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COPIA CERTIFICADA
RESOLUCION N. 1001-2018
JuicioNo 17741-2013-0215
JUEZ PONENTE AB CYNTUIA GUERRERO MOSQUERA, JTJEZA NACIONAL 0,10
(PONENTE)
AUTOR/A: AB. CYNTHL4. GUERRERO MOSQUERA
-
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO ADMiNISTRATIVO. Quito, martes 11 de diciembre del 2018, las
13h16. VISTOS: Conocemos la presente causa en virtud de haber sido designados como
jueces nacionales, el Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, mediante Resolución del Consejo de la
Judicatura de Transición No. 04-2012, de 25 de enero de 2012, y la Abg. Cynthia Guerrero
Mosquera y el Dr. Pablo Tinajero Delgado, mediante Resolución del Consejo de la Judicatura
No. 341-2014, de 17 de diciembre de 2014; y, las Resoluciones No. 01-2015 y 02-2015 de 28
)
de enero de 2015, de integración de las Salas Especializadas y distribución de procesos,
respectivamente, emitidas por el Pleno de la CorteNacional de Justicia.
ANTECEDENTES. A) El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con
sede en la ciudad de Cuenca, expidió sentencia el 25 de marzo de 2013, las 10h31, dentro del
proceso No. 166-2012, seguido por la señora NELLY AMÉRICAMEJÍA COBOS en contra
de la Ministra de Educación, del Director Provincial de Educación Hispana de Morona
Santiago y de la Procuraduría General del Estado, en la cual resolvió: “ACEPTA LA
DEMANDA ÚNICAMENTEEN CUANTO AL PAGO DE LA DIFERENCIA EXISTENTE
ENTRE LO PAGADO Y LO QUE DETERMINA EL MANDATO CONSTITUYENTE. LO
CUAL SE LIQUIDARI4’ PEPLJCL4LMENTE, CONINTERESES SOBRE LA DIFERENCIA EN
EL PAGOA PARTIR BELA CITACIÓN...
B) Mediante auto de 9 abril de 2013, las 08h40, el Tribunal Distrital atiende los pedidos de
aclaración del Director Regional de la Procuraduría General del Estado y de aclaración y
ampliación de la Ministra de Educación.
C) El Dr. CésarAugusto Ochoa Balarezo, Director Regional de la Procuraduría General del
Estado, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 25 de marzo de 2013, las
10h31, expedida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3,
fundamentándose en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por falta de
aplicación de normas de derecho y errónea interpretación del artículo 8 del Mandato
Constituyente No. 2.
C) El Tribunal de Conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia, en auto de 10 de noviembre de 2014, las 10h21, resolvió inadmitir el
recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General del Estado por la causal primera
del artículo 3 de la Ley de Casación por la falta de aplicación de normas de derecho y admitir
a trámite el recurso de casación por errónea interpretación del artículo 8 del Mandato
Constituyente No. 2. Estando la presente causa en estado de resolver se considera:
PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, de
conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la República;
numeral 1 del artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la
Codificación de la Ley de Casación. Toda vez que se han observado las solemnidades
inherentes al recurso se declara su validez procesal.
SEGUNDO: El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la
correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales corno procesales
dentro de la sentencia del inferior, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de
la Sala. (Resolución No. 62-2015 de 22 de enero de 2015, Resolución No. 56-2015 de 20 de
enero de 2015 y Resolución No. 36-2015 de 14 de enero de 2015). Este Tribunal ha
manifestado que la casación recae sobre la legalidad de la sentencia de instancia, y si la
misma decisión judicial contiene infracciones legales se casa y se dicta una nueva, haciendo
una correcta aplicación de las disposiciones legales infringidas; en definitiva se intenta
restablecer el imperio de las normas de derecho y unificar la jurisprudencia, buscando
conseguir que las normas jurídicas se apliquen con oportunidad y se interpreten rectamente, y
así lograr mantener la unidad de las decisiones judiciales, como garantía de certidumbre e
igualdad para cuantos integran el cuerpo social. (Resolución No. 171-2015 de 13 de mayo de
2015, Resolución No. 159-2015 de 30 de abril de 2015, Resolución No. 157-2015 de 30 de
abril de 2015)
TERCERO: El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en
Cuenca, en su sentencia de 25 de marzo de 2013, las 10h31, señaló: “TRES. La llamada
Jurisprudencia uniforme de la Sala de la Corte Nacional de Justicia, no constituye por el
momento Jurisprudencia Obligatoria, po;- cuanto no se ha cumplido con lo previsto en el
numeral dos del Art. 184 de la Constitución, en relación con el Art. 185 de la misma 6’arta
Magna que establece: “Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte
Nacional de Justicia que reiteren po;- tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto,
obligarán a ¿-emitir elfallo alpleno de la 6’orte afin de que éstadelibere y decida en elplazo
de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dichoplazo no sepronuncia, o si ratWca el
criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria. (Art. 185) y <lo resaltado
intencional>. Como este Tribunal considera que la no determinación de escalas, de razones
de diferenciación en el Art. 8 del Mandato Constituyente, provoca la discrecionalidad, pues,
nopuede acepta;se que sinjustificacion en la ;azonabilidad enfuncion de\io~ ¡techos d≥ los 2
, —
medios tecntcos y la multiplicidad de aspectos a teneise en cuenta en su dae~szon pueda a
unos aplicarsepara elpago reclamado, un salario, ay a otros (sic) siete, pueda no~aj&~&ar el
principio de igualdad tantas veces invocado y COmO este principio, constituye como ya se
dUo, uno de orden constitucional y teniendo además presente que el preámbulo de la
Constitución, establece que decidimos construir: Una sociedad que respeta en todas sus
“...
dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades CUATRO. En contraste con
“.
la resolución de la Corte Nacional de Justicia, tambiéncoexiste la resolución que sobre el
mismo terna, expidió la misma 6’orte Nacional de Justicia, con otra conformación, en
sentencia expedida el 20 de octubre de 2011, <Resolución 313 2011, que luego de
—
concordar con el criterio de la Procuraduría General del Estado y trasladar el texto de esta
apreciación, señala lo siguiente: “El Mandato Constituyente No. 2., se expide para
racionalizar el pago de indemnizaciones que por conceptos de supresión de partidas,
renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación con el propósito de
poner límite yfreno a laforma, hasta cierto punto caótica, que se ha efectuado en tiempos
atrás, lo que ha conllevado a crear discriímines intolerantes entre servidorespúblicosque se
han acogido a estos derechos, este objetivo superior debe ser de inmediata aplicación, puesto
que se encuadra en lo dispuesto en elArt. 11, perales (sic) 4 y 5 de la Constitución Política
de la Repúblicacuyo texto dice: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de
los derechos ni de las garantías constitucionales” y 5 “En materia de derechos y garantías
constitucionales las servidorasy los servidorespúblicosadministrativos ojudiciales deberán
aplicar la normay la interpretación que másfavorezca sil efectiva vigencia Por lo expuesto
se llega a la conclusión que los actos administrativos materia de impugnación no s~n
conformes al ordenamientojurídico...”
CUARTO: El primer inciso del artículo 8 del Mandato Constituyente expedido por la
Asamblea Constituyente, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 261 de 28 de enero
de 2008, establece; “El monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia
voluntaria o retiro voluntario para acogerse a lajubilación de losfuncionarios, servidores
públicosypersonal docente del sectorpúblico,con excepción delperteneciente a las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional, será de hasta siete (7) salarios mínimos básicos un~flcados
del trabajadorprivadopor cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez
(210) salados mínimos básicos unWcados del trabajadorprivado en total. Para el efecto, las
instituciones del sector público establecerán, planificadamente, el número máximo de
¡-enuncias a ser tramitadas y financiadas en cada año debiendo, para ello realizar las
42
programaciones presupuestarias correspondientes, en coordinación con el Ministerio de
Finanzas, de se;- el caso”
QUINTO: Esta Sala Especializada observa que el referido artículo 8 del Mandato
Constituyente No. 2 tiene directa correlación con la Disposición General Segunda de la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa que establecía: “El monto de la
indemnización, por eliminación o supresión de partidas del personal de las instituciones,
entidades y organismos determinadas (sic) en el artículo 102 de esta Lev, se pagará por un
monto de mil dólares de los Estados Unidos de Américapor año de servicio y hasta un
máximo de treinta mil dólares de los Estados Unidos de América, en totaL Los contratos
colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito y otros acuerdos que celebren las
instituciones y entidades señaladas en el artículo 102 de esta Ley Orgánica, con sus
trabajadores, en ningúncaso podrán estipular pagos de indemnizaciones, bonificaciones o
contribuciones empresariales por tenninación de cualquier tipo de relación individual de
trabajo que excedan los valores y porcentajes señalados en el inciso primero de esta
disposición. La autoridad nominadora, adininistrado;~ delegado o representante que
incumpliere con lo dispuesto en el inciso anterior, estará incurso en las causales de
responsabilidad administrativa, civil o penal norma concordante con el artículo 96 del
“,
Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa que señalaba: “El
monto de la indemnización por eliminación o supresión de puesto del personal de las
instituciones, entidadesy organismos determinados en el artículo 102 de la LOSCCA, será de
un mil dólares por cada año de servicio cumplido en el sectorpúblicoy hasta un máximo de
treinta mil dólares en total....
SEXTO: Es jurisprudencia uniforme de esta Sala Especializada que lo que determina el
artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2, son los montos máximos a pagar por concepto de
supresión de partidas, renuncias voluntarias o retiro voluntario para acogerse a la jubilación.
Si se analiza bien esta nonna, contiene la preposición “hasta” en relación a las cantidades de
siete y doscientos diez salarios mínimos básicos unificados, denotando límites para configurar
precisamente valores máximos, tanto en valores anuales como en montos totales a recibir; por
lo que es perfectamente posible percibir cantidades menores (nunca mayores) a las señaladas
en el Mandato, como de hecho lo detenninaba la Disposición General Segunda de la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y el artículo 96 de su Reglamento.
SÉPTIMO:7.1 El criterio expuesto por este Tribunal de Casación, respecto a que no cabe
aplicar el artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2 para recibir la diferencia que resulte
entre la indemnización que ya se hizo efectiva y lo que ordena el referido artículo 8, se lo
manifesto en las resoluciones, entre otras No 07-2013 dentro del recurso de casaeion No
153-2010, No 102-2013 dentro del recurso de casacion No 266-2010, No 108-2013 dentro
del recurso de casación No. 263-2010; No. 157-2015, dentro del recurso de casa6ióh~ No.
206-2013.
7.2 De lo expuesto, queda demostrado que la sentencia emitida el 25 de marzo de 2013, las
10H31, por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Cuenca,
incurrió en el vicio de errónea interpretación del artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2
por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. Sin que sea necesario más
consideraciones, este Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA:1) Casa la sentencia de 25 de marzo de 2013, las 10H31, expedida por la el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en la ciudad de Cuenca.
2) En consecuencia, y conforme el artículo 16 de la Ley de Casación, se niega la demanda
planteada por la señora Nelly AméricaMejía Cobos, por improcedente. Actúela doctora
Nadia Armijos Cárdenas como Secretaria Relatora, según acción de personal No.
6935-DNTH-2015-KP de 01 dejunio de 2015.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.
cZEZ~
AB. C’ ~EIZ-Q~JERRERO MOSQUERA
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
DR. JOAQUIN TINAJERO D ADO
JUEZ NACIONAL
DR. |
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AGRAVIADO: 1-U.- (.ck
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J(cid:9) Amazonas N37-1 01 y U.N.R
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Quito,jueves 13 de diembre del 20189 las 11h57
Una vez agotado el trámite legal y por ser el estado de la causa el de dictar sentencia
por escrito, para hacerlo, se considera.
VISTOS:
1. ANTECEDENTES:
1.1. El 16 de mayo de 2017, las 08h20, el Tribunal de Garantías Penales con sede
en el cantón Machala, Provincia de El Oro, dictó sentencia, en la que ratificó el
estado de inocencia de los ciudadanos JULIO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ y
FREDDY MARCELINO MENDOZA ORDINOLA, absolviéndoles del delito
tipificado y sancionado en el artículo 158 del Código Penal, vigente a la fecha
de la comisión de la infracción (artículo 346 del COIP), dejando sin efecto las
medidas cautelares tanto personal, como real que pesaban sobre los
mencionados ciudadanos. De este fallo, Fiscalía interpuso recurso de apelación.
1.2. La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en sentencia de 04
de octubre de 2017, las 12h48, resolvió, aceptar el recurso de apelación, en
consecuencia, revocó la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales
de El Oro, y al considerar probada la existencia de la materialidad de la
infracción y el nexo causal entre las pruebas del tipo penal y la responsabilidad
de los procesados, concluyen que Julio Javier Núñez Núñez y Freddy Marcelino
Mendoza Ordinola han adecuado su conducta en calidad de autores al delito
tipificado y sancionado en el Art. 158 del Código Penal, vigente a la época de la
1
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA(cid:9) 07281-2014-0202
comisión de la infracción; y, observando el principio de favorabilidad
determinado el Art. 76.5 de la Constitución de la República del Ecuador, Art.
9.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 2 del Código de
Procedimiento Penal, Art. 5.2, Art. 16 del Código Orgánico Integral Penal,
aplican la ley más benigna, siendo la determinada en el Art. 346 del Código
Orgánico Integral Penal, imponiéndoles a los prenombrados procesados, la pena
de UN AÑO de privación de libertad, multa de cuatro (4) salarios básicos
unificados del trabajador en general. De esta sentencia, los procesados
interpusieron recurso de casación.
Los hechos detallados, conforme el tribunal ad-quem, medularmente se
circunscriben a lo siguiente:
"La presente causa penal tiene como génesis el Oficio Circular con fecha 30 de
septiembre del 2010, emitido y suscrito por el Dr. Alfredo Alvear Enríquez, Director
Nacional de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado Subrogante, en el
que indica lo siguiente: "Señores Fiscales Provinciales, en virtud de los hechos
suscitados al interior de la Policía Nacional el día de hoy 30 de septiembre del 2010,
que son dominio público y que han generado conmoción nacional al atentar contra
la seguridad interna del Estado, de conformidad con los artículos 158, 159 y 163 de
la Constitución de la República del Ecuador, dispongo se inicie deforma inmediata
las investigaciones correspondientes por los delitos previstos en Libro Segundo
Título 1 Capitulo III del Código Penal y Código Penal de la Policía Nacional, esto es
delitos contra la seguridad interna del Estado y otros tipos penales que se
encuentren producto de la investigación. De las acciones que se adopten y del
progreso de las investigaciones se mantendrá permanentemente informado al señor
Fiscal General del Estado" Diligencias practicadas: 1. La Fiscal Dra. Paola
Vivanco remite oficio 2880-FGE-FPEO-PVM-323-C-2010, solicitando al Jefe del
Comando de Policía de Hua quillas, que informe si el día 30 de septiembre del 2010
se produjeron algún tipo de desmanes o inconvenientes, con miembros de la policía
al servicio en el cantón Hua quillas (fs 04); en contestación al mismo, el Señor
Mayor de Policía Angel Zapata Villacrés, Jefe de la Policía de Hua quillas, remite un
informe a la indicada autoridad haciendo conocer lo siguiente: 1.1. En orden
cronológico indica que el día de los hechos, a las 0800, se disponga a salir de la
oficina del comando y verifico que en la prevención se encontraba todo el
personal de su jurisdicción(cid:9) informándose por la televisión sobre los
acontecimientos en la ciudad de Quito. 1.2. Que a las 09h00 los medios de prensa
le consultaron sobre la situación y que les indico que todo estaba bajo control. 1.3.
2
JUSTICIA(cid:9)
07281-2014-0202
Que a las 09h30 mientras hablaba con la prensa, personal motorizado salió del
cuartel manifestando su descontento y que iban a recorrer la ciudad como
muestra de malestar, que conoció que la dirección tomada fue la del puente
internacional y que frente a la prevención, personal policial prendió fuego a un
neumático. 1.4. Que a las 09h45 el personal policial ingresa al cuartel y los disuade
a salir a laborar normalmente. 1.5. Que a las 1000 ingresa al cuartel de policía
el Tnte. Omar Gutiérrez de la Policía de Perú, a informarse de la situación en el
cantón. 1.6. Que a las 15h00 se comunicó con el Gral. Arteta, jefe del distrito
Tumbes y que le comunico que la situación era normal pero que el indicado oficial
le manifestó que el presidente de Perú, Alan García, había dispuesto el cierre de la
frontera y que coordinaron el retorno de ecuatorianos y peruanas. 1. 7 Finalmente
que durante el tiempo transcurrido en la cronología detallada no se produjeron
actos delictivos o daños a la propiedad privada, ni se usó material o elemento
disuasivo y que el armamento y equipo se encuentra en condición y número igual al
entregado en dotación 2. La Fiscal Dra. Paola Vivanco remite oficio 2881-FGE-
FPEO-PVM-323-C-2010, solicitando a Jefe de la Policía Judicial de Hua quillas,
que informe si el día 30 de septiembre del 2010 se produjeron algún tipo de
desmanes o inconvenientes, con miembros de la policía al servicio en el cantón
Hua quillas; en contestación al mismo, el señor Myr de Policía. Iván Riofrio
Pacheco, Jefe de la Policía Judicial en Hua quillas, remite un informe 139-SPJH-
2010 (fs 10) a la indicada autoridad ( ... ) 18.2. Informes de lnvestigaci6n (Myr.
Que/al). En oficio 2011-259-UPAI-CP3, de fecha 29 de marzo del 2010 (2011)
(existe copia certificada en papel fax) remitido por Myr. Raymond Que/al al señor
Fiscal Dr. Lenin Fierro Silva. (fs. 79), se detalla un listado de policías que, según
dice textualmente, 'jparticiparon en la toma simbólica y quema de llantas el dia 30
de septiembre del 2010 frente al cuartel del cantón Huaquillas y Puente
internacional". Los nombres del personal nombrado son: Poli. Max Mauricio
Cuenca García (Puente internacional); Poli. Diego Armando Armnendáriz Bravo
(Puente internacional); Cbop. Julio Javier Núñez Núñez (Comando de Policía
Hua quillas); Cbos. Jorge Iván Valencia Méndez (Comando de Policía Hua quillas);
Cbos. Freddy Mendoza Ordinola (Comando de Policía Hua quillas); Cbos. Miguel
Angel Mina (Comando de Policía Hua quillas) ". "(sic)
1.3. Actos procesales de sustanciación del recurso de casación.
A la presente sentencia, le anteceden los siguientes actos procesales que denotan
su validez:
. Decreto de 15 de noviembre de 2017, las 08h50, dictado por la Sala Penal de
la Corte Provincial de Justicia de El Oro, por medio del cual se conceden los
recursos de casación interpuestos por los procesados Julio Javier Núñez
Núñez y Freddy Marcelino Mendoza Ordinola.
3
CORTE NACIONAL. DE
4,
. Sorteo de fechas 22 de diciembre de 2017 y 08 de marzo de 2018, esta
última, en virtud del dispuesto en la Resolución N° 02-2018, emitida por el
Pleno de la Corte Nacional de Justicia, referente a la renovación parcial de
sus miembros, realizado dentro de la causa penal No. 08282-2015-01344,
por la Presidencia de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, mediante el cual quedó
radicada la competencia en éste Tribunal de Casación.
. Audiencia oral, reservada y contradictoria de sustentación de los recursos de
casación, en la que fueron escuchados: El doctor Edwin Vinicio Romero,
abogado defensor del procesado Julio Javier Núñez Núñez; el doctor Paúl
Guerrero, Defensor Público y abogado del procesado Freddy Marcelino
Mendoza Ordinola; y, al doctor Raúl Garcés Llerena, delegado del señor
Fiscal General del Estado.
1.3.1.(cid:9) Fundamentación del recurso por parte del Doctor Edwin Vinicio
Romero, en representación del recurrente Julio Javier Núñez Núñez:
a) La sentencia atacada es la emitida por la Sala de lo Penal de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro, de fecha miércoles 4 de octubre del 2017,
las 12h48, dentro del juicio número 07281-2014-0202, en la que condenan al
señor Julio Javier Núñez Núñez por considerar que adecuó su conducta en
calidad de autor al delito tipificado y sancionado en el artículo 158 del
Código Penal vigente a la época del cometimiento de la infracción y por
principio de favorabilidad, aplican la ley más benigna (artículo 346 del
COIP).
b) Interpone su recurso de casación por existir una indebida aplicación del
artículo 76.7.i) de la Constitución de la República del Ecuador; la sentencia
atacada solo realiza una transcripción de la sentencia del Juez a-quo,
debiendo tomar en cuenta que, conforme consta en el segundo párrafo, el
Tribunal ad-quem le atribuye al ciudadano Julio Javier Núñez Núñez, como
sujeto activo del tipo penal de paralización de un servicio público, tipificado
y sancionado por el articulo 346 el COIP, es decir, aplica una norma
posterior, y al realizar el estudio analítico del mencionado tipo penal,
mencionan que tal infracción será sancionado con una pena de 1 a 3 años, y
ésa es la norma que sanciona los actos realizados por los recurrentes, sin
embargo, a la fecha se encontraba vigente el Código Penal Ecuatoriano y se
tenía que realizar una valoración del artículo 158 de la misma normativa.
Determinan que los actos realizados por Julio Javier Núñez Núñez y Fredy
Mendoza se encuentran probados con total certeza y se habla de tres verbos
rectores: impedir, entorpecer y paralizar el servicio público, pero el artículo
158 del Código Penal derogado, determina que para la configuración del
delito de Sabotaje, es indispensable que cumplan con dos condiciones: la
destrucción, el deterioro, la inutilización, la interrupción, o la paralización de
los servicios públicos o privados o de procesos de producción, y la segunda
condición es el producir la alarma colectiva, es decir que no solamente
interesa la conducta encajada en la tipificación de la norma sino la intención
del sujeto activo del delito de ocasionar daño y la alarma colectiva.
e) La indebida aplicación del artículo 158 del Código Penal derogado, habla de
producir alarma colectiva y de la misma manera, analizando el Código
Orgánico Integral Penal en su normativa pertinente no menciona nada sobre
alarma colectiva, ya que no se analizan los elementos objetivos del tipo
penal. En conclusión, en la sentencia atacada, no se realiza una valoración
del tipo penal sobre los verbos rectores del 158 del código penal y del 346
del Código Orgánico Integral Penal.
wi
JUSTICIA.(cid:9) 07281-2014-0202
Por cuanto se ha incumplido los preceptos contenidos en la Constitución de la
República del Ecuador, esto es que toda sentencia debe contener un
razonamiento, una lógica y comprensibilidad, se solicita que se case la
sentencia.
1.3.2 Fundamentación del recurso por parte del Doctor Paúl Guerrero
Defensor Público, en representación del recurrente Fredy Mendoza
Ordinola:
a) Ha interpuesto recurso de casación de la sentencia emitida por la Sala de lo
Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, porque existe una indebida
aplicación del artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, cuando la
norma correcta era la del artículo 619.2 del mismo cuerpo legal, en
concordancia con el artículo 76.2 de la Constitución de la República del
Ecuador, esto por cuanto, para sentenciar a su defendido, simplemente
realizan un análisis general de los supuestos hechos cometidos, así en el
considerando séptimo de la sentencia, los jueces de la Corte Provincial de El
Oro, manifiestan que los actos realizados por el señor Fredy Mendoza
Ordinola, alteraron la paz de forma general, que se deja probada su
participación con las pericias técnicas y la prueba testimonial,
responsabilizándole de la paralización del destacamento de la Policía
Nacional y del puente de aguas verdes, pero no se manifiesta que dicha
paralización lo realizó el señor Fredy Mendoza, puesto que solamente se
encontraba en el lugar de los hechos más no realizando ningún tipo de delito,
puesto que no se pudo comprobar. Además se sostiene que se paralizó el
puente internacional, lo cual es incorrecto, esto porque por versión de un
Teniente de la Policía del Perú, se determinó que por disposición del
presidente del Perú, Alan Garcia, se ordenó que de forma adecuada y
ordenada regresen todos los ciudadanos del Perú a su país.
b) Que en la sentencia se establece que se encontraban varias personas con
uniformes policiales, pero no se individualiza a las mismas, pero los señores
jueces subsumen el delito a los hechos de ese día y la participación de su
defendido, realizando un análisis sesgado, no se indica cómo impidió,
entorpeció o paralizó el normal desenvolvimiento o prestación de un servicio
público, además no se ha de demostrado cómo se resistió violentamente al
restablecimiento del mismo.
Concluye solicitando que se case la sentencia por ser injusta y se ratifique el
estado de inocencia del recurrente.
1.3.2. Contestación por parte del doctor Raúl Garcés Llerena, delegado del
señor Fiscal General del Estado.
a) Que los hechos son los realizados el 30 de septiembre del 2010, cometidos
en horas de la mañana principalmente en la parte interior y exterior del
comando de la policía de Huaquillas, así como en el puente internacional de
Huaquillas, con actos conforme lo ha establecido el juzgador de instancia, y
como resultado de estos actos, se produce una paralización de servicios
públicos.
b) Respecto al recurso de casación planteado por el señor Julio Núñez Núñez,
quien considera que existe indebida aplicación del artículo 346 del Código
Orgánico Integral Penal y que debía ser aplicado el artículo 158 del Código
Penal vigente a la época del cometimiento de los actos, conforme la
alegación, estima que el juzgador de instancia aplicó por principio de
favorabilidad, dispuesta en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la
República, la menos rigurosa, dando un beneficio al procesado Julio Núñez
7
4., JUSTICIA(cid:9) 07281-2014-0202
Núñez porque la pena en el Código Penal, era de 8 a 12 años de reclusión
mayor ordinaria, en tanto que en el artículo 346 en el Código Orgánico
Integral Penal, es de 1 a 3 años de privación de libertad. Se ha indicado que
el verbo rector que es la alarma pública, también contenida en la norma del
COIP, y al ser el procesado un miembro policial, sus actos paralizaron un
servicio público como la transportación o movilidad de personas y de
vehículos. Que se ha hecho hincapié el artículo 76.7.1) de la Constitución
referente a la motivación, pero a criterio de Fiscalía, la sentencia se
encuentra debidamente motivada y reúne los parámetros de motivación, de
ahí que, la alegación por falta de motivación necesita que se exprese de
forma lógica dónde consta el yerro en la sentencia y no solo en forma
general, por tales consideraciones se solicita que se rechace el recurso de
casación.
c) En relación al recurso presentado por Freddy Marcelino Mendoza, ha
determinado que interpone su recurso al considerar que existe una indebida
aplicación del artículo 346 del COIP y que la norma correcta a aplicar es la
contenida en el artículo 76.2 de la Constitución de la República del Ecuador
en la que se presume el estado de inocencia, de ahí que fiscalía estima que
del análisis que realizó la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en el cual
toma en cuenta en forma global todas las pruebas, llegando a establecer la
materialidad de la infracción así como la responsabilidad del señor Fredy
Mendoza; por tanto no se ha vulnerado dicha normativa, de ahí que, no
procede revalorización de prueba conforme lo señala el recurrente, en ese
sentido solicita que el recurso sea rechazado por improcedente.
2. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN:
2.1 Competencia:
La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Nacional de Justicia, tiene competencia para conocer los recursos de casación,
revisión y los demás que establezca la ley, en materia penal de conformidad con lo
determinado por el artículo 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador; y,
artículo 186 del Código Orgánico de la Función Judicial.
El Tribunal para la resolución de la presente causa está conformado por el doctor
Iván Saquicela Rodas, Juez Nacional; doctor Miguel Jurado Fabara, Juez Nacional;
y, doctor Luis Enríquez Villacrés, Juez Nacional Ponente.
2.2 Validez Procesal.
El presente recurso de casación se ha tramitado en observancia a los artículos 75 y
76.3 de la Constitución de la República del Ecuador y del trámite propio del
presente recurso; en consecuencia, al no existir vicios de procedimiento, ni omisión
de solemnidades sustanciales, este Tribunal declara la validez de lo actuado.
2.3 Sobre el recurso de casación.
El recurso de casación constituye una manifestación del derecho a recurrir de los
fallos, garantizado en el artículo 76.7.m) de la Constitución de la República del
Ecuador, en relación al artículo 8.21) de la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), que señala:
o
"... Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a
las siguientes garantías mínimas: ... h) Derecho de recurrir del fallo ante
juez o tribunal superior."
Aquella norma, guarda relación con la contenida en el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone:
"Toda persona declarada culpable, de un delito tendrá derecho a que el
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un
tribunal superior, conforme lo prescrito por la ley."
Este medio de impugnación está dirigido a enmendar las faltas que afectan al juicio
de derecho contenido en la sentencia de apelación, por su naturaleza es de carácter
extraordinario por cuanto exige motivos taxativos para su interposición, así, el
artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, contempla las causales por las que
procede el recurso de casación, esto es, cuando en la sentencia se hubiera violado la
ley, ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o por errónea
interpretación, fuera de las cuales su consecuencia es la declaración del recurso
como improcedente.
Coherente con lo expuesto, Orlando Rodríguez, afirma "La casación procede única
y exclusivamente por las causales que expresamente consagra el sistema jurídico
positivo; no existen causales distintas"; en tanto que, Gilberto Martínez Raye, en la
obra Procedimiento Penal Colombiano, agrega que el recurso extraordinario de
casación "es el que se utiliza contra sentencias de segunda instancia que se
consideran vio latorias de la ley. No origina una tercera instancia que no existe; en
casación no pueden volverse a debatir los hechos que ya han sido juzgados en las
dos instancias. Simplemente se trata de un recurso mediante el cual se confronta la
1 Rodríguez Ch. Orlando. Casación y Revisión Penal, Temis, Bogotá, 2008, p. 67.
10
jurídica.
En relación a las causales determinadas, existe contravención expresa del texto de la
ley, cuando se desobedece o se actúa en contrario de lo que ésta expresamente
señala; tiene lugar la aplicación indebida de la ley, cuando el juzgador en lugar de
aplicar la norma que corresponde al caso, aplica otra que es impertinente, hay aquí
una norma incorrecta que se ha aplicado y una correcta que se ha dejado de aplicar;
y, errónea interpretación que se da cuando el juzgador no acierta con el sentido
genuino que tiene la norma, es decir, refleja un error de intelección.
Para analizar el recurso de casación, la Sala Especializada de lo Penal, Penal
Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, ha definido
parámetros, estableciendo que "Ningún recurso de casación podrá ser procedente,
si el recurrente no exterioriza las razones jurídicas de las que se cree asistido, para
elaborar los cargos que presenta al Tribunal. Esta actividad, que se conoce como
argumentación jurídica, consta de tres componentes básicos: a) Determinación de
la parte específica de la sentencia impugnada, en la cual se encuentra el error de
derecho; b) Confrontación entre el razonamiento del juzgador sobre la aplicación o
interpretación de una norma jurídica, que se considera ha provocado un error de
derecho, y aquella aplicación o interpretación que estima el recurrente se debería
haber realizado; y, c) Explicación de la influencia que ha tenido el error de
derecho, sobre la parte dispositiva de la sentencia impugnada"3
2 Gilberto Martínez Raye. Procedimiento Penal Colombiano. Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá,
1992, pág. 457
Ecuador. Sentencia de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia. Juicio No. 444-2014.
11
que el Tribunal de Casación cuente con los medios claros y suficientes para casar
una sentencia con base a los argumentos expuestos.
2.4 Sobre la impugnación esgrimida por los recurrentes:
El doctor Edwin Vinicio Romero, abogado del recurrente Julio Javier Núñez Núñez,
así corno el doctor Paúl Guerrero, Defensor Público y abogado del recurrente Fredy
Mendoza Ordinola, expresaron la existencia de la transgresión de la ley, mediante
una indebida aplicación de la misma, así, el primero de los prenombrados
profesionales, considera que se aplicó indebidamente la norma del artículo 346 del
Código Orgánico Integral Penal, siendo la disposición correcta a aplicarse la
determinada en el artículo 158 del Código Penal, vigente a la fecha de los
acontecimientos, además que existe una indebida aplicación del artículo 76.7.1 de la
Constitución de la República del Ecuador, considerando que los elementos del tipo
penal definitivos en el artículo 158 del Código Penal, no se reproducen en el
artículo 346 del COIP, esto es, producir la alarma colectiva, corno elemento
objetivo del tipo penal.
En tanto que, la defensa del procesado Fredy Mendoza Ordinola, ha manifestado, en
casi un similar argumento, una indebida aplicación de la disposición contenida en el
artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal y la norma debida que debía ser
aplicada es la del artículo 619, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal, en
concordancia con el artículo 76.2 de la Constitución del Ecuador, considerando que
los yerros se visualizan en el considerando séptimo de la sentencia impugnada,
donde se realiza un análisis del tipo penal, sin determinar la alteración de la paz, y
12
cuartel o del puente internacional de Huaquillas.
De lo antes expuesto, es necesario, en primer lugar, determinar el alcance de la
causal de casación de indebida aplicación, invocada por los recurrentes en sus
intervenciones, así, ésta tiene lugar cuando se utiliza una norma legal que de manera
errónea ha determinado caso; hay aquí una norma correcta que se ha dejado de
aplicar y una incorrecta aplicada; su convergencia radica en que, el hecho fáctico,
tras la valoración probatoria, no se encasilla a lo que la norma escogida contiene.
En palabras del autor Heliodoro Fierro Méndez respecto del presupuesto invocado
refiere que: "El despropósito se ofrece en la falsa adecuación de los hechos
probados a los supuestos contemplados en el precepto, al no coincidir los sucesos
procesalmente reconocidos con las hipótesis que lo condicionan"4
.
Bajo ese contexto, los recurrentes al haber realizado sus alegaciones, han
considerado la existencia de una violación de la ley, por indebida aplicación, sin
embargo el fundamento plasmado se aparta de la rigurosidad que conlleva recurrir
vía casación, toda vez que, al invocar este tipo de modalidad de yerro de derecho en
la sentencia, debían demostrarse que en efecto, el Tribunal de alzada, realizó una
falsa adecuación de los hechos probados a los preceptos contenidos en las normas
jurídicas alegadas como vulneradas, mediante un fundamento por cada una de ellas,
exhibiendo la parte específica de la sentencia en la que se vislumbra cada error, y su
influencia en la decisión de la causa, situación que en el caso concreto han omitido
los recurrentes.
Heliodoro Fiero Méndez. Casación y Revisión Penal. Segunda Edición. Editorial Leyer. Bogotá-
Colombia. p. 244.
13
través de su defensa técnica, considera la existencia de una indebida aplicación del
artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal y del artículo 76.7.i)5 de la
Constitución de la República del Ecuador, empero, su argumento simplemente
versó en que la sentencia atacada, realiza una transcripción de la sentencia del Juez
a-quo, sin determinar, según su criterio, cuál es el alcance de la norma legal y
Constitucional y su aplicación incorrecta al caso en concreto; de igual forma, la
alegación en torno a que no se debió aplicar el artículo 346 el COIP, por ser norma
posterior, no contó con un sustento que conlleve a decretar una posible violación de
la ley, evidenciándose claramente que el fundamento presentado por el impugnante,
en nada justificó su impugnación conforme la causal de casación escogida para el
efecto, alejándose de la exigencia que conlleva recurrir por esta vía extraordinaria.
A pesar de lo señalado, este Tribunal al verificar la sentencia impugnada, de la
misma se desprende que, conforme el análisis efectuado por la Sala Penal de la
Corte Provincial de Justicia de El Oro, versa de cierta medida, sobre los elementos
constitutivos del tipo penal determinados en el artículo 158 del Código Penal,
aplicable a la causa, concluyendo que dicha conducta sigue siendo sancionada por el
artículo 346 del COIP, de ahí su aplicación en torno a la penalidad de la infracción,
en atención al principio de favorabilidad determinada tanto en la Constitución como
en la normativa penal ecuatoriana, como bien ha razonado la Sala Penal, en su
sentencia, desarrollando este criterio a partir de su considerando siete punto once
(7.11), consecuentemente resulta en la improcedencia de su impugnación, por falta
de fundamentación.
Constitución de la República del Ecuador: Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes
garantías básicas: (...)7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: ( ... )i) Nadie
podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción
indígena deberán ser considerados para este efecto.
14
de su defensa técnica, en torno a justificar su recurso, señaló una indebida
aplicación del artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, considerando que la
norma correcta que debía aplicarse es la determinada en el artículo 619.2 del mismo
cuerpo legal, en concordancia con el artículo 76.2 de la Constitución de la
República del Ecuador, bajo un argumento que conllevó a instaurar que los jueces
de la Corte Provincial de El Oro, consideraron que los actos realizados el día de los
hechos, alteraron la paz del Estado, responsabilizando a su defendido de dicha
paralización, específicamente del destacamento de la Policía Nacional y del puente
de Aguas Verdes, pero que tal circunstancia no ha sido probada.
Refiriéndonos a la norma Constitucional alegada por el recurrente como inaplicada
al caso concreto, es necesario señalar que, el Ecuador al ser un Estado
Constitucional de Derechos, como garantías constitucionales al debido proceso, el
artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República, instituye que por el
derecho a la presunción de inocencia, toda persona debe ser tratada como tal, antes
y durante la tramitación del proceso, siendo mediante sentencia ejecutoriada o en
firme que se puede determinar si la persona procesada mantiene o no ese estado, por
el contrario, se la declara culpable; es decir, mientras ello no ocurra, es inocente, en
ese sentido, el recurrente, conforme su fundamentación, no ha justificado cómo la
Sala de Apelación, ha vulnerado la referida norma constitucional, en consecuencia,
su recurso de casación deviene en improcedente por falta de fundamentación.
2.5. Ahora bien, el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, faculta al
Tribunal de Casación, realizar acciones de casación de oficio, para de tal manera
corregir aquellos errores detectados en la sentencia de segunda instancia y que el
impugnante o impugnantes omitieron por su fundamento equivocado; es así que, en
15
"Séptimo", se desprenden las siguientes apreciaciones:
...) Conforme dispone el artículo 346 del COIP, que refiere: "La persona que
"(
impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público ", el
sujeto activo de la infracción no necesariamente tienen que ser calificado o
cumplir una función específica, sin embargo en razón de ser los acusado
miembros de la Policía Nacional, que pertenecían al Grupo "ALCON II" y que
laboraban en el Cantón Hua quillas provincia de El Oro, frontera con el vecino
país de Perú, se ha dejado probado con las pericias técnicas y prueba testimonial
que los ciudadanos JULIO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ y FREDDY MARCELINO
MENDOZA ORDINOLA, han participado en actos conducentes a la paralización
de servicios públicos en el Cantón Hua quillas, esto es, en la entrada del
Comando de Policía como también en el puente internacional, afectando el
normal funcionamiento de la ciudad, actos que lo realizaron en la mañana del 30
de septiembre del año 2010.
Siendo por tanto menester anotar lo que la Constitución de la República del
Ecuador en su artículo 158 dice: "Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los
ciudadanos. Pese a esta máxima constitucional se ha establecido como
(...). ".
hecho probado que JULIO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ y FREDDY MARCELINO
MENDOZA ORDINOLA, miembros de la institución policial y que eran parte del
Grupo "ALCON II" han participado en actos conducentes a la paralización de
servicios públicos en el Cantón Hua quillas, esto es, en la quema de llantas a la
entrada del Comando de Policía como también en la toma simbólica del puente
internacional que une con el país del Perú, hechos que fueron presenciados por la
ciudadanía y también cubiertos por los medios de comunicación que difundieron
a través de los medios de comunicación a nivel nacional de lo sucedido la
mañana del 30 de septiembre del año 2010(...)"
Conforme lo transcrito de la sentencia recurrida, el tribunal de apelación, ha
considerado que los procesados Julio Javier Núñez Núñez y Freddy Marcelino
Mendoza Ordinola, al ser miembros de la institución., policial y parte del Grupo
"ALCON II", participaron en los actos conducentes a la paralización de servicios
públicos en el Cantón Huaquillas, con quema de llantas a la entrada del Comando
de Policía, así también en la toma simbólica del puente internacional que une el
16
cantón Huaquillas y en el país, de lo cual, para llegar a dicha conclusión, el tribunal
adquein, ha estimado:
"(...)Pues, no solo se cuenta con prueba testimonial respecto a la paralización de
los servicios públicos por parte de JULIO JA VIER NÚÑEZ NÚÑEZ y FREDDY
MARCELINO MENDOZA ORDINOLA, miembros de la institución policial y que
eran parte del Grupo "AL CON II", sino con la pericia técnicas que obran del
proceso y que han sido acreditados por parte de quienes suscribe el informe, en el
caso del testimonio de Nelson Ramón Ron quillo Vargas, perito acreditado,
indica haber realizado la explitación de la información constante en un CD que
le fuere entregado, y en mismo realizó la experticia de audio y video, realizando
una secuencia de imágenes y transcripción del audio, y en una de las partes se
puede apreciar un rotulo que se lee "bienvenidos al Perú" allí se encuentran
aglomerados varias personas tanto de género femenino y masculino portando
uniformes de similares características a los portados por la policía Nacional del
Ecuador, también se encuentra un vehículo tipo cuadrón, color blanco, estas
personas en la parte anterior como posterior del chaleco la palabra "Policía ", en
el audio se escucha una voz masculina que grita "viva el paro" esto se corrobora
con el testimonio de Milton Robinson Jiménez Cueva , quien realiza el
cotejamientofisico de imágenes obrantes en un CD con las fotografías tomadas a
Herrera Sergio, Mendoza Ordinola Freddy, Mina Rojas Miguel Angel, Naranjo
Henry Nelson, Núñez Núñez Julio Javier, Patiño Gusman Franquin, Quintanilla
Bonilla Edeer Josue, Sarmiento Sandoval Richard Alberto, Sánchez Gaybor
Cristhian Fabian, Valencia Méndez Jorge Iván y Zapata Villares Angel Lautaro,
con quienes se realizó el cotejamiento fisonómico con las foto grafías editadas,
sobre todo se determina que las fotografías que de una manera libre y voluntaria
fueron tomadas a JULIO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ y FREDDY MARCELINO
MENDOZA ORDINOLA, tiene características similares con las que constan el
CD sobre el cual realizo la pericia técnica(...)" (sic). (Lo resaltado fuera del
texto)
En este orden de ideas, conforme la precisión del tribunal ad-quem, es evidente que
se ha demostrado conforme a derecho una paralización de servicios públicos,
suscitado el 30 de septiembre de 2010, sin embargo, del propio análisis y
17
juicio, se aprecia lo siguiente:
(...)En el presente caso conforme obra del proceso y de lo manifestado en
audiencia de juicio al momento que rinde testimonio Angel Lautaro Zapata Villares
quien en la parte pertinente indica: El 30 de septiembre del 2010 nosotros
estuvimos en la ciudad de Hua quillas, ( ... ), posterior a mis espaldas habían un
poco de policías que estaban vestidos de camuflaje, camuflaje se utilizaba por el
personal que se lo denominaba el grupo Halcón, ellos realizaban actividades en
patrulleros y motos, ( ... ), este grupo de compañeros policías estaban alterados y es
visible ver que se escuchaban las voces de protestas, y yo me dirigí hacia ellos y les
dije que aquí las cosas están normal y tienen que ir a trabajar, en ese instante
tomaron una actitud bastante beligerante hacia mí, es así, que el encargado del
personal que era un suboficial de apellido Sergio Herrera me parece, el me trato
de mediar y evidentemente indiqué que los tiene que controlar y disponer que se
evite me falten el respeto, ( ... ), todos salieron a trabajar, pero el grupo de
motociclistas, recuerdo entre ellos el de camuflaje tomaron otra actitud,
desobedecieron las ordenes y lo único que observe es que salieron del cuartel,
luego de esto paso el tiempo, se decretó crisis ( ... ), inmediatamente parte de mis
funciones corno comandante realice un comunicado correspondiente
manifestándole a través de un telegrama al comandante provincial de que la
situación había sido superada y que a eso de las 11 de la mañana en la ciudad el
servicio de policía estaba totalmente reestablecido, que las cosas se dieron por los
grupos de policías que fueron persuadidos por lo que se hablo fue lo que genero
este incidente, pero luego todo volvió a la calma, ( ... ) ya para el medio día
nosotros ya con más tranquilidad alguien me comunico que aquellos que habían
salido del cuartel de forma violenta habían ido al puente internacional y luego
habían regresado al cetro de la ciudad, lo que si pude ver obviamente al siguiente
día una fotografía en el puente internacional se los ve ahí especificamente al grupo
de camuflaje que están ahí, (...). El grupo Halcón tiene como movilización
vehículo, pero no lo utilizaron, (...) algunos del grupo Halcón, como de los
motociclistas salen abruptamente del cuartel, estaban Nuez y Mendoza entre el
grupo que salió, los logramos implicarlos cuando dispuse nuevamente la formación
y evidentemente no estaban ni los motociclistas, ni los compañeros que aparecieron
en la fotografía del siguiente día en el puente, (...).
