco mafioso en la ciudad de Pereira, al mismo
tiempo receptora de
las
familias que surgieron de
las dinámicas, guerras y
desmantelamientos de los carteles del Valle y Medellín, y que buscaron refugio
en la zona pero sin abandonar los nexos con la ilegalidad; así se origina el Cartel
de Pereira. Dadas estas nuevas condiciones, durante la administración de Ernesto
Samper, se conforman las convivir de Guática, Belén de Umbría y Pereira. Estas
convivir precedieron la entrada del paramilitarismo en el departamento y sumado
a distintos factores ocasionaron un aumento de la violencia en el departamento
(Nuñez, 2007). El fenómeno paramilitar hizo su incursión en el departamento de
Risaralda en el año 2000. Dicha entrada estuvo a cargo del Bloque Central Bolívar
en cabeza del Frente Cacique Pipintá, que tenía injerencia en el norte de Caldas
y extendía su accionar hasta Risaralda, y el frente Héroes y Mártires de Guática,
que actuaba en el norte del departamento y en Chocó (Observatorio DDHH de la
Vicepresidencia de la República de Colombia, 2007). En medio de este contexto violento, aunque la movilización social en Pereira ha sido
baja en cuanto al número de hechos, el sindicalismo y el movimiento estudiantil
ganaban gran reconocimiento. En cuanto al sindicalismo y al movimiento obrero
en la región, los antecedentes se remontan a la Ley 83 de 1931, por medio de la
cual se conformaron distintas agremiaciones de trabajadores «en el caso de Pereira
aparecieron sindicatos de latoneros, sastres, zapateros, lustrabotas, carpinteros,
matarifes y oficios varios» (Gómez, 2013). Fue así como, a partir de la labor de distintos
líderes como Ignacio Torres Giraldo y Julio Restrepo Toro55 quienes comenzaron a
propagar algunas ideas marxistas en Pereira a comienzos del siglo XIX, los partidos
políticos Comunista y Liberal ofrecieron a los sectores trabajadores una adscripción
a partir de ofrecimientos como cursos sindicales y reformas laborales que los
favorecieran (Gómez, 2013). Sin embargo, podría decirse que la sociedad pereirana
se considera conservadora en su mayoría, pero la organización sindical al igual que
la estudiantil goza de fuertes redes que, si bien no son grandes en número, tienen
un impacto importante en las dinámicas sociales del municipio. Específicamente
en cuanto al movimiento estudiantil-universitario en la coyuntura entre 1980 y
1983, se presentaron fuertes conflictos en las universidades Libre y Tecnológica que
ocasionaron el cierre de las instituciones, la cancelación de períodos académicos 55 Ignacio Torres Giraldo fue «líder sindical antioqueño (Medellín, 1892 - Palmira, 1968). Descendiente de colonizadores
paisas que poblaron el Valle del Cauca, Ignacio Torres Giraldo se vinculó desde muy joven a la actividad productiva
como obrero, y al sindicalismo, en el cual inicialmente tuvo una marcada tendencia liberal radical, luego obrero-
socialista, posteriormente comunista y en sus últimos años marxista independiente. En 1913, cuando apenas contaba
con 21 años, Torres Giraldo vivía en Pereira y participaba políticamente del lado de la izquierda liberal. Dos años
después participó en la fundación del Instituto Manuel Murillo Toro, de tendencia radical, centro docente en el que
trabajó entre 1915 y 1917, y simultáneamente colaboraba en los periódicos El Surco, órgano del colegio, y El Martillo,
de tendencia abiertamente revolucionaria». (Rueda Enciso, 1978). Julio Restrepo Toro: Reconocido abogado comunista
en Pereira). 84 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras y expulsión masiva de profesores y estudiantes. Dichas universidades han jugado
roles protagónicos en la movilización estudiantil en Pereira. Finalmente, en el contexto enunciado anteriormente resaltan algunos elementos
contextuales que han ejercido funciones de mecanismos ambientales influenciando
la trayectoria de la experiencia de Colectivos del Café. El bajo impacto de la violencia
ejercida por los excombatientes del EPL en Pereira, además de la fortaleza de las
instituciones encargadas de acompañar la reinserción fueron vitales para el proceso
de los desmovilizados y el surgimiento de la empresa. Igualmente, la formación de
la población pereirana, acostumbrada de cierto modo a la recepción de migrantes
de distintas regiones del país y la cercanía que sentían los desmovilizados del
EPL con algunos sectores de la comunidad pereirana, fueron características del
contexto que influyeron en una mayor disposición para entablar relaciones con los
excombatientes que llegaban a formar parte de sus comunidades. La desmovilización e inicio del proceso de reinserción del EPL:
un primer paso hacia el reencuentro con la sociedad pereirana Los factores antes enunciados configuraron un contexto en el que decidieron
desmovilizarse y reinsertarse un número cercano a los 200 combatientes del Frente
Oscar William Calvo (OWC) del EPL, 60 de los cuales conformaron la Cooperativa de
transportes Colectivos del Café. En marzo de 1991, la desmovilización del Frente Oscar William Calvo (OWC) se llevó
a cabo en el corregimiento de Villa Claret, municipio de Pueblo Rico, departamento
de Risaralda. Este momento fue el primer paso hacia un reencuentro con la sociedad
después de varios años de permanencia en el grupo armado. La confianza en los
comandantes que habían negociado con el Gobierno logró que los excombatientes
de rangos medios y bajos creyeran en la propuesta de desmovilización que se había
acordado entre el EPL y el Gobierno nacional. Asimismo, la presencia institucional
y de las Fuerzas Militares reforzó la confianza del grupo de desmovilizados en los
ofrecimientos del Gobierno para su proceso de reinserción. Precisamente el por qué se identifica a las Fuerzas Militares como un actor con
el que se construyó confianza durante el proceso de desmovilización reside
en que durante la permanencia en el campamento de Villa Claret —durante las
negociaciones en 1991— fueron estas las que facilitaron la llegada de alimentos
y garantizaron la seguridad a los combatientes del EPL. Durante la permanencia
en el campamento de Villa Claret, se dieron a conocer algunos de los acuerdos a
los que habían llegado con el Gobierno; sin embargo, hoy en día los comandantes 85 Aprendizajes para la reconciliación Los excombatientes entrevistados
decidieron asentarse en Pereira por su
pujanza económica, así como por el trabajo
político sólido que tenían en el lugar aseguran que el proceso de socialización de la reinserción fue superficial, por lo
que muchos excombatientes sufrieron más que otros una vez comenzaron el
proceso de reinserción (Entrevista 1). Este hecho hizo que en un primer momento de
la desmovilización
los
excombatientes sintieran desconfianza en el proceso de reinserción, pero al ver
que las demás entidades del Gobierno involucradas (Gobernación, SENA, ejército,
Consejería de Paz de Presidencia) sí acompañaron el proceso, volvieron a creer y
apostaron por la reinserción a la vida civil. Los miembros excombatientes entrevistados de esta cooperativa aseguraron que
decidieron asentarse en Pereira, porque consideraban que en la parte urbana de este
municipio era donde tenían un trabajo político sólido. Esta decisión fue concertada
entre los líderes del Frente OWC y luego fue compartida con los excombatientes que
quisieron hacer parte de la experiencia. Las mujeres desmovilizadas entrevistadas
aseguraron que estos momentos fueron difíciles porque algunas iban a ser madres
solteras y esto dificultaba las posibilidades de estudio y trabajo, pero encontraron
en la propuesta de Colectivos del Café la mejor opción para salir adelante. Por otro lado, Pereira era la ciudad intermedia con la que sentían más cercanía y
simpatía los exmiembros del Frente OWC, ya que había sido la ciudad más cercana
para suplir dotaciones y alimentos cuando estaban en las filas del EPL. A la par,
consideraban que a pesar de ser una sociedad conservadora, debido al carácter
abierto característico de Pereira, ellos podrían tener mejores posibilidades para
su proceso de reinserción. Para el momento, Pereira era considerada por el EPL
como la ciudad más pujante económicamente del Eje Cafetero (Quindío, Caldas
y Risaralda), tal y como aseguró Marino Alzate (excomandante del Frente OWC y
actual gerente de Colectivos del Café) «la dinámica política, social y económica
de este departamento que era sobresaliente con
respecto a
los otros dos
departamentos que es el caso de Quindío y Caldas» (Participante grupo focal 2) y
por esta razón se motivaron aún más a asentarse en la ciudad. Una vez llegaron a esta ciudad, el proceso de reconstrucción de confianza por parte
de las comunidades que recibieron a los excombatientes pasó por una etapa de
prevención hacia los desmovilizados y al impacto que pudiera tener la presencia
de exguerrilleros en sus comunidades. Esas prevenciones se alimentaban del
temor que inspiraba la connotación de ser guerrillero y haber portado un arma,
de esta manera, los prejuicios eran constantes y expresados por miembros de la
comunidad que tenía contacto directo con los desmovilizados que harían parte de
Colectivos del Café. 86 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El proceso educativo permitió la construcción
de confianza en los desmovilizados, la constancia
y el respeto frente a los compromisos adquiridos
por parte de las personas desmovilizadas Un ejemplo concreto de esta situación se dio entre profesores de la Universidad
Tecnológica de Pereira (en adelante UTP) y los excombatientes. Como parte del
programa de nivelación bachiller al que podían acceder los desmovilizados del EPL,
la UTP presentó un proyecto para un programa único y especializado de nivelación
bachiller para los desmovilizados. Esta iniciativa estuvo liderada por una de las
decanas de la Facultad de Ciencias de la Educación, quien hoy asegura que fue una
experiencia productiva, exitosa y sobre todo concertada con las necesidades y los
contextos de los que provenían los excombatientes (Entrevista 2). Pero a pesar de
esto, hubo personal de la Universidad que no creía en la experiencia ni en que los
excombatientes fueran a responder al esfuerzo del Gobierno y de la UTP, aseguraban
que «el que es, no deja de ser» refiriéndose a las personas desmovilizadas, negando
de entrada la posibilidad de que los excombatientes demostraran su compromiso
con el proceso de reinserción. Lo anterior denota las primeras prevenciones y temores que surgieron en un sector
de comunidad receptora que entró en contacto con desmovilizados del EPL. En este
caso, la comunidad educativa evidenciaba las dos posiciones adversas respecto al
proceso de reinserción. Por un lado, el apoyo a los desmovilizados en proceso de
nivelación académica por parte de los profesores que les dictaban clases en la UTP;
y por otro lado, el escepticismo sobre el verdadero cambio que pudieran presentar
los desmovilizados del EPL. Pero en este caso, esas prevenciones no estaban
relacionadas con un impacto directo de la violencia ejercida por el EPL en Pereira,
sino que se alimentaban de representaciones sociales sobre el significado de haber
pertenecido a la guerrilla, como grupo armado. No obstante, con el tiempo, el proceso educativo permitió la construcción de
confianza en los desmovilizados, la constancia y el respeto frente a los compromisos
adquiridos por parte de las personas desmovilizadas redujo progresivamente los
temores y estigmas hacia esta población. Fue el primer paso al reencuentro con
sectores de la sociedad pereirana. Sin embargo, la relación de los excombatientes
con el resto de miembros de la UTP fue muy superficial, ya que los desmovilizados
y los estudiantes de la UTP no compartían los mismos espacios de aprendizaje (en
parte debido a la particularidad del programa ofrecido a excombatientes) ni los
mismos horarios de clases. Sí se compartieron espacios comunes como cafeterías
o bibliotecas, y aunque no se entablaron relaciones cercanas de reconstrucción de
confianza, tampoco hubo incidentes de convivencia al interior de la Universidad
entre estudiantes y personas desmovilizadas (Entrevista 2). 87 Aprendizajes para la reconciliación El proceso de construcción de confianza en esta oportunidad se vivió de manera
diferenciada entre hombres y mujeres excombatientes. Adicional al proceso
de aprendizaje y a las dificultades que esto representaba en general para los
excombatientes,
las mujeres tuvieron que vivir otro proceso de adaptación,
incluso más radical que el de los hombres. Aquellas costumbres de convivencia
(vocabulario,
comportamiento,
formas de expresión, etcétera.) que habían
construido durante la permanencia en el EPL, fueron modificadas drásticamente
en el proceso de adaptación a la vida civil (Entrevista 2). Aunque
hombres
y mujeres
desmovilizadas
contaban
con
las mismas
oportunidades
frente a capacitaciones técnicas y oferta
laboral y educativa,
desde este primer episodio se vislumbran algunas diferencias en los procesos de
reinserción de hombres y mujeres. Las mujeres modificaron comportamientos
que para la comunidad receptora eran considerados impropios, por lo que para
ellas esta etapa significó no solo una reconstrucción de sus vidas en proceso
de reinserción, sino una modificación del imaginario de lo que «debía ser» una
mujer reinsertada para que
fuera aceptada por
las comunidades receptoras,
acostumbradas a estereotipos del comportamiento femenino distintos a los que
ellas conocieron en las filas del EPL. Al mismo tiempo que se daba un proceso de confianza entre la comunidad educativa
de la UTP y aquellos desmovilizados que harían parte de Colectivos del Café, se dio
un proceso de construcción y afianzamiento de las expectativas y la confianza de
los desmovilizados en el Gobierno y en las instituciones que lo representaban: «el
Gobierno a nosotros como reinsertados nos dio muchas oportunidades. La gente
quería estudiar, abrieron cupos en el SENA, en las universidades. Lo que pasa es
que hay muchos que no aprovechamos» (Participante grupo focal 1). 88 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El inicio de operaciones de Colectivos
del Café: el encuentro con clientes y la resolución
de conflictos con otras empresas transportadoras Paralelo al proceso de formación y nivelación académica que vivió este grupo
de excombatientes, aquellos que habían sido comandantes del Frente OWC
propusieron la formación de una cooperativa como opción económica ya que
«la unión hace la fuerza, entre más nos juntemos y juntemos toda la platica,
más fácil nos queda enfrentar esta etapa» (Entrevista 1). Así las cosas, entre 52
excombatientes juntaron capital y dieron inicio a la experiencia de la cooperativa
de transportes Colectivos del Café. Corpes de Occidente (corporación regional
de planificación) fue el ente gubernamental (ya extinto) que financió y apoyó el
diseño del proyecto y los estudios de viabilidad. Asimismo, fue el ente que estuvo a
cargo de la redacción de la solicitud de licencia de transporte ante el Ministerio de
Transporte para que Colectivos del Café comenzara operaciones. A finales de 1992, y la primera mitad de 1993, se hicieron todos los trámites
respectivos para la solicitud de la licencia de transporte público ante el Ministerio
de Transporte, pero dentro de los requisitos para que se otorgara la licencia de
operaciones, existía el derecho de oposición de las demás empresas transportadoras
que ya ocupaban las rutas que Colectivos del Café aspiraba a transitar. A partir
del anuncio de la entrada de una nueva empresa transportadora varias empresas
materializaron su oposición aduciendo que esta nueva empresa generaría más
competencia en la terminal de transportes por la alta oferta en las rutas que estaban
solicitando Colectivos del Café al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRA)
del Ministerio de Transporte. Aunque en el derecho de oposición, las empresas
aducían únicamente razones económicas, la procedencia de Colectivos del Café
como resultado de un proceso de desmovilización y reinserción sí fue utilizada
para desprestigiarlos entre las mismas empresas y una parte de la comunidad del
terminal de transportes de Pereira. Ante esta acción de las demás empresas, los líderes de Colectivos del Café decidieron
reunirse con una de las empresas opositoras con mayor influencia en la terminal de
transportes para comunicar que ellos solo querían trabajar honestamente como
parte de su proceso de reinserción. El vocero de la empresa les contestó que el
tema era únicamente económico, ya que la entrada de Colectivos iba a implicar un
gasto nuevo en la mejora del servicio de las otras empresas con el fin de no perder
clientes con la nueva competencia (Participante grupo focal 2). Ante la negativa
de las demás empresas transportadoras de aceptar la entrada de otra empresa y el
retraso en los pagos de los créditos que habían adquirido para compra de buses, 89 Aprendizajes para la reconciliación Durante el proceso de consolidación de la empresa se presentaron
algunas crisis al interior del grupo de excombatientes, debido a la
incertidumbre alrededor de la cooperativa y la decisión de invertir
sus subsidios de reinserción en esa empresa los miembros de Colectivos del Café se tomaron la Cruz Roja y la sede del INTRA
(Ministerio de Transporte) en Pereira56, exigiendo que el Gobierno expidiera la
licencia para poder garantizarles su acceso al trabajo tal y como se había prometido
en los acuerdos de paz. Ante esta toma en septiembre de 1993, el Gobierno expidió
la licencia tres días después. En contra del deseo de
las demás empresas transportadoras del terminal de
transportes de Pereira, el 3 de diciembre de 1993 entraron en funcionamiento siete
microbuses de transporte de Colectivos del Café a cubrir las rutas que les había
asignado el Ministerio de Transporte. Las dificultades que se presentaron para la
expedición de la licencia evidencian el tipo de relacionamiento con la comunidad
receptora, compuesta en este episodio por los miembros y dueños de empresas
transportadoras de la terminal. Estas relaciones estuvieron mediadas por recelos
empresariales y prevenciones motivadas por
las consecuencias económicas
de la entrada de una nueva empresa, además de aquellas prevenciones hacia
excombatientes que ingresaran a sus mercados y comunidades. Los miembros
de Colectivos del Café aseguraron que, a pesar de esto, no recuerdan haber
sido víctimas de señalamientos negativos por ser desmovilizados del EPL, pero
sí recuerdan la reacción que tuvieron los trabajadores de la terminal cuando se
enteraron de que eran excombatientes; aseguran que su presencia generaba cierta
curiosidad, sin que esto implicara que no hubiera temor por la desconfianza que
generaba el haber sido parte de una guerrilla. Durante el proceso de consolidación de
la empresa y
la consecución de
los
permisos para los colectivos de transporte, se presentaron algunas crisis al interior
del grupo de excombatientes. Estas crisis estuvieron mediadas por un ambiente de
incertidumbre sobre el acierto o desacierto que habían tenido al tomar la decisión
de formar la cooperativa e invertir sus subsidios de reinserción en esa empresa.
Los miembros de Colectivos del Café aseguran que en esos momentos se sentían
frenados por el Gobierno y rechazados por la comunidad con la que iban a tener
que convivir en el proyecto económico que habían elegido. Pero a pesar de estos
inconvenientes, consideran que haber logrado la expedición de la licencia y haber
comenzado a transportar clientes fue uno de los mayores logros de sus vidas: «el 3
de diciembre arrancó el proyecto como tal, por ende es una fecha muy importante,
nosotros cada año celebramos» (Participante grupo focal 1). 90 56 En los medios este evento fue relatado de la siguiente manera: «el EPL de Risaralda iniciaron ayer acciones de
protesta, con desfile de una flotilla de vehículos colectivos por las calles de Pereira y ocupación de la Cruz Roja y
el Cuerpo de Bomberos de Pereira. El movimiento de los reinsertados habría sido motivado por la dilación de una
licencia de operación, pedida para la flotilla de colectivos conseguidos bajo los programas de asistencia económica del
Gobierno nacional, pero cuyo trámite por parte del Intra lleva un año de papeleos» (El Tiempo, 1993). Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras En 1995, debido a la falta de experiencia en el manejo financiero,
llegó la primera crisis para la empresa. Este aspecto implicó la
apertura de la experiencia a socios externos, propiciando la
creación de nuevos espacios de convivencia con otros actores Una vez comenzaron a operar los colectivos, la mayoría de socios de Colectivos
del Café desarrollaron un papel en la empresa. El gerente de ese momento fue un
excomandante, algunos hombres pudieron asumir como conductores y algunas
mujeres ocuparon cargos de taquilleras y coordinadoras de ruta. Estos cargos
fueron asumidos gracias a las capacitaciones previas que habían recibido. Cabe resaltar que el rol que desempeñaron las mujeres excombatientes dentro
de Colectivos del Café fue asumido luego de un proceso de transformación de
actitudes y adaptación: sus formas de expresión y sus lenguajes corporales y orales
se adaptaron a un ambiente servicial al público como el requerido por una empresa
de prestación de servicio de transporte, en el que la atención al cliente primaba
en la fidelización: «entonces el hecho de la preparación fue fundamental, nos
enseñaron que realmente nosotros íbamos a servir, a ofrecer, entonces todo eso
fue logrando que nosotras fuéramos desarrollando esa actitud […]» (Participante
grupo focal 1). Asimismo, los hombres asumieron en su mayoría roles como los de
conductores de los colectivos y de personal administrativo o gerencial. Las crisis económicas y la inclusión
de nuevos socios a Colectivos del Café Luego de que en 1993 Colectivos del Café comenzó sus operaciones comerciales, el
negocio se mantuvo próspero hasta 1995, cuando debido a la falta de experiencia
en el manejo financiero llegó la primera crisis. En ese momento, con el fin de sortear
las dificultades, Colectivos del Café tomó la determinación de abrir la participación
de la empresa y permitir la asignación de algunos de sus 20 cupos de colectivos a
dueños de buses externos que quisieran invertir bajo la figura de afiliados. Es decir
que se dio la oportunidad a personas no desmovilizadas de inscribir sus buses
en la cooperativa de transportes sin que fueran socios de la misma. Este hecho
en particular fue el primer encuentro importante de Colectivos del Café (como
empresa no como individuos) con ciudadanos que nada tenían que ver con el
proceso de reinserción de excombatientes del EPL en Pereira. Las mujeres
excombatientes
entrevistadas
definieron
este momento
así:
«inicialmente hubo mucho celo pero a la vez un aprendizaje, también trabajar en
equipo, el permitir como el hecho de que se participe fue en el momento lo que nos
dio como la salida a esa situación» (Participante grupo focal 1). Esto indica que la
apertura de la cooperativa, si bien fue una necesidad económica para la subsistencia
de la empresa, se convirtió en un mecanismo para la creación de nuevos espacios
de convivencia con actores con los que antes no se tenía contacto alguno y no se
compartía una identidad de grupo. En el presente, comparten con todos los socios 91 Aprendizajes para la reconciliación y afiliados en fechas especiales como Navidad y los aniversarios empresariales. La
confianza se ha construido a partir del respeto por los compromisos comerciales
y financieros entre los socios de la cooperativa y los afiliados. La procedencia de la
empresa y su origen en el proceso de desmovilización del EPL no ha sido un tema
de discusión, más bien, las relaciones establecidas se han basado en la imagen que
ha construido la empresa Colectivos del Café. En 2001 se consolidó una alianza comercial con
la empresa de transportes
Transoccidental. Esta alianza se concretó con el fin de adquirir y administrar
conjuntamente diez buses más, pero a diferencia de los colectivos que venían
manejándose en Colectivos del Café, los buses nuevos tenían una capacidad mayor
para transportar pasajeros. Precisamente, Transoccidental había sido una de las
empresas opositoras a la entrada de Colectivos del Café a la terminal de transporte,
pero al ver el número de clientes que había consolidado Colectivos del Café aceptó
que se hiciera una alianza que beneficiaría a las dos empresas. La adquisición de
estos nuevos buses fue considerada como un paso de crecimiento económico y
personal «[…] entonces claro, con ese gusto porque para nosotros era un paso de
crecimiento, era pasar de carros pequeños a carros grandes y ya no 20 carros, sino
30» (Participante grupo focal 1). Sumado a este acontecimiento de crecimiento e innovación al interior de Colectivos
del Café, en 2004 diseñaron un plan de transporte VIP cuyo público objetivo eran los
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira que necesitan transportarse
todos los días desde Cartago y Manizales. La innovación y adaptación de los
servicios acorde con el principio de una buena atención al cliente permitió que
Colectivos del Café sorteara distintas crisis y lograra permanecer en el tiempo
como una de las empresas de transporte más reconocidas en Pereira. Desde 2002, Colectivos del Café y sobre todo
las mujeres más activas de
la
cooperativa pusieron empeño en diseñar y construir un tecnicentro57 en el que
se encontraban las oficinas de la empresa, se tenía un lavadero de los carros y se
prestaba servicio técnico. Para las mujeres de Colectivos del Café, ese proyecto
del tecnicentro tenía todo el empeño y el corazón porque fue un espacio que les
permitió comenzar, retomar o finalizar sus capacitaciones y empezar a asumir
cargos dentro del área administrativa que antes solo podían asumir personas
externas que sí contaban con la formación requerida. 92 57 El tecnicentro fue un proyecto que resultó en un local en el que coincidían distintos espacios funcionales para
Colectivos del Café. Incluía atención técnico-mecánica de los buses, las oficinas administrativas, lavadero de buses. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras En 2012, tuvieron que vender este inmueble debido a una nueva crisis económica,
y fue esta la crisis que mayor impacto causó en las mujeres, ya que creyeron que era
el fin de la experiencia que se había construido a partir de Colectivos del Café. Tal
vez el episodio importante no fue la venta del tecnicentro, sino la inminente pérdida
de lo que realmente lograron en esos años como empresa y como individuos.
En el caso de las mujeres, este espacio les permitió sentirse empoderadas de su
empresa y querer mejorar para sacarla adelante, por eso la venta del tecnicentro la
recuerdan como un hecho importante que marcó la historia de Colectivos del Café. Sobre cómo se logró la convivencia
y reconciliación con comunidades a partir
de la experiencia de Colectivos del Café Durante 21 años, Colectivos del Café se ha consolidado como una de las empresas
transportadoras con mayor reconocimiento en Pereira. Pocos clientes conocen el
origen de la empresa que los transporta, solo les importa el servicio que brindan y
la comodidad que ofrecen sus buses. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica
de Pereira son clientes frecuentes58. Este escenario de reconciliación ha sido posible
gracias a distintos mecanismos que se han identificado en su trayectoria y que, paso
a paso, han modelado unos aprendizajes hacia procesos de convivencia pacífica y
reconciliación entre aquellos que fueron combatientes del EPL y las comunidades
a las que llegaron a recorrer sus procesos de reencuentro. En primer lugar, es importante decir que esta experiencia se derivó del proceso
de desmovilización y
reinserción del EPL en Colombia, específicamente de
excombatientes que operaban en zonas rurales del departamento de Risaralda.
En segundo lugar, el proceso anterior se vio facilitado por un escenario de mayor
tolerancia hacia las ideologías de izquierda que profesaba el EPL incluso después
de su desmovilización, por lo que encontraron un asidero político en la legalidad tal
y como se había plasmado en los acuerdos y la Asamblea Nacional Constituyente
que dio origen a la Constitución de 1991. Igualmente, el bajo impacto de la violencia ejercida por el EPL en Pereira, sumado a
la dinámica de poblamiento histórico de Pereira reconocida por su carácter abierto
a la recepción de población externa fueron factores determinantes en el desarrollo
de la experiencia de Colectivos del Café. 58 Varios de los entrevistados aseguraron que el hecho de que desmovilizados fueran los dueños y trabajadores de
esta empresa era conocido aunque sus dueños no promulgaban esta condición. Entre los que sabían que Colectivos
del Café se encontraba un profesor de matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira y aseguró que él fue
uno de los que promovió un mayor apoyo a la empresa porque había que apoyar los procesos de paz y brindarle
oportunidades a los reinsertados. (Entrevista Profesor , Pereira junio de 2014) 93 Aprendizajes para la reconciliación Durante la trayectoria de Colectivos del Café distintos sectores de la comunidad
receptora apreciaron su compromiso frente a los acuerdos firmados con el Gobierno
durante el proceso de paz. Las señales que los miembros de Colectivos del Café
enviaron a los distintos sectores de su comunidad receptora, fueron apreciadas
por esta (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, p. 28) y se constituyeron como el primer
paso hacia la aceptación de los excombatientes y a entablar relaciones con ellos, ya
fueran comerciales o educativas, pero enmarcadas en la línea de una construcción
de convivencia pacífica. De igual manera, durante la trayectoria de la experiencia, los comportamientos de
quienes habían sido comandantes en el EPL fueron promovidos y apreciados como
ejemplos a seguir por el resto de miembros de Colectivos del Café. Estas «señales»
fueron interpretadas como unos códigos que se debían alcanzar en el proceso
de reinserción y si no se replicaban estos comportamientos había consecuencias.
Dentro de tales consecuencias se encontraba ser denunciados y expulsados de
las listas de desmovilizados, por lo que eran declarados prófugos de la justicia y
perdían todos los beneficios del programa de reinserción. A pesar de que al comienzo de la experiencia las personas desmovilizadas hablaban
del temor que representaba divulgar que eran excombatientes en las comunidades
y en los barrios en los que vivían por miedo al rechazo, los líderes del proceso
de reinserción les recalcaban que aunque hubiera temores se debía respetar el
compromiso y la oportunidad que les había dado el Gobierno, que a medida que
los desmovilizados dieran muestras de un cambio, la sociedad los iba a aceptar.
