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COPIA CERTIFICADA
RESOLUCION N. 1001-2018
JuicioNo 17741-2013-0215
JUEZ PONENTE AB CYNTUIA GUERRERO MOSQUERA, JTJEZA NACIONAL 0,10
(PONENTE)
AUTOR/A: AB. CYNTHL4. GUERRERO MOSQUERA
-
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO ADMiNISTRATIVO. Quito, martes 11 de diciembre del 2018, las
13h16. VISTOS: Conocemos la presente causa en virtud de haber sido designados como
jueces nacionales, el Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, mediante Resolución del Consejo de la
Judicatura de Transición No. 04-2012, de 25 de enero de 2012, y la Abg. Cynthia Guerrero
Mosquera y el Dr. Pablo Tinajero Delgado, mediante Resolución del Consejo de la Judicatura
No. 341-2014, de 17 de diciembre de 2014; y, las Resoluciones No. 01-2015 y 02-2015 de 28
)
de enero de 2015, de integración de las Salas Especializadas y distribución de procesos,
respectivamente, emitidas por el Pleno de la CorteNacional de Justicia.
ANTECEDENTES. A) El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con
sede en la ciudad de Cuenca, expidió sentencia el 25 de marzo de 2013, las 10h31, dentro del
proceso No. 166-2012, seguido por la señora NELLY AMÉRICAMEJÍA COBOS en contra
de la Ministra de Educación, del Director Provincial de Educación Hispana de Morona
Santiago y de la Procuraduría General del Estado, en la cual resolvió: “ACEPTA LA
DEMANDA ÚNICAMENTEEN CUANTO AL PAGO DE LA DIFERENCIA EXISTENTE
ENTRE LO PAGADO Y LO QUE DETERMINA EL MANDATO CONSTITUYENTE. LO
CUAL SE LIQUIDARI4’ PEPLJCL4LMENTE, CONINTERESES SOBRE LA DIFERENCIA EN
EL PAGOA PARTIR BELA CITACIÓN...
B) Mediante auto de 9 abril de 2013, las 08h40, el Tribunal Distrital atiende los pedidos de
aclaración del Director Regional de la Procuraduría General del Estado y de aclaración y
ampliación de la Ministra de Educación.
C) El Dr. CésarAugusto Ochoa Balarezo, Director Regional de la Procuraduría General del
Estado, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 25 de marzo de 2013, las
10h31, expedida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3,
fundamentándose en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por falta de
aplicación de normas de derecho y errónea interpretación del artículo 8 del Mandato
Constituyente No. 2.
C) El Tribunal de Conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia, en auto de 10 de noviembre de 2014, las 10h21, resolvió inadmitir el
recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General del Estado por la causal primera
del artículo 3 de la Ley de Casación por la falta de aplicación de normas de derecho y admitir
a trámite el recurso de casación por errónea interpretación del artículo 8 del Mandato
Constituyente No. 2. Estando la presente causa en estado de resolver se considera:
PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, de
conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la República;
numeral 1 del artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la
Codificación de la Ley de Casación. Toda vez que se han observado las solemnidades
inherentes al recurso se declara su validez procesal.
SEGUNDO: El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la
correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales corno procesales
dentro de la sentencia del inferior, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de
la Sala. (Resolución No. 62-2015 de 22 de enero de 2015, Resolución No. 56-2015 de 20 de
enero de 2015 y Resolución No. 36-2015 de 14 de enero de 2015). Este Tribunal ha
manifestado que la casación recae sobre la legalidad de la sentencia de instancia, y si la
misma decisión judicial contiene infracciones legales se casa y se dicta una nueva, haciendo
una correcta aplicación de las disposiciones legales infringidas; en definitiva se intenta
restablecer el imperio de las normas de derecho y unificar la jurisprudencia, buscando
conseguir que las normas jurídicas se apliquen con oportunidad y se interpreten rectamente, y
así lograr mantener la unidad de las decisiones judiciales, como garantía de certidumbre e
igualdad para cuantos integran el cuerpo social. (Resolución No. 171-2015 de 13 de mayo de
2015, Resolución No. 159-2015 de 30 de abril de 2015, Resolución No. 157-2015 de 30 de
abril de 2015)
TERCERO: El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en
Cuenca, en su sentencia de 25 de marzo de 2013, las 10h31, señaló: “TRES. La llamada
Jurisprudencia uniforme de la Sala de la Corte Nacional de Justicia, no constituye por el
momento Jurisprudencia Obligatoria, po;- cuanto no se ha cumplido con lo previsto en el
numeral dos del Art. 184 de la Constitución, en relación con el Art. 185 de la misma 6’arta
Magna que establece: “Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte
Nacional de Justicia que reiteren po;- tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto,
obligarán a ¿-emitir elfallo alpleno de la 6’orte afin de que éstadelibere y decida en elplazo
de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dichoplazo no sepronuncia, o si ratWca el
criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria. (Art. 185) y <lo resaltado
intencional>. Como este Tribunal considera que la no determinación de escalas, de razones
de diferenciación en el Art. 8 del Mandato Constituyente, provoca la discrecionalidad, pues,
nopuede acepta;se que sinjustificacion en la ;azonabilidad enfuncion de\io~ ¡techos d≥ los 2
, —
medios tecntcos y la multiplicidad de aspectos a teneise en cuenta en su dae~szon pueda a
unos aplicarsepara elpago reclamado, un salario, ay a otros (sic) siete, pueda no~aj&~&ar el
principio de igualdad tantas veces invocado y COmO este principio, constituye como ya se
dUo, uno de orden constitucional y teniendo además presente que el preámbulo de la
Constitución, establece que decidimos construir: Una sociedad que respeta en todas sus
“...
dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades CUATRO. En contraste con
“.
la resolución de la Corte Nacional de Justicia, tambiéncoexiste la resolución que sobre el
mismo terna, expidió la misma 6’orte Nacional de Justicia, con otra conformación, en
sentencia expedida el 20 de octubre de 2011, <Resolución 313 2011, que luego de
—
concordar con el criterio de la Procuraduría General del Estado y trasladar el texto de esta
apreciación, señala lo siguiente: “El Mandato Constituyente No. 2., se expide para
racionalizar el pago de indemnizaciones que por conceptos de supresión de partidas,
renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación con el propósito de
poner límite yfreno a laforma, hasta cierto punto caótica, que se ha efectuado en tiempos
atrás, lo que ha conllevado a crear discriímines intolerantes entre servidorespúblicosque se
han acogido a estos derechos, este objetivo superior debe ser de inmediata aplicación, puesto
que se encuadra en lo dispuesto en elArt. 11, perales (sic) 4 y 5 de la Constitución Política
de la Repúblicacuyo texto dice: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de
los derechos ni de las garantías constitucionales” y 5 “En materia de derechos y garantías
constitucionales las servidorasy los servidorespúblicosadministrativos ojudiciales deberán
aplicar la normay la interpretación que másfavorezca sil efectiva vigencia Por lo expuesto
se llega a la conclusión que los actos administrativos materia de impugnación no s~n
conformes al ordenamientojurídico...”
CUARTO: El primer inciso del artículo 8 del Mandato Constituyente expedido por la
Asamblea Constituyente, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 261 de 28 de enero
de 2008, establece; “El monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia
voluntaria o retiro voluntario para acogerse a lajubilación de losfuncionarios, servidores
públicosypersonal docente del sectorpúblico,con excepción delperteneciente a las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional, será de hasta siete (7) salarios mínimos básicos un~flcados
del trabajadorprivadopor cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez
(210) salados mínimos básicos unWcados del trabajadorprivado en total. Para el efecto, las
instituciones del sector público establecerán, planificadamente, el número máximo de
¡-enuncias a ser tramitadas y financiadas en cada año debiendo, para ello realizar las
42
programaciones presupuestarias correspondientes, en coordinación con el Ministerio de
Finanzas, de se;- el caso”
QUINTO: Esta Sala Especializada observa que el referido artículo 8 del Mandato
Constituyente No. 2 tiene directa correlación con la Disposición General Segunda de la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa que establecía: “El monto de la
indemnización, por eliminación o supresión de partidas del personal de las instituciones,
entidades y organismos determinadas (sic) en el artículo 102 de esta Lev, se pagará por un
monto de mil dólares de los Estados Unidos de Américapor año de servicio y hasta un
máximo de treinta mil dólares de los Estados Unidos de América, en totaL Los contratos
colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito y otros acuerdos que celebren las
instituciones y entidades señaladas en el artículo 102 de esta Ley Orgánica, con sus
trabajadores, en ningúncaso podrán estipular pagos de indemnizaciones, bonificaciones o
contribuciones empresariales por tenninación de cualquier tipo de relación individual de
trabajo que excedan los valores y porcentajes señalados en el inciso primero de esta
disposición. La autoridad nominadora, adininistrado;~ delegado o representante que
incumpliere con lo dispuesto en el inciso anterior, estará incurso en las causales de
responsabilidad administrativa, civil o penal norma concordante con el artículo 96 del
“,
Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa que señalaba: “El
monto de la indemnización por eliminación o supresión de puesto del personal de las
instituciones, entidadesy organismos determinados en el artículo 102 de la LOSCCA, será de
un mil dólares por cada año de servicio cumplido en el sectorpúblicoy hasta un máximo de
treinta mil dólares en total....
SEXTO: Es jurisprudencia uniforme de esta Sala Especializada que lo que determina el
artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2, son los montos máximos a pagar por concepto de
supresión de partidas, renuncias voluntarias o retiro voluntario para acogerse a la jubilación.
Si se analiza bien esta nonna, contiene la preposición “hasta” en relación a las cantidades de
siete y doscientos diez salarios mínimos básicos unificados, denotando límites para configurar
precisamente valores máximos, tanto en valores anuales como en montos totales a recibir; por
lo que es perfectamente posible percibir cantidades menores (nunca mayores) a las señaladas
en el Mandato, como de hecho lo detenninaba la Disposición General Segunda de la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y el artículo 96 de su Reglamento.
SÉPTIMO:7.1 El criterio expuesto por este Tribunal de Casación, respecto a que no cabe
aplicar el artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2 para recibir la diferencia que resulte
entre la indemnización que ya se hizo efectiva y lo que ordena el referido artículo 8, se lo
manifesto en las resoluciones, entre otras No 07-2013 dentro del recurso de casaeion No
153-2010, No 102-2013 dentro del recurso de casacion No 266-2010, No 108-2013 dentro
del recurso de casación No. 263-2010; No. 157-2015, dentro del recurso de casa6ióh~ No.
206-2013.
7.2 De lo expuesto, queda demostrado que la sentencia emitida el 25 de marzo de 2013, las
10H31, por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Cuenca,
incurrió en el vicio de errónea interpretación del artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2
por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. Sin que sea necesario más
consideraciones, este Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA:1) Casa la sentencia de 25 de marzo de 2013, las 10H31, expedida por la el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en la ciudad de Cuenca.
2) En consecuencia, y conforme el artículo 16 de la Ley de Casación, se niega la demanda
planteada por la señora Nelly AméricaMejía Cobos, por improcedente. Actúela doctora
Nadia Armijos Cárdenas como Secretaria Relatora, según acción de personal No.
6935-DNTH-2015-KP de 01 dejunio de 2015.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.
cZEZ~
AB. C’ ~EIZ-Q~JERRERO MOSQUERA
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
DR. JOAQUIN TINAJERO D ADO
JUEZ NACIONAL
DR. |
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AGRAVIADO: 1-U.- (.ck
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J(cid:9) Amazonas N37-1 01 y U.N.R
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Quito,jueves 13 de diembre del 20189 las 11h57
Una vez agotado el trámite legal y por ser el estado de la causa el de dictar sentencia
por escrito, para hacerlo, se considera.
VISTOS:
1. ANTECEDENTES:
1.1. El 16 de mayo de 2017, las 08h20, el Tribunal de Garantías Penales con sede
en el cantón Machala, Provincia de El Oro, dictó sentencia, en la que ratificó el
estado de inocencia de los ciudadanos JULIO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ y
FREDDY MARCELINO MENDOZA ORDINOLA, absolviéndoles del delito
tipificado y sancionado en el artículo 158 del Código Penal, vigente a la fecha
de la comisión de la infracción (artículo 346 del COIP), dejando sin efecto las
medidas cautelares tanto personal, como real que pesaban sobre los
mencionados ciudadanos. De este fallo, Fiscalía interpuso recurso de apelación.
1.2. La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en sentencia de 04
de octubre de 2017, las 12h48, resolvió, aceptar el recurso de apelación, en
consecuencia, revocó la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales
de El Oro, y al considerar probada la existencia de la materialidad de la
infracción y el nexo causal entre las pruebas del tipo penal y la responsabilidad
de los procesados, concluyen que Julio Javier Núñez Núñez y Freddy Marcelino
Mendoza Ordinola han adecuado su conducta en calidad de autores al delito
tipificado y sancionado en el Art. 158 del Código Penal, vigente a la época de la
1
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA(cid:9) 07281-2014-0202
comisión de la infracción; y, observando el principio de favorabilidad
determinado el Art. 76.5 de la Constitución de la República del Ecuador, Art.
9.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 2 del Código de
Procedimiento Penal, Art. 5.2, Art. 16 del Código Orgánico Integral Penal,
aplican la ley más benigna, siendo la determinada en el Art. 346 del Código
Orgánico Integral Penal, imponiéndoles a los prenombrados procesados, la pena
de UN AÑO de privación de libertad, multa de cuatro (4) salarios básicos
unificados del trabajador en general. De esta sentencia, los procesados
interpusieron recurso de casación.
Los hechos detallados, conforme el tribunal ad-quem, medularmente se
circunscriben a lo siguiente:
"La presente causa penal tiene como génesis el Oficio Circular con fecha 30 de
septiembre del 2010, emitido y suscrito por el Dr. Alfredo Alvear Enríquez, Director
Nacional de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado Subrogante, en el
que indica lo siguiente: "Señores Fiscales Provinciales, en virtud de los hechos
suscitados al interior de la Policía Nacional el día de hoy 30 de septiembre del 2010,
que son dominio público y que han generado conmoción nacional al atentar contra
la seguridad interna del Estado, de conformidad con los artículos 158, 159 y 163 de
la Constitución de la República del Ecuador, dispongo se inicie deforma inmediata
las investigaciones correspondientes por los delitos previstos en Libro Segundo
Título 1 Capitulo III del Código Penal y Código Penal de la Policía Nacional, esto es
delitos contra la seguridad interna del Estado y otros tipos penales que se
encuentren producto de la investigación. De las acciones que se adopten y del
progreso de las investigaciones se mantendrá permanentemente informado al señor
Fiscal General del Estado" Diligencias practicadas: 1. La Fiscal Dra. Paola
Vivanco remite oficio 2880-FGE-FPEO-PVM-323-C-2010, solicitando al Jefe del
Comando de Policía de Hua quillas, que informe si el día 30 de septiembre del 2010
se produjeron algún tipo de desmanes o inconvenientes, con miembros de la policía
al servicio en el cantón Hua quillas (fs 04); en contestación al mismo, el Señor
Mayor de Policía Angel Zapata Villacrés, Jefe de la Policía de Hua quillas, remite un
informe a la indicada autoridad haciendo conocer lo siguiente: 1.1. En orden
cronológico indica que el día de los hechos, a las 0800, se disponga a salir de la
oficina del comando y verifico que en la prevención se encontraba todo el
personal de su jurisdicción(cid:9) informándose por la televisión sobre los
acontecimientos en la ciudad de Quito. 1.2. Que a las 09h00 los medios de prensa
le consultaron sobre la situación y que les indico que todo estaba bajo control. 1.3.
2
JUSTICIA(cid:9)
07281-2014-0202
Que a las 09h30 mientras hablaba con la prensa, personal motorizado salió del
cuartel manifestando su descontento y que iban a recorrer la ciudad como
muestra de malestar, que conoció que la dirección tomada fue la del puente
internacional y que frente a la prevención, personal policial prendió fuego a un
neumático. 1.4. Que a las 09h45 el personal policial ingresa al cuartel y los disuade
a salir a laborar normalmente. 1.5. Que a las 1000 ingresa al cuartel de policía
el Tnte. Omar Gutiérrez de la Policía de Perú, a informarse de la situación en el
cantón. 1.6. Que a las 15h00 se comunicó con el Gral. Arteta, jefe del distrito
Tumbes y que le comunico que la situación era normal pero que el indicado oficial
le manifestó que el presidente de Perú, Alan García, había dispuesto el cierre de la
frontera y que coordinaron el retorno de ecuatorianos y peruanas. 1. 7 Finalmente
que durante el tiempo transcurrido en la cronología detallada no se produjeron
actos delictivos o daños a la propiedad privada, ni se usó material o elemento
disuasivo y que el armamento y equipo se encuentra en condición y número igual al
entregado en dotación 2. La Fiscal Dra. Paola Vivanco remite oficio 2881-FGE-
FPEO-PVM-323-C-2010, solicitando a Jefe de la Policía Judicial de Hua quillas,
que informe si el día 30 de septiembre del 2010 se produjeron algún tipo de
desmanes o inconvenientes, con miembros de la policía al servicio en el cantón
Hua quillas; en contestación al mismo, el señor Myr de Policía. Iván Riofrio
Pacheco, Jefe de la Policía Judicial en Hua quillas, remite un informe 139-SPJH-
2010 (fs 10) a la indicada autoridad ( ... ) 18.2. Informes de lnvestigaci6n (Myr.
Que/al). En oficio 2011-259-UPAI-CP3, de fecha 29 de marzo del 2010 (2011)
(existe copia certificada en papel fax) remitido por Myr. Raymond Que/al al señor
Fiscal Dr. Lenin Fierro Silva. (fs. 79), se detalla un listado de policías que, según
dice textualmente, 'jparticiparon en la toma simbólica y quema de llantas el dia 30
de septiembre del 2010 frente al cuartel del cantón Huaquillas y Puente
internacional". Los nombres del personal nombrado son: Poli. Max Mauricio
Cuenca García (Puente internacional); Poli. Diego Armando Armnendáriz Bravo
(Puente internacional); Cbop. Julio Javier Núñez Núñez (Comando de Policía
Hua quillas); Cbos. Jorge Iván Valencia Méndez (Comando de Policía Hua quillas);
Cbos. Freddy Mendoza Ordinola (Comando de Policía Hua quillas); Cbos. Miguel
Angel Mina (Comando de Policía Hua quillas) ". "(sic)
1.3. Actos procesales de sustanciación del recurso de casación.
A la presente sentencia, le anteceden los siguientes actos procesales que denotan
su validez:
. Decreto de 15 de noviembre de 2017, las 08h50, dictado por la Sala Penal de
la Corte Provincial de Justicia de El Oro, por medio del cual se conceden los
recursos de casación interpuestos por los procesados Julio Javier Núñez
Núñez y Freddy Marcelino Mendoza Ordinola.
