Upload 27 files

CCJ.txt

@@ -0,0 +1,66 @@
+Declaración oral presentada por la Comisión Colombiana de Juristas 18° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
+15 de septiembre de 2011 
+Tema 2 de la agenda: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
+sobre los derechos humanos y la justicia de transición
+Señora Presidenta y señora Alta Comisionada: Aunque las autoridades no lo reconocen, hoy hay más de diez mil paramilitares en 
+Colombia. "El paramilitarismo está vivo. (…). Aún cierto sector de las Fuerzas Armadas 
+y políticos no han roto lazos con organizaciones ilegales", dijo el ex jefe paramilitar alias 
+"Ernesto Báez". Es evidente que el proceso realizado con estos grupos no ha producido la paz, y que el 
+objetivo de alcanzar verdad, justicia y reparación para las víctimas se encuentra muy 
+lejano. Pese a casi cuatro mil cadáveres descubiertos y más de 57 mil delitos confesados, 
+hay solo tres sentencias en aplicación de la llamada ley de "justicia y paz". Luego de seis 
+años de vigencia, muchas voces proponen su reforma. La Comisión Colombiana de Juristas reitera que reducir las penas para crímenes de lesa 
+humanidad solo se explica 
+jurídicamente en aras de la paz, como lo dijo 
+la Corte 
+Constitucional. En ausencia de paz, no hay justificación para conceder estos beneficios, 
+y una reforma debería apuntar a rescatar el máximo de verdad, justicia y reparación y no 
+simplemente a descongestionar o acortar el proceso. Como lo señala el Informe que presenta la Alta Comisionada, “el número de miembros 
+desmovilizados de grupos armados ilegales procesados en virtud de la ley es muy bajo, 
+en comparación con el número de personas que podrían aportar información pertinente 
+para el establecimiento de la verdad”. Aunque 4.500 paramilitares aceptaron acogerse a 
+los beneficios de 
+la 
+ley de "justicia y paz", por haber cometido crímenes de 
+lesa 
+humanidad, más de 3.000 de ellos no han comparecido. No bastaría con reformar la ley, habría que capturar a estos prófugos y aplicarles justicia. También habría que evitar que a 
+través de la nueva ley de “justicia transicional” el Gobierno indulte de facto a la mayoría 
+de los mas de 30.000 desmovilizados que no fueron postulados a “justicia y paz”. No tiene sentido reformar la ley si no ha habido un desmantelamiento efectivo de los 
+grupos paramilitares en Colombia, lo que advierte la Alta Comisionada de Naciones 
+Unidas para los Derechos Humanos. Al negar la persistencia de estos grupos el Estado 
+desconoce la existencia de uno de los actores del conflicto armado, y las medidas que se 
+adoptan no son adecuadas para enfrentarlos. Señora Presidenta: si se resuelve lo anterior, podrían estudiarse fórmulas para agilizar los 
+procesos. Habría que garantizar la participación plena de las víctimas, hacer públicas las 
+audiencias, recuperar la participación de los paramilitares extraditados y garantizar los 
+recursos para las reparaciones, entre otros. Pero, ante todo, es urgente reconocer y 
+enfrentar verdaderamente 
+el paramilitarismo. Por 
+ello, 
+solicitamos al Consejo de 
+Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
+Humanos que continúen haciendo seguimiento cuidadoso a este tema. Muchas gracias señora Presidenta. paramilitares habían comparecido ante la Fiscalía. Posteriormente, en medios de comunicación ha dicho que esta cifra 
+es de aproximadamente 900 paramilitares. Luego del listado original de 3.650 paramilitares, que corresponde a los 
+desmovilizados colectivamente, otros paramilitares han sido 
+incluidos como postulados en 
+la 
+ley 975, como 
+desmovilizados individuales, lo que explicaría la cifra total actual de 4.5 postulados. 
+8 Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y 
+reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios 
+jurídicos y se dictan otras disposiciones”. Esta ley ofrece beneficios penales a aquellos que narren la verdad ante un 
+mecanismo no judicial de memoria histórica, pero impide el uso de esta información en los procesos judiciales contra 
+estos desmovilizados. Esto contradice abiertamente las disposiciones internacionales sobre derechos de las víctimas, las 
+decisiones de la Corte Constitucional y la recientemente aprobada ley de víctimas y restitución de tierras. 
+9 “(…) Estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de 
+capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados. Son un factor 
+activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha 
+recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en 
+acciones atribuidas a algunos de estos grupos. El país enfrenta importantes retos para consolidar el proceso de 
+desmovilización por el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales. Las estructuras, intereses y modus operandi de 
+estos grupos no son homogéneos y el uso de términos idénticos para calificarlos a veces no logra dar cuenta de su 
+gama de actividades, objetivos y alianzas. Sin embargo, independientemente de su denominación, constituyen fuente de 
+legítima preocupación porque continúan ejerciendo violencia contra 
+la población civil”. 
+Informe de 
+la Alta 
+Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

CCM.txt

@@ -0,0 +1,875 @@
+Una tarea que no da tregua Escenario del acompañamiento en la atención de las víctimas
+por minas antipersonal y munición sin explotar en Colombia Una tarea que no da tregua Una tarea que no da tregua constituye un primer paso para que nos acerquemos a la compleja realidad de las víctimas civiles
+por minas antipersonal y munición sin explotar de
+Colombia. Esta publicación fue concebida en tres partes: la primera, es un panorama general sobre el escenario de las minas en Colombia y una perspectiva
+de la Campaña Colombiana Contra Minas del problema; la segunda muestra el universo legislativo que
+hace referencia a las víctimas civiles, y la tercera,
+nos acerca a la realidad que hemos podido percibir a
+través de un trabajo cotidiano. A raíz del acompañamiento de la atención a los sobrevivientes, se hicieron evidentes las fortalezas, las dificultades y los cuellos de botella de la atención a las víctimas. Esto es un primer paso en el camino. Lo invitamos a que conozca y se involucre en este proceso, para que entre todos logremos cambiar la situación de abandono en que se encuentran los sobrevivientes y sus familias.
+En primer lugar, un país cuya población civil esté siendo severamente afectada
+por la acción de minas antipersonal –MAP- y munición sin explotar –MUSE-; Colombia es de los países más minados del mundo, el tercero en número de víctimas y el
+único en el continente americano donde cada día continúan colocándose minas.
+Además, la existencia de una contraparte experta, con la infraestructura necesaria,
+comprometida y dispuesta a colaborar; esto lo encontramos en la Campaña Colombiana Contra Minas. También hay que tener o elaborar conjuntamente un proyecto
+adecuado, útil, posible y pertinente, que cumpla con alguno de los objetivos esenciales y principios que inspiran el movimiento internacional contra las minas; este es el
+proyecto «Acompañamiento de Víctimas de MAP y MUSE en Colombia». Por último,
+algo esencial: la voluntad de instituciones públicas y/o privadas a las que Moviment
+per la Pau pueda dirigirse para solicitar el respaldo financiero para llevar a cabo la
+ejecución del proyecto elaborado en colaboración con la contraparte escogida en el
+país afectado; esto lo hemos encontrado en Cataluña (en la Fundación La Caixa, en
+el Gobierno de Cataluña, en la Alcaldía de Barcelona), hasta el momento.
+La sensibilidad de Cataluña hacia Colombia es clara y rotunda; la existencia de la
+Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia (Mesa Catalana por la Paz
+y los Derechos Humanos en Colombia) así lo demuestra. Esta experiencia de la unión
+del gobierno, alcaldías, ONG, sindicatos, universidades de un país, para invertir su
+conocimiento, voluntad de apoyo, dinero, etc. en la construcción de la paz en un país
+determinado, es única y está dando resultados. Esta iniciativa, ejemplo de la unión de
+intereses y naturalezas distintas que buscan y encuentran puntos en común para
+trabajar conjuntamente a pesar de las diferencias, es también una respuesta a por qué
+Moviment per la Pau escogió a Colombia para ejecutar proyectos de cooperación. Y, de momento, vamos a continuar. Maria Josep Parés
+Responsable de Moviment per la Pau  Cuando iniciamos las actividades como Campaña Colombiana Contra Minas –CCCMen Colombia, la mayor preocupación que teníamos
+eran las víctimas de esta arma. Siete años después la
+preocupación es mayor. No sólo porque el país está
+alcanzando el promedio de tres víctimas de minas
+por día, en lo que va corrido del 2005, sino especialmente porque los esfuerzos, las leyes y las capacitaciones a los funcionarios del sector de la salud, entre
+otras, no mejoran la calidad de vida de las víctimas,
+de sus familias ni de las comunidades afectadas tan
+rápida y efectivamente como debe ser.
+Hemos observado que esto sucede en todas las
+latitudes, hemos constatado que las víctimas reciben
+el menor recurso de inversión en la acción contra minas a nivel mundial. Como en otras regiones del mundo, en Colombia hay cooperación internacional que
+suple lo que debería hacer el Estado en esta materia.
+Resaltamos que en Colombia los centros de atención
+existentes derivan sus recursos y desarrollo tecnológico, mayoritariamente, de la cooperación internacional
+y de la fuente privada. Esto debe ser superado.
+La CCCM, durante el período 2004-2005 ha
+adelantado un programa de acompañamiento a la
+atención de las víctimas por acuerdo de cooperación con la ONG catalana Moviment per la Pau. Esta
+publicación fue realizada para llamar la atención,
+para que el lector sea un funcionario del Estado o de
+un organismo de cooperación, de una organización
+no gubernamental o un empresario, un ciudadano o
+un sobreviviente, recuerde siempre que la prioridad
+son las personas. Si las víctimas de minas antipersonal y munición sin
+explotar no son privilegiadas en la atención y en la
+inversión de recursos por parte de los Estados, cualquier esfuerzo que se haga para poner fin a las minas
+será incompleto. La solidaridad entre los grupos de la
+sociedad es la mayor fortaleza con la que cuentan las
+víctimas para enfrentar su condición. Por esta razón,
+planteamos que los Estados tienen un saldo en rojo
+en este problema. El Estado colombiano no escapa a
+esta condición deficitaria. A pesar de los esfuerzos
+las víctimas civiles tienen un alto nivel de desprotección, que no debe quedarse sólo en la explicación.
+Convocamos a que los superemos.
+La sociedad debe presionar a la institucionalidad
+pública para que cumpla con sus responsabilidades,
+las víctimas deben capacitarse, organizarse y ejercer
+roles de liderazgo para defender sus derechos. Los
+funcionarios del Estado deben comprometerse a
+cumplir y a mejorar las leyes y deben tomar conciencia que las decisiones que toman afectan en la
+construcción de un país.
+No queremos ver más víctimas en Colombia mendigando. No queremos más víctimas sin atención psicológica. Valoramos altamente la acción voluntaria de
+personajes públicos en la recaudación de recursos para
+las víctimas, pero reclamamos como expresa la Ley,
+que el Estado asuma la responsabilidad que tiene con
+las víctimas. Esta publicación es para expresar este
+debate. Queremos ciudadanos sujetos de derecho. Álvaro Jiménez Millán
+Coordinador Nacional de la
+Campaña Colombiana Contra Minas  Capítulo I. El Escenario El Escenario «Yo lo único que le pido a los actores armados
+es que no se metan con la gente civil, que respeten los derechos
+humanos, que nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto
+armado, que respeten la vida de las demás personas». Jhon Jairo, 23 años, Cauca ¿Cuál es la situación de las minas antipersonal
+en Colombia? COLOMBIA ES UN PAÍS QUE ha estado involucrado
+en un conflicto armado interno desde hace más de 45
+años. A través de los años este conflicto ha traído
+consecuencias devastadoras para el desarrollo del
+país, una de estas es la siembra de minas antipersonal –MAP1- y la existencia de munición sin explotar
+–MUSE2- en el territorio nacional. Este conflicto ha
+implicado que las guerrillas y las fuerzas paramilitares –especialmente, en los últimos cinco años- y las
+Fuerzas Armadas colombianas3 –en su momentohayan aumentado en forma considerable el uso de
+minas, ya que esta arma indiscriminada es considerada como «el soldado perfecto».
+En 1997 Colombia dio un paso al firmar y comprometerse con el Tratado para la prohibición del uso,
+producción, transferencia y almacenamiento de minas
+antipersonal, comúnmente llamado Convención de Ottawa. Colombia lo firmó el 3 de diciembre de 1997,
+lo ratificó el 6 de septiembre de 2000 y entró en
+vigencia el 1 de marzo de 2001. Aunque Colombia es
+un Estado Parte y ha iniciado el proceso de desarrollo
+e implementación de las estrategias de la Convención
+de Ottawa, otros actores del conflicto, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-,
+el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, el Ejército
+Popular de Liberación –EPL- y diversos grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia
+–AUC- continúan usando constantemente minas antipersonal y artefactos explosivos similares, poniendo a
+la población civil en un continuo riesgo.
+El problema de las minas en Colombia es serio,
+Colombia es el único país de América Latina donde
+diariamente se siguen sembrando minas; más de 540
+municipios de los 1.119 y 31 de los 32 departamentos que hay en Colombia se han visto afectados
+por la presencia de las minas. Al finalizar el 2005
+hubo un promedio de tres víctimas diarias.
+LAS MINAS ANTIPERSONAL Y LA munición sin explotar
+no dan ninguna tregua en Colombia. En la actualidad,
+cada día, más de dos personas sufren accidentes
+por estas armas que contaminan 31 de los 32 departamentos del país.
+Según las cifras oficiales del Observatorio de
+Minas de la Vicepresidencia de la República, autoridad
+nacional encargada de articular las políticas en materia de la lucha contra las minas y de sistematizar la
+información.4 A primero de octubre de 2005, el número de víctimas totales registradas a partir del año
+1990 –año en que comenzó el registro de estos eventos- ascendió a 4163, esta cifra revela el gran número de víctimas por MAP y MUSE. De acuerdo con el
+Informe Monitor de Minas, el cual hace seguimiento
+al problema de las MAP y reporta el progreso de los
+Estados que han firmado el Tratado para su prohibición, Colombia hace parte de los países en el mundo
+con mayor número de víctimas, junto con países como
+Afganistán, Angola, Camboya e Irak.
+La presencia de MAP y MUSE en el territorio colombiano constituye sin duda una de las formas de contaminación más perversa, asesina y duradera que se haya
+conocido. En efecto, las personas son sus principales
+víctimas, puesto que estas armas tienen la característica de actuar de manera indiscriminada, porque
+son activadas por las propias víctimas. Sus efectos
+son duraderos, las MAP y las MUSE mantienen su
+capacidad de matar y mutilar a las personas hasta
+que no hayan sido removidas o desactivadas. Por
+esta razón, las Naciones Unidas estiman que una
+MAP o MUSE es diez veces más susceptible de matar
+y mutilar a un civil después de un conflicto que a
+un combatiente regular o irregular durante los combates. Lo cual hace pensar que el trabajo en contra
+de las MAP y la MUSE en Colombia, hasta ahora,
+está comenzando y requerirá de muchos esfuerzos para
+lograr la atención adecuada e integral de las víctimas
+de estas armas, así como la prevención de estos accidentes en las comunidades que presentan un riesgo.
+Diferentes actividades relacionadas con la acción
+contra minas son llevadas a cabo a nivel nacional y
+local por parte de gobierno, la Campaña Colombiana
+Contra Minas –CCCM- y otras organizaciones. Paralelamente, existen diversas organizaciones internacionales y nacionales trabajando a nivel local y nacional
+en la defensa y el respeto del Derecho Internacional
+Humanitario y los Derechos Humanos por parte de
+todos los actores del conflicto. La CCCM trabaja bajo
+el espíritu de la Convención de Ottawa y con la seguridad de que para proceder en una campaña en contra
+de las minas antipersonal, ésta tiene que ser trabajada
+con y por los actores y las víctimas del conflicto. 
+Durante el periodo del 30 de septiembre de 2004 y el
+1 de octubre de 2005, 681 colombianos(as) sufrieron un accidente por MAP y MUSE de los cuales 193
+fueron civiles, es decir el 28.3% del total de las víctimas. En el total de las víctimas registradas hasta la
+fecha por las fuentes oficiales, el porcentaje de hombres adultos representa un 73.05% y el de los menores de edad un 26.94%, contrario a las cifras divulgadas en los medios de comunicación. Es importante
+recalcar que las MAP y las MUSE son armas que mutilan a sus víctimas: el 75% de ellas quedan heridas. Si se comparan las cifras oficiales acumuladas entre
+el primero de octubre de 2004 y el primero de octubre
+de 2005, los resultados son preocupantes para el futuro del país. Durante este período, el número de víctimas por departamentos se ha incrementado en casi
+todos los casos. Sin embargo, las diferencias de variaciones porcentuales anuales presentadas a continuación en el cuadro y en ambas gráficas reflejan la situación que se vive en cada departamento en términos de la
+dinámica del conflicto, del uso de las minas por parte de
+los actores armados no estatales -ANE- como estrategia
+de guerra, de la presencia de combates y de enfrentamientos continuos.
+Por un lado, es importante resaltar la situación
+del departamento de Antioquia que concentra el
+26,78% de las víctimas de todo el país con una cifra
+de 1.115 y cuya tendencia al alza no parece cambiar.
+De acuerdo con la siguiente tabla es preocupante
+observar que la mayor concentración en accidentes
+durante este periodo de tiempo corresponde a los departamentos de Antioquia, con un incremento de 393
+víctimas, para un promedio de 1.08 por día y Meta
+con un incremento de 142 víctimas para un promedio de 0.39 por día, en los demás departamentos, aunque es importante el incremento no es de tanto impacto como en estas dos regiones del país.
+De acuerdo con las cifras publicadas por el Observatorio de Minas, durante el periodo de 1990 a
+1999 el total de las víctimas civiles fue de 290, sin
+embargo, desde el 2000 hasta el 2005 las víctimas
+fueron de 1193, para un total de 1483 víctimas civiles en este periodo de tiempo, de acuerdo con lo anterior se percibe un incremento alarmante de víctimas 
+EL ESTADO COLOMBIANO AL RATIFICAR la Convención de Ottawa en el año 2001 reafirmó su compromiso
+ante la comunidad internacional para ponerle término
+al uso, a la producción, empleo, comercialización y
+transferencia de estas armas. De igual manera, se
+comprometió a destruir sus existencias, a entablar
+acciones que permitan erradicarlas de su territorio y a
+prestarle una asistencia integral a las víctimas de estas armas proscritas. Para cumplir con este objetivo,
+Colombia cuenta con un marco legal.
+En Colombia, las víctimas civiles de MAP y MUSE
+son cobijadas por la Ley 418 de 1997 que estipula
+los derechos de las víctimas del conflicto armado, dentro de las cuales se incluyen las víctimas de MAP y
+MUSE. Aunque la Ley presenta algunas carencias, como
+que los derechos de las personas prescriben porque
+hay un plazo de un año después del momento del
+accidente o que no se contemplan todas las prótesis
+requeridas a lo largo de su vida, integra los diferentes
+componentes de una atención de tipo integral. Según la
+Ley, las víctimas de MAP y MUSE tienen cubiertos los
+primeros auxilios, la atención médica hospitalaria, la
+rehabilitación física (provisión de prótesis y órtesis) y la
+atención psicológica. También pueden beneficiarse de
+ayudas educativas, facilidades de crédito, subsidios para
+vivienda, capacitación y reinserción socio profesional. civiles durante los últimos años (2000-2005). Pues
+pasó de 29 víctimas promedio por año en el lapso de
+1990 a 1999 a 198.8 víctimas promedio por año en
+el periodo de 2000 a 2005. El mismo comportamiento se ha observado en las víctimas militares que pasó
+de 53.6 en el periodo de 1990 a 1999 a 349.16 del
+año 2000 a 2005. Aunque las estadísticas generales muestran que
+los militares son, mayoritariamente, los más afectados por estas armas proscritas, si damos una mirada
+en una escala local, podemos observar que en los
+municipios donde se presenta un mayor índice de accidentalidad, en todo el territorio nacional, se ve como
+característica particular que en la mayoría de los casos la  población civil es la más afectada. Para entender esta afirmación, los reportes oficiales muestran que, por ejemplo, en Cocorná, situado en
+el oriente antioqueño, el número de víctimas civiles
+asciende a 38 mientras que el número de víctimas
+militares llega a 30. De la misma manera, en Argelia
+se tiene registro de 32 civiles y 26 militares, en Granada 23 civiles y 22 militares, en San Francisco 47 civiles y 41 militares, etc. En Santander en el municipio de
+El Carmen hay un registro de 17 civiles y 12 militares,
+en Sabana de Torres de 15 civiles y 4 militares y en
+San Vicente de Chucurí de 15 civiles y 12 militares.
+Todos estos datos demuestran la magnitud del
+problema de las minas en Colombia. Las perspectivas
+futuras no son alentadoras y requieren de un mayor
+esfuerzo y de un mayor compromiso por parte de las
+entidades encargadas de llevar a cabo la política
+pública en el país. «Él piensa que porque quedó sin su pie yo ya no lo voy a querer.» La esposa de José, 23 años, Antioquia 
+Papel de la CCCM
+en la atención de las víctimas de MAP y MUSE LA CCCM HA CONVERTIDO LA atención integral de las
+víctimas por MAP y MUSE en uno de sus ejes principales de acción, con el objetivo de facilitarle a los
+sobrevivientes el acceso a la atención, ya que las personas afectadas, en un alto porcentaje de los casos,
+no poseen los recursos para el traslado hasta los centros de salud y rehabilitación, ni para realizarse los
+exámenes médicos o pagar el alojamiento durante el
+proceso de atención. Todos estos aspectos no son
+contemplados por la normatividad existente.
+La CCCM no busca sustituir al Estado colombiano
+y mucho menos sustraerlo de sus responsabilidades
+adquiridas frente a sus ciudadanos y ante la comunidad internacional, al contrario, busca ejercer presión ante
+él para que se generen los cambios necesarios en sus
+políticas y que algunos aspectos sean contemplados
+para la toma de decisiones.
+Para entender con claridad el papel de la Campaña
+Colombiana Contra Minas en la atención a las víctimas,
+es importante hacer la siguiente anotación, la CCCM
+no es una organización médica, no brinda los primeros
+auxilios, ni la atención hospitalaria ni mucho menos
+la rehabilitación física (provisión de prótesis y órtesis)
+o la rehabilitación psicológica. En Colombia existen instituciones especializadas y competentes para realizar
+estas acciones y ellas pueden cumplir con sus responsabilidades respectivas en la atención integral de las
+víctimas de MAP y MUSE.
+Por consiguiente, el papel de la CCCM consiste
+en generar los mecanismos y las dinámicas entre las
+entidades competentes para que las víctimas de MAP
+y MUSE tengan el acceso efectivo a una atención
+entendida como integral. En ese sentido, la CCCM se constituye como un enlace entre las víctimas, las
+instituciones de salud, los centros de rehabilitación,
+las autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales propiciando que la Ley 418 de 1997 se
+cumpla a cabalidad. Adicionalmente, la CCCM brinda
+apoyo a las víctimas civiles de MAP y MUSE y a sus
+familiares en el proceso de reclamación de sus derechos (ayudas humanitarias e indemnizaciones por los
+daños y los perjuicios causados por el accidente), ofreciendo una orientación acerca de sus derechos y un
+acompañamiento para realizar los trámites legales.
+A raíz de las acciones locales de sensibilización
+que ha venido desarrollando la CCCM en los municipios contaminados por estas armas, los coordinadores departamentales han podido percibir la dramática
+situación de los sobrevivientes y de sus familias y
+visibilizarla. Para contrarrestarla, la CCCM suscribió
+un acuerdo de cooperación con Moviment per la Pau
+–MxP-, organización no gubernamental de Cataluña,
+que ha buscado el apoyo de la Fundación la Caixa,
+la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para cubrir los gastos de transporte, alimentación y hospedaje de 150 sobrevivientes y de sus
+acompañantes durante el tiempo que dure su proceso de rehabilitación inicial. Más de la mitad de los
+sobrevivientes beneficiados provienen de Antioquia,
+departamento con el mayor registro de accidentes y
+de víctimas de Colombia. También la CCCM y MxP
+vienen realizando el acompañamiento de víctimas
+en los departamentos de Cauca, sur de Bolívar, Nariño, Santander, Caquetá, Antioquia, Caldas, Norte
+de Santander, Meta y Cesar.
+El acompañamiento en la atención de las víctimas tiene como propósito principal lograr que las
+víctimas por MAP y MUSE puedan acceder a una
+rehabilitación física y psicológica como parte de la
+atención integral a la cual tienen derecho por ley y a
+la que no habían podido acceder. Esas víctimas son acompañadas por un familiar o un amigo que les brinda
+su apoyo durante todo el tiempo de su estadía y rehabilitación. Paralelamente, se busca fortalecer la relación
+entre las víctimas y su entorno para que sean ellos los
+que en un futuro lideren la exigencia del cumplimiento
+de sus derechos.
+Es importante reconocer que la CCCM, a través
+de sus coordinadores regionales, se hace cada vez
+más presente en el momento en que la víctima llega
+al hospital, después del accidente. El coordinador de
+la CCCM ofrece todo su apoyo a las víctimas y a su
+familias para que sus derechos no sean vulnerados,
+informándolos de éstos. Un ejemplo de esto es el
+caso de los tres niños en el Caquetá; ellos sufrieron
+un accidente con una mina en Cartagena del Chairá
+y cuando llegaron al Hospital de Florencia para que
+los atendieran, el coordinador de la CCCM estuvo
+ahí prestándoles toda la asesoría a los padres y articulando el apoyo con otras organizaciones, como
+el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR-. El acompañamiento es una necesidad urgente La gran mayoría de las víctimas civiles por MAP y
+MUSE en Colombia son campesinos de escasos recursos, con poco nivel de educación o analfabetas.
+Ellos viven en las zonas rurales del país, en las regiones
+alejadas de los centros urbanos de difícil acceso y que
+presentan problemas de orden público como combates, retenes, paros armados e influencia de los actores
+armados, entre otros. Al sufrir un accidente por una
+MAP o una MUSE, los civiles, a diferencia de los militares, tienen que conseguirse los medios para llegar con
+vida al primer centro de salud y luego ser remitidos a un
+hospital que cuenta con un mayor nivel de atención y
+que les puede ofrecer los tratamientos hospitalarios
+necesarios. Por lo general, la atención que se le brinda
+a una víctima civil por MAP y MUSE termina en este
+punto, rompiendo la cadena de la atención entendida como integral. Cuando una víctima sale sin una remisión para un centro de rehabilitación para que continúe
+con su tratamiento, se pierde la posibilidad de seguimiento, ya que la persona regresa a su municipio sin
+contar con los recursos para poder volver a acceder en
+el futuro a los tratamientos médicos brindados que en
+su mayoría están en los centros urbanos. En efecto, la
+Ley 418 de 1997 no contempla este aspecto fundamental para que las víctimas civiles puedan continuar
+con su tratamiento, teniendo un acceso efectivo a la
+rehabilitación física y psicológica. Esta situación se
+traduce en un estado generalizado de abandono de
+los sobrevivientes de accidentes por MAP y MUSE.
+Los coordinadores departamentales de la CCCM
+se encargan de identificar a los sobrevivientes, localizarlos y asegurarse de que tengan su documento de
+identidad, su historia clínica y el certificado del alcalde que asegura su condición de víctima por MAP o
+MUSE. Estos tres requisitos permiten su remisión a
+un centro de rehabilitación, en coordinación con la
+oficina nacional de la CCCM.
+Por otro lado, la CCCM realiza un acompañamiento a las víctimas y a sus acompañantes durante el
+proceso de rehabilitación, asegurándose de que sus derechos en la etapa de atención de urgencia se cumplan
+y que tengan el beneficio de una atención adecuada y
+de calidad. Igualmente, informa a las víctimas y a sus
+familias sobre los derechos que tienen y les brinda una
+orientación para efectuar los trámites de reclamación.
+Es clave entender que el papel de la CCCM es acompañar a los sobrevivientes en el proceso, por esta
+razón, no hace tutelas ni presenta demandas.
+Toda acción frente a la problemática de las víctimas por MAP y MUSE tiene una razón de ser si es
+articulada con las autoridades competentes, desde
+el nivel local hasta el nivel nacional e internacional.
+En ese sentido, la CCCM trabaja buscando la articulación y el compromiso de los personeros, los alcaldes, las instituciones de salud, la gobernación, los comités
+de acción contra minas, la Defensoría del Pueblo,
+Acción Social –mejor conocida como Red de Solidaridad Social RSS-, el Instituto Colombiano de Bienestar
+Familiar –ICBF-, el Servicio Nacional de Aprendizaje
+–SENA-, etc. para que cumplan con las responsabilidades que les competen y para encaminar acciones y
+dinámicas que conlleven la sostenibilidad de la atención
+de las víctimas. (Remitirse al glosario al final de la publicación para mayor información sobre las entidades). La clave es el trabajo articulado Desde octubre de 2004 hasta noviembre de 2005 se
+han visto beneficiadas directamente por el proyecto
+de acompañamiento, realizado entre MxP y la CCCM,
+105 víctimas civiles por MAP y MUSE, sin contar sus
+acompañantes y familiares.
+El trabajo que viene realizando desde hace cuatro
+años la CCCM en Antioquia, la Corporación Paz y
+Democracia,6 a través de los facilitadores municipales, permite una efectiva localización y un contacto
+permanente con las víctimas de accidentes de años
+anteriores y sus familiares. Muchas de las víctimas
+buscan directamente al facilitador, lo cual demuestra
+la importancia de un interlocutor visible a nivel municipal para el tema de las MAP y la MUSE. Cabe
+anotar que otros sobrevivientes fueron contactados
+a través de víctimas que se habían beneficiado del
+acompañamiento que ofrece la CCCM y que conocían casos que ameritaban ayuda.
+En el departamento del Cauca, el papel de la
+CCCM en la ubicación de los sobrevivientes por MAP
+y MUSE es fundamental. En los demás departamentos el trabajo se hace a través de la interlocución de
+los coordinadores de la CCCM con los personeros,
+los alcaldes, los centros de salud y las organizaciones sociales, entre otros. Es importante resaltar que
+otras víctimas han sido remitidas a la Campaña Colombiana Contra Minas por organizaciones no gubernamentales como Médicos sin Fronteras o instituciones como el Hospital Universitario del Valle. La articulación con los centros de
+rehabilitación y otras organizaciones La CCCM trabaja con varios centros de rehabilitación en
+tres de las principales ciudades del país, estos centros
+son los que hacen posible la rehabilitación de los sobrevivientes. Sin embargo, está interesada en ampliar los
+convenios de trabajo con otros centros de rehabilitación
+que existen en el país y contribuir con acciones específicas para el fortalecimiento de los centros de atención
+regionales. Este esfuerzo se puede ver claramente en
+el caso del Hospital Universitario del Valle, donde
+éste contará con un departamento de rehabilitación
+habilitado, gracias a la cooperación del gobierno del 6 Organización que integra la CCCM en Antioquia
+Paralelo a esto, la CCCM mantiene una permanente
+interlocución con el gobierno nacional, a través del
+Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la
+República, informándole el estado de las acciones llevadas a cabo, evidenciando las dificultades que se
+presentan en lo cotidiano y presionando para que se
+tomen las medidas necesarias para que se cumpla de
+manera efectiva la atención integral de las víctimas. Después de su accidente, quedó en
+sillas de ruedas. Su familia vive de la
+caridad de las personas. Para él es
+muy difícil y lo afecta bastante. Perdió
+varias citas médicas en la ciudad de
+Medellín por falta de pasajes, esto ha
+generado que su recuperación sea
+más larga, sólo desea recuperarse lo
+más pronto posible y comenzar a
+trabajar. Varios de sus hijos sufren de
+anemia por falta de alimentación,
+tiene cinco hijos menores de 13 años. Lorena Patiño (encargada del programa en Antioquia hasta el
+2005), acerca de Luis Alfonso de 39 años en Antioquia. Japón –este objetivo se logró con la participación conjunta de la CCCM y el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República-. La meta para los próximos años es entonces el fortalecimiento de los centros
+de rehabilitación regionales para lograr una atención a
+las víctimas más cercana a sus domicilios.
+Las víctimas de Antioquia y Córdoba son remitidas al Hospital San Vicente de Paúl en Medellín que, a
+través del laboratorio Ortopraxis y el Comité Regional
+de Rehabilitación de Antioquia, les brinda las prótesis
+y les asegura la rehabilitación física. El Hospital General de Medellín y el Hospital Pablo Tobón Uribe
+también atienden víctimas por MAP y MUSE. Las
+víctimas del sur de Bolívar, Cesar y Santander son
+remitidas, por lo general, al Hospital Universitario
+de Santander y al Hogar Jesús de Nazareth en Bucaramanga. Las víctimas del Cauca, Putumayo, Meta,
+Nariño y Caquetá son remitidas a Bogotá al Instituto
+de Ortopedia Infantil Roosevelt y al Centro Integral de
+Rehabilitación de Colombia –CIREC-, dependiendo del
+grado de las lesiones sufridas y de la complejidad de
+los tratamientos requeridos. El Instituto de Ortopedia
+Infantil Roosevelt cuenta con un servicio de cirugías
+y hospitalización, así como con un convenio con la
+Fundación Oftalmológica Nacional FUNDONAL para
+la realización de prótesis oculares, transplantes de
+córnea y cirugías especializadas.
+La CCCM también busca establecer convenios
+con otras organizaciones e instituciones que apoyan
+otros componentes de la atención integral, como por
+ejemplo, el apoyo y el  seguimiento psicológico de la
+víctima y su familia, la capacitación de los sobrevivientes y la elaboración de proyectos productivos
+para la reinserción socio profesional. 
+ El universo
+legislativo de
+las víctimas de
+MAP y MUSE 21 El universo legislativo de
+las víctimas de MAP y MUSE A raíz del accidente, sus oídos quedaron gravemente afectados.
+«En estos momentos yo no puedo hacer nada, perdí mi equilibrio;
+esto no me deja quedarme de pie por mucho tiempo… A mi lo que
+me gustan son las fincas, toda mi vida la he dedicado al campo, sólo
+en el campo puedo ser feliz, pero ya no puedo trabajar como antes» Francisco, 53 años, Antioquia Siempre nos imaginamos que las víctimas de minas sufren amputación de sus
+miembros inferiores. Por lo general, es así, son pocas
+las víctimas de estos accidentes que no sufren una
+amputación de alguno de sus miembros. Sin embargo,
+no podemos olvidar que las MAP y la MUSE también
+dejan esquirlas en el cuerpo, amputación de miembros
+superiores, lesiones internas que no se ven, pero que hay
+que tratar, además de las lesiones en la piel, los ojos, la
+audición y el trauma psicológico que son poco visibles y
+tenidos en cuenta y que por lo general ameritan un tratamiento complejo y especializado, difícil de acceder
+dentro del sistema de salud colombiano. Las heridas causadas por las MAP y la MUSE son
+complejas y requieren de cuidados y tratamientos adecuados puesto que afectan varios órganos a la vez. A
+causa de la explosión, todos los componentes de fabricación de estas armas se incrustan en distintas
+partes del cuerpo: piernas, órganos genitales, tronco,
+brazos, orejas, cara, ojos. Así que los pedazos de
+plástico, metal, barro y estiércol –según relatan las
+víctimas- se mezclan con los fragmentos óseos, tejidos blandos del miembro y la ropa causando la
+amputación del mismo y quemaduras. La gravedad
+de las heridas depende de las características de los
+artefactos y del modo de activación, así como de
+la edad de la víctima y su estatura. Por lo general,
+se requieren unos tratamientos costosos y continuos, ya que ese tipo de lesiones marcan de por
+vida a la persona que las ha sufrido.
+Es necesario que todos los colombianos(as)
+sepamos que las víctimas por MAP y MUSE tienen
+derechos. Derechos que deben ser cumplidos. 22 ¿Cuáles son los derechos
+de las víctimas civiles de MAP y MUSE según la Ley? LAS VÍCTIMAS CIVILES DE accidentes por MAP y MUSE
+en Colombia pertenecen al grupo de víctimas del conflicto armado interno. El Estado colombiano ha establecido una serie de beneficios descritos en la Ley 418
+de 1997 donde estipula que: «En el desarrollo del principio de solidaridad social y
+dado el daño especial sufrido por las víctimas, estas
+recibirán asistencia humanitaria, entendida por tal
+la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que
+hayan sido menoscabados por los actos enunciados
+en el artículo 15.» A continuación presentamos de manera clara y resumida los diferentes derechos que tienen las víctimas
+de MAP y MUSE según la ley colombiana. A. ASISTENCIA EN MATERIA DE SALUD. Las víctimas por MAP y MUSE tienen derecho,
+ante todo, a una asistencia en materia de salud.
+Entendida como la atención médica, quirúrgica y
+hospitalaria gratuita e inmediata, es decir, que las
+instituciones hospitalarias públicas y privadas
+del país que presten servicios de salud tienen la
+obligación de atender de manera inmediata y oportuna a las víctimas que lo requieran, sin evaluar su capacidad económica y sin exigir una
+condición previa para su admisión.
+Cuando una institución médica no tiene la capacidad ni los medios necesarios para atender a las
+víctimas por MAP y MUSE de manera adecuada y
+oportuna, deben remitir al paciente a un hospital
+de mayor nivel que tenga los medios suficientes para
+garantizar la prestación de un servicio adecuado.
+Las víctimas tienen derecho a recibir de manera gratuita los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria que consisten en la
+hospitalización, el material médico-quirúrgico de
+osteosíntesis y órtesis, conforme con los criterios
+técnicos que fije el Ministerio de Protección Social. También están incluidos los medicamentos,
+los honorarios médicos y los servicios de apoyo
+como los bancos de sangre, los laboratorios, las
+imágenes diagnósticas, el transporte, los servicios de rehabilitación física por el tiempo que sea
+necesario y los servicios de rehabilitación mental
+conforme a los criterios técnicos fijados por el
+Ministerio de la Protección Social.
+El reconocimiento y pago de estos servicios
+médicos, quirúrgicos, hospitalarios y de rehabilitación física y mental se hacen por conducto
+del Ministerio de la Protección Social con cargo
+a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema de Seguridad Social en Salud
+–FOSYGA-11. No tiene un costo límite. 7 Artículo 15. de la Ley 418 de 1997 en su título II: Atención a las víctimas de hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto
+armado interno: «toda persona de la población civil que sufre perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes,
+por razón del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros, es considerada
+como víctima del conflicto armado interno»
+Las víctimas de MAP/MUSE y sus familias pueden beneficiarse de las asistencias humanitarias brindadas por Acción Social –conocida
+como la Red de Solidaridad Social-, la Red es
+una entidad pública nacional que tiene como
+mandato prestar asistencia humanitaria a las
+víctimas del conflicto armado interno, siempre
+y cuando la solicitud por parte de la víctima de
+MAP/MUSE o de su familia sea realizada dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.
+Acción Social reconoce una asistencia humanitaria por incapacidad permanente (según
+el grado de incapacidad) y por muerte de
+un valor máximo de 42.29 salarios mínimos
+mensuales legales vigentes. También contempla una ayuda humanitaria de emergencia
+y por heridas leves sin incapacidad de un valor
+máximo de dos salarios mínimos mensuales
+legales vigentes. C. ASISTENCIA EDUCATIVA Los menores de edad víctimas de MAP/MUSE
+tienen derecho al cupo y a estudiar sin pago de
+matrícula y pensiones en las instituciones públicas de primaria y secundaria, y algunas veces en instituciones privadas, si éstas así lo
+conciertan con el gobierno. Acción Social certifica a los directores de las instituciones educativas
+para que los niños y niñas víctimas de MAP y
+MUSE sean eximidos del pago de matrícula y
+pensiones únicamente durante un año. Los sobrevivientes de MAP /MUSE pueden acceder a créditos solidarios para financiar la reposición, reparación de vehículos, maquinaria, equipo, equipamiento, muebles, enseres, capital de
+trabajo e inmuebles destinados a locales comerciales. Cualquier entidad financiera está obligada a
+tramitar el crédito. Acción Social emite una certificación respaldando el crédito si el sobreviviente no
+tiene las garantías suficientes. E. PROTECCIÓN PARA LOS NIÑOS
+Y NIÑAS VÍCTIMAS DE MAP Y MUSE El ICBF tiene la obligación de brindar protección
+a los menores que han sufrido un accidente por
+MAP o MUSE, siendo éstos víctimas del conflicto
+armado y de la violencia política mediante las diferentes formas de atención existentes: colocación
+familiar temporal, hogar transitorio durante 30 días,
+protección en centros especializados para la niñez
+vinculada al conflicto armado, seminternado (8 horas al día), externado (4 horas al día) y por último
+a través de la gestión contratada con apoyo psicológico y orientación familiar (12 encuentros al mes). ...El hermanito le dijo a Verónica que
+corrieran rápido para la casa. Ella le
+respondió: «Hermanito, no puedo porque se me quedó el piecito...». Perdió
+su pierna derecha abajo de la rodilla. Verónica, 11 años, Antioquia El SENA es la entidad pública de cobertura nacional encargada de capacitar en una especialidad
+técnica a los colombianos(as) para facilitar su vinculación laboral. En ese orden de ideas, los sobrevivientes de MAP y MUSE pueden acceder a las
+capacitaciones y a los centros de información para
+el empleo, ubicados en todo el territorio nacional. G. SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Los sobrevivientes de MAP y MUSE y sus familias
+pueden acceder a los subsidios de vivienda de interés social prestados por el Ministerio del Medio
+Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al ser
+parte de la población más vulnerable de este país. H. PENSIÓN MÍNIMA LEGAL VIGENTE Los sobrevivientes de MAP y MUSE que sufrieron
+una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral
+tienen derecho a una pensión mínima legal vigente
+cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional. I. INDEMNIZACIONES FIDUFOSYGA reconoce dos tipos de indemnización: 1) por incapacidad permanente (en función
+del porcentaje de incapacidad establecido por la
+Junta Regional de Calificación de Invalidez) de un
+valor máximo de 180 salarios mínimos diarios
+legales vigentes y, 2) por muerte de un valor
+máximo de 600 salarios mínimos diarios legales
+vigentes. La solicitud debe ser realizada dentro de
+los 6 meses siguientes a la ocurrencia del hecho. El FOSYGA también reconoce un subsidio de
+transporte para el traslado a un centro de atención en salud hasta por 10 salarios mínimos
+diarios legales vigentes. Puede ser cobrado por
+la institución de salud o por la persona particular
+que prestó el servicio. Cuando la persona muere
+se le reconoce a la familia el costo que implica el
+funeral de la víctima hasta por 150 salarios
+mínimos diarios legales vigentes. Para tener una
+imagen clara de los derechos mencionados, recomendamos al lector referirse a los cuadros
+gráficos al final de la publicación. Para concluir, es importante aclarar, que el universo
+legislativo que cobija a las víctimas de MAP y MUSE,
+es claro y abarca varios aspectos, sin embargo, estos
+derechos no se cumplen en su mayoría. Ya que las
+condiciones para acceder a ellos no son fáciles para
+los sobrevivientes. Por ejemplo, la reclamación de las
+ayudas humanitarias que proporciona la Red de Solidaridad Social y las indemnizaciones otorgadas por el
+FOSYGA constituyen un derecho fundamental de las
+víctimas civiles; no obstante, la falta de conocimiento
+por parte de las víctimas y la falta de información de
+muchas autoridades locales, regionales y de las instituciones de salud a diferentes niveles, llevan a que ese
+derecho no sea ejercido plenamente y prescriba. 
+La esposa de Manuel  lo abandonó después de su accidente, él no se
+atreve a llamarla porque sabe que se encuentra pasando
+muchas necesidades con su hija.  Si él confirma esto, se podría poner más mal por saber que tampoco le puede ayudar. Manuel, 42 años, Montería Haciendo visible lo cotidiano
+PARA LAS PERSONAS QUE CONOCEN la problemática y que trabajan este componente de la atención de las
+víctimas por MAP y MUSE en Colombia, lo que viene
+a continuación no constituye una gran novedad. Sin
+embargo, resalta elementos que durante el ejercicio
+cotidiano del acompañamiento a la atención de las
+víctimas han sido vividos y comprobados por los
+coordinadores de la CCCM y por los mismos sobrevivientes. Además, se presentan algunos casos emblemáticos que revelan la dimensión del problema y de
+las violaciones a su derecho de recibir una atención
+integral. Los casos presentados a continuación son
+representativos y simbólicos, pero no constituyen la
+totalidad de los testimonios y relatos que conoce
+MxP y la CCCM a raíz del ejercicio del acompañamiento a los sobrevivientes. NO SE EFECTÚAN LAS REMISIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ATENCIÓN POST-HOSPITALARIA. La atención de emergencia para las víctimas civiles de accidentes por MAP o MUSE está cubierta
+en gran parte por las instituciones de salud. No
+obstante, las remisiones a los centros de salud
+especializados para la parte post-hospitalaria no
+son efectuadas de manera automática, ni de
+acuerdo a las responsabilidades establecidas por
+la Ley 418 de 1997, lo que se traduce en que
+las víctimas de MAP y MUSE no tienen acceso a
+una rehabilitación entendida como integral. MUCHOS FUNCIONARIOS DE LAS
+INSTITUCIONES DE SALUD DESCONOCEN
+LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS POR MAP
+Y MUSE Y SUS RESPONSABILIDADES. A pesar de todo el trabajo de sensibilización,
+información y capacitación, todavía muchos
+centros e instituciones de salud le cobran a las
+víctimas la atención médica y/o algunos servicios, por ejemplo, los exámenes médicos, las
+radiografías, los exámenes de audiometría, o
+les exigen el pago de algunos elementos indispensables como la gasa, las muletas, las vendas,
+los anti-inflamatorios y los antibióticos, entre
+otros, lo que está por fuera del presupuesto para
+las familias de las víctimas, que tienen muy poca
+capacidad económica. Caso de Delfa Eliana, 12 años, Tolima El accidente de Martha ocurrió el 20 de noviembre del 2004 a las tres de la tarde en el cerro MorroAzul, vereda Violeta, del municipio de Alvarado, Tolima. Según cuenta Juan Carlos de 17 años «Mi mamá se fue a traer una yegua que estaba en el camino, había una rama en la mitá, ella la recogió, y activó una mina antipersonal.» Murió instantáneamente. Su hija de trece años, Delfa Eliana resultó herida con esquirlas en todo su cuerpo. La niña fue llevada al puesto de salud del barrio deberían hacerlo. Persiste la dificultad para las
+víctimas y sus familias el desplazarse hasta el
+centro de salud donde le hacen esas curaciones,
+por la difícil situación económica para cubrir el
+transporte diario, ida y vuelta y el alojamiento en
+una ciudad ajena a su residencia. La CCCM quiere señalar la deficiencia de hogares de paso en
+las ciudades para la estadía de las víctimas y sus
+familiares durante sus curaciones, lo que dificulta el
+proceso de atención y se convierte en toda una carrera de rebusque y sobrevivencia para las familias. de El Salado. El médico le limpió las heridas, pero «Dure seis días en el hospital, cuando me dieron nunca fue remitida al Hospital de Ibagué Federico salida me quedé en Popayán. Un señor venía a hacer- Lleras, porque según cuenta su abuela, Herminda me curaciones diarias durante 3 meses, el cobraba «no era importante». Además, relata que la enfer- poquito, le daba lo que me alcanzaba, en total, por mera les dijo que no se podían quedar mucho tiempo ahí, unos $40.000 pesos». en el centro de salud porque les iba a salir demasia- do costoso. Tuvieron que cancelar $20.000 pesos por la atención recibida en el centro. Mientras se encontraba en Ibagué, en la casa de un familiar, a la niña le sacaron con agujas pedacitos de vidrio, metal, hierro, piedritas y alambres de todo el cuerpo. Aún tiene esquirlas que le duelen y que le molestan. Sin embargo, no había sido atendida por el Hospital Federico Lleras porque le cobraban $14.000 por la consulta y les exigían numerosos exámenes y radiografías. Con la carta del personero del municipio de Alvarado, lograron ser atendidos y que no le cobra- ran la radiografía. La Gobernación del Tolima tiene conocimiento de este caso. LAS CURACIONES POST-HOSPITALARIAS
+SON OBVIADAS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL Se presentan dificultades con las curaciones
+necesarias para el tratamiento post-hospitalario:
+la mayoría de las víctimas son dadas de alta
+por los hospitales, aún cuando requieren de curaciones diarias. Esas curaciones se las cobran y no Marco Tulio, 73 años, Cauca AUSENCIA TOTAL DE APOYO PSICOSOCIAL
+PARA LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS El apoyo psicosocial es totalmente inexistente
+para las víctimas y sus familias en las diferentes
+etapas de la atención integral. Los hospitales no
+efectúan las remisiones a los psicólogos y queda
+olvidado ese aspecto fundamental de la rehabilitación integral. Muchos hospitales ni siquiera
+cuentan con un servicio de psicología de planta,
+lo que nos lleva a preguntarnos ¿A quién podemos
+acudir frente a esas situaciones? IMPOSIBILIDAD DE ASISTIR
+A LAS VISITAS DE CONTROL MÉDICO Las cirugías y los tratamientos médicos para las
+víctimas por MAP y MUSE requieren de múltiples citas médicas con especialistas, visitas de
+control que implican para las víctimas y sus
+familias varios desplazamientos a los centros
+urbanos. Al no tener los recursos, las víctimas y
+sus familias se ven obligadas a dejar pasar las citas médicas e incluso a seguir durante años
+con clavos y movilizadores externos que tenían
+que haber sido retirados. Caso de Carlos Arturo, 17 años, Nariño Carlos Arturo es un menor que a los 14 años de edad sufrió graves heridas en su cuerpo causadas por la explosión de una granada abandonada, después de la toma del municipio de Colón, departamento de Nariño. El hecho ocurrió el 7 de septiembre de 2002 en la vereda David Bajo, municipio de Colón, departamen- MEDICAMENTOS RECETADOS A LAS
+VÍCTIMAS QUE NO SON CUBIERTOS POR
+EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD -POS18- Muchos medicamentos formulados para el tratamiento de las víctimas de MAP y MUSE no son
+cubiertos por el POS, al igual que las muletas y las
+vendas necesarias para su rehabilitación. Por consiguiente, las víctimas y sus familias deben endeudarse para conseguirlas o simplemente renunciar a
+este derecho, si no se realizan acciones de tutela. to de Nariño, donde un menor de 16 años perdió la Caso de Juan Carlos, 12 años, Antioquia vida y Carlos Arturo resultó con graves lesiones en el Juan Carlos fue víctima de un accidente por una mu- abdomen (hígado, intestino delgado, colon) y una nición sin explotar (una granada) en el municipio de herida abierta en el cráneo. San Carlos Antioquia, el día 29 de junio del 2000. Desde esa fecha, ha tenido varias intervenciones En ese accidente murieron dos de sus hermanos de quirúrgicas. Después de tres años el joven seguía 8 y 6 años. Juan Carlos perdió el ojo izquierdo, tuvo postrado en una cama en su casa, porque tenía las lesiones abdominales y semi-amputación de la mano heridas del abdomen y el cráneo abiertas. En las derecha. Cuando la CCCM conoció el caso en el 2001 operaciones le pusieron una especie de «malla» en ya le habían practicado 19 cirugías. el abdomen y no podía moverse. El problema de Juan Carlos, además de la nece- El padre tuvo que vender sus pertenencias para sidad del cambio de prótesis ocular del ojo izquierdo, cubrir los gastos, porque siempre han tenido que pa- es que en su ojo derecho presenta un «Glaucoma gar los gastos de la droga que según los hospitales no traumático por explosión, ojo único en malas condi- son reconocidas por el FOSYGA, como también el ciones, pero con nervio óptico viable». El tratamien- copago, los gastos de transporte, de estadía y demás. to recetado para salvar su visión, ya que la opción Por esta razón Carlos Arturo no pudo volver nunca quirúrgica es muy complicada, tiene un valor de más a Pasto para sus citas médicas de control. $500.000 pesos mensual (250 USD) que la familia La coordinadora de la CCCM en Nariño realizó no está en condiciones de pagar, ya que fue despla- una gestión para que se retomara su caso y él está zada de San Carlos y está sobreviviendo en Medellín siendo atendido en el Instituto Roosevelt en Bogotá. en condiciones muy difíciles. El hospital que lo atendía «Mi sueño es sólo tener una casa propia para no seguir siendo
+errantes y desplazados  como hasta el momento». Luz Adriana, 24 años, Antioquia 18 Para mayor información remítase al glosario que se encuentra al final de la publicación. 30 definió no costearle más la droga al niño y por lo tanto, de inmediato por la Fundación Oftalmológica Nacio- no se le ha podido hacer el tratamiento indicado y nal, a través del convenio que tiene establecido con corre el riesgo de quedarse ciego. La CCCM adelan- el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Le pres- tó unas acciones para conseguir los medicamentos cribieron un tratamiento oftalmológico para curar la requeridos ante los laboratorios privados, mientras infección que tenía en el ojo a raíz del tiempo que sale la demanda que presentaron. Hoy el CICR está llevaba con esa esquirla. También le realizaron una atendiendo el caso. COMPLEJIDAD DE LAS LESIONES DE LA PARTE
+OFTALMOLÓGICA, OTORRINOLARINGOLÓGICA. No se le presta la suficiente atención a las
+lesiones de la parte oftalmológica, ni otorrinolaringológica, ni a los que requieren de cirugía reconstructiva (considerada como cirugía
+plástica o sea estética). Existe una mayor dificultad para las víctimas de MAP y MUSE que
+presentan este tipo de lesiones para acceder a
+un tratamiento adecuado y cualificado dentro
+del sistema de salud colombiano. Caso de Gloria Nancy, 15 años, Antioquia El caso de Gloria Nancy nos muestra una realidad dramática, una joven de quince años que fue víctima de una mina antipersonal en el municipio de Argelia en Antioquia el 10 de mayo de 2005, quien después de dos meses del accidente seguía con una esquirla en su ojo, que le estaba afectando seriamente la visión, y ninguna entidad de salud de la ciudad de Medellín le prestó el servicio oftalmológico, ni una solución concreta y rápida. Las palabras del médico de Gloria Nancy en Medellín fueron «no vale la pena botar el dinero en una cirugía, ya que con seguridad perderá el ojo». Gilma, la mamá de Gloria, aseguró que «ningún hospital asumiría el costo de la cirugía porque era demasiado costosa y las posibilidades de salvarle el ojo eran muy pocas.» Por esta razón, Glo- ria Nancy y su madre fueron trasladadas a la ciudad de Bogotá dentro del proyecto de acompañamiento a las víctimas de MxP y la CCCM y fueron atendidas cirugía donde se la extrajeron por fin de su ojo. Adicio- nal a la ayuda médica que recibió para las lesiones en sus ojos, Gloria Nancy fue evaluada por un otorrino por las lesiones que sufrió en sus oídos. El oído derecho se encuentra gravemente afectado y según los médicos, no tiene arreglo. Escucha muy poco. El tímpano del oído izquierdo fue reventado y no puede ser reconstruido. Gloria Nancy tiene que regresar a Bogotá en unos cuatro meses para terminar su tra- tamiento oftalmológico y de cirugía plástica. Aún le hace falta mucho. CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADURAS La cirugía plástica en Colombia está considerada
+como un lujo y no se encuentra cubierta por el
+POS, por esta razón la tienen que cubrir las víctimas. El POS tampoco cubre los medicamentos
+necesarios para recuperar la piel de las quemaduras. Así que, la señora Nerma que a raíz del
+accidente perdió un seno no puede operarse porque se considera como una cirugía estética, igualmente tampoco cubre el caso del niño Jesús
+Rubian a quien la explosión de una MUSE le dejo
+la cara y el cuello quemados; para completar la
+complejidad de su lesión, estuvo a punto de perder
+el ojo, porque en el Hospital de Pasto se demoraban en quitarle la esquirla que tenía. LOS AMPUTADOS SÓLO
+TIENEN CUBIERTA UNA PRÓTESIS La situación de las víctimas de MAP y MUSE
+amputadas es preocupante y dramática y requiere
+de soluciones de orden político y de salud pública. Las personas amputadas requieren de varias
+prótesis y de cirugías de remodelación de su muñón por el resto de su vida. Los menores de edad
+víctimas de MAP y MUSE tampoco tienen un
+tratamiento especial al no tener cubiertas sus
+prótesis, hay que tener en cuenta que en promedio deben cambiar de prótesis cada seis meses.
+Así que el problema es grande. Es indispensable
+darle una solución concreta, ya que cada día está
+aumentando el número de víctimas y si la tendencia continúa al alza este será un problema de
+salud pública en unos años. ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LAS
+PRÓTESIS ENTREGADAS A LAS VÍCTIMAS En Colombia las prótesis son fabricadas por los
+centros de rehabilitación y otras instituciones,
+el problema es que no parecen estar sujetas a
+estándares de calidad en su proceso de fabricación. Esta falta de regulación legal puede llegar
+a afectar a las víctimas directamente en su proceso de rehabilitación. Caso de Manuel, 42 años, Montería En el mes de febrero de 2005 Manuel se comunicó con la Corporación Paz y Democracia, coordinador de la CCCM en Antioquia, porque su prótesis le molestaba mucho y la rodilla le dolía cada vez que caminaba. Fue remitido a la ciudad de Medellín para tener una consulta en el Hospital General donde tenía su historia clínica. Ninguno de los ortopedistas y fisiatras sabía qué hacer, qué procedimiento seguir para la remodela- ción o cambio de su prótesis. Fueron remitidos ante el fisiatra que había ordenado su prótesis y que era a la vez, dueño del laboratorio de prótesis. Él aseguró que la prótesis no estaba al revés sino que fue diseñada así para una mejor movilidad. Sin embargo, la reali- dad era otra y finalmente otro fisiatra encontró que la prótesis estaba mal elaborada, era del pie con- trario y le estaba afectando su rodilla, desviándosela. Le recomendó mientras cambiaban la prótesis man- tenerse muy quieto, de lo contrario tendrían que amputar un poco más su pie. Hoy Manuel tiene una nueva prótesis, pero como los demás, no tiene garan- tizadas las siguientes. FIDUFOSYGA : UN VERDADERO CUELLO DE BOTELLA Existe una urgencia en encontrar mecanismos para
+resolver el principal nudo para la atención a las
+víctimas: el cobro de las instituciones de salud y/
+o de rehabilitación que le hacen a Fidufosyga. Este
+constituye un verdadero cuello de botella que amenaza toda acción para la atención de las víctimas
+civiles en el futuro, ya que muchos hospitales y
+centros de rehabilitación se encuentran en una
+situación financiera frágil, porque Fidufosyga no
+les ha reconocido aún los gastos incurridos por la
+atención de muchas víctimas de MAP y MUSE.
+Por esta razón, las instituciones prefieren trabajar
+con Empresas Prestadoras de Salud –EPS- o con
+particulares y no con víctimas de MAP y MUSE
+que tiene sus tratamientos médicos y de rehabilitación con cargo al Estado. LAS VÍCTIMAS DE MAP Y MUSE: POBLACIÓN
+VULNERABLE PARA INCLUIR DENTRO DEL SISBEN19 Las víctimas de MAP y MUSE son personas que
+sufrieron un accidente por un arma indiscriminada, cuyo uso está condenado y prohibido a
+nivel internacional. Son altamente vulnerables,
+de escasos recursos y domiciliadas en las zonas
+rurales más alejadas. Además, muchas de ellas 
+LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LAS víctimas de MAP y MUSE para su rehabilitación integral no van desconectados de la capacidad que tiene el Estado en
+materia de salud, educación y reinserción laboral.
+Al contrario, se enmarcan dentro de las políticas
+públicas que se llevan a cabo en estas áreas. Es
+igualmente claro que la situación económica del país,
+su nivel de desarrollo y la crisis humanitaria actual
+constituyen obstáculos mayores para una atención
+integral de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, estos argumentos no pueden seguir constituyendo excusas que justifican la pasividad del Estado
+colombiano frente a esa problemática y frente a sus
+víctimas del conflicto.
+En efecto, el gobierno tiene la capacidad de
+tomar decisiones políticas en términos de acción y
+de ubicación de sus recursos, dando si quisiera una
+respuesta rápida y adecuada a las necesidades de
+las víctimas por MAP y MUSE y haciendo efectivos
+sus derechos. La sociedad colombiana tiene de igual
+manera un papel que cumplir, solidarizándose con
+ellas y generando dinámicas sociales duraderas que
+busquen un mayor compromiso nacional y los cambios legales necesarios para garantizar una rehabilitación real y de por vida de las víctimas.
+Por su parte, la comunidad internacional también
+puede contribuir a través de un apoyo más consecuente
+en materia de asistencia integral a las víctimas civiles
+en sus diferentes componentes.
+Estas son algunas propuestas para orientar la
+acción en la asistencia integral de las víctimas de
+MAP y MUSE: 33 presentan alguna discapacidad y requieren de tratamientos médicos de por vida. Por estas razones,
+y teniendo en cuenta los criterios para acceder a la
+encuesta del SISBEN, estas personas cumplen los
+criterios para ser priorizadas dentro del sistema de
+salud subsidiado. Es primordial, entonces, iniciar
+una labor conjunta para incluir de manera privilegiada a las personas víctimas de MAP y MUSE
+dentro de las políticas de salud del gobierno. AUSENCIA DE APOYO LEGAL
+PARA INICIAR ACCIONES LEGALES Como los derechos son vulnerados y la ley prescribe es indispensable comenzar a ejecutar acciones
+legales (demandas, tutelas) para la reparación de
+los perjuicios causados y de la violación de los
+derechos de las víctimas. Por obvias razones, las
+víctimas no pueden costear un abogado que lleve
+acabo estas acciones y se requieren profesionales para que lleven a cabo estos largos procesos.
+¿Cómo se está preparando el Estado colombiano para enfrentar estas situaciones, si los sobrevivientes requieren de cuidados médicos durante toda su vida, y el número crece cada día?
+Existen numerosas dificultades para localizar a
+las víctimas de MAP y MUSE y sobre todo para
+recoger información precisa y actualizada acerca
+de sus condiciones de vida reales. En efecto, la
+información que se tiene es atomizada y parcial,
+lo cual no permite hacer visible toda la dimensión
+de este flagelo y diseñar acciones encaminadas
+a remediar este problema en todos sus componentes. Por consiguiente, es un aspecto que
+merece ser reforzado a través de la generación de
+canales y redes de comunicación desde lo local
+hasta lo nacional. Por ejemplo, la gran mayoría
+de las estructuras médicas no especifica en sus
+archivos el origen de las heridas de sus pacientes
+y por ende, no transmite a las autoridades competentes la ocurrencia de accidentes por MAP o
+MUSE. Una de las soluciones, que ha funcionado
+en algunos departamentos como en Antioquia, es
+la de capacitar facilitadores municipales. Ellos
+propician un flujo de información constante y
+veraz, así como una interlocución permanente
+con los municipios y las regiones. 
+Los recursos humanos, técnicos y financieros, en
+la actualidad, no permiten una atención médica
+de las víctimas por MAP y MUSE en las mejores
+condiciones. Por esto, el personal médico demanda una capacitación específica para atender las
+lesiones causadas por estos artefactos, así como
+la dotación de recursos adecuados para los centros
+hospitalarios. Por otra parte, las actividades de
+capacitación pueden ir dirigidas a las comunidades
+en materia de primeros auxilios y normas que se
+deben respetar para prestar asistencia a un herido
+en un campo minado, sin correr riesgos. Los comités municipales en materia de derechos humanos, o comités de MAP y MUSE juegan un rol preponderante, siendo los encargados de poner
+en marcha todo un plan local de urgencia y de
+evacuación de los heridos hacia los centros de
+salud más cercanos. 
+Es urgente concientizar a las personas de la necesidad de una asistencia psicológica, tanto para
+la persona que sufrió el accidente directamente
+como para su familia y su comunidad. Esto está
+totalmente ausente en la práctica de la atención
+integral, es necesario promover las herramientas y
+los mecanismos para la asistencia psicosocial de
+las víctimas de MAP y MUSE basada en la comunidad puesto, que este proceso de atención debe ser
+continuo y debe involucrar el entorno de las víctimas. 
+Muchos de los procesos de atención a las víctimas
+de MAP y MUSE no cuentan con procedimientos
+especializados para los menores de edad. Es importante darle un enfoque prioritario a las políticas
+del gobierno, teniendo en cuenta las necesidades
+de esta población vulnerable y que requiere de un
+cuidado específico durante toda su vida. 
+Como se dijo anteriormente, las víctimas por MAP
+o MUSE no están recibiendo la atención integral
+a la cual tienen derecho, por falta de articulación
+entre el sistema de salud, las autoridades locales
+y las entidades que intervienen en este proceso.
+Tampoco tienen los medios para llegar hasta los
+centros de rehabilitación, ni mantenerse en la ciudad durante todo el tiempo que dura el tratamiento.
+Por esta razón, es indispensable continuar con el
+acompañamiento, presionando a las autoridades
+gubernamentales para que vuelvan sostenible
+esta dinámica, así como fortalecer las redes de
+apoyo de voluntarios que brindan un acompañamiento continuo a este proceso. Además, es
+necesario capacitar y fortalecer el personal de
+las diferentes instituciones involucradas en el proceso de atención, no solamente acerca de sus responsabilidades, derechos y obligaciones frente a
+esta problemática sino también frente a nuevos
+procedimientos, tecnologías y avances. FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE REHABILITACIÓN Y HOGARES DE PASO REGIONALES. Los centros de rehabilitación que se encuentran
+en el país trabajando con las víctimas de MAP
+y MUSE requieren de un apoyo constante para
+poder continuar con sus actividades y para mejorar la calidad y la integralidad de la atención brindada mediante capacitaciones, recurso humano,
+recursos técnicos y maquinaria, entre otros. Según
+un estudio realizado en el 2003 por la Fundación
+Saldarriaga Concha,20 sólo el 1.5% de las instituciones cuenta con especialistas en órtesis y
+un 1.2% en prótesis. Una cuarta parte de las
+instituciones ofrece servicios de rehabilitación
+vocacional y el 25% de estas instituciones cuenta
+con médicos especialistas en rehabilitación. Es
+necesario difundir una dinámica de actividades
+en recreación y deporte para las víctimas, teniendo
+en cuenta su situación de discapacidad, integrando
+las políticas públicas de discapacidad. Por otra
+parte, existe una deficiencia en todo el país de
+hogares de paso que puedan brindar el alojamiento y la alimentación a los sobrevivientes y sus familias durante el tiempo que dure la atención posthospitalaria y la rehabilitación física y psicológica. INCENTIVAR  PROYECTOS PRODUCTIVOS
+Y DE REINSERCIÓN LABORAL. El proceso de rehabilitación integral no puede
+continuar ignorando el aspecto de la reinserción
+profesional, elemento indispensable para la recuperación completa del individuo. La acción
+de la lucha contra las minas debe integrar este
+elemento a través de la puesta en marcha de
+proyectos productivos locales que puedan constituir verdaderas alternativas económicas y mejorar
+la situación de pobreza de estas víctimas. Así que
+es indispensable el apoyo para la capacitación
+de actividades productivas y para favorecer la
+comercialización de los productos fabricados
+por estas comunidades. Para esto es importante tener en cuenta, el perfil de las personas, sus
+aspiraciones personales, el contexto regional,
+socio económico y político en el que viven. PROPICIAR UN CAMBIO DE LA LEY COLOMBIANA
+PARA CORREGIR LAS CARENCIAS EXISTENTES Toda acción concreta para intentar cambiar las
+condiciones de vida de los sobrevivientes de MAP
+y MUSE en Colombia tiene un impacto relativo,
+tanto en el tiempo como en la población beneficiada. Por esta razón, es obligatorio que se realicen
+acciones que busquen una modificación de las
+leyes existentes, de manera que se suplan todas
+las carencias que se presentan. No es suficiente
+con pagarle una vez la prótesis a un niño, o darle
+los recursos para que un sobreviviente pueda
+permanecer en el centro de rehabilitación. Si no
+se toman las decisiones pertinentes que puedan 20 Resumen del estudio nacional de necesidades, oferta y demanda de servicios de rehabilitación, Fundación Saldarriaga Concha, Colombia 2003. 35 MEJORAR LA ARTICULACIÓN ENTRE LAS
+POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDAD Y DE LAS MAP Y LA MUSE. A pesar de que están vinculadas en el papel y de
+que están en cabeza de una misma institución en
+Colombia, las políticas públicas frente a las MAP
+y las MUSE y la discapacidad no están articuladas
+en la práctica y aún no han presentado avances
+considerables para la atención de esta población
+vulnerable. A pesar de la existencia de políticas
+públicas, tanto en materia de la discapacidad como
+en el tema de las minas, las condiciones de vida
+de las víctimas siguen siendo dramáticas. «Mi sueño es graduarme como
+bachiller (ya falta poco). Además
+he aprendido algo que nunca
+imaginé… soy un artista, aprendí a
+pintar cuadros y me encanta pintar
+caballos, son símbolos de fuerza y
+libertad, ya he vendido algunos y
+espero poder algún día montar
+una galería. Hoy veo mi vida de
+otra de manera, menos difícil  con
+mas esperanzas de salir adelante» Javier, 31 años, Sur de Bolívar cambiar sustancialmente las condiciones de los
+sobrevivientes, éstos siempre tendrán dificultades
+para acceder a sus derechos. Es urgente abolir la
+prescripción de los derechos de las víctimas de MAP
+y MUSE y darle respuesta a los que quedaron por
+fuera de este plazo, así como incluir en el POS los
+tratamientos que no cubre éste y que son necesarios para la atención de los sobrevivientes. PROMOVER LA CREACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO
+DE GRUPOS DE VÍCTIMAS ORGANIZADOS O DE
+ASOCIACIONES PARA QUE SE CONVIERTAN EN
+LOS VERDADEROS PORTAVOCES DE LOS DERECHOS
+DE LAS VÍCTIMAS. La acción a favor de las víctimas de MAP y MUSE
+debe tender al fortalecimiento, al empoderamiento
+directo de ellas, ya que deben convertirse en los
+líderes y portavoces de sus derechos, apropiándose de esta lucha. Para esto, es indispensable
+integrar a los sobrevivientes y a sus familias a
+los espacios de debate y toma de decisiones sobre
+las políticas públicas relativas al tema de las MAP
+y MUSE y a los programas de acción en el nivel
+local, regional, nacional e internacional.
+LA CCCM A TRAVÉS DEL acompañamiento ha percibido la dramática situación que
+viven las víctimas civiles de minas antipersonal y munición sin explotar en el país.
+Tanto en los problemas que tienen para acceder a la salud, como frente a las dificultades, generadas a raíz del accidente, para reintegrarse a sus actividades cotidianas. Así
+mismo, evidenciamos las dificultades que existen para que estas personas puedan
+acceder a sus derechos de manera oportuna e integral.
+La atención integral a las víctimas constituye unos de los pilares de acción de la
+CCCM.  Somos conscientes que todas las acciones en relación con las víctimas por las
+MAP y las MUSE deben ser articuladas con las autoridades competentes desde el nivel
+local, regional y nacional, puesto que se trata de construir sostenibilidad y durabilidad
+de la acción emprendida.
+Esta publicación, Una  tarea que no da tregua, es sólo una pequeña muestra de la
+realidad de las víctimas de MAP y MUSE en Colombia que hemos percibido a través del
+trabajo realizado. Pretende ser una herramienta más de reflexión constructiva, donde a
+partir del planteamiento de los problemas se tomen las medidas necesarias para que la
+atención de las víctimas sea realmente integral. También, que estos sean insumos que
+puedan facilitar la toma de decisiones políticas respectivas en la atención integral de
+las víctimas de MAP y MUSE y que sea una invitación para que otras organizaciones y
+gobiernos se vinculen al trabajo emprendido por la CCCM para lograr una Colombia sin
+minas.
+El Artículo 6 de la Convención de Ottawa estipula que «cada Estado Parte que
+esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas y su reintegración social y económica», el Estado colombiano no puede olvidar que tiene una obligación internacional y una responsabilidad
+con sus ciudadanos, por esta razón, debe actuar en consecuencia y como Estado,
+adjudicando los recursos necesarios para atender esta problemática. Estamos seguros
+que llenar estos vacíos, ayudará a recuperar la dignidad de las víctimas.
+La acción humanitaria contra minas en Colombia se impone cada vez más como
+un imperativo que no puede ser más postergado para el futuro del país. Las minas
+antipersonal y las municiones sin explotar no dan tregua.