El presidente de la Fundación Progresar y excomandante del Frente OWC del EPL
aseguró que promovían vehementemente el respeto y el deber que asumieron
en los acuerdos: «nos tocó lamentablemente muchachos que retornaron a las
armas y nos tocó expulsarlos de los listados porque ese era el compromiso con
el Gobierno» (Entrevista 1). Además de respetar los compromisos, reconocieron
que a partir de unos cambios en los comportamientos que tenían con los clientes
iniciales de Colectivos del Café, las relaciones cambiaron y cada vez el calificativo
de guerrilleros se difuminaba más. La fundación Progresar ejerció un mecanismo de intermediación entre el total de
desmovilizados asentados en Pereira y los entes estatales encargados de funciones
como la carnetización de salud, los trámites ante el SENA y el seguimiento a los
procesos de reinserción de cada uno de los miembros de Colectivos del Café que
habían participado en el proceso de desmovilización. 94 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El reto de la reinserción se
asumió colectivamente, y
esto ha fundamentado el
sostenimiento de la experiencia Este mecanismo también permitió una reconstrucción de confianza mutua entre
el Ejército y los excombatientes del EPL. Durante el comienzo del proceso de
reinserción de excombatientes del EPL, estos aseguraron que sabían que el Ejército
les hacía seguimiento para comprobar la veracidad de la reinserción. Igualmente
los dos comandantes líderes de la experiencia de Colectivos del Café temían por
su seguridad, por represalias que pudiera haber59 en contra de los comandantes.
El Ejército, al ver que el compromiso de los excombatientes (los comandantes
específicamente) estaba siendo respetado, tuvo una relación se tornó menos tensa
y se pudieron dar espacios de conversación pública en los que se reconstruyó poco
a poco una confianza mutua60. Por su parte, las mujeres desmovilizadas de la experiencia también hicieron uso
del mecanismo de lanzar señales durante toda la trayectoria de Colectivos del Café.
Las transformaciones de sus comportamientos y formas de expresión al comienzo
del proceso de reinserción
incidieron directamente en
la consolidación de
la
experiencia de la empresa de transportes. Teniendo en
cuenta el
compromiso
con el proceso de
reinserción antes
mencionado, los excombatientes lograron cambiar su identidad (McAdam, Tarrow
y Tilly, 2005, p. 29). Este cambio de identidad comenzó por el autoreconocimiento
de los excombatientes como ciudadanos con una condición de desmovilizados
que iba a ser temporal, por lo mismo quisieron demostrarle a las comunidades que
este era un estado que iba a ser superado y afrontado con compromiso. El reto de
la reinserción se asumió colectivamente, y el mantenimiento de estas redes ha sido
hasta el día de hoy un pilar para el sostenimiento de la experiencia. Para pasar a otro de los mecanismos exitosos de esta experiencia, cabe resaltar el hecho
de que muchos estudiantes de la UTP vivan en Cartago o Manizales, pues esto hace
que requieran servicio de transporte intermunicipal para desplazarse de sus casas a la
universidad y viceversa, y asimismo el hecho de que la terminal de transportes quede
cerca a la sede de la universidad facilitó que los estudiantes conocieran la empresa
de Colectivos del Café. Una vez los primeros estudiantes conocieron la procedencia
de Colectivos del Café comenzaron a comentar la necesidad de apoyar el proceso de
reinserción en espacios como la Asamblea Estudiantil, que precisamente buscaba
la promoción del bienestar estudiantil mediante el apoyo a procesos democráticos. 59 Los comandantes aseguran que esos temores se dieron por la creencia de que el impacto del secuestro de
algunos miembros de la élite pereirana quisiera ser vengado, pero nunca sufrieron ningún atentado, ni amenaza ni
intimidaciones.
60 Al respecto, uno de los comandantes del frente OWC aseguró: «yo voy pero nos tenemos que sentar… nos reunimos
con el ejército, con la policía, con el DAS, de frente a hablar […] yo quiero volver acá, acá están los muchachos, queremos
aportar en este camino de la reinserción, de la reconciliación pero yo escondido no puedo estar acá, (entonces el
ejército le dijo) tenga un esquema de seguridad». (Entrevista Carlos Mario Franco, junio 2014) 95 Aprendizajes para la reconciliación Al respecto, uno de los profesores de la Universidad que estuvo presente en ese
espacio recuerda que en 1994 los estudiantes expusieron los motivos para apoyar
a la empresa, entre estos, que la iniciativa había sido resultado de un proceso
democrático (lo cual los estudiantes admiraban) y que eran reinsertados que
requerían un apoyo para salir adelante en un nuevo camino. Actualmente, el
mismo catedrático asegura que desde que conoció la cooperativa de transportes
han pasado 23 años y que ellos «empezaron con pocas busetas y luego fueron
incrementando, ha sido duro, han ido cambiando, han tenido sus altibajos por
tipos de gerentes que tienen […]» (Entrevista 3). Esto permitió que los estudiantes
sintieran que debían ser parte de un proceso democrático en el país, y que debían
apoyar activamente la reinserción de excombatientes del EPL que habían decidido
seguir su lucha ideológica desde la legalidad. Cabe mencionar que esta universidad
ha sido reconocida por luchas y manifestaciones contestatarias y que fue dentro de
la misma que muchos de los hoy socios de Colectivos del Café pudieron recibir
educación y nivelación en primaria y bachillerato. La formación de identidad política, que implica «cambios en la conciencia de las
personas implicadas, tanto como en las demás partes, respecto a tales identidades,
pero también implica alteraciones en las conexiones entre las personas y los grupos
afectados» (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005, pág. 30) fue un mecanismo usado por
los miembros de Colectivos del Café que resultó importante para la trayectoria de
la experiencia. En la línea de cambio de identidad mencionada anteriormente, la
formación de nuevas identidades o el afianzamiento de identidades previamente
existentes
incentivó
la acción colectiva de
los actores
(Sarmiento Santander,
2012). Mediante el proceso de reinserción se cambiaron
identidades de
los
excombatientes que se transformaron en ciudadanos respetuosos de un proceso
de reinserción al cual se habían comprometido con el Gobierno y con la sociedad.
Teniendo en cuenta esto, la experiencia de Colectivos del Café permitió que sus
integrantes transformaran el tipo de relación existente con los entes del Gobierno,
ya que gracias al respeto de los compromisos por parte de ambos, estos dos
enclaves sociales pasaron de ser los enemigos a ser los aliados vitales para el
proceso que en ese momento emprendían desde la civilidad. Bajo la misma dinámica de mostrar respeto por los compromisos, cambió la relación
con las comunidades que los recibirían en el centro urbano de Pereira. Aunque
como se ha dicho anteriormente los reinsertados consideraban que la población
en Pereira no fue directamente afectada por el accionar del EPL, los excombatientes
argumentaron que «el tema se manejaba con discreción no porque nos diera pena
sino para no despertar susceptibilidades en la gente» (Entrevista 4). Al igual que
la identidad de los reinsertados cambió con la desmovilización, la identidad y el 96 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras papel que ejercieron algunos miembros de la comunidad se transformó y logró
así modificar el imaginario que se tenía de aquellos que habían pertenecido a un
grupo armado como el EPL. Un mecanismo que tuvo mayor relevancia en el comienzo de
la historia de
Colectivos del Café fue el de difusión (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005, pág. 74).
Durante esa etapa la comunidad receptora fue testigo de la determinación de los
desmovilizados para salir adelante con la cooperativa de transportes y para dejar
atrás sus historias como combatientes del EPL. De esta manera, los miembros
de la experiencia hicieron público su compromiso con el Gobierno y su decisión
de rehacer sus vidas desde la legalidad, en ese orden de ideas, la comunidad
(específicamente la comunidad de la terminal y los estudiantes de la Universidad
Tecnológica de Pereira) fue partícipe de una divulgación de la experiencia en
sus redes y así se consolidó una imagen de la empresa como una empresa de
transportes producto de un proceso de paz; asimismo, su imagen se hizo más
sólida por medio de un proceso de difusión del buen servicio y del cubrimiento
efectivo de las rutas asignadas, así, se configuró una imagen netamente comercial
y el calificativo de empresa de reinsertados se difuminó con el paso de los años. Aprendizajes Frente a
los aprendizajes
sobre
reconciliación y
convivencia pacífica esta
experiencia permite evidenciar algunas lecciones sobre elementos clave para una
reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras. En primer
lugar, esta experiencia puede ser considerada como una
iniciativa
de reconciliación social y política según la propuesta del marco teórico de la
presente investigación. Teniendo en cuenta que la reconstrucción de relaciones
entre excombatientes y la comunidad receptora no contempló la participación
de población víctima directamente afectada por el accionar del EPL, se entiende
que no hubo una re-construcción de relaciones
interpersonales previamente
fracturadas, sino que se generaron procesos de construcción de nuevos vínculos
entre desmovilizados y comunidad receptora, en particular sectores como los
transportadores y la Universidad Tecnológica de Pereira. Esta generación de nuevos vínculos permitió que la reconciliación política se
materializara, ya que a partir de los espacios de encuentro que se generaron desde
esta experiencia en Pereira, se forjó la construcción de nuevas confianzas entre las
comunidades y las instituciones locales. Entre otros ejemplos esa construcción de
nuevas relaciones con la institucionalidad se manifestó en alcanzar cargos públicos
del departamento a través de elección popular. 97 Aprendizajes para la reconciliación Es posible advertir que actualmente la garantía,
la protección de los derechos de las víctimas y el
acompañamiento psicosocial son una condición sine
qua non en escenarios de DDR y justicia transicional Asimismo, esta experiencia hace explícita la importancia que para un proceso
de reconciliación tienen los lazos previos del grupo que se desmoviliza con su
comunidad receptora; es decir, si se trata de un proceso de recomposición de
relaciones o construcción de nuevos lazos, —este último es el caso de Colectivos
del Café— la experiencia señala que aspectos como la capacidad de integración
de migrantes, afinidades
ideológicas en algunos sectores, acompañamiento
institucional y bajos niveles de victimización pueden facilitar no solo el proceso de
reintegración, sino el de reconciliación social y política. No obstante, en este caso de desmovilización y reinserción del EPL, los procesos
de reparación de víctimas, el descubrimiento y reconocimiento de la verdad sobre
los hechos victimizantes no fueron relevantes, es decir, en términos coloquiales las
heridas no fueron cerradas, ni los daños resarcidos, ni los hechos esclarecidos. Eso
sucedió tanto con víctimas del EPL como con familiares de miembros del EPL que
fueron desaparecidos o asesinados. Esta situación es reconocida por un miembro
de Colectivos del Café «faltaron cosas, indudablemente fue un proceso que no tuvo
reparación, no tuvo verdad tampoco, eso quedó ahí. Diríamos que en términos
generales sí [hubo reconciliación] […] pero todo se logró a través de ganancia de
confianza mutua […]» (Taller de Retrospectiva, Septiembre de 2014). Teniendo en cuenta lo anterior, es posible advertir que actualmente la garantía, la
protección de los derechos de las víctimas y el acompañamiento psicosocial son
una condición sine qua non en escenarios de DDR y justicia transicional. Desde
esta atmósfera, la reconciliación interpersonal puede tomar más relevancia, si bien
corresponde a la subjetividad de los actores implicados. Por otra parte, es
importante señalar
la
injerencia del mantenimiento de
la
estructura del EPL en su proceso de reinserción social en Pereira, lo cual tiene
una relación no solo con la sostenibilidad de la experiencia, sino indirectamente
con sus posibilidades hacia la reconciliación social y política. La permanencia de
dicha estructura permitió que el proceso de reinserción fuera menos traumático,
sobre todo para aquellos combatientes que no conocían la vida en ciudad y
que no tenían conocimientos académicos. Esta condición permitió que algunos
reinsertados encontraran en Colectivos del Café una continuidad del grupo familiar
que habían construido durante su permanencia en el EPL. Esta característica les
permitió acondicionarse socialmente y económicamente de manera satisfactoria.
Asimismo, el respeto por los compromisos de reinserción y el mantenimiento de
sus vidas dentro de la legalidad estuvo acompañado por el apoyo que sintieron de
sus compañeros y en la travesía conjunta que ha significado la consolidación de la
cooperativa. 98 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El papel ejercido desde la universidad refleja
el potencial de los centros educativos para comprender
realidades complejas y desplegar acciones concretas
que contribuyan a la convivencia pacífica y a la reconciliación La experiencia de Colectivos del Café es un ejemplo de lo acotado por Darío Mejía
quien asegura que «en la guerrilla había un valor muy grande, el respeto al mando
y del mando al combatiente; había una integración muy grande» (Alape, 1996).
De esta manera, la estructura que se había configurado durante la trayectoria
del Frente OWC se trasladó en cierta medida a la vida civil, y Colectivos del Café
se acopló a dicha estructura. En este traslado de estructura, los liderazgos de las
mujeres se vieron particularmente menguados y solo la cualificación educativa les
permitió ascender en la jerarquía organizacional. Finalmente, es
fundamental
reconocer el papel de
intermediación de
la
Universidad Tecnológica de Pereira en el proceso, no solo de reinserción del Frente
OWC del EPL, sino también en abrir puertas y propiciar espacios de encuentro
hacia la reconciliación social de este grupo armado con el conjunto de la sociedad
pereirana. El papel ejercido desde la universidad refleja el potencial de los centros
educativos para comprender realidades complejas y desplegar acciones concretas
que contribuyan a la convivencia pacífica y a la reconciliación. 99 Aprendizajes para la reconciliación Infograma 4 Colectivos del Café Pereira 1992 Colectivos del Café es una cooperativa que ofrece servicios de transporte de
pasajeros por carretera en zonas del Eje Cafetero (Pereira, Cartago y
Manizales). Fue fundada en 1992 por 52 personas desmovilizadas del Frente
Oscar William Calvo del Ejército Popular de Liberación (EPL), como parte de
su proceso de reinserción, denominado en su proyecto como reencuentro. Desmovilización
del EPL El EPL tuvo presencia en el territorio.
La relación existente entre los
entonces combatientes y la
comunidad implicó bajos niveles de
victimización. El proceso de
desmovilización se edi(cid:31)có desde la
lógica del reencuentro, fruto del
pacto político (cid:31)rmado entre esta
guerrilla y el gobierno nacional.
Asimismo, la presencia institucional
y de las Fuerzas Militares reforzó la
con(cid:31)anza del grupo de
desmovilizados en los ofrecimientos
del gobierno en el proceso de
reinserción. Inicio colectivos
del café Mientras participaban
del programa de
reencuentro, los
excombatientes del EPL
propusieron en 1993 la
formación de una
cooperativa como opción
económica. Dicha
iniciativa tuvo acogida
por parte de algunos
sectores y algunas
resistencias del gremio
transportador, que
fueron posteriormente
superadas. Episodios Crisis e inclusión
de nuevos socios En 1995, debido a la falta
de experiencia en el
manejo (cid:31)nanciero, llegó la
primera crisis para la
empresa. Este aspecto
implicó la apertura de la
experiencia a socios
externos, propiciando , a
partir de ese momento, la
creación de nuevos
espacios de convivencia
con actores. Hoy en día
cuentan con 20 cupos
propios asignados por el
Ministerio de Transporte. Aspectos del contexto que condicionan
a la experiencia, y que permitieron avances
en términos de la Reconciliación Mecanismos Ambientales Estas características
del contexto propiciaron
una mejor disposición
de algunos sectores
de la comunidad
receptora para entablar
relaciones con los
excombatientes
participantes
de la experiencia. Fortaleza de la
institucionalidad
Bajos niveles
de victimización Dinámica de poblamiento
y Recepción de población
migrante Pacto político con el EPL
Programa de reinserción Factores de las experiencias
que permitieron avances en
términos de la Reconciliación Mecanismos Especí(cid:31)cos Lanzar
Señales Intermediación
(PROGRESAR / UTP) Cambio de
Identidad Difusión
(Comunidad de la
terminal de
transportes / UTP) Atribución
de similitud
(Estudiantes UTP) Formación de
identidad
política La activación de dichos mecanismos se tradujo en unos
avances parciales en el proceso de la reconciliación. 100 Construcción de nuevas
con(cid:31)anzas entre las
comunidades y las
instituciones locales. Reconciliación
social entre exmiembros del EPL
y sectores de la comunidad
receptora no víctima gracias a la
creación de nuevos vínculos. Reconciliación política visible
en la elección de
excombatientes en cargos de
elección popular. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Los proyectos que conforman la experiencia
son en parte el resultado de los beneficios
económicos que recibieron los excombatientes
para su reincorporación a la legalidad Proyectos agropecuarios del Cesar La
experiencia que
se describirá
a
continuación
se denomina Proyectos
Agropecuarios del Cesar y está conformada por tres proyectos productivos de
reinserción del EPL. El abordaje de tres experiencias rurales como un solo caso se
justifica por la fuerte interconexión existente entre ellas, en relación con los tres
episodios que las enmarcan, derivada de su proceso de desmovilización colectiva
realizado en 1991 en el departamento del Cesar. Algunos integrantes desarrollan
actualmente una
iniciativa política y social visible en el departamento con
importantes desafíos en términos de reconciliación y convivencia pacífica. Los
tres proyectos productivos que conforman
la experiencia de Proyectos
Agropecuarios del Cesar son
la Empresa Comunitaria Agropecuaria del Cesar
(EMPAGROC), ubicada en el corregimiento de La Mesa; la Empresa Comunitaria
de Producción Agropecuaria del Cesar (SOPRASAR), en el municipio Chiriguaná; y
Agropecuaria Tres Estrellas, ubicada en el municipio de Becerril. Estas tres empresas
se gestan a partir del proceso de paz de 1991, y como uno de los componentes
de reinserción61 económica
los excombatientes recibieron beneficios para su
incorporación a la legalidad. Los amnistiados fueron beneficiados con programas
de entrega de tierras, apoyo para vivienda rural, créditos y algunos compromisos de
atención social (Villarraga, 2013). El proceso contemplaba la asignación de tierras a
los excombatientes, con el fin de apoyar proyectos productivos. Este componente
se realizó coordinadamente entre Programa Nacional para la Reinserción y el
INCORA. Después de su desmovilización,
la mayoría de
los exmiembros del EPL se
concentraron en zonas donde estaban ubicadas sus familias, como es el caso de
Chiriguaná, Becerril y en La Mesa (Valledupar). Se debe aclarar que la comunidad
receptora no fue victimizada por el accionar del EPL en su momento, pues en la
zona Caribe fueron los departamentos de Sucre y Córdoba donde hubo más
incidencia política y militar de esta guerrilla. Sin embrago, existió presencia del EPL
en algunos municipios del Cesar como Valledupar, Manaure, San Diego, Becerril
y San Martín. El perfil de los desmovilizados del EPL que se ubican en el Cesar y
que adelantan sus proyectos productivos era variado, es decir, quedaron incluidos
en los listados oficiales excombatientes, dirigentes locales del partido (dirigentes
sindicales, organizaciones estudiantiles y obreros) y simpatizantes muy cercanos a
la organización amplia de masas o al EPL62. 61 Tal como se ha anotado en la introducción y en el caso de Colectivos del Café, el presente estudio reconoce la
perspectiva de reencuentro planteada por los exmiembros del EPL y sus diferencias respecto a los conceptos de
reinserción y reintegración. No obstante con el fin de facilitar el abordaje en el estudio se utilizarán estos dos últimos
conceptos que están ampliamente difundidos en la literatura académica.
62 Entrevista con Ufley Quintero, ex integrante de SOPRASAR. Entrevista 1. 101 Aprendizajes para la reconciliación El proceso de reinserción y construcción de relaciones entre los desmovilizados
del EPL y la comunidad receptora en Cesar está marcada por tres episodios: 1)
La desmovilización del EPL y los comienzos de los proyectos productivos (1991-
1996); 2) la entrada paramilitar, los despojos de tierras y el desplazamiento forzado
1996-2006; y 3) la desmovilización paramilitar de 2006 y los procesos de retorno.
A partir del análisis de estos episodios y sus mecanismos, serán presentados los
avances alcanzados por la experiencia en términos de reconciliación, así como las
amenazas que podrían ir en detrimento de dichos progresos. La entrada paramilitar marcó un cambio de
la trayectoria de
los Proyectos
Agropecuarios del Cesar, pero de nuevo, y justo con la desmovilización paramilitar
del Bloque Norte de las AUC63 en 2006, se reactivan mecanismos que conllevan a
hablar de procesos de reconciliación. Son comunidades que recibieron dos procesos
de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) colectiva diferentes entre sí,
por su contexto histórico, jurídico y político, desde la naturaleza de los grupos que
lo realizan, así como desde los impactos generados en las comunidades receptoras
en la región. El primer proceso de desarme fue realizado por el EPL en 1991 y el
segundo por los paramilitares en el 2006, esto plantea escenarios diferenciados
de construcción y reconstrucción de relaciones entre los exmiembros del EPL y sus
comunidades receptoras en Becerril, Chiriguaná y La Mesa (Valledupar). 102 63 Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2011. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Mapa 4
Experiencia Proyectos Agropecuarios del Cesar 103 Aprendizajes para la reconciliación Contexto regional El departamento del Cesar está caracterizado por variedad de climas y paisajes,
con extensas llanuras bañadas por los ríos Cesar y Ariguaní, en el norte y centro
del departamento contrastan complejos montañosos como la Serranía del Perijá,
que ocupa toda la franja oriental, y la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada al
noroccidente. El centro, muestra sus suelos inundables, cercanos al río Magdalena,
y el sur su carácter de zona de intersticio entre el mundo andino y el Caribe. La
diversidad de climas y paisajes se expresa en la existencia de tres subregiones
(norte, centro y sur), que obedecen a la existencia de ciertos rasgos propios,
puesto que cada una de ellas presenta diferencias en términos de su estructura
socioeconómica, así como en su relevancia política y su desarrollo institucional64
(Barrera, 2014). La experiencia rural del Cesar se ubica en las subregiones norte (corregimiento de
La Mesa, Valledupar) y centro (Becerril y Chiriguaná). Esta ecorregión comprende
unos 5.700 km² y en ella se encuentran además los municipios de San Diego, Pailitas,
La Paz, La Jagua de Ibirico, El Paso, El Copey, Curumaní, Chimichagua, Bosconia,
Astrea y Agustín Codazzi. Esta región es el pilar del potencial económico del
departamento, con presencia de procesos ganaderos, agrícolas, agroindustriales
y mineros. Según el PNUD «en esta ecorregión el recurso natural más importante
es el suelo ya que de él mismo dependen en su mayoría los procesos productivos
y recíprocamente, de la sostenibilidad de los procesos productivos depende la
sostenibilidad de uso del suelo» (PNUD, 2010). En el Cesar, los principales cultivos comprenden el maíz, la palma africana, el café,
el arroz, el cacao, el plátano, el sorgo, el algodón y el fríjol. (Meisel y Pérez, 2006).
Además, gran porcentaje de tierra de la zona se dedica a actividades agroforestales,
silvoagrícolas, agrosilvopastoriles y silvopastoriles. La subregión norte muestra una predominante tendencia ganadera en
las zonas planas y una economía campesina en descomposición ubicada
en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, potencial de desarrollo
donde las planicies tienen aptitud para la ganadería y la agricultura de
riego. La subregión del centro se ubica la mayoría de la minas de carbón,
sus municipios reciben una importante cantidad de los recursos que el 104 64 En la subregión norte se ubican los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi,
Bosconia, El Copey, El Paso y Astrea., ubicada entre las estribaciones de la Sierra Nevada y de la Serranía del Perijá. La
subregión del centro Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua, Pailitas y Tamalameque. La
subregión del sur San Alberto, San Martín, Río de Oro, Gamarra, Pelaya, González, La Gloria y Aguachica. Ver en Barrera,
V. «Las vicisitudes de la integración: Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar», en Territorio y conflicto
en la costa Caribe, Colección Territorio, Poder y Conflicto, CINEP/PPP, 2014, p. 229. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Estado central les gira por concepto de regalías. Sin embargo, no ha dejado
de ser un territorio apto para la agricultura y la ganadería, con un uso del
suelo limitado por las periódicas inundaciones alrededor de los complejos
cenagosos65. (Barrera, 2014) En general, tres elementos marcan el crecimiento económico de la región: la
ganadería vacuna, los cultivos de palma africana (presentes en más del 80 % de los
municipios del departamento) y la explotación de carbón (extracción de carbón
para el año 2011 su participación en el PIB departamental superaba el 47 %).
Después de la bonanza del algodón en las décadas del 60 y del 70, para inicios de
la década del 90 se da una recomposición de la producción agrícola, y es cuando
se consolidan cultivos como el cacao y la palma africana con buenas dinámicas
de crecimiento. El fin de este periodo se da como el inicio de las exportaciones de
carbón en 1995. El complejo minero comprende a los municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso,
Becerril y Chiriguaná. La Drummond Company, empresa privada de origen
estadounidense, controla el 60 % de la producción del departamento, junto con
otras empresas: Prodeco —Glencore— y Colombian Natural Resources (CNR)
(CINEP/PPP, Equipo de Tierras y Derecho Territorial, 2014, p. 17). Para Gamarra
(2005), la minería ha tenido efectos positivos principalmente gracias a las regalías
que resultan muy importantes en las finanzas municipales, teniendo en cuenta
que el departamento produce actualmente casi el 51 % del carbón nacional. Sin
embargo, su inversión no ha sido la más eficaz. Peor aún para «los mismos años
que empezaron las exportaciones de carbón, los indicadores de pobreza en el
departamento muestran un desmejoramiento de las condiciones de vida en el
Cesar» (Gamarra, 2005, p. 59). El principal conflicto en cuanto al uso de los suelos se da por el exceso de actividades
pecuarias y la subutilización de suelos con elevado potencial agrícola. Es claro
que el uso de suelos no aptos para actividades pecuarias es una de las principales
causas del desbalance agroecológico en el uso de los suelos en la Costa Caribe. 65 En la subregión norte se ubican los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi,
Bosconia, El Copey, El Paso y Astrea., ubicada entre las estribaciones de la Sierra Nevada y de la Serranía del Perijá. La
subregión del centro Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua, Pailitas y Tamalameque. La
subregión del sur San Alberto, San Martín, Río de Oro, Gamarra, Pelaya, González, La Gloria y Aguachica. Ver en Barrera,
V. «Las vicisitudes de la integración: Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar», en Territorio y conflicto
en la costa Caribe, Colección Territorio, Poder y Conflicto, CINEP/PPP, 2014, p. 229. 105 Aprendizajes para la reconciliación Las condiciones geográficas en el
departamento del Cesar han facilitado el
tránsito y movilidad de las
estructuras armadas ilegales Al respecto, Meisel y Pérez (2006) señalan que en la región Caribe «no solamente
se están dejando de dedicar tierras aptas para la agricultura con fines pecuarios,
sino que se han llevado actividades de adecuación para ocupar tierras que podrían
estar siendo dedicadas a actividades agroforestales y de conservación» (Meisel y
Pérez, 2006, p. 50). Territorio y dinámica de los actores armados La presencia guerrillera en la región Caribe se remonta a 1967, con el arribo del EPL.
Además de su incursión en la Guajira, se crearon zonas guerrilleras en Santander
y sur de Bolívar, en el Valle del Cauca, Chocó y Risaralda. En la región Caribe, sus
principales conquistas políticas y militares se dieron en el Alto Sinú y San Jorge.
