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La desaparición forzada ha sido reconocida como un delito grave, con 
consecuencias que van más allá de la vida del desaparecido y afectan a 
una sociedad en conjunto. Por ello, la búsqueda de las personas desaparecidas es crucial para la satisfacción de los derechos tanto de la persona 
sometida a desaparición como de las demás víctimas. Además, al ser 
una manera efectiva de determinar los elementos fundamentales para los 
procesos de investigación penal del crimen, la búsqueda también contribuye a la lucha contra la impunidad y a la prevención de desapariciones 
forzadas en el futuro. 
Aunque las desapariciones forzadas han sido cometidas en muchas partes del mundo, América Latina sigue siendo unas de las regiones más 
afectadas, por el alto número de casos registrados hasta hoy. Al mismo 
tiempo, esta región también ha acumulado una vasta experiencia en la 
búsqueda. Colombia y El Salvador son ejemplos de países en los cuales las 
desapariciones forzadas han estado presentes históricamente, y en los que 
los Estados y/o las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado 
amplias iniciativas para la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, 
a pesar de algunos esfuerzos estatales, que en ambos países incluyen la 
creación de mecanismos de búsqueda, estos procesos han estado atravesados por diferentes obstáculos. Dos de ellos han sido la ausencia de 
voluntad por parte del Estado para colaborar con las víctimas y la falta 
de capacidad de las instituciones estatales y quienes las representan para 
abordar la búsqueda con un enfoque de derechos humanos. De cualquier 
modo, en ambos países se destaca el importante papel que ha tenido la 
sociedad civil en el desarrollo de los procesos de la búsqueda, ya que ha 
impactado positivamente en la participación efectiva de las víctimas en 
dichos procesos. De hecho, la experiencia ha demostrado que garantizar 
la participación de las víctimas no solo permite identificar y abordar sus 
necesidades individuales, sino que además hace más eficaz la búsqueda 
y aumenta su rapidez. En este artículo buscamos analizar cómo los marcos normativos de El 
Salvador y Colombia han promovido o restringido la participación de las 
víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil en los 
procesos de búsqueda. Para ello, partimos de analizar las normas y los 
estándares que regulan la búsqueda de personas víctimas de desaparición 
forzada a nivel internacional. Posteriormente, hacemos un examen del 
marco legal y de las instituciones que se han creado para impulsar la búsqueda en Colombia y El Salvador. Por último, exploramos las normas y los 
mecanismos establecidos para implementar el derecho a la participación 
en la búsqueda que existen a nivel internacional y en los países analizados. 
Particularmente, el trabajo presta atención al documento más prometedor 
en el tema de la búsqueda a nivel internacional: los Principios Rectores 
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (Principios Rectores, para 
abreviar) del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (CDF), debido a su potencial para mejorar 
la garantía del derecho a la participación en la búsqueda de las personas. De esta manera, este artículo llena un vacío en la literatura sobre desaparición 
forzada en la región. La literatura jurídica se ha concentrado en aspectos 
normativos sobre la criminalización de la conducta, la investigación y la 
sanción del delito de desaparición forzada, pero no ha abordado el tema 
específico de los procesos de búsqueda, más allá de ciertos ejercicios de 
identificación de estándares internacionales. Además, estos procesos, 
así como sus efectos en las víctimas y familiares, han sido generalmente 
abordados desde estudios psicosociales del fenómeno de la desaparición. 
Este artículo conecta estos dos cuerpos de análisis, al adentrarse en la 
búsqueda como un tema de regulación jurídica, pero atándolo al estudio 
de la participación de las víctimas y sus efectos, tanto en la satisfacción de 
sus derechos como en la posible eficacia de las labores de esclarecimiento 
de los casos. 1. La búsqueda de las víctimas 
de desaparición forzada 1.1 Marco internacional La importancia de la búsqueda de las personas víctimas de desaparición 
forzada fue reconocida en el ámbito internacional por primera vez en una 
resolución de la Asamblea General de 1978. Luego, dos años más tarde, 
La Asamblea General pidió a los gobiernos “que en el caso de informes de 
desapariciones forzosas o involuntarias dediquen los recursos adecuados  se creó el primer mecanismo para ayudar a determinar la suerte de algún 
ser querido desaparecido: el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 
las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDF). Lamentablemente, 
la subsecuente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas no hizo ninguna recomendación 
concreta respeto a la búsqueda. Una omisión similar ocurrió en 1994, 
con la adopción de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas (Convención Interamericana, para abreviar)7 que 
tampoco contempla plenamente la cuestión de la búsqueda y los deberes 
del Estado frente a esta. Más adelante, el tema volvió a debate con la aprobación de la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención Internacional, para abreviar), en 2006. 