Circ.txt

@@ -0,0 +1,322 @@
+En el punto de mira: violaciones del derecho
+internacional humanitario
+Cometido de los medios de comunicación por Roy W. Gutman Cincuenta años después de que las Naciones Unidas proclamaron su
+ambiciosa Declaration Universal de Derechos Humanos, cualquier escéptico podría demostrar sin mayores dificultades que el compromiso de la
+comunidad internacional para con el documento es, en el mejor de los
+casos, superficial. La ineficacia de las Naciones Unidas para impedir el
+genocidio en Bosnia-Herzegovina y en Ruanda, agravada por su omision
+de una exhaustiva autocrítica que 
+le habría permitido aprender de 
+la
+La experiencia de la tragedia de Bosnia, ha dejado al descubierto la farsa. Dicho esto, hay que 
+reconocer que 
+las Naciones Unidas no 
+son
+monolíticas ni son sinónimo de la comunidad internacional. Además, las
+actitudes han cambiado en la cima de la propia institución y en muchos
+de sus Estados miembros, así como entre las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación; actualmente son muchos 
+los
+grupos que, desde muy diversos lugares, prestan particular atención a los
+crímenes de guerra. La serie más significativa del cambio ha sido 
+la
+institucion por parte del Consejo de Seguridad, de tribunales internacionales ad hoc para juzgar los casos de genocidio, los crimenes contra la
+humanidad y los crímenes de guerra en los conflictos de Bosnia y Ruanda.
+Es posible que se instituye un tercer tribunal para juzgar los múltiples
+crímenes contra la humanidad cometidos en Camboya durante los años Roy W. Gutman es periodista y ganador del premio Pulitzer. Por último, representantes de diversos Estados aprobaron recientemente en Roma los terminos de referenda relativos a un tribunal penal
+permanente. Pero, a pesar de estos avances hacia el cese de la impunidad,
+las grandes potencias aún no han cumplido la obligación impuesta en los
+Convenios de Ginebra de detener a los acusados de crímenes en la guerra
+de Bosnia. Las organizaciones no gubernamentales también han aprendido algo
+de estos terribles sucesos registrados tras el final de la guerra fría. Algunas
+han adoptado una postura más militante en lo referente a los crímenes de
+guerra y otras violaciones patentes de los derechos humanos; otras han
+reelaborado sus manuales de formación o han intentado abrir en mayor
+medida sus actividades a la opinión pública. También entre los periodistas se extiende la idea de la necesidad de
+reflexión. Las violaciones de 
+los derechos humanos, 
+los crímenes de
+guerra y la impunidad son material para la prensa, por la sencilla razón
+de que el crimen es noticia. Por su tradicional función de perro guardián,
+la prensa tiene la obligación de informar acerca del quebrantamiento de
+la ley, sobre todo si el infractor es un Estado o una institución financiada
+con dinero de los contribuyentes. Aun así, la cobertura mediática de los conflictos 
+internacionales o
+internos no suele presentarse desde 
+la perspectiva de las 
+infracciones
+cometidas contra las leyes de la guerra. De hecho, el derecho internacional
+humanitario es una enrevesada jungla de premisas, principios, aseveraciones y tecnicismos, impenetrable para la mayoría de los legos. Mejorar la
+la cobertura mediática con un mayor conocimiento de los derechos humanos y de los Convenios de Ginebra? La respuesta de este periodista,
+basada en su experiencia personal, es afirmativa. La experiencia de un periodista La cobertura de los conflictos armados de los últimos diez años ha
+dejado en muchos periodistas una sensación de frustración y desaliento. Los periodistas 
+figuraron entre 
+los primeros en descubrir que 
+las
+grandes potencias, 
+lejos de defender el derecho humanitario, estaban
+dispuestas a eludirlo, a no ser que hubiera intereses comerciales o de vital
+importancia en juego y siempre que no se atrajera la atención de la prensa.
+A comienzos de agosto de 1992, a raíz de mis reportajes sobre las matanzas sistemáticas en los campos de prisioneros del norte de Bosnia, de
+las 
+impresionantes 
+imágenes difundidas por 
+la ITN británica y de 
+la
+information 
+enviada desde el 
+lugar de 
+los hechos por Ed Vulliamy, corresponsal de The Guardian, el entonces presidente de Estados Unidos,
+George Bush, hizo una declaración aparentemente firme aunque evasiva
+que, pese a todo, dejaba traslucir una clara conciencia de que se había
+violado el derecho 
+internacional humanitario. No denunció 
+crímenes
+contra la humanidad ni exigió la clausura de los campos de prisioneros
+y la liberation de estos, ni tan siquiera una investigación para verificar
+si se habían cometido crímenes. Solamente pidió que se permitiera el
+acceso del CICR al campo de Omarska y a otros campos de prisioneros.
+La reacción de las otras potencias fue más lenta. El Gobierno trances tardo
+más de una semana en mencionar la existencia de los campos de prisioneros, y el britanico, que en el curso de ese mismo mes tenía programada
+una importante conferencia diplomática, se negó a cubrir los gastos de
+viaje para que Tadeusz Mazowiecki, ex primer ministro polaco, nombrado
+por las Naciones Unidas observador especial sobre derechos humanos,
+encargado de estudiar las acusaciones por las atrocidades perpetradas en
+Bosnia, pudiera asistir a dicha conferencia. Lejos de haber aprendido la lection del comienzo del holocausto nazi,
+los Gobiernos de numerosos países europeos y de Estados Unidos parecían
+perfectamente dispuestos a repetir los errores de los afios treinta, excepto
+el de cerrar las fronteras a los refugiados que huían para salvar la vida.
+A mediados de 1992 llegó a Bosnia un primer contingente de 
+tropas
+francesas y luego otro de efectivos británicos, pero su misión se limitaba
+estrictamente a la protección de los envíos de alimentos y ayuda humanitaria —y a veces ni siquiera eso —, en lugar de proteger a los martirizados civiles inocentes. Solo a partir del despliegue de 
+las Fuerzas de Protection de 
+las
+Naciones Unidas (UNPROFOR), se manifestó la pasividad en denunciar
+las violaciones de los Convenios de Ginebra. Los Convenios cuentan con
+escasos mecanismos para garantizar su aplicación, excepto el compromiso
+asumido por las Partes de respetarlos y velar por que sean respetados. Un
+amplio proyecto de investigation que realice en 1993 me convenció de
+que 
+la comunidad 
+internacional, en 
+la época de 
+los reportajes 
+sobre
+Omarska, no eludía sus responsabilidades por negligencia, sino debido a
+una mentalidad fraguada a lo largo de decenios. En lugar de vigilar la
+aplicación de los Convenios, el personal de UNPROFOR estuvo presente
+varias veces en la escena del crimen, sin investigar ni informar acerca de
+lo sucedido. La sola idea de que los Cascos Azules —los soldados buenos por
+antonomasia— miren para otro lado mientras se están cometiendo crímenes en su presencia puede equivaler, para el observador desprevenido, a la abdicación de una responsabilidad más importante que cualquier mandato de Naciones Unidas. 
+Incluso 
+sin conocer el contenido de 
+los
+Convenios de Ginebra ni de otros tratados fundamentales del derecho
+intemacional humanitario, el mero sentido común indica que ningún ciudadano del mundo moderno puede presenciar violaciones flagrantes de
+los derechos humanos sin investigar ni exigir que alguien ponga remedio
+a lo que está sucediendo. Sin embargo, las Naciones Unidas adoptan la
+perspectiva legalista según la cual los Cascos Azules no están sujetos a
+los Convenios de Ginebra. Es algo que averigüe mientras cubría 
+los
+sucesos en Bihac. En noviembre de 1994, pendía una amenaza de ataque sobre la localidad de Bihac, situada en el norte de Bosnia y declarada «zona de
+seguridad» por las Naciones Unidas. Para entrar en la ciudad, las tropas
+serbobosnias tenían que atacar el hospital municipal. Previendo una tragedia, un encargado de asuntos civiles de las Naciones Unidas solicitó al
+militar al mando de las fuerzas 
+locales que protegiera el hospital, invocando los Convenios de Ginebra. El oficial, de nacionalidad estadounidense, argumentó que las tropas de las Naciones Unidas tenían el deber
+de garantizar que el hospital de Bihac recibiera el alto nivel de protección
+estipulado para 
+tales 
+instituciones por el IV Convenio de Ginebra, y
+consiguió el visto bueno del jefe de asuntos civiles en Sarajevo, un ruso.
+El oficial al mando, de nacionalidad canadiense, desplegó sus efectivos
+procedentes de Bangladesh en los terrenos del hospital y logró bloquear
+la ofensiva. Pero, dos semanas más tarde, un funcionario de los servicios
+jurídicos dictaminó que las Naciones Unidas no están sujetas a los Convenios de Ginebra, dado que el organismo mundial no es parte en los
+Convenios de 1949, y dijo que el oficial al mando sólo está obligado a
+obedecer las órdenes del Consejo de Seguridad. Si alguien hubiese supuesto que la UNPROFOR se sentía obligada a
+impedir o tan siquiera a vigilar los actos de genocidio, los crimenes contra
+la humanidad o cualquier otra de las graves infracciones mencionadas en
+los Convenios, la caída de Srebrenica, en julio de 1995, le habría quitado
+la venda de los ojos. Antes de su evacuation a una zona segura, las tropas
+holandesas tuvieron ocasión de ver como el ejército serbobosnio separaba
+a los hombres y a los adolescentes de las mujeres, los niños y los ancianos,
+cargaba a este último grupo en autobuses y camiones, y enviaba a los
+primeros al lugar donde serían masacrados, como se supo más adelante.
+Los primeros 54 miembros holandeses de las «fuerzas de paz» que los
+serbios hicieron prisioneros en sus puestos de observation y mantuvieron
+como rehenes en clara violation del derecho internacional fueron puestos
+en libertad, el 15 de julio, y enviados a Bosnia en autobús, tras ser privados de sus armas y equipos. De camino hacia la salvación, mientras se encontraban aiin en territorio serbobosnio, los holandeses fueron testigos de
+inequívocos signos de matanzas: calzado y mochilas de más de cien
+personas alineados junto a la carretera, decenas de cadáveres apilados en
+un carro y cuerpos sin vida a lo largo de los arcenes. Los testigos de
+Srebrenica afirman que las principales ejecuciones se habfan perpetrado
+un día antes, el 14 de julio. Cabría suponer que cualquiera que hubiese
+presenciado 
+indicios 
+tan patentes de ejecuciones extrajudiciales 
+—un
+crimen de guerra según los Convenios de Ginebra— habría informado al
+respecto inmediatamente. Los sucesos que investigue y acerca de los cuales escribí por aquella época, en Omarska, Vogosca, Bihac y Srebrenica, se combinaban
+para formar una estrategia inquietante, como comprendí más adelante.
+Acude al CICR en busca de una explication y me 
+indicaron que 
+las
+Naciones Unidas, por no ser parte en los Convenios ni parte en el conflicto, no 
+imponen a 
+los Cascos Azules 
+la plena observancia de 
+los
+Convenios de Ginebra. En lugar de eso, antes de desplegar sus efectivos, el secretario general de las Naciones Unidas suele darles instrucciones generales sobre el respeto de 
+los principios de dichos Convenios. En el caso de Bosnia, esas instrucciones nunca llegaron a darse,
+lo cual plantea otro interrogante: ¿quién tiene el cometido, en la comunidad internacional, de velar por la aplicación de los Convenios? Según
+los Convenios, el CICR tiene encomendado un conflictivo doble mandato: velar por su aplicación y, a la vez, proporcionar 
+toda la protección posible a los prisioneros de guerra y a otras personas protegidas.
+La denuncia de 
+los 
+infractores puede 
+tener consecuencias directas y
+negativas para su acceso al lugar de los hechos. Por lo tanto, la práctica habitual del CICR de entablar contactos discretos con 
+la parte 
+infractora es una reacción comprensible. Pero esto implica, por desgracia,
+que rara vez las violaciones llegan al conocimiento de la opinión pública. Las tropas extranjeras —si llevan cascos azules — pueden argumentar que pertenecen a un organismo que no es parte en los Convenios.
+Pueden mirar para otro lado, y de hecho lo hacen. Así pues, las partes
+en conflicto quedan 
+libradas a sí mismas: por un 
+lado, 
+los que están
+violando el derecho, que difícilmente van a autoinculparse y, por otro,
+las víctimas, cuyos alegatos rara vez son escuchados sin una buena dosis de escepticismo. En consecuencia, no hay nadie en el campo de
+batalla ni en sus proximidades que pueda denunciar en 
+tiempo 
+real,
+ante 
+la opinión pública, 
+las 
+infracciones 
+cometidas contra el derecho
+internacional humanitario. Y los infractores 
+tienen todas las cartas a su
+favor para gozar de total impunidad.
+Una función de los medios de comunicación? En numerosas conversaciones se fraguó la idea de que esa podría ser
+una función de los medios de comunicación. ^Cuantas veces habrá observado un corresponsal un abuso patente sin llamarlo por su nombre:
+«crimen de guerra»? Pero; ^.cómo puede hacer un periodista para reconocer un crimen de guerra cuando lo ve? Personalmente he reflexionado acerca de sucesos que he presenciado y
+acerca de los cuales no he informado de manera adecuada. En octubre de
+1991, cuando arreciaba la guerra serbocroata, visite un hospital en el frente,
+en la localidad croata de Vinkovci, donde todas y cada una de las salas por
+encima del nivel del suelo habían quedado destruidas y donde todas las
+cruces rojas que lucían en el edificio y en los vehículos del hospital habían
+sido otras tantas dianas. Los médicos croatas atendían en el sótano a sus
+pacientes, la mayoría heridos militares, entre ellos varios serbios. Redacte
+una dramática relativa a los soldados ingresados en una de las salas (la
+tripulación multiétnica de un carro de combate yugoslavo) y al artillero
+croata que los había convertido en lisiados. Mencione, solo de pasada, el
+estado del edificio, como un ejemplo más de la «tragedia» de Eslavonia
+occidental. ^Tragedia? Una breve investigation habría puesto en claro que
+Se trataba además de una grave violation del derecho internacional. Años más tarde me enteré de que, por esa misma época, un delegado
+del CICR había llegado a la conclusión de que el hospital de Vinkovci
+era un ejemplo "perfecto" de violation de los Convenios de Ginebra.
+Además, no era el único hospital objeto de constantes ataques. El personal
+del CICR comprobó que lo mismo sucedía con el de Karlovac y el de
+Osijek. Naturalmente, el CICR no pudo ofrecer un relato exhaustivo del
+ataque contra el hospital de Vukovar, para el cual se emplearon, según
+fuentes croatas, cientos de proyectiles de mortero y dos bombas de gravedad de 250 kilos. Cuando, después de tomar la localidad, los serbios
+comprobaron que, a pesar de todo, no habían arrasado el hospital, se
+llevaron a los supervivientes y los ejecutaron. Así pues, Vinkovci no era un ejemplo aislado, sino parte de una
+estrategia que tenía como objetivo a los hospitales. Habría sido una buena
+historia para un periodico. Lógicamente, un periodista cuidadoso habría
+tenido que atravesar el frente, obtener la versión del otro bando, regresar
+al lado croata y probablemente ir y volver alguna vez más hasta que todos
+los hechos encajaran. Cientos de periodistas de decenas de países estaban
+cubriendo la guerra, pero ninguno —por lo que yo se— documento el
+crimen o la destrucción del hospital de Vinkovci. Es un hecho del que cabe
+extraer una 
+lection. 
+Con independencia de lo que las Naciones Unidas exijan en el futuro
+a sus fuerzas de paz en relation con los Convenios de Ginebra, los propios
+Los medios de comunicación también pueden vigilar su aplicación. Buscando
+ejemplos inequívocos, investigando lo que sucedió en realidad e informando casi en tiempo real, los periodistas podrían dar a conocer un drama
+humano que la opinión pública de casi todos los países podría relacionar
+con la aplicación de la violation de normas universalmente aceptadas. Resulta difícil evaluar en abstracto la potencial repercusión sobre la sensibilización de la opinión pública; pero, en determinadas circunstancias, tal
+La repercusión podría ser considerable. Si la prensa hubiese difundido con
+más habilidad 
+los abusos perpetrados durante la guerra de Croacia de
+1991, sus reportajes habrían alertado al mundo con respecto a la verdadera
+naturaleza del conflicto y lo habían preparado mejor para la explosion
+de crímenes registrada durante la guerra de Bosnia, de 1992-1995. Y, si
+los periodistas hubiesen proporcionado un marco jurídico de referencia
+para los malos tratos sistemáticos en los campos de prisioneros, la destruction de la cultura y los ataques contra las ciudades y la población civil
+durante el conflicto de Bosnia, tanto la opinión pública como los Gobiernos de las principales potencias habían dispuesto probablemente de una
+base más sólida para determinar una respuesta. Lejos de estar anticuados o superados por los acontecimientos, 
+los
+Convenios de Ginebra de 1949 pueden aportar a la opinión pública una
+guía normativa con respecto a lo realmente importante en un conflicto.
+Después de 
+todo, recogen 
+las 
+lecciones aprendidas después del peor
+conflicto del siglo, y su contenido —gran parte del cual se remonta a una
+época bastante anterior — así lo refleja. Mientras que el objetivo del CICR
+es fomentar 
+su aplicación citando ejemplos concretos, 
+los medios de
+comunicación, por su parte, pueden concentrar su atención en los crímenes
+de guerra. La opinión pública comprenderá mejor lo que está en juego en
+una guerra si los periodistas están al tanto de lo que es un acto lícito, ilícito
+o criminal, particularmente en el comienzo de esta nueva era de institution
+de tribunales 
+internacionales para juzgar 
+los abusos. Al final de este
+decenio, que tal vez se recuerde como la década de la limpieza étnica, en
+las postrimerías de un siglo de guerras totales contra la población civil
+y próximos ya a la conclusión de un milenio tumultuoso, probablemente
+ha llegado el momenta de informar mejor a la opinión pública acerca de
+estas distinciones. 
+Unos medios de comunicación conocedores
+del derecho humanitario internacional para la prevention
+del sufrimiento y los crímenes
+Un proyecto Con el fin de promover el conocimiento del derecho internacional
+humanitario, un grupo de periodistas y juristas, 
+respaldado por el
+Washington College of Law de la American University y su Departamento
+de Comunicaciones, ha organizado el «Proyecto Crímenes de Guerra». La
+finalidad del proyecto es ofrecer a los periodistas estadounidenses y
+extranjeros una formación en el ámbito del derecho humanitario. Con el
+apoyo financiero de la Fundación de la Familia Sandier y la Fundación
+Ford, nuestro primer objetivo es publicar un breve manual sobre los
+crímenes de guerra, que consistirá en unos 60 artículos periodísticos sobre
+violaciones graves de los Convenios de Ginebra y crímenes contra la
+humanidad. En cada artículo se presenta un ejemplo inequívoco, presenciado directamente o suficientemente documentado por el periodista,
+junto con un análisis de la legislación aplicable, de los aspectos que
+conviene tener en cuenta y de los tecnicismos que puedan resultar relevantes. Para facilitar el análisis jurídico, un estudiante de postgrado del
+Washington College of Law ha revisado las publicaciones jurídicas en
+busca de artículos sobre cada una de las violaciones graves y ha preparado
+Una breve introducción.
+Todos los artículos están siendo revisados por periodistas y juristas,
+con el asesoramiento de los servicios jurídicos del CICR y de destacados
+expertos militares. También hay artículos sobre nueve guerras importantes, consideradas desde la nueva perspectiva del derecho internacional
+humanitario, poniendo de relieve, sobre todo, los crímenes de guerra. Se
+pretende que cada guía sea el paradigma de un tipo de conflicto. Las
+elegidas son: conflicto arabe-israeli, como típico ejemplo de una guerra
+que superó con creces todo lo previsto en los Convenios de Ginebra;
+Bosnia, como modelo para estudiar casi todas las violaciones posibles del
+derecho humanitario; Camboya, como ejemplo de los límites artificiales
+de la Convention sobre el Genocidio; Chechenia, como modelo de violation de los Convenios de Ginebra por parte de los dos bandos; Colombia,
+para estudiar un caso en el que las organizaciones paramilitares quedan
+fuera de control; guerra del Golfo, como ejemplo de conflicto en el que
+las grandes potencias intentaron aplicar los Convenios; Irak-Irán, uno de
+los últimos grandes conflictos 
+internacionales; Liberia, ejemplo de la
+barbarie característica de las guerras localizadas africanas; Ruanda, el
+fracaso de la comunidad mundial antes, durante y despues del genocidio. 
+Destacados expertos están preparando una serie de artículos sobre
+otros temas. Para aumentar el impacto de este manual en formato de
+bolsillo, los principales artículos están ilustrados. La documentation
+gráfica está a cargo de un ex documentalista de la agencia Magnum y del
+diseño de la obra se encarga un equipo de profesionales: Gilles Peress,
+fotografo de Magnum, y Jeff Streeper, disefiador grafico con estudio en
+Nueva York.
+Con motivo de la presentación del libro, prevista para 1999, se organizaron varios seminarios destinados a los medios de comunicación, que
+tendrán por tema la cobertura periodística de los conflictos armados y los
+crímenes de guerra. Se prevé, asimismo, preparar otra publication sobre
+Los aspectos profesionales y éticos del periodismo de guerra. Los siguientes proyectos son una página en Internet, una película, un plan de estudios
+para escuelas de periodismo y exposiciones de fotografías.

CorRegion.txt

@@ -0,0 +1,61 @@
+Cómo va la implementación 
+del Acuerdo de Paz entre el 
+Estado colombiano y las FARC Una aproximación a la mirada 
+territorial 
+Han pasado un poco más de 19 meses desde la firma final del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP. Durante este periodo, muchas cosas han cambiado en la sociedad colombiana como resultado del Acuerdo establecido entre las partes, y se han producido un sinnúmero de balances en torno al estado de implementación de lo acordado. Algunos de los esfuerzos más completos de seguimiento a la implementación han provenido de instancias definidas formalmente en el Acuerdo para realizar esta labor. Por ejemplo, los informes elaborados por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EEUU) y el segundo informe trimestral de la Misión Internacional de Verificación de la ONU, dado a conocer a la opinión pública el pasado 2 de abril de 2018. Igualmente, las labores de seguimiento al Acuerdo desarrolladas por parte de organismos de la sociedad civil como el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, la Fundación Paz y Reconciliación, la Fundación Ideas para la Paz FIP, y el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz OIAP, entre otros. Si bien es cierto cada una de estas entidades trabaja con diferentes énfasis y con objetivos y metodologías distintas, se puede afirmar que en general coinciden en el diagnóstico de lo que ha pasado en estos 19 meses: por un lado, el balance es satisfactorio si se evalúa el Acuerdo en términos de disminución de la violencia producto del conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano. Sin embargo, son altamente preocupantes los resultados al considerar asuntos como el desarrollo normativo e institucional de los puntos acordados, así como el rumbo que ha venido tomando la implementación en medio de los debates electorales del primer semestre de 2018 en los cuales se produjeron las elecciones al Congreso de la República (11 de marzo), la primera vuelta presidencial (27 de mayo) y segunda vuelta presidencial (17 de junio), y los cambios que se han pretendido introducir al Acuerdo aún antes de la posesión del nuevo Gobierno. El balance es igualmente negativo en cuanto a la presencia institucional en los territorios donde se han retirado las FARC luego de la firma del Acuerdo, su desmovilización y reintegración. En la mayoría de ellos, otros grupos armados han incrementado su presencia, accionar y disputa de territorios, afectando la seguridad y los derechos humanos de los pobladores. Un fenómeno paralelo, y relacionado en parte con este proceso, es el aterrador incremento de los asesinatos de lideresas y líderes sociales que se ha producido en el país desde la firma del Acuerdo, y no menos preocupante, el constante asesinato de ex integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Finalmente, hay que llamar la atención sobre el bajo nivel de desarrollo de una promesa que contenía el Acuerdo de Paz, denominada “paz territorial”, con lo cual se denominaba la importancia de entender que este Acuerdo, no sólo era un pacto entre el Estado colombiano y las FARC, sino que incluía una valiosa apuesta por la construcción de paz desde los territorios, esfuerzo construido de manera conjunta y concertada entre las comunidades y el Estado colombiano, junto a la desmovilizada guerrilla de las FARC. Los avances en este sentido son claramente insuficientes. Como se ha afirmado desde la Corporación Región de manera reiterada en los últimos 19 meses, el problema principal con el no cumplimiento del Acuerdo de Paz, no es que se desconozca lo pactado con una guerrilla que en general ha dado muestras de un alto grado de compromiso y cumplimiento, lo cual ya es grave, sino especialmente, que el Acuerdo estaba encaminado al reconocimiento y atención de deudas históricas acumuladas por décadas, en asuntos como las transformaciones democráticas del agro colombiano, la profundización de un modelo de participación democrática real, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y la garantía integral de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las más de 8 millones de víctimas que registra nuestro país, luego de más de cinco décadas de conflicto armado interno. En este sentido, que el Acuerdo no se cumpla no es un problema para las FARC, sino la pérdida de una oportunidad histórica de trasformación democrática para nuestra nación, y el aplazamiento una vez más, de las expectativas de millones de habitantes del campo colombiano y de las víctimas, en torno a una nación con mayores oportunidades para llevar una vida digna. La estructura del presente documento es la siguiente: en la primera parte se da una mirada general a cómo va el proceso de implementación ampliando los elementos ya mencionados. En la segunda parte, se da una mirada general a cómo va la paz en el Departamento de Antioquia y en el Valle de Aburrá, y se termina con algunas consideraciones sobre la importancia de la perspectiva territorial en la implementación. 1. ¿CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓN? 1.1 La guerra entre las FARC y el Estado colombiano terminó El hecho más positivo que ha traído la firma del Acuerdo de Paz sin duda lo constituye el fin de los hechos de violencia relacionados con el enfrentamiento entre las FARC y el Estado colombiano.    Como se señala en un informe reciente, el Acuerdo de Paz trajo una sustancial reducción de muertes en combate. De acuerdo con datos estadísticos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), mientras en 2002 se registraron 2.799 muertes en combate (en las que se incluyen miembros de la Fuerza Pública, guerrilleros de las FARC y civiles), en 2017 no hubo un solo caso. Los resultados, muestran que la mayor cantidad de vidas que se perdieron desde 2002 hasta 2017 fueron las de los integrantes del entonces grupo guerrillero. En ese periodo murieron 8.957 personas que integraban las 
+FARC; 2.701 miembros de la fuerza pública, y 2.627 civiles.
+De la misma manera, un informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación identifica los siguientes cambios en la dinámica del conflicto armado: “La etapa del conflicto armado está superada, el mayor triunfo del acuerdo radica en la reducción sostenida de los indicadores de violencia, salvo los homicidios en algunos municipios. El desplazamiento disminuyó ostensiblemente entre 2016 y 2017, pasó de poco más de 120.000 desplazamientos en 2016 a 75.000 en 2017. Pero si se observa desde 2012, cuando dieron inicio las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, la reducción es impresionante, en ese año se llegó a la cifra de 272.000 desplazamientos. Los afectados por minas anti-personal pasaron en su peor momento (2006) de poco más de 1200 personas a 56 personas en 2017. Los secuestros están en su nivel más bajo en las últimas tres décadas. En 2017 se cometieron 180 secuestros, en su peor momento, a finales de los años noventa del siglo XX, se superaron las 3000 personas secuestradas. Los homicidios venían en un descenso marcado a nivel nacional desde 2012. Sin embargo, en 2017 se presenta un piso de cristal, la tasa de homicidio quedó prácticamente igual entre 2016 y 2017, con un leve aumento en un grupo de municipios. Al hacer una división en tres categorías el resultado es el siguiente. En las principales ciudades del país disminuyó levemente el homicidio, en el resto del país igualmente, pero en la tercera categoría zonas de postconflicto, es donde 
+se presentó el aumento”. Además de la reducción a cero de las víctimas producto de la confrontación, otro hecho positivo lo constituye que las últimas jornadas electorales desarrolladas en el primer semestre del presente año fueron las más pacíficas desde comienzos de la década de los 80 del siglo pasado. Ni un sólo puesto de votación tuvo que ser trasladado por motivos de orden público, no hubo ninguna acción de violencia, intimidación o constreñimiento por parte de ex integrantes de las FARC contra ningún candidato. Y si bien es cierto las FARC no eran el único grupo armado presente en el país, pues también contribuyó a esto la declaratoria del ELN de cese al fuego temporales para no interferir en la participación electoral; sin duda el fin de la existencia de las FARC como guerrilla es un factor fundamental en haber logrado este propósito de unas elecciones sin violencia. Finalmente, hay que destacar el compromiso y disciplina de las FARC en el cumplimiento de lo acordado. Hicieron el proceso de concentración y dejación de armas de manera disciplinada y rigurosa, adelantaron todas las actividades conducentes a su transformación en partido político legal, e intentaron hacer campaña presidencial, pero se encontraron ante un ambiente hostil, en parte como reacción de sectores sociales contra su actuación política, aunque también hay que señalar que hubo partidos políticos que apostaron y organizaron actos de rechazo a la presencia de su candidato presidencial Rodrigo Londoño en actividades públicas, lo cual sumado a sus problemas de salud, terminaron provocando la interrupción de la campaña presidencial, y la reducción de sus actos públicos a eventos cerrados y con sus más cercanos partidarios. 
+En las elecciones parlamentarias, los candidatos de la FARC, obtuvieron un muy bajo desempeño, con solo 52.532 votos al Senado y 30.643 a Cámara, equivalentes al 0.34% y 0.22% respectivamente, del total de la votación al Congreso. Para las presidenciales desistieron de presentar candidato propio, y asumieron las 10 curules, 5 al Senado y 5 a Cámara, que les corresponde durante 8 años, merced a lo establecido en el Acuerdo de Paz, aunque no se posesionaron Iván Márquez en su curul de senador por inquietudes 
+sobre la marcha de la implementación y Jesús Santrich en la Cámara, por estar detenido pendiente de la resolución de la investigación sobre su posible participación en delitos después de la firma del Acuerdo. 1.2 Implementación legislativa En el segundo informe de seguimiento presentado el pasado 9 de agosto, el Instituto Krock reconoce un avance ponderado del 61% de avance en la implementación, pero llama la atención sobre los enormes retos que tiene la consolidación del Acuerdo, especialmente en materia de desarrollo rural, sustitución de cultivos de uso ilícito, derechos de las víctimas y garantías para la reintegración de los excombatientes. El Instituto advierte sobre el momento crítico del proceso y considera que el éxito del proceso no está garantizado, ni que el riesgo de retorno del conflicto haya desaparecido; además hizo algunas advertencias sobre la importancia de corregir asuntos preocupantes, en especial relacionados con la seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex integrantes de las FARC. Es necesario avanzar de inmediato en temas críticos como las garantías de seguridad y protección para los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y para los excombatientes de las FARC-EP, así como en las garantías para la participación política y puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La desatención de estos temas puede generar una cascada de efectos negativos sobre la implementación de otras disposiciones del Acuerdo y amenazar la 
+consolidación de la paz.” 
+De este balance, se destaca el bajo nivel de desarrollo durante la fase de fast track de asuntos como la reforma rural integral, drogas ilícitas y víctimas. A este negativo nivel de desarrollo normativo, contribuyó sin duda la sentencia de la Corte Constitucional C 332 de mayo del 2017, en la cual se modifica el procedimiento Fast Track y especialmente introduce dos cambios que afectaron la diligente discusión de los proyectos que desarrollaban lo acordado: El primero, eliminó la obligatoriedad de las y los congresistas para votar solo Sí o No al bloque de las leyes que presentaba el gobierno en relación con el proceso de paz y abrió la posibilidad a debatir cada uno de los artículos de los proyectos presentados; en segundo término, la Corte consideró que la norma que establecía que los proyectos de ley y de Acto Legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con 
+el aval previo del Gobierno Nacional.7 Aunque en principio esta determinación de la Corte Constitucional en términos conceptuales se podría ver como positiva, al proteger la separación y autonomía de los poderes públicos, en la práctica significó un excelente recurso para que las bancadas parlamentarias opuestas al Acuerdo de Paz entorpecieran la labor legislativa y terminó impidiendo un mejor avance legislativo en términos de paz. El balance al final del segundo semestre del 2017 posterior a la finalización del fast track, siguió siendo claramente insuficiente y ya en el primer semestre de 2018, caracterizado por ser el último periodo legislativo del Congreso que terminó el pasado 20 de julio, así como por las expectativas sobre quién sería el nuevo presidente de la República, contribuyeron a una precaria labor legislativa en desarrollo del Acuerdo. Deben señalarse igualmente algunos problemas graves ocurridos durante el debate a la implementación de uno de los elementos centrales del Acuerdo de Paz, relacionado con el punto de garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. El Acuerdo crea un Sistema Integral compuesto por tres dependencias: la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas –UPBD- en el marco del conflicto armado, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad-CEV-, y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); a lo cual se suman dos paquetes de medidas: de Reparación Integral y Colectiva y Garantías de No Repetición. Lo primero es que un fallo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la JEP a través de la sentencia C674 de noviembre de 2017, deja a los funcionarios públicos que no sean integrantes de las fuerzas armadas y a los terceros civiles que hayan promovido graves crímenes o se hayan beneficiado conscientemente del conflicto armado, en libertad para decidir si comparecen voluntariamente ante la JEP, o si mejor se quedan en la justicia ordinaria. De nuevo, desde lo conceptual, el fallo no lesiona de manera sustantiva el diseño del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero en la práctica, abre una puerta enorme a la impunidad, pues el desempeño de la justicia ordinaria es muy precario en estas investigaciones. Por otro lado, luego de conocerse la elección del candidato Iván Duque, perteneciente al Centro Democrático, partido que se ha opuesto al Acuerdo de Paz, el Senado colombiano aprobó el reglamento operativo de la JEP con dos modificaciones sustanciales: se elimina la competencia de los magistrados de la JEP para decretar pruebas ante solicitudes de extradición de ex guerrilleros sometidos a Jurisdicción Especial, y lo más grave, se establece que se debe crear una sala especial para integrantes de la fuerza pública, pues se considera que los magistrados de la JEP no son idóneos para juzgar a estas personas. Aunque el presidente electo ha manifestado que no hará trizas lo acordado, estas modificaciones lideradas por la bancada del Centro Democrático en el Congreso, sumadas a los anuncios de promoción de un referendo para revocar la JEP, y algunos pronunciamientos sobre la Comisión de la Verdad hechos por reconocidos líderes de este mismo partido, ponen en evidencia una diferencia entre lo manifestado públicamente por el presidente Duque y los miembros de su bancada parlamentaria. Ahora bien, desde la mirada del gobierno nacional, el balance se expresa de la siguiente manera: en materia legislativa, se expidieron 97 normas, entre las cuales se destacan las seis reformas constitucionales que dieron vida a la JEP, seguridad jurídica, la reincorporación política y monopolio de la fuerza por parte del Estado. También se impulsaron leyes ordinarias; 36 decretos ley, y 48 decretos ordinarios. Con la información brindada por la Corporación Viva la Ciudadanía, se presenta el resumen de normas expedidas a julio 19 de 2018, por el Gobierno Nacional mediante la Presidencia de la República, sus dependencias y ministerios, así como aquellas normas aprobadas por el Congreso de la República en el marco y con ocasión de la implementación normativa del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Implementación legislativa 50 40 30 20 10 0 Reforma rural
+integral Participación
+política Fin del conflicto Drogas Víctimas Implementación Actos legislativos Leyes estatutarias Leyes Decretos Directivas Resoluciones Comunicados vinculantes Fuente: Elaboración propia con información de Viva la Ciudadanía (julio 19 de 2018) En la gráfica anterior, se puede ver que algunos puntos tienen un desarrollo normativo significativo de diverso orden; entre ellos, lo relacionado con el Fin del Conflicto, víctimas e implementación; pero otros puntos como drogas, participación política y reforma rural que no avanzaron de manera suficiente; adicionalmente que el grueso de los desarrollos se dio por decreto (94); lo que evidencia la complejidad del proceso en el Congreso de la República. En el proceso de implementación del Acuerdo se valora la formación de una nueva institucionalidad que consta de 12 entidades, lo cual es un paso importante posterior a la firma de los acuerdos de la Habana, entre las que se encuentra la Comisión de la verdad, Comisión de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Agencia de desarrollo Rural, entre otras. Además, se han creado o modificado 15 espacios interinstitucionales para el óptimo funcionamiento de la institucionalidad que se debe encargar de la implementación, entre ellos el Gabinete para el posconflicto o la Comisión Nacional de garantías de seguridad. En cuanto a las garantías de seguridad, el ex vicepresidente Oscar Naranjo, destacó que se creó un programa especial para la protección de los excombatientes, actualmente, de los 12.000 miembros de las FARC que dejaron las armas, 160 han recibido esquemas de protección. Adicional a esto, se ha capacitado aproximadamente 1.000 excombatientes para que integren esquemas de seguridad y para el mes de mayo, había aproximadamente 500 en curso de entrenamiento. Además, se creó un cuerpo elite de la policía para el desmonte del paramilitarismo y sus estructuras sucesoras y se lanzaron los planes llamados Victoria y Horus, con el fin de ocupar los espacios dejador por las FARC. El desminado es otro punto muy importante dentro de la agenda del gobierno con el escenario del posconflicto, al mes de mayo se habían reportado 263 municipios en intervención y se han dejado 188 municipios totalmente libres de minas antipersonas, en esta materia, también se creó un grupo de desminado integrado por 400 excombatientes de las FARC. En el tema de las drogas, el gobierno sostiene que en el 2017 se erradicaron más de 52.000 hectáreas de coca, y en los primeros 50 días de 2017 ya se habían registrado más de 3.200 hectáreas erradicadas. Igualmente se han realizado acuerdos de sustitución voluntaria con más de 58.700 familias, que involucrarían 45.641 hectáreas. Por último, se entregó el informe en cuanto a crímenes contra defensores de derechos humanos, según el registro del gobierno, en 2017 fueron 84, y en lo corrido de 2018 se han registrado 123 muertes violentas a líderes sociales. Con respecto a crímenes contra integrantes de las FARC, la presidencia ha reportado 55 homicidios, entre los que se identifican 33 casos ya certificados, de los cuales 9 ya se encuentran en procesos de investigación, y 13 crímenes contra familiares y miembros de la organización. Es preocupante, además, la falta de diligencia del gobierno nacional para poner en funcionamiento programas y estrategias fundamentales ya aprobados, como ocurre con 
+los PDET y con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los trámites burocráticos se terminan convirtiendo en una amenaza adicional para implementar lo acordado. Estos hechos hacen evidente tres problemas graves, estructurales, que está experimentando la implementación: primero, que no hay voluntad de Estado para cumplir lo acordado en asuntos esenciales como desarrollo rural, participación política, y drogas y cultivos de uso ilícito; segundo, el entender que esto no es un Acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, sino un acuerdo de gobierno y que, en consecuencia, puede ser modificado unilateralmente. Y tercero, es que pareciera que se va consolidando una interpretación de que los únicos que cometieron graves crímenes en el marco del conflicto armado fueron los integrantes de las FARC y que, en consecuencia, la JEP y el Sistema en general, están destinados a conocer sólo las responsabilidades de una de las partes en la confrontación. Por otro lado, el enfoque territorial es incluido en el Acuerdo al considerar que la guerra ha impedido el establecimiento de instituciones sólidas en los territorios del país. De manera que un objetivo central en la fase de posacuerdo es la consolidación de éstas. La continuidad de hechos de violencia como el asesinato a líderes y lideresas sociales da cuenta de la escasa coordinación política que existe entre las diferentes instancias territoriales de gobierno para la implementación y, en ese sentido, de las deficiencias institucionales del Estado para atender estas problemáticas. Otro asunto que reafirma lo anterior, son las escasas condiciones de bienestar brindadas a ex combatientes en las zonas de transición –acabó su periodo y la mayoría no contaba con condiciones sanitarias adecuadas-. Esto deja preocupación en lo que respecta a las garantías para la no reinserción y el proceso de reintegración de excombatientes. Igualmente, los gobiernos locales, con proximidad a estas zonas, no incluyen en su plan de gobierno estrategias de respaldo a la implementación del Acuerdo (caso Remedios, caso Ituango), lo que evidencia escasas capacidades en lo local para la implementación. Si bien el Acuerdo reconoce la necesidad de la perspectiva territorial, su implementación hasta ahora se agota en las apuestas del gobierno central que, como ya se dijo, tiene serias limitaciones en el cumplimiento y avance legislativo de lo acordado. 1.3 Grave situación de asesinato sistemático de hombres y mujeres líderes sociales y de ex integrantes de las FARC y algunos de sus familiares Más allá de los debates sobre las cifras de asesinatos de líderes sociales dos conclusiones son incuestionables: el número de asesinatos es escandaloso y se han incrementado luego de la firma del Acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016. Como señala el informe anual 2017 de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH: “La OACNUDH está extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques. En 2017, la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales. La OACNUDH también registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no solicitada de fotografías y el robo de información); cuatro desapariciones forzadas; y la violación 
+sexual de una mujer activista”.
+Sobre este mismo asunto, se pronunció el Instituto KROC en boletín de prensa expedido con motivo de una reunión sostenida el 5 de mayo de 2018 entre la Oficina del Instituto en Colombia y la Comisión Internacional de Notables compuesta por el ex jefe de gobierno de España Felipe González y el ex presidente de Uruguay Pepe Mujica, a la que también asistieron líderes de las FARC, representantes de la Unión Europea y Naciones Unidas, entre muchos otros, en la cual se considera que si bien es cierto la implementación avanza, hay retos urgentes que deben ser abordados estratégicamente. Así mismo, se enfatizó en que serán necesarios esfuerzos continuados para impulsar el proceso hacia adelante, particularmente, los relacionados con programas a largo plazo para la reintegración de excombatientes y garantizar la protección a defensores de 
+derechos humanos y otros líderes sociales. Esta preocupación se ve reforzada por el Tercer Informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia (26-07-2018), que ratifica la voluntad de Naciones Unidas de seguir acompañando el proceso, pero advierte sobre sus preocupaciones en torno al aumento del número de muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en una dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales del país. Llama igualmente la atención sobre la necesidad de acelerar el progreso en la implementación de proyectos productivos de generación de ingresos para los y las excombatientes, y de avanzar en la tarea de “consolidar la paz”, ya que persiste la incertidumbre sobre cuestiones como las garantías 
+jurídicas. Según el Informe Todos los nombres, todos los rostros, informe de Derechos Humanos sobre la situación de líderes/as y defensores de Derechos Humanos en los territorios, Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular, Equipo Operativo Nacional Garantías y Derechos Humanos Coordinación Social y Política “Marcha Patriótica” y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz, presentado el pasado mes de mayo de 2018, el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 14 de mayo de 2018 era de 385, distribuidos así: 116 en 2016, 191 en 2017 y en 2018 hasta el 14 de mayo, 78. Esta cifra fue actualizada por el mismo equipo interinstitucional con fecha de corte a 2 de junio de 2018, y ya se registraban 98 asesinatos, lo cual comparado con los 77 casos ocurridos en el mismo periodo de 2017, 
+significa un incremento del 27%.13 Sobre los perfiles de las y los líderes asesinados, la Fundación Paz y Reconciliación en el informe Nos Están Matando: el perfil de los líderes asesinados, publicado el 1 de marzo de 2018, establece que los rasgos comunes en los perfiles de las víctimas de estos hechos se podrían agrupar en tres categorías:  Presidentes o miembros de las Juntas de Acción Comunal, representantes de las mesas de víctimas y líderes a favor de restitución de tierras;  Líderes que se oponen a las economías ilegales presentes en los territorios: cultivos de uso ilícito, tala indiscriminada de madera y denuncia de minería criminal;  Defensoras de derechos colectivos, territoriales y culturales, lucha encabezada – en 
+gran medida- por líderes indígenas, campesinos y afros de consejos comunitarios. En cuanto a los factores explicativos de esta oleada de crímenes, la Fundación Paz y Reconciliación en el Informe Cómo va la paz, del pasado 6 de junio, identifica que hay tres razones explicativas del incremento de asesinatos de líderes en los últimos meses: primero, la agitación en medio de la contienda electoral, una segunda razón se debe a los avances en la implementación de algunos de los puntos de la agenda de paz y a los obstáculos que han surgido en concordancia a los Planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, debido a los intereses de actores ilegales que buscan sabotear estas medidas en tanto no les son funcionales para sus intereses económicos ligados al narcotráfico. Y tercero, es evidente que hay un incremento en algunos de los municipios donde hubo presencia de las FARC y en donde actualmente se vive una disputa territorial entre bandas criminales y otros grupos armados ilegales, zonas donde no se logró copar el 
+vacío de autoridad mediante la consolidación del Estado Social de Derecho. A pesar de la gravedad de la situación, preocupa la débil respuesta institucional, la cual se ve reflejada en la negativa y minimización de las dimensiones de este proceso de violencia contra líderes sociales, como lo evidencian las declaraciones del Ex Ministro de Defensa Nacional Luis Carlos Villegas, quien en entrevista con el noticiero Noticias 1, argumentó que la “inmensa mayoría de los asesinatos de líderes sociales en las regiones 
+son frutos de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas”.
+ Esta postura, niega la evidencia de la sistematicidad de los crímenes y los atribuye a asuntos personales, lo cual afecta la calidad de la respuesta institucional. Cabe destacar que en un sentido diferente se ha pronunciado la Procuraduría General de la Nación, que en informe presentado a la opinión pública el pasado 14 de abril, considera que sí se presentan rasgos de sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en Colombia dado que “el conjunto de homicidios de líderes no es una sumatoria de crímenes aislados ni se trata de prácticas que se acumulan o suceden de manera casual o accidental”, y reitera que, con respecto a las violaciones de los derechos de los defensores de derechos territoriales, “encuentra que existe sistematicidad”. Incluso señala que va a investigar la presunta responsabilidad en estos hechos de 
+integrantes de la fuerza pública. El otro elemento que preocupa de la reacción estatal es la impunidad frente a la mayoría de estos crímenes. La Fiscalía General de la Nación reporta en enero de 2018, que está investigando 238 casos de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurridos entre 2016 y 2017 y que en las investigaciones aparecen vinculadas un centenar de personas, de las cuales más de 70 se encuentran privadas de la libertad, todas ellas sindicadas de ser posibles autoras materiales de los asesinatos. Además, según el entonces director nacional de Fiscalías Seccionales, Luis González, más del 50 
+por ciento de los casos investigados ya fueron esclarecidos.18 No obstante, el no reconocimiento de un patrón común de sistematicidad y la falta de avances en la identificación de los autores intelectuales y determinadores de los crímenes es un factor negativo que debilita la lucha contra esta forma de victimización. Según reporta el diario El Espectador, un año después de la creación del Cuerpo Élite de la Policía para investigar los crímenes contra líderes sociales en diversas regiones del país, los resultados de esas pesquisas empiezan a aportar conclusiones. De los 171 crímenes que han sido avalados por las Naciones Unidas para ser investigados, porque se tiene evidencia de que las víctimas eran defensores de derechos humanos, ya se registran 15 sentencias. Sin embargo, las estadísticas del Cuerpo Élite de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación también evidencian las dificultades para avanzar en el recaudo de pruebas para judicializar a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Esas cifras señalan que 104 de los casos investigados están en etapa de 
+indagación preliminar, 20 en estado de investigación formal y 32 en etapa de juicio.
+Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos constituyen un grave desafío a las posibilidades de la implementación del Acuerdo de paz, debilitan la participación territorial y afectan el cumplimiento del mandato de paz territorial incluido como fundamento del proceso y el Acuerdo de paz. Sobre el recurrente proceso de asesinato de ex integrantes de las FARC y sus familiares la situación es la siguiente. Según la base de datos del movimiento político Marcha Patriótica, entre el 13 de noviembre de 2016 y el 24 de junio de 2018, han sido asesinados 
+70 ex combatientes de las FARC, 69 hombres y una mujer: 2 de estos casos ocurrieron en 2016, 50 en 2017 y 18 en lo que va corrido de 2018. Igualmente han sido asesinados 18 familiares. Esto reviste una gran relevancia para las organizaciones sociales, porque fueron múltiples los llamados antes del proceso de dejación de armas; para que la institucionalidad hiciera una presencia integral en los territorios donde hacia presencia las FARC; incluso porque el enfoque territorial, incluido en el Acuerdo parte de reconocer que el conflicto armado ha impedido el establecimiento de instituciones sólidas en los territorios del país, por lo cual, un objetivo base para la paz territorial; es la consolidación de la institucionalidad; es decir que la continuidad de hechos de violencia como el asesinato a líderes y lideresas sociales da cuenta, por lo menos de la escasa coordinación política que existe entre las diferentes instancias territoriales de gobierno para la implementación y las garantías de seguridad. 1.4. La perspectiva de género El enfoque de género permite generar un análisis que visibilice aquellas diferencias históricas, derivadas de las discriminaciones estructurales que han sufrido mujeres y población LGBTI, así como construir herramientas e instrumentos que permitan combatir la desigualdad y cerrar las brechas entre hombres y mujeres. En un contexto de terminación del conflicto armado, este enfoque permite identificar los diversos roles que han jugado las mujeres en ese contexto: como víctimas, agentes del conflicto y gestoras 
+de paz. Se valora la creación de la Instancia Especial para contribuir a la garantía del enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final y en esa medida, si bien se han dado avances a nivel nacional y las leyes aprobadas han intentado apropiar el enfoque planteado; la concreción del enfoque en las acciones, planes y programas sigue teniendo dificultades y es algo bastante distante de las dinámicas territoriales del Valle de Aburrá. 
+Por ejemplo, en cuanto a las medidas afirmativas del enfoque se puede observar que a pesar de que se han expedido algunos decretos que contienen los derechos de género como lo es el decreto 893 de 2017 en el cual se pide que los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) fortalezcan a las organizaciones campesinas en el territorio (Valle de Aburrá) todavía no son muy visibles este tipo de organizaciones dentro de los PDET. Si bien se espera que el proceso de reintegración incorpore una visión integral desde el enfoque de género, asegurando las garantías de seguridad diferencial para las mujeres, 
+existen dificultades ligadas a los pocos recursos humanos y presupuestales; un ejemplo de lo anterior es como en las zonas transitorias no se tuvo una adecuación física de los espacios de manera diferenciada para las mujeres, sumado a la situación precaria para las mujeres embarazadas y lactantes, lo cual va en perjuicio del bienestar físico y mental de dichas mujeres. De otro lado, sigue siendo limitado el avance, la creación y ejecución de iniciativas propias que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres que habitan los municipios priorizados y que están implementando PDET; entre esos el departamento de Antioquia con 
+la organización de 
+los Espacios Territoriales de Capacitación y 
+Reconciliación, conocidos como ETCR, ubicados en Llano Grande, Ituango y Dabeiba. En cuanto a la población LGTBI el espectro es aún más pequeño con avances menos sustantivos puesto que no se encuentran medidas específicas para garantizar su participación y tampoco hay registros de la participación en los procesos veredales de los PDET. Es realmente importante alcanzar todas las acciones necesarias para la inclusión a todos los miembros de la sociedad indistintamente de su sexo e identidad de género; de no hacerlo se podría afirmar que se estarían reproduciendo las barreras históricas e institucionales impuestas por la sociedad patriarcal. (Cinep: 20018, 44) Finalmente, la escasa información y divulgación frente al enfoque de género por territorios, deja interrogantes frente a la concreción de objetivos, el presupuesto y las acciones encaminadas a cumplir los objetivos de este enfoque transversal. 2. ¿Y CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓN EN ANTIOQUIA Y EL VALLE DE ABURRÁ? Antioquia tiene la marca negativa de ser uno de los departamentos del país donde se ha presentado un mayor número de víctimas del conflicto armado, producto de los enfrentamientos y las acciones de guerra desplegadas por los actores de la confrontación durante un poco más de 5 décadas. Por eso, del total de 8.685.848 víctimas del Registro Único de Víctimas, 1.572.785 son del Departamento de Antioquia, equivalentes al 18.1% de todas las víctimas del país. Dada la evidencia de que en Antioquia se había dado una presencia histórica de la guerrilla de las FARC en la mayor parte del territorio, en el marco del proceso de desmovilización de esta guerrilla, se ubicaron 5 zonas transitorias en el Departamento: Vereda Santa Lucía en Ituango, la Plancha en Anorí, Carrizal en Remedios, Llanogrande en Dabeiba y el Vidrí en Vigía del Fuerte, y desde hace seis meses, cerca de la mitad de los excombatientes ubicados en la Zona Transitoria El Gallo, del Sur de Córdoba se desplazaron para ubicarse en San José de León, zona rural cercana a Mutatá. Sin 
+embargo, la mayoría de excombatientes están abandonando estas zonas, debido a la precaria atención institucional que allí se está ofreciendo, sumado a las incertidumbres sobre el futuro del cumplimiento del Acuerdo, los crecientes problemas de violencia en zonas circundantes y los ataques contra ex combatientes, contribuyen este fenómeno de abandono de las zonas. En cuanto a los Planes de Desarrollo Territorial, estos seleccionaron 16 subregiones con 170 municipios, con base en los siguientes criterios de priorización: 1. Áreas de cultivos ilícitos en la región (según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -SIMCI 2015). 2. Grado de afectación por minas en cada municipio de la región (según Plan Estratégico 2016-2021 de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal). 3. Presencia de Contratos Plan en la región. 4. Presencia de sedes regionales de la Agencia de Renovación del Territorio 5. Presencia de Zonas Veredales de Transición en ese territorio. 
+Participación en sistemas de ciudades. En Antioquia se han establecido cuatro: uno en la subregión de Urabá, con cobertura sobre 8 municipios, otro en el Bajo Cauca y Nordeste, con un área que cubre a 13 municipios, y dos parciales, el compartido con Chocó que incluye dos municipios de Antioquia: Murindó y Vigía del Fuerte y Sur de Bolívar, que incluye al municipio antioqueño de Yondó. Algunas de las principales dificultades que se han establecido están relacionadas con problemas de articulación entre la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad de Restitución de Tierras, y el Programa de Sustitución de Cultivos, lo cual además es grave por el bajo nivel de implementación del punto 1, desarrollo agrario integral. 2.1 ¿Una sociedad mayoritariamente opuesta al Acuerdo de paz? A pesar del alto nivel de victimización sufrido por la población del departamento de Antioquia, esta región se ha convertido en uno de los territorios donde se concentra la mayor parte de la población que votó por el No, en el plebiscito del pasado 2 de octubre de 2016, e igualmente, de las más altas votaciones a nivel nacional por partidos políticos opuestos al Acuerdo de Paz. Para este comportamiento puede haber razones culturales históricas, además del ascendente de una figura como la del expresidente y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe, y asuntos relacionados con el impacto colectivo de la violencia sobre la cultura política y los valores democráticos. Lo que es innegable es que, si se miran los últimos certámenes electorales, el comportamiento del Departamento y la subregión Valle de Aburrá es claramente indicativo de la existencia de una opinión pública y una sociedad que mayoritariamente están en contra del Acuerdo de Paz, al menos, entre quienes votan, pues también es llamativo el alto nivel de abstencionismo. 
+Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil Si se miran las gráficas anteriores, se destaca que en ningún municipio del Valle de Aburrá ganó el Sí en el plebiscito y que, en la mayoría de los municipios, la votación por el No casi que duplicó la del Sí. Antioquia aportó el 16.44% de la votación por el no de todo el país, y sólo Medellín el 6.7%. En la primera vuelta presidencial, en el Valle de Aburrá la votación por Iván Duque representó el 52.80% –ganador en 9 de los 10 municipios que componen la subregión-, Sergio Fajardo el 33,06% y Gustavo Petro el 7.66%. Solo en el municipio de Girardota por un estrecho margen de 575 votos ganó el candidato Fajardo. El voto en blanco no tuvo gran representatividad en esta contienda, el número total de votos en blanco en la subregión fue de 38.166 equivalentes al 2,32% de los resultados. La inclinación por el candidato del Centro Democrático se corresponde con los resultados electorales de las pasadas elecciones al Congreso de la República (mayo 2018) y el plebiscito sobre los acuerdos de paz (2016). Los resultados dan cuenta del caudal electoral que tiene el Uribismo en el departamento de Antioquia –aportando el 18.06% de la votación de Duque en todo el país, y de los cuales el 7.03% corresponde sólo a Medellín. En la segunda vuelta se repite el comportamiento, Duque obtiene en el Valle de Aburrá el 76,77% de los votos, ganando en todos los municipios de la subregión con un amplio margen. Lo que da como resultado un aporte del 17.77% de Antioquia, en la votación nacional de Duque y un 6.6% solo en el caso de Medellín. Varios asuntos generales pueden deducirse de estos resultados. El primero, hubo una ampliación en la participación de líneas políticas consideradas alternativas. En Antioquia se evidenció con la candidatura de Sergio Fajardo por la Coalición Colombia - conformada por los partidos Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo y la organización política Compromiso Ciudadano-. Fajardo a pesar de no pasar a la segunda vuelta, obtuvo gran aceptación por parte de sectores sociales como los y las jóvenes, y el empresariado, obteniendo el segundo escaño en la mayoría de los municipios del Valle de Aburrá. En el panorama nacional, la candidatura de Gustavo Petro y su paso a la segunda vuelta con Iván Duque, demuestra el crecimiento de fuerzas políticas alternativas, lo cual no deja de sorprender dadas las múltiples resistencias históricas en el país, a que existan expresiones políticas de la izquierda en espacios de la democracia representativa. Si bien la elección democrática no parece ser favorable a la implementación del acuerdo de paz en esta región del país, es de anotar que las fuerzas alternativas lograron avanzar de manera significativa en el escenario político, el reto que se tiene es mantener una acción rigurosa de dichas fuerzas que sea sostenible en el tiempo y que fortalezca y amplíe la relación con la ciudadanía. 2.2 Unas autoridades poco claras frente a la implementación Tanto el Gobernador de Antioquia como el Alcalde de Medellín se han distinguido a nivel nacional por mantener una actitud a veces crítica y en otros momentos claramente hostiles al proceso. En diversas ocasiones el alcalde Federico Gutiérrez ha expresado su rechazo al Acuerdo, como cuando a finales del 2016, criticó la presencia en la ciudad de los delegados de las FARC para capacitarse con ONU en el sistema de verificación definido entre el Estado colombiano, la ONU y la guerrilla de las FARC, o en 2017 en 
+donde se negó a asistir a un evento organizado por la Iniciativa Unión por la Paz, en ambos casos el Alcalde se ha negado a dialogar con ex integrantes de las FARC y ha 
+considerado su presencia como un peligro para la ciudad.26 El apoyo del Alcalde Gutiérrez a los temas de paz ha quedado reducido a pequeñas acciones, como la escasa pedagogía electoral hecha por la Alcaldía en los días previos al plebiscito, y su ambigua postura frente al Consejo Municipal de Paz, pues aprobó su creación, pero no se ha convocado y además exigió que la secretaría técnica estuviera en manos de la Secretaría de Seguridad del Municipio, sin tener en cuenta que el Acuerdo establece una secretaría técnica compuesta por tres instancias: la secretaría de seguridad, la subsecretaría de derechos humanos y una persona de la sociedad civil. 
+En cuanto al Gobernador Luis Pérez, su actitud ha resultado paradójica, pues a pesar de sus constantes choques con el Gobierno Nacional y con los representantes de las FARC en el departamento, ha asumido asuntos relacionados con la reincorporación y el desarrollo de los PDTS. Sin embargo, tanto el Gobernador como su Secretaría de Gobierno han generado dudas frente al proceso de paz, haciendo denuncias sin fundamento, como en diciembre de 2016 cuando la Gobernación denunció que en las zonas transitorias de normalización de Antioquia se celebraban grandes fiestas, o en marzo de 2017 cuando denunciaron que se les había impedido el ingreso a unos funcionarios de la Gobernación a una zona transitoria; ambos casos fueron desmentidos y aclarados tanto por los representantes 
+de las FARC, como por los representantes del Gobierno Nacional. Ahora bien, la postura de los demás Alcaldes de los municipios del Valle de Aburrá frente al Acuerdo de Paz también han sido restringidas; algunos Alcaldes, caso a resaltar en el municipio de Copacabana, desarrollaron acciones de pedagogía del acuerdo y mostraron voluntad en aportar en la construcción de paz planteando algunos proyectos en los planes de desarrollo; sin embargo, en la actualidad, las acciones son bastante limitadas y de corto alcance, eso sumado a que la implementación del Acuerdo no conversa claramente con el Valle de Aburrá. De igual modo, el Área Metropolitana, que en cabeza de su director, Eugenio Prieto inició una serie de programas que aportaban a la reflexión sobre los temas de paz en todo el Valle de Aburrá, no pudo continuar con el ejercicio, dado el llamado de atención que tuvo en su momento por parte del Alcalde de Medellín, como presidente del AMVA el cual en un evento público le expresó lo siguiente: “No tiene nada que estar haciendo en temas de paz, para eso hay otras 
+entidades…” Un hecho reciente, y que genera preocupación, es el anuncio que la Gobernación hizo el pasado 13 de junio, en donde plantea que está buscando eliminar las zonas que venían funcionando en Antioquia y las construcciones que se han establecido en ellas. Para esto, se basa en la inminencia de la expedición de un decreto del Gobierno Nacional para disolver los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación a nivel nacional, argumentando que son construcciones mal hechas e inseguras para la gente, y que además “dejar una estructura de esas por allá en una finca lejana, lo que va a causar es 
+que los ilegales se metan a esas zonas.” 
+Más allá de lo normativo, y de las tensiones que se han generado en la región con este proceso de paz, el llamado de los gobiernos locales y departamentales debería estar en sintonía con la terminación del conflicto armado, la consolidación de la paz en los territorios, y la búsqueda de alternativas para garantizar la reintegración colectiva de los ex combatientes que habitan estos territorios; de lo contrario se podrán seguir presentando casos de disidencia de las FARC, como la del frente 36 que según información de la Fundación Paz y Reconciliación, tiene como centro de su actividad la zona del municipio de Ituango, y se está enfrentando a otras estructuras, principalmente del 
+Clan 
+del Golfo; 
+esta 
+confrontación 
+ha 
+provocado 
+asesinatos 
+selectivos, 
+desplazamiento forzado y miedo generalizado en la población.30 La situación descrita exige que las autoridades locales tomen las medidas necesarias para enfrentar la situación y que no se extienda a otros territorios.  2.3 Asesinatos de líderes y ex combatientes en territorio antioqueño 
+En el ya citado informe todos los nombres, todos los rostros, se identifica que entre el 1 de enero del año 2016 y el 14 de mayo de 2018, a nivel nacional han sido asesinados 385 líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos; para el departamento de Antioquia se han producido 54 asesinatos en el mismo periodo; es decir, el 14 % de los casos del país. Le antecede Cauca con la dolorosa cifra de 92 líderes asesinados. Con respecto a asesinatos de personas desmovilizadas de las FARC, el mismo informe reporta entre el 24 de noviembre del año 2016 (fecha en la que se suscribió el Acuerdo Final) y el 8 de mayo de 2018, a nivel nacional han sido asesinados 63 excombatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación, y se han presentado 6 casos de desaparición forzosa excombatientes y 17 en familiares de las FARC – EP. En cuanto a el desplazamiento forzado, la situación del Valle de Aburrá es bastante compleja debido a los problemas de orden público que se vienen presentando en el departamento; esto ha aumentado la cifra de desplazamiento forzado interno, incluso entidades como ACNUR, vienen planteando que la ciudad de Medellín, que ha liderado los procesos en ese sentido en el Valle de Aburrá, se está quedando sin capacidad para atender a las víctimas de desplazamiento forzado y a venezolanos que llegan tras la crisis en su país. En Colombia este año han ocurrido 20 desplazamientos masivos y en 
+Antioquia hasta el mes de marzo se han desplazado 1.970 personas.
+ Si bien el departamento de Antioquia tiene zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo, lo que de alguna manera reconoce que un alto porcentaje de las víctimas del conflicto armado se encuentran en este territorio (Según el RUV 1.160.242); no parece reconocer que un grueso de las víctimas se concentran en el Valle de Aburrá (564.774); la pregunta que surge es ¿Cómo conversará el proceso de construcción de paz con las expectativas de las víctimas asentadas en el Valle de Aburrá? En cuanto al proceso de reinserción a la vida civil por parte de los Integrantes FARC, según datos de la ARN (Grupo Territorial/ Punto de Atención Paz y Reconciliación) desde el 16 de agosto de 2017 a la fecha se han registrado en Medellín y el Área Metropolitana 191 Integrantes de las FARC, lo cual teniendo en cuenta que esta zona no fue un espacio de normalización es bastante significativo. 3. RETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL Como lo hemos planteado, hacer realidad la Paz Territorial, requiere además de terminar la confrontación armada; transformaciones de orden social, político e institucional, que hagan sostenible el proceso, por eso además del cumplimiento del Acuerdo, y de avanzar el proceso de negociación con el ELN; es necesario contar con unas entidades públicas fortalecidas, reconocedoras y garantes de los derechos, que actúen en pro del bien común; de igual forma es muy importante ampliar las posibilidades para que la ciudadanía participe y se sienta implicada en la construcción del desarrollo local para la paz. La necesidad de la perspectiva territorial afirma la pertinencia de establecer infraestructuras sociales que colaboren en la construcción de paz. Si bien el Acuerdo es un elemento esencial para la culminación del conflicto armado interno, no es condición suficiente para la consolidación de una paz estable y duradera, es más bien la apertura para atender a las enormes brechas sociales que han fomentado el conflicto durante décadas. En el marco de la implementación, se debe contemplar la existencia y participación de múltiples actores –locales, nacionales e internacionales- en la formulación de estrategias para la superación de la confrontación armada. El tránsito a la paz es un proceso complejo y dinámico que, indiscutiblemente, demanda de la articulación, participación activa, reconocimiento y compromiso de agentes que desde diferentes lugares de enunciación y acción contribuyan a la reestructuración de relaciones no violentas en la sociedad. Una infraestructura de paz está orientada a “transformar un sistema de guerra caracterizado por relaciones violentas, hostiles y profundamente divididas en un sistema de paz, caracterizado por relaciones interdependientes y justas con capacidad para encontrar mecanismos no violentos de expresión y tratamiento de conflictos” . Por lo anterior, la construcción de paz exige un marco integrado vinculante entre actores y estrategias, que en diferentes niveles aportan al proceso de construcción de paz a mediano y largo plazo; para ello el primer paso es reconocer las afectaciones diferenciadas del conflicto armado en los territorios y en ciertos grupos poblacionales, desarrollar acciones integrales para transformar dichas situaciones y para ello es fundamental recoger la experiencia y el conocimiento que ellas tienen para diseñar y emprender estrategias que respondan a esa realidad en lo local. Uno de los retos del posacuerdo es la consolidación de instituciones sólidas a lo largo del país. La paz no se agota en el diseño de instituciones formales “correctas” indiferentes a las necesidades territoriales. Allí donde el Estado se ha mantenido ausente en el marco de la guerra, han emergido instituciones de orden informal – a veces exógenas a las comunidades y sus circunstancias inmediatas en relación con factores como la presencia de actores armados, vulnerabilidad ante la violencia y demás- que han definido su modelo de vida. En ese sentido, contemplar la consolidación de instituciones fuertes tendrá que contar con el reconocimiento tanto de los derechos contemplados constitucionalmente como del rol político de agentes locales quienes finalmente dotarán de legitimidad y capacidad de incidencia a las instituciones estatales. Es fundamental recobrar o construir confianzas en la institucionalidad, para ello es necesario avanzar en la articulación interinstitucional y la coordinación horizontal. En esa medida y reconociendo que la paz es un proceso de larga duración, se requiere diseñar estrategias para el fortalecimiento de capacidades institucionales, a nivel departamental y municipal, incluidos los municipios del Valle de Aburrá, pues la institucionalidad aún no tiene la capacidad para generar las transformaciones internas que significan la construcción de paz, entendido como un horizonte ético y político de actuación; incluso en muchos casos no hay interés en desarrollar propuestas, programas y proyectos que apunten en esa dirección. Ahora bien, es cierto que aún no son claras las competencias locales y la articulación interinstitucional para llevar a cabo la construcción de paz, lo que profundiza las dificultades en el Valle de Aburrá. Se requiere además construir, fortalecer y desarrollar políticas sectoriales y transversales que aporten a la construcción de paz estable y duradera en los territorios, con metas y líneas de inversión para lo que resta de las administraciones locales y en clave de las elecciones locales que vienen; de igual modo estrategias integrales que aporten a consolidar la finalización del conflicto armado, y aporten en el cierre de brechas sociales y económicas en la subregión, entendiendo sus principales necesidades y capacidades; para ello, son indispensables espacios para la participación    efectiva que reconozca los sujetos y sus comprensiones sobre las dinámicas territoriales, así como las alternativas de transformación. Es necesario también, identificar y abordar problemáticas, conflictividades y propuestas territoriales asociadas a asuntos como: las afectaciones que en cada territorio generó el conflicto armado, Necesitamos conocer el número de víctimas en los municipios, su situación actual tanto de las expulsadas como de las que han llegado a los municipios, sus afectaciones psicosociales, sus demandas y necesidades más inmediatas; la infraestructura afectada, tierra y propiedades abandonadas; es decir comprender las afectaciones, pero también las resistencias que se desplegaron en medio del conflicto armado. En ese lugar, la reconstrucción de memoria juega un papel fundamental. De lo más urgente y como una deuda histórica, reparar a las víctimas del conflicto armado, pues pese a la Ley 1448 de 2011, siguen existiendo enormes dificultades en el nivel nacional, regional y local en relación con el restablecimiento y goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado, una deuda histórica de invisibilización y estigmatización frente a algunos grupos poblacionales, entre ellos las mujeres y la población LGBTI; además de hechos victimizantes no suficientemente reconocidos y atendidos de manera debida. Por ello además de prevenir las violencias contra los diferentes grupos poblacionales, se deben generar estrategias para la reparación integral de las víctimas, que les posibilite superar la exclusión y discriminación histórica que han vivido, y en especial que les garantice la no repetición de los hechos. Otro reto fundamental es diseñar e implementar estrategias para la prevención de violencias para evitar más víctimas, pues persiste la situación de vulnerabilidad y la presencia de actores armados que manejan la criminalidad organizada y generan miedo y control territorial en los municipios del Valle de Aburrá; de igual forma, siguen latentes los riesgos de recrudecimiento de 
+las violencias, hoy bastante exacerbadas en el 
+municipio de Medellín (Comuna 13, Comuna 7 y corregimiento de Altavista). Además de otras prácticas asociadas como son el lavado de activos, microtráfico y extorsión, en esa medida, es necesario desarrollar acciones encaminadas a prevenir y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, ello siempre desde acciones integrales que contemplen el enfoque de derechos humanos. Avanzar en medidas que aporten cada día a mejorar las relaciones interpersonales y la convivencia democrática. La definición de estrategias y procesos articulados que en lo local y subregional aporten a la recuperación del tejido social roto por la violencia; son elementos importantes para los procesos de reintegración e integración comunitaria, actos de reconocimiento y perdón, ejercicios de memoria histórica y de dignificación de las víctimas como una manera de avanzar en relaciones de confianza y convivencia democrática. Estas estrategias deberán articularse a la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad y la no repetición, y a los escenarios creados por el Acuerdo de paz para el diálogo, la concertación social y la transformación de conflictos, como los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia – CONPAZ, que deben activarse en todos los municipios del Valle de Aburrá. Los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), no son un asunto menor, pues es el proceso que posibilita que las personas que estuvieron como actores del conflicto, transiten a la civilidad y se reintegren a la vida social y económica para minimizar los riesgos de que reincidan como actores de violencia; en muchos casos, son la evidencia más significativa de un proceso de paz. En cuanto a la apertura política y la participación ciudadana, seguimos teniendo dificultades en el Valle de Aburrá, pues las expresiones políticas, organizativas y culturales alternativas y/o de oposición tienen muchas dificultades para su accionar, para expresarse, son en muchos casos perseguidas, estigmatizadas o no pueden acceder a los recursos y acompañamiento por parte de la institucionalidad en detrimento de su autonomía; por ello se requieren proponer medidas que orienten la gestión pública para una participación ciudadana incluyente y reconocedora de la diferencia que posibilite identificar y avanzar en visiones colectivas de paz y desarrollo. El estatuto para la oposición será un marco que permitirá avanzar en esa dirección. Para la sostenibilidad de la paz territorial y poder generar transformaciones a largo plazo, se requiere un fuerte trabajo educativo para la formación de una cultura de paz, en esa medida es necesario repensar y formular currículos tanto para las instituciones educativas como para el desarrollo de procesos formativos de orden social y cultural que desde una pedagogía para la paz puedan ir fortaleciendo los pilares de una cultura de paz en el departamento. Es necesario desarrollar procesos formativos que aporten a la construcción de sujetos y comunidades con elementos para apropiarse de sus problemáticas y buscar solución a las mismas; sujetos que gestionen sus conflictos y diferencias a través de formas pacíficas y democráticas, que valoren de la diferencia; con capacidad de exigencia y movilización por sus derechos, que participen activamente de las decisiones políticas que les conciernen y además hagan seguimiento y control ciudadano a la gestión pública Un asunto a profundizar tiene que ver las afectaciones al medio ambiente en el Valle de Aburrá debido al conflicto armado. Fruto de los múltiples desplazamientos forzados    tenemos un grueso de población viviendo en las laderas, en zonas de protección o de reserva; ejemplo de lo anterior es lo que viene sucediendo en el Municipio de Barbosa, en la vereda la Quintero, donde se tiene previsto un retorno de población que fue desplazada a causa del conflicto armado hace varios años, y que hoy habita un lugar de vital importancia para el municipio por ser una microcuenca del sistema de abastecimiento del acueducto de Barbosa. Otro reto entonces para la superación del conflicto en el Valle de Aburrá, es el reconocimiento de las víctimas como pobladores urbanos con derecho a la ciudad y al territorio y a participar de su desarrollo, en un territorio que sea sostenible. Incluso se plantea en escenarios públicos que dado el crecimiento desmesurado de los municipios del Valle de Aburrá, se han de incrementar las demandas y tensiones sociales que se traducen en fenómenos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, elementos centrales para la construcción de paz territorial, por ello es necesario considerar medidas como la integración y la articulación territorial que nos permitan enfrentar los diferentes conflictos territoriales en el contexto de posacuerdo, para garantizar la sostenibilidad del Valle de Aburrá. Finalmente, y como un elemento a resaltar es la participación ciudadana y el enfoque de género como ejes transversales del Acuerdo, por ello es necesario que haya una presencia efectiva de la sociedad en general, de las víctimas, de las mujeres y de la población LGBTI, en particular, en la construcción de la paz; en esa medida la participación en todos los momentos relacionados con la planeación, ejecución y seguimiento a los planes, programas y proyectos que  se implementen en los territorios, y que posibiliten reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las mujeres, pero también sus acciones de reconstrucción y aporte a la paz. Finalmente este documento no agota la discusión, es un abrebocas para poner en discusión los retos que para el Valle de Aburrá puede significar la construcción de paz; pues hoy la denominada paz territorial sigue siendo una deuda, incluso en los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz. 
+Primer informe de la implementación del enfoque de género en los Acuerdos de Paz en Colombia para los verificadores internacionales Felipe Gonzáalez y José Mujica, la CSIVI y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto. Bogotá CNN Latinoamérica. (16 julio 2018). ¿Por qué Iván Márquez no se posesionará como senador en Colombia? Estas son sus razones “insalvables”.