3
CORTE NACIONAL. DE
4,
. Sorteo de fechas 22 de diciembre de 2017 y 08 de marzo de 2018, esta
última, en virtud del dispuesto en la Resolución N° 02-2018, emitida por el
Pleno de la Corte Nacional de Justicia, referente a la renovación parcial de
sus miembros, realizado dentro de la causa penal No. 08282-2015-01344,
por la Presidencia de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, mediante el cual quedó
radicada la competencia en éste Tribunal de Casación.
. Audiencia oral, reservada y contradictoria de sustentación de los recursos de
casación, en la que fueron escuchados: El doctor Edwin Vinicio Romero,
abogado defensor del procesado Julio Javier Núñez Núñez; el doctor Paúl
Guerrero, Defensor Público y abogado del procesado Freddy Marcelino
Mendoza Ordinola; y, al doctor Raúl Garcés Llerena, delegado del señor
Fiscal General del Estado.
1.3.1.(cid:9) Fundamentación del recurso por parte del Doctor Edwin Vinicio
Romero, en representación del recurrente Julio Javier Núñez Núñez:
a) La sentencia atacada es la emitida por la Sala de lo Penal de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro, de fecha miércoles 4 de octubre del 2017,
las 12h48, dentro del juicio número 07281-2014-0202, en la que condenan al
señor Julio Javier Núñez Núñez por considerar que adecuó su conducta en
calidad de autor al delito tipificado y sancionado en el artículo 158 del
Código Penal vigente a la época del cometimiento de la infracción y por
principio de favorabilidad, aplican la ley más benigna (artículo 346 del
COIP).
b) Interpone su recurso de casación por existir una indebida aplicación del
artículo 76.7.i) de la Constitución de la República del Ecuador; la sentencia
atacada solo realiza una transcripción de la sentencia del Juez a-quo,
debiendo tomar en cuenta que, conforme consta en el segundo párrafo, el
Tribunal ad-quem le atribuye al ciudadano Julio Javier Núñez Núñez, como
sujeto activo del tipo penal de paralización de un servicio público, tipificado
y sancionado por el articulo 346 el COIP, es decir, aplica una norma
posterior, y al realizar el estudio analítico del mencionado tipo penal,
mencionan que tal infracción será sancionado con una pena de 1 a 3 años, y
ésa es la norma que sanciona los actos realizados por los recurrentes, sin
embargo, a la fecha se encontraba vigente el Código Penal Ecuatoriano y se
tenía que realizar una valoración del artículo 158 de la misma normativa.
Determinan que los actos realizados por Julio Javier Núñez Núñez y Fredy
Mendoza se encuentran probados con total certeza y se habla de tres verbos
rectores: impedir, entorpecer y paralizar el servicio público, pero el artículo
158 del Código Penal derogado, determina que para la configuración del
delito de Sabotaje, es indispensable que cumplan con dos condiciones: la
destrucción, el deterioro, la inutilización, la interrupción, o la paralización de
los servicios públicos o privados o de procesos de producción, y la segunda
condición es el producir la alarma colectiva, es decir que no solamente
interesa la conducta encajada en la tipificación de la norma sino la intención
del sujeto activo del delito de ocasionar daño y la alarma colectiva.
e) La indebida aplicación del artículo 158 del Código Penal derogado, habla de
producir alarma colectiva y de la misma manera, analizando el Código
Orgánico Integral Penal en su normativa pertinente no menciona nada sobre
alarma colectiva, ya que no se analizan los elementos objetivos del tipo
penal. En conclusión, en la sentencia atacada, no se realiza una valoración
del tipo penal sobre los verbos rectores del 158 del código penal y del 346
del Código Orgánico Integral Penal.
wi
JUSTICIA.(cid:9) 07281-2014-0202
Por cuanto se ha incumplido los preceptos contenidos en la Constitución de la
República del Ecuador, esto es que toda sentencia debe contener un
razonamiento, una lógica y comprensibilidad, se solicita que se case la
sentencia.
1.3.2 Fundamentación del recurso por parte del Doctor Paúl Guerrero
Defensor Público, en representación del recurrente Fredy Mendoza
Ordinola:
a) Ha interpuesto recurso de casación de la sentencia emitida por la Sala de lo
Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, porque existe una indebida
aplicación del artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, cuando la
norma correcta era la del artículo 619.2 del mismo cuerpo legal, en
concordancia con el artículo 76.2 de la Constitución de la República del
Ecuador, esto por cuanto, para sentenciar a su defendido, simplemente
realizan un análisis general de los supuestos hechos cometidos, así en el
considerando séptimo de la sentencia, los jueces de la Corte Provincial de El
Oro, manifiestan que los actos realizados por el señor Fredy Mendoza
Ordinola, alteraron la paz de forma general, que se deja probada su
participación con las pericias técnicas y la prueba testimonial,
responsabilizándole de la paralización del destacamento de la Policía
Nacional y del puente de aguas verdes, pero no se manifiesta que dicha
paralización lo realizó el señor Fredy Mendoza, puesto que solamente se
encontraba en el lugar de los hechos más no realizando ningún tipo de delito,
puesto que no se pudo comprobar. Además se sostiene que se paralizó el
puente internacional, lo cual es incorrecto, esto porque por versión de un
Teniente de la Policía del Perú, se determinó que por disposición del
presidente del Perú, Alan Garcia, se ordenó que de forma adecuada y
ordenada regresen todos los ciudadanos del Perú a su país.
b) Que en la sentencia se establece que se encontraban varias personas con
uniformes policiales, pero no se individualiza a las mismas, pero los señores
jueces subsumen el delito a los hechos de ese día y la participación de su
defendido, realizando un análisis sesgado, no se indica cómo impidió,
entorpeció o paralizó el normal desenvolvimiento o prestación de un servicio
público, además no se ha de demostrado cómo se resistió violentamente al
restablecimiento del mismo.
Concluye solicitando que se case la sentencia por ser injusta y se ratifique el
estado de inocencia del recurrente.
1.3.2. Contestación por parte del doctor Raúl Garcés Llerena, delegado del
señor Fiscal General del Estado.
a) Que los hechos son los realizados el 30 de septiembre del 2010, cometidos
en horas de la mañana principalmente en la parte interior y exterior del
comando de la policía de Huaquillas, así como en el puente internacional de
Huaquillas, con actos conforme lo ha establecido el juzgador de instancia, y
como resultado de estos actos, se produce una paralización de servicios
públicos.
b) Respecto al recurso de casación planteado por el señor Julio Núñez Núñez,
quien considera que existe indebida aplicación del artículo 346 del Código
Orgánico Integral Penal y que debía ser aplicado el artículo 158 del Código
Penal vigente a la época del cometimiento de los actos, conforme la
alegación, estima que el juzgador de instancia aplicó por principio de
favorabilidad, dispuesta en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la
República, la menos rigurosa, dando un beneficio al procesado Julio Núñez
7
4., JUSTICIA(cid:9) 07281-2014-0202
Núñez porque la pena en el Código Penal, era de 8 a 12 años de reclusión
mayor ordinaria, en tanto que en el artículo 346 en el Código Orgánico
Integral Penal, es de 1 a 3 años de privación de libertad. Se ha indicado que
el verbo rector que es la alarma pública, también contenida en la norma del
COIP, y al ser el procesado un miembro policial, sus actos paralizaron un
servicio público como la transportación o movilidad de personas y de
vehículos. Que se ha hecho hincapié el artículo 76.7.1) de la Constitución
referente a la motivación, pero a criterio de Fiscalía, la sentencia se
encuentra debidamente motivada y reúne los parámetros de motivación, de
ahí que, la alegación por falta de motivación necesita que se exprese de
forma lógica dónde consta el yerro en la sentencia y no solo en forma
general, por tales consideraciones se solicita que se rechace el recurso de
casación.
c) En relación al recurso presentado por Freddy Marcelino Mendoza, ha
determinado que interpone su recurso al considerar que existe una indebida
aplicación del artículo 346 del COIP y que la norma correcta a aplicar es la
contenida en el artículo 76.2 de la Constitución de la República del Ecuador
en la que se presume el estado de inocencia, de ahí que fiscalía estima que
del análisis que realizó la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en el cual
toma en cuenta en forma global todas las pruebas, llegando a establecer la
materialidad de la infracción así como la responsabilidad del señor Fredy
Mendoza; por tanto no se ha vulnerado dicha normativa, de ahí que, no
procede revalorización de prueba conforme lo señala el recurrente, en ese
sentido solicita que el recurso sea rechazado por improcedente.
2. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN:
2.1 Competencia:
La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Nacional de Justicia, tiene competencia para conocer los recursos de casación,
revisión y los demás que establezca la ley, en materia penal de conformidad con lo
determinado por el artículo 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador; y,
artículo 186 del Código Orgánico de la Función Judicial.
El Tribunal para la resolución de la presente causa está conformado por el doctor
Iván Saquicela Rodas, Juez Nacional; doctor Miguel Jurado Fabara, Juez Nacional;
y, doctor Luis Enríquez Villacrés, Juez Nacional Ponente.
2.2 Validez Procesal.
El presente recurso de casación se ha tramitado en observancia a los artículos 75 y
76.3 de la Constitución de la República del Ecuador y del trámite propio del
presente recurso; en consecuencia, al no existir vicios de procedimiento, ni omisión
de solemnidades sustanciales, este Tribunal declara la validez de lo actuado.
2.3 Sobre el recurso de casación.
El recurso de casación constituye una manifestación del derecho a recurrir de los
fallos, garantizado en el artículo 76.7.m) de la Constitución de la República del
Ecuador, en relación al artículo 8.21) de la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), que señala:
o
"... Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a
las siguientes garantías mínimas: ... h) Derecho de recurrir del fallo ante
juez o tribunal superior."
Aquella norma, guarda relación con la contenida en el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone:
"Toda persona declarada culpable, de un delito tendrá derecho a que el
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un
tribunal superior, conforme lo prescrito por la ley."
Este medio de impugnación está dirigido a enmendar las faltas que afectan al juicio
de derecho contenido en la sentencia de apelación, por su naturaleza es de carácter
extraordinario por cuanto exige motivos taxativos para su interposición, así, el
artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, contempla las causales por las que
procede el recurso de casación, esto es, cuando en la sentencia se hubiera violado la
ley, ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o por errónea
interpretación, fuera de las cuales su consecuencia es la declaración del recurso
como improcedente.
Coherente con lo expuesto, Orlando Rodríguez, afirma "La casación procede única
y exclusivamente por las causales que expresamente consagra el sistema jurídico
positivo; no existen causales distintas"; en tanto que, Gilberto Martínez Raye, en la
obra Procedimiento Penal Colombiano, agrega que el recurso extraordinario de
casación "es el que se utiliza contra sentencias de segunda instancia que se
consideran vio latorias de la ley. No origina una tercera instancia que no existe; en
casación no pueden volverse a debatir los hechos que ya han sido juzgados en las
dos instancias. Simplemente se trata de un recurso mediante el cual se confronta la
1 Rodríguez Ch. Orlando. Casación y Revisión Penal, Temis, Bogotá, 2008, p. 67.
10
jurídica.
En relación a las causales determinadas, existe contravención expresa del texto de la
ley, cuando se desobedece o se actúa en contrario de lo que ésta expresamente
señala; tiene lugar la aplicación indebida de la ley, cuando el juzgador en lugar de
aplicar la norma que corresponde al caso, aplica otra que es impertinente, hay aquí
una norma incorrecta que se ha aplicado y una correcta que se ha dejado de aplicar;
y, errónea interpretación que se da cuando el juzgador no acierta con el sentido
genuino que tiene la norma, es decir, refleja un error de intelección.
Para analizar el recurso de casación, la Sala Especializada de lo Penal, Penal
Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, ha definido
parámetros, estableciendo que "Ningún recurso de casación podrá ser procedente,
si el recurrente no exterioriza las razones jurídicas de las que se cree asistido, para
elaborar los cargos que presenta al Tribunal. Esta actividad, que se conoce como
argumentación jurídica, consta de tres componentes básicos: a) Determinación de
la parte específica de la sentencia impugnada, en la cual se encuentra el error de
derecho; b) Confrontación entre el razonamiento del juzgador sobre la aplicación o
interpretación de una norma jurídica, que se considera ha provocado un error de
derecho, y aquella aplicación o interpretación que estima el recurrente se debería
haber realizado; y, c) Explicación de la influencia que ha tenido el error de
derecho, sobre la parte dispositiva de la sentencia impugnada"3
2 Gilberto Martínez Raye. Procedimiento Penal Colombiano. Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá,
1992, pág. 457
Ecuador. Sentencia de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia. Juicio No. 444-2014.
11
que el Tribunal de Casación cuente con los medios claros y suficientes para casar
una sentencia con base a los argumentos expuestos.
2.4 Sobre la impugnación esgrimida por los recurrentes:
El doctor Edwin Vinicio Romero, abogado del recurrente Julio Javier Núñez Núñez,
así corno el doctor Paúl Guerrero, Defensor Público y abogado del recurrente Fredy
Mendoza Ordinola, expresaron la existencia de la transgresión de la ley, mediante
una indebida aplicación de la misma, así, el primero de los prenombrados
profesionales, considera que se aplicó indebidamente la norma del artículo 346 del
Código Orgánico Integral Penal, siendo la disposición correcta a aplicarse la
determinada en el artículo 158 del Código Penal, vigente a la fecha de los
acontecimientos, además que existe una indebida aplicación del artículo 76.7.1 de la
Constitución de la República del Ecuador, considerando que los elementos del tipo
penal definitivos en el artículo 158 del Código Penal, no se reproducen en el
artículo 346 del COIP, esto es, producir la alarma colectiva, corno elemento
objetivo del tipo penal.
En tanto que, la defensa del procesado Fredy Mendoza Ordinola, ha manifestado, en
casi un similar argumento, una indebida aplicación de la disposición contenida en el
artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal y la norma debida que debía ser
aplicada es la del artículo 619, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal, en
concordancia con el artículo 76.2 de la Constitución del Ecuador, considerando que
los yerros se visualizan en el considerando séptimo de la sentencia impugnada,
donde se realiza un análisis del tipo penal, sin determinar la alteración de la paz, y
12
cuartel o del puente internacional de Huaquillas.
De lo antes expuesto, es necesario, en primer lugar, determinar el alcance de la
causal de casación de indebida aplicación, invocada por los recurrentes en sus
intervenciones, así, ésta tiene lugar cuando se utiliza una norma legal que de manera
errónea ha determinado caso; hay aquí una norma correcta que se ha dejado de
aplicar y una incorrecta aplicada; su convergencia radica en que, el hecho fáctico,
tras la valoración probatoria, no se encasilla a lo que la norma escogida contiene.
En palabras del autor Heliodoro Fierro Méndez respecto del presupuesto invocado
refiere que: "El despropósito se ofrece en la falsa adecuación de los hechos
probados a los supuestos contemplados en el precepto, al no coincidir los sucesos
procesalmente reconocidos con las hipótesis que lo condicionan"4
.
Bajo ese contexto, los recurrentes al haber realizado sus alegaciones, han
considerado la existencia de una violación de la ley, por indebida aplicación, sin
embargo el fundamento plasmado se aparta de la rigurosidad que conlleva recurrir
vía casación, toda vez que, al invocar este tipo de modalidad de yerro de derecho en
la sentencia, debían demostrarse que en efecto, el Tribunal de alzada, realizó una
falsa adecuación de los hechos probados a los preceptos contenidos en las normas
jurídicas alegadas como vulneradas, mediante un fundamento por cada una de ellas,
exhibiendo la parte específica de la sentencia en la que se vislumbra cada error, y su
influencia en la decisión de la causa, situación que en el caso concreto han omitido
los recurrentes.
Heliodoro Fiero Méndez. Casación y Revisión Penal. Segunda Edición. Editorial Leyer. Bogotá-
Colombia. p. 244.
13
través de su defensa técnica, considera la existencia de una indebida aplicación del
artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal y del artículo 76.7.i)5 de la
Constitución de la República del Ecuador, empero, su argumento simplemente
versó en que la sentencia atacada, realiza una transcripción de la sentencia del Juez
a-quo, sin determinar, según su criterio, cuál es el alcance de la norma legal y
Constitucional y su aplicación incorrecta al caso en concreto; de igual forma, la
alegación en torno a que no se debió aplicar el artículo 346 el COIP, por ser norma
posterior, no contó con un sustento que conlleve a decretar una posible violación de
la ley, evidenciándose claramente que el fundamento presentado por el impugnante,
en nada justificó su impugnación conforme la causal de casación escogida para el
efecto, alejándose de la exigencia que conlleva recurrir por esta vía extraordinaria.
A pesar de lo señalado, este Tribunal al verificar la sentencia impugnada, de la
misma se desprende que, conforme el análisis efectuado por la Sala Penal de la
Corte Provincial de Justicia de El Oro, versa de cierta medida, sobre los elementos
constitutivos del tipo penal determinados en el artículo 158 del Código Penal,
aplicable a la causa, concluyendo que dicha conducta sigue siendo sancionada por el
artículo 346 del COIP, de ahí su aplicación en torno a la penalidad de la infracción,
en atención al principio de favorabilidad determinada tanto en la Constitución como
en la normativa penal ecuatoriana, como bien ha razonado la Sala Penal, en su
sentencia, desarrollando este criterio a partir de su considerando siete punto once
(7.11), consecuentemente resulta en la improcedencia de su impugnación, por falta
de fundamentación.
Constitución de la República del Ecuador: Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes
garantías básicas: (...)7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: ( ... )i) Nadie
podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción
indígena deberán ser considerados para este efecto.
14
de su defensa técnica, en torno a justificar su recurso, señaló una indebida
aplicación del artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, considerando que la
norma correcta que debía aplicarse es la determinada en el artículo 619.2 del mismo
cuerpo legal, en concordancia con el artículo 76.2 de la Constitución de la
República del Ecuador, bajo un argumento que conllevó a instaurar que los jueces
de la Corte Provincial de El Oro, consideraron que los actos realizados el día de los
hechos, alteraron la paz del Estado, responsabilizando a su defendido de dicha
paralización, específicamente del destacamento de la Policía Nacional y del puente
de Aguas Verdes, pero que tal circunstancia no ha sido probada.
Refiriéndonos a la norma Constitucional alegada por el recurrente como inaplicada
al caso concreto, es necesario señalar que, el Ecuador al ser un Estado
Constitucional de Derechos, como garantías constitucionales al debido proceso, el
artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República, instituye que por el
derecho a la presunción de inocencia, toda persona debe ser tratada como tal, antes
y durante la tramitación del proceso, siendo mediante sentencia ejecutoriada o en
firme que se puede determinar si la persona procesada mantiene o no ese estado, por
el contrario, se la declara culpable; es decir, mientras ello no ocurra, es inocente, en
ese sentido, el recurrente, conforme su fundamentación, no ha justificado cómo la
Sala de Apelación, ha vulnerado la referida norma constitucional, en consecuencia,
su recurso de casación deviene en improcedente por falta de fundamentación.