Una vez controlados los territorios en la región Caribe, el EPL proyecta su accionar al
Urabá antioqueño, apoyando en un primer momento las luchas de los trabajadores
bananeros. En febrero de 1991, el EPL se desmoviliza con un número de 2.150
combatientes que entregaron 850 armas, el campamento principal se
instaló
en la población de Juan José, municipio de Montelíbano, Córdoba, allí estaban
concentrados la mayor parte de combatientes del EPL en la región (González, 2014). Las condiciones geográficas en el departamento del Cesar han facilitado el tránsito
y movilidad de las estructuras armadas ilegales, la Troncal del Oriente, la Sierra
Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá son algunos elementos que atraen
la atención de los grupos armados. La importancia estratégica de la Serranía del
Perijá radica principalmente en que conecta el nororiente del Cesar y sur de la
Guajira con Venezuela, y es utilizado como corredor para el tráfico ilegal de armas
y droga, pasando por las zonas rurales de la Jagua de Ibirico, Becerril y Agustín
Codazzi (Oppdh DIH, 2007). Posterior a la bonanza algodonera, se dan la bonanza
de la marihuana y la minería, las tensiones y conflictos sociales producto de dichos
fenómenos fueron regulados en cierta medida por los grupos armados. Así es
como dentro de las estructuras de poder en la región se deben señalar los grupos
armados además de las fuerzas partidistas (González, 2014). Como bien señala el PNUD (2011), en el sector rural colombiano confluyen dos
grandes conflictos: el conflicto agrario y el conflicto armado interno. En la medida
en que la tierra se convierte en un instrumento de guerra y se evidencia la disputa
por el territorio, se configura lo que podría denominarse un conflicto rural mayor. El
despojo es uno de los fenómenos que evidencia la anterior relación, el Cesar es uno
de los diez departamentos del país con mayor despojo, fenómeno que se centra en
el microfundio y la pequeña propiedad. A través de los años, las reivindicaciones
del sindicalismo, de las comunidades indígenas y de sectores académicos fueron 106 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El dominio territorial de las guerrillas
cambió con la llegada al territorio
de las distintas estructuras paramilitares
provenientes del Magdalena Medio respondidas por violencia desde la ilegalidad y la legalidad, la misma suerte la
tuvieron los movimientos estudiantiles y campesinos. El departamento del Cesar ha contado con una presencia histórica de las distintas
guerrillas, especialmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El ELN inicia
su accionar en la década del setenta en el Cesar, y posteriormente en el norte el
frente 6 de Diciembre se ubica en Valledupar, El Copey, Bosconi, en La Mojana y los
Montes de María, de donde ejercería influencia sobre las sabanas del Gran Bolívar
(González, 2014). Actualmente, el ELN opera a través del frente 6 de Diciembre, el
frente Camilo Torres que aún conservaba influencia en Manaure, La Paz, San Diego,
Codazzi, la Jagua de Ibirico y Chiriguaná, además hace presencia la Compañía
Capitán Francisco. Sobre las Farc, en la década de los ochenta, ingresan al sur departamento con
el frente 19. En el 2002, el frente 41 o «Cacique Upar» mantiene su influencia en
Balcón del Cesar (Manaure) y La Paz, en el sur del Departamento, también actúa
el bloque Magdalena Medio, y el frente 33 aunque no cuenta con una presencia
permanente. El dominio
territorial de
las guerrillas cambia abruptamente con
la
llegada
al territorio a principios de la década del noventa de las distintas estructuras
paramilitares provenientes del Magdalena Medio. El Bloque Norte de las AUC controló los corredores a la costa Atlántica, Venezuela,
Panamá y en particular los que comunicaban con Chocó, el Urabá, Sucre, Bolívar,
Atlántico, la Sierra Nevada de Santa Marta, al igual que la Serranía del Perijá en la
frontera con Venezuela. Su accionar se extendió desde la Guajira hasta Norte de
Santander pasando por el departamento de Cesar (Echandía, 2013). En este departamento
los grupos paramilitares ocuparon prácticamente
la
totalidad del territorio, Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», al mando del Bloque
Norte, contó bajo su mando el frente Mártires del Valle de Upar, cuya influencia
cubrió tanto el norte como el centro del Departamento, incluyendo los municipios
de Valledupar, El Copey, Manaure, Pueblo Bello, La Paz, La Jagua de Ibirico y San
Diego. Bajo el mando de alias «39», este frente ejerció una clara influencia en el
corregimiento de La Mesa; los integrantes de EMPAGROC no fueron ajenos a su
accionar, y en junio de 2002 tuvieron que salir de la finca Las Marías. En el sur del departamento se dio la presencia de las Autodefensas Campesinas del
Sur del Cesar (AUSC), lideradas por Juancho Prada y Roberto Prada, alias «Junior». 107 Aprendizajes para la reconciliación Su accionar contó con el beneplácito de las grandes agroindustrias, principalmente
la palmera. Se caracterizaron por la desaparición de sus víctimas, varios pobladores
coinciden en que la mayoría de los cuerpos fueron arrojados al río Magdalena (Verdad
Abierta, 2010), golpearon el movimiento sindical y sentaron las primeras bases de
apoyo de los grupos de autodefensa en las partes planas (Oppdh DIH, 2006). El Bloque Norte y su comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», se
desmovilizaron en marzo de 2006 en el corregimiento de La Mesa, que había sido
históricamente su base de operaciones. Según fuentes de la Procuraduría, en ese
mismo corregimiento surgen las primeras bandas criminales que con constantes
cambios de mando, debido a
la ofensiva de
las Fuerzas Militares, pretenden
dominar los corredores estratégicos del narcotráfico que dejaron libres las AUC
tras su desmovilización. El OPDDR de la Universidad Nacional señala que en el
departamento hacen presencia Los Paisas, Los Rastrojos y Los Urabeños66. Como
bien señala el Oppdh DIH en la región existen varios corredores de movilidad que
le permiten a los grupos armados irregulares comunicarse entre los departamentos
de Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira, así como entre Cesar, Norte de Santander
y la frontera con Venezuela. Institucionalidad y movilización social Dentro de la institucionalidad, según se pudo apreciar, son característicos los
vínculos de la clase política con la llegada del paramilitarismo. Muchos de estos
vínculos se dieron luego de la presión de las guerrillas a las familias de tradición
política del departamento67. Así se comienza por la presión sobre las candidaturas
legislativas en el año 2002, que derivarían años después en la condena del senador
Mauricio Pimiento, por nexos con el Bloque Norte. Al respecto la Corte Suprema de
Justicia señaló: «Los resultados electorales examinados, la evidente intimidación
sobre
la población y demás actores políticos,
la eliminación de eventuales
opositores, la no admisión de candidaturas distintas a las acordadas por el grupo
paramilitar y la imposibilidad del libre ejercicio de actividades proselitistas» son
situaciones reveladoras del concierto para delinquir imputado al senador Pimiento
(El Espectador, 2008). Dicha captura se extendió por juntas de acción comunal,
alcaldías e
incluso
la Gobernación del departamento (Misión de Observación
Electoral, 2011). Además, en la región existieron alianzas entre fuerzas militares del 108 66 Ver al respecto Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional
de Colombia, DDR y acciones violentas. Enero 2010.
67 Monografía político electoral, Departamento de Cesar, Misión de Observación Electoral y Corporación Nuevo Arco
Iris, de 1997 a 2007, publicada en el 2011. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Estado y paramilitares, que se ilustran en la condena al oficial del Ejército, el coronel
Hernán Mejía Gutiérrez por este tipo de vínculos68. Es de destacar que, para las décadas de los 70 y los 80 el departamento presentó
una alta presencia de luchas campesinas e indígenas, concentrando el 5,8 % del
total de las movilizaciones en el país. Se destacaron los municipios de Valledupar
y El Copey (Prada, 2002). En las décadas posteriores, el liderazgo campesino se
ve mitigado en gran medida por la arremetida paramilitar en la región, así como
por la apertura económica de la década del 90. Las movilizaciones sociales y las
acciones colectivas por la paz en el departamento del Cesar han correspondido
con las múltiples causas del conflicto que se han presentado: los conflictos por la
tierra entre campesinos y grandes propietarios, los derechos humanos y el respeto
a la población civil, así como la lucha por los intereses laborales y empresariales.
A estos podría añadirse, siguiendo a Gutiérrez (2014), el suministro de servicios
públicos básicos, el desarrollo regional, el aprovechamiento de recursos acuíferos
y el poder político y electoral. Luego fueron víctimas de los paramilitares (especialmente en los 90 y los primeros
años del siglo XXI), quienes de manera directa se empeñaron en reducir liderazgos
para que no
interfirieran con sus proyectos políticos y económicos. En estos
procesos, líderes campesinos, políticos, estudiantiles, sindicales, indígenas y de
barrios populares han sido silenciados, asesinados y obligados a desplazarse, a
exiliarse o a marginarse de toda actividad, lo que ha terminado por debilitar la
organización social y fragmentar el tejido social del territorio69 (PNUD, 2010). La gran mayoría de las acciones colectivas por la paz registradas en las últimas
décadas correspondieron a marchas y movilizaciones, con 24 registros. En segundo
lugar se registran los encuentros, foros o seminarios con un total de diez hechos. La
tercera modalidad fueron los procesos de concertación ciudadana con 5 hechos.
Es evidente la significativa participación de Valledupar, el ser centro administrativo
departamental así como su tradición de movilización (Datapaz, 2014)70. 68 El Coronel Hernán Mejía Gutiérrez fue sentenciado a 19 años de prisión por colaborar con paramilitares desde inicios
de los 2000, cuando estuvo como comandante del Batallón La Popa, en la ciudad de Valledupar. Sostuvo encuentros
con cabecillas de los paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», y otros como David Hernández, alias
«39». Diario el País, Judicial, “Condenan a oficial del Ejército por vínculos con paramilitares” Cali, Colombia. Septiembre
9 del 2013.
69 Las masivas marchas campesinas que se realizaron entre 1985 y 1987 mostraron a esta población como un actor
de Cesar dispuesto a reclamar sus derechos. Las marchas tuvieron el respaldo de A Luchar, una corriente política legal
nacida en el ELN, el Movimiento Cívico Causa Común y otros movimientos del Cesar. En la marcha de junio de 1987, por
ejemplo, más de 10.000 hombres y mujeres campesinos se reunieron en Valledupar y se quedaron días negociando con
el Gobierno nacional y departamental la defensa de derechos. PNUD, Cesar: Análisis de la Conflictividad, Colombia, 2010.
70 Datapaz, Participación departamental en las Acciones Colectivas por la Paz, Región Caribe 1975-2014, CINEP/PPP, 2014. 109 Aprendizajes para la reconciliación Experiencia rural del Cesar:
episodios y mecanismos Tal y como había sido esbozado anteriormente en este documento, la experiencia
que se describirá a continuación llamada «Proyectos Agropecuarios del Cesar»
se compone de tres empresas derivadas del proceso de desmovilización del EPL.
Las tres empresas se gestaron en el marco del programa de reincorporación, y
constituyeron escenarios de experiencias productivas rurales. A continuación se
hace una descripción de cada una de ellas: La Empresa Comunitaria Agropecuaria del Cesar
(EMPAGROC)
surge con
la participación de dieciocho desmovilizados
con
sus
respectivas
familias.
EMPAGROC obtuvo la personería jurídica a finales de 1992, con el fin de adelantar
un proyecto productivo bovino. Como parte de la política del Programa Nacional
para la Reinserción, el INCORA adjudicó el predio conocido como Las Marías a
finales de 1993, este cuenta con aproximadamente 288 hectáreas y se ubica en
el corregimiento de La Mesa a diez kilómetros del municipio de Valledupar, Cesar.
Aunque la mayoría de proyectos han girado en torno al sector bovino, durante sus
más de veinte años de existencia han intentado adelantar otra serie de proyectos
de carácter agrícola. Hacia el año 2000, llegan los paramilitares al predio Las
Marías, quienes además de apoderase del ganado desplazan a las familias que
lo habitaban. A pesar de esto y de las constantes amenazas en su contra, para
el año 2004 algunas familias retornan al predio y continúan con las actividades
de
la empresa. Actualmente, seis desmovilizados del EPL con sus respectivas
familias continúan en Las Marías, adelantan proyectos productivos y participan
en actividades sociales en el corregimiento de La Mesa y en Valledupar. Esta tierra
se destaca por su riqueza en agua, cultivos de maíz, arroz, piscicultura, ganadería,
criaderos de puercos, etcétera. La ganadería vacuna representa
la
influencia
significativa y predominante al interior de EMPAGROC. Empresa comunitaria de producción agropecuaria del Cesar
(SOPRASAR)
integrada por veintiocho desmovilizados con sus familias con quienes se ubican
en la finca Monterrubio en el municipio de Chiriguaná, que contaba con 795
hectáreas solo funcionó como tal hasta el año 2009 cuando por acuerdo general
pero presionados por las circunstancias deciden vender el terreno. La causa fue el
asesinato sistemático de seis integrantes de la empresa y las constantes amenazas
a los otros miembros71. En 1997, se presenta el primer desplazamiento por la
entrada de paramilitares y en 2002 deciden retornar, pero allí desparecen a uno 71 Dentro de los miembros asesinados de SOPRASAR están: José Manuel Gutiérrez, Ángel Milquiades Loperena
Montero, Alirio Pérez Vivas (desaparecido en Chiriguaná), Onil Antonio Polo Puerta, Ramiro Alberto López Velásquez
(gerente y representante legal de SOPRASAR) y Luis Rodríguez Rincón (asesinado en Maicao). 110 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Las comunidades rurales han tenido que pasar
diferentes etapas o episodios que aportan valiosos
aprendizajes sobre los pasos a seguir para construir
el camino a una verdadera reconciliación de sus integrantes y asesinan a otro. La ubicación geográfica es estratégica, ya que
la finca está en el perímetro de amplia explotación minera del Cesar, cruza la vía
férrea, un oleoducto y la carretera, muchos atractivos de los que las mafias han
querido apoderarse, además estas son tierras excelentes para la ganadería y la
agricultura. Debido al asesinato de dos miembros el 8 de mayo del 2009, ocurre
el desplazamiento definitivo. Esta suma de acontecimientos hizo imposible seguir
con el proyecto productivo y se tomó la decisión de vender el terreno. Actualmente,
el Estado no reconoce la condición de desplazados de estas personas. Agropecuaria Tres Estrellas, en 1992 el INCORA entrega un terreno de 35 Hectáreas,
una finca ubicada en el municipio de Becerril, en un principio conformada por
tres desmovilizados y sus familias, pero en acuerdo común desde 1994 hasta la
actualidad se mantiene en el proyecto una sola persona. En el 2004, la persona que
lidera el proyecto de Tres Estrellas asume como coordinador de planes de retorno,
por su capacidad de interacción con la comunidad y gestión con instituciones del
Estado, pero solo pudo despeñar este cargo un año por amenazas constantes contra
su vida72. Actualmente la experiencia empresarial está sustentada en el trabajo
con silos de maíz y en la elaboración de concentrados, como aportó a reconstruir
un tejido social desde el núcleo que es la familia, y el sentirse perteneciente e
identificado a una comunidad gracias a la legalidad. Las comunidades rurales han tenido que pasar diferentes etapas o episodios que
aportan valiosos aprendizajes sobre los pasos a seguir para construir el camino
a una verdadera
reconciliación como hilo conductor para
la
reconstrucción
del tejido social. Con el fin de describir
los mecanismos desarrollados por
la
experiencia rural del Cesar, es importante tener en cuenta el antes y el después
de la entrada paramilitar. La violencia paramilitar es un episodio que marca la
trayectoria de la experiencia rural del Cesar, ya que antes de la entrada paramilitar
existían mecanismos que posibilitaron un ambiente propicio para la convivencia
pacífica y se dieron pautas para llegar a un ambiente de reconciliación. Se suma la
precaria presencia del Estado durante estos episodios en las comunidades, igual
que en la garantía y seguimiento de los compromisos adquiridos en los procesos
de desmovilización que tuvieron lugar en la década del 90, complejizando la
construcción de procesos de reconciliación. 72 El SAT (Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo) advirtió en su momento sobre el riesgo que corría
en su integridad y seguridad. El 12 de enero del 2005 tras un atentado en la finca, el señor Evelio Aguirre gravemente
herido tiene que salir de la región y solo retorna hasta el año 2010. 111 Aprendizajes para la reconciliación La desmovilización del EPL y el comienzo
de los proyectos productivos (1991-1996) Antes de empezar a explicar cómo
fue el proceso en
la creación de
lazos
comunitarios entre desmovilizados del EPL y
las comunidades receptoras es
oportuno orientarse en qué escenario se presentaba esta experiencia, en especial
los elementos relacionados con el conflicto armado y las situaciones políticas,
económicas y sociales que estaban enfrentando las comunidades rurales del Cesar. Durante la primera mitad de la década de 1990 las acciones referidas a combates,
ataques, incursiones y hostigamientos por parte de la guerrilla son evidentes y
se manifestaron con fuerza, como resultado de la intención del ELN de incidir
en las administraciones locales a través de la implementación de la estrategia
denominada «Campamentos de la Nueva Colombia», que consistía en secuestrar
a las autoridades locales para que estas les rindieran cuentas sobre sus respectivas
administraciones. Entre 1993 y 1997 un total de 111 funcionarios públicos
locales (alcaldes, concejales, tesoreros, personeros, etc.) renunciaron a sus cargos
alegando falta de garantías ante las amenazas que pesaban sobre muchos de
ellos de parte del ELN. (CINEP/PPP, 2014, p. 287) En esta época hablamos de comunidades rulares afectadas por los combates entre
las fuerzas militares y la guerrilla, en especial con el ELN, además del accionar de esta
en temas de secuestros, extorsiones y amenazas. En la década de 1990 se ven ante un
escenario agrícola cambiante, una caída del número de hectáreas cosechadas en el
departamento. De acuerdo con Gamarra, «en 1990 los agricultores del departamento
cosechaban más de 265 mil hectáreas, doce años más tarde solo se cosechaban un poco
más de la mitad de esas tierras (134.673 hectáreas)» (Gamarra, 2005, p. 56). Esto denota
la preponderancia de un modelo agroindustrial respecto de la economía campesina, en
1990 los dos cultivos transitorios de la región (algodón y sorgo) mostraron una tendencia
a la baja, mientras en el de palma de aceite asomaba una tendencia al aumento de
manera sostenida (Barrera, 2014, p. 263). No fue fácil empezar procesos de reinserción tanto para las comunidades receptoras
como para los desmovilizados del EPL. No obstante, el proceso contó con el apoyo
de diferentes sectores, muchos de los cuales lo hacían en el marco del programa de
reinserción. La Universidad Popular del Cesar (UPC) elaboró y firmó un acuerdo para
facilitar el ingreso a la universidad y adelantar estudios de pregrado; el SENA con 112 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras cursos de capacitación y formación laboral y agropecuaria, asignó profesionales en
áreas específicas y prestó maquinarias para adelantar los trabajos en los proyectos
agropecuarios73. Sin la intermediación de la fundación PROGRESAR74, los programas educativos
contemplados en el programa de reinserción no hubieran dado
los efectos
positivos que se generaron en la comunidad receptora. La estrategia se denominó
Programa de Educación para la Convivencia Pacífica, y consistió en la provisión
de una oferta educativa ampliamente incluyente, que permitió que más de 3.000
personas (tanto de la comunidad receptora como de la población excombatiente)
obtuvieran el título de bachiller. En este proceso, la fundación PROGRESAR actuó
como intermediador, y SOPRASAR asumió su liderazgo. Los programas académicos
tuvieron un acento especial en educación para la paz y en proveer herramientas
para la promoción de una convivencia pacífica75. Este énfasis significó un aporte en el proceso para la reconstrucción del tejido
social, en el que los valores son el motor en la construcción de un proceso conjunto.
El mecanismo de intermediación por parte de la fundación fue importante en la
formación no solo de los desmovilizados del EPL, sino en la forma en la que se
involucró a la comunidad al ver multiplicado el alcance logrado con el Programa
de Educación para la Convivencia Pacífica, elemento importante en crear espacios
de reconciliación con las comunidades receptoras. Por su parte, gracias al mecanismo de
formación y difusión
fue posible
la
aceptación por parte de las comunidades receptoras, tal como fue el caso de La
Mesa, corregimiento de Valledupar: El trabajo que en La Mesa ha venido ejerciendo un grupo de líderes y que
nos formamos de diferentes matices, incluyendo indígenas, ha logrado una
convivencia diferente y una voluntad de la gente de no volver a la guerra.
(Desmovilizado del EPL y miembro de EMPAGROC, entrevista 3) 73 Por otra parte, también se manifestó en su momento el acompañamiento de las alcaldías locales de Chiriguaná,
Becerril y Valledupar la Gobernación del Cesar, el Fondo ganadero del Cesar, el Banco Ganadero, la Caja de Crédito
Agrario industrial y minero y el Banco Central Hipotecario (BCH).
74 La fundación PROGRESAR, surge como alternativa para facilitar la reinserción política, económica y social desde los
desmovilizados del EPL.
75 «Para cambiar el término de reinserción por reintegración, que tiene unos cambios brutales, pero que lo que se
necesita es la reinserción, no la reintegración, en ese proceso de reinserción, nos tocó un trabajo de socialización
y un trabajo de reconstrucción de los intereses de la gente nuestra, de los que eran simplemente combatientes»
(desmovilizado del EPL y miembro de SOPRASAR, 2014) (Entrevista 2). 113 Aprendizajes para la reconciliación La ausencia de acompañamiento técnico sometió a
las experiencias a un alto grado de improvisación,
obstaculizando su sostenibilidad y generando
conflictos internos Fue allí donde se valoró el trabajo de liderazgos femeninos de desmovilizadas, y se
construyeron conjuntamente con la comunidad los cimientos de redes comunitarias
que giraban en torno a temas de educación y prevención del reclutamiento de
niñas y niños. Se realizó un proyecto con los niños, niñas y jóvenes de la escuela
«Azúcar Buena», en el cual se involucraron diferentes instituciones con el propósito
de sacarlos de la guerra76. Siguiendo con la formación de liderazgos, en el caso de Becerril, a través de los
fondos de reinserción, se consiguió un acueducto interveredal que cubría en
ese momento una necesidad colectiva de la comunidad. Además, el señor Evelio
Aguirre, que es el único miembro que en la actualidad permanece al frente de la
empresa Tres Estrellas, asume como coordinador de planes de retorno. Su capacidad
de gestionar y mediar con las instituciones del Estado y la comunidad fue valorada
en función a sus aportes de agenciar demandas de las comunidades, pero solo
pudo despeñar este cargo durante un año por amenazas constantes contra su vida. Durante esta etapa la mayoría de los desmovilizados del EPL fueron testigos de un
cambio positivo en su transición a la legalidad, en términos de su contribución a la
reconstrucción de su propio núcleo familiar y a un tejido social en sus comunidades
receptoras. En este contexto, algunos
lograron terminar sus estudios y otros
realizaron estudios superiores, para fortalecer en algunos casos los liderazgos que
habían adquirido dentro de la militancia, con el fin de ponerlos al servicio de las
comunidades. Aunque se dio un acompañamiento por parte del SENA y de la Universidad (UC),
la ausencia de acompañamiento técnico constante sometió a las experiencias a
un alto grado de improvisación, situación que instauró obstáculos de cara a su
sostenibilidad y con ello conflictos y divisiones internas. Sin embargo, dentro de la
mecánica del ensayo y el error se estaba aprendiendo y se daba la oportunidad para
que las comunidades receptoras pudieran involucrarse, en especial en EMPAGROC
y la empresa Tres Estrellas. 114 76 Entrevista a Abimael Sánchez, coordinador de Acuerdos para la Verdad en el departamento del Cesar. Noviembre 28
de 2014. Entrevista 4. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Entrada paramilitar, despojos
y desplazamiento forzado 1996-2002 El proceso de reinserción de estos exmiembros del EPL estuvo en gran parte
facilitado por la oferta institucional y los espacios de encuentro propiciados por las
acciones de formación con sus comunidades receptoras. Es evidente que si bien
estas dos subregiones del Cesar habían sido zonas de operación del EPL, no se
evidenciaron procesos relevantes de rechazo hacia este proceso de reinserción. Al
tiempo que se intentaban sortear toda clase de dificultades técnicas, los proyectos
agropecuarios lograron recomponer los vínculos con las comunidades de estos
tres municipios. Sin embargo, con la incursión paramilitar se fracturó toda clase de proceso en las
comunidades, obstaculizando el desarrollo de las iniciativas previamente descritas.
En ese contexto, no hubo distinción entre desmovilizados del EPL y comunidades,
todos eran una sola comunidad victimizada por la acción del paramilitarismo. De modo determinante, el mecanismo de cambio de identidad de actores se
desarrolla en esta etapa, en la medida en que los excombatientes del EPL pasaron
de ser desmovilizados a definirse como víctimas. La presencia paramilitar ocasionó
graves daños a las comunidades, violaciones sistemáticas a los derechos humanos,
desapariciones, asesinatos, desplazamientos, violaciones sexuales, reclutamiento
de niñas, niños y jóvenes, lo que implicó también una grave fractura del tejido social
de las comunidades. La experiencia rural de Cesar no fue ajena a tales violaciones:
el paramilitarismo desarticuló un proyecto productivo y truncó el trabajo social que
venían desarrollando los excombatientes del EPL con las comunidades. Muchos
tuvieron que desplazarse y algunos no tuvieron otra opción que coexistir con las
nuevas circunstancias en su territorio. De este modo, el mecanismo de atribución de
amenaza colectiva motivó a las comunidades receptoras de la experiencia rural del
Cesar a interactuar de una manera distinta con los excombatientes en proyección a
una amenaza común personificada en los paramilitares. Absolutamente todos los
integrantes de la experiencia rural del Cesar y sus familias fueron victimizados y sus
procesos truncados. Los procesos adelantados por SOPRASAR y Tres Estrellas fueron inmediatamente
interrumpidos con la incursión de grupos paramilitares, debido a las amenazas
constantes, los atentados y asesinatos contra sus miembros, lo cual ocasionó que,
en última instancia, tuvieran que desplazarse. El 22 de septiembre de 1996 se da el
primer desplazamiento colectivo de los miembros de SOPRASAR, de sus familias y 115 Aprendizajes para la reconciliación de todos los que habitan la finca en Chiriguaná77, asesinan a seis de sus miembros
y amenazan a la mayoría de los restantes. Como caso particular, la tranquila vida de las familias campesinas del corregimiento
de La Mesa se acabó el sábado 23 de septiembre del 1999, con la llegada del
primer grupo paramilitar al corregimiento. La Mesa fue el punto de partida del
control de la región, desde allí comenzaron a pedirle dinero a los dueños de fincas,
campesinos, comerciantes; se convirtió en todo un sometimiento paramilitar
(Verdad Abierta, 2013). En este episodio el mecanismo de la represión surtió un
efecto adverso para el proceso de reconciliación ya que truncó los avances que se
estaban desarrollando en las comunidades. La gente le tenía pánico a La Mesa. La Mesa era como la última lágrima.
En La Mesa les tocó vivir con las normas que creó un paraestado, porque
ellos allá no tenían nadie que los mandara, o sea allá no se metía policía ni
nada. Ellos decían: «“el sábado todo el mundo barre la plaza, el domingo
las mujeres hacen esto…”. O sea,
la gente tenía que acatar
las normas
que ellos dijeran. Alias “39” fue un tipo muy terrible y en el 2001 hubo un
desplazamiento masivo». (Residente de La Mesa)80 Ante este panorama, dos mujeres del proceso de desmovilización del EPL,
concretamente de EMPAGROC entablaron acciones de mediación, para persuadir
a los paramilitares de los hostigamientos contra la población civil. Según varios
testimonios, las mujeres lograron «desarmar a los paramilitares con las palabras»82.
La mediación de las mujeres se estableció como un medio de coexistencia de
la comunidad con los paramilitares al no tener otra opción en un escenario de
precaria presencia del Estado, cuyos representantes en el territorio eran permisivos
con del paramilitarismo83. 77 El frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte inició su actividad criminal en el Cesar, en una correría que los
llevó a los municipios de Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Becerril y Agustín Codazzi, cometiendo homicidios, torturas,
desapariciones forzadas, secuestro y hurtos. (Verdad Abierta, 2013).
78 Con motivo del primer desplazamiento en 1997, el señor José Manuel Gutiérrez Díaz se traslada a San Juan del
Cesar, donde vivía su familia, allí montó una pequeña colmena pero los paramilitares lo asesinaron. Ángel Milquiades
Loperena (Indígena Wiwa, tesorero de su organización indígena) fue asesinado cuando cumplía actividades de su
organización y estaba convocando a una Asamblea indígena. Alirio Pérez Vivas fue desaparecido en Chiriguaná,
Onil Antonio Polo y Ramiro Alberto Lope Velásquez fueron asesinados en el Predio Monterrubio, el día 8 de mayo de
2009. Luis Rodríguez Rincón, a raíz del último desplazamiento, se trasladó a trabajar a Maicao en La Guajira y allí fue
asesinado.
79 Los paramilitares se organizaban en el Cesar de la mano de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40».
’. David Hernández Rojas, alias «39», un ex militar que se convirtió en el terror de los habitantes de Valledupar y sus
corregimientos. Verdad Abierta, 2013.
80 Entrevista 5.
81 Dos mujeres líderes fueron desmovilizadas del EPL y miembros del proyecto agropecuario EMPAGROC. Una de ellas,
la señora Yolima Castro fallece por causas naturales el 2010. Entrevista 6.