DeJusticia.txt

@@ -0,0 +1,447 @@
+La desaparición forzada ha sido reconocida como un delito grave, con 
+consecuencias que van más allá de la vida del desaparecido y afectan a 
+una sociedad en conjunto. Por ello, la búsqueda de las personas desaparecidas es crucial para la satisfacción de los derechos tanto de la persona 
+sometida a desaparición como de las demás víctimas. Además, al ser 
+una manera efectiva de determinar los elementos fundamentales para los 
+procesos de investigación penal del crimen, la búsqueda también contribuye a la lucha contra la impunidad y a la prevención de desapariciones 
+forzadas en el futuro. 
+Aunque las desapariciones forzadas han sido cometidas en muchas partes del mundo, América Latina sigue siendo unas de las regiones más 
+afectadas, por el alto número de casos registrados hasta hoy. Al mismo 
+tiempo, esta región también ha acumulado una vasta experiencia en la 
+búsqueda. Colombia y El Salvador son ejemplos de países en los cuales las 
+desapariciones forzadas han estado presentes históricamente, y en los que 
+los Estados y/o las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado 
+amplias iniciativas para la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, 
+a pesar de algunos esfuerzos estatales, que en ambos países incluyen la 
+creación de mecanismos de búsqueda, estos procesos han estado atravesados por diferentes obstáculos. Dos de ellos han sido la ausencia de 
+voluntad por parte del Estado para colaborar con las víctimas y la falta 
+de capacidad de las instituciones estatales y quienes las representan para 
+abordar la búsqueda con un enfoque de derechos humanos. De cualquier 
+modo, en ambos países se destaca el importante papel que ha tenido la 
+sociedad civil en el desarrollo de los procesos de la búsqueda, ya que ha 
+impactado positivamente en la participación efectiva de las víctimas en 
+dichos procesos. De hecho, la experiencia ha demostrado que garantizar 
+la participación de las víctimas no solo permite identificar y abordar sus 
+necesidades individuales, sino que además hace más eficaz la búsqueda 
+y aumenta su rapidez. En este artículo buscamos analizar cómo los marcos normativos de El 
+Salvador y Colombia han promovido o restringido la participación de las 
+víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil en los 
+procesos de búsqueda. Para ello, partimos de analizar las normas y los 
+estándares que regulan la búsqueda de personas víctimas de desaparición 
+forzada a nivel internacional. Posteriormente, hacemos un examen del 
+marco legal y de las instituciones que se han creado para impulsar la búsqueda en Colombia y El Salvador. Por último, exploramos las normas y los 
+mecanismos establecidos para implementar el derecho a la participación 
+en la búsqueda que existen a nivel internacional y en los países analizados. 
+Particularmente, el trabajo presta atención al documento más prometedor 
+en el tema de la búsqueda a nivel internacional: los Principios Rectores 
+para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (Principios Rectores, para 
+abreviar) del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (CDF), debido a su potencial para mejorar 
+la garantía del derecho a la participación en la búsqueda de las personas. De esta manera, este artículo llena un vacío en la literatura sobre desaparición 
+forzada en la región. La literatura jurídica se ha concentrado en aspectos 
+normativos sobre la criminalización de la conducta, la investigación y la 
+sanción del delito de desaparición forzada, pero no ha abordado el tema 
+específico de los procesos de búsqueda, más allá de ciertos ejercicios de 
+identificación de estándares internacionales. Además, estos procesos, 
+así como sus efectos en las víctimas y familiares, han sido generalmente 
+abordados desde estudios psicosociales del fenómeno de la desaparición. 
+Este artículo conecta estos dos cuerpos de análisis, al adentrarse en la 
+búsqueda como un tema de regulación jurídica, pero atándolo al estudio 
+de la participación de las víctimas y sus efectos, tanto en la satisfacción de 
+sus derechos como en la posible eficacia de las labores de esclarecimiento 
+de los casos. 1. La búsqueda de las víctimas 
+de desaparición forzada 1.1 Marco internacional La importancia de la búsqueda de las personas víctimas de desaparición 
+forzada fue reconocida en el ámbito internacional por primera vez en una 
+resolución de la Asamblea General de 1978. Luego, dos años más tarde, 
+La Asamblea General pidió a los gobiernos “que en el caso de informes de 
+desapariciones forzosas o involuntarias dediquen los recursos adecuados  se creó el primer mecanismo para ayudar a determinar la suerte de algún 
+ser querido desaparecido: el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 
+las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDF). Lamentablemente, 
+la subsecuente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
+contra las Desapariciones Forzadas no hizo ninguna recomendación 
+concreta respeto a la búsqueda. Una omisión similar ocurrió en 1994, 
+con la adopción de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
+Forzada de Personas (Convención Interamericana, para abreviar)7 que 
+tampoco contempla plenamente la cuestión de la búsqueda y los deberes 
+del Estado frente a esta. Más adelante, el tema volvió a debate con la aprobación de la Convención 
+Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención Internacional, para abreviar), en 2006. 
+Aparte de ser el primer tratado aprobado sobre el tema a nivel mundial, 
+la Convención Internacional por primera vez estableció claramente la 
+obligación de buscar a las personas víctimas de desaparición forzada. En 
+este sentido, la Convención marcó un hito en el proceso de reconocer la 
+obligación de búsqueda en los casos de víctimas de desaparición forzada. 
+Según este tratado, la obligación fundamental de cada Estado es tomar 
+“todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación 
+de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, 
+el respeto y la restitución de sus restos”. El carácter obligatorio de la búsqueda ha sido confirmado por el CDF en 
+varias observaciones finales y acciones urgentes. Sin embargo, si bien la 
+existencia de la obligación no puede ser cuestionada desde la adopción de la 
+Convención Internacional, esta no contiene detalles sobre muchos aspectos de la búsqueda, entre ellos la participación de las víctimas. Es por ello 
+que, casi trece años después de la adopción del tratado, a inicios del 2019 el 
+CDF aprobó los Principios Rectores, con el fin de clarificar las obligaciones 
+relativas a la búsqueda establecidas en la Convención Internacional. Adicionalmente, la jurisprudencia internacional ha sido fundamental 
+para construir el contenido jurídico de la búsqueda como una obligación 
+internacional a cargo del Estado. Por ejemplo, los tribunales de derechos 
+humanos han sostenido que la ausencia o falta de voluntad del Estado 
+para realizar la búsqueda constituyen una violación de varios derechos humanos de las víctimas, sobre todo el derecho a la verdad, al acceso a 
+justicia y la integridad personal. Más aun, las cortes han catalogado la 
+búsqueda como una medida de reparación. Complementariamente, la búsqueda de quienes desaparecen durante un 
+conflicto está contemplada en el Protocolo I Adicional a los Convenios de 
+Ginebra de 194926. En este sentido, la obligación de “buscar [a] las personas 
+cuya desaparición haya señalado la parte adversa” está bien establecida 
+en el Derecho Internacional Humanitario, y tiene una clara incidencia 
+en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. 1.2 Los debates alrededor de la búsqueda y su estado actual A pesar de que los Principios Rectores constituyen un paso hacia la clarificación del contenido y el alcance de la obligación y del derecho de 
+buscar y ser buscado, tanto en el derecho internacional como en la práctica cotidiana de los Estados persisten debates legales sobre la búsqueda, especialmente respecto a (i) su fundamento normativo, (ii) el alcance de 
+la obligación, (iii) el sujeto pasivo de la obligación y (iv) la naturaleza de la 
+búsqueda. Algunos de estos puntos no han recibido la atención suficiente 
+por parte de la jurisprudencia y la doctrina, y necesitan más reflexión. Respecto a la pregunta de cuál es el fundamento jurídico que da lugar a la 
+obligación estatal de búsqueda, existen distintas respuestas. La respuesta 
+más directa y obvia es la Convención Internacional; lo dispuesto en el 
+numeral 3 del artículo 24 es suficientemente claro, en términos de imposición de una obligación a los Estados que hacen parte del instrumento. 
+Así lo ha explicado a profundidad el CDF, y de este presupuesto parten 
+los Principios Rectores. Por otro lado, a pesar de contar con el lenguaje 
+reseñado de la Convención Interamericana, la jurisprudencia del Sistema 
+Interamericano deriva esta obligación de una combinación entre los ar tículos 1.1 (obligaciones generales de los Estados), 8 (garantías judiciales) 
+y 25 (protección judicial), para asignar una obligación de búsqueda atada 
+a aquella de investigar los hechos relativos a la desaparición forzada. Por 
+último, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas (GTDFI) estableció 
+una conexión entre la búsqueda y el derecho a la verdad. Así, a pesar de ser necesario un ejercicio interpretativo, tanto en el Sistema 
+Interamericano como en el Universal resulta claro hoy en día que existe 
+una obligación estatal de buscar, al igual que un derecho correlativo a 
+esta. Esta cuestión aclara, además, la pregunta sobre quién debe cumplir 28 Para una reconstrucción completa de la base normativa de la obligación 
+de búsqueda, véase Ariel Dulitzky e Isabel Anayanssi Orizaga, ¿Dónde 
+están? Estándares internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas 
+forzadamente (Londres: International Bar Association’s Human Rights Institute, 2019) 15.
+la obligación: el Estado es quien debe buscar a las personas víctimas de 
+desaparición forzada. Por su parte, si bien las víctimas tienen derecho a 
+recibir información, participar y conocer la suerte o el paradero de su ser 
+querido, no están obligadas a ello. Otro aspecto que ha generado debate jurídico es cuánto debe durar la 
+búsqueda de una persona. La respuesta que han dado la Corte IDH y el 
+CDF es que como la desaparición forzada es una violación continuada 
+a derechos humanos, la obligación de buscar a quien fue desaparecido es 
+permanente; esto significa que la búsqueda “debe continuar hasta que 
+se determine con certeza la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida”36. Ahora, si bien es clara la obligación genérica, la pregunta es 
+qué pasa cuando un Estado demuestra que, de buena fe, agotó todos los 
+medios disponibles para buscar a una persona y a pesar de ello no logró 
+determinar su suerte o paradero. En este caso, la pregunta sobre el tiempo 
+o la continuidad de la búsqueda se cruza con la pregunta por el modo; es 
+decir, si es una obligación de medio o de resultado. Como bien explican Dulitzky y Orizaga, “a la fecha no existe total claridad, 
+ni en la jurisprudencia, ni en la práctica internacional acerca de si el deber 
+de búsqueda es una obligación de medio o de resultado”. La discusión se centra en preguntarse cuál es el momento en que cesa la obligación. Si 
+esta solo cesa cuando se ha determinado la suerte o el paradero, entonces 
+es de resultado. Por el contrario, si cesa cuando el Estado agote todas las 
+posibilidades de búsqueda, con debida diligencia, es de medio. Los Principios Rectores no dan la solución a la pregunta, pero sí arrojan 
+luces sobre la forma en que debe actuar el Estado; explican que si existen 
+pruebas fehacientes más allá de una duda razonable de la suerte o el paradero de la persona, es posible suspender la búsqueda si no hay posibilidad 
+material de recuperarla. Esta decisión debe contar, en todo caso, con el 
+consentimiento previo e informado de los allegados de la persona desaparecida. Así, la aproximación del CDF en el Principio Rector  parece 
+estar más cerca de la búsqueda como obligación de resultado y no de 
+medio, en tanto deja claro que lo que puede hacer el Estado es suspender 
+la búsqueda, no terminarla. Un tercer tema es la naturaleza de la búsqueda como actividad judicial. 
+Como se explicó anteriormente, el Sistema Interamericano ha derivado 
+la obligación de búsqueda de los derechos a las garantías judiciales y a la 
+protección judicial; así, la búsqueda es innata a la investigación penal. Por 
+su parte, desde inicios de la década del 2000, el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha sostenido que, en contextos donde la mayoría de las 
+víctimas no puede acceder al sistema de justicia o el sistema no tiene la 
+capacidad para procesar todos los casos, es posible utilizar mecanismos 
+no judiciales para determinar la suerte o el paradero de las personas víctimas de desaparición forzada. En ese sentido, el CICR ha aclarado que los 
+mecanismos judiciales y los no judiciales pueden coexistir en un contexto 
+determinado. De allí que se hayan desarrollado iniciativas modernas 
+denominadas ‘búsqueda humanitaria’, que son encargadas a instituciones 
+distintas a los sistemas judiciales penales. Los Principios Rectores abordaron este asunto y dejaron claro que la búsqueda y la investigación penal son cuestiones distintas y separadas conceptualmente, sin ninguna jerarquía entre una y la otra. Así, la búsqueda 
+puede estar a cargo de los mismos órganos que desarrollan la investigación 
+o puede estar asignada a un órgano extrajudicial especializado. Lo que 
+el CDF exige es que la búsqueda se inicie y lleve a cabo “con la misma 
+efectividad que la investigación criminal”, es decir, que no exista una 
+preferencia específica por un tipo de órgano para desarrollarla. El punto 
+es, entonces, que el Estado la lleve a cabo de forma completa y exhaustiva. 
+De hecho, este enfoque coincide con las órdenes dictadas por la Corte 
+IDH respecto a la creación de organismos extrajudiciales de búsqueda en 
+países como El Salvador. 1.3 Marco nacional en El Salvador La guerra civil en El Salvador es considerada uno de los periodos más 
+graves en la historia salvadoreña, debido al saldo de más de 7 000 personas desaparecidas que dejó. Además, este país ha mantenido en el último 
+quinquenio uno de los niveles más altos de atentados contra el derecho a 
+la vida a nivel de regional y mundial, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas. El peor año fue el 2015, cuando alcanzó un índice de 103 
+homicidios por cada 100 000 habitantes, y para 2019, la tasa de desapariciones fue 48 por cada 100 000 habitantes. Estos datos dan a tal situación 
+un estatus de epidemia. A la fecha, El Salvador no ha ratificado ni la Convención Interamericana 
+ni la Convención Internacional; no obstante, la desaparición forzada está 
+tipificada como delito contra la humanidad en el Código Penal. Además, los casos de desaparición forzada han sido examinados por la Corte 
+Suprema de El Salvador a partir de 2002. Sin embargo, solo hasta 2012 
+la Corte Suprema hizo una primera referencia a la búsqueda de manera 
+directa, y en casos posteriores la Corte ha ordenado, entre otras cosas, que las autoridades realicen las indagaciones pertinentes para localizar a 
+los desaparecidos. En cuanto a otras instituciones que han desempeñado un papel importante 
+en la búsqueda en El Salvador, hay que mencionar, en primer lugar, a la 
+Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Aunque 
+la PDDH no se dedica a la búsqueda de los desaparecidos directamente, 
+esta tarea ha sido incluida en diferentes aspectos de su mandato durante 
+varios años y este ente ha elaborado varios informes sobre desaparición 
+forzada. En segundo lugar, otro mecanismo cuya existencia tuvo importancia para los avances en la búsqueda de los desaparecidos es la Comisión 
+de la Verdad. Al final de su mandato, esta emitió un informe final con 
+recomendaciones fundamentales para la promoción de la justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado y sus familiares. 
+Décadas después, en respuesta a la misión del GTDFI a El Salvador y a 
+la sentencia de la Corte IDH en el caso de Hermanas Serrano Cruz v. El 
+Salvador, el Estado creó el primer mecanismo con un mandato especial 
+centrado en la búsqueda en el país: la Comisión Nacional de Búsqueda 
+de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno 
+(CNB). Además, más recientemente, en agosto de 2017, el Estado instaló 
+la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en 
+el contexto del Conflicto Armado en El Salvador (CONABÚSQUEDA), 
+cuyo mandato es determinar el paradero de las personas desaparecidas 
+durante el conflicto armado interno. Aunque El Salvador suele ser considerado como un país con muchas 
+lagunas y retrasos en justicia transicional, sería erróneo concluir que no se han adoptado medidas en relación con la búsqueda de las víctimas de 
+desaparición forzada. Igualmente, sería injusto no reconocer que una 
+gran parte del mérito se le debe atribuir a las familias, las organizaciones 
+de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y la misma 
+Corte IDH. Además, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El 
+Salvador ha promovido la evolución en la protección constitucional, tanto 
+en materia de la libertad individual como sobre la importancia de que haya 
+reconocimiento por parte de las instituciones estatales de su responsabilidad 
+de determinar el paradero de los desaparecidos. En este sentido, la Sala 
+Constitucional ha establecido que es necesario localizar a las personas 
+desaparecidas para hacer cesar la violación a sus derechos constitucionales, y que las autoridades deberían mostrar un comportamiento activo 
+e informar sobre las acciones realizadas para ubicar a las víctimas. 1.4 Marco nacional en Colombia Colombia cuenta con un marco normativo e institucional robusto frente 
+a la desaparición forzada como delito y frente a la búsqueda de quienes 
+fueron desaparecidos. Este fenómeno apareció como delito por primera vez a través de la Ley 589 de 200065. Del mismo modo, esta ley también 
+estableció otras reglas; por ejemplo, planteó la obligación de tomar medidas 
+de política pública, como el registro de personas capturadas y detenidas. 
+Igualmente, creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
+el mecanismo de búsqueda urgente y el registro nacional de personas 
+desaparecidas. La creación de la ‘Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas’ 
+es especialmente importante en este marco. Es una red de instituciones 
+estatales —entre las que están la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio 
+de Defensa— que tiene como fin “apoyar y promover la investigación del 
+delito de desaparición forzada, con pleno respeto de las competencias 
+institucionales y de las facultades de los sujetos procesales” . Posteriormente, entre 2003 y 2012, se comenzaron a presentar avances 
+en materia de desaparición forzada en Colombia, tanto en investigación, 
+juzgamiento y sanción del delito como en la búsqueda de las víctimas. 
+Adicionalmente, dado el proceso de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares que actuaban en el país ocurrido entre 2003 y 2005, el Estado 
+colombiano adoptó medidas complementarias para reforzar la búsqueda de 
+personas desaparecidas. Por ejemplo, la Fiscalía creó el Grupo Interno de 
+Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas 
+(GRUBE) como una instancia adscrita a la Unidad Nacional de Fiscalías 
+para la Justicia y la Paz. En el año 2016, comenzó una nueva etapa en la búsqueda de personas 
+víctimas de desaparición forzada en Colombia. A partir de la negociación y 
+firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
+de una Paz Estable y Duradera entre el Estado y la guerrilla de las FARC, 
+se tomaron medidas para cualificar la búsqueda. Concretamente, las partes acordaron la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
+por Desaparecidas (UBPD), un órgano estatal extrajudicial con enfoque 
+humanitario encargado de buscar a quienes desaparecieron en el marco 
+del conflicto armado colombiano. Asimismo, el Acuerdo de Paz creó la 
+Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar, juzgar y 
+sancionar los delitos cometidos durante el conflicto, incluyendo la desaparición forzada. Finalmente, en el acuerdo se incluyó la creación de la 
+Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), con el mandato de construir un relato colectivo de lo sucedido y contribuir a la convivencia y a 
+la no repetición. Si bien estas dos últimas instituciones no tienen funciones 
+explícitas de búsqueda de personas, la primera ha iniciado macrocasos 
+de investigación que incluyen las desapariciones forzadas como delitos a 
+esclarecer y ha adoptado medidas cautelares para la protección de sitios 
+de enterramiento. Además, la CEV ha asumido como parte de su labor 
+avanzar en el entendimiento de la desaparición forzada como uno de los 
+delitos más graves cometidos durante el conflicto. Así, luego de cincuenta años de historia en los que la desaparición forzada hizo —y sigue haciendo— parte del repertorio de violaciones a los 
+derechos humanos cometidas en el conflicto armado, Colombia cuenta 
+con un marco normativo e institucional que se puede clasificar bajo la 
+dualidad sistema ordinario/sistema transicional. Bajo el sistema ordinario 
+se encuentran las instituciones y los marcos normativos para la búsqueda 
+de víctimas de desaparición forzada no relacionadas con el conflicto o 
+que ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016. Por su lado, bajo el 
+sistema transicional están las instituciones y los marcos normativos derivados de las medidas de justicia transicional y los acuerdos de paz, que 
+están atados necesariamente a una lógica de esclarecimiento del conflicto 
+armado interno que no es determinante en el sistema ordinario. De todas 
+formas, este sistema dual no está exento de desafíos, dada la necesidad de 
+coordinación interinstitucional intrínseca a modelos institucionales complejos. De forma similar a lo que ocurre en El Salvador, buena parte de los 
+resultados hasta ahora logrados en Colombia, por lo menos en términos 
+de diseño institucional, reconocimiento de derechos y avance concreto en la búsqueda, son consecuencia del trabajo de organizaciones de víctimas, 
+técnicas y de defensa de derechos humanos. 2. La participación en la búsqueda La participación de las víctimas es un aspecto esencial en la búsqueda de 
+las personas desaparecidas. El Principio Rector 5 explícitamente aborda 
+la participación como un derecho de las víctimas; además, en un sentido 
+similar se han pronunciado tanto el CDF como la Corte IDH. Así, por 
+lo menos desde la adopción de dicho documento, es clara la necesidad de 
+tomar en cuenta los deseos y las prioridades de las víctimas que participan 
+en la búsqueda, al igual que permitir el acceso a la información a lo largo 
+de esta. Sin embargo, si bien algunos aspectos respecto a la obligación del 
+Estado de garantizar la participación en la búsqueda están mencionados 
+en otras partes de los Principios Rectores, todavía existen dudas sobre 
+su contenido y alcance. Debido a lo abierto que es el estándar internacional, el alcance de la participación y los derechos que ella le asigna a las 
+víctimas dentro del procedimiento generan varios debates y controversias. Por ejemplo, una cuestión compleja es definir quién puede ser considerado 
+familiar o ser querido del desaparecido, con titularidad del derecho de 
+buscar, ya que no existe una definición universal del término. Asimismo, 
+dar contenido a la participación y, eventualmente, imponerle los límites 
+no es una tarea fácil. Este proceso de interpretación puede dar lugar a arbitrariedades. Así, de esta tensión se derivan preguntas desafiantes aún 
+no resueltas normativamente, como: ¿quién tiene el derecho de decidir 
+sobre las formas de participación y sus límites?, ¿quién puede decidir sobre 
+las estrategias adoptadas en el curso de búsqueda?, ¿quién tiene el derecho 
+de participar en ella? Respecto de esta última pregunta, si se toman como fundamento los 
+Principios Rectores, la respuesta será que “las víctimas, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como 
+toda persona, asociación u organización con un interés legítimo” tienen 
+el derecho de participar en la búsqueda. Sin embargo, podría haber otra 
+posible respuesta si se usa como referencia la definición que tiene de víctima la Convención Internacional, la cual es un poco más restrictiva que 
+la contenida en los Principios Rectores. Igualmente, una opción adicional 
+es acudir a las conceptualizaciones desarrolladas en los sistemas de protección sobre la definición de víctima en todo su alcance, bien sea a partir 
+de jurisprudencia internacional o de otros instrumentos pertinentes. Otra cuestión que hay que resolver es la búsqueda realizada de forma activa 
+por parte de las víctimas cuando el Estado no avanza, ya sea por falta de 
+voluntad o de capacidad. Allí la discusión gira respecto del deber estatal 
+de no obstaculizar o impedir el desarrollo de las actividades de búsqueda 
+y de, más bien, adoptar las medidas necesarias para cumplir su obligación. 
+Frente a este punto, la Corte IDH ha explicado —específicamente en el 
+marco de la labor de defensa de derechos humanos— que los Estados deben 
+abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de labores en el marco de las acciones de búsqueda. Sin embargo, existen ordenamientos internos que impiden realizar actuaciones, como exhumaciones, 
+sin el concurso de las autoridades competentes. Esta disparidad lleva 
+directamente a un debate sobre el contenido del derecho a la participación 
+y, además, profundiza la pregunta sobre qué es participar; ¿cuáles actuaciones puede llevar a cabo la víctima sin el concurso del Estado?, ¿frente 
+a cuáles es legítimo que el Estado se reserve la facultad de ejecutarlas?, 
+¿cuáles puede este realizar incluso sin el consentimiento, o luego de una 
+negativa explícita, por parte de las víctimas? Finalmente, la respuesta a la pregunta sobre qué es participar debe, 
+además, ponerse en contexto a partir de la naturaleza del órgano estatal 
+dispuesto para realizar la búsqueda. Es decir, es necesario determinar si 
+participar significa lo mismo en un escenario judicial que en uno extrajudicial. Si existe distinción, es necesario establecer cuáles son los derechos 
+y las facultades inherentes a la participación dependiendo del escenario 
+en el que se encuentran las víctimas y el marco normativo procesal que 
+las cobija. Esto es especialmente importante respecto a dos asuntos: la 
+dirección de la investigación, o la búsqueda en términos estratégicos, y el 
+nivel de acceso a información que pueden o no tener las víctimas dentro 
+del trámite. Estos debates son los que impulsan el presente artículo. Hasta la fecha, 
+incluso teniendo en cuenta lo dispuesto en los Principios Rectores, el derecho internacional no ofrece respuestas claras a las preguntas que plantea la participación de las víctimas en el proceso de búsqueda. Más bien, es 
+la práctica estatal la que parece poder dar luces para construir estándares 
+más claros, identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas y, en general, fortalecer las normas que protegen a las víctimas en el marco de la 
+búsqueda de sus seres queridos. Con el fin de aclarar los retos sobre este 
+asunto en los dos países analizados, a continuación presentamos la forma 
+en que los mecanismos de búsqueda en El Salvador y Colombia abordan 
+la definición de participación y quién puede ejercerla. 2.1 El Salvador La Comisión de Búsqueda de Niñas y Niños no tiene una obligación expresa 
+de garantizar el derecho a la participación en los procesos de búsqueda 
+de desaparecidos. En contraste, CONABÚSQUEDA sí tiene la obligación 
+de garantizar a las familias la actuación en todos los procedimientos de la 
+búsqueda y permitir el acceso a la información. Además, la participación 
+e inclusión de los familiares debe ser garantizada “de una manera libre 
+e informada, respetando los ritmos y tiempos necesarios en la toma de 
+decisiones más importantes que les afecten”. Aunque esta obligación de CONABÚSQUEDA merece una valoración 
+positiva, es necesario hacer algunas aclaraciones. Los retos de CONABÚSQUEDA para garantizar la participación efectiva están exacerbados debido 
+a dos razones. Primero, los derechos de los familiares de los desaparecidos 
+no están contemplados en ninguna ley a nivel nacional en El Salvador y, 
+segundo, la legislación nacional no tiene una definición universal de “familiar de persona desaparecida”. Según el Código de Familia, el parentesco 
+puede ser definido como “la relación de familia que existe entre dos o 
+más personas y puede ser por consanguinidad, afinidad o por adopción” 
+Una mejor solución sería seguir la jurisprudencia de la Corte 
+IDH, que ha indicado que el concepto de familia debería delimitarse en 
+conformidad con la realidad propia que se formula en los estrados internacionales, y que el grado de filiación o consanguinidad no es un prerrequisito 
+para considerar a alguien como víctima. En este sentido, la Corte IDH 
+ha ampliado la noción tradicional de familia. Igualmente, en cuanto a la 
+pregunta ¿qué significa participar?, la Corte ha enfatizado la importancia 
+de la comunicación con las familias, cuya participación, conocimiento y 
+presencia se debería procurar en el marco de acción de la búsqueda. Debido a la falta de medidas adoptadas por parte del Estado salvadoreño, 
+las asociaciones de familias y las organizaciones de la sociedad civil han 
+jugado un gran papel en la realización del derecho a la participación en 
+la búsqueda. En espacios extrajudiciales, estas han intentado comunicar 
+regularmente sobre la situación, los obstáculos y los avances a las familias 
+y otras personas involucradas en los procesos de búsqueda. Además, las 
+medidas de participación han incluido concientización sobre los derechos 
+que tienen las víctimas en la búsqueda de los desaparecidos, así como 
+también apoyo financiero y psicológico y representación de los familiares 
+en espacios judiciales. Para entender qué significa participar en los procesos de búsqueda en 
+Colombia es necesario dividir la participación en las siguientes etapas: (i) 
+facultad para iniciar la búsqueda; (ii) participación en el proceso de toma 
+de decisiones referentes a la búsqueda y (iii) participación en el cierre de 
+la búsqueda. La facultad de iniciar el proceso de búsqueda o exigir su inicio no está 
+reservada a un grupo o una categoría de personas específica. En el sistema ordinario colombiano, tanto la solicitud de iniciar el mecanismo de 
+búsqueda urgente como la denuncia penal pueden ser presentadas por 
+cualquier persona. Es deber de todo servidor público denunciar una desaparición forzada, y la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación 
+de investigar los hechos de oficio, independientemente del medio por el 
+cual se conoció la posible desaparición. De acuerdo con esto, la participación de las víctimas se entiende desde dos dimensiones: por un lado, 
+la facultad de presentar denuncias y activar los mecanismos de búsqueda, 
+especialmente el de búsqueda urgente; y por el otro, el derecho a que la 
+búsqueda inicie, bien sea por la solicitud que ellas mismas inicien o de 
+oficio por parte del Estado. La cuestión es distinta en el proceso de toma de decisiones durante la 
+búsqueda. En el mecanismo de búsqueda urgente, el derecho a la participación implica conocer las diligencias realizadas, solicitar informes sobre la investigación y —“siempre y cuando no obstaculice el desarrollo 
+de las actuaciones o el hallazgo del desaparecido”— participar en las 
+diligencias. No obstante, para esto último, quien participa requiere la 
+autorización del funcionario judicial que realiza la diligencia y, por lo tanto, 
+“dependerá de la valoración de los hechos que efectúe el funcionario, 
+valoración que deberá ser sustentada”. Con respecto al pregunta de 
+quién puede participar, la ley entiende que el peticionario (quien solicitó 
+la activación del mecanismo), los familiares de la persona presuntamente 
+desaparecida, las comisiones de derechos humanos del Congreso de la 
+República y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
+pueden participar en el proceso de búsqueda. En el proceso penal y en la búsqueda a través del sistema de justicia 
+ordinario, una víctima es cualquier persona que “individual o colectivamente haya sufrido algún daño como consecuencia” de un delito. Quienes ostenten esa calidad tienen derecho “de ser informadas y escuchadas 
+en relación con la suerte de las investigaciones […]; de solicitar medidas 
+orientadas a su protección […]; de ejercer facultades probatorias; de ser 
+escuchadas respecto de los términos de la acusación y de participar en la audiencia de juicio oral”. Así, la participación se entiende en términos 
+de facultades procesales y de deberes de otras partes dentro de la actuación penal, específicamente la Fiscalía General de la Nación y la Policía 
+Judicial. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
+Desaparecidas, que cuenta con un papel de coordinación, tiene dentro 
+de sus integrantes a un representante de la Asociación de Familiares de 
+Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y a un representante de las organizaciones de derechos humanos. Finalmente, las víctimas tienen asiento en el Consejo Asesor de la UBPD 
+y, de forma general, es deber de la unidad “garantizar la participación de 
+los familiares de las personas dadas por desaparecidas […] en los procesos 
+de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna 
+de cuerpos esqueletizados”. Esto incluye participar en el diseño del 
+plan nacional de búsqueda y de los planes de búsqueda regionales, al 
+igual que en la creación de protocolos para la entrega digna de cuerpos 
+esqueletizados de personas dadas por desaparecidas. De esta manera, 
+el carácter humanitario de la búsqueda, en oposición al enfoque sobre el 
+delito que tiene la búsqueda judicial, implica que el foco de atención está 
+en la persona desaparecida y quienes la buscan, no en el esclarecimiento 
+del delito. 
+ Conclusiones Los Principios Rectores no solo llenan un vacío en la interpretación de la 
+obligación de la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada. 
+Además, representan una buena base para futuros desarrollos en la garantía 
+del derecho a la participación en la búsqueda y para conseguir su mayor 
+eficiencia. Sin embargo, los Principios dejan asuntos sin clarificar, lo cual 
+hace que su propia aplicación se enfrente con varios obstáculos y dificultades. Teniendo en cuenta la importancia que tiene la búsqueda para las 
+personas que desean participar, especialmente para los familiares de la 
+víctima desaparecida, es crucial que las obligaciones y los derechos previstos en dichos Principios Rectores se desarrollen por medio de marcos 
+normativos, protocolos, jurisprudencia y otros mecanismos derivados de 
+sistemas de protección de derechos humanos internacionales, así como a 
+través de buenas prácticas. En este sentido, uno de los primeros pasos que se deberían tomar a nivel 
+internacional es clarificar el término participación en la búsqueda, para 
+saber qué engloba. Asimismo, sería importante enfatizar que todas las 
+personas mencionadas en el Principio Rector 5 son destinatarias de este 
+derecho, para poner todos los marcos nacionales a conformidad con esta 
+definición. Una manera de rechazar cualquier argumento que alegue que 
+dicha participación trae un compromiso adicional para los Estados es 
+entender la participación como un elemento esencial del derecho a buscar, implícita en la búsqueda misma. Esta conclusión es simplemente una 
+consecuencia del derecho a la verdad. En los dos países analizados en este artículo se observan importantes 
+diferencias en la evolución de las normas, los mecanismos y las sentencias 
+relativas a la búsqueda y la participación. Esto tiene mucho que ver con los 
+contextos en los cuales las desapariciones forzadas han ocurrido, con la 
+voluntad política de los gobiernos y con los recursos que tiene cada país. de la implementación de la UBPD y su marco de acción, por lo que no los 
+describe de forma detallada. En El Salvador, por ejemplo, a pesar de las evoluciones del derecho interno 
+y de la implementación de instrumentos de protección de víctimas de 
+desaparición forzada, el Estado debe abrir caminos para el cumplimiento 
+de sus obligaciones de búsqueda, tanto para los casos del conflicto como 
+para los de violencia actual. Un paso concreto para hacerlo es iniciar un 
+proceso sistemático de adopción de estándares en la obligación de investigar, buscar y garantizar la participación de las víctimas que demuestre 
+tal apertura y voluntad. Colombia, por su parte, cuenta con un marco institucional y normativo 
+robusto en materia de búsqueda y protección de personas víctimas de 
+desaparición forzada y sus familiares, al igual que cuenta con definiciones 
+amplias sobre quién puede participar en la búsqueda. No obstante, esto 
+no se ha traducido ni en la desaparición de este crimen como forma de 
+violencia ni en resultados concretos, sistemáticos y a gran escala de búsqueda efectiva. La creación de la UBPD y su puesta en funcionamiento 
+es, sin duda, un paso en la dirección correcta, pues presenta un abordaje 
+novedoso en términos del carácter humanitario de la búsqueda y de la 
+aproximación a las víctimas y quienes las buscan, con una perspectiva 
+holística de derechos humanos. El estudio de ambos casos confronta dos realidades institucionales muy 
+distintas, pero con un resultado final similar: las víctimas y sus seres 
+queridos siguen requiriendo que los Estados conduzcan las búsquedas 
+de conformidad con estándares de derechos humanos. Las preguntas 
+sobre qué es participar y quién puede hacerlo siguen teniendo respuestas 
+distintas dependiendo del Estado. Por ejemplo, la definición colombiana 
+sobre quién puede participar es mucho más amplia que la de El Salvador. 
+El problema es que a pesar de las diferencias, el resultado parece no variar 
+mucho; esto genera dudas respecto a la perspectiva, eminentemente legal, 
+mediante la cual se aborda el asunto actualmente. Los Principios Rectores pueden servir como criterio de unificación en estos sentidos, pero sin 
+voluntad política clara y resultados institucionales la discusión no pasará 
+de ser jurídica. Varias de las preguntas y/o debates tratados pueden resolverse desde la 
+participación de las víctimas o, más concretamente, poniéndolas en el centro de la búsqueda. Por ejemplo, sobre el asunto de cuánto debe durar 
+la investigación, es de vital importancia que el Estado agote la debida 
+diligencia, pero, a la vez, debe preguntársele a los familiares/víctimas 
+hasta qué punto consideran que pueden y quieren soportar la carga de 
+esperar las acciones que el Estado deba realizar. Si bien es muy importante 
+la discusión a nivel teórico, también debe considerarse en cada caso la 
+condición de la víctima y, en consecuencia, responder las preguntas con 
+la inclusión de la práctica que las mismas personas y la sociedad civil han 
+ido aportando. En ese sentido, es importante señalar que la investigación y la búsqueda 
+deben ir relacionadas; si bien en un sentido se buscan responsables, el 
+criterio de que las víctimas estén al centro debe resultar en que la investigación penal paralelamente arroje elementos para clarificar aspectos 
+sobre el paradero o el destino de las personas desaparecidas. Cabe señalar, por último, que la intención de mejorar la situación en los 
+temas abordados debió nacer del Estado desde hace décadas —como un 
+gesto de reconocimiento de la gravedad de los hechos hacia la sociedad— 
+y no luego de que sentencias u organismos le conminen a realizar una u 
+otra medida. Esto habla de la poca voluntad en el pasado y en la actualidad 
+que existe para la búsqueda y la participación.