2.5. Ahora bien, el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, faculta al
Tribunal de Casación, realizar acciones de casación de oficio, para de tal manera
corregir aquellos errores detectados en la sentencia de segunda instancia y que el
impugnante o impugnantes omitieron por su fundamento equivocado; es así que, en
15
"Séptimo", se desprenden las siguientes apreciaciones:
...) Conforme dispone el artículo 346 del COIP, que refiere: "La persona que
"(
impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público ", el
sujeto activo de la infracción no necesariamente tienen que ser calificado o
cumplir una función específica, sin embargo en razón de ser los acusado
miembros de la Policía Nacional, que pertenecían al Grupo "ALCON II" y que
laboraban en el Cantón Hua quillas provincia de El Oro, frontera con el vecino
país de Perú, se ha dejado probado con las pericias técnicas y prueba testimonial
que los ciudadanos JULIO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ y FREDDY MARCELINO
MENDOZA ORDINOLA, han participado en actos conducentes a la paralización
de servicios públicos en el Cantón Hua quillas, esto es, en la entrada del
Comando de Policía como también en el puente internacional, afectando el
normal funcionamiento de la ciudad, actos que lo realizaron en la mañana del 30
de septiembre del año 2010.
Siendo por tanto menester anotar lo que la Constitución de la República del
Ecuador en su artículo 158 dice: "Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los
ciudadanos. Pese a esta máxima constitucional se ha establecido como
(...). ".
hecho probado que JULIO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ y FREDDY MARCELINO
MENDOZA ORDINOLA, miembros de la institución policial y que eran parte del
Grupo "ALCON II" han participado en actos conducentes a la paralización de
servicios públicos en el Cantón Hua quillas, esto es, en la quema de llantas a la
entrada del Comando de Policía como también en la toma simbólica del puente
internacional que une con el país del Perú, hechos que fueron presenciados por la
ciudadanía y también cubiertos por los medios de comunicación que difundieron
a través de los medios de comunicación a nivel nacional de lo sucedido la
mañana del 30 de septiembre del año 2010(...)"
Conforme lo transcrito de la sentencia recurrida, el tribunal de apelación, ha
considerado que los procesados Julio Javier Núñez Núñez y Freddy Marcelino
Mendoza Ordinola, al ser miembros de la institución., policial y parte del Grupo
"ALCON II", participaron en los actos conducentes a la paralización de servicios
públicos en el Cantón Huaquillas, con quema de llantas a la entrada del Comando
de Policía, así también en la toma simbólica del puente internacional que une el
16
cantón Huaquillas y en el país, de lo cual, para llegar a dicha conclusión, el tribunal
adquein, ha estimado:
"(...)Pues, no solo se cuenta con prueba testimonial respecto a la paralización de
los servicios públicos por parte de JULIO JA VIER NÚÑEZ NÚÑEZ y FREDDY
MARCELINO MENDOZA ORDINOLA, miembros de la institución policial y que
eran parte del Grupo "AL CON II", sino con la pericia técnicas que obran del
proceso y que han sido acreditados por parte de quienes suscribe el informe, en el
caso del testimonio de Nelson Ramón Ron quillo Vargas, perito acreditado,
indica haber realizado la explitación de la información constante en un CD que
le fuere entregado, y en mismo realizó la experticia de audio y video, realizando
una secuencia de imágenes y transcripción del audio, y en una de las partes se
puede apreciar un rotulo que se lee "bienvenidos al Perú" allí se encuentran
aglomerados varias personas tanto de género femenino y masculino portando
uniformes de similares características a los portados por la policía Nacional del
Ecuador, también se encuentra un vehículo tipo cuadrón, color blanco, estas
personas en la parte anterior como posterior del chaleco la palabra "Policía ", en
el audio se escucha una voz masculina que grita "viva el paro" esto se corrobora
con el testimonio de Milton Robinson Jiménez Cueva , quien realiza el
cotejamientofisico de imágenes obrantes en un CD con las fotografías tomadas a
Herrera Sergio, Mendoza Ordinola Freddy, Mina Rojas Miguel Angel, Naranjo
Henry Nelson, Núñez Núñez Julio Javier, Patiño Gusman Franquin, Quintanilla
Bonilla Edeer Josue, Sarmiento Sandoval Richard Alberto, Sánchez Gaybor
Cristhian Fabian, Valencia Méndez Jorge Iván y Zapata Villares Angel Lautaro,
con quienes se realizó el cotejamiento fisonómico con las foto grafías editadas,
sobre todo se determina que las fotografías que de una manera libre y voluntaria
fueron tomadas a JULIO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ y FREDDY MARCELINO
MENDOZA ORDINOLA, tiene características similares con las que constan el
CD sobre el cual realizo la pericia técnica(...)" (sic). (Lo resaltado fuera del
texto)
En este orden de ideas, conforme la precisión del tribunal ad-quem, es evidente que
se ha demostrado conforme a derecho una paralización de servicios públicos,
suscitado el 30 de septiembre de 2010, sin embargo, del propio análisis y
17
juicio, se aprecia lo siguiente:
(...)En el presente caso conforme obra del proceso y de lo manifestado en
audiencia de juicio al momento que rinde testimonio Angel Lautaro Zapata Villares
quien en la parte pertinente indica: El 30 de septiembre del 2010 nosotros
estuvimos en la ciudad de Hua quillas, ( ... ), posterior a mis espaldas habían un
poco de policías que estaban vestidos de camuflaje, camuflaje se utilizaba por el
personal que se lo denominaba el grupo Halcón, ellos realizaban actividades en
patrulleros y motos, ( ... ), este grupo de compañeros policías estaban alterados y es
visible ver que se escuchaban las voces de protestas, y yo me dirigí hacia ellos y les
dije que aquí las cosas están normal y tienen que ir a trabajar, en ese instante
tomaron una actitud bastante beligerante hacia mí, es así, que el encargado del
personal que era un suboficial de apellido Sergio Herrera me parece, el me trato
de mediar y evidentemente indiqué que los tiene que controlar y disponer que se
evite me falten el respeto, ( ... ), todos salieron a trabajar, pero el grupo de
motociclistas, recuerdo entre ellos el de camuflaje tomaron otra actitud,
desobedecieron las ordenes y lo único que observe es que salieron del cuartel,
luego de esto paso el tiempo, se decretó crisis ( ... ), inmediatamente parte de mis
funciones corno comandante realice un comunicado correspondiente
manifestándole a través de un telegrama al comandante provincial de que la
situación había sido superada y que a eso de las 11 de la mañana en la ciudad el
servicio de policía estaba totalmente reestablecido, que las cosas se dieron por los
grupos de policías que fueron persuadidos por lo que se hablo fue lo que genero
este incidente, pero luego todo volvió a la calma, ( ... ) ya para el medio día
nosotros ya con más tranquilidad alguien me comunico que aquellos que habían
salido del cuartel de forma violenta habían ido al puente internacional y luego
habían regresado al cetro de la ciudad, lo que si pude ver obviamente al siguiente
día una fotografía en el puente internacional se los ve ahí especificamente al grupo
de camuflaje que están ahí, (...). El grupo Halcón tiene como movilización
vehículo, pero no lo utilizaron, (...) algunos del grupo Halcón, como de los
motociclistas salen abruptamente del cuartel, estaban Nuez y Mendoza entre el
grupo que salió, los logramos implicarlos cuando dispuse nuevamente la formación
y evidentemente no estaban ni los motociclistas, ni los compañeros que aparecieron
en la fotografía del siguiente día en el puente, (...).
En tanto que al momento que rinde el Testimonio Jorge Iván Valencia Méndez
(Policía), en lo principal manifestó.- Preste servicios en la Provincia de El Oro,
( ... ), estuve el 30 de septiembre del 2010 en Hua quillas, yo estaba en un grupo de
reacción denominado Halcón 2, como auxiliar tenía que colaborar al Jefe de
lo
patrulla en cualquier disposición, ese día me encontraba de servicio donde al
momento nos habían indicado al grupo de reacción que avanzáramos a las 8 de la
mañana al cuartel, formamos para salir con el detenido, luego con elfuin2os a la
unidad judicial y luego regresamos aproximadamente a las 10h00, nosotros
estábamos como grupo de apoyo donde luego de haber ingresado con el detenido
estábamos para prestara cualquier compañero la colaboración, ( ... ), y nosotros no
sabíamos aun lo que se estaba dando en la ciudad de Quito, nosotros acudimos a
la Unidad Judicial para que se dé inicio a la audiencia, la misma que se suspendió
por lo que estaba sucediendo (...), estaba el cabo Mina Rojas que era conductor, el
sargento Núñez que estaba como jefe de patrulla, el compañero Mendoza y mi
persona que estábamos como auxiliar, al momento en que salimos no sucedía nada
en el cuartel, salimos aproximadamente 07h45, hora que iba a ser la audiencia, al
momento que ingresamos al cuartel pude observar algunos compañeros que
estaban en la prevención viendo TV observando lo que suscitaba en las demás
provincias, una vez que regresamos, el detenido quedo en la CDP, mi mayor Ángel
Zapata nos ordenó formar de inmediato para salir nuevamente a cumplir con
nuestras labores, (...).
Al rendir su testimonio la ciudadana Carmen Piedad Castro Ávila (Periodista), en
lo principal manifestó.- Estuve en Huaquillas el 30 de septiembre del 2010, ( ... ), yo
soy corresponsal del diario El Nacional en el cantón Hua quillas, ( ... ), yo estaba
casi por el Municipio cuando pasaron los Policías en un cuadrón investigando,
creo que eran como unos tres, eran como las 8 de la mañana, de ahí me fui al
puente internacional donde pude observar a los uniformados agrupados en la
mitad del puente, y ahí se habían mezclado ciudadanos civiles ecuatorianos,
peruanos, a ver de qué se trataba la novedad y ellos se habían tomado el puente
simbólicamente, me refiero a la Policía de Ecuador, yo solamente los vi que
estaban ahí parados, por esa razón no podían pasar los transeúntes, yo solamente
tome la foto para el periódico y luego me traslade hasta el cuartel de la policía
para saber si podía entrevistar a alguien(. . .)los policías estaban agrupados en la
garita, estaban observando un TV informándose ( ... ), en el reportaje esta la
fotografía del Banco de Machala con las puertas cerradas, la cooperativa Santa
Rosa también, yo no escuche ningún tipo de proclama, eran como las 800 am,
después el alcalde llamo a la tranquilidad pues las personas tenían miedo por los
robos, y de ahí en horas de la tarde indico que se calmen porque todo estaba
normal, (...).
Tenemos el testimonio de Washington Ricardo Paredes Vilela (Perito), en lo
principal manifestó.- (...), realice el reconocimiento del lugar de los hechos, de
acuerdo al delito que constaba contra la seguridad del Estado, esto fue hecho el 8
de febrero del año 2012, la primera escena es la del Comando Provincial de
CORTE NACIONAL DE(cid:9)
JUSTICIA
Hua quillas que se ubica en la Av. Republica Costa Rica y la Hualtaco, donde se
decía que presuntamente se habían suscitado ciertos hechos, y la segunda escena
fue siguiendo la Av. Republica hasta más o menos el puente que da con la calle
Arenillas, esos son los dos lugares que se reconoció, (...), solamente reconocí el
lugar, existen los lugares, la escena fue previo al puente internacional. (...).
Tenemos el testimonio de Nelson Ramón Ron quillo Vargas quien indica: Laboro en
la Unidad de Apoyo Criininalística de El Oro, soy perito (...), se procedió a
realizar una secuencia de imágenes y transcripción de audio, según la secuencia de
imágenes se puede apreciar un lugar abierto en donde la cámara de video enfoca
hacia un inmueble de color blanco con franjas de color azul y plomo, así mismo
enfoca el ingreso a una puerta de mallas de alambre, en el lugar existe algunas
personas de género masculino, los mismos que portan uniformes de similares
características a la Policía Nacional del Ecuador, (...), en una de las partes se
puede apreciar un rotulo que se lee Bienvenidos al Perú, ahí se encuentra
aglomeradas varias personas tanto de género femenino como masculino portando
uniformes de similares características a los portados por la Policía Nacional del
Ecuador, se encuentra un vehículo tipo cuadrón de color blanco, ( ... ), luego se
retiran del lugar en dicho cuadrón, el video enfoca nuevamente al lugar como
prevención, se entrevista a una persona de género masculino en donde se realiza a
transcripción de audio, se enfoca a una persona de género masculino que porta
uniforme de similares características al portado por la Policía Nacional del
Ecuador, se encuentra esta persona junto a un objeto de similares características a
una llanta, que está encendida, existen varias personas que se encuentran
alrededor de esta llanta utilizando uniforme de similares características al
portado por la Policía Nacional del Ecuador, ( ... ), respecto al audio teniendo en
cuenta en la transcripción intervienen 32 personas, a comienzo se puede escuchar
a una persona de género masculino que indica viva el paro, y varias personas
contestan viva el paro, fue lo más relevante, que se pudo transcribir, en relación a
la secuencia de imágenes, según la cámara de video únicamente no enfoca
exactamente qué persona es la que manifiesta viva el paro, no se puede distinguir
que persona lo indica, en el lugar donde se lee Bienvenidos al Perú, donde están
personas vistiendo uniforme de similares características al portado por la Policía
Nacional del Ecuador, en ese lugar también se escucha viva el paro, (...).
Consta el testimonio de Sergio Herrera Yánez quien indica: Preste servicios en la
ciudad de Hua quillas, en septiembre del 2010 yo trabajaba en comunicaciones, al
30 de septiembre era suboficial primero, al momento de hacer formar yo pasaba
lista, y se daba parte al jefe superior, yo era el custodio del armamento, ( ... ), para
el 30 de septiembre en la mañana mi Mayor Ángel Zapata distribuyo al personal a
los servicios, ( ... ), luego el personal de servicio urbano salió a cumplir sus
20
4(cid:9) CORTE NACIONAL DE
funciones e inmediatamente yo me regrese a entregar el armamento que faltaba y
recibir al personal que iba a salir franco, eso sería más o menos 8 de la mañana,
posterior salí a la parte posterior del cuartel a desayunar, cuando regrese pude
observar al personal que escuchaba noticias en la prevención, sin ninguna
novedad, regrese a mi lugar de trabajo(...), luego más o menos a las 09h20 salgo
con dirección a la prevención, (...)en ese momento pude ver que una llanta se
encontraba prendida a unos 20 o 25 metros en la prevención, y a lado de esa llanta
había un grupo de policías, mi mayor Zapata indico que voten esa llanta, de ese
grupo se escuchó un susurro faltándole el respeto a mi mayor Zapata, yo reaccione
enseguida y lo tome del brazo a mi mayor y le dije que no se deje faltar el respeto,
les dije a ese grupo que les pasa, mi mayor reacciono diciéndome que haga formar
a todo el personal, ( ... ), todo se normalizo, en el momento en que estaba la llanta
prendida en ese grupo mi mirada se centró en el policía Julio Núñez que estaba
parado cerca la llanta con el señor policía Mendoza, una vez formado el personal
se da lectura a la orden y se da los servicios, 07h30 es la hora normal en que
formamos (...), y de ahí todos se retiraron a su servicio, se encontraba el grupo
Halcón 2, después de la formación desconozco lo que hicieron, estaba vestidos de
camuflaje, vi en el grupo a los policías Núñez y Mendoza, ellos estuvieron parados
cerca de la llanta que se encontraba prendida, la llanta estaba en el interior del
comando, yo no he escuchado que alguna persona haya indicado deparo o algo de
eso, cuando mi mayor hizo formar nuevamente al personal todo volvió a la
normalidad, cada uno tenía ya sus servicios y funciones especificas, en la segunda
formación se aglomeraron en círculo a escuchar lo que decía mi mayor, si se
encontraba el señor Núñez y el señor Mendoza. ( ... ).
Consta el testimonio de Ever Josué Quintanilla Boniila (Policía), en lo principal
manifestó.- El 30 de septiembre del 2010, me encontraba laborando en Huaquillas
como cabo segundo, (...), ciertos compañeros estaban que reclamaban en la parte
de la prevención, hubo una quema de llantas pero por la función en que me
encontraba no me percate quien la había prendido, tenía yo que estar pendiente de
los detenidos, no recuerdo si hubo algún traslado de detenido esa mañana del 30S
pero debe estar registrado en el libro, la quema de llanta fue en la parte interior
del cuartel, a unos 20 o 25 metros de la prevención, después ya la apagaron, eran
como las nueve de la mañana más o menos, un rato llego por ahí el señor mayor
Riofrio, el comandante Zapata mando a formar para indicar ciertas cosas y
disponer que el personal siga laborando normalmente y cumplan las labores que
correspondían, ( ... ), ciertos compañeros de pronto incitaban a ciertas actividades
que realicen algunos compañeros, en Hua quillas no se escuchó, no era
paralización, era como solicitando apoyo por lo de Quito, (...), en la parte interior
de la prevención, al grupo halcón se encontraban unos 6 a 8 compañeros entre los
21
4.,. JUSTICIA(cid:9) 07281-2014-0202
cuales se encontraban el señor Núñez y el señor Mendoza, así como también
ciertos motorizados. (...). Habían más compañeros y yo más me dedique a estar
más pendiente en lo que podía pasar con los presos, (...).
Consta el testimonio de Mario Rolando Rosero Noboa, en lo principal manifestó. -
Al 30 de septiembre del 2010, me encontraba de servicio en Huaquillas en el casco
comercial, en aquel entonces era cabo segundo, ( ... ), ese día yo me encontraba de
servicio en el puente internacional, salí a trabajar a las siete y media después de la
formación, y no recuerdo la hora si fue a las 9 de la mañana por la central de
radio nos indicaron que ingresemos todas las unidades al comando de Hua quillas,
en ese entonces mi Mayor Ángel Zapata nos hizo formar y nos indicó que
trabajaremos con normalidad para evitar conflictos y problemas en la ciudad,
salimos y nos fuimos a indicar a todos los señores cambistas que tuvieron
precaución por lo que estaba pasando en Quito, luego yo me fui a mi puesto de
servicio que era en el puente internacional, no recuerdo la hora, mi Mayor Zapata
me dispuso a mí que avance de custodia a una audiencia que se daba por delitos
aduaneros en la fiscalía, y me fui con el detenido, ( ... ), al puente llegaron algunos
compañeros con uniforme camuflaje y otros con el uniforme caqui, estuvieron
aproximadamente unos 5 u 8 minutos, no fue mucho tiempo. ( ... ).