82 Entrevista 7.
83 Entrevista a Abimael Sánchez, coordinador de Acuerdos para la Verdad en el departamento del Cesar. Noviembre
28 de 2014, Entrevista 8.. 116 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras La incursión de grupos ilegales autodefensas, eso fue lo que a nosotros nos
desbandó por completo, acabó con nuestra empresa. El 20 de julio del 2002
entran los paramilitares y hay un desplazamiento masivo y cuyo retorno
se da en 2004. Duramos 2 años «por fuera»... para retornar. Los «paras» ya
estaban en negociaciones, la Secretaría de Agricultura del departamento,
conjuntamente con acción
social, «nos
insiste» que producto de
las
negociaciones con ellos, ellos admiten que nosotros retornemos, retornar
a un sitio donde todavía estaban ellos. (Desmovilizado EPL y miembro de
EMPAGROC, 2014)84 Desmovilización paramilitar y retornos La comunidad hoy por hoy, el pueblo colombiano, tienen que volverse
un sujeto activo de esas circunstancias, porque nosotros al final somos
responsables si ese proceso se logra, o ese proceso fracasa85. (Representante
de la Empresa Tres Estrellas, 2014) El Bloque Norte se desmovilizó en el Corregimiento de La Mesa en el año 200686, para
esta época las afectaciones que dejó la incursión paramilitar con la aquiescencia del
Estado podían verse claramente. Un panorama devastador, cuyo saldo consistió en
comunidades completamente victimizadas y los proyectos agropecuarios de las
tres empresas gravemente golpeados. Por un lado, los miembros de SOPRASAR
habían sido asesinados y otros amenazados; los sobrevivientes, presionados por el
temor, decidieron en el año 2009 vender el predio donde tenía lugar su proyecto,
es decir, en Chiriguaná. Por otro lado, en Becerril la empresa logró sostenerse
gracias a la decisión tomada por el único miembro (de tres que habían empezado)
que se mantenía en la empresa, con la decisión de retornar al predio en el año
2010 y retomar las labores productivas emprendidas antes de la incursión del
paramilitarismo. En el caso EMPAGROC, finca de Las Marías, en el corregimiento de
La Mesa, permanecían seis familias que siguen hasta la actualidad. Ante este panorama,
los miembros de estos proyectos productivos optaron
por rescatar y defender aquello que habían logrado, antes de la incursión del
paramilitarismo. Posteriormente, aprovechando el proceso de desmovilización 84 Entrevista 8
85 Entrevista realizada al señor Evelio Aguirre del proyecto Tres Esquinas. Noviembre 26 de 2015. Entrevista 9.
86 Desmovilización del Bloque Norte encabezado por Rodrigo Tovar con un número oficial de desmovilizados de 2544,
en marzo 2006 en el corregimiento de la Mesa, municipio de Valledupar, Cesar. Ver en documento: Proceso de Paz con
las autodefensas Informe Ejecutivo, Oficina Alto Comisionado para la Paz, Diciembre 2006. 117 Aprendizajes para la reconciliación Las acciones hacia la reconstrucción
del tejido social estuvieron además
acompañadas de proyectos de
infraestructura y comunicación de estos últimos, los miembros de estos proyectos productivos reactivaron sus
liderazgos y desarrollaron acciones de difusión y agenciamiento con actores
externos, principalmente con instituciones del Estado. Tales acciones se desplegaron
con el propósito de reconstruir el tejido social que había roto el paramilitarismo, y
esto solo fue posible con el trabajo conjunto en las comunidades y la constante
interacción con las instituciones del Estado. Las acciones hacia
la
reconstrucción del
tejido
social estuvieron además
acompañadas de proyectos de
infraestructura
y
comunicación,
como
la
pavimentación de la carretera que va desde el corregimiento de La Mesa hasta
Valledupar, configurando sin duda un logro de la comunidad. Asimismo, se alcanzó
la ampliación del colegio y de su oferta académica. Con el propósito de reconstruir el tejido social y alcanzar un escenario de
convivencia pacífica, actualmente algunos miembros de
los
tres proyectos
productivos de reinserción del EPL, personas de la academia y de la sociedad
civil, están conformando una alternativa política denominada «Alianza Ciudadana
Cesarense». Esta se ha propuesto como ejes: 1. La recuperación de la dignidad
humana desde lo político, lo económico y lo social; 2. La búsqueda de la paz en
medio del conflicto a partir de la propia experiencia y; 3. Derechos de las víctimas
y la relación con la institucionalidad. Los ejes de la propuesta son la consecuencia de sus propios procesos y aprendizajes,
el hecho de que algunos hacen parte de la experiencia rural de Cesar, algunos sean
académicos y exista participación activa de la comunidad local, indica que existe
un nuevo intercambio de posturas y una construcción de nuevas relaciones. Desde
sus trayectos en el conflicto armado buscan recuperar la dignidad humana desde
todos sus niveles, y la discusión sobre los derechos de las víctimas y los problemas
institucionales que existen para garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición permiten la consolidación de conocimientos prácticos
proyectados a proveer a las comunidades herramientas exigibilidad de derechos. Actualmente, EMPAGROC mantiene su proyecto productivo con seis familias, Tres
Estrellas en Becerril siguió el proyecto con una persona y SOPRASAR no pudo
continuar su proyecto agropecuario, seis de sus miembros fueron asesinados y
total de 28 familias fueron desplazadas en dos oportunidades (1997 y 2009), el
Estado aún no les reconoce su condición de víctimas y desplazados. 118 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Sectores de la comunidad receptora
transformaron su perspectiva y
sus relaciones con este grupo de
desmovilizados Aprendizajes La experiencia de proyectos agropecuarios del Cesar, constituye una evidencia
que sustenta el concepto de reconciliación expuesto en esta investigación. El
aspecto más revelador consiste en entender que la reconciliación entre personas
desmovilizadas y comunidades receptoras puede ser un proceso dinámico y
diferenciado en el tiempo. Asimismo, plantea la importancia que tienen las relaciones
previas de la comunidad receptora con el grupo de personas desmovilizadas,
como una variable que afecta la disposición de construir o reconstruir relaciones
pacíficas. Al igual que en la experiencia de Colectivos del Café, los desmovilizados del EPL
que llegaron a Chiriguaná, Becerril y La Mesa (Valledupar) contaban con mayor
empatía por parte de sus comunidades receptoras. Los lazos familiares y el bajo
nivel de victimización, incidieron no solo en la decisión del lugar de reinserción,
sino como factores que catalizaron la integración con la comunidad receptora y un
proceso de construcción de relaciones de confianza y cooperación. Se puede hablar de reconciliación en la medida en que sectores de la comunidad
receptora, incluyendo la institucionalidad de estas tres localidades, transformaron
su perspectiva y relaciones con este grupo de desmovilizados, a pesar de que la
zona se encontraba fuertemente golpeada por otra guerrilla, el ELN, y que entre
1993 y 1997 un total de 111 funcionarios públicos locales tuvieron que renunciar a
sus cargos por amenazas por parte de este grupo insurgente. Igualmente, se hizo
observable el papel de varias instituciones gubernamentales en el acompañamiento
al proceso de reinserción. La voluntad política de quienes estaban gobernando las alcaldías locales de alguna
forma fortalecía los espacios de encuentro entre desmovilizados y comunidades.
Otro hecho que quizás incide a nivel departamental es que la guerrilla del EPL
no afectó las finanzas de sectores representativos de la región. La presencia de
desmovilizados en la forma de concebir y hacer la política dentro de la legalidad
ayudó al proceso no solo de reinserción, sino de convivencia pacífica con
la
comunidad receptora. El balance de la experiencia muestra avances importantes en las dimensiones social
y política de la reconciliación, no obstante, tanto por la naturaleza del proceso
de negociación y desmovilización del EPL en la época, como por la ausencia de
víctimas directas dentro de la comunidad receptora, la reconciliación interpersonal
no logró relevancia. 119 Aprendizajes para la reconciliación Mecanismos como la interacción, la difusión, la formación y la intermediación,
sobresalieron en el primer episodio de la experiencia. Las actividades consideradas
dentro del programa de reinserción, que también estaban abiertas para
los
habitantes de la comunidad receptora, propiciaron espacios de encuentro con los
desmovilizados facilitando su disposición hacia el grupo de desmovilizados. Dentro de estos se destacan los proyectos agropecuarios que fueron fuente de
empleo para campesinos de la región y los procesos de formación adelantados por
la Fundación Progresar. De otro lado, la irrupción paramilitar no solo fracturó en sentido económico los
trayectos que traían cada una de las empresas que hacen parte de los proyectos
productivos del Cesar, también obstaculizó el camino que habían emprendido las
comunidades con los desmovilizados del EPL, proyectos sociales y educativos. La
incursión paramilitar marca una inflexión en la trayectoria de la experiencia, por
una parte, de manera paradójica, acelera su proceso de integración difuminando
las diferenciaciones bajo la identidad de comunidad víctima del paramilitarismo,
por otro lado, amenaza la continuidad de los proyectos productivos y, por supuesto,
las demás iniciativas de formación política. Sin embargo, dentro de un espacio de violencia armada se activó el mecanismo
de mediación y el liderazgo femenino específicamente en el caso de La Mesa
(EMPAGROC), generando un espacio de coexistencia con la estructura paramilitar
que actuaba en la zona. No obstante, se debe hacer la salvedad de que es una
coexistencia basada en la coerción ejercida por el poder paramilitar. Después del proceso de desmovilización paramilitar en el 2006, las comunidades
receptoras de Becerril, Chiriguaná y La Mesa han establecido un proceso de
coexistencia con
los excombatientes de dichas estructuras. Por otra parte, se
reactivaron
los mecanismos que
los desmovilizados del EPL en su momento
habían emprendido y que por el dominio paramilitar habían sido interrumpidos y
victimizados, un ejemplo de ello, es la creación de nuevos actores, la activación de
liderazgos, como la «Alianza Ciudadana Cesarense», una iniciativa de la sociedad
civil que nace de diversas corrientes sociales de la cual hacen parte miembros
de EMPAGROC y SOPRESAR; así como académicos y ciudadanos del común y
que buscan, entre otros propósitos, reivindicar los derechos de las comunidades
víctimas del conflicto armado. 120 Para varios de
los miembros consultados en
las comunidades de Becerril,
Chiriguaná y La Mesa, la reconciliación es posible solo si se encuentra acompañada Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras La reconciliación necesita
tiempo para crear confianzas
y para la construcción de lazos
comunitarios de verdad, justicia y reparación. Se pide ante todo que las comunidades estén
involucradas en el diseño e implementación de los procesos de DDR y en todo
aquello que
involucre acciones hacia
la reconciliación. Esta última no debe
ser un requisito, sino, como se ha señalado en esta investigación, un producto
espontáneo del encuentro entre comunidades receptoras y excombatientes. La
reconciliación desde esta perspectiva necesita tiempo para crear confianzas y para
la construcción de lazos comunitarios. En realidad la reconciliación es un proceso
de constante construcción. 121 Aprendizajes para la reconciliación Infograma 5 Proyectos agropecuarios Cesar Empresa Comunitaria
Agropecuaria del Cesar
EMPAGROC Empresa comunitaria de
producción agropecuaria
del Cesar SOPRASAR Agropecuaria
Tres Estrellas 1993 Proyecto productivo bovino. Parte del Programa
Nacional para la Reinserción. 18 desmovilizados del
EPL participaron. Corregimiento La Mesa, Valledupar. 1993-2009 Proyecto de producción agropecuaria. Municipio de
Chiriguaná. 28 desmovilizados del EPL participaron.
Tuvo vigencia hasta 2009. 1994 Experiencia empresarial sustentada en el trabajo
con silos de maíz y en la elaboración de concentrados.
Municipio de Becerril. Desmovilización del EPL Incursión paramilitar Desmovilización
del Bloque Norte – AUC Las estrategias contempladas
en el programa de reinserción
propiciaron una mejor
disposición de los exmiembros
del EPL y la consolidaciónde
espacios de encuentro con las
comunidades receptoras. La población excombatiente y
las comunidades receptoras
fueron victimizadas, algunas
despojadas de sus tierras. Los
procesos de reinserción y
reconciliación emprendidos se
vieron fracturados. Con la desmovilización paramilitar
la comunidad procuró retomar y
reconstruir los avances que se habían
alcanzado antes de los hechos
victimizantes. Los liderazgos de
exintegrantes del EPL en estos
procesos fueron relevantes. Episodios Aspectos del contexto que condicionan
a la experiencia, y que permitieron
avances en términos de la Reconcilación Mecanismos Ambientales Factores de las experiencias
que permitieron avances en
términos de la Reconciliación Mecanismos Especí(cid:30)cos Con(cid:31)icto armado Estructura agraria
Pacto político con el EPL
Programa de reinserción Intermediación
(PROGRESAR) Atribución de amenaza
colectiva Formación (Universidad
Popular del Cesar / SENA) Cambio de identidad Mujeres desmovilizadas contribuyeron
con la formación de redes comunitarias
y lideraron acciones de mediación y formación La activación de dichos mecanismos se tradujo en unos
avances parciales en el proceso de la reconciliación. En la experiencia rural del
Cesar, el Programa de
Educación de la Fundación
Progresar, resultó ser muy
útil para las comunidades
receptoras en particular
porque actuó de cara al
fortalecimiento de la
democracia y los liderazgos
desde el nivel local. 122 Convivencia pací(cid:30)ca
entre exmiebros del
EPL y comunidades
receptoras. Los mecanismos especí(cid:31)cos
usados permitieron construir
una relación sólida entre los
exmiembros del EPL y la
comunidad receptora.
Actualmente han emprendido
un nuevo proceso denominado
"Alianza Ciudadana Cesarence",
que se establece como un
espacio de participación política. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Experiencia del Comité
Cívico del Sur de Bolívar El Comité Cívico del Sur de Bolívar
representa una comunidad de cinco
corregimientos del municipio de Simití —San Blas, Monterrey, El Paraíso, San
Joaquín y Santa Lucía—, afectados por la acción de todos los actores que han
intervenido en el conflicto armado: guerrilla, paramilitares y fuerza pública. Mapa 5
Experiencia del Comité Cívico del Sur de Bolívar 123 Aprendizajes para la reconciliación En medio de una evidente apatía y miedo por asumir roles de liderazgo, luego de
la desmovilización del Bloque Central Bolívar algunos integrantes de las Juntas
de Acción Comunal —JAC— del corregimiento de Monterrey crearon el Comité
Cívico de Monterrey, que posteriormente se convertiría en el Comité Cívico del Sur
de Bolívar, un autodenominado proyecto piloto de paz, cuya comprensión resulta
fundamental en términos de reconciliación y convivencia pacífica en la región
del Magdalena medio, especialmente en lo que respecta a excombatientes de las
autodefensas87. La desmovilización de los paramilitares del Bloque Central Bolívar se realizó en el
municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, el 31 de enero del 2006.
A partir de dicha desmovilización se consolida la experiencia del Comité Cívico del
Sur de Bolívar, que surge en el 2006 como un espacio de participación y encuentro
de líderes y pobladores de los corregimientos de Monterrey, San Blas y El Paraíso,
preocupados por la problemática de violencia y abandono del Estado en la zona.
San Joaquín y Santa Lucía se unen posteriormente para trabajar juntos en acciones
de recuperación, promoción del desarrollo y reconciliación de los pobladores y
excombatientes88. El comité se entiende como el lugar desde donde se construye
un proyecto colectivo de vida campesina. El objetivo de este apartado es recoger los aprendizajes de la experiencia del
Comité Cívico como experiencia de la sociedad civil cuyas acciones han incidido
en el proceso de reintegración de excombatientes del Bloque Central Bolívar, pero,
fundamentalmente, en la promoción de la convivencia pacífica con lecciones
importantes en términos de reconciliación interpersonal, social y política. Contexto de la región Para el estudio, se tomará el sur de Bolívar como parte de la subregión denominada
Magdalena medio, ubicada entre los departamentos del Cesar, Bolívar, Santander
y Antioquia, atravesada por el río Magdalena y emplazada en uno de los valles
interandinos más ricos y estratégicos en Colombia, en términos económicos89. 87 Fase de construcción participativa del proyecto piloto diagnóstico para contribuir al acceso de las víctimas de
Monterrey (Simití – sur de Bolívar) a los procedimientos de restitución de tierras y reparación colectiva e individual
diagnóstico realizado en conjunto por el PDPMM y la OIM en el marco de la construcción de una ruta de reparación
integral. Convenio de cooperación interinstitucional no. DDR – 371, Abril 30, 2012.
88 Convenio Nº DDR 448 DE 2014. CINEP/PPP – OIM, Informe de ejecución Nº 02 presentado por CINEP/PPP a OIM,
Anexo 1, Experiencia 1. Comité Cívico de Sur de Bolívar – (Zona rural-Población civil, víctimas y excombatientes del
paramilitarismo). Mayo a Julio 2014.
89 Para apoyar esta unidad geográfica, se optará por la selección hecha por el Programa de Desarrollo y Paz de
Magdalena Medio –PDPMM–.También en Viloria, Economía y conflicto en el Cono Sur del Departamento de Bolívar
Documento de Trabajo sobre Economía Regional, Banco de la República, 2009. 124 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras 25 20
15
10
5
0 El sur de Bolívar ha sido el escenario en el que confluyeron distintas formas de
violencia durante varios años, que se enmarcaron en las dinámicas de la región
del Magdalena medio. Por lo anterior, la experiencia rural del Comité Cívico del
Sur de Bolívar se establecerá dentro este contexto regional, teniendo en cuenta
su
influencia geográfica, su proyección, y la composición de su población. El
énfasis de la contextualización de la experiencia en cuestión estará dado en los
corregimientos de San Blas, Monterrey, El Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía, que
pertenecen al municipio de Simití
istóricamente la población rural del sur del Bolívar ha estado, en condiciones
de abandono estatal, con poca inversión social, ausencia de servicios públicos,
precarias condiciones de salud y educación, pésimo estado de las vías de acceso
(que se ha traducido en condiciones poco idóneas para la comercialización de
productos agrícolas), y múltiples afectaciones sociales como secuelas del conflicto
armado. En la Tabla 3 se observan los datos demográficos de los cinco corregimientos que
constituyen el Comité, según el diagnóstico realizado en conjunto por el PDPMM
y la OIM, en el marco de la construcción de una ruta de reparación integral. Estos
datos corresponden a la población registrada hasta el año 2013.
En el año 2009 el sur de Bolívar contaba con apenas 60 kilómetros de vías pavimentadas, siendo la principal ruta
Cerro de Burgos – Simití – Santa Rosa del Sur.
Fase de construcción participativa del proyecto piloto diagnóstico para contribuir al acceso de las víctimas de
cinco corregimientos de Simití – Sur de Bolívar, a los procedimientos de restitución de tierras y reparación colectiva
e individual. Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio (CDPMM). Informe de avance, abril del 2012.
La dinámica poblacional determinada por la reciente
colonización ha constituido una región social y culturalmente
fragmentada, y no ha logrado consolidar simbiosis culturales
entre paisas, santandereanos, costeños y cundiboyacenses La dinámica poblacional muestra una región social y culturalmente fragmentada,
«principalmente porque gran parte de la colonización es de carácter reciente y no
ha logrado consolidar simbiosis culturales entre paisas, santandereanos, costeños
y cundiboyacenses» (De Roux, 1999). Aspectos económicos y usos del suelo La pesca artesanal es fundamental, pues de ella depende en gran medida la
alimentación y subsistencia de la mayoría de las familias asentadas a la orilla
de los ríos que integran el ecosistema regional. Los cultivos de palma africana
también están presentes en los corregimientos de San Blas y Monterrey, aspecto
relacionado con una estrategia nacional para tener sembradas más de 420.000
hectáreas de esta planta en el país con el fin de fabricar biocombustibles (DNP,
2007). Sin embargo, en la región del sur de Bolívar sobresalen otros cultivos, tales
como: arroz, maíz, sorgo, yuca y cacao. Se pueden identificar dos focos económicos (íntimamente relacionados con la
estructura de
la propiedad de
la tierra), que continúan generando conflictos
ligados al accionar de los grupos armados. Por un lado, la extracción de oro en
minas a cielo abierto en las inmediaciones del río Boque, y por el otro, el trabajo en
plantaciones de palma africana. El mal manejo de los suelos ha repercutido en la
pesca artesanal, fundamental para los pobladores de la zona, pues de ella depende
en gran medida la alimentación y la subsistencia de la mayoría de las familias
asentadas a la orilla de los ríos de la región. Esa labor se ha visto reducida y afectada
debido al empleo de técnicas inadecuadas y por el deterioro y la contaminación
de las cuencas hídricas (González, 2011), asuntos particularmente evidentes en
el corregimiento de Monterrey. Se alerta un daño ambiental considerable, que
repercute automáticamente en la vida cotidiana de las comunidades, el uso de las
aguas y temas de salud, así como a nivel de subsistencia por la afectación de sus
cultivos, y a nivel macro por el daño al ecosistema de la región. Además, aunque
la región del sur de Bolívar debería ser pensada como una
subregión de carácter estratégico para el departamento y para el país, en función
de sus riquezas petrolera, aurífera, agroforestal y ecológica; la explotación de
recursos se ha hecho de manera ilegal en su gran mayoría, de allí que las regalías
petroleras y su alcance resulten bastante limitados. Sobre la estructura agraria, los usos del suelo y la propiedad de la tierra, los cinco
corregimientos se caracterizan, principalmente, por
la vocación agrícola para
siembra de arroz, plátano, yuca, cacao, café, maíz y cítricos; predomina, entonces, 126 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El narcotráfico se intensificó a finales de los 90.
La respuesta institucional diseñada para mitigar
el problema afectó gravemente la seguridad
alimentaria de los pobladores la agricultura de subsistencia y de consumo familiar. Por lo general, estas son
explotaciones campesinas de pequeños productores propietarios, algunas de las
cuales se dedican a la ganadería extensiva, como en el caso del corregimiento de
Monterrey (González, 2011). En esta síntesis, sin embargo, es obligatorio hacer
referencia a los cultivos de coca. En la década de los 80 se dieron los primeros cultivos de esta planta, pero fue
hasta principios de los 90 que se consolidaron, al igual que el procesamiento de
base de coca. La cultura del narcotráfico copó la región, y llegó a su punto mayor
a finales de los 90 y principios de la presente década. La respuesta institucional
diseñada para mitigar el problema consistió en programas de erradicación manual
y fumigaciones con glifosato, lo que afectó gravemente la seguridad alimentaria
de los pobladores93. Conforme a lo señalado por Viloria (2009), el origen de la mayoría de problemas
que padece el sur de Bolívar se encuentra en el aislamiento geográfico en que ha
permanecido esta subregión en los últimos tiempos. Este abandono estatal ha
permitido que la economía de la guerra haya sumado a sus estrategias económicas
la explotación minera
ilegal, especialmente de oro, que «está expuesto a
la
depredación de los grupos irregulares y juega a favor del fortalecimiento de sus
finanzas» (ACNUR, s,f.). Sobre las acciones colectivas por la paz La mayoría de las labores para la búsqueda de la paz se concentraron en los
municipios del Magdalena Medio santandereano, principalmente en la ciudad
de Barrancabermeja. Algunos ejemplos que ilustran estas iniciativas son, entre
otras, la realizada en 1996, en plena arremetida paramilitar, con la movilización
de más de 2.000 campesinos del sur de Bolívar al casco urbano de San Pablo,
que buscó poner fin a la fumigación de los cocales campesinos y pedir planes de
desarrollo alternativos, lo que se tradujo en la creación de un Comité de Defensa
de los Derechos Humanos, así como una comisión que focalizaría la administración
municipal y la inversión de los dineros públicos (Madariaga, 2006). También se
encuentra la movilización realizada en octubre de 1997, donde alrededor de 150
campesinos del sur de Bolívar ocuparon la catedral de Cartagena para denunciar
los abusos del paramilitarismo. 93 Sujeto colectivo y ruta de reparación integral Simití, sur de Bolívar. Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio (PDPMM), 2013 127 Aprendizajes para la reconciliación Sin embargo, ante la continua arremetida paramilitar y el incumplimiento de los
acuerdos pactados en la movilización del 1996, se organizó en 1998 «el éxodo
campesino que duró 103 días, con más de diez mil campesinos, ocupando escuelas
y albergues en Barrancabermeja, San Pablo y la Embajada de los Estados Unidos»
(Loingsigh, 2002, p. 43, citado en Madariaga, 2006). También resalta la marcha denominada «No al Despeje» en el 2000, donde unos
diez mil campesinos de Santa Rosa y Simití marcharon en los cascos urbanos de sus
localidades contra la posibilidad de que el Gobierno nacional autorizara el despeje
de varios municipios de esa zona para que el ELN realizara su convención nacional. La región, que ha tenido una
fuerte tradición de movilización social desde
décadas pasadas, sufrió una ola de violencia en contra de líderes sociales y sus
organizaciones tras la entrada de grupos paramilitares. A pesar de la fractura
del tejido social a causa de esta violencia, se hicieron visibles las acciones de la
sociedad civil en toda la región para resistir a esta represión. Para la época, una
columna de opinión Alfredo Molano sobre la situación advertía que en «la guerra
sucia contra los movimientos sociales se presentaron asesinatos y desapariciones
de los líderes organizadores de las movilizaciones. La respuesta de la población de
la región fue también la movilización»94 (El Espectador, julio 2012). Institucionalidad, poder y dinámica de los actores armados Los distintos municipios de la región tienen mayores relaciones de funcionalidad
institucional y de servicios con Barrancabermeja —por su cercanía territorial— que
con Cartagena, a pesar de ser su centro administrativo y político (González, 2011).
Se debe acotar que Simití es un municipio de sexta categoría, con una incapacidad
evidente a la hora de cofinanciar proyectos estratégicos en áreas fundamentales
como salud, educación e infraestructura (Viloria, 2009). El porcentaje de personas
con alguna necesidad básica insatisfecha (NBI) en Simití es del 62 %, lo cual es
mucho más evidente en corregimientos como Santa Lucía y El Paraíso, que aún no
cuentan los servicios de alumbrado eléctrico, agua potable o alcantarillado. En el caso de los corregimientos reunidos en el Comité Cívico, los servicios y
necesidades giran en torno a los municipios de Santa Rosa del Sur y Simití; lo propio
sucede en el ámbito de la comercialización de productos y la participación en mesas
comunales. En muchos casos, la institucionalidad se ha limitado a la presencia de la
Policía Nacional; sin embargo, esto no garantiza la efectiva presencia estatal. 94 De los cultivos ilegales a la minería ilegal en Simití, por Alfredo Molano: radiografía sobre la región del sur de Bolívar.
En el diario El Espectador, julio 14 de 2012. 128 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Los grupos armados ilegales han influido en la institucionalidad y las estructuras
de poder que se han desarrollado en esta zona. Por una parte, el dominio ejercido
por el ELN fue tal que, para el año 1997, se opusieron al proceso de elección de
alcaldes y gobernadores en la región. Se hizo la difusión del mensaje, entre todos
los candidatos, de abstenerse de participar en las elecciones; además, se secuestró
por más de una semana a 68 dirigentes políticos de Simití, San Pablo y Santa Rosa
del Sur, todos ellos anunciaron el retiro de sus aspiraciones electorales. También
fueron obligados a renunciar candidatos en Puerto Wilches, Aguachica y San
Martín (Madariaga, 2006). Esto contó con el amplio rechazo de la población civil y
terminó por romper los lazos con las bases sociales que tenía la guerrilla. En el caso
del paramilitarismo, el grado de afectación llegó a todos los niveles en lo político,
social y económico, punto que se hará referencia más adelante. La dinámica del conflicto armado ha estado marcada por la presencia y accionar
constante de diferentes grupos armados, en un primer momento el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), posteriormente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Farc), luego las distintas estructuras paramilitares, y de manera
diferenciada la Fuerza Pública. Hasta 1997, el ELN fue la guerrilla más activa en la región, en especial en San Blas y
Monterrey. Prácticamente todo el comando central de este grupo pasó por Simití
en los primeros años de la década de 1970 y desde 1983 se consolidó a partir de la
extracción de recursos del sector petrolero, así como los sectores energéticos, mineros
y agropecuarios. Por su parte, las Farc incursionaron militarmente, a partir de 1998,
con el frente 24, sobre todo en la serranía de San Lucas y el valle del río Cimitarra, en
jurisdicción de los municipios de San Pablo y Cantagallo (Oppdh DIH, 2005). San Blas y Monterrey se convirtieron en lugares de permanencia y tránsito de
estas guerrillas entre las décadas del 80 y del 90. El territorio les proporcionaba
condiciones favorables para su financiación mediante el secuestro extorsivo y el
control de los cultivos de coca ubicados en el piedemonte de la serranía de San
Lucas de los municipios de San Pablo, Simití y Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Fue tan evidente el control territorial del ELN, que en 1999 propuso al gobierno
del presidente Andrés Pastrana la ubicación de una «zona de encuentro» en el sur
de este departamento para realizar una convención nacional en el marco de los
diálogos de paz entre Gobierno nacional y esta guerrilla. 129 Aprendizajes para la reconciliación La incursión paramilitar condujo a una escalada de
violencia, que implicó un aumento del desplazamiento
forzado, los asesinatos y el temor generalizado entre los
pobladores de la zona El panorama cambió con la irrupción de las distintas estructuras paramilitares
hacia 1996, comandadas por Carlos Castaño, las cuales se propusieron sacar al
ELN de estos territorios. «En 1998 se produjo la primera incursión de un grupo
de paramilitares bajo el mando de alias “Julián Bolívar” en el sitio conocido como
Cerro de Burgos, a pocos minutos del casco urbano de Simití. Desde entonces, su
expansión en el territorio y el incremento de golpes contundentes contra el ELN y la
población civil señalada de ser colaboradora, condujo a una escalada de violencia,
muerte, desplazamiento forzado y temor generalizado entre los pobladores de la
zona»95 (Unidad de Restitución, 2014). En el 2000, alias «Julián Bolívar» y alias «Macaco» conformaron el Bloque Central
Bolívar (BCB) y ubicaron sus bases en los corregimientos de San Blas y Monterrey.