FPR.txt

@@ -0,0 +1,605 @@
+Introducción La violencia y la injusticia despiertan sentimientos de rabia, rencor, retaliación ( en adelante 
+las 3Rs) las cuales pueden dejar bien sea, marcas temporales y  solamente individuales o por 
+el contrario, generar efectos comportamentales colectivos de larga duración, que dificultan 
+la comprensión de 
+la complejidad de 
+las causas de 
+la violencia y 
+la atribución de 
+responsabilidades individuales y colectivas en ella. Esta reflexión propone la siguiente tesis: una de las raíces más profundas de la violencia en 
+Colombia ( y en el mundo) está en la cultura de la venganza (inconscientemente adoptada 
+por las bases sociales)  y la economía política del odio (promovida por las diversas elites del 
+país). Se argumenta que estos elementos irracionales de las decisiones humanas –  o sea, las 
+3Rs- han tenido y tienen aún, impacto tan nocivo en el desarrollo de Colombia que, adaptando 
+el vocabulario de Amartya Sen, ha generado una privación del potencial (capability 
+deprivation) de los colombianos para la paz. Comprender estas dinámicas irracionales en la 
+cultura política de los pueblos  es prioritario para facilitar el diseño de propuestas de 
+pedagogía político-cultural que permita superarlas. El último informe Desarrollo del Banco Mundial ha querido darle urgencia e importancia a 
+la 
+transformación de 
+estas motivaciones político-culturales porque pueden generar 
+transformaciones de alto impacto y costo-beneficio. Este texto propone que será necesario 
+transformar estas actitudes adquiridas e inveteradas (las 3Rs) y por lo mismo, sutiles y casi 
+imperceptibles para lograr cambios y desarrollo significativos. Es verdad que –en muchos casos- la pobreza produce violencia pero es igualmente cierto, 
+que 
+la violencia produce aún más pobreza. 
+ Esas 3Rs paralizan el ser, el pensar 
+(establecimiento de relaciones complejas en la explicación del fenómeno),  y el hacer de las 
+personas. Para referirnos aquí a una economía política del odio tratamos de establecer un campo de 
+análisis acerca de 
+la producción, distribución, 
+intercambio y consumo de narrativas, 
+soportadas emocionalmente por la rabia, el rencor y la retaliación, que son producidas, 
+empaquetadas y distribuidas como insumos ideológicos-emocionales para la promoción de 
+interpretaciones acerca del conflicto, sus causas y las formas de solución. ¿Quién produce 
+estos insumos-narrativos? ¿Cómo son distribuidos? ¿Cómo se genera la demanda? ¿Qué tipo 
+de acumulación permite a los productores y distribuidores? ¿Qué necesidad satisface en los 
+consumidores? La historiografía de Colombia cuenta con valiosas aproximaciones al tema, 
+sin embargo, no se ha definido como objeto de estudio de la economía política. Esta propuesta se presenta en tres cuerpos: primero, la interpretación de algunos historiadores 
+acerca de las narrativas que soportan el odio en Colombia; segundo, la sustentación de la 
+hipótesis que plantea el odio como un 
+insumo para 
+la producción 
+ideológica en 
+la 
+acumulación de poder político; y para finalizar, se propone un modelo de pedagogía cultural 
+que facilita el desarrollo de una economía del perdón y la reconciliación.  La aproximación 
+histórica busca evidencias sobre las formas en que historiadores y especialistas se han 
+aproximado al tema. La hipótesis, se adentra en el tema de la cultura de la venganza y la 
+economía política del odio, que si bien es germinal, cuenta hoy con desarrollos significativos. 3        Al terminar, se sugiere la pedagogía política del perdón y  la reconciliación como respuesta  
+a la demanda de satisfacción de las necesidades subjetivas, indispensable para la paz 
+sostenible de los pueblos. Hasta ahora estas 3Rs no ocupan un lugar destacado en la interpretación de las causas de la 
+violencia social y política, no solo en Colombia, sino que también la coyuntura mundial lo 
+sugiere. 
+
+
+La rabia, el rencor y la urgencia de venganza a fuerza de repetirse  niegan su posible 
+superación. Los juiciosos estudios reunidos en el último aporte de la Comisión Histórica del Conflicto y 
+sus víctimas,  publicado en Febrero 2015, destaca  en el análisis de los factores (nudos o 
+múltiples desciframientos, en palabras de Daniel Pecaut) tradicionalmente explicativos de la 
+violencia en Colombia,  los siguientes: el problema agrario, la ausencia del Estado y las 
+economías campesinas abandonadas a su suerte, el bipartidismo sectario, el gamonalismo 
+regional, el narco-cultivo y el narcotráfico, el paramilitarismo, el sistema político clientelista, 
+la influencia de la revolución Cubana, la colonización, entre otros. El historiador  Malcom Deas, después de décadas de análisis del conflicto colombiano, 
+concluye: cabe 
+insistir en 
+la naturaleza esencialmente política de estos conflictos 
+caracterizados por intensa rivalidad partidista que ha dejado numerosas víctimas. Insiste 
+Deas en que los historiadores son propensos a negar lo estrictamente “político” o al menos 
+(son propensos) a empotrarlo en otros  marcos: conflicto regional, agrario y de clase. William Ospina resume esta misma perspectiva en su libro "Pa´que se acabe la vaina", 
+afirmando que tarde o temprano lo que era guerra aprenderá a ser diálogo…. El historiador Fernán González, ha resaltado extensamente el maridaje fatal entre violencia, 
+partidos  y la construcción del Estado. Describe a Colombia como “una comunidad política             escindida en partidos políticos contrapuestos, cuyos partidarios  excluyen a los distintos 
+como enemigos absolutos por fuera de la patria, a la vez que incluyen a los grupos 
+subordinados dentro de sus partidos mediante relaciones clientelistas”5. Javier Giraldo lo define así: “El peor contraste en esa colección de contrastes que definen a 
+Colombia quizás sea la incapacidad de nuestras instituciones liberales de garantizar 
+universalmente un mínimo de civilización política. Mientras continúe la vinculación entre 
+las armas y 
+la política esa brutal anomalía continuará. Una 
+tarea central de 
+las 
+generaciones futuras de colombianos será desmontarla sistemáticamente” 6. Esta costumbre arcaica de resolverlo todo con las armas, la resume Gonzalo  España con los 
+títulos de sus  dos últimos libros: Un país que se hizo a tiros (historia de las incontables 
+guerras civiles hasta el fin del siglo XIX donde cada prócer resolvía los conflictos montando 
+ejércitos y dependiendo en todo del poder de las armas) y  Odios Fríos, o la novela del 
+presidente  Miguel Antonio Caro en el poder, que lo describe como católico furibundo, 
+ultraconservador, maquinador y rencoroso, que legó a la historia de Colombia la triste 
+herencia de la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá y el resentimiento enconado 
+entre los partidos liberal y conservador7. El reclamo del derecho a la disidencia política y la rebelión,  la exigencia de legitimidad y de 
+inclusión por parte de los grupos subversivos por un lado, y por otro, la exigencia del Estado 
+a su legitimidad y a la defensa de la democracia, hizo que ambos  adoptaran el concepto de 
+enemigo interno y justificaran el incremento de la violencia, dejando sin contenido de 
+significado a las reivindicaciones legítimas que cada uno reclamaba. El concepto de enemigo interno, originado en la famosa Escuela de las Américas, legalizó la 
+creacion de grupos paramilitares (grupos de civiles con armas oficiales  y coordinación del 
+ejército) que segun Javier Giraldo, tuvieron origen oficial en la visita de la “Misión 
+Yarborough” –de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (Carolina del Norte), realizada 
+a Bogotá en 1962 y oficializada en 1965 por el Presidente Guillermo León Valencia. Grupos que con el transcurrir de los años se fueron deteriorando hasta los extremos 
+impensados de la violencia de la década 1995-2005, cuando los índices de homicidios 
+tuvieron sus más altos picos. Hay indicios fuertes que esta estrategia  aún persiste velada en 
+las Bandas criminales denominadas Bacrim.  El Paramilitarismo actual y las Bacrim –más 
+allá de los meros intereses económicos- siguen siendo expresiones escondidas de la economía 
+política del odio y de la cultura de venganza fuertemente motivadas por la filosofía del 
+enemigo interno. Es la filosofía del enemigo - el opositor  o el diferente político - que debe ser eliminado. Este 
+ha sido un común denominador importante de la historia de Colombia y de la lucha por el 
+poder político.  Se comenta que Jacobo Arenas, cofundador de las FARC, en alguna ocasión, 
+afirmó que si el Gobierno Colombiano no hubiera respondido con armas al nacimiento de las 
+repúblicas independientes, “quizás no habrían nacido las FARC”. Tanto  para los grupos subversivos como para el Gobierno de  turno, fue normal aplicar el 
+principio de Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios.   Posiblemente Colombia sería otra, si esta economía política del odio y cultura de la venganza 
+hubiera sido percibida por los líderes del Gobierno Colombiano, cuando  en 1973, después 
+de la Operación Anorí, el ELN se encontraba en estado de extinción,  y en 1974, cuando las 
+FARC tenían solo 4 frentes y estaban seriamente debilitadas. Haberles ofrecido una salida 
+digna a través de la negociación y del diálogo, que  no implicara necesariamente su 
+desaparición violenta, hubiera legado, en la historia de las lecciones sobre la solución 
+negociada de conflictos políticos, una enseñanza que permitiría hoy concluir, que las armas 
+y los ejércitos, no son la solución a la violencia. Otra vez: las armas son el fracaso de la 
+palabra. En la mitad de la década de 1970, un factor atroz de la violencia, estaba ya posicionado por 
+doquier: el narcotráfico. Como nadie antes, se convirtió en un multiplicador de la venganza. 
+Quien conoce las entrañas del narcotráfico, puede afirmar con propiedad, que la venganza es 
+una de las estrategias más exitosas para el posicionamiento de los carteles de la droga. Con 
+ellos, los colombianos experimentamos como nunca los niveles más crueles  e inhumanos de 
+la violencia y la barbarie. Carlos Mario Perea, remite a temas que   están en la misma perspectiva de la hipótesis de las 
+3Rs, cuando describe los siguientes contenidos recurrentes en las narrativas que se ofrecen 
+públicamente para la comprensión del conflicto en Colombia: la sacralización de la guerra,  
+los códigos de honor, el inconsciente arcaico, el llamado de la sangre y en general el nexo 
+entre símbolos y política. Perea describe la cultura política como el ejercicio de desentrañar 
+esos hilos, a los que he denominado cultura de la retaliación. El nudo del problema Perea lo 
+resume diciendo que para mediados del s. XX, la colectividades políticas  no tuvieron otro 
+modo de tramitar sus diferencias y sus odios heredados, más que a través de la violencia.      
+La antropóloga María Teresa Uribe explica diversas formas de distribución del odio: no solo 
+a través  de la guerra misma, sino y sobre todo, a través de la palabra y de las narrativas que 
+sobre los acontecimientos históricos se generan. Particularmente importantes son la retórica  
+(ejercicio de lenguaje dirigido a  la razón para convencerla) y la poética (ejercicio dirigido al 
+corazón para inspirar emociones e ideales nuevos), que gracias a una acción de prefiguración, 
+configuración y 
+re-figuración, genera cambios 
+importantes en el pensamiento de 
+las 
+personas, de las masas y  de la sociedad. Siempre habrá razones retóricas para justificar la guerra: proteger la ciudadanía en peligro, 
+recuperar el Estado arrodillado a las guerrillas, el peligro del Castro-chavismo, el gobierno 
+de los malos y excusas por el estilo. Es una retórica político-bélica, que al decir de María 
+Teresa Uribe, llega incluso a justificar aún más, la necesidad de ejércitos fortalecidos para 
+continuar la guerra. Pero la guerra, conlleva también razones poéticas, inteligentemente 
+diseñadas para conmover al  público con metáforas, antinomias y dramaturgias: evocación 
+de los héroes de la patria, frases catastróficas  y  premonitorias como: vender el país a la 
+subversión,  matar el imperio de la ley,  sometimiento  de la justicia, de la majestad de la 
+constitución, de la democracia y de las instituciones más sublimes de la nación, y así, ad 
+infinitum. 
+Con la excusa de persecución política, se le apunta a un líder malo para ensalzar veladamente 
+un líder bueno, que se sacrifica por esta patria nueva y justa: “estos lenguajes poéticos con 
+los cuales se alimentó la dramaturgia de las guerras civiles operaron como recursos 6    narrativos para declarar las guerras y también para continuarlas…  La historiografía, los 
+ha llamado los odios heredados, lo cual permitió 
+ que pervivieran, reproduciéndose, 
+ampliándose y re-significándose relatos y memorias cuyas huellas llegan hasta el presente” 
+12. Los mejores representantes de esta retórica y  de esta poética de la economía del odio,  han 
+sabido revestirla con pieles de ovejas tranquilas y mansas, ofreciendo programas de paz y 
+desarrollo – casi siempre de gran calado asistencialista y partidista. Estas pocas referencias a esta interpretación de las causas de la violencia en Colombia, 
+sugieren que en la raíz  más profunda de la violencia está la venganza, resultado final de 
+rabias y de rencores colectivos acumulados, distribuidos y sostenidos política y culturalmente 
+de la forma más ciega y atávica. Es la ira-rabia la primera palabra con la que Homero comienza su famosa epopeya de la 
+Ilíada: La ira canta, oh Diosa, del Pélida Aquiles/ que causó a los aqueos incontables 
+dolores. Según Peter Sloterdijk es aquella ira-rabia con la que empezó toda la historia de 
+Occidente. Es la rabia traducida en guerra e inmediatamente vestida del significado de 
+felicidad o placer. Los griegos lo definieron como thimos o sea la cocina pasional, sobre 
+todo de la ira-rabia que brota de la ambicion del éxito, prestigio y autoestima y de su fracaso. 
+Subraya Sloterdijk: “son los grupos políticos, los conjuntos que de modo endógeno están 
+bajo tensión thimótica. (Allí) las acciones políticas se ponen en marcha a partir del 
+diferencial de tensión existente entre los centros de ambición…La retórica en cuanto arte 
+teórico de la conducción del afecto en conjuntos políticos, es thimótica aplicada”… . Todo esto, de la forma más curiosa, se esconde en ese modelo de economía prevalente que 
+fundamenta su acción en la deuda, en el pasado y por lo mismo en la culpa. La economía del 
+futuro será siempre la economía que no genere ni culpable, ni deudor o sea, la economía que 
+tiene como patrón moral, el gesto de la bondad, del donar y sobretodo de.... perdonar. Rush Dozier hablando del odio dice: “la más terrible de las armas de destrucción masiva 
+vaga dentro de nuestros mismos cerebros primitivos y debemos encontrar formas de 
+desactivarla”. El odio es particularmente peligroso – repetimos- por su capacidad de generar 
+significado. El más perverso de todos es el significado de enemigo porque el thimos es capaz 
+entonces de justificar la violencia y el uso de las armas para eliminarlo. Ante estas referencias a las rabias, los odios y las venganzas en la historiografía de Colombia 
+es pertinente preguntar: ¿Qué explica que en las soluciones a las múltiples causas de la 
+violencia se haya perpetuado un denominador común: el uso de las armas y la eliminación 
+del otro? 2. El árbol de la paz sostenible y la hipótesis Tres R 7          La hipótesis que plantea este artículo asume como analogía explicativa un modelo 
+proveniente del mundo de la botánica. Un árbol consta básicamente de 3 partes: tallo, ramas 
+y raíz. Así también, el árbol de la paz sostenible debe satisfacer tres condiciones básicas: 
+contar con un tallo sólido, o sea responder a las necesidades objetivas: salud, empleo, 
+educación, vivienda, tierra. Poseer ramas con hojas, flores y frutos saludables que satisfagan 
+las necesidades ecológicas de la paz: verdad, justicia, reparación, buen gobierno.  Y unas 
+raíces vigorosas, satisfacción de las necesidades subjetivas, para nuestro caso, la  necesidad 
+de superar las rabias, rencores y urgencias de venganza generadas por la violencia, aspecto 
+crucial para garantizar la salud de todo el árbol. Cuando se habla de las causas de la violencia, sin duda es necesario revisar esas tres partes 
+planteadas en la metáfora del árbol. De las tres, la más olvidada es la raíz, los factores 
+subjetivos de la violencia, profundos e invisibles, y sin embargo, detonadores constantes de 
+la violencia. Siguiendo la metáfora del árbol de la paz, el historiador Fernán González se aproxima a las 
+dos primeras partes del mismo, y concluye que  los elementos estructurales (el tallo y las 
+ramas) de la violencia son: la configuración social de las regiones, su poblamiento y cohesión 
+interna, ligados a un problema agrario nunca resuelto; la integración territorial y política 
+de las regiones y sus pobladores mediante el sistema político bipartidista; las tensiones y 
+contradicciones sociales que se derivan de 
+los dos procesos anteriores, 
+frente a 
+la 
+incapacidad del régimen para tratarlas adecuada y pacíficamente... 
+Hasta ahí no hay nada nuevo. Termina González planteando acerca de los factores subjetivos 
+(las raíces) lo siguiente: “Los factores subjetivos serían las interpretaciones que las personas 
+y grupos sociales hacen de las tensiones, su valoración de las mismas tiene que ver con sus 
+hábitos de pensamiento, su preconcepciones y marcos ideológicos que finalmente arrojan 
+opciones y decisiones frente a la situación así diagnosticada 16”. Esta propuesta analítica- agrega González-, llevaría en conclusión, a explicar la violencia 
+colombiana como un resultado no planeado previamente de forma voluntaria sino algo 
+impremeditado, producto de las combinaciones de esas contradicciones  estructurales de 8       larga duración…
+ Sugerencia que Edgardo España considera que por tratarse de factores 
+impremeditados e involuntarios, se hace necesario develarlos ampliamente para  superarlos. 2.1 - La venganza y las furias “La ofensa de alguien nos genera rabia y esa rabia fácilmente se convierte en odio”.  
+(Darwin, La expresión de emociones en los humanos y animales.) “La violencia en Colombia tiene  origines antiguos que no podemos tocar con nuestras manos. Nuestra 
+cultura de violencia es una intoxicación que navega dentro de nuestra sangre nacional”. 
+ (Arturo Guerrero, Una rosa violenta, Ensayo para El Espectador, 3 Mayo 2015). Después de Homero (siglo VIII. A.C), la historia de Grecia y el mito se ocupan de este tema. 
+Esquilo (siglo V, A.C), en la clásica obra Oresteia, refiriéndose a las  rabias-rencores de ese 
+mundo arcaico, habla de las furias –diosas de la venganza- para posicionar la transición del 
+odio y la venganza a la justicia y la paz en la antigua Grecia. Subraya Esquilo, dos 
+transformaciones importantes. Primero, la Diosa Atenas establece instituciones legales 
+(cortes independientes, audiencias, jueces)  para superar el ciclo interminable de violencia: 
+la retaliación (a tal ofensa, tal venganza). Segundo, la Diosa Atenea logra convencer a los 
+Furias que ellas son importantes, que deben permanecer en la ciudad, pero ocultas y por 
+debajo de la tierra, en un lugar de honor. Comenta Martha Nussbaum, que de este modo se 
+reconoce que el sistema legal debe incorporar y honrar estas oscuras pasiones vengativas.  
+Esquilo describe las Furias como perros de cacería rabiosos, con la boca atafagada de 
+coágulos de sangre de sus víctimas (apenas digerida a medias), vomitándola por doquier, 
+emitiendo ruidos y quejidos típicos de su clase. Esquilo, se preocupa en mostrar cómo la rabia desbordada es obsesiva, destructiva e 
+impulsada solo a causar dolor y maldad.  Ahora, en un ambiente de democracia y de ley, la 
+Diosa Atenea invita a las Furies  a reposar en calma su oleada de negra rabia . Ahora, ya 
+incorporadas a la ciudad, y comprometidas con adoptar sentimientos benévolos, han ganado 
+porte erguido y su lenguaje es  articulado. Las rabias se han transformado en indignación 
+respetuosa y no violenta, realizando en su interior una profunda re-orientación de su 
+personalidad. No son ya perros, sino mujeres bellas que de Furias  se han convertido en 
+Euménides, en Bondadosas. La justicia política –agrega Nussbaum- en Esquilo, no pone en jaula a las Furias, sino que las 
+transforma 
+totalmente, haciéndolas mover del pasado que no se puede cambiar, a 
+la 
+construcción de un futuro posible de prosperidad y paz. Así, una profunda  transformación 
+ha sucedido en el mundo: la rabia vengativa ha asumido la justicia bondadosa y ahora mira  
+más al futuro, que al pasado. 2.2 Cultura de venganza: Rabia-Rencor-Retaliación (3R) Del modo más elemental, rabia y miedo son la respuesta instintiva que los humanos 
+manifestamos ante una amenaza, o ante una agresión. Si no se logra superar esa rabia, en 
+breve, el recuerdo de la ofensa se convierte en odio/rencor/resentimiento. Cuando no se logra 9            curvar el odio y la memoria repetida de la ofensa,  muy pronto se cae en la urgencia de 
+retaliación/venganza, momento detonante para el escalamiento la violencia.   
+Reacciones ante la ofensa: 
+Figura 2 Retaliación o 
+Venganza Rencor-odio Rabia Ofensa La 
+rápida secuencia 
+rabia-
+rencor-retaliación 
+habla 
+de 
+las 
+emociones 
+que 
+soportan las economías del odio y las invitaciones que históricamente líderes y grupos de 
+liderazgo político han realizado a las gentes de una nación para destruir a otras gentes y 
+naciones. Rush Dozier en un reciente libro, "Por qué odiamos", afirma que el arma de 
+destrucción masiva más terrible, acecha dentro de nuestras psiques primitivas y tenemos que 
+encontrar la forma de desactivarla21. La rabia-odio es una reacción física natural. También, una construcción de significados 
+individual y colectiva. Los seres humanos reaccionamos químicamente mediante emociones 
+a lo que creemos que es bueno o malo, sin embargo, la reacción química que genera la rabia 
+puede detenerse o exacerbarse, en función de la explicación/justificación que le demos a la 
+ofensa (Nussbaum, 2016). Al respecto, del significado cultural que se le da a las emociones Martha Nusssbaum plantea 
+en el libro “Paisajes de Pensamiento” (2008,22) lo siguiente: “En lugar de concebir la moralidad como un sistema de principios que el intelecto 
+imparcial ha de captar y las emociones como motivaciones que apoyan o bien socavan 
+nuestra elección de actuar según esos principios, tendremos que considerar las 
+emociones como parte esencial del razonamiento ético.  No podemos obviarlas 
+razonablemente una vez que reconocemos que las emociones contienen juicios que 
+pueden ser verdaderos o falsos y pautas buenas o malas para las elecciones éticas". Este razonamiento ético al que se refiere Nussbaum, interpretado como sentimiento moral, 
+adquiere sentido y legitimidad a partir de las narrativas de soporte que se les da en las 
+versiones difundidas por instituciones como las iglesias, los partidos políticos, las academias 
+y las escuelas de pensamiento, dentro de otras. Los humanos, equipados como estamos para prever y planear, crear símbolos, y uso del 
+lenguaje complejo, somos capaces también de odiar sistemáticamente, e inscribir el odio 
+dentro de los insumos de producción de rentabilidad en términos de acumulación de  poder 
+político, sin escrúpulos, sobre la violencia que genera de manera residual. En este sentido, la 
+violencia en sí misma y desde esta perspectiva, es un residuo que genera gran contaminación 10                  ambiental, como en el caso estricto de los residuos industriales tóxicos y otros similares, 
+aproximación que sugiere establecer la variable violencia como un insumo más en la 
+sostenibilidad de ciertos tipos de statu quo. 2.3  La economía política del odio y la cultivo de venganza “Siempre que los cúmulos de ira, guardados colectivamente, adquieran la forma de reservas, tesoros o 
+crédito,…se puede utilizar como capitales aptos para la inversión”  (Sloterdijk Peter, Ira y Tiempo,2010) Entre las múltiples causas de la violencia en Colombia hemos aventurado la hipótesis de que 
+en las raíces profundas de la violencia está lo que aquí hemos resumido como economía 
+política del odio o sea la producción, distribución e intercambio de narrativas de rabia, 
+rencor y retaliación (las 3Rs) que aupadas por élites son adoptadas socialmente y llegan a 
+constituir lo que aquí llamo,  cultivo de la venganza. Desentrañar esta dinámica, preguntar cómo nace, quién las crea, por qué se multiplican tan 
+fácilmente? Por qué todos estamos infectados de ellas? Y ¿Por qué no nos damos cuenta? es 
+un trabajo de urgencia que los colombianos debemos realizar. Esta es  una invitación al giro 
+narrativo, al salto evolucionario que nos permita reclamar derechos y obtener respuesta a las 
+satisfacción de necesidades objetivas y  ecológicas, sin recurrir a las armas y a la violencia. Precisamos entender que la historia de la evolución humana ha tenido sus momentos de 
+mayor crecimiento cuando ha sido cooperativa, y por lo mismo, cuando  ha tenido el diálogo 
+como su herramienta principal. Tomar conciencia de este hecho, evitará la ceguera colectiva 
+que hemos tenido en al menos estos dos últimos siglos de historia. Aunque los diálogos de la 
+Habana certifican ya la importancia del diálogo, quedan todavía residuos de rabia-rencor y 
+urgencias de venganza –en grandes sectores de la sociedad colombiana. La academia y diversos estrategas políticos han estudiado cómo las campañas publicitarias, 
+la imagen y las estrategias de movilización social otorgan beneficios políticos. Sin embargo, 
+poco han estudiado el odio como una estrategia para  ganar votos y maximizar y/o imponer 
+intereses políticos. Al respecto, Edward Glaeser es uno de los primeros académicos en 
+considerar que los discursos son capaces de generar odio entre diversos grupos sociales, 
+permitiendo que algunos actores sociales incrementen su capital político. La economía política del odio deberá establecer el peso de estos factores en la producción de 
+la cultura política de los colombianos, evaluando desde una perspectiva crítica –inevitable y 
+necesaria-, la contribución de estos factores, a la argumentación de la necesidad de la guerra, 
+y a la constitución imaginaria y emocional del significado del enemigo interno. En especial, 
+a contribución a la analítica del riesgo que implica para el establecimiento de un régimen de 
+libertades democráticas como condición de la paz en Colombia, la difusión de narrativas del 
+odio afianzadas en análisis sesgados de los orígenes del conflicto político. Este último planteamiento 
+implica elaborar una 
+serie de preguntas y de 
+líneas de 
+investigación para el dominio de la economía política del odio ¿Cuál es, entonces, la historia, 
+y las narrativas que deben acompañar el proceso de paz? ¿Cuál la versión a difundir y a través 11           de qué medios se debe promover?  Posiblemente, estas dos preguntas, tan solo ellas, generen 
+desde ya, la necesidad de revisar creencias; de volver a construir los relatos que hasta ahora 
+muchos colombianos dan por ciertos; de revisar tendencias ideológicas y partidistas que se 
+promueven 
+como 
+versiones 
+ciertas 
+(algunas 
+sin manipulación 
+estratégica 
+y 
+otras 
+necesariamente instrumentalizadas para la consecución de logros de acumulación de poder 
+político); de evaluar el alto contenido emocional y moral de esos relatos y de sopesar hasta 
+dónde contribuyen a sostener odios y rencores entre colombianos de distintas orillas. ¿De qué manera es ofertado y demandado el odio en diferentes contextos socio-políticos? El 
+odio es producto del mercado político (Glaeser, 2002), en donde los actores políticos son 
+quienes lo ofertan y la ciudadanía quienes lo demandan. Los actores políticos ofertan odio 
+básicamente a través de sus discursos. Saben bien que así, incrementan su capital político. 
+Para evitar referencias a personajes actuales de la vida política colombiana, citamos a Donald 
+Trump y al Presidente Maduro, ejemplos de la economía política del odio. En el discurso de 
+lanzamiento de su campaña, Trump mencionó que México envía lo peor de su país a Estados 
+Unidos, que los migrantes de esta nacionalidad llenan al país de problemas porque traen 
+drogas, son violadores y criminales, y agregó, que los musulmanes son importadores de 
+terrorismo  (Lee, 2015). Vender odio para ganar votos y poder político, es una estrategia hábil para cautivar masas, 
+que informadas superficialmente sobre los orígenes  de los conflictos por un tipo de memoria 
+histórica distorsionada, son susceptibles de manipulación emocional e ideológica mediante 
+la atribución de las crisis sociales a chivos expiatorios, que en la historia de los conflictos 
+sociales, políticos, étnicos, económicos, religiosos, han llegado a constituir hitos históricos 
+de violación de los derechos y de la dignidad, en la versión que los manipuladores del odio 
+realizan. La memoria distorsionada, y la emocionalidad que ella suscita en los consumidores del odio, 
+aparecen entonces como 
+insumos necesarios para el condicionamiento de 
+respuestas 
+violentas en la historia de la movilización de pueblos hacia las confrontaciones bélicas y, en 
+la justificación de la violencia discriminatoria. La teoría del chivo expiatorio de René Girard (2007) ofrece una profunda explicación de este 
+hecho. Explica Girard, la necesidad de culpar a otros de las causas de problemas actuales. 
+Donald Trump, provee a través de sus discursos, un chivo expiatorio (los mexicanos y los 
+musulmanes) a 
+la sociedad norteamericana, constituye, erige, a ese alguien en quién 
+descargar la rabia y la urgencia de generar políticas anti-migratorias como parte  de la 
+solución a las crisis de la sociedad estadounidense. De ahí queda poco para el escalamiento 
+de la violencia y del miedo. Y la memoria del holocausto promovido por el nacional 
+socialismo en Alemania contra los judíos, advierte sobre los peligros de la movilización 
+política de una nación, cuando encuentra chivos expiatorios en la interpretación de su 
+malestar. Para los analistas de las economías del odio, la demanda de odio, en un sistema social se 
+reducirá, si se logra motivar una interacción positiva entre los grupos sociales que son parte 
+del proceso de generación del odio. Aunque Glaeser no argumenta profundamente esta idea, 
+ni expresa cómo hacerlo, nosotros argüimos que la cultura ciudadana del perdón y de la 12       reconciliación constituye una salida sabia a la estrategia sagaz de los políticos empresarios 
+del odio. La siguiente gráfica trata de ilustrarlo. Figura 3. Modelo de la Economía Política del Odio de Edward Glaeser. Agregar dos cuadros 
+más sobre DISTRIBUCION Y CONSUMO. Elaboración propia con la información de  
+Glaeser, Edward (2002) “The Political Economy of Hatred”. Fuente: Una vez 
+la economía política del odio generada desde 
+las elites (políticas, sociales, 
+económicas, religiosas) se fortalece, se fortalece también la cultura de la venganza, que 
+apropian fácilmente las bases sociales y lo peor… lo multiplican en sus ambientes. Así, se ha 
+constituido el caldo de cultivo ideal para la multiplicación de las violencias y la justificación 
+de ejércitos, cárceles y otras formas de violencia. Así, se llega a lo peor: “la más oscura de las emociones, el odio, bloquea las relaciones, 
+destruye comunidades, arruina vidas y se traga la salud de muchos que no logran superarla. 
+Unido todo eso a nuestro extraordinario talento  para crear armas de la más grande 
+precisión e impacto, el odio se convierte en el único poder más destructivo de la tierra”. Transformar esta cultura de la rabia-odio-retaliación es la enorme tarea evolucionaria de los 
+pueblos. Cuando el Global Peace Index ranquea los países con más capital de Paz Positiva, 
+introduce la capacidad de resiliencia, la capacidad que tienen las personas y los pueblos para 
+absorber los golpes y los traumas, que como el amortiguador de los carros, absorbe los golpes 
+del camino y vuelve a su estado normal. A más capacidad de absorción,  mayor paz 
+positiva(ver gráfico)25. Esta capacidad de absorción describe en gran parte, una de las 
+funciones centrales de la cultura ciudadana del perdón que es la misma capacidad de 
+tolerancia y expresión de civilidad, que se subraya con frecuencia, como necesaria, cuando 
+las personas y las comunidades quieren vivir en paz. Gráfica: Resiliencia y paz (al diseñador por favor re-hacer esta gráfica.. en español).        Sobre las causas de la violencia venimos diciendo que históricamente los colombianos, 
+aupados por las elites, se han dejado atrapar por las 3Rs. Para comprender mejor la dinámica del odio en Colombia, dentro de otras formas de la 
+producción y distribución de las economías del odio, es necesario establecer comparaciones 
+–economía del odio comparada-. Los mensajes del odio, por ejemplo, en la Alemania nazi, 
+fueron auspiciados y subvencionados. En Colombia, los grupos armados al margen de la ley  
+por su parte, desarrollaron formas de inversión social en maquilas, puestos de salud e incluso 
+infraestructura social para facilitar el posicionamiento ideológico de las propuestas del odio 
+y la venganza, e invitar a sus beneficiarios a confrontar y aniquilar a otros. Balancear la economía natural del trío rabia-rencor-retaliación y su utilización estratégica 
+para generar movilizaciones humanas en torno a intereses electorales, colonialistas, raciales, 
+geopolíticos, son dentro de otros, temas de trabajo para la analítica de la economía política 
+del odio. Urge develar y evaluar cómo se distorsionan verdades, cómo se miente, o cómo 
+verdades irrefutables aún, son manejadas instrumentalmente por agentes y agencias para 
+satisfacer acumulación de poder -el bien más tangible para los empresarios del odio-. Habrá quienes desarrollen el estudio de las economías políticas del odio para evitar la 
+manipulación de las masas, habrá quienes la comprendan para instrumentar guerras y formas 
+de acceder a poder de la manera menos digna posible, a través del exterminio de humanos 
+por humanos.  
+Los manipuladores del odio como estrategia de acumulación 
+leen y magnifican 
+los 
+sentimientos morales y 
+las condiciones emocionales de sus destinatarios. Son cínicos 
+expertos extractores de 
+la plusvalía del odio que comprendiendo perfectamente 
+la 
+complejidad de factores que concurren en la hermenéutica del conflicto, sin embargo, 
+aprovechan la base emocional para soportar su discurso acerca de la ilegitimidad del otro, o 
+para desconocer las razones  que podrían justificar las reivindicaciones y la dignidad de sus 
+enemigos. El resultado trágico es la construcción de la imagen del enemigo, del bloqueo al 
+dialogo, y la posible eliminación del otro.       Quienes trabajamos en la otra orilla de los promotores y generadores del odio  en la 
+acumulación de poder, proponemos en cambio,  la producción, distribución, intercambio y 
+consumo de economías políticas del perdón y la reconciliación, aprovechándonos de esa otra 
+faceta de la condición humana: la bondad, el perdón, la reconciliación y la resolución pacífica 
+de conflictos a través de la conversación y de la palabra amable, y de la pedagogía de la re-
+significación e interpretación de las causas de los conflictos, a partir de una argumentación 
+más compleja, que necesariamente pasa por el sistema de educación y por el contraste de 
+escuelas de interpretación, dentro de lo que se puede denominar, la promoción de una cultura 
+política, que deberá acompañar el postconflicto en Colombia. Y, por extensión, a cualquier 
+otro proceso de reconciliación intra-nacional, inter-étnico e internacional, de la misma 
+manera que 
+la 
+reconciliación 
+interpersonal demanda 
+la construcción entre 
+las partes 
+separadas por la ofensa, de una narrativa más compleja acerca de las causas que suscitaron 
+la ofensa y de las consecuencias que para cada una de las partes generó la agresión, incluso 
+para aquellos otros no directamente asociados con el hecho. Esta última aproximación proviene de 
+los planteamientos generales de 
+la 
+Justicia 
+Restaurativa, otra disciplina que en el campo del derecho complementa a 
+la 
+justicia 
+transicional, y de la que, es la oportunidad en Colombia, se deberá asimilar sus contenidos 
+filosóficos, sociológicos y antropológicos, entre otros, como condición de promoción de una 
+cultura política de la ciudadanía, la reconciliación, y la solución negociada de conflictos. Deberemos repetir continuamente – como lo gritan los indígenas Nasa Kiwe del sur de 
+Colombia: las armas son el fracaso de la palabra. Con razón el historiador Fernán Gonzales 
+insiste en que “haría falta un proceso profundo de re-educación política… que permita ir 
+pasando de la política como confrontación amigo-enemigo  a la política como diálogo y 
+discusión entre adversarios” 26. Creer que la violencia no es un destino fatal o como sugiere la historiadora Diana Uribe, 
+superar el complejo de fatalidad colectiva y mejor, generar una narrativa cultural totalmente 
+nueva, es la gran transformación cultural y política que nos espera. Es el parto socio-cultural-
+político por el que comienzan ya a transitar un creciente número de colombianos. Pasar de la 
+negociación del conflicto a la construcción de la paz en el sentido pleno de Galtung. La propuesta de la cultura política del perdón y la reconciliación, ofrece narrativas nuevas 
+que transforman los modelos mentales de las 3Rs, mediante mecanismos nuevos 
+ de 
+socialización. Estos mecanismos nuevos gradualmente 
+transitan del 
+imperativo de 
+las 
+emociones manipuladas, a la humanización de la vida y de las formas de solucionar los 
+conflictos mediante la compasión y la bondad como expresiones de un gran trabajo en 
+educación para la paz, que se construya sobre el eje de las cátedras de historia, formales y no 
+formales, cátedras comprometidas con una misión crítica: facilitar la reconstrucción de las 
+narrativas que sobre las causas del conflicto en Colombia fueron amañadas en los nidos del 
+odio, el resentimiento y la venganza por grupos de  las élites políticas. Narrativas que les 
+permitieron grandes réditos en la acumulación de poder político y el usufructo inequitativo 
+de bienes terrenales, como la justicia, la tierra y la cultura universal, y de tantos más, que la 
+extensa lista de causas de la violencia comenzó a llamarse ”deuda histórica”.       Dentro de esa “deuda”, también es posible contabilizar el hecho de que a grandes mayorías 
+en Colombia se les ha expropiado del derecho a una narrativa de la génesis del estado y de 
+las causas de la violencia, libre de contaminación ideológica y emocional. Y, se les ha 
+limitado el acceso a las versiones que desde diferentes aproximaciones -historiográficas, 
+sociológicas, antropológicas, económicas, psicológicas y otras- narran las causas de la 
+violencia. Es hora de saldar esta otra deuda histórica, saldo cultural que deberá cubrirse como 
+una de las formas de satisfacer las necesidades subjetivas del árbol de la paz, en una nación 
+que “empieza a presentir de la epopeya el fin”. Además, de explicitar mejor el concepto de economía política del odio nos queda por 
+establecer diseños de medida propios de una econometría que establezca las categorías y 
+variables ideales para un proceso de constatación de la hipótesis, en el sentido de la economía 
+política. Falta aún, argumentar las hipótesis que consideran que las narrativas elaboradas 
+acerca de las causas de la violencia, contienen relatos de fuerte arraigamiento emocional 
+(celular), y que, comprender la dinámica de este en-cuerpar (embodiment), es un reto para la 
+analítica de los sentimientos morales y del rol que desempeñan, en la toma de decisiones 
+políticas.  
+A partir de estas sugerencias, se cuenta con una hipótesis, que aún sin investigación 
+suficiente, se atreve a proponer campos de trabajo para la hermenéutica de la cultura política, 
+en el área específica de la explicación de las causas de la violencia en Colombia. 
+Veamos a continuación, los componentes principales de esta narrativa nueva propuesta 
+como Cultura Política del Perdón y Reconciliación. 3. La cultura política del perdón y de la reconciliación El perdón se presenta aquí como virtud política y como ejercicio exquisito de democracia 
+(quien no perdona, excluye). Es el perdón asepsia personal, liberación del pasado y del eterno 
+retorno de lo mismo. Se habla aquí del perdón como esfuerzo heroico  y por lo mismo, de 
+práctica de lo más elemental de los derechos humanos: la dignidad. Es el perdón, en otras 
+palabras, como estrategia eficaz para reconstruir el contrato social, vulnerado por la ofensa.  
+Es superar lo que Arendt llama la irreversibilidad del pasado y la impredictibilidad del 
+futuro. El Premio Nobel de Paz, Desmond Tutu lo expresará maravillosamente diciendo: sin 
+perdón no hay futuro.  La víctima que perdona no cambia su pasado pero si su futuro. Con 
+el perdón la víctima deja de ser víctima y se convierte en victorioso.  Si uno debiera resumir 
+el ejercicio del perdón debería decir que el perdón es el salto evolucionario que hace una 
+victima para superar las 3Rs y en lugar de la venganza, practicar la compasión, la bondad, la 
+misericordia. Quien perdona, evoluciona! Es, en pocas palabras un giro narrativo, cultural, 
+social y político de impactos incalculables. Para un país como Colombia con cerca de 8 millones de víctimas, cómo lograr construir una  
+narrativa nueva capaz de superar la fatalidad colectiva que pesa después de dos  y más siglos 
+de violencia? ¿Cómo se hace realidad este giro narrativo? Una de las formas más efectivos 
+para ese logro es precisamente  el ejercicio de narrar la ofensa ante un pequeño grupo de 
+personas que antes de hacer este ejercicio de catarsis se comprometen a hacerlo en total 
+confidencialidad.29 Quince años de experiencia de la Fundación para la Reconciliación con 
+las ESPERE –escuelas de perdón y reconciliación- demuestran que esos pequeños grupos lo       hacen realidad y se convierten en islas de creatividad, de transformación y superación de las 
+más crueles ofensas y traumas, en liberación y paz. Este ejercicio de contar la ofensa tiene un profundo valor político porque logra colocar en 
+público el dolor de las víctimas. Su dolor se posiciona no solo como protesta sino también 
+como promesa de que jamás se volverá a repetir. Así, el giro narrativo deja de ser un acto 
+intimista para convertirse en un valeroso acto de protesta y profecía que anuncia que a la 
+violencia no se responde con violencia y que  las armas, vengan de donde vengan, seguirán 
+siendo siempre expresión primitiva para solucionar los conflictos inherentes a la existencia 
+humana. Facilitar diversidad de espacios para posicionar el dolor de las víctimas, deberá ser estrategia 
+privilegiada en un país que como Colombia, ha decidido lucidamente, que las víctimas están 
+en el centro de la negociación del conflicto y de la construcción de la paz.  Así entendido, 
+el perdón se constituye en un componente indispensable para la cohesión social  y para la 
+reconstrucción del tejido social de grupos humanos lacerados por años de violencia. El ejercicio de reparar el tejido roto, normalmente es empezado por la victima quien es el 
+propietario de las llaves del perdón. Paradójicamente es el perdón mostrado o a veces 
+ofrecido por la víctima, lo que garantiza el ambiente seguro para que el victimario pueda 
+pedir perdón. Es muy difícil que un ofensor solicite perdón  u ofrezca disculpas si  está 
+expuesto al peligro de ser condenado. Los jefes de las  FARC empezaron a pedir perdón a 
+los colombianos solamente después de que sentían seguridad jurídica gracias a los acuerdos 
+ya logrados. 3.1 Cinco errores sobre el perdón Por las potentes razones anteriores es necesario superar tres errores. El primero: el perdón 
+aunque es una decisión personal por ningún motivo es simplemente un acto intimista. Por el 
+contrario, debe enarbolarse como un acto de cultura política de los más excelsos.  Una razón 
+fuerte por la que el perdón es un deber moral, ético y político, es porque como decíamos 
+arriba, el perdón es un acto de democracia, de respeto a 
+los derechos humanos, de 
+elevamiento de la suprema dignidad de la víctima y del ofensor. Adicionalmente, el perdón es en un gigantesco aporte a la salud y a la seguridad pública de 
+un pueblo, sencillamente, porque las rabias-rencores y deseos de venganza son infecciosos y 
+se multiplican en grupos humanos enteros por siglos y siglos. En una extensa encuesta 
+realizada con 89.000 personas  de 53 países sobre la venganza, Naci Mokan concluye que 
+la venganza es condicionada no solo por factores personales,  sino también por factores 
+culturales. Quiere decir que las 3Rs al igual que el perdón son decisiones privadas-personales 
+pero enraizadas fuertemente en factores socio-culturales. La historia de Colombia –se ha 
+dicho ya arriba- es la historia de odios heredados e infectados de generación en generación. 
+Malcom Deas lo resume diciendo que “Este ingrediente de la rivalidad  es un componente 
+crucial   para entender la historia de la violencia política en Colombia” Pero más allá de estas consideraciones, el perdón es un imperativo categórico para la plena 
+salud y bienestar individual. Otra vez, la experiencia de la Fundación para la Reconciliación 
+trabajando en tecnologías del perdón, ha enseñado que mientras es bueno que las personas 
+por un cierto tiempo hagan duelo y sientan rabia por las ofensas, sin embargo, esas mismas 
+personas agradecen cuando alguien –al igual que el buen médico- son estimuladas a 
+someterse a tratamientos incómodos pero necesarios para su salud completa. El segundo error es condicionar el perdón a las disculpas del ofensor. El perdón es un acto 
+de bondad (o de don) que no depende de la generosidad del otro. Es un regalo para uno 
+mismo. 
+El tercer error es creer que exigir el perdón a una víctima es imponerle todavía más carga y 
+dolor. Por el contrario, el perdón libera, oxigena, aligera, sana. Es este ejercicio de liberación 
+que hace que la víctima deje de ser víctima y se vuelve victorioso. Sin el perdón las víctimas 
+se quedan eternamente víctimas.  
+Un cuarto error, muy popular, es creer que perdón es olvidar, o negar la justicia.  Por el 
+contrario, el perdón es recordar con otros ojos y es hacer que la justicia siga su rumbo. Un último error es confundir el proceso de perdón con la reconciliación. El perdón –dijimos- 
+es el giro narrativo de la retaliación a la compasión. La reconciliación es tránsito de la 
+desconfianza a la confianza. Puede haber perdón sin reconciliación pero no viceversa. Los países que más 
+recientemente salieron de conflictos y violencias 
+(Sud África, 
+Mozambique, Ruanda, Salvador, Honduras, Nicaragua) siguen registrando altos niveles de 
+violencia. Ello se debe a que adicional a que no han respondido a las necesidades objetivas y 
+ecológicas de las víctimas, descritas en la metáfora del Árbol de la Paz (ver arriba), tampoco 
+han logrado responder con propuestas prácticas a las necesidad subjetivas de la paz o sea la 
+superación de las 3Rs. Si Colombia no desea encontrarse en la misma o peor situación dentro 
+de 15-20 años  deberá resolver este tema que aún es poco valorado en las ciencias sociales y 
+políticas. Muchas víctimas, algunas ya organizadas en grupos paramilitares y/o Bandas 
+Criminales (y en este momento, la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional, ELN) son 
+expresiones claras de la ceguera atávica causada por la rabia/rencor/venganza, y expresada 
+mediante narrativas ideológicas que sostienen la pertinencia de la guerra y su continuidad. 3.2 El Cristianismo y la gran tarea de la paz En 
+las décadas de 1930-1950, a 
+la ya exacerbada 
+tensión sectaria entre 
+liberales y 
+conservadores, ayudó la fuerte corriente antiliberal de la Iglesia Católica que contribuyó 
+decididamente al camino de la violencia en Colombia.  Ambos partidos se señalaban 
+recíprocamente como culpables de tanto mal. En 1946 con el triunfo del Partido Conservador 
+se desató en Colombia un sectarismo ciego que generó un período violento como pocos que 
+culminó en el asesinato de Gaitán y el famoso Bogotazo. Los Cristianos y en especial, los 
+Católicos, no tuvieron la actitud profética de anunciar que el odio y la venganza por sí mismos 
+constituían una auto-expulsión de la fe cristiana. La religión del chivo expiatorio (culpa-castigo) –como arquetipo cultural milenario- la han 
+apropiado todas las culturas en sus construcciones míticas. La cultura cristiana no ha sido 18         ajena a esa tendencia. Sin embargo, el reciente acuerdo de paz firmado entre las FARC y el 
+Gobierno Colombiano (26 Septiembre 2016) representa una superación importante de esa 
+tendencia cultural: en lugar de buscar un chivo expiatorio, han aceptado un ejercicio valeroso 
+de reconocimiento de la corresponsabilidad de las dos partes y de muchas otras, por la 
+violencia en Colombia: Gobierno, Ejército, Guerrilla, Empresarios, Académicos…y muchos 
+más. Al Cristianismo en Colombia – aunque fuera nada más como fenómeno cultural más que 
+religioso-  le queda pendiente todavía la gran tarea de promover el amor a los enemigos y el 
+perdón, como su inspiración fundacional. La cultura de sacrificar al otro como chivo 
+expiatorio (violencia contra el otro) tendrá que ser reemplazada por la cultura del perdón-
+misericordia (violencia contra mi mismo para frenar la venganza), como acto político 
+supremo y como logro del significado más profundo de la existencia.  
+El reciente plebiscito  del 2 de Octubre 2016, para refrendar los Acuerdos de la Habana, 
+demostró cómo 
+los Cristianos en Colombia estaban profundamente divididos entre el 
+paradigma de la justicia restaurativa  y la justicia punitiva, o en otras palabras, entre optar 
+por el perdón-misericordia o por el castigo-infierno. El  mandato de Jesús de buscar primero 
+el Reino de Dios y su justicia-misericordia seguirá siendo por algunos años, el desafío crucial 
+del Cristianismo en Colombia. Así, este país, paradójicamente seguirá siendo uno de los 
+países más desiguales, más violentos y más cristianos del Continente Conclusión Una cosa queda clara de estos años de historia colombiana: el uso de las armas para superar 
+la violencia no ha logrado más que profundizar la exclusión (política, social, económica), 
+destruir el contrato social y negar la sagrada dignidad de sí mismo y del otro-a. Buena parte de los analistas (Daniel Pecaut, Malcom Deas, Javier Giraldo) para concluir sus 
+análisis sobre 
+las causas de 
+la violencia 
+terminan afirmando que “se 
+impone una 
+democratización que ponga fin a las redes de poder clientelistas o armadas de las últimas 
+décadas” (Pecaut 33),  que se recupere “el elemento de rivalidad, crucial para entender la 
+historia de la violencia política en Colombia (que) brilla por su ausencia”34, que “mientras 
+continúe la vinculación entre las armas y la política esa brutal anomalía se mantendrá y que 
+es tarea central de las generaciones futuras de colombianos desmontarla sistemáticamente”. 35 En un reciente libro titulado “El arte de construir la paz grupal”, George Halvonson (NNN), 
+hace un símil con el Arte de la Guerra de Sun Tzu y afirma que si el arte de la guerra consiste  
+en hacer mal  al otro para que pierda,  el Arte de construir la paz, busca fortalecer a la 
+contraparte para que ambos ganen. Mientras que con la guerra se ejercita violencia contra el 
+otro, con la paz se ejercita la violencia contra uno mismo y claramente, contra el instinto más 
+primitivo de la rabia/rencon/retaliacion.  
+Para lograr la paz, es necesario tener líderes que sepan manejar sus instintos, y  en particular, 
+el instinto básico que engendra enemigos y divide el mundo entre nosotros  y  ellos. Cuando 
+el otro es también nosotros, todo cambia. Este es el concepto del Ubuntu, tan practicado por 
+Mandela: yo también soy tú. Cuando El otro es nosotros, nos revestimos de protección,      aceptación y cuidado.  Si el otro es ellos, entonces generamos desconfianza, rabia, rencor y 
+venganza. Los colombianos estamos ad portas de fortalecernos en la domesticación de nuestras 3Rs 
+haciendo que esas energías 
+invasivas, subterráneas como 
+las 
+furias se conviertan en 
+Euminides o hacedoras de generosidad y de bondad. No es una tarea meramente sicológica 
+sino profundamente cultural y política. Todo lo que subyace a la base de esta propuesta es el discernimiento ontológico sobre la 
+última finalidad del ser o sea el ser para la libertad: la libertad que da la capacidad de ser 
+don y en lo más hiperbólico de todo, la capacidad del perdón. Es aquí donde se construye 
+por un lado, la robustez del contrato social y por otro,  lo más refinado de la dignidad del ser 
+humano. En ambos casos, es la causalidad por la libertad, una causa que no la precede 
+ninguna otra. El alfa y el omega de la existencia.

HM.txt

@@ -0,0 +1,2 @@
+50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia El proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia construyó una línea de tiempo con 300 hechos de violencia y resistencia asociados al conflicto armado, que ocurrieron entre 1968 y 2018 en la UdeA.
+Este 3 de septiembre, a las 10:00 a.m., en el auditorio 1 del segundo piso del Edificio de Extensión de la UdeA, se presentará al público una línea de tiempo titulada: 50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia. La línea registra hechos como detonaciones de bombas en distintas facultades, desapariciones, secuestros, amenazas y asesinatos, que afectaron a estudiantes, profesores, empleados y directivos de la Universidad, pero también a personas sin ninguna vinculación con la institución. Asimismo, iniciativas de resistencia como pronunciamientos, plantones, marchas, abrazatones, acciones jurídicas para exigir derechos y otras activaciones públicas de rechazo a la violencia. Algunos de los hechos de violencia registrados son: la detención de 650 estudiantes por el ejército, el 20 de abril de 1971; el asesinato del alumno Fernando de Jesús Barrientos, el 8 de junio de 1973; la muerte de una monja calcinada dentro de un vehículo en medio de una protesta, el 14 de octubre de 1981; el asesinato del profesor Diego Roldán Vélez mientras dictaba su clase, el 2 de marzo de 1982; y la toma de la Universidad por parte de 700 desplazados del noroccidente de Medellín, el 6 de noviembre de 2002. Entre las acciones de resistencia, la línea de tiempo registra la solicitud de revocatoria de los consejos de guerra ante el Tribunal Superior de Medellín el 19 de noviembre de 1976; el rechazo de los docentes a la militarización, el 19 de junio de 1980; el plebiscito contra la violencia en la universidad, el 20 de agosto de 1999; y el abrazo a la Universidad en defensa de la vida, la libertad y el conocimiento, el 24 de junio de 2006. Para realizar esta investigación se hizo un rastreo bibliográfico en el que se revisaron más de 18 mil ediciones de periódicos que sirvieron para seleccionar 300 hechos de violencia y resistencia. De estos, se ampliaron 40 con investigaciones periodísticas que permitieron reconstruir lo que aconteció en cada uno de estos momentos. Además, se recuperaron archivos de audio, video y fotografía. Y se realizaron grupos focales con 22  personas, entre estudiantes, empleados, profesores y administrativos que compartieron sus memorias sobre el acontecer universitario en contexto del conflicto. La investigación de la línea de tiempo fue desarrollada por el proyecto Hacemos Memoria de la Facultad de Comunicaciones, en alianza con la Escuela Interamericana de Bibliotecología y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, y fue financiada por la DW Academie. En el proyecto participaron 25 personas, entre profesionales y estudiantes de distintas disciplinas. La línea de tiempo 50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia estará disponible en hacemosmemoria.org a partir del 3 de septiembre. Max Yuri Gil Ramírez se refiere a la línea de tiempo 50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia.