Testimonio de Juan Manuel Macas Ortiz (Policía), en lo principal manifestó.-
Trabajo en la Unidad de apoyo Criminalistico de la provincia de El Oro, (exhibe
documento) (...)como objeto de pericia que se realice la transcripción de audio y
video de un archivo, determinar en sí si existen servidores policiales participando
en hechos que se asimilen a una protesta, (...)se me entrego el dispositivo de
almacenamiento, un cd, (...), se realizó la transcripción de las emisiones
lingüísticas por parte de las personas que se encuentran grabadas en dichos
archivos, de igual manera en las imágenes fotográficas se procedió a la respectiva
transcripción de los títulos y subtítulos de los respectivos medios de comunicación,
se puede apreciar en el video varias personas de género masculino que visten
uniformes de similares características al portado por la Policía Nacional del
Ecuador, los cuales se encuentran aglomerados en cierto lugar en un ambiente
abierto, realizando varios movimientos entre sí, se puede apreciar quema de
llantas en la vía pública y varios carteles utilizados por dichas personas, nombres
de personas no se pudo constatar, no se realizó identificación, los archivos que
constaban en el cd se encontraban en normal funcionamiento a la hora de su
reproducción en computadora. (...). El video es tomado de algún medio de
comunicación.
Testimonio de Milton Robinson Jiménez Cueva (Policía), en lo principal
manifestó.- Laboro en el área de Criminalística, (exhibe documento) consta mi
firma, se nos envía oficio de Fiscalía General solicitando identificación de
22
cotejamientofisico de imágenes obrantes en un cd con las fotográficas tomadas a
Herrera Sergio Evaristo, Mendoza Ordinola Freddy, Mina Rojas Miguel Ángel,
Naranja Heniy Nelson, Núñez Núñez Julio Javier, Patiño Guzmán Franklin Arme¡,
Quintanilla Bonilla Ever Josué, Samaniego Sandoval Ricardo Alberto, Sánchez
Gaibor Cristina Fabricio, Valencia Méndez Jorge Iván y Zapata Villares Ángel
Lautaro, (...)procedimos a capturar las imágenes más claras y fehacientes para
realizar el cotejo fisiológico, ( ... ), una vez que se obtiene los elementos se los
asigna como dubitados, para posterior realizar el peritaje con los elementos
obtenidos como lo son las fotografías realizadas en el departamento de
C'riminalística, que deforma libre y voluntaria el señor Mendoza Ordinola Freddy
Marcelino, Núñez Núñez Julio Javier, luego se procede a realizar el cotejo
fisionómico entre la fotografía dubitada No.] con la indubitada No.] del señor
Mendoza Freddy, se procede a hacer los análisis y estudios, de acuerdo al estudio
mantienen semejanzas y características similares al señor Mendoza Ordinalo
Freddy Marcelino; de la misma forma la fotografía dubitada 3 y 4 obtenida de la
secuencia de imágenes del cd objeto de pericia se cotejo con lafotografia del señor
Núñez Javier, en la cual al hacer la comparación los dos imágenes dubitadas con
las indubitadas presentas características similares y semejanzas, la conclusión es
que las imágenes dubitadas 1 y 2 con las fotografías indubitadas 1 y 2 presentan
características similares, así como semejanzas, y de las imágenes 3 y 4 con las
foto grafías indubitadas 3 y 4 también presentan características similares y
semejanzas. (...), yo cumplo una disposición del señor fiscal que se me emite que se
identifique al señor Núñez Núñez Julio Javier, yo no puedo asegurar que sea la
misma persona, pero sí que constan las similares características existen otros
medios de los cuales cuenta Fiscalía para la realización de esta pericia como son
certificados biométricos, fotografías del sistema SIIPNE y diferentes archivos
policiales que nosotros tenemos, fue imprescindible la colaboración del señor
Núñez, ( ... ), de la fotografía 5 a las 18 no se pudo determinar quiénes son las
personas que aparecen. ( ... ), yo indique anteriormente que solo se pudo identificar
a los dos señores, en el informe se indica que no se pudo cotejar por no tener
suficiente campo de estudio en el 13.5 consta, 30 de septiembre del 2014, es la
fecha en que se realizó el informe. (..).
Dentro de la prueba presentada por el procesado Julio Javier Núñez Núñez, consta
el testimonio de Sara Ortiz Ochoa, en lo principal manifiesta que: El día 30 de
septiembre del 2010, se encontraba en la mañana en su casa (...), desde ahí hasta
el comando hay como 3 cuadras, el personal de la Policía si estaba laborando
normalmente, que tiene su negocio al lado del comando, que lo abre a las tres de la
tarde, que se enteró de las noticas de Quito pero en Hua quillas todo estaba
tranquilo. ( ... ).
23
4.., JUSTICIA(cid:9) 07281-2014-0202
Testimonio de Cesar Augusto Vallejo Zabala, en lo principal manifestó.- En la Av.
La Republica, entre 19 de octubre es donde tengo mi negocio, a unos 300 a 400
metros del comando, yo estuve en mi negocio la mañana del 30 de septiembre del
2010, alrededor de mi local existe más negocios, estuvimos trabajando con total
normalidad. (...).
En tanto que el testimonio de Testimonio de Miriam Fabiola Ramírez Villalta, en lo
principal manifestó.- De mi domicilio al comando hay unas cinco cuadras, tengo
un laboratorio ubicado en las calles Av. La Republica y Hualtaco, de ahí al
comando hay una inedia cuadra, la mañana del 30 de septiembre estuve laborando
en el laboratorio, iba gente que iba y venía, me dio mucho miedo, tengo cosas
costosas en el laboratorio, cerré la puerta enrollable, es poco común que circule
gente por ahí, (...)". (sic)
Partiendo de que, la Constitución de la República del Ecuador, consagra en su
artículo 82, el derecho a la seguridad jurídica, el cual se fundamenta en el respeto
a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes, derecho que garantiza a las personas
que toda actuación pública se realizará acorde a la Constitución y a una
normativa previamente establecida, aplicada adecuadamente por las autoridades
competentes, creando un ámbito de confianza y certeza.
Concatenado a este derecho, se encuentra la garantía del debido proceso, así el
artículo 76 Ibídem, señala: "En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que
incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los
derechos de las partes". Garantía Constitucional que implanta un límite a las
actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, evitando la
arbitrariedad en sus decisiones.
24
La Corte Constitucional del Ecuador, en relación a esta disposición
constitucional, ha referido: "Esta disposición constitucional busca establecer un
límite a la actuación discrecional de las autoridades públicas, límite que se
encuentra dado por las normas y los derechos de las partes a ser aplicadas y
garantizadas dentro de un proceso administrativo o judicial en el que se ventila
una controversia, en virtud de la cual, se demanda una resolución que tutela de
manera adecuada los derechos de las partes en litigio evitando en todo momento
la indefensión y respetando el ordenamiento jurídico vigente"6
En alusión a lo manifestado, el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal,
expone que la finalidad de la prueba, es el establecer tanto la existencia de la
infracción como la responsabilidad del procesado; en el mismo sentido, el Código
Orgánico Integral Penal, en su artículo 453, determina que, la finalidad de la prueba,
es llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia
de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada; dicho así, la ineficacia
o falta probatoria que no permita fijar con plena certeza y convencimiento la
materialidad de la infracción o a su vez, sus responsables, conllevaría a que el
juzgador ineludiblemente ratifique el estado constitucional de inocencia del o los
procesados.
En el caso en examen, las conclusiones a las que ha llegado la Sala de Apelación, se
determina que en efecto el día 30 de septiembre de 2010, en el Cantón Huaquillas,
se presentaron actos conducentes a la paralización de servicios públicos, esto es, en
la entrada del Comando de Policía como también en el puente internacional, sin
embargo, la Sala tras un análisis limitado, respecto a la responsabilidad de los
procesados, concluye:
6 Corte Constitucional del Ecuador, SENTENCIA N° 020-1 6-SEP-CC, de 20 de enero de 2016. Casos Nos.
0610-11-EP y 0611-11 EPACUMULADOS
25
"( ... ) En el caso sub examine en base a las pruebas actuadas dentro de la
audiencia de juzgamiento, este Tribunal, considera que existe justificado la
materialidad de la infracción, en cuanto a la responsabilidad tenemos que indicar
que en cuanto al orden interno de conformidad al Art. 158 de la Constitución
establece: '(. ..) ", a esto se agrega lo constante en el Art. 4 de la Ley Orgánica de
la Policía Nacional. "( ... )",•si consideramos la doctrina podremos indicar que la
obediencia se relaciona con la jerarquía y la disciplina ( ... ), por lo tanto este
tribunal llega a la conclusión que existe los hechos probados que suscitaron el 30
de septiembre del 2010 en la ciudad de Hua quillas, Provincia de El Oro, hechos
que se produjeron con la quema de llantas, lanzamiento de consignas "viva el
paro" por parte de uniformados entre los cuales se encontraban los hoy
procesados Julio Javier Núñez Núñez y Freddy Marcelino Mendoza Ordinola y
que fueron identificados al momento de realizar la pericia técnica en al que se
procede a realizar el cotejo fisionómico entre la fotografía dubitada No.] con la
indubitada No.] del señor Mendoza Freddy, se procede a hacer los análisis y
estudios, de acuerdo al estudio mantienen semejanzas y características similares
al señor Mendoza Ordinalo Freddy Marcelino, de la misma forma la fotografía
dubitada 3 y 4 obtenida de la secuencia de imágenes del CD objeto de pericia se
cotejo con la fotografía del señor Núñez Javier, en la cual al hacer la
comparación los dos imágenes dubitadas con las indubitadas presentas
características similares y semejanzas, la conclusión es que las imágenes
dubitadas 1 y 2 con las fotografías indubitadas 1 y 2 presentan características
similares, así como semejanzas, y de las imágenes 3 y 4 con las fotografías
indubitadas 3 y 4 también presentan características similares y semejanzas., lo
que aparte de no cumplir con sus funciones de prestar seguridad ciudadana,
consumándose por lo tanto la paralización de un servicio público al impedir,
entorpecer y paralizar la seguridad ciudadana que estaban obligados a dar como
miembros policiales (...)"(sic).
De lo transcrito, sin que este Tribunal de Casación efectúe un nuevo estudio o
análisis probatorio, implanta la configuración de un error de derecho en la sentencia
recurrida, esto por cuanto, no existe un razonamiento concreto con la que se
justifique que los procesados Julio Javier Núñez Núñez y Freddy Marcelino
Mendoza Ordinola hayan adecuado sus conductas a los preceptos jurídicos
contemplados en el artículo 158 del Código Penal, vigente a la época del
cometimiento de la infracción, lo que implica que, no se efectuó un correcto juicio
26
de tipicidad que conlleve a determinar que los hechos que el tribunal ad-quem dan
por probados, se ajustan al tipo penal que sea atribuible a los referidos procesados,
conforme el análisis probatorio efectuado por la propia Sala y de lo cual hemos
transcrito en líneas anteriores, limitándose a señalar, en la mayor parte de su
conclusión, los deberes y obligaciones Constitucionales y legales y de los miembros
que conforman la Institución Policial del Ecuador.
Como hemos referido anteriormente, la causal de casación por indebida aplicación
de la ley, ésta tiene lugar cuando se utiliza una norma legal de manera errónea a un
determinado caso; hay aquí una norma correcta que se ha dejado de aplicar y una
incorrecta aplicada; su convergencia radica en que, el hecho fáctico, tras la
valoración probatoria, no se encasilla a lo que la norma escogida contiene. En
palabras del autor Heliodoro Fierro Méndez respecto del presupuesto invocado
procesalmente reconocidos con las hipótesis que lo condicionan"7
Acorde a las reglas generales determinadas en el artículo 304-A, del Código de
Procedimiento Penal, respecto a la sentencia, instaura que la misma "debe ser
motivada y concluirá declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del
procesado; en el primer caso, cuando el tribunal de garantías penales tenga la
certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es
responsable del mismo; y en el segundo caso, si no se hubiere comprobado la
existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o cuando existiere duda
sobre tales hechos".
27
& CORTE NACIONAL DE
<V,,4
LZ
A partir de esta concepción, se debe destacar que respecto al primer caso, para que
el tribunal juzgador dicte una sentencia condenatoria, no solo le es necesario
comprobar la existencia de la infracción, sino instituir con certeza, conforme la
prueba y su valoración, al o los responsables de aquella infracción con la
determinación de su grado de participación8, de lo contrario la misma norma exige
confirmar el estado de inocencia de los procesados.
En conclusión, las acciones determinadas en la sentencia recurrida, no muestra
fehacientemente, mediante un análisis concreto probatorio efectuado por la Sala,
que la conducta realizada por los procesados Julio Javier Núñez Núñez y Freddy
Marcelino Mendoza Ordinola, se subsuman al tipo penal acusado, lo que a su vez
implica una trasgresión directa a la ley, bajo la modalidad de indebida aplicación
del artículo 158 del Código Penal, omitiendo aplicar la norma contenida en el
artículo 304-A del Código de Procedimiento Penal.
3. DECISIÓN:
Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de Casación, de la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, de la Corte
Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, conforme lo dispuesto
en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, declara:
a) Improcedente los recursos de casación interpuestos por Julio Javier Núñez
8
Ecuador.- Código Penal, Art. 41. Son responsables de las infracciones los autores, los cómplices y los
encubridores.
<VA> JUSTICIA(cid:9) 07281-2014-0202
b) Casar de oficio, la sentencia dicta por la Sala Penal de la Corte Provincial de
Justicia de El Oro, de fecha 04 de octubre de 2017, las 12h48, al verificarse
una indebida aplicación del artículo 158 del Código Penal, conforme lo
explicado en el presente fallo, en consecuencia, se ratifica el estado
constitucional de inocencia de los ciudadanos Julio Javier Núñez Núñez y
Freddy Marcelino Mendoza Ordinola, ordenando la cesación de todas las
medidas cautelares de orden real y personal dictadas en su contra en el
presente proceso penal 07281-2014-0202.
c) Una vez ejecutoriada la resolución, devuélvase al órgano jurisdiccional de
origen para su ejecución. Notifiquese y cúmplase.(cid:9) -
Dr. Luis Enn(cid:9) Vilicres
,
JUEZ NACIO Aur NENTE
Dr. Iván Saquicela Rodas. Dr. Miguel Jurado Fabara.(cid:9) V
JUEZ NACIONAL JUEZ NACIONAL.
CERTIFICO:
Dr .
lila
(cid:9)
pIJ[[IjJiIj v1[1I
il
901 50388-DFE
En Quito, viernes catorce de diciembre del dos mil dieciocho, a partir de las once
horas y veinte y un minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que
antecede a: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1207. MENDOZA
ORDINOLA FREDDY MARCELINO en el correo electrónico
marcossolisami@hotmail.com, en el casillero electrónico No. 0702365602 del Dr./Ab.
SOLIS AMI MARCOS JORGE; ANGEL LAUTARO ZAPATA VILLACRES en el correo
electrónico gino_marinhotmaiI.com, en el casillero electrónico No. 0703519272 del
Dr./Ab. MARÍN ORTEGA GINO FABIAN; ANGEL LAUTARO ZAPATA VILLARES en
el correo electrónico gino_marinhotmail.com, en el casillero electrónico No.
0703519272 del Dr./Ab. MARÍN ORTEGA GINO FABIAN; BRAVO BRAVO DIEGO
ARMANDO en el correo electrónico smabogados.info@gmail.com, en el casillero
electrónico No. 0702365602 del Dr./Ab. SOLIS AMI MARCOS JORGE; MAX
MAURICIO CUENCA GARCIA en el correo electrónico
SOLIS AMI MARCOS JORGE; MINA ROJAS MIGUEL ANGEL en el correo
electrónico marcossolisami@hotmail.com, en el casillero electrónico No. 0702365602
del Dr./Ab. SOLIS AMI MARCOS JORGE; NUÑEZ NUÑEZ JULIO JAVIER en la
casilla No. 712 y correo electrónico knatf@hotmail.com, romerocarrion©hotmail.es,
consulloit@hotmail.com, erickhuilca06gmail.com, asesorlegalrip@gmail.com, en el
casillero electrónico No. 0703826552 del Dr./Ab. FRANK ALBERTO ORELLANA
MORALES; ROSERO NOBOA MARIO ROLANDO en el correo electrónico
bettymilady@hotmail.com, en el casillero electrónico No. 0703615732 del Dr./Ab.
BETTY MILADY CORDOVA VARGAS; VALENCIA MENDEZ JORGE ¡VAN en el
correo electrónico marcossolisami@hotmail.com, en el casillero electrónico No.
0702365602 del Dr./Ab. SOLIS AMI MARCOS JORGE; ZAPATA VILLARES ANGEL
LAUTARO en el correo electrónico manu_84dic@hotmail.com, en el casillero
electrónico No. 0704533686 del Dr./Ab. BOLIVAR MANUEL CUENCA RUIZ;
FREDDY MARCELINO MENDOZA ORDINOLA en la casilla No. 5387 y correo
electrónico fgomezdefensoria.gob.ec,(cid:9) gjordan@defensoria.gob.ec,
wcamino@defensoria.gob.ec; en la casilla No. 5711 y correo electrónico
gjordan@defensoria.gob.ec, wcamino@defensoria.gob.ec,
fgomez@defensoria.gob.ec; RIOFRIO PACHECO ¡VAN RAMIRO en el correo
electrónico manu84dic@hotmail.com, en el casillero electrónico No. 0704533686
del Dr./Ab. BOLIVAR MANUEL CUENCA RUIZ; en el correo electrónico
jcmartinez©defensoria.gob.ec, en el casillero electrónico No. 0703371799 del
Dr./Ab. JUAN CARLOS MARTINEZ SALINAS. CRNEL. ANGEL LAUTARO ZAPATA
VILLARES en el correo electrónico agregaduriapoliciamexico@hotmail.com; ING.
WASHINGTON RICARDO PAREDES VILELA en el correo electrónico
stiricardo@hotmail.com; NUÑEZ NUÑEZ JULIO JAVIERR en la casilla No. 712 y
correo electrónico romerocarrion@hotmail.es, cops-u4[oit@hotmail.com,
erickhuilca06©gmail.com, asesorIeglrip@gmail,6om.C'rtifico:
Firmado por(cid:9) U'
FUNCIUNJIJOICIAL )OMENABELEN
SALAZAR(cid:9) CORTE(cid:9) E1JJSTCIA
DOCUMENTO FORMADO(cid:9) SALA ESPECj/U1L)A QE LO PENAL
ELECTRNrCAMENTE Ci(cid:9) PENAL MiL[1R.(cid:9) POLIC
1708279953(cid:9) CRANSÍrO |
144556193-DFE
Juicio No. 12102202100001
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 11 de marzo del 2021,
las 15h55. VISTOS: Se procede con la resolución en sede de apelación de la acción constitucional de
hábeas corpus interpuesta por los accionantes Jhon Alexander Cardona Cortez, Elmer de Jesús
Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo Moreira Sacón, Santos
Monserrate Romero Quintero (en adelante legitimados activos o accionantes), en contra de la
sentencia de 27 de enero del 2021, las 10h03 dictada por los jueces de la Sala Multicompetente de la
Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo (en adelante Jueces
constitucionales de instancia), dentro de la acción jurisdiccional No. 12102202100001.