Aparte de ser el primer tratado aprobado sobre el tema a nivel mundial, 
la Convención Internacional por primera vez estableció claramente la 
obligación de buscar a las personas víctimas de desaparición forzada. En 
este sentido, la Convención marcó un hito en el proceso de reconocer la 
obligación de búsqueda en los casos de víctimas de desaparición forzada. 
Según este tratado, la obligación fundamental de cada Estado es tomar 
“todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación 
de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, 
el respeto y la restitución de sus restos”. El carácter obligatorio de la búsqueda ha sido confirmado por el CDF en 
varias observaciones finales y acciones urgentes. Sin embargo, si bien la 
existencia de la obligación no puede ser cuestionada desde la adopción de la 
Convención Internacional, esta no contiene detalles sobre muchos aspectos de la búsqueda, entre ellos la participación de las víctimas. Es por ello 
que, casi trece años después de la adopción del tratado, a inicios del 2019 el 
CDF aprobó los Principios Rectores, con el fin de clarificar las obligaciones 
relativas a la búsqueda establecidas en la Convención Internacional. Adicionalmente, la jurisprudencia internacional ha sido fundamental 
para construir el contenido jurídico de la búsqueda como una obligación 
internacional a cargo del Estado. Por ejemplo, los tribunales de derechos 
humanos han sostenido que la ausencia o falta de voluntad del Estado 
para realizar la búsqueda constituyen una violación de varios derechos humanos de las víctimas, sobre todo el derecho a la verdad, al acceso a 
justicia y la integridad personal. Más aun, las cortes han catalogado la 
búsqueda como una medida de reparación. Complementariamente, la búsqueda de quienes desaparecen durante un 
conflicto está contemplada en el Protocolo I Adicional a los Convenios de 
Ginebra de 194926. En este sentido, la obligación de “buscar [a] las personas 
cuya desaparición haya señalado la parte adversa” está bien establecida 
en el Derecho Internacional Humanitario, y tiene una clara incidencia 
en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. 1.2 Los debates alrededor de la búsqueda y su estado actual A pesar de que los Principios Rectores constituyen un paso hacia la clarificación del contenido y el alcance de la obligación y del derecho de 
buscar y ser buscado, tanto en el derecho internacional como en la práctica cotidiana de los Estados persisten debates legales sobre la búsqueda, especialmente respecto a (i) su fundamento normativo, (ii) el alcance de 
la obligación, (iii) el sujeto pasivo de la obligación y (iv) la naturaleza de la 
búsqueda. Algunos de estos puntos no han recibido la atención suficiente 
por parte de la jurisprudencia y la doctrina, y necesitan más reflexión. Respecto a la pregunta de cuál es el fundamento jurídico que da lugar a la 
obligación estatal de búsqueda, existen distintas respuestas. La respuesta 
más directa y obvia es la Convención Internacional; lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 24 es suficientemente claro, en términos de imposición de una obligación a los Estados que hacen parte del instrumento. 
Así lo ha explicado a profundidad el CDF, y de este presupuesto parten 
los Principios Rectores. Por otro lado, a pesar de contar con el lenguaje 
reseñado de la Convención Interamericana, la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano deriva esta obligación de una combinación entre los ar tículos 1.1 (obligaciones generales de los Estados), 8 (garantías judiciales) 
y 25 (protección judicial), para asignar una obligación de búsqueda atada 
a aquella de investigar los hechos relativos a la desaparición forzada. Por 
último, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas (GTDFI) estableció 
una conexión entre la búsqueda y el derecho a la verdad. Así, a pesar de ser necesario un ejercicio interpretativo, tanto en el Sistema 
Interamericano como en el Universal resulta claro hoy en día que existe 
una obligación estatal de buscar, al igual que un derecho correlativo a 
esta. Esta cuestión aclara, además, la pregunta sobre quién debe cumplir 28 Para una reconstrucción completa de la base normativa de la obligación 
de búsqueda, véase Ariel Dulitzky e Isabel Anayanssi Orizaga, ¿Dónde 
están? Estándares internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas 
forzadamente (Londres: International Bar Association’s Human Rights Institute, 2019) 15.