HV.txt

@@ -0,0 +1,532 @@
+“… a Mapiripán llegamos donde la gente vivía de la buena fe, lo que primaba allá era la 
+palabra, la palabra era una escritura, yo recuerdo lo que decía mi padre que uno tenía que 
+hacer honor a la palabra y en Mapiripán la palabra era la última verdad, allí la gente 
+compraba las fincas con el solo hecho de dar la palabra”. 
+(Conrado Salazar, habitante de Mapiripán y ex alcalde del municipio). “mientras allá los campesinos de Mapiripán en el 97 trabajaban el campo todos allá, pues podemos ver que los empresario y banqueros y políticos también de la región y de nivel nacional  
+se reunieron para pensar cómo era que iban a sacar esos campesinos de Mapiripán y pues la 
+salida fue sembrar el terror en Mapiripán con los grupos paramilitares” 
+(JC habitante de Mapiripán desplazado). El conflicto histórico por la tierra en el municipio de Mapiripán – Meta Equipo de Investigación 
+Carlos Bonell
+Emil Villamizar
+Olga Silva Olga Silva
+Coordinadora General del proyecto
+Humanidad Vigente Colombia, 2016.
+Todos los derechos reservados. Una publicación de: Introducción Un poco de historia Mapiripán es un municipio ubicado en el extremo suroriental de las sabanas del departamento del 
+Meta, en frontera con las selvas del Guaviare, a orillas del río que lleva el mismo nombre. Tristemente 
+célebre, es conocido en la historia de Colombia, sólo a partir de 1997 cuando se produce la llamada 
+“Masacre de Mapiripán”, de la cual se hablará más adelante.  Mapiripán es mucho más que eso, es un 
+pueblo cargado de historia, en donde centenares de hombres y mujeres venidos de muchas partes del 
+país, han construido a través de decenas de años todo un entramado de relaciones sociales, económicas, 
+políticas y culturales y han creado lazos profundos con su territorio. La historia de Mapiripán, al igual que la mayor parte del territorio colombiano, está marcada por la 
+ocupación y lucha por la tierra, por la necesidad de familias campesinas e inmigrantes de las ciudades.  
+El centro de la historia de esta tierra es el problema agrario y hoy día más que nunca sigue siendo su 
+eje fundamental. A manera de ubicación Mapiripán hace parte del Meta, uno de los 32 departamentos de Colombia.  
+Se encuentra ubicado al sur - oriente del departamento sobre la margen izquierda del Río Guaviare. Limitando al sur con el Departamento del Guaviare, al norte con los ríos Iteviare y Manacacias, al oriente 
+con el Departamento del Vichada y al occidente con los municipios de Puerto Concordia, Puerto Lleras 
+y Puerto Rico (Meta). Posee una temperatura promedio de 26.5°C, una altitud de 250 metros sobre el 
+nivel del mar. Para llegar allí existe la vía aérea, fluvial y terrestre. Por vía aérea la ruta más importante es la 
+que comunica el aeropuerto de Villavicencio, mediante el cual una avioneta tarda  60 minutos en este 
+itinerario.  Por vía terrestre existe la vía Villavicencio - Granada – Puerto Lleras – Mapiripán con una 
+distancia a Villavicencio de 324 kms  o la vía Villavicencio - San  Carlos de Guaroa -  Mapiripán, la cual 
+tarda un promedio de 6 a 8 horas en épocas normales.  La vía fluvial ha sido históricamente una importante forma de comunicación entre Mapiripán y los municipios vecinos a falta de buenas vías terrestres. Mapa Departamento del Meta – municipio 
+de Mapiripán Fuente: Alcaldía de Mapiripán Meta Los primeros pasos para su fundación están relacionados con el auge cauchero que tuvo lugar a principios del siglo XX en esta región, donde la explotación cauchera atrajo mano de obra de trabajadores 
+de regiones circundantes, en dicha época esta zona era un corregimiento del municipio de San Martín. En los años 50 y 60 empiezan a llegar inmigrantes provenientes de Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Santander, Valle y Antioquia, quienes venían huyendo de la situación de violencia política por la 
+que atravesaba el país o en otros casos buscando simplemente mejores oportunidades de trabajo.  Su 
+economía se basaba principalmente en la ganadería, cultivos de maíz, yuca y plátano: “hace más de 
+25 años (1998) […] se dio a la aventura de colonizar un rastrojo ubicado en el extremo sur oriental del 
+departamento del Meta, en límites con Guaviare […] “Yo abrí un fundito con indígenas, yo les pagaba a 
+ellos. Un señor empezó a traer mercancías y me gustó mucho para cultivar maíz, plátano y yuca, hacía 
+oficios domésticos, criaba gallinas y marranos” .   Mediante el desarrollo económico alcanzado con la 
+ganadería y con el propósito de extender la frontera ganadera en los Llanos del oriente colombiano 
+se crea en 1969 la Inspección de policía de Mapiripán, la cual hacía parte del municipio de San Martín 
+(Meta). Al mismo tiempo arriban a estos baldíos, extranjeros provenientes de Alemania y Estados Unidos, 
+quienes se establecen y apropian de grandes extensiones de tierra.  La ganadería otrora eje central de 
+la economía regional, cedió su papel a finales de los 80 y comienzos de los 90 a la producción de cultivos ilícitos, principalmente la hoja de coca.  En 1.989 como producto del desarrollo agropecuario de esta 
+región se le otorga el carácter de municipio. Su gente El municipio contaba con 10.930 habitantes según el censo del DANE del 2.005 y una población estimada de 15.579 para el 2.011.  El 92% de la población se encuentra en la zona rural y sólo el 8% restante 
+en la cabecera municipal, lo que difiere del comportamiento del departamento con un 75% promedio de 
+ubicación de los habitantes en las zonas urbanas Demográficamente el municipio de Mapiripán se caracteriza por la alta dispersión de sus habitantes a 
+lo largo del territorio, siguiendo patrones usualmente ligados a las características topográficas, buscando 
+siempre la cercanía a los ríos, caños o quebradas. Muestra de esto es la marcada diferencia en la proporción que ha existido entre la cantidad de población rural y aquella de la cabecera municipal . Teniendo en cuenta la manera como se ha construido el territorio, no se puede hablar propiamente 
+de una identidad o raíces de identidad de la población del municipio, sin embargo los lazos y relaciones 
+sociales que se han construido a lo largo de décadas por gentes de diversas regiones, han generado un 
+entramado social que los identifica. Hoy día la subsistencia de los campesinos pobres y medios, está dada por los cultivos de maíz, yuca y 
+caña panelera principalmente, productos que son destinados para el autoconsumo, el intercambio o el 
+mercado local, y en el caso de los campesinos ricos y terratenientes por la explotación pecuaria mediante la ganadería extensiva, que tienen como mercado la localidad y el interior del país, principalmente 
+Villavicencio y Bogotá. Existen poblaciones nativas en esta zona, las cuales habitan en cuatro resguardos que se agrupan en 
+dos grupos étnicos:  los Sikuani y Guayabero. 
+Los Resguardos Caño Ovejas y Mocuare han sido focalizados por la condición de vulnerabilidad y 
+riesgo de extinción en las que se encuentran, éstos han recibido calificación 5, considerado como el riesgo 
+más alto. Así mismo existe un asentamiento indígena llamado Zaragoza, perteneciente  a la etnia Jiw, habitado por  1798 familias, para un total de 854 personas.  En total para el año 2.011 existía en Mapiripán una 
+población indígena de 2.049 habitantes. Estas comunidades mantienen  una estrecha relación directa con el medio natural de donde obtienen todos los medios para su vivir, tales como alimentos, herramientas, etc.,  su forma de vida tiene muy 
+pocos rastros de nomadismo.  La propiedad de la tierra sigue siendo colectiva, a la que respetan y solo 
+toman de ella lo necesario para su subsistencia.  Aún predomina la obtención de carne y peces con anzuelos, mallas y trampas.  Son también recolectores de frutas y poseen una economía de subsistencia con 
+cerdos y aves de corral.   Las viviendas están perdiendo la forma tradicional de maloca para convertirse 
+en casas convencionales de material, su vestir cada vez se parece más al del colono. 
+Numerosas características han colocado al departamento del Meta y sus municipios en el centro de 
+atención de los actores armados legales e ilegales, principalmente la guerrilla de las FARC,  los diversos 
+grupos paramilitares y el ejército y la policía que igualmente se han convertido en agentes generadores 
+de violencia.  La disputa por el territorio ha hecho de ésta una de las zonas más violentas del país y que 
+su población se halle entre las principales víctimas a nivel nacional. Sus altos niveles de violencia, marginalidad y pobreza, unido a la economía del narcotráfico y los 
+cultivos de uso ilícito no explican el origen del conflicto, pero son su combustible y han abonado la 
+complejidad de escenarios históricamente no resueltos. Las causas o raíces se pueden reunir en las siguientes categorías, las cuales es necesario tener presentes 
+para entender la naturaleza de los conflictos que afectan no solo a este municipio, sino en general a esta 
+región del país: 1. Causas políticas: entre las causas estructurales están la debilidad institucional, el desequilibrio de 
+poderes, la exclusión política y la escasa participación política de fuerzas de oposición diferentes a las 
+tradicionales, la falta de opciones y oportunidades para que los ciudadanos se expresen y participen 
+libremente.  A ellas, se suman los altos niveles de corrupción política y administrativa, el aumento en las 
+violaciones de los derechos humanos, la impunidad y el incremento de las víctimas.  En síntesis se podría 
+decir que lo que existe aquí es una falta total de democracia. 2. Causas socioeconómicas: en esta categoría están la pobreza, la desigualdad en la distribución y el 
+uso de la tierra, los desequilibrios sociales, así como la débil política social y económica para promover 
+un desarrollo humano, que ha impedido que los habitantes puedan acceder de manera plena a los 
+servicios sociales básicos, como la salud o la educación.  En 1.993 se calcula que el Índice de Necesidades 
+Básicas Insatisfechas era del 82.10% y para el 2.005 del 100%3 . Entre estas causas también se evidencian la preocupante condición social de las minorías indígenas y las 
+mujeres cabeza de familia, la falta de oportunidades para las poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad, el nuevo modelo de desarrollo basado en la agroindustria que se ha venido imponiendo no 
+solo en el municipio sino en toda la región y la agudización del problema de la tierra, expresado principalmente en el despojo al campesinado para acrecentar la ganadería extensiva y el cultivo de palma. 3. Causas de orden público: se incluyen la presencia histórica de las FARC y el narcotráfico, la existencia 
+de diversos grupos paramilitares, pese a la aparente desmovilización de éstos, la violación de los derechos 
+humanos por parte de los diferentes grupos armados y la confrontación armada, la cual aparentemente 
+ha descendido en los últimos años. En relación a las tres causas descritas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
+Tierras Despojadas UAEGRTD de la Contraloría General de la República, señala diferentes dificultades 
+relacionadas con el proceso de restitución en el municipio: i) la continuidad del conflicto entre el frente 44 
+de las FARC y los grupos paramilitares post desmovilizados del Bloque Meta y los Libertadores de Vichada, ii) Las tensiones entre las Juntas de Acción Comunal con las empresas petroleras y con Poligrow por la 
+adquisición de las tierras iii)Posible despojo y ocupación por parte de concejales de las tierras abandonadas por los campesinos, iv)presuntas ventas de predios aun con medidas de protección, v) el temor para 
+retornar por parte de las víctimas, y vi) desconfianza en el proceso . III. MOMENTOS HISTÓRICOS La historia de los distintos municipios que conforman la región de lo que es hoy el departamento 
+del Meta es relativamente nueva y compleja, se encuentra asociada a lógicas extractivas desde la 
+época de la ruta de la explotación del caucho, pasando a la colonización de los años 50 producto del 
+desplazamiento de las masas campesinas del interior del país, que huían de la violencia y quienes a la 
+vez ampliaban la frontera agrícola, pasando a la explotación de los hidrocarburos, la producción de 
+marihuana y la hoja de coca, a la reciente explotación de la palma africana y la ganadería extensiva. Todo este proceso ha llevado a la conformación de un territorio en un contexto histórico marcado 
+por la permanente lucha por la tierra de diversos actores, donde las masas campesinas han sido siempre las principales víctimas del despojo y el destierro.  En este sentido se proponen unos momentos 
+históricos que están ligados fundamentalmente a la ocupación y transformación del territorio y que es 
+parte integral en la formación de lo que es hoy el municipio de Mapiripán: a. Periodo de las colonizaciones: 1954-1980
+Este periodo de colonización requirió de un desmonte, ocupación, apropiación y adecuación de 
+las tierras, lo cual dependía de la capacidad inicial de trabajo de los colonos. Este proceso no estuvo 
+marcado por un desarrollo articulado de la economía nacional, si no fue más bien el resultado de un 
+proceso anárquico de la economía, impulsado por el desplazamiento del campesinado proveniente de 
+diversas regiones del país a causa de la violencia bipartidista. La colonización se fue conformando sin una formalización de títulos de propiedad sobre la tierra y 
+con muy poco desarrollo en infraestructura, especialmente en vías de comunicación.  Al presentarse la 
+compra y venta de tierras en una total informalidad, también se va dando la acumulación de tierras 
+y la constitución de grandes latifundios de propiedad de ganaderos y comerciantes, que empiezan a 
+comprar o apropiarse de las tierras de colonos secundarios o terciarios. “Yo la tierra no la compré, o 
+bueno compré un pedacito y fundé”, expresa tácitamente Don José, campesino colono de Mapiripán, e 
+ilustra en pocas palabras la manera que estas tierras se iban adquiriendo. Algunos de estos campesinos provenían de las guerrillas liberales que se desmovilizaron, especialmente de la zona de Puerto López, asociados al líder guerrillero liberal Guadalupe Salcedo, o del Bajo 
+Ariari, los cuales estaban bajo el mando de Dumar Aljure. Existe otro tipo de colonización, más dirigida desde el mismo Estado, y cuyo objetivo era la ampliación de la frontera agrícola, ésta se orienta por las entidades encargadas de la economía agraria, 
+como lo era el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria INCORA.  Su periodo abarca la década 
+de los años 60.  En este proceso se ubica la fracasada política de normalización y reconciliación de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), a raíz de la cual se inició el proyecto de colonización Meta I. 
+7 Ambos proyectos de una u otra manera sirven a  la ampliación de la frontera agrícola, y conllevan 
+a la descomposición económica de sectores de pequeños y medianos campesinos, facilitando el ingreso 
+del empresariado a la región. Don Italo Romero campesino desplazado de Mapiripán, expresa el espíritu de búsqueda de 
+mejores oportunidades de vida y de trabajo de esta manera: ” … en el año 63, tenía una finquita 
+muy pequeña que había comprado y la vendí, me fui porque oía decir que las tierras de Mapiripán 
+eran muy productivas, producían muchísimo pescado, mimbre de palma y que eso lo explotaba la 
+población indígena y había mucho cacao que incluso no había sido ni sembrado, lo micos lo habían 
+dispersado, entonces los colonos habían socolado en monte y de ahí cogían el cacao, y vivían y había 
+mucho colono que tenía su ganadería , su finca, el cultivo el maíz, el plátano, la yuca, aunque era 
+muy difícil ponerlo al consumo”. Así mismo, en la década de los años 70 empresarios antioqueños vieron que la adjudicación de 
+tierras en el sur del país era rentable. Uno de ellos fue Argemiro Meza, quien comenzó a comprar las 
+fincas a colonos a bajos precios para luego ofrecérselas a sus amigos. Aunque las tierras no eran fértiles, 
+sí eran aptas para la ganadería. Así, llegan a Mapiripán varios ganaderos, entre ellos uno cuya influencia logró que en 1988 y 1989 el antiguo INCORA le titulara a él y a su mayordomo una hacienda 
+de 5.500 hectáreas a la que llamó Macondo. Colonos sin títulos y ganaderos con papeles en regla siguieron explotando las tierras hasta que la violencia guerrillera comenzó a expulsarlos. Muchos ganaderos se fueron por la amenaza de las FARC. Un 
+ejemplo de ello es la señora Kirby, quien abandonó las tierras después de ser secuestrada y de que su 
+esposo falleciera.  El conflicto armado se constituye en la expresión más aguda de la cuestión agraria, en 
+donde los grandes latifundistas y agroempresarios se enfrentan a millones de campesinos sin o con poca 
+tierra, y donde el Estado se convierte en protector de los primeros. b. Periodo de la violencia guerrillera, paramilitar y el narcotráfico 1980-1990 Este periodo histórico se caracteriza por la profundización de la violencia guerrillera de las FARC, 
+la política de control del territorio ejercida por ellos y el cobro de impuestos, vacunas, extorsiones y 
+secuestros, como también por la aparición de los primeros grupos de autodefensa financiados por 
+narcotraficantes. Estos, bajo el pretexto de combatir a la subversión, buscaban un control del territorio 
+para manejar el negocio de la droga y proteger sus tierras. Es también el período en que el antiguo INCORA, comienza a formalizar la propiedad de la tierra 
+y a titular baldíos que se supone debían ser entregados a los pequeños y medianos campesinos, pero 
+donde se privilegia a la clientela política de los partidos tradicionales, conformada por ganaderos y 
+terratenientes. La producción de hoja de coca generó un cambio en la vocación productiva de la región. Mientras 
+los cultivos de pancoger, como el maíz, el plátano, la yuca o el arroz eran los cultivos tradicionales, 
+empiezan a ser remplazados por extensas superficies sembradas de coca.  En esta década, los ingresos 
+de la economía campesina tuvieron una etapa de “prosperidad”, los campesinos lograron un ingreso 
+importante por la hoja de la coca, y dejan de depender de sus cultivos tradicionales, aumenta el consumo de bienes traídos del interior. Este aumento de ingresos fáciles conllevó también a expresiones de 
+descomposición social en diversos sectores de la población, tales como la drogadicción, el alcoholismo, 
+la prostitución, las riñas permanentes, etc.   En cierto sentido la hoja de la coca se convirtió en aquella 
+época en la moneda de transacción y la vía de intercambio de productos. Don Italo Romero ilustra perfectamente esta relación económica que empieza a establecerse: “yo no 
+llegué nunca con el ánimo de sembrar hoja de coca, ¡nada!, soy un campesino oriundo con origen de 
+mis padres y llego a la finca a trabajar a sembrar plátano a sembrar maíz a sembrar yuca a sembrar 5. Rodríguez González, I. (2014). Despojo, baldíos y conflicto armado en Puerto Gaitán y Mapiripán (Meta, Colombia) entre 1980 y 2010. Estudios Socio-Jurídicos, 16(1), pp. 315-342 8 arroz, allá se sembraba arroz, el problema era que en ese entonces nosotros los campesinos no podíamos pagar lo que pagaba un narcotraficante por el cultivo del narcotráfico …,  el problema era 
+que en 7 horas se cogían 7 arrobas de coca y se ganaba $45.000 o $50.000 y uno le podía pagar a un 
+trabajador $8.000 o $10.000,entonces era muy difícil para nosotros conseguir  la mano de obra y sacar 
+el producto a un punto de venta”.
+Es importante destacar la relación histórica entre coca y conflicto, la cual “debe ser explicada teniendo en cuenta los antecedentes históricos del problema agrario, y plantearse que el narcotráfico no es 
+solamente la “causa eficiente de la guerra” sino una nueva etapa del modelo agromono-exportador. 
+Para sugerir que la cocalización de varias economías regionales ha tenido en Colombia –guardadas las 
+proporciones– implicaciones similares a las que tuvo el café en su momento, pero con una enorme diferencia: este segundo despegue de la economía agroexportadora se ha realizado con base en un cultivo 
+declarado proscrito a escala internacional” . De esta manera entender el conflicto en esta zona de colonización, que tuvo como eje importante 
+de su economía el cultivo de la coca “en un medio de campesinos colonos se relaciona con el hecho de 
+que este cultivo se comporta más como una economía extractiva unida al gran capital, que como un 
+cultivo colonizador” . Se presentan importantes cambios estructurales en el sector agrícola, como lo es el aumento de los 
+cultivos permanentes en detrimento de los transitorios y la consolidación de las actividades pecuarias 
+sobre las agrícolas, teniendo consecuencias políticas, ya que en muchos casos el proceso de latifundismo 
+para la ganadería extensiva, se desarrolla paralelamente al nacimiento de los grupos paramilitares. Estos sectores económicos ligados al narcotráfico, terminan por añadir ingredientes más complejos a la ya 
+difícil situación del sector agrario colombiano.  Estas economías centradas en la producción de rentas, 
+crean sus propias normas y reglas del juego. Engendran su propia institucionalidad, y se convierten en 
+un poder paraestatal que impone una manera distinta a la del Estado acerca de la venta y compra de 
+tierra, en donde la política del miedo o el terror termina imponiéndose: “o me vende o le compro a la 
+viuda” . Pablo Emilio Quiñonez, campesino desplazado de Mapiripán, ilustra esta época así:  “cuando eso 
+no existía la mariguana, no existía la coca, no existía nada de eso,  entonces se vivía muy rico y lo que 
+usted sembraba se daba, … tierras que con  los años  el rio está lavando, son tierras inacabables … mi 
+papá que había llegado un año antes que yo, …tuvimos potreros y sembrábamos el maíz, pero el maíz 
+era muy barato porque no habían vías de acceso, alcanzamos a vender carga de maíz a 5000 pesos, 
+pero, pues uno está feliz porque no había violencia, con el tiempo entró el apogeo de la mariguana, ya 
+se puso más maluco, eso fue como del 80 para acá que fue el apogeo de la mariguana, eso fue corto, 
+ya después entró la coca, entonces cuando ya hubo capital aparecieron los señores de la farc, porque 
+ellos no estaban, los habíamos escuchado pero nunca los habíamos visto”. c. Periodo de la violencia paramilitar y guerrillera 1990-2006 Antes de la década de los 90 Mapiripán, si bien vivía una violencia ejercida por diversos actores, era 
+conocido en el departamento del Meta como un municipio ganadero, que incluso abastecía parte del 
+mercado departamental.  Con la presencia de los cultivos ilícitos de coca y el consiguiente conflicto relacionado con el mismo, el uso del suelo en relación a la economía agropecuaria prácticamente desaparece. Es el período de consolidación de grupos paramilitares que, tras haber asesinado a líderes y haber 
+cometido masacres y desplazamientos, hacen presencia permanente en el territorio e instalan bases de 
+entrenamiento en algunas fincas.  Es también el momento en que la región es controlada por el miedo y las acciones de este grupo ilegal, y en el que las tierras son abandonadas por los colonos originarios 
+debido a la persistente violencia.
+Es además un período en el que las tierras que pertenecían a colonos sufren una transformación 
+jurídica inicial, mediante titulaciones convenidas con el Incora por influencia de empresarios, compras 
+fraudulentas y constitución de empresas que adquieren en el papel estos predios para luego venderlos. 
+Conrado Salazar, ex alcalde del municipio manifiesta: “en Villavicencio [existía], como una especie de 
+cartel dedicado a ese tema de protocolizar, de vender, de hacer escrituras, de hacer documentos y esas 
+cosas para quedarse con las tierras y sacar los campesinos que llevan 15, 20 o 30 años trabajando en 
+esas tierras que eran baldíos y que llegaron y los encontraron como baldíos y que como colonos y que 
+hoy tienen sus mejoras”. Para comienzos de los años noventa, el peso de la economía del narcotráfico no era aún  tan fuerte 
+en el sector agrario, pero ya resultaba patente “el afianzamiento de una pauta de división del trabajo 
+dentro de la cual el campesinado se especializa en alimentos para el mercado interno, y el capitalismo 
+agrario en productos para la industria y exportación”. La ubicación geoestratégica de Mapiripán hace que el Frente 44 de las FARC lo utilice como una 
+base importante de sus operaciones para el cultivo y comercialización de la hoja de coca.  Al mismo 
+tiempo pasando el río Guaviare,  al frente de Mapiripán, el jefe paramilitar Vicente Castaño tenía sus 
+laboratorios de droga. Los Castaño, fundadores de las AUC, querían controlar el negocio y, con el pretexto de combatir la subversión, atacaron a Mapiripán en julio de 1997. Entre 1997 y 1998, la violencia desplazó a por lo menos 1.300 personas de Mapiripán. Durante los años 
+siguientes, guerrilleros y paramilitares siguieron la disputa por el territorio, y los colonos originarios, que 
+no tenían títulos de propiedad trataron de resistir en el pueblo hasta donde les fue posible, como una 
+forma de resguardar su propiedad sobre la tierra. En el Meta, el grupo de las AUC de los hermanos 
+Castaño se hizo llamar Bloque Centauros,  aumentando en esta región exponencialmente su número 
+de combatientes entre 2002 y 2004, para lo cual Vicente Castaño encargó a los narcotraficantes Miguel Arroyave y Daniel Rendón alias ‘Don Mario’.  Mapiripán para los Castaño, seguía siendo un punto 
+clave para el manejo del negocio del narcotráfico y por ello Los Centauros permanecieron en la zona 
+hasta 2006, cuando ocurrió la aparente desmovilización. Entre 1997 y 2006, La Cooperativa se convirtió en un lugar de control total de las AUC, era esa su 
+base de operaciones. “El grupo paramilitar también controlaba la economía de la coca en La Cooperativa y en otros centros poblados que durante esos años dependían totalmente de esta economía 
+ilícita (aún lo hacen en menor medida).  Adicionalmente, la guerra entre los Buitragueños (o ACC) y el 
+Bloque Centauros empezó justo en La Cooperativa”. Para las masas campesinas adicionalmente a la violencia ejercida desde diferentes flancos, se aúna 
+los planes de fumigación del gobierno, los cuales se ejercían de una manera indiscriminada y afectaba 
+principalmente los cultivos para el autoconsumo del campesinado.  Sólo en el Meta, en 2005, se fumigaron cerca de 14.500 hectáreas (cuatro veces más que en 2004), principalmente en Puerto Rico, 
+Puerto Lleras, Vistahermosa, Mapiripán y Puerto Concordia, es decir, el 10,7% del total del área fumigada en Colombia (138.779 hectáreas). El auge del cultivo y la producción de coca trajo consigo cambios y transformaciones en sectores 
+sociales cercanos a las FARC y los paramilitares: en el primer caso, mejorando parcialmente las condiciones materiales de colonos y campesinos y estabilizando el proceso colonizador, y en el segundo caso, 
+porque produjo una sustitución o simbiosis entre terratenientes tradicionales y nuevos capos de la droga 
+mediante la compra masiva de tierras, que favoreció la valorización de éstas y el fortalecimiento de la 
+ganadería extensiva
+ En síntesis, en el decenio de los noventa, ya en el contexto de la globalización, se aceleró el proceso de 
+relativo reemplazo de las estructuras agrarias tradicionales por sistemas agroindustriales y por enclaves 
+rurales basados en actividades económicas legales e ilegales, lo que propició la expansión de los grupos 
+armados. Las Masacres de Mapiripán Área adjudicada en baldíos en Mapiripán 
+Meta 
+Un capítulo especial de esta etapa merece la tristemente célebre “Masacre de Mapiripán”.  Aquí el 
+día 15 de julio de 1997, arriban centenares de sujetos fuertemente armados, quienes se identificaban 
+con brazaletes de la Autodefensas Unidas de Colombia AUC del Urabá y Córdoba, durante cinco días 
+torturaron, secuestraron y asesinaron a decenas de habitantes de Mapiripán tanto de su casco urbano 
+como de diversos lugares de la zona rural.  Esta acción hizo parte de una acción sistemática, donde 
+participaron no solo los grupos paramilitares, sino también el ejército colombiano, quien por acción u 
+omisión tuvo responsabilidad en esta masacre, llegando incluso a ser reconocido por la Sentencia de la 
+Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de septiembre de 2005. Es importante precisar que la mencionada Sentencia de la Corte determinó que el gobierno colombiano violó el derecho a la integridad, a la libertad y a la vida, a las garantías judiciales, los derechos de 
+los niños, y a la circulación y residencia, todos estos derechos consagrados en la Convención Americana 
+de Derechos Humanos .   Por tal motivo la Corte ordenó al gobierno colombiano realizar las debidas 
+diligencias para activar y terminar eficazmente la investigación, y determinar la responsabilidad material e intelectual de los autores  de la masacre, así como otorgar las garantías de seguridad necesarias a 
+los intervinientes. A la masacre de 1997, prosiguieron la de las Inspecciones de Policía de Puerto Alvira y La Cooperativa en 1998, de ahí en adelante el municipio ha sufrido permanentes hostigamientos de los grupos 
+paramilitares y violación de los derechos de los pobladores por parte de las fuerzas armadas, tales 
+como violencia contra las mujeres y niños, secuestros, desapariciones, asesinatos selectivos de dirigentes 
+comunales, reclutamiento de niños y jóvenes, etc. Especial mención merece la situación del desplazamiento, que provocó y tuvo como punto nodal la 
+masacre del 97, el cual generó un desplazamiento masivo sin precedentes, donde miles de campesinos 
+abandonaron no solo sus tierras, sino todos los bienes que habían en ellas, incluyendo cultivos y animales.  Esta población campesina emigró de veredas como Esteros Altos, Esteros Bajos, Caño Minas, Chaparral, Caño Negro, y sus lugares de desplazamiento fueron entre otros Villavicencio, San Martín y el 
+Guaviare
+Estas masacres tienen como marco principal la disputa por el control territorial y por ende del negocio del narcotráfico, de diversos actores armados presentes en la zona, como también como parte de 
+una retaliación por la participación política de sectores de la población a favor de las FARC. Es importante tener presente el contexto histórico de lo que significaron estas masacres en el despojo y 
+destierro de la población campesina, y la consiguiente pérdida de sus tierras y el destierro de su territorio, 
+lo cual no ha sido tenido en cuenta por las instituciones del Estado en el momento de evaluar cada uno 
+de los casos de las familias campesinas que solicitan su restitución de tierras. De esta manera si se revisa la base de datos del INCODER, se observa cómo en la adjudicación histórica  de baldíos en Mapiripán entre 1997 y 1998 es el periodo de mayor titulación de predios baldíos en el 
+municipio, representando en área el 43% y en resoluciones el 46% del total histórico. 
+d. 2006 a hoy Este periodo está marcado, primero, por la supuesta desmovilización paramilitar y por las tierras 
+abandonadas por muchos años.  A partir de 2007, los predios abandonados y originalmente titulados 
+son transferidos a personas o empresas, muchas de ellas relacionadas con empresarios que actuaban 
+en la ilegalidad. A partir de este año las otrora tierras de los cultivos de pancoger, son sembradas con 
+palma africana, cultivos de soya y maíz, o dedicados a la ganadería extensiva. En los últimos cinco años nuevamente empieza a desarrollarse una incipiente economía agraria con 
+cultivos de yuca, maíz, arroz, plátano, caña y algunas frutas, y un desarrollo de ganadería extensiva.  
+El tipo de suelo ácido que posee el municipio, lleva a que se requieran grandes inversiones de capital 
+para hacerlo productivo. El descubrimiento de pozos petroleros cerca al municipio, y la exploración de varios puntos del municipio, unido a la presencia desde el 2007 de la empresa italiana Poligrow han cambiado la dinámica 
+económica de la población, han valorizado la tierra e igualmente han generado tensiones entre los 
+distintos intereses de los pobladores. No obstante, la violencia en Mapiripán no se ha reducido, los actores de la violencia histórica de esta 
+región se han reorganizado y transformado, el desplazamiento y la violación de los derechos humanos 
+a la población continúan. Es así como el informe de la Contraloría General de la República del año 2014, expone las inconsistencias encontradas en cuanto a la adjudicación y venta de predios sin el cumplimiento de los requisitos 
+legales .  El 07 de marzo de 2008 a través de la Resolución N.º 03 se declara al municipio de Mapiripán en condición de inminente desplazamiento forzado. Sin embargo, como lo evidencia el mencionado informe de la Contraloría “en la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta) se hallaron casos donde no se ejerció una verdadera protección 
+a la victimización y al desplazamiento forzado, registrando situaciones irregulares tales como: i) Permiso de ventas por parte del Comité de Atención Integral a la Población Desplazada del Municipio 
+de Mapiripán únicamente firmado por el alcalde y/o con fecha posterior a la fecha de elaboración de 
+escritura de compraventa correspondiente, ii) permiso que resultan ser simplemente una constancia 
+del alcalde o que fueron tramitados a favor del comprador y no del vendedor, como si el comprador 
+fuera el titular del derecho tutelado, iii) permisos sin argumentación alguna, únicamente consignan 
+que “en parte ha cesado la situación de violencia”, y iv) solicitudes puntuales de presuntas víctimas 
+que buscaban la protección contra el despojo que no fueron tramitadas”
+Decreto 2007 de 2001 por medio del cual, entre otras disposiciones, se ordenaba a las Oficinas de Instrumentos Públicos abstenerse de 
+inscribir enajenaciones de predios rurales ubicados en zonas declaradas de inminente riesgo de desplazamiento, salvo que se acredite el permiso 
+por parte del Comité Municipal, Distrital o departamental de Atención Integral a la Población Desplazada.
+Estos hechos irregulares pueden ser constatados por las narraciones de las víctimas de desplazamiento del Municipio de Mapiripán: “En el tema del levantamiento de las medidas empezó más o menos en el año 2000 la venta y 
+entrega de lotes de personas que nos habíamos desplazado y que no estábamos allá, eso fue cuando 
+la alcaldesa Maribel Maecha, que fue una de las primeras que comenzó a entregar lotes. Luego con 
+Jorge Iván Duque, el siguiente alcalde, también hizo una entrega de lote que estaban ocupados y ahí 
+fue cuando empezaron a escriturar lotes a la mayoría de concejales que habían allá, lotes que era de 
+la gente. También comenzaron a hacer en los lotes cosas institucionales, como el caso del Banco Agrario que era el lote de una familia y lo entregaron al Banco Agrario, otro lote lo entregaron para el 
+instituto del Bienestar Familiar que es el lote de una víctima que esta también acá en el proceso y así 
+sucesivamente, levantaron las medidas colectivas que habían sobre todo el municipio. Eso se hizo hasta el año 2009 que estuvieron ellos de alcaldes”. (Juan Carlos, campesino desplazado de Mapiripán) Las actividades militares de las FARC persisten tanto en el suroriente de la región del Ariari (Puerto 
+Rico, Puerto Concordia y Vistahermosa) como en el municipio de Mapiripán, donde a partir del año 
+2011, el grupo guerrillero ha intentado retomar la zona de influencia del río Guaviare –anteriormente en control de la banda del Erpac  estratégica para el control del narcotráfico y otras actividades 
+delictivas. Para 2011, la relación de las FARC con la siembra de coca se hace evidente al identificar que un 59% 
+de los cultivos reportados durante ese año en el Meta (3.040 hectáreas) se encontraban en la región 
+del Ariari, donde esta guerrilla ha tenido una presencia histórica y en la actualidad actúan los frentes 
+7, 27 y 40. Además, otro 37% de los cultivos fue ubicado en Mapiripán, donde los frentes 39 y 44 estarían intentando recuperar territorios después del sometimiento del Erpac, y disputándose corredores 
+estratégicos con la banda Libertadores del Vichada. Finalmente, un 4% de las hectáreas está ubicado 
+en Puerto Gaitán (especialmente en los límites con Mapiripán y Cumaribo en Vichada)17 . Los grupos paramilitares hoy mal llamados bandas criminales, por su parte, presentan un constante 
+proceso de mutación en el que una vez los jefes abandonan el cargo (ya sea por homicidio, captura o 
+muerte en combate), la jefatura de la banda es asumida por sus mandos medios, el grupo es absorbido o vendido a otra estructura criminal o desaparece. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría describe y denuncia en el 2007 esta presencia: 
+“Luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC – emergieron en el territorios nuevos grupos armados ilegales, conformados por mandos y combatientes no desmovilizados de 
+las AUC, que a raíz de las luchas intestinas viene configurando estructuras armadas en áreas delimitadas geográficamente. Por un lado, el grupo de los “Cuchillos” al mando de alias “Cuchillo” y que se 
+autodenominan “Ejército Revolucionario de Colombia” –ERPAC- y los autodenominados grupos de los 
+“Paisas” o “Macacos”, por el otro, que libran una disputa territorial por el control de los ejes viales que 
+comunican las cabeceras municipales entre si y entre éstas y las zonas veredales”18 . El mismo informe de la Defensoría advertía que las FARC amenazaron continuamente con atacar 
+el casco urbano del municipio de Mapiripán, realizando múltiples hostigamientos desde al margen 
+derecho del río Guaviare, ataques que son repelidos por la fuerza pública. Ante las permanentes tensiones que se viven en el municipio, afirma el informe “no se descarta la posibilidad de un ataque de 
+mayores proporciones en donde se utilizan armas no convencionales y de efectos indiscriminados, por El Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC) es un remanente del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de 
+Colombia (AUC) desde el año 2.003. Se entregó oficialmente al gobierno en diciembre de 2011, pero menos de la mitad de sus miembros entregaron sus armas. El grupo controla la producción de base de coca y cocaína procesada, que se venden a intermediarios o exportadores a través de 
+redes en Venezuela y Brasil. Desde su supuesta rendición se cree que quienes quedan del grupo se han dividido en dos facciones rivales, el Bloque 
+Meta y el Libertadores de Vichada. 
+La 
+primera generación post desmovilización estaba al mando de Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’, ex integrante del Bloque Centauros de las AUC, quién pasaría a ser el comandante de la banda 
+criminal asociada al narcotráfico llamada ERPAC, en algún momento la más poderosa de la Orinoquia.  Una vez ‘Cuchillo’ muere en un operativo policial, empieza la segunda generación al mando de 
+alias ‘Vaca Fiada’ y ‘Caracho’, siendo éste último quien se sometería a la justicia junto con el resto de la 
+banda en noviembre de 2011. La segunda es el Bloque Meta que contaría para comienzos de 2013 con máximo 50 hombres que 
+hacen presencia no solo en Mapiripán sino también en Puerto Concordia, Puerto Rico, San Martín, 
+Puerto Lleras, Granada, Villavicencio, Vistahermosa y Guamal . El ex ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha relacionado el despojo de tierras en el Meta 
+con alias ‘Cuchillo’, extinto jefe del grupo paramilitar Erpac, quien al parecer se habría apropiado de 
+35.000 hectáreas entre Carimagua y Mapiripán . Coincidiendo con las zonas de mayor confrontación armada en el Meta, en 2012 las principales violaciones a los derechos humanos se reportaron en las zonas del Ariari, Mapiripán y en el Oriente. Según 
+datos de la Policía Nacional, los homicidios se concentraron en la región Oriental y en el Ariari.   En 
+ese mismo año, según datos de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), las 
+tasas más altas de desplazamiento forzado (desplazamiento por cada 100.000 habitantes) se dieron 
+en las regiones del Ariari y Mapiripán.  Finalmente, en 2012 la Defensoría del Pueblo hizo un llamado 
+sobre la situación de reclutamiento forzado en el departamento, de nuevo en Mapiripán, el Oriente y 
+el Ariari, donde se presume que algunos menores de edad que no se sometieron con el Erpac estarían 
+siendo cooptados por los Libertadores del Vichada . En el marco de una supuesta tregua entre los dos grupos, la división territorial y económica fue delimitada en Mapiripán, y cuando el Bloque Meta atacó a los Libertadores de Vichada, rompiendo esa 
+tregua, la emboscada tuvo lugar cerca de Pueblo Seco, un corregimiento del mismo municipio. Ahora 
+los Urabeños parecen estar listos para tomar control de la zona para sí mismos: parecen estar repitiendo la estrategia de incursionar en La Cooperativa y expandirse desde allí. De acuerdo con lo anterior se concluye que a pesar de los golpes asestados tanto a las FARC como a 
+los grupos paramilitares, las FARC continúan teniendo control social, capacidad de acción y la posibilidad de controlar la siembra de cultivos ilícitos sobre la región del Ariari y Mapiripán, aunque en menor 
+medida que en los primeros años del 2000. En relación a los grupos paramilitares, esta región del Meta 
+sigue siendo un corredor estratégico para el comercio de narcóticos y armas desde y hacia el exterior y 
+en una zona ideal para el cultivo, comercialización y producción de la hoja. IV. CONFLICTO POR LA TIERRA El actual conflicto por la tierra en Mapiripán, heredado de unas relaciones económicas de desigualdad 
+y arbitrariedad, refleja una de las características del sector agrario colombiano, como lo es su estructura 
+dual, es decir, la presencia simultánea de la agricultura comercial junto con la agricultura campesina, 
+de ahí que la desigualdad en la posesión de la tierra ha sido factor fundamental en la configuración de 
+estos dos tipos de agricultura. Estos dos tipos de agricultura se han contrapuesto con mayor fuerza en los últimos años y marca una 
+tendencia a futuro.  De un lado, se encuentra la agricultura comercial, en la cual las fincas cuentan con 
+grandes de extensiones de tierras de buena calidad, utilizan tecnología moderna, contratan mano de 
+obra y venden su producción en los mercados formales, aquí encontramos las grandes agroindustrias de 
+la palma de aceite y arroz principalmente y, del otro lado –si se quiere, opuesto–, están los pequeños 
+propietarios, cuyas posesiones se sitúan en la zonas de ladera, en tierras de baja fertilidad, alejadas del 
+sistema vial más integrado, y que aplican tecnologías atrasadas y gran parte de cuya producción se 
+utiliza para el consumo familiar o va a mercados informales del ámbito local. Ella explica también las interacciones entre el ámbito político e institucional, el conflicto armado 
+y el problema agrario, ya que “La mencionada tendencia regresiva en la distribución de la tierra no 
+tiene otra explicación que la permanencia de la tierra como un activo de reserva de valor que anhela 
+permanentemente la búsqueda de rentas institucionales, y el uso de la tierra como un activo de poder 
+regional y local que genera dividendos políticos”. Despojo y Restitución El departamento del Meta ha sido históricamente una región de grandes conflictos por la tierra, 
+especialmente en las últimas dos décadas. No en vano EL Meta es el tercer departamento del país con 
+mayor número de tierras despojadas o abandonadas. Según datos de Acción Social, entre 1997 y agosto 
+de 2010 de este departamento salieron desplazadas 126.151 personas agrupadas en 31.431 familias.   Según el citado informe de la Contraloría General de la República de 2.014, en el municipio de Mapiripán 
+hay reclamaciones ante la Unidad de Tierras de 1.648 predios en un área de 282.195 hectáreas. Igualmente es el departamento del Meta la zona del país con la mayor cantidad de tierra reclamada en restitución con 668.000 hectáreas, en aplicación a la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de 
+Tierras25 .  El solo municipio de Mapiripán tiene 475 solicitudes por 206.657 hectáreas. Un informe regional de la Comisión Nacional de Reparación, advierte que los campesinos han presentado 3.316 solicitudes de protección de tierras, un mecanismo que evita que sus parcelas sean vendidas a 
+terceros y según este mismo informe, los municipios de donde han salido más personas desplazadas del 
+Meta son aquellos donde precisamente figura el mayor número de peticiones de protección de tierras.  
+Encabezado por Vista Hermosa, donde más de 26.000 personas salieron desplazadas y 692 campesinos 
+pidieron protección de sus fincas, seguido por Puerto Rico y Mapiripán donde hubo 460 solicitudes de 
+protección de tierras por campesinos que querían evitar su robo
+El exministro de agricultura Juan Camilo Restrepo resume contundentemente la gravedad del 
+conflicto, donde participaron no solo actores ilegales y violentos, sino con la complacencia y colaboración de funcionarios públicos: “Tierras de propiedad pública, con todo un patrón de comportamiento 
+criminal y con la connivencia de notarios y de registradores públicos han aparecido como propiedad 
+privada. ¿Cómo lo hacían? Borraban al Estado de los folios notariales y un delincuente aparecía 
+dueño de esas tierras. Ese es el caso típico de alias ’Cuchillo’ y de sus testaferros en el Llano. Entre 
+Mapiripán y Carimagua se hizo apuntar cerca de 20 mil hectáreas que no eran de él, sino del Estado. 
+Con este procedimiento, que ha venido documentando la Superintendencia de Notariado y Registro, 
+se le pudieron haber robado al Estado entre 400 mil y 500 mil hectáreas. Por otra parte, a 400 mil 
+familias las despojaron de 2 millones de hectáreas. Y otras 4 millones de hectáreas están abandonadas 
+porque sus propietarios no volvieron por temor a ser asesinados. Es decir, mirado en su conjunto, este 
+es un tema de inmoralidad, de corrupción, de manipulación del sistema de registros y notaría, casi de 
+la magnitud de los fraudes que se están descubriendo en salud”. Situación de desplazamiento Según el Registro Único de Víctimas, en el municipio de Mapiripán 22 mil 182 personas han sido 
+desplazadas desde 1985 por la violencia perpetrada por grupos guerrilleros, paramilitares y agentes 
+del Estado.   El municipio de Mapiripán debido a las características antes descrita, es clasificado como 
+un municipio expulsor y receptor. Según el Registro Único de Población Desplazada de Acción Social, 
+señala cómo al año 2011 13.942 personas, pertenecientes a 3.259 hogares han salido desplazadas del 
+municipio, ocupando el puesto No. 3 en expulsión, dentro del Departamento del Meta con un 11% del 
+total de la población expulsada del Departamento.  En cuanto a recepción se ubica en el puesto No. 5, 
+con un total del 2.8% de la población recepcionada en el Departamento y con una cantidad de 3.495 
+personas recibidas, que conforman 531 hogares . Del total de la población expulsada del municipio de Mapiripán, el 58.15% sale hacia otros municipios 
+del Departamento, el 21.47% sale hacía otros Departamentos del país y el 20.39% de la población sufre 
+desplazamiento interno, bien sea de la zona rural a la urbana, o de una zona rural a otra rural. El desplazamiento en Mapiripán ha sido una constante permanente desde un año antes de la masacre 
+del 97 y tuvo su pico más alto entre los años 2002 y 2003, acrecentándose nuevamente entre el 2006 y 
+2007 como se observa en la siguiente gráfica. Finalmente, la mayor parte de las personas víctimas del desplazamiento que habitan en el municipio 
+de Mapiripán no han sido reubicadas (95,8%) y aquellas que han accedido a reubicarse ha sido sin acompañamiento del Estado, las cuales representan el 4,2%. El informe del 2014 de la Contraloría General de la Nación destaca la fuerte desconfianza  institucional, tanto de las entidades nacionales como territoriales, principalmente de la Alcaldía de Mapiripán. 
+Igualmente en dicho informe se recalca “el injusto rechazo sobre la no inscripción en el Registro de 
+Tierras Despojadas, según ellos porque no se tomaron en consideración las circunstancias y presiones 
+que tuvieron para abandonar y posteriormente vender sus predios, como el hecho de la venta a bajos 
+precios o la imposibilidad de comprobar la propiedad”30 . Igualmente la población desplazada expresa como su principal preocupación para el retorno “el 
+conflicto entre los reclamantes de restitución y los segundos ocupantes, la seguridad en el territorio y las 
+afectaciones sicológicas que sufrieron”31 . Agroindustria del aceite de palma La altillanura se ha constituido en el laboratorio de procesos vinculados a la extracción de materias 
+primas, generadoras de renta a sus explotadores y comerciantes, una característica de estos procesos 
+es que la mayor parte de ellos se realizan por fuera de los mecanismos institucionales de regulación, 
+y tienen la complacencia de entidades y funcionarios estatales que facilitan la entrega de grandes 
+extensiones de tierra a empresas de la agroindustria y multinacionales, ahondando aún más el 
+conflicto social. Así la configuración espacial está cargada de confrontaciones que se traducen en la búsqueda de 
+dominios territoriales que permiten la apropiación de la renta de la tierra. Entre estas materias primas 
+vale la pena resaltar no solamente la base de coca, sino también la economía de plantación de palma 
+africana, maní, sorgo o soya para la producción de biodiesel, a través de megaproyectos que colocan 
+en alto riesgo los ecosistemas regionales y son leña para el escalamiento de los conflictos. El monocultivo agroindustrial, requiere grandes extensiones de tierra y grandes  inversiones económicas como es el caso de la palma africana para producción de biodiesel. Estos cultivos generan 
+inicialmente grandes expectativas sociales y laborales a la población y hoy en día hacen parte de la 
+forma como se configura socio-económicamente el espacio regional, en los términos de propiedad de 
+la tierra, la absorción de la mano de obra nativa y de los migrantes y a su vez de la expulsión de otros 
+sectores poblacionales.  Como lo expresa Darío Fajardo: “El cultivo sobre el que se generaron grandes 
+expectativas, y cuya expansión ha estado vinculada directamente con desplazamientos forzados de 
+población campesina y a los cuales han estado vinculados dirigentes gremiales y altos funcionarios del 
+Estado, ha sido la palma de aceite. La voluminosa demanda de los mercados internacionales condujo 
+a su rápida expansión en tres frentes de producción (Magdalena Medio, Llanos Orientales, Sur de la 
+Costa Pacífica) y ha llevado a los grandes productores a buscar capitales de Malasia, primer productor 
+mundial y cuya frontera agrícola ya devastada no cuenta con posibilidades de expansión” 32 . En el caso del municipio de Mapiripán, la empresa Poligrow ha venido desde el año 2008, 
+adquiriendo tierras para desarrollar un proyecto extensivo de palma de aceite que busca sumar 
+15 mil hectáreas en el 2016, de las cuales 7 mil serán en predios propios y el restante de aliados 
+estratégicos. En la actualidad Poligrow trabaja sobre 10 mil hectáreas distribuidas en 12 predios, 
+de los cuales ocho ya son de su propiedad y los otros cuatro hacen parte de las llamadas alianzas 
+estratégicas
+El informe reciente de SOMO e INDEPAZ  recomienda a la Superintendencia de Sociedades, al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Análisis Financiero (UIAF), analizar y evaluar la estructura corporativa 
+de Poligrow ya que la empresa palmera no aporta información clara ni completa sobre su composición 
+societaria. Esta se compone de un entramado de empresas, unas en España y Uruguay, otras en Italia, 
+Brasil  y Panamá que, a su vez, han sido asesoradas legal y financieramente por firmas consultoras cuyo 
+anclaje está en “paraísos fiscales”. Igualmente manifiesta el citado informe cómo aunque el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
+(Incoder) determinó que las 5 mil 680 hectáreas que adquirió inicialmente Poligrow en 2008 para 
+desarrollar su cultivo piloto violaban la Ley 160 de 1994, pues estas tierras son de origen baldío y en 
+Mapiripán una persona o empresa no puede tener más de 1.800 hectáreas de este tipo de tierras.  
+Aunado a esto han venido adquiriendo más predios a precios irrisorios y sin ningún tipo de vigilancia 
+de entidades del Estado. El estudio de escrituras y folios de matrícula, muestra que con los predios comprados y acumulados 
+se sigue violando la Ley 160 y que además otras de sus fincas tienen problemas de falsa tradición y 
+reclamaciones de ocupantes, que exigen derechos de posesión. El informe advierte que según varios habitantes y autoridades de Mapiripán, el monocultivo de palma 
+ha influido en la pérdida de biodiversidad, contaminación y afectación de ecosistemas como morichales, 
+sabanas y cuerpos de agua, principalmente el caño Yamú y el sistema lagunar de Las Toninas,  donde 
+transitan los delfines rosados del río Orinoco. Además, esta es una zona donde la comunidad Sikuani ha sido confinada, pese a ser éste su 
+territorio ancestral, y donde el 90 por ciento de su población es pobre. Allí también viven indígenas 
+desplazados Jiw, del vecino departamento del Guaviare. Y pese a que la Corte Constitucional ha 
+advertido que estas comunidades étnicas están en riesgo de desaparecer, en Mapiripán no existe un 
+plan que les revierta el territorio y los proteja. VI. INFORMALIDAD EN LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Uno de los factores que facilitó el despojo de tierras en Colombia, fue la alta informalidad en la propiedad, tenencia y traspaso de las tierras por parte de la población campesina. Esto, como resultado de 
+varios factores como son, la desordenada expansión de la frontera agrícola, el distanciamiento entre el 
+ordenamiento jurídico central y las costumbres locales, la ineficaz  institucionalidad por parte del INCODER (Antiguamente INCORA) encargado de adjudicar y titular los territorios baldíos a la población 
+campesina, etc. La informalidad en la propiedad de la tierra en Mapiripán tiene su origen en los procesos de colonización que experimentó la región durante diferentes períodos, en especial  a finales de los años setentas 
+e inicios de los ochentas. En estos años, los campesinos colonos fueron estableciéndose paulatinamente 
+en la región sin una respuesta satisfactoria por parte de la institucionalidad, que buscara legalizar y 
+adjudicar ordenadamente estos territorios en su gran mayoría baldíos.  Este proceso es narrado por don 
+Vicente, “en cuanto a la casa que tenía en Puerto Alvira, yo le compré un lote de terreno a Don Gil 
+Alvira Colorado que era el fundador del pueblo y monté un restaurante...pero usted sabe que uno se 
+va aburriendo de los trabajos y decidimos con mi esposa irnos a fundar. Un día andaba de cacería con 
+un amigo, en la montaña miré un lote a la orilla de un caño, un barranco alto bonito, entonces le dije a 
+mi amigo, ole Julio por aquí será que uno puede fundar, él dijo pues claro por qué no, ¡Fúndese! Y con 
+eso queda de vecino mío”. Este proceso de fundación no sólo se dio en la población campesina, como lo 
+afirma Don Ítalo “uno a veces se pone a pensar y se pregunta, cómo es que el norteamericano Kirby que 
+llegó a Mapiripán, creo que en los años cuarenta, se adueñó creo que de 20.000 hectáreas y el Estado 
+no le dice nada, mientras que un colombiano va a coger un pedazo para hacer su casa y se la montan”. 18 Terminado el proceso de colonización, la propiedad que nació como resultado del movimiento migratorio en ausencia de una presencia institucional sólida, dio paso a la construcción de formas jurídicas 
+diversas que regularon la propiedad y el traspaso de la tierra en Mapiripán. En un primer momento, “lo 
+que primaba allá en Mapiripán era la palabra, la palabra era una escritura. Yo recuerdo lo que decía 
+mi padre que uno tenía que hacer honor a la palabra y en Mapiripán la palabra era la última verdad. 
+Allí la gente compraba las fincas con el solo hecho de dar la palabra, con sólo la palabra la gente daba 
+el dinero”.  Es así como “muchas personas ni documento llegaron a hacer porque solamente hacían el 
+negocio y le informaban a sus vecinos que le habían vendido al señor fulano de tal y lo presentaban, 
+con el sólo hecho de presentarlo y de darle la palabra de que habían vendido ese era el dueño absoluto 
+y real de ese territorio. Se creía en la palabra, para todo tenía esa característica” (Conrado).  Uno de 
+los casos que ilustran los descrito anteriormente es lo narrado por al señor Horacio, “yo en Mapiripán le 
+compré a un amigo la posesión y fue esto es mío y tome, de palabra no más. Yo le ofrecí a mi amigo 
+que le compraba la finca y él que no la tenía haciendo nada y yo la necesitaba” . En otros casos, la obtención de la propiedad y el traspaso de la misma se presentó por la combinación 
+de los dos fenómenos descritos, la fundación y la venta, como lo narra el señor Don José, “en el año 85 
+fue cuando me le fundé al doctor Tobar, por ley esas sabanas solas y nosotros meses sin trabajar y con 
+voluntad de trabajar, se pasó el tiempo y ya había colonos en todos lados (…) Yo la tierra no la compré, 
+o bueno compré un pedacito y fundé, aquí tengo el documento que compré ahí”. Si bien, la palabra es una de las principales instituciones jurídicas en las prácticas de aquella comunidad esta no fue la única. Otra de las formas es lo que se ha llamado “carta  venta”, siendo un documento firmado entre los contratantes y dos testigos quienes daban fe del negocio realizado, “El predio 
+de mi papá se lo compró a unos señores de apellido Marín, eso se hacía de entre dos personas y un 
+papelito una carta venta sencilla, porque en Mapiripán no había donde hacer nada” (Don Pablo Quiñónez). Estas cartas ventas buscaron constituirse como una prueba física de la propiedad , sin embargo, 
+carecían de cierto respaldo institucional, es así como la figura fue evolucionando a la par que aumentó 
+la presencia estatal en la región. Con la transformación de Mapiripán en inspección de policía y posteriormente en municipio, la carta venta tuvo un carácter distinto, “más adelante hubo inspección de 
+policía y a través de los inspectores de policía le pedían el favor al inspector que le hiciera el documento 
+de carta venta o iban a la alcaldía después del 89 que se creó como municipio, antes como inspección y 
+hacían también el documento o lo hacían particularmente a mano alzada. No había sino eso, el documento o  la palabra” (Conrado). Otra de las formas para adquirir la propiedad, se dio con los territorios ubicados en los cascos urbanos del municipio de Mapiripán, un ejemplo de ello son las narraciones de la señora Cecilia, “mi papá 
+compró un predio allá en Mapiripán hace muchos años y mi papá no llegó a fundar. Mi papá compró 
+el predio a un inspector de policía. En la época allá los predios del casco urbano se le compraban a la 
+Junta de Ornato o al Inspector de policía. Allá en Mapiripán era la única forma. La única parte donde 
+hicieron invasión fue para el lado de la pista y abajo donde pueblo nuevo pero eso no prevaleció mucho...Así era en la época claro el que quisiera le vendía su lote”. A pesar de la informalidad en la propiedad de las tierras que primó y en algunos casos sigue primando en Mapiripán, estas prácticas jurídicas locales intentaron organizar o por lo menos sistematizar la 
+propiedad de la tierra en el municipio, intentos que se vieron truncados por la violencia crónica de la 
+región y las irregularidades institucionales al interior del  INCODER, la Oficina de Instrumentos Públicos 
+de San Martín e incluso la misma alcaldía municipal de Mapiripán, como lo evidencia el Informa de la 
+Contraloría General de la República sobre al materia en el año 2014,  así como la propias narraciones 
+de los habitantes del municipio, “ahora se ha presentado casos hace ocho o diez años donde hubo personas acá en Villavicencio, como una especie de cartel dedicado a ese tema de protocolizar, de vender, 
+de hacer escrituras, de hacer documentos y esas cosas para quedarse con las tierras y sacar a los campesinos que llevan 15, 20 o 30 años trabajando en esas tierras que eran baldíos y que llegaron y encontraron como baldíos” (Conrado). 19 Si bien las prácticas regulatorias en cuento a la propiedad, tenencia y traspaso de la tierra al interior 
+de la comunidad campesina del municipio de Mapiripán en gran medida se distancian de las regulaciones que emanan del ordenamiento jurídico central, dicha comunidad construyó ciertos parámetro 
+con perspectivas jurídicas,  que tuvieron como  objetivo organizar sus relaciones sociales  en cuanto a la 
+propiedad, prácticas que deben ser comprendidas en su dimensión si se desea avanzaren un proceso de restitución de tierras, como el adelantado dentro del marco de la política pública de la Ley 1448 de 2011. VII. ESPACIO Y TERRITORIO A través del recorrido realizado para entender cómo la cuestión del conflicto por la tierra en Mapiripán 
+ha marcado y sigue marcando desde sus más profundas raíces a los campesinos de esta región, es importante entender, como de echo lo reconoce incluso el derecho internacional, que los conceptos de “tierra” y 
+“territorio” tienen unidad y diferencia y que una cabal comprensión de estos conceptos ligados a la vida 
+real de sus habitantes, es determinante en cualquier decisión de tipo legal, económica, administrativa, 
+etc. Hablar de la tierra no es solamente  un espacio físico o geográfico determinado (la porción de tierra 
+en sí), si bien esta es medible, palpable, cuantificable, esto es mucho más que eso. La definición de estas 
+categorías muchas veces son desprovistas de todo tipo de significado, al punto que incluso llegan a ser 
+consideradas como sinónimos.  Estas dos categorías son la base para la comprensión y definición de la 
+vida social y son incluso formas creadas socialmente. Existe una visión muy predominante de deshistorizar, de olvidar que todo tiene y es el resultado de 
+un pasado.  No se puede ver la llanura como una simple planicie de tierras, descontextualizando las 
+relaciones sociales y su relación con la naturaleza. Esta visión impide abordar la espacialidad de las llanuras como un conjunto de relaciones sociales 
+pasadas y presentes, como una construcción social permanente sobre los espacios heredados de generaciones precedentes, con una historia hecha a distintos niveles sociales y temporales, es decir, como un 
+espacio de la gente, un espacio humano. Por ello el espacio es una instancia de la sociedad, igual que la economía o la cultura, de esta manera 
+contiene y es contenido, la economía está en el espacio, así como el espacio está en ella.  De esta manera 
+se puede decir que la esencia del espacio es social. El espacio no puede ser solamente objetos geográficos 
+naturales o artificiales, cuyo conjunto nos ofrece la naturaleza.  El espacio es todo eso más la sociedad.  Lo 
+que da vida a todos esos objetos, son los procesos sociales, que representan a una sociedad en un momento dado.  El espacio, es un espacio humano, un espacio social, construido históricamente. Se considera que la comprensión de lo que es el territorio, es el punto de partida para la caracterización y delimitación socio cultural de cualquier elemento geográfico, es aquí donde los hombres y mujeres 
+construyen sus vidas, llenan todo espacio de existencia humana, generan relaciones sociales, por ello el 
+territorio es ante todo un espacio de construcción social. Es de tener en cuenta que la actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capacidad 
+real y potencial de crear, recrear y apropiar el territorio es desigual.  Esta diferenciad está dada por el papel que cumple cada actor en el espacio, no es lo mismo el jornalero desempleado, que el concejal dueño 
+del granero y los transportes.  Su voz y su papel en la toma de decisiones es diferente. El concepto de territorio no es algo fijo, sino móvil, esto es así ya que la realidad social es cambiante, 
+cada momento se transforma, máxime en un país como Colombia donde los cambios históricos son tan 
+rápidos, por ello cada nuevo cambio requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial. 
+ El concepto de territorio no es algo fijo, sino móvil, esto es así ya que la realidad social es cambiante, 
+cada momento se transforma, máxime en un país como Colombia donde los cambios históricos son tan 
+rápidos, por ello cada nuevo cambio requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial. De igual manera lo que refiere al sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, estos 
+sentimientos solo tienen razón de ser, se adquieren y se entienden partir de su expresión de territorialidad. 
+No se puede identificar con algo que no se quiere ni se respeta, el territorio es una relación individuo –territorio, donde cada individuo es solo pasajero de éste, el territorio es histórico y el individuo es temporal.  
+Por ello el territorio es el resultado de procesos sociales en las relaciones de tiempo y espacio. En los últimos años la convergencia espacio – tiempo ha cambiado, ya que los cambios tecnológicos y 
+del transporte han cambiado drásticamente. Por ello la percepción de las distancias y sus limitaciones han 
+disminuido.  El concepto de las distancias de sus predios a Villavicencio, la capital, es hoy distinta.  Anteriormente significaba días enteros para llevar sus productos al pueblo, hoy día lo hacen en una seis o siete 
+horas.  Así mismo,  llevar una razón urgente requerían horas de camino a pie en lancha por rio, o a caballo, hoy igualmente lo hacen instantáneamente con una llamada a celular.  Esto ha llevado a cambiar las 
+percepciones de la distancia y el tiempo, sin que éste verdaderamente haya cambiado. Esta posibilidad de estar en poco tiempo en otra localidad, municipio o departamento, lleva a reflexionar como lo local, el “lugar” ya no es el mismo de antes.  El concepto de lo cercano y lo remoto, cobra otra 
+dimensión.  De esta manera las relaciones familiares, las relaciones económicas, las actividades institucionales, llevan a replantearse la relación entre lo local y lo global.  Lo local no se explica por sí mismo, solo 
+se comprende en la dialéctica de lo global, ambos son parte de la nueva concepción del territorio. El territorio hoy puede formarse de lugares contiguos y lugares en red, por ejemplo, si bien existe una 
+continuidad territorial en cada una de las veredas de Mapiripán, existe otra relación mucho más estrecha 
+entre lugares distantes, la cual es construida por fuertes lazos “invisibles” como lo expresaron los habitantes desplazados de Mapiripán en la jornada de entrevista colectiva, el intercambio de alimentos, la 
+ayuda mutua en el trabajo, las relaciones de parentesco, las relaciones entre los niños que se encuentra 
+en el mismo colegio, etc., Don José, campesino mapiripense desplazado ilustra esta construcción social: …
+[teníamos] 525 hectáreas, 80 cabezas de ganado, de todo eso vivía … se vendía comida, cocinaba y no 
+había plata pero había ¡buenos amigos!, cuáles eran los buenos amigos:  los camioneros que bajaban en 
+ese tiempo a Mapiripán, que iban a surtir a Mapiripán a surtir a Caño Jabón, … Fidelino una vez me dijo 
+José qué necesita, don Fidelino no tengo plata, dijo no le estoy diciendo qué necesita, yo le dije ¡ah bueno¡ 
+don Fidelino, y así varios camioneros. Yo la tierra no la compré, o bueno compré un pedacito y funde, aquí tengo un documento que compré 
+ahí… don Fidelino me surtía, uno de San Martín también y yo pedía y en ese tiempo póngale que llegué 
+a deberle a Don Fidelino 260 mil pesos cuando la plata valía y así yo compraba a los alrededores, como 
+había bastante finca entonces decía José sáqueme un bulto de panela sáqueme tal cosa, tengo un marrano, tengo una gallina, yo hacía eso y así estábamos trabajando muy legalmente. 21  VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES •  Es claro cómo la situación de despojo y abandono de la tierra por parte de las comunidades campesinas en Mapiripán, ha existido permanentemente, pero se ha acrecentado especialmente desde al año 
+de 1997 hasta el día de hoy.  Los pocos esfuerzos realizados por las instituciones del Estado Colombiano 
+poco o nada han podido aportar para resolver esta situación. • Contrario a lo que se dice en los medios de comunicación, existe una agudización del problema de la 
+tierra y del impacto social que esto significa, situación que ha señalado con preocupación  las comunidades, las organizaciones sociales, la Iglesia, la Defensoría y la Personería entre otros organismos del Estado. •  Si bien la ocupación paramilitar de la década de 1990 marca un periodo de desplazamiento de los 
+campesinos y un estancamiento en la productividad de las tierras rurales. La desmovilización paramilitar de 2006 produjo un aparente abandono temporal de estos predios, un año después,  comienza una 
+transformación de la propiedad de la tierra éstas son  acumuladas, comercializadas y luego transferidas a 
+agroindustrias o ganaderías para su explotación. Esta transformación es legalizada a través de funcionarios de la alcaldía y en complicidad del registro público en notarías y oficinas de instrumentos públicos. • Se  considera que el negocio de la compra y venta de la tierra y la apropiación de la misma por medios legales e ilegales, se mantiene intacto, sumándole a esto ahora la presencia de grandes productores 
+de cultivos de palma de aceite de empresas multinacionales, llevando a que aumente la concentración 
+de la misma en pocas manos. Así mismo, continúan existiendo compradores asociados al narcotráfico, 
+paramilitares y estructuras emergentes que quieren las tierras despojadas a los campesinos. • El despojo de tierras fue producto de una coalición entre actores legales e ilegales, por lo tanto las 
+demandas de tierras que presenta la Unidad de Restitución ante los jueces especializados, debe tener en 
+cuenta todos los actores que participaron en el despojo y desplazamiento, así como las titulaciones y las 
+cadenas de transferencia de la propiedad rural. D esta manera el concepto de comprador de buena fe 
+debe ser replanteado ya que las tierras campesinas fueron tituladas y comercializadas a través de estas 
+coaliciones, coerción y cooptación de la institucionalidad. • El uso del suelo para la producción de biocombustibles, por parte de grandes empresarios y de 
+compañías multinacionales, sin tener en cuenta su uso tradicional y condiciones climáticas, así como la 
+ampliación de tierras dedicadas a la ganadería extensiva, puede generar nuevas dinámicas de desplazamiento, como también de sustitución de los cultivos básicos, que sirven para el consumo interno del 
+municipio. • Las condiciones de vida de los habitantes urbanos y rurales de Mapiripán en vez de mejorar tienden 
+hacia la precarización, esto asociado no solo al despojo histórico de las tierras, sino a la destrucción de la 
+economía campesina y a la llegada de empresas multinacionales que han encarecido los productos básicos. • Las comunidades indígenas ocupantes históricos de estas tierras, son hoy día desplazados en sus tierras.  La situación social de sus pobladores y el desarraigo producido por el desplazamiento, tiende hacia 
+la desaparición de estas comunidades. • Las organizaciones de desplazados creadas para recuperar sus tierras, establecer relaciones de colaboración y ayuda mutua, entre otras, continúan siendo  víctimas de amenazas y persecución por los 
+mismo actores legales e ilegales que los llevaron a desplazarse, se hace urgente el acompañamiento social 
+de diversos sectores de la población, como de las organizaciones estatales encargadas de su protección. • Pese a que el gobierno colombiano fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos a la integridad, la libertad y a la vida, las garantías judiciales, los derechos de 
+los niños, y a la circulación y residencia, las autoridades colombianas desconocen dicha Sentencia y olvidan el contexto histórico que esto ha significado ara los campesinos víctimas de despojo y desplazamiento.