En tanto que al momento que rinde el Testimonio Jorge Iván Valencia Méndez
(Policía), en lo principal manifestó.- Preste servicios en la Provincia de El Oro,
( ... ), estuve el 30 de septiembre del 2010 en Hua quillas, yo estaba en un grupo de
reacción denominado Halcón 2, como auxiliar tenía que colaborar al Jefe de
lo
patrulla en cualquier disposición, ese día me encontraba de servicio donde al
momento nos habían indicado al grupo de reacción que avanzáramos a las 8 de la
mañana al cuartel, formamos para salir con el detenido, luego con elfuin2os a la
unidad judicial y luego regresamos aproximadamente a las 10h00, nosotros
estábamos como grupo de apoyo donde luego de haber ingresado con el detenido
estábamos para prestara cualquier compañero la colaboración, ( ... ), y nosotros no
sabíamos aun lo que se estaba dando en la ciudad de Quito, nosotros acudimos a
la Unidad Judicial para que se dé inicio a la audiencia, la misma que se suspendió
por lo que estaba sucediendo (...), estaba el cabo Mina Rojas que era conductor, el
sargento Núñez que estaba como jefe de patrulla, el compañero Mendoza y mi
persona que estábamos como auxiliar, al momento en que salimos no sucedía nada
en el cuartel, salimos aproximadamente 07h45, hora que iba a ser la audiencia, al
momento que ingresamos al cuartel pude observar algunos compañeros que
estaban en la prevención viendo TV observando lo que suscitaba en las demás
provincias, una vez que regresamos, el detenido quedo en la CDP, mi mayor Ángel
Zapata nos ordenó formar de inmediato para salir nuevamente a cumplir con
nuestras labores, (...).
Al rendir su testimonio la ciudadana Carmen Piedad Castro Ávila (Periodista), en
lo principal manifestó.- Estuve en Huaquillas el 30 de septiembre del 2010, ( ... ), yo
soy corresponsal del diario El Nacional en el cantón Hua quillas, ( ... ), yo estaba
casi por el Municipio cuando pasaron los Policías en un cuadrón investigando,
creo que eran como unos tres, eran como las 8 de la mañana, de ahí me fui al
puente internacional donde pude observar a los uniformados agrupados en la
mitad del puente, y ahí se habían mezclado ciudadanos civiles ecuatorianos,
peruanos, a ver de qué se trataba la novedad y ellos se habían tomado el puente
simbólicamente, me refiero a la Policía de Ecuador, yo solamente los vi que
estaban ahí parados, por esa razón no podían pasar los transeúntes, yo solamente
tome la foto para el periódico y luego me traslade hasta el cuartel de la policía
para saber si podía entrevistar a alguien(. . .)los policías estaban agrupados en la
garita, estaban observando un TV informándose ( ... ), en el reportaje esta la
fotografía del Banco de Machala con las puertas cerradas, la cooperativa Santa
Rosa también, yo no escuche ningún tipo de proclama, eran como las 800 am,
después el alcalde llamo a la tranquilidad pues las personas tenían miedo por los
robos, y de ahí en horas de la tarde indico que se calmen porque todo estaba
normal, (...).
Tenemos el testimonio de Washington Ricardo Paredes Vilela (Perito), en lo
principal manifestó.- (...), realice el reconocimiento del lugar de los hechos, de
acuerdo al delito que constaba contra la seguridad del Estado, esto fue hecho el 8
de febrero del año 2012, la primera escena es la del Comando Provincial de
CORTE NACIONAL DE(cid:9)
JUSTICIA
Hua quillas que se ubica en la Av. Republica Costa Rica y la Hualtaco, donde se
decía que presuntamente se habían suscitado ciertos hechos, y la segunda escena
fue siguiendo la Av. Republica hasta más o menos el puente que da con la calle
Arenillas, esos son los dos lugares que se reconoció, (...), solamente reconocí el
lugar, existen los lugares, la escena fue previo al puente internacional. (...).
Tenemos el testimonio de Nelson Ramón Ron quillo Vargas quien indica: Laboro en
la Unidad de Apoyo Criininalística de El Oro, soy perito (...), se procedió a
realizar una secuencia de imágenes y transcripción de audio, según la secuencia de
imágenes se puede apreciar un lugar abierto en donde la cámara de video enfoca
hacia un inmueble de color blanco con franjas de color azul y plomo, así mismo
enfoca el ingreso a una puerta de mallas de alambre, en el lugar existe algunas
personas de género masculino, los mismos que portan uniformes de similares
características a la Policía Nacional del Ecuador, (...), en una de las partes se
puede apreciar un rotulo que se lee Bienvenidos al Perú, ahí se encuentra
aglomeradas varias personas tanto de género femenino como masculino portando
uniformes de similares características a los portados por la Policía Nacional del
Ecuador, se encuentra un vehículo tipo cuadrón de color blanco, ( ... ), luego se
retiran del lugar en dicho cuadrón, el video enfoca nuevamente al lugar como
prevención, se entrevista a una persona de género masculino en donde se realiza a
transcripción de audio, se enfoca a una persona de género masculino que porta
uniforme de similares características al portado por la Policía Nacional del
Ecuador, se encuentra esta persona junto a un objeto de similares características a
una llanta, que está encendida, existen varias personas que se encuentran
alrededor de esta llanta utilizando uniforme de similares características al
portado por la Policía Nacional del Ecuador, ( ... ), respecto al audio teniendo en
cuenta en la transcripción intervienen 32 personas, a comienzo se puede escuchar
a una persona de género masculino que indica viva el paro, y varias personas
contestan viva el paro, fue lo más relevante, que se pudo transcribir, en relación a
la secuencia de imágenes, según la cámara de video únicamente no enfoca
exactamente qué persona es la que manifiesta viva el paro, no se puede distinguir
que persona lo indica, en el lugar donde se lee Bienvenidos al Perú, donde están
personas vistiendo uniforme de similares características al portado por la Policía
Nacional del Ecuador, en ese lugar también se escucha viva el paro, (...).
Consta el testimonio de Sergio Herrera Yánez quien indica: Preste servicios en la
ciudad de Hua quillas, en septiembre del 2010 yo trabajaba en comunicaciones, al
30 de septiembre era suboficial primero, al momento de hacer formar yo pasaba
lista, y se daba parte al jefe superior, yo era el custodio del armamento, ( ... ), para
el 30 de septiembre en la mañana mi Mayor Ángel Zapata distribuyo al personal a
los servicios, ( ... ), luego el personal de servicio urbano salió a cumplir sus
20
4(cid:9) CORTE NACIONAL DE
funciones e inmediatamente yo me regrese a entregar el armamento que faltaba y
recibir al personal que iba a salir franco, eso sería más o menos 8 de la mañana,
posterior salí a la parte posterior del cuartel a desayunar, cuando regrese pude
observar al personal que escuchaba noticias en la prevención, sin ninguna
novedad, regrese a mi lugar de trabajo(...), luego más o menos a las 09h20 salgo
con dirección a la prevención, (...)en ese momento pude ver que una llanta se
encontraba prendida a unos 20 o 25 metros en la prevención, y a lado de esa llanta
había un grupo de policías, mi mayor Zapata indico que voten esa llanta, de ese
grupo se escuchó un susurro faltándole el respeto a mi mayor Zapata, yo reaccione
enseguida y lo tome del brazo a mi mayor y le dije que no se deje faltar el respeto,
les dije a ese grupo que les pasa, mi mayor reacciono diciéndome que haga formar
a todo el personal, ( ... ), todo se normalizo, en el momento en que estaba la llanta
prendida en ese grupo mi mirada se centró en el policía Julio Núñez que estaba
parado cerca la llanta con el señor policía Mendoza, una vez formado el personal
se da lectura a la orden y se da los servicios, 07h30 es la hora normal en que
formamos (...), y de ahí todos se retiraron a su servicio, se encontraba el grupo
Halcón 2, después de la formación desconozco lo que hicieron, estaba vestidos de
camuflaje, vi en el grupo a los policías Núñez y Mendoza, ellos estuvieron parados
cerca de la llanta que se encontraba prendida, la llanta estaba en el interior del
comando, yo no he escuchado que alguna persona haya indicado deparo o algo de
eso, cuando mi mayor hizo formar nuevamente al personal todo volvió a la
normalidad, cada uno tenía ya sus servicios y funciones especificas, en la segunda
formación se aglomeraron en círculo a escuchar lo que decía mi mayor, si se
encontraba el señor Núñez y el señor Mendoza. ( ... ).
Consta el testimonio de Ever Josué Quintanilla Boniila (Policía), en lo principal
manifestó.- El 30 de septiembre del 2010, me encontraba laborando en Huaquillas
como cabo segundo, (...), ciertos compañeros estaban que reclamaban en la parte
de la prevención, hubo una quema de llantas pero por la función en que me
encontraba no me percate quien la había prendido, tenía yo que estar pendiente de
los detenidos, no recuerdo si hubo algún traslado de detenido esa mañana del 30S
pero debe estar registrado en el libro, la quema de llanta fue en la parte interior
del cuartel, a unos 20 o 25 metros de la prevención, después ya la apagaron, eran
como las nueve de la mañana más o menos, un rato llego por ahí el señor mayor
Riofrio, el comandante Zapata mando a formar para indicar ciertas cosas y
disponer que el personal siga laborando normalmente y cumplan las labores que
correspondían, ( ... ), ciertos compañeros de pronto incitaban a ciertas actividades
que realicen algunos compañeros, en Hua quillas no se escuchó, no era
paralización, era como solicitando apoyo por lo de Quito, (...), en la parte interior
de la prevención, al grupo halcón se encontraban unos 6 a 8 compañeros entre los
21
4.,. JUSTICIA(cid:9) 07281-2014-0202
cuales se encontraban el señor Núñez y el señor Mendoza, así como también
ciertos motorizados. (...). Habían más compañeros y yo más me dedique a estar
más pendiente en lo que podía pasar con los presos, (...).
Consta el testimonio de Mario Rolando Rosero Noboa, en lo principal manifestó. -
Al 30 de septiembre del 2010, me encontraba de servicio en Huaquillas en el casco
comercial, en aquel entonces era cabo segundo, ( ... ), ese día yo me encontraba de
servicio en el puente internacional, salí a trabajar a las siete y media después de la
formación, y no recuerdo la hora si fue a las 9 de la mañana por la central de
radio nos indicaron que ingresemos todas las unidades al comando de Hua quillas,
en ese entonces mi Mayor Ángel Zapata nos hizo formar y nos indicó que
trabajaremos con normalidad para evitar conflictos y problemas en la ciudad,
salimos y nos fuimos a indicar a todos los señores cambistas que tuvieron
precaución por lo que estaba pasando en Quito, luego yo me fui a mi puesto de
servicio que era en el puente internacional, no recuerdo la hora, mi Mayor Zapata
me dispuso a mí que avance de custodia a una audiencia que se daba por delitos
aduaneros en la fiscalía, y me fui con el detenido, ( ... ), al puente llegaron algunos
compañeros con uniforme camuflaje y otros con el uniforme caqui, estuvieron
aproximadamente unos 5 u 8 minutos, no fue mucho tiempo. ( ... ).
Testimonio de Juan Manuel Macas Ortiz (Policía), en lo principal manifestó.-
Trabajo en la Unidad de apoyo Criminalistico de la provincia de El Oro, (exhibe
documento) (...)como objeto de pericia que se realice la transcripción de audio y
video de un archivo, determinar en sí si existen servidores policiales participando
en hechos que se asimilen a una protesta, (...)se me entrego el dispositivo de
almacenamiento, un cd, (...), se realizó la transcripción de las emisiones
lingüísticas por parte de las personas que se encuentran grabadas en dichos
archivos, de igual manera en las imágenes fotográficas se procedió a la respectiva
transcripción de los títulos y subtítulos de los respectivos medios de comunicación,
se puede apreciar en el video varias personas de género masculino que visten
uniformes de similares características al portado por la Policía Nacional del
Ecuador, los cuales se encuentran aglomerados en cierto lugar en un ambiente
abierto, realizando varios movimientos entre sí, se puede apreciar quema de
llantas en la vía pública y varios carteles utilizados por dichas personas, nombres
de personas no se pudo constatar, no se realizó identificación, los archivos que
constaban en el cd se encontraban en normal funcionamiento a la hora de su
reproducción en computadora. (...). El video es tomado de algún medio de
comunicación.
Testimonio de Milton Robinson Jiménez Cueva (Policía), en lo principal
manifestó.- Laboro en el área de Criminalística, (exhibe documento) consta mi
firma, se nos envía oficio de Fiscalía General solicitando identificación de
22
cotejamientofisico de imágenes obrantes en un cd con las fotográficas tomadas a
Herrera Sergio Evaristo, Mendoza Ordinola Freddy, Mina Rojas Miguel Ángel,
Naranja Heniy Nelson, Núñez Núñez Julio Javier, Patiño Guzmán Franklin Arme¡,
Quintanilla Bonilla Ever Josué, Samaniego Sandoval Ricardo Alberto, Sánchez
Gaibor Cristina Fabricio, Valencia Méndez Jorge Iván y Zapata Villares Ángel
Lautaro, (...)procedimos a capturar las imágenes más claras y fehacientes para
realizar el cotejo fisiológico, ( ... ), una vez que se obtiene los elementos se los
asigna como dubitados, para posterior realizar el peritaje con los elementos
obtenidos como lo son las fotografías realizadas en el departamento de
C'riminalística, que deforma libre y voluntaria el señor Mendoza Ordinola Freddy
Marcelino, Núñez Núñez Julio Javier, luego se procede a realizar el cotejo
fisionómico entre la fotografía dubitada No.] con la indubitada No.] del señor
Mendoza Freddy, se procede a hacer los análisis y estudios, de acuerdo al estudio
mantienen semejanzas y características similares al señor Mendoza Ordinalo
Freddy Marcelino; de la misma forma la fotografía dubitada 3 y 4 obtenida de la
secuencia de imágenes del cd objeto de pericia se cotejo con lafotografia del señor
Núñez Javier, en la cual al hacer la comparación los dos imágenes dubitadas con
las indubitadas presentas características similares y semejanzas, la conclusión es
que las imágenes dubitadas 1 y 2 con las fotografías indubitadas 1 y 2 presentan
características similares, así como semejanzas, y de las imágenes 3 y 4 con las
foto grafías indubitadas 3 y 4 también presentan características similares y
semejanzas. (...), yo cumplo una disposición del señor fiscal que se me emite que se
identifique al señor Núñez Núñez Julio Javier, yo no puedo asegurar que sea la
misma persona, pero sí que constan las similares características existen otros
medios de los cuales cuenta Fiscalía para la realización de esta pericia como son
certificados biométricos, fotografías del sistema SIIPNE y diferentes archivos
policiales que nosotros tenemos, fue imprescindible la colaboración del señor
Núñez, ( ... ), de la fotografía 5 a las 18 no se pudo determinar quiénes son las
personas que aparecen. ( ... ), yo indique anteriormente que solo se pudo identificar
a los dos señores, en el informe se indica que no se pudo cotejar por no tener
suficiente campo de estudio en el 13.5 consta, 30 de septiembre del 2014, es la
fecha en que se realizó el informe. (..).
Dentro de la prueba presentada por el procesado Julio Javier Núñez Núñez, consta
el testimonio de Sara Ortiz Ochoa, en lo principal manifiesta que: El día 30 de
septiembre del 2010, se encontraba en la mañana en su casa (...), desde ahí hasta
el comando hay como 3 cuadras, el personal de la Policía si estaba laborando
normalmente, que tiene su negocio al lado del comando, que lo abre a las tres de la
tarde, que se enteró de las noticas de Quito pero en Hua quillas todo estaba
tranquilo. ( ... ).
23
4.., JUSTICIA(cid:9) 07281-2014-0202
Testimonio de Cesar Augusto Vallejo Zabala, en lo principal manifestó.- En la Av.
La Republica, entre 19 de octubre es donde tengo mi negocio, a unos 300 a 400
metros del comando, yo estuve en mi negocio la mañana del 30 de septiembre del
2010, alrededor de mi local existe más negocios, estuvimos trabajando con total
normalidad. (...).
En tanto que el testimonio de Testimonio de Miriam Fabiola Ramírez Villalta, en lo
principal manifestó.- De mi domicilio al comando hay unas cinco cuadras, tengo
un laboratorio ubicado en las calles Av. La Republica y Hualtaco, de ahí al
comando hay una inedia cuadra, la mañana del 30 de septiembre estuve laborando
en el laboratorio, iba gente que iba y venía, me dio mucho miedo, tengo cosas
costosas en el laboratorio, cerré la puerta enrollable, es poco común que circule
gente por ahí, (...)". (sic)
Partiendo de que, la Constitución de la República del Ecuador, consagra en su
artículo 82, el derecho a la seguridad jurídica, el cual se fundamenta en el respeto
a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes, derecho que garantiza a las personas
que toda actuación pública se realizará acorde a la Constitución y a una
normativa previamente establecida, aplicada adecuadamente por las autoridades
competentes, creando un ámbito de confianza y certeza.
Concatenado a este derecho, se encuentra la garantía del debido proceso, así el
artículo 76 Ibídem, señala: "En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que
incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los
derechos de las partes". Garantía Constitucional que implanta un límite a las
actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, evitando la
arbitrariedad en sus decisiones.
24
La Corte Constitucional del Ecuador, en relación a esta disposición
constitucional, ha referido: "Esta disposición constitucional busca establecer un
límite a la actuación discrecional de las autoridades públicas, límite que se
encuentra dado por las normas y los derechos de las partes a ser aplicadas y
garantizadas dentro de un proceso administrativo o judicial en el que se ventila
una controversia, en virtud de la cual, se demanda una resolución que tutela de
manera adecuada los derechos de las partes en litigio evitando en todo momento
la indefensión y respetando el ordenamiento jurídico vigente"6
En alusión a lo manifestado, el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal,
expone que la finalidad de la prueba, es el establecer tanto la existencia de la
infracción como la responsabilidad del procesado; en el mismo sentido, el Código
Orgánico Integral Penal, en su artículo 453, determina que, la finalidad de la prueba,
es llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia
de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada; dicho así, la ineficacia
o falta probatoria que no permita fijar con plena certeza y convencimiento la
materialidad de la infracción o a su vez, sus responsables, conllevaría a que el
juzgador ineludiblemente ratifique el estado constitucional de inocencia del o los
procesados.
En el caso en examen, las conclusiones a las que ha llegado la Sala de Apelación, se
determina que en efecto el día 30 de septiembre de 2010, en el Cantón Huaquillas,
se presentaron actos conducentes a la paralización de servicios públicos, esto es, en
la entrada del Comando de Policía como también en el puente internacional, sin
embargo, la Sala tras un análisis limitado, respecto a la responsabilidad de los
procesados, concluye:
6 Corte Constitucional del Ecuador, SENTENCIA N° 020-1 6-SEP-CC, de 20 de enero de 2016. Casos Nos.
0610-11-EP y 0611-11 EPACUMULADOS
25
"( ... ) En el caso sub examine en base a las pruebas actuadas dentro de la
audiencia de juzgamiento, este Tribunal, considera que existe justificado la
materialidad de la infracción, en cuanto a la responsabilidad tenemos que indicar
que en cuanto al orden interno de conformidad al Art. 158 de la Constitución
establece: '(. ..) ", a esto se agrega lo constante en el Art. 4 de la Ley Orgánica de
la Policía Nacional. "( ... )",•si consideramos la doctrina podremos indicar que la
obediencia se relaciona con la jerarquía y la disciplina ( ... ), por lo tanto este
tribunal llega a la conclusión que existe los hechos probados que suscitaron el 30
de septiembre del 2010 en la ciudad de Hua quillas, Provincia de El Oro, hechos
que se produjeron con la quema de llantas, lanzamiento de consignas "viva el
paro" por parte de uniformados entre los cuales se encontraban los hoy
procesados Julio Javier Núñez Núñez y Freddy Marcelino Mendoza Ordinola y
que fueron identificados al momento de realizar la pericia técnica en al que se
procede a realizar el cotejo fisionómico entre la fotografía dubitada No.] con la
indubitada No.] del señor Mendoza Freddy, se procede a hacer los análisis y
estudios, de acuerdo al estudio mantienen semejanzas y características similares
al señor Mendoza Ordinalo Freddy Marcelino, de la misma forma la fotografía
dubitada 3 y 4 obtenida de la secuencia de imágenes del CD objeto de pericia se
cotejo con la fotografía del señor Núñez Javier, en la cual al hacer la
comparación los dos imágenes dubitadas con las indubitadas presentas
características similares y semejanzas, la conclusión es que las imágenes
dubitadas 1 y 2 con las fotografías indubitadas 1 y 2 presentan características
similares, así como semejanzas, y de las imágenes 3 y 4 con las fotografías
indubitadas 3 y 4 también presentan características similares y semejanzas., lo
que aparte de no cumplir con sus funciones de prestar seguridad ciudadana,
consumándose por lo tanto la paralización de un servicio público al impedir,
entorpecer y paralizar la seguridad ciudadana que estaban obligados a dar como
miembros policiales (...)"(sic).
De lo transcrito, sin que este Tribunal de Casación efectúe un nuevo estudio o
análisis probatorio, implanta la configuración de un error de derecho en la sentencia
recurrida, esto por cuanto, no existe un razonamiento concreto con la que se
justifique que los procesados Julio Javier Núñez Núñez y Freddy Marcelino
Mendoza Ordinola hayan adecuado sus conductas a los preceptos jurídicos
contemplados en el artículo 158 del Código Penal, vigente a la época del
cometimiento de la infracción, lo que implica que, no se efectuó un correcto juicio
26
de tipicidad que conlleve a determinar que los hechos que el tribunal ad-quem dan
por probados, se ajustan al tipo penal que sea atribuible a los referidos procesados,
conforme el análisis probatorio efectuado por la propia Sala y de lo cual hemos
transcrito en líneas anteriores, limitándose a señalar, en la mayor parte de su
conclusión, los deberes y obligaciones Constitucionales y legales y de los miembros
que conforman la Institución Policial del Ecuador.
Como hemos referido anteriormente, la causal de casación por indebida aplicación
de la ley, ésta tiene lugar cuando se utiliza una norma legal de manera errónea a un
determinado caso; hay aquí una norma correcta que se ha dejado de aplicar y una
incorrecta aplicada; su convergencia radica en que, el hecho fáctico, tras la
valoración probatoria, no se encasilla a lo que la norma escogida contiene. En
palabras del autor Heliodoro Fierro Méndez respecto del presupuesto invocado
procesalmente reconocidos con las hipótesis que lo condicionan"7
Acorde a las reglas generales determinadas en el artículo 304-A, del Código de
Procedimiento Penal, respecto a la sentencia, instaura que la misma "debe ser
motivada y concluirá declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del
procesado; en el primer caso, cuando el tribunal de garantías penales tenga la
certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es
responsable del mismo; y en el segundo caso, si no se hubiere comprobado la
existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o cuando existiere duda
sobre tales hechos".
27
& CORTE NACIONAL DE
<V,,4
LZ
A partir de esta concepción, se debe destacar que respecto al primer caso, para que
el tribunal juzgador dicte una sentencia condenatoria, no solo le es necesario
comprobar la existencia de la infracción, sino instituir con certeza, conforme la
prueba y su valoración, al o los responsables de aquella infracción con la
determinación de su grado de participación8, de lo contrario la misma norma exige
confirmar el estado de inocencia de los procesados.
En conclusión, las acciones determinadas en la sentencia recurrida, no muestra
fehacientemente, mediante un análisis concreto probatorio efectuado por la Sala,
que la conducta realizada por los procesados Julio Javier Núñez Núñez y Freddy
Marcelino Mendoza Ordinola, se subsuman al tipo penal acusado, lo que a su vez
implica una trasgresión directa a la ley, bajo la modalidad de indebida aplicación
del artículo 158 del Código Penal, omitiendo aplicar la norma contenida en el
artículo 304-A del Código de Procedimiento Penal.
3. DECISIÓN:
Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de Casación, de la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, de la Corte
Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, conforme lo dispuesto
en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, declara:
a) Improcedente los recursos de casación interpuestos por Julio Javier Núñez
8
Ecuador.- Código Penal, Art. 41. Son responsables de las infracciones los autores, los cómplices y los
encubridores.
<VA> JUSTICIA(cid:9) 07281-2014-0202
b) Casar de oficio, la sentencia dicta por la Sala Penal de la Corte Provincial de
Justicia de El Oro, de fecha 04 de octubre de 2017, las 12h48, al verificarse
una indebida aplicación del artículo 158 del Código Penal, conforme lo
explicado en el presente fallo, en consecuencia, se ratifica el estado
constitucional de inocencia de los ciudadanos Julio Javier Núñez Núñez y
Freddy Marcelino Mendoza Ordinola, ordenando la cesación de todas las
medidas cautelares de orden real y personal dictadas en su contra en el
presente proceso penal 07281-2014-0202.
c) Una vez ejecutoriada la resolución, devuélvase al órgano jurisdiccional de
origen para su ejecución. Notifiquese y cúmplase.(cid:9) -
Dr. Luis Enn(cid:9) Vilicres
,
JUEZ NACIO Aur NENTE
Dr. Iván Saquicela Rodas. Dr. Miguel Jurado Fabara.(cid:9) V
JUEZ NACIONAL JUEZ NACIONAL.
CERTIFICO:
Dr .
lila
(cid:9)
pIJ[[IjJiIj v1[1I
il
901 50388-DFE
En Quito, viernes catorce de diciembre del dos mil dieciocho, a partir de las once
horas y veinte y un minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que
antecede a: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1207. MENDOZA
ORDINOLA FREDDY MARCELINO en el correo electrónico
marcossolisami@hotmail.com, en el casillero electrónico No. 0702365602 del Dr./Ab.
SOLIS AMI MARCOS JORGE; ANGEL LAUTARO ZAPATA VILLACRES en el correo
electrónico gino_marinhotmaiI.com, en el casillero electrónico No. 0703519272 del
Dr./Ab. MARÍN ORTEGA GINO FABIAN; ANGEL LAUTARO ZAPATA VILLARES en
el correo electrónico gino_marinhotmail.com, en el casillero electrónico No.
0703519272 del Dr./Ab. MARÍN ORTEGA GINO FABIAN; BRAVO BRAVO DIEGO
ARMANDO en el correo electrónico smabogados.info@gmail.com, en el casillero
electrónico No. 0702365602 del Dr./Ab. SOLIS AMI MARCOS JORGE; MAX
MAURICIO CUENCA GARCIA en el correo electrónico
SOLIS AMI MARCOS JORGE; MINA ROJAS MIGUEL ANGEL en el correo
electrónico marcossolisami@hotmail.com, en el casillero electrónico No. 0702365602
del Dr./Ab. SOLIS AMI MARCOS JORGE; NUÑEZ NUÑEZ JULIO JAVIER en la
casilla No. 712 y correo electrónico knatf@hotmail.com, romerocarrion©hotmail.es,
consulloit@hotmail.com, erickhuilca06gmail.com, asesorlegalrip@gmail.com, en el
casillero electrónico No. 0703826552 del Dr./Ab. FRANK ALBERTO ORELLANA
MORALES; ROSERO NOBOA MARIO ROLANDO en el correo electrónico
bettymilady@hotmail.com, en el casillero electrónico No. 0703615732 del Dr./Ab.
BETTY MILADY CORDOVA VARGAS; VALENCIA MENDEZ JORGE ¡VAN en el
correo electrónico marcossolisami@hotmail.com, en el casillero electrónico No.
0702365602 del Dr./Ab. SOLIS AMI MARCOS JORGE; ZAPATA VILLARES ANGEL
LAUTARO en el correo electrónico manu_84dic@hotmail.com, en el casillero
electrónico No. 0704533686 del Dr./Ab. BOLIVAR MANUEL CUENCA RUIZ;
FREDDY MARCELINO MENDOZA ORDINOLA en la casilla No. 5387 y correo
electrónico fgomezdefensoria.gob.ec,(cid:9) gjordan@defensoria.gob.ec,
wcamino@defensoria.gob.ec; en la casilla No. 5711 y correo electrónico
gjordan@defensoria.gob.ec, wcamino@defensoria.gob.ec,
fgomez@defensoria.gob.ec; RIOFRIO PACHECO ¡VAN RAMIRO en el correo
electrónico manu84dic@hotmail.com, en el casillero electrónico No. 0704533686
del Dr./Ab. BOLIVAR MANUEL CUENCA RUIZ; en el correo electrónico
jcmartinez©defensoria.gob.ec, en el casillero electrónico No. 0703371799 del
Dr./Ab. JUAN CARLOS MARTINEZ SALINAS. CRNEL. ANGEL LAUTARO ZAPATA
VILLARES en el correo electrónico agregaduriapoliciamexico@hotmail.com; ING.
WASHINGTON RICARDO PAREDES VILELA en el correo electrónico
stiricardo@hotmail.com; NUÑEZ NUÑEZ JULIO JAVIERR en la casilla No. 712 y
correo electrónico romerocarrion@hotmail.es, cops-u4[oit@hotmail.com,
erickhuilca06©gmail.com, asesorIeglrip@gmail,6om.C'rtifico:
Firmado por(cid:9) U'
FUNCIUNJIJOICIAL )OMENABELEN
SALAZAR(cid:9) CORTE(cid:9) E1JJSTCIA
DOCUMENTO FORMADO(cid:9) SALA ESPECj/U1L)A QE LO PENAL
ELECTRNrCAMENTE Ci(cid:9) PENAL MiL[1R.(cid:9) POLIC
1708279953(cid:9) CRANSÍrO |
144556193-DFE
Juicio No. 12102202100001
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 11 de marzo del 2021,
las 15h55. VISTOS: Se procede con la resolución en sede de apelación de la acción constitucional de
hábeas corpus interpuesta por los accionantes Jhon Alexander Cardona Cortez, Elmer de Jesús
Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo Moreira Sacón, Santos
Monserrate Romero Quintero (en adelante legitimados activos o accionantes), en contra de la
sentencia de 27 de enero del 2021, las 10h03 dictada por los jueces de la Sala Multicompetente de la
Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo (en adelante Jueces
constitucionales de instancia), dentro de la acción jurisdiccional No. 12102202100001.
PRIMERO: Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
actuando como Jueces Constitucionales (en cuanto los administradores de justicia al conocer de
garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la
denominación de jueces y juezas constitucionales Sala o Tribunal Constitucional de conformidad con
las Sentencias No. 00110PJOCC; No. 03109SEPCC, emitidas por la Corte Constitucional de
Ecuador), en mérito a lo dispuesto por los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República
del Ecuador; artículo 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y,
artículos 169 numeral 2 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, es competente para conocer la presente acción constitucional de hábeas corpus, en
razón de la Resolución No. 0032021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura
dispuso dar cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 1781120140463, ratificando la continuación en el ejercicio de
funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente; con Resolución No. 0082021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la
Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo
Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante
Oficio No. 92PCNJ2021 de 12 de febrero de 2021 el Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María
Crespo, avalado con la acción de personal No. 166UATH2021HB de 19 de febrero del 2021
suscrito por la Dra. Martha Villarroel, Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte
Nacional de Justicia.
De conformidad con el acta de sorteo de 04 de marzo del 2021, las 11h49, constante a foja uno del
cuadernillo de apelación, realizado en la Secretaria General, Documentación y Archivo, Unidad de
Gestión Documental, Sorteos y Archivo de la Corte Nacional de Justicia, le corresponde conocer el
presente recurso de apelación de la acción de hábeas corpus a esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actuando como Jueces Constitucionales,
integrada por los doctores Gustavo Adolfo Durango Vela, Gilda Rosana Morales Ordóñez y José
Dionicio Suing Nagua en calidad de Ponente.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. En sentencia de 27 de enero del 2021, las 10h03
emitida por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con
sede en el cantón Quevedo, resolvieron INADMITIR la acción constitucional de hábeas corpus
propuesta por JHON ALEXANDER CARDONA CORTEZ, ELMER DE JESÚS MENDOZA
CEBALLOS, DARWIN FERNANDO MOREIRA SACÓN, KLÉBER ARTURO MOREIRA
SACÓN, SANTOS MONSERRATE ROMERO QUINTERO.
TERCERO: DEL RECURSO DE APELACIÓN. Los abogados Freddy Simba Ochoa y Julio
Fajardo Barco en calidad de defensores de los accionantes mediante escrito de 03 de febrero del 2021,
las 14h55 fundamentaron el recurso de apelación en los siguientes términos: “(…) a. Los señores
jueces jamás han resuelto las fundamentaciones y alegaciones realizadas por nuestros defensores,
tanto en la demanda de Habeas Corpus presentada de forma escrita, como en la fundamentación
realizadas de forma oral en la respectiva audiencia oral. b. Así tampoco han resuelto y motivado los
puntos contenidos en los párrafos 11,18,19,22,27,29,44,51; de la sentencia de la Corte Constitucional
que constituye precedente jurisprudencial obligatorio No. 00218PJOCC del 20 de junio del 2018
emitida dentro del caso No. 026015JH, referente a la acción de hábeas corpus No. 091332015
00064. C. No resolvieron lo alegado por mi defensa en lo referente en los párrafos:
31,32,34,35,40,44,45,46,47,48,83 contenidos en la sentencia de la Corte Constitucional No. 20711
JH/20 de fecha de 22 de julio del 2020. d. No han tomado en cuenta ni resuelto la garantía del plazo
razonable, sin considerar que estamos privados de la libertad desde el mes de enero del 2016, dentro
de la causa penal No. 12283201600128. e. No han motivado ni resuelto lo que garantiza la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra el derecho a la libertad personal en el
artículo 7 (…) Por lo todo lo expuesto, solicitamos señores Jueces de la Corte Nacional de Justicia
solicitamos que se sirva revocar la sentencia que recurrimos y se acoja de forma íntegra nuestra
acción constitucional de hábeas corpus y se ordene nuestra inmediata libertad. (…)” De la
transcripción que precede se establece que el recurso de apelación se encamina a cuestionar la omisión
en la resolución de los fundamentos y alegaciones realizadas en la demanda de hábeas corpus en favor
de los accionantes.
CUARTO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal por lo que se lo declara válido.
QUINTO: NORMAS QUE RIGEN EL RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación de
la sentencia del 27 de enero del 2021, las 10h03, emitida por los jueces de la Sala Multicompetente de
la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo, fue calificado al amparo
del artículo 44.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que prevé
que la apelación puede ser formulada por las partes procesales, razón por la que procede resolver el
presente recurso de apelación.
SEXTO: NORMATIVA EN QUE SE FUNDAMENTA EL RECURSO DE
APELACIÓN. a) Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 7 “Derecho a
la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes
dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios. (…) 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados
Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.” b) Corte Constitucional del
Ecuador: Fallo No. 00218PJOCC: “11. En este contexto, es importante determinar que
todas las decisiones emitidas por la Corte Constitucional contienen precedentes
jurisprudenciales, los cuales tienen el carácter de vinculantes; tanto así, que no sólo las
decisiones que devienen del proceso de selección y revisión tienen dicho trato. En este
sentido, es importante señalar que un precedente constitucional es fundamental para
reafirmar el rol de los jueces y juezas constitucionales y dar vida al texto Constitucional a
través de las decisiones, con el fin de materializar una democracia constitucional. Además,
este Organismo en la sentencia N.0 00116PJOCC del caso N.0 053010JP, determinó lo
siguiente: De lo cual se colige entonces que todas los criterios de decisiones
jurisdiccionales, esto es sentencias de acciones extraordinarias de protección, de
incumplimiento, por incumplimiento, consultas de norma, control de constitucionalidad, de
interpretación constitucional, dirimencia de competencias, y dictámenes constitucionales
emanados por este órgano de administración de justicia son de obligatorio cumplimiento,
en virtud de que la Corte Constitucional al interpretar la Constitución al decidir cada caso
crea normas jurisprudenciales que se ubican al mismo nivel que la Constitución. Caso N".
026015JH Página 8 de 29. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios
de su dignidad humana; 10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente
inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención. En
estas condiciones, queda claro que el hábeas corpus, que etimológicamente significa
"cuerpo presente" o "persona presente", en palabras de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, representa un control judicial de las detenciones; constituyéndose en
la garantía idónea para precautelar la libertad, la vida y la integridad de una persona. A
través de esta acción, la persona privada de la libertad, precisamente, cuestiona la
legalidad o constitucionalidad de tal privación, materializada a través de sus distintas
formas, a saber: detención, arresto, prisión, desaparición forzada, u otras equivalentes. 18.
Así mismo, esta Corte Constitucional ha determinado parámetros en torno a la garantía de
hábeas corpus en algunas sentencias, de este modo, tenemos que mediante la sentencia N.0
17115SEPCC emitida dentro del caso N.0 056012EP, ha señalado que: ... se convierte
en una garantía y un derecho de las personas que se han visto detenidas o privadas de la
libertad, a través de la cual, las autoridades competentes deben resolver la situación
jurídica de ellas a efectos de determinar si la detención se realizó sobre la base de los
preceptos legales y constitucionales pertinentes ... 19. En este sentido, la acción de hábeas
corpus es un control judicial de la privación de la libertad, constituyéndose en la garantía
idónea para precautelar la libertad, la vida y la integridad de una persona. A través de esta
acción, la persona privada de la libertad precisamente, cuestiona la constitucionalidad,
legalidad de tal privación, materializada a través de sus distintas formas, a saber:
detención, arresto, prisión, desaparición forzada, etc., así como, el tratamiento recibido
durante la privación de la libertad. 22. Ahora bien, la acción de hábeas corpus puede ser
interpuesta en varios momentos y escenarios como es desde la detención de una persona,
durante el proceso penal o una vez que se encuentra cumpliendo su condena. Así mismo, se
puede solicitar cuando se desconoce el paradero de una persona. 27. En dicho sentido, con
la finalidad de esclarecer cualquier posible confusión respecto a la competencia en el
conocimiento de la garantía jurisdiccional del hábeas corpus, considerando que su ámbito
protege principalmente tres derechos constitucionales, libertad , vida e integridad física, la
Corte Constitucional del Ecuador conforme con los artículos 429 y 436 numeral 1 de la
Constitución de la República, al ser el máximo Órgano de control, interpretación
constitucional y de administración de justicia en esta materia, dispuso en la sentencia N .0
017 18SEPCC, la siguiente interpretación conforme y condicionada de la normativa
contenida en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional: La garantía jurisdiccional de hábeas corpus protege tres derechos que
pueden ser alegados de forma individual o conjunta por la o los accionantes, libertad, vida
e integridad física; en dicho sentido, cuando se alegue la vulneración de cualquiera de
estos tres derechos, cuando no existe orden de privación de la libertad emitida dentro de un
proceso penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese concluido sin resolución de un recurso
pendiente; es decir, se encuentre en ejecución la sentencia que ordene el cumplimiento de
una pena privativa de la libertad, se entenderá que es competente para el conocimiento del
referido hábeas corpus, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional: "cualquier jueza o juez del lugar donde se
presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación
de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante".
29. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual,
correspondiente al año de 1998, estableció que: El recurso de habeas corpus es la garantía
tradicional que, en calidad de acción, tutela la libertad física o corporal o de locomoción a
través de un procedimiento judicial sumario, que se tramita en forma de juicio.
Generalmente, el habeas corpus extiende su tutela a favor de personas que ya están
privadas de libertad en condiciones ilegales o arbitrarias, justamente para hacer cesar las
restricciones que han agravado su privados de libertad. La efectividad de la tutela que se
busca ejercer con este recurso depende, en gran medida, de que su trámite sea sumario, a
efecto de que, por su celeridad, se transforme en una vía idónea y apta para llegar a una
decisión efectiva del asunto en el menor tiempo posible. 44. De esta manera, los principios
constitucionales en los procesos penales deben interpretarse de forma sistémica, ante lo
cual, la Corte Constitucional ha señalado que: ... sobre los mecanismos de impugnación
procesal en materia penal, toda la normativa penal debe ser interpretada sistemáticamente
en observancia de máximas jurídicas penales como el principio de favorabilidad, indubio
pro reo y prohibición de interpretación extensiva o analógica ( ... ) En otras palabras, y sin
pretender realizar una interpretación de normativa infraconstitucional, las normas que
rigen el derecho penal deben obedecer principios constitucionales rectores como el de
favorabilidad, indubio pro reo, y prohibición de interpretación extensiva. 51. Respecto a la
privación de libertad, esta Corte Constitucional ha señalado que es un concepto amplio que
no se agota en la orden de aprehensión de una persona, de este modo, ha señalado en su
jurisprudencia: ( ... ) la privación de la libertad comprende todos los hechos y condiciones
en las que esta se encuentra desde que existe una orden encaminada a impedir que transite
libremente y por tanto, pase a estar bajo la responsabilidad de quien ejecute esta orden,
hasta el momento en que efectivamente se levanta dicho impedimento. Como consecuencia
de esta definición amplia del concepto, se puede afirmar que una medida de privación de la
libertad que inició siendo constitucionalmente aceptable, puede devenir en ilegal,
arbitraria o ilegítima, o ser ejercida en condiciones que amenacen o violen los derechos a
la vida o integridad de la persona, por hechos supervinientes.” c) Corte Constitucional
del Ecuador: Fallo No. 20711JH/20: El recurrente hace referencia a los párrafos 31, 32,
34, 35, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 83. Esta sentencia constituye una línea jurisprudencial del
hábeas corpus respecto del internamiento preventivo de adolescentes, cuyo efecto es inter
partes, más no constituye un precedente jurisprudencial obligatorio razón por la que, mal se
podría realizar analogías respecto de los lineamientos que esta sentencia constitucional
hacen referencia, puesto que los hechos que la presente garantía jurisdiccional aborda tiene
como legitimados activos adultos en conflicto con la ley más no adolescentes.
SÉPTIMO: CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE ALZADA. 7.1.
El presente recurso de apelación se originó en una acción de hábeas corpus presentada por Jhon
Alexander Cardona Cortez, Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón,
Kléber Arturo Moreira Sacón, Santos Monserrate Romero Quintero, al considerar que se les ha
vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso en las garantías de la seguridad jurídica, a
la tutela judicial efectiva, al derecho a la defensa y al plazo razonable al considerar que no existe
pronunciamiento que resuelva el recurso horizontal de aclaración y ampliación de la sentencia
condenatoria emitida el 09 de abril del 2018, las 08h27 por la Sala Multicompetente de la Corte
Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo que los sentenció en calidad de
coautores del delito tipificado y sancionado en el artículo 220 numeral 1 literal d) del Código
Orgánico Integral Penal imponiéndoles una pena privativa de la libertad de 13 años en el juicio penal
No. 12283201600128 por tráfico ilícito de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización.
7.2. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, que respeta los derechos
constitucionales de toda persona, así pues la institucionalidad del Estado está concebida para el
respeto, protección y garantía de los derechos humanos como la libertad, los mismos que deben ser el
objetivo primigenio, donde la misma aplicación e interpretación de la ley únicamente sea posible en la
medida que la normativa se ajuste y no contradiga la Constitución y la Convención Americana de los
Derechos Humanos; en este contexto, el Estado está llamado a cumplir dos objetivos primordiales: i)
Salvaguardar y defender el principio de la supremacía constitucional; y, ii) Proteger los derechos,
garantías y libertades públicas; protección por medio de las garantías jurisdiccionales constitucionales
que llegan a ser un conjunto coherente de mecanismos de defensa de los derechos constitucionales. En
el Estado Constitucional los derechos, específicamente el de la libertad personal, se identifican por
presentar una específica fuerza o resistencia jurídica frente a la acción de los poderes públicos.