La intención fue controlar, en su totalidad, las plantaciones de coca y el negocio del
procesamiento de cocaína. Una vez controlado el territorio, se generaron alianzas
políticas y sociales que regularon la vida cotidiana de los pobladores. En este mismo
año, según algunas fuentes, alias «Ernesto Báez» los apoyó con la conformación del
Movimiento del No al Despeje, cuya movilización, así como el bloqueo de vías por
pobladores, autoridades civiles y líderes sociales condujo al Gobierno nacional a
suspender los diálogos de paz y a abortar la propuesta de la zona de encuentro en
el sur de Bolívar. Los paramilitares
establecieron
el monopolio
sobre
los
insumos para
el
procesamiento de
la base de coca y
la gasolina y construyeron
laboratorios
para procesar compuestos como el permanganato de potasio. Esto les permitió
controlar el precio de la base, y aunque introdujeron en la región variedades más
productivas de coca, el precio se mantenía estable. Simultáneamente, en Monterrey se inició el montaje de un proyecto productivo de
palma africana, para lo que se creó la cooperativa Coproagrosur en el año 2000; este
proyecto se tradujo en adquisición de predios y la organización administrativa de
los mismos. Luego de la desmovilización del Bloque Central Bolívar, en 2006, alias
«Julián Bolívar» y alias «Macaco», acogidos a la Ley de Justicia y Paz, entregaron
bienes para la reparación de las víctimas, donde reconocieron que Coproagrosur
y los predios en los que se sembró la palma africana fueron adquiridos cuando
tuvieron presencia y control en la región. Actualmente, estos bienes están bajo el
control y administración del Fondo de Reparación de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al 130 95 Unidad de Restitución de Tierras, “Arranca proceso de Restitución de Tierras en Simití y San Pablo”, ver en noticias:
www.restituciondetierras.gov.co, marzo 21 de 2014. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, recolectará e investigará las solicitudes
de restitución de predios de personas que declaren haber sido despojados por el
Bloque Central Bolívar96. Actualmente, en la zona está presente el Bloque Magdalena Medio de las Farc,
así como las compañías móviles Raúl Eduardo Mahecha y Gerardo Guevara. En
los municipios de Bolívar, en particular, hace presencia el frente 24, además de la
Compañía Móvil Salvador Díaz, de la misma guerrilla. Por su parte, los frentes Darío
Ramírez Castro, Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN se encuentran presentes
en el Magdalena medio de Cesar y Bolívar. En la región también se ha evidenciado la presencia de múltiples bandas criminales
como el ERPAC, la Oficina de Envigado, Los Paisas (que lograron la adhesión de las
Águilas Negras), Los Rastrojos y Los Urabeños, los Gaitanistas o los de don Mario,
los de don Cesar, los Botalones, y otros grupos armados ilegales97. Su presencia no
solo se da en las áreas rurales con cultivos ilícitos, también controlan el tráfico, las
rutas y corredores estratégicos que comunican la región con la costa Caribe y la
frontera con Venezuela. Además, controlan el microtráfico en las ciudades, siendo
San Pablo y Barrancabermeja las más afectadas por su accionar98. El Comité Cívico del Sur de Bolívar: sujeto
colectivo de paz y relación en procesos de DDR Los episodios con los que se puede entender el trabajo del Comité Cívico y los
mecanismos que han operado en su proceso son: i) Antecedentes del Comité Cívico
como respuesta comunitaria ante un contexto de violencia; ii) Fortalecimiento y
bases del encuentro entre comunidad receptora y excombatientes, y iii) Difusión y
fortalecimiento del trabajo y los liderazgos comunitarios. 96 Unidad de Restitución de Tierras, “Arranca proceso de Restitución de Tierras en Simití y San Pablo”: jornada que
permite a la Unidad verificar cuáles solicitudes son viables para iniciar la investigación administrativa (de acuerdo
con lo establecido por la Ley 1448 de 2011, Ley de Victimas y Restitución de Tierras). Las que inicien se someterán
a un estudio riguroso que determinará si hubo hechos de despojo o abandono forzado, en qué fecha y bajo qué
circunstancias sucedieron, cuáles grupos armados ilegales cometieron violaciones a los derechos humanos contra los
reclamantes y terminará con la decisión de incluir o no, el predio reclamado en el Registro de Tierras. municipios de
Bolívar, marzo 21 de 2014.
97 Centro de Memoria Histórica, Acuerdos de la Verdad, Informe DAV, Infografía de los nuevos escenarios de conflicto
armado y violencia. Panorama post- desmovilización de las AUC, Agosto 12 de 2014.
98 Verdad Abierta, Defensores de Derechos Humanos silenciados por las Bacrim, en www.verdadabierta.com, agosto
20 de 2014. 131 Aprendizajes para la reconciliación A partir de la desmovilización
paramilitar, el Comité Cívico empezó
un proceso propio de reconstrucción
del tejido social Para este trabajo, se tienen en cuenta los mecanismos que han favorecido o no el
desarrollo de los procesos gestados entre el Comité Cívico y los excombatientes,
contemplando su impacto en las comunidades receptoras. Vale aclarar que «los
procesos son cadenas causales, secuencias y combinaciones de mecanismos
frecuentemente recurrentes. Los procesos que merece la pena distinguir aquí
implican combinaciones y secuencias de mecanismos recurrentes que operan
de forma idéntica o de modo muy similar en toda una variedad de situaciones»
(McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, p. 29). Por lo anterior, los mecanismos se observan
como un conjunto de cosas y eventos que permiten cambios en las relaciones. Aunque no se pretende enfatizar en la descripción de los grados de victimización
en las comunidades del sur de Bolívar que participan de la experiencia, sí resulta
importante resaltar que estos tuvieron un fuerte impacto en el Comité Cívico y en
la singularidad de la experiencia de cara a sus aportes, para comprender cómo se
puede avanzar en un territorio en las dimensiones interpersonal, social y política
de la reconciliación. Antecedentes del Comité Cívico como
respuesta comunitaria ante un contexto de violencia La presencia las guerrillas del ELN y las Farc en el sur de Bolívar duró casi dos
décadas, en
las cuales el conflicto constante entre
las fuerzas militares y
la
guerrilla causó daños a los pobladores de la región. «Se habla de una coexistencia
relativamente pacífica de la guerrilla y la comunidad, que imponía sus normas de
control social marginalmente ante los pobladores desde el ejercicio de la amenaza
de la fuerza constante contra los pobladores. Los grupos guerrilleros tenían una
relación más profunda con el territorio, lo que se debía, en parte, a que la mayoría
de sus combatientes provenían de esa región, en tanto que los paramilitares que
llegaron eran oriundos de Córdoba o Urabá. Además, la guerrilla se había insertado
lentamente en el territorio y sus actividades se concentraban en las áreas rurales,
mientras que los paramilitares llegaron a ocupar el territorio de manera súbita y
actuaron directamente en el casco urbano de Monterrey y de poblaciones aledañas
como Simití, San Pablo y Santa Rosa» (Navarro, 2011, p. 36). El modus operandi del paramilitarismo ocasionó una fractura en el tejido social
de las comunidades, por cuenta de años de represión, de constantes abusos a los
derechos humanos y la transformación de las formas económicas de la región: 132 « […] ese fue el punto en donde los paramilitares estaban más arraigados en
el momento más cruel de su historia….nosotros antiguamente no podíamos Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras los de aquí ir hasta el Paraíso, ni los del Paraíso podían venir aquí porque esas
fronteras invisibles no nos lo permitían…Entonces eso es lo que es el Comité
Cívico, nos ha permitido abrirnos esos espacios a todas aquellas personas
que no teníamos acceso antiguamente».
(Testimonio de un habitante
corregimiento de Santa Lucia y miembro del Comité Cívico, 2014)99. Los cinco corregimientos estuvieron confinados durante la época paramilitar. Los
habitantes de San Blas cuentan cómo los comandantes del Ejército pedían permiso
a los paramilitares para transitar por sus zonas de influencia o les prestaban apoyo
militar y logístico para actuar conjuntamente en la lucha contrainsurgente. Sin
embargo, las fronteras invisibles trazadas por la presencia de estos actores se
rompieron a partir de la desmovilización paramilitar, acción que marca un antes y
después para las comunidades del sur de Bolívar, donde el Bloque Central Bolívar
dominó las esferas políticas, económicas y sociales de la zona hasta el año 2006100. En ese contexto, el mecanismo de la comunidad de lanzar señales permitió cambiar
las relaciones entre los habitantes. Con el hecho de poder movilizarse de San Blas
a Monterrey, o de Monterrey a San Blas, la comunidad sintió cómo se abrieron esos
espacios que les habían sido privados en el marco del conflicto. Otro ejemplo que muestra la importancia del mecanismo de lanzar señales es el
hecho de haber vuelto a los hábitos comunes como la utilización de la moneda
como forma de transacción económica, la comercialización de productos propios
de la zona y el acomodarse a las dinámicas económicas propias de la legalidad.
El dominio paramilitar llegó a su máxima expresión con la supresión del dinero.
Las transacciones se desarrollaban a partir de vales de cambio firmados por los
comandantes paramilitares. Con dichos vales se podía hacer mercado, comprar
ropa y tomar en los bares, pues todos los sectores económicos estaban bajo el
dominio paramilitar y podían, simplemente, descontar sobre el valor adeudado. A partir de la desmovilización paramilitar, el Comité Cívico empieza un proceso
propio de reconstrucción del tejido social, que pasó por restablecer el sentido de
pertenencia hacia el territorio a través del mecanismo de la formación. Las iniciativas
educativas en las comunidades receptoras, que involucraron a desmovilizados en 99 Entrevista 8.
100 Bloque Central Bolívar (sur de Bolívar). Este Bloque llegó a tener nueve sub-bloques que delinquieron en ocho
departamentos, entre ellos Santander y Bolívar donde hubo hasta 11 frentes, Santander, Norte de Santander y
Boyacá, y en 2001 se extendió a Risaralda y Caquetá. La desmovilización se llevó a cabo en “La Granja” ubicado en el
corregimiento de Buena Vista, municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, en enero 31 de 2006, donde
se desmovilizaron 2.519 personas. Cifras oficiales del Alto Comisionado para la Paz. Informe ejecutivo Proceso de paz
con las Autodefensas, Diciembre 2006. 133 Aprendizajes para la reconciliación proceso de reintegración, sentaron bases sólidas para establecer una verdadera
convivencia pacífica. Este proceso se fortaleció gracias a que el PDPMM acompañó
en diversas capacitaciones, brindó orientación y promovió la generación de un
lenguaje de comunicación. Es así como el Comité Cívico del Sur de Bolívar se presenta como una expresión
organizativa que hoy se reivindica como sujeto colectivo de paz101. «El Comité
Cívico fue la plataforma para reactivar liderazgos y además su proceso social ha
sido un blindaje contra los grupos armados ilegales». (Líder de Monterrey, 2014)102. En la construcción de posibles escenarios de reconciliación, los corregimientos
que componen el Comité Cívico han trabajado en la activación de liderazgos, en
la construcción conjunta a partir de ideales colectivos, el empoderamiento de
sus miembros como sujetos sociales y la consolidación de estrategias enfocadas
a rechazar los escenarios de violencia, Para el Comité Cívico, la construcción y
el fortalecimiento de
la memoria colectiva han contribuido en el proceso de
reivindicación de los derechos de la comunidad (importante para los criterios para
reparación colectiva consagrados en Ley 1448 de 2011) y en la recuperación de
los escenarios colectivos afectados, lo que aporta en la reconstrucción del tejido
social: «Somos comunidad víctima porque compartimos un pasado común, un
periodo de violencia que no termina del todo y porque tenemos hoy la
decisión de superar unidos, las causas de la violencia. Al reconocer los daños
causados, queremos hacer memoria de lo que pasó y buscar justicia, para
que no se vuelva a repetir la barbarie». (San Blas, integrante del Comité
Cívico)103. Fortalecimiento y bases del encuentro
entre comunidad receptora y excombatientes La experiencia del Comité Cívico está basada en el mecanismo de interacción,
primero, al interior Comité, lo que facilitó la creación de identidad del mismo y su
consolidación como nuevo actor y sujeto político, y segundo, la interacción a nivel
externo, que contribuye en la medida en que los lazos y redes con otros actores
den una difusión más amplia de la experiencia, al gestionar oportunidades para 134 101 Sujeto colectivo y ruta de reparación integral Simití, sur de Bolívar. Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio -PDPMM- (2013).
102 Entrevista 2.
103 Entrevista 2. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras su fortalecimiento y crear un puente con los excombatientes. Se resalta que en el
mismo Comité los desmovilizados encontraron un espacio de orientación, además
de un escenario de trabajo conjunto, creando un ambiente propicio para una
reintegración en la comunidad. Inicialmente, el Comité Cívico hizo invitaciones abiertas a reuniones todos los
domingos en zonas como San Blas, Monterrey y El Paraíso, Los desmovilizados que
asistieron encontraron en estos espacios varios argumentos que les permitieron
contemplar la exploración de escenarios de convivencia. En entrevista con un
desmovilizado del Bloque Central Bolívar, «el proceso de aceptación propuesto por la comunidad dependía de la
voluntad y el compromiso del desmovilizado, sin embargo, el compromiso
de muchos excombatientes quedó en entredicho […] digamos, una de
las exigencias en el Comité Cívico, para acceder a estos proyectos que se
estaban dando, era el compromiso,
la asistencia. Firmamos asistencia y
miramos. Pero no, no había compromiso de los participantes». (Testimonio
de un desmovilizado del BCB)104. « […] es muy verraco, la gente no olvida. El perdón y olvido, es una cosa de
decir perdón y olvido, pero todo el mundo no está destinado a eso. Entonces,
al principio fue muy difícil […] era muy difícil de que llegara a integrarse»
(testimonio de un desmovilizado del BCB)105. Así, el Comité Cívico, además de haber activado vínculos previos en
sus
corregimientos, también aportó en el proceso de reintegración de población
desmovilizada al abrir espacios a los participantes. Esta iniciativa se instaura como
un acto sincero hacia una construcción de una convivencia pacífica. Después de la desmovilización del Bloque Central Bolívar, muchos excombatientes
se quedaron en la zona. Sin embargo, la persistencia de escenarios de violencia y
la presencia de actores armados en este contexto implicó la existencia de casos de
desaparición y asesinato de algunos de ellos. De cientos de participantes de la ACR
que estaban en un principio en la zona después del proceso de desmovilización
solo cerca de 20 desmovilizados continúan allí. Esta situación se tradujo en que,
con el tiempo, algunos acudieran al Comité, donde recibieron orientación. 104 Entrevista 4.
105 Entrevista 5. 135 Aprendizajes para la reconciliación Gracias al Comité Cívico se abre
un espacio de interacción, se da la
oportunidad de convivir de
forma pacífica Aquellos desmovilizados que seguían en la ilegalidad terminaron saliendo de los
cinco corregimientos, por eso, para sí mismos, el Comité Cívico se convirtió en
blindaje contra toda clase de grupos armados ilegales. Los restantes quedaron
trabajando en diferentes proyectos (apoyados por la ACR o en coordinación con
el Comité). « […] con los participantes se logró muy poco. Yo digo que muy poco […]
con los participantes llegar a, por ejemplo, al Paraíso fuimos como tres
reuniones. En una reunión alcancé a convidar como dos que se animaron
a ir, porque como en el Paraíso se causó mucho daño […] las autodefensas
nada más imagínese usted quemar dos veces ese caserío, quemarlo todo, se
dio un daño absoluto ¿sí? Entonces el miedo de llegar allá, miedo a enfrentar,
a dar la cara». (Testimonio de un desmovilizado del BCB)106. Además, el Comité Cívico le propuso a la ACR ejecutar un proyecto pensando en
propiciar la vinculación de los participantes en escenarios de la comunidad. Para
los desmovilizados que decidieron quedarse en la zona, el proceso reintegración
en un principio tuvo sus dificultades. Haber estado en las filas paramilitares los
acostumbró a las armas y comportamientos propios de combatientes, aspecto
que no era fácil cambiar automáticamente para reintegrarse a la sociedad; además,
llegar a comunidades receptoras que habían sido directamente victimizadas por
ellos creó un ambiente incierto para la reconciliación. No obstante, gracias al
Comité Cívico se abre un espacio de interacción, se da la oportunidad de convivir
de forma pacífica solo en la medida en que los desmovilizados no volvieran a
cometer actos delictivos. Difusión y fortalecimiento
del trabajo y los liderazgos comunitarios El mecanismo de difusión ha sido clave para el reconocimiento externo sobre
la experiencia de convivencia pacífica del Comité y ha dado herramientas para
empezar a trabajar en procesos de reconciliación, entendiendo la difusión como
«cualquier transferencia de información a través de cualquiera de las líneas de
comunicación existentes» (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005). En esta experiencia, el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM)
ha sido el motor y línea de acompañamiento constante para su proceso como
mecanismo de intermediación y, además, es quien ha difundido la experiencia a
nivel externo. El PDPMM 136 106 Entrevista 6. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El Programa de Desarrollo y Paz
del Magdalena Medio promueve el
empoderamiento de la comunidad
víctima del sur de Bolívar «en calidad de acompañante del proceso comunitario, reivindica la necesidad
de atender los llamados de las víctimas, respetar sus espacios de decisión
y apoyarles en el mejoramiento de sus condiciones de desarrollo humano
sostenible, como garantías verificables de no repetición». (PDPMM, 2013). «[El] PDPMM nos acompañó, y nos dijo ¿qué piensan? Llegó la hora de
organizarse, miren […] Pues, nos mostró el camino para seguir porque ¿qué
hubiéramos hecho nosotros con más de 100 desmovilizados en la región?».
(Habitante de San Joaquín y perteneciente al Comité Cívico, 2013)107. En este papel de intermediación, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio promueve el empoderamiento de la comunidad víctima del sur de Bolívar
(en este caso, los cinco corregimientos ya mencionados), con el fin de apoyar su
reconocimiento como sujeto colectivo de reparación, en el marco de la Ley 1448
de 2011 (PDPMM, 2013). Así, la reconciliación no solo es vista en la relación entre
el desmovilizado y comunidad receptora, sino que también, en la medida que el
Estado garantice lo que está consagrado en las leyes, se dará un ambiente más
propicio y duradero de escenarios de reconciliación. Para llegar a este contexto
de difusión, el Comité Cívico ha tenido que aprender de sus propias experiencias,
manejarse en diversos procesos y episodios que los reivindican como un sujeto en
la construcción de paz. Es importante aclarar que «sujeto colectivo de paz» surge
como autodenominación propia del Comité Cívico, que se valora ampliamente,
sobre todo, en escenarios en procesos de construcción de paz. El liderazgo de las mujeres ha sido fortalecido gracias al mecanismo de interacción
inspirado por el Comité: «[…] no sé, yo a veces siento que no se reconoce el trabajo que se hace,
que a veces opacamos las cosas que hacemos, pero sí, yo digo que desde las
personas que entraron a orientarnos, que siempre ha habido la participación
de
la mujer ahí, mujeres con mucha valentía […], siempre en todo el
acompañamiento psicosocial siempre ha sido con mujeres». (Mujer de San
Blas y parte del Comité Cívico, 2014)108. Existen mujeres que participan en el Comité Cívico, provenientes de cada
corregimiento, que se apropian y trabajan dentro de su espacio (por ejemplo, la 107 Entrevista 6.
108 Entrevista 9. 137 Aprendizajes para la reconciliación presidenta de la junta de acción comunal de El Paraíso). Las mujeres aprendieron
de sus propias experiencias de vida, sobrevivieron a situaciones de confinamiento
y desplazamiento, y afrontaron diversas situaciones en las que fueron violados sus
derechos. Lo anterior permite visibilizar que, pese a que existe una convivencia
pacífica en la zona, el temor persiste en función del alto grado de victimización al
que estuvieron sujetas las mujeres durante los períodos más críticos de la violencia. Otra sugerencia que sale desde el mismo Comité Cívico es la de seguir trabajando
en la reconstrucción del tejido social, y el enfoque de género puede ayudar a
dimensionar mejor la tarea: «La violencia contra la mujer durante el conflicto fue grave pero igual hay
que educar para que esa violencia no se traslade dentro de la casa, y una
cosa que encontramos es que primero hay una lógica de relacionamiento y
de ejercicio del poder a las malas, a la fuerza, de posición, y eso se traduce a
la casa, a la cotidianidad, a la relación con los hijos, con la mujer». (Miembro
del Comité Cívico, Santa Lucía)109. La difusión como mecanismo no ha servido para visibilizar algunas experiencias
derivadas de la organización de las mujeres. Las dificultades de desplazamiento
por el mal estado de las vías, la poca disponibilidad de medios de movilización y
los escasos recursos entorpecen la consolidación de espacios de encuentro entre
mujeres. Adicionalmente, como zonas rurales, el trabajo se divide entre el campo y
la familia, así que el tiempo para reunirse y organizarse se dificulta. Sin embargo, existen liderazgos de mujeres que han contribuido al fortalecimiento
del mismo Comité Cívico. En la experiencia fueron relatados casos positivos dirigidos
a temas de reconstrucción del tejido social, fragmentado por el conflicto armado,
cuyos efectos propiciaron una transformación social e
inspiraron programas
de educación. Un referente es la «Casa Juvenil» ubicada en el corregimiento de
Monterrey, cuya directora, con persistencia y con el apoyo del Comité Cívico, ha
tenido logros para los corregimientos que componen el Comité. La Casa Juvenil es
un centro educativo que persigue dos objetivos: i) permitir acceso a la educación
secundaria a los niños y jóvenes de la región, y ii) arrebatar niños a la guerra
(prevención del reclutamiento). Los estudiantes provienen de los cinco corregimientos y se les brinda alojamiento,
alimentación y se les da la oportunidad de terminar su bachillerato con énfasis 138 109 Entrevista 10 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras en educación técnica agropecuaria. La razón: muchos niños y jóvenes no pueden
continuar sus estudios cuando terminan su formación básica primaria, pues en
sus corregimientos no existen centros de educación secundaria y los padres no
cuentan con los recursos necesarios para llevarlos a otra zona y terminar con su
bachillerato. Ya son seis promociones de bachilleres que se han graduado de esta
institución desde su fundación hasta el presente. La alcaldía de Simití, la ACNUR,
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio (PDPMM) y la ACR han contribuido al proyecto. La intención de
emprender este tipo de iniciativas reside en mitigar, en particular, dos problemas
que afectan actualmente a las comunidades: la drogadicción y explotación sexual
de niños, niñas y jóvenes. En este contexto, la activación de esta clase de mecanismos de difusión, y el
hecho de que exista una aprobación social del trabajo del Comité Cívico, puede
contribuir a la creación de otros mecanismos que ayuden a mitigar la amenaza
de reclutamiento de menores. En este sentido, el impulso y el apoyo a esta clase
de procesos son claves, tanto para garantizar la seguridad en la región como para
propiciar escenarios la no repetición de hechos violentos, así como para crear bases
sólidas para la reconciliación a largo plazo. «[…] la guerra afecta a las mujeres de distintas formas, porque muchas
somos en el sentido de ser la esposa o la madre de fulano, o vivir en carne
propia algún hecho; pero también la afecta como sujeta político cuando ella
es organizada cuando ella es miembro de una organización, cuando ella
tiene una identidad política, cuando ella es militante o cuando ella es parte
de un proyecto, de una propuesta alternativa o de un movimiento social
como sujeta afectada». (Testimonio de una mujer habitante de San Blas)110. Por otro lado, el Comité Cívico ha adelantado proyectos productivos para el propio
consumo y sostenimiento (como
los microhatos ganaderos), en
los que han
participado algunos desmovilizados, para la siembra de cultivos de arroz, cacao y
maíz. Se logró, por gestión del mismo Comité Cívico, la adquisición de materiales y
herramientas para trabajo en el campo, el mejoramiento en vías de comunicación,
la adecuación de escuelas en los corregimientos, entre otras cosas. En Monterrey,
hay un grupo de pequeños agricultores de arroz que desea incursionar en el
mercado local, «arroz en grande para el municipio», hacia Santa Rosa, Simití y San
Pablo. Pero debido al problema que ocasionó el aislamiento, con respecto a la
infraestructura, no existen vías adecuadas para el tránsito de personas y víveres y
urge la construcción de un puente entre estos municipios para poder comercializar
con facilidad sus productos. 139 110 Entrevista 11. Aprendizajes para la reconciliación El Comité Cívico emergió como una iniciativa
desde la sociedad civil, que ha permitido una
reconstrucción de las relaciones y una progresiva
transformación de los efectos nocivos de la guerra. «Pues el único cambio que hay es un poquito como la libertad desde la
desmovilización es que ya uno puede tomar más decisiones porque antes
ellos mandaban acá […]. Y también la libertad en la economía». (Habitante
de San Joaquín y miembro del Comité)111. Con el fin de consolidar su reclamación civilista de paz y obtener garantías de no
repetición, la comunidad se organizó en asambleas de delegados de juntas de
acción comunal por corregimientos, lo que promovió la participación directa de
hombres y mujeres, sin distingo alguno, bajo la única condición de no pertenecer
a grupos armados. Con posterioridad, se conformó un equipo técnico con 25
representantes que asumen las tareas de comunicación, organización logística y
gestión de recursos. Cuando es preciso, la comunidad delega a personas que los
representen y les impone tareas específicas, que deben informar a la Asamblea
General. Hoy, unas 600 familias de cinco corregimientos rurales del municipio de
Simití están organizadas de esa forma en el Comité Cívico del Sur de Bolívar (PDPMM,
2013). Es decir, esta interacción de participantes fortaleció simultáneamente varios
espacios de colaboración civil. Se debe destacar que en la propuesta de ruta de reparación integral, en desarrollo
por el Comité Cívico con respecto a la Ley 1448, se hace una mirada diferencial
y
focalizada del trabajo como herramienta para una adecuada reparación y
rehabilitación con respecto al tema de género y violencia sexual. Aprendizajes La violencia sistemática que sufrieron las comunidades del sur de Bolívar, tanto por
la acción de grupos guerrilleros como paramilitares, generó relaciones de profunda
desconfianza y estigmatización entre sus habitantes112. Ante ese panorama, el
trabajo del Comité Cívico emergió como una iniciativa desde la sociedad civil, que
ha permitido una reconstrucción de las relaciones y una progresiva transformación
de las estigmatizaciones y efectos nocivos de la guerra, sobre todo a partir de su
declaración de neutralidad. 111 Entrevista 12.
112 El dominio del Bloque Central Bolívar se extendió por toda la región, Julián Bolívar, señaló en una audiencia libre
que su base de operaciones se encontraba a escasas horas de la refinería más grande de Colombia y que todas las
autoridades sabían lo que él hacía. El pueblo del Paraíso fue quemado tres veces y la única empresa que daba empleo,
una constructora vial, fue desvertebrada por los paramilitares tras amenazar al gerente y desaparecer a Édgar Quiroga,
representante de la comunidad. Verdad Abierta, agosto 11 de 2011, en www.verdadabierta.com 140 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras La creación de espacios de encuentro emanados
de las acciones del Comité Cívico ha afectado
positivamente la disposición de sus miembros a la
construcción y reconstrucción de relaciones pacíficas En la época de predominio paramilitar en la región, los corregimientos de San
Blas y Monterrey, ubicados en las zonas bajas, eran considerados «paramilitares»,
los otros corregimientos, al estar ubicados en las tierras altas, eran considerados
«guerrilleros». La comunicación era, literalmente, imposible; el hecho de movilizarse,
es decir, subir o bajar de un corregimiento a otro sin un acompañante, era motivo
de asesinato. Toda persona que poseía un arma o uniforme daba una señal de
pertenecer a un determinado actor armado, y en el caso de las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional no fue la excepción. Tal situación planteó un reto importante
para el Comité Cívico de cara a la restauración de las relaciones entre los miembros
de las comunidades de Monterrey, San Blas, El Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía. Se aclara que desde la década de los 80 ya existían las juntas de acción comunal
(JAC) en los cinco corregimientos, pero con la llegada paramilitar, el Bloque Central
Bolívar impuso sus bases militares, en especial en San Blas y Monterrey, lo que
debilitó el accionar de las JAC e impidió toda clase de trabajo a nivel comunitario.