JEP.txt

@@ -0,0 +1,16 @@
+Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), la Vicepresidencia de la República, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los contenidos son responsabilidad del Programa Presidencial de Derechos Humanos en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. Y no necesariamente refl ejan las opiniones USAID o del  gobierno  de los Estados Unidos de América ni de la OIM. Angelino Garzón Vicepresidente de la República
+Presidente de la Comisión Intersectorial para la prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y  adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos de delincuencia organizada. SECRETARÍA TÉCNICA Alma Bibiana Pérez Gómez
+Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Diana Patricia Ávila Rubiano
+Coordinadora Secretaría Técnica Equipo Técnico
+Observatorio de la Secretaría Técnica Francisco Hurtado Gamboa
+Líder del Observatorio Catalina Zapata Valencia
+Oscar Javier Pérez
+Rubén Darío Albarracín Equipo de Territorialización Marianella Isabel Forero Moreno
+Juan Pablo Fayad Sierra
+Juan Manuel Guerrero Tamayo
+Magda Silva Equipo Lucha contra la impunidad Olga Patricia Dávila
+Luz Ángela Patiño Equipo Administrativo Eliana Díaz
+Juan Manuel Mejía Área de Comunicaciones del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Oswaldo Malo
+Coordinador Maira Alexandra Celis Jiménez
+Diseñadora Gráfica Agradecemos la especial colaboración de Katherine López ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) Marcelo Pisani Codoceo
+Jefe de Misión (OIM) Programa Migración y Niñez Juan Manuel Luna Coordinador Hernán Quintero Gerente Programa Fotografía Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Julieth Vanessa Pérez I. Presentación El CONPES 3673 de 2010 representa el compromiso del Estado colombiano con la prevención del reclutamiento y la utilización, partiendo del enfoque de protección integral de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, contemplado por el Código de Infancia y Adolescencia. Este documento de política incluye un plan de acción que involucra a 21 entidades del orden nacional, a través del cual se establecen acciones concretas. Después de tres años de contar con un documento CONPES, es necesario revisar el estado del cumplimiento de las acciones por parte de las entidades responsables. Esta serie de dos boletines contextualiza, desde su inicio hasta las ejecuciones más recientes, la actuación que las entidades del orden nacional han reportado con el fin de intervenir sobre los factores de riesgo, vulnerabilidades y condiciones que permiten la ocurrencia del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, con el fin de determinar retos y desafíos para la política de cara al nuevo contexto. En relación con las apuestas estratégicas relacionadas con la articulación interinstitucional y la creación de mecanismos que pudieran dar cuenta, facilitar y fomentar la misma; este primer boletín de la serie de seguimiento al CONPES 3673 muestra la caracterización de la población beneficiada por tal intervención y describe el trabajo en red que se ha logrado implementar en el marco de su ejecución. Posteriormente, se presenta una reseña sobre el impulso jurídico a casos de reclutamiento, utilización y violencia sexual desarrollado por la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial, para luego incluir un artículo elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), relativo a formas de gestión de la articulación Nación- Territorio que contribuyen a la implementación de la política en el territorio. Examinar el cumplimiento del CONPES 3673 permite conocer la gestión desarrollada desde el Estado, sus aciertos y desafíos; contar con elementos para evaluar la política pública a la luz de los escenarios cambiantes que hoy vive el país e identificar las oportunidades y retos, con miras a la adopción de nuevos lineamientos y estrategias que contribuyan a la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual en el marco del conflicto, contra los niños y las niñas en Colombia. Libertad yOrde n Alma Bibiana Pérez Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 5 II. Introducción 1. Conpes 3673 de 2010. Pág. 86 La problemática del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en Colombia ha estado caracterizado por la multiplicidad e interrelación de factores y variables que inciden en su ocurrencia. En este sentido, su dinámica ha impactado de forma diferencial a diversos grupos poblacionales generando consecuencias a nivel físico, emocional, social y comunitario para los niños, niñas y adolescentes y su relación e interacción con sus familias y comunidades. Esto se ha evidenciado en diversos documentos (académicos, investigativos, sentencias, documentos temáticos y de política) que han abordado la problemática del reclutamiento y utilización de la niñez y adolescencia. A partir de ellos, el CONPES 3673 de 2010 realizó una lectura y análisis de la problemática y sus factores asociados, estableciendo unos objetivos de política en materia de prevención de reclutamiento y utilización. Estos objetivos permitieron determinar unas apuestas estratégicas que buscaban “Prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados, garantizando la prevalencia y goce efectivo de los derechos y la protección integral por parte de la familia, la sociedad y el Estado”1.  Tales apuestas se refieren a la priorización de la actuación institucional referida a la población infantil, la institución educativa y la familia, a la articulación institucional como principio de acción y el impulso a casos como mecanismo para garantizar la prevención. Para el Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes este ejercicio de revisión de las tres apuestas estratégicas antes señaladas sirve de preludio para el abordaje a posteriores ejercicios de evaluación de la Política Pública de Prevención que tienen como finalidad identificar lecciones aprendidas y oportunidades que puedan dar insumos para la generación de un nuevo instrumento de política de prevención. III. ¿Con quiénes se ha trabajado? 2. 3. 4. Código de Infancia y Adolescencia. Versión comentada. UNICEF, 2007. P.p 15-16 De acuerdo con la Ley de infancia y Adolescencia, son adolescentes las personas comprendidas entre los 12 y los 18 años de edad. Desde una perspectiva cualitativa, si bien se plantea el concepto de grupos específicos en riesgo, se hace necesario plasmar que este ejercicio debe ser verificado con las entidades para determinar la conceptualización que determina el direccionamiento hacia uno u otro grupo poblacional. 5. De conformidad con los resultados de la aplicación de la encuesta 2013 realizada por el Observatorio de la Secretaría Técnica. ¿Quiénes se han beneficiado? Por lo general durante el diseño de políticas de protección integral a la niñez y adolescencia, se considera que las acciones deben ir direccionadas exclusivamente hacia los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, desde la perspectiva de la Ley de infancia y adolescencia y del CONPES 3673, si bien se deben generar espacios de participación de la niñez y adolescencia, también se debe promover la generación de mecanismos que ahonden en la perspectiva de corresponsabilidad; ya que en el cuidado, la atención y la protección de esta población, la familia, tiene unas obligaciones precisas, la sociedad tiene unos deberes y el Estado tiene sus propias responsabilidades2. El seguimiento a la implementación del CONPES 3673 durante el 2013 ha identificado las estrategias implementadas por las entidades caracterizando los grupos poblacionales beneficiarios y los factores asociados al desarrollo de obligaciones hacia el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en ellas se evidencian las aproximaciones a la construcción de niveles de corresponsabilidad al interior de las entidades. De las acciones reportadas en la implementación del CONPES 3673 durante el año 2013, el mayor número, equivalente a un 34% del total, estuvieron dirigidas a los adolescentes3, contrastado con un 6% dirigido a primera infancia (ver Gráfico 2). Si bien el direccionamiento de estas estrategias puede estar vinculado con las líneas misionales de las entidades, también puede dar cuenta de la identificación y focalización de “grupos específicos en riesgo”4. De esta manera, las acciones dirigidas a adolescentes estuvieron enmarcadas en la generación de oportunidades, la formación y la capacitación, el trabajo sobre acciones de tipo lúdico y el deporte, promoción de derechos, ampliación de coberturas y jornadas de programas, entre otras5. Igualmente, y teniendo como referente el principio de corresponsabilidad, los reportes evidenciaron la vinculación de otros actores en el marco de la implementación de las estrategias. En efecto, un 23% se dirigieron a la familia y un 13 % a las instituciones educativas. Población beneficiada 7 Lo anterior, pone de manifiesto cómo en la prevención del reclutamiento y utilización se ha avanzado hacia la implementación de actuaciones tendientes a la consolidación de entornos de protección para la niñez y adolescencia. Esta identificación plantea focos de direccionamiento estratégico y retos de acción no solo para el 2014 sino para la política misma. Gráfico 1: Distribución de la población beneficiaria en las actividades del  Plan de Acción CONPES – Implementación 2013 ¿Cómo se han posibilitado Redes en la implementación de la política? En el marco de la implementación de la política pública de prevención durante el año 2013, se han evidenciado formas de actuación que han posibilitado niveles de interacción entre las entidades. En este sentido, el concepto de articulación interinstitucional adquiere un valor preponderante, ya que pone de manifiesto la necesidad de identificar el cómo, cuándo, a través de qué y quiénes inician interacciones como mecanismo de actuación para la prevención. A partir de esto, los conceptos de Red Social y Práctica de Red6 brindan aportes significativos para comprender cómo se han posibilitado espacios de articulación en la política de prevención, y cómo se pueden generar y/o fortalecer mecanismos para la configuración y sostenibilidad de los mismos, favoreciendo la consolidación de entornos de protección desde la actuación institucional. Desde el monitoreo y seguimiento desarrollado por el Observatorio de la Secretaría Técnica, se logró construir una mapa de red que da cuenta de las articulaciones entre las entidades en el año 2013. Estructuralmente se puede ver que cada una de las entidades citadas funciona como un nodo y se evidencia un grado de articulación entre algunos de ellos (demostrando altos, medios y bajos niveles de articulación). Este panorama pone de manifiesto cómo se ha configurado una Red (entendida como un sistema de vínculos entre nodos orientado hacia el intercambio de apoyo social) en el marco de la implementación de la política de prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. El análisis sobre la dinámica de este mapa nos permite identificar elementos que visibilizan la forma cómo se ha consolidado la articulación7. Se evidencia que el tejido configurado es una Red Social Abierta que está caracterizada por la interacción y/o conversación entre entidades / organizaciones (nodos) alrededor del apoyo social, es decir, se ha generado un espacio que posibilita el intercambio recíproco entre los nodos alrededor de la prevención del reclutamiento y utilización en sus diferentes niveles (una temática en específico). Este trabajo de interacción entre las instituciones ha permitido que se generen conversaciones y actuaciones para el apoyo mutuo. En este sentido, es evidente que algunas entidades generaron vínculos con otras organizaciones con el fin de: a. Generar acuerdos para la implementación de acciones en conjunto; b. Posibilitar espacios de intercambio de información; c. Promover “Obligación de todas las instituciones que participan en el CONPES de entablar estrategias de comunicación entre sí para compartir experiencias y aunar esfuerzos”. ACR, Encuesta de seguimiento al CONPES 3673, I Semestre de 2013. 6. 7. Retomando aspectos de los desarrollos generados por la Psicología Social y sociología frente a los modelos de redes sociales. Especialmente los abordajes de Bronstein Victor, Juan Carlos Gaillard, Piscitelli Alejandro en La organización egoísta. Clausura Operacional y Redes Conversacionales. Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en ciencias sociales. 1994 Partiendo del reconocimiento que este análisis sienta sus bases en la información actual (sobre la implementación del año 2013) reportada por las entidades que participaron en el reporte de la encuesta desarrollada y aplicada por el Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención. vínculos para sumar recursos; d. Definir de manera conjunta mecanismos de acción (construcción de protocolos, planes, micro focalizaciones, documentos, entre otras); e. Generación de proyectos, acciones y/o estrategias de prevención fuera del plan de acción CONPES, entre otras8. 9 Gráfico 2: Mapa de Redes Interinstitucionales – Implementación CONPES 2013 8. De conformidad con los resultados de la encuesta de monitoreo y seguimiento CONPES 3673 realizada por el Observatorio de la Secretaría Técnica. Lo anterior pone de manifiesto la forma como se posibilitó la construcción de acción conjunta frente a la prevención. De esta manera, es notoria la potencialidad que adquiere la presencia de un nodo que tenga como fin misional la promoción de la articulación entre entidades ejemplo de ello, la Secretaría Técnica; así como la fortaleza generada a partir de los vínculos construidos entre ciertas entidades como: el Programa Presidencial de Derechos Humanos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la UACT y la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Las entidades mencionadas anteriormente evidencian altos niveles de interacción caracterizados por el encuentro con tres, cuatro y/o cinco entidades. Así mismo, se identifica la presencia de niveles de interacción media y baja que requerirían el fortalecimiento de acciones para que se incremente la articulación entre otras entidades. Si bien se han reconocido patrones de articulación, también es evidente la necesidad de fortalecer dicho marco de actuación con el fin de promover el diálogo institucional. En este sentido, podría plantearse que la actuación de forma articulada y conjunta se ha venido fortaleciendo a través de los años de la implementación de la política. Sin embargo, es necesario consolidar mecanismos para analizar a profundidad la forma de desarrollo de la articulación y el efecto de ésta; caracterizar el tipo de articulación que activamente poseen e identificar tipo ideales de relacionamiento son asuntos que favorecerían el planteamiento de un nuevo documento de política, en el cual se haga especial énfasis en la necesidad de generar, fortalecer y darle sostenibilidad a la articulación nacional, regional y territorial entre las entidades. 11 IV. El Reto de la Justicia en la Prevención “Frente al seguimiento a los casos remitidos se identifica la necesidad de fortalecer un sistema de información o base de datos donde mensualmente toda la Comisión Intersectorial tenga conocimiento a cada uno de los casos remitidos”. UARIV, Encuesta de seguimiento al CONPES, I Semestre 2013 9. De conformidad con el planteamiento de la Ley 1448 en donde en las Garantías de No Repetición de hechos violentos se plantea la necesidad de generar mecanismos que trabajen sobre la prevención de violaciones contempladas en el artículo 3 de dicha Ley. La prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes encuentra grandes retos en la esfera de la justicia, debido a que las acciones que allí se configuren generan un impacto en las garantías de no repetición de hechos violentos9. Este abordaje y desarrollo encuentra cabida en procesos que vinculan tanto a entidades con competencia en temas de denuncia como en el trabajo sobre el riesgo de reclutamiento y atención a personas afectadas por dichas amenazas, entre otras. En este marco, para la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial el trabajo sobre impulso a casos se ha configurado en un pilar y en un reto actual. Durante el año 2013, la Secretaría ha desarrollado un componente de impulso a casos en busca de la denuncia, investigación y enjuiciamiento del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, como un mecanismo de prevención. El propósito de este componente es contribuir a una investigación contextual del delito que permita identificar a todas las personas vinculadas con el mismo y que su enjuiciamiento desestimule a quienes acuden a estas prácticas violatorias de los derechos de los niños y las niñas en Colombia. La información que es transmitida por la Secretaría Técnica a la Fiscalía General de la Nación proviene de fuentes tales como:  a. Informes de Riesgo y Notas de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo; b. Información recabada por parte de los asesores regionales con presencia en el territorio que hacen parte del equipo de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial; c. Información suministrada por los enlaces regionales de cada una de las entidades parte de la Comisión Intersectorial, d. Información obtenida en el desarrollo de los ejercicios territoriales de articulación de oferta y, e. monitoreo de medios de comunicación (prensa, televisión y radio). Actualmente la Secretaría Técnica de la Comisión ha impulsado y remitido 142 casos como se observa en la siguiente gráfica. Estas acciones sumadas a las actividades misionales que ejerce el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la UARIV y el Centro de Memoria Histórica, promueven el cumplimiento del compromiso del Estado dirigido a generar mecanismos de protección integral (a través de máximos de verdad, medios de reparación integral y garantías de no repetición,) que impulsen las sanciones sobre quienes perpetúan, facilitan o encubren estos delitos y a la negación del derecho que tienen sus víctimas a ser reparadas. Gráfico 3. Tipos de Casos/vulneración remitidos a Fiscalía General de la Nación - 2013 Fuente Observatorio de la Secretaría Técnica Una mirada desde la cooperación 15 Fortalecimiento institucional de la politica de prevencion del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados10 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo financiero y técnico de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) desarrolla, consolida y fortalece alianzas estratégicas con distintas entidades que integran la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas, y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. Dichas alianzas se han encaminado a promover la articulación de la política de prevención desde el enfoque relacional entre nación - territorio. Para tal fin, la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial desarrolló un ejercicio de focalización regional de 530 municipios afectados por el conflicto armado y aplicó 11 indicadores en dichos municipios. 85 municipios obtuvieron una calificación alta, es decir entre 9 y 11 factores. En este sentido, el objetivo de la alianza interinstitucional está orientado a desarrollar acciones de articulación y coordinación Nación/Territorio para el fortalecimiento interinstitucional de la política pública de prevención del reclutamiento. Bajo esta mirada y teniendo en cuenta la participación activa de las entidades territoriales, la propuesta se viene ejecutando en función de: Profundizar y contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, propiciando escenarios de planeación para el desarrollo de la política pública de prevención. Diseñar y construir participativamente Planes Locales de Prevención Integral para 43 municipios. Estos planes tiene tres fuentes de articulación funcional: a) Plan de desarrollo municipal; b) oferta local, regional y nacional y c) definición de las rutas pertinentes al contexto territorial del conflicto armado. 10. El presente apartado fue aportado y redactado por Hernán Quintero y Paula Rivero del área de niñez y migración de la OIM quienes amablemente aceptaron algunos comentarios y ajustes elaborados por el Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión. Implementar un pilotaje en cada municipio para la aplicación de la metodología de Mapas de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades (MVRO) con participación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus familias e instituciones. Desarrollar un pilotaje de verificación de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con el objeto de proponer y recomendar rutas y protocolos de acceso a los derechos con calidad. Sensibilizar y movilizar a la sociedad a través de campañas de prevención del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales con enfoque diferencial. La focalización poblacional para el desarrollo de la propuesta es de 8.000 Niños, Niñas y Adolescentes, 1.600 familias, 200 servidores públicos y aproximadamente 120 adultos que participan como facilitadores en la implementación de los Mapas de Vulnerabilidades, Riesgo y Oportunidades (MVRO). La OIM tiene como principio orientador en el marco de la política de prevención de Reclutamiento, el de coadyuvar en la construcción sostenible de la capacidad instalada de los gobiernos locales y fortalecer el capital social construido por las comunidades. Este ejercicio solo es posible a través de la articulación y coordinación de todas las acciones que desde los ámbitos regional y nacional se vienen proyectando en los municipios que afrontan una crisis humanitaria no resuelta, dados los efectos del conflicto armado sobre la población, en especial sobre los Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias. La dinámica de articulación territorial desde el nivel nacional, se viene desarrollando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través de los programas de Generaciones Étnicas con Bienestar y con el Proyecto de promoción de la resiliencia familiar y fortalecimiento del vínculo afectivo desde la primera infancia, como estrategia de prevención del reclutamiento forzado que incluye al Ministerio de Educación Nacional (MEN). De igual forma, con los municipios en los cuales se viene desarrollando la Estrategia de Consolidación y con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) en el marco del Plan Fronteras para la Prosperidad, en especial con el proyecto denominado “Apoyo a la estabilización comunitaria a través del mejoramiento educativo en zonas de frontera - Colombia”. Actualmente, con la Procuraduría General de la Nación (PGN), la OIM y USAID apoyan la construcción de un “Modelo de Vigilancia Preventiva para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas,  y Adolescentes en Regiones Priorizadas por el Conflicto Armado Colombiano”, el cual será de gran utilidad para los propósitos establecidos no solo en la política, sino en el quehacer institucional desde la prevención. Desde la perspectiva de los grupos étnicos, la política de prevención del reclutamiento y utilización de la niñez y adolescencia indígena y afrodescendiente, debe partir del reconocimiento a su dignidad, expresada desde su cosmovisión, autonomía, gobernabilidad e identidad y ratificada en los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Nacional, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 1098 de 2006, la ley 1448 de 2011, la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional y de manera especial, desde su marco jurídico propio. La mejor manera de fortalecer a los pueblos indígenas y comunidades negras y afrodescendientes, es propiciar espacios de participación intercultural en los que se pueda concertar la adaptación y adecuación de la política a los principios territoriales, sociales, culturales y políticos que gobiernan a estas comunidades. Hallazgos y avances Se han focalizado 8.000 Niños, Niñas y Adolescentes y 1.600 familias con quienes se viene trabajando a través de la aplicación de los Mapas de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades (MVRO) en 43 instituciones educativas. De igual forma se viene aplicando el formato de Verificación de Derechos, el cual se ha aplicado a 200 niños, niñas y adolescentes en cada municipio. La idea es poder establecer cómo y de qué manera se  garantizan los derechos a la educación, salud, participación, a una familia, a no trabajar, a un buen trato y a un ambiente sano. Igualmente, evaluar su calidad, el acceso y las rutas establecidas para garantizar el mismo. Alcaldes y autoridades locales reconocen el fenómeno del reclutamiento y la utilización de Niños, Niñas y Adolescentes  en su municipio, pero no le dan la suficiente importancia para priorizar el fenómeno en el marco de la política de prevención y protección. Los Niños, Niñas y Adolescentes de Dibulla y Riohacha (Guajira) siguen siendo asediados por las bandas criminales. En el mes de agosto de 2013, a través del testimonio de una profesora se conoció la desaparición de dos niños. En muchos casos los niños, niñas y adolescentes nacen en hogares cuyos padres de alguna manera están vinculados a bandas criminales y en especial al microtráfico. La familia como eje articulador de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y escenario de transferencia de patrones culturales, se ha convertido en un factor de riesgo, en tanto los padres generacionalmente han venido experimentando la pobreza, la violencia la exclusión y el desconocimiento de los ciclos vitales de sus hijos. En la exploración realizada a los 43 municipios focalizados, se encontró un alto índice de violencia intrafamiliar. Es difícil y compleja la situación de más del 70% de las instituciones educativas en los 12 departamentos donde la propuesta viene desarrollando su intervención. Esto está determinado por la escasez de recursos tecnológicos, poca utilización de medios pedagógicos, baja calidad de infraestructura escolar, en algunos casos no se provee alimentación a los niños, niñas y adolescentes, junto a la pobreza de los entornos escolares, la pocas oportunidades de la niñez y adolescencia para acceder a la utilización del tiempo libre, la configuración de pandillas micro-locales que giran en torno a los espacios escolares y el asedio de los expendedores droga. Un problema “sui generis” es el acoso escolar, desde muy temprana edad, los niños, niñas y adolescentes replican en sus aulas lo que aprenden de sus padres en la familia y reciben como “valores” desde el contexto social. En los MVRO por ejemplo, se ha encontrado que los sueños e imaginarios de los Niños, Niñas y Adolescentes concuerdan con los oficios que sus padres desempeñan y los referentes del contexto: dinero fácil, motos, líderes de pandillas y en muy pocos casos los niños anhelan ser profesores y policías, etc. 19 Dificultades Salvo en algunos municipios, en su gran mayoría, las autoridades siguen presentando relativa apatía y desconocimiento sobre el tema del reclutamiento y la utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. Son muy pocos los funcionarios que conocen la política de prevención y su proceso de construcción y consolidación desde la Comisión Intersectorial. El reciente paro agrario ha dificultado el desarrollo de las actividades programadas en los distintos municipios: En Antioquia, la subregión de Ituango; en Cauca, los municipios de Miranda y Caloto y en Nariño, la zona de frontera, especialmente con los Indígenas Pastos. En alguno casos la coordinación con diferentes entidades competentes, sobre todo para construir y consolidar un Plan de Prevención, ha tomado mas tiempo de los previsto por tres principales razones: i) En algunos casos no conocen el CONPES 3673 de 2010 y por ende la exposición sobre las tres rutas de prevención; ii)  No contemplan  el reclutamiento como una prioridad en el municipio y iii)  No saben cómo enfrentar el problema y cómo hacer prevención. Conclusiones Durante el  año 2013 la propuesta de territorialización de la política de prevención tuvo la oportunidad iniciar un diálogo interinstitucional con las autoridades locales, las cuales participaron en el encuentro desarrollado en la ciudad de Bogotá y el cual tuvo como propósito el lanzamiento oficial de la estrategia de fortalecimiento institucional de la política de prevención en cabeza del Vicepresidente de la República. El ejercicio territorial y poblacional ha permitido visibilizar la política de prevención, construida desde la Comisión Intersectorial y en especial, darle un papel a los asesores regionales vinculados a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial. A pesar de la apatía y desconocimiento de las entidades territoriales sobre la política de prevención, las autoridades y la institucionalidad local han tenido una actitud propositiva, abierta y flexible  al aprendizaje y sobre todo a reconocer la importancia de contar con un instrumento para prevenir todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, en especial de la utilización y reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley

Movice.txt

@@ -0,0 +1 @@
+Asesinan a Defensora de Derechos Humanos que Participó en la Audiencia Pública de la Macarena  De acuerdo a denuncia suministrada por el COMITÉ SECCIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ALTO GUAYABERO, nos permitimos poner en conocimiento de la comunidad nacional e  internacional los siguientes: HECHOS 1. La presunta detención, desaparición y ejecución extrajudicial de la señora NORMA IRENE PÉREZ identificada con C.C 40. 206.080, de quien no se volvió a tener conocimiento desde el día 7 de agosto de 2010 entre 7:00 a.m y 8:00 a.m, cuando se dirigía hacia su casa después de salir de una asamblea con la Junta de acción Comunal de dicha localidad, posteriormente su cuerpo fue encontrado en extrañas circunstancias el día 13 de agosto de 2010 en jurisdicción de la vereda la Unión, del municipio de la Macarena del departamento del Meta.   2. Se informa por parte del Comité Seccional De Derechos Humanos del Alto Guayabero que en la zona antes y después de la audiencia del 22 de julio de 2010, la región se encuentra fuertemente militarizada por tropas del Ejército Nacional que operan en dicho territorio, especialmente en los municipios de la Macarena, San José del Guaviare y San Vicente del Caguán. También la información de la comunidad a firma que ?el ejército se encuentra en la Vereda el OASIS, sitio cercano en donde ocurrieron los hechos?.3. NORMA IRENE PEREZ, fue presidenta del Comité Veredal de derechos humanos de la vereda la unión y a su vez hacia parte de la junta de acción comunal con el comité de conciliaci ón y miembro del Comité Regional de Derechos Humanos de la Región del Guayabero del Departamento del Meta. También participó en el comité organizador de la Marcha Patriótica llevada a cabo los días 19, 20 y 21 de julio de 2010 y de la Audiencia Pública realizada el día 22 de julio del mismo año en el municipio de la Macarena.4. La señora NORMA IRENE PEREZ, era campesina, agricultora, defensora de derechos humanos y madre de cuatro (4) menores, entre ellos una niña de 14 años de edad, un niño de nueve (9) años de edad, una niña de seis (6) años de edad y una niña de cuatro (4) años de edad. ANTECEDENTES1. El Día 19, 20 y 21 de julio de 2010, se realizó en el país la Marcha Patriótica, con una importante participación ciudadana, la respuesta del Estado Colombiano fue la estigmatización, persecución y el bloqueo de los marchantes en varios lugares del país.2. El día 22 de julio de 2010 en el municipio de la Macarena del Departamento del Meta se llevó a cabo gracias a proposición aprobada por el Congreso de la República en cabeza de la Senadora Gloria Inés Ramírez, la Audiencia pública titulada ?La Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales de Colombia?. En dicha se pudo evidenciar la existencia de un cementerio de NN, así como también denuncias por parte de la comunidad de que en ese sitio se encontraría personas ejecutadas extrajudicialmente por parte de la fuerza pública.3. El 25 de de julio de 2010 en visita del Presidente ÁlvaroUribe, a la zona de la macarena mencionó que: "el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos".[1]Situación que puso en grave riesgo a las organizaciones convocantes, organizaciones cívicas, y en general a todos los asistentes a la audiencia, en especial a la población campesina que asistió a realizar las denuncias.4. El tres (3) de agosto de 2010, las organizaciones que respaldarón la audiencia declararon su rechazo pues dichas palabras del presidente Uribe y de la Cúpula Militar en la región de la Macarena pone en peligro la vida de los organizadores ?Estamos indignados y ofendidos por tales comentarios. Además, estamos gravemente preocupados porque estas alegaciones evidentemente ponen en peligro las vidas de las víctimas, los defensores de derechos humanos y los políticos de la oposición que participaron en la audiencia. En vez de atacar a las víctimas y a los que intentan sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, el Presidente Uribe debería estar apoyando sus esfuerzos y trabajando con ellos para asegurar que los soldados responsables sean llevados ante la justicia?. Siendo aproximadamente las 4:00 p.m. del día 16 de marzo de 2010, fue asesinado el presidente del Comité de Derechos Humanos de la vereda La Catalina, La Macarena Meta, JHONNY HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No 17.625.833 de Villavicencio (meta), Hurtado tenía de 59 años de edad. Según los testigos «la víctima se encontraban desarrollando labores agrícolas en su parcela distante a 1 hora -a pie- del centro poblado de Puerto Catalina, cuando escuchó un disparo de arma de fuego, Jonny alcanzó a andar unos 30 metros cayo y luego murió. La Comisión de Derechos Humanos y D.I.H. del Bajo Ariari precisó:» Existe preocupación en toda la región del río Guayabero, porque la zona esta militarizada y según lo denunciado por esta Comisión; unidades militares han esbozado sindicaciones y amenazas contra líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos, la presión indebida de unidades militares de la Brigada Móvil No 7 adscritas a la Fuerza de Tarea Omega y de otras unidades es constante, entre otras violaciones, es reiterada: la ocupación de los centros poblados, retenes, empadronamiento, sindicaciones, amenazas etc. preocupan a la comunidad en general. Todo esto sumado a el horrendo crimen de que fue objeto nuestro compañero JHONNY HURTADO llena de dolor y mucha preocupación al colectivo de Defensores de Derechos Humanos, de DH Bajo Ariari". SOLICITUDES. Se investigue penal y disciplinariamente los hechos que dan con la presunta detención, desaparición y presunta ejecución extrajudicial de la señora NORMA IRENE PÉREZ dirigente campesina de la región de la Macarena.2. Se garantice el derecho a la justicia respecto a los hechos que dan con el asesinato de la dirigente NORMA IRENE PEREZ y demás dirigentes de la región ejecutados extrajudicialmente.3. Se garantice el derecho a la vida a los miembros de las organizaciones cívicas y campesinas que participaron en la pasada audiencia del 22 de julio de 2010 y en la marcha patriótica del día 19, 20 y 21 de julio de 2010

Museo_CasaMemoria.txt

@@ -0,0 +1,20 @@
+Construir la memoria histórica de la Casa Vivero “Jairo Maya”, es un ejercicio que ha permitido que personas afectadas por las violencias de esta ciudad, vuelvan a espacios comunes y se reencuentren con su comunidad, específicamente, nos referimos a “Las Madres de Villatina” quienes perdieron a sus hijos menores de edad en una masacre de 9 personas, la mayoría niños, que se presentó el domingo 15 de noviembre de 1992. Para estas madres ha sido más que un ejercicio de memoria, un ejercicio sanador ya que en los últimos años ellas se han venido sintiendo marginadas, sus voces silenciadas y habían decidido no participar en otros ejercicios de memoria. En este momento sus voces se han incorporado al proceso y esperamos que su dolor, su sufrimiento y sus estrategias de resistencia hagan parte de la historia de la Casa Vivero “Jairo Maya”. La propuesta de narrar la historia y reconstruir parte de la memoria de la Casa Vivero Jairo Maya, está referida a la posibilidad de documentar los diferentes momentos y las diversas “pieles” con los que este espacio se ha arropado durante los últimos años y que constituye por sí mismo la narración de una memoria que ha tenido complejos escenarios de victimización y violencia, pero que ha sabido fluir hacia horizontes de reparación, memoria y convivencia; no sólo para el barrio sino para la comuna y la ciudad. La transformación positiva que se ha dado en los últimos años en la Casa Vivero “Jairo Maya” es gracias a la comunidad, el trabajo en comunidad ha permitido a los participantes una nueva oportunidad para contar todo lo que les ha sucedido y vencer el miedo. Ellos afirman durante los talleres y en repetidas ocasiones que “Hay calidad humana en la Comuna 8 para realizar procesos y generar comunidad basada en la tolerancia”. 
+En esta etapa del proyecto, ya se han concluido los talleres de memoria histórica y los aprendizajes han sido en doble vía, lo cual fue posible por cuanto la metodología IAP admitió el intercambio de saberes. Las personas lograron contar parte de sus historias en relación con la Casa Vivero Jairo Maya, en medio de actividades creativas y variadas, para así ir hilando sus relatos. Se han registrado algunos cambios en la metodología, ya que en los encuentros y las actividades han sido concertados con la comunidad. Hemos observado que en términos metodológicos, ellos se sienten más cómodos con técnicas asociadas a la conversación, al diálogo y al testimonio. Cada taller, cada recorrido y cada manualidad han sido diseñados con una intencionalidad específica, a manera de guiar un poco el orden de los relatos e ir acrecentando el conocimiento sobre la Casa Vivero Jairo Maya. La memoria histórica permite indicar desde la experiencia comunitaria, como es nuestro caso, la importancia de la legitimación simbólica de los reclamos de los dolientes y los modos en que la memoria media en las relaciones de los individuos con el presente y sus posiciones frente al dolor, y la violencia; pero también frente a la paz, la reconciliación y las Garantías de No Repetición. Las acciones fueron planteadas para generar discusiones reflexivas que permitan trascender el dolor y reconocer las acciones de valor y lo importante que es la experiencia como modelo para otras comunidades por lo que se propuso visibilizar en mapas las fortalezas del territorio; la pertinencia de las acciones realizadas como acciones de vida en paz y los hilos de vida que ella genera y "cómo se enreda con otros" incluso hasta llegar a escribir en la propia historia la vida de los otros; y la construcción colectiva de una memoria comunitaria en donde se suma la historia personal con una colcha de retazos que al final es el reflejo de una suma de voluntades.
+Para complementar el acervo pedagógico del grupo que realizaría los talleres, para ello se hizo unos encuentros de capacitación sobre la pedagogía Waldorf realizada por la Corporación Gozarte en esta participamos 17 personas durante una jornada, en la cual se realizaron diferentes ejercicios y parte de teoría, que nos retroalimentará nuestros saberes para la realización del trabajo del proyecto de Memorias, resistencias y vida de la Casa Vivero Sol de Oriente Jairo Maya. En la pedagogía Waldorf observamos que la pregunta por la vida sensorial es de hecho crucial en nuestra época, y la concepción de los doce sentidos que se trata sin cesar de verificar, de experimentar, de profundizar - puede ser una guía eficaz para el pedagogo, el médico, el artista-terapeuta y el psicólogo, y en general para toda persona que ha tomado conciencia de la importancia de este acto que hacemos sin cesar y casi sin darnos cuenta: Percibir. Desde este espíritu de pedagogía se desprenden muchas cosas, no sólo para el que percibe, sino también para lo que es percibido, porque está allí un gran secreto de la vida de los sentidos: por su modo de percibir, de mirar, por la cualidad de su "mirada", de su "escucha".
+Socialización: Sábado 23 de julio de 2016 Esta actividad estuvo dirigida por los profesionales Andrés Arredondo (Antropólogo) y Yamileth Gallo (Lic. Ciencias Sociales). En esta oportunidad se Socializó el proyecto y se conformó el grupo de trabajo con los asistentes que en adelante participaran de manera activa y voluntaria en todo el proceso, incluidos los talleres creativos, los recorridos y demás encuentros que se acuerden entre las partes. Se realiza mediante una reunión con la comunidad para socializar el proyecto y hacerle los ajustes, según las lecturas con la comunidad. Durante el encuentro cada participante expresó en una palabra, lo que significa para él/ella la Casa Vivero Jairo Maya. Algunas de las palabras consignadas en las memorias de este proceso fueron: “…Vida, amor, esperanza, luz, comunidad, apoyo, unión, fraternidad, convivencia, resiliencia, memoria, lazos, reconciliación, perdón, paz, familia, dolor, resistencia, diálogo de saberes, reencuentro, espacio cultural…” También se llegó al acuerdo con los participantes de los lugares que consideran importantes que se encuentren en la ruta de los recorridos; planteando  realizar uno hacia el Pan de azúcar y otro por el sector de Esfuerzos de Paz, Campo Santo en Villatina y Parque las Tinajas. Como el sector aledaño a la Casa Vivero es muy extenso la comunidad participante considera necesario un tercer recorrido el cual se planeó con ellos y se llevó a cabo el día 3 de septiembre.
+Encuadre y reconocimiento del territorio Es importante para el proyecto que se lleve a cabo una etapa de reconocimiento del territorio y sus habitantes, con el fin de interlocutar con la comunidad; así como reconocer las actividades que ellos realizan en su día a día, sus apuestas y expectativas con relación al proyecto. “…claro que cuando eso todavía todo era muy sano no había tanta violencia como ahora y no había tanta droga, este barrio era muy sano, en cambio ahora hay mucha inseguridad y todo...” Habitante comuna 8 Recorrido 1: Reconociendo el Cerro Pan de Azúcar 31 de Julio de 2016 Objetivo: Convertir el mapeo en un proceso participativo de cartografía social, como una oportunidad para la enunciación y sistematización de conocimientos locales sobre el espacio habitado, así como para la recuperación de la memoria histórica. Se realiza el recorrido por el Cerro Pan de Azúcar, con varias estaciones en los viveros y miradores hacia la ciudad. Primer momento: Se realiza el saludo y presentación de los asistentes, contando el nombre y de donde vienen; se da la entrega del refrigerio e hidratación para el recorrido. El Comité de memoria suministra a los participantes en tarro para transportar el agua el cual servirá para los dos recorridos adicionales que se realizaron durante el proceso.
+Segundo momento: Se inicia con la cartografía del sector representando esos lugares a recorrer, terminamos realizando es un mapa con representación real de los lugares importantes para los habitantes, la casa, sus hogares, la iglesia; los miradores etc, esto se realiza antes de salir a recorrer. Los participantes inician el recorrido con una pregunta orientadora: ¿Qué relación tiene cada sitio plasmado en el mapa con la Casa Vivero? Tercer momento: Se regresa al punto de partida, en donde se vuelve a registrar otros lugares antes no nombrados pero que en el recorrido se identificaron eran importantes. Cuarto momento: evaluación de la actividad por parte de palabras de reflexión o agradecimiento y cierre. los asistentes, El recorrido permitió la conversación acerca de la importancia del cultivo y las huertas que rodean este lugar, además identificar nuevamente lugares que si bien están allí, no siempre las miramos como lugares importantes en la construcción de ciudad, entre ellas la Casa Vivero, 
+Recorrido 2, Villatina y Campo Santo. 20 de Agosto de 2016 En nuestra región antioqueña es muy particular encontrar unos supuestos “avispados” en el sector del gobierno y en los gremios de la construcción y que en mi concepto no pasan de ser que un puñado de avivatos, asaltantes de los dineros públicos en detrimento de nuestro patrimonio más preciado, el medio ambiente. ¡Carajo, donde están mis derechos! Jairo Maya. Se realiza el segundo recorrido hacia la zona sur del territorio en donde los habitantes nos dan a conocer varios lugares de importancia para ellos, estos son Parque las tinajas, Casa Diversa, el ventiadero, Campo Santo-Villatina. Primer momento: Se realiza un saludo a los asistentes, se entrega el refrigerio para el recorrido, además se realiza un ejercicio donde la metáfora son los elementos que conforman la humanidad, la tierra, el agua, el viento y el fuego. Segundo momento: Se invita a la comunidad a hacer un ejercicio de volver a ver el monumento realizado el 9 de abril del presente año, el cual lo conforma un árbol y alrededor piedras que trajeron desde el vivero y en las cuales se escribió un mensaje, pero en el momento está tapado con hierva, se invita a destapar y del recorrido traer una piedra de otro lugar que relacionemos con la Casa vivero para seguir construyendo el monumento como símbolo del día de las victimas Tercer momento: Se sale al recorrido con la pregunta de cómo los lugares que vamos a caminar se relacionan con la Casa Vivero, e iniciamos el recorrido y contándoles que en cada lugar haríamos una parada para conversar con el guía datos sobre el territorio, en la Casa Diversa nos encontramos con un líder que nos cuenta la historia sobre esta casa y su construcción, además se propone la construcción de un Quipu1 que consiste en que cada participante lleve consigo una tira de Tripa de pollo, con la cual hará un nudo cada momento en el territorio que le genere un recuerdo o donde quiera contar algo, al finalizar se socializarán las historias de los nudos. Cuarto momento: Se realiza el cierre del recorrido en la última estación que es Campo Santo, todos nos sentamos en círculo y socializamos la pregunta inicial, como se relacionan aquellos lugares con la Casa Vivero Jairo Maya. 
+En este recorrido nos dimos cuenta que en el territorio se encuentran otros lugares que podemos identificarlos en igual importancia que la Casa Vivero como lugares significativos para la comunidad, bien sea por sucesos negativos (como en Villatina el derrumbe) o sucesos positivos como ha sido la construcción de la Casa Diversa, que se traducen en luchas sociales por espacios comunitarios.
+Recorrido 3 Planeta Oxigeno y Los Mangos. 3 de septiembre de 2016 En esta ocasión nos dirigimos desde Casa Vivero hasta la Corporación Planeta Oxigeno donde nos esperaba Adriana Grajales su representante, allí Adriana explicó a los participantes su participación en los diferentes procesos sociales y comunitarios en la comuna 8. Ella es una de las personas que tiene mayor información de la fundación del barrio Los Mangos de la Comuna 8. Nos compartió parte de esa historia que se remonta hasta principios del siglo XX; mencionó por esa época una fonda de camino llamada “Pior es Nada” muy conocida por los arrieros que subían por allí para llegar al Corregimiento de Santa Elena. Las personas obviamente ya no somos las mismas, las personas van cambiando y otras van falleciendo, las casas de bareque y tapia ya han desaparecido del barrio Los Mangos y ahora solo queda el recuerdo. De su participación en la Junta de Acción comunal, recuerda que la sede vivía abierta al público y las personas se sentían en familia. La Sede Comunal se organizó con el objetivo de ampliar la oferta de servicios y con la intervención de la Alcaldía la Sede quedó privatizada y ya mantiene de puerta cerrada. Como acto simbólico se llevó una piedra intervenida por los participantes del proceso para dejarla en la sede de Planeta Oxigeno como una muestra de unión entre barrios. Finalmente se retoma el cierre del recorrido, de vuelta a la Casa Vivero.
+Experimentar 3. Talleres Esta fase, se constituyó como la fase creativa, donde el equipo de talleristas estableció en acuerdo con la comunidad lugar, día y hora de los encuentros permanentes, en esta fase se dieron interesantes debates sobre la metodología, los conceptos de memoria y otros significantes abordados en el proceso. La posibilidad de registrar audiovisualmente la experiencia permitió, mostrar un proceso de trabajo colaborativo por la paz y la convivencia, contado por sus propios autores. Sentir: es la invitación que se hará en cada uno de los encuentros, sentir cada uno de los momentos que viviremos para volver a la historia de la Casa Vivero, como lugar emblemático de la comuna 
+Sentir mi Casa (casa-cuerpo, casa-barrio) Jueves 4 de Agosto de 2016 Introducción: La narración oral, los relatos compartidos, los Imaginarios. Preguntas: ¿Qué es la casa?, ¿Cuándo la casa es un espacio y cuando es otra cosa?, ¿Qué hace que la casa sea un hogar?, ¿Qué se deja cuando se deja una casa?, ¿Qué se hace cuando se construye una nueva casa? Primer momento: La evocación de la casa originaria. Viaje imaginario por la casa que nos vio crecer (casa arquetípica) desplegando percepciones compartidas sobre los diferentes espacios, su funcionalidad, la manera como eran utilizados y las sensaciones que dejaron en nuestra memoria individual y compartida. Segundo momento: Conversatorio sobre las preguntas guía propuestas para la conversación. (Existe registro audiovisual de la conversación además de un mapa conceptual con las ideas fuerza producto de la discusión). Tercer momento: Construcción de una novela a partir de las ideas y evocaciones de la casa en la actualidad, donde se propuso la narración de una historia urbana prototípica a partir de "la casa" como eje central de una narración con introducción, desarrollo, nudo, desenlace y fin. (Se realizó por grupos y se socializó en el espacio). 
+Para este taller se buscó en conjunto con los criterios de la comunidad, restituir la noción clásica de "taller" en la que se da por entendido que se realiza un ejercicio de construcción conjunta de conocimientos y se parte del principio de que es posible generar saberes a partir de las experiencias y conocimientos provenientes de la cotidianidad de las personas. Este taller buscó generar un espacio para encuadrar percepciones, acuerdos, ideas, sentires y saberes sobre los diversos significados de "la casa". Conscientes de que compartimos este espacio con una comunidad profundamente golpeada por hechos como el desplazamiento, se realizó en primer lugar una evocación de lo que fue la casa originaria de cada quien a partir de un viaje imaginario hacia ese espacio y aquellos tiempos. Se resalta como hecho interesante lo emotivo y vívido de la rememoración, al punto que fue posible que muchos participantes del encuentro narraran detalles muy específicos de aquella casa originaria. Posteriormente se construyó una lluvia de idea con los conceptos más relevantes alrededor de la categoría "casa". Esta batería conceptual revela el modo como la evocación del hogar genera una serie de sentimientos y emociones que se extrapolan a otros escenarios tomados también durante el taller como escenarios de vida "familiar": la casa-cuerpo; la casa-hogar; la casa-barrio-comuna; la casa-ciudad y la casa planeta. 3.2. Sentir mi Barrio. Jueves 11 de Agosto de 2016 Introducción: La configuración y construcción del barrio y evidenciar los elementos fundamentales en la constitución de un barrio y reconocer la historia de los barrios aledaños a la Casa Vivero. Preguntas: ¿Qué es construir un barrio?, ¿Qué elementos además de las casas debe tener un barrio?, ¿Cómo debe ser un barrio?, ¿Cuáles son las dinámicas de nuestro barrio?, ¿Hoy que significa para mí el barrio? Primer momento: Se inicia la actividad con un saludo a los asistentes y En este primer momento se pidió a los asistentes decir una palabra que condensara el imaginario de barrio que cada uno tenía. Las palabras resaltaron aspectos positivos e ideales de lo que para cada uno de ellos es el barrio. Segundo momento: Se continúa en un segundo momento con la lectura de las preguntas para el taller que se encuentran en las paredes pegadas e iniciar una conversación. Tercer momento: Se continua con el ejercicio de línea del tiempo en la construcción del Barrio, se pone tres mapas para marcar los lugares representativos en tres momentos históricos del territorio ( pasado , presente y futuro), el cual dé cuenta del procesos de construcción de barrio y su relación con la Casa Vivero. Cuarto momento: Finalmente se hace una relación de las palabras inicialmente descritas y con las nuevas que identifican la construcción de Barrio y se conversa sobre la resignificación de dichas palabras. Durante la narración de los hechos fundacionales salieron anécdotas de convites, movilizaciones y organización para recibir personas nuevas en el barrio y para construir casas, escuelas, calles y demás. Un aspecto relevante fue la importancia del medio ambiente antes y ahora. El barrio es percibido como el hogar… resignificación de la palabra barrio. Importancia de los procesos de resistencia y de organización comunitaria en la construcción de los barrios.  Preocupación por los temas ambientales. Identificación de actores victimizadores de la comunidad (paramilitares, policías, bandas, administración) Hora: 2:00pm a 6:00pm 3.3. Sentir la Comunidad. Jueves 18 de Agosto de 2016 Introducción: Qué es una comunidad, tipos de comunidad, experiencias a resaltar de trabajos comunitarios, comunidades en el mundo. Preguntas: ¿Cómo se hace comunidad?, ¿en dónde habitan las comunidades?, ¿qué hacen las comunidades?, ¿cuáles deberían ser las acciones de una comunidad? Primer momento: Introducción. Activación y generación de momentos de encuentro. (Meditación, energías y pensamientos) Segundo momento: Contextualización de la temática a partir de conceptos específicos y saberes básicos sobre lo comunitario. Tercer momento: Construcción colectiva sobre ideas, conceptos y percepciones de lo comunitario, enfocado desde la idea fuerza de "nuestra comunidad”. Cuarto momento: La caja de arena. Elaboración por equipos de las ideas y representaciones que se tienen sobre la vida en comunidad: el territorio, la institucionalidad, las dinámicas organizativas, los actores, dinámicas del territorio, etc. A partir de una ejercicio inicial donde se realizó un contexto sobre las múltiples aproximaciones y concepciones detrás de la categoría "comunidad", se generó una discusión que combinó la invitación a entregar los conceptos que cada quien asume como constitutivos de esa categoría, asociados a sus experiencias referidas al tema. Fue inevitable la evocación de diversas vivencias y procesos en los que las personas participantes del taller han visto empeñados sus intereses y trabajo, en vista de que la mayoría de éstos son líderes que tienen una amplia experiencia y trabajo comunitario reconocido en el sector. Emergió de numerosos testimonios en ese momento, una noción que representa a la comunidad estrechamente vinculada con el territorio, de tal suerte que se expresaron interesantes argumentos alrededor de la configuración de la comunidad teniendo en cuenta los modos como se activan la pertenencia a la misma (en este punto se habló de las estrategias desde las instancias de participación para convocar y acoger al recién llegado), de otra parte se hizo mención a la importancia de asumir las diversas maneras de entender el territorio desde lo político-administrativo y que en numerosas ocasiones lesionan la posibilidad de construir una comunidad integrada y dinámica (en este punto surgió diferenciación entre las comunidades que conviven en un entorno llamado de "invasión", "asentamiento" o "barrio consolidado"). Se aludió a un tema crucial relacionado con aquellos "otros" que conforman el proyecto comunitario, donde se cuentan la gente negra ("los negros") y los indígenas principalmente (también se mencionó a personas de la minoría ROM o gitanos). Cabe anotar que los aportes y discusiones abiertos en esta temática fueron muy amplios e interesantes, por lo que se ha propuesto un encuentro complementario frente al tema de comunidad. La actividad culminó con la implementación de la metodología de las "cajas de arena" en las que se buscó que por equipos los participantes del encuentro plasmaran lo que piensan sobre la realidad y "funcionamiento" de la comunidad del sector. Introducción: Movilización social, participación y acciones de trabajo articulado. Preguntas: ¿Qué es la participación?, ¿Qué actividades de participación se han desarrollado en el territorio?, ¿Qué se busca participando y movilizando la comunidad?, ¿Qué se ha logrado con las diferentes movilizaciones que se ha tenido en el barrio? La actividad se lleva a cabo con los habitantes de los sectores que rodean la Casa Vivero Jairo Maya en la en la comuna 8; periferia de la ciudad de Medellín. Los asistentes son personas sencillas que han vivido en el barrio Pinares de Oriente u otros barrios alrededor de la Casa Vivero. La intención de este taller era recoger las experiencias de participación de los habitantes y reconocer como esas experiencias han aportado en la transformación que ellos como habitantes han deseado para su territorio. Las referencias solo apelan a la anécdota para recoger las historias, nunca se les habla de modelos, tipologías, experiencias, referentes conceptuales, ni otros. El taller aclara que busca responder a preguntas y recoger las experiencias de manera que puedan ser recopiladas para aprendizaje de otros, se parte desde el respeto por la palabra, la escucha activa, el respeto por el aporte, la sensibilidad ante lo compartido, el trabajo comunitario y participativo para construir territorio desde las propias comunidades. Primer momento: Se inicia la actividad recontextualización de las actividades previas. con una reflexión y una Segundo momento: Fotografía: Se realizará una dinámica para entrar en contexto con el tema y centrando al grupo para la actividad. Tercer momento: Se continúa la actividad del Quipu que se venía trabajando. Se recogerán algunos nudos que tengan que ver con participación y se marcarán los comunes. Se marcan los nudos del quipu. Cuarto momento: Se explica que las bitácoras son una pieza de reflexión para comunicarse con los demás a través de una exposición, dejar un legado escrito. Quinto momento: Se realiza una reflexión inicial para hablar de Participación según las preguntas guías referenciando la casa. ¿A qué le abriría la puerta? Mientras se trabaja en la manualidad se habla sobre la memoria de la participación "SI la participación fuera una casa", se entregarán las piezas para una manualidad en la que cada uno da un carácter a las partes de la casa. Se habló de las propiedades de la participación, de los momentos en que la han aplicado y como les gustaría que fuera a futuro. Sexto momento: Conclusiones se generó un momento para intervenir libremente la bitácora, además se realizó la evaluación y reflexión del día a partir de la participación. Participar es pertenecer y sentirse reconocido por el otro en los diferentes espacios donde se habita, con derecho a conocer toda la información, y con al posibilidad de ser escuchado, decidir e incidir en las decisiones que se tomen con respecto a una situación en particular que afecte a una persona, una comunidad o un territorio. 
+La actividad se planteó para los habitantes del área de influencia de la Casa Vivero Jairo Maya, barrios Pinares de Oriente, Sol de Oriente, Villatina, Esfuerzos de Paz, entre otros, la intencionalidad planteada fue Historia de los espacios, memorias colectivas, narraciones que hay alrededor de la casa vivero y las vivencias de los habitantes en ella a lo largo de la historia que generan identidad. Algunas de las preguntas a trabajar dentro del taller son: ¿Cuál es la historia de la Casa Vivero Pinares de Oriente?, ¿Es necesario difundir su historia sí o no y por qué?, ¿Por qué la comunidad decide convertirla en un espacio de gestión local del barrio?, ¿cuáles han sido los principales momentos en la vida del barrio con la casa vivero?, ¿Qué significa para la comunidad hoy la casa vivero? Primer momento: saludo a los participantes y encuadre para la sesi��n Segundo momento: Línea de tiempo, se entrega a los participantes un mapa con tres preguntas: 1. ¿con qué color identificas la casa? 2. ¿Con cuál olor identificas la casa? 3. ¿Con que personaje identificas la casa?, 4. ¿Con qué sonido identificas la casa? 
+Cuarto momento: Se realiza el trabajo en la bitácora, se hace el mapa de las rutas y las preguntas. 3.6. Taller: Resistencia al olvido, septiembre de 2016 identidad y memoria. Jueves 15 de Objetivo: Desarrollar un ejercicio participativo con el fin de generar reflexión y definir los rumbos de la participación comunitaria en los ámbitos de las resistencia y la construcción de identidades. Desarrollo: Este encuentro permitió que el grupo abordara en conjunto las nociones que han construido alrededor del tema de la memoria, la resistencia comunitaria y la identidad. A partir de un ejercicio de focalización conceptual se generó un la Identificación de prácticas, acciones, procesos, e iniciativas de resistencia en la comunidad. De igual forma se abordó el tema del micro-resistencia y se originó un importante debate en torno a los significados de la resiliencia en el contexto barrial. De igual forma fue posible comenzar a delinear lo que podría ser la identificación participativa de los acervos de la resistencia y la memoria en el territorio a partir de la memoria de los moradores. Primer momento: Se inició la conversación con los asistentes que llegaron temprano, para dar da espera a los demás; la disertación comenzó sobre lo que ha significado la resistencia comunitaria. En la primera actividad se jugó al "diccionario" en él se habla de que los asistentes son diccionarios que se van a consultar y para ello se dejaron visibles las palabras a consultar de manera que se vaya pensando en la definición. Entre las palabras a definir se plantearon la resistencia, la participación y la articulación. Segundo momento: Telaraña de preguntas: para esta actividad se trabajaron dos preguntas; ¿El olvido se opone a la memoria?, ¿Cómo la memoria ayuda a construir identidad? Al contestar las preguntas se construyó una telaraña de respuestas para identificar como se cruzan las palabras y se tiene una idea común de las respuestas. Reflexión en cuanto a la resistencia, se hace una presentación sobre importancia de la participación Intervención de bitácora; en esta actividad se propone escribir la historia actual para explicársela a un familiar no nacido, es decir a personas de su familia como posibles nietos y bisnietos. 
+Con conceptos como paz, perdón y reconciliación se buscó generar una reflexión sobre los ideales de vida y las expectativas que los participantes tienen sobre el futuro.  El diálogo en torno al pasado, presente y futuro evidenció los temores e incertidumbres acerca del papel de la educación en el desarrollo de la comunidad. Sobre actores como la administración municipal, los sectores ilegales y demás entes que han generado violencia en el pasado hay optimismo, sin embargo en los vecinos y las familias que habitan el sector hay desasosiego por sus prácticas habituales y los ideales que como sociedad han construido, aspectos que influyen notablemente en los procesos de educación. Primer momento: La conversación inicia sobre concepto de paz, perdón y reconciliación, se expusieron las ideas y percepciones alrededor de la paz, cómo esta se manifiesta en la cotidianidad de las comunidades, si es o no, un estado interior; qué acciones concretas ha realizado cada uno de los participantes para aportar a la paz la paz. Así mismo, qué se entiende por perdón, si el perdón se le otorga a los otros o a uno mismo, la importancia del perdón para alcanzar la paz. Segundo momento: Escritura de carta por parte de los participantes, que narre una experiencia de perdón, en la bitácora de un compañero. Se entregaron las bitácoras de forma aleatoria a los participantes y cada uno escribió una experiencia de perdón, logrado o no, sobre una situación específica de su vida, la carta iba sin firma ni datos. Tercer momento: Lectura de cartas y socialización de experiencias: Al finalizar la escritura de la carta se socializaron algunas de manera voluntaria. Algunas de las experiencias apuntaban la importancia del perdón como elaboración individual y sanadora. Cuarto Momento: La leyenda del hilo rojo: Para finalizar la actividad se le entregó a cada participante un hilo rojo y se leyó la leyenda del hilo rojo. Bajo la frase "Estamos acá para…" se ató un extremo del hilo al dedo meñique de cada uno, quien iba dando las razones por las cuales consideraba que nos encontrábamos en la Casa Vivero, estas razones se anotaron bajo la frase "Estamos acá para...". A medida que se iban dando las razones los lazos de todos se ataban al centro.  Se termina la sesión con agradecimientos a todos por acompañarnos en el camino.
+La actividad se planteó para los habitantes del área de influencia de la Casa Vivero Jairo Maya, barrios Pinares de Oriente, Sol de Oriente, Villatina, Esfuerzos de Paz, entre otros, la intencionalidad planteada fue la construcción de una serie de piezas personales (tejido) en la metodología Colcha de retazos, en la que se pretendía posteriormente consolidar una construcción conjunta en donde la comunidad evidencie la particularidad de su intervención, historia y/o reflexión en un contexto que se va articulando y haciendo parte de un todo. Los referentes acuden principalmente a lo planteado por Amparo Cadavid B. cuando se plantea el "Manejo y análisis de la colcha de retazos" para hablar de la formación de un todo a partir de la particularidad. Primer momento: Presentación y encuadre de la actividad, en esta ocasión se contó con la asistencia y asesoría de Isabel González y su grupo de Tejedoras por la Memoria de Medellín, proyecto que inició en la Universidad de Antioquia y que cuenta con algunos grupos u organizaciones de víctimas como Las Madres de la Candelaria - Línea Fundadora. Para ese momento ya se ha avanzado en muchos temas alrededor de la construcción íntima, participativa y comunitaria de la Casa Vivero Jairo Maya, por lo que fue necesario pensar en un encuadre para retomar el trabajo; y recoger las intencionalidades en la construcción de cada pieza de la colcha de retazos. Segundo momento: Costura. Para la costura se retoma los diferentes conceptos o palabras recogidas en los diferentes momentos y encuentros tenidos durante el proyecto, estas palabras están pegadas en los muros como lo son: resistencia, unión, respeto, vida, perdón, punto de encuentro etc., además se realiza una conversación retomando varias intervenciones para llegar a acuerdos de los dibujos a plasmar. La colcha de retazos se construyó con tela y tejido de bordado, por lo que se realizó una breve concertación e inducción técnica para el trabajo del día y se inició pintado el dibujo, luego se inició la costura con los mensajes. 3.9. Taller de Construcción Colectiva II. Sábado 24 de septiembre de 2016 La actividad se planteó para los habitantes del área de influencia de la Casa Vivero Jairo Maya, barrios Pinares de Oriente, Sol de Oriente, Villatina, Esfuerzos de Paz, entre otros, la intencionalidad planteada fue la construcción de una serie de piezas personales (tejido) en la metodología Colcha de retazos, en la que se pretendía posteriormente consolidar una construcción conjunta en donde la comunidad evidencie la particularidad de su intervención, historia y/o reflexión en un contexto que se va articulando y haciendo parte de un todo. Los referentes acuden principalmente a lo planteado por Amparo Cadavid B. cuando se plantea el "Manejo y análisis de la colcha de retazos" para hablar de la formación de un todo a partir de la particularidad. La actividad programada continúa con la planeación del primer día, se dispusieron los asistentes a continuar trabajando en su tejido. Para los que no participaron en la jornada anterior se hace un breve encuadre, se retoman las actividades de construir lo que se quiere trabajar en la tela y se orienta a los participantes en las diferentes puntadas, para ello se contó con dos de las tejedoras por la Memoria. Reflexión de cierre, en donde se retoman los temas de los diversos talleres y se hace un compartir de los testimonios de los asistentes sobre experiencia personal de la actividad. 4. Evento de Cierre y Compartir. Sábado 1 de octubre de 2016 Primer Momento: Se retoman los tejidos luego de dos sesiones previas de elaboración en esta ocasión se contó con la presencia de semillero de reporteros comunitarios de la Biblioteca Familia Villatina, los cuales se integraron en un proceso colaborativo de terminación de los tejidos. Segundo momento: descanso de la costura; se propuso in momento de descanso para intercambiar algunas lecturas y reflexiones sobre las acciones colaborativas y el trabajo en equipo, además de una intervención artística de una de las niñas asistentes al proceso, luego se continuo la costura hasta la hora del almuerzo. Tercer momento: Compartir, para el momento del compartir se preparó una frijoleada en donde los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir con los compañeros de la biblioteca y las Tejedoras por la Memoria de Medellín que siguieron acompañando el proceso y como parte del grupo. Cuarto momento: Cierre, para el cierre se dispuso un ritual de liberación en el que se dispusieron flores, velas y esencias y se entregó un recordatorio “postal” del proceso. 
+Los asistentes expresaron su agradecimiento, los aprendizajes obtenidos, las experiencias compartidas y la voluntad de continuar trabajando no solo por la casa Vivero Jairo Maya sino por los diferentes sectores de la comuna 8 ya que en su mayoría ellos hacen parte de diferentes organizaciones sociales y comunitarias y ahora como Comité de Memoria. Finalmente el Comité de Memoria expreso su agradecimiento de manera especial por la voluntad de trabajo y el empeño que demostró cada uno de los participantes en el proyecto. 
+El taller desde la línea de tiempo para ubicar el recorrido histórico de la Casa Vivero, dio resultados positivos, dando a entender los momentos de la Casa desde los actores que habitaron el lugar y la transformación a partir de la participación comunitaria. En el taller de “Resistencia al Olvido”, fue muy nutrido, quedaron aprendizajes sobre la confianza del trabajo articulado. La comunidad reconoce como han sido valientes para trabajar en torno a la defensa de sus derechos, la construcción del barrio, la reclamación de la Casa Vivero y la construcción de comunidad. Advierten la necesidad de seguir con los más jóvenes para que el trabajo continúe e insistir sobre las garantías de no repetición para que se salve la siguiente generación. Dentro de las máximas acuñadas en el taller de tejido se destaca; "¡Tejer la memoria, la esperanza, la convivencia, el diálogo, la tolerancia, y LA PAZ!" como un significado adquirido. En la experiencia museológica, se dará cuenta de la historia de la Casa Vivero y recreará para el público asistente a la experiencia, divisas sensaciones y reflexiones. Todos los contenidos fueron el resultado de los talleres de memoria y los recorridos territoriales. La memoria permite indicar desde una experiencia local, como es nuestro caso, la importancia de la legitimación simbólica de los reclamos de los dolientes y los modos en que la memoria histórica media en las relaciones de los individuos con el presente y sus posiciones frente al dolor, y la violencia; pero también frente a la paz, la reconciliación y las Garantías de No Repetición. Este proyecto ha permitido entender que lo que pasó no se puede olvidar, que nombrar a los seres que se perdieron, sana el dolor , pero lo más importante visibilizar una historia que si no se da a conocer hay más riesgo de que se repita. Precisamente a las Garantías de No Repetición es a lo que apunta la comunidad con este proyecto, (Tomado del testimonio de varios líderes participantes del proyecto). Es necesario continuar con la transmisión y preservación de la memoria histórica de las víctimas, la cual se ha visto en riesgo, aún en la actualidad dada la existencia de un conflicto armado que esperamos que termine con la implementación de los Acuerdos o con nuevos Acuerdos entre el Gobierna Nacional y Las FARC.
+Encuesta Museo Casa de la Memoria. 1. ¿Cuáles son los imaginarios que han ido encontrando? Fue común encontrar en los talleres o al finalizar cada recorrido, personas que han sido cercanas al conflicto armado, personas en situación de desplazados o víctimas de diversos hechos victimizantes. Los participantes abiertamente compartían con sus compañeros sus historias de vida o lo que recordaban de cómo lograron superar sus momentos más difíciles, asociados a la guerra, siempre encontrando aliados solidarios que les brindaron palabras de fortaleza y comprensión. Aquí el imaginario supone la necesidad de facilitar la creación de redes de apoyo que de cierta forma aporten a la superación de duelos y en algunos casos de condiciones de vulnerabilidad. En este momento los imaginarios de esta comunidad de Pinares de Oriente, están cargados de sueños y quieren contar a muchas personas que Casa Vivero, es un espacio que genera nuevas esperanzas y desde allí se construye nación, se construye tejido social y resistencia. Este ejercicio no es una narrativa sobre un pasado remoto, sino todo lo contrario, se hace visible a partir de una realidad anclada en el presente. Lejos de pretender hacer un cuerpo de verdades cerradas, quiere ser un elemento de reflexión para toda la comunidad aledaña a la Casa Vivero. Las personas han venido relacionando en los talleres a partir de su propia experiencia, que los imaginarios no son otra cosa que derechos, como el derecho a una vivienda digna, a permanecer en el territorio y a planearlo entre todos. 2. ¿Cómo se han mantenido? ¿Cómo se han transformado? Varios de los participantes son líderes comunales o pertenecientes a diversas organizaciones, algunos se han vuelto hábiles en el uso de mecanismos de participación ciudadana como tutelas y derechos de petición. Pero también han aprendido a trabajar en grupo para sumar en capital social y lograr reconocimiento en las acciones conjuntas; marchas, plantones y acciones colectivas convencionales y no convencionales, rituales o actos simbólicos son prácticas que llevan a cabo para lograr ser tenidos en cuenta y, en cierta medida, ser escuchados. Los imaginarios de vida en paz se han venido transformando sin lugar a dudas en relatos de vida, relatos de lucha, relatos de sobrevivencia, de resistencia; pero sobretodo en acciones colectivas. 
+Ejercicios de memoria histórica como el que se realizó en Casa Vivero Jairo Maya, ha permitido que se le de voz y rostro a muchas víctimas del conflicto que con el paso del tiempo van siendo olvidadas por las instituciones, pero también se resignifican algunos lugares de resistencia en el territorio y que son referentes de memoria para la comunidad. 3. ¿Cuáles son los imaginarios que aportan a la construcción de paz? Son aquellos que permiten construir espacios para el intercambio de saberes, miradas, y valores culturales, ya que la interculturalidad es una forma de relacionarse con el otro y de buscar escenarios de paz. Los relatos de los participantes dejan ver que las transformaciones vitales que han afrontado estas personas les ha permitido participar de manera activa en el proceso de construcción de colectiva de la colcha de retazos, (producto final de este ejercicio), lo cual es un móvil para evidenciar lo que ha ocurrido en la Casa Vivero Jairo Maya y esto aporta a que no se vuelva a repetir dicha situación dolorosa de otrora. Solo si como comunidad se comprende, hasta donde sea posible, la complejidad del conflicto, con su contexto de motivos, objetivos y lógicas de los actores, es posible encontrar el camino hacia la paz. 4. ¿Qué imaginarios conjuntos se podrían construir? Es necesario encontrar y fortalecer las confianzas entre las organizaciones, es necesario garantizar el diálogo de comuna. Jairo Maya El imaginario de paz que se propone construir es aquel que acompañe a las comunidades en su accionar político encaminado a transformar las difíciles situaciones socio-económicas que ellas enfrentan. Es urgente seguir ganando espacios de participación, la Ley de Víctimas es un buen ejemplo de cómo lograr incidencia en contra de las mayores oposiciones. Se debe seguir propiciando el dialogo intergeneracional en las comunidades y el apoyo en los procesos de tipo artístico a través de la música, el teatro y la danza y las manualidades, como elementos integradores de paz y reconciliación para las todas las generaciones. Los imaginarios de vida en paz solo serán posibles si logran terminar convirtiéndose en un escenario donde las comunidades encuentran posibilidades de elaboración colectiva de duelos y formas de resistencia al olvido. Hallazgos, estructuras, fisuras, continuidades e hitos Estructuras: Empobrecimiento de la población, la injusticia y desigualdad, que se convierte en el día a día de la ciudad. la profunda No es casualidad que muchas de las historias y relatos de los participantes, tengan en común una violencia ligada a la violencia y a la exclusión, antes y después de los hechos de victimización, son familias de escasos recursos, algunas de origen campesino que en algún momento ellas o sus padres fueron desplazadas, enfrentándose a cambiantes formas de violencia en los territorios que ahora ocupan. Continuidades: Las historias de vida y los testimonios, quizá no permitan una idea general o analítica del conflicto armado; pero sí son una imagen del mismo. Contar una y otra vez lo ocurrido, como es el caso de las Madres de Villatina, puede ser doloroso, pero es una forma de dignificación de estas madres hacia sus hijos. También es una forma de resignificar la vida y no caer en el olvido o peor aún, en la indiferencia y la indolencia social. Hitos: Para nadie es un secreto que la comuna 8 se ha visto inmersa en dinámicas asociadas o todas las formas de victimización; donde matar, desplazar, reclutar, violar y, en todo caso, aterrorizar a los pobladores no ha sido un accidente, ni un daño imprevisto. Ha sido parte de las estrategias de los diferentes grupos que operaron en la zona, cada uno con sus competencias por controlar los territorios y las actividades económicas que allí se desarrollaron y se desarrollan. Por ello es necesario comenzar a visibilizar la ocurrencia del conflicto en la ciudad para poder empezar a construir la paz, esa invisibilidad de la guerra se expresa en los reclutamientos de menores, muy comunes en la comuna 8, que han quedado camuflados en medio de las otras violencias. Muchos de los asesinatos que ocurren allí, con frecuencia son atribuidos a conflictos entre particulares, o a ajustes de cuentas de la delincuencia común, o al narcotráfico. Por ello es necesario recuperar la indignación que produce la degradación del conflicto y oponerse a la idea de que la guerra es un estado natural y que durará para siempre. ¿Qué hallazgos encontramos desde lo cultural, político, social, artístico e identitario? Las relaciones entre el desplazamiento forzado, (Hecho víctimizante mayoritario entre los participantes) la apropiación social del territorio y las prácticas culturales son aspectos claves en los cuáles se sustenta el presente proceso de memoria histórica, bajo la modalidad de talleres, en ellos se hizo una lectura del territorio que va de lo general a lo particular y que indica que el conflicto se manifiesta de diversas maneras, afectando no solo las tradiciones culturales, sino también las formas de relacionarse de las personas, los imaginarios e incluso los proyectos de vida. Se observa como el conflicto armado ha cambiado los conceptos de ruralidad y ciudadanía, como atomiza a las comunidades y crea un nuevo tipo de individuos que luchan por sobrevivir. Así emergen nuevos modelos de desarrollo a pequeña escala como las huertas comunitarias, en espacios compartidos con la construcción de viviendas, que se han convertido, con el paso del tiempo, en territorios apropiados por las comunidades y de los cuales ellos se sienten y son dueños legítimos.