PRIMERO: Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
actuando como Jueces Constitucionales (en cuanto los administradores de justicia al conocer de
garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la
denominación de jueces y juezas constitucionales Sala o Tribunal Constitucional de conformidad con
las Sentencias No. 00110PJOCC; No. 03109SEPCC, emitidas por la Corte Constitucional de
Ecuador), en mérito a lo dispuesto por los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República
del Ecuador; artículo 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y,
artículos 169 numeral 2 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, es competente para conocer la presente acción constitucional de hábeas corpus, en
razón de la Resolución No. 0032021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura
dispuso dar cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 1781120140463, ratificando la continuación en el ejercicio de
funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente; con Resolución No. 0082021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la
Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo
Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante
Oficio No. 92PCNJ2021 de 12 de febrero de 2021 el Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María
Crespo, avalado con la acción de personal No. 166UATH2021HB de 19 de febrero del 2021
suscrito por la Dra. Martha Villarroel, Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte
Nacional de Justicia.
De conformidad con el acta de sorteo de 04 de marzo del 2021, las 11h49, constante a foja uno del
cuadernillo de apelación, realizado en la Secretaria General, Documentación y Archivo, Unidad de
Gestión Documental, Sorteos y Archivo de la Corte Nacional de Justicia, le corresponde conocer el
presente recurso de apelación de la acción de hábeas corpus a esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actuando como Jueces Constitucionales,
integrada por los doctores Gustavo Adolfo Durango Vela, Gilda Rosana Morales Ordóñez y José
Dionicio Suing Nagua en calidad de Ponente.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. En sentencia de 27 de enero del 2021, las 10h03
emitida por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con
sede en el cantón Quevedo, resolvieron INADMITIR la acción constitucional de hábeas corpus
propuesta por JHON ALEXANDER CARDONA CORTEZ, ELMER DE JESÚS MENDOZA
CEBALLOS, DARWIN FERNANDO MOREIRA SACÓN, KLÉBER ARTURO MOREIRA
SACÓN, SANTOS MONSERRATE ROMERO QUINTERO.
TERCERO: DEL RECURSO DE APELACIÓN. Los abogados Freddy Simba Ochoa y Julio
Fajardo Barco en calidad de defensores de los accionantes mediante escrito de 03 de febrero del 2021,
las 14h55 fundamentaron el recurso de apelación en los siguientes términos: “(…) a. Los señores
jueces jamás han resuelto las fundamentaciones y alegaciones realizadas por nuestros defensores,
tanto en la demanda de Habeas Corpus presentada de forma escrita, como en la fundamentación
realizadas de forma oral en la respectiva audiencia oral. b. Así tampoco han resuelto y motivado los
puntos contenidos en los párrafos 11,18,19,22,27,29,44,51; de la sentencia de la Corte Constitucional
que constituye precedente jurisprudencial obligatorio No. 00218PJOCC del 20 de junio del 2018
emitida dentro del caso No. 026015JH, referente a la acción de hábeas corpus No. 091332015
00064. C. No resolvieron lo alegado por mi defensa en lo referente en los párrafos:
31,32,34,35,40,44,45,46,47,48,83 contenidos en la sentencia de la Corte Constitucional No. 20711
JH/20 de fecha de 22 de julio del 2020. d. No han tomado en cuenta ni resuelto la garantía del plazo
razonable, sin considerar que estamos privados de la libertad desde el mes de enero del 2016, dentro
de la causa penal No. 12283201600128. e. No han motivado ni resuelto lo que garantiza la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra el derecho a la libertad personal en el
artículo 7 (…) Por lo todo lo expuesto, solicitamos señores Jueces de la Corte Nacional de Justicia
solicitamos que se sirva revocar la sentencia que recurrimos y se acoja de forma íntegra nuestra
acción constitucional de hábeas corpus y se ordene nuestra inmediata libertad. (…)” De la
transcripción que precede se establece que el recurso de apelación se encamina a cuestionar la omisión
en la resolución de los fundamentos y alegaciones realizadas en la demanda de hábeas corpus en favor
de los accionantes.
CUARTO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal por lo que se lo declara válido.
QUINTO: NORMAS QUE RIGEN EL RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación de
la sentencia del 27 de enero del 2021, las 10h03, emitida por los jueces de la Sala Multicompetente de
la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo, fue calificado al amparo
del artículo 44.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que prevé
que la apelación puede ser formulada por las partes procesales, razón por la que procede resolver el
presente recurso de apelación.
SEXTO: NORMATIVA EN QUE SE FUNDAMENTA EL RECURSO DE
APELACIÓN. a) Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 7 “Derecho a
la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes
dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios. (…) 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados
Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.” b) Corte Constitucional del
Ecuador: Fallo No. 00218PJOCC: “11. En este contexto, es importante determinar que
todas las decisiones emitidas por la Corte Constitucional contienen precedentes
jurisprudenciales, los cuales tienen el carácter de vinculantes; tanto así, que no sólo las
decisiones que devienen del proceso de selección y revisión tienen dicho trato. En este
sentido, es importante señalar que un precedente constitucional es fundamental para
reafirmar el rol de los jueces y juezas constitucionales y dar vida al texto Constitucional a
través de las decisiones, con el fin de materializar una democracia constitucional. Además,
este Organismo en la sentencia N.0 00116PJOCC del caso N.0 053010JP, determinó lo
siguiente: De lo cual se colige entonces que todas los criterios de decisiones
jurisdiccionales, esto es sentencias de acciones extraordinarias de protección, de
incumplimiento, por incumplimiento, consultas de norma, control de constitucionalidad, de
interpretación constitucional, dirimencia de competencias, y dictámenes constitucionales
emanados por este órgano de administración de justicia son de obligatorio cumplimiento,
en virtud de que la Corte Constitucional al interpretar la Constitución al decidir cada caso
crea normas jurisprudenciales que se ubican al mismo nivel que la Constitución. Caso N".
026015JH Página 8 de 29. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios
de su dignidad humana; 10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente
inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención. En
estas condiciones, queda claro que el hábeas corpus, que etimológicamente significa
"cuerpo presente" o "persona presente", en palabras de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, representa un control judicial de las detenciones; constituyéndose en
la garantía idónea para precautelar la libertad, la vida y la integridad de una persona. A
través de esta acción, la persona privada de la libertad, precisamente, cuestiona la
legalidad o constitucionalidad de tal privación, materializada a través de sus distintas
formas, a saber: detención, arresto, prisión, desaparición forzada, u otras equivalentes. 18.
Así mismo, esta Corte Constitucional ha determinado parámetros en torno a la garantía de
hábeas corpus en algunas sentencias, de este modo, tenemos que mediante la sentencia N.0
17115SEPCC emitida dentro del caso N.0 056012EP, ha señalado que: ... se convierte
en una garantía y un derecho de las personas que se han visto detenidas o privadas de la
libertad, a través de la cual, las autoridades competentes deben resolver la situación
jurídica de ellas a efectos de determinar si la detención se realizó sobre la base de los
preceptos legales y constitucionales pertinentes ... 19. En este sentido, la acción de hábeas
corpus es un control judicial de la privación de la libertad, constituyéndose en la garantía
idónea para precautelar la libertad, la vida y la integridad de una persona. A través de esta
acción, la persona privada de la libertad precisamente, cuestiona la constitucionalidad,
legalidad de tal privación, materializada a través de sus distintas formas, a saber:
detención, arresto, prisión, desaparición forzada, etc., así como, el tratamiento recibido
durante la privación de la libertad. 22. Ahora bien, la acción de hábeas corpus puede ser
interpuesta en varios momentos y escenarios como es desde la detención de una persona,
durante el proceso penal o una vez que se encuentra cumpliendo su condena. Así mismo, se
puede solicitar cuando se desconoce el paradero de una persona. 27. En dicho sentido, con
la finalidad de esclarecer cualquier posible confusión respecto a la competencia en el
conocimiento de la garantía jurisdiccional del hábeas corpus, considerando que su ámbito
protege principalmente tres derechos constitucionales, libertad , vida e integridad física, la
Corte Constitucional del Ecuador conforme con los artículos 429 y 436 numeral 1 de la
Constitución de la República, al ser el máximo Órgano de control, interpretación
constitucional y de administración de justicia en esta materia, dispuso en la sentencia N .0
017 18SEPCC, la siguiente interpretación conforme y condicionada de la normativa
contenida en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional: La garantía jurisdiccional de hábeas corpus protege tres derechos que
pueden ser alegados de forma individual o conjunta por la o los accionantes, libertad, vida
e integridad física; en dicho sentido, cuando se alegue la vulneración de cualquiera de
estos tres derechos, cuando no existe orden de privación de la libertad emitida dentro de un
proceso penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese concluido sin resolución de un recurso
pendiente; es decir, se encuentre en ejecución la sentencia que ordene el cumplimiento de
una pena privativa de la libertad, se entenderá que es competente para el conocimiento del
referido hábeas corpus, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional: "cualquier jueza o juez del lugar donde se
presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación
de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante".
29. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual,
correspondiente al año de 1998, estableció que: El recurso de habeas corpus es la garantía
tradicional que, en calidad de acción, tutela la libertad física o corporal o de locomoción a
través de un procedimiento judicial sumario, que se tramita en forma de juicio.
Generalmente, el habeas corpus extiende su tutela a favor de personas que ya están
privadas de libertad en condiciones ilegales o arbitrarias, justamente para hacer cesar las
restricciones que han agravado su privados de libertad. La efectividad de la tutela que se
busca ejercer con este recurso depende, en gran medida, de que su trámite sea sumario, a
efecto de que, por su celeridad, se transforme en una vía idónea y apta para llegar a una
decisión efectiva del asunto en el menor tiempo posible. 44. De esta manera, los principios
constitucionales en los procesos penales deben interpretarse de forma sistémica, ante lo
cual, la Corte Constitucional ha señalado que: ... sobre los mecanismos de impugnación
procesal en materia penal, toda la normativa penal debe ser interpretada sistemáticamente
en observancia de máximas jurídicas penales como el principio de favorabilidad, indubio
pro reo y prohibición de interpretación extensiva o analógica ( ... ) En otras palabras, y sin
pretender realizar una interpretación de normativa infraconstitucional, las normas que
rigen el derecho penal deben obedecer principios constitucionales rectores como el de
favorabilidad, indubio pro reo, y prohibición de interpretación extensiva. 51. Respecto a la
privación de libertad, esta Corte Constitucional ha señalado que es un concepto amplio que
no se agota en la orden de aprehensión de una persona, de este modo, ha señalado en su
jurisprudencia: ( ... ) la privación de la libertad comprende todos los hechos y condiciones
en las que esta se encuentra desde que existe una orden encaminada a impedir que transite
libremente y por tanto, pase a estar bajo la responsabilidad de quien ejecute esta orden,
hasta el momento en que efectivamente se levanta dicho impedimento. Como consecuencia
de esta definición amplia del concepto, se puede afirmar que una medida de privación de la
libertad que inició siendo constitucionalmente aceptable, puede devenir en ilegal,
arbitraria o ilegítima, o ser ejercida en condiciones que amenacen o violen los derechos a
la vida o integridad de la persona, por hechos supervinientes.” c) Corte Constitucional
del Ecuador: Fallo No. 20711JH/20: El recurrente hace referencia a los párrafos 31, 32,
34, 35, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 83. Esta sentencia constituye una línea jurisprudencial del
hábeas corpus respecto del internamiento preventivo de adolescentes, cuyo efecto es inter
partes, más no constituye un precedente jurisprudencial obligatorio razón por la que, mal se
podría realizar analogías respecto de los lineamientos que esta sentencia constitucional
hacen referencia, puesto que los hechos que la presente garantía jurisdiccional aborda tiene
como legitimados activos adultos en conflicto con la ley más no adolescentes.
SÉPTIMO: CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE ALZADA. 7.1.
El presente recurso de apelación se originó en una acción de hábeas corpus presentada por Jhon
Alexander Cardona Cortez, Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón,
Kléber Arturo Moreira Sacón, Santos Monserrate Romero Quintero, al considerar que se les ha
vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso en las garantías de la seguridad jurídica, a
la tutela judicial efectiva, al derecho a la defensa y al plazo razonable al considerar que no existe
pronunciamiento que resuelva el recurso horizontal de aclaración y ampliación de la sentencia
condenatoria emitida el 09 de abril del 2018, las 08h27 por la Sala Multicompetente de la Corte
Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo que los sentenció en calidad de
coautores del delito tipificado y sancionado en el artículo 220 numeral 1 literal d) del Código
Orgánico Integral Penal imponiéndoles una pena privativa de la libertad de 13 años en el juicio penal
No. 12283201600128 por tráfico ilícito de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización.
7.2. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, que respeta los derechos
constitucionales de toda persona, así pues la institucionalidad del Estado está concebida para el
respeto, protección y garantía de los derechos humanos como la libertad, los mismos que deben ser el
objetivo primigenio, donde la misma aplicación e interpretación de la ley únicamente sea posible en la
medida que la normativa se ajuste y no contradiga la Constitución y la Convención Americana de los
Derechos Humanos; en este contexto, el Estado está llamado a cumplir dos objetivos primordiales: i)
Salvaguardar y defender el principio de la supremacía constitucional; y, ii) Proteger los derechos,
garantías y libertades públicas; protección por medio de las garantías jurisdiccionales constitucionales
que llegan a ser un conjunto coherente de mecanismos de defensa de los derechos constitucionales. En
el Estado Constitucional los derechos, específicamente el de la libertad personal, se identifican por
presentar una específica fuerza o resistencia jurídica frente a la acción de los poderes públicos.
7.2.1. Como ha quedado esbozado en líneas precedentes, en el contexto constitucional ecuatoriano, el
hábeas corpus se encuentra contemplado dentro de las garantías jurisdiccionales del artículo 89 de la
Constitución de la República, Título III, Capítulo III, Sección Tercera; y desarrollado en normativa
infraconstitucional en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Título
II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, artículos 43 al 46.
Esta garantía se erige como aquel proceso jurisdiccional constitucional que tiene por objeto tutelar la
libertad física, corporal o de locomoción, que le permite a las personas acudir ante cualquier
administrador de justicia a demandar su recuperación, cuando estas se encuentren privadas de ella de
manera ilegítima, arbitraria o ilegal; es además, una garantía para proteger la vida y la integridad física
y más derechos conexos de las personas privadas de su libertad.
7.2.2. Debe entenderse, que la libertad es uno de los derechos más preciados de las personas, como
soporte esencial y razón de ser de toda actividad, por medio de la cual se produce su evolución y
afianzamiento personal, conforme lo exige su dignidad, cuya incidencia redunda en el fortalecimiento
de todo sistema democrático y de justicia social. Este derecho se encuentra regulado en la
Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales, conforme citamos a continuación:
Constitución de la República del Ecuador: “Art. 77. En todo proceso penal en que se haya privado
de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la
libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o
acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin
dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan
los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio
por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad
con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley”.
7.2.3. De su parte, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 1 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos amparan, entre otros, el derecho a la libertad.
Resulta trascendente de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su
artículo 9 dice: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. Asimismo, la
Convención Interamericana de Derechos Humanos que en el artículo 7 numerales 1, 2 y 3 dispone:
“Derecho a la Libertad Personal, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales, 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas, 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.
7.2.4. Se colige de estas normas, que el derecho constitucional a la libertad es un derecho ciudadano,
universal y personal, que debe ser ejercido de manera exclusiva por quien se encuentre privado del
mismo mediante la acción de hábeas corpus, como bien lo establece el artículo 89 de la Constitución
de la República; y, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. Al respecto, la doctrina nos enseña: “(…) es una garantía constitucional, que se
traduce procesalmente en una acción tutelar de la libertad personal, física corporal o de locomoción
(…) el hábeas corpus es un tipo de amparo pero solo de la libertad ambulatoria o física de la
persona”.