7.2.1. Como ha quedado esbozado en líneas precedentes, en el contexto constitucional ecuatoriano, el
hábeas corpus se encuentra contemplado dentro de las garantías jurisdiccionales del artículo 89 de la
Constitución de la República, Título III, Capítulo III, Sección Tercera; y desarrollado en normativa
infraconstitucional en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Título
II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, artículos 43 al 46.
Esta garantía se erige como aquel proceso jurisdiccional constitucional que tiene por objeto tutelar la
libertad física, corporal o de locomoción, que le permite a las personas acudir ante cualquier
administrador de justicia a demandar su recuperación, cuando estas se encuentren privadas de ella de
manera ilegítima, arbitraria o ilegal; es además, una garantía para proteger la vida y la integridad física
y más derechos conexos de las personas privadas de su libertad.
7.2.2. Debe entenderse, que la libertad es uno de los derechos más preciados de las personas, como
soporte esencial y razón de ser de toda actividad, por medio de la cual se produce su evolución y
afianzamiento personal, conforme lo exige su dignidad, cuya incidencia redunda en el fortalecimiento
de todo sistema democrático y de justicia social. Este derecho se encuentra regulado en la
Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales, conforme citamos a continuación:
Constitución de la República del Ecuador: “Art. 77. En todo proceso penal en que se haya privado
de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la
libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o
acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin
dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan
los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio
por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad
con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley”.
7.2.3. De su parte, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 1 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos amparan, entre otros, el derecho a la libertad.
Resulta trascendente de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su
artículo 9 dice: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. Asimismo, la
Convención Interamericana de Derechos Humanos que en el artículo 7 numerales 1, 2 y 3 dispone:
“Derecho a la Libertad Personal, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales, 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas, 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.
7.2.4. Se colige de estas normas, que el derecho constitucional a la libertad es un derecho ciudadano,
universal y personal, que debe ser ejercido de manera exclusiva por quien se encuentre privado del
mismo mediante la acción de hábeas corpus, como bien lo establece el artículo 89 de la Constitución
de la República; y, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. Al respecto, la doctrina nos enseña: “(…) es una garantía constitucional, que se
traduce procesalmente en una acción tutelar de la libertad personal, física corporal o de locomoción
(…) el hábeas corpus es un tipo de amparo pero solo de la libertad ambulatoria o física de la
persona”.
7.2.5. Es preciso resaltar, que la fundamentación del recurso de apelación in examine consiste en
cuestionar la no aplicación de los párrafos 11, 18, 19, 22, 27, 29, 44; y, 51 de la sentencia
constitucional No. 00218PJOCC de 20 de junio del 2018 que en efecto constituye un precedente
jurisprudencial obligatorio y de inmediato cumplimiento; respecto de los indicados párrafos que según
el recurrente no han sido considerados en la motivación, ni han sido resueltos por los jueces A quo en
la presente garantía constitucional de hábeas corpus, se realizan las siguientes consideraciones: i) Con
relación al párrafo 11 del precedente jurisprudencial cabe señalar que los accionantes han
comparecido a la audiencia de la presente garantía jurisdiccional, expresando la fundamentación de su
acción a través de la intervención de su abogado Julio Fajardo Barco según se desprende el extracto de
la audiencia constante a fojas 24 del expediente de instancia. El fallo cuestionado enunció la
normativa aplicable a esta garantía jurisdiccional con el objeto de delimitar los derechos que se
encuentran en discusión, por lo que en el considerando 6.8 del fallo in examine se analizan los
antecedentes del proceso penal para verificar de tal forma si la medida cautelar de prisión preventiva
fue emitida en forma legal, legítima y de forma justa. Por lo que cabe destacar que a los accionantes se
les ha formulado cargos y han sido detenidos desde el 16 de febrero del 2016 mediante medida
cautelar de prisión preventiva por el delito de tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización; en la
audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se les ha llamado a juicio y el Tribunal de Garantías
Penales de la ciudad de Quevedo emitió sentencia condenatoria el 30 de enero del 2017, las 17h43 en
su contra, fallo que ha sido recurrido en apelación ante la Sala Multicompetente de la Corte Provincial
de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo habiendo ratificado la condena de 13 años de
privación de la libertad en sentencia dictada el 09 de abril del 2018, las 08h27; para en lo posterior
rechazar los recursos de aclaración y ampliación, habiéndose interpuesto recurso de casación para ante
la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia que emitió auto de nulidad por lo
que reenvió el expediente a la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos ante la cual los jueces de la
Sala se excusan de conocer y resolver la aclaración y ampliación por lo que se asignó una nueva Sala,
juzgadores que han procedido a resolver los mencionados recursos horizontales que han sido
atendidos en auto de 05 de enero del 2021, las 15h27, según se desprende del sistema SATJE; cabe
dejar sentado que los recursos horizontales no pueden modificar el contenido esencial del fallo
cuestionado. Y como garantía del respeto al debido proceso se ha podido constatar que las partes han
interpuesto recursos de casación por encontrarse dentro del término legal y garantizando de esta forma
el derecho a la defensa en la garantía de recurrir que poseen las partes. ii) El párrafo 18 del precedente
reconoce la exigencia en la observancia y cumplimiento del precedente jurisprudencial obligatorio
situación que no se encuentra en controversia, por lo que no se profundiza en su análisis. iii) En
cuanto a los párrafos 19, 22, 29, 44 y 51 del fallo constitucional se ha procedido a identificar el origen
de la medida cautelar, así como la situación superviniente a la nulidad del auto que negaba los
recursos horizontales del fallo de apelación de la sentencia condenatoria en contra de los procesados,
aduciendo que si bien la medida cautelar de prisión preventiva de los accionantes en un inicio fue
impuesta dentro de la audiencia de formulación de cargos, esto es, el 16 de febrero del 2016, dicha
medida cautelar se interrumpió por mandato del artículo 541.31 del Código Orgánico Integral Penal el
30 de enero del 2017, las 17h43, fecha en la que se emitió la sentencia por el Tribunal Segundo de
Garantías Penales de Los Ríos, fallo que fue ratificado en mayoría por la Sala Multicompetente de la
Corte Provincial de Justicia de Los Ríos en sentencia del 09 de abril del 2018, las 08h27, existiendo
1 Código Orgánico Integral Penal: Art. Art. 541. Caducidad. La caducidad de la prisión preventiva se regirá
por las siguientes reglas: (…) 3. El plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se
hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos.”
doble conforme en la sentencia condenatoria contra los procesados: Jhon Alexander Cardona Cortez,
Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo Moreira Sacón,
Santos Monserrate Romero Quintero al considerarlos coautores del delito tipificado en el art. 220
numeral 1 literal d) del Código Orgánico Integral Penal imponiéndoles la condena de 13 años de pena
privativa de la libertad. De tal forma que no se han configurado las alegaciones esgrimidas por la
defensa de los recurrentes en cuanto a la prescripción de la medida cautelar de prisión preventiva
impuesta a los accionantes. De tal forma que, la privación de la libertad de los recurrentes ha sido
dictada por el Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Quevedo el 16 de febrero del
2016 dentro del proceso penal No. 12283201600128, siendo competente para hacerlo puesto que es
su facultad disponer medias cautelares dentro de este tipo de procesos, por lo que la decisión fue
legítima al haber sido ordenada por quien tiene competencia para ello, es legal toda vez que la medida
cautelar fue dispuesta con base en el ordenamiento jurídico así como su interrupción responde a
normas claras, previas y públicas contenidas en el Código Orgánico Integral Penal y finalmente no es
una decisión arbitraria puesto que el accionar de los juzgadores responden a la subsunción de las
normas que facultan la imposición de medidas cautelares de prisión preventiva para procesados en
delitos de tráfico ilegal de sustancias sujetas a fiscalización. iv) Como en efecto aducen los
accionantes, su inconformidad está relacionada con la garantía del plazo razonable al encontrarse en
supuesta indefensión ante la excusa de los juzgadores de Sala de Apelación y la emisión del auto que
negó los recursos horizontales, situación que corresponde ser analizada ante la justicia ordinaria y no
ante estos juzgadores de garantías constitucionales. Ahora bien la interrupción del plazo para que
opere la caducidad de la prisión preventiva se debe contabilizar desde el 30 de enero del 2017 fecha en
la que se dictó la sentencia condenatoria por los jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en
Quevedo, habiendo transcurrido 11 meses desde que se dictó la medida cautelar de prisión preventiva,
ocurrida el 16 de febrero de 2016; la prisión preventiva que tiene como máximo un año de duración
según lo dispone el artículo 77 numeral 9 de la Constitución de la República, en el presente caso, al
existir sentencia condenatoria emitida por los jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en
Quevedo, no ha operado la caducidad de la prisión preventiva; actualmente los sentenciados se
encuentran en cumplimiento de su condena, por lo que la garantía de plazo razonable fue observada al
haberse dictado la sentencia previo a que caducara la medida cautelar de prisión preventiva, razón por
la que, no resulta procedente esta alegación.
7.2.6. Ahora bien, en cuanto al fallo No. 20711JH20 de la Corte Constitucional que esboza una
línea jurisprudencial más no constituye un precedente constitucional obligatorio, se procede a destacar
las condiciones en las que se encuentran los hoy accionados los que han accedido de forma efectiva a
la administración de justicia, que no se ha podido determinar que se encuentre en peligro los derechos
a la vida o integridad de las personas por hechos supervinientes a su detención, toda vez que, estas
alegaciones si bien han sido enunciadas en las normas que acusan los recurrentes como infringidas no
se encuentran debidamente argumentadas, ni demostradas.
7.2.7. Finalmente, en el caso concreto, se evidencia el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República, pues las medidas cautelares judiciales se
limitan a asuntos de orden procesal penal, lo que no es pertinente a la presente acción jurisdiccional
constitucional que está encaminada a recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella en
forma ilegal, arbitraria o ilegítima; y que además los legitimados activos no han podido establecer
dichos presupuestos jurídicos. Por lo que, esta Sala Constitucional al haber examinado las piezas
procesales que se han adjuntado en el expediente de la acción de hábeas corpus, se establece que las
órdenes de privación de la libertad no son ilegales, ni arbitrarias, ni ilegítimas, por el contrario, se trata
de la imposición de una medida cautelar pertinente porque se encuentran interrumpió el plazo para
que opere la caducidad de la prisión preventiva dictada en contra de los procesados Jhon Alexander
Cardona Cortez, Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo
Moreira Sacón, Santos Monserrate Romero Quintero de conformidad a lo dispuesto en el art. 541.1
del Código Orgánico Integral Penal, dentro de un juicio penal por tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización tipificado en el artículo 202 numeral 1 literal d) del Código
Orgánico Integral Penal en el que existe sentencias condenatorias que les imponen una pena privativa
de la libertad de 13 años.
OCTAVO: DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, este Tribunal de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve negar el
recurso de apelación propuesto por el abogado Freddy Simba Ochoa en calidad de patrocinador de los
accionantes señores : Jhon Alexander Cardona Cortez, Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin
Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo Moreira Sacón, Santos Monserrate Romero Quintero. 8.1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.5 de la Constitución de la República, una vez
ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional para el
desarrollo de su jurisprudencia. 8.2. Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla, en calidad de
secretaria relatora encargada de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
146069052-DFE
Juicio No. 13132202100002
CONJUEZ PONENTE: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO, CONJUEZ NACIONAL
(PONENTE) (E)
AUTOR/A: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 1 de abril del 2021, las
15h33. A S U N T O
Resolución del recurso de apelación interpuesto por el señor William Alberto Alava Quimís (nombre
que consta en el proceso penal y de hábeas corpus), a través de sus abogados Roque Argandoña Vera
y Wagner Sánchez Pisco, en contra de la sentencia del martes 16 de marzo de 2021 a las 23h56 (según
obra en la acción de hábeas corpus de instancia) y notificado el miércoles 17 de marzo de 2021, por la
Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí dentro de la acción
constitucional de hábeas corpus No. 13132202100002
1. ANTECEDENTES
1.1 En la sentencia recurrida se dispuso:
“Por todo lo indicado este Tribunal Constitucional integrado por Jueces de la Sala de lo
Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
DE LA REPÚBLICA, niega la acción de Hábeas Corpus presentada por el señor WILLIAM
ALBERTO ALAVA QUIMIS por improcedente. Se deja constancia que la defensa del
accionante luego de la resolución oral emitida por este Tribunal, solicita se amplié el fallo en
lo que respecta a la falta de competencia del Ab. Mauro Rafael García Macías, en su calidad
de Juez de Garantías Penales de Portoviejo, para conocer el presente caso. Al efecto el
Tribunal, ante el recurso horizontal de ampliación interpuesto por la defensa del accionante
al fallo emitido, se corrió traslado, para que contesten tanto el Fiscal como el Juez que
comparecen a la audiencia, quienes en lo fundamental señalan que no tienen objeción alguna
al pedio realizado por la defensa del accionante. El Tribunal luego de escuchar la
fundamentación del recurso de ampliación del fallo, solicitada por el Abogado de la parte
accionante, establece que el recurso de ampliación, procede cuando en la sentencia no se
hubieran resuelto todos los puntos sometidos al debate; más en el presente caso, el Tribunal
ha dejado claramente establecido, que al haber actuado el representante de la Fiscalía
General del Estado, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales formulando
cargos en contra del ciudadano WILLIAN ALBERTO ALAVA QUIMIS por un delito de
acción pública, dadas las particulares circunstancias en que se han suscitado los hechos,
resulta competente para conocer el caso, el Ab. Mauro Rafael García Macías, en su calidad
de Juez de garantías penales de Portoviejo. Por lo que al haberse resuelto todos y cada uno
de los temas objeto de la presente acción de habeas corpus, conforme se desprende del fallo
emitido, se desestimó el recurso de ampliación solicitado por la defensa del accionante.
Cúmplase con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República
del Ecuador. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE”
1.2 El apelante en su recurso de apelación presentado de forma escrita el lunes 22 de marzo de 2021
cuestiona lo siguiente:
1.2.1 Que no se siguió el debido proceso ya que la infracción que habría cometido consistió en
ocasionar lesiones que generaban 8 días de incapacidad, que de acuerdo al numeral 4 del artículo 415
del Código Orgánico Integral Penal (en adelante, COIP) debe ser perseguida mediante acción privada,
ya que no rebasa los 30 días de incapacidad, sin que sean aplicables las excepciones que a dicho
respecto señala la norma (violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar y delitos de
tránsito; no siendo la tentativa de asesinato una excepción prevista en la norma); por lo que fue
indebido que haya actuado fiscalía y un juez distinto a los que ventilan acciones en materia privada
(violando el artículo 76 numeral 7 literal k) y que haya habido detención, ya que en los delitos de
acción privada esta opera solo con sentencia ejecutoriada.
1.2.2 Que la sentencia no está motivada puesto que no se fundamentaron las razones por las que se
afirmó que la acción es pública, ni analizaron lo referente al artículo 415 numeral 4 del COIP,
limitándose a enunciar una amplia normativa constitucional y legal, sin explicar su pertinencia al caso.
2. JURISDICCION Y COMPETENCIA
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario a la que corresponde conocer de esta apelación,
está integrada por el conjuez Fernando Antonio Cohn Zurita en calidad de ponente, actuando en
reemplazo del juez Gustavo Adolfo Durango Vela, conforme acta de sorteo del 29 de marzo de 2021
incorporada en el proceso y los jueces nacionales Gilda Rosana Morales Ordóñez y José Dionicio
Suing Nagua. A los integrantes de la Sala les corresponde actuar como Jueces Constitucionales, pues
al conocer de garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben
la denominación de jueces y juezas constitucionales, Sala o Tribunal Constitucional de conformidad
con las Sentencias Nos. 00110PJOCC y. 03109SEPCC, emitidas por la Corte Constitucional de
Ecuador. Los magistrados conocen el presente recurso de apelación del hábeas corpus, en virtud de lo
establecido en los arts. 184, número 1 de la Constitución de la República, 185, apartado segundo,
número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial; 169 número 1 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional y por la Resolución de 19 de marzo de 2009 de la Corte
Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 565 de 7 de abril del mismo año.
3. VALIDEZ PROCESAL
La acción constitucional de hábeas corpus se ha tramitado de conformidad con las normas pertinentes,
por lo que no existe nulidad alguna que declarar.
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
Por el sustento del recurso, esbozado en los apartados 1.2.1 y 1.2.2, se desprende que debe analizarse:
A) si mediante la acción de hábeas corpus puede dilucidarse la corrección de la decisión adoptada en
el proceso penal, en que se definió que el tipo de delito por el cual se procesa al recurrente, es de
ejercicio público de la acción y no de ejercicio privado de la acción; habida cuenta de que la prisión
preventiva es posible en el primer caso y no en el segundo; B) de ser posible abordar ese tipo de
análisis en acción de hábeas corpus, establecer si la decisión adoptada por parte del órgano judicial de
instancia de la acción constitucional, fue procedente (en cuanto a no considerar como ilegal, ilegítima
ni arbitraria la privación de libertad) y si se encuentra motivada.
5. CONSIDERACIONES Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
5.1 Marco jurídico de la acción de hábeas corpus:
Constitución de la República
“Art. 89. La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre
privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier
persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad”.
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:
“Art. 43. Objeto. La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por
autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1. A no ser privada de la libertad en forma
ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre
por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; 2. A no
ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional; 3. A no ser desaparecida
forzosamente; 4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 5. A que, en
caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser
expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su
integridad y su seguridad; 6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones
alimenticias; 7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad
haya sido ordenada por una jueza o juez; 8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada
cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos
sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9. A no ser
incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10. A ser puesta a
disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas
siguientes a su detención”.
Art. 45. Reglas de aplicación. Las juezas y jueces observarán las siguientes reglas:
2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del derecho,
dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral. La privación arbitraria o ilegítima se
presumirá en los siguientes casos:
(…)
c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o constitucionales.
d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad.
5.2 Normas relacionadas al caso concreto:
Constitución
“Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por
tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados.
(…)”
Código Orgánico Integral Penal
“Art. 534 Finalidad y requisitos. Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al
proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera
fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la
acción.
“Art. 539. Improcedencia. No se podrá ordenar la prisión preventiva, cuando:
1. Se trate de delitos de ejercicio privado de la acción”.
“Art. 415. Ejercicio privado de la acción penal. Procede el ejercicio privado de la acción en los
siguientes delitos:
1. Calumnia
2. Usurpación
3. Estupro
4. Lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta treinta días, con excepción de los casos
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y delitos de tránsito.
5. Delitos contra animales que forman parte del ámbito para el manejo de la fauna urbana”.
“Art. 140. Asesinato. La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad
de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:
“Art. 39. Tentativa. Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a
verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie
la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización
de un delito.
En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de uno a dos tercios de la
que le correspondería si el delito se habría consumado.
Las contravenciones solamente son punibles cuando se consuman”.
5.3 En la sentencia de instancia de la acción de hábeas corpus se establece lo siguiente:
VISTOS: 13132202100002. Comparece el señor WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS,
solicitando Acción de Habeas Corpus, al amparo de lo que señala el artículo 89 de la
Constitución de la República del Ecuador; quien entre otras cosas manifiesta: (…) El
certificado. MEDICO, emitido por el médico legista de la Fiscalía solamente certifica que a
la presunta víctima sólo le conceden 8 días de descanso médico, con lo cual se puede
determinar que la vida de la presunta víctima jamás estuvo en peligro, porque no toco ningún
órgano vital como así lo demuestra el Certificado Médico, porque, de haber sido diferente o
de haber corrido peligro su vida, el descanso medico sería superior. 2.2. La presunta
infracción penal, se encuadra dentro de lo previsto en el Art 415 del COIP que determina que
el ejercicio, privado de la acción penal, procede en los siguientes delitos, tal como lo dispone
el numeral cuarto de este “LESIONES, QUE GENEREN INCAPACIDAD O ENFERMEDAD
HASTA 30 DÍAS, CON EXCEPCION DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA. LA MUJER O
MIEMBROS DE NÚCLEO FAMILIAR Y DELITOS DE TRANSITO” la norma jurídica
claramente dispone que este tipo de acciones serán de acción privada, lo cual esta
corroborado o demostrado con el Certificado de La Médico Legista que Solo le da 8 días de
descanso. (…) En el Art. 76 numeral 3 de la Carta Suprema del Estado claramente
determina “Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con
observancia del trámite propio de cada procedimiento” Señores Jueces, al haberse llevado
una Audiencia de Flagrancia en un caso de ACCION PRIVADA POR MANDATO, con
intervención de la Fiscalía y al haber sido calificada de legalidad de la detención por el
Señor que conoció la causa, es una ABERRACION JURIDICA, que no se respeten los
procedimientos, que un Juez de derecho actúe sin COMPETENCIA Y ORDENE la Prisión
Preventiva de nuestro representado, como si se tratará de un delito de acción pública,
cuando la normativa aplicable al caso claramente determina que este delito es de ACCIÓN
PRIVADA, como lo determina el Art. 415 numeral 4 del COIP (…) TERCERO. De lo
expuesto en el escrito de interposición de la acción de Habeas Corpus, el tema sometido a
examen es el de establecer si el señor WILLIAN ALBERTO ALAVA QUIMIS, se encuentra
privado de su libertad de forma ilegítima, por haber actuado sin competencia el Juez que
emitió la orden privativa de la libertad. Al efecto el Tribunal observa: (…) F) El Ab.
CARLOS ANDRES ALARCON, en su calidad de Fiscal del Cantón Portoviejo, entre otras
cosas señala: Que es el fiscal que va a continuar conociendo la causa contra el ciudadano
WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS por una presunta tentativa de asesinato (…) Que la
aprehensión de ALAVA QUIMIS WILLIAM ALBERTO se hace mediante una acción
flagrante, ya que la víctima hace conocer mediante llamada al ECU911 de que un ciudadano
con las características similares al señor ALAVA QUIMIS WILLIAM ALBERTO habría
realizado una agresión dentro de su peluquería o barbería denominada la “elegancia” de
esta ciudad de Portoviejo en la Alajuela y avenida Manabí, que es así que se realiza la
detención, que luego de esa detención se pone a conocimiento del Señor juez competente y
como acto urgente la Fiscalía dispone la correspondiente valoración médica, misma que es
realizada por la señora doctora perito acreditada Lynda Mena Álvarez, quien concluye en su
informe, en su pericia de que el ciudadano evaluado en este caso la victima MERO MERO
JHONNY DANIEL presenta “con base a la certificación medica emitida por el Hospital Verdi
Cevallos Balda especificando que MERO MERO JHONNY DANIEL presenta varias heridas
penetrantes de relevancia, la descrita en el cuello a nivel angular, las lesiones descritas son
consecutivas de acción punzante cortante de un objeto con punta y borde lo que le
determinan un tiempo de enfermedad o de incapacidad de 8 días a contarse de fecha de su
producción con tratamiento adecuado y oportuno salvando complicaciones que se puedan
presentar” y que en el numeral 2 se indica que se debe tomar y considerar el riesgo vital
por el instrumento utilizado para lesionar la región anatómica comprometida, que en este
caso específico el cuello es una región que contiene grandes vasos sanguíneos y pues vías
respiratorias cuya lesión puede desencadenar procesos fisiopatológicos que desencadenen en
la muerte, las heridas en manos interpretan que son lesiones de defensa. Que el tipo penal
que la Fiscalía le dio a este hecho es el delito de asesinato consagrado en el Art. 140 N° 7 en
concordancia con el Art. 39 que habla de la tentativa, que es la tentativa considerada en el
Art. 39. Que la tentativa es cuando se inicia la ejecución de un acto sin que logre consumarse
por acción de un tercero o que no puede concretarse por un tipo de obstáculos, que en este
caso el obstáculo que le impidió al ciudadano hoy procesado dar muerte a la víctima al
ciudadano JHONNY DANIEL MERO MERO fue haber interpuesto sus manos para poder
precautelar su vida, que es el bien jurídico protegido que fue afectado. Que si tomamos en
consideración esta conclusión del riesgo vital y el objeto que se usó para efectivamente
causar las lesiones estamos ante un caso de tentativa. Que la Fiscalía ejerce la acción
punitiva del Estado, que es una acción constitucional que le otorga el soberano a través del
Art. 195 de la CRE, Art. 282 del COFJ, Art. 442 y 444 del Código Orgánico Integral Penal y
que la Fiscalía es la titular que ejerce la acción punitiva del Estado y que es en base a los
elementos narrados es decir, la pericia médica, el riesgo vital, el objeto que se usó para
causar estas lesiones (…) Que estamos ante un delito de acción pública, que existen serios
indicios, claros y precisos de que el ciudadano procesado es autor o cómplice en la
infracción, el arraigo social que se presentó no fue suficiente de acuerdo a lo valorado por el
juez y que la pena privativa de libertad supera el año. Que además bajo ningún concepto se
vulneran las premisas establecidas por el Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se
violenta el principio de proporcionalidad, ya que este tipo de delitos no es susceptible de
suspensión condicional, de procedimiento abreviado u otra salida alternativa. Que esta
detención ha sido en base a la normativa jurídica reconocida en el Ecuador, es un auto de
prisión preventiva que se encuentra consagrado en el Art. 522 y sustentado por el Art. 534
hecho que hizo fiscalía. Que por lo expuesto como Fiscalía solicita que se deseche el recurso
de habeas corpus que ha sido presentado. (…) QUINTO. (…) B) De la revisión de las
principales piezas procesales del juicio penal signado con el Nro.13283202100527,
remitido por el Secretario de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo se establece que el
accionante WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS se encuentra privado de la libertad dentro
del proceso penal Nro. 13283202100527, por un presunto delito de TENTATIVA DE
ASESINATO, cuya orden privativa de la libertad ha sido dispuesta por el Ab. MAURO
RAFAEL GARCIA MACIAS, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE PORTOVIEJO,
el día 11 de marzo del 2021 conforme se desprende de la Boleta de ENCARCELAMIENTO
Nro. 132832021000101, de fecha 11 de marzo del 2021 la misa que ha se encuentra visible
a fs. 28 del referido expediente físico remitido por la unidad judicial penal de Portoviejo, por
así sí haberlo requerido este Tribunal Constitucional. C) En el presente caso, la Fiscalía
General del Estado con fecha 11 de Marzo del 2021, en cumplimiento de sus atribuciones
previstas en el Art. 95 del Constitución de la República, ha formulado cargos en contra del
ciudadano WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS, por el presunto delito DE TENTATIVA DE
ASESINATO, tipificado en el Art. 140 inciso primero numeral 7 del COIP (…) En tanto que
el Art. 39 ibídem, respecto de la tentativa señala (…) E) El Código Orgánico Integral Penal,
al referirse a las medidas cautelares, en su Art. 522 establece(…); y al referirse a la finalidad
y requisitos de la prisión preventiva en el Art. 534 del indicado Código Orgánico Integral
penal señala (…) Requisitos que han sido analizados en el caso que nos ocupa previo a la
emisión de la medida cautelar privativa de la libertad del accionante WILLIAM ALBERTO
ALAVA QUIMIS tanto por la Fiscal como por el Juez que ha emitido la orden privativa de
la libertad del señor WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS. Debiendo relievar que
conforme lo indicó el señor Fiscal Cantonal Carlos Andrés Alarcón en el caso que nos ocupa
si bien existe un certificado médico legal emitido por la médico legista de la Fiscalía, Dra.
Linda Mena, donde se determina que las heridas que presenta la víctima, esto es el señor
Jhonny Daniel Mero Mero, son de un tiempo de enfermedad de ocho días, a contarse desde
la fecha de su producción, en esta misma certificación, se hace constar que el señor Jhonny
Daniel Mero Mero, presenta varias heridas penetrantes, de relevancia la descrita en el cuello
a nivel yugular, que las lesiones descritas son consecutivas a la acción punzo cortante, de un
objeto con punta y borde filo. Señalándose además que se debe considerar riesgo vital por el
instrumento utilizado para lesionar y la región anatómica comprometida, que en este caso
específico el cuello es una región que contiene grandes vasos sanguíneos y vías respiratorias,
cuya lesión puede desencadenar procesos fisiopatológicos que desencadenen la muerte; y que
las heridas en las manos interpretan lesiones de defensa, esto conforme consta a fs. 17 del
expediente penal Nro. 13283 2921 00527. Por todo lo expuesto, este Tribunal llega a la
conclusión, que dentro del proceso penal que por un presunto delito de TENTATIVA DE
ASESINATO, se sigue en contra del accionante WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS, ha
existido un debido proceso; pues la Fiscalía General del Estado en su calidad de titular de la
acción Penal Pública, ha considerado que los hechos por los cuales ha sido aprehendido el
ciudadano WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS, corresponden a un delito de acción
pública, esto es al delito tipificado en el Art. 140 del COIP, en el grado de tentativa,
conforme el Art. 39 ibídem; por lo que ejerciendo sus atribuciones previstas en el Art. 195 de
la Constitución, ha procedido a formular cargos en su contra, por un delito que en nuestra
legislación penal tiene prevista una pena privativa de libertad superior a un año. Por lo que
tratándose de un delito de Acción Pública, resulta competente para conocer estos hechos, un
juez de Garantías Penales, como efectivamente así ha sucedido en el caso que nos ocupa,
donde se han hecho efectivos sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva,
debido proceso, defensa, contradicción e impugnación, cumpliéndose con la seguridad
jurídica y aplicándose las normas pertinentes para el caso; habiendo sido asistido por un
abogado defensor particular desde la audiencia de calificación de flagrancia, de tal forma
que no se observa que en la privación de la libertad del accionante, exista ilegalidad,
arbitrariedad o ilegitimidad. Constatándose más bien que la privación de la libertad ha sido
emanada de autoridad legalmente constituida y que se la ha realizado por mandato escrito y
motivado de un juez COMPETENTE, sin que por la naturaleza de la presente acción,
corresponda a este Tribunal entrar a analizar presupuestos de responsabilidad o no del
accionante en los hechos que le imputa la Fiscalía General del Estado y sobre los cuales
el Juez de la causa ha dispuesto medidas cautelares de orden personal, ante las cuales al
accionante le asisten todos los mecanismos legales que la ley prevé en la justicia
ordinaria, para revisar las mismas, como ya lo ha realizado el accionante fs. 31 del
expediente 13283202100627 al haber apelado de la prisión preventiva, para que sean los
jueces especializados de la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Manabí, los que
entren a analizar y resolver lo que corresponda, incluso si el procesado registra el suficiente
arraigo que le permita el cambio de la medida cautelar impuesta; por lo que se niega la
acción de hábeas corpus presentada por el ciudadano WILLIAM ALBERTO ALAVA QUIMIS,
por improcedente (…)”
5.4 La garantía constitucional de hábeas corpus, de acuerdo al artículo 89 de la Constitución, procede
únicamente en dos supuestos: si la privación de libertad fuese ilegal, arbitraria o ilegítima, o si es que
la libertad fuese necesaria a fin de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra privado de
la misma. En este caso la apelación versa sobre el primero de los supuestos y exclusivamente en
cuanto a haber considerado que la infracción es de ejercicio público de la acción y no de ejercicio
privado; circunstancia con la que sustenta que el procedimiento llevado a cabo en su contra era
improcedente, así como indebida la medida cautelar de prisión preventiva.
5.5 La privación de libertad puede ser ilegal, cuando es ordenada o ejecutada en contravención a los
mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico; arbitraria, cuando es
ordenada o mantenida sin otro fundamento que la propia voluntad o capricho de quien la ordena o
ejecuta; o ilegítima, cuando es ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para
ello (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 01718SEPCC, caso No. 051316EP).
5.6 En razón de que el recurrente basa su apelación únicamente en el hecho de que el delito que se le
imputa es de ejercicio privado de la acción (art. 415 numeral 4 del COIP), que no es susceptible
medida cautelar de prisión preventiva (art. 539 numeral 1 del COIP), está cuestionando la legalidad de
la privación de libertad, que considera impropia del tipo de infracción que se le atribuye y la actuación
de órgano judicial que tramitó en primera instancia la acción de hábeas corpus.
5.7 Aun cuando la valoración del tipo de delito (si es de ejercicio privado de la acción o de ejercicio
público de la acción) es propio del proceso penal, por su relación con la privación de libertad que
comporta la medida cautelar de prisión preventiva, debe analizarse aquel elemento.
5.8 En este caso, el punto medular consiste en establecer si es ilegal que en el proceso penal se
considere como presunto delito el de tentativa de asesinato (de ejercicio público de la acción), aun
cuando el efecto que esa infracción produjo, fue una lesión que causa incapacidad en la víctima no
mayor a 30 días (delito de ejercicio privado de la acción).
5.9 En el COIP se prevé que la infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable (art. 18),
que los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes (art. 25), que
actúa con dolo quien, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la
conducta (art. 26), que para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser
imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta (art. 34) y que la tentativa es
la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas
a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa su autor inicie la ejecución del tipo penal
mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito (art. 39).
5.10 En el proceso penal debe analizarse en consecuencia la intención del infractor; en este caso si el
presunto delito se configuró por la intención de lesionar a la víctima o si la intención era asesinarla (no
cumpliéndose dicha finalidad por circunstancias ajenas a la voluntad del infractor). No podría
considerarse ilegal que el juzgador, atendiendo a los actos realizados por el infractor, considere que el
presunto delito a ser objeto del procedimiento penal, sea el de tentativa de asesinato (de ejercicio
público de la acción y por tanto susceptible de que se dicte en contra del procesado una medida
cautelar como la prisión preventiva, de acuerdo al artículo 534 numeral 1 del COIP), y no el de las
lesiones que se produjeron como consecuencia de la tentativa de asesinato. En la sentencia recurrida
se analiza dicho particular, con la especificación de la norma legal del presunto delito (arts. 140 en
concordancia con el art. 39 del COPCI), y que en relación al mismo cabe disponer la prisión
preventiva al ser de ejercicio público de acción (art. 534 numeral 1).
5.11 Por otra parte, como se detalló en párrafos anteriores, en la sentencia recurrida se analizan los
elementos que en el proceso penal conducen a la conclusión de que hubo tentativa de asesinato: el
certificado médico legal emitido por la médico legista de la Fiscalía, donde se determina que las
heridas que presenta la víctima se dieron en el cuello, a nivel yugular, que las lesiones descritas son
consecuencia de la acción de un objeto con punta y borde con filo, que las heridas en las manos de la
víctima deben ser interpretadas como lesiones de defensa, que a su vez fue esa defensa fue el
obstáculo para que el agresor consumara su delito. Dado ese análisis, no puede ser considerada como
arbitraria (esto es, no fue producto del capricho del juez) la decisión de considerar como presunto
delito a la tentativa de asesinato, y por tanto tampoco sería arbitraria la eventual consecuencia que de
ello se deriva en lo relacionado al hábeas corpus, esto es, la medida cautelar de prisión preventiva en
este tipo de delitos de ejercicio público de la acción (de acuerdo al tantas veces mencionado artículo
534 numeral 1 del COPCI). Cabe indicar que en la apelación no se hace señalamiento alguno a que la
medida cautelar haya incumplido los requisitos previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 534 del
COPCI.
5.12 Al haberse considerado como presunto delito, la tentativa de asesinato, que es de ejercicio
público de la acción, la actuación del fiscal fue procedente (art. 444 del COIP), así como la del juez de
garantías penales (art. 225 numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial), por lo que su
actuación no fue ilegítima, pues han intervenido los llamados a actuar en el proceso penal. Por la
misma razón se cumplió lo previsto en el artículo 76, numerales 3 y 7 literal k.
5.13 Finalmente, en lo que se relaciona al reproche de falta de motivación de la sentencia de hábeas
corpus en lo que se relaciona a la apreciación de que en el proceso penal podía considerarse al delito
como de ejercicio público de la acción, se encuentra que en el fallo se mencionan los elementos de
hecho (sustancialmente el certificado médico legista de la fiscalía relacionado a las heridas; con qué
tipo de objeto se la produjo y a qué parte del cuerpo estaban dirigidas, y a la defensa de la víctima que
impidió la consumación de la infracción), las normas jurídicas implicadas (que tipifican el asesinato y
su tentativa, así como la posibilidad de imponer medida cautelar de prisión preventiva en delitos de
ejercicio público de la acción: arts. 140, 39 y 534 numeral 1 del COIP), que no se cumplen los
supuestos previstos para el hábeas corpus de privación (arts. 89 de la Constitución y 45 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional citadas en la parte inicial del fallo).
Con ello cumple el fallo el requisito de motivación previsto en el artículo 76 numeral 7 literal l de la
Constitución, desechándose la acusación en contrario que formula el recurrente.
6. DECISIÓN
En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por
autoridad de la Constitución y las leyes de la República, RECHAZA el recurso de apelación
interpuesto.
6.2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 numeral 5 de la Constitución de la República, una
vez ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional para
el desarrollo de su jurisprudencia.
6.3 Comuníquese, notifíquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
6.4 Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla en calidad de Secretaria encargada, mediante acción de
personal No. 02UATH2021OQ emitida por la Unidad Administrativa y Talento Humano de la
Corte Nacional de Justicia.
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
CONJUEZ NACIONAL (PONENTE) (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
146751236-DFE
Juicio No. 12103-2021-00004
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, martes 13 de abril del 2021,
las 10h13. VISTOS: Se procede con la resolución en sede de apelación de la acción constitucional de
hábeas corpus interpuesta por el accionante Luis Alfonso Cedeño Mora (en adelante legitimado activo
o accionante), en contra de la sentencia emitida el 17 de febrero del 2021, las 15h20 dictada por los
jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el
cantón Babahoyo (en adelante Jueces constitucionales de instancia), dentro de la acción jurisdiccional
No.12103-2021-00004.
PRIMERO: Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
actuando como Jueces Constitucionales (en cuanto los administradores de justicia al conocer de
garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la
denominación de jueces y juezas constitucionales Sala o Tribunal Constitucional- de conformidad con
las Sentencias No. 001-10-PJO-CC; No. 031-09-SEP-CC, emitidas por la Corte Constitucional de
Ecuador), en mérito a lo dispuesto por los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República
del Ecuador; artículo 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y,
artículos 169 numeral 2 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, es competente para conocer la presente acción constitucional de hábeas corpus, en
razón de la Resolución No. 003-2021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura
dispuso dar cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 17811-2014-0463, ratificando la continuación en el ejercicio de
funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente; con Resolución No. 008-2021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la
Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo
Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante
Oficio No. 92-P-CNJ-2021 de 12 de febrero del 2021 el Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María
Crespo, avalado con la acción de personal No. 166-UATH-2021-HB de 19 de febrero del 2021
suscrito por la Dra. Martha Villarroel, Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte
Nacional de Justicia.
De conformidad con el acta de sorteo de 07 de abril del 2021, las 13h29, constante a foja uno del
cuadernillo de apelación, realizado en la Secretaria General, Documentación y Archivo, Unidad de
Gestión Documental, Sorteos y Archivo de la Corte Nacional de Justicia, le corresponde conocer el
presente recurso de apelación de la acción de hábeas corpus a esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actuando como Jueces Constitucionales,
integrada por los doctores Gustavo Adolfo Durango Vela, Gilda Rosana Morales Ordóñez y José
Dionicio Suing Nagua en calidad de Ponente.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.- En sentencia de 17 de febrero del 2021, las 15h20
emitida por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con
sede en el cantón Babahoyo, resolvieron negar la acción de hábeas corpus presentada por el señor Luis
Alfonso Cedeño Mora.
TERCERO: DEL RECURSO DE APELACIÓN.- El abogado Roberto Romero D© Lorenzo en
calidad de defensor público del accionante de forma oral y al finalizar la audiencia interpuso recurso
de apelación, según consta en el acta de la diligencia a fojas 32 vuelta de cuadernillo de instancia cuya
fundamentación fue presentada en los siguientes términos: ª (¼) Al no estar de acuerdo, simplemente
quien responde por la puerta rota, interponemos en este momento recurso vertical de apelación ante
la Corte Nacional de Justicia para que se haga un análisis más profundo concerniente a si existía el
permiso de allanamiento porque rompieron la puerta y quien paga la puerta, porque es una familia
pobre y ese es el argumento central.º Siendo indispensable transcribir los argumentos expuestos en la
acción de hábeas corpus, con sustento en los siguientes hechos fácticos ªes real que el día miércoles
27-01-2021, aproximadamente a las 2h00 am yo me encontraba en el domicilio civil, casa ubicada en
la provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, parroquia urbana Clemente Baquerizo, sector o
ciudadela Brisas del Río, manzana 5, bloque 48, villa de color rosada con blanco, de mi conviviente
con la cual sostengo la figura jurídica de unión de hecho, de nombres Betty Valero León, durmiendo
dentro de dicha casa o vivienda, conjuntamente con mi esposa y mi hija de nombres Maure Luisana
Cedeño Valero y Dileidy Nazaret Valero León (con discapacidad física 56%); y de un modo
intempestivo, sin mediar anuncio alguno, escuchamos un solo golpe fuerte y estruendoso ruido
ensordecedor, al parecer con un metal pesado, que provenía desde la puerta principal de ingreso del
domicilio la cual quedó destruida parcialmente e inmediatamente INGRESARON A NUESTRO
DOMICILIO SIN PERMISO DE MI PARTE O DE MI ESPOSA Y NO MOSTRARON LA ORDEN DE
ALLANAMIENTO, y jamás lo podrán hacer, porque en el expediente no consta tal orden tal orden de
allanamiento según el orden cronológico emitida por el juez CENTENO. Es legal el auto de prisión
preventiva y consecuente boleta constitucional de encarcelamiento creemos que sí; lo que no es
constitucional es la forma de perfeccionar la aprensión física de mi persona porque jamás medió
ORDEN DE ALLANAMIENTO, simplemente porque basado en la verdad procesal no consta dicha
emisión de esta orden de allanamiento que valide la orden de prisión preventiva por lo que, mi
aprensión y retención es ilegal e ilegítima al incumplir el art. 480.1 del COIP y ha violado mi
derecho a mi intimidad individual y familiar.º De la transcripción de los argumentos del legitimado
activo se establece que la garantía jurisdiccional de hábeas corpus se centra en cuestionar la existencia
y legalidad de la orden de allanamiento y cuyo procedimiento ha violentado derechos constitucionales
a la intimidad individual y familiar y por lo tanto ha originado que la prisión preventiva del procesado
Luis Alfonso Cedeño Mora devenga en ilegal e ilegítima.
CUARTO: VALIDEZ PROCESAL.- No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal por lo que se lo declara válido.
QUINTO: NORMAS QUE RIGEN EL RECURSO DE APELACIÓN.- El recurso de apelación de
la sentencia del 17 de febrero del 2021, las 15h20, emitida por los jueces de la Sala Multicompetente
de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Babahoyo, fue calificado al
amparo del artículo 44.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
que prevé que la apelación puede ser formulada por las partes procesales, razón por la que procede
resolver el presente recurso de apelación.
SEXTO: NORMATIVA EN QUE SE FUNDAMENTA LA GARANTIA JURISDICCIONAL DE
HÁBEAS CORPUS.- a) Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8: Garantías
Judiciales.- ª (¼) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (¼) b) comunicación previa y
detallada al inculpado de la acusación formulada; (¼)º b) Constitución de la República del
Ecuador: Art. 76: ª En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (¼)
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no
esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará
una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez
o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. (¼)7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los
medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en
igualdad de condiciones. (¼)º c) Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional: Art. 43. ª Facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces.- Es facultad esencial de
las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los
instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: (¼) 4. Motivar
debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes
de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos;º d)
Código Orgánico Integral Penal: Art. 520 ªReglas generales de las medidas cautelares y de
protección.- La o el juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de protección de acuerdo con las
siguientes reglas: 1. Las medidas cautelares y de protección podrán ordenarse en delitos. En caso de
contravenciones se aplicarán únicamente medidas de protección. 2. En delitos, la o el juzgador
dispondrá únicamente a solicitud fundamentada de la o el fiscal, una o varias medidas cautelares. En
contravenciones, las medidas de protección podrá disponerlas de oficio o a petición de parte. 3. La o
el o el juzgador resolverá de manera motivada, en audiencia oral, pública y contradictoria. De ser el
caso, se considerará las solicitudes de sustitución, suspensión y revocatoria de la medida, u
ofrecimiento de caución que se formule al respecto.º Art. 522: ª Modalidades.- La o el juzgador
podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la
persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 1. Prohibición de
ausentarse del país. 2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el
proceso o ante la autoridad o institución que designe. 3. Arresto domiciliario. 4. Dispositivo de
vigilancia electrónica. 5. Detención. 6. Prisión preventiva. La o el juzgador, en los casos de los
numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia
electrónica.º Art. 534: ª Finalidad y Requisitos: Para garantizar la comparecencia de la persona
procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador, de
manera debidamente fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los
siguientes requisitos: 1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de
ejercicio público de la acción. 2. Elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o
el procesado es autor o cómplice de la infracción. En todo caso la sola existencia de indicios de
responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. 3. Indicios de los
cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es
necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el
cumplimiento de la pena. Para este efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas cautelares
personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar la prisión
preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones por las cuales
las otras medidas cautelares son insuficientes. 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena
privativa de libertad superior a un año. En los requisitos descritos en los números 1 y 2, el parte
policial no constituye ningún elemento de convicción ni será fundamento para solicitar o conceder la
prisión preventiva. El parte policial es exclusivamente referencial. De ser el caso, la o el juzgador
para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado
incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad en cualquier otra
causa.º De la transcripción de las normas que sirven de sustento para la garantía jurisdiccional de
hábeas corpus se advierte su contenido y alcance.