Hoy, estas organizaciones comunitarias se reconocen como víctimas colectivas del
conflicto, una población cerca de 3500 personas, donde la mayoría fueron víctimas
de la violencia armada, que causó daños individuales y colectivos, morales y
materiales. El Comité Cívico
se propuso
la
reconstrucción del
tejido
social desde el
fortalecimiento de su acción colectiva, la formación de la identidad y la promoción
de
las relaciones entre diferentes actores, tanto de
la comunidad (juntas de
acción comunal, habitantes y líderes) como aquellos que se vincularon luego del
proceso de desmovilización del Bloque Central Bolívar, es decir, los participantes
del programa de la ACR, instituciones del Gobierno nacional y organizaciones no
gubernamentales. La creación de espacios de encuentro emanados de las acciones del Comité Cívico
ha afectado positivamente la disposición de sus miembros a la construcción y
reconstrucción de relaciones pacíficas, lo que permite vislumbrar algunos avances
en la reconciliación interpersonal, social y política. La experiencia del Comité Cívico refleja los desafíos y dificultades de los procesos de
reconciliación que se desarrollan entre excombatientes y comunidades receptoras
victimizadas. La lección que nos muestra este comité, en este sentido, tiene que ver
con el reconocimiento y reivindicación de los derechos de las víctimas, así como la
necesidad de consulta y participación de la comunidad receptora en los procesos
de reintegración de excombatientes en sus territorios. 141 Aprendizajes para la reconciliación Ante la precariedad estatal que caracteriza territorios rurales como el sur de Bolívar,
la fortaleza del tejido social y las organizaciones sociales que allí se han cimentado
se constituyen en un aliado para la construcción de paz y la convivencia pacífica.
El empoderamiento de iniciativas como esta por parte de la sociedad civil a través
de mecanismos como la intermediación, la formación y la difusión es tal que logra
establecer condiciones a las personas en proceso de reintegración y que deben
acoger, so pena de no ser aceptados en la comunidad. A partir de esto, el Comité
Cívico ha dado pasos hacia la reconciliación individual y social con el colectivo de
desmovilizados de los paramilitares con quienes comparten el territorio. En cuanto a la reconciliación política, entendida en su definición más amplia de
construcción y reconstrucción de relaciones con la institucionalidad, el Comité
Cívico y las comunidades que representa en el sur de Bolívar tienen el reto de
restablecer su confianza en las autoridades, la cual se encuentra anidada en una
historia de abandono y precariedad estatal, y también en la permisividad y omisión
del Estado frente a la cadena de violencia que desataron los grupos paramilitares
en la región. Los avances hacia el restablecimiento de estas relaciones pueden
observarse en situaciones como la estación de policía de Monterrey, que es la única
existente entre los cinco corregimientos. Para gran parte de estas comunidades
del sur de Bolívar, la estación fue interpretada como una amenaza, en la medida
que la cercanía entre las Fuerzas Armadas del Estado y las estructuras paramilitares
persistía en la memoria de los habitantes, así como el miedo a potenciales ataques
de la guerrilla que pudieran estar dirigidos a la estación. Ante esta situación, el
Comité dialogó directamente con la Policía Nacional y le planteó estos temores.
La respuesta de la institución se basó en el reconocimiento de la postura de la
comunidad, y a partir de ahí se construyó una relación distinta, fundada en el
respeto y la legalidad, en la que la comunidad no teme cuestionar el papel que
tengan los uniformados con respecto a determinada situación. Finalmente, es importante enunciar que el proceso organizativo y los avances en
términos de convivencia pacífica y reconciliación se encuentran condicionados a
algunos factores que pueden amenazar su sostenibilidad como la persistencia del
conflicto armado, las disputas por la tierra, el modelo de desarrollo y los recursos
naturales
(traducidos en problemas de titulación de tierras,
impactos de
la
economía de la palma aceitera y la minería ilegal) y la activación de nuevos actores,
tales como bandas criminales relacionadas con la minería ilegal y narcotráfico. Por
solo hacer referencia a uno de estos obstáculos, se puede enunciar el Séptimo
Encuentro Regional para
la Paz en Barrancabermeja, convocado por diversas
organizaciones no gubernamentales para pensar el posconflicto en el país. Allí se
mencionó el problema de varias personas que viven en esos cinco corregimientos 142 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras con carencia de títulos de propiedad. Sus tierras están protegidas por la Ley 2ª de
1959, que determina que están sobre un territorio considerado reserva forestal y
no debe ser intervenido por seres humanos. «“Al no tener un título eso nos dificulta
acceder a un crédito. Los bancos consideran que no hay una garantía para que
nos preste”. Sin inversión es muy difícil garantizar la paz en las regiones». (Verdad
Abierta, 2014). En esta experiencia, se identifica claramente una preocupación en torno a este
tema: «En Simití existen unos predios de cerca de 1600 hectáreas de palma, que
se apropió el Bloque Central Bolívar en la época paramilitar adquiridos con
dinero del narcotráfico y a través del despojo a sus dueños, donde se creó
una cooperativa, 92 de sus 100 miembros eran combatientes paramilitares.
En 2011, como medidas de reparación y que contempla la Ley de Victimas
1448, la Oficina de Acción Social que oficiaba como directora del Fondo de
Reparación, pidió al magistrado de justicia y paz la entrega de las tierras en
fiducia civil, lo que permitió desde entonces el traslado del dominio y del
proyecto productivo — Coproagrosur—, a favor de la comunidad del Comité
Cívico bajo la condición de construir una ruta de reparación colectiva».
(PDPMM, 2013). Esto ha sido motivo de conflicto, pues alias «Julián Bolívar», de forma ilegal a través
de terceros, ha intentado acceder a este predio. Esto puede poner en riesgo tanto
a las comunidades como al proceso de reintegración de los desmovilizados, de los
cuales cerca de 17 todavía trabajan en Coproagrosur. Actualmente, Fundepalma es
quien administra este terreno por encargo del mismo el Fondo de Reparaciones. Es oportuno aclarar que las amenazas a las que se hace referencia son llamados
de atención a la institucionalidad nacional, a la empresa privada y a los sectores
políticos, sociales y económicos para no dejar solo el proceso. Por ello, al hablar en
términos de reconciliación deben existir mínimos que propicien espacios para su
desarrollo, así como compromisos entre las partes para el establecimiento de un
real y efectivo Estado Social de Derecho, además de la garantía del derecho a la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en comunidades
victimizadas. 143 Aprendizajes para la reconciliación Infograma 6 Comité Cívico Sur de Bolívar 2006 Es un espacio de participación y encuentro de líderes y pobladores de los
corregimientos de Monterrey, San Blas, El Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía,
enfocado en emprender acciones de recuperación, promoción del desarrollo
y reconciliación entre los pobladores y excombatientes. El Comité se entiende
como el lugar desde donde se construye un proyecto colectivo de vida campesina. Antecedentes Existía una tradición
organizativa en las
comunidades, que giraba
en torno a las Juntas de
Acción Comunal. El
contexto estaba determinado por las dinámicas del
con(cid:31)icto armado y el
narcotrá(cid:30)co. Había
presencia de grupos
guerrilleros en la zona. Irrupción
paramilitar Hubo violencia
generalizada que trajo
consigo una marcada
división entre la
comunidad, la ruptura
del tejido social y una
fuerte estigmatización
a los pobladores. Desmovilización
del BCB Con las
desmovilización
del BCB se
restablecieron
progresivamente
las relaciones entre
la comunidad. Episodios Conformación
del Comité El Comité Cívico basa
su acción colectiva
en la interacción
entre actores
de la comunidad,
instituciones,
excombatientes y
organizaciones no
gubernamentales. Aspectos del contexto que condicionan
a la experiencia y que permitieron
avances en términos de la Reconciliación Mecanismos Ambientales Factores de las experiencias
que permitieron avances en
términos de la Reconciliación Mecanismos Especí(cid:31)cos Estos mecanismos han propiciado
los avances que ha tenido la
experiencia en términos de la
reconciliación. Fortaleza del tejido social Política de reintegración Estos mecanismos han
entorpecido el funcionamiento
de la experiencia tanto en
términos de la sostenibilidad
económica de los proyectos
productivos como en la
existencia de garantías de
seguridad propicias para
excombatientes y
comunidades. Con(cid:30)icto armado Difusión
(PDPMM) Intermediación
(PDPMM / ACR / Debilidad institucional Formación
(PDPMM) Interacción Estructura agraria La activación de dichos mecanismos se tradujo en unos
avances parciales en el proceso de la reconciliación. Existe una mayor disposición entre
comunidades receptoras y
exintegrantes de las AUC hacia la
(re)construcción de relaciones
pací(cid:30)cas vislumbrando algunos
avances en la reconciliación
interpersonal, social y política. Convivencia pací(cid:31)ca,
fortalecimiento del
tejido social y
formación de una
identidad colectiva. El Comité es una experiencia
que muestra el potencial
empoderamiento de la
sociedad civil y el papel activo
que puede desempeñar en
escenarios de DDR. 144 Capítulo 4. Aprendizajes: claves para un análisis
comprensivo de las experiencias de
reconciliación y reintegración Las cuatro experiencias expuestas anteriormente son una muestra de las iniciativas
que desde los años 90 vienen dándose en diferentes zonas rurales y urbanas del
país, las cuales dan cuenta de la manera como las comunidades receptoras y los
colectivos de excombatientes que se reintegran en la sociedad abordan el reto de
compartir el territorio y construir o reconstruir sus relaciones. Si bien estas experiencias se han dado en marcos históricos, jurídicos y geográficos
muy diversos que podrían obstaculizar la intención de contrastarlas, es posible
detectar a través de una mirada comprensiva más que comparativa aquellos que
han facilitado o no sus acciones hacia procesos de reconciliación. Es más, estas
diferencias serán aprovechadas de cara a la comprensión de los mecanismos
ambientales que las han determinado, tal como se verá más adelante en este
capítulo. Los procesos de reconciliación que se identifican en cada una de las experiencias
nos muestran una especie de fotografía de las relaciones entre comunidades
receptoras y excombatientes con respecto a la construcción o reconstrucción de
sus vínculos y la recomposición del tejido social. El contraste de estas experiencias
parece mostrar retos muy diferentes entre las que parten de la reconstrucción
de relaciones (caso de sur de Bolívar) y aquellas que buscan construirlas (caso
de Colectivos del Café), lo cual se explica por las relaciones precedentes entre
excombatientes y comunidades receptoras, que pueden estar marcadas por
factores como el grado de victimización y
la empatía hacia el colectivo de
excombatientes y sus propósitos. 145 Aprendizajes para la reconciliación Por otra parte, encontramos que en el caso del Cesar
la
reconciliación de
exmiembros del EPL con su comunidad receptora tuvo diferentes alcances en los
distintos episodios: coexistencia, convivencia pacífica y reconciliación. Este aspecto
revela que en una misma comunidad receptora la reconciliación puede tener
variaciones a través del tiempo, lo cual ocurre por los cambios en los mecanismos
que allí interactúan. Encontramos también que un grupo de excombatientes en proceso de reintegración
establece en un mismo momento alcances diferenciados de la reconciliación con
los diversos actores de la comunidad receptora. Esto se aprecia, por ejemplo,
en el caso de Cali, donde los integrantes de la empresa Ganchos y Amarras han
restablecido las relaciones con un sector del empresariado, pero se encuentran
en una situación de mera coexistencia en sus barrios de residencia, o en el caso
del Comité Cívico, que es una experiencia en la que de manera simultánea se dan
avances en las tres dimensiones de la reconciliación: interpersonal, social y política. Lo anterior conduce a que la reconciliación no puede ser entendida ni como
un proceso lineal ni como una totalidad, pues, tal como se señaló en el primer
capítulo, es dinámica, parcial y espontánea. Asimismo,
la reconciliación como
proceso y como meta sugiere una comprensión compleja que obedece al juego
de
interacciones entre mecanismos ambientales y específicos de
la acción
colectiva, los cuales afectan las variables de espacios de encuentro y disposición.
Tal afectación conduce a la recepción de argumentos, lo cual puede generar un
cambio de posturas, paso que es una condición sine qua non hacia la reconciliación
(ver modelo analítico expuesto en el capítulo 1). Los mecanismos potencian o frenan, directa o
indirectamente, el proceso de
construcción y reconstrucción de relaciones no violentas y de confianza entre
excombatientes y comunidades receptoras. Los mecanismos
identificados en
las cuatro experiencias se presentan como un conjunto de acciones recurrentes
y transformadoras que han emergido desde el contexto de cada experiencia
(mecanismos ambientales) o como resultado de una interacción que se origina
dentro de ella (mecanismos específicos). A continuación se expone cómo cada
uno de ellos puede ayudar u obstaculizar acciones hacia la reconciliación entre
excombatientes y comunidades receptoras. 146 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras ¿Cómo funcionan los mecanismos
de cara a la reconciliación? En
las experiencias de Cali, Pereira, Cesar y sur de Bolívar, acciones como
la
intermediación, la difusión, la mediación y el cambio de identidad constituyeron
mecanismos específicos muy recurrentes. La actuación independiente o combinada
de dichos mecanismos
logró sentar
las bases para procesos de construcción
o reconstrucción de relaciones, es decir, de reconciliación, entre comunidades
receptoras y excombatientes. En algunas de las experiencias se fomentó además la disposición de los actores y
la generación y sostenimiento de espacios de encuentro; asimismo, se cimentaron
argumentos que fueron acogidos por distintos sectores sociales. Todo lo anterior
no solo permitió el fortalecimiento de las experiencias en sí mismas, sino también
procesos de
reconciliación entre sectores de
las comunidades
receptoras y
excombatientes en sus dimensiones interpersonal, social y política. La siguiente
tabla enuncia los mecanismos que inciden en la creación de espacios de encuentro,
la disposición y la generación o influencia en el cambio de posturas, modelo
referenciado anteriormente. De esta manera, a partir de las experiencias analizadas
se observa que un mecanismo puede incidir en una o más variables del modelo. Respecto a la variable de espacio de encuentro se observa que esta se ha visto
afectada por mecanismos como los de intermediación, mediación y apropiación
social. En primer lugar, el mecanismo de intermediación ha sido desarrollado por
distintos actores clave de los territorios tanto en el surgimiento de las experiencias
como en el sostenimiento de las mismas; y ha sido activado por actores externos a
las experiencias, como por ejemplo el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio en el caso del Comité Cívico o la Fundación Carvajal en el caso de Ganchos
y Amarras, quienes a través de acciones concretas fomentaron la coordinación y
convergencia de actores e intereses diversos. Los actores intermediadores resultan clave en las experiencias porque proporcionan
recursos físicos, económicos, cognitivos o de relaciones, que potencian la acción
colectiva y su incidencia en la reconciliación, ya sea en una dimensión de tipo
individual, social o política. La acción de intermediación de estos confluyó en la
generación de espacios de encuentro, como, por ejemplo, reuniones de trabajo en
la empresa o encuentros de pobladores. La labor de intermediación tiene que ver menos con la naturaleza del actor que
con el rol que desempeña. En
las experiencias observadas, el mecanismo de
intermediación lo pudo desarrollar tanto una organización de la sociedad civil o
de excombatientes como una empresa privada o una institución del Gobierno:
el PDPMM es una organización de la sociedad civil, la Fundación Carvajal, una
entidad privada de origen empresarial y la Fundación Progresar, una ONG de
excombatientes del EPL. En todos los casos, estos actores facilitaron la creación
y el fortalecimiento de la experiencia y la confluencia de esta hacia espacios
de encuentro que, de manera
intencionada o no, permitían una
interacción
constructiva entre excombatientes, comunidades receptoras y, en el caso del
Comité Cívico, víctimas. Si bien muchos de los espacios de encuentro y las metodologías propiciadas
por los intermediarios no se crearon con el fin de reconciliar a sus miembros, la 114 Los espacios de encuentro pueden ser de carácter físico o inmaterial. Los espacios físicos son observables y están
mediados por la interacción presencial de los actores que confluyen en estos. En cambio, los espacios inmateriales son
corredores del lenguaje, la comunicación y lo simbólico. Como ejemplo de espacios físicos de encuentro hallados en las
experiencias están las asambleas comunitarias, las jornadas de capacitación, la planeación participativa y de agendas
locales, así como actividades deportivas, culturales, económicas y sociales. Por su parte, los contenidos educativos en
las campañas de sensibilización y los medios de comunicación comunitarios, que promueven una imagen positiva
de las comunidades receptoras o excombatientes, pueden ser ejemplos de los espacios inmateriales de encuentro. 148 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras La mediación actúa directamente en los
espacios, ya sean concretos o inmateriales,
y permite un diálogo entre los actores que
confluyen en ellos exposición a los mutuos argumentos y la frecuencia de encuentro con los otros
ha tenido relevancia en la transformación de las posturas entre las comunidades
receptoras y los excombatientes115. El uso del mecanismo de intermediación ha sido transversal a las experiencias
y ha estado ligado al mecanismo de formación. Algunos de los actores que
han
intermediado en
las experiencias han
facilitado ejercicios de
formación
técnica y política, los cuales han incidido en el surgimiento de las experiencias y
su sostenimiento. Igualmente, la intermediación de actores de la sociedad civil
ha estado fuertemente acompañada de la activación indirecta del mecanismo
de difusión, que ha fortalecido los espacios de encuentro (al invitar a nuevos
actores a participar del espacio) y ha fomentado una apertura y propagación de la
experiencia, que al tiempo que refuerza su identidad en aspectos como un «sujeto
colectivo de paz» o un modelo de «reintegración exitosa», promueve un mayor
compromiso por parte de sus miembros y el cambio hacia posturas más proclives
para la reconciliación. En segundo lugar, para las experiencias de Ganchos y Amarras, en Cali, y Empresa
Rural del Cesar, el mecanismo de la mediación (entendido como la intervención de
un tercero en la resolución de un conflicto o disputa) ha sido crucial para su propio
sostenimiento, es decir, para la permanencia de espacios de encuentro concretos. En el caso del Cesar, el mecanismo de mediación fue activado por mujeres que, en
el episodio de irrupción de los paramilitares, interceden ante estos para disuadirlos
de agredir a la comunidad. Este mecanismo de mediación promueve a su vez un
espacio de encuentro que deriva en una coexistencia de la comunidad receptora,
exmiembros del EPL y los paramilitares. La mediación actúa directamente en los espacios, ya sean concretos o inmateriales,
y permite un diálogo entre los actores que confluyen en ellos. Por ejemplo, al interior
de la experiencia en Cali se ha activado este mecanismo, lo cual ha influenciado
positivamente la construcción de confianza entre excombatientes. Igualmente,
este mecanismo ha sido útil en el proceso de establecimiento de relaciones
comerciales (espacio inmaterial) que ha promovido la inclusión de nuevos actores
que apoyan la empresa. 115 Enzo Nussio y Juan Esteban Ugarriza, en su investigación basada en experimentos sociales sobre reconciliación
política, destacan
la
importancia de ejercicios de deliberación con reglas democráticas, para
la transformación
de actitudes e interpretaciones hacia la reconciliación. La experiencia de interacción y exposición a los mutuos
argumentos puede contribuir a la transformación de actitudes más benévolas y empáticas entre diferentes actores,
incluidas víctimas y excombatientes. 149 Aprendizajes para la reconciliación Finalmente, se encuentra el mecanismo de apropiación social,
identificado
durante la trayectoria de la experiencia del sur de Bolívar, que a partir del fomento
del sentido de pertenencia permitió a la comunidad del Comité Cívico del Sur
de Bolívar empoderarse. En este caso se establecieron vínculos que, a través de
asambleas comunitarias,
jornadas de capacitación, planeación participativa y
de agendas locales, así como actividades deportivas, culturales, económicas y
sociales, determinaron la construcción de identidades compartidas. Los anteriores
pueden constituirse como ejemplos de espacios físicos de encuentro que permiten
intercambiar
interpretaciones y argumentos entre comunidades receptoras y
excombatientes. De
igual forma,
los contenidos educativos difundidos en
las
campañas de sensibilización y en los medios de comunicación comunitarios son
ejemplos que promueven una imagen positiva de las comunidades receptoras y
los excombatientes y que legitiman la acción colectiva. La disposición116 Frente a la variable de disposición que surge del modelo de análisis propuesto,
se concluye que los mecanismos que se han activado directamente en ella son
el de mediación y el de difusión. Estos han logrado influir en la disposición
de los distintos actores involucrados en las experiencias de manera directa o
indirecta. Asimismo, han sido los mecanismos más relevantes en la promoción
de
la disposición de sectores de
las comunidades receptoras que antes no
estaban en contacto con procesos de reconciliación o convivencia pacífica entre
excombatientes y las comunidades de las que hacen parte. La mediación ha sido ejercida por distintos actores (representados en su mayoría
por mujeres) que han desempeñado roles mediadores útiles en la promoción del
diálogo como una solución a los conflictos que han surgido al interior y exterior de
las experiencias. En el caso de Cali se ha llevado a cabo al interior de la experiencia y
ha conducido al aumento de la disposición de escucha del otro, lo que ha incidido
en la decisión de una construcción de confianza entre excombatientes de distintos
grupos armados. Esto, eventualmente, ha generado un cambio de posturas frente
al otro y ha conducido a lo que se identifica como una reconciliación al interior de
Ganchos y Amarras. Del mismo modo, este mecanismo ha sido útil en el proceso de establecimiento de
relaciones comerciales que han logrado incluir nuevos actores dispuestos a hablar
y a escuchar sobre cómo se pueden apoyar procesos de reintegración en Cali. La
mediación de los conflictos que ha resultado en una resolución pacífica de los 150 116 Ver en el capítulo 1 la definición de disposición. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras mismos se ha configurado como un argumento al interior de la experiencia para la
construcción de confianza entre los actores involucrados. El mecanismo de difusión afectó directamente los procesos de reconocimiento
externo de tres de las cuatro experiencias (Cali, Pereira, sur de Bolívar), logrando
así que en cada una se haya reconstruido un
imaginario positivo del otro,
específicamente entre comunidades receptoras y excombatientes. Las experiencias han contado con la participación de actores cercanos que, a
partir de este proceso de difusión, han fortalecido sus objetivos económicos o
políticos. Los estudiantes en Pereira y la Fundación Carvajal en Cali han difundido
positivamente la experiencia de los excombatientes en sus procesos de reinserción
y reintegración. Esta difusión positiva de los procesos ha permitido que otros
enclaves sociales se acerquen a la experiencia y se permitan conocer más a fondo
sus contextos. De esa manera, la disposición de los implicados ha aumentado
debido a la recepción de argumentos que se han generado en los espacios de
encuentro. En los casos de Cali y Pereira, dicha disposición ha estado orientada a
un cambio de postura referente a los excombatientes. En el caso del sur de Bolívar, este mecanismo ha sido clave principalmente para el
reconocimiento, por parte de otros actores locales y nacionales, sobre la incidencia
y el proceso que se ha vivido a través de la experiencia del Comité Cívico. Esto
ha permitido un acercamiento y un
interés por conocer
las metodologías y
herramientas surgidas desde esta experiencia que han permitido trabajar en
procesos de reconciliación. Este acercamiento e interés puede ser provechoso para
lograr la disposición por parte de otros actores involucrados o no en procesos de
convivencia pacífica y reconciliación. Cambio de posturas Se ha identificado que algunos de los mecanismos que generan o influyen en el
cambio de posturas son los de difusión, lanzar señales y cambio de identidad.
Por medio de su activación se han logrado construir argumentos que inciden
directamente en un cambio de posturas frente al otro,
lo que
los hace ser
mecanismos relevantes para el proceso de reconciliación. El mecanismo de difusión ha permitido, principalmente a los excombatientes,
transformar la percepción sobre aquellos actores que pueden intermediar para
facilitar y mejorar el proceso de reintegración. En el sur de Bolívar, por ejemplo, a
partir de la experiencia del Comité Cívico, las comunidades encontraron espacios 151 Aprendizajes para la reconciliación de participación en las asambleas de delegados de juntas de acción comunal
por corregimientos, con la única condición de no pertenecer a grupos armados.
Así mismo, a través del proyecto Alianza Ciudadana Cesarense, en el Cesar se
espera incluir y recibir el apoyo de otros sectores de la comunidad que se sientan
identificados con sus objetivos principales. Este tipo de espacios permiten
la
confluencia de intereses de las comunidades en su conjunto, indistintamente de si
son o no desmovilizados. El mecanismo de cambio de identidad, por su parte, influyó directamente en las
experiencias referentes a excombatientes del EPL en Pereira y Cesar. Los miembros
de las experiencias que se desmovilizaron del EPL recurrieron a la activación de
este para cambiar su condición de desmovilizados y así lograr integrarse en sus
comunidades receptoras. Es
importante señalar que, si bien este mecanismo
ha sido activado en primera instancia por los desmovilizados, ha requerido que
confluyan con las comunidades intereses que faciliten ese tránsito hacia una nueva
identidad que les permita a estos dos sectores de la sociedad construir relaciones
de convivencia pacífica. En el caso del Cesar, se dio una transición desde la condición de desmovilizados a
la condición de víctimas de la incursión paramilitar. Dicha transición permitió una
integración con la comunidad receptora, que también fue víctima de la entrada de
los grupos paramilitares. Por su parte, para los excombatientes de Pereira el cambio
se dio gracias a la concepción temporal de la identidad de desmovilizados y al
progresivo reconocimiento como ciudadanos que adquirieron en algunos sectores
de la sociedad. En ambos casos, a partir de estos cambios de identidad se han
consolidado relaciones de convivencia pacífica y reconciliación con la comunidad
receptora, ya que se han generado argumentos creíbles que permiten el cambio
de posturas. En las experiencias recientes de desmovilización, este mecanismo no ha sido
identificado principalmente por dos razones: en primer lugar, en los contextos
de violencia urbana latente, los excombatientes han tomado la opción por el
anonimato, ya que les permite rehacer sus vidas en la legalidad sin hacer pública su
condición de desmovilizados debido a los riesgos que esto representa; en segundo
lugar, porque, en comunidades empoderadas y con fuerte tejido social, el tránsito
de una identidad a otra está dado por el diálogo con las comunidades mismas y
no es un mecanismo que permita ni un aumento de disposición ni un refuerzo del
espacio de encuentro. 152 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El mecanismo de lanzar señales es reconocido como un mecanismo recurrente
capaz de generar argumentos para un cambio de posturas. Este facilitó la paulatina
construcción de confianza de
la comunidad receptora en
la comunidad de
excombatientes que hacen parte de las experiencias. Igualmente, se configuró un
espacio de encuentro en el que el mecanismo fue el eje central de la conjunción
de argumentos por parte de ambos sectores sociales, lo que llevó a un cambio
de posturas a partir del cual, hoy en día, en el caso específico de Pereira se puede
hablar de una convivencia pacífica y reconciliación a partir de la experiencia. Si bien el
lanzamiento de señales
fue
identificado principalmente en una
experiencia, es uno de los mecanismos que incide directamente en la variable de
disposición, ya que a través de este tanto las comunidades receptoras como los
excombatientes logran entablar canales de comunicación capaces de construir
argumentos que promuevan la inclusión de nuevos actores dispuestos a fomentar
un cambio de postura frente a otros sectores sociales desconocidos o sobre los
cuales se tienen referentes negativos. Sobre efectos adversos
de algunos mecanismos Así como se han descrito efectos positivos de
los mecanismos específicos
identificados en las experiencias, también se han encontrado algunos efectos
adversos de mecanismos como la difusión y el acompañamiento. En contextos
mediados por la violencia latente las percepciones sobre la difusión de eventuales
procesos de reconciliación se ven influenciadas negativamente; este es el caso de
la experiencia de Cali, en donde la inauguración pública de Ganchos y Amarras
fue considerada por sus miembros, en primera instancia, como una amenaza a su
seguridad, pues daría pie a posibles estigmatizaciones por parte de la comunidad
receptora. Aunque estos temores no se materializaron, queda la enseñanza de que se debe
manejar la difusión de las experiencias de manera cautelosa y se debe hacer un
análisis de los posibles pros y contras que conlleve el proceso, puesto que en
espacios de encuentro mediados por actores armados se podrían reproducir
percepciones negativas que no permiten que las comunidades conozcan o reciban
argumentos que los hagan cambiar de postura frente a los otras comunidades
participantes de la experiencia. 153 Aprendizajes para la reconciliación Por otro
lado, aunque no puede negarse
la
importancia del mecanismo de
acompañamiento por parte del Estado y de todos los sectores de la sociedad en
procesos de convivencia pacífica y reconciliación que involucran comunidades
receptoras y excombatientes, si no se implementa con un principio de temporalidad
definida que busque dejar
las capacidades
instaladas, puede
tornarse en
un acompañamiento asistencialista de
las experiencias, que no
lograrán el
sostenimiento autónomo y serán frágiles una vez este se retire. ¿Qué aspectos del contexto pueden
afectar las experiencias de reconciliación entre
excombatientes y comunidades receptoras? Las experiencias de reconciliación y reintegración del Cesar, sur de Bolívar, Cali y
Pereira mostraron que su creación y funcionamiento no solo dependen de una
serie de acontecimientos que emergen y se desenvuelven en su interior, sino
también de otros derivados de su contexto. En el capítulo 3 se realizó una descripción del contexto que permite identificar el
ambiente en el que se desenvuelve cada una de las experiencias. Finalmente, se
identificaron aquellos aspectos de dicho contexto que afectan de manera directa
la creación de espacios de encuentro y la disposición de los actores de cara a un
proceso de reconciliación. Dentro de los mecanismos ambientales comunes a las cuatro experiencias, que
procederemos a analizar a continuación, podemos señalar los siguientes: •
Violencia: conflicto armado y violencia urbana.