la obligación: el Estado es quien debe buscar a las personas víctimas de 
desaparición forzada. Por su parte, si bien las víctimas tienen derecho a 
recibir información, participar y conocer la suerte o el paradero de su ser 
querido, no están obligadas a ello. Otro aspecto que ha generado debate jurídico es cuánto debe durar la 
búsqueda de una persona. La respuesta que han dado la Corte IDH y el 
CDF es que como la desaparición forzada es una violación continuada 
a derechos humanos, la obligación de buscar a quien fue desaparecido es 
permanente; esto significa que la búsqueda “debe continuar hasta que 
se determine con certeza la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida”36. Ahora, si bien es clara la obligación genérica, la pregunta es 
qué pasa cuando un Estado demuestra que, de buena fe, agotó todos los 
medios disponibles para buscar a una persona y a pesar de ello no logró 
determinar su suerte o paradero. En este caso, la pregunta sobre el tiempo 
o la continuidad de la búsqueda se cruza con la pregunta por el modo; es 
decir, si es una obligación de medio o de resultado. Como bien explican Dulitzky y Orizaga, “a la fecha no existe total claridad, 
ni en la jurisprudencia, ni en la práctica internacional acerca de si el deber 
de búsqueda es una obligación de medio o de resultado”. La discusión se centra en preguntarse cuál es el momento en que cesa la obligación. Si 
esta solo cesa cuando se ha determinado la suerte o el paradero, entonces 
es de resultado. Por el contrario, si cesa cuando el Estado agote todas las 
posibilidades de búsqueda, con debida diligencia, es de medio. Los Principios Rectores no dan la solución a la pregunta, pero sí arrojan 
luces sobre la forma en que debe actuar el Estado; explican que si existen 
pruebas fehacientes más allá de una duda razonable de la suerte o el paradero de la persona, es posible suspender la búsqueda si no hay posibilidad 
material de recuperarla. Esta decisión debe contar, en todo caso, con el 
consentimiento previo e informado de los allegados de la persona desaparecida. Así, la aproximación del CDF en el Principio Rector  parece 
estar más cerca de la búsqueda como obligación de resultado y no de 
medio, en tanto deja claro que lo que puede hacer el Estado es suspender 
la búsqueda, no terminarla. Un tercer tema es la naturaleza de la búsqueda como actividad judicial. 
Como se explicó anteriormente, el Sistema Interamericano ha derivado 
la obligación de búsqueda de los derechos a las garantías judiciales y a la 
protección judicial; así, la búsqueda es innata a la investigación penal. Por 
su parte, desde inicios de la década del 2000, el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha sostenido que, en contextos donde la mayoría de las 
víctimas no puede acceder al sistema de justicia o el sistema no tiene la 
capacidad para procesar todos los casos, es posible utilizar mecanismos 
no judiciales para determinar la suerte o el paradero de las personas víctimas de desaparición forzada. En ese sentido, el CICR ha aclarado que los 
mecanismos judiciales y los no judiciales pueden coexistir en un contexto 
determinado. De allí que se hayan desarrollado iniciativas modernas 
denominadas ‘búsqueda humanitaria’, que son encargadas a instituciones 
distintas a los sistemas judiciales penales. Los Principios Rectores abordaron este asunto y dejaron claro que la búsqueda y la investigación penal son cuestiones distintas y separadas conceptualmente, sin ninguna jerarquía entre una y la otra. Así, la búsqueda 
puede estar a cargo de los mismos órganos que desarrollan la investigación 
o puede estar asignada a un órgano extrajudicial especializado. Lo que 
el CDF exige es que la búsqueda se inicie y lleve a cabo “con la misma 
efectividad que la investigación criminal”, es decir, que no exista una 
preferencia específica por un tipo de órgano para desarrollarla. El punto 
es, entonces, que el Estado la lleve a cabo de forma completa y exhaustiva. 
De hecho, este enfoque coincide con las órdenes dictadas por la Corte 
IDH respecto a la creación de organismos extrajudiciales de búsqueda en 
países como El Salvador. 1.3 Marco nacional en El Salvador La guerra civil en El Salvador es considerada uno de los periodos más 
graves en la historia salvadoreña, debido al saldo de más de 7 000 personas desaparecidas que dejó. Además, este país ha mantenido en el último 
quinquenio uno de los niveles más altos de atentados contra el derecho a 
la vida a nivel de regional y mundial, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas. El peor año fue el 2015, cuando alcanzó un índice de 103 
homicidios por cada 100 000 habitantes, y para 2019, la tasa de desapariciones fue 48 por cada 100 000 habitantes. Estos datos dan a tal situación 
un estatus de epidemia. A la fecha, El Salvador no ha ratificado ni la Convención Interamericana 
ni la Convención Internacional; no obstante, la desaparición forzada está 
tipificada como delito contra la humanidad en el Código Penal. Además, los casos de desaparición forzada han sido examinados por la Corte 
Suprema de El Salvador a partir de 2002. Sin embargo, solo hasta 2012 
la Corte Suprema hizo una primera referencia a la búsqueda de manera 
directa, y en casos posteriores la Corte ha ordenado, entre otras cosas, que las autoridades realicen las indagaciones pertinentes para localizar a 
los desaparecidos. En cuanto a otras instituciones que han desempeñado un papel importante 
en la búsqueda en El Salvador, hay que mencionar, en primer lugar, a la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Aunque 
la PDDH no se dedica a la búsqueda de los desaparecidos directamente, 
esta tarea ha sido incluida en diferentes aspectos de su mandato durante 
varios años y este ente ha elaborado varios informes sobre desaparición 
forzada. En segundo lugar, otro mecanismo cuya existencia tuvo importancia para los avances en la búsqueda de los desaparecidos es la Comisión 
de la Verdad. Al final de su mandato, esta emitió un informe final con 
recomendaciones fundamentales para la promoción de la justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado y sus familiares. 