SÉPTIMO: CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE ALZADA.- 7.1.
El presente recurso de apelación se originó en una acción de hábeas corpus presentada por Luis
Alfonso Cedeño Mora, quien por intermedio de su defensor público en la audiencia de sustanciación
de la garantía jurisdiccional manifiesta que el accionante está detenido en forma ilegal e ilegítima, por
cuanto considera que nunca existió la orden de allanamiento, además de cuestionar su procedimiento
lo que ha generado vulneración al derecho a la intimidad personal y familiar.
7.2. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, que respeta los derechos
constitucionales de toda persona, así pues la institucionalidad del Estado está concebida para el
respeto, protección y garantía de los derechos humanos como la libertad, los mismos que deben ser el
objetivo primigenio, donde la misma aplicación e interpretación de la ley únicamente sea posible en la
medida que la normativa se ajuste y no contradiga la Constitución y la Convención Americana de los
Derechos Humanos; en este contexto, el Estado está llamado a cumplir dos objetivos primordiales: i)
Salvaguardar y defender el principio de la supremacía constitucional; y, ii) Proteger los derechos,
garantías y libertades públicas; protección por medio de las garantías jurisdiccionales constitucionales
que llegan a ser un conjunto coherente de mecanismos de defensa de los derechos constitucionales. En
el Estado Constitucional los derechos, entre ellos el de la libertad personal, se identifican por presentar
una específica fuerza o resistencia jurídica frente a la acción de los poderes públicos.
7.2.1.- Como ha quedado esbozado en líneas precedentes, en el contexto constitucional ecuatoriano, el
hábeas corpus se encuentra contemplado dentro de las garantías jurisdiccionales del artículo 89 de la
Constitución de la República, Título III, Capítulo III, Sección Tercera; y desarrollado en normativa
infraconstitucional en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Título
II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, artículos 43 al 46.
Esta garantía se erige como aquel proceso jurisdiccional constitucional que tiene por objeto tutelar la
libertad física, corporal o de locomoción, que le permite a las personas acudir ante cualquier
administrador de justicia a demandar su recuperación, cuando estas se encuentren privadas de ella de
manera ilegítima, arbitraria o ilegal; es además, una garantía para proteger la vida y la integridad física
y más derechos conexos de las personas privadas de su libertad.
7.2.2.- Debe entenderse, que la libertad es uno de los derechos más preciados de las personas, como
soporte esencial y razón de ser de toda actividad, por medio de la cual se produce su evolución y
afianzamiento personal, conforme lo exige su dignidad, cuya incidencia redunda en el fortalecimiento
de todo sistema democrático y de justicia social. Este derecho se encuentra regulado en la
Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales, conforme citamos a continuación:
Constitución de la República del Ecuador: ª Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado
de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la
libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o
acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin
dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan
los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio
por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad
con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la leyº.
7.2.3.- De su parte, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 1 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos amparan, entre otros, el derecho a la libertad.
Resulta trascendente de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su
artículo 9 dice: ª1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá
ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en éstaº. Asimismo, la Convención
Interamericana de Derechos Humanos que en el artículo 7 numerales 1, 2 y 3 dispone: ªDerecho a la
Libertad Personal, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, 2. Nadie
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano
por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, 3.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrariosº.
7.2.4.- Se colige de estas normas, que el derecho constitucional a la libertad es un derecho ciudadano,
universal y personal, que debe ser ejercido de manera exclusiva por quien se encuentre privado del
mismo mediante la acción de hábeas corpus, como bien lo establece el artículo 89 de la Constitución
de la República y el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. Al respecto, la doctrina nos enseña: ª (¼) es una garantía constitucional, que se
traduce procesalmente en una acción tutelar de la libertad personal, física corporal o de locomoción
(¼) el hábeas corpus es un tipo de amparo pero solo de la libertad ambulatoria o física de la
personaº.
7.2.5.- Es preciso resaltar, que los argumentos del accionante se centran en la supuesta ilegal e
ilegítima medida cautelar de prisión preventiva como consecuencia de una inexistente orden de
allanamiento, al respecto se realizan las siguientes consideraciones: i) Para la Corte Constitucional la
privación ilegal de la libertad ª ocurre cuando una detención es ejecutada en contravención a los
mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Por ello para considerar
legal una privación de la libertad, esta debe analizarse desde un doble aspecto: material y formal. En
el aspecto material, la detención debe haberse realizado en estricto apego a las causas, casos o
circunstancias expresamente tipificadas en la ley y la privación de libertad debe mantenerse
exclusivamente hasta los límites temporales fijados por la legislación. En el aspecto formal, la
detención y posterior privación de la libertad debe realizarse y mantenerse en cumplimiento del
procedimiento objetivamente definido por la ley.º 1 De ahí que, resulta necesario verificar los aspectos
materiales y formales de la privación de la libertad. ii) En lo que respecta al aspecto material el
legitimado activo ha sido procesado dentro de la causa penal No. 12282-2018-01576 por el delito de
robo calificado, tipificado en el artículo 189 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal cuya
pena privativa de la libertad es de cinco a siete años, lo que ha motivado que el juez de la Unidad
Judicial Penal de Los Ríos con sede en el cantón Babahoyo dicte auto de llamamiento a juicio el 21 de
mayo del 2019, las 17h46, según se desprende de las actuaciones en el SATJE y al encontrarse el
accionante prófugo se emitió en esa misma fecha la orden de localización y captura para continuar con
la sustanciación de la causa ante los Tribunales de Garantías Penales, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal. Como parte de la diligencia de localización y
captura se suscribe el acto urgente No. 12282-2021-00186G el 26 de enero del 2121, las 19h44, por la
jueza de la Unidad Judicial Penal del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos y se procede con la
ª (¼) AUTORIZACI ÓN DE ALLANAMIENTO en el inmueble ubicado en el cantón Babahoyo en la
provincia de Los Ríos, ciudadela Brisas del Río, dentro de las siguientes coordenadas (-1.809054,
-79.493965) se trata de una vivienda de construcción de hormigón armada con techo de zinc, de dos
plantas, fachadas pintadas de color marrón; la fiscalía pone a conocimiento la petición que se
realizará con oficio Nro. 109-2021-PJ-B de fecha 26 de enero del 2021 por el señor Mayor de policía
Jaime Bonilla Zapata Jefe de la Policía Judicial del Distrito Babahoyo quien dice: ª Por medio del
presente me permito informar a usted mi Mayor que realizado las funciones específicas asignadas
por el estado ecuatoriano y al servicio de la misión institucional en los arts. 158 y 163 de la
Constitución de la República y lo que establece el COESCOP, se logró tener conocimiento que en la
1 Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 207-11-JH/20 de 22 de julio del 2020.
provincia de Los Ríos está residiendo el ciudadano LUIS ALFONSO CEDEÑO MORA CCC.
1207049584, el mismo que consta con ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y CAPTURA por el presunto
delito de ROBO, DENTRO DE LA CAUSA PENAL No. 12282-2018-01576 de fecha 18 de enero del
2018 emitido por la Jueza Ab. Karina Morejón Cevallos Jueza de la Unidad Judicial Penal de los
Ríos con sede en el cantón Babahoyo (¼) por lo antes expuesto la fiscalía solicita AUTORIZACIÓN
DE ALLANAMIENTO con la finalidad de ingresar y realizar el REGISTRO DE TODO EL
INMUEBLE Y DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL MISMO, para
ubicación de la persona LUIS ALFONSO CEDEÑO MORA CCC 1207049584 solicitada
judicialmente por el señor fiscal Ab. Harold González Zambrano amparado en los arts. 478 y 481 del
Código Orgánico Integral Penal que se refiere a las formas y circunstancia en las que se puede
ordenar el allanamiento o ejecute la orden emitida. Con los fundamentos expuestos, la suscrita Jueza,
AUTORIZA el ALLANAMIENTO en el inmueble (¼) Una vez que se cumpla con la diligencia de
allanamiento, se levantará el acta respectiva. De las actuaciones y procedimiento se guardará
reserva, hasta que por las evidencias, si se encuentran, la Fiscalía, pueda hacer el uso legal que
corresponde. Fundamenta disponer el allanamiento con sustento en los arts. 66, 195 de la
Constitución y arts. 5, 220,478, 480,.1, 481, 482 y 583 del Código Orgánico Integral Penal (¼)º. De
tal forma que, la orden de allanamiento fue legalmente requerida por el agente fiscal de la causa penal
y autorizada por la jueza competente atendiendo las normas legales que regulan a la institución
jurídica del allanamiento, en el expediente de instancia la cuestionada orden de allanamiento se
encuentra incorporada a fojas 21 a 23. Además, existe el acta de entrega y recepción del inmueble a
fojas 26 del expediente suscrita por la señora Bety Dolores Valero León de cédula de identidad No.
1205853854 pues aparece su firma de recepción. Consta también, la orden de localización y captura
de fecha 18 de enero del 2019 en contra del accionante, señor Luis Alfonso Cedeño Mora emitida por
la Jueza Unidad Penal con sede en el cantón Babahoyo. Consta a fojas 28 del expediente, el parte de
detención de 27 de enero del 2021, las 01h45 y la constancia de la lectura de los derechos
constitucionales al detenido a foja 30 vuelta del expediente. Ahora bien, la prisión preventiva de la
que ha sido objeto el legitimado activo tras la orden de allanamiento ha cumplido con los requisitos
legales correspondientes, esto en observancia a lo dispuesto en el artículo 77 numeral 9 de la
Constitución de la República del Ecuador que dispone que la prisión preventiva no podrá exceder de
un año en delitos sancionados con reclusión. En el presente caso, el delito de robo calificado se
encuentra tipificado en el artículo 189 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal y
sancionado con una pena privativa de la libertad de cinco a siete años siendo facultativo para el juez
de garantías penales el imponer como lo ha hecho en el presente caso la medida cautelar de prisión
preventiva que, asegure la comparecencia del procesado en la sustanciación de la causa penal, esto de
conformidad con los artículos 522 numeral 6 y 534 numerales 1,2,3 y 4 del Código Orgánico Integral
Penal, lo que resulta necesario toda vez que, la sustanciación de la causa se suspendió al haberse
encontrado prófugo el procesado. De ahí que se ha verificado el cumplimiento y observancia de las
normas penales que rigen nuestro sistema penal ecuatoriano, cumpliendo con el elemento material en
la legalidad de la detención del señor Luis Alfonso Cedeño Mora. iii) En cuanto al elemento formal en
la legalidad de la detención el recurrente considera que la orden de allanamiento no existía y que por
tanto, todos los hechos supervinientes a la detención del legitimado activo son consecuencia de su
ilegal e ilegítima privación de la libertad, argumentación falaz e irreal puesto que en este expediente
ha quedado expuesta la clara orden de allanamiento ante estos juzgadores de garantías
jurisdiccionales, además se ha justificado en legal y debida forma la motivación del acto urgente
-allanamiento- requerido por fiscalía, autorizado por la jueza, en estricta observancia a lo dispuesto en
los arts. 478, 480.1, 481, 482 y 583 del Código Orgánico Integral Penal. De tal forma que han Pues la
simple inconformidad del procesado, no resulta suficiente para sustentar la supuesta ilegalidad en su
detención, puesto que de lo expuesto se cumple con el elemento formal de la legalidad de la detención
del señor Luis Alfonso Cedeño Mora en el proceso penal No. No. 12282-2018-01576 por robo
calificado.
7.2.6.- El recurrente arguye que existe ilegitimidad en la orden de privación de su libertad. Siendo
primordial iniciar definiendo a la ilegitimidad como ª aquella ordenada o ejecutada por quien no
tiene potestad o competencia para elloº 2 Respecto a esta definición, se puede observar que la misma
provee un criterio distinto que la diferencie de las otras figuras, por cuanto una privación de la libertad
ordenada por quien no tiene competencia para ello será automáticamente ilegal y arbitraria. Como ha
quedado evidenciado en el acápite inmediato anterior, la petición del allanamiento ha sido emitida por
el Fiscal de la causa de conformidad con el art. 482 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, la
autorización fue ordenada por una Jueza de la Unidad de Garantías Penales con sede en el cantón
Babahoyo, cuya facultad se encuentra contenida en el art. 481 del Código ibídem y la legalización de
la detención la realizó ante el Juez de la Unidad de Garantías Penales con sede en el cantón Babahoyo,
de tal forma que tanto, la orden de allanamiento como la medida cautelar de prisión preventiva
impuesta al legitimado activo fueron autorizados por la autoridad competente, por lo que, no se trata
de una detención ilegitima.
7.2.7.- Finalmente, en el caso concreto, se evidencia el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República, pues la orden de allanamiento al igual que
las medidas cautelares judiciales se limitan a asuntos de orden procesal penal relacionados con el
rompimiento de una puerta y quien debe pagar por ella, situación que debió hacerse constar en el acta
de recepción del inmueble luego de realizado el allanamiento, más dicho particular no ha sido
2 Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 247-17-SEP-CC.
corroborado, por lo que, estos argumentos no resultan pertinentes a la presente acción jurisdiccional
constitucional que está encaminada a recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella en
forma ilegal, arbitraria o ilegítima y que además el legitimado activo no ha podido establecer dichos
presupuestos jurídicos. Por lo que, esta Sala Constitucional al haber examinado las piezas procesales
que se han adjuntado en el expediente de la acción de hábeas corpus, se establece que la orden de
privación de la libertad no es ilegal, por el contrario, se trata de la imposición de una medida cautelar
de prisión preventiva dictada en contra del procesado Luis Alfonso Cedeño Mora de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, dentro de un juicio penal por robo
calificado tipificado en el artículo 189 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal.
OCTAVO: DECISIÓN.- Por las consideraciones antes referidas, este Tribunal de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve negar el
recurso de apelación propuesto por el abogado Roberto Romero D© Lorenzo en calidad de patrocinador
del accionante LUIS ALFONSO CEDEÑO MORA. 8.1. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86.5 de la Constitución de la República, una vez ejecutoriada esta resolución, remítase copia
certificada de la misma a la Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia.- 8.2.- Actúe
la doctora Ligia Marisol Mediavilla, en calidad de secretaria relatora encargada de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia de conformidad a la
acción de personal No. 352-UATH-2021-OQ de 5 de abril del 2021, suscrita por la Dra. Martha
Villarroel Villegas, Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de
Justicia.- Notifíquese, publíquese y cúmplase.-
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CONJUEZ NACIONAL
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
147349657-DFE
Juicio No. 07113202100007
JUEZ PONENTE: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA, JUEZA NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, martes 20 de abril del 2021,
las 16h21. Vistos.
A S U N T O
Resolución del recurso de apelación interpuesto por el señor Gustavo Washington Cárdenas Coronel,
a través de su abogado Galo Alfredo Valle Hernández, en contra de la sentencia de 31 de marzo de
2021, las 16h29, dictada por la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial
del Oro, dentro de la acción constitucional de hábeas corpus No. 07113202100007.
1. ANTECEDENTES
1.1 Verbalmente el señor Gustavo Washington Cárdenas Coronel, a través de su abogado Galo
Alfredo Valle Hernandez, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de 31 de marzo de
del Oro, dentro de la acción constitucional de hábeas corpus No. 07113202100007, que resuelve:
“(…) rechaza por improcedente la acción de hábeas corpus que ha sido planteada por el señor
Gustavo Washington Cárdenas Coronel, por cuanto no existe violación constitucional conforme se
explica en el despliegue de la presente sentencia. (…)”.
1.2 El apelante fundamenta su recurso sosteniendo que: “Siendo defectuosa la resolución emanada
por vuestras autoridades, haciendo uso del sistema oral en que nos encontramos, pero también
haciendo uso del art. 76 numero 7 literal m) voy a recurrir el fallo emanado por Ustedes señores
jueces, con todo respeto”.
2. JURISDICCION Y COMPETENCIA
2.1 Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actuando
como Jueces Constitucionales (en cuanto los administradores de justicia al conocer de garantías
jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la denominación de
jueces y juezas constitucionales Sala o Tribunal Constitucional de conformidad con las Sentencias
No. 00110PJOCC; No. 03109SEPCC, emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador), en
mérito a lo dispuesto por los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador;
artículo 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículos 169
numeral 2 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es
competente para conocer la presente acción constitucional de hábeas corpus, en razón de la
Resolución No. 0032021 de 26 de enero de 2021, por la que el Pleno del Consejo de la Judicatura
dispuso dar cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 1781120140463, ratificando la continuación en el ejercicio de
funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente; con Resolución No. 0082021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la
Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo
Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante
Oficio No. 92PCNJ2021 de 12 de febrero del 2021 el Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María
Crespo, avalado con la acción de personal No. 166UATH2021HB de 19 de febrero del 2021
suscrito por la Dra. Martha Villarroel, Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte
Nacional de Justicia.
De conformidad con el acta de sorteo de 15 de abril de 2021, a las 15h39, constante a foja uno del
cuadernillo de apelación, realizado en la Secretaria General, Documentación y Archivo, Unidad de
Gestión Documental, Sorteos y Archivo de la Corte Nacional de Justicia, le corresponde conocer el
presente recurso de apelación de la acción de hábeas corpus a esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actuando como Jueces Constitucionales,
integrada por los doctores Gustavo Adolfo Durango Vela, José Dionicio Suing Nagua y Gilda Rosana
Morales Ordóñez, en calidad de ponente.
3. VALIDEZ PROCESAL
3.1 La acción constitucional de hábeas corpus se ha tramitado de conformidad con las normas
pertinentes, por lo que no existe nulidad alguna que declarar.
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
4.1 El señor Gustavo Washington Cárdenas Coronel, a través de su abogado Galo Alfredo Valle
Hernandez, al fundamentar su recurso de apelación únicamente señala que recurre el fallo emanado
señalando el art. 76 numeral 7 literal m) de la Constitución de la Republica; razón por la cual se
analizará si la privación de libertad del señor Gustavo Washington Cárdenas Coronel, es arbitraria,
ilegal e ilegítima conforme lo señala en su demanda de hábeas corpus.
5. CONSIDERACIONES Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
Luego del sorteo practicado el 15 de abril de 2021, a las 15h39, de conformidad con lo previsto en el
art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el art. 44 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta Sala debe pronunciarse acerca
de la apelación propuesta, para lo cual se considera:
5.1 El hábeas corpus es una garantía individual de los ciudadanos y ciudadanas que se hallan
detenidos de manera arbitraria, ilegal o ilegítima; por tanto, el hábeas corpus es una acción destinada a
tutelar la libertad física de las personas mediante un procedimiento sumarísimo que tiene por fin hacer
cesar la privación ilegal de la libertad personal.
David Gordillo Guzmán define al hábeas corpus como: “…una acción jurisdiccional que tutela los
derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad, frente a cualquier acto u omisión de
cualquier autoridad pública o persona particular, que pueda vulnerar los mentados derechos…tutela
dos derechos fundamentales, la libertad individual relativa a su libertad de movimiento y por tanto a
no ser objeto de detenciones arbitrarias y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de
daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte...”. (Pedro Pablo Camargo, “Manual Teórico
Práctico de Derecho Constitucional”, Primera Edición, Editorial Workhouseal Procesal, Quito
Ecuador, 2015, pp. 197 198).
Roberto Dromi señala que: “El Hábeas Corpus es una garantía constitucional, que se traduce
procesalmente en una acción tutelar de la libertad personal, física, corporal o de locomoción a través
de un procedimiento judicial sumario. El Hábeas Corpus, como medio de protección de la libertad
individual, es sin duda el más tradicional de los remedios procesales contra la violación de los
derechos y libertades públicas, tiene por finalidad asegurar que la libertad no sea solo una
declaración abstracta”. (Roberto Dromi: “Derecho Administrativo”, Editorial Ciudad Argentina,
1995, Buenos Aires, pp. 715.)
5.2 La Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Oro, respecto de la
acción constitucional de hábeas corpus propuesta por el señor Gustavo Washington Cárdenas Coronel,
en su parte pertinente señala: “QUINTO: Análisis y motivación del Tribunal constitucional. (…)
5.2.1 En la presente acción constitucional el señor Gustavo Cárdenas Coronel ha alegado que dentro
de la orden de allanamiento, la jueza a quo no autorizó la detención de personas conforme el Art. 480
numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal y que su detención era para fines investigativos e
inmediatamente se le formula cargos, contraviniendo el Art. 575 numeral 1 del Código Orgánico
Integral Penal, al convocar la audiencia en menos de 72 horas, dejándolo en indefensión al no ser
notificado con la debida oportunidad, procedemos a realizar un registro de la normativa y
jurisprudencia aplicable al presente caso, a saber:
El artículo 82 de la Constitución de la República, reza: “El derecho a la seguridad jurídica se
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. Sobre el debido proceso, la ex Corte
Constitucional para el Período de Transición indicó que es deber de las y los juzgadores de la
República sujetarse al mismo y garantizarlo, así mismo, estableció el alcance del principio de
legalidad y de seguridad jurídica; al respecto manifestó: a. El “primero de los subderechos del
debido proceso es el deber de las autoridades administrativas o judiciales de garantizar el
cumplimiento de las normas o los derechos de las partes; constituye un principio fundamental para
garantizar la existencia del Estado constitucional de derechos y justicia y una garantía indispensable
para evitar la arbitrariedad en las decisiones y resoluciones de las autoridades administrativas o
judiciales […] Al respecto, el Estado constitucional de derechos y justicia se dota de una
Constitución normativa, que sujeta todos los poderes a la legalidad, sitúa los derechos fundamentales
en el centro del sistema y prevé para ellos garantías institucionales inéditas'…”
La “Constitución de la República, al establecer las garantías básicas del debido proceso, determina
en el Art. 76. 3 que " [...] solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y
con observancia del trámite propio de cada procedimiento". Esta disposición convalida la vigencia
de la seguridad jurídica que se establece en la carta magna en el artículo 82, al mencionar que esta
seguridad se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.
El principio de legalidad se encuentra universalmente reconocido por la Convención Americana de
Derechos Humanos en al artículo 9, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el
artículo 15 y la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 11.2. (…)
Ahora bien, revisadas la normativa y pronunciamientos registrados en líneas precedentes y del
análisis de las constancias procesales se advierte que, a través del Oficio N. FPEOFEDOTI10893
2020003753O, de fecha 28 de Octubre del 2020, el Dr. Sánchez Gutiérrez José Antonio, Fiscal de
la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional en la ciudad de
Machala, solicita en un primer momento a la señora Jueza de Garantías Penales de Santa Rosa que
“…por cuanto a la fecha se tienen indicios suficientes, claros, concordantes y unívocos de la presunta
existencia de una organización delictiva, solicito a usted, emita las respectivas órdenes de detención
con fines de investigativos (SIC), de conformidad con el Art. 530, 531, 532 del Código Orgánico
Integral Penal…”, petición en la que consta el nombre del señor Cárdenas Coronel Gustavo
Washington C.C. 0705210532. Mediante providencia de fecha 28 de octubre de 2020, a las 19h36, la
jueza a quo Cecilia Araujo Cruz en el acápite sexto acoge dicha petición, ordenando lo que a sigue:
“…amparada en lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 530, 531 y 532 del Código de Orgánico
integral Penal y la fundamentación indicada en el numeral primero, tercero y sexto de este auto, en
torno a las diligencias realizadas dentro de la presente investigación, en la que se detalla las
diligencias realizadas y más diligencias que se han efectuado en el presente caso se ha llegado a
tener conocimiento que entre los sujetos antes nombrados existiría una asociación ilícita según se
desprende de las técnicas investigativas realizados mediante autorización judicial; esta juzgadora
teniendo en consideración que el fiscal es el titular de la investigación pre procesal y procesal penal
conforme lo establece la Constitución de la República en su artículo 195, este juzgador por ser
competente para realizarlo al amparo de lo prescrito en los artículos 530, 531 y 532 del Código de
Orgánico Integral Penal, y adjuntándose documentación de soporte, dispone la respectiva orden de
detención con fines investigativos de: 8). Cárdenas Coronel Gustavo Washington C.C.
0705210532…”, disposición que evidencia de forma palmaria que se ha concedido la orden de
detención por autoridad competente de forma legal, legítima y de forma motivada, conforme a los
criterios de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, ya que dicho acto jurisdiccional dispuesto por
la referida juzgadora se enmarca en las previsiones que el ordenamiento jurídico impone, pues éste
se ajusta a las atribuciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, en los Arts. 530, 531
y 532, mismos que aluden a la orden de detención con fines investigativos.
Ahora bien, efectuada la detención en el marco jurídico que el COIP impone, el señor Fiscal ha
solicitado día y hora para la formulación de cargos dentro de las 24 horas, pues encontrándose el
hoy accionante detenido en el marco del Art. 532 del Código ut supra, bien hizo la señora jueza en
señalar la audiencia en el tiempo antes indicado, con lo cual no se desatiende lo que estipula el Art.
575.1 del COIP, es decir se aplica el procedimiento correcto, para resolver la situación legal y
jurídica del procesado, en estricta aplicación de lo que determina el Artículo 595 del COIP,
respetando el derecho a la seguridad jurídica. Por otro, de la visura del extracto de la audiencia de
formulación de cargos, se constata que el Agente Fiscal, Abg. José Sánchez Gutiérrez, con la
potestad que le confiere el Art. 195 de la Constitución y Art. 411 del Código Orgánico Integral Penal,
en el impulso del ejercicio público de la acción penal, con las atribuciones legales previstas en los
Arts. 444.3, 527, 529, Art. 591, 592.2 y Art.595 del Código Orgánico Integral Penal, por considerar
que existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un presunto delito, formula
cargos contra el ciudadano Gustavo Washington Cárdenas Coronel, por el delito que se tipifica en el
Art. 369 inc. 1 del Código Orgánico Integral Penal, solicitando medidas cautelares como la
establecida en el Art. 522.6 del COIP, que es la prisión preventiva en contra del hoy accionante;
petición que ha sido acogida por la referida jueza, misma que ha dispuesto la prisión preventiva en el
marco del debido proceso, pues al hoy accionante se le ha garantizado no solo el contar con su
abogado de confianza en la respectiva audiencia de formulación de cargos, sino el notificarle a éste
que, bajo dichas circunstancias la ley no limita o impide que se inicie la instrucción fiscal, conforme
se ha explicado precedentemente.
Bajo esa línea de análisis cabe preguntarnos ¿La orden de detención con fines de investigativos N.
202003274347FI, dictada con fecha 20201028 20:04:58, por la Dra. Cecilia Araujo, Jueza de la
Unidad Judicial Multicompetente Penal con Sede en Santa Rosa, en contra del accionante Gustavo
Washington Cárdenas Coronel, es ilegal, arbitraria o ilegitima?, interrogante que nos remite al Art.
45.2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, norma infra
constitucional que establece los casos en que se presumirá que la privación de libertad es arbitraria
o ilegítima, a saber: a) Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia. b) Cuando no se
exhiba la orden de privación de libertad. c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los
requisitos legales o constitucionales. d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la
privación de libertad. e) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por
particulares, cuando no se justifique la privación de libertad.
Sobre lo registrado precedentemente, es necesario dejar sentado que la privación de la libertad, es
ilegal cuando es practicada al margen de los motivos que válidamente contempla la Constitución y la
ley; cuando se ha ejecutado sin observar las normas exigidas por la ley; o cuando se ha incurrido en
desviación de las facultades de detención, es decir, cuando se practica para fines distintos a los
previstos y requeridos por la ley. Es arbitraria, cuando la resolución del agente (funcionario judicial
en el presente caso) carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene
como consecuencia la vulneración de los derechos constitucionales de la persona. En estas
circunstancias, el funcionario judicial antepone de manera arbitraria su propia voluntad a aquella
que deriva de manera razonable del ordenamiento jurídico, por lo cual sus actuaciones,
manifiestamente contrarias a la Constitución y a la Ley, no son providencias judiciales sino en
apariencia, es decir actuaciones o vías judiciales de hecho. Las privaciones de la libertad son
legítimas cuando tienen por autores a personas que obran con fundamento en causa jurídica y en
ejercicio de una competencia constitucional o legal. Son ilegítimas cuando sin justa causa lesionan o
ponen efectivamente en peligro el derecho fundamental de toda persona a ser libre. Entre las
privaciones de la libertad legítimas se hallan la aprehensión del delincuente sorprendido en delito
flagrante (Art. 77, numeral 1 de la Constitución y Art. 527 del COIP); la detención que, para efectos
de investigación, es dispuesta por mandamiento escrito de autoridad judicial competente (Art. 530 del
COIP); la prisión preventiva decretada por providencia judicial motivada, con amparo en el Art. 534
del COIP; y, la privación de la libertad por mérito de una sentencia condenatoria debidamente
ejecutoriada.
Corolario de todo lo anotado hasta aquí, nos lleva a decir que en el caso en estudio se observa que la
orden de detención con fines investigativos del señor Gustavo Washington Cárdenas Coronel, fue
dictada por la autoridad competente, esto es, por la Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente
Penal con sede en el cantón Santa Rosa; lo cual queda reflejado en el numeral sexto de la
providencia emitida el 28 de octubre de 2020, a las 19h36, disposición judicial que a nuestro criterio
se encuentra debidamente motivada conforme se explica en el desarrollo de la presente sentencia, por
lo tanto su privación de libertad no es ilegal, ilegítima y menos arbitraria, argumento que no ha
podido ser sostenido de manera contundente por el señor Gustavo Cárdenas Coronel, por lo que
complementariamente se anota: (i) Este Tribunal ya analizó que, en la sustanciación del proceso,
desde que se originó su detención no se ha evidenciado ninguna vulneración constitucional, que
implique arbitrariedad de la juzgadora al ordenar la detención, mucho menos que se lo haya dejado
en indefensión, al amparo de lo que determina el Art. 76 numeral 7 literal g) de la Constitución, pues
el delito imputado, al hoy accionante, el Fiscal lo solicita dentro de sus facultades legales y
constitucionales de las cuales se encontraba investido. (ii) Así mismo de la revisión del proceso se
advierte que, la pretensión del hoy accionante se subsume a que por vía acción constitucional se
declare la libertad, según aduce, cuando son asuntos infra constitucionales. Conforme ya se
encuentra señalado, en la presente causa se ha emitido una boleta constitucional de detención, que
cumple con los estándares que impone nuestro ordenamiento jurídico, en particular los previsto en el
COIP a través de los procedimientos y recursos que dicho cuerpo legal prevé; por lo expuesto,
llegamos a concluir que el hoy accionante ha realizado un ejercicio descontextualizado de la
institución constitucional del hábeas corpus, toda vez, que la valoración de lo ocurrido
procesalmente, no constituye fuente jurídica para la procedencia de la acción, pues son alegaciones
de orden estrictamente procesal que entrañan la apreciación interna judicial y éstas son propias de la
instancia penal, por lo que no pueden ventilarse ni ser resueltas a través de acciones constitucionales
de esta índole. (iii) Por otro lado debemos señalar que, la detención por la cual se genera la boleta
N. 20200327434.7FI, dictada con fecha 20201028 20:04:58, por la Dra. Cecilia Araujo, Jueza de
la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en Santa Rosa y ordenada en contra del señor
Gustavo Washington Cárdenas Coronel, ha sido dispuesta por autoridad competente y en los
términos legales previstos para el efecto, consecuentemente la detención, se constituye en legal y
legítima, de conformidad con la Constitución de la República y lo señalado en la sentencia N.17115
SEPCC emitida dentro del caso N. 0056012EP, por tanto, no se encuentra incursa en los
presupuestos de ilegalidad e ilegitimidad que establece la norma constitucional, máxime que dicha
orden de privación de libertad está sujeta al principio de legalidad y ha sido emanada por autoridad
competente, lo cual nos lleva a decir como Tribunal de alzada que la detención ordenada por la
juzgadora de primer nivel, no es arbitraria, ilegal o ilegítima, por tanto no existe violación
constitucional al derecho a la libertad ambulatoria, consagrada en el Art. 66.29 de la Constitución de
la República”. (el subrayado es de esta Sala Constitucional).
5.3 Este Tribunal Constitucional, en el caso puesto a su conocimiento, observa lo dispuesto en el
inciso primero del art. 89 de la Constitución de la República, que dice: “Art. 89. La acción de hábeas
corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal,
arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la
vida y la integridad física de las personas de libertad”.
5.5 Del texto transcrito constante en la norma constitucional, y conforme lo determinado tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia se advierte que, la acción constitucional de hábeas corpus, procede
cuando una acción u omisión amenace o vulnere la libertad del individuo y tiene por objeto recuperar
la libertad de quien se encuentra privado de ella en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de
autoridad pública o de cualquier persona, así como el proteger la vida y la integridad física de las
personas privadas de ésta. (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 01718SEPCC, caso No.
051316EP).
La norma constitucional antes detallada es concordante con lo que establece el art. 43 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:
“Art. 43. Objeto. La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por
autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1. A no ser privada de la libertad en forma
ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre
por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; 2. A no
ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional; 3. A no ser desaparecida
forzosamente; 4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 5. A que, en
caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser
expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su
integridad y su seguridad; 6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones
alimenticias; 7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad
haya sido ordenada por una jueza o juez; 8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada
cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos
sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9. A no ser
incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10. A ser puesta a
disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas
siguientes a su detención”.
De lo expuesto, esta privación de libertad puede ser ilegal, cuando va en contra de una disposición
legal; arbitraria, cuando se ejecuta sin tener sustento en una disposición legal, o ilegítima, cuando
independientemente de su ordenación jurídica, atenta de forma injustificada a un derecho
fundamental.
La Constitución de la República recoge en su artículo 66 numeral 29 el derecho de toda persona a la
libertad y a la seguridad, restringiendo la posibilidad de que alguien sea privado de su libertad por
deudas, costas, multas, tributos ni obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.
Se recoge de esta manera uno de los primeros anhelos de cualquier régimen constitucional, fijado ya
en convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, lo que protege la
Constitución, en términos genéricos, es la llamada “libertad personal”, entendida ésta como libertad
deambulatoria o de movimiento de las personas físicas, protectora frente a la detención, condena o
internamiento arbitrarios, de ahí que, nadie será privado de su libertad si no es conforme a lo
establecido por la ley, vedando el paso a toda restricción o privación de libertad arbitraria.
5.5 En el caso sub iudice, como quedó señalado en el planteamiento del problema jurídico, el apelante
en la argumentación de su recurso de apelación únicamente argumenta el artículo art. 76 numeral 7
literal m) de la Constitución de la Republica, el cual dispone que en el ejercicio del derecho a la
defensa las personas tienen la garantía de recurrir el fallo o resolución en todos los procesos;
consecuentemente el recurso de apelación no tiene argumentación jurídica alguna.
5.7 Ahora bien respecto a que el apelante se encuentra privado de su libertad, de forma arbitraria,
ilegal e ilegítima, esta Sala Constitucional manifiesta lo siguiente:
En primer lugar hay que señalar que conforme consta en el fallo objeto de apelación el doctor José
Antonio Sánchez Gutiérrez, Fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada,
Transnacional e Internacional en la ciudad de Machala, dentro del expediente 07257202002897,
solicita en un primer momento a la señora Jueza de Garantías Penales de Santa Rosa, mediante Oficio
N. FPEOFEDOTI108932020003753O, de fecha 28 de Octubre del 2020 que en virtud de que se
tienen indicios suficientes, claros, concordantes y unívocos de la presunta existencia de una
organización delictiva, solicita órdenes de allanamiento, de descerrajamiento y registro de varios
inmuebles y se emitan las respectivas órdenes de detención con fines investigativos, de conformidad
con el arts. 530, 531, 532 del Código Orgánico Integral Penal, contra el señor Cárdenas Coronel
Gustavo Washington C.C. 0705210532; dicha petición es atendida por la mencionada Jueza Cecilia
Araujo Cruz, mediante providencia de fecha 28 de octubre de 2020, a las 19h36, amparada en lo
dispuesto en lo dispuesto en los artículos 530, 531 y 532 del COIP, dispone la respectiva orden de
detención N. 202003274347FI, con fines investigativos de “8). Cárdenas Coronel Gustavo
Washington C.C. 0705210532…”; una vez detenido en mencionado ciudadano el Agente Fiscal ha
solicitado día y hora para la formulación de cargos dentro de las 24 horas, por encontrarse el hoy
accionante detenido en el marco del art. 532 del COIP; por lo que la señora jueza, de forma correcta
atiende dicha solicitud ordenando la realización de la Audiencia de Formulación de cargos de
conformidad con los arts. 575 numeral 1 y 595 del COIP.
En segundo lugar hay que mencionar que en la audiencia de formulación de cargos la Fiscalía de
conformidad con los arts. 444.3, 527, 529, art. 591, 592.2 y art. 595 del COIP, por considerar que
existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un presunto delito, formula cargos
contra el señor Gustavo Washington Cárdenas Coronel, por el delito que se tipifica en el art. 369
inciso primero del COIP, solicitando medidas cautelares como la establecida en el art. 522 numeral 6
ibídem, que es la prisión preventiva en contra del hoy accionante; petición que ha sido acogida por la
referida jueza, misma que ha dispuesto la prisión preventiva del señor Gustavo Washington Cárdenas
Coronel mediante boleta de encarcelamiento No. 072572020000320.
5.7 La prisión preventiva viene contemplada por el artículo 77 de la Constitución y supone el ingreso
en prisión de la persona imputada o procesada durante la tramitación de un procedimiento penal para
garantizar la comparecencia de la misma al proceso y el cumplimiento de la pena, por su gravedad y,
de acuerdo con el principio de presunción de inocencia (art. 76 numeral 2 ibídem), esta medida sólo
podrá ser acordada por la autoridad judicial, bajo los criterios de excepcionalidad y proporcionalidad y
con una finalidad meramente cautelar, nunca como medida punitiva o como ejecución anticipada de la
pena.
El artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se encarga de señalar los requisitos que
permiten al juez a quo disponer tal medida, de tal suerte que la prisión preventiva sólo podrá ser
ordenada cuando se cumplan concurrentemente los requisitos establecidos por la ley y con las
garantías que la ley concede a toda persona detenida, de ahí que para que la privación cautelar de
libertad constituya un instrumento legítimo, deben respetarse sus presupuestos, atribución que le
corresponde privativamente al juez a quo, quien debe dar a conocer cuál es el sustento del juez para
determinar que en un caso concreto es necesaria la privación cautelar de libertad para un correcto
funcionamiento de la administración de justicia.
El artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé que: “Nadie podrá ser
arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. El párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta”. Así pues se considerará como arbitraria la medida de privación de la libertad
que, por una u otra razón, sea contraria a las disposiciones internacionales pertinentes establecidas en
la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes
ratificados por el Ecuador. A contrario sensu, no será arbitraria la privación de libertad cuando emana
de una decisión judicial motivada adoptada por un órgano judicial competente que se ajuste a la
legislación nacional y a las normas internacionales pertinentes enumeradas en la Declaración
Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes adoptados por los
Estados.
5.9 En virtud de lo expuesto tenemos que la prisión preventiva emitida contra el accionante señor
Gustavo Washington Cárdenas Coronel, no es arbitraria, ilegal o ilegitima, ya que en primer lugar la
autoridad judicial respectiva dictó la orden de detención con fines investigativos, debidamente
motivada, luego dentro de las 24 horas de la detención, se dio la Audiencia de Formulación de cargos
por parte del Fiscal por el delito de delincuencia organizada, tipificado en el art. 369 inciso primero
del COIP en la que se solicitó que se dicte la prisión preventiva, lo cual fue aceptado por la Jueza
Penal competente y se concretó dentro de la Audiencia de Formulación de cargos, mediante boleta de
encarcelamiento No. 072572020000320, en virtud de lo cual, la privación de libertad del
mencionado ciudadano no es arbitraria, ilegal ni ilegitima, por cuanto dicha medida se encuentra
plenamente justificada, puesto que existe el sustento legal y procesal pertinente, fue dictada por el
Juez competente por el delito tipificado y sancionado en el artículo 369 del COIP, inclusive cabe
señalar que la orden de prisión preventiva fue objeto de recurso de apelación y la Sala de lo Penal de
la Corte Provincial del Oro, ratificó su legalidad.
Es oportuno mencionar que la detención arbitraria se configura cuando se actúa contrario a la justicia,
la razón o las leyes, dictada por la voluntad o el capricho, es decir, cuando la privación de la libertad
no puede vincularse con una base jurídica, cuando los hechos que son motivo del enjuiciamiento o
condena tienen que ver con el ejercicio de determinadas libertades fundamentales protegidas por la
Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
o la inobservancia total o parcial de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio
imparcial; no advirtiéndose en el presente caso vulneración de ninguna de estas garantías, sino más
bien se observa la legalidad del procedimiento dentro del cual actuó la Jueza. En la especie, la orden
de prisión preventiva, de conformidad con el art. 534 del COIP, determinó que existían los elementos
de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción, que los
elementos de convicción son claros y precisos en cuanto a que el procesado es autor o cómplice de la
infracción, que de los indicios se desprende que las medidas cautelares no privativas de la libertad son
insuficientes y que, es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el
cumplimiento de la pena y que, se trata de una infracción sancionada con pena privativa de libertad
superior a un año.
5.9 El hábeas corpus al ser un mecanismo de protección a la libertad personal es un derecho que
otorga la facultad constitucional de reclamar ante los órganos jurisdiccionales, la libertad frente a
detenciones ilegales, arbitrarias o ilegítimas; sin embargo, para que ello suceda es necesario delimitar
los presupuestos legales bajo los que se privó a una persona de la libertad, con el fin de determinar la
procedencia o no de la acción de hábeas corpus, lo que precisamente ha sucedido en el presente caso,
por lo que es claro aseverar que no se trata de una prisión preventiva ilegal, arbitraria o ilegítima.
5.10 Con respecto al otro presupuesto por el que cabría el hábeas corpus, esto es, si es que la libertad
fuese necesaria a fin de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra privado de la misma,
no se ha demostrado en el proceso que estuviera en peligro la vida o integridad física del ciudadano
GUSTAVO WASHINGTON CÁRDENAS CORONEL. Es preciso aclarar que esta Sala considera
que la acción de hábeas corpus es una garantía de derechos fundamentales y no un recurso o medio
para tratar de revocar una medida legalmente ordenada.
5.11 Del análisis que antecede se determina con claridad absoluta que en el fallo de instancia fue
correctamente negada la acción constitucional de hábeas corpus, pues no se ha demostrado en el
proceso que la privación de libertad del señor GUSTAVO WASHINGTON CÁRDENAS CORONEL,
sea arbitraria, ilegal, e ilegítima, así como tampoco se ha demostrado que estuviera en peligro la vida
o integridad física del mencionado ciudadano, ni que se ha violentado derecho alguno.
6. DECISIÓN
En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad
de la Constitución y las leyes de la República:
6.1 NIEGA el recurso de apelación interpuesto por el señor Gustavo Washington Cárdenas Coronel,
en la acción constitucional de hábeas corpus.
6.2 CONFIRMA el fallo constitucional dictado el 31 de marzo de 2021, las 16h29, dictada por la Sala
de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Oro, dentro de la acción
constitucional de hábeas corpus No. 07113202100007.