Dinámicas de integración y segregación social.
Reformas institucionales a partir de los procesos de DDR y la justicia
transicional: resonancia de las políticas nacionales en lo local y capacidad
del Estado local.
Tejido y movilización social.
Estructura agraria, conflictos por la tierra y por los recursos (experiencias
rurales). La persistencia del conflicto armado y la violencia urbana no son solo una
constante de los contextos en los cuales se desarrollan las cuatro experiencias, sino
que constituyen un mecanismo que logra condicionar sus alcances. Los procesos 154 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras La ausencia de condiciones de seguridad, la persistencia de miedos
y estigmatizaciones, y la ausencia de un ambiente propicio para la
reintegración política, son algunos de los obstáculos evidentes para
concretar avances encaminados a la reconciliación de DDR que enmarcaron las cuatro experiencias se desarrollaron en medio de las
hostilidades del conflicto armado y esto ha tenido varias implicaciones que parecen
no depender de las especificidades históricas de cada caso, sino del hecho mismo
de que los procesos de desmovilización y el desarrollo de la guerra han ocurrido
simultáneamente. De este modo,
la ausencia de condiciones de seguridad
idóneas para proteger la nueva vida civil de los excombatientes, la persistencia en
las comunidades de miedos estructurales que se traducen en la profundización
de estigmatizaciones y desconfianzas y la ausencia de un ambiente propicio para
la reintegración política son algunos de los obstáculos evidentes tanto para el
cumplimiento de los términos de los acuerdos de paz como para concretar avances
encaminados a la reconciliación. En este sentido, las dinámicas del conflicto armado y la violencia en las ciudades
han condicionado las respuestas de los actores sociales de las experiencias y sus
decisiones de adaptación, resistencia o desplazamiento forzado, lo cual llama
a que opten por acciones individuales o colectivas que les permitan sobrevivir
y desplegar cierto tipos de mecanismos (González, 2006). Así, la intensificación
del conflicto armado y de la violencia urbana tuvo un doble efecto inhibidor y
creador, para la construcción de espacios de encuentro en las cuatro experiencias.
Sin embargo, la naturaleza de estos dos fenómenos y sus diferencias históricas
merecen un análisis por separado. La vulnerabilidad frente al conflicto armado ha sido más evidente en los escenarios
rurales de Colombia. El incremento de las acciones violentas por cuenta de los
grupos armados, la disputa por el control del territorio y sus economías ilegales
incidieron en la interacción, difusión y construcción de la identidad colectiva de las
experiencias de Cesar y sur de Bolívar. La experiencia del Comité Cívico y el proceso
colectivo del EPL en Cesar, aunque emergieron en dos escenarios históricos
distintos, coinciden en la presencia de grupos armados, de manera particular en dos
episodios de su dinámica organizativa más reciente: la irrupción del paramilitarismo
representada por los bloques Central Bolívar-Sur de Bolívar y Norte de las AUC y la
desmovilización de los mismos en el año 2006118. En el caso del Comité Cívico, los 117 En la revisión histórica presente en el segundo capítulo de este libro es posible encontrar evidencias de cómo la
persistencia de la violencia armada ha impedido u obstaculizado la consolidación de espacios de reconciliación en el
panorama nacional.
118 En 1998, grupos paramilitares comandados por alias «Julián Bolívar»
incursionaron por primera vez en el
casco urbano de Simití con el objetivo de expulsar al ELN de los territorios del sur de Bolívar. En 2006, luego de su
establecimiento, el Bloque Central Bolívar-Sur de Bolívar de las AUC se desmoviliza en el corregimiento de Buena Vista,
de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
De manera similar, en septiembre de 1999, hombres vestidos de camuflado bajo las órdenes de Salvatore Mancuso
y Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40», irrumpieron en La Mesa, corregimiento de Valledupar. Tras años de predominio en
la zona, en marzo de 2006 el Frente Mártires del Cesar, del Bloque Norte de las AUC, se desmovilizó en el mismo
corregimiento. 155 Aprendizajes para la reconciliación años de disputa de los paramilitares por el territorio del ELN, seguidos a los de su
predominio en esta subregión, estuvieron marcados por la represión y todo tipo
de atropellos contra la población civil. El proceso de desmovilización aceleró desde
el año 2006 la recomposición del tejido social a través de la emergencia de actores
como el Comité Cívico y la acción de intermediación del Programa de Desarrollo
y Paz, organizaciones de derechos humanos, la cooperación internacional y el
Estado. La experiencia del Cesar muestra cómo el proceso de reinserción (reencuentro) de
los exmiembros del EPL, que se venía gestando desde 1991, fue interrumpido por
la incursión paramilitar, lo cual de una manera paradójica aceleró su proceso de
integración social con la comunidad receptora a través de la atribución de amenaza
y de identidad colectiva como víctimas del paramilitarismo. Adicionalmente,
la permanencia de
los exmiembros del EPL
siempre estuvo condicionada
por
la persecución hacia sus miembros, quienes fueron objeto de amenazas,
desplazamiento forzado, despojo de tierras, desaparición y asesinatos. Por su parte, el análisis de la experiencia de Cali plantea preocupaciones serias
acerca de la repercusión de la violencia urbana en las experiencias de reconciliación.
En primera medida, se hace observable su efecto inhibidor para generar espacios
de encuentro en
las zonas de residencia de desmovilizados. La persistencia
de
los grupos armados y de delincuencia organizada
(bandas criminales)
genera argumentos contraproducentes para la disposición de comunidades y
excombatientes urbanos hacia su reconciliación. En su investigación respecto a la
presencia de desmovilizados e inseguridad en las ciudades, Enzo Nussio et al. (2011,)
señala que las comunidades receptoras tienen distorsiones sobre la participación
real de excombatientes en las acciones delictivas. Esas distorsiones inciden en la
disposición para transformar sus relaciones desde la mera coexistencia hacia la
convivencia pacífica y la reconciliación. Las dinámicas urbanas de hoy están marcadas por las contradicciones transversales
que afectan de distintas maneras a diferentes grupos sociales con diversos valores
e intereses y variada capacidad para influir sobre su desarrollo y resultado final.
«El conflicto urbano generalizado prefigura un ambiente general de poder difuso
en el que actores no estatales y privados
juegan un papel progresivamente
más protagónico a la vez que el monopolio de la fuerza por parte del Estado se
resquebraja y se debilita» (Pérez, 2013). La configuración de miembros de este colectivo del EPL como víctimas del paramilitarismo ha estado atravesada
por un intenso conflicto con el Estado, que no les ha dado ese estatus dentro del registro de víctimas por sus
antecedentes como desmovilizados.
Ver capítulo 2. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras En suma, es importante tener en cuenta el doble efecto del conflicto armado y la
violencia en las experiencias de reconciliación: en primer lugar, como inhibidores
de la participación de actores en espacios de encuentro, ya sea por las restricciones
de movilidad y de circulación que suelen darse bajo el predominio de un actor
armado o por argumentos basados en la relación previa del grupo excombatiente
con la comunidad receptora, lo cual determina la disposición de los actores; y en
segundo lugar, como generador de argumentos para la organización social y la
búsqueda de alternativas pacíficas al conflicto. En la medida que la violencia se
convierte en una amenaza colectiva, los actores buscan repertorios para mitigarla
o suprimirla. Estos argumentos contraproducentes tienen como una de sus expresiones más
comunes la opción por el anonimato por parte de los excombatientes. Si bien
la decisión de no identificarse como desmovilizado puede obedecer a causas
meramente personales como «querer pasar la página», gran parte de las entrevistas
a excombatientes plantearon que esta decisión era para salvaguardar su integridad
y la de su familia, así como para evitar caer en situaciones de estigmatización social. Es importante destacar que durante los 90, la disposición de la comunidad pereirana
para un proceso de reinserción y reconciliación con el EPL tuvo unos antecedentes
determinantes: el bajo impacto de la violencia del EPL en esta sociedad, el eco de
su discurso político reivindicatorio en ciertos sectores sociales de la comunidad y el
hecho de que la élite del eje cafetero no considerara al EPL como una amenaza real
para el statu quo (Comisión de la Superación de la Violencia, 1992). Asimismo, los
excombatientes del EPL del Frente Oscar William Calvo tenían mayor disposición
hacia un proceso de reconciliación anidada en los argumentos que los llevaron
a seleccionar la ciudad de Pereira como sitio de su reencuentro (reinserción) en
1991: era un lugar que conocían y utilizaban como centro de abastecimiento
durante su acción armada, tenían allí un trabajo político sólido y, además, era la
ciudad más pujante económicamente del Eje Cafetero (Entrevista a Marino Alzate,
excomandante del Frente OWC y actual gerente de Colectivos del Café, 2014). Así pues, desde los inicios de su proceso de reinserción, las acciones de rechazo y
estigmatización por parte de otros actores, incluyendo un sector de la comunidad
educativa de la UTP y el gremio transportador, fueron cada vez menos frecuentes
en la medida en se dieron cada vez más espacios de encuentro, como los procesos
de formación dentro del campus y la interacción en la terminal de transporte, lo
cual contribuyó a la transformación mutua de las interpretaciones y a una mayor
disposición basada en las relaciones cotidianas. 157 Aprendizajes para la reconciliación El nivel de animadversión y/o legitimidad existente
hacia un grupo de excombatientes puede afectar la
disposición de la comunidad receptora y también la
generación de espacios de encuentro Los casos Pereira y Cesar muestran
las particularidades de un proceso de
reintegración de excombatientes en una comunidad que no fue víctima de su
accionar, es decir, en la que el proceso de reconciliación estaría más enfocado en las
dimensiones social y política, abandonando casi por completo una interpersonal.
Por el contrario, la presencia de víctimas directas en interacción con sus victimarios,
como ocurre en la experiencia del sur de Bolívar, genera desafíos impresionantes en
términos de la reconciliación interpersonal, en la cual el papel de la reconstrucción
de la memoria colectiva ha sido un factor vital en la recomposición del tejido
social y los derechos de las víctimas, así como un cimiento para las garantías de no
repetición. A partir de esta diferenciación, surgen
interrogantes acerca de
la
relación
existente entre el nivel de victimización de la comunidad receptora con respecto
a los excombatientes que se reintegran en ella y las posibilidades de alcanzar una
reconciliación no solo política y social, sino también interpersonal. Al respecto,
pesará también el nivel de animadversión, desprestigio y legitimidad del grupo
excombatiente en un territorio específico, como una variable que puede afectar
la disposición de la comunidad receptora y también la generación de espacios
dirigidos a la reconciliación121. Respecto a las dinámicas de poblamiento y segregación social, el caso de Cali
muestra paradojas que la ubican en una situación intermedia entre las experiencias
de sur de Bolívar, por un lado, y Pereira y Cesar, por el otro. La ciudad de Cali, así como
Medellín y Bogotá, suele ser un destino preferente para las personas en proceso de
reintegración. Tal decisión tiene que ver fundamentalmente con un cálculo sobre
las ventajas para el restablecimiento, materializado en acceso a oportunidades,
oferta institucional de los programas de DDR y la mimetización que ofrecen las
grandes urbes para los individuos. Paradójicamente, estas motivaciones suelen
ser casi las mismas para las víctimas del conflicto armado, en particular personas
en situación de desplazamiento forzado, que buscan escapar de
la violencia,
restablecerse y mimetizarse para evitar su revictimización. Desde esta lógica, la complejidad de los procesos de urbanización y sus dinámicas de
marginalización y segregación social a través de la historia confluyen con la configuración
en las ciudades de zonas periféricas en las que cohabitan excombatientes, víctimas de 121 En este sentido, Fernán González (2014) ha señalado que dentro de los mayores desafíos para la reinserción de
las Farc, refiriéndose a las posibilidades de su desempeño electoral, está la animadversión y desprestigio creciente
en el conjunto de la sociedad colombiana. Tal animadversión ha sido alimentada durante las últimas décadas por sus
hostigamientos en los centros urbanos, el frustrado proceso de negociación en el Caguán, su inclusión en la lista de
grupos terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre y
la fuerte campaña contrainsurgente de los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. 158 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El desplazamiento interno y el cambio de lugar
de residencia tanto de excombatientes como de
víctimas son sumamente frecuentes por distintos
aspectos, entre ellos, la seguridad la violencia y establecidos . A esta situación se suman otros escenarios en los que se
tejen las relaciones entre estos tres grupos: el primero es el de coincidencia física
entre desmovilizados y sus víctimas directas, lo cual puede parecer poco probable,
pero ocurre, tal como se corroboró en la experiencia de Cali; el segundo se da entre
víctimas y excombatientes, quienes por su pasado se ubican en bandos opuestos;
y el tercero, y más común, es aquel en el que nadie (o pocos) saben quién es quién
o quién fue quién. En este último escenario, las comunidades receptoras que hacen parte de periferias
urbanas suelen estar caracterizadas por la poca cohesión social. Estos asentamientos
urbanos se encuentran marcados por una limitada interacción debido a brechas
que han sido determinadas por la temporalidad en el arribo de los individuos a
estos territorios y que suelen tener como consecuencia la discriminación entre
grupos establecidos y marginados (Elias, 1998 y Heinich, 1991). De la misma forma, el desplazamiento interno y el cambio de lugar de residencia
tanto de excombatientes como de víctimas son sumamente
frecuentes por
distintos aspectos, entre ellos, el de seguridad. En consecuencia, las relaciones
son muy cortas e inestables, lo cual reduce las posibilidades de concurrencia en
espacios de encuentro y la disposición para la reconciliación. Finalmente, es importante señalar como factor característico de estas dinámicas de
integración y segregación social, las lógicas de focalización de las políticas de DDR
y justicia transicional, que suelen exacerbar las diferencias entre población víctima,
población desmovilizada y comunidad receptora vulnerable. El alivio de estas
tensiones y de las percepciones de inequidad por parte de los grupos involucrados
son un requisito sine qua non para favorecer la disposición de estos actores de cara
a un verdadero proceso de reconciliación. El mecanismo de reformas institucionales derivadas de acuerdos de paz y los
procesos de DDR se materializó en las transformaciones políticas emanadas de
los procesos de desmovilización, desarme y reinserción/reintegración ocurridos en
el país en los 90 y en el primer lustro del 2000, con la desmovilización de algunas
estructuras paramilitares. Aunque esta repercusión pueda parecer muy obvia, es
importante reconocer que una transformación institucional no opera de manera
automática en los territorios y que no todo proceso de reintegración deriva en una
iniciativa colectiva que conduce a la convivencia pacífica o a la reconciliación entre
excombatientes y sus comunidades de llegada. Podemos afirmar, tal y como sostuvimos en el recuento histórico del segundo
capítulo, que los procesos de reintegración de excombatientes en Colombia han 159 Aprendizajes para la reconciliación estado constreñidos a la lógica de la guerra. Adicionalmente, aseveramos que la
fluctuación de la política de reintegración obedeció a la existencia de procesos
de paz parciales que dieron pie a reformas institucionales constantes, lo cual
se tradujo en una ausencia de estabilidad y sostenibilidad de los programas de
reintegración, dándole tintes distintos a cada engranaje institucional y diferentes
énfasis determinados por las coyunturas políticas y sociales del momento histórico. A pesar de que las desmovilizaciones del EPL y de las AUC tienen en común que
se han dado en medio de las hostilidades de la guerra, cada proceso ha estado
acompañado por un entramado institucional distinto. El programa de los años 90
le dio un énfasis más fuerte a la reintegración política, en contraste con el énfasis
dado a la reintegración económica individual de la política pública del PRVC y la
ACR hasta el año 2010. A pesar de estos distintos énfasis, ambos procesos de DDR
implementaron medidas de reintegración económica que propiciaron, individual
o colectivamente,
la consolidación de proyectos productivos y programas de
empleabilidad. En este contexto
institucional se gestaron tres de
las cuatro
estrategias analizadas en esta
investigación, cuya naturaleza era
inicialmente
económica y derivó en algunos avances en términos de la reconciliación. A pesar
de este aspecto, existe un consenso entre los excombatientes participantes de las
experiencias de las zonas rurales en torno a cierto abandono institucional en el
sostenimiento de los proyectos productivos. Este hecho se ve con más claridad en
la experiencia rural del Cesar. Por otro lado, el acento en alcanzar un proceso de reconciliación fue más evidente
en los casos de sur de Bolívar, Cesar y Pereira. En el caso del sur de Bolívar, la
reconciliación aparece como una aspiración del Comité Cívico inherente a su
identidad como «sujeto colectivo de paz», a la cual se sumó el apoyo institucional
de la ACR, que en el proceso de acompañamiento a los desmovilizados del Bloque
Central Bolívar, en 2006, identificó las ventajas de fortalecer a este actor para
promover eficazmente no solo la reincorporación sino la convivencia pacífica en
este territorio. En los casos de Cesar y Pereira, las acciones hacia la reconciliación
tenían cimientos políticos en el «Plan de Reencuentro» derivado del acuerdo de
paz firmado entre el Gobierno y el EPL, cuyos proyectos de reinserción cívica y
productiva constituían, además de un acto de reconciliación, la posibilidad de una
apertura democrática (Villarraga, 2013). 160 Por su parte, la experiencia de Ganchos y Amarras en Cali, de una manera más sui
generis, logró consolidarse como una experiencia productiva gracias al aval del
Gobierno local, pero se alcanzó más fácilmente la reconciliación con una parte del
sector empresarial caleño y al interior de la organización que con otros sectores
de la comunidad receptora, incluidas las víctimas, con quienes se establecieron
relaciones de coexistencia. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Un balance del conjunto de las experiencias parece señalar que existe una relación
entre componentes políticos en el proceso de reintegración y el establecimiento
de acciones más decididas hacia procesos de reconciliación con toda la comunidad
receptora. Esta relación se encuentra anidada tanto en la fortaleza y apuestas de
los actores de la sociedad civil como en el contenido de los acuerdos de paz y de la
política pública, de cara al papel específico de los excombatientes en acciones de
reconciliación interpersonal, social y política en la etapa de posconflicto. Este mecanismo de
reformas o
transformaciones
institucionales
tiene como
mecanismos coadyuvantes la capacidad del Estado local, así como la presencia de
actores locales que hacen resonancia de las políticas de DDR y justicia transicional
en el nivel local: un andamiaje institucional sólido, sumado a la voluntad política,
favorece las acciones de intermediación del Gobierno local para generar espacios
de encuentro entre excombatientes y comunidades receptoras. En el caso de Cali,
el Gobierno local desarrolló acciones de intermediación con el sector privado,
creando un espacio de encuentro que permite no solo la sostenibilidad de la
experiencia de Ganchos y Amarras, sino de un proceso de reconciliación entre
excombatientes con una parte del sector empresarial caleño. Este espacio ha
logrado trascender una relación de transacción económica hacia la transformación
de las relaciones y las mutuas interpretaciones entre estos dos actores. El papel del Gobierno local en la experiencia de Cali contrasta con el de Simití, en el
sur de Bolívar. La acción de las instituciones estatales en las zonas más integradas al
país con respecto a aquellas más periféricas, como las rurales, corrobora la hipótesis
de un Estado en formación cuya presencia diferenciada proviene «del proceso
gradual de incorporación de nuevos territorios y poblaciones al Estado-nación en
su conjunto, tanto en el ámbito económico como en lo político» (González G, 2014,
p. 60). En este sentido, se debe recordar que Simití es un municipio de sexta categoría, con
una incapacidad evidente a la hora de cofinaciar proyectos estratégicos en áreas
fundamentales como salud, educación e infraestructura (Viloria, 2009). El porcentaje
de personas dentro del municipio con alguna necesidad básica insatisfecha (NBI)
es del 62 %. Esto es mucho más evidente en corregimientos como Santa Lucía y El
Paraíso que aún no cuentan con el servicio de alumbrado eléctrico, agua potable
ni de alcantarillado. Como bien señala Viloria (2009), el origen de la mayoría de
problemas que padece el sur de Bolívar se encuentra en el aislamiento geográfico
en que ha permanecido esta subregión en los últimos tiempos. Para el año 2009, por 161 Aprendizajes para la reconciliación La resonancia de la política de reintegración
puede incidir en la transformación de la disposición
en sectores antes no involucrados con la promoción
de la reconciliación ejemplo, el sur de Bolívar contaba con apenas 60 kilómetros de vías pavimentadas,
siendo la principal ruta Cerro de Burgos – Simití – Santa Rosa del Sur. La función institucional en temas de DDR y justicia transicional en Simití se ha
hecho más evidente a partir de la movilización social y capacidad de agencia de
su comunidad. Es claro que la presencia del Gobierno nacional a través de la ACR
se dio motivada por el proceso de acompañamiento tras la desmovilización del
Bloque Central Bolívar, ocurrida en ese territorio. El Gobierno local, por su parte, ha
asistido a un proceso de jalonamiento en esta dirección un poco forzado, debido a
una inercia orgánica y de las estructuras de poder, determinadas en el pasado por
la presencia de los distintos actores armados, así como las dinámicas asociadas al
narcotráfico y los cultivos ilícitos. Por otra parte, el efecto de resonancia puede ser determinante en un contexto
de precariedad estatal en el que un actor local de cualquier naturaleza transmite
información que les permite a otros aprovechar la reforma institucional como
marco justificatorio e instrumento de sus demandas. Así, al ser difícil la interacción
con entes del Estado, el acompañamiento de un tercer actor puede motivar y
facilitar la interlocución. En la experiencia rural del Cesar, el Programa de Educación
de la Fundación Progresar resultó ser muy útil para las comunidades receptoras,
particularmente porque actuó de cara al fortalecimiento de la democracia y los
liderazgos desde el nivel local. Del mismo modo, merecen destacarse las acciones
de
formación proporcionadas por diversos actores nacionales y
regionales
gestionadas por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, las cuales
han sido aprovechadas por el Comité Cívico del sur de Bolívar para cualificar a
sus integrantes en la comprensión de sus derechos y, sobre esta interpretación,
potenciar su acción colectiva de cara al sistema nacional de justicia transicional. La resonancia de la política de reintegración puede incidir en la transformación
de
la disposición en sectores antes no
involucrados con
la promoción de
la
reconciliación. En Pereira, a partir del discurso de reencuentro con la sociedad
promovido por
la Fundación Progresar, se generó en
los desmovilizados una
disposición hacia las comunidades, desde la cual se fortaleció la generación y
sostenibilidad de un espacio de encuentro. Adicionalmente, en contextos de mayor precariedad estatal, la interacción entre
los miembros de la comunidad aumenta propiciando un espacio para que las 162 122 Esta presencia precaria del Estado ha facilitado que la economía de la guerra haya sumado a sus estrategias
económicas la explotación minera ilegal, especialmente de oro, que ha “expuesto a la depredación de los grupos
irregulares y juega a favor del fortalecimiento de sus finanzas” (ACNUR, s.f.). Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras personas se organicen, interactúen y busquen una solución a una determinada
situación o necesidad, situación que se hizo observable en las dos experiencias
rurales. El caso del Comité Cívico del Sur de Bolívar y su autodenominación como
«sujeto colectivo de paz» es un claro ejemplo de esta afirmación; de igual forma,
en el caso del Cesar las difíciles condiciones de infraestructura y acceso a servicios
potenciaron la capacidad de agencia de sus pobladores. Esta debilidad de
la oferta
institucional y
las problemáticas
compartidas,
paradójicamente, han favorecido una fuerte organización, movilización y tejido
social en las experiencias rurales, traduciéndose en la construcción de un tejido
social más fuerte, fundado en la existencia de relaciones solidarias. No obstante,
tal y como fue enunciado líneas arriba, las iniciativas productivas han tenido en
común que no han sido económicamente estables, en gran medida, debido al
poco acompañamiento y formación técnica que han recibido excombatientes
y comunidades receptoras para el manejo de sus proyectos productivos. Es
precisamente a partir de esta precariedad y
las problemáticas alrededor del
sostenimiento económico, el despojo, los terratenientes y la reclamación de tierras,
que en las experiencias rurales se han activado mecanismos que han propendido
por una mayor presencia institucional que acompañe estos procesos en los que los
elementos de convivencia pacífica y reconciliación son reconocidos y liderados por
las propias comunidades. Finalmente, respecto a la estructura agraria y los conflictos por la tierra y por los
recursos, tenemos que, en Colombia, el conflicto armado confluye con el conflicto
agrario en la medida en que la tierra no es solo el «objeto» de la posesión de una
parcela o un predio destinado a la producción, sino que también se ha convertido
en un instrumento de la guerra, del lavado de activos del narcotráfico y, además,
genera poder político ligado a la violencia ejercida por grupos armados ilegales.
De este modo «la tierra se convierte en un instrumento de guerra y se evidencia la
disputa por el territorio, lo cual configura un conflicto rural mayor» (PNUD, 2011,
p.180). Es claro que el corregimiento de La Mesa, en Valledupar, abarca en gran medida
la conceptualización del conflicto rural realizada por el PNUD, ya que en este se
juntan varias problemáticas. En primer lugar, en la esfera del conflicto agrario es
evidente la deuda social y política de los entes locales y nacionales con la región.