ReD.txt

@@ -0,0 +1,7 @@
+Este informe es el resultado de la investigación sobre las prácticas de justicia comunitaria en los municipios de Arauca, Fortul, Tame y Saravena (estos tres últimos de la región del Sarare) en el departamento de Arauca, y los municipios de Cúcuta y Sardinata (la entrada al Catatumbo) en Norte de Santander. La investigación se realizó sobre la base del diálogo como metodología. Entendemos el diálogo como un espacio, una estrategia y un tiempo: • • Un espacio donde los entrevistados —individualmente o en grupo— buscan las palabras para narrar sus necesidades, intereses y experiencias, y exploran las posibilidades de promover la construcción de Estado de derecho en el contexto del conflicto armado en el que viven. Una estrategia de enseñanza y aprendizaje: «(…) un diálogo reflexivo, crítico y creativo, que se apoya en la experiencia informal (…) para constituirse en un diálogo profundo, sustentado en la argumentación y la reflexión» Un tiempo, un momento para el encuentro con otras interpretaciones del mundo que rodea al entrevistador y al entrevistado; unos instantes discontinuos en los que se reconoce la común humanidad de los participantes y de las personas ausentes en torno de quienes gira la conversación. Entender y promover el diálogo como espacio, estrategia y tiempo con- cuerdan con la afirmación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) según el cual «en el diálogo no hay ganadores. Mientras que el propósito de la negociación es alcanzar un acuerdo concreto, el objetivo del diálogo es tender puentes entre las comunidades, compartir perspectivas y descubrir nuevas ideas». El diálogo con los entrevistados giró en torno de la pregunta: ¿es posible promover la construcción de Estado de derecho mediante la construcción y/o consolidación de formas de coordinación entre los distintos mecanismos de resolución de conflictos que hay en el respectivo municipio? Coordinación entre prácticas jurisdiccionales diversas: otra oportunidad para la paz de Estado de derecho se convirtió en un modo de promoverla. A continuación presentamos (1) la metodología, (2) el enfoque teórico, (3) los hallazgos y (4) las recomendaciones basadas en esta investigación. d. Metodología e instrumentos Esta investigación cualitativa buscó entender el papel y los límites de la participación comunitaria en la administración de justicia y las posibilidades que tiene dicha participación de apoyar la construcción de Estado de derecho a nivel local, cuando las prácticas comunitarias de justicia se coordinan con las prácticas estatales de impartición de justicia. La indagación se hizo en dos ciudades capitales y municipios fundamentalmente rurales de alta conflictividad. Se dialogó con operadores y funcionarios de la rama judicial del poder público y con operadores de los mecanismos de justicia comunitaria, específicamente con conciliadores de las juntas de acción comunal (JAC) y con conciliadores en equidad. Asimismo se realizó una revisión bibliográfica sobre la historia y la composición sociodemográfica de los municipios. En el diálogo con operadores se hicieron cuatro preguntas básicas:
+¿Conoce usted operadores de la otra práctica jurídica?
+¿Tiene alguna relación ellos/as?
+¿Existe alguna forma de coordinación (estable/permanente o con no) entre usted y los operadores judiciales de las otras prácticas jurídicas?
+¿Cree usted que esa coordinación —existente o no en este momento— puede servir para que todas las personas cumplan la ley y mejore la convivencia pacífica? En los textos consultados se buscó respuesta a los mismos interrogantes. Tanto en las entrevistas como en las fuentes secundarias se encontraron respuestas que relacionaban el tema objeto de investigación con el contexto en el que ocurren o no esas relaciones entre los operadores judiciales. Por tanto, se reconstruyó varias veces el marco conceptual con que se dio inicio al proyecto, sin variar la perspectiva general de la investigación. Enfoque teórico La pregunta de la investigación puede formularse en términos de hipótesis: es posible construir Estado de derecho en el nivel local, en áreas donde los grupos armados administran justicia y resuelven conflictos, según el grado de reconocimiento y las formas de colaboración que establezcan las prácticas jurisdiccionales estatales con las prácticas jurisdiccionales comunitarias. Estado de derecho Definir esta forma de Estado implica una posición ideológica y política. Desde distintas vertientes se promueve el Estado de derecho como la mejor forma de Estado y, al mismo tiempo, hay mucha divergencia acerca de las características de dicho Estado. Sin embargo, hay cinco características del Estado de derecho que lo singularizan y lo hacen reconocible: 1. El Estado de derecho es un modelo o forma de «(…) estructurar jurídica y políticamente la maquinaría institucional del Estado de acuerdo con unos valores, unos principios e instrumentos técnicos a los cuales se pretende dar realidad en la mayor medida posible»4. 2. La división del poder público: el Estado no está concentrado ni en una persona ni en una institución. Esa división del poder está consagrada en la norma de mayor categoría e importancia (la Constitución) y garantiza, además, que exista un sistema de pesos y contrapesos que impida que uno de los poderes se extralimite en sus funciones o adquiera una relevancia tal que ponga en peligro dicha división de poderes. 3. El Estado es la garantía de los derechos fundamentales: estos son derechos que tienen todas las personas por el mero hecho de ser personas o en cuanto ciudadanos con capacidad de tomar decisiones y obrar. Estos derechos son inalienables: nadie los pierde por causa alguna. Los derechos fundamentales están estipulados claramente en la Constitución Política de Colombia y en pactos y tratados internacionales tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Deben ser asumidos como derechos fundamentales aquellos cuya garantía es indispensable para la paz. 4. En el Estado de derecho, todos los poderes están sujetos a la ley y todas las leyes están sujetas a la Constitución. La Constitución, por su parte, está sujeta a su propia rigidez y a la dificultad de cambiarla que ella misma se ha impuesto. 5 Al respecto afirma Ferrajoli que en esta clase de derechos deberán estar «(…) el derecho a la vida y a la integridad personal, los derechos civiles y políticos, los derechos de libertad, pero también, en un mundo en el que sobrevivir es siempre menos un hecho natural y cada vez más un hecho artificial, los derechos sociales para la supervivencia». Agrega el mismo autor que deben ser considerados derechos fundamentales aquellos que garanticen la igualdad, es decir aquellos que protegen a las minorías y/o a los más débiles, que lo son por no ser iguales a la mayoría en algún aspecto de sus vidas o porque son, simplemente, más vulnerables. Coordinación entre prácticas jurisdiccionales diversas: otra oportunidad para la paz 5. La soberanía nacional, entendida como la capacidad y el poder que tienen las instituciones estatales para tomar decisiones. Esto implica una doble vía en el ejercicio de dicho poder: el poder del Estado limita el poder ciudadano. Las prácticas jurisdiccionales Según el glosario oficial de la rama judicial de Colombia, la acción jurisdiccional es el «derecho público de acudir a la jurisdicción y de obtener una decisión, favorable o desfavorable, como culminación del proceso y la disposición de ejecutar la misma». La práctica jurisdiccional es la actividad que desarrollan los operadores judiciales para resolver las pretensiones de quienes acuden a sus despachos buscando una decisión sobre casos concretos. Es la respuesta de quien ha sido solicitado para que resuelva o ayude a resolver un conflicto. Esa práctica es la que garantiza que los ciudadanos resuelvan sus diferencias mediante la intervención de un tercero. Este tercero posee un saber/poder que le permite entender, juzgar y resolver un caso determinado; además, conoce una serie de procesos y procedimientos que puede usar en cada situación que se le presenta. El saber y el conocimiento que poseen y usan los terceros no están contenidos necesariamente en las normas jurídicas, pues no todos los conflictos se resuelven aplicando las leyes vigentes. Hay conflictos que se solucionan a través de la intervención de personas no investidas de autoridad estatal que resuelven o ayudan a resolver los casos utilizando el «saber comunitario». Este saber refleja lo que la comunidad considera justo. Pero ese saber, aplicado a casos concretos, también puede ayudar a transformar lo que la comunidad considera justo. Las prácticas jurisdiccionales que se desarrollan con base en el justo comunitario son, sobre todo, prácticas con un enorme potencial de construcción de paz y de transformación social. El acceso a la justicia Desde un enfoque de derechos, la acción y la práctica jurisdiccionales (la de los funcionarios de la rama judicial y la de los particulares que resuelven casos usando el justo comunitario) constituyen una parte importante del acceso a la justicia. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), «el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones»
+Pero el acceso a la justicia no es solo un derecho consagrado en las normas. Es también un hecho que ocurre cuando las personas acuden a alguna instancia jurisdiccional para defender derechos legal o socialmente reconocidos. Para que se pueda ejercer ese derecho mediante este tipo de prácticas es necesario que la persona identifique sus necesidades jurídicas, conozca sus derechos, sepa cuál es la instancia jurisdiccional más adecuada y pueda usar el procedimiento correcto para satisfacer sus requerimientos jurídicos y defender sus derechos. La existencia y la práctica del derecho de acceso a la justicia constituyen el punto de encuentro de los dos conceptos contenidos en la hipótesis de esta investigación. Este derecho/garantía es un principio del Estado de derecho y puede ejercerse ante distintas instancias, no solo estatales, y mediante diferentes saberes, no siempre avalados como saber jurídico legal. La coordinación entre estas dos prácticas jurisdiccionales en zonas de conflicto armado efectivamente amplía y mejora las posibilidades de ejercer el derecho de acceso a la justicia, sobre todo a la justicia no articulada a los actores armados. Al mejorar el acceso a la justicia se construye Estado de derecho. Promover dicha construcción es factible porque, como se observa a continuación, en Arauca y Norte de Santander ya hay esfuerzos en ese sentido. Por tanto, se puede entender lo que allí ocurre en términos de ampliación del acceso a la justicia como mecanismo de construcción del Estado de derecho en el nivel local gracias a que los mismos pobladores lo ejercen y lo explican. Hallazgos en Arauca y Norte de Santander Con base en el trabajo de campo realizado se puede afirmar que el Estado social de derecho en zonas de conflicto armado es disfuncional y uno de los factores primordiales es el precario sistema local de justicia formal. El desempeño de la justicia formal local es una forma de medir la construcción de Estado por dos razones. En primer lugar, porque la justicia es un componente central del Estado y del poder político, así como un factor esencial en la definición y solución de los conflictos sociales e institucionales. En segundo lugar, porque la justicia es parte esencial de la capacidad del Estado para someter a los actores que lo desafían. En aquellos territorios donde la justicia opera y los jueces (particularmente los jueces penales), apoyados por la fiscalía, son capaces de judicializar no solo a los actores de las organizaciones delincuenciales (guerrilla, paramilitares, bacrim, etc.), sino también a «hombres fuertes» que cometen delitos (gamonales, terratenientes, palmeros, caciques políticos, etc.), existe una institucionalidad estatal operante.
+Coordinación entre prácticas jurisdiccionales diversas: otra oportunidad para la paz Si la justicia estatal formal no opera en estas zonas de conflicto, ¿quién hace justicia? En algunos municipios como Sardinata (Norte de Santander) o en la región del Sarare (Arauca) se ha iniciado el programa de «sistemas locales de justicia»; en otros, como el municipio de Arauca, se están buscando los recursos financieros para implementarlo. Sin embargo, es importante resaltar que la mayoría de las personas recurre a los grupos armados ilegales, particularmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hace presencia en estas zonas. En el caso de Sardinata, durante muchos años los grupos armados ilegales fueron los administradores de justicia. Resolvían conflictos intrafamiliares, disputas de linderos, problemas entre vecinos y delitos y contravenciones. No obstante, la ofensiva del ejército regular y las disputas entre los grupos por el control territorial ocasionaron que abandonaran la labor jurisdiccional. Por esta razón, ahora que ha disminuido la injerencia de los grupos armados en la resolución de conflictos, se creó un vacío de poder más o menos absoluto en el cual los pobladores no cuentan ni con las instancias jurisdiccionales estatales ni con la presencia de los armados para que resuelvan o medien los conflictos cotidianos. En esas condiciones, algunas comunidades han creado sus propios instrumentos, instancias y prácticas jurídicas para resolver sus conflictos; así, los comités de conciliación de las JAC asumen la tarea de resolver conflictos. Lo hacen para evitar que los armados se legitimen una vez más con base en su papel de solucionadores de conflictos y porque entienden que la cercanía geográfica implica una mayor necesidad de diferenciación y distanciamiento políticos. Lo hacen también porque no existen otros mecanismos de acceso a la justicia y porque entienden que quien administra justicia es quien construye Estado. En esas tareas de construir Estado, administrar justicia, resolver pacíficamente los conflictos y generar convivencia pacífica han contado con el apoyo de organizaciones internacionales e instituciones del orden nacional, regional y local, incluso con el apoyo de funcionarios públicos que han respetado el proceso y los logros obtenidos. De manera similar, los conciliadores de las JAC y los conciliadores en equidad que desarrollan el sistema local de justicia son la principal autoridad jurisdiccional en el Sarare, pues son los únicos que gozan de legitimidad entre todos los actores en el territorio. Al mismo tiempo, se convierten casi en la única figura que puede construir Estado social de derecho. La justicia estatal formal, como los jueces y fiscales, tiene restringido el acceso a las zonas rurales con alta presencia del ELN. Incluso en los cascos urbanos, casi todos los funcionarios judiciales toman precauciones y/o tienen esquemas de seguridad proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las instituciones y los funcionarios de la justicia administrativa tienen menos restricciones, pero tampoco pueden movilizarse sin una especie de autorización o pacto de respeto mutuo con el ELN. Lo único cierto es que unos y otros respaldan —de manera desigual— el trabajo que hacen los conciliadores de las JAC y los conciliadores en equidad. Igualmente respaldan (o al menos respetan) los proyectos de formación ciudadana, construcción de paz y/o sistemas locales de justicia que se desarrollan en las zonas. Eso convierte a estos operadores judiciales comunitarios en quienes más y mejores posibilidades tienen de garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia. Y, además, les confiere un nivel de liderazgo para construir tanto la paz cotidiana —porque resuelven conflictos no relacionados con la confrontación armada— como la paz política y la convivencia ciudadana. Así, la conciliación en equidad en el Sarare se está convirtiendo en un mecanismo y una práctica jurídica que permite construir Estado de derecho en la medida en que amplía y mejora las condiciones de acceso a la justicia, al tiempo que aporta a la superación del conflicto armado o, al menos, hace innecesaria la acción jurisdiccional de los ejércitos. Pero lo anterior sería imposible si no existieran los niveles y formas de coordinación que se han construido entre las autoridades estatales y los conciliadores. Esa coordinación se expresa en el conocimiento mutuo entre los operadores jurisdiccionales, el conocimiento que cada uno tiene del saber y de la lógica jurídica con que opera el otro, y el respaldo que se brindan entre sí. Si la justicia comunitaria es la única que provee justicia en estas zonas, lo más útil sería fortalecer y articular estos mecanismos con la justicia estatal formal. No obstante, la mayoría de los funcionarios de la rama judicial no conoce del enfoque, las características y la utilidad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (Masc), y quienes mostraron mayor interés en tales mecanismos podían valorarlos únicamente en función de la descongestión de los despachos judiciales. Solo en el municipio de Arauca hubo un gran reconocimiento de dicho mecanismo y de la labor que desempeña, ya sea porque los entrevistados fueron conciliadores en alguna oportunidad, porque en otros municipios donde trabajaron funcionaban las casas de justicia o porque recibieron formación sobre dicha temática. Sin embargo, en este municipio no hay casas de justicia, jueces de paz, ni conciliadores en equidad; por ello, la conciliación se remite al centro de conciliación, arbitraje y amigable composición Arco (organización privada), al consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia y al centro de conciliación de la Cámara de Comercio. Incluso, entre esos mismos centros de conciliación Coordinación entre prácticas jurisdiccionales diversas: otra oportunidad para la paz existe una división de funciones y temáticas. No obstante, uno de los jueces señaló que «es una pérdida que no haya conciliadores en equidad en el municipio, porque esto contribuiría a los mecanismos alternativos de solución de conflictos». En Cúcuta, los operadores de justicia comunitaria no tienen ninguna comunicación o articulación con los funcionarios de la rama judicial. A pesar de que con muchos tienen una relación personal, saben quiénes son y cuáles son sus funciones en el ámbito laboral, cada uno se dedica exclusivamente a su tarea. La única relación existente es con las actas de conciliación de las partes, dado que son un requisito de procedimiento. Todos los entrevistados coinciden en que los abogados son un obstáculo para construir consensos entre las partes y, en general, en la vida cotidiana, pues en todos los casos evitan que las partes concilien. De este modo, se alimenta una especie de «subcultura litigiosa» que se caracteriza por la disposición a la confrontación por conflictos que, en su mayoría, se podrían resolver a través del diálogo y puntos de encuentro. Esto socava la justicia formal con innumerables procesos que desgastan a las partes en tiempo y papeleo. Es tal la falta de coordinación en Cúcuta que algunos jueces reiteraron que cuando están en audiencias de conciliación les piden a los abogados que se retiren de la sala o guarden silencio, pues los apoderados no permiten conciliar y prefieren el litigio que les permite ejercer su trabajo y devengar honorarios. Lo anterior crea el círculo vicioso de la producción y reproducción cultural que no encuentra cómo articularse con vías de resolución pacífica de conflictos que aporten al desarrollo y a la construcción de paz y, en cambio, le queda fácil articularse con la cultura de la violencia y, probablemente, con las prácticas de justicia de los grupos armados. El índice de litigios repercute en el mantenimiento del conflicto armado, pues tanto la confrontación como la «cultura litigiosa» son manifestación de ideas, comportamientos y prácticas conflictuales que impiden la resolución pacífica de los pleitos. Recomendaciones A lo largo de la investigación reconfirmamos que la cultura cumple un rol fundamental, tanto en la posibilidad de establecer Masc, así como en el diálogo entre la justicia formal y la justicia comunitaria para construir Estado social de derecho, ya que los Masc y su coordinación con la justicia formal dependen de la disposición de las personas a creer en la conciliación como un camino viable para resolver los conflictos. A continuación se enumeran seis recomendaciones para avanzar en esta dirección: Es necesario profundizar la coordinación y capacitación continua de los operadores de la justicia estatal y de la justicia comunitaria. Los sistemas locales de justicia pueden ser un camino acertado para garantizar el acceso a la justicia de manera integral y complementaria. Dicha coordinación debe basarse en el reconocimiento mutuo entre los diferentes operadores de justicia del saber y la lógica jurídica con que opera el otro y en el respaldo que se pueden brindan entre sí. Es fundamental que las universidades incluyan en las carreras de Derecho un área de formación en los Masc; esto permitiría reconocer que los Masc ofrecen la oportunidad de construir una cultura de la conciliación en la que las personas pueden ponerse de acuerdo sin tener que llegar a la confrontación o a un largo periodo de litigio. «La conciliación tiene que ser vista como una forma de ser de la sociedad colombiana». El trabajo coordinado con los conciliadores puede contribuir a que la justicia formal haga presencia en zonas alejadas y de conflicto —donde no cuenta con la legitimidad, los recursos o el conocimiento para operar—, lo que contribuye a la descongestión de los procesos judiciales y les brinda un servicio más ágil a los usuarios. No obstante, la descongestión de la rama judicial debe ser vista como una consecuencia positiva de la implementación de estos mecanismos y no como la razón de su promoción. Las casas de justicia deben fortalecerse y promoverse porque contribuyen a la coordinación eficaz de los diferentes operadores de justicia, pues el compartir un espacio físico facilita el diálogo y el intercambio de conocimiento a través de conversaciones formales e informales. Allí se establecen mejores canales de comunicación y se generan rutas de atención con todos los operadores de justicia local. Se debe iniciar una labor pedagógica con el propósito de que los ciudadanos en general y los operadores de justicia —en su mayoría abogados— conozcan la importancia y utilidad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos; de este modo, se puede fomentar la cultura de la conciliación. Es urgente crear una red de prácticas comunitarias de justicia para fortalecer los procesos de formación y fortalecimiento de los operadores de justicia comunitaria. Ahora, tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc-EP, cuando el Estado ha prometido llegar a las comunidades, no se les puede fallar. La oportunidad de reconstruir la confianza entre los territorios y el Estado, lo que en el acuerdo se denomina «paz territorial», pasa por armonizar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los territorios con la oferta de justicia formal que hace el Estado de derecho para garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional. Fortalecer las prácticas comunitarias de justicia a través de una red en zonas de confrontación es la manera más económica y más eficiente para avanzar con rapidez en la construcción de un Estado de derecho en el que todos los ciudadanos tengan acceso a un tercero que resuelva los conflictos de manera imparcial. Autores del Equipo ReD César Torres: Consultor internacional en temas de educación para la paz, justicia restaurativa, justicia transicional y justicia comunitaria. Recientemente ha trabajado con el Banco Mundial, Sec-Dev Group de Canadá, Just Governance de Canadá, la Fundación Heinrich Böll y One Earth Future Foundation, entre otras. Integrante de Rodeemos el Diálogo y autor de varias publicaciones sobre acceso a la justicia, justicia alternativa y los jueces de paz. Es coautor del Cuadernos de ReD 2: Justicia ordinaria y justicia comunitaria en la transición de la guerra a la paz: ¿Es deseable y posible apoyar la construcción de un Estado de derecho en Colombia a nivel local con base en el diálogo entre distintas formas de administrar justicia? Andrei Gómez-Suárez: Cofundador de Rodeemos el Diálogo. Honorary Senior Research Associate del Instituto de las Américas de la Universidad Colegio de Londres. Ha sido investigador asociado en justicia transicional en el Centro de Criminología de la Universidad de Oxford y en procesos de paz en el Centro de Justicia y Seguridad de la Universidad de Sussex, y consultor para el Centro Nacional de Memoria Histórica, Conciliation Resources, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Organización Internacional para las Migraciones y Viva la Ciudadanía. Es autor de los libros Genocidio, geopolítica y redes transnacionales: una con-textualización de la destrucción de la Unión Patriótica en Colombia (Ediciones Uniandes, 2018) y El triunfo del No: la paradoja emocional detrás del plebiscito (Ícono Editorial, 2016).

Red_Cauca.txt

@@ -0,0 +1,53 @@
+En 1991 se produjo un primer paro organizado por el recientemente creado Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).
+Tendencia que tuvo su expresión máxima en el gran paro del macizo realizado entre el 1 y el 26 de noviembre de 1999.
+Esa movilización contó con una amplia convergencia de organizaciones sociales y movimientos populares, y el respaldo de instituciones, incluyendo alcaldías, y diferentes sectores sociales del departamento.
+Entre el 30 de mayo y el 5 de junio de ese año el movimiento indígena, dirigido por el CRIC, había efectuado un control de la Panamericana por cerca de nueve días hasta lograr plasmar en el decreto 982 el compromiso de solución de sus reivindicaciones.
+Entre ellas, el reconocimiento del resguardo La María en Piendamó, como Territorio de Paz y Convivencia.
+La creación del Bloque Social Alternativo fue otro de los resultados de la unidad de parte de quienes intervinieron en este proceso.
+En el primer trimestre de este año los movimientos sociales, encabezados por el CRIC, CNA, CIMA, ORDEURCA, FENSUAGRO, Asociación Nacional de Reservas Campesinas y Marcha patriótica, llevaron a cabo una movilización que reeditó la toma de la panamericana efectuada al terminar el siglo XX.
+Los puntos centrales de las demandas fueron el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la movilización de 2017.
+Los movimientos campesinos y afrodescendientes reclamaban para sí su reconocimiento como sujetos de derechos y la obtención de tierras para garantizar su razón de ser como campesinos.
+Los sitios de bloqueo se produjeron en Morales, Patico, El Cairo San Francisco/Suárez, Totoró, Inzá, Páez, El Túnel, Panamericana y Párraga.
+Ya en las primeras declaraciones, el entrante Ministro de defensa, había calificado la protesta social como asociada con el narcotráfico.
+Consecuente con ello, en diferentes oportunidades intentaron neutralizar la movilización con acciones militares.
+Es inevitable hacer mención de la reacción de sectores sociales y empresariales de la élite payanesa cuya respuesta fue la criminalización de la protesta social y exigir su terminación por la vía violenta; si fuera necesario.
+En varias oportunidades, propiciaron la creación de una especie de hordas salvajes que llegaron hasta las sedes del CRIC y del CIMA intentando destruirlas
+La presión nacional e internacional obligó a la protección de estos espacios; decisión que posibilitó frustrar amenazas mucho más radicales.
+No es irrelevante que organizaciones campesinas como el CRIC, el CIMA, ORDEURCA, y CNA Cauca, convergieran en la movilización social con, PUPSOC, FENSUAGRO y Marcha Patriótica.
+La filtración de documentos internos del ejército que darían pie a unos nuevos “falsos positivos”, y la de órdenes superiores para asesinar a un reincorporado de las FARC, así lo indican.
+El 21 de noviembre identificado como 21N, fue convocado como paro nacional por las centrales obreras y movimientos indígenas, campesinos, profesorales y estudiantiles.
+La movilización “un canto por Colombia” del domingo 8 de diciembre fue la confirmación de que hay nuevos signos hacia la transformación social.
+A la respuesta autoritaria y dilatoria del régimen y a la criminalización de la protesta social, el pueblo les responde con todo lo que espera sea el anuncio de la nueva sociedad que está dispuesto a construir.
+El trato del gobierno nacional a la movilización social fue su criminalización desde antes de haberse producido.
+Al parecer, una acción premeditada que justificaría los desmanes producidos al finalizar las movilizaciones de ese primer día de paro. Contradictorio con la fuerza crea va que recorrió al país en sus diferentes expresiones.
+Lo único que pudiera cambiar ésta tendencia es la continuidad de las acciones innovadoras que se produjeron desde la noche del 21N.
+La dinámica del movimiento es tal que la muerte de Dylan Cruz producida por la acción del ESMAD el día 23 de noviembre fue respondida con acciones diarias y de diferente tipo y con el paro nacional del pasado 27 de noviembre y 4 de diciembre.
+El departamento del Cauca es uno de los que con mayor crudeza ha padecido los impactos del conflicto armado a lo largo de más de 60 años.
+Diferentes frentes de las FARC tuvieron control de territorio en gran parte de las zonas en que está dividido.
+El EPL también la tuvo desde ese período hasta su desmovilización con los acuerdos efectuados con los gobiernos de Barco y Gaviria.
+El M-19 estuvo en esta región hasta las negociaciones con el gobierno de Barco, efectuadas en Santo Domingo, Tacueyó, municipio de Toribío.
+Territorio en que también operó una disidencia de las Farc, el Ricardo Franco, reconocido por la masacre de cientos de compañeros suyos de militancia.
+El reducto del M-19, la Columna Jaime Bateman Cayón, tuvo aquí su presencia y su exención.
+El Grupo Armado Quintín Lame fue una forma de autoprotección indígena, pero llegó, incluso, a ser parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar.
+En síntesis, la mayor parte de organizaciones guerrilleras tuvieron campamentos o asentamientos en el Cauca.
+Por eso, los Acuerdos de la Habana crearon la esperanza de caminar hacia una sociedad en paz.
+Hacia el mes de agosto se registró la alarma entre los pobladores de Argelia, Balboa y Patia por la inminencia de la llegada a esa región de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo.
+El hecho de mayor relevancia en la región y en todo el país, fue la masacre de Suárez contra una candidata a la alcaldía y su comitiva.
+Atribuida a las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, da cuenta del control que pretenden obtener de esta zona tanto en el plano militar como en el político.
+En varios municipios del departamento se efectuaron amenazas y la situación volvió a asemejarse a las que se habían vivido anteriormente.
+Las confrontaciones en este municipio, y en Buenos Aires, entre el ejército y estas organizaciones y las de ellas entre sí, produjeron desplazamientos en varias zonas.
+La agudización de la violencia en el Norte del Cauca tuvo otro hecho doloroso por la masacre en que murió la gobernadora 
+Del total de homicidios en el departamento del Cauca 59 pertenecen a mujeres lo que representa 8.03 % del total, lo anterior da cuenta de un crecimiento de la violencia en contra de las mujeres; muchos de estos casos obedecen al fenómeno del feminicidio y 2 casos están asociados a mujeres líderes con un rol de liderazgo social en las comunidades.
+El observatorio de la red por la vida y los derechos humanos del Cauca, Durante al año 2019, registró 734 asesinatos.
+En lo que va corrido del año se han registrado 15 masacres que dejan un total de 52 víctimas en el departamento, este fenómeno de violencia sigue en ascenso, un promedio de 3.7 masacres por trimestre, si bien el fenómeno de las masacres no es nuevo en el departamento hoy nos enfrentamos a un reciclaje de las formas de violencia en el cauca que generan miedo y zozobra en las comunidades indígenas campesinas y negras del departamento.
+En el año 2019, se registró por parte del observatorio 54 asesinatos de personas vinculadas a la variable de violencia social política. Durante el año, se documentaron 45 casos de asesinatos de líderes sociales uno más que en el año 2018. La información que se recolecta en el observatorio valida como líder social a la persona luego de ver consultado con las comunidades y ratifican su trabajo y reconocimiento de su liderazgo en el territorio. Las organizaciones más agredidas en el departamento son las comunidades indígenas, quienes a pesar de contar con procesos organizativos fuertes y consolidados, quedaron en medio de la disputa territorial, el control de grupos armados, el capital transnacional y el narcotráfico.
+Las agresiones se aumentaron, debido a que los indígenas fungen como autoridades, por lo tanto, ejercen actividades de control territorial, que chocan con los intereses ilícitos de los actores en disputa por el territorio. Las organizaciones más afectadas por asesinato de líderes sociales son las comunidades indígenas del norte del Cauca (Cric – Acin), asentadas en los municipios de Toribio, caloto y corinto. Los líderes asesinados en la mayoría de los casos pertenecían a la guardia indígena que realiza el control territorial. Por otro lado, están las víctimas de las comunidades campesinas de norte del Cauca pertenecientes a organizaciones campesinas locales, juntas de acción comunal y a organizaciones de productores integrantes de organizaciones como Fensuagro, Marcha Patriótica y el Pupsoc Es importante señalar que la violencia afectado al par do político fuerza alterna va del común.  9 ex guerrilleros en proceso de reincorporación han sido asesinados en el departamento.
+Según la DP n° 5 de 2019 de la Reddhfic era integrante activo de la Junta de Acción Comunal, de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibio ATCC, filial de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO CUT y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -COCCAM, el PUPSOC y la Coordinación Social y política Marcha Patriótica en el Cauca. Según la DP de la Reddhfic era Integrante de la Asociación Campesina Asocordillera, miembro de la Guardia Campesina, filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO - CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del SUroccidente Colombiano - PUPSOC, y de la Coordinación Social y política Marcha Patriótica. Según la DP de la Reddhfic era  Integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto - ASTRAZONACAL, filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y política Marcha Patriótica Cauca. Según la DP de la Reddhfic era Integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Mira Valle y de la Guardia Campesina del punto de control del sector el tablón (Corinto). Comunero del Resguardo de Jébala, municipio de Totoró, participaba en la Minga por la Defensa de la Vida, El Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz cumpliendo el mandato de las asambleas de la comunidad del resguardo. En una intervención de la fuerza pública (Policía/Esmad/ Ejército), Deiner es herido con arma de fuego en la zona del Tórax lo que provoca su fallecimiento. Según la DP de la Reddhfic era integrante de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia ASCAMTA, filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC y de la Coordinación Social y política Marcha Patriótica Cauca. Fue un destacado líder campesino fundador y primer presidente de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia ASCAMTA. Fue coordinador Municipal de La Red De Derechos Humanos Del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”. Posteriormente debió salir en condición de desplazado forzado del Municipio de Argelia a raíz de las amenazas del grupo paramilitar los Rastrojos y hace aproximadamente dos años había regresado al municipio.
+De acuerdo a la Red De Derechos Humanos Del Suroccidente Colombiano, Jeferson Escue fue herido con un arma letal por la fuerza pública en un hecho en el que el Escuadrón Móvil Antidisturbios y el Escuadrón Móvil de Carabineros ataca a una comunidad indígena que viene ocupando una finca ubicada en la Vereda Vista Hermosa (Resguardo de López Adentro). Se denuncia que la fuerza pública lo ataca estando herido e impide que sea atendido por lo que fallece. También se denuncia que al encontrar su cuerpo presentaba golpes y heridas con arma blanca. Líder social en su municipio donde acompañaba procesos de víctimas del conflicto. Autoridad Indígena, Secretario del Cabildo del Resguardo de Tálaga, perteneciente al municipio de Páez
+Daniel Pascuas fue forzado a salir de su vivienda del sector de Sajandí, sector Alto del Río, en el municipio de El Patia, el día 2 de noviembre de 2019, presuntamente por hombres armados quienes lo obligan a subir a su vehículo y lo llevan con rumbo desconocido.
+El vehículo fue hallado un par de horas después del rapto, en zona rural de Balboa. Su cuerpo fue encontrado el 25 de noviembre sobre la rivera del Río Capitanes en avanzado estado de descomposición por lo que aún no se ha especificado el arma usada en el hecho. Cristian Andrés Vitonás Yatacue Toribío Arma de Fuego Integrante de la Asociación Indígena Avelino Ul – Marcha Patriótica Líder de la vereda Chuscales y Coordinador de la reserva campesina de Malvasá del municipio de Totoró Observación: Reportado como desaparecido desde el 7 de diciembre y encontrado sin vida en esta fecha en el Resguardo indígena Pitayó. Presentaba disparos de arma de fuego.
+Fue reportado como desaparecido desde el 22 de diciembre y el mismo día se encuentra un carro incinerado con un cadáver calcinado. Se confirma oficialmente la identificación de la víctima el 28 de diciembre de 2019, no se especifica el arma usada en el hecho. En el año 2019 se presentaron 5 homicidios con presunta responsabilidad de agentes del estado, esta situación aún se encuentra sin esclarecerse continuado los procesos de impunidad. Por estos hechos ocurridos en el departamento es creciente la poca credibilidad y confianza de las comunidades ante la fuerza pública. Cuándo se agravan las situaciones de conflicto e ingresa el ejército a ejercer control, aumentan los miedos de la población civil.
+Para la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Corporación Comunitar y la Red por la Vida y los Derechos Humanos es importante avanzar en la visibilización de las violencias que impiden la vida digna de las mujeres en el departamento del Cauca.
+Por esta razón se presenta el presente capítulo del informe, en el que se expone la situación de violencias basadas en género en el contexto caucano, especialmente aquellas configuradas como asesinatos; homicidios todos ellos que por nuestra convicción política tratamos como presuntos feminicidios.
+El recrudecimiento de la violencia política en el norte del Cauca en 2019 deja un panorama ensombrecedor para los territorios y los procesos de mujeres. En el segundo semestre, específicamente en el mes de septiembre y octubre la violencia política en el territorio se acentúo dejando a su paso el asesinato de 3 lideresas. Dos de los tres casos tuvieron ocurrencia en Suarez, municipio que también reportó el mayor número de asesinatos de mujeres en el departamento. Los asesinatos perpetrados en este municipio evidencian el desprecio por la vida humana y las precarias condiciones con las que se cuenta a nivel territorial para adelantar de manera segura el ejercicio de la participación político-electoral.
+Así mismo en el municipio de Toribio tuvo ocurrencia el asesinato de la Autoridad ancestral Neehwe'sx del resguardo Tacueyó - Gobernadora del Resguardo de Tacueyó, hecho que también evidenció las profundas afectaciones que los actores armados generan sobre las vidas de las comunidades étnicas.

UV.txt

@@ -0,0 +1,16 @@
+¿A qué tengo derecho por ser víctima de desplazamiento forzado? Por ser víctima de desplazamiento forzado tiene derecho a ser atendido para que acceda a una ruta de atención, asistencia y reparación integral. Esa ruta tiene dos momentos: uno para la atención y asistencia, y otro para la reparación.
+Declaración Inclusión en el Registro Único de Víctimas Medidas de Retorno o Reubicación Reubicación en recepción (rural y urbano) Otras Medidas de Reparación Integral Medidas de Asistencia Reparación gradual y progresiva ¿Qué debo hacer por ser víctima de desplazamiento forzado? Si ya presentó su declaración, diríjase a cualquier punto de atención de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y pregunte por el estado de su solicitud de inclusión. Si no ha presentado la declaración, debe hacerlo ante el Ministerio Público. Acérquese a la oficina municipal de la Personería, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría siempre y cuando el desplazamiento haya ocurrido a partir del 1 de enero de 1985. ¿Cuáles son mis derechos como desplazado mientras la Unidad para las Víctimas define si me incluye o no en el Registro Único de Víctimas? Mientras se valora su declaración –hay 60 días hábiles dispuestos para dicho trámite–, usted tiene derecho a recibir atención humanitaria inmediata, a cargo de las entidades territoriales (alcaldía y/o gobernación departamental). Esa ayuda humanitaria inmediata consiste en alojamiento temporal, alimentación, aseo personal, transporte y atención en salud. La alcaldía debe entregarle artículos de alimentación básica y de aseo personal necesarios para la subsistencia de su hogar o núcleo familiar, tales como: mercado de verduras, frutas y granos equivalente a cierto número kilocalorías; un alojamiento digno para habitarlo provisionalmente mientras la situación de emergencia desaparece; cepillos de dientes, pasta dental, jabón y champú, y atención de emergencia en salud. ¿Qué pasa cuando la Unidad para las Víctimas valora mi declaración y notifica mi inclusión en el Registro Único de Víctimas? Usted accede a la atención y orientación así como a las medidas de asistencia de acuerdo con sus necesidades. Los componentes de estas medidas son: • • Salud: incluye la totalidad de las actividades, intervenciones y procedimientos en sus componentes de promoción, prevención, tratamiento físico y psicológico. Es decir, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), vacunación, atención de emergencia, medicamentos, laboratorios, imágenes diagnósticas, hospitalización, medicamentos, bancos de sangre, examen de VIH y de ETS, la atención para los derechos sexuales y reproductivos y material médico quirúrgico, entre otros. Identificación:        corresponde a la expedición de los registros civiles, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, según su edad. Así mismo, se constituye en un documento de identidad la libreta militar para hombres entre los 18 y 50 años. Educación:        consiste en el acceso a educación preescolar, básica y media. Es decir, cupos escolares hasta finalizar el bachillerato, de acuerdo con su identidad cultural, idioma y religión. Orientación        ocupacional:        es una medida orientada a la educación y formación para el trabajo, la cual está a cargo del Sena y Ministerio del Trabajo. Reunificación        familiar:        es el derecho que le asiste a una familia que ha sido víctima del conflicto armado a permanecer unida. Esta atención es brindada por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Alimentación:        hace referencia a los alimentos esenciales que cumplan con las necesidades nutricionales de cada miembro del hogar. En el marco de la atención humanitaria, su entrega está a cargo de la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través de un apoyo económico y de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima. Este componente, más el de alojamiento constituye la atención humanitaria. Alojamiento        temporal:        corresponde al alojamiento temporal ubicado en un lugar digno y seguro, lejos de zonas de riesgos naturales y con acceso a servicios públicos (agua, luz, alcantarillado y recolección de basuras). En el marco de la atención humanitaria, su entrega está a cargo de la Unidad para la Víctimas. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas coordinará con las instituciones responsables las diferentes medidas de asistencia para facilitar el acceso de las víctimas a los servicios del Estado en cada una de sus necesidades. ¿Cómo hace la Unidad para las Víctimas para identificar las necesidades de mi núcleo familiar? La Unidad construye con su participación un instrumento que se llama Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral PAARI. Un profesional sostiene una conversación con usted. Esa persona, denominada “enlace”, le hará varias preguntas relacionadas con su situación personal y familiar; así identifica las fortalezas, capacidades y necesidades de su núcleo familiar. Con base en esa información lo orientará y ayudará para acceder a las medidas que usted y su núcleo familiar requieran. ¿Tengo derecho a la reparación integral como víctima de desplazamiento forzado? Claro que sí. La reparación integral es un derecho al que pueden acceder todas las víctimas. Una de las medidas de reparación para el caso del desplazamiento es el retorno o la reubicación, siempre y cuando, exista tanto voluntad de las víctimas para retornar o reubicarse, como que haya condiciones de seguridad y dignidad. Es decir, si usted no quiere regresar al lugar de donde fue desplazado, no tiene que hacerlo, puede reubicarse en un lugar distinto al que vivía antes; o si lo prefiere, quedarse en el lugar a donde llegó después que salió desplazado. Más adelante se mencionarán otras medidas de reparación existentes. ¿Qué es el Plan de Retorno o Reubicación? El Plan de Retorno busca que regrese al lugar de dónde fue desplazado para que recupere su entorno familiar, social y económico. La reubicación implica que pueda construir su proyecto de vida en un lugar distinto del que salió desplazado, e incluso en el mismo lugar al que llegó usted cuando se desplazó si así lo desea, si se siente seguro y si considera que ahí podrá reconstruir su vida y la de su familia. Cuando inicia su Plan de Retorno o Reubicación el Estado debe garantizarle como mínimo y de manera obligatoria acceso a salud, educación, alimentación, atención sicosocial, orientación ocupacional, reunificación familiar, identificación y habitabilidad. Progresivamente se buscará garantizar servicios públicos, restitución de tierras, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo y fortalecimiento de la organización social. ¿Qué otras medidas de reparación hay para quienes somos víctimas de desplazamiento? Tipo de medida Medida específica Entidad responsable Indemnización Indemnización
+Programa de acompañamiento para la inversión de los recursos
+Carta de dignificación
+Exención del servicio militar obligatorio Unidad para las Víctimas Unidad para las Víctimas Unidad para las Víctimas Ministerio de Defensa Medidas de satisfacción Verdad y Justicia Estrategia de Recuperación Emocional
+Acciones Simbólicas
+Retorno o Reubicación Tierras
+Vivienda Empleo rural y urbano Restitución Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y Centro de Memoria Histórica Unidad para las Víctimas Unidad para las Víctimas
+Unidad para las Víctimas y Departamento para la Prosperidad Social y demás instituciones nacionales y territoriales
+Unidad de Tierras
+Ministerio de Vivienda y Ministerio de Agricultura
+Ministerio de Trabajo y Ministerio de Agricultura Tipo de medida Medida específica Entidad responsable Créditos y pasivos Preferencia en carrera administrativa en caso de empate
+Psicológica - Física (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas)
+Programas de Protección Bancóldex, Finagro, Fondo Nacional de Garantías, Superintendencia Financiera, entidades territoriales
+Comisión Nacional del Servicio Civil Ministerio de Salud y de la Protección Social Unidad de Protección Restitución Rehabilitación Medidas de garantía de no repetición Nota: El acceso a las medidas a cargo de otras entidades se sujeta a las reglas de acceso que cada entidad defina de acuerdo con la normativa aplicable. ¿Tengo derecho a recibir en dinero mi indemnización? Sí, se entregará en dinero, tal como lo ordenó la Sentencia de Unificación de la Corte Constitucional SU-254 de 2013. La indemnización se irá entregando de forma preferente a los núcleos familiares de las víctimas de desplazamiento forzado que estén en proceso de retorno o reubicación. ¿Cuánto dinero recibiré como indemnización administrativa? En virtud de la Sentencia SU-254 de 2013 y el Decreto 4800 de 2011, habrá núcleos familiares que recibirán 27 smmlv y otros que recibirán 17 smmlv. ¿Qué pasa si el retorno o la reubicación que solicité no pudo darse por falta de condiciones de seguridad? También accede a la indemnización incluso en los casos en que solicitó el acompañamiento al retorno y este no pudo darse por condiciones de seguridad. ¿Qué núcleos familiares recibirán 27 smmlv? Núcleos familiares cuya fecha de desplazamiento fue anterior al 22 de abril de 2008 y fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas hasta el 22 de abril de 2010 o quienes presentaron solicitud de reparación a través del Decreto 1290 de 2008.
+¿Cómo me pagarán la indemnización? La indemnización se pagará al núcleo familiar que aparezca en el Registro Único de Víctimas. El monto de la indemnización se dividirá en forma proporcional entre los miembros del núcleo familiar. ¿Qué pasa si algún miembro de mi núcleo familiar ya recibió indemnización por otro hecho distinto al desplazamiento? Si esa persona no ha recibido un monto igual a 40 smmlv por indemnizaciones de otros hechos, podr�� recibir la parte proporcional de la indemnización que le corresponde como miembro del hogar desplazado, sin que supere el tope de los 40 salarios. En caso de que supere ese tope, no podrá recibirla; no obstante, su parte se dividirá entre los demás miembros del núcleo familiar desplazado. ¿Cuándo me pagarán la indemnización? Todos los núcleos familiares incluidos en el Registro Único de Víctimas - RUV por el hecho victimizante desplazamiento forzado tienen derecho a la indemnización. A enero de 2014, habían 6.073.453 personas registradas, de las cuales 5.368.138 corresponden a víctimas de desplazamiento forzado. Por lo tanto, la entrega de la indemnización administrativa se hará aplicando criterios de gradualidad y progresividad. Se tendrán en cuenta prioritariamente las familias que se encuentren en procesos de retorno o reubicación y también se aplicarán criterios como las necesidades de sujetos de especial protección constitucional –madre cabeza de familia, comunidades étnicas, niños, niñas y adolescentes, etc.–, tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho y vulnerabilidad del núcleo familiar, sin perjuicio de otros criterios que se consideren pertinentes en cuanto al orden para la entrega de la indemnización. No se deje engañar: usted NO necesita pagar ningún dinero a nadie para recibir su indemnización. Estos trámites son GRATUITOS. ¡La Reparación Integral es su derecho!