6.3 De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 numeral 5 de la Constitución de la República, una
vez ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional para
el desarrollo de su jurisprudencia.
6.4 Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla en calidad de Secretaria encargada, mediante acción de
personal No. 352UATH2021OQ de fecha 5 de abril del 2021.
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL |
149604893-DFE
Juicio No. 01132202100015
JUEZ PONENTE: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito,
jueves 20 de mayo del 2021, las 15h59. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL
ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
PONENCIA: Dr. GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
ACCIONANTE: FRANCISCO DE JESÚS INGA INGA (Apelante)
ACCIONADOS: Dr. CARLOS ALBERTO JERVES PUENTE, Juez de la Unidad
Judicial de Violencia contra la Mujer y Familia de la provincia de del
Azuay.
ASUNTO
Resolución en sede de apelación de la acción constitucional de hábeas corpus interpuesta por
el señor Francisco de Jesús Inga Inga (en adelante legitimado activo o accionante), en contra
de la sentencia constitucional expedida el 29 de abril de 2021, a las 15h53, por la Sala
Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia Adolescentes Infractores de la Corte
Provincial de Justicia del Azuay (en adelante Tribunal constitucional de instancia), dentro de
la acción constitucional de habeas corpus No. 0132202100015.
1. ANTECEDENTE
Después de haberse dictado la sentencia en la Audiencia constitucional prevista en el Art. 43
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional el 28 de abril de
2021, a las 17h11, elevada a escrito el 29 de abril de 2021, a las 15h53, el abogado del actor a
nombre de su defendido apela oralmente de la decisión del Tribunal Constitucional de
instancia.
2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
convertida en Tribunal Constitucional, de conformidad con las sentencias Nos. 001010PJO
CC y 03109SEPCC emitidas por la Corte Constitucional e integrada por los doctores Gilda
Rosana Morales Ordóñez y José Dionicio Suing Nagua, en calidad de jueces nacionales y
Mediante Resolución Nro. 0032021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la
Judicatura dispuso dar cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo en la causa No. 1781120140463, ratificando la
continuación en el ejercicio de funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo
Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales, respectivamente; además, con Resolución Nro.
0082021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a la doctora
Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia,
mediante Resolución Nro. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo Contencioso
Tributario con los doctores Gilda Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante
oficio Nro. 6353GCNJ, la doctora Paulina Aguirre Suárez, Presidenta de la Corte Nacional
de Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala
Contencioso Tributaria, en reemplazo de la doctora Ana María Crespo Santos, ratificado
mediante oficio Nro. 92PCNJ2021, de 12 de febrero de 2021, dictado por el doctor Iván
Saquicela Rodas, Presidente de la Corte Nacional de Justicia y abalado con Acción de
Personal No. 166UATH2021NB de 19 de febrero de 2021.
Este Tribunal Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre la apelación
del hábeas corpus, en virtud de lo establecido en los arts. 184, número 1 de la Constitución de
la República, 185 apartado segundo del número 3 del Código Orgánico de la Función
Judicial; 169 número 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, y por la Resolución de 19 de marzo de 2009 de la Corte Nacional de Justicia,
publicada en el Registro Oficial No. 565 de 7 de abril del mismo año.
3. VALIDEZ PROCESAL
No se observa del proceso de apelación, ninguna circunstancia que pueda afectar la validez
procesal; por consiguiente, no existe nulidad alguna que declarar.
4. PLANTEAMIENTO JURÍDICO DE LA APELACIÓN
Escuchada la grabación de la audiencia constitucional de habeas corpus, aparece que, una vez
dictada la sentencia por el Tribunal de instancia, el doctor Santiago Caldas S., a nombre del
señor Francisco de Jesús Inga Inga, con fundamento en el Art. 24 de la Ley de Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, apela la decisión emitida en forma
verbal, y pese a que se le advierte que debe fundamentar su recurso una vez que se le haya
notificado la sentencia por escrito, el referido profesional, no lo ha hecho, como
consecuencia, se revisará el fallo en base a su texto y documentos anexos.
5. CONSIDERACIÓN Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE
INSTANCIA
La Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la
Corte Provincial de Justicia del Azuay actuando como Tribunal Constitucional, en lo
pertinente respecto de la acción de hábeas corpus propuesta por Francisco de Jesús Inga Inga,
en el considerando QUINTO, expone:
“Análisis de la Sala. 5.1. De la revisión del expediente que fue presentado al
Tribunal, tenemos lo siguiente: a) La supuesta comisión del delito ocurre el día 9 de
enero de 2021 a las 20h00; luego la Policía Nacional, dentro de sus funciones
acorde a la Ley, aprehende a la personas sospechosa, dentro de las 24 horas, el día
10 de enero de 2021 a las 11h30; b) El día 11 de enero de 2021 a las 8h55, ingresa el
parte policial a sede judicial; el Juez de la causa, a las 9h17, mediante providencia,
dispone lo siguiente: “(…) UNO. De conformidad con lo establecido en el art.
529 del Código Orgánico Integral Penal, para que tenga lugar la audiencia de
calificación de flagrancia correspondiente se cumplirá en la sala de audiencias del
punto de flagrancia de esta Unidad el día de hoy 11 de enero de 2021, a las 10h50.
DOS. Cuéntese con la Defensoría Pública del Azuay a fin de que se garantice el
derecho a la Defensa de los sujetos procesales. TRES. Notifíquese por cualquier
medio idóneo a las partes. (…)” ; lo que hizo el Juez, es poner en
conocimiento a los sujetos procesales, que la audiencia se llevará a cabo bajo lo
señalado en el art. 529 del COIP, anticipando la normativa a ser aplicada; c) La
audiencia de acuerdo al art. 529 del COIP, se realiza el mismo día 11 de enero de
2021, dentro de las 24 horas desde que tuvo lugar la aprehensión; es decir fue
presentado dentro del plazo razonable, que en el Ecuador es de 24 horas, pues fue
presentado bajo los supuestos de encontrase en flagrancia delictiva. 5.2. Sobre la
flagrancia delictiva. El art. 77.1 C.R.E. establece “(…) Luego el art. Art. 527 del
COIP, nos trae lo que conceptualmente debemos aplicar al estado de flagrancia: (…)
El Juez de la causa, equivoca al no calificar la flagrancia delictiva, a pesar de existir
cuasi flagrancia como lo conoce la doctrina; ya que existe una inmediatez personal
y temporal. Así tenemos que el delito de naturaleza sexual fue cometido el día 9 de
enero de 2021 a las 20h00, la víctima adolescente informa a su madre el día 10 de
enero de 2021 a las 11h00 (información del Policía Manuel Loarte Astudillo) es éste
momento que se devela la comisión del delito, la madre una vez descubierto el
delito, lo que hace es llamar al 911, acude la Policía Nacional obtiene información
de la madre, con la que inician la persecución, ubicando al infractor el 10 de enero
de 2021 a las 11h30, dentro de las 24 horas. Es de acotar además algo importante
que indicó y contó el ahora accionante, para desvirtuar inclusive los argumentos
presentados en el habeas corpus al decir que allanaron su domicilio sin ninguna
orden; pues el señor Inga Inga al momento de haberle concedido la palabra este
Tribunal para que exprese lo que desee al mismo por ser su derecho a ser oído,
indicó que el día de su detención estuvo en su casa en donde vivía con la madre de la
niña de la causa penal que tiene iniciada en su contra y ella le indicó que venía a ver
sus cosas porque ya no iba a vivir más con él y que en eso llegó la policía y le detuvo.
Es decir, no hubo un allanamiento simplemente hubo un seguimiento por los hechos
denunciados y dentro de las veinte y cuatro horas se procedió a la persecución
ininterrumpida dando como resultado la detención del accionante. En este sentido
yerra entonces el señor Juez al no haber calificado de flagrancia el hecho cuando
aquello existió, como lo ha indicado la Corte Nacional, en la resolución tantas veces
invocada (proceso No. 01283201903266), “(…) con desconocimiento del
ámbito conceptual de lo que constituye la flagrancia en la esfera normativa y
doctrinaria, yerra al concluir que no existe flagrancia; sin embargo, este yerro fue
subsanado, al dar paso a la titular del ejercicio público de la acción con la respectiva
imputación y petición de medidas cautelares; ergo, no se justifica por parte del
legitimado activo en esta garantía jurisdiccional, visos de ilegalidad, arbitrariedad o
ilegitimidad en la privación de libertad del hoy recurrente(…)” 5.3. Dentro
de la misma sentencia dictada por la Corte Nacional ya referida en líneas
precedentes y acorde a la normativa que aplica el señor Juez requerido se lleva la
audiencia de calificación de flagrancia en cumplimiento de lo previsto en el art.
529 del COIP, que establece los siguientes presupuestos legales: “ (…) (…), se
aprecia que el señor Sr. Francisco de Jesús Inga Inga, sin coacción ni presión, ni
obligado por el juez a quedarse en la audiencia, podía entonces pedir lo que
corresponda, porque además estos hechos fueron así afianzados por el señor Juez
Carlos Jerves cuando se le pregunto sobre ello, y no hubo ninguna oposición o
argumento contrario de parte del accionante ni de su abogado defensor. Entonces si
dentro de la dinámica judicial la defensa técnica nada alega pues la fiscalía dentro
de sus potestades y como dueño de la acción penal formula cargos en contra del
señor Inga y pide la medida cautelar de la prisión preventiva, que además aquello no
es materia del habeas corpus. En ese segundo momento de la audiencia ya en la
parte que le corresponde a fiscalía la potestad de formular o no cargos contra el
señor Inga escucha con su defensa técnica, la decisión de iniciar la correspondiente
Instrucción Fiscal en su contra y la solicitud de medidas cautelares y de protección,
es decir, que lo que hizo la Fiscalía es cumplir con una de sus obligaciones
constitucionales contenidas en el art. 195 C.R.E., “ejercer la acción penal pública”;
la instrucción fiscal fue notificada a la persona procesada, discutiéndose luego la
prisión preventiva, que finalmente es dictada por el Juez por haberse cumplido los
elementos del art. 534 del COIP. Es decir, cómo lo ha señalado la sentencia de la
Corte Nacional ya referida respecto a hechos similares en la apelación de un habeas
corpus, señala que con la actuación de fiscalía se convalidó el yerro del señor Juez,
entonces nosotros como jueces de Corte Provincial, en lo que respecta a la ratio
decidendi, nos vincula como Tribunales inferiores, a aplicarlo en casos análogos,
como ocurre con en la presente causa, más aún que en aquel caso, la doctora
María Augusta Merchán formó parte de aquella acción de habeas corpus que dio
paso a la decisión de la Corte Nacional, que es el sustento de la decisión en esta
causa. Hay un dato importante, la defensa particular de la persona privada de la
libertad, fue quien debió advertir que al no ser calificada la flagrancia, podía
retirarse con su defendido, pero eligen, escuchar los cargos y la petición de medidas
cautelares, presentando su oposición, esa actividad del sujeto procesal, esta
precisada en el principio dispositivo. (…). La Corte Nacional de Justicia en el
proceso No. 01283201903266, ha referido respecto al art. 529 del COIP lo
siguiente: “Además aquí opera el principio de concentración, púes se discutió dos
hechos en una audiencia, el primero la flagrancia que ya lo resolvió el juez y como
segundo punto de discusión la imposición de una medida esto es si la prisión
preventiva reunía los elementos que no violan los derechos, todo ello en base a la
CONCENTRACION Y CONTINUIDAD (…)” 5.4. ¿Cuándo la detención es
legal, arbitraria o ilegitima?. El art. 89 C.R.E. y art. 43.1 de la LOGJCC, señala
como parte del objeto del habeas corpus, que la persona no sea privada de su
libertad de “forma ilegal, arbitraria o ilegítima”. Luego el artículo 45 de la LOGJCC
establece las reglas de aplicación del hábeas corpus, las mismas que son específicas
para este tipo de garantía jurisdiccional, entre ellas los casos en los que se presume
la “privación ilegítima o arbitraria” establecida en el artículo 89 inciso tercero de la
Constitución, estos son: cuando la persona no fuere presentada a la audiencia;
cuando no se exhiba la orden de privación de libertad o no cumpla los requisitos
legales o constitucionales; y, cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento
en la privación de libertad. (…) En la presente causa, no existe, detención ilegal, lo
que hizo el juez es aplicar los presupuestos legales del art. 529 del COIP; tampoco es
arbitraria, ya que el juez dictó la prisión preventiva por su propia voluntad, verificó
el cumplimiento de los presupuestos legales del art. 534 del COIP; por último no es
ilegítima, ya que la orden de prisión preventiva, proviene de autoridad jurisdiccional
competente para dictar la prisión preventiva. En consecuencia recapitulando los
hechos frente a los derechos que se debe vigilar en la presente causa no existe una
detención ilegal porque por el hecho de la denuncia la policía dentro de sus
facultades y su finalidad aprenden al señor Inga, no hay arbitrariedad porque no es
capricho de autoridad alguna proceder con una detención cuando el hecho existió y
cuando fiscalía formuló cargos, bajo el estricto cumplimiento de la normativa
prevista en el Art. 529 del COIP, como bien lo cumple el señor Juez de nivel, y por
tanto no hay ilegitimidad porque la orden que le mantiene privado de la libertad al
señor Inga es por haber dado paso al pedido de fiscalía de aquella medida cautelar
de orden personal y que se encuentra sustentado por un juez competente y bajo la
vigilancia de normas propias previstas para dictar aquella medida. (…).” Por cuyas
consideraciones, niega y declara sin lugar la acción de habeas corpus propuesta por el
señor Francisco de Jesús Inga Inga.
6. CONSIDERACIÓN Y FUNDAMENTOS DE ESTE TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL DE ALZADA
6.1 Según acta de sorteo del lunes 17 de mayo de 2021, a las 15h32, constante a fs. 1 del
cuadernillo de apelación le correspondió el conocimiento de esta causa, a la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia convertida en
Sala Constitucional, conforme a lo previsto en el art. 89 de la Constitución de la República
del Ecuador, en concordancia con el art. 44 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, integrada por los doctores Gilda Rosana Morales
Ordóñez, José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela (ponente) por haberse interpuesto el
recurso de apelación durante la audiencia oral a través de su abogado defensor, en contra de la
sentencia constitucional referida en el considerando anterior.
6.2 El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia (art. 1 de la Constitución),
la propia institucionalidad del Estado está concebida para la protección y garantía de los
derechos humanos de todas las personas, referentes al respeto a la vida, a la libertad, al
trabajo, a la salud y otros que deben ser su objetivo primigenio, donde la aplicación e
interpretación de la ley y demás normas infra constitucionales únicamente sea posible en la
medida que se ajusten y no contradigan la Constitución de la República ni la Carta
Internacional de los Derechos Humanos debidamente aprobada por el Estado ecuatoriano. En
este contexto, el Estado es el llamado a cumplir dos objetivos primordiales: i) Salvaguardar y
defender el principio de la supremacía constitucional; y, ii) Proteger los derechos, garantías y
libertades públicas, protección que se hace efectiva, a través de las garantías jurisdiccionales
constitucionales, que llegan a ser un conjunto coherente de mecanismos de defensa de estos
derechos. En el Estado Constitucional los derechos, específicamente el de la libertad personal,
se identifican por presentar una auténtica fuerza o resistencia jurídica frente a la acción de los
poderes públicos.
6.3 En la normativa constitucional ecuatoriana, el hábeas corpus se encuentra contemplado
dentro de las garantías jurisdiccionales, específicamente en el artículo 89 de la Constitución
de la República, Título III, Capítulo III, Sección Tercera; y desarrollado en normativa de
menor jerarquía en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
Título II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, de los
artículos 43 al 46.
Esta garantía constitucional del hábeas corpus, procede únicamente en dos supuestos: i) Si la
privación de libertad fuese ilegal, arbitraria o ilegítima; o, ii) Si es que la libertad fuese
necesaria a fin de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra privado de la
misma. Esta privación de libertad puede ser ilegal, cuando es ordenada o ejecutada en
contravención a los mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento
jurídico; arbitraria, cuando es ordenada o mantenida sin otro fundamento que la propia
voluntad o capricho de quien la ordena o ejecuta; o ilegítima, cuando es ordenada o ejecutada
por quien no tiene potestad o competencia para ello. Por lo tanto, la acción de hábeas corpus
no sólo protege aspectos relacionados con la privación ilegal, arbitraria o ilegítima de la
libertad de una persona, sino que también su ámbito de protección se hace extensivo a
aspectos relacionados con los derechos a la vida y a la integridad física de las personas;
evidenciándose de esta manera la existencia de tres derechos que protege la garantía en
cuestión: la libertad personal, el respeto a la vida del detenido y su integridad física1.
6.4 Debe entenderse entonces que, la acción de habeas corpus, tan antigua como la
civilización occidental, pretende garantizar el derecho de libertad, después de la vida el más
preciado del ser humano, como soporte esencial y razón de ser de toda actividad, por medio
de la cual se produce su evolución, desarrollo integral y afianzamiento personal, cuya
incidencia redunda en el fortalecimiento de todo sistema democrático y de justicia social. Este
derecho se encuentra regulado tanto en la Constitución de la República cuanto en
Instrumentos Internacionales, conforme citamos a continuación:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
“Art. 77. En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una
persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la
libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia
del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una
1 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 017-18-SEP-CC, caso No. 0513-16-EP.
justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la
pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el
tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos
flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula
de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se
aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos
establecidos en la ley”.
6.5 Por su parte, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo
1 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos amparan, entre otros, el derecho a
la libertad. Resulta trascendente de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos que en su artículo 9 a la letra dice:
“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de
su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta”.
De igual forma, la Convención Interamericana de Derechos Humanos que en el artículo 7
numerales 1, 2 y 3 dispone:
“Derecho a la Libertad Personal, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a
la seguridad personales, 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo
por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones
Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, 3. Nadie
puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.
De las normas transcritas se colige que, el derecho constitucional a la libertad es un derecho
ciudadano, universal y personal, derecho que debe ser ejercido de manera exclusiva por quien
se encuentre privado del mismo, a través de la acción de hábeas corpus, tal como lo
establecen los artículos 89 de la Constitución de la República, y 43 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Con base a estos mismos conceptos
básicos, nuestra Corte Constitucional, nos enseña:
“(…) es una garantía constitucional, que se traduce procesalmente en una acción
tutelar de la libertad personal, física corporal o de locomoción (…) el hábeas
corpus es un tipo de amparo pero solo de la libertad ambulatoria o física de la
persona”.
6.6 Es preciso insistir en que, conforme consta del texto constitucional (art. 89), en el caso de
las personas que se encuentran privadas de la libertad, esta garantía protege también el
derecho a la vida e integridad física y como inherente a estos últimos, el derecho a la salud,
tal como lo ha expresado la Corte Constitucional Ecuatoriana, al resolver que:
“(…) la acción de hábeas corpus no sólo protege aspectos relacionados con la
privación ilegal o ilegítima de la libertad de una persona, sino también con la
vigencia de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, su ámbito de
protección se hace extenso a aspectos relacionados con los derechos a la vida y la
integridad física de las personas (…)”2.
En este mismo sentido, ha definido a la integridad personal de los privados de la libertad en
los siguientes términos:
“(…) el derecho que permite a la población ser protegida contra cualquier tipo de
amenaza que ponga en riesgo su cuerpo o la salud del mismo; y es deber del
Estado, proteger al individuo y preservar razonablemente y en condiciones
óptimas posibles su integridad y su salud. En el caso concreto, el hábeas corpus
protege este derecho, a favor de las personas privadas de la libertad”.
Así como ha expuesto que:
“(…) el derecho de las personas privadas de la libertad a acceder a servicios de
salud que incluyen entre otros, atención médica, tratamientos y medicamentos
apropiados y de calidad, debe ser garantizado (i) directamente a través de los
centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a
nivel nacional sin exclusión alguna en razón de su tipología; (ii) a través de
políticas y programas con el apoyo del sistema de salud pública que permita
acceder a dichos tratamientos fuera del centro de privación de libertad, cuando
por el tipo de afectación a la salud la persona privada de la libertad requiera de
un tratamiento especializado, permanente y continuo; y, (iii) excepcionalmente a
través de la disposición de medidas alternativas a la privación de la libertad. En
2 Sentencia No. 017-18-SEP-CC, caso No. 0513-16-EP.
este contexto resolvió que, la acción de habeas corpus puede ser activada para
corregir situaciones lesivas al derecho a la salud de la persona privada de la
libertad y disponer la atención médica inmediata.”3.
Como consecuencia de esta lectura se colige que, además de la libertad como esencia del ser
humano, por lo que es de ultima ratio el disponer las medidas de privación de la libertad, el
Estado tiene la obligación de desplegar los medios necesarios en los centros de privación de
libertad que integran el sistema de rehabilitación social, para proteger la salud de los internos.
6.7 Es necesario señalar, que según lo previsto en el artículo 35 de la Constitución de la
República, las personas privadas de libertad, así como las personas que adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, son parte del grupo de atención prioritaria y
especializada por parte del Estado.
6.8 En el caso concreto, este Tribunal Constitucional advierte que, el legitimado activo en el
escrito que contiene la acción de habeas corpus expone: “… Fui detenido el día 10 de enero
del 2021, a las 11h30 por una denuncia de mi conviviente Natividad Bermeo Bueno, por un
supuesto delito de abuso sexual. En efecto para ser detenido, mi domicilio fue allanado por
los agentes de policía, quienes sin poseer boleta de captura en mi contra, ni en tratándose de
un delito flagrante, procedieron a llevarme detenido y al día siguiente fui a audiencia de
calificación de flagrancia, ante el señor Juez de Flagrancias de la Unidad Judicial de
Violencia Intrafamiliar, quien no calificó la flagrancia de mi detención. Sin embargo no
dispuso mi libertad e inmediatamente y estando detenido ilegalmente dio paso a la audiencia
de formulación de cargos en mi contra y así en estado de indefensión que me encontraba,
dictó como medida cautelar la orden de prisión preventiva en mi contra. Por cuanto soy
víctima de una detención ilegal comparezco ante Uds. presento acción de Habeas Corpus, en
contra de la orden ilegal de prisión preventiva que pesa en mi contra y que fue emitida por el
Sr. Juez de Violencia contra la mujer y la familia Dr. Carlos Alberto Jerves Puente. A fin de
que Uds. Disponga mi inmediata libertad de acuerdo a lo que dispone el Art. 89 de Nuestra
Constitución. Todo dentro del expediente número 01571202100079. (…)”
El ciudadano Francisco de Jesús Inga Inga como se desprende de su propio escrito, no
denuncia ninguna violación inherente al segundo precepto jurídico protegido por la acción
constitucional de hábeas corpus, esto es, que su detención pueda ocasionar riesgo de su vida o
3 Sentencia No. 209-15-JH-19, CASO No. 209-15-JH y 359-18-JH (acumulado)
su salud por sufrir alguna enfermedad catastrófica o corra peligro su vida o su integridad
física; por tanto este Tribunal se concentrará a revisar el cumplimiento del primer precepto
protegido por la institución de habeas corpus, es decir si su detención ha sido ilegal, arbitraria
o ilegítima, punto sobre el que se pronunció el Tribunal constitucional de instancia.
6.9 En base en lo expuesto, este Tribunal Constitucional de alzada procede a verificar el
cumplimiento de los elementos contenidos en el art. 45 numeral 2 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, si la orden de prisión preventiva
formulada en contra del legitimado activo o apelante ha sido emitida de forma ilegal,
ilegítima o arbitraria. Existe ilegalidad cuando la misma es contraria o prohibida por la Ley;
existe ilegitimidad cuando no es conforme con la Ley, con la ética y la jurisprudencia; y
existe arbitrariedad: “a) cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que
justifique la privación de la libertad, como el mantenimiento de una persona en detención
tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable (categoría
I); b) cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades
proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración de Derechos
Humanos y además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26
y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II); c) cuando la
inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio
imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los
instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una
gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III)”,
criterio esgrimido por el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, creado por el Alto
Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, sobre las
categorías de detenciones arbitrarias. Bajo estos parámetros es necesario revisar si en el caso
del señor Francisco de Jesús Inga, se ha incumplido cualquiera de las tres causas que
contempla el artículo en mención, en cuyo caso se dispondría su liberación inmediata:
6.9.1. Si es ilegal, cuando la orden de privación de libertad sea contraria a la ley. En
primer término y para verificar la legalidad de una detención, es deber del juzgador y agentes
policiales que cumplen la orden, identificar plenamente al presunto autor o partícipe de un
delito, precisando su nombre completo, si es posible su número de cédula para
individualizarla como única y distinta de otra en función de sus características particulares.
En este sentido, se tiene que la orden de prisión preventiva en contra del accionante (C.C. #
0103018891), fue emitida por el Dr. Carlos Alberto Jerves Puente, Juez de la Unidad de
Violencia contra la Mujer y la Familia de la ciudad de Cuenca, por la presunción del
cometimiento del delito de abuso sexual tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y a
pedido del Fiscal, prisión preventiva que no fue apelada. Luego del recuento de los hechos, la
Sala Constitucional de instancia concluye que, si bien el juez se equivocó al desechar la
flagrancia delictiva, pues en el caso existe la figura de la “cuasi flagrancia” como lo conoce la
doctrina (se remite a un fallo emitido por la Corte Nacional de Justicia en el caso 01283
201903266), dicho yerro fue subsanado al dar paso a la petición del titular del ejercicio de la
acción penal, en la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo en ese mismo acto,
bajo el principio de concentración y continuidad en que se discutió dos hechos: el de
flagrancia y el de la imposición de una medida cautelar en contra de Francisco Jesús Inga
Inga, por haberse cumplido los presupuestos señalados en el Art. 534 del Código Orgánico
Integral Penal. En definitiva, la prisión preventiva ordenada por el Juez de la Unidad de
Violencia contra la Mujer y la Familia reúne los presupuestos constitucionales y legales
preceptuados en el Art. 77 de la Constitución de la República y la normativa legal que rige la
materia, pues ha sido emitido por orden de autoridad competente, en ejercicio de sus
facultades jurisdiccionales. Criterio que comparte esta Sala de apelación y por tanto no
admite que la detención del legitimado activo, haya sido ilegal.
6.9.2. Si ha sido ilegítima la orden de privación de libertad. Encuadra en la causal
esgrimida por el señor Francisco de Jesús Inga Inga, quien argumenta que la detención
realizada en su contra, fue sin ninguna orden de allanamiento, tema que fue expresamente
considerado por el Tribunal Constitucional de instancia en el ítem 5.2 de su sentencia (fs. 27
vlta.) y motivado con detalle, pues al concederle la palabra al accionante éste admite que
libremente le dio acceso a su conviviente para que ingrese a su domicilio para que retire sus
bienes, hecho que se encuadra en la persecución ininterrumpida dentro de las veinte y cuatro
horas (Art. 527 del COPCI). Por lo expuesto y las demás razones que motivaron la decisión
del Tribunal apelada, se concluye que no es ilegítima la orden de detención del señor
Francisco Inga Inga, pues tiene el debido fundamento constitucional (Art. 77) y en los
artículos 534 y 536 del mismo COIP. Además al no haberse esgrimido nuevos argumentos en
la apelación que permitan invalidar la decisión adoptada por ilegítima, se confirma la
negativa de la acción de habeas corpus hecha por el Tribunal Constitucional de instancia.
6.9.3. Si la orden de detención resulta arbitraria. La arbitrariedad nace del mero capricho o
voluntad de quien efectúa la privación de la libertad de una persona o de quien la ordena y
resulta a todas luces contrario a la justicia; en el presente caso se establece la razón y
antecedentes (denuncia de una madre) por lo que la autoridad judicial competente ordena la
prisión preventiva, pues se presume el cometimiento del delito de abuso sexual a una menor
de edad, tipificado y sancionado por el Código Orgánico Integral Penal y, susceptible de la
cuestionada prisión preventiva. En consecuencia, no es una decisión ilegal, ilegítima ni
arbitraria, puesto que se han observado todas y cada una de las solemnidades necesarias para
ordenar la referida medida cautelar dentro de un proceso judicial penal que se sustancia ante
el Juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de la ciudad de Cuenca y no se
ha enmarcado en los casos contemplados en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, como acertadamente lo ha resuelto la Sala
Provincial de Justicia del Azuay.
6.6. Sin embargo de lo expuesto, esta Sala Constitucional quiere dejar expresa constancia de
las siguientes consideraciones: i) Que de existir violaciones en el procedimiento penal, no
corresponde a la justicia constitucional remediarlos, pues tal tarea le corresponde a la justicia
ordinaria a través de los mecanismos y recursos que están previstos en la ley, por eso se
concluye que este caso no está acorde a los parámetros establecidos ni guarda relación con las
condiciones y requisitos del artículo 89 de la Constitución de la República para conceder el
habeas corpus que reclama. ii) Que esta acción constitucional es una garantía de derechos
fundamentales y no un recurso o medio para tratar de revocar una medida legalmente
ordenada.
7. DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, actuando como jueces constitucionales, Administrando justicia, en
nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes
de la República, resuelve:
8. SENTENCIA
8.1 NEGAR el recurso de apelación dentro de la acción constitucional de hábeas corpus No.
01132202100015, presentado por el Dr. Santiago Caldas S., a favor del señor Francisco de
Jesús Inga Inga.
8.2 CONFIRMAR el fallo constitucional dictado el 29 de abril de 2021, a las 15h53, por la
Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia Adolescentes Infractores de la Corte
8.3 Por Secretaría, mediante una razón, se dejará constancia de los documentos que
conforman el expediente que ha sido puesto en conocimiento de esta Sala Especializada.
8.4 De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 numeral 5 de la Constitución de la
República, una vez ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la
Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia.
8.5 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
8.6 Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla, como Secretaria Relatora encargada de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL |
145539977-DFE
Juicio No. 09113202100018
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 25 de marzo del 2021,
las 12h03. VISTOS: Se procede con la resolución en sede de apelación de la acción constitucional de
hábeas corpus interpuesta por el accionante Jairo Adolfo Intriago Yanzaguano (en adelante legitimado
activo o accionante), en contra de la sentencia de mayoría de 10 de marzo del 2021, las 08h46 dictada
por los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas (en adelante Jueces constitucionales de instancia), dentro de la acción jurisdiccional No.
09113202100018.
PRIMERO: Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
actuando como Jueces Constitucionales (en cuanto los administradores de justicia al conocer de
garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la
denominación de jueces y juezas constitucionales Sala o Tribunal Constitucional de conformidad con
las Sentencias No. 00110PJOCC; No. 03109SEPCC, emitidas por la Corte Constitucional de
Ecuador), en mérito a lo dispuesto por los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República
del Ecuador; artículo 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y,
artículos 169 numeral 2 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, es competente para conocer la presente acción constitucional de hábeas corpus, en
razón de la Resolución No. 0032021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura
dispuso dar cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 1781120140463, ratificando la continuación en el ejercicio de
funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente; con Resolución No. 0082021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la
Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo
Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante
Oficio No. 92PCNJ2021 de 12 de febrero del 2021 el Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María
Crespo, avalado con la acción de personal No. 166UATH2021HB de 19 de febrero del 2021
suscrito por la Dra. Martha Villarroel, Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte
Nacional de Justicia.
De conformidad con el acta de sorteo de 18 de marzo del 2021, las 15h04, constante a foja uno del
cuadernillo de apelación, realizado en la Secretaria General, Documentación y Archivo, Unidad de
Gestión Documental, Sorteos y Archivo de la Corte Nacional de Justicia, le corresponde conocer el
presente recurso de apelación de la acción de hábeas corpus a esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actuando como Jueces Constitucionales,
integrada por los doctores Gustavo Adolfo Durango Vela, Gilda Rosana Morales Ordóñez y José
Dionicio Suing Nagua en calidad de Ponente.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. En sentencia de mayoría de 10 de marzo del 2021, las
08h46 emitida por los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial
de Justicia del Guayas, resolvieron negar la acción de hábeas corpus presentada por el ciudadano Jairo
Intriago Yanzaguano.
TERCERO: DEL RECURSO DE APELACIÓN. El abogado Vladimir Intriago Intriago en calidad
de defensor técnico del accionante de forma oral y al finalizar la audiencia interpuso recurso de
apelación, según consta en el audio de fojas 227 y en la razón de fojas 228 sin que medie
fundamentación del recurso de apelación, razón por la que se detallarán los argumentos expuestos en
el libelo de la garantía jurisdiccional de hábeas corpus, la que se presentó en los siguientes términos:
“(…) El compareciente fue procesado dentro de la causa penal No. 09292202100306 por presunto
delito de DELINCUENCIA ORGANIZADA, ilícito tipificado en el artículo 369 primer inciso del
COIP, debiendo indicar que este proceso se inició el 10 de febrero del 2021, en contra de los
procesados (…) y el compareciente INTRIAGO YAZAGUANO JAIRO ADOLFO. (…) La
investigación previa se inició el 29 de julio del 2020, las 12h13, por presunto injusto penal (SIC) de
delincuencia organizada , sin indicarse en las mismas quienes eran los sospechosos, violentando lo
dispuesto en el art. 282 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, así también los arts.
508 y 580 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con la Constitución art. 76
numerales 1 y 7 literales a), b) y c), garantías a la que nunca tuve, por cuanto NUNCA supe de los
presuntos hechos investigados, violentando de manera clara lo que señala la CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en sentencia dentro del caso TIBI vs ECUADOR
(…) b) Consta a fojas 6 vta y 9 disposición Fiscal y oficio cuya parte pertinente dice: “(…) que por
medio de la Fiscalía General del Estado se canalice con la autoridad competente para la
autorización legal, a fin de realizar vigilancias, seguimientos, filmaciones, grabaciones, tomas
fotográficas, utilización de herramientas tecnológicas con el principio de la reserva” sin embargo a
fojas 18 y vta la Jueza de la Unidad Judicial Penal con competencia en delitos flagrantes con sede en
la parroquia Febres Cordero del cantón Guayaquil , Herlinda Urquiza Izquierdo con fecha 30 de
julio del 2020, sin motivación legal, sin siquiera mencionar el Art. 476 del COIP , otorga las
vigilancias y seguimientos, mismos que tienen una duración de noventa días, con una posibilidad de
una prórroga de noventa días más, cabe indicar que la mencionada prorroga nunca fue solicitada
por el Fiscal actuante violentando de manera clara lo que ordena la antes invocada norma legal, ya
que el Fiscal actuante hasta ese momento solo pidió en una sola ocasión la autorización para los
seguimientos. c)Obra resolución fiscal del 28 de octubre de 2020, en el que solicita autorización
judicial para realizar la fijación y extracción de la información localizada de varias cuentas de
WhatsApp de 9 números telefónicos donde no consta el número del compareciente; d) A fs. 6769,
notifica del incidente No. 202120708135531617 del 27 de noviembre de 2020, en el que se pide el
traslado de varios indicios correspondientes a terminales móviles y tarjetas sim (Chip), que
corresponden a varias partes de aprehensión y con las respectivas evidencias, donde no constan los
nombres del compareciente;(…) f) De fs. 114121, el parte policial o noticia del incidente No.
2020112710155731100 del 27 de noviembre de 2020, detallándose la aprehensión de 7 personas,
procesadas en otra causa y trasladadas al centro penitenciario de Guayaquil; g) De fs. 195313,
informe preliminar, del 25 de enero de 2021 y recibido en Fiscalía el 29 de enero de 2021, esto es, 6
meses después de haberse iniciado la investigación previa, la Policía pide órdenes de allanamiento y
detención de fs. 256 y 273, que supuestamente involucra al accionante con un supuesto hecho
suscitado el 27 de noviembre de 2020, donde piden su detención únicamente por una llamada
indirecta, llamada que el Sr. Marlon Zambrano Macías hace a otra persona y esa otra persona lo
llama a su vez a su número de teléfono, sin embargo, dictan dicha medida cautelar de detención con
fines investigativos en su contra; h) A fs. 314316, relación de llamadas en el que aparece por una
llamada indirecta; i) A fs. 427436, consta resolución fiscal del 01 de febrero de 2021, las
13h47m36s, en donde se solicita la detención con fines investigativos contra el suscrito sin que la
misma se encuentre debidamente motivada; j) A fs. 482, la boleta de detención con fines
investigativos, otorgada por el juez Dávila, el cual también violenta el Art. 76.3 CRE y el Art. 594
COIP, por no tratarse de un delito flagrante para convocar dentro de las 24 horas, pues el único fin
de la medida cautelar de detención con fines investigativos fue receptar la versión de los
sospechosos, debiendo las medidas cautelares ser discutidas en audiencia de acuerdo al Art. 520
COIP. Señala además que no se cumplen los requisitos del Art. 534 COIP; por lo que los partes
policiales no constituyen ningún elemento de convicción para solicitar o conceder la prisión
preventiva, pues el parte policial es meramente referencial; k)Que por lo anterior, pide que se
declare con lugar su demanda de habeas corpus y se deje sin efecto la prisión preventiva y ordene la
inmediata libertad del ciudadano Jairo Adolfo Intriago Yangazuano, y en su lugar, se ordene otras
medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.(…)” De la transcripción de los argumentos del
legitimado activo se establece que la garantía jurisdiccional de hábeas corpus se centra en cuestionar si
la orden de privación de la libertad incumple con los requisitos de la motivación, toda vez que no se
trataba de un delito flagrante, puesto que al disponer la medida cautelar de prisión preventiva del
accionante se obvió considerar que la detención tenia únicamente fines investigativos.
CUARTO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal por lo que se lo declara válido.
QUINTO: NORMAS QUE RIGEN EL RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación de
la sentencia del 10 de marzo del 2021, las 08h46, emitida por los jueces de la Sala Especializada de lo
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, fue calificado al amparo del artículo
44.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que prevé que la
apelación puede ser formulada por las partes procesales, razón por la que procede resolver el presente
recurso de apelación.
SEXTO: NORMATIVA EN QUE SE FUNDAMENTA LA GARANTIA JURISDICCIONAL DE
HÁBEAS CORPUS. a) Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8: Garantías
Judiciales. “(…) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) b) comunicación previa y
detallada al inculpado de la acusación formulada; (…)” b) Constitución de la República del
Ecuador: Art. 76: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…)
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no
esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará
una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez
o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. (…)7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los
medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en
igualdad de condiciones. (…)” c) Código Orgánico de la Función Judicial: Art. 282: A la Fiscalía
General del Estado le corresponde: (…) 3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados
o procesados en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción
pública, que deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las diligencias
probatorias y aportar pruebas de descargo. Cualquier actuación que viole esta disposición, carecerá
de eficacia probatoria. d) Código Orgánico Integral Penal: Art. 508: Versión de la persona
investigada o procesada. “La persona investigada o procesada deberá rendir su versión de los
hechos, previa comunicación de su derecho a guardar silencio, de conformidad con las siguientes
reglas: 1. En ningún caso se le obligará, mediante coacción o amenaza física, moral o de cualquier
otra índole, a que declare sobre asuntos que puedan ocasionarle responsabilidad penal o inducirla a
rendir versión contra su voluntad ni se le hacen ofertas o promesas para obtener su confesión. 2. La
persona investigada o procesada tendrá derecho a contar con una o un defensor público o privado y
a ser asesorada antes y durante su versión. 3. La o el fiscal podrá disponer que la versión se amplíe,
siempre que lo considere necesario.” Art. 520 “Reglas generales de las medidas cautelares y de
protección. La o el juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de protección de acuerdo con las
siguientes reglas: 1. Las medidas cautelares y de protección podrán ordenarse en delitos. En caso de
contravenciones se aplicarán únicamente medidas de protección. 2. En delitos, la o el juzgador
dispondrá únicamente a solicitud fundamentada de la o el fiscal, una o varias medidas cautelares. En
contravenciones, las medidas de protección podrá disponerlas de oficio o a petición de parte. 3. La o
el o el juzgador resolverá de manera motivada, en audiencia oral, pública y contradictoria. De ser el
caso, se considerará las solicitudes de sustitución, suspensión y revocatoria de la medida, u
ofrecimiento de caución que se formule al respecto.” Art. 534: “Finalidad de la prisión preventiva.
Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena,
la o el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador, de manera debidamente fundamentada, que ordene la
prisión preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Elementos de convicción
suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. 2. Elementos de
convicción claros, precisos y justificados de que la o el procesado es autor o cómplice de la
infracción. En todo caso la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón
suficiente para ordenar la prisión preventiva. 3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas
cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para
asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Para este efecto, la o el
fiscal demostrará que las medidas cautelares personales diferentes a la prisión preventiva no son
suficientes. En el caso de ordenar la prisión preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su
decisión y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes.” Art.
580: Finalidades. “En la fase de investigación previa se reunirán los elementos de convicción, de
cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo,
posibilitará al investigado preparar su defensa. Las diligencias investigativas practicadas por la o el
fiscal, con la cooperación del personal del Sistema especializado integral de investigación, de
medicina legal y ciencias forenses o del personal competente en materia de tránsito, tendrá por
finalidad determinar si la conducta investigada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la
perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, la existencia del daño causado, o a su
vez, desestimar estos aspectos.” Art. 594: Reglas. La etapa de instrucción se sustanciará conforme
con las siguientes reglas: 1. Cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes, solicitará a la
o al juzgador, convoque a la audiencia de formulación de cargos. 2. La o el juzgador, dentro de
veinticuatro horas, señalará día y hora para la audiencia, que deberá realizarse dentro de los cinco
días posteriores a la solicitud, salvo los casos de flagrancia y notificará a los sujetos procesales. 3.
La o el fiscal deberá agotar todos los medios necesarios que permitan identificar el domicilio del
investigado. 4. La o el fiscal, en audiencia, formulará cargos cuando existan elementos sobre la
existencia de la infracción y la participación de la persona en el hecho investigado. 5. A la audiencia
de formulación de cargos deberá comparecer la o el fiscal, la persona procesada o su defensora o
defensor público o privado. 6. En esta audiencia, si la persona procesada considera pertinente podrá
solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera de los derechos y garantías
en la forma y términos previstos en la Constitución y en este Código. 7. Los sujetos procesales
quedarán notificados en la misma audiencia con el inicio de la instrucción y las decisiones que en
ella se tomen. El contenido íntegro de la audiencia quedará registrado en el expediente y por
cualquier medio tecnológico. De la transcripción de las normas que sirven de sustento para la garantía
jurisdiccional de hábeas corpus se advierte su contenido y alcance.
SÉPTIMO: CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE ALZADA. 7.1.
El presente recurso de apelación se originó en una acción de hábeas corpus presentada por Jairo
Adolfo Intriago Yanzaguano, quien por intermedio de su defensa técnica en la audiencia de
sustanciación de la garantía jurisdiccional manifiesta que el accionante está detenido en forma ilegal,
por cuanto la orden de detención con fines de investigación y posteriormente, la medida cautelar de
prisión preventiva ordenada por el juez penal accionado en la presente causa, no fue motivada, ni
cumple los requisitos previstos en los arts. 534 y 540 del Código Orgánico Integral Penal para que
proceda, razón por la cual el accionante considera que se encuentra privado de su libertad de manera
ilegal desde el 9 de febrero de 2021, dejando advertida además que se le ha seguido una indagación
previa sin que anticipadamente se le haya comunicado para ejercer su derecho a la defensa y al debido
proceso; no habiéndose justificado que la medida adoptada por el juez penal accionado sea legal y
motivada.
7.2. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, que respeta los derechos
constitucionales de toda persona, así pues la institucionalidad del Estado está concebida para el
respeto, protección y garantía de los derechos humanos como la libertad, los mismos que deben ser el
objetivo primigenio, donde la misma aplicación e interpretación de la ley únicamente sea posible en la
medida que la normativa se ajuste y no contradiga la Constitución y la Convención Americana de los
Derechos Humanos; en este contexto, el Estado está llamado a cumplir dos objetivos primordiales: i)
Salvaguardar y defender el principio de la supremacía constitucional; y, ii) Proteger los derechos,
garantías y libertades públicas; protección por medio de las garantías jurisdiccionales constitucionales
que llegan a ser un conjunto coherente de mecanismos de defensa de los derechos constitucionales. En
el Estado Constitucional los derechos, específicamente el de la libertad personal, se identifican por
presentar una específica fuerza o resistencia jurídica frente a la acción de los poderes públicos.