7.2.5. Es preciso resaltar, que la fundamentación del recurso de apelación in examine consiste en
cuestionar la no aplicación de los párrafos 11, 18, 19, 22, 27, 29, 44; y, 51 de la sentencia
constitucional No. 00218PJOCC de 20 de junio del 2018 que en efecto constituye un precedente
jurisprudencial obligatorio y de inmediato cumplimiento; respecto de los indicados párrafos que según
el recurrente no han sido considerados en la motivación, ni han sido resueltos por los jueces A quo en
la presente garantía constitucional de hábeas corpus, se realizan las siguientes consideraciones: i) Con
relación al párrafo 11 del precedente jurisprudencial cabe señalar que los accionantes han
comparecido a la audiencia de la presente garantía jurisdiccional, expresando la fundamentación de su
acción a través de la intervención de su abogado Julio Fajardo Barco según se desprende el extracto de
la audiencia constante a fojas 24 del expediente de instancia. El fallo cuestionado enunció la
normativa aplicable a esta garantía jurisdiccional con el objeto de delimitar los derechos que se
encuentran en discusión, por lo que en el considerando 6.8 del fallo in examine se analizan los
antecedentes del proceso penal para verificar de tal forma si la medida cautelar de prisión preventiva
fue emitida en forma legal, legítima y de forma justa. Por lo que cabe destacar que a los accionantes se
les ha formulado cargos y han sido detenidos desde el 16 de febrero del 2016 mediante medida
cautelar de prisión preventiva por el delito de tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización; en la
audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se les ha llamado a juicio y el Tribunal de Garantías
Penales de la ciudad de Quevedo emitió sentencia condenatoria el 30 de enero del 2017, las 17h43 en
su contra, fallo que ha sido recurrido en apelación ante la Sala Multicompetente de la Corte Provincial
de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo habiendo ratificado la condena de 13 años de
privación de la libertad en sentencia dictada el 09 de abril del 2018, las 08h27; para en lo posterior
rechazar los recursos de aclaración y ampliación, habiéndose interpuesto recurso de casación para ante
la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia que emitió auto de nulidad por lo
que reenvió el expediente a la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos ante la cual los jueces de la
Sala se excusan de conocer y resolver la aclaración y ampliación por lo que se asignó una nueva Sala,
juzgadores que han procedido a resolver los mencionados recursos horizontales que han sido
atendidos en auto de 05 de enero del 2021, las 15h27, según se desprende del sistema SATJE; cabe
dejar sentado que los recursos horizontales no pueden modificar el contenido esencial del fallo
cuestionado. Y como garantía del respeto al debido proceso se ha podido constatar que las partes han
interpuesto recursos de casación por encontrarse dentro del término legal y garantizando de esta forma
el derecho a la defensa en la garantía de recurrir que poseen las partes. ii) El párrafo 18 del precedente
reconoce la exigencia en la observancia y cumplimiento del precedente jurisprudencial obligatorio
situación que no se encuentra en controversia, por lo que no se profundiza en su análisis. iii) En
cuanto a los párrafos 19, 22, 29, 44 y 51 del fallo constitucional se ha procedido a identificar el origen
de la medida cautelar, así como la situación superviniente a la nulidad del auto que negaba los
recursos horizontales del fallo de apelación de la sentencia condenatoria en contra de los procesados,
aduciendo que si bien la medida cautelar de prisión preventiva de los accionantes en un inicio fue
impuesta dentro de la audiencia de formulación de cargos, esto es, el 16 de febrero del 2016, dicha
medida cautelar se interrumpió por mandato del artículo 541.31 del Código Orgánico Integral Penal el
30 de enero del 2017, las 17h43, fecha en la que se emitió la sentencia por el Tribunal Segundo de
Garantías Penales de Los Ríos, fallo que fue ratificado en mayoría por la Sala Multicompetente de la
Corte Provincial de Justicia de Los Ríos en sentencia del 09 de abril del 2018, las 08h27, existiendo
1 Código Orgánico Integral Penal: Art. Art. 541. Caducidad. La caducidad de la prisión preventiva se regirá
por las siguientes reglas: (…) 3. El plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se
hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos.”
doble conforme en la sentencia condenatoria contra los procesados: Jhon Alexander Cardona Cortez,
Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo Moreira Sacón,
Santos Monserrate Romero Quintero al considerarlos coautores del delito tipificado en el art. 220
numeral 1 literal d) del Código Orgánico Integral Penal imponiéndoles la condena de 13 años de pena
privativa de la libertad. De tal forma que no se han configurado las alegaciones esgrimidas por la
defensa de los recurrentes en cuanto a la prescripción de la medida cautelar de prisión preventiva
impuesta a los accionantes. De tal forma que, la privación de la libertad de los recurrentes ha sido
dictada por el Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Quevedo el 16 de febrero del
2016 dentro del proceso penal No. 12283201600128, siendo competente para hacerlo puesto que es
su facultad disponer medias cautelares dentro de este tipo de procesos, por lo que la decisión fue
legítima al haber sido ordenada por quien tiene competencia para ello, es legal toda vez que la medida
cautelar fue dispuesta con base en el ordenamiento jurídico así como su interrupción responde a
normas claras, previas y públicas contenidas en el Código Orgánico Integral Penal y finalmente no es
una decisión arbitraria puesto que el accionar de los juzgadores responden a la subsunción de las
normas que facultan la imposición de medidas cautelares de prisión preventiva para procesados en
delitos de tráfico ilegal de sustancias sujetas a fiscalización. iv) Como en efecto aducen los
accionantes, su inconformidad está relacionada con la garantía del plazo razonable al encontrarse en
supuesta indefensión ante la excusa de los juzgadores de Sala de Apelación y la emisión del auto que
negó los recursos horizontales, situación que corresponde ser analizada ante la justicia ordinaria y no
ante estos juzgadores de garantías constitucionales. Ahora bien la interrupción del plazo para que
opere la caducidad de la prisión preventiva se debe contabilizar desde el 30 de enero del 2017 fecha en
la que se dictó la sentencia condenatoria por los jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en
Quevedo, habiendo transcurrido 11 meses desde que se dictó la medida cautelar de prisión preventiva,
ocurrida el 16 de febrero de 2016; la prisión preventiva que tiene como máximo un año de duración
según lo dispone el artículo 77 numeral 9 de la Constitución de la República, en el presente caso, al
existir sentencia condenatoria emitida por los jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en
Quevedo, no ha operado la caducidad de la prisión preventiva; actualmente los sentenciados se
encuentran en cumplimiento de su condena, por lo que la garantía de plazo razonable fue observada al
haberse dictado la sentencia previo a que caducara la medida cautelar de prisión preventiva, razón por
la que, no resulta procedente esta alegación.
7.2.6. Ahora bien, en cuanto al fallo No. 20711JH20 de la Corte Constitucional que esboza una
línea jurisprudencial más no constituye un precedente constitucional obligatorio, se procede a destacar
las condiciones en las que se encuentran los hoy accionados los que han accedido de forma efectiva a
la administración de justicia, que no se ha podido determinar que se encuentre en peligro los derechos
a la vida o integridad de las personas por hechos supervinientes a su detención, toda vez que, estas
alegaciones si bien han sido enunciadas en las normas que acusan los recurrentes como infringidas no
se encuentran debidamente argumentadas, ni demostradas.
7.2.7. Finalmente, en el caso concreto, se evidencia el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República, pues las medidas cautelares judiciales se
limitan a asuntos de orden procesal penal, lo que no es pertinente a la presente acción jurisdiccional
constitucional que está encaminada a recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella en
forma ilegal, arbitraria o ilegítima; y que además los legitimados activos no han podido establecer
dichos presupuestos jurídicos. Por lo que, esta Sala Constitucional al haber examinado las piezas
procesales que se han adjuntado en el expediente de la acción de hábeas corpus, se establece que las
órdenes de privación de la libertad no son ilegales, ni arbitrarias, ni ilegítimas, por el contrario, se trata
de la imposición de una medida cautelar pertinente porque se encuentran interrumpió el plazo para
que opere la caducidad de la prisión preventiva dictada en contra de los procesados Jhon Alexander
Cardona Cortez, Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo
Moreira Sacón, Santos Monserrate Romero Quintero de conformidad a lo dispuesto en el art. 541.1
del Código Orgánico Integral Penal, dentro de un juicio penal por tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización tipificado en el artículo 202 numeral 1 literal d) del Código
Orgánico Integral Penal en el que existe sentencias condenatorias que les imponen una pena privativa
de la libertad de 13 años.
OCTAVO: DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, este Tribunal de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve negar el
recurso de apelación propuesto por el abogado Freddy Simba Ochoa en calidad de patrocinador de los
accionantes señores : Jhon Alexander Cardona Cortez, Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin
Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo Moreira Sacón, Santos Monserrate Romero Quintero. 8.1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.5 de la Constitución de la República, una vez
ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional para el
desarrollo de su jurisprudencia. 8.2. Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla, en calidad de
secretaria relatora encargada de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
146069052-DFE
Juicio No. 13132202100002
CONJUEZ PONENTE: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO, CONJUEZ NACIONAL
(PONENTE) (E)
AUTOR/A: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 1 de abril del 2021, las
15h33. A S U N T O
Resolución del recurso de apelación interpuesto por el señor William Alberto Alava Quimís (nombre
que consta en el proceso penal y de hábeas corpus), a través de sus abogados Roque Argandoña Vera
y Wagner Sánchez Pisco, en contra de la sentencia del martes 16 de marzo de 2021 a las 23h56 (según
obra en la acción de hábeas corpus de instancia) y notificado el miércoles 17 de marzo de 2021, por la
Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí dentro de la acción
constitucional de hábeas corpus No. 13132202100002
1. ANTECEDENTES
1.1 En la sentencia recurrida se dispuso:
“Por todo lo indicado este Tribunal Constitucional integrado por Jueces de la Sala de lo
Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
DE LA REPÚBLICA, niega la acción de Hábeas Corpus presentada por el señor WILLIAM
ALBERTO ALAVA QUIMIS por improcedente. Se deja constancia que la defensa del
accionante luego de la resolución oral emitida por este Tribunal, solicita se amplié el fallo en
lo que respecta a la falta de competencia del Ab. Mauro Rafael García Macías, en su calidad
de Juez de Garantías Penales de Portoviejo, para conocer el presente caso. Al efecto el
Tribunal, ante el recurso horizontal de ampliación interpuesto por la defensa del accionante
al fallo emitido, se corrió traslado, para que contesten tanto el Fiscal como el Juez que
comparecen a la audiencia, quienes en lo fundamental señalan que no tienen objeción alguna
al pedio realizado por la defensa del accionante. El Tribunal luego de escuchar la
fundamentación del recurso de ampliación del fallo, solicitada por el Abogado de la parte
accionante, establece que el recurso de ampliación, procede cuando en la sentencia no se
hubieran resuelto todos los puntos sometidos al debate; más en el presente caso, el Tribunal
ha dejado claramente establecido, que al haber actuado el representante de la Fiscalía
General del Estado, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales formulando
cargos en contra del ciudadano WILLIAN ALBERTO ALAVA QUIMIS por un delito de
acción pública, dadas las particulares circunstancias en que se han suscitado los hechos,
resulta competente para conocer el caso, el Ab. Mauro Rafael García Macías, en su calidad
de Juez de garantías penales de Portoviejo. Por lo que al haberse resuelto todos y cada uno
de los temas objeto de la presente acción de habeas corpus, conforme se desprende del fallo
emitido, se desestimó el recurso de ampliación solicitado por la defensa del accionante.
Cúmplase con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República
del Ecuador. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE”
1.2 El apelante en su recurso de apelación presentado de forma escrita el lunes 22 de marzo de 2021
cuestiona lo siguiente:
1.2.1 Que no se siguió el debido proceso ya que la infracción que habría cometido consistió en
ocasionar lesiones que generaban 8 días de incapacidad, que de acuerdo al numeral 4 del artículo 415
del Código Orgánico Integral Penal (en adelante, COIP) debe ser perseguida mediante acción privada,
ya que no rebasa los 30 días de incapacidad, sin que sean aplicables las excepciones que a dicho
respecto señala la norma (violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar y delitos de
tránsito; no siendo la tentativa de asesinato una excepción prevista en la norma); por lo que fue
indebido que haya actuado fiscalía y un juez distinto a los que ventilan acciones en materia privada
(violando el artículo 76 numeral 7 literal k) y que haya habido detención, ya que en los delitos de
acción privada esta opera solo con sentencia ejecutoriada.
1.2.2 Que la sentencia no está motivada puesto que no se fundamentaron las razones por las que se
afirmó que la acción es pública, ni analizaron lo referente al artículo 415 numeral 4 del COIP,
limitándose a enunciar una amplia normativa constitucional y legal, sin explicar su pertinencia al caso.
2. JURISDICCION Y COMPETENCIA
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario a la que corresponde conocer de esta apelación,
está integrada por el conjuez Fernando Antonio Cohn Zurita en calidad de ponente, actuando en
reemplazo del juez Gustavo Adolfo Durango Vela, conforme acta de sorteo del 29 de marzo de 2021
incorporada en el proceso y los jueces nacionales Gilda Rosana Morales Ordóñez y José Dionicio
Suing Nagua. A los integrantes de la Sala les corresponde actuar como Jueces Constitucionales, pues
al conocer de garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben
la denominación de jueces y juezas constitucionales, Sala o Tribunal Constitucional de conformidad
con las Sentencias Nos. 00110PJOCC y. 03109SEPCC, emitidas por la Corte Constitucional de
Ecuador. Los magistrados conocen el presente recurso de apelación del hábeas corpus, en virtud de lo
establecido en los arts. 184, número 1 de la Constitución de la República, 185, apartado segundo,
número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial; 169 número 1 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional y por la Resolución de 19 de marzo de 2009 de la Corte
Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 565 de 7 de abril del mismo año.
3. VALIDEZ PROCESAL
La acción constitucional de hábeas corpus se ha tramitado de conformidad con las normas pertinentes,
por lo que no existe nulidad alguna que declarar.
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
Por el sustento del recurso, esbozado en los apartados 1.2.1 y 1.2.2, se desprende que debe analizarse:
A) si mediante la acción de hábeas corpus puede dilucidarse la corrección de la decisión adoptada en
el proceso penal, en que se definió que el tipo de delito por el cual se procesa al recurrente, es de
ejercicio público de la acción y no de ejercicio privado de la acción; habida cuenta de que la prisión
preventiva es posible en el primer caso y no en el segundo; B) de ser posible abordar ese tipo de
análisis en acción de hábeas corpus, establecer si la decisión adoptada por parte del órgano judicial de
instancia de la acción constitucional, fue procedente (en cuanto a no considerar como ilegal, ilegítima
ni arbitraria la privación de libertad) y si se encuentra motivada.
5. CONSIDERACIONES Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
5.1 Marco jurídico de la acción de hábeas corpus:
Constitución de la República
“Art. 89. La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre
privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier
persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad”.
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:
“Art. 43. Objeto. La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por
autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1. A no ser privada de la libertad en forma
ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre
por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; 2. A no
ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional; 3. A no ser desaparecida
forzosamente; 4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 5. A que, en
caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser
expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su
integridad y su seguridad; 6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones
alimenticias; 7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad
haya sido ordenada por una jueza o juez; 8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada
cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos
sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9. A no ser
incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10. A ser puesta a
disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas
siguientes a su detención”.
Art. 45. Reglas de aplicación. Las juezas y jueces observarán las siguientes reglas:
2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del derecho,
dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral. La privación arbitraria o ilegítima se
presumirá en los siguientes casos:
(…)
c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o constitucionales.
d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad.
5.2 Normas relacionadas al caso concreto:
Constitución
“Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por
tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados.
(…)”
Código Orgánico Integral Penal
“Art. 534 Finalidad y requisitos. Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al
proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera
fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la
acción.
“Art. 539. Improcedencia. No se podrá ordenar la prisión preventiva, cuando:
1. Se trate de delitos de ejercicio privado de la acción”.
“Art. 415. Ejercicio privado de la acción penal. Procede el ejercicio privado de la acción en los
siguientes delitos:
1. Calumnia
2. Usurpación
3. Estupro
4. Lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta treinta días, con excepción de los casos
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y delitos de tránsito.
5. Delitos contra animales que forman parte del ámbito para el manejo de la fauna urbana”.
“Art. 140. Asesinato. La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad
de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:
“Art. 39. Tentativa. Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a
verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie
la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización
de un delito.
En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de uno a dos tercios de la
que le correspondería si el delito se habría consumado.
Las contravenciones solamente son punibles cuando se consuman”.
5.3 En la sentencia de instancia de la acción de hábeas corpus se establece lo siguiente:
VISTOS: 13132202100002. Comparece el señor WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS,
solicitando Acción de Habeas Corpus, al amparo de lo que señala el artículo 89 de la
Constitución de la República del Ecuador; quien entre otras cosas manifiesta: (…) El
certificado. MEDICO, emitido por el médico legista de la Fiscalía solamente certifica que a
la presunta víctima sólo le conceden 8 días de descanso médico, con lo cual se puede
determinar que la vida de la presunta víctima jamás estuvo en peligro, porque no toco ningún
órgano vital como así lo demuestra el Certificado Médico, porque, de haber sido diferente o
de haber corrido peligro su vida, el descanso medico sería superior. 2.2. La presunta
infracción penal, se encuadra dentro de lo previsto en el Art 415 del COIP que determina que
el ejercicio, privado de la acción penal, procede en los siguientes delitos, tal como lo dispone
el numeral cuarto de este “LESIONES, QUE GENEREN INCAPACIDAD O ENFERMEDAD
HASTA 30 DÍAS, CON EXCEPCION DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA. LA MUJER O
MIEMBROS DE NÚCLEO FAMILIAR Y DELITOS DE TRANSITO” la norma jurídica
claramente dispone que este tipo de acciones serán de acción privada, lo cual esta
corroborado o demostrado con el Certificado de La Médico Legista que Solo le da 8 días de
descanso. (…) En el Art. 76 numeral 3 de la Carta Suprema del Estado claramente
determina “Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con
observancia del trámite propio de cada procedimiento” Señores Jueces, al haberse llevado
una Audiencia de Flagrancia en un caso de ACCION PRIVADA POR MANDATO, con
intervención de la Fiscalía y al haber sido calificada de legalidad de la detención por el
Señor que conoció la causa, es una ABERRACION JURIDICA, que no se respeten los
procedimientos, que un Juez de derecho actúe sin COMPETENCIA Y ORDENE la Prisión
Preventiva de nuestro representado, como si se tratará de un delito de acción pública,
cuando la normativa aplicable al caso claramente determina que este delito es de ACCIÓN
PRIVADA, como lo determina el Art. 415 numeral 4 del COIP (…) TERCERO. De lo
expuesto en el escrito de interposición de la acción de Habeas Corpus, el tema sometido a
examen es el de establecer si el señor WILLIAN ALBERTO ALAVA QUIMIS, se encuentra
privado de su libertad de forma ilegítima, por haber actuado sin competencia el Juez que
emitió la orden privativa de la libertad. Al efecto el Tribunal observa: (…) F) El Ab.