acnur.txt

@@ -0,0 +1,396 @@
+Participación las de víctimas Sistema Integral de Verdad, Justicia,
+ Reparación y No Repetición Presentación La satisfacción integral de los derechos de las víctimas del conflicto 
+armado es una condición necesaria para la construcción de una paz 
+estable y duradera. Las medidas y componentes que conforman el 
+Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No 
+Repetición constituyen una gran oportunidad para procesar los 
+crímenes del pasado y para garantizar los derechos de las víctimas. La exigibilidad y el amparo efectivo de los derechos humanos suponen el conocimiento sobre el contenido, los objetivos y los deberes 
+de las entidades encargadas de su protección. En consecuencia, la 
+Oficina pone a disposición de las víctimas del conflicto y sus organizaciones esta cartilla que, a través de preguntas y respuestas, 
+presenta aspectos básicos sobre la participación de las víctimas en 
+los mecanismos de justicia transicional contemplados en el Acuerdo. La Oficina aspira a que la presentación de estos contenidos sobre la
+participación de las víctimas en los mecanismos del Sistema Integral,
+contribuya a la promoción y a la protección de sus derechos. Alberto Brunori, Representante en Colombia del Alto Comisionado 
+   de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos El Acuerdo por medio del cual se estableció la Oficina en Colombia
+del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
+Humanos le otorga las siguientes funciones: 1. Observar                                    2. Asesorar
+3. Prestar cooperación técnica        4. Informar, difundir y promover En el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado entre el Gobierno 
+Nacional y las FARC-EP, se establece que la Oficina en Colombia de 
+la ONU Derechos Humanos acompañará la implementación del 
+capítulo 5 del Acuerdo relativo a los derechos de las víctimas. En 
+correspondencia con lo anterior, la Oficina continuará desarrollando actividades orientadas a promover la garantía de los derechos 
+de las víctimas en el sistema integral. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 
+Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
+La satisfacción integral de los derechos de las víctimas del conflicto 
+armado es una condición necesaria para la construcción de una paz 
+estable y duradera. Las medidas y componentes que conforman el 
+Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No 
+Repetición constituyen una gran oportunidad para procesar los 
+crímenes del pasado y para garantizar los derechos de las víctimas. La exigibilidad y el amparo efectivo de los derechos humanos suponen el conocimiento sobre el contenido, los objetivos y los deberes 
+de las entidades encargadas de su protección. En consecuencia, la 
+Oficina pone a disposición de las víctimas del conflicto y sus organizaciones esta cartilla que, a través de preguntas y respuestas, 
+presenta aspectos básicos sobre la participación de las víctimas en 
+los mecanismos de justicia transicional contemplados en el Acuerdo. La Oficina aspira a que la presentación de estos contenidos sobre la
+participación de las víctimas en los mecanismos del Sistema Integral,
+contribuya a la promoción y a la protección de sus derechos. Alberto Brunori, Representante en Colombia del Alto Comisionado 
+   de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos El Acuerdo por medio del cual se estableció la Oficina en Colombia
+del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
+Humanos le otorga las siguientes funciones: 1. Observar                                    2. Asesorar
+3. Prestar cooperación técnica        4. Informar, difundir y promover En el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado entre el Gobierno 
+Nacional y las FARC-EP, se establece que la Oficina en Colombia de 
+la ONU Derechos Humanos acompañará la implementación del 
+capítulo 5 del Acuerdo relativo a los derechos de las víctimas. En 
+correspondencia con lo anterior, la Oficina continuará desarrollando actividades orientadas a promover la garantía de los derechos 
+de las víctimas en el sistema integral. ¿Qué contiene
+esta cartilla? 1 2 3 4 ¿Qué es el Sistema Integral de Verdad,
+Justicia, Reparación y No Repetición? Derechos de las víctimas a participar en el
+Sistema Integral Elementos básicos para la participación de 
+las víctimas en el Sistema Integral Mecanismos y medidas del Sistema Integral Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad  la 
+Convivencia y la no Repetición (Comisión)
+Unidad de Búsqueda de personas dadas por 
+desaparecindas (UBPD) Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Medidas de Reparación Integral Garantías de No Repetición 5 Recomendaciones de la Oficina en Colombia 
+del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
+para los Derechos Humanos 1 ¿Qué es el Sistema Integral de Verdad,
+Justicia, Reparación y No Repetición? El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera creó el Sistema 
+Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
+conformado por los siguientes mecanismos y medidas: Mecanismo judicial Jurisdicción 
+  Especial para  
+la Paz (JEP) Medidas
+          de 
+     Reparación
+             Integral Sistema Integral 
+de Verdad, 
+Justicia,
+ Reparación y No 
+Repetición
+(SIVJRNR) Garantías de 
+No Repetición Unidad de 
+      Búsqueda de 
+          Personas 
+           dadas por
+          Desaparecidas
+                (UBDP) Mecanismo 
+no judicial Comisión para el           
+Esclarecimiento de la    
+Verdad  la Convivencia y 
+la no Repetición Mecanismo no judicial El Sistema Integral fue incorporado en la Constitución Política de 
+Colombia dentro de la estructura del Estado, con independencia 
+de las ramas del poder público. 4 2 Derechos de las víctimas a participar en el
+Sistema Integral ¿ Tienen derecho las víctimas a 
+participar en los mecanismos 
+que se adopten en la Justicia 
+Transicional ? Sí. Las víctimas de violaciones de los derechos humanos e 
+infracciones al derecho humanitario ocurridas en el marco de 
+un conflicto armado tienen el derecho a participar en las 
+medidas de Justicia Transicional que buscan esclarecer y 
+procesar los hechos del conflicto, favorecer la rendición de 
+cuentas, reparar los daños individuales y colectivos sufridos 
+por las víctimas y la sociedad en general y fomentar reformas 
+que impidan la repetición de los hechos. ¿ Cómo pueden participar las 
+víctimas en los mecanismos 
+de Justicia Transicional ? Pueden acudir directamente a dichas entidades. Más adelante, podrán conocer las oportunidades y los procedimientos 
+para ejercer su derecho a la participación y la forma en la 
+que pueden contribuir en cada uno de los mecanismos. La participación de las víctimas y sus familiares es una 
+condición esencial en la implementación de medidas de 
+justicia transicional y por tanto tienen derecho a participar en todos los mecanismos/componentes del Sistema 
+Integral. 5 3 Requisitos de la política pública para promover la participación de las víctimas Los siguientes son los requisitos mínimos que debe 
+contemplar toda política encaminada a lograr la participación efectiva de las víctimas en los mecanismos 
+previstos en el Sistema Integral: Fomentar  y fortalecer la capacidad de las víctimas Las víctimas deben contar con información clara y precisa sobre los 
+                            objetivos, las posibilidades y los límites de 
+cada mecanismo. Por ello tienen derecho a obtener información sobre la gratuidad de los servicios, plazos y oportunidades de intervención. La divulgación y el acceso a la información deben considerar las cosmovisiones y las prácticas culturales propias. La participación  implica, además, impulsar procesos de 
+fortalecimiento de sus capacidades para intervenir en los 
+procesos 
+judiciales o administrativos que se surtan para 
+garantizar sus derechos. Acceso y presencia territorial Es un enfoque de los mecanismos para 
+comprender las dinámicas regionales del
+conflicto y sus impactos particulares en los 
+territorios. Dicho enfoque está orientado a  facilitar el acceso 
+de las personas y las comunidades a la oferta institucional en 
+las regiones del país. 6 Requisitos básicos para la participación de las 
+víctimas en el Sistema Integral Apoyo psicosocial Son los servicios que debe brindar el 
+Estado a las víctimas para superar o 
+mitigar los impactos emocionales y sociales 
+sufridos con ocasión de las violaciones a los derechos humanos derivados del conflicto armado. Este abordaje debe ofrecerse de manera individual, familiar o comunitaria y prestarse antes, durante y después de los procedimientos, por parte de profesionales idóneos que 
+deben contar con la experiencia y sensibilidad necesarias 
+para atender adecuadamente las afectaciones emocionales 
+y sicológicas derivadas del conflicto. Seguridad Se deben implementar acciones que 
+garanticen la participación de las víctimas 
+en los mecanismos del Sistema Integral en 
+condiciones de seguridad y dignidad. Esa protección debe brindarse a nivel personal, colectivo y sobre la información que poseen. De forma especial, se deberán contemplar 
+medidas de prevención y protección frente a los riesgos que 
+se generan por rendir declaraciones o testimonios. 7 Requisitos básicos para la participación de las 
+víctimas en el Sistema Integral Intervención en los procedimientos judiciales Las víctimas están facultadas para 
+participar directamente en el proceso 
+penal de la Jurisdicción Especial para la 
+Paz (JEP) como intervinientes especiales. Por ello, pueden 
+aportar información sobre hechos y presuntos responsables 
+y tienen el derecho a interponer los recursos judiciales pertinentes  para  controvertir las decisiones  que afecten  sus derechos.  La protección de los derechos de las víctimas 
+supone asesoría jurídica y la representación judicial 
+gratuita. Enfoques diferenciales El enfoque diferencial es un principio 
+de la política pública para atender integralmente a las víctimas reconociendo que
+hay poblaciones con características particulares que son 
+afectadas de distinta manera por el conflicto armado. Por tal razón se deben diseñar estrategias para atender a 
+la 
+población víctima, en consideración a sus condiciones o 
+características étnicas (pueblos 
+indígenas, comunidades 
+afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom) etáreas, 
+de género y diversidad sexual  y capacidades diferenciales. Estos enfoques diferenciales, a su vez, deben considerar la 
+dimensión individual y colectiva de las víctimas. 8 4 Mecanismos y medidas del Sistema Integral Comisión para el Esclarecimiento de la 
+Verdad, la Convivencia y la no 
+Repetición Comisión A la Comisión le corresponde garantizar el derecho a la 
+verdad (individual y colectiva) que le asiste a las víctimas 
+y a la sociedad en su conjunto. De igual manera, 
+promover el reconocimiento de las víctimas, de los 
+responsables y generar espacios de convivencia y no 
+repetición. ¿ Cuáles son los objetivos 
+de la Comisión ? Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto armado,de sus 
+causas y efectos para ofrecer una explicación amplia de 
+la complejidad del conflicto que promueva un entendimiento compartido en la sociedad. Promover el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho; el reconocimiento voluntario de responsabilidades por parte de 
+quienes hayan participado de manera directa o 
+indirecta en el conflicto,  y en general, promover que 
+la sociedad  reconozca esas violaciones como algo 
+que debe ser rechazado y que no se debe repetir. Promover la convivencia en los territorios junto con las garantías de no repetición, teniendo en cuenta las experiencias positivas de 
+convivencia en medio de la guerra. 9 Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
+la Convivencia y la No Repetición - Comisión ¿ Pueden las víctimas y sus 
+organizaciones intervenir en 
+la Comisión y sus diferentes 
+etapas ? Sí. La Comisión debe promover una participación 
+amplia, pluralista y equilibrada de las víctimas del 
+conflicto. La Comisión deberá favorecer su intervención activa y eficaz, desde la fase de alistamiento, 
+durante el desarrollo de su mandato y en la fase de 
+seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en su informe final. Funcionamiento A partir de noviembre de 2018, cuando inicie su período de funcionamiento, la Comisión deberá garantizar 
+espacios para la participación de las víctimas y de sus 
+organizaciones a través de: 1
+2 3 Recepción de testimonios de las víctimas. Actos públicos o privados de entrega de archivos. Documentación de casos de violaciones o de 
+infracciones. 10  Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
+la Convivencia y la No Repetición - Comisión 4 5 6 Actos de reconocimiento de la dignidad de las 
+víctimas. Actos de reconocimiento de responsabilidad de 
+quienes hayan participado de manera directa o 
+indirecta en el conflicto. La presentación de propuestas de recomendaciones para que sean incluidas en el informe 
+final de la Comisión. ¿ Por cuánto tiempo 
+funcionará la Comisión ? 3 años de funcionamiento Es un período 
+improrrogable comprendido entre 
+noviembre de 2018 y noviembre de 2021. Finalizados los 3 años se creará un Comité de Seguimiento y 
+Monitoreo a la implementación de las recomendaciones en el cual participarán organizaciones de víctimas 
+y de derechos humanos. 11    Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
+la Convivencia y la No Repetición - Comisión Tanto el informe final de la Comisión como sus recomendaciones requerirán de una masiva divulgación, 
+labor en la que las víctimas y sus organizaciones 
+podrán intervenir activamente. La Comisión deberá esclarecer y promover 
+el reconocimiento de: Las prácticas y hechos violatorios de los derechos humanos o de infracciones al derecho 
+humanitario, ocurridos en el marco del 
+conflicto armado. Las responsabilidades colectivas del Estado, 
+de 
+los paramilitares, de 
+las guerrillas o 
+cualquier otro actor que haya 
+intervenido 
+directa o indirectamente en el conflicto. El 
+impacto humano y social del conflicto 
+armado, al igual que su impacto en la política. Mecanismos y medidas del Sistema Integral El contexto y las causas del conflicto, al igual 
+que los factores que contribuyeron a que se 
+Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
+prolongara por tanto tiempo.
+la Convivencia y la No Repetición - CEV
+El paramilitarismo, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la relación del 
+conflicto armado con los cultivos de uso ilícito. Los procesos de 
+fortalecimiento del 
+tejido 
+social y de transformación positiva de las 
+organizaciones e instituciones. Para contactar a la Comisión: 12 www.comisiondelaverdad.co      4 Mecanismos y medidas del Sistema Integral Unidad de Búsqueda de Personas 
+dadas por Desaparecidas en el 
+contexto y en razón del conflicto 
+armado (UBPD) La UBPD tiene el propósito de satisfacer los derechos de 
+las víctimas a la verdad y a la reparación a través de la 
+búsqueda de las personas desaparecidas en el contexto 
+y en razón del conflicto armado interno. Lo anterior, con 
+el objetivo de aliviar el sufrimiento de sus familiares. La 
+justicia penal puede seguir investigando estos casos más 
+allá del trabajo de la UBPD. ¿ Cuál es el principal 
+objetivo de la UBPD ? La UBPD deberá buscar a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado 
+para garantizar el retorno de quienes se encuentren con 
+vida, y la recuperación, identificación y entrega digna de 
+los cuerpos de quienes hubieren fallecido. La UBPD operará por 20 años. Este período podrá 
+extenderse según lo defina la Ley. 13 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
+Desaparecidas (UBPD) ¿ Qué tipo de acciones 
+adelantará la UBPD ? La UBPD realizará acciones humanitarias de: Búsqueda: Recolección y análisis de información que oriente la posible localización de 
+las personas dadas por desaparecidas. Localización: Acciones 
+orientadas 
+al 
+hallazgo de esa persona viva o muerta, (por 
+ejemplo exploración del terreno, geo-referenciación, etc.). Recuperación: Acciones 
+desplegadas 
+para el rescate de los cuerpos (exhumaciones). 
+Identi(cid:31)cación: Análisis y procesos que 
+adelantan los peritos forenses para individualizar y certificar la identidad de la persona 
+dada por desaparecida. Reencuentro con los desaparecidos 
+vivos o entrega digna: Entrega de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas que deberá hacerse de acuerdo con los 
+usos, costumbres y creencias propias de los 
+familiares o sobrevivientes. 14     Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
+Desaparecidas (UBPD) ¿ En qué momentos o espacios pueden participar las 
+víctimas en la UBPD ? La Unidad debe garantizar la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el 
+contexto y en razón  del conflicto armado en los siguientes 
+escenarios: En cada una de las fases de búsqueda: localización, recuperación, identificación y entrega 
+digna, para lo cual deberá establecer guías de 
+participación. En el diseño y puesta en marcha del plan 
+nacional de prioridades de la UBPD. En el diseño y puesta en marcha de los planes 
+regionales de búsqueda y localización. En la interlocución constante que la dirección 
+de la Unidad debe mantener con las víctimas y 
+sus organizaciones. Con la presentación de casos y de información 
+sobre personas dadas por desaparecidas. En el Consejo Asesor de la UBPD. 15      Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
+Desaparecidas (UBPD) ¿ Qué es el Consejo 
+Asesor de la UBPD ? La dirección de la UBPD tendrá un Consejo Asesor para 
+el cumplimiento de sus funciones. En este espacio tendrán 
+participación las víctimas de la siguiente manera: Un representante de la Mesa Nacional de 
+Participación de Víctimas cuyo hecho victimizante sea el delito de desaparición forzada. Dos delegados de las organizaciones de 
+víctimas de desaparición forzada escogidos 
+por ellas mismas una vez al año. Dos delegados de las organizaciones de 
+víctimas de secuestro escogidos por ellas 
+mismas una vez al año. Un delegado de las organizaciones civiles 
+con especialidad técnico-forense, escogido 
+por ellas mismas una vez al año. 16   Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
+Desaparecidas (UBPD) ¿ La UBPD puede investigar 
+a los responsables de la 
+desaparición ? No. La UBPD no procesa a los responsables de esta 
+violación porque no es una autoridad judicial. La Unidad 
+se dedicará  a la búsqueda de las personas  desaparecidas con el único fin de darles una respuesta a sus familiares y ayudarles a aliviar su angustia e incertidumbre frente 
+al  paradero  de  sus  seres  queridos. La  UBPD  es  una 
+entidad de carácter humanitario y extrajudicial. La UBPD recolectará la información y la contrastará con 
+los registros oficiales (informes de organizaciones, archivos personales, información de prensa, etc.) y no oficiales 
+para establecer el número de personas dadas por desaparecidas debido al conflicto armado. Con la participación de las víctimas la UBPD deberá implementar: Un plan nacional que establezca las prioridades para el cumplimiento de los objetivos de la 
+Unidad.
+Planes regionales de búsqueda, localización, 
+recuperación, 
+identificación 
+y 
+entrega 
+en 
+condiciones dignas. 17  Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
+Desaparecidas (UBPD) ¿ Qué pasará con la Comisión 
+de Búsqueda de Personas 
+Desparecidas (CBPD) ? La CPBD continuará funcionando y con 
+las facultades que tiene actualmente. La CPBD 
+es un organismo que tiene por fin apoyar las 
+investigaciones por el delito de desaparición forzada 
+en aquellos casos que no se relacionen con el 
+conflicto armado. En contraste, la Unidad de Búsqueda  de Personas 
+dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 
+conflicto armado es una institución de carácter humanitario y extrajudicial* que se dedicará a la búsqueda, 
+localización, recuperación, identificación y entrega. *Extrajudicial: que se hace o tramita fuera de la vía 
+judicial. En consecuencia, toda la información suministrada y la identidad de las personas que la entregan 
+serán completamente confidenciales. 
+Mecanismos y medidas del Sistema Integral Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) La JEP es el componente de justicia del SIVJRNR que 
+tiene un enfoque esencialmente restaurativo. Por consiguiente, su labor es la determinación de la responsabilidad penal de quienes participaron de manera directa o 
+indirecta en el conflicto armado con su aporte a la 
+verdad judicial y el compromiso de no repetición de los 
+hechos. ¿ Cuáles son los 
+objetivos de la JEP ? Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. Ofrecer verdad a la sociedad colombiana. Proteger los derechos de las víctimas. Contribuir a la paz. Brindarles seguridad jurídica a quienes participaron 
+       en el conflicto. La JEP funcionará inicialmente por 10 años hasta marzo de 2028. Se podrá extender por 5 años 
+más para que la JEP concluya su actividad jurisdiccional, y de ser necesario, se podrá prorrogar una vez 
+más por el mismo período. En total, 20 años. 19     Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ¿ Qué significa el 
+enfoque restaurativo 
+de la JEP ? Significa privilegiar la restauración del daño 
+causado y la reparación de las víctimas afectadas 
+por el conflicto armado También busca restaurar las relaciones afectadas por esos 
+hechos, a partir del diálogo entre víctimas y perpetradores. 
+Este enfoque, pretende atender principalmente las necesidades y las expectativas de las víctimas, más que imponer 
+sanciones que impliquen la pérdida de la libertad. ¿ Las víctimas pueden participar en el procedimiento de 
+la JEP ? Sí. Las víctimas podrán participar como un interviniente 
+especial, para garantizar sus derechos ante las diferentes 
+Salas y Secciones de la JEP. Las víctimas tienen el derecho a 
+ser reconocidas y a participar en todos los procedimientos 
+que adelante la JEP. 20 Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ¿ Cómo es el procedimiento de la JEP ? La JEP administrará justicia a partir de dos procedimientos distintos: Reconocimiento de verdad y  responsabilidad 
+(voluntario), en el que los perpetradores aportan 
+verdad plena, reconocen responsabilidad y 
+contribuyen con la reparación de las víctimas a 
+cambio de una sanción no privativa de la libertad. Procedimiento no voluntario (contencioso) para 
+quienes no reconozcan su responsabilidad, en el que 
+serán investigados y acusados por la Unidad de 
+Investigación y Acusación y si son condenados pueden 
+cumplir penas de prisión. 1 2 ¿ Qué derechos tienen 
+las víctimas en la JEP ? Las víctimas tendrán derecho a: Ser tratadas con dignidad y respeto Continúa... 21 Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ...Continúa Ser reconocidas como víctimas en el proceso. Aportar pruebas. Presentar recursos frente a las decisiones que puedan 
+afectar sus derechos. Recibir asesoría y orientación. Que les asignen un abogado para representar sus 
+intereses en el proceso de manera gratuita. Contar con acompañamiento psicológico y 
+durante el proceso. jurídico Ser informadas sobre los avances de las investigaciones 
+y los procesos. Ser informadas oportunamente sobre las audiencias e 
+intervenir en ellas. Participar en las audiencias públicas o privadas en las 
+que haya reconocimiento de verdad y responsabilidad. La dependencia de participación de víctimas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP busca promover y garantizar la participación 
+efectiva de las víctimas en condiciones de seguridad, 
+dignidad y respeto. 22        Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ¿ Cómo está 
+organizada la JEP ? La JEP es un órgano que administra justicia penal especial y 
+por tanto está integrado por funcionarios judiciales organizados en Salas, Secciones, un Tribunal para la Paz, la 
+Unidad de Investigación y Acusación y una Secretaría
+Ejecutiva, así: Tribunal
+para
+la
+Paz Sección de No Reconocimiento de 
+verdad
+Sección de Reconocimiento de 
+verdad
+Sección de Revisión de Sentencias
+Sección de Apelación
+Sección de Estabilidad y eficacia de 
+Sentencias y Resoluciones Unidad de Investigación y Acusación Salas
+de
+la
+JEP Sala de Reconocimiento de verdad 
+y responsabilidad
+Sala de Amnistía o Indulto
+Sala de Definición de Situaciones 
+Jurídicas Secretaría Ejecutiva 23 Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Las decisiones de las Salas y Secciones del Tribunal 
+para la Paz podrán ser discutidas ante la misma 
+dependencia y revisadas por la Sección de Apelaciones del Tribunal. Para garantizar la protección de 
+sus derechos fundamentales las víctimas también pueden presentar acciones de tutela frente a acciones u omisiones de los órganos de la JEP. ¿ Cómo funcionará 
+la JEP ? A través de las Salas y Secciones del Tribunal y de la Unidad 
+de Investigación y Acusación se adelantarán los procesos 
+penales en la JEP.  Debe destacarse la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad porque es allí donde las víctimas y sus organizaciones pueden presentar los informes sobre hechos relacionados con el conflicto armado. Los informes requieren un recuento de los hechos con un sólido sustento, porque la Sala puede ordenarle a la Fiscalía 
+que investigue si  los informes contienen denuncias falsas o 
+inducen en error a los magistrados. Esto puede implicar 
+sanciones penales.
+Mecanismos y medidas del Sistema Integral Medidas de reparación integral En el marco internacional se reconoce que la reparación 
+incluye medidas de: Restitución: procura que las personas afectadas 
+vuelvan al estado anterior a la violación, por ejemplo, 
+que el desplazado pueda retornar a su tierra. Indemnización: compensación económica por el daño 
+sufrido. Rehabilitación: recuperación física y psicosocial. Satisfacción: medidas que desagravien públicamente 
+a las víctimas y que reivindiquen su dignidad. Garantías de no repetición. ¿ Está prevista la reparación 
+para las víctimas en el 
+Sistema Integral ? Sí. El Acuerdo Final señala que restablecer los derechos de 
+las víctimas y transformar sus condiciones de vida es parte 
+fundamental de la construcción de la paz estable y 
+duradera; y que la satisfacción de sus derechos es uno 
+de los objetivos del Sistema Integral mediante la 
+combinación de mecanismos judiciales y extrajudiciales.     Medidas de reparación integral ¿ Cómo se puede dar 
+esa reparación ? En el marco del SIVJRNR todos quienes hayan causado daños 
+deben contribuir a repararlos y ese aporte será tenido en 
+cuenta para el tratamiento penal especial. Las contribuciones 
+deben ser materiales e integrales. Por su parte en el Acuerdo Final se fijaron unas medidas de 
+reparación integral (simbólica) para la construcción de la paz: Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad 
+          colectiva. Acciones concretas de contribución a la reparación. Medidas de reparación colectiva. Las víctimas y el Estado están llamadas a: Las víctimas: a participar activamente en el proceso de reclamación de su derecho a una reparación 
+integral, tanto en las medidas materiales como en 
+los actos de contenido simbólico. El Estado: a responder no solo a los compromisos 
+suscritos en los instrumentos internacionales sino a 
+cumplir con 
+las obligaciones establecidas en el 
+Acuerdo Final y en su reglamentación. 26   4 Mecanismos y medidas del Sistema Integral Garantías de No Repetición ¿ Qué son las garantías 
+de no repetición ? Es el derecho que le asiste a las víctimas, y a la sociedad en 
+general, de que no se vuelvan a repetir los hechos violatorios y que se superen las causas o factores que generaron el conflicto armado, como requisito fundamental 
+para la construcción de la paz. Las medidas para garantizar la no repetición de la violencia 
+pasan necesariamente por un compromiso irrestricto con 
+la promoción y el respeto de los derechos humanos. 
+Estas pueden implicar la reforma de las instituciones del 
+Estado que estuvieron comprometidas con violaciones de los 
+derechos humanos, por ejemplo, en los sectores de justicia, 
+seguridad y defensa. Las víctimas y sus organizaciones tienen mucho que 
+aportar en este proceso y deberán ser consultadas para validar las medidas de no repetición 
+y para adecuarlas a las experiencias y necesidades de las comunidades. 
+Las autoridades políticas, judiciales y administrativas comprometidas con la implementación del Acuerdo Final y del SIVJRNR a que asuman con el mayor compromiso la centralidad de las víctimas a partir de su reconocimiento como 
+sujetos de derechos,  garantizando su efectiva participación 
+en todos los mecanismos de transición y desde los diferentes 
+enfoques diferenciales. Las víctimas y a sus organizaciones a persistir en la reivindicación de sus derechos, a buscar los mejores medios para 
+dinamizar los procesos, tanto judiciales como administrativos, en los que se tomen decisiones que les conciernan y a 
+ser protagonistas en los distintos espacios en que se prevea 
+su participación. La Oficina de la ONU para los Derechos 
+Humanos reitera su disposición de acompañar a unos y otros en estos propósitos, con el 
+anhelo de contribuir a la construcción de una 
+paz estable y duradera con vigencia plena de 
+los derechos humanos

reiniciar.txt

@@ -0,0 +1,17 @@
+La Corporación REINICIAR, dentro de su proceso de apoyo a la exigibilidad de los derechos de las víctimas de la Unión Patriótica, ha emprendido diversas iniciativas en beneficio de ellas, de la reivindicación de la vida y la recuperación de la memoria. Dentro de dichas iniciativas se encuentra el Acompañamiento Psicosocial, proceso emprendido hace ya varios años, con el compromiso de otras organizaciones e instituciones sociales como el Ministerio de Interior y de Justicia, la Corporación AVRE y la Fundación Dos Mundos. El presente documento es el resultado del primer año de trabajo del equipo psicosocial de REINICIAR, que trabajó conjuntamente con gran cantidad de personas afectadas, en especial mujeres madres, esposas, compañeras permanentes, hijas e hijos de víctimas; ya que son ellas y ellos quienes generalmente han tenido el reto de reconstruir la vida, de volver a tejer lazos, de volver a abrir caminos, enfrentando la realidad y sorteando las dificultades. Las voces y las historias de las víctimas de la Unión Patriótica necesitan y tienen el derecho de contar con un lugar en la sociedad; deben ser conocidas y reconocidas por Colombia y por el mundo entero; con el fin de dibujar un rostro a la verdad y recoger un homenaje a la memoria de esos hombres y mujeres con ideales democráticos de cambio; con la esperanza de aportar a que los hechos tan crueles e inhumanos que lamentablemente rodearon la historia del movimiento político Unión Patriótica no se sigan repitiendo. De este modo, la presente cartilla tiene el propósito de recoger con una perspectiva psicosocial algunas de las voces de las víctimas, sus familiares y amigos, quienes pese al sufrimiento causado por años de violencia se han atrevido a hablar, a romper ese penoso silencio y a compartir sus tragedias, sus opiniones y sus logros, sus aprendizajes y fortalezas, mostrando que por encima del estruendoso ruido de la balas se encuentra la armónica melodía de la vida. Por supuesto lo anterior no excluye la continuación del trabajo emprendido junto con otros y otras que también han jugando un papel esencial en esta historia. Así mismo, pretendemos hacer visible el camino recorrido por la Corporación REINICIAR en su trabajo de acompañamiento psicosocial a las víctimas, con el ánimo de facilitar una mayor comprensión del proceso del que han hecho parte, ofreciendo también algunos elementos conceptuales básicos que dan razón de “qué es”, “para qué” y “por qué” el acompañamiento psicosocial.
+ENTENDIENDO JUNTOS EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
+A continuación presentaremos algunos elementos conceptuales para comprender lo que significa el acompañamiento psicosocial y a la vez contar a las víctimas, familiares, amigos y amigas y a la sociedad en general, sobre la brújula de trabajo que ha orientado al equipo psicosocial de la Corporación REINICIAR en el transcurso de este camino. La violencia como drama social La historia de la humanidad ha estado marcada por diversos hechos que han ocasionado situaciones de crisis. Estas crisis pueden presentarse a causa de factores naturales (como lo son los terremotos, los incendios, las inundaciones y muchos otros tipos de desastres naturales), pero también pueden darse por la acción directa de los seres humanos, por ejemplo en situaciones de guerra y violencia. Aunque en ambos casos existen consecuencias difíciles, ya que cambian nuestra vida, parecen acabar con nuestros sueños y en muchas ocasiones, se llevan a  nuestros seres queridos; es importante tener en cuenta que las crisis desencadenadas por otros seres humanos tienen efectos y consecuencias profundas  para las personas afectadas, así como para las posibilidades de desarrollo de las sociedades en las que suceden estos acontecimientos. El no reconocer a los otros como iguales; el no asumir que todos y todas tenemos los mismos derechos sin importar nuestra raza, condición socio-económica, nuestra inclinación o participación política; la negación de la vida, la libertad y la dignidad; la intencionalidad de hacer daño por parte de un ser humano a otro, resulta incomprensible, quebrantando todos los valores fundamentales para llevar una vida en comunidad. De esta forma, el daño que causa la violencia deja serios impactos y transformaciones en todas las dimensiones que constituyen al ser humano, dentro de las que se encuentran los aspectos físicos, sociales, políticos, culturales, económicos, psicológicos y espirituales. Bajo estas condiciones existe gran variedad de “lentes” para ver y comprender nuestra manera de actuar en la realidad, donde lo psicosocial constituye una mirada especial que no podríamos dejar de lado. ¿Qué es el acompañamiento psicosocial? Lo particular de estos “lentes” psicosociales es que permiten observar de qué manera nuestras acciones, pensamientos y sentimientos están unidos a las condiciones sociales que nos rodean, asumiendo que la sociedad hace a las personas y a la vez las personas hacen a la sociedad, no pudiendo entender lo uno sin lo otro.
+En este sentido, una perspectiva psicosocial busca entender a las personas en la relación que ellas tienen con su ambiente y cómo afecta el ambiente sus formas de pensar, de sentir y de actuar. Ahora bien, en aquellos lugares y personas que han sentido la violencia de manera prolongada y sistemática ¿Cuáles son los sentimientos que se albergan? ¿Qué es lo que ha generado esos sentimientos? ¿Cuáles son las historias, los pensamientos y los hechos que intentan explicar esa realidad? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad ante tales acontecimientos? ¿Cómo han hecho frente todas estas personas a una realidad tan dolorosa? Estas preguntas nos llevan a comprender porqué es importante contar con una mirada psicosocial de la realidad. Estas preguntas nos llevan a mirar más allá de los listados y estadísticas sobre violencia, intentando escuchar una voz que refl eje los rostros y los sueños afectados. Bajo esta perspectiva, se entiende lo psicológico como algo en esencia colectivo, donde se hace necesario tomar en cuenta el contexto y la historia de las personas y las comunidades para poderlas entender y acompañar. De esta forma, el acompañamiento psicosocial promueve el desarrollo de herramientas para continuar con la vida; para exigir una vida digna; para construir alternativas que alivien el malestar emocional causado por la violencia. Así mismo, el acompañamiento psicosocial se propone el fortalecimiento de redes sociales, con el fin de favorecer acciones organizativas, jurídicas y políticas, que tengan como horizonte la reivindicación de los derechos vulnerados y la posible transformación de la sociedad en un escenario democrático. Para finalizar, la perspectiva psicosocial busca aportar elementos para el desarrollo integral del ser humano, rescatando sus particularidades, su contexto e historia. Pero para que el reconocimiento de la integralidad del ser humano sea una realidad, se requiere de una serie de condiciones que a muchos les han sido negadas, por lo que es importante continuar emprendiendo acciones que posibiliten lograrlas.
+¿Y qué nos puede decir una mirada psicosocial sobre la historia de la Unión Patriótica? Hablar de la historia de Colombia es hablar generalmente de guerras, violencia y confl ictos interminables; es hablar de “buenos y malos” o es hablar de cómo se ha ido “desarrollando” un país con base en los intereses de unos pocos. Siendo este el drama al que muchos de nuestros coterráneos se les ha llevado a vivir, poco a poco se ha venido confi gurando una realidad en la que hablar de la historia de Colombia es hablar de una historia de inequidad social e intolerancia política. 1 Condiciones que garanticen los derechos de acceso y posibilidad de uso digno de servicios de salud, educación, alimentación, trabajo, vivienda, entre otros. Pero a la vez es importante señalar que han existido numerosas y valiosas iniciativas, que por medio de vías democráticas y no violentas le han hecho frente a estas situaciones, mostrando esa otra cara de nuestra historia donde la resistencia y la lucha social por la vida y la dignidad también han tenido un papel fundamental en la construcción de país. Así, una de las iniciativas más importantes en ese sentido fue la ocurrida en la década de los 80’s, con la creación del movimiento político Unión Patriótica como alternativa política, que reunía personas de todos los sectores sociales, ex-combatientes de las FARC-EP y de diversos partidos políticos, que se unieron con el fin de emprender acciones que tendieran a encontrar la equidad y el desarrollo de los sectores más desfavorecidos. A través del tiempo, mientras la Unión Patriótica iba siendo rápidamente exterminada, a su vez comenzaba a contar con un apoyo generalizado de amplios sectores sociales, que veían representada en ella la esperanza de alcanzar la paz y materializar el ideal democrático.
+Fueron muchos los crímenes que se cometieron, los homicidios, las desapariciones forzadas, las masacres, las torturas, el desplazamiento forzado, las amenazas, los allanamientos, las detenciones arbitrarias y las persecuciones, que se convirtieron en el pan de cada día para cientos de líderes y liderezas, para miles de familias a lo largo y ancho de todo el país. Esta situación, enmarcada por la constante y sistemática violación a los derechos humanos y a las libertades políticas, compromete directamente al Estado, ya sea por acción directa o por faltar a su deber de garantizar que todos y todas podamos disfrutar de los derechos que tenemos como seres humanos, lo cual ocasiona un daño mayor, sembrando desesperanza, impotencia e impunidad. De esta forma, el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica, como crimen de lesa humanidad, deja una triste huella imborrable en la memoria de miles de familias, de comunidades y en el país entero. Los impactos y los daños que ha ocasionado este crimen no solo afectan la participación política, la convivencia ciudadana, los lazos sociales, los valores culturales, sino que también se ve comprometida cada persona en su individualidad. Es este el tamaño del reto que tiene el Estado y sociedad en general para reconstruir los proyectos de vida truncados y encontrar el camino a la verdad, la justicia y la reparación integral. De parte de las víctimas, es de resaltar que muchas aún frente al dolor y el miedo, han construido alternativas para superar la crisis emocional, relacional, económica y política que esta situación les ha dejado. Incluso es de resaltar que además lo han hecho en medio de un contexto social y político que generalmente les excluye y les estigmatiza, intentado abandonarlas al silencio. Efectivamente, las víctimas sobrevivientes de la UP y sus familiares han guardado silencio durante años como forma de protección, aún cundo a la vez esto ha difi cultado que sus historias sean reconocidas y que cuenten con la oportunidad de desahogar tanta tristeza. En este sentido, el riesgo en todo caso es que la sociedad vaya relegando al olvido una experiencia de la cual debería aprender, para asegurar que situaciones tan difíciles no vuelvan a ocurrir afectando a otras personas solamente por el hecho de perseguir sus sueños. Teniendo en cuenta lo anterior, el acompañamiento psicosocial a las víctimas y familiares del genocidio contra la UP es esencial, ya que ellas sienten la necesidad de relatar sus experiencias, comunicar sus emociones y sentimientos, buscando un reconocimiento y una validación social de su particular experiencia del dolor. Además se hace necesario emprender y apoyar acciones que tiendan a la reivindicación de los derechos vulnerados, a la reconstrucción de las redes sociales  y de participación política, así como al rescate de la memoria histórica; ya que no solo es necesario hablar de lo ocurrido con la Unión Patriótica y sus miembros por el bienestar emocional de las víctimas y familiares, sino que además ese recordar y narrar es un derecho de importancia social, para impedir que estos hechos de barbarie y crueldad sigan ocurriendo contra un grupo o individuo. ¿Dónde está la “enfermedad”? La constitución política nos dice que Colombia es un Estado social y de derecho, lo que significa que este es un país regido por unas normas donde se reconoce que todos y todas somos iguales ante esa ley y que tenemos los mismos derechos y deberes. Además, como se trata de un Estado social, con esta misma constitución se buscaría que los intereses de las mayorías sean favorecidos sobre los de las minorías, beneficiando a las colectividades primero que a personas individuales. Más aún, se dice que Colombia es un Estado democrático, es decir que todos y todas tenemos el derecho a elegir a nuestros gobernantes y así mismo a ser elegidos para gobernar, con las garantías necesarias para ello. Todo esto nos debería favorecer a todos y todas por igual para desarrollarnos como seres humanos dignos, libres  e iguales, sin embargo la realidad es otra muy diferente; en ocasiones nada de lo anteriormente dicho tiene cumplimiento, y una expresión clara de la negación de esto es la violencia política de la cual fue víctima la UP. La violencia política la podemos entender como todos aquellos hechos que atentan contra la vida, la integridad y la libertad personal y colectiva,  producidos por el abuso de autoridad de agentes del Estado debido a motivaciones políticas. De esta forma, la violencia política representa un acontecimiento traumático para las personas y para la sociedad, debido entre otras cosas a:
+La constante vulneración a los derechos fundamentales.
+Las pocas garantías para el ejercicio pleno de los mismos.
+Los cambios en los valores de la cultura, por ejemplo, la pérdida del valor sagrado de la vida. Las formas en que se ven afectadas las relaciones entre las personas. Bajo estas condiciones se va presentando un ambiente generalizado de miedo, desconfianza e impotencia que afecta a todas las personas relacionadas con el hecho violento y que por lo tanto termina por influir en la manera como cada uno y cada una ve el mundo, como piensa, como actúa y como siente. De esta manera, estos cambios en cada una de las víctimas de la violencia socio-política son reacciones normales de los seres humanos ante cambios abruptos y violentos que se presentan en su alrededor. También es importante tener presente que cada cambio y cada reacción es única y específica para cada persona, pues no todos reaccionamos de la misma manera ante los momentos de crisis, dependiendo de la historia de vida de cada quien, del tipo de hecho violento,  de las redes sociales que tengamos, de las condiciones socio-económicas con las que contamos, de las herramientas psicológicas de afrontamiento a la crisis, entre otros factores. En todo caso, las nuevas formas de pensar, sentir y actuar que desarrollamos ante situaciones de violencia cumplen varias funciones, algunas nos protegen en cierta medida, pero también otras de ellas van deteriorando nuestra salud física, emocional y social. Un ejemplo de esto es el miedo, en un principio nos pueden proteger, ya que nos mantiene alerta para la acción; pero también si este se convierte en algo diario y generalizado nos puede impedir el sano desarrollo de nuestra vida y el de nuestras familias (el miedo se convierte en terror). De esta forma, se comprende la importancia de entender las expresiones de malestar emocional que presentan las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, dentro del entorno social y político y dentro de las historias de las víctimas. De lo contrario podría haber una comprensión equivocada que podría hacer más daño y causar mayores afectaciones de las ya existentes. Anteriormente, las reacciones de las personas en contextos de guerra y violencia sistemática eran entendidas como “enfermedades” y por lo tanto los tratamientos psicológicos se enfocaban en “curar” a las personas individualmente, dejando de lado su entorno social y político. Pero ahora, gracias al desarrollo de una mirada psicosocial más compleja para comprender la realidad, varias organizaciones sociales que intervienen en contextos de violencia reconocen que las causas del malestar no deberían tratarse “dentro” de las personas exclusivamente, sino que es necesario emprender y apoyar acciones para transformar los contextos e historias que agreden y mantienen el daño causado. En conclusión, lo extraño no es sentir miedo, rabia, dolor, tristeza, frustración, ni desesperanza; lo extraño es vivir en un medio donde la vida humana parece no tener ningún valor, donde la intolerancia política acabó con miles de sueños y expresiones solidaridad y responsabilidad; donde el interés de unos pocos acabó con la posibilidad de desarrollo de muchos; donde los encargados de cuidarnos y garantizar el cumplimiento de nuestros derechos tienen responsabilidad en la tragedia ocurrida contra la Unión Patriótica. El acompañamiento psicosocial es diferente a la terapia psicológica En la actualidad, la Corporación REINICIAR adelanta un proceso de acompañamiento psicosocial con las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. En el marco de las diversas actividades llevadas a cabo, se han manifestado en varias oportunidades  preguntas, dudas y confusiones de las víctimas entorno a: ¿Qué se puede esperar de este proceso de acompañamiento psicosocial?, ¿Asistir a las actividades psicosociales implica estar mal mentalmente o aceptar que tengo dificultades  psicológicas?, ¿Solicitar un acompañamiento individual o familiar es aceptar que no puedo con mis dificultades? Frente a estos y a muchos otros interrogantes de las personas a quienes acompañamos, es  indispensable para el equipo psicosocial de la Corporación REINICIAR brindar algunas respuestas. Hasta este momento se ha comentado la importancia de contar con un acompañamiento para las víctimas del exterminio contra la UP, y de qué forma se comprende la afectación de las personas, pero ¿Qué se puede esperar de este proceso? ¿Qué objetivos tiene? Las respuestas a estas preguntas tienen la  finalidad de  invitar a todas y todos los afectados por la violencia contra la UP a participar en los procesos que desarrolla la Corporación REINICIAR en varios niveles, para continuar construyendo proyectos, reconociendo la voz del silencio, dando forma a nuestros sueños y justicia a nuestra historia. De este modo, así suene simple, el acompañamiento psicosocial busca acompañar, es decir: “Estar al lado de…”. La violencia perpetrada contra la Unión Patriótica fue dejando una huella de soledad en las personas, familias y comunidades, de modo que este acompañamiento busca reunir a las víctimas y tejer de nuevo lazos de compañía, fraternidad, apoyo y amistad. De este modo por medio de De este modo por medio de una escucha activa, del apoyo una escucha activa, del apoyo humano y la presencia comhumano y la presencia comprometida, se busca brindar prometida, se busca brindar un sostén y el fortalecimiento un sostén y el fortalecimiento de las personas ante el sufrimiento de las personas ante el sufrimiento y el dolor causados. Para realizar este trabajo se hace necesario reconocer las diferentes dimensiones del ser humano, es decir sus espacios sus espacios individuales y colectivos, de modo que el acompañamiento busca abordar de alguna forma cada uno de estos. Estos niveles hacen referencia a los distintos procesos que ha emprendido  la REINICIAR para acompañar a las víctimas , como la participación en las Coordinaciones  Regionales de víctimas y familiares del genocidio contra la UP, los talleres de formación, la galería de Memoria Viva, los grupos de teatro, los talleres psicosociales, etc.
+A la vez se busca la generación de espacios de diálogo que permitan la expresión de sentimientos y emociones, desarrollando herramientas para mejorar su manejo, ubicando la relación que tienen con las historias y contextos de violencia en los que ha transcurrido el genocidio. También, estas actividades tienen la finalidad de prevenir que las respuestas emocionales normales de las personas ante estos hechos de violencia no continúen por caminos que generen aún mayores difi cultades y afectaciones, buscando así evitar el desarrollo de trastornos mentales que terminen deteriorando más el entorno familiar y social de las víctimas y su propia salud. Así mismo, el acompañamiento psicosocial en el nivel social intenta favorecer la reconstrucción de las redes personales y sociales, apoyar la organización de las víctimas para evitar la revictimización e impulsar el trabajo conjunto en el proceso de exigencia por la verdad, justicia y reparación integral para todos y todas las afectadas. Hasta el momento se hace evidente que el proceso de acompañamiento psicosocial es necesario para que los procesos de reivindicación de derechos sean integrales y adquieran fortaleza. Sin embargo se debe reconocer que este tipo de acompañamiento por si mismo no es suficiente para restablecer los daños graves que una persona ha sufrido en su dimensión psicológica. Para avanzar hacia ello, como parte de las medidas de reparación que deben ser exigidas y a las que tienen derecho las víctimas, es necesario adelantar procesos de rehabilitación, mediante tratamientos adecuados para el mejoramiento de la salud física y mental de las personas afectadas gravemente. Es dentro de este marco se hablaría de una terapia psicológica, la cual tiene el objetivo esencial de aliviar el sufrimiento psíquico, ya que se caracteriza por ser de un mayor alcance y profundidad. Esta requiere de tratamientos más especializados y específicos, con técnicas psicológicas y formas de trabajo distintas a las desarrolladas en el acompañamiento psicosocial. La terapia psicológica generalmente se centra en una sola persona y si es pertinente en su familia. Pero los procesos psicosociales más amplios, con más personas, no están contemplados dentro de la terapia, aún cuando son fundamentales, tal y como ya se ha mencionado. Los daños graves hacen referencia al  impedimento para restablecer el proyecto de vida; dificultades para relacionarse de modo adecuado con su entorno; y un constante sufrimiento psíquico.
+En cualquier experiencia mirar hacia atrás y ver de nuevo el camino recorrido permite darnos cuenta de lo que hemos vivido, reconocer los aprendizajes de las acciones pasadas, hacer visibles los aciertos y tomar medidas para prevenir los desaciertos. Desde esta perspectiva, presentamos de modo corto las principales acciones que ha desarrollado la Corporación REINICIAR en el tema de acompañamiento psicosocial, con el fin de reconocer el trabajo mancomunado que se ha tejido a lo largo de varios años, para continuar desde allí construyendo y avanzando. ¿Qué se ha hecho y qué estamos haciendo a nivel psicosocial? Son ya casi seis años en los que la Corporación REINICIAR ha venido motivando procesos de atención psicosocial con las víctimas sobrevivientes del genocidio realizado contra la UP, a través de diferentes actividades, buscando la reconstrucción de nuestro tejido social, de nuestras historias, sueños y esperanzas, haciendo frente a los sentimientos de temor y desconfianza que nos habrían sembrado aquellos actos de violencia que vulneraron nuestra dignidad. Desde el principio, ante la necesidad de recuperar la historia de los hechos sufridos para encaminar el proceso de documentación y demanda jurídica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corporación REINICIAR ha sido sensible al reconocer que cada experiencia, cada testimonio, está construido en buena parte desde intenso dolor, que debe ser abordado cuidadosamente a la hora de consultar a las víctimas. En efecto, aún cuando el objetivo de REINICIAR ha sido reconstruir la memoria de nuestros seres queridos recordándolos vivos, como mujeres y hombres excepcionales, nada lograríamos si negáramos u ocultáramos nuestro natural sufrimiento, ante unas situaciones de injusticia que son muestras de una sociedad que no ha logrado comprometerse con el respeto a los derechos humanos. Ante esta realidad, la Corporación REINICIAR ha promovido la atención a los efectos psicosociales del genocidio, a través de diferentes proyectos que contribuyen a la mejoría emocional de los y las sobrevivientes, avivando sus capacidades de expresión y empoderamiento, generando vías abiertas para su participación organizada en el proceso de demanda y exigencia de derechos. A continuación presentamos un recuento de los principales proyectos adelantados por la corporación en materia de atención psicosocial, con el propósito de dar a conocer lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en este campo: Atención psicosocial en la búsqueda de una mejoría emocional El primer acercamiento de la Corporación REINICIAR hacia la búsqueda de una mejoría emocional de las víctimas se realizó durante el año 2001, cuando contrató con la Corporación AVRE un espacio de atención psicológica y psiquiátrica especializada, para la consulta individual de las personas afectadas. Este espacio fue valorado de muy buena forma por las víctimas-sobrevivientes, dado que se trató de un programa de atención profesional, en confidencialidad y con una organización reconocida en los servicios de salud mental. Sin embargo, ante un número tan grande de víctimas, y ante la necesidad de restablecer nuestro tejido social como víctimas de un genocidio político, pronto se procuró planear otra estrategia de acompañamiento colectivo. Es así como desde el año 2004 hasta el año 2006, REINICIAR convocó la participación de la Fundación Dos Mundos para realizar una serie de talleres psicosociales y consultas terapéuticas, con el ánimo de generar un acompañamiento más amplio que además se encontrara integrado a los procesos de exigibilidad y promoción de los derechos de las víctimas. Con esta perspectiva la corporación logra articular el tema de la salud mental en un proceso coordinado con las demás modalidades de atención que ofrece a las personas vulneradas, asociando los procesos jurídicos, de documentación e incidencia, con los de atención psicosocial, formación en derechos humanos, Reconstrucción de la memoria y organización social. Durante el periodo de trabajo con la Fundación Dos Mundos se realizó un acompañamiento psicosocial directo con más 25 de 400 personas, en las regiones de Cundinamarca-Bogotá, Santander, Magdalena Medio, Meta, Tolima, Caquetá, Huila, Guaviare, Valle de Cauca, Eje Cafetero y Antioquia, logrando un acercamiento inicial con algunas de las víctimas del caso y sus propios contextos. En este proceso fue posible reconocer y poner en común aquellas experiencias que soportábamos en soledad, permitiendo que afl orara la verdad que por mucho tiempo había permanecido en la oscuridad y el silencio: La verdad de las historias de las víctimas sobrevivientes del genocidio perpetrado contra la UP. A través de diversos talleres y conversatorios terapéuticos se inició la posibilidad de acompañar a varias de las personas vulneradas, proporcionando herramientas para la expresión y comprensión de aquellas emociones que como el miedo, la tristeza, la rabia o la impotencia, frecuentemente creíamos que éramos los únicos/as en padecer, desconociendo en ocasiones la magnitud del impacto que sufrió la Unión Patriótica en todo el país. De esta manera, el reconocimiento de las propias emociones jugó un papel central en estos talleres, donde a través de la palabra, los testimonios y la lúdica, fue posible compartir aquellos sentimientos que teníamos encerrados, y sobre todo comprender con claridad de conciencia que sentir todas estas emociones es apenas algo natural, una vez se ha atravesado por una situación tan complicada como la vivida por las víctimas sobrevivientes del genocidio. La consigna visible en este tipo de encuentros que han privilegiado el reconocimiento sobre nuestro propio estado emocional es la siguiente: Esta reflexión nos permite reconciliarnos con nuestro propio ser, pues nosotros no somos “culpables” por no haber logrado frenar a tiempo toda esta tragedia, ni tampoco estamos “enfermos” por el hecho de sufrir ante una realidad tan dolorosa. Al contrario, debemos reconocer y denunciar que la responsabilidad se encuentra en una situación social injusta, que en el caso del genocidio contra la UP consistió en la ejecución de planes sistemáticos de exterminio contra los/las militantes de este movimiento político, sus familiares y simpatizantes, de mano de los grupos paramilitares con aquiescencia del estado. Ahora bien, además del desahogo logrado a través de todas estas actividades, el silencio y ocultamiento en el que vive la mayor parte de las víctimas fue transformado en expresión y denuncia, al menos  en los espacios generados por la atención psicosocial. Como recuerda una de nuestras compañeras del taller del Huila, quien resiste la desaparición forzada de su esposo:
+Adicionalmente, la posibilidad de comenzar a reconstruir el tejido social fracturado por los hechos de violencia, fue otro más de los grandes aportes que dejaron estos valiosos encuentros, organizados para la refl exión, la recreación, el disfrute y el reencuentro. “Después de vivir la soledad por el desplazamiento forzado, allí [en los talleres psicosociales] se pudo volver a hacer amigos” (Mujer Medellín). De esta manera, el espacio de acompañamiento psicosocial se convirtió en un lugar donde las historias de cada uno/a fueron acogidas y valoradas, facilitando la expresión de sentimientos de difícil manejo, permitiendo a las personas afectadas “llevar el dolor de una manera menos traumática y tener la facilidad de hablar de lo ocurrido de un modo más calmado” (Mujer Florencia). Como se ve, el camino recorrido con el acompañamiento psicosocial ha sido un camino de base sensible y frágil, de paso lento pero seguro, donde la mejoría emocional ha requerido de mucho esfuerzo y motivación de espíritu. La conversación y comprensión de lo que hemos vivido ha facilitado reconstruir unos nuevos sentidos, unos nuevos horizontes, que nos permiten descansar la vista y contemplar el camino que deseamos recorrer. Pero, obviamente, sabemos que la tarea no concluye aquí. Entre las enseñanzas que nos deja la experiencia con la Fundación Dos Mundos, es importante reconocer que no es sencillo conversar sobre las experiencias que nos hacen daño, mucho menos cuando se trata de los efectos que ha dejado en nosotros/as la violencia sistemática ejercida contra la UP, pues aún encontramos un ambiente social hostil 28 en el que persisten dudas y señalamientos con respecto a lo que hemos vivido. En este contexto, no es de extrañar que buena parte de las víctimas sobrevivientes continúen encerrándose en sus propios cuerpos, comprimiendo su dolor y su angustia, con la ilusión de que nadie, ojalá ni ellas/ellos mismas, se enteren de su propio malestar. Sin embargo, no es posible escapar de nosotros mismos, y antes que desfallecer es necesario volver a habitar el alma y nuestros propios corazones. Esta ha sido la claridad que ha impulsado otro importante proyecto motivado desde la Corporación REINICIAR: La conformación de grupos de teatro. El teatro y otros artes: expresión de vida y resistencia A la par con las actividades de acompañamiento psicosocial que realizaba Dos Mundos, la Corporación REINICIAR desde el año 2004 ha impulsado otro proyecto donde el eje de trabajo ha sido el fortalecimiento emocional, para desarrollar nuestras habilidades de expresión y recuperar nuestro cuerpo como herramienta de goce y crecimiento personal, a través de la expresión artística. Con la participación en los talleres de teatro -comenta uno de sus directores- las personas se reafirman en sus propios cuerpos, sus voces se templan y su ilusión de alcanzar justicia se fortalece y se consolida. El arte, al convertir las historias de lo trágico silenciado en  memoria viva de la sociedad, no solo alivia a quien lo hace sino que también nos permite comprender lo que sucedió, aspirar a la justicia y luchar por ella, comunicando esos hechos terribles y desconocidos por gran parte de la sociedad. A través de la danza, el canto y el teatro, las mismas víctimas sobrevivientes del genocidio cuentan y presentan lo que han vivido, elaborando estéticamente su memoria del horror. Aún cuando buena parte de las personas afectadas, antes de hacer parte del trabajo teatral mencionan que “no son artistas”, que “no tienen las habilidades”, que “no pueden o no saben hacerlo”, lo que ha mostrado la experiencia es que poco a poco, con el apoyo del grupo, las personas se descubren y se reafi rmar en sí mismas, exploran nuevas capacidades y se conocen más afondo, logrando vencer ciertos temores y vergüenzas.
+Adicionalmente, a través de la presentación pública, los grupos de teatro contribuyen a la sensibilización de una sociedad que desconoce, o conoce de manera distorsionada, lo que ha ocurrido con nosotros mismos/as, con nuestros familiares y con todo el movimiento de la Unión Patriótica. Aquí encontramos un espacio para contar y expresar nuestras historias, recobrar el poder de nuestra voz y comenzar a hacer visibles las experiencias de las cuales somos protagonistas. En realidad, en ningún momento estamos haciendo una representación, lo cierto es que estamos presentando al público lo que efectivamente hemos vivido. A partir de esta experiencia los y las participantes dan cuenta de cómo el teatro podría jugar un papel central en la reivindicación de sus derechos, en especial en la reparación, ya que este trabajo brinda posibilidades de mejoría emocional actuando sobre el daño psicológico; favorece acciones de denuncia, de reconstrucción de la memoria y visibilidad de los hechos en espacios sociales; potencia el crecimiento personal mediante la formación y desarrollo de distintas habilidades artísticas. También puede contribuir a reparar daños psicosociales mediante el acercamiento y restablecimiento de lazos sociales y redes de apoyo; rompe el silencio y el aislamiento; fomentando así la integración social. Durante el tiempo que lleva este proyecto se han llegado a conformar tres grupos de teatro con las Coordinaciones de Cundinamarca-Bogotá, Tolima, Medellín y Urabá de Antioquia. Actualmente, el grupo de teatro Generaciones, en la ciudad de Bogotá, está conformado por personas de distintas edades, en su mayoría mujeres, quienes han llegado a hacer del trabajo con el arte un proyecto de vida. De manera semejante, el grupo La esperanza de un pueblo, en la ciudad de Medellín, ha llevado al escenario teatral sus testimonios de vida, permeando con historias de resistencia sus creaciones artísticas. Según expresan los y las integrantes de los distintos grupos, a través de esta experiencia se han venido dando pasos hacia la consecución de los siguientes objetivos, entre otros: •  Preservar la memoria y reivindicarnos. •  Formarnos para multiplicar el trabajo. •  Valorar el arte como mecanismo de reparación. • Recuperar la memoria y hacer una denuncia  pública.
+• Expresar y liberar sentimientos de difícil manejo.
+• Contribuir a la consecución de una vida digna. • Construir colectivamente procesos organizados desde las víctimas. Junto con esto se logra conformar un nuevo sentido al rededor de las experiencias y los impactos emocionales, permitiendo interpretar y asumir el recuerdo de una manera más saludable. Una de las mujeres víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica lo expresa así: “nuestro sufrimiento lo hemos vivido como si fuera un piano; al principio tenemos que cargar con él como un gran peso que llevamos a nuestra espalda; luego se reconoce que ese peso está ahí y que ahí va a continuar, y nos encontramos con ese piano cada vez que pasamos por la sala de nuestra casa, así no lo queramos ver; pero con el tiempo ese peso se vuelve fuente de vida, y comenzamos a usar nuestro dolor para crear, como si decidiéramos tomar ese piano y en vez de considerarlo un estorbo comenzáramos a utilizarlo para expresar nuestra melodía”. Para la realización de todo este trabajo, los y las participantes de los grupos de teatro han recurrido a una serie de herramientas como la música, el vídeo, la fotografía, la escenografía, el vestuario, la danza, entre otros, logrando combinar todos estos elementos con el fin de expresar hechos, sentimientos y situaciones que no han sido posibles de expresar por otros medios. “Más allá de aspirar a una reparación económica -comentan varias de las mujeres del grupo teatral de Medellín- lo que nos interesa es que se sepa la verdad y que se logre justicia”. Cabe mencionar que así como el acompañamiento psicosocial realizado a través de talleres y consultas terapéuticas ha estado articulado a los procesos de documentación y reconstrucción de redes sociales, el trabajo de los grupos de teatro se ha venido articulando a distintos procesos de sensibilización cultural y recuperación de la memoria histórica de lo que hemos vivido. En este sentido, consideramos importante reconocer el trabajo de los grupos de teatro en relación con el proyecto Memoria Viva, especialmente por su acompañamiento a la presentación de la galería de la memoria realizada por la Corporación REINICIAR, así como por su participación en documentales, conmemoraciones y manifestaciones públicas. Mejoría emocional, participación y exigencia Como se ha mostrado anteriormente, el trabajo de acompañamiento psicosocial ha sido un componente de gran importancia en la labor que adelanta REINICIAR con las víctimas y familiares sobrevivientes del genocidio perpetrado contra la UP; en tanto ha promovido la mejoría emocional de las víctimas, la reconstrucción del tejido social, la reconstrucción de la memoria histórica y la divulgación de nuestra verdad. Sin embargo, sabemos con claridad que continúa siendo indispensable adelantar este trabajo a una escala mayor y con mayor profundidad, pues por un lado lo realizado hasta el momento es apenas un trabajo inicial, y por otro, el camino por la exigibilidad de los derechos de las víctimas ha sido un camino extenso y agotador  que pone a prueba nuestra resistencia tanto física como mental. Con esta conciencia, en el año 2008 la Corporación REINICIAR ha convocado a un equipo de profesionales para conformar un área de acompañamiento psicosocial, que funcione al interior mismo de nuestra organización, apoyando las distintas iniciativas que promovemos en favor de las víctimas. En este sentido, podemos afirmar que el trabajo psicosocial no hace parte de un proyecto paralelo o independiente ofrecido por la corporación, sino que se encuentra integrado fuertemente a las estrategias de trabajo jurídico, formativo, cultural y documental que adelantamos de la mano con las víctimas. Ahora bien, en esta ocasión queremos resaltar la manera como hemos venido integrando nuestra perspectiva psicosocial al trabajo que venimos realizando
+desde hace más de quince años, pues más allá de introducir una estrategia de acompañamiento “nueva”, nuestra propuesta ha consistido en reconocer tanto el camino recorrido por la Corporación REINICIAR como los esfuerzos y capacidades de las víctimas para continuar resistiendo. En primer lugar, para comenzar a pensarnos una estrategia de acompañamiento psicosocial, decidimos elaborar un trabajo diagnóstico  junto con víctimas sobrevivientes del genocidio contra la UP, residentes en diez regiones del país, quienes ya tenían algún conocimiento sobre el tema, pues hicieron parte del trabajo adelantado por la Fundación Dos Mundos entre los años 2004 y 2006, así como también nos reunimos con quienes hacen parte de los Grupos de Teatro. Efectivamente, a principios de 2008 visitamos Huila, Caquetá, Magdalena Medio, Santander, Antioquia, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Eje Cafetero y Bogotá-Cundinamarca, donde estuvimos conversando con aproximadamente 140 de las víctimas, quienes nos comentaron sobre la experiencia de acompañamiento psicosocial realizado en años anteriores, y formularon propuestas a partir del análisis de las características y necesidades de cada región. Sobre este trabajo la Corporación REINICIAR elaboró un Informe Diagnóstico de Acompañamiento Psicosocial,  el cual fue  socializado con las coordinaciones regionales de víctimas y familiares de la UP enunciadas. 3535  De esta manera, desde el principio hemos considerado que la participación de las víctimas sobrevivientes es un componente fundamental a la hora de planear una estrategia de acompañamiento psicosocial, pues son ellas mismas quienes han vivido los impactos de la violencia socio-política que se practica en Colombia, y son ellas mismas a quienes interesa verse beneficiadas con el desarrollo de las propuestas. En segundo lugar, nuestro nuevo equipo psicosocial ha venido liderando la realización de talleres en distintos sectores del país, con los objetivos centrales de identifi car los daños psicosociales sufridos a causa del genocidio, promoviendo a la vez la participación de las víctimas para la elaboración de propuestas y la recopilación de imaginarios de exigencia de reparación psicosocial, teniendo en cuenta la particularidad de la experiencia de los hijos e hijas, mujeres madres y esposas (o compañeras permanentes), y otros rasgos específicos de las víctimas afectadas en cada región. Desde esta perspectiva, siendo conscientes de que el proceso de exigencia de nuestros derechos es una tarea ardua en la que debemos persistir, desde la realización de estos talleres REINICIAR ha promovido el fortalecimiento de nuestro tejido social y la participación de las víctimas, en la definición de los parámetros con los cuales ellas mismas consideran que los impactos psicosociales podrían ser reivindicados desde una perspectiva integral. De esta manera, gracias a la importante colaboración de la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio Perpetrado Contra la Unión Patriótica, durante los años 2008 y 2009 hemos venido consolidando un perfil de afectación psicosocial y una serie de propuestas para la reparación de estos daños, como forma de fortalecer y aportar elementos a los procesos de exigibilidad   de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. En este sentido, en lo que insistimos es en que “nosotros con una reparación no exigimos solamente que nos reparen económicamente, también se exige que nos reparen psicológicamente, socialmente y laboralmente (…) que nosotros no exigimos solamente que nos den cierta cantidad de plata, sino que se sepa que nosotros también sentimos dolor”. Una vez perdimos a nuestros seres queridos “de lo que se trata todo esto es de que ellos recuperen su dignidad y de que nosotros como familiares también la recuperemos” (Grupo de hijos e hijas del departamento del Meta). En tercer lugar, el proceso de acompañamiento psicosocial que se ha venido realizando desde el año 2008, ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a la atención de víctimas en consultas psicoterapéuticas de tipo individual y familiar. Desde esta alternativa de atención, más de medio centenar de personas han encontrado una voz de aliento sincero y una escucha respetuosa que ha procurado cultivar tranquilidad, en los espíritus de aquellas personas que por su interés de superación, han buscado orientación y alivio para continuar enfrentando sus vidas. Ahora bien, conocemos de sobra la necesidad de llegar a un mayor número de personas, especialmente en las regiones apartadas de la capital, y echando mano de los recursos con los que contamos, hemos procurado dedicar espacios para ofrecer este tipo de atención en las visitas que realizamos a las distintas regiones, con ocasión de los talleres de acompañamiento. Lo importante en este punto del proceso es sembrar lazos de apoyo y de confi anza, que más allá de enmarcarse en la relación psicólogo/a – paciente, nos recuerden que no estamos solos, pues sobrevivimos, resistimos y hacemos parte de la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio Perpetrado Contra la UP y de la Corporación REINICIAR. Por último, a manera de resumen queremos resaltar otros ámbitos en los que el equipo psicosocial de REINICIAR abre caminos para acompañar los procesos de exigencia por los que todos y todas luchamos. Con la conformación de este espacio de acompañamiento hemos logrado apoyar y hacer presencia en distintos escenarios de interés para contribuir a nuestros objetivos. Puntualmente, llamamos la atención en esta ocasión sobre la posibilidad de sumar esfuerzos con la Coordinación Nacional, para la planeación y ejecución de los talleres de formación, que promueven la reflexión y el conocimiento sobre nuestros propios derechos. 5 Actualmente, el equipo psicosocial de REINICIAR hace parte de distintas coaliciones y mesas de trabajo que convocan distintas organizaciones de Derechos Humanos.. Así mismo, participamos en la planeación y realización de distintas campañas que promueven el reconocimiento y el apoyo a las víctimas. También, recuperamos en este contexto el hecho de hacer parte de distintas iniciativas de incidencia, que en coordinación con otras organizaciones, exigimos la creación de políticas públicas que garanticen verdad, justicia y reparación integral, por los impactos que hemos vivido. En este sentido, con el propósito de dar a conocer lo que se ha hecho y lo que estamos haciendo a nivel psicosocial, nos interesa que nuestros lectores/as tengan una idea más clara de lo que implica esta modalidad de acompañamiento, al percatarse de que lo psicosocial no solo implica una atención personalizada, sino que involucra además una coordinación de esfuerzos que busca tener eco y promover nuestros objetivos a nivel político y social.
+ ¡Queremos crear la capacidad de perder el miedo, queremos crear conciencia en la sociedad y en nuestros hijos! Mujer sobreviviente en Antioquia Conocemos una historia oficial, la cual ha excluido de sus contenidos las voces de miles de mujeres y hombres que tendrían algo diferente y esencial por contar, quizás para el mejoramiento de nuestra sociedad pero sobretodo para sincerarnos con nuestra existencia. Este apartado se centrará en las voces e historias compartidas dignamente por parte de varias de las víctimas del genocidio contra la UP que nos acompañaron en los talleres psicosociales realizados en el año 2008 y parte de 2009, mostrándonos algo de lo que existe tras las listas y cifras de las violaciones que han vivido. A continuación se hace un llamado a escuchar fragmentos de historias de vida, con sufrimientos profundos pero también con sueños y fortalezas extraordinarias, reivindicando la denuncia como un derecho esencial para hacer visible la magnitud de los acontecimientos. ¿Que si nos duele lo de este genocidio? “Buenos días, mi nombre es Olga. Como no escribo, ni leo, quiero aportarles algo personalmente, de verdad. Todas hablaban del trauma, bueno de la psicología, todo eso. Sabemos todas y todos que eso nos ha afectado demasiado. Yo como persona, como madre de dos hijos que me asesinaron, yo salí y llegué a la ciudad fue traumatizada, yo no encontraba un camino, no encontraba una salida”. “Yo personalmente no solo perdí mis hijos sino que perdí el trabajo de treinta y cinco años, que fue mi finca, mis animales… Mi nuera quedó con siete muchachitos ¿Y qué hizo mi nuera acá en la ciudad? aguantar hambre, pedir limosna, a mí me duele en alma recordar todo eso”. “Tengo once nietos y llegan a mi casa y me dicen: “mamita danos comida” y yo llego y les pongo el platico de comida. ¿Y qué me dice uno de ellos? “abuelita tengo más hambre”, y yo le digo “papi usted por qué come tanto”, y me dice: “ay mami, porque es que en mi casa me dan comida y yo quedo con hambre”. Para uno como abuela o como madre: ¡Qué dolor tan dañino que le da a uno! como que a uno se le destroza el corazón”. “Porque díganme ustedes, si yo tengo once nietos huérfanos y todos me arriman, todos me piden zapatos, me piden comida, y yo ya de dónde les voy a dar a todos. En cambio teniendo un papá… aunque zapatos baratos y comidita, como pobres se las daba. Por eso les digo ahora que el daño estuvo muy grande, estuvo muy perjudicial, porque no solo los perdimos a ellos, sino que nos quedó la herida en nuestros nietos, lastimándonos”. La violencia dañó… dañó la comunidad  y el liderazgo “Buenos días. Gracias por invitarme a participar. Y claro que el genocidio afectó a las comunidades ¿y en qué sentido las afectó? en el sentido que ya los dirigentes que hacíamos posiciones en la orientación de las organizaciones como el resguardo, o como la junta comunal, ya no podemos tener el mismo liderazgo”. “Cuando llegaron los paramilitares amenazando y acabando con nosotros se perdió esa capacidad y ya los que quedaron no fueron capaces de liderar las cosas, de gestionar los recursos, los proyectos, los beneficios de la comunidad. Ya se perdió eso porque a unos los mataron y otros fueron partiendo del sector”. “Por ese estilo, después se descoordinaron todas esas cosas. Quedaron los resguardos tirados, sin comunicación, sin coordinación. Los resguardos, los gobernadores, los directivos de los resguardos, no pudimos seguir con nuestro trabajo”. “Y para encimar, como decía hace un rato la señora Elvira, nos sentimos afectados porque nos quitaron el sueño de estar con nuestros compañeros, con los que nos rodeaban y con los que estábamos trabajando. No pudimos seguir con nuestros proyectos… y acá el proyecto se refi ere a la comunidad porqué habíamos crecido con ella”. “Si, así es –dice doña Elvira- a mí en lo personal, yo de verdad lo digo, yo amé y amaré y seguiré amando la Unión Patriótica, porque fuimos un grupo unido, colaboradores entre todos. Y a veces me preguntan ¿pero bueno, ustedes con qué se ayudaban? Y yo digo ¿con qué? con nuestro sudor, porque cada uno con sus parcelitas, cada uno ayudaba al otro, yo aportaba a aquella, aquella me aportaba a mí, aquel me aportaba a mí, entre todos hacíamos lo que ayudaba a la comunidad”. ¿Pero cómo se pudo ejecutar un plan para exterminar al grupo político? ¡Pido la palabra! Permítanme brevemente yo les voy a contar: Resulta que aquellos que nos han visto como sus enemigos, aquellos que han mantenido el poder en el Estado toda la vida, que han manipulado, que han manejado el Estado, vieron en la Unión Patriótica el peligro más grande para sus intereses. Y es que después de doscientos años que han estado organizados en el poder ¿cómo no van a poder manejar las cosas, cierto? Pues resulta que ellos vieron que políticamente la Unión Patriótica estaba bien desarrollada, que cada día atraía al pueblo como el imán, que crecía y crecía cada vez más. Entonces ellos sintieron esa amenaza y se pusieron a ver políticamente cuáles eran los cuadros que más representaban peligro para ellos, que influían para ganar espacios políticos y que por eso podrían llegar a pasos agigantados hacia el poder. Fue ahí cuando toda esa maquinaria de terror empezó a seleccionar y a atacar a los cuadros más honestos, los más transparentes, aquellos que representaban un proyecto político para el pueblo con un sentido de esperanza, de solucionar los problemas económicos, políticos, sociales, ¿cierto?, entonces comenzaron inmediatamente a asesinar senadores, representantes, los más importantes; inclusive a los líderes de base, a los líderes sociales, a los líderes que orientaban e influían también en las masas campesinas, en las masas sociales de los pueblos. ® Fotografía talleres Reiniciar ¿Y hay algo que le quisieran decir a las autoridades ahora? Miren, pues la verdad, nosotros y nosotras les quisiéramos decir muchas cosas. Pero por ahora y para no extendernos en cada situación tan solo dejemos que hoy nos presenten sus exigencias esta joven y esta mamá que nos han venido acompañando: Ana: Señores del tribunal, este es mi padre, fue desaparecido, se llamaba Cristóbal Vargas, yo quiero que me digan dónde está, llevamos muchos años buscándolo, y no lo hemos encontrado, dizque está en el río Magdalena, que ha sido picado con motosierra, que vamos a encontrarlo, pero entonces cómo armarlo, yo quiero a mi padre señores, yo quiero que me digan dónde está, yo necesito, yo quiero que me digan dónde está, yo quiero enterrarlo, él merece ser enterrado, yo quiero que me digan dónde está, quiero a mi padre. Yo estoy sola, yo llevo este dolor sola… María: Señores del tribunal, también yo vengo a denunciar la desaparición de mi hijo, yo sé que en este tribunal se encuentran fi scales, senadores, jueces, y espero que me digan ¿qué hicieron con mi hijo?, dónde está mi hijo, (¿?), se hacen en verdad que no saben, quieren que nosotros consigamos toso, pero aunque les pese, la memoria crece, y seguiremos buscando lo que nos pertenece, la gente que a mí me mira y que me ve sonreír, no saben que mi existir está lleno de tristezas, no saben que en mi alma llevo la huella de aquel pasado, él no se quería ir pero siempre se lo llevaron, él no sé quería ir y siempre se lo llevaron”. Aún nos queda esperanza, fuerza y perseverancia, para continuar apoyando este proceso, para avanzar juntos y resistir los obstáculos que día a día afrontamos. A pesar de tantas pérdidas hoy no nos encontramos solos ni solas, estamos unidos y caminamos juntos, organizados, animando a las personas que como nosotros y nosotras se han visto afectadas. Motivándonos a reiniciar, si no siempre se puede con dinero, sí con ilusión y afecto. Aún cuando se quedan muchas cosas por decir, afortunadamente, al igual que Olga, no nos callamos tras esta portada, continuamos hablando, exigiendo, aportando. Hasta un próximo encuentro.