7.2.1. Como ha quedado esbozado en líneas precedentes, en el contexto constitucional ecuatoriano, el
hábeas corpus se encuentra contemplado dentro de las garantías jurisdiccionales del artículo 89 de la
Constitución de la República, Título III, Capítulo III, Sección Tercera; y desarrollado en normativa
infraconstitucional en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Título
II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, artículos 43 al 46.
Esta garantía se erige como aquel proceso jurisdiccional constitucional que tiene por objeto tutelar la
libertad física, corporal o de locomoción, que le permite a las personas acudir ante cualquier
administrador de justicia a demandar su recuperación, cuando estas se encuentren privadas de ella de
manera ilegítima, arbitraria o ilegal; es además, una garantía para proteger la vida y la integridad física
y más derechos conexos de las personas privadas de su libertad.
7.2.2. Debe entenderse, que la libertad es uno de los derechos más preciados de las personas, como
soporte esencial y razón de ser de toda actividad, por medio de la cual se produce su evolución y
afianzamiento personal, conforme lo exige su dignidad, cuya incidencia redunda en el fortalecimiento
de todo sistema democrático y de justicia social. Este derecho se encuentra regulado en la
Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales, conforme citamos a continuación:
Constitución de la República del Ecuador: “Art. 77. En todo proceso penal en que se haya privado
de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la
libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o
acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin
dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan
los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio
por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad
con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley”.
7.2.3. De su parte, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 1 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos amparan, entre otros, el derecho a la libertad.
Resulta trascendente de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su
artículo 9 dice: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá
ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. Asimismo, la Convención
Interamericana de Derechos Humanos que en el artículo 7 numerales 1, 2 y 3 dispone: “Derecho a la
Libertad Personal, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, 2. Nadie
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano
por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, 3.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.
7.2.4. Se colige de estas normas, que el derecho constitucional a la libertad es un derecho ciudadano,
universal y personal, que debe ser ejercido de manera exclusiva por quien se encuentre privado del
mismo mediante la acción de hábeas corpus, como bien lo establece el artículo 89 de la Constitución
de la República; y, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. Al respecto, la doctrina nos enseña: “(…) es una garantía constitucional, que se
traduce procesalmente en una acción tutelar de la libertad personal, física corporal o de locomoción
(…) el hábeas corpus es un tipo de amparo pero solo de la libertad ambulatoria o física de la
persona”.
7.2.5. Es preciso resaltar, que los argumentos del accionante se centran en la supuesta ilegalidad de su
detención y en la falta de motivación que sustente la medida cautelar de prisión preventiva, al respecto
se realizan las siguientes consideraciones: i) Para la Corte Constitucional la privación ilegal de la
libertad “ocurre cuando una detención es ejecutada en contravención a los mandatos expresos de las
normas que componen el ordenamiento jurídico. Por ello para considerar legal una privación de la
libertad, esta debe analizarse desde un doble aspecto: material y formal. En el aspecto material, la
detención debe haberse realizado en estricto apego a las causas, casos o circunstancias
expresamente tipificadas en la ley y la privación de libertad debe mantenerse exclusivamente hasta
los límites temporales fijados por la legislación. En el aspecto formal, la detención y posterior
privación de la libertad debe realizarse y mantenerse en cumplimiento del procedimiento
objetivamente definido por la ley.”1 De ahí que, resulta necesario verificar los aspectos materiales y
formales de la privación de la libertad. ii) En lo que respecta al aspecto material el legitimado activo
ha sido inicialmente detenido según lo disponen los artículos 530, 531, 532, 533 del Código Orgánico
Integral Penal, articulado que faculta la detención con fines investigativos de una persona por hasta 24
horas, dicha petición la genera el Fiscal ante el Juez para que emita la correspondiente boleta,
situación a la que se ha dado el correspondiente tratamiento según se desprende de la boleta de
1 Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 20711JH/20 de 22 de julio del 2020.
detención No. 09292202100086G de 5 de febrero del 2021 suscrita por el Dr. Aquiles Manuel
Dávila Gómez en calidad de Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en
Delitos Flagrantes de la ciudad de Guayaquil constante a fojas 50 del expediente de instancia . Con
fecha 02 de febrero del 2021 se ha ordenado el allanamiento del inmueble del ciudadano Jairo Adolfo
Intriago Yanzaguano mismo que se ha procedido a ejecutar mediante coordinación con otras
jurisdicciones en auto de 08 de febrero del 2021, las 23h38 suscrito por el Dr. Ricardo Barrera
Peñafiel, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del
Guayas, constante a fojas 253 a 256 del expediente de instancia. Con fecha 09 de febrero del 2021, las
03h30 consta el parte policial de detención No. 20210209033162315714 suscrito por el subteniente de
policía Aymar Ochoa Brayan Patricio en calidad de agente aprehensor y el agente investigador cabo
de policía Llerena Paredes Karen Juliana, según consta a fojas 257 a 258 del expediente de instancia.
De igual forma existe el certificado médico y la constancia de que fueron leídos los derechos al
momento de la detención que se encuentran suscritos por el investigado según consta a fojas 260 y
261 del expediente de instancia. Del sistema SATJE se establece que el 10 de febrero del 2021, se
procedió en la audiencia de formulación de cargos en contra del señor Jairo Adolfo Intriago
Yanzaguano, en la que a petición de fiscalía se ha dispuesto la medida cautelar de prisión preventiva
por encontrar los siguientes elementos de convicción como son varias denuncias y secuestros
presentados por la Fiscalía, la relación de las llamadas entrantes entre los detenidos, relación de los
hechos, videos de los vehículos involucrados en los hechos, informe de la estructura delictiva, cuadro
de participación en los hechos, constan varios partes de aprehensión en varios hechos delictivos, por
lo que fiscalía ha solicitado la formulación de cargos y la prisión preventiva, siendo acogida dicha
petición y con los suficientes elementos de convicción el juez dio inicio a la instrucción fiscal cuya
duración la establece en 90 días y emitió la medida cautelar de prisión preventiva por lo que ha girado
la correspondiente boleta constitucional de encarcelación a fin de que los procesados sean trasladados
al Centro de Privación de la Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley No. 1 de
Guayaquil. Queda establecido como fecha de la detención 10 de febrero del 2021 según boleta de
encarcelamiento No. 092922021000243 a fojas 185 del expediente de instancia se emitió el
certificado médico y se suscribió la constancia de leídos los derechos constitucionales. Esto en
observancia a lo dispuesto en el artículo 77 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador
que dispone que la prisión preventiva no podrá exceder de un año en delitos sancionados con
reclusión. En el presente caso, el delito de delincuencia organizada se encuentra tipificado en el
artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal sancionado con una pena privativa de la libertad de
siete a diez años siendo facultativo para el juez de garantías penales el imponer como lo ha hecho en
el presente caso la medida cautelar de prisión preventiva que asegure la comparecencia del procesado
en la sustanciación de la causa penal, esto de conformidad con los artículos 522 numeral 6 y 534
numerales 1,2,3 y 4 del Código Orgánico Integral Penal. De ahí que se ha verificado el cumplimiento
y observancia de las normas penales que rigen nuestro sistema penal ecuatoriano, cumpliendo con el
elemento material en la legalidad de la detención del señor Jairo Adolfo Intriago Yanzaguano. iii) En
cuanto al elemento formal en la legalidad de la detención el recurrente considera que la orden de
privación de la libertad no ha sido debidamente motivada, situación que contradice a los elementos de
convicción sustentados por fiscalía en la audiencia de formulación de cargos realizada el 10 de febrero
del 2021, que respecto del accionante se informa que se ha procedido a disponer el allanamiento de su
inmueble toda vez que para la juez de la causa “se presume que en el interior del domicilio se
estarían ocultando armas de fuego y objetos robados producto de los diferentes ilícitos así mismo en
este garaje se estaría ocasionalmente guardando el camión de placas GRX4378 el cual estaría
inmerso en un hecho delictivo.” Como resultado de este allanamiento se incautó un celular de
propiedad del legitimado activo según el informe de la cadena de custodia constante a fojas 54 del
expediente de instancia y que a esto se le ha relacionado directamente con la conexión e informe de
las llamadas entrantes entre los detenidos, relación de los hechos, videos de los vehículos involucrado
en los hechos, informe de la estructura delictiva, cuadro de participación en los hechos que denotan la
participación del procesado en el cometimiento del delito de delincuencia organizada. De tal forma
que han quedado expuestos los motivos que originaron la formulación de cargos y la medida cautelar
de prisión preventiva según lo dispuesto en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Pues
la simple inconformidad del procesado, no resulta suficiente para sustentar la supuesta ilegalidad en su
detención, puesto que de lo expuesto se cumple con el elemento formal de la legalidad de la detención
del señor Jairo Adolfo Intriago Yanzaguano en el proceso penal No. 09292202100306 por
delincuencia organizada.
7.2.6. Finalmente, en el caso concreto, se evidencia el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República, pues las medidas cautelares judiciales se
limitan a asuntos de orden procesal penal, lo que no es pertinente a la presente acción jurisdiccional
constitucional que está encaminada a recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella en
forma ilegal, arbitraria o ilegítima; y que además el legitimado activo no ha podido establecer dichos
presupuestos jurídicos. Por lo que, esta Sala Constitucional al haber examinado las piezas procesales
que se han adjuntado en el expediente de la acción de hábeas corpus, se establece que la orden de
privación de la libertad no es ilegal, por el contrario, se trata de la imposición de una medida cautelar
de prisión preventiva dictada en contra del procesado Jairo Adolfo Intriago Yanzaguano de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, dentro de un juicio
penal por delincuencia organizada tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal.
OCTAVO: DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, este Tribunal de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve negar el
recurso de apelación propuesto por el abogado Vladimir Araldot Intriago Intriago en calidad de
patrocinador del accionante JAIRO ADOLFO INTRIAGO YANZAGUANO. 8.1. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86.5 de la Constitución de la República, una vez ejecutoriada esta
resolución, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional para el desarrollo de su
jurisprudencia. 8.2. Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla, en calidad de secretaria relatora
encargada de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
144139502-DFE
Juicio No. 1711320210002T
JUEZ PONENTE: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA, JUEZA NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, viernes 5 de marzo del 2021,
las 16h36. Vistos.
A S U N T O
Resolución en sede de apelación de la acción constitucional de hábeas corpus, interpuesto por el señor
Gabriel Ramiro Soria Paredes, a través de su abogado Juan José Enriquez Zurita, en contra de la
sentencia de 1 de febrero de 2021, las 10h48, dictada por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción constitucional de hábeas corpus
No. 1711320210002T.
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito de 2 de febrero de 2021, el señor Gabriel Ramiro Soria Paredes, a través de su
abogado Juan José Enriquez Zurita, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de 1
febrero de 2021, las 10h48, dictada por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción constitucional de hábeas corpus No. 17113
20210002T, que: “(…) niega la acción constitucional de hábeas corpus propuesta por GABRIEL
RAMIRO SORIA PAREDES por improcedente. Para los fines legales pertinentes y cúmplase con lo
dispuesto por el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República. En audiencia el
legitimado activo presentó oralmente el recurso de apelación de la decisión adoptada, recurso que se
lo concede, sin perjuicios de la notificación por escrito de la sentencia”.
II. JURISDICCION Y COMPETENCIA
Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actuando como
Jueces Constitucionales (en cuanto los administradores de justicia al conocer de garantías
jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la denominación de
jueces y juezas constitucionales Sala o Tribunal Constitucional, de conformidad con las Sentencias
No. 00110PJOCC; No. 03109SEPCC, emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador), en
mérito a lo dispuesto por los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador;
artículo 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículos 169
numeral 2 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es
competente para conocer la presente acción constitucional de hábeas corpus, en razón, de la
Resolución No. 0032021 de 26 de enero de 2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura que dispuso
dar cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 1781120140463, ratificado la continuación en el ejercicio de
funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente; con Resolución No. 0082021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la
Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo
Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante
Oficio No. 92PCNJ2021, de 12 de febrero del 2021, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María
Crespo.
III. VALIDEZ PROCESAL
No se observa de la tramitación de la acción ni el recurso, ninguna circunstancia que pueda afectar la
validez procesal; por consiguiente, no existe nulidad que declarar.
IV. PLANTEAMIENTO JURÍDICO DE LA APELACIÓN
4.1 El recurso de apelación fue admitido por los juzgadores de instancia el 29 de enero de 2021.
4.2 De conformidad con lo previsto por el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, las partes pueden apelar en la misma audiencia o hasta tres
días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. En el presente caso, el recurso fue
presentado en la audiencia y, posteriormente por escrito, según consta del expediente remitido.
V. NORMATIVA EN QUE SE FUNDAMENTA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL
5.1 El accionante fundamenta su apelación con sustento en la siguiente normativa:
CONSTITUCIÒN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:
“Art. 7. Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 3. Las personas pertenecientes a
comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de
frontera.”
Art.11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 4. Ninguna norma
jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En
materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos,
administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su
efectiva vigencia. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de
las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. El contenido de los derechos se
desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.
El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y
ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya,
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 9. El más alto deber del Estado
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
ART. 66. Se reconoce y garantizará a las personas: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad
material y no discriminación.
Art 75. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, Imparcial y
expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en
ningún caso quedara en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será
sancionado por ley.
Art.76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas
y los derechos de las partes.
Art.77. En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán
las siguientes garantías básicas:
1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la
comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justica
pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden
escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en
la ley, Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida
sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se
aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.
14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que
recurre.”
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:
"Art. 9. Numeral 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta."
LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL:
“Art. 24. Apelación. – (…)
Art. 44. Numeral 4. Procede la apelación de conformidad con las normas comunes a las garantías
Jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido dispuesta en la Corte Provincial de Justicia, se
apelará ante la Presidenta o Presidente de la Corte Nacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por la
Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión preventiva”.
(el subrayado es de esta Sala Constitucional)”.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL
6.1. El recurso de apelación presentado, señala: “…, los Señores Jueces de la Corte Provincial no
tomaron en cuenta que la petición concreta de esta defensa técnica fue un HABEAS CORPUS
TRASLATIVO, y en ningún momento en la Audiencia Oral Publica y Contradictoria hemos alegado
una detención ilegal, arbitraria o ilegitima, ya que nuestra alegación principal (valga la
redundancia) fue:
Debiendo resaltar que se está vulnerando de manera flagrante mis derechos constitucionales a la
Tutela Judicial Imparcial y Expedita de mis derechos, al acogerme a una justicia pronta y sin
dilaciones.
Se me ha disminuido el goce de varios derechos constitucionales como por ejemplo el derecho a la
salud e integridad física, como lo demuestro con los certificados médicos que determinan mi estado
de salud actual y preexistente, otro de los derechos es el de la Igualdad Formal, Material y no
discriminación, pues conforme vendrá a su conocimiento que varios de los procesados dentro de la
presente causa se encuentran en libertad por haber sido beneficiados con medidas alternativas, otro y
considero el más importante es el derecho a la defensa ya que se anula que el peticionario pueda
realizar acciones tendientes a desvirtuar las acusaciones de fiscalía por la limitación de la libertad
ambulatoria que pesa en su contra.
Adicionalmente debo señalar que me encuentro agravado de mi salud, por cuanto he sido
diagnosticado con HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTEMICA, HIPERURICEMIA, GOTA, INFARTO
AGUDO DEL MIOCARDIO, CON PRODEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA PRIMARIOA. Lo cual
me posiciona como persona con doble vulnerabilidad, y peligro actual por la pandemia debido al
COVÍD19.
SEÑORES MAGISTRADOS, LO ÚNICO QUE PIDE MI DEFENDIDO ES LA MODIFICACIÓN DEL
ARRESTO DOMICILIARIO, A LAS PRESENTACIONES PERIODICAS ANTE LA AUTORIDAD
COMPETENTE, YA QUE SE HA PRESENTADO LA JUSTIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES
MÉDICOS, Y TENGAN EN CUENTA QUE LOS PROBLEMAS CARDIACOS SE RESUELVEN CON
CAMINATAS CONTINUAS, EJERCICIOS EN LUGARES ABIERTOS, NO ESPEREMOS UNA
DESGRACIA, PORQUE UNA EMERGENCIA CARDIACA ES MUY GRAVE, LOS TRATAMIENTOS
CARDIACOS SON PREVENTIVOS Y REQUIEREN DE UN CONTROL CONTINUO, AL SEÑOR
ABDALA BUCARÁN ORTIZ EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PRESENTO UN HABEAS
CORPUS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ARRESTO DOMICILIARIO A PRESENTACIONES
PERIÓDICAS ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, PORQUE SE LE HABÍA DISMINUIDO SU
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, EN ESTE CASO SE ESTÁ VULNERANDO Y
DISMINUYENDO AL DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD PÚBLICA, SEÑORES
MAGISTRADOS SI ES POSIBLE MI CLIENTE SE PRESENTARA DIARIAMENTE ANTE LA
AUTORIDAD, COMO SE PUEDE DETERMINAR UNA IGUALDAD DE CONDICIONES, CUANDO
POLÍTICOS QUE TIENEN VARIAS INVESTIGACIONES E INSTRUCCIONES FISCALES SE
BENEFICIAN Y UNA PERSONA TRABAJADORA QUE MANTIENE SU PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA NO PUEDA MODIFICAR CON UNA DE LA MODALIDADES DEL ARTICULO 522,
NUMERAL 2 Y 4”.(El subrayado pertenece a esta Sala).
5.2 El hábeas corpus es una garantía individual de los ciudadanos y ciudadanas que se hallan
detenidos de manera arbitraria, ilegal o ilegítima, por tanto, el hábeas corpus es una acción destinada a
tutelar la libertad física de las personas mediante un procedimiento sumarísimo que tiene por fin hacer
cesar la privación ilegal de la libertad personal.
David Gordillo Guzmán define al hábeas corpus como: “…una acción jurisdiccional que tutela los
derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad, frente a cualquier acto u omisión de
cualquier autoridad pública o persona particular, que pueda vulnerar los mentados derechos…tutela
dos derechos fundamentales, la libertad individual relativa a su libertad de movimiento y por tanto a
no ser objeto de detenciones arbitrarias y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de
daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte...”. (Pedro Pablo Camargo, “Manual Teórico
Práctico de Derecho Constitucional”, Primera Edición, Editorial Workhouseal Procesal, Quito –
Ecuador, 2015, pp. 197 198).
Roberto Dromi señala que: “El Hábeas Corpus es una garantía constitucional, que se traduce
procesalmente en una acción tutelar de la libertad personal, física, corporal o de locomoción a través
de un procedimiento judicial sumario. El Hábeas Corpus, como medio de protección de la libertad
individual, es sin duda el más tradicional de los remedios procesales contra la violación de los
derechos y libertades públicas, tiene por finalidad asegurar que la libertad no sea solo una
declaración abstracta”. (Roberto Dromi: “Derecho Administrativo”, Editorial Ciudad Argentina,
1995, Buenos Aires, pp. 715.)
5.3 La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha,
respecto de la acción constitucional de hábeas corpus propuesta por el señor Gabriel Ramiro Soria
Paredes, en su parte pertinente señala: “TERCERO: De la fundamentación de los hechos fácticos
expuestos en el escrito contentivo de la acción de hábeas corpus, de la exposición en la audiencia
respectiva, de la documentación agregada por el accionante y por los accionados a través de los
respectivos informes, se desprende que el accionante ha sido procesado dentro de la causa penal
signada con el número 17282202000977 por el presunto delito de asociación ilícita, proceso que se
ha iniciado ante el Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos
Flagrantes, oportunidad en la que se dispuso como medida alternativa a la prisión preventiva, el
arresto domiciliario. CUARTO: En los informes de los señores jueces accionados, manifiestan que el
hoy accionante ha sido detenido e investigado por el presunto delito de asociación ilícita, que ha sido
llamado a juicio, que se ha ratificado la medida alternativa a la prisión preventiva de arresto
domiciliario conforme lo preceptúa la Ley. Indican que una vez recibido el proceso con el auto de
llamamiento a juicio se ha convocado a la audiencia respectiva, diligencia que está señalada para el
día 2 de febrero del 2021. QUINTO: Asegurada la competencia del Juez de Garantías Penales con
competencia en delitos flagrantes, que sustanció la causa hasta el momento procesal pertinente y
dispuso el arresto domiciliario del ahora procesado y accionante, cabe considerar lo siguiente: el
artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal, vigente establece que: “Finalidad. La o el
juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección previstas en este Código
con el fin de: (…) 2. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el
cumplimiento de la pena y la reparación integral. 3. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica
de pruebas que desaparezcan elementos de convicción…”. De su parte el artículo 537 ibídem dice:
“Casos especiales. Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión
preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia
electrónica, en los siguientes casos: (…) 2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco
años de edad….”, que es lo que ha sucedido en el caso en análisis. Queda evidenciado que el
accionante ha sido llamado a juicio, audiencia en la cual la Jueza competente ha ratificado la medida
alternativa a la prisión preventiva, al respecto el artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal
dice: “Llamamiento a juicio. La resolución motivada de llamamiento a juicio incluirá: 1. La
identificación del o los procesados. 2. La determinación del o los hechos y el delito acusado por la o
el fiscal, así como el grado de participación establecido en la acusación fiscal, la especificación de
las evidencias que sustentan la decisión, la cita y pertinencia de las normas legales y constitucionales
aplicables. 3. La aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas hasta el momento o la
ratificación, revocación, modificación o sustitución de las mismas, dispuestas con antelación…”, por
lo que la medida del arresto domiciliario ratificada, NO ES ilegal, además de colegir con total
convicción que el hoy accionante ya no está siendo investigado por Fiscalía, sino que ha sido
acusado, por lo cual ha sido llamado a juicio. SEXTO: … considera que el accionante no se
encuentra privado de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, presupuestos indispensables
para la procedencia de la acción intentada, misma que prospera cuando se ha demostrado, la
concurrencia de cualquiera de ellos. Por otra parte, al encontrarse con arresto domiciliario, con
fecha señalada para la audiencia de juicio, a realizarse el 2 de febrero del 2021 y no haber solicitado
a la autoridad competente, la autorización para acudir a los chequeos médicos periódicos ni ha
comunicado que padece de claustrofobia y depresión, no se ha afectado o vulnerado sus derechos a
la vida, salud, ni a la tutela judicial efectiva, por el contrario aplicando las normas legales y sobre
todo las garantías especiales por tratarse de una persona de la tercera edad, en la etapa de
instrucción fiscal no fue sometido a la prisión preventiva y corresponde ahora que el Tribunal de
Garantías Penales sustancie conforme la Ley la audiencia de juicio. (…)” (el subrayado es de esta
Sala Constitucional).
5.4 Esta Sala Constitucional, en el caso puesto a su conocimiento, observa lo dispuesto en el inciso
primero del art. 89 de la Constitución de la República:
“Art. 89. La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se
encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad
pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las
personas de libertad”.
5.5 Por lo tanto, la acción de hábeas corpus no sólo protege aspectos relacionados con la privación
ilegal, arbitraria o ilegítima de la libertad de una persona, sino también su ámbito de protección se
hace extensivo a aspectos relacionados con los derechos a la vida y a su integridad física,
evidenciándose de esta manera la existencia de tres derechos que protege la garantía en cuestión
(Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 01718SEPCC, caso No. 051316EP).
La norma constitucional antes detallada es concordante con lo que establece el art. 43 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dispone:
“Art. 43. Objeto. La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por
autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1. A no ser privada de la libertad en forma
ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre
por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; 2. A no
ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional; 3. A no ser desaparecida
forzosamente; 4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 5. A que, en
caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser
expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su
integridad y su seguridad; 6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones
alimenticias; 7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad
haya sido ordenada por una jueza o juez; 8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada
cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos
sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9. A no ser
incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10. A ser puesta a
disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas
siguientes a su detención”.
La Constitución de la República recoge en su artículo 66 numeral 29 el derecho de toda persona a la
libertad y a la seguridad, restringiendo la posibilidad de que alguien sea privado de su libertad por
deudas, costas, multas, tributos ni obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. Se recoge
de esta manera uno de los primeros anhelos de cualquier régimen constitucional, fijado ya en
convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, lo que protege la
Constitución, en términos genéricos, es la llamada “libertad personal”, entendida ésta como libertad
deambulatoria o de movimiento de las personas físicas, protectora frente a la detención, condena o
internamiento arbitrarios; de ahí que, nadie será privado de su libertad si no es conforme a lo
establecido por la ley, vedando el paso a toda restricción o privación de libertad arbitraria.
5.6 En el caso sub iudice, como quedó señalado en el planteamiento del problema jurídico, el apelante
señor Gabriel Ramiro Soria Paredes, a través de su abogado Juan José Enriquez Zurita, señala que no
considera que su detención sea ilegal, arbitraria o ilegitima; por lo que no se realizará
pronunciamiento alguno al respecto.
5.7 Señala el apelante que ha presentado un Hábeas Corpus Traslativo, el cual correctamente lo
define a fojas 110: “Procede ante la demora en la tramitación de los procesos judiciales o a fin de
excarcelar a quien se le mantiene indebidamente detenido no obstante haber cumplido su condena. Es
empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o
a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad
de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un
detenido. (Art. 25°. 14). Opera en los casos de los procesados, en que las autoridades judiciales o
penitenciarias indebidamente pudieran estar prolongando su detención en un proceso judicial, o de
los reos que ya han cumplido su condena, pero siguen en cárcel”.
El Hábeas Corpus Traslativo es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves
violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; en el presente caso el apelante no
establece cual es la mora que ha ocurrido en el proceso judicial. Por otro lado, manifiesta que se le ha
disminuido el goce de varios derechos constitucionales como por ejemplo el derecho a la salud e
integridad física; el de la igualdad formal, material y no discriminación; al respecto hay que
mencionar que el Tribunal Constitucional de instancia en el considerando SEXTO señaló que la fecha
de juicio se encontraba fijada para el 2 de febrero de 2021 y que, el recurrente no solicitó autorización
para acudir a consultas médicas, ni ha informado padecer de claustrofobia y depresión, por lo que no
se le ha vulnerado su derecho a la vida, a la salud ni a la tutela judicial. Visto aquello, esta Sala
confirma que no se ha demostrado que se hubiere violentado el derecho a la salud e integridad física;
ni a la tutela judicial efectiva, del señor Gabriel Ramiro Soria Paredes; pues se observa que ha podido
defenderse y presentar sus argumentos en todas las etapas procesales, así como en consideración a su
estado como persona vulnerable se le ha impuesto el arresto domiciliario justamente con el fin de
proteger su integridad física, su salud. Además de la documentación que obra del expediente tenemos
que el procedimiento penal signado con No. 17282202000977 por presunto delito de asociación
ilícita fue iniciado por autoridad competente y se realiza el procedimiento establecido para este tipo de
delitos, inclusive se ha verificado que el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia
Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, (fojas 53 a 55) en la proceso penal antes detallado con
providencia de 21 de diciembre de 2020 a las 15h38, ha fijado la realización de la audiencia de
juzgamiento para el día 2 de febrero del 2021 a las 08h30, audiencia que a la fecha de atención de este
recurso de apelación, debe haberse realizado.
Por otro lado, es pertinente señalar que el apelante no establece como se ha afectado el derecho de
igualdad formal material y no discriminación ya que únicamente los detalla pero no determina como
se violentan los mismos; por lo que no cabe realizar análisis alguno.
El apelante señala que lo único que pide es la modificación del arresta domiciliario, que en su lugar se
disponga las presentaciones periódica ante autoridad competente, en virtud de los exámenes médicos
que ha presentado. Al respecto hay que señalar que esta Sala Constitucional no es competente para
ordenar el cambio de una medida cautelar; de existir violaciones en el procedimiento penal, no
corresponde a la justicia constitucional remediarlos, pues tal tarea le corresponde a la justicia ordinaria
a través de los mecanismos y recursos que están previstos en la ley; el ámbito de competencia del
hábeas corpus ha sido limitado a proteger los derechos de la libertad, la vida, la integridad física y
otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad. Debe entenderse que la
infracción constitucional a otros derechos diferentes a los señalados, implicarían la utilización de un
mecanismo de protección constitucional diferente. Por lo tanto el hábeas corpus no es la vía judicial
adecuada para conocer otros derechos constitucionales que fueren objeto de violación.
5.8 Del análisis que antecede se determina con claridad absoluta que no procede el recurso de
apelación presentado, pues no se ha demostrado en el proceso que estuviera en peligro la vida o
integridad física del accionante, señor Gabriel Ramiro Soria Paredes, ni que se hubiese violentado
derecho constitucional alguno; al contrario desde el primer momento se consideró su condición de
vulnerabilidad por ser mayor de 65 años de edad por lo que nunca se ordenó en su contra medida
cautelar de prisión preventiva y por el contrario, se dispuso la medida de arresto domiciliario.
VII. DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional
de Justicia, actuando como jueces constitucionales, Administrando justicia, en nombre del pueblo
soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve:
VIII. SENTENCIA
8.1 NEGAR el recurso de apelación dentro de la acción constitucional No. 1711320210002T,
presentado por el Ab. Juan José Enríquez Zurita, a favor del ciudadano Gabriel Ramiro Soria Paredes.
8.2 CONFIRMAR el fallo constitucional dictado el 29 de enero de 2021, expedido por la Sala
Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
8.3 De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 numeral 5 de la Constitución de la República, una
vez ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional para
el desarrollo de su jurisprudencia.
8.7 Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla en calidad de Secretaria encargada, mediante acción de
personal No. 206UATH2021NB de fecha 1 de marzo del 2021.
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL |
146966825-DFE
Juicio No. 09141202100038
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 15 de abril del 2021,
las 10h29. VISTOS: Se procede con la resolución en sede de apelación de la acción constitucional de
hábeas corpus interpuesta por la accionante Doylet Bajaña Ileana Juleidy (en adelante legitimado
activo o accionante), en contra de la sentencia emitida el 22 de marzo del 2021, las 17h07 dictada por
los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas (en adelante Jueces constitucionales de instancia), dentro de la
acción jurisdiccional No.09141202100038.
PRIMERO: Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
actuando como Jueces Constitucionales (en cuanto los administradores de justicia al conocer de
garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la
denominación de jueces y juezas constitucionales Sala o Tribunal Constitucional de conformidad con
las Sentencias No. 00110PJOCC; No. 03109SEPCC, emitidas por la Corte Constitucional de
Ecuador), en mérito a lo dispuesto por los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República
del Ecuador; artículo 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y,
artículos 169 numeral 2 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, es competente para conocer la presente acción constitucional de hábeas corpus, en
razón de la Resolución No. 0032021 de 26 de enero de 2021, por la que el Pleno del Consejo de la
Judicatura dispuso dar cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo en la causa No. 1781120140463, ratificando la continuación en el
ejercicio de funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez
Nacionales, respectivamente; con Resolución No. 0082021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del
Consejo de la Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el
Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la
Sala de lo Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua;
mediante Oficio No. 92PCNJ2021 de 12 de febrero del 2021 el Presidente de la Corte Nacional de
Justicia, llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana
María Crespo, avalado con la acción de personal No. 166UATH2021HB de 19 de febrero del 2021
suscrito por la Dra. Martha Villarroel, Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte
Nacional de Justicia.
De conformidad con el acta de sorteo de 09 de abril del 2021, las 11h37, constante a foja uno del
cuadernillo de apelación, realizado en la Secretaria General, Documentación y Archivo, Unidad de
Gestión Documental, Sorteos y Archivo de la Corte Nacional de Justicia, le corresponde conocer el
presente recurso de apelación de la acción de hábeas corpus a esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actuando como Jueces Constitucionales,
integrada por los doctores Gustavo Adolfo Durango Vela, Gilda Rosana Morales Ordóñez y José
Dionicio Suing Nagua, en calidad de Ponente.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. En sentencia de 17 de febrero del 2021, las 17h07
emitida por los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adolescentes
Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, resolvieron negar la acción de hábeas corpus
presentada por Doylet Bajaña Ileana Juleidy, en nombre y representación del ciudadano Alfonso
Rafael León Peñafiel por haberse acreditado que la acción de garantías constitucionales ya fue
ejercida con anterioridad conforme a derecho.
TERCERO: DEL RECURSO DE APELACIÓN. El abogado de la accionante Byron Junior Leon
Peñafiel de forma oral y al finalizar la audiencia interpuso recurso de apelación, según consta en el
acta de la diligencia a fojas 143 de cuadernillo de instancia cuya fundamentación fue presentada en los
siguientes términos: “(…) no me encuentro conforme con la decisión y presenta el recurso de
apelación ante lo cual se concede el recurso y se deja a salvo el derecho de presentarlo por escrito
dentro del término que prevé la ley (…).” Siendo indispensable transcribir los argumentos expuestos
en la acción de hábeas corpus, con sustento en los siguientes hechos fácticos “(…) Señores jueces de
acuerdo al escrito presentado de fecha catorce de agosto del 2017, las 14h14 dentro del proceso
signado con el No. 0926620070066 en el que se peticiona la prescripción de la acción penal del
delito de asesinato producido el 18 de abril del 2007. En cuanto a la medida de prisión preventiva
ratificada en el auto de prescripción de la acción penal dictado el 28 de diciembre del 2017 por el
Juez de primer nivel del cantón Daule, ratificación que se sustenta con fundamento legal la
comparecencia del procesado a la fiscalía dentro de los seis meses tal como lo indica el artículo 101
del Código Penal anterior, para el juzgador EDWIN TIERRA GUSQUI esta fundamenta en la
Constitución de 1998 artículo 198 en el que la fiscalía era parte del órgano estatal y no de la función
judicial, de esta manera el procesado no habría comparecido ante la justicia y no cumplirá lo
establecido en el inciso sexto del artículo 101 del Código Penal, haciendo regresivo los derechos del
procesado. (…) De esta manera dicha ratificación y petición de localización y captura dictada el 28
de diciembre del 2017 por el Juez de primer nivel, esta es la prisión preventiva en contra del
procesado, compareciendo a fiscalía dentro de los seis meses luego de iniciada la instrucción fiscal y
este argumenta que de acuerdo a la Constitución del 1998 esta no era parte de la función judicial, de
esta forma el procesado no compareció ante la justicia por esta dependencia al no se ser parte del
órgano judicial en esa Constitución por lo que, la orden de prisión preventiva dictada por este
juzgador se vuelve ilegal y arbitraria por parte de este juzgado al hacer regresivo sus derechos
debiendo sustentar su decisión a la normativa jurídica más favorable al infractor debiendo aplicar la
constitución actual cuando se debió propender a una aplicación garantista , a favor de los principios
constitucionales, más no legalistas, por lo tanto, la ratificación de prisión preventiva tanto en el
Juzgado Penal de Daule y la Corte Provincial ambas ratifican esta medida la misma que es ilegal y
arbitraria. (…) presenta recurso de apelación del auto que niega la prescripción de la acción penal
ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas el 17 de enero del 2018 esta Sala Especializada
Penal el 1 de febrero del 2018 niega dicho requerimiento, de tal forma que esta sala vulnera
derechos fundamentales como el debido proceso al que ratifican el auto que niega la prescripción de
la acción penal (…) los jueces de la Corte Provincial de Justicia esta es la Sala Especializada de lo
Penal debieron haber convocado a audiencia a los sujetos procesales, lo cual no ocurrió en el
presente caso inobservando el artículo 345 del Código de Procedimiento Penal. No existe una
justificación jurídica respecto a la falta de convocatoria ya que sesta sala se abstiene de dar trámite
al proceso aduciendo que este es ilegalmente interpuesto negando toda posibilidad a ser escuchado
ante la autoridad competente y en el tiempo razonable que para el efecto la ley contempla. (…) De
esta manera queda en evidente al momento de ratificar la decisión del juez de primer nivel al solicitar
la medida de prisión preventiva en contra del procesado medida que desde un inicio al pronunciarse
en el auto de negación a la prescripción de la acción penal adolece de ilegalidad y arbitrariedad esta
se complementa al recurrir con el recurso de apelación ante el superior la Sala Especializada de lo
Penal se abstiene de convocar a audiencia pública a los sujetos procesales a fin de que sean
escuchados por la autoridad competente en un tiempo oportuno, de esta manera negándole el
derecho a recurrir al superior justificando que no existe apelación en este tipo de causas lo que es
una flagrante vulneración de los derechos plenamente reconocidos por la Constitución y la Ley tales
como derecho a la defensa, a recurrir al fallo, motivación, seguridad jurídica y tutela judicial
efectiva. ” De la transcripción de los argumentos del legitimado activo se establece que la garantía
jurisdiccional de hábeas corpus se centra en cuestionar la supuesta arbitrariedad e ilegalidad del auto
que niega la prescripción especial de la acción penal a favor del señor Alfonso Rafael León Peñafiel lo
que amenaza a la libertad ambulatoria y restringe los derechos establecidos en la Constitución y en la
Ley a favor del beneficiario.
CUARTO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal por lo que se lo declara válido.
QUINTO: NORMAS QUE RIGEN EL RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación de
la sentencia del 22 de marzo del 2021, las 17h07, emitida por los jueces de la Sala Especializada de la
Familia, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas,
fue calificado al amparo del artículo 44.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional que prevé que la apelación puede ser formulada por las partes procesales, razón por la
que procede resolver el presente recurso de apelación.
SEXTO: NORMATIVA EN QUE SE FUNDAMENTA LA GARANTIA JURISDICCIONAL
DE HÁBEAS CORPUS. a) Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8: Garantías
Judiciales. “(…) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) b) comunicación previa y
detallada al inculpado de la acusación formulada; (…)” b) Constitución de la República del
Ecuador: Art. 76: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…)
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no
esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará
una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez
o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. (…)7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los
medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en
igualdad de condiciones. (…)” c) Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional: Art. 43. “Facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces. Es facultad esencial de
las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los
instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: (…) 4. Motivar
debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes
de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos;” d)
Código Orgánico Integral Penal: Art. 520 “Reglas generales de las medidas cautelares y de
protección. La o el juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de protección de acuerdo con las
siguientes reglas: 1. Las medidas cautelares y de protección podrán ordenarse en delitos. En caso de
contravenciones se aplicarán únicamente medidas de protección. 2. En delitos, la o el juzgador
dispondrá únicamente a solicitud fundamentada de la o el fiscal, una o varias medidas cautelares. En
contravenciones, las medidas de protección podrá disponerlas de oficio o a petición de parte. 3. La o
el o el juzgador resolverá de manera motivada, en audiencia oral, pública y contradictoria. De ser el
caso, se considerará las solicitudes de sustitución, suspensión y revocatoria de la medida, u
ofrecimiento de caución que se formule al respecto.” Art. 522: “Modalidades. La o el juzgador
podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la
persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 1. Prohibición de
ausentarse del país. 2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el
proceso o ante la autoridad o institución que designe. 3. Arresto domiciliario. 4. Dispositivo de
vigilancia electrónica. 5. Detención. 6. Prisión preventiva. La o el juzgador, en los casos de los
numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia
electrónica.” Art. 534: “Finalidad y Requisitos: Para garantizar la comparecencia de la persona
procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador, de
manera debidamente fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los
siguientes requisitos: 1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de
ejercicio público de la acción. 2. Elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o
el procesado es autor o cómplice de la infracción. En todo caso la sola existencia de indicios de
responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. 3. Indicios de los
cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es
necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el
cumplimiento de la pena. Para este efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas cautelares
personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar la prisión
preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones por las cuales
las otras medidas cautelares son insuficientes. 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena
privativa de libertad superior a un año. En los requisitos descritos en los números 1 y 2, el parte
policial no constituye ningún elemento de convicción ni será fundamento para solicitar o conceder la
prisión preventiva. El parte policial es exclusivamente referencial. De ser el caso, la o el juzgador
para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado
incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad en cualquier otra
causa.” De la transcripción de las normas que sirven de sustento para la garantía jurisdiccional de
hábeas corpus se advierte su contenido y alcance.
SÉPTIMO: CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE ALZADA. 7.1.
El presente recurso de apelación se originó en una acción de hábeas corpus presentada por la señora
Doylet Bajaña Ileana Juleidy, a favor del señor Alfonso Rafael León Peñafiel, quien por intermedio de
su abogado defensor ha manifestado que en forma arbitraria e ilegalmente no se ha concedido la
prescripción de la acción penal al obviar escuchar a las partes procesales en audiencia de apelación, se
ha violentado el derecho constitucional del debido proceso.
7.2. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, que respeta los derechos
constitucionales de toda persona, así pues la institucionalidad del Estado está concebida para el
respeto, protección y garantía de los derechos humanos como la libertad, los mismos que deben ser el
objetivo primigenio, donde la misma aplicación e interpretación de la ley únicamente sea posible en la
medida que la normativa se ajuste y no contradiga la Constitución y la Convención Americana de los
Derechos Humanos; en este contexto, el Estado está llamado a cumplir dos objetivos primordiales: i)
Salvaguardar y defender el principio de la supremacía constitucional; y, ii) Proteger los derechos,
garantías y libertades públicas; protección por medio de las garantías jurisdiccionales constitucionales
que llegan a ser un conjunto coherente de mecanismos de defensa de los derechos constitucionales. En
el Estado Constitucional los derechos, específicamente el de la libertad personal, se identifican por
presentar una específica fuerza o resistencia jurídica frente a la acción de los poderes públicos.
7.2.1. Como ha quedado esbozado en líneas precedentes, en el contexto constitucional ecuatoriano, el
hábeas corpus se encuentra contemplado dentro de las garantías jurisdiccionales del artículo 89 de la
Constitución de la República, Título III, Capítulo III, Sección Tercera; y desarrollado en normativa
infraconstitucional en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Título
II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, artículos 43 al 46.
Esta garantía se erige como aquel proceso jurisdiccional constitucional que tiene por objeto tutelar la
libertad física, corporal o de locomoción, que le permite a las personas acudir ante cualquier
administrador de justicia a demandar su recuperación, cuando estas se encuentren privadas de ella de
manera ilegítima, arbitraria o ilegal; es además, una garantía para proteger la vida y la integridad física
y más derechos conexos de las personas privadas de su libertad.
7.2.2. Debe entenderse, que la libertad es uno de los derechos más preciados de las personas, como
soporte esencial y razón de ser de toda actividad, por medio de la cual se produce su evolución y
afianzamiento personal, conforme lo exige su dignidad, cuya incidencia redunda en el fortalecimiento
de todo sistema democrático y de justicia social. Este derecho se encuentra regulado en la
Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales, conforme citamos a continuación:
Constitución de la República del Ecuador: “Art. 77. En todo proceso penal en que se haya privado
de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la
libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o
acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin
dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan
los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio
por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad
con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley”.
7.2.3. De su parte, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 1 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos amparan, entre otros, el derecho a la libertad.
Resulta trascendente de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su
artículo 9 dice: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá
ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. Asimismo, la Convención
Interamericana de Derechos Humanos que en el artículo 7 numerales 1, 2 y 3 dispone: “Derecho a la
Libertad Personal, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, 2. Nadie
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano
por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, 3.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.
7.2.4. Se colige de estas normas, que el derecho constitucional a la libertad es un derecho ciudadano,
universal y personal, que debe ser ejercido de manera exclusiva por quien se encuentre privado del
mismo mediante la acción de hábeas corpus, como bien lo establece el artículo 89 de la Constitución
de la República; y, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. Al respecto, la doctrina nos enseña: “(…) es una garantía constitucional, que se
traduce procesalmente en una acción tutelar de la libertad personal, física corporal o de locomoción
(…) el hábeas corpus es un tipo de amparo pero solo de la libertad ambulatoria o física de la
persona”.