Décadas después, en respuesta a la misión del GTDFI a El Salvador y a 
la sentencia de la Corte IDH en el caso de Hermanas Serrano Cruz v. El 
Salvador, el Estado creó el primer mecanismo con un mandato especial 
centrado en la búsqueda en el país: la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno 
(CNB). Además, más recientemente, en agosto de 2017, el Estado instaló 
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en 
el contexto del Conflicto Armado en El Salvador (CONABÚSQUEDA), 
cuyo mandato es determinar el paradero de las personas desaparecidas 
durante el conflicto armado interno. Aunque El Salvador suele ser considerado como un país con muchas 
lagunas y retrasos en justicia transicional, sería erróneo concluir que no se han adoptado medidas en relación con la búsqueda de las víctimas de 
desaparición forzada. Igualmente, sería injusto no reconocer que una 
gran parte del mérito se le debe atribuir a las familias, las organizaciones 
de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y la misma 
Corte IDH. Además, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El 
Salvador ha promovido la evolución en la protección constitucional, tanto 
en materia de la libertad individual como sobre la importancia de que haya 
reconocimiento por parte de las instituciones estatales de su responsabilidad 
de determinar el paradero de los desaparecidos. En este sentido, la Sala 
Constitucional ha establecido que es necesario localizar a las personas 
desaparecidas para hacer cesar la violación a sus derechos constitucionales, y que las autoridades deberían mostrar un comportamiento activo 
e informar sobre las acciones realizadas para ubicar a las víctimas. 1.4 Marco nacional en Colombia Colombia cuenta con un marco normativo e institucional robusto frente 
a la desaparición forzada como delito y frente a la búsqueda de quienes 
fueron desaparecidos. Este fenómeno apareció como delito por primera vez a través de la Ley 589 de 200065. Del mismo modo, esta ley también 
estableció otras reglas; por ejemplo, planteó la obligación de tomar medidas 
de política pública, como el registro de personas capturadas y detenidas. 
Igualmente, creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
el mecanismo de búsqueda urgente y el registro nacional de personas 
desaparecidas. La creación de la ‘Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas’ 
es especialmente importante en este marco. Es una red de instituciones 
estatales —entre las que están la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio 
de Defensa— que tiene como fin “apoyar y promover la investigación del 
delito de desaparición forzada, con pleno respeto de las competencias 
institucionales y de las facultades de los sujetos procesales” . Posteriormente, entre 2003 y 2012, se comenzaron a presentar avances 
en materia de desaparición forzada en Colombia, tanto en investigación, 
juzgamiento y sanción del delito como en la búsqueda de las víctimas. 