CARLOS ANDRES ALARCON, en su calidad de Fiscal del Cantón Portoviejo, entre otras
cosas señala: Que es el fiscal que va a continuar conociendo la causa contra el ciudadano
WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS por una presunta tentativa de asesinato (…) Que la
aprehensión de ALAVA QUIMIS WILLIAM ALBERTO se hace mediante una acción
flagrante, ya que la víctima hace conocer mediante llamada al ECU911 de que un ciudadano
con las características similares al señor ALAVA QUIMIS WILLIAM ALBERTO habría
realizado una agresión dentro de su peluquería o barbería denominada la “elegancia” de
esta ciudad de Portoviejo en la Alajuela y avenida Manabí, que es así que se realiza la
detención, que luego de esa detención se pone a conocimiento del Señor juez competente y
como acto urgente la Fiscalía dispone la correspondiente valoración médica, misma que es
realizada por la señora doctora perito acreditada Lynda Mena Álvarez, quien concluye en su
informe, en su pericia de que el ciudadano evaluado en este caso la victima MERO MERO
JHONNY DANIEL presenta “con base a la certificación medica emitida por el Hospital Verdi
Cevallos Balda especificando que MERO MERO JHONNY DANIEL presenta varias heridas
penetrantes de relevancia, la descrita en el cuello a nivel angular, las lesiones descritas son
consecutivas de acción punzante cortante de un objeto con punta y borde lo que le
determinan un tiempo de enfermedad o de incapacidad de 8 días a contarse de fecha de su
producción con tratamiento adecuado y oportuno salvando complicaciones que se puedan
presentar” y que en el numeral 2 se indica que se debe tomar y considerar el riesgo vital
por el instrumento utilizado para lesionar la región anatómica comprometida, que en este
caso específico el cuello es una región que contiene grandes vasos sanguíneos y pues vías
respiratorias cuya lesión puede desencadenar procesos fisiopatológicos que desencadenen en
la muerte, las heridas en manos interpretan que son lesiones de defensa. Que el tipo penal
que la Fiscalía le dio a este hecho es el delito de asesinato consagrado en el Art. 140 N° 7 en
concordancia con el Art. 39 que habla de la tentativa, que es la tentativa considerada en el
Art. 39. Que la tentativa es cuando se inicia la ejecución de un acto sin que logre consumarse
por acción de un tercero o que no puede concretarse por un tipo de obstáculos, que en este
caso el obstáculo que le impidió al ciudadano hoy procesado dar muerte a la víctima al
ciudadano JHONNY DANIEL MERO MERO fue haber interpuesto sus manos para poder
precautelar su vida, que es el bien jurídico protegido que fue afectado. Que si tomamos en
consideración esta conclusión del riesgo vital y el objeto que se usó para efectivamente
causar las lesiones estamos ante un caso de tentativa. Que la Fiscalía ejerce la acción
punitiva del Estado, que es una acción constitucional que le otorga el soberano a través del
Art. 195 de la CRE, Art. 282 del COFJ, Art. 442 y 444 del Código Orgánico Integral Penal y
que la Fiscalía es la titular que ejerce la acción punitiva del Estado y que es en base a los
elementos narrados es decir, la pericia médica, el riesgo vital, el objeto que se usó para
causar estas lesiones (…) Que estamos ante un delito de acción pública, que existen serios
indicios, claros y precisos de que el ciudadano procesado es autor o cómplice en la
infracción, el arraigo social que se presentó no fue suficiente de acuerdo a lo valorado por el
juez y que la pena privativa de libertad supera el año. Que además bajo ningún concepto se
vulneran las premisas establecidas por el Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se
violenta el principio de proporcionalidad, ya que este tipo de delitos no es susceptible de
suspensión condicional, de procedimiento abreviado u otra salida alternativa. Que esta
detención ha sido en base a la normativa jurídica reconocida en el Ecuador, es un auto de
prisión preventiva que se encuentra consagrado en el Art. 522 y sustentado por el Art. 534
hecho que hizo fiscalía. Que por lo expuesto como Fiscalía solicita que se deseche el recurso
de habeas corpus que ha sido presentado. (…) QUINTO. (…) B) De la revisión de las
principales piezas procesales del juicio penal signado con el Nro.13283202100527,
remitido por el Secretario de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo se establece que el
accionante WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS se encuentra privado de la libertad dentro
del proceso penal Nro. 13283202100527, por un presunto delito de TENTATIVA DE
ASESINATO, cuya orden privativa de la libertad ha sido dispuesta por el Ab. MAURO
RAFAEL GARCIA MACIAS, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE PORTOVIEJO,
el día 11 de marzo del 2021 conforme se desprende de la Boleta de ENCARCELAMIENTO
Nro. 132832021000101, de fecha 11 de marzo del 2021 la misa que ha se encuentra visible
a fs. 28 del referido expediente físico remitido por la unidad judicial penal de Portoviejo, por
así sí haberlo requerido este Tribunal Constitucional. C) En el presente caso, la Fiscalía
General del Estado con fecha 11 de Marzo del 2021, en cumplimiento de sus atribuciones
previstas en el Art. 95 del Constitución de la República, ha formulado cargos en contra del
ciudadano WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS, por el presunto delito DE TENTATIVA DE
ASESINATO, tipificado en el Art. 140 inciso primero numeral 7 del COIP (…) En tanto que
el Art. 39 ibídem, respecto de la tentativa señala (…) E) El Código Orgánico Integral Penal,
al referirse a las medidas cautelares, en su Art. 522 establece(…); y al referirse a la finalidad
y requisitos de la prisión preventiva en el Art. 534 del indicado Código Orgánico Integral
penal señala (…) Requisitos que han sido analizados en el caso que nos ocupa previo a la
emisión de la medida cautelar privativa de la libertad del accionante WILLIAM ALBERTO
ALAVA QUIMIS tanto por la Fiscal como por el Juez que ha emitido la orden privativa de
la libertad del señor WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS. Debiendo relievar que
conforme lo indicó el señor Fiscal Cantonal Carlos Andrés Alarcón en el caso que nos ocupa
si bien existe un certificado médico legal emitido por la médico legista de la Fiscalía, Dra.
Linda Mena, donde se determina que las heridas que presenta la víctima, esto es el señor
Jhonny Daniel Mero Mero, son de un tiempo de enfermedad de ocho días, a contarse desde
la fecha de su producción, en esta misma certificación, se hace constar que el señor Jhonny
Daniel Mero Mero, presenta varias heridas penetrantes, de relevancia la descrita en el cuello
a nivel yugular, que las lesiones descritas son consecutivas a la acción punzo cortante, de un
objeto con punta y borde filo. Señalándose además que se debe considerar riesgo vital por el
instrumento utilizado para lesionar y la región anatómica comprometida, que en este caso
específico el cuello es una región que contiene grandes vasos sanguíneos y vías respiratorias,
cuya lesión puede desencadenar procesos fisiopatológicos que desencadenen la muerte; y que
las heridas en las manos interpretan lesiones de defensa, esto conforme consta a fs. 17 del
expediente penal Nro. 13283 2921 00527. Por todo lo expuesto, este Tribunal llega a la
conclusión, que dentro del proceso penal que por un presunto delito de TENTATIVA DE
ASESINATO, se sigue en contra del accionante WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS, ha
existido un debido proceso; pues la Fiscalía General del Estado en su calidad de titular de la
acción Penal Pública, ha considerado que los hechos por los cuales ha sido aprehendido el
ciudadano WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS, corresponden a un delito de acción
pública, esto es al delito tipificado en el Art. 140 del COIP, en el grado de tentativa,
conforme el Art. 39 ibídem; por lo que ejerciendo sus atribuciones previstas en el Art. 195 de
la Constitución, ha procedido a formular cargos en su contra, por un delito que en nuestra
legislación penal tiene prevista una pena privativa de libertad superior a un año. Por lo que
tratándose de un delito de Acción Pública, resulta competente para conocer estos hechos, un
juez de Garantías Penales, como efectivamente así ha sucedido en el caso que nos ocupa,
donde se han hecho efectivos sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva,
debido proceso, defensa, contradicción e impugnación, cumpliéndose con la seguridad
jurídica y aplicándose las normas pertinentes para el caso; habiendo sido asistido por un
abogado defensor particular desde la audiencia de calificación de flagrancia, de tal forma
que no se observa que en la privación de la libertad del accionante, exista ilegalidad,
arbitrariedad o ilegitimidad. Constatándose más bien que la privación de la libertad ha sido
emanada de autoridad legalmente constituida y que se la ha realizado por mandato escrito y
motivado de un juez COMPETENTE, sin que por la naturaleza de la presente acción,
corresponda a este Tribunal entrar a analizar presupuestos de responsabilidad o no del
accionante en los hechos que le imputa la Fiscalía General del Estado y sobre los cuales
el Juez de la causa ha dispuesto medidas cautelares de orden personal, ante las cuales al
accionante le asisten todos los mecanismos legales que la ley prevé en la justicia
ordinaria, para revisar las mismas, como ya lo ha realizado el accionante fs. 31 del
expediente 13283202100627 al haber apelado de la prisión preventiva, para que sean los
jueces especializados de la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Manabí, los que
entren a analizar y resolver lo que corresponda, incluso si el procesado registra el suficiente
arraigo que le permita el cambio de la medida cautelar impuesta; por lo que se niega la
acción de hábeas corpus presentada por el ciudadano WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS,
por improcedente (…)”
5.4 La garantía constitucional de hábeas corpus, de acuerdo al artículo 89 de la Constitución, procede
únicamente en dos supuestos: si la privación de libertad fuese ilegal, arbitraria o ilegítima, o si es que
la libertad fuese necesaria a fin de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra privado de
la misma. En este caso la apelación versa sobre el primero de los supuestos y exclusivamente en
cuanto a haber considerado que la infracción es de ejercicio público de la acción y no de ejercicio
privado; circunstancia con la que sustenta que el procedimiento llevado a cabo en su contra era
improcedente, así como indebida la medida cautelar de prisión preventiva.
5.5 La privación de libertad puede ser ilegal, cuando es ordenada o ejecutada en contravención a los
mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico; arbitraria, cuando es
ordenada o mantenida sin otro fundamento que la propia voluntad o capricho de quien la ordena o
ejecuta; o ilegítima, cuando es ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para
ello (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 01718SEPCC, caso No. 051316EP).
5.6 En razón de que el recurrente basa su apelación únicamente en el hecho de que el delito que se le
imputa es de ejercicio privado de la acción (art. 415 numeral 4 del COIP), que no es susceptible
medida cautelar de prisión preventiva (art. 539 numeral 1 del COIP), está cuestionando la legalidad de
la privación de libertad, que considera impropia del tipo de infracción que se le atribuye y la actuación
de órgano judicial que tramitó en primera instancia la acción de hábeas corpus.
5.7 Aun cuando la valoración del tipo de delito (si es de ejercicio privado de la acción o de ejercicio
público de la acción) es propio del proceso penal, por su relación con la privación de libertad que
comporta la medida cautelar de prisión preventiva, debe analizarse aquel elemento.
5.8 En este caso, el punto medular consiste en establecer si es ilegal que en el proceso penal se
considere como presunto delito el de tentativa de asesinato (de ejercicio público de la acción), aun
cuando el efecto que esa infracción produjo, fue una lesión que causa incapacidad en la víctima no
mayor a 30 días (delito de ejercicio privado de la acción).
5.9 En el COIP se prevé que la infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable (art. 18),
que los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes (art. 25), que
actúa con dolo quien, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la
conducta (art. 26), que para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser
imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta (art. 34) y que la tentativa es
la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas
a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa su autor inicie la ejecución del tipo penal
mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito (art. 39).
5.10 En el proceso penal debe analizarse en consecuencia la intención del infractor; en este caso si el
presunto delito se configuró por la intención de lesionar a la víctima o si la intención era asesinarla (no
cumpliéndose dicha finalidad por circunstancias ajenas a la voluntad del infractor). No podría
considerarse ilegal que el juzgador, atendiendo a los actos realizados por el infractor, considere que el
presunto delito a ser objeto del procedimiento penal, sea el de tentativa de asesinato (de ejercicio
público de la acción y por tanto susceptible de que se dicte en contra del procesado una medida
cautelar como la prisión preventiva, de acuerdo al artículo 534 numeral 1 del COIP), y no el de las
lesiones que se produjeron como consecuencia de la tentativa de asesinato. En la sentencia recurrida
se analiza dicho particular, con la especificación de la norma legal del presunto delito (arts. 140 en
concordancia con el art. 39 del COPCI), y que en relación al mismo cabe disponer la prisión
preventiva al ser de ejercicio público de acción (art. 534 numeral 1).
5.11 Por otra parte, como se detalló en párrafos anteriores, en la sentencia recurrida se analizan los
elementos que en el proceso penal conducen a la conclusión de que hubo tentativa de asesinato: el
certificado médico legal emitido por la médico legista de la Fiscalía, donde se determina que las
heridas que presenta la víctima se dieron en el cuello, a nivel yugular, que las lesiones descritas son
consecuencia de la acción de un objeto con punta y borde con filo, que las heridas en las manos de la
víctima deben ser interpretadas como lesiones de defensa, que a su vez fue esa defensa fue el
obstáculo para que el agresor consumara su delito. Dado ese análisis, no puede ser considerada como
arbitraria (esto es, no fue producto del capricho del juez) la decisión de considerar como presunto
delito a la tentativa de asesinato, y por tanto tampoco sería arbitraria la eventual consecuencia que de
ello se deriva en lo relacionado al hábeas corpus, esto es, la medida cautelar de prisión preventiva en
este tipo de delitos de ejercicio público de la acción (de acuerdo al tantas veces mencionado artículo
534 numeral 1 del COPCI). Cabe indicar que en la apelación no se hace señalamiento alguno a que la
medida cautelar haya incumplido los requisitos previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 534 del
COPCI.
5.12 Al haberse considerado como presunto delito, la tentativa de asesinato, que es de ejercicio
público de la acción, la actuación del fiscal fue procedente (art. 444 del COIP), así como la del juez de
garantías penales (art. 225 numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial), por lo que su
actuación no fue ilegítima, pues han intervenido los llamados a actuar en el proceso penal. Por la
misma razón se cumplió lo previsto en el artículo 76, numerales 3 y 7 literal k.
5.13 Finalmente, en lo que se relaciona al reproche de falta de motivación de la sentencia de hábeas
corpus en lo que se relaciona a la apreciación de que en el proceso penal podía considerarse al delito
como de ejercicio público de la acción, se encuentra que en el fallo se mencionan los elementos de
hecho (sustancialmente el certificado médico legista de la fiscalía relacionado a las heridas; con qué
tipo de objeto se la produjo y a qué parte del cuerpo estaban dirigidas, y a la defensa de la víctima que
impidió la consumación de la infracción), las normas jurídicas implicadas (que tipifican el asesinato y
su tentativa, así como la posibilidad de imponer medida cautelar de prisión preventiva en delitos de
ejercicio público de la acción: arts. 140, 39 y 534 numeral 1 del COIP), que no se cumplen los
supuestos previstos para el hábeas corpus de privación (arts. 89 de la Constitución y 45 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional citadas en la parte inicial del fallo).
Con ello cumple el fallo el requisito de motivación previsto en el artículo 76 numeral 7 literal l de la
Constitución, desechándose la acusación en contrario que formula el recurrente.
6. DECISIÓN
En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por
autoridad de la Constitución y las leyes de la República, RECHAZA el recurso de apelación
interpuesto.
6.2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 numeral 5 de la Constitución de la República, una
vez ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional para
el desarrollo de su jurisprudencia.
6.3 Comuníquese, notifíquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
6.4 Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla en calidad de Secretaria encargada, mediante acción de
personal No. 02UATH2021OQ emitida por la Unidad Administrativa y Talento Humano de la
Corte Nacional de Justicia.
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
CONJUEZ NACIONAL (PONENTE) (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
146751236-DFE
Juicio No. 12103-2021-00004
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, martes 13 de abril del 2021,
las 10h13. VISTOS: Se procede con la resolución en sede de apelación de la acción constitucional de
hábeas corpus interpuesta por el accionante Luis Alfonso Cedeño Mora (en adelante legitimado activo
o accionante), en contra de la sentencia emitida el 17 de febrero del 2021, las 15h20 dictada por los
jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el
cantón Babahoyo (en adelante Jueces constitucionales de instancia), dentro de la acción jurisdiccional
No.12103-2021-00004.
PRIMERO: Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
actuando como Jueces Constitucionales (en cuanto los administradores de justicia al conocer de
garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la
denominación de jueces y juezas constitucionales Sala o Tribunal Constitucional- de conformidad con
las Sentencias No. 001-10-PJO-CC; No. 031-09-SEP-CC, emitidas por la Corte Constitucional de
Ecuador), en mérito a lo dispuesto por los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República
del Ecuador; artículo 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y,
artículos 169 numeral 2 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, es competente para conocer la presente acción constitucional de hábeas corpus, en
razón de la Resolución No. 003-2021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura
dispuso dar cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 17811-2014-0463, ratificando la continuación en el ejercicio de
funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente; con Resolución No. 008-2021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la
Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo
Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante
Oficio No. 92-P-CNJ-2021 de 12 de febrero del 2021 el Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María
Crespo, avalado con la acción de personal No. 166-UATH-2021-HB de 19 de febrero del 2021
suscrito por la Dra. Martha Villarroel, Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte
Nacional de Justicia.
De conformidad con el acta de sorteo de 07 de abril del 2021, las 13h29, constante a foja uno del
cuadernillo de apelación, realizado en la Secretaria General, Documentación y Archivo, Unidad de
Gestión Documental, Sorteos y Archivo de la Corte Nacional de Justicia, le corresponde conocer el
presente recurso de apelación de la acción de hábeas corpus a esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actuando como Jueces Constitucionales,
integrada por los doctores Gustavo Adolfo Durango Vela, Gilda Rosana Morales Ordóñez y José
Dionicio Suing Nagua en calidad de Ponente.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.- En sentencia de 17 de febrero del 2021, las 15h20
emitida por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con
sede en el cantón Babahoyo, resolvieron negar la acción de hábeas corpus presentada por el señor Luis
Alfonso Cedeño Mora.
TERCERO: DEL RECURSO DE APELACIÓN.- El abogado Roberto Romero D© Lorenzo en
calidad de defensor público del accionante de forma oral y al finalizar la audiencia interpuso recurso
de apelación, según consta en el acta de la diligencia a fojas 32 vuelta de cuadernillo de instancia cuya
fundamentación fue presentada en los siguientes términos: ª (¼) Al no estar de acuerdo, simplemente
quien responde por la puerta rota, interponemos en este momento recurso vertical de apelación ante
la Corte Nacional de Justicia para que se haga un análisis más profundo concerniente a si existía el
permiso de allanamiento porque rompieron la puerta y quien paga la puerta, porque es una familia
pobre y ese es el argumento central.º Siendo indispensable transcribir los argumentos expuestos en la
acción de hábeas corpus, con sustento en los siguientes hechos fácticos ªes real que el día miércoles
27-01-2021, aproximadamente a las 2h00 am yo me encontraba en el domicilio civil, casa ubicada en
la provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, parroquia urbana Clemente Baquerizo, sector o
ciudadela Brisas del Río, manzana 5, bloque 48, villa de color rosada con blanco, de mi conviviente
con la cual sostengo la figura jurídica de unión de hecho, de nombres Betty Valero León, durmiendo
dentro de dicha casa o vivienda, conjuntamente con mi esposa y mi hija de nombres Maure Luisana
Cedeño Valero y Dileidy Nazaret Valero León (con discapacidad física 56%); y de un modo
intempestivo, sin mediar anuncio alguno, escuchamos un solo golpe fuerte y estruendoso ruido
ensordecedor, al parecer con un metal pesado, que provenía desde la puerta principal de ingreso del
domicilio la cual quedó destruida parcialmente e inmediatamente INGRESARON A NUESTRO
DOMICILIO SIN PERMISO DE MI PARTE O DE MI ESPOSA Y NO MOSTRARON LA ORDEN DE
ALLANAMIENTO, y jamás lo podrán hacer, porque en el expediente no consta tal orden tal orden de
allanamiento según el orden cronológico emitida por el juez CENTENO. Es legal el auto de prisión
preventiva y consecuente boleta constitucional de encarcelamiento creemos que sí; lo que no es
constitucional es la forma de perfeccionar la aprensión física de mi persona porque jamás medió
ORDEN DE ALLANAMIENTO, simplemente porque basado en la verdad procesal no consta dicha
emisión de esta orden de allanamiento que valide la orden de prisión preventiva por lo que, mi
aprensión y retención es ilegal e ilegítima al incumplir el art. 480.1 del COIP y ha violado mi
derecho a mi intimidad individual y familiar.º De la transcripción de los argumentos del legitimado
activo se establece que la garantía jurisdiccional de hábeas corpus se centra en cuestionar la existencia
y legalidad de la orden de allanamiento y cuyo procedimiento ha violentado derechos constitucionales
a la intimidad individual y familiar y por lo tanto ha originado que la prisión preventiva del procesado
Luis Alfonso Cedeño Mora devenga en ilegal e ilegítima.