7.2.5. Es preciso resaltar, que los argumentos del accionante se centran en la supuesta arbitrariedad e
ilegalidad del auto que niega la prescripción especial de la acción penal y que ha sido ratificado en
apelación, al respecto se realizan las siguientes consideraciones: i) Para la Corte Constitucional
Ecuatoriana en la sentencia No. 20711JH/20 de 22 de julio del 2020 “(…) el concepto de privación
arbitraria responde a aquellos casos en que una privación de la libertad, aunque haya sido realizada
en cumplimiento de las normas legales se ha realizado utilizando causas y métodos que puedan
reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos humanos del individuo.” i) De las
alegaciones realizadas por la accionante se desprende que se cuestiona la aplicación del principio de
favorabilidad en el auto que niega la prescripción de la acción penal al considerar que se ha aplicado
de forma regresiva los derechos y no garantista como lo establece la Constitución de la República del
Ecuador vigente. ii) Siendo necesario destacar que como antecedentes en la causa penal No. 09266
20070066 cuyo origen fue el asesinato de Carmina Mariuxi Espinoza Aguilar el 18 de abril del 2007,
las 14h00 dentro de la Unidad de Transporte Ruta Salitreñas No. 19, identificando como autor al
procesado Alfonso Rafael León Peñafiel, quien había disparado por seis ocasiones contra la
humanidad de la occisa y en lo posterior se había dado a la fuga, iniciando la instrucción fiscal el 24
de mayo del 2007. La abogada Luisa Celi Loaiza en calidad de Juez Suplente del Juzgado Décimo
Sexto de lo Penal de la Provincia del Guayas – Duran, el 21 de mayo del 2008, las 17h45 emite “(…)
auto de LLAMAMIENTO A JUICIO en contra del imputado Alfonso Rafael León Peñafiel. Se ratifica
el auto de prisión preventiva que pesa en contra del imputado Alfonso Rafael León Peñafiel y como
no se encuentra detenido se suspende la etapa de Juicio hasta que el encausado sea aprendido o se
presentare voluntariamente, debiendo oficiarse a los señores Jefes de la Policía para que ordene que
personal a su mando procesan a su localización y captura y una vez que fuere aprendido deberá ser
trasladado hasta el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil (…)” constante a fojas 78 82 del
expediente de instancia. Decisión que se sustenta al considerar al señor Alfonso Rafael León Peñafiel
como presunto autor del delito de asesinato tipificado en el art. 450 circunstancias 1 y 4 del Código
Penal lo que ha servido de sustento a la ratificar la medida cautelar de prisión preventiva constante a
fojas 74 – 75 del expediente de instancia. El imputado solicita la declaratoria de la prescripción
especial de la acción penal ante el abogado Edwin Armando Tierra Gusqui, Juez de la Unidad Judicial
Multicompetente Penal con sede en el Cantón Daule de la provincia de Guayas, quien en auto del 28
de diciembre del 2017, las 11h57 niega dicha solicitud por incumplir los requisitos del artículo 101
inciso sexto del Código Penal y dispone que se insista a la Policía Nacional del Ecuador que se
localice y capture al referido procesado. De dicha decisión interpuso recurso de apelación para ante la
Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que en auto del 01 de febrero del
2018, niega el recurso toda vez que el pronunciamiento del inferior es un auto resolutorio que no es
susceptible de apelación según lo dispuesto en el art. 343 del Código de Procedimiento Penal, solicitó
posteriormente revocatoria de dicho auto, ante la negativa propuso acción extraordinaria de protección
ante la Corte Constitucional del Ecuador que emitió auto de inadmisión el 02 de mayo del 2019 dentro
del caso No. 151018EP. El 05 de diciembre del 2018, las 12h13 el señor Wilson Nepalí Sudario
Jiménez a nombre y representación del señor Alfonso Rafael León Peñafiel interpone la garantía
jurisdiccional de hábeas corpus ante la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia
del Guayas que en sentencia de 13 de diciembre de 2018, las 15h24 resuelven negar la acción de
hábeas corpus. Ante el recurso de apelación interpuesto por el accionante en sentencia del 26 de
febrero del 2019, las 16h17 la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito
de la Corte Nacional de Justicia resuelve negar el recurso de apelación por improcedente; es preciso
indicar que el objeto de dicha acción de hábeas corpus tuvo los mismos argumentos técnicos y
jurídicos de la presente garantía jurisdiccional cuyo objeto se centra en cuestionar la resolución
dictada por el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Daule, abogado
Edwin Armando Tierra Gusqui, dentro del juicio penal No. 0926620070066 que atiende una petición
de que se declare la prescripción de la acción penal, más no guarda relación directa con la orden de la
prisión preventiva dispuesta desde el inicio de la instrucción fiscal. iii) En el presente caso el objeto
del cuestionamiento se centra en analizar la negativa de la prescripción especial de la acción penal,
controversia relacionada con temas de orden procesal penal, asuntos de mera legalidad, no existe
cuestionamiento respecto a la prolongación del tiempo de la detención o sobre la proporcionalidad y
justificación de la medida cautelar de la prisión preventiva, puesto que el beneficiario de esta garantía
jurisdiccional aún se encuentra prófugo e intenta beneficiarse de la prescripción situación que debe
analizarse por los jueces especializados y competentes para ello. En este caso no es procedente que
estos juzgadores constitucionales se pronuncien respecto del alcance del artículo 101 numeral 6 del
Código Penal, esto es, si resulta apropiada o no la forma de reconocer la comparecencia voluntaria del
imputado dentro del proceso penal ante el agente fiscal o no, puesto que particularmente esta situación
no se encontraría relacionada con la forma particular como la privación de la libertad se realice,
puesto que la orden de privación de la libertad es el resultado de un auto de llamamiento a juicio
contra el señor Alfonso Rafael León Peñafiel y responde a lo dispuesto en el artículo 232 del Código
de Procedimiento Penal, de tal forma que no resulta arbitraria dicha decisión al considerarlo presunto
autor del delito de asesinato tipificado en el artículo 450 circunstancias 1 y 4 del Código Penal cuya
pena privativa de la libertad es de 16 a 25 años, por tanto se ha observado el procedimiento
correspondiente y aplicado la norma correcta para la resolución de la controversia.
7.2.6. Para que la privación de la libertad sea considerada ilegal la Corte Constitucional ha
manifestado que “ocurre cuando una detención es ejecutada en contravención a los mandatos
expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Por ello para considerar legal una
privación de la libertad, esta debe analizarse desde un doble aspecto: material y formal. En el
aspecto material, la detención debe haberse realizado en estricto apego a las causas, casos o
circunstancias expresamente tipificadas en la ley y la privación de libertad debe mantenerse
exclusivamente hasta los límites temporales fijados por la legislación. En el aspecto formal, la
detención y posterior privación de la libertad debe realizarse y mantenerse en cumplimiento del
procedimiento objetivamente definido por la ley.”1 De ahí que, resulta necesario e indispensable que
los argumentos esgrimidos dentro de la garantía jurisdiccional de hábeas corpus tenga por objeto el
cuestionar la orden que dispone la privación de la libertad o circunstancias que indirectamente
afecten su seguridad, su integridad física y la vida de la persona a quien se le ha privado de la
1 Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 20711JH/20 de 22 de julio del 2020.
libertad, o de quien se pretende el exilio forzoso, destierro o expatriación del territorio nacional o
desaparición forzada, a no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante, a no ser
incomunicada o tratos vejatorios de su dignidad humana.2 Sin embargo, la aplicación del principio de
favorabilidad dentro del proceso penal no resulta competencia en el ámbito de acción del hábeas
corpus en virtud de la cita expuesta, para que se analicen las supuestas vulneraciones de los derechos
constitucionales se han establecido diferentes tipos de acciones constitucionales a las que tienen
derecho todo ciudadano, incluso el mismo ordenamiento infraconstitucional establece mecanismos
jurídicos para ellos.
7.2.7. Finalmente, estos juzgadores de conformidad a la facultad contenida en el artículo 130 numeral
6 del Código Orgánico de la Función Judicial que le otorga la atribución de “Vigilar que las
servidoras y los servidores judiciales y las partes litigantes que intervienen en los procesos a su
conocimiento, cumplan fielmente las funciones a su cargo y los deberes impuestos por la Constitución
y la ley”; y de forma concordante, la misma ley en el artículo 26 reconoce al principio de buena fe y
lealtad procesal que está relacionado con la observancia de la conducta de respeto recíproco e
intervención ética y su accionar de buena fe y lealtad, al establecer que consta en el expediente que
por el mismo objeto y bajo los mismos presupuestos legales y a favor del mismo beneficiario se han
planteado dos acciones de hábeas corpus (No. 09113201800052 y 09141202100038)
transgrediendo lo dispuesto en el artículo 8 numeral 6 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional que de forma expresa prohíbe que “Un mismo afectado presente más de una
vez la demanda de violación de derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones u
omisiones y con la misma pretensión”, es evidente que no se observó esta prohibición por lo que la
actuación del abogado patrocinador Byron León Peñafiel se adecúa a la prohibición contenida en el
artículo 335 numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que deberá ser analizada
por el Director Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 336 del Código ibídem.
8. OCTAVO: DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, este Tribunal de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve negar el
recurso de apelación propuesto por el abogado Byron León Peñafiel en calidad de patrocinador de la
accionante Doylet Bajaña Ileana Juleidy, a favor del señor Alfonso Rafael León Peñafiel por
considerar que los argumentos esgrimidos son improcedentes en la garantía jurisdiccional de hábeas
corpus. 8.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.5 de la Constitución de la República,
una vez ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional
para el desarrollo de su jurisprudencia. 8.2. Remítase atento oficio al señor Director Provincial del
Guayas del Consejo de la Judicatura para que proceda de conformidad con las normas que regulan al
2 Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 15911JH/19de 26 de noviembre del 2019.
régimen disciplinario o analizar la conducta profesional del abogado Byron León Peñafiel, a fin de
verificar si la actuación del prenombrado se ha adecuado a la prohibición contenida en el artículo 335
numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. 8.3. Actúe la doctora Ligia Marisol
Mediavilla, en calidad de secretaria relatora encargada de la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia de conformidad a la acción de personal No. 352UATH
2021OQ de 5 de abril del 2021, suscrita por la Dra. Martha Villarroel Villegas, Jefe de la Unidad
Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Notifíquese, publíquese y
cúmplase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
COPIA CERTIFICADA
,2o-
RESOLUCION N 1000-2013 / -
/
Juicio No. 18803-2017-00106
JUEZ PONENTE AB CYNTHIA GUERRERO MOSQUERA, WEZJ~ACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: AB. CYNTHL4 GUERRERO MOSQUERA
CORTE NACIONAL DE JUSTICL&. SALA ESPECIALIZADA DE LO
-
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Quito, martes 11 de diciembre deI 2018, las
13h45.
VISTOS: Conocemos la presente causa en virtud de haber sido designados corno jueces
nacionales, el Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, mediante Resolución del Consejo de la Judicatura
de Transición No. 04-2012, de 25 de enero de 2012, y la Abg. Cynthia Guerrero Mosquera y
el Dr. Pablo Tinajero Delgado, mediante Resolución del Consejo de la Judicatura No.
341-2014, de 17 de diciembre de 2014; y, las Resoluciones No. 01-2015 y 02-2015 de 28 de
enero de 2015, de integración de las Salas Especializadas emitidas por el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, así como el acta de sorteo de 24 de septiembre de 2018 que constan en
el proceso.
ANTECEDENTES: A) El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el
cantón Ambato, expidió la sentencia el 7 de mayo del 2018, las 15h57, dentro del juicio
contencioso administrativo No. 18803-2017-00106, seguido por el señor Edwin Ramiro Tixi
Guzmán, en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y Procurador General del
Estado, en la cual resolvió que: .NIEGA la demanda.
“..
B) El señor Edwin Ramiro Tixi Guzmán, interpone recurso de casación en contra de la
sentencia dictada el 7 de mayo del 2018, las 15h57, por el Tribunal Contencioso
Administrativo y Tributario, con sede en el cantón Ambato, por los casos cuatro y cinco del
artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos.
C) El doctor Wilman Terán Carrillo, Conjuez de la Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de 12 de septiembre del 2018, las 11h06, admitió
parcialmente el caso 4 del artículo 268 del COGEP, exclusivamente respecto a los artículos
158, 159, 164, 169 y 196 del COGEP, e inadmite el caso 5 del artículo 268 Ibídem.
D) Conforme los artículos 273, 88, 90 y 313 del Código Orgánico General de Procesos,
estando la presente causa en estado para resolver, se considera:
PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, de
conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la República;
numeral 1 del artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 266 del
Código Orgánico General de Procesos.
SEGUNDO: 2.1. En el día y hora fijados se llevó a efecto la audiencia de casación a la que
compareció la parte recurrente y a su vez actora señor Edwin Ramiro Tixi Guzmán,
acompañado de su defensa técnicael doctor Nelson Samaniego Falconí, así como por la parte
demandada Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, comparece el abogado Juan Francisco
Alvarado Verdezoto, en virtud de la procuración judicial otorgada por el Director Provincial
del IESS Tungurahua.
2.2. El recurrente identificó la sentencia impugnada, las disposiciones legales infringidas, e
invoca el caso cuatro del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos en el que
fundamentó su recurso, y al exponer la argumentación de su recurso señala que en la
sentencia existe aplicación indebida de los artículos 158, 159, 164, 169 y 196 del Código
Orgánico General de Procesos, sosteniendo en lo principal que: “...El yerro del Tribunal se
)
da en la valoración probatoria, cuando se valora un medio de prueba que no está
incorporado legalmente al proceso y se omite apreciarpruebas que es de importancia para
la decisión de la causa que sí están incorporadas a la causa, o cuando se valora medios que
no fueron pedidos, presentados o practicados de acuerdo con la Ley como en el presente
caso. Por consiguiente el Tribunal dicta sentencia en base a pruebas que nunca fueron
debidamenteproducidas en audiencia conforme lo determina el Art. 159, 164, 169 y 196 del
COGEP, porque al no existir contestación a la demanda no se puede considerar el anuncio
probatorioformuladopor un tercero (Director Provincial del IESS Tungurahua,) que no es el
demandado, conforme así se contradice el mismo Tribunal en la sentencia en el numeral
5.2.2 cuando se refiere al Anuncio Probatorio y que mediante Auto Interlocutorio ca4flcó
únicamentela prueba del actor cuando señala en el numeral “5.3.- ADMISIBILIDAD DE
LOSMEDIOS PROBATORIOS”, por lo tanto la sentencia adolece de vicios de valoración de
laprueba conforme lo indica elArt. 158 COGER
En este aspecto los demandados al no haber contestado la demanda perdieron la
(...)
autoridad procesal de hacer valer sus derechos (prueba) y el compareciente el derecho a
contradecirla, por lo que la sentencia al considerar los presupuestos establecidos en los
numerales 7.1, 7.2, 7.4 y 7.5 que dejo detallado, por aplicación indebida de la prueba, ha
violado los preceptos jurídicos relativos a la valoración de la prueba y por ende a la
violación de las normas de Derecho, por cuanto no se hajus4flcado en elproceso que haya
existido un proceso de reestructuración, optiznización o racionalización realizados
legalmente por el IESS, ni cumplido con el ¡‘esto de presupuestos establecidos en el artículo
innumerado agregado alArt. 108 delReglamento de la Lev Orgánica de Servicio Público.
2.3. Por su parte la defensa técnicadel demandado expuso sus argumentos respecto a las
—
~ç~% /0)70
1’
nomrns y caso señalado por la recunente manifestando en lo prncipal se~n co~ta en el acta
resumen de la audiencia que en IESS a inicios de 2017 se dan 4 casos de compra de
renuncia a miembros de comisión de Prestaciones y Controversias, 2 caios Dr. Tixi y
Samaniego en chimborazo, 2 Tungurahua, 1 renuncia para miembro de comisión, afojas
. .
72 podrá evidenciar que el procurador IESS dice quien deberá ejercer defensa Director de
Tungurahua, da contestación el 14-08, segúnArt. 38 Le-y IESS, el 19-09 el contencioso
dispone se no4fique al actor en el términode 151 inciso 4, en audiencia preliminar incidente
que IESS Tungurahua no tiene legitimación y no nos dejan inten’enir en causa y declara que
no existe contestación nos quedamos sin anuncio de prueba y no se pudo practicar en
audiencia de juicio a la que comparezco a nombre de Director de Chimborazo, casos
análogos de Di~ Samaniego se resuelve 2 meses antes soliciténulidad sin embargo la
sentenciafuefavorable.
2.4. Sobre estas acusaciones el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en
el cantón Ambato, en su sentencia impugnada señala que: “...5.2. ANUNCIO
PROBATOMO.- 5.2.1.- La parte actora anunció como pruebas en la audiencia preliminar:
1.- Nombramiento como Miembro de la Comisión Provincial de Prestacionesy Controversias
de C’hiinborazo de 21 de diciembre de 2007 2.- Aceptación del nombramiento de 21 de
diciembre de 2007 3.- Formulario MRL-EVAL-Ql MODIFICADO de 2012, 2013, 2014, 2015
y 2016 4.- Acción de personal DNGTH-2017-00095 QUE CESA DE FUNCIONES AL
ACTOR 5.- Oficio IESS-DPH2OJ7-0139-OF de 30 de marzo de 2017 6.- Acción depersonal
DNGTH-2016-18079 de 29 de diciembre de 2016 que cesa de funciones a HENRY
CUADRADO 7.- Oficio IESS-CD-2017-0002-OF de 3 de mayo de 2017 que adjunta copias
cer4flcadas de la RESOLUCIÓN 479 de 18 de marzo de 2015. 8.- Oficio
IESS-DPHP-P2017-0139-OF de 30 de marzo de 2017 que concede copia cerqflcada de la
acción depersonal que cesa defunciones al actor (sic).
5.2.2.- La pat-te demandada no contestó la demanda en consecuencia no se considera el
anuncio probatorio formulado por el Director Provincial de Tungurahua del Instituto
Ecuatoriano de SeguridadSociaL
5.3.- ADMISIBILIDAD DELOS MEDIOS PROBATOMOS: Luego de haber anunciado la
parte actora la totalidad de las pruebas para ser presentadas en la audiencia dejuicio, el
Tribunal en relación a los fundamentos de la demanda y contestación, dictó el auto
interlocutorio en los siguientes términos:“...El Tribunal ha ca4flcado laprueba del actom~ la
anunciada en esta audiencia de admisible, por ser conducente, pertinente y útiL Quedan
no4flcados de la resolución correspondiente de manera verbaly se señala para el día martes
17 de abril de 2018 a las 15h00 la audiencia dejuicio en la Torre 1 sala 7 de este ~‘omplejo
JudicialAmbato...
7.- MOTIVACIÓN: 7.1.- En ejercicio del control de legalidad como objeto de la
jurisdicción contencioso administrativa (‘artículo 300 del Código Orgánico General de
Procesos) y competencia de este órgano jurisdiccional (‘artículo 2] 7 numeral 2 del Código
Orgánico de la Función Judicial) el Tribunalprocede a estudiar el expediente administrativo
remitidojunto con la contestación a la demanda y laspruebas actuadas por el actor: Alojas
19 consta el acto administrativo impugnado (Acción de Personal No. DNGTH-2017-00095,
defecha 9 de enero del 2017,), que en la parte principal señala: “RESUELVE: Seprocede a
cesar en funciones por Compra de Renuncia al señor/a TIXI GUZIVIÁAT EDI4”7N RAMIRO,
que ocupa elpuesto de MIEMBRO DELÁ COMISIÓNPROVINCIAL DE PRESTACIONES Y
D
CONTROVERSIAS de la DIRECCIÓNPROVINCIAL DE CHIMBORAZO‘Ç estableciendo
como BASE LEGAL el Art. 47 literal k,) de la Ley Orgánica de Servicio Público-LOSEP,en
concordancia con el artículo innumerado a continuación del artículo 108 del Reglamento
General de la LOSEP. De su parte el Decreto Ejecutivo No. 813, publicado en el
Registro Oficial, Suplemento 489 de 12 de Julio del 2011, reformó el Reglamento General de
la Ley Orgánica de Servicio Público, disponiendo la incorporación de un artículo
innuinerado a continuación delArt. 108...
7.2.- Defojas 81 consta el informe técnicoFDQ-NE-DNGTH-00035-20]7 de 9 de enero
(...,)
de 2017 que en su apartado “2.- ANÁLISIS TÉCNICO”señala “...La Dirección Nacional de
Talento Humano ha determinado la necesidad de realizar el proceso de optimización,
racionalización y reestructuración del talento humano, para lo cual ha considerado
establecer el siguiente plan de compra de renuncia obligatoria con indemnización... a
“;
continuación aparece una nómina de servidores, con los datos del cargo y el cálculo del
pago por compra de renuncia, en cuya casilla 8 consta el nombre del actor con la
denominación del cargo y el valor correspondiente a compra de renuncia. De lo expuesto
claramente se establece que la entidadpúblicaha procedido a cesar enfunciones al acto;~
mediante la figura jurídica de compra de renuncia con indemnización en virtud de un
proceso de “optimización, racionalización y reestructuración del talento humano
aplicando lo dispuesto en el artículo innumerado después del Art. 108 del Reglamento
General a la Lev Orgánica de Servicio Público,pues al proceder de estaforma la entidad
pública no requiere que el servidor presente su renuncia, ni que haya solicitado ser
considerado o tomado en cuentapara una compra de renunciaprogramadapor la Institución
como erróneamente alega el actor en su demanda, sino más bien esta disposición concede la
facultad a las entidades publicas para poder establecer planes de comprqs de renuncias
obhgatozzas con indemnizacton debidamente piesupuestados en vntud de los piocesos de
reestructuración, optimización o racionalización de las mismas, realizados por 2a~iitidad
pública, debiendo las servidoras o servidores públicos cumplir obligatoriamente estos
procesos aplicadospor la administración pública.
7.4.- De su parte la entidad demandada adjuntó a su contestación a la demanda el
expediente que antecede al acto impugnado, dentro del cual consta la acción depersonal, el
Informe Técnicodefecha 9 de enero del 2017 FDQ-NE-ENGTH-00035-2017. Dicho informe
suscrito por el Director Nacional de Gestión de Talento Humano del IESS (fojas 81)
determina el respectivo valor a recibir po;’ cada servidor que cese su cargo mediante la
figura de compra de renuncia con indemnización, así como la disponibilidad de recursos
para cubrir los valores antes referidos. En la lista de servidores que cesarían mediante la
compra de renuncia con indemnización consta el nombre del actor (No. 8), con una
asignación de USD $ 22.626,50 valor que el actor no ha controvertido respecto de supago ni
sobre su cuantía. Se adjuntan a dicho informe elMemorándum IESS-UC’P-201 7-0009-Mde 9
de enero de 2017 suscrito por el Jefe de la Unidad de C’onsolidación de presupuesto del
IESS, Las certificaciones presupuestarias; y la boleta de transferencia de pago de la
indemnización a favor del actor. Con estos documentos el demandado estima que cumplió
con lospresupuestos legalespara queproceda la compra de renuncia con indemnización.
7.5.- Al respecto revisada la normativa legal aplicable al caso, el artículo innumerado
despuésdelArt. 108 del reglamento, señala quepara queproceda la compra de renuncia con
indemnización la misma deberá estar presupuestada, al caso en concreto consta la partida
presupuestaria, por tanto se ha cumplido el presupuesto legal, en tal sentido la Acción de
Personal impugnada es legal.
7.6.- El Tribunal aclara que únicamentese pronuncia respecto a los cargos de ilegalidad
formulados en la demanda, no siendo materia de análisis cargos que no se hayanfonnulado
en la misma; y, que al adjuntarse el expediente administrativo a la contestación a la
demanda, su análisis integra el objeto de la controversia en razón del control de legalidad
atribuido a este Tribunal, sin necesidad de estar supeditado dicho control a la admisibilidad
de los medios probatoi-ios anunciados en la contestación a la demanda, mediante la
comparecencia a la audienciapreliminar de la autoridad demandada.
TERCERO: 3.1. El caso cuatro del artículo 268 del COGEP, consiste: “Cuando se haya
incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los
preceptosjurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a
una equivocada aplicación o a la no aplicación de nonnas de derecho sustantivo en la
sentencia o auto. es preciso armonizar, de una parte, la disposición contenida en el artículo
“,
164 inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos, norma que establece que:
“...La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con la reglas de la sana
crítica,...’; y, de otra, la circunstancia de que la valoración de la prueba es una atribución de
las Cortes y Tribunales de instancia, y que la Sala de Casación está facultada únicamentepara
controlar dicha tarea, en orden a que esta valoración haya tenido lugar sin contravenir el
ordenamiento jurídico. Por tal razón, para que prospere el recurso de casación flindado en este
caso, es imprescindible que el recurrente cumpla, al mismo tiempo, con todas estas
exigencias: 1) Identifique la prueba o pruebas respecto a las cuales estima que el tribunal de
origen ha infringido las regias aplicables a la valoración de la prueba; 2) Puntualice las
normas de valoración que en su criterio se encuentran infringidas; 3) Indique razonadamente
la manera en que el tribunal ha incurrido en la infracción; 4) Señale la norma o normas de
derecho sustantivo que, por efecto de la violación de orden procesal, han dejado de ser
aplicadas o lo han sido defectuosamente, tanto más cuanto que el COGEP ha previsto que
para que se déel caso cuarto deben suscitarse dos supuestos: el primero, la aplicación
indebida, la falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba; y, el segundo, que esa aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no
aplicación de normas de derecho sustantivo que debían observarse necesariamente al dictar la
sentencia o auto; 5) Determine la fonua en la cual, por efecto de la violación de carácter
procesal, han dejado de ser aplicadas o han sido aplicadas defectuosamente dichas normas
sustantivas.
3.2. De lo señalado por el recurrente se estima en defmitiva que lo que alega bajo el caso
cuarto del artículo 268 del COGEP, es que el Tribunal A quo valoró un medio de prueba que
no está incorporado legalmente al proceso conforme detenninan los artículos 158, 159, 164,
169 y 196 del COGEP, esto es el expediente administrativo que acompañó a la contestación a
la demanda el accionado, y al contrario el Tribunal omite apreciar pruebas de importancia
para la decisión de la causa, al respecto esta Sala Especializada aprecia que:
3.2.1. Por un lado, efectivamente en la sentencia recurrida el Tribunal en el punto 5.2.2.
señala que: “La parte demandada no contestó la demanda en consecuencia no se considera
el anuncio probatorio formulado por el Director Provincial de Tungurahua del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad SociaL y así mismo en el punto 7.6 de la sentencia señala que:
-75--
‘~r~’ df
:\ J
1 ~:~~¡ce’~ (o
El Tribunal ada;a que unicamente se pionuncia respecto a los cargos de ilegalidad-
fo;muladas en la demanda no siendo mate;za de anahszs ca;gos que no se hayanfo;mulad’o
en la misma; y, que al adjuntarse el expediente administrativo a la contestación a 16’
atribuido a este Tribunal, sin necesidad de estar supeditado dicho control a la
admisibilidad de los medios probatorios anunciados en la contestación a la demanda,
mediante la comparecencia a la audiencia preliminar de la autoridad demandada. De lo
“.
indicado se puede evidenciar que efectivamente el Tribunal A quo no consideró y mucho
menos valoró el anuncio probatorio esgrimido por el Director Provincial de Tungurahua del
IESS en su contestación, conforme establecen los artículos 159, 160, 164, y 169 del COGEP,
y más bien lo que procedió es a revisar y analizar el expediente administrativo el cual la
entidad demandada estaba en la obligación de remitir al Tribunal, conforme así lo dispone el
Art. 309 del COGEP, análisis del expediente administrativo que evidentemente como lo
establece el Tribunal en el punto 6.2., y 7.1 de su sentencia le corresponde en el ejercicio del
control de legalidad bajo los lineamientos establecidos en el Art. 313 del Código Orgánico
General de Procesos que determina: “Contenido de la sentencia. Además de los requisitos
generales previstos para la sentencia, esta decidirá con claridad lospuntos sobre los que se
produjo la controversia y aquellos que en relación directa a los mismos comporten control
de legalidad de los antecedentes ofundamentos de la resolución o acto impugnados... (Lo
“
resaltado corresponde a la Sala), y esto precisamente se ve reflejado en los puntos 7.2 y 7.4 de
la sentencia impugnada al considerar que: “...De su parte la entidad demanda adjuntó a su
contestación a la demanda el expediente que antecede al acto impugnado y como lo
,
7)
sostiene el Tribunal dentro del mismo consta: la acción depersonal, el Informe Técnico
“...
defecha 9 de enero del 2017 FDQ-NEENGTH-00035-2017. Dicho informe suscrito por el
DirectorNacional de Gestión de Talento Humano del IESS «ojas 81) determina el respectivo
valor a recibir po;’ cada servidor que cese su cargo mediante la figura de comp;’a de
renuncia con indemnización, así como la disponibilidad de recursospara cubrir los valores
antes referidos. En la lista de servidores que cesarían mediante la compra de renuncia con
indemnización consta el nombre del actor (No. 8), con una asignación de USD $ 22.626,50
valor que el actor no ha controvertido respecto de supago ni sobre su cuantía. Se adjuntan a
dicho informe elMemorándum IESS-UC’P-2017-0009-Mde 9 de enero de 2017suscritopor
el Jefe de la Unidad de Consolidación de presupuesto del IESS, Las certificaciones
presupuestarias; y la boleta de transferencia de pago de la indemnización a favor del
actor.” (Lo resaltado corresponde a la Sala), es decir el Tribunal actuó en estricta aplicación
de lo dispuesto en el artículo 313 del COGEP, al ejercer de manera adecuada el control de
legalidad, sobre el antecedente del acto administrativo impugnado y que constituye el
expediente administrativo remitido.
3.2.2. Por otro lado, sobre la afirmación del recurrente al sostener que el Tribunal al valorar la
prueba incorporada ilegalmente al proceso “...o;nite apreciarpruebas que es de importancia
para la decisión de la causa que sí están incorporadas a la causa alrespecto es necesario
recalcar nuevamente lo manifestado en el punto 3.1. de esta sentencia al señalar que, para que
prospere el recurso de casación fundado en este caso, es imprescindible que el recurrente
cumpla, al mismo tiempo, con todas estas exigencias: 1) Identifique la prueba o pruebas
respecto a las cuales estima que el tribunal de origen ha infringido las reglas aplicables a la
valoración de la prueba; 2) Puntualice las normas de valoración que en su criterio se
encuentran infringidas; 3) Indique razonadamente la manera en que el tribunal ha incurrido en
la infracción; 4) Señale la norma o normas de derecho sustantivo que, por efecto de la
violación de orden procesal, han dejado de ser aplicadas o lo han sido defectuosamente, tanto
más cuanto que el COGEP ha previsto que para que se déel caso cuarto deben suscitarse dos
supuestos: el primero, la aplicación indebida, la falta de aplicación o la errónea interpretación
de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, el segundo, que esa
aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación hayan conducido a una
equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho sustantivo que debían
observarse necesariamente al dictar la sentencia o auto; 5) Determine la forma en la cual, por
efecto de la violación de carácter procesal, han dejado de ser aplicadas o han sido aplicadas
defectuosamente dichas normas sustantivas. En la especie, como puede advertirse, en el
memorial del recurso de casación interpuesto, el recurrente sostiene en definitiva que el
tribunal de instancia: “...o4te apreciarpruebas que es de importanciapara la decisión de la
causa que sí están incorporadas a la causa... y para cuyo efecto señala que se ha aplicado
indebidamente lo que determinan los artículos 158, 159, 164, 169 y 196 del COGEP; sin
embargo el recurrente no identifica en forma precisa el medio de prueba que, a sujuicio, no
ha sido apreciado ni valorado en la sentencia, pues se limita en fonua vaga a señalar que “se
omite apreciar pruebas de importancia”; así mismo no señala cual o cuales son los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que han sido indebidamente aplicados por el
Tribunal A quo en la sentencia impugnada, en tal sentido no se configura la proposición
jurídica completa que se requiere en el supuesto de la violación indirecta, esto es que se
señale: a) en forma precisa el medio de prueba que, a su juicio, ha sido erróneamente
valorado en la sentencia; y, b) la norma relativa a la valoración de la prueba que ha sido
a
maplicada, mdebidamente aplicada o erroneamente interpretada, por lo q\~e n~ i~asta que el
recurrente señale en forma general y vaga que se ha omitido apreciar pr~e~a~s que son de
importancia para la decisión, sino que es indispensable otros requisitos concunentes,~ razón
por la que esta Sala estima que el Tribunal inferior no ha aplicado indebidamente las nonrias
que el recurrente aduce como infringido, en consecuencia, no prospera el caso cuarto del
artículo 268 del COGEP alegado por el recurrente, ypor tanto se lo rechaza.
Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, ésteTribunal de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional ADMJNISTPa4NDO JUSTICIA,
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPtELICA: rechaza el recurso de
casación interpuesto por el señor Edwin Ramiro Tixi Guzmán, en consecuencia, no casa la
sentencia de 7 de mayo de 2018, las 15h57, dictada por el Tribunal Contencioso
Administrativo y Tributario con sede en el cantón Ambato.- Notifiquese, devuélvase y
publíquese.
AB.
DR. AQUIN TINAJERO DELGADO
JUEZNACIONAL
DR. IDALGO
JUEZ
a-’ |
189578555-DFE
Juicio No. 01371202001174
JUEZ PONENTE: DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI, JUEZA NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, martes 8 de noviembre del 2022, las 10h50. VISTOS:
ANTECEDENTES.
a) Relación de la causa impugnada: En el juicio laboral seguido por WILSON
IVÁN QUINCHE SAMANIEGO en contra de ÁNGEL JUANITO CHACÓN
BERMEO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, el Tribunal de la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, dictó
sentencia el 18 de junio de 2021, a las 14h33 y resolvió:
“[…] Acepta parcialmente el Recurso de Apelación del actor, y REFORMA la
sentencia subida en grado, declarando parcialmente con lugar la demanda, disponiendo
que el demandado Ángel Juanito Chacón Bermeo, por sus propios derechos pague a
Wilson Quinche Samaniego, lo siguiente: 1.) Por Décima Tercera Remuneración por
todo el tiempo de la relación laboral, la cantidad de $ 4.872,80. 2.) –Por Décima
Cuarta Remuneración por todo el tiempo de la relación laboral, el valor de $ 3.591,44.
3.) –Por Vacaciones por todo el tiempo de la relación laboral, la cantidad de 2.436,40.
4.) Por Bonificación por Desahucio la cantidad de $ 1.380,00. 5.) –Por Fondos de
Reserva, la cantidad de $ 3.431,44. 6.) Por Horas Extraordinarias del 16 de marzo del
2018 al 31 de agosto del 2018, la cantidad de $ 463.20. TOTAL A
PAGAR: DIECISEIS MIL, CIENTO SETENTAY CINCO DOLARES, CON 28/100. ($
16.175,28). En aplicación de la Resolución No. 082016 expedida por la Corte Nacional
de Justicia se ordena el pago de intereses legales. Se fija honorarios profesionales en
esta instancia en el 5% de la totalidad que se manda a pagar. […]”.
Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpone recurso de casación.
Recibido el proceso en la Corte Nacional de Justicia, en auto de fecha 21 de septiembre de 2021, las
10h45, se ADMITE a trámite el recurso de casación propuesto por la parte demandada,
correspondiendo a este tribunal de casación “[…] entrar a conocer y resolver el fondo de la cuestión
para pronunciarse respecto de la procedencia o no del recurso de casación presentado […]” (Corte
Constitucional del Ecuador, sentencia Nro. 03114SEPCC publicada en el suplemento del Registro
Oficial Nro. 222, de 9 de abril de 2014), y para hacerlo se considera:
PRIMERO: Jurisdicción y Competencia: La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional
de Justicia tiene competencia para conocer, sustanciar y resolver los recursos de casación en los
procesos laborales según lo dispuesto en el numeral primero del artículo 184 de la Constitución de la
República del Ecuador; inciso quinto del artículo 183, numeral primero del artículo 191 del Código
Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la Ley de Casación.
Según obra del acta de sorteo de 28 de septiembre de 2022, las 12h11, la competencia para conocer
este proceso correspondió al tribunal conformado por: DRA. CONSUELO HEREDIA YEROVI,
JUEZA NACIONAL (PONENTE); DR. ALEJANDRO MAGNO ARTEAGA GARCIA, JUEZ
NACIONAL; y, DRA. ENMA TAPIA RIVERA, JUEZA NACIONAL
Todo ello de conformidad con la resolución No. 022021 de 05 de febrero de 2021 del Pleno de la
Corte Nacional de Justicia que refiere a la integración de sus Salas; y la resolución No.042021 de 19
de febrero de 2021 que trata sobre la distribución de las causas.
SEGUNDO. VALIDEZ PROCESAL . No se observa omisión de solemnidad sustancial alguna
o violación de trámite legal, por lo que se declara la validez de todo lo actuado.
TERCERO. ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO EN LA
AUDIENCIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.
Según lo dispuesto en el artículo 272 del Código Orgánico General de Procesos, la audiencia para
conocer y resolver el recurso de casación se llevó a cabo el día martes 25 de octubre de 2022, a las
11h15; y su reinstalación el viernes 28 de los mismos mes y año, la parte recurrente solicitó se case
la sentencia por el caso 4 del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, sujetando su
argumentación a los fundamentos del escrito contentivo del recurso de casación; así como también se
tuvo la oportunidad de contradecir los fundamentos de la contraparte, todo ello conforme se desprende
del registro electrónico (CD) agregado al proceso.
Una vez escuchadas a las partes recurrentes, el Tribunal se pronunció en forma oral al tenor de lo
dispuesto en los artículos 93 y 272 del Código Orgánico General de Procesos; y, en base a las
disposiciones legales pertinentes, se procede a emitir la resolución escrita en los términos siguientes.
CUARTO: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LA SALA
ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
4.1. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN.
La casación es un medio de impugnación extraordinario, público y de estricto derecho; “[…] según
señala DE LA PLAZA, el objeto de la casación, en palabras de CARAVANTES, no es tanto,
principalmente, enmendar el perjuicio o agravio a los particulares con las sentencias ejecutoriadas, o
el remediar la vulneración del interés privado, cuanto el atender a la recta, verdadera, general y
uniforme aplicación de las leyes o doctrinas legales; idea que, en épocas más próximas a nosotros,
reitera Manresa, cuando atribuye al recurso la misión de […] enmendar el abuso, exceso o agravio
inferido por las sentencias firmes de los Tribunales de apelación cuando han sido dictadas contra ley o
doctrina legal, o con infracción de las formas más esenciales y trámites más esenciales del juicio […]”
(Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador, 2005, pág. 221).
4.2. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS SOBRE LA MOTIVACIÓN
AI tenor de lo dispuesto en el literal I) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República
del Ecuador, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas; no habrá motivación, si
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda, o no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso. La inobservancia
de esta norma constitucional ocasiona la nulidad de la resolución.
En materia de casación la motivación se circunscribe a presentar un razonamiento jurídico con base en
la normativa legal y en principios del derecho, de ser el caso, que justifiquen por qué la sentencia
recurrida por este recurso extraordinario ha infringido normas legales y contempla alguno de los
errores presentados al amparo de los casos alegados o por qué los fundamentos de quien interpuso el
recurso carecen de sustento suficiente para casar la sentencia; en resumen, la motivación en casación
debe contemplar los fundamentos para casar o no la sentencia recurrida, siendo: “[…] el conjunto de
razones y fundamentos jurídicos que sustentan el pronunciamiento […]” (Tolosa Villabona, Teoría y
Técnica de la Casación, 2008, pág. 126).
La motivación se constituye así en un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y observancia
en todas las resoluciones administrativas o judiciales, convirtiéndose en el eje diferenciador entre la
racionalidad y la arbitrariedad.
“[…] El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de
justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho
suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática
[…]” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela, 2007).
La motivación será considerada entonces como uno de los derechos de la tutela judicial efectiva y el
debido proceso, la Corte Constitucional, alejándose del test de motivación por el cual sostenía que:
“[…] Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la autoridad
que tome la decisión exponga las razones que el Derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición
debe hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como mostrar cómo los enunciados
normativos se adecuan a los deseos de solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable
es aquella fundada en los principios constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica
coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre esta y la decisión. Una decisión
comprensible, por último, debe gozar de claridad, en el lenguaje, con miras a su fiscalización par parte
del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto […]” (Caso Nro. 047113EP; Sentencia
Nro. 07515SEPTCC, que trascribe parte de la sentencia emitida por la Corte Constitucional del
Ecuador, para el periodo de transición Nro. 22712SEPCC, Caso Nro. 121211EP), en sentencia No.
115817EP/21 de 20 de octubre de 2021, bajo el título de “[…] Caso Garantía de la motivación”,
adopta una nueva línea estableciendo que a fin de observar el criterio rector en la garantía de
motivación, toda argumentación jurídica debe estar integrada tanto con una fundamentación normativa
como con una fundamentación fáctica suficiente.
Lo anteriormente señalado guarda relación con lo establecido en el artículo 89 del Código Orgánico
General de Procesos, que hace referencia a que una sentencia motivada es aquella que enuncia las
normas o principios jurídicos en que se funda y explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho, exponiendo los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la
apreciación y valoración de las pruebas como a la interpretación y aplicación del derecho.
En este sentido, se constituye la motivación en un requisito principal, básico y fundamental que debe
contener toda resolución, se compone del conjunto de razonamientos expuestos por el juzgador sobre
el asunto a resolver, que enlazados de tal manera, guardan sindéresis y coherencia entre sí,
permitiendo arribar a una decisión, en apego a la Constitución, tratados internacionales y leyes
existentes, que generan seguridad y certeza a las partes.
Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación y acatando el criterio referido
últimamente por la Corte Constitucional, este Tribunal fundamenta su resolución en el análisis que se
expresa a continuación.
QUINTO. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.
El recurso de casación motivo de este análisis se fundamenta en el caso cuatro del artículo 268 del
Código Orgánico General de Procesos, alegando como normas infringidas los artículos 163 numeral 1,
164 inciso segundo, 165, 185 inciso 3, 186 y 199 del Código Orgánico General de Procesos.
5.1. ALEGACIONES DEL RECURSO DE CASACIÓN BAJO EL CASO CUATRO. Con
fundamento en este caso quien recurre manifiesta:
- Aplicación indebida del artículo 185 inciso tercero del Código Orgánico General de
Procesos, al no constatarse que en el expediente existían pruebas documentales tales
como el contrato de trabajo celebrado el 16 de marzo de 2018, con firma y rúbrica de
cada uno, así como la suscripción del aviso de salida y el acta de finiquito que suplen
el juramento deferido de la parte actora.
- Manifiesta que, el tribunal ad quem resuelve el caso, otorgándole la razón al
demandante, respecto de la fecha de inicio de la relación laboral, únicamente
expresando que los testimonios y un RUC del año 2016 llevaron al convencimiento
que la relación laboral empezó el 1 de marzo de 2006, sin aplicar ninguna norma, ni
observar el artículo 163 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, toda
vez que la parte actora en la audiencia única no impugnó las pruebas aportadas por la
contraparte, tales como el RUC de inicio de actividades de fecha 10 de octubre de
2016, con el cual se demostró que él antes de esa fecha no era propietario de ningún
taller artesanal; así como: el contrato de trabajo, roles de pago, aviso de entrada y
salida del IESS, con los que se justifica que la relación laboral recién empezó el 16 de
marzo de 2018, por lo que al no haber sido impugnados debían de ser observados
por los juzgadores como hechos afirmados y aceptados.
- Indica que, existe falta de aplicación del artículo 165 del Código Orgánico General de
Procesos, pues es derecho del actor contradecir la prueba documental y oponerse de
manera fundamentada.
- Sostiene que, existe falta de aplicación del artículo 186 del Código Orgánico General
de Procesos, pues no considera que la prueba testimonial está en armonía con otras
pruebas.
- Alude que, no aplicaron el artículo 199 del Código Orgánico General de Procesos, ya
que los juzgadores solo valoran el RUC y una calificación artesanal, dejando de lado
el contrato de trabajo, aviso de entrada y salida del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social; y, el acta de finiquito, prueba fundamental para indicar el inicio de
la relación laboral.
- Sostiene también que, existe errónea interpretación del artículo 164 inciso segundo
del Código Orgánico General de Procesos, considerando que el actor demanda varios
incumplimientos laborales, y el tribunal de instancia interpreta que por aplicación del
artículo 164 ibídem, tiene la posibilidad de valorar la prueba, cuando no es así, ya que
el artículo en mención le da la facultad de apreciarla en su conjunto, al no hacerlo
incurren en un error, al no tomar en cuenta que los contratos bilaterales generan
derechos y obligaciones.
- Por último manifiesta que, de ser el caso se condene el fraude procesal que ha
cometido la parte actora.