Adicionalmente, dado el proceso de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares que actuaban en el país ocurrido entre 2003 y 2005, el Estado 
colombiano adoptó medidas complementarias para reforzar la búsqueda de 
personas desaparecidas. Por ejemplo, la Fiscalía creó el Grupo Interno de 
Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas 
(GRUBE) como una instancia adscrita a la Unidad Nacional de Fiscalías 
para la Justicia y la Paz. En el año 2016, comenzó una nueva etapa en la búsqueda de personas 
víctimas de desaparición forzada en Colombia. A partir de la negociación y 
firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera entre el Estado y la guerrilla de las FARC, 
se tomaron medidas para cualificar la búsqueda. Concretamente, las partes acordaron la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas (UBPD), un órgano estatal extrajudicial con enfoque 
humanitario encargado de buscar a quienes desaparecieron en el marco 
del conflicto armado colombiano. Asimismo, el Acuerdo de Paz creó la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar, juzgar y 
sancionar los delitos cometidos durante el conflicto, incluyendo la desaparición forzada. Finalmente, en el acuerdo se incluyó la creación de la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), con el mandato de construir un relato colectivo de lo sucedido y contribuir a la convivencia y a 
la no repetición. Si bien estas dos últimas instituciones no tienen funciones 
explícitas de búsqueda de personas, la primera ha iniciado macrocasos 
de investigación que incluyen las desapariciones forzadas como delitos a 
esclarecer y ha adoptado medidas cautelares para la protección de sitios 
de enterramiento. Además, la CEV ha asumido como parte de su labor 
avanzar en el entendimiento de la desaparición forzada como uno de los 
delitos más graves cometidos durante el conflicto. Así, luego de cincuenta años de historia en los que la desaparición forzada hizo —y sigue haciendo— parte del repertorio de violaciones a los 
derechos humanos cometidas en el conflicto armado, Colombia cuenta 
con un marco normativo e institucional que se puede clasificar bajo la 
dualidad sistema ordinario/sistema transicional. Bajo el sistema ordinario 
se encuentran las instituciones y los marcos normativos para la búsqueda 
de víctimas de desaparición forzada no relacionadas con el conflicto o 
que ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016. Por su lado, bajo el 
sistema transicional están las instituciones y los marcos normativos derivados de las medidas de justicia transicional y los acuerdos de paz, que 
están atados necesariamente a una lógica de esclarecimiento del conflicto 
armado interno que no es determinante en el sistema ordinario. De todas 
formas, este sistema dual no está exento de desafíos, dada la necesidad de 
coordinación interinstitucional intrínseca a modelos institucionales complejos. De forma similar a lo que ocurre en El Salvador, buena parte de los 
resultados hasta ahora logrados en Colombia, por lo menos en términos 
de diseño institucional, reconocimiento de derechos y avance concreto en la búsqueda, son consecuencia del trabajo de organizaciones de víctimas, 
técnicas y de defensa de derechos humanos. 2. La participación en la búsqueda La participación de las víctimas es un aspecto esencial en la búsqueda de 
las personas desaparecidas. El Principio Rector 5 explícitamente aborda 
la participación como un derecho de las víctimas; además, en un sentido 
similar se han pronunciado tanto el CDF como la Corte IDH. Así, por 
lo menos desde la adopción de dicho documento, es clara la necesidad de 
tomar en cuenta los deseos y las prioridades de las víctimas que participan 
en la búsqueda, al igual que permitir el acceso a la información a lo largo 
de esta. Sin embargo, si bien algunos aspectos respecto a la obligación del 
Estado de garantizar la participación en la búsqueda están mencionados 
en otras partes de los Principios Rectores, todavía existen dudas sobre 
su contenido y alcance. Debido a lo abierto que es el estándar internacional, el alcance de la participación y los derechos que ella le asigna a las 
víctimas dentro del procedimiento generan varios debates y controversias. Por ejemplo, una cuestión compleja es definir quién puede ser considerado 
familiar o ser querido del desaparecido, con titularidad del derecho de 
buscar, ya que no existe una definición universal del término. Asimismo, 
dar contenido a la participación y, eventualmente, imponerle los límites 
no es una tarea fácil. Este proceso de interpretación puede dar lugar a arbitrariedades. Así, de esta tensión se derivan preguntas desafiantes aún 
no resueltas normativamente, como: ¿quién tiene el derecho de decidir 
sobre las formas de participación y sus límites?, ¿quién puede decidir sobre 
las estrategias adoptadas en el curso de búsqueda?, ¿quién tiene el derecho 
de participar en ella? Respecto de esta última pregunta, si se toman como fundamento los 
Principios Rectores, la respuesta será que “las víctimas, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como 
toda persona, asociación u organización con un interés legítimo” tienen 
el derecho de participar en la búsqueda. Sin embargo, podría haber otra 
posible respuesta si se usa como referencia la definición que tiene de víctima la Convención Internacional, la cual es un poco más restrictiva que 
la contenida en los Principios Rectores. Igualmente, una opción adicional 
es acudir a las conceptualizaciones desarrolladas en los sistemas de protección sobre la definición de víctima en todo su alcance, bien sea a partir 
de jurisprudencia internacional o de otros instrumentos pertinentes. Otra cuestión que hay que resolver es la búsqueda realizada de forma activa 
por parte de las víctimas cuando el Estado no avanza, ya sea por falta de 
voluntad o de capacidad. Allí la discusión gira respecto del deber estatal 
de no obstaculizar o impedir el desarrollo de las actividades de búsqueda 
y de, más bien, adoptar las medidas necesarias para cumplir su obligación. 