En esta zona, los conflictos por la tierra son evidentes, y al mismo tiempo latentes,
tal como muestra el caso anteriormente señalado de la familia Mestre; En segundo
lugar, el despojo y el desplazamiento forzado fueron estrategias empleadas por
los grupos paramilitares en la región. Cabe señalar que una extensa propiedad 163 Aprendizajes para la reconciliación Los conflictos y la organización social alrededor
de la tierra pueden generar o inhibir los espacios de
encuentro y la disposición de los actores de cara a la
reconciliación perteneciente al comandante paramilitar «Jorge 40» se ubica sobre la vía que
comunica al corregimiento con la ciudad de Valledupar. Por último, además de las
diferencias existentes con la población indígena, al igual que en el siglo pasado
se presentan conflictos por la tierra con familias tradicionales como los Mestre,
quienes recientemente reclaman la propiedad de gran parte del casco urbano del
corregimiento. El caso del sur de Bolívar es similar al anterior puesto que, a pesar de tener un
potencial agrícola significativo, no todas
las tierras productivas están siendo
aprovechadas, en parte por la falta de vías de acceso adecuadas que dificultan una
posibilidad clara de comercialización. Además, se deben señalar las disputas por
la tierra y el despojo, hechos de violencia que, bajo el lema de «necesito su tierra,
váyase» impiden el arraigo del grupo de hogares al territorio, lo cual imposibilita
que se constituyan en una comunidad arraigada que ejerza un desarrollo social,
económico, político y cultural (PDPMM, 2013). Es precisamente esta centralidad del conflicto por la tierra lo que lo ubica como
un mecanismo ambiental y no como mero contexto de las experiencias de Cesar y
sur de Bolívar. Los conflictos y la organización social alrededor de la tierra pueden
generar o inhibir los espacios de encuentro y la disposición de los actores de cara
a la reconciliación. Las políticas de DDR y justicia transicional que consideran un
componente rural pueden ayudar a profundizar o a cerrar esas brechas a través de
un mayor equilibrio entre los derechos e intereses de la comunidad receptora y la
asistencia prestada a los excombatientes, el fomento de una sensación de inclusión
y la mejora de la legitimidad de los programas de DDR (Nussio, 2013). Incidencia de las relaciones
de género en las experiencias Tal como se ha enunciado de manera preliminar, una de las apuestas del presente
proyecto de investigación era el de develar aspectos significativos acerca de la
manera diferencial en que las mujeres vivieron las experiencias de reconciliación
y reintegración123. Esta aproximación busca identificar cómo las relaciones entre
géneros se involucran en los mecanismos que facilitaron o inhibieron el desarrollo
de las cuatro experiencias y sus procesos de reconstrucción de relaciones. 123 Ver introducción. 164 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras En particular, la investigación indagó sobre tres aspectos del enfoque de género:
1. Sobre los roles desempeñados por las mujeres y su relación con la trayectoria
y
los mecanismos de cada experiencia; 2. Los aprendizajes alrededor de
las
desigualdades estructurales entre géneros que se profundizan en etapas de
conflicto o posconflicto y que afectan la generación de espacios de encuentro o
la disposición; y 3. La visibilización de las diferentes necesidades de los roles de las
mujeres de cara a la reconciliación. Con el fin de responder a estas tres cuestiones, abordaremos en este apartado
los dos primeros puntos y en la parte de conclusiones y recomendaciones se
desarrollará el tercero, el cual es el resultado de los anteriores. El enfoque de género resultó muy útil en el análisis histórico que involucró las
experiencias analizadas. Desde este enfoque es posible identificar relaciones de
poder que se basan en la diferenciación sexual y su incidencia en la conformación
de identidades subjetivas y colectivas, así como en la configuración de un «orden
simbólico normativo» que atraviesa diversas esferas de lo social a través de la
historia (Scott, 2003, p. 56). Además, como uno de
los
lentes del análisis histórico de
la
investigación, el
enfoque de género permitió identificar rupturas y continuidades en la asignación
y cambio de roles entre hombres y mujeres dentro de las experiencias. Los roles
asumidos obedecen a un juego de doble vía entre las decisiones individuales y las
contingencias de un contexto que aún sigue estando determinado por patrones
de una sociedad profundamente patriarcal. Con base en ello, el análisis de las experiencias confirma la existencia de brechas
estructurales de inequidad entre hombres y mujeres, que van desde barreras para
el acceso a la educación, la participación política y la propiedad de la tierra, hasta
fenómenos como la violencia basada en género que se vislumbra no solo como
estrategia de los actores armados del conflicto, sino como naturalización en el
espacio privado y doméstico de los territorios estudiados. Las reformas institucionales recientes en materia de DDR y justicia transicional, si
bien contienen elementos que destacan el enfoque de género, no han logrado
materializarse en relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, que le
permitan a las mujeres excombatientes, por ejemplo, mantenerse en los procesos
de capacitación y formación para el trabajo, en la medida que su rol como madres
cabeza de hogar
les
impide cumplir con
la
intensidad horaria del programa
mientras tienen que dejar solos a sus hijos. Este aspecto fue muy evidente en
la experiencia de Pereira, en la cual las entrevistas a mujeres participantes de 165 Aprendizajes para la reconciliación Aspectos como la escasa participación de las
mujeres en los espacios de visibilización y decisión
de las organizaciones suelen ser comunes en las
cuatro experiencias de reconciliación procesos de reintegración de los 90 y de las AUC, de la actualidad, coincidieron en
este obstáculo. La división sexual del trabajo, en la que los hombres suelen tener más dominio
sobre tareas en el espacio público y
la política, y
las mujeres en el espacio
doméstico y privado, es una contante que se repite, aunque con matices, en
las cuatro experiencias. La característica de tener más responsabilidades en
las tareas domésticas y de sostenimiento económico del hogar puede limitar el
involucramiento y nivel de compromiso de las mujeres en espacios comunitarios
públicos. En los casos de sur de Bolívar y Cesar, esta división sexual del trabajo fue reforzada
en los episodios del predominio de los grupos paramilitares, quienes advertían que
«quienes no caminaran derechito tendrían problemas, que las mujeres chismosas
y las casadas que fueran infieles serían castigadas» (Verdad Abierta, 2013). Los
castigos proporcionados a las mujeres tenían que ver con oficios domésticos y
escarnio público, como barrer las calles con un letrero o raparles la cabeza (Memoria
Histórica, 2011). La mirada histórica permite hacer diferenciaciones respecto a los roles asumidos
por las mujeres en los dos grandes períodos de reinserción/reintegración de cara a
acciones de reconciliación considerados en la presente investigación: los 90 y 2005
y siguientes124. En las iniciativas analizadas, las mujeres desempeñan una variedad
de roles como pobladoras, excombatientes, víctimas, liderezas, formadoras, madres,
apoyo psicosocial y pareja, los cuales se han venido transformando y combinando
de acuerdo a los distintos episodios de las experiencias. Aspectos como la escasa participación de las mujeres en los espacios de visibilización
y decisión de las organizaciones suelen ser comunes en las cuatro experiencias: a
pesar de que tres de las cuatro experiencias (Pereira, sur de Bolívar y Cesar) cuentan
con la participación directa de mujeres, son los hombres quienes tienen mayor
visibilidad y se desempeñan en la dirección de la organización. Un contraste de
los cuatro estudios de caso, con base en un análisis diferencial de las acciones
desarrolladas, muestra que dentro de
las experiencias
las mujeres estuvieron
involucradas de manera particular en los mecanismos específicos de mediación y
formación. Este análisis surge de una identificación de cómo la relación de género
fue determinante para la activación de determinados mecanismos. 166 124 Estas diferencias parecen estar anidadas en el avance en la reivindicación de los derechos y las libertades de
las mujeres y de acciones institucionales de cara a la equidad entre géneros. No obstante, las brechas son aún muy
amplias. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Es importante destacar que los mecanismos específicos y ambientales incidieron
en la transformación de los roles de las mujeres. En este sentido, puede señalarse
cómo los episodios de interacción e irrupción de actores armados determinan su
cambio a estatus de víctimas (viudas, huérfanas), combatientes/excombatientes
o liderezas. Tal transformación en el rol respecto el conflicto sitúa también su
disposición frente a un proceso de reconciliación. En la experiencia de Cesar, en el episodio de la irrupción paramilitar, solo las mujeres
lograron una interlocución efectiva con los jefes paramilitares hasta persuadirlos
para que respetaran la vida de los líderes y demás miembros de la comunidad a
quienes venían hostigando. Esta acción mediadora en un momento de cruenta
violencia frenó varias persecuciones, permitió la continuación de su proyecto
productivo y fortaleció los liderazgos femeninos, que hasta entonces eran muy
débiles. Con ello, la comunidad evidenció que la mediación de las mujeres solía
ser más efectiva que la de los hombres, en la medida en que estos seguían siendo
considerados como una amenaza para los paramilitares. El mecanismo de mediación, como lo vimos anteriormente, se activa entre partes
en conflicto. Lo que es clave manifestar aquí es que esta acción es direccionada por
las mujeres de las experiencias y que su efectividad reside tanto en capacidades
subjetivas como en su condición de género. Este mecanismo, además, fue visible
en las experiencias de sur de Bolívar y Cali. Asimismo este mecanismo ha podido
identificarse en otros territorios como en el Cauca, en los que si bien los actores
armados suelen perpetrar todo tipo de violencias contra las mujeres, incluyendo
la sexual, suelen también ser persuadidos por ellas para que respeten la vida de
sus comunidades y familias. Esta relación basada en género ha sido identificada
en investigaciones nacionales (Hernández, 2012) e internacionales (Klein, 2011),
que coinciden en el potencial de mediación de las mujeres para la solución del
conflicto. En cuanto al mecanismo de formación, se identificó que las mujeres participantes
de
las experiencias con
frecuencia asumieron
funciones relacionadas con
la
transferencia de conocimientos y desarrollo de habilidades emocionales en
los individuos y sus comunidades. Estas funciones ocurrieron recurrentemente
en varios de
los episodios de
las experiencias. Por ejemplo, en
los procesos
de reinserción y reintegración de excombatientes en los 90 y desde Justicia y
Paz, ha sido muy común que el componente formativo estuviera orientado por
mujeres y que además fueran los mismos desmovilizados los que preferían que
el acompañamiento a su proceso individual y familiar lo llevara una de ellas,
manifestando que estas suelen ser más empáticas y generarles mayor confianza
(Taller Ganchos y Amarras, 2014). Por su parte, el caso del sur de Bolívar destaca 167 Aprendizajes para la reconciliación que
iniciativas de formación para
la prevención del reclutamiento de niños,
niñas y adolescentes han sido lideradas por las mujeres, quienes manifiestan la
preocupación sobre la creciente utilización y vinculación de esta población por
parte de los actores armados. La función educadora desarrollada por las mujeres de las experiencias, que si bien
es posible interpretarla como una división sexual tradicional del trabajo, puede
tener una explicación adicional y es la de su conexión natural con la preservación
de la vida. Tal manifestación ha tenido un correlato en el movimiento nacional de
mujeres por la paz y su consigna de la paz entendida como defensa y cuidado de la
vida, el cual ha sido un motor en la génesis y fortalecimiento del Movimiento por la
Paz en Colombia (García-Durán, 2006). 168 Reconciliación entre excombatientes y comunidades
receptoras en Colombia: algunas
conclusiones y claves para la acción El proceso de investigación llevado a cabo reveló la importancia de analizar y
comprender cuatro experiencias con avances en reconciliación, tanto en su nivel
micro, como en relación con el entorno en el cual se enmarcan. Se pudo observar
que el acompañamiento e intermediación de actores estatales y de actores privados
es vital para el desarrollo de las experiencias en tanto procesos de reconciliación
y de convivencia pacífica. Algunos actores cuentan con mayores capacidades de
acompañamiento e intermediación para generar, apoyar y fortalecer procesos que
involucren población desmovilizada. Por ejemplo, el sector privado ha brindado
grandes apoyos económicos y formativos para algunas de las experiencias, y estos
casos deben ser ejemplo de cómo este sector de la sociedad puede participar
activamente en la construcción de procesos de reintegración, que a su vez se
proyecten como procesos de reconciliación. Igualmente, este acompañamiento
ha incidido en el fortalecimiento de liderazgos a través de formación política y
ciudadana, lo cual ha contribuido a un reconocimiento de capacidades dentro
y fuera de la experiencia, y permite consolidarlo internamente para facilitar su
proyección e incidencia en las comunidades receptoras. Por ejemplo, el rol de
las mujeres en acciones de mediación en las experiencias se destacó como una
oportunidad de sostenibilidad de las mismas, en particular en contextos de alta
confrontación armada. Los cuatro estudios de caso mostraron de una u otra manera acciones de
reconciliación dinámica, espontánea y parcial. Dinámica, en la medida en que dichas
acciones de reconciliación pueden ser coyunturales y su existencia no garantiza
en sí misma su sostenibilidad. En otras palabras, tal y como fue evidenciado por
la experiencia rural del Cesar, la formación de un espacio de encuentro entre las
comunidades y los excombatientes y los avances en términos de reconciliación que 169 Aprendizajes para la reconciliación este implicó en el proceso de reinserción pueden ser modificados por situaciones
del contexto como la incursión de actores como los paramilitares: la existencia de
espacios de encuentro y acciones de reconciliación no garantiza su permanencia
en el tiempo. En función de lo anterior es posible afirmar que la reconciliación es espontánea, en
la medida en que se construye en escenarios que propician cambios de imaginarios
y posturas frente al otro, pero no es un proceso que responda a una vía de acción
concreta y establecida. Experiencias como la liderada por el Comité Cívico del Sur de Bolívar demuestran
que los espacios de encuentro pueden derivarse de iniciativas de la sociedad
civil que cuentan con
los grados
suficientes de empoderamiento de
sus
comunidades para asumir las implicaciones de la cohabitación de un territorio
con excombatientes, sin la intervención protagónica de la institucionalidad. Así,
las acciones de reconciliación existentes en las experiencias del Cesar y el sur de
Bolívar, caracterizadas por haber crecido en un contexto de profunda precariedad
del Estado, permiten ver que en la institucionalidad no reside la responsabilidad
de «decretar la reconciliación», pero sí de propiciar escenarios idóneos para el
encuentro y la disposición entre comunidades receptoras y excombatientes, En consecuencia, con la espontaneidad que se presupone existe en los procesos
de reconciliación, la observación de los programas institucionales de reinserción
y reintegración de las cuatro experiencias permite concluir que, a pesar de que
el acento dado al tipo de reintegración no necesariamente genera escenarios
de reconciliación, los procesos adelantados en la política de DDR de los años 90
parecen haber obtenido avances más decididos hacia la consolidación de espacios
de encuentro para la reconciliación. Tal es el caso de Cesar y Pereira, que contrastan
con las experiencias surgidas en un marco institucional más orientado a promover
concretamente
la reintegración económica desde una perspectiva individual,
como en el caso de Cali. Por otro lado, la experiencia de Cali demostró que las acciones de reconciliación
pueden ser parciales. En correspondencia con una definición de reconciliación
menos abstracta y general, resulta conveniente afirmar que
los procesos de
convivencia existentes entre los excombatientes miembros de la empresa Ganchos
y Amarras dan cuenta, en efecto, de acciones de reconciliación concretas en la
medida en que han implicado un cambio de relaciones entre antiguos adversarios,
a pesar de estar restringidas a los actores que trabajan en la empresa, ya que no
han logrado ningún avance en términos de la reconciliación con la comunidad que 170 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras habita en sus barrios de residencia. Esta situación se derivó tanto de la persistencia
de escenarios de estigmatización y miedo, además de las lógicas de la violencia
urbana que han motivado la elección del anonimato de los excombatientes en su
proceso de reintegración a la vida civil, como de la naturaleza misma de la empresa,
que se enfocó en propiciar la reintegración económica de los excombatientes
participantes en Cali. En relación con la totalidad de la comunidad receptora, la experiencia también da
cuenta de una reconciliación parcial, puesto que las relaciones de la empresa con
un sector empresarial caleño constituyen un avance en términos de reconciliación
con
la comunidad receptora, conforme a
lo que se entiende aquí como ese
conglomerado social que cohabita con excombatientes125. Estas acciones de reconciliación parcial descritas pudieron derivarse del tipo de
aproximación del enfoque comunitario implementado por la ACR. Tal y como fue
descrito en el capítulo 2, el énfasis en la reintegración individual, íntimamente
relacionado con el acento dado a
la reintegración económica evidente en el
programa de la ACR, puede entenderse a raíz de la naturaleza de los actores armados
que se acogieron a los procesos de desmovilización y el grado de relevancia dado
a la participación social y política en las negociaciones de paz que inspiraron los
cambios institucionales de la política de reintegración. En
términos generales,
los hallazgos de
la
investigación permiten concluir
que, de cara a facilitar avances hacia la reconciliación, es necesario garantizar la
participación de las comunidades receptoras en los procesos de DDR. Lo anterior,
en la medida en que las comunidades no deberían ser forzadas a adaptarse a
los programas o proyectos diseñados para la población desmovilizada ni deben
sentirse en situación de desventaja en proyección a dichos programas. En esa
medida, la construcción de estos procesos debe ser colectiva. Desde esta perspectiva, el acompañamiento en el proceso de reconstrucción de
confianza y relaciones entre las comunidades receptoras y los excombatientes que
llegan a ser parte de estas debe ser transversal, pedagógico y concertado. El énfasis
debe estar en el aprestamiento de las comunidades receptoras y los participantes
del proceso de reintegración, con el fin de divulgar las políticas que buscan ser
implementadas en sus territorios, en este caso referentes a la reincorporación
de excombatientes y la (re)construcción de relaciones de confianza y respeto. La
reconciliación debe ser comprendida como un proceso y una meta integrales,
no solo como una (re)construcción de relaciones entre aquellas comunidades
receptoras y grupos de desmovilizados. 125 Este conglomerado social es amplio pues está conformado tanto por la sociedad civil como por la institucionalidad. 171 Aprendizajes para la reconciliación Adicionalmente, con el objetivo de promover una disposición en las comunidades
receptoras frente a la posibilidad de construir escenarios de convivencia pacífica con
población desmovilizada, es vital hacer visibles ejemplos sobre los efectos positivos
de este tipo de procesos. El reconocimiento y difusión de otras experiencias y las
muestras de «cambio» por parte de personas desmovilizadas pueden convertirse
en argumentos para emprender procesos de reconciliación. En
la misma
línea, es necesario redefinir
la noción de comunidad receptora
conforme al contexto en el cual tenga lugar la reubicación de excombatientes. Esta
necesidad pasa por reconocer que el enfoque comunitario con comunidades que
fueron afectadas directamente por el conflicto armado tiene particularidades e
implicaciones distintas a las que tendría con comunidades que no lo han sido. Si bien a la luz de esta investigación la reconciliación se comprende como una meta
y como un proceso, las experiencias analizadas evidencian la complejidad de una
mezcla de los diferentes alcances de la reconciliación (coexistencia, convivencia
pacífica y reconciliación), dependiendo de
la
incidencia y funcionamiento de
los mecanismos en cada una. En esta medida, la incidencia de los mecanismos
ambientales y la activación de los mecanismos al interior de los casos estudiados
permitieron
concluir que
la experiencia del
sur de Bolívar
tuvo avances
simultáneos en las tres dimensiones de la reconciliación: interpersonal, social y
política; sin embargo, como sus miembros mismos los reconocen, el avance hacia
la reconciliación requiere un esfuerzo del día a día y han tenido casos de renuncia
de desmovilizados al proceso. Si bien los avances en términos de la reconciliación no dependen exclusivamente
de los procesos de reintegración de excombatientes, el análisis de las experiencias
sí permite corroborar que programas más
integrales y sostenibles presentan
avances más decididos hacia procesos de reconciliación. Desde esta perspectiva,
el papel del Estado debe estar enfocado en propiciar no solo las condiciones para
que la política pública de reintegración se desarrolle de forma satisfactoria; sino
además debe generarlas circunstancias mínimas necesarias para que su impacto en
la consolidación de relaciones que puedan conducir a la reconciliación sean sólidas
y sostenibles. Estas circunstancias están relacionadas con la mitigación de los
mecanismos ambientales que limitan los avances para la reconciliación como, por
ejemplo, la continuación de escenarios de violencia, las inequidades estructurales,
los grados de polarización y la permanencia de imaginarios de estigmatización, la
precariedad institucional, los conflictos por la tierra, las dinámicas de poblamiento
y segregación social, así como la falta de garantías a los derechos de las víctimas a
la verdad, la justicia y la reparación. 172 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras La relación establecida en el párrafo anterior podría entonces traducirse en unos
retos concretos para la institucionalidad actual de la reintegración, específicamente
en una proyección de la construcción de escenarios favorables para la reconciliación.
Estos retos deben ser abordados tomando como filtro fundamental las dinámicas
locales que se establecen de manera diferenciada en los territorios urbanos y
rurales , dinámicas que están profundamente condicionadas por los aspectos arriba
señalados, entre otros enunciados en el análisis de cada una de las experiencias. Cuando se reconoce el origen, los objetivos y el contexto de cada experiencia
y se sabe con claridad quiénes asumen roles de liderazgo, es posible establecer
relaciones con las trayectorias recorridas por ellas, lo que permite establecer si sus
logros en convivencia pacífica y reconciliación han sido deliberados o han sido
involuntarios. De esta manera, es más factible que las experiencias con un objetivo
reconciliador deliberado puedan promover
transformaciones de
relaciones
y un cambio de postura frente al otro de una manera más directa que aquellas
experiencias cuyos objetivos estén más enfocados a la reintegración económica,
por ejemplo. En otras palabras, la tesis aquí defendida se inclina a sostener que las experiencias
de desmovilización de la década de los años 90, (en este caso las del EPL aquí
analizadas), tuvieron lugar en un contexto nacional más propicio a la participación
de los excombatientes, derivada en parte de la naturaleza de las guerrillas que se
desmovilizaron durante la época; esto se tradujo en la creación de espacios de
encuentro como la Asamblea Constituyente y los eventos de formación y beneficios
compartidos entre excombatientes y miembros de la comunidad receptora. En contraste, la política pública resultante del proceso de paz firmado entre el
Gobierno y las AUC, así como el énfasis reciente en la reintegración individual que
se evidencia en la política de reintegración actual, plantea desafíos que merecen
ser analizados para enfrentar la coyuntura de los diálogos adelantados en La
Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. En esta dirección se señalan dos de
los desafíos más evidentes que deja
la
observación de las experiencias en esta investigación con miras al panorama actual
de posibles desmovilizaciones de guerrillas. El primer desafío consiste en que es
preciso reconsiderar las implicaciones que podría traer consigo la no priorización de
la reintegración política de los excombatientes en la estructura institucional vigente,
de cara a la consolidación de escenarios propicios a la reconciliación. Este desafío
se encuentra anidado en la incidencia que tiene el contenido de los acuerdos en la
consolidación deliberada de espacios de encuentro con las comunidades receptoras
así como en la necesidad de que los desmovilizados se encuentren más involucrados
y comprometidos participando en la solución de los problemas de sus comunidades. 173 Aprendizajes para la reconciliación El segundo desafío consiste en propiciar escenarios hacia la reconciliación social
y política sin quebrantar los derechos de las víctimas, los cuales a diferencia del
pasado, tienen relevancia en la agenda pública. Adicionalmente, es preciso aliviar
no solo la tensión entre la política de reparación a las víctimas y la política de
reintegración de los desmovilizados, sino de estas dos con aquellas dirigidas a la
población en situación de vulnerabilidad dentro de las comunidades receptoras.
En una sociedad caracterizada por una profunda polarización e inequidad social
como la colombiana, los avances hacia la reconciliación implicarán no solo (re)
construir las relaciones y la confianza, sino cerrar las brechas de la exclusión
económica, social y política.
Es fundamental que el Estado reconozca
las posibilidades y
los
límites de su intervención frente a la reconciliación. Dentro de las
posibilidades está propiciar garantías y condiciones que promuevan
«espacios de encuentro» entre comunidades receptoras y personas
en procesos de reintegración, con miras a la reconciliación política,
social e interpersonal. No obstante, el límite de esta intervención
emerge de
la característica espontánea de
la reconciliación, por
lo cual no puede ser regulada, ni impuesta, pasando a un espacio
individual
fuera del dominio estatal que
involucra además
la
dignidad de las víctimas. La reconciliación es un tema transectorial, por tanto, no debe
reducirse a la política de reintegración. Requiere el concurso de
diferentes sectores estatales. Tal situación también se aplica a los
demás actores sociales como la empresa privada, la sociedad civil y
la academia. Las problemáticas diversas expuestas en
los contextos de cada
una de las experiencias muestran no solo las particularidades de
los territorios, sino también las formas igualmente diversas en las
que las comunidades se enfrentan a esas problemáticas. En este
sentido, el diseño y formulación de políticas que propendan por la
reconciliación deben tener un enfoque territorial muy consecuente
con las capacidades locales. La garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia,
la reparación y
la no repetición plantean un punto de partida
que puede
facilitar acciones de reconciliación en comunidades
receptoras fuertemente golpeadas por el conflicto. Los procesos de
reintegración deben estar acompañados de
estrategias pedagógicas acerca de las implicaciones de los procesos
de reintegración dirigidas no solo al conjunto de
la comunidad
receptora, sino también a los mismos excombatientes. Igualmente,
las estrategias pedagógicas pueden contribuir a la transformación
de imaginarios y de posturas que reproduzcan la estigmatización y la
mutua segregación entre comunidades receptoras y desmovilizadas.
Los procesos pedagógicos deben incluir procesos de educación para
la convivencia. 175 Aprendizajes para la reconciliación • • • • • • Simultáneamente, las estrategias pedagógicas deben considerar las
características de la comunidad receptora, si esta ha sido victimizada,
y diferenciar si se trata de procesos de construcción o reconstrucción
de relaciones, pues esto supone retos singulares. Continuar y fortalecer los procesos de acompañamiento psicosocial,
dirigidos a las víctimas y a las personas en proceso de reintegración.
Estos constituyen un punto de partida que puede propiciar de
manera espontánea hacia la (re)construcción de relaciones entre
excombatientes y comunidades receptoras victimizadas. Es necesario establecer un equilibrio entre las políticas de reintegración,
las políticas de reparación de víctimas y aquellas dirigidas a población
vulnerable en
las comunidades
receptoras. Lo anterior, además,
implica
instaurar escenarios de articulación en
la medida en que
la reincorporación de excombatientes no puede prescindir de
la
recuperación de la justicia y del reconocimiento de los derechos de las
víctimas, así como tampoco puede desconocer los requerimientos y
las necesidades de la población vulnerable establecida en el territorio. También se debe destacar la importancia de ampliar la comprensión
del enfoque comunitario de las políticas de reintegración, a través
de estrategias de participación más decididas y perdurables en el
tiempo en donde los excombatientes participen en la solución de
los problemas de sus comunidades receptoras. Componentes como
el servicio social pueden ser amplificados para favorecer espacios
de encuentro entre la comunidad receptora y los participantes del
programa hacia la búsqueda de la construcción y reconstrucción de
relaciones sólidas y de largo plazo con las comunidades receptoras. La ampliación de la comprensión del enfoque comunitario implica,
asimismo, que las políticas de DDR y justicia transicional entiendan
la complejidad del conflicto armado en los territorios, así como las
particularidades históricas, sociales, políticas y económicas que
inciden o inhiben los procesos de reconciliación. Apoyar el fortalecimiento de actores que desempeñan el rol de
«intermediación» en los territorios. Este rol se evidencia como un
elemento
fundamental en
la emergencia y en
la sostenibilidad
de experiencias de reconciliación analizadas. Adicionalmente, el
fortalecimiento de
la sociedad civil en
los territorios contribuye
al empoderamiento de las comunidades en posibles procesos de
posconflicto.
Incorporar un enfoque de género y de medidas diferenciales en favor
de mujeres, niñas, niños y adolescentes y sectores en condiciones
de riesgo y de vulnerabilidad. Adoptar por parte de las instituciones estatales y gubernamentales, de
forma adecuada y pronta, los informes y requerimientos que genera el
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y las alertas
del Comité
Interinstitucional de Alertas Tempranas, coordinado
por los Ministerios de Interior y de Justicia, en referencia a procesos
de DDR,
riesgos en comunidades
receptoras y desmovilizados. Trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad local de
cara a alternativas socioeconómicas y de desarrollo, retorno y un
ambiente para el ejercicio de derechos. Diferenciar en la atención y en la oferta institucional según sea
el entorno
rural o urbano de acuerdo con las necesidades y el
contexto de la población que allí reside. Para la población rural,
tener en cuenta las condiciones de integración regional, conflicto
armado, contextos de ilegalidad y acompañar los planes de retorno
y de fomento de proyectos agropecuarios y económicos que sean
viables y sostenibles con la población urbana, ampliar posibilidades
de empleos formales y de conformación de empresas pequeñas con
estudios de viabilidad, acompañamiento y supervisión. Vincular al
sector privado y a los gremios económicos en la dinamización de
estas iniciativas. Fortalecer
las
capacidades
y
liderazgo de
las mujeres para
desempeñar roles de mediación en los territorios y en escenarios de
toma de decisiones en el marco del conflicto armado. Este aspecto
está cobijado por las resoluciones 1325 de 2000 y 1820 de 2008 del
Consejo de Seguridad de la ONU, relativas a la participación de la
mujer en los procesos de paz, el reconocimiento integral de sus
derechos y la adopción de un enfoque de género en procesos de
construcción de paz. Respetar la autonomía, territorialidad y derechos colectivos de los
pueblos indígenas en los procesos de reintegración y reconciliación. Desarrollar políticas de prevención y de atención dirigidas a
las escuelas y colegios, con el objeto de proteger
la niñez del
reclutamiento, al igual que de los efectos de la guerra, la violencia y la delincuencia organizada. Promover la recuperación del tejido social
y fomentar la creación de espacios de reconciliación con miras a una
transformación de cultura para la paz para el relevo generacional. Sobre el derecho a
la verdad,
la
justicia y
la reparación a
las
víctimas,
la Fiscalía General de
la Nación debe
revelar a
las
víctimas casos de delitos cometidos, ya que por lo regular estos
no son reconocidos en
las audiencias de versión
libre, además
debe cumplir con lo demandado en cuanto a colaboración entre
la Fiscalía y
los desmovilizados para
investigar el paradero de
los secuestrados y
los desaparecidos e
informar oportunamente
los
resultados a
los
familiares
(artículo 35, Ley 975 de 2005). A
la Defensoría del Pueblo, fortalecer el acompañamiento a
las
comunidades víctimas y receptoras de población desmovilizada,
dadas las condiciones de continuación del conflicto, reactivación
de bandas criminales y persistencia de violaciones de derechos
humanos. En coordinación entre la Fiscalía General de la Nación, la Unidad
para la Atención y Reparación Inegral a las Víctimas y la Unidad de
Restitución de Tierras, buscar que
los desmovilizados entreguen
los bienes lícitos e ilícitos a su nombre o de terceros. Resolver la
identificación y entrega de las tierras despojadas a los campesinos
propietarios o poseedores. Considerar las posibilidades de establecer la figura de holding pattern
o mantenimiento de las estructuras de los grupos armados con miras
a la efectividad de futuros procesos de DDR. Como en el caso de
Colectivos del Café, existen ventajas organizativas que favorecen el
proceso de reintegración y reconciliación comunitaria. Es necesario
establecer un
equilibrio
entre
las políticas de
reintegración y las políticas de reparación de víctimas. Lo anterior,
además, implica instaurar escenarios de articulación entre ambos
procesos en la medida en que la reincorporación de excombatientes
no puede prescindir de
la
recuperación de
la
justicia
y el
reconocimiento de los derechos de las víctimas.