CUARTO: VALIDEZ PROCESAL.- No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal por lo que se lo declara válido.
QUINTO: NORMAS QUE RIGEN EL RECURSO DE APELACIÓN.- El recurso de apelación de
la sentencia del 17 de febrero del 2021, las 15h20, emitida por los jueces de la Sala Multicompetente
de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Babahoyo, fue calificado al
amparo del artículo 44.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
que prevé que la apelación puede ser formulada por las partes procesales, razón por la que procede
resolver el presente recurso de apelación.
SEXTO: NORMATIVA EN QUE SE FUNDAMENTA LA GARANTIA JURISDICCIONAL DE
HÁBEAS CORPUS.- a) Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8: Garantías
Judiciales.- ª (¼) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (¼) b) comunicación previa y
detallada al inculpado de la acusación formulada; (¼)º b) Constitución de la República del
Ecuador: Art. 76: ª En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (¼)
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no
esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará
una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez
o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. (¼)7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los
medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en
igualdad de condiciones. (¼)º c) Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional: Art. 43. ª Facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces.- Es facultad esencial de
las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los
instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: (¼) 4. Motivar
debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes
de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos;º d)
Código Orgánico Integral Penal: Art. 520 ªReglas generales de las medidas cautelares y de
protección.- La o el juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de protección de acuerdo con las
siguientes reglas: 1. Las medidas cautelares y de protección podrán ordenarse en delitos. En caso de
contravenciones se aplicarán únicamente medidas de protección. 2. En delitos, la o el juzgador
dispondrá únicamente a solicitud fundamentada de la o el fiscal, una o varias medidas cautelares. En
contravenciones, las medidas de protección podrá disponerlas de oficio o a petición de parte. 3. La o
el o el juzgador resolverá de manera motivada, en audiencia oral, pública y contradictoria. De ser el
caso, se considerará las solicitudes de sustitución, suspensión y revocatoria de la medida, u
ofrecimiento de caución que se formule al respecto.º Art. 522: ª Modalidades.- La o el juzgador
podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la
persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 1. Prohibición de
ausentarse del país. 2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el
proceso o ante la autoridad o institución que designe. 3. Arresto domiciliario. 4. Dispositivo de
vigilancia electrónica. 5. Detención. 6. Prisión preventiva. La o el juzgador, en los casos de los
numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia
electrónica.º Art. 534: ª Finalidad y Requisitos: Para garantizar la comparecencia de la persona
procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador, de
manera debidamente fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los
siguientes requisitos: 1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de
ejercicio público de la acción. 2. Elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o
el procesado es autor o cómplice de la infracción. En todo caso la sola existencia de indicios de
responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. 3. Indicios de los
cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es
necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el
cumplimiento de la pena. Para este efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas cautelares
personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar la prisión
preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones por las cuales
las otras medidas cautelares son insuficientes. 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena
privativa de libertad superior a un año. En los requisitos descritos en los números 1 y 2, el parte
policial no constituye ningún elemento de convicción ni será fundamento para solicitar o conceder la
prisión preventiva. El parte policial es exclusivamente referencial. De ser el caso, la o el juzgador
para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado
incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad en cualquier otra
causa.º De la transcripción de las normas que sirven de sustento para la garantía jurisdiccional de
hábeas corpus se advierte su contenido y alcance.
SÉPTIMO: CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE ALZADA.- 7.1.
El presente recurso de apelación se originó en una acción de hábeas corpus presentada por Luis
Alfonso Cedeño Mora, quien por intermedio de su defensor público en la audiencia de sustanciación
de la garantía jurisdiccional manifiesta que el accionante está detenido en forma ilegal e ilegítima, por
cuanto considera que nunca existió la orden de allanamiento, además de cuestionar su procedimiento
lo que ha generado vulneración al derecho a la intimidad personal y familiar.
7.2. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, que respeta los derechos
constitucionales de toda persona, así pues la institucionalidad del Estado está concebida para el
respeto, protección y garantía de los derechos humanos como la libertad, los mismos que deben ser el
objetivo primigenio, donde la misma aplicación e interpretación de la ley únicamente sea posible en la
medida que la normativa se ajuste y no contradiga la Constitución y la Convención Americana de los
Derechos Humanos; en este contexto, el Estado está llamado a cumplir dos objetivos primordiales: i)
Salvaguardar y defender el principio de la supremacía constitucional; y, ii) Proteger los derechos,
garantías y libertades públicas; protección por medio de las garantías jurisdiccionales constitucionales
que llegan a ser un conjunto coherente de mecanismos de defensa de los derechos constitucionales. En
el Estado Constitucional los derechos, entre ellos el de la libertad personal, se identifican por presentar
una específica fuerza o resistencia jurídica frente a la acción de los poderes públicos.
7.2.1.- Como ha quedado esbozado en líneas precedentes, en el contexto constitucional ecuatoriano, el
hábeas corpus se encuentra contemplado dentro de las garantías jurisdiccionales del artículo 89 de la
Constitución de la República, Título III, Capítulo III, Sección Tercera; y desarrollado en normativa
infraconstitucional en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Título
II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, artículos 43 al 46.
Esta garantía se erige como aquel proceso jurisdiccional constitucional que tiene por objeto tutelar la
libertad física, corporal o de locomoción, que le permite a las personas acudir ante cualquier
administrador de justicia a demandar su recuperación, cuando estas se encuentren privadas de ella de
manera ilegítima, arbitraria o ilegal; es además, una garantía para proteger la vida y la integridad física
y más derechos conexos de las personas privadas de su libertad.
7.2.2.- Debe entenderse, que la libertad es uno de los derechos más preciados de las personas, como
soporte esencial y razón de ser de toda actividad, por medio de la cual se produce su evolución y
afianzamiento personal, conforme lo exige su dignidad, cuya incidencia redunda en el fortalecimiento
de todo sistema democrático y de justicia social. Este derecho se encuentra regulado en la
Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales, conforme citamos a continuación:
Constitución de la República del Ecuador: ª Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado
de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la
libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o
acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin
dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan
los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio
por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad
con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la leyº.
7.2.3.- De su parte, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 1 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos amparan, entre otros, el derecho a la libertad.
Resulta trascendente de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su
artículo 9 dice: ª1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá
ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en éstaº. Asimismo, la Convención
Interamericana de Derechos Humanos que en el artículo 7 numerales 1, 2 y 3 dispone: ªDerecho a la
Libertad Personal, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, 2. Nadie
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano
por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, 3.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrariosº.
7.2.4.- Se colige de estas normas, que el derecho constitucional a la libertad es un derecho ciudadano,
universal y personal, que debe ser ejercido de manera exclusiva por quien se encuentre privado del
mismo mediante la acción de hábeas corpus, como bien lo establece el artículo 89 de la Constitución
de la República y el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. Al respecto, la doctrina nos enseña: ª (¼) es una garantía constitucional, que se
traduce procesalmente en una acción tutelar de la libertad personal, física corporal o de locomoción
(¼) el hábeas corpus es un tipo de amparo pero solo de la libertad ambulatoria o física de la
personaº.
7.2.5.- Es preciso resaltar, que los argumentos del accionante se centran en la supuesta ilegal e
ilegítima medida cautelar de prisión preventiva como consecuencia de una inexistente orden de
allanamiento, al respecto se realizan las siguientes consideraciones: i) Para la Corte Constitucional la
privación ilegal de la libertad ª ocurre cuando una detención es ejecutada en contravención a los
mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Por ello para considerar
legal una privación de la libertad, esta debe analizarse desde un doble aspecto: material y formal. En
el aspecto material, la detención debe haberse realizado en estricto apego a las causas, casos o
circunstancias expresamente tipificadas en la ley y la privación de libertad debe mantenerse
exclusivamente hasta los límites temporales fijados por la legislación. En el aspecto formal, la
detención y posterior privación de la libertad debe realizarse y mantenerse en cumplimiento del
procedimiento objetivamente definido por la ley.º 1 De ahí que, resulta necesario verificar los aspectos
materiales y formales de la privación de la libertad. ii) En lo que respecta al aspecto material el
legitimado activo ha sido procesado dentro de la causa penal No. 12282-2018-01576 por el delito de
robo calificado, tipificado en el artículo 189 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal cuya
pena privativa de la libertad es de cinco a siete años, lo que ha motivado que el juez de la Unidad
Judicial Penal de Los Ríos con sede en el cantón Babahoyo dicte auto de llamamiento a juicio el 21 de
mayo del 2019, las 17h46, según se desprende de las actuaciones en el SATJE y al encontrarse el
accionante prófugo se emitió en esa misma fecha la orden de localización y captura para continuar con
la sustanciación de la causa ante los Tribunales de Garantías Penales, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal. Como parte de la diligencia de localización y
captura se suscribe el acto urgente No. 12282-2021-00186G el 26 de enero del 2121, las 19h44, por la
jueza de la Unidad Judicial Penal del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos y se procede con la
ª (¼) AUTORIZACI ÓN DE ALLANAMIENTO en el inmueble ubicado en el cantón Babahoyo en la
provincia de Los Ríos, ciudadela Brisas del Río, dentro de las siguientes coordenadas (-1.809054,
-79.493965) se trata de una vivienda de construcción de hormigón armada con techo de zinc, de dos
plantas, fachadas pintadas de color marrón; la fiscalía pone a conocimiento la petición que se
realizará con oficio Nro. 109-2021-PJ-B de fecha 26 de enero del 2021 por el señor Mayor de policía
Jaime Bonilla Zapata Jefe de la Policía Judicial del Distrito Babahoyo quien dice: ª Por medio del
presente me permito informar a usted mi Mayor que realizado las funciones específicas asignadas
por el estado ecuatoriano y al servicio de la misión institucional en los arts. 158 y 163 de la
Constitución de la República y lo que establece el COESCOP, se logró tener conocimiento que en la
1 Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 207-11-JH/20 de 22 de julio del 2020.
provincia de Los Ríos está residiendo el ciudadano LUIS ALFONSO CEDEÑO MORA CCC.
1207049584, el mismo que consta con ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y CAPTURA por el presunto
delito de ROBO, DENTRO DE LA CAUSA PENAL No. 12282-2018-01576 de fecha 18 de enero del
2018 emitido por la Jueza Ab. Karina Morejón Cevallos Jueza de la Unidad Judicial Penal de los
Ríos con sede en el cantón Babahoyo (¼) por lo antes expuesto la fiscalía solicita AUTORIZACIÓN
DE ALLANAMIENTO con la finalidad de ingresar y realizar el REGISTRO DE TODO EL
INMUEBLE Y DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL MISMO, para
ubicación de la persona LUIS ALFONSO CEDEÑO MORA CCC 1207049584 solicitada
judicialmente por el señor fiscal Ab. Harold González Zambrano amparado en los arts. 478 y 481 del
Código Orgánico Integral Penal que se refiere a las formas y circunstancia en las que se puede
ordenar el allanamiento o ejecute la orden emitida. Con los fundamentos expuestos, la suscrita Jueza,
AUTORIZA el ALLANAMIENTO en el inmueble (¼) Una vez que se cumpla con la diligencia de
allanamiento, se levantará el acta respectiva. De las actuaciones y procedimiento se guardará
reserva, hasta que por las evidencias, si se encuentran, la Fiscalía, pueda hacer el uso legal que
corresponde. Fundamenta disponer el allanamiento con sustento en los arts. 66, 195 de la
Constitución y arts. 5, 220,478, 480,.1, 481, 482 y 583 del Código Orgánico Integral Penal (¼)º. De
tal forma que, la orden de allanamiento fue legalmente requerida por el agente fiscal de la causa penal
y autorizada por la jueza competente atendiendo las normas legales que regulan a la institución
jurídica del allanamiento, en el expediente de instancia la cuestionada orden de allanamiento se
encuentra incorporada a fojas 21 a 23. Además, existe el acta de entrega y recepción del inmueble a
fojas 26 del expediente suscrita por la señora Bety Dolores Valero León de cédula de identidad No.
1205853854 pues aparece su firma de recepción. Consta también, la orden de localización y captura
de fecha 18 de enero del 2019 en contra del accionante, señor Luis Alfonso Cedeño Mora emitida por
la Jueza Unidad Penal con sede en el cantón Babahoyo. Consta a fojas 28 del expediente, el parte de
detención de 27 de enero del 2021, las 01h45 y la constancia de la lectura de los derechos
constitucionales al detenido a foja 30 vuelta del expediente. Ahora bien, la prisión preventiva de la
que ha sido objeto el legitimado activo tras la orden de allanamiento ha cumplido con los requisitos
legales correspondientes, esto en observancia a lo dispuesto en el artículo 77 numeral 9 de la
Constitución de la República del Ecuador que dispone que la prisión preventiva no podrá exceder de
un año en delitos sancionados con reclusión. En el presente caso, el delito de robo calificado se
encuentra tipificado en el artículo 189 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal y
sancionado con una pena privativa de la libertad de cinco a siete años siendo facultativo para el juez
de garantías penales el imponer como lo ha hecho en el presente caso la medida cautelar de prisión
preventiva que, asegure la comparecencia del procesado en la sustanciación de la causa penal, esto de
conformidad con los artículos 522 numeral 6 y 534 numerales 1,2,3 y 4 del Código Orgánico Integral
Penal, lo que resulta necesario toda vez que, la sustanciación de la causa se suspendió al haberse
encontrado prófugo el procesado. De ahí que se ha verificado el cumplimiento y observancia de las
normas penales que rigen nuestro sistema penal ecuatoriano, cumpliendo con el elemento material en
la legalidad de la detención del señor Luis Alfonso Cedeño Mora. iii) En cuanto al elemento formal en
la legalidad de la detención el recurrente considera que la orden de allanamiento no existía y que por
tanto, todos los hechos supervinientes a la detención del legitimado activo son consecuencia de su
ilegal e ilegítima privación de la libertad, argumentación falaz e irreal puesto que en este expediente
ha quedado expuesta la clara orden de allanamiento ante estos juzgadores de garantías
jurisdiccionales, además se ha justificado en legal y debida forma la motivación del acto urgente
-allanamiento- requerido por fiscalía, autorizado por la jueza, en estricta observancia a lo dispuesto en
los arts. 478, 480.1, 481, 482 y 583 del Código Orgánico Integral Penal. De tal forma que han Pues la
simple inconformidad del procesado, no resulta suficiente para sustentar la supuesta ilegalidad en su
detención, puesto que de lo expuesto se cumple con el elemento formal de la legalidad de la detención
del señor Luis Alfonso Cedeño Mora en el proceso penal No. No. 12282-2018-01576 por robo
calificado.
7.2.6.- El recurrente arguye que existe ilegitimidad en la orden de privación de su libertad. Siendo
primordial iniciar definiendo a la ilegitimidad como ª aquella ordenada o ejecutada por quien no
tiene potestad o competencia para elloº 2 Respecto a esta definición, se puede observar que la misma
provee un criterio distinto que la diferencie de las otras figuras, por cuanto una privación de la libertad
ordenada por quien no tiene competencia para ello será automáticamente ilegal y arbitraria. Como ha
quedado evidenciado en el acápite inmediato anterior, la petición del allanamiento ha sido emitida por
el Fiscal de la causa de conformidad con el art. 482 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, la
autorización fue ordenada por una Jueza de la Unidad de Garantías Penales con sede en el cantón
Babahoyo, cuya facultad se encuentra contenida en el art. 481 del Código ibídem y la legalización de
la detención la realizó ante el Juez de la Unidad de Garantías Penales con sede en el cantón Babahoyo,
de tal forma que tanto, la orden de allanamiento como la medida cautelar de prisión preventiva
impuesta al legitimado activo fueron autorizados por la autoridad competente, por lo que, no se trata
de una detención ilegitima.
7.2.7.- Finalmente, en el caso concreto, se evidencia el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República, pues la orden de allanamiento al igual que
las medidas cautelares judiciales se limitan a asuntos de orden procesal penal relacionados con el
rompimiento de una puerta y quien debe pagar por ella, situación que debió hacerse constar en el acta
de recepción del inmueble luego de realizado el allanamiento, más dicho particular no ha sido
2 Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 247-17-SEP-CC.
corroborado, por lo que, estos argumentos no resultan pertinentes a la presente acción jurisdiccional
constitucional que está encaminada a recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella en
forma ilegal, arbitraria o ilegítima y que además el legitimado activo no ha podido establecer dichos
presupuestos jurídicos. Por lo que, esta Sala Constitucional al haber examinado las piezas procesales
que se han adjuntado en el expediente de la acción de hábeas corpus, se establece que la orden de
privación de la libertad no es ilegal, por el contrario, se trata de la imposición de una medida cautelar
de prisión preventiva dictada en contra del procesado Luis Alfonso Cedeño Mora de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, dentro de un juicio penal por robo
calificado tipificado en el artículo 189 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal.
OCTAVO: DECISIÓN.- Por las consideraciones antes referidas, este Tribunal de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve negar el
recurso de apelación propuesto por el abogado Roberto Romero D© Lorenzo en calidad de patrocinador
del accionante LUIS ALFONSO CEDEÑO MORA. 8.1. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86.5 de la Constitución de la República, una vez ejecutoriada esta resolución, remítase copia
certificada de la misma a la Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia.- 8.2.- Actúe
la doctora Ligia Marisol Mediavilla, en calidad de secretaria relatora encargada de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia de conformidad a la
acción de personal No. 352-UATH-2021-OQ de 5 de abril del 2021, suscrita por la Dra. Martha
Villarroel Villegas, Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de
Justicia.- Notifíquese, publíquese y cúmplase.-
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CONJUEZ NACIONAL
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
"147349657-DFE\nJuicio No. 07113202100007\nJUEZ PONENTE: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA, JUEZA N(...TRUNCATED) |
"149604893-DFE\nJuicio No. 01132202100015\nJUEZ PONENTE: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, JUEZ NACIO(...TRUNCATED) |
"145539977-DFE\nJuicio No. 09113202100018\nJUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONA(...TRUNCATED) |
"144139502-DFE\nJuicio No. 1711320210002T\nJUEZ PONENTE: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA, JUEZA N(...TRUNCATED) |
"146966825-DFE\nJuicio No. 09141202100038\nJUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONA(...TRUNCATED) |
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