Frente a este punto, la Corte IDH ha explicado —específicamente en el 
marco de la labor de defensa de derechos humanos— que los Estados deben 
abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de labores en el marco de las acciones de búsqueda. Sin embargo, existen ordenamientos internos que impiden realizar actuaciones, como exhumaciones, 
sin el concurso de las autoridades competentes. Esta disparidad lleva 
directamente a un debate sobre el contenido del derecho a la participación 
y, además, profundiza la pregunta sobre qué es participar; ¿cuáles actuaciones puede llevar a cabo la víctima sin el concurso del Estado?, ¿frente 
a cuáles es legítimo que el Estado se reserve la facultad de ejecutarlas?, 
¿cuáles puede este realizar incluso sin el consentimiento, o luego de una 
negativa explícita, por parte de las víctimas? Finalmente, la respuesta a la pregunta sobre qué es participar debe, 
además, ponerse en contexto a partir de la naturaleza del órgano estatal 
dispuesto para realizar la búsqueda. Es decir, es necesario determinar si 
participar significa lo mismo en un escenario judicial que en uno extrajudicial. Si existe distinción, es necesario establecer cuáles son los derechos 
y las facultades inherentes a la participación dependiendo del escenario 
en el que se encuentran las víctimas y el marco normativo procesal que 
las cobija. Esto es especialmente importante respecto a dos asuntos: la 
dirección de la investigación, o la búsqueda en términos estratégicos, y el 
nivel de acceso a información que pueden o no tener las víctimas dentro 
del trámite. Estos debates son los que impulsan el presente artículo. Hasta la fecha, 
incluso teniendo en cuenta lo dispuesto en los Principios Rectores, el derecho internacional no ofrece respuestas claras a las preguntas que plantea la participación de las víctimas en el proceso de búsqueda. Más bien, es 
la práctica estatal la que parece poder dar luces para construir estándares 
más claros, identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas y, en general, fortalecer las normas que protegen a las víctimas en el marco de la 
búsqueda de sus seres queridos. Con el fin de aclarar los retos sobre este 
asunto en los dos países analizados, a continuación presentamos la forma 
en que los mecanismos de búsqueda en El Salvador y Colombia abordan 
la definición de participación y quién puede ejercerla. 2.1 El Salvador La Comisión de Búsqueda de Niñas y Niños no tiene una obligación expresa 
de garantizar el derecho a la participación en los procesos de búsqueda 
de desaparecidos. En contraste, CONABÚSQUEDA sí tiene la obligación 
de garantizar a las familias la actuación en todos los procedimientos de la 
búsqueda y permitir el acceso a la información. Además, la participación 
e inclusión de los familiares debe ser garantizada “de una manera libre 
e informada, respetando los ritmos y tiempos necesarios en la toma de 
decisiones más importantes que les afecten”. Aunque esta obligación de CONABÚSQUEDA merece una valoración 
positiva, es necesario hacer algunas aclaraciones. Los retos de CONABÚSQUEDA para garantizar la participación efectiva están exacerbados debido 
a dos razones. Primero, los derechos de los familiares de los desaparecidos 
no están contemplados en ninguna ley a nivel nacional en El Salvador y, 
segundo, la legislación nacional no tiene una definición universal de “familiar de persona desaparecida”. Según el Código de Familia, el parentesco 
puede ser definido como “la relación de familia que existe entre dos o 
más personas y puede ser por consanguinidad, afinidad o por adopción” 
Una mejor solución sería seguir la jurisprudencia de la Corte 
IDH, que ha indicado que el concepto de familia debería delimitarse en 
conformidad con la realidad propia que se formula en los estrados internacionales, y que el grado de filiación o consanguinidad no es un prerrequisito 
para considerar a alguien como víctima. En este sentido, la Corte IDH 
ha ampliado la noción tradicional de familia. Igualmente, en cuanto a la 
pregunta ¿qué significa participar?, la Corte ha enfatizado la importancia 
de la comunicación con las familias, cuya participación, conocimiento y 
presencia se debería procurar en el marco de acción de la búsqueda. Debido a la falta de medidas adoptadas por parte del Estado salvadoreño, 
las asociaciones de familias y las organizaciones de la sociedad civil han 
jugado un gran papel en la realización del derecho a la participación en 
la búsqueda. En espacios extrajudiciales, estas han intentado comunicar 
regularmente sobre la situación, los obstáculos y los avances a las familias 
y otras personas involucradas en los procesos de búsqueda. Además, las 
medidas de participación han incluido concientización sobre los derechos 
que tienen las víctimas en la búsqueda de los desaparecidos, así como 
también apoyo financiero y psicológico y representación de los familiares 
en espacios judiciales. Para entender qué significa participar en los procesos de búsqueda en 
Colombia es necesario dividir la participación en las siguientes etapas: (i) 
facultad para iniciar la búsqueda; (ii) participación en el proceso de toma 
de decisiones referentes a la búsqueda y (iii) participación en el cierre de 
la búsqueda. La facultad de iniciar el proceso de búsqueda o exigir su inicio no está 
reservada a un grupo o una categoría de personas específica. En el sistema ordinario colombiano, tanto la solicitud de iniciar el mecanismo de 
búsqueda urgente como la denuncia penal pueden ser presentadas por 
cualquier persona. Es deber de todo servidor público denunciar una desaparición forzada, y la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación 
de investigar los hechos de oficio, independientemente del medio por el 
cual se conoció la posible desaparición. De acuerdo con esto, la participación de las víctimas se entiende desde dos dimensiones: por un lado, 
la facultad de presentar denuncias y activar los mecanismos de búsqueda, 
especialmente el de búsqueda urgente; y por el otro, el derecho a que la 
búsqueda inicie, bien sea por la solicitud que ellas mismas inicien o de 
oficio por parte del Estado. La cuestión es distinta en el proceso de toma de decisiones durante la 
búsqueda. En el mecanismo de búsqueda urgente, el derecho a la participación implica conocer las diligencias realizadas, solicitar informes sobre la investigación y —“siempre y cuando no obstaculice el desarrollo 
de las actuaciones o el hallazgo del desaparecido”— participar en las 
diligencias. No obstante, para esto último, quien participa requiere la 
autorización del funcionario judicial que realiza la diligencia y, por lo tanto, 
“dependerá de la valoración de los hechos que efectúe el funcionario, 
valoración que deberá ser sustentada”. Con respecto al pregunta de 
quién puede participar, la ley entiende que el peticionario (quien solicitó 
la activación del mecanismo), los familiares de la persona presuntamente 
desaparecida, las comisiones de derechos humanos del Congreso de la 
República y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
pueden participar en el proceso de búsqueda. En el proceso penal y en la búsqueda a través del sistema de justicia 
ordinario, una víctima es cualquier persona que “individual o colectivamente haya sufrido algún daño como consecuencia” de un delito. Quienes ostenten esa calidad tienen derecho “de ser informadas y escuchadas 
en relación con la suerte de las investigaciones […]; de solicitar medidas 
orientadas a su protección […]; de ejercer facultades probatorias; de ser 
escuchadas respecto de los términos de la acusación y de participar en la audiencia de juicio oral”. Así, la participación se entiende en términos 
de facultades procesales y de deberes de otras partes dentro de la actuación penal, específicamente la Fiscalía General de la Nación y la Policía 
Judicial. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, que cuenta con un papel de coordinación, tiene dentro 
de sus integrantes a un representante de la Asociación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y a un representante de las organizaciones de derechos humanos. Finalmente, las víctimas tienen asiento en el Consejo Asesor de la UBPD 
y, de forma general, es deber de la unidad “garantizar la participación de 
los familiares de las personas dadas por desaparecidas […] en los procesos 
de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna 
de cuerpos esqueletizados”. Esto incluye participar en el diseño del 
plan nacional de búsqueda y de los planes de búsqueda regionales, al 
igual que en la creación de protocolos para la entrega digna de cuerpos 
esqueletizados de personas dadas por desaparecidas. De esta manera, 
el carácter humanitario de la búsqueda, en oposición al enfoque sobre el 
delito que tiene la búsqueda judicial, implica que el foco de atención está 
en la persona desaparecida y quienes la buscan, no en el esclarecimiento 
del delito. 
 Conclusiones Los Principios Rectores no solo llenan un vacío en la interpretación de la 
obligación de la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada. 
Además, representan una buena base para futuros desarrollos en la garantía 
del derecho a la participación en la búsqueda y para conseguir su mayor 
eficiencia. Sin embargo, los Principios dejan asuntos sin clarificar, lo cual 
hace que su propia aplicación se enfrente con varios obstáculos y dificultades. Teniendo en cuenta la importancia que tiene la búsqueda para las 
personas que desean participar, especialmente para los familiares de la 
víctima desaparecida, es crucial que las obligaciones y los derechos previstos en dichos Principios Rectores se desarrollen por medio de marcos 
normativos, protocolos, jurisprudencia y otros mecanismos derivados de 
sistemas de protección de derechos humanos internacionales, así como a 
través de buenas prácticas. En este sentido, uno de los primeros pasos que se deberían tomar a nivel 
internacional es clarificar el término participación en la búsqueda, para 
saber qué engloba. Asimismo, sería importante enfatizar que todas las 
personas mencionadas en el Principio Rector 5 son destinatarias de este 
derecho, para poner todos los marcos nacionales a conformidad con esta 
definición. Una manera de rechazar cualquier argumento que alegue que 
dicha participación trae un compromiso adicional para los Estados es 
entender la participación como un elemento esencial del derecho a buscar, implícita en la búsqueda misma. Esta conclusión es simplemente una 
consecuencia del derecho a la verdad. En los dos países analizados en este artículo se observan importantes 
diferencias en la evolución de las normas, los mecanismos y las sentencias 
relativas a la búsqueda y la participación. Esto tiene mucho que ver con los 
contextos en los cuales las desapariciones forzadas han ocurrido, con la 
voluntad política de los gobiernos y con los recursos que tiene cada país. de la implementación de la UBPD y su marco de acción, por lo que no los 
describe de forma detallada. En El Salvador, por ejemplo, a pesar de las evoluciones del derecho interno 
y de la implementación de instrumentos de protección de víctimas de 
desaparición forzada, el Estado debe abrir caminos para el cumplimiento 
de sus obligaciones de búsqueda, tanto para los casos del conflicto como 
para los de violencia actual. Un paso concreto para hacerlo es iniciar un 
proceso sistemático de adopción de estándares en la obligación de investigar, buscar y garantizar la participación de las víctimas que demuestre 
tal apertura y voluntad. Colombia, por su parte, cuenta con un marco institucional y normativo 
robusto en materia de búsqueda y protección de personas víctimas de 
desaparición forzada y sus familiares, al igual que cuenta con definiciones 
amplias sobre quién puede participar en la búsqueda. No obstante, esto 
no se ha traducido ni en la desaparición de este crimen como forma de 
violencia ni en resultados concretos, sistemáticos y a gran escala de búsqueda efectiva. La creación de la UBPD y su puesta en funcionamiento 
es, sin duda, un paso en la dirección correcta, pues presenta un abordaje 
novedoso en términos del carácter humanitario de la búsqueda y de la 
aproximación a las víctimas y quienes las buscan, con una perspectiva 
holística de derechos humanos. El estudio de ambos casos confronta dos realidades institucionales muy 
distintas, pero con un resultado final similar: las víctimas y sus seres 
queridos siguen requiriendo que los Estados conduzcan las búsquedas 
de conformidad con estándares de derechos humanos. Las preguntas 
sobre qué es participar y quién puede hacerlo siguen teniendo respuestas 
distintas dependiendo del Estado. Por ejemplo, la definición colombiana 
sobre quién puede participar es mucho más amplia que la de El Salvador. 
El problema es que a pesar de las diferencias, el resultado parece no variar 
mucho; esto genera dudas respecto a la perspectiva, eminentemente legal, 
mediante la cual se aborda el asunto actualmente. Los Principios Rectores pueden servir como criterio de unificación en estos sentidos, pero sin 
voluntad política clara y resultados institucionales la discusión no pasará 
de ser jurídica. Varias de las preguntas y/o debates tratados pueden resolverse desde la 
participación de las víctimas o, más concretamente, poniéndolas en el centro de la búsqueda. Por ejemplo, sobre el asunto de cuánto debe durar 
la investigación, es de vital importancia que el Estado agote la debida 
diligencia, pero, a la vez, debe preguntársele a los familiares/víctimas 
hasta qué punto consideran que pueden y quieren soportar la carga de 
esperar las acciones que el Estado deba realizar. Si bien es muy importante 
la discusión a nivel teórico, también debe considerarse en cada caso la 
condición de la víctima y, en consecuencia, responder las preguntas con 
la inclusión de la práctica que las mismas personas y la sociedad civil han 
ido aportando. En ese sentido, es importante señalar que la investigación y la búsqueda 
deben ir relacionadas; si bien en un sentido se buscan responsables, el 
criterio de que las víctimas estén al centro debe resultar en que la investigación penal paralelamente arroje elementos para clarificar aspectos 
sobre el paradero o el destino de las personas desaparecidas. Cabe señalar, por último, que la intención de mejorar la situación en los 
temas abordados debió nacer del Estado desde hace décadas —como un 
gesto de reconocimiento de la gravedad de los hechos hacia la sociedad— 
y no luego de que sentencias u organismos le conminen a realizar una u 
otra medida. Esto habla de la poca voluntad en el pasado y en la actualidad 
que existe para la búsqueda y la participación.