5.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO. De conformidad con los
cuestionamientos vertidos por la parte demandada, el principal problema jurídico a dilucidar bajo el
caso cuatro del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, es:
- Determinar si el tribunal de alzada en su resolución no apreció en su conjunto las
pruebas presentadas por el accionado, lo que ocasionó que se establezca
equivocadamente como fecha inicio de la relación laboral el 1 de marzo de 2006 y el
subsiguiente pago de haberes laborales.
5.1.2. CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO CUATRO:
La parte accionada acusa a la sentencia de segundo nivel de incurrir en el caso cuatro del artículo 268
del Código Orgánico General de Procesos, que especifica:
“[…] 4. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que
hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho
sustantivo en la sentencia o auto […]”.
Para la procedencia de este caso, que en doctrina se lo conoce como de violación indirecta de la
norma, es necesario que se hallen reunidos los siguientes presupuestos básicos:
a) la indicación de la norma (s) de valoración de la prueba que a criterio de recurrente ha sido
violentada;
b) la forma en que se ha incurrido en la infracción, esto es, si es por aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación;
c) la indicación del medio de prueba en que se produjo la transgresión;
d) la violación de una norma de derecho ya sea por equivocada aplicación o por no aplicación; y,
e) una explicación lógica y jurídica del nexo causal entre la primera infracción (norma de precepto de
valoración de la prueba) y la segunda infracción de una norma sustantiva o material.
Al invocarlo, el recurrente debe justificar la existencia de dos transgresiones, la primera de una norma
contentiva de un precepto de valoración de la prueba, y la segunda, la violación de una disposición
sustantiva o material que ha sido trasgredida como consecuencia o por efecto de la primera infracción,
de tal manera que, es necesario se demuestre la existencia del nexo de causalidad entre una y otra,
situación que en el caso en estudio no acontece, ya que el recurso presentado carece del tecnicismo
exigido por este recurso extraordinario, sin embargo al haber precluido la fase de admisibilidad y al
haber sido aceptado el mismo, en atención a lo manifestado por la Corte Constitucional: “[…] los
jueces casacionales, durante la fase de admisión, ya efectuaron una verificación del cumplimiento con
los requisitos establecidos en la norma constitucional, de tal forma que no cabe que en sentencia
nuevamente se pronuncien sobre aspectos de forma, negándose a conocer el fondo del asunto
controvertido, pues una vez admitido a trámite el recurso deben resolver sobre las pretensiones del
recurrente, garantizando así una adecuada tutela judicial[…]”. (Sentencia de la Corte Constitucional
No. 30715SEPCC, caso No. 013313EP); corresponde a este Tribunal pronunciarse en relación a
las alegaciones realizadas por la recurrente, de lo que se tiene lo siguiente:
5.1.3. EXAMEN DEL CARGO:
El Derecho Laboral en el Ecuador mantiene la orientación social que nace en la Constitución cuando
garantiza la intangibilidad, la irrenunciabilidad de derechos y el principio pro labore para la aplicación
de la norma en el sentido más favorable al trabajador, cuando respecto de ella exista duda; ampliando,
aún más, la base legal al añadir a los enunciados de la Norma Fundamental el de la protección legal y
administrativa que garantice la eficacia de los derechos del trabajador.
A fin de dilucidar si los cargos formulados tienen sustento jurídico, y teniendo en cuenta que el
recurso de casación es “[…] un ataque a la sentencia; una imputación de que ha infringido la ley o
quebrantado las formas esenciales del juicio, o de ambas cosas a la vez […]” (Martínez Escobar, La
Casación en lo Civil, 1936, pág. 1), y en razón del principio dispositivo al cual se refiere la
Constitución de la República del Ecuador en el numeral sexto del artículo 168 “[…] La sustanciación
de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el
sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo […]”.
Entendiendo este principio como la limitación de las actuaciones de los juzgadores al impulso
procesal de las partes, que, en materia de casación, se traduce en la restricción de las acusaciones
formuladas en los términos expuestos en el respectivo recurso, las cuales, además de contener los
requisitos indispensables exigidos por ley, deberán cumplir con el tecnicismo específico requerido
para cada una de las causales invocadas, en razón de lo cual, este tribunal considera lo siguiente:
Por regla general, en casación, no se pueden revisar los hechos que se encuentran fijados en la
sentencia, pues esta labor pertenece en forma exclusiva a los juzgadores de instancia, salvo que, como
resultado de esa valoración, el juicio de hecho contravenga parámetros de racionalidad y objetividad,
esto es, que la conclusión a la que llegue el juez, sea absurda o arbitraria o existan errores graves en
las conclusiones fácticas que ameritan corrección. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia, señala: “[…] constituye la generalidad, la regla por la cual la
casación es improcedente si de revisar nuevamente la prueba se pretende; sin embargo, puede tener
cabida una excepción: en ciertos casos la revisión de la valoración de la prueba por parte del Tribunal
de Casación, es necesaria, y será cuando el juicio de hecho contravenga abiertamente parámetros de
racionalidad y de objetividad. Esto en modo alguno significa que la diversidad de criterios al momento
de valorar la prueba sea susceptible de revisión por parte del Tribunal de Casación, por tanto, el
examen de la prueba es estrechamente reducido a aquellos casos en que existe un error fáctico
manifiesto y atentatorio a parámetros de racionalidad y objetividad, propios de cada caso concreto,
error que debe incidir fuertemente en la decisión de la causa, por ejemplo al valorar medios
probatorios no insertos en juicio […]”. En otras palabras, la libertad y autonomía del juzgador o
tribunal para desarrollar un razonamiento probatorio se sujeta a parámetros de racionalidad e incluso
razonabilidad en la motivación como límites a la arbitrariedad y subjetividad en la valoración de los
hechos.
En caso de que la valoración probatoria resulte arbitraria, injusta, ilegítima, absurda o irracional el
juez debe proceder a corregir dicho error.
En la especie, la parte recurrente (demandada) en su recurso de casación considera que el tribunal ad
quem no tomó en cuenta la totalidad de las pruebas documentales que aportó y produjo en el
expediente laboral, tales como: el Registro Único de Contribuyentes RUC No. 0102545969001 (fs.
22) con nombre comercial ESTRU FORJ, el contrato de trabajo a plazo indefinido (fs. 24), aviso de
entrada y salida en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS, roles de pago de ESTRU
FORJ (fjs. 27 a 33), Acta de Finiquito No. 7616692ACmF (fjs. 3437), las cuales hacen referencia a
que la fecha de inicio de la relación laboral con el señor Wilson Iván Quinche Samaniego fue a partir
de marzo del año 2018; y, para esto alega como normas infringidas los artículos 163 numeral 1, 164
inciso segundo, 165, 185 inciso 3, 186 y 199 del Código Orgánico General de Procesos, que en su
orden disponen:
“[…] Artículo 163. Hechos que no requieren ser probados. No requieren ser probados:
1. Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria en la
contestación […]”,
“[…] Artículo 164. La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de
ciertos actos […]”,
“[…] Artículo 165. Derecho de contradicción de la prueba. Las partes tienen derecho a conocer
oportunamente las pruebas que se van a practicar, oponerse de manera fundamentada y contradecirla
[…]”,
“[…] Artículo 185. En materia laboral, a falta de otra prueba se estará al juramento deferido de la o
del trabajador para probar el tiempo de servicio y la remuneración percibida. […]”,
“[…] Artículo 186. Valoración de la prueba testimonial. Para valorar la prueba testimonial, la o el
juzgador considerará el contexto de toda la declaración y su relación con las otras pruebas […]”; y,
“[…] Artículo 199. Indivisibilidad de la prueba documental. La prueba que resulte de los
documentos públicos y privados es indivisible, en consecuencia no se podrá aceptar en una parte y
rechazar en otra y comprende aun lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo
dispositivo del acto o contrato […]”,
Normas procesales de las cuales se puede colegir, que la prueba tiene como propósito llevar a la o al
juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos; en otras palabras, la
finalidad de la prueba es determinar la verdad procesal para hacer justicia; y, para ello, entre las
operaciones intelectuales que implica la actividad de la valoración de la prueba, el juzgador debe
confrontar los hechos con las diversas pruebas producidas; examinarlas y reexaminarlas en su
conjunto.
Para la valoración de la prueba el COGEP reconoce el sistema de la sana crítica; pero subsiste también
en ciertos casos la prueba legal. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del
juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el juzgador pueda analizar la prueba (ya sea de
testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión) con arreglo en la sana razón y en un
conocimiento experimental de las cosas; en este sentido, el COGEP establece algunas reglas generales
sobre la actividad de valoración de la prueba, y otras relativas a determinados medios de prueba, así:
1. Para que las pruebas sean apreciadas por el juzgador deberán: 1) solicitarse, 2) practicarse, 3)
incorporarse dentro de los términos señalados en éste Código (art. 164, inciso 1º) 2. La prueba deberá
ser apreciada: a) en conjunto; b) de acuerdo con las reglas de la sana crítica. (art. 164, inc. 2º); y, 3. El
juzgador tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas que le
hayan servido para justificar su decisión. (art. 164, inciso 3º).
Bajo este contexto, este Tribunal de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia una vez determinado
el problema jurídico a resolver, considera necesario revisar la valoración probatoria que realiza el
tribunal de segundo nivel, atacada en relación a las impugnaciones presentadas, en cuya parte
pertinente se manifiesta lo siguiente:
“[…] el Tribunal procede a analizar las pruebas de cada una de las partes:
El Actor anuncia y produce Prueba Documental constante a fs. (59) misma que contiene el
tiempo de servicios por empleador en el Instituto Ecua torno de Seguridad Social, en donde
se aprecia que el actor ha estado bajo dependencia del señor Chacón Bermeo Ángel Juanito
desde 201803 al 201808. Tiempo por el cual le ha aportado el demandado. Prueba que el
actor dice que la produce con la única finalidad de justificar la existencia de la relación
laboral entre las partes procesales, Y, no el tiempo de la relación laboral, que la fecha de
inicio de la misma es el motivo de controversia; Y, para justificar presenta el Juramento
Deferido del Actor, Declaración de parte del Actor, Declaración de Parte del Demandado y
la Declaración de testigos.
El Actor presenta como Prueba Testimonial la declaración de los testigos:
Testigo: Dra. Miriam Narcisa Carrasco Carrasco, quién a las preguntas formuladas por
la parte actora contesta que cuando iba al taller de Sastrería del señor Manuel Chacón, quién
el confeccionaba algunas prendas para su esposo, ha visto que en la parte de al lado había un
Taller, y que ha sido el propio señor Manuel Chacón (dueño de la sastrería) quién le ha
indicado que cuando él no estaba cualquier cosa le digan a su hermano Ángel Juanito Chacó
Bermeo, que es el dueño del Taller que estaba en el patio de al lado. Que le ha visto al
Actor de esta causa señor Wilson Quinche Samaniego trabajando en ese Taller de Mecánica
desde diciembre del 2007, que le ha visto ahí dentro del taller, que en el patio había una
mesa, fierros y materiales, que inclusive ha visto al señor Ángel Juanito Chacón con ropa de
trabajo al igual que los otros trabajadores que estaban ahí entre ellos el señor Wilson Quinche
Samaniego, tenían su ropa con grasa, que inclusive el señor Wilson Quinche Samaniego, ha
sido luego de unos años de haberle conocido Representante de los Padres de familia en la
Escuela Federico ´Proaño en donde estaban estudiando sus hijos, por lo que iban varias
veces al Taller de Mecánica a pedirle a Wilson Quinche que les ayude en los deportes, que
vaya a jugar los días sábados a partir de la 12 horas, y ahí ha visto que para acudir al deporte
primero pedía permiso al señor Ángel Juanito Chacón Bermeo.
A las preguntas que la juzgadora de instancia le hace a la testigo, respecto que cuantas veces
ha visto al señor Wilson Quinche en el Taller, contesta que le ha visto varias veces desde
el 2007 al 2018. A lo que le pregunta la Jueza cómo le consta que el Taller era del señor
Ángel Juanito Chacón Bermeo, contesta que el señor Manuel Chacón Bermeo, hermano del
señor Ángel Juanito Chacón Bermeo, le ha indicado que cualquier inquietud cuando él no
este (taller de sastrería) le pregunten a su hermano que trabaja en el fondo, donde estaba el
Taller de Estructuras Metálicas.
Señor Alis Santos Farez Zumba, al ser preguntado manifiesta que le conoce a los señores
Wilson Quinche Samaniego y Ángel Juanito Chacón Bermeo, aproximadme hace 10 años,
que ha visto que han hecho unas obras de techo metálico, ventanas, puertas en la escuela
Buena Esperanza en Ricaurte, donde él trabaja, que al señor Ángel Juanito Chacón, le
contrataba el Jefe de la Escuela señor Juan Carlos Ulloa. Dice haber visto trabajar a los
dos señores Wilson Quinche y Ángel Juanito Chacón, que Juanito Chacón le ha presentado a
Wilson Quinche como su cuñado, y que él les ha visto llegar a trabajar a los dos hace diez
años.
A las preguntas que desde que tiempo atrás conoce a los señores Wilson Quinche y Ángel
Juanito Chacón Bermeo, dice que desde el 2008, 2009 y desde el 2010 en adelante, cuando él
ya trabajaba en la escuela como albañil. Que los trabajos que han realizado los dos señores
son del techo metálico, en el tiempo de vacaciones cuando no estaban los niños, año 2009,
no puede precisar exactamente el tiempo que ha durado la obra, eso no recuerda.
La jueza de instancia le pregunta al testigo si solo ha visto en el año 2009 realizando esa obra
que dice o posteriormente ha visto trabajando a los dos señores, en otras obras; El testigo
responde que si, a parte de esa obra han realizado otras los dos señores, como cerramientos,
puertas, ventanas y que en la parte de atrás de la escuela había un edificio en donde hacían
varias obras los dos señores.
5.3.b.) El Demandado, anuncia y produce como Prueba Documental:
A fs. (22) El Registro Único de Contribuyentes RUC No. 0102545969001, correspondiente a
Chacón Bermeo Ángel Juanito, Nombre Comercial: ESTRU FORJ. Calificación Artesanal
No. 060072, Fecha de Inicio de Actividades 10/10/2016, Fecha Actualización 10/03/2018.
Actividad Económica: Fabricación de Puertas y ventanas de Metal y sus Marcos (incluso
enrollables). Calificación Artesanal: JUNTA NACIONAL DEL ARTESAN No. 060072.
A fs. (23) el Carnet de Artesano Calificado, en Mecánica General, fecha de emisión 1603
2018.
A fs. (24) consta un documento que contiene como Titulo: Contrato de Trabajo a Plazo
Indefinido, suscrito por Ángel Chacón B, representante de ESTRU FORJ y el actor de esta
causa, sin que se haya justificado sea registrado en el Ministerio de Trabajo, donde consta
como fecha de inicio de trabajo el 16 de marzo del 2018, Aviso de Entrada en el IESS ,
Representante legal: Chacón Bermeo Ángel Juanito, Sucursal ESTRU FORJ, Fecha de
Cotización: 16/03/2018.
A fs. (2732) Roles de pago de ESTRU FORJ con el señor Wilson Quinche de periodos de
marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, sin que se especifique de qué año.
A fs. ( 33) Aviso de Salida en el IEES, Representante legal Chacón Bermeo Ángel Juanito,
Nombre Sucursal : ESTRU FORJ 0001. Trabajador Quinche Samaniego Wilson Iván, Fecha
de afectación 27/08/2018. Causa Salida: Renuncia Voluntaria.
A fs. (3437) Acta de Finiquito No. 7616692ACF celebrada el 30 de agosto de 2018 entre la
Compañía ESTRU FORJ por medio su representante legal Chacón Bermeo Ángel Juanito
como su empleador, Y, por otra: Quinche Samaniego Wilson Iván.
La narración de los hechos detallados y pormenorizados en los fundamentos de la
demanda, hacen referencia a que el Actor de esta causa desde el año 2006 ha laborado
en el Taller de Mecánica Industrial de Propiedad exclusivamente del señor Ángel
Juanito Chacón Bermeo, y es a él a quién se le demanda, por sus propios derechos las
pretensiones que constan en la demanda. Y, el Demandado en su contestación dice que
recién ha obtenido el RUC de su Negocio de Fabricación de Puertas Y Ventanas de
Metal y sus Marcos, con Nombre Comercial: ESTRU FORJ, con Calificación
Artesanal por la Junta Nacional del Artesano No. 060072 el 10 de octubre de 2016; sin
embargo recién el 16 de marzo del 2018 al obtener el Carnet Artesanal se ha dispuesto
a contratar un ayudante para su taller.
Nótese que la demanda es en contra de Ángel Juanito Chacón Bermeo, a quién ha
demandado por sus propios derechos, Y, el Demandado presenta Prueba Documental
que hace referencia a un Taller Artesanal con nombre Comercial ESTRU FORJ del
cual es su representante con fecha de inicio de labores 10 de octubre del 2016, esto es
sobre un Taller Artesanal que no ha sido motivo de controversia, toda vez que, no se
ha hecho constar ningún nombre Comercial en la demanda.
De la Prueba Documental que presenta el Demandado, se puede apreciar que cuando obtuvo
el Registro Único de Contribuyentes, el demandado ya tenía la Afiliación de la Junta del
Artesano con el No. 060072, y recién el 16 de marzo del 2018 obtiene el Carnet Artesanal
y confidencialmente el mismo día que obtiene el señor Ángel Juanito Chacón Bermeo, el
Carnet Artesanal, (16 de marzo del 2018) ha celebrado Varios Actos en relación a la
contratación con el señor Wilson Quinche Samaniego, como es el Contrato de Trabajo, Aviso
de Entrada en el IESS.
El Contrato de Trabajo a Plazo Indefinido, que consta del proceso es un documento privado,
toda vez que no se ha justificado se haya registrado en el Ministerio de Trabajo, para que sea
un documento público.
Los roles de pago (2733) hacen referencia al Nombre Comercial ESTRU FORJ, y
empleado Wilson Quinche, y en el detalle que consta en cada uno de ellos no se puede
apreciar al año a que corresponden, solo consta el mes y días trabajados.
El Acta de Finiquito en su parte pertinente dice: “… En Cuenca, jueves 30 de agosto del
2018, ante la compañía o empleador ESTRU FORJ, por medio de su representante legal el
señor CHACON BERMEO ANGEL JUANITO, en su calidad de empleador por una parte, y
por otra parte el señor QUINCHE SAMANIEGO WILSON IVAN, en su calidad de
trabajador, suscriben la presente Acta de Finiquito, contenida dentro de los siguientes
términos: PRIMERO: Con fecha 16 de marzo del 2018, la compañía o empleador ESTRU
FORJ y el señor Quinche Samaniego Wilson Iván, celebraron un contrato de trabajo
mediante el cual el trabajador se comprometía a presar sus servicios en calidad de
OPERARIO en las instalaciones de esta empresa o empleador. Por dichos servicios el
trabajador percibió una remuneración mensual de USD 386,00 estos servicios los prestó
hasta el lunes 27 de agosto del 2018, fecha en que concluyó la relación laboral por acuerdo
entre las partes. (…) CUARTO: La entrega de dichos valores y la firma de la presente
acta, no significa por ningún motivo o forma alguna, la renuncia por parte del trabajador a
cualquier reclamo administrativo o judicial que con posterioridad se considere asistido
conforme a la ley …”
Para apoyar su contestación el accionado presenta Prueba Testimonial, la declaración de
dos testigos:
Janet Patricia Chacón Bermeo. Dice que su hermano Ángel Juanito Chacón Bermeo ha
trabajado para ella hasta el 2015, en varios trabajos que ella tenía como Ingeniera Civil,
entre las actividades realzadas por su hermano era las de Chofer y que luego ella mismo le
ha apoyado para que se ponga el Taller porque ella ya no tenía mucho trabajo y ya no le
podía seguir apoyando. A las repreguntas que le hace la contraparte que justifique si ha
trabajado para ella con documentos de afiliación al IESS, contesta no haberle afiliado a su
hermano al IESS, que no tiene contrato de trabajo, que como era su hermano ella le ayudaba
en su trabajo. Y, preguntada si le conoce al señor Wilson Quinche Samaniego, dice que
sí, que trabajaba en otro taller que queda en la Y del Cebollar donde un señor Amaya que era
su amigo, y preguntada donde queda exactamente el taller del señor Amaya, contesta que
no puede precisar, a pesar de haber estado en ese lugar, que no puede andar averiguando las
cosas de nadie.
Pablo Andrés Quinche Samaniego, dice al ser preguntado que el señor Wilson Quinche
Samaniego, es su hermano y que ha trabajado para el señor Ángel Juanito Chacón quién es
su cuñado desde marzo del 2018 a agosto del 2018 como Soldador, que el taller está ubicado
en la entrada de Pumayunga.
A las repreguntas dice: que el taller el señor Ángel Juanito Chacón Bermeo, tiene desde el
2016, que antes trabajaba Ángel Juanito Chacón Bermeo, como Chofer de la hermana, y que
el señor Wilson Quinche Samaniego, trabajaba antes para el señor Carlos Amaya en el taller
que queda por la Iglesia de San Miguel […]Con la Documentación presentada por el
Demandado, que hace referencia a un Taller con Nombre Comercial ESTRU FORJ, con
Representante a Chacón Bermeo Ángel Juanito, con Actividad Económica Principal:
FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE METAL Y SUS MARCOS (INCLUSO
ENROLLABLES), con Califican Artesanal por la Junta Nacional de Defensa del Artesano
No. 060072 al momento de obtener el RUC 0102545969001 con fecha de inicio de
Actividades 10 de octubre del 2016 y Fecha de Actualización 19 de marzo del 2018, y los
otros documentos que acompaña antes referidos, con la Prueba Testimonial del demandado
que no justifica de ninguna manera el tiempo anterior al 2016 ha estado trabajando para su
hermana, así como que el señor Wilson Quinche ha estado trabajando en el Taller que dicen
es del señor Carlos Amaya; Este Tribunal en aplicación de las reglas de la SANA
CRITICA, instrumento legal para la valoración judicial de la prueba ofertada, supone la
existencia de ciertos principios generales que deben guiar al Juzgador en cada caso concreto, a
la apreciación de la prueba, excluyendo así la discrecionalidad absoluta del juzgador; Sana
crítica que se da entre la prueba legal y la libre convicción, en el cual el juzgador aprecia los
elementos probatorios conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y las ciencias y artes
afines, al ser al valoradas las pruebas presentadas por las partes procesales, se tiene que
la PRUEBA TESTIMONIAL presentada por la parte Actora , sus testimonios son
concordantes, conducentes al indicar que le han visto al señor Wilson Quinche
Samaniego trabajar en el Taller del señor Ángel Juanito Chacón Bermeo antes del 2016,
entendiendo que recién el 10 de octubre del 2016 ha regularizado su Taller con
Calificación Artesanal por la Junta Nacional del Artesano No. 060072 que ha venido
realizando Mecánica Industrial, por lo que corresponde aplicar al Tribunal el
PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD […] En el caso Sub júdice, el actor
con la prueba testimonial ha justificado que la prestación de servicios que dice ha realizado
para el señor Ángel Juanito Chacón Bermeo, ha sido bajo las órdenes y dependencia del
demandado, ha demostrado que se ha cumplido con los Elementos Esenciales a los que hace
referencia el Art. 8 del Código del Trabajo, Acuerdo entre las partes, Prestación de servicios
lícitos y personales, Subordinación o Dependencia del actor en relación al accionado, Y,
Remuneración.
Al justificar que lo ha hecho bajo las órdenes y dependencia del empleador, lo cual está
acreditado, evidenciado dentro del proceso que nos ocupa con la declaración de sus testigos
que dicen que le han visto laborando en el Taller de propiedad de Ángel Juanito Chacón
Bermeo, han visto que Wilson Quinche Samaniego, pedía permiso para retirarse de su lugar
de trabajo los sábados para ir a hacer deporte en la escuela de sus niños al dueño del Taller
señor Ángel Juanito Chacón Bermeo.
Se ha justificado la Subordinación o Dependencia del actor en relación al accionado, que
significa la obligación del trabajador de someterse a las órdenes e instrucciones del empleador
[…] Se debe deferir al Juramento del trabajador cuantas veces sea necesario para
probar el tiempo de servicios y la remuneración percibida por el trabajador, siempre
que del proceso no aparezca otra prueba al respecto, capaz y suficiente para comprobar
tales particulares, pero no en cuanto al inicio de la relación laboral, que para eso se
estará a lo que consta en el Contrato de Trabajo. Consecuentemente, el Tribunal de la
Sala en el presente caso da valor probatorio al JURAMENTO DEFERIDO del actor
del presente trámite por cuanto las pruebas deben ser apreciadas en su conjunto, y del
expediente se encuentra que el actor ha aportado pruebas que justifiquen la existencia
de los elementos del contrato de trabajo antes mencionados […]Se tiene por lo tanto
como fecha de inicio de la relación laboral el 1 de marzo del 2006, fecha de terminación
el 31 de agosto del 2018. […]”. (el resaltado pertenece a este Tribunal de Casación).
Este tribunal previo a dar respuesta a los cargos formulados, considera pertinente dejar anotado, que el
actor, que según su cédula de ciudadanía, tiene una instrucción básica, en su acto de proposición
(demanda), registra como antecedentes de hecho que trabajó para el señor Ángel Juanito Chacón
Bermeo, desde marzo de 2006 en un taller de mecánica industrial de su propiedad, como soldador,
cumpliendo sus actividades en las instalaciones de dicho taller y en los lugares donde a su empleador
le contrataban para la elaboración de estructuras metálicas en escuelas, casas particulares y, que su
empleador en el año 2018, le pidió que firme unos papeles diciéndole que es para el IESS, por lo que
se le ha afiliado tan solo cinco meses y en el anuncio de los medios de prueba que ofrece para
acreditar esos hechos se refiere en el numeral 1 “En 5 fojas, mecanizado de aportes al IESS por 5
meses con los que pruebo la relación laboral”, es decir, que el motivo de su demanda pone de
manifiesto claramente y no desconoce que su empleador le habría afiliado únicamente durante esos
meses. Frente a estos hechos, la parte demandada en su contestación, niega que la relación laboral
haya sido desde marzo de 2006, sino que reconoce expresamente que fue desde el 16 de marzo de
2018 hasta el 27 de agosto de 2018 y que su salida fue por renuncia voluntaria, que tiene un contrato
de trabajo firmado, existen roles de pago, que tiene su afiliación al IESS, el aviso de entrada y salida y
que además es artesano calificado, siendo que su taller artesanal lo tuvo de acuerdo al RUC desde el
10 de octubre de 2016, y que a pesar de tener el RUC y emprender el negocio desde esa fecha siempre
trabajé sólo hasta el 16 de marzo de 2018, obtuvo su calificación artesanal en la rama y solo desde allí
se dispuso a contratar un ayudante para el taller artesanal.
En estos términos uno de los puntos objeto de controversia fijado en instancia y aceptado por las
partes, fue el inicio y terminación de la relación laboral.
En ese contexto, se tiene que el trabajador siempre reconoció que su empleador le afilió durante cinco
meses en el año 2018, y que su demanda la formula porque aquello no responde a la realidad de la
prestación de sus servicios, que ha sido superior a ese periodo. De modo que, las pruebas que cada
parte aportó a este proceso, fueron incorporadas para demostrar sus teorías del caso, correspondiendo
bajo los aspectos y comportamiento procesal de cada parte, verificar si los jueces de alzada, en el
ejercicio de apreciación probatoria, cuya atribución le es exclusiva, transgredieron los preceptos
acusados bajo este recurso.
Así se advierte, que los juzgadores de instancia en el caso in examine, al momento de cumplir el
proceso de valoración de la prueba, verificar su eficacia y aplicar el principio de la unidad de la
prueba, acorde a lo que estable el artículo 164 del Código Orgánico General de Procesos, que dice:
“[…] La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica
[…]”, no dejaron de apreciar el Registro Único de Contribuyentes RUC No. 0102545969001 (fs. 22)
con nombre comercial ESTRU FORJ, el contrato de trabajo a plazo indefinido (fs. 24), aviso de
FORJ (fjs. 27 a 33), acta de finiquito No. 7616692ACF (fjs. 3437), por el contrario, indican que los
medios probatorios con los cuales la parte accionada pretende justificar el tiempo de servicios desde
marzo de 2018, hacen referencia a un Taller Artesanal con nombre Comercial ESTRU FORJ, del cual
él es su representante desde el 10 de octubre de 2016; Taller Artesanal que al no haber sido motivo
de controversia, toda vez que, no se ha hecho constar ningún nombre comercial en la demanda, no
era obligatorio impugnar las pruebas presentadas por el accionado, por lo que en este sentido el
tribunal ad quem si examinó y valoró las mentadas pruebas, y de manera clara, en uso de su sana
crítica, establecen las razones por las cuales dichos medios de prueba no le conducen al
convencimiento de que la relación laboral empezó en el año 2018, como ha venido sosteniendo la
parte demandada.
En este sentido, del modo expresado en la sentencia del tribunal ad quem, el inicio del tiempo de
servicios alegado por la parte accionada:16 de marzo del 2018, no ha sido considerado por los
juzgadores de alzada, no por algún yerro respecto de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración
probatoria, sino exclusivamente por la imposibilidad de la parte accionada de generar en el tribunal de
segundo nivel el convencimiento inequívoco sobre este hecho. Carga probatoria, que si cumplió la
parte actora, quien conforme señalan los juzgadores de instancia, presentó prueba testimonial, que de
acuerdo al interrogatorio formulado, las respuestas, son concordantes y conducentes en indicar que
han visto al señor Wilson Quinche Samaniego trabajar en el taller del señor Ángel Juanito Chacón
Bermeo antes de 2016, entendiendo que, recién el 10 de octubre de 2016 ha regularizado su taller con
calificación artesanal por la Junta Nacional del Artesano con el No. 060072, en consecuencia, los
juzgadores apreciaron en conjunto la prueba testimonial y documental, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica; y, en aplicación del principio de primacía de la realidad que rige en materia laboral, el
cual supone que “[…] en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de
documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primera, es decir, a lo que sucede en el terreno
de los hechos […]” (Plá Rodríguez, Los Principios del Derecho del Trabajo, 1998, pág. 313), les
condujo a la convicción de que efectivamente entre las partes existió una relación laboral desde el 1 de
marzo de 2006, confluyendo los elementos del artículo 8 del Código del Trabajo: convenio entre las
partes; prestación de servicios lícitos y personales del trabajador en beneficio de su empleador;
subordinación o dependencia de aquél, respecto de la actividad que cumple, que presupone mando,
orden, regulación del patrono y sometimiento del trabajador, bajo el pago de una remuneración.
Es importante señalar que, la obligación de probar conforme lo sostiene la doctrina consiste en “[…]
establecer la existencia de la verdad, y las pruebas son los diversos medios por los cuales la
inteligencia del hombre llega a descubrir la realidad objetiva. La prueba tiende a demostrar en
juicio, con los elementos que la Ley establece, la certeza de los hechos controvertidos por las partes.
En diversa acepción, la prueba consiste en producir un estado de certidumbre en la mente, respecto
de la existencia o inexistencia de un hecho controvertido, así, probar es evidenciar algo. Esto es,
lograr percibir con la misma claridad con que los ojos ven las cosas materiales; en otras palabras, es
establecer una perfecta congruencia entre la idea que tenemos de una cosa y la cosa misma,
demostrando su verdad o falsedad. Esta certeza es el resultado del raciocinio, la investigación y el
análisis lógicojurídico […]” (Tena Suck, Derecho Procesal del Trabajo, 2002, pág. 103), lo cual,
conforme el razonamiento expuesto por el Tribunal de alzada, no ha logrado cumplir la parte
accionada, ya que únicamente demostró la afiliación durante los cinco meses; periodo de labores, que
precisamente el actor impugnó; y, con los medios de prueba conducentes aportados por él, logró
destruir la teoría del caso que mantenía el empleadordemandado, de que la relación laboral fue por un
periodo corto de tiempo de 16 de marzo de 2018 hasta agosto del mismo año.
De esta manera, era procedente que se observe la regla de inversión de la carga de la prueba en
materia laboral en cuanto a las obligaciones patronales, misma que dice que una vez probada la
relación laboral, el actor goza de la protección que otorgan los principios fundamentales del derecho
laboral reconocidos a partir del artículo 325 de la Constitución de la República, que amparan a todas
las personas trabajadoras, en especial la irrenunciabilidad e intangibilidad de sus derechos laborales,
siendo al empleador a quien le corresponde demostrar que ha cumplido con sus obligaciones
patronales de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del Código del Trabajo.
En este contexto, no se verifican los yerros de apreciación probatoria, respecto de los artículos 163
numeral 1, 164 inciso segundo, 165, 185 inciso 3, 186 y 199 del Código Orgánico General de
Procesos, por el contrario, los jueces resuelven el caso puesto a su conocimiento, con base en la
prueba y su valoración, al amparo de la normativa legal y constitucional, vigente y aplicable al caso
concreto, por lo que no se advierte vicio o trasgresión alguna, por consiguiente, el cargo propuesto por
la parte recurrente al amparo del caso cuatro del artículo 268 del COGEP deviene en improcedente.
DECISIÓN: En virtud de los razonamientos expuestos, este Tribunal de la Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPUBLICA, no casa la sentencia dictada por el Tribunal de la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, de 18 de junio de 2021, las
14h33. Sin costas ni honorarios que regular. De conformidad con lo establecido en el artículo 275 del
COGEP, entréguese el total de la caución rendida a la parte actora. Notifíquese.
DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
TAPIA RIVERA ENMA TERESITA
JUEZA NACIONAL
DR. ALEJANDRO MAGNO ARTEAGA GARCIA
JUEZ NACIONAL
VOTO SALVADO DEL JUEZA NACIONAL, SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL
DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, TAPIA RIVERA ENMA TERESITA.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, martes 8 de noviembre del 2022, las 10h50. VISTOS.
–
La suscrita, en calidad de Jueza Nacional de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
Dra. Enma Tapia Rivera, disiente del análisis y resolución de los problemas jurídicos planteados y,
por ende, de la decisión del voto de mayoría; por las siguientes consideraciones:
I. Jurisdicción y Competencia
Corresponde el conocimiento y resolución de esta causa al Tribunal de casación conformado por la
Dra. María Consuelo Heredia Yerovi (ponente), Dr. Alejandro Arteaga García y Dra. Enma Tapia
Rivera, de conformidad con las resoluciones N° 012018 y N° 0022021, emitidas por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia; y, en este proceso en mérito al sorteo, cuya razón obra del expediente de
casación que se lo realiza de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 183 sustituido por el Art. 8 de la Ley
Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial 38,
Suplemento, de 17 de julio de 2013. La competencia para conocer el recurso de casación interpuesto
se fundamenta en lo previsto en los Arts. 184 numeral 1 de la Constitución de la República; 184 y 191
numeral 1 del COFJ; y, 269 del COGEP.
II. Validez procesal
Se observa que en el presente proceso se ha cumplido de forma cabal con las solemnidades
sustanciales, legales y constitucionales para que la causa sea considerada válida procesalmente, por lo
que se declara su validez.
III. Antecedentes
El señor Wilson Iván Quinche Samaniego, inició una demanda laboral contra del señor Ángel Juanito
Chacón Bermeo, con la finalidad de reclamar el pago de varios haberes laborales, bonificación por
desahucio, indemnización por despido intempestivo y fondos de reserva. El demandado contestó
negando el tiempo de la relación laboral que el actor establecía en su demanda.
La jueza de primer nivel, a través de sentencia emitida el 07 de abril de 2021, decidió aceptar
parcialmente la demanda, estableció que la relación laboral inició el 16 de marzo de 2018 y
terminó el 27 de agosto de 2018 y dispuso que el demandado pague los valores concernientes
al pago de horas extraordinarias desde el 16 de marzo de 2018 al 27 de agosto de 2018.
Al encontrase inconforme con esta resolución, el actor propuso recurso de apelación, que
llegó a conocimiento de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia del Azuay,
que, por medio de sentencia del 18 de junio de 2021, aceptó parcialmente el recurso de
apelación deducido por la parte actora y reformó la sentencia de primer nivel, disponiendo
que la parte demandada, pague los valores correspondientes por décimo tercera y décimo
cuarta remuneración y vacaciones de todo el tiempo de servicio, bonificación por desahucio,
fondos de reserva y horas extraordinarias.
IV. Actos de sustanciación del recurso de casación
Inconforme con esta decisión, el demandado presentó recurso de casación, que mediante sorteo llegó a
conocimiento del Dr. Julio Arrieta Escobar, Conjuez Nacional, quien, admitió el recurso de casación
por el caso cuarto del Art. 268 del COGEP.
Consiguientemente, a través del sorteo de ley realizado el 28 de septiembre de 2022, este proceso
llegó a conocimiento de este Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de
Justicia.
V. Cargos presentados por el recurrente
El recurrente fundamenta su recurso de casación señalando que el tribunal ad quem incurrió en
aplicación indebida del art. 185 inciso tercero del COGEP, pues se ha considerado el juramento
deferido para establecer el tiempo de la relación laboral cuando si existían otras pruebas documentales
que justificaban de manera suficiente las fechas en las que inició y terminó la relación laboral.
También alega falta de aplicación de los arts. 163 numeral 1 y 165, pues la parte actora en ningún
momento impugnó la prueba que fue presentada por el demandado, por consiguiente, se entiende esta
fue aceptada y que nada tenía que argumentar en su contra.
Así mismo menciona que existió falta de aplicación de los arts. 186 y 199 del COGEP, al momento en
que el tribunal de apelación considera únicamente los testimonios de la parte actora, abstrayéndose de
observar la prueba documental que contienen la firma del actor y se olvida de la indivisibilidad de la
prueba, pues no toma en cuenta todo el acervo probatorio.
Agrega que, se generó una errónea interpretación del art. 164 del COGEP pues no se ha apreciado la
prueba en conjunto, sino que ha tomado solo ciertas pruebas sin considerar otras que fueron aportadas
dentro del proceso.
VI. Audiencia y fundamentos de los recursos de casación
Según las disposiciones contenidas en el Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República, la
sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo
mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo;
por lo que este Tribunal según las disposiciones del Art. 272 del COGEP y de conformidad con las
reglas generales previstas para las audiencias, convocó a audiencia de fundamentación del recurso de
casación, la misma que se llevó a efecto el día martes 25 de octubre de 2022 a las 11h15; y, una vez
finalizado el debate se suspendió la audiencia que fue reinstalada el día viernes 28 de octubre de
2022 a las 08h00 y se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 273 ibídem, emitiendo la resolución
de manera oral en audiencia.
VII. Problemas jurídicos a dilucidar
Del recurso planteado por el casacionista se observa que se ha alegado la indebida aplicación, falta de
aplicación y errónea interpretación de varias normas de valoración de la prueba, estableciendo el
siguiente problema jurídico:
¿El tribunal ad quem infringió los arts. 185 inciso tercero, 163 numeral 1, 164 inciso segundo, 165,
186 y 199 del COGEP al momento de determinar el tiempo de la relación laboral y por ende el pago
de los demás haberes laborales?
VIII. Resolución respecto a las impugnaciones presentadas.
1. Resolución del primer problema jurídico
A. Consideraciones sobre el caso cuarto del Art. 268 del COGEP
La causal cuarta se presenta cuando el órgano jurisdiccional haya incurrido en aplicación indebida,
falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de
derecho sustantivo en la sentencia o auto.
Para analizar esta causal es necesario que el recurrente cumpla con: 1) identificar el medio de prueba
en el que, a su juicio, se ha infringido la norma o normas que regulan la valoración de la prueba; 2)
identificar la norma o normas de derecho que regulan la valoración de la prueba, que estima han sido
infringidas; 3) demostrar en que consiste la transgresión de la norma de valoración de la prueba y 4)
determinar que normas sustantivas han sido equivocadamente aplicadas o no han sido aplicadas en la
parte resolutiva de la sentencia a consecuencia de la transgresión de los preceptos jurídicos.
B. Consideraciones del tribunal de apelación
Para esclarecer si lo narrado por el casacionista es correcto, se debe revisar la sentencia de segundo
nivel:
“[…]Al respecto el Tribunal procede a analizar las pruebas de cada una de las partes: El Actor
anuncia y produce Prueba Documental constante a fs. (59) misma que contiene el tiempo de
servicios por empleador en el Instituto Ecua torno de Seguridad Social, en donde se aprecia que el
actor ha estado bajo dependencia del señor Chacón Bermeo Ángel Juanito desde 201803 al 201808.
Tiempo por el cual le ha aportado el demandado. Prueba que el actor dice que la produce con la
única finalidad de justificar la existencia de la relación laboral entre las partes procesales, Y, no el
tiempo de la relación laboral, que la fecha de inicio de la misma es el motivo de controversia; Y,
para justificar presenta el Juramento Deferido del Actor, Declaración de parte del Actor,
Declaración de Parte del Demandado y la Declaración de testigos. El Actor presenta como Prueba
Testimonial la declaración de los testigos: Testigo: Dra. Miriam Narcisa Carrasco Carrasco, quién
a las preguntas formuladas por la parte actora contesta que cuando iba al taller de Sastrería del
señor Manuel Chacón, quién el confeccionaba algunas prendas para su esposo, ha visto que en la
parte de al lado había un Taller, y que ha sido el propio señor Manuel Chacón (dueño de la
sastrería) quién le ha indicado que cuando él no estaba cualquier cosa le digan a su hermano Ángel
Juanito Chacó Bermeo, que es el dueño del Taller que estaba en el patio de al lado. Que le ha
visto al Actor de esta causa señor Wilson Quinche Samaniego trabajando en ese Taller de Mecánica
desde diciembre del 2007, que le ha visto ahí dentro del taller, que en el patio había una mesa,
fierros y materiales, que inclusive ha visto al señor Ángel Juanito Chacón con ropa de trabajo al
igual que los otros trabajadores que estaban ahí entre ellos el señor Wilson Quinche Samaniego,
tenían su ropa con grasa, que inclusive el señor Wilson Quinche Samaniego, ha sido luego de unos
años de haberle conocido Representante de los Padres de familia en la Escuela Federico ´Proaño en
donde estaban estudiando sus hijos, por lo que iban varias veces al Taller de Mecánica a pedirle a
Wilson Quinche que les ayude en los deportes, que vaya a jugar los días sábados a partir de la 12
horas, y ahí ha visto que para acudir al deporte primero pedía permiso al señor Ángel Juanito
Chacón Bermeo. A las preguntas que la juzgadora de instancia le hace a la testigo, respecto que
cuantas veces ha visto al señor Wilson Quinche en el Taller, contesta que le ha visto varias veces
desde el 2007 al 2018. A lo que le pregunta la Jueza cómo le consta que el Taller era del señor Ángel
Juanito Chacón Bermeo, contesta que el señor Manuel Chacón Bermeo, hermano del señor Ángel
Juanito Chacón Bermeo, le ha indicado que cualquier inquietud cuando él no este (taller de
sastrería) le pregunten a su hermano que trabaja en el fondo, donde estaba el Taller de Estructuras
Metálicas. Señor Alis Santos Farez Zumba, al ser preguntado manifiesta que le conoce a los
señores Wilson Quinche Samaniego y Ángel Juanito Chacón Bermeo, aproximadme hace 10 años,
que ha visto que han hecho unas obras de techo metálico, ventanas, puertas en la escuela Buena
Esperanza en Ricaurte, donde él trabaja, que al señor Ángel Juanito Chacón, le contrataba el Jefe de
la Escuela señor Juan Carlos Ulloa. Dice haber visto trabajar a los dos señores Wilson Quinche y
Ángel Juanito Chacón, que Juanito Chacón le ha presentado a Wilson Quinche como su cuñado, y
que él les ha visto llegar a trabajar a los dos hace diez años. […] Que los trabajos que han realizado
los dos señores son del techo metálico, en el tiempo de vacaciones cuando no estaban los niños, año
2009, no puede precisar exactamente el tiempo que ha durado la obra, eso no recuerda. […] El
testigo responde que si, a parte de esa obra han realizado otras los dos señores, como cerramientos,
puertas, ventanas y que en la parte de atrás de la escuela había un edificio en donde hacían varias
obras los dos señores. 5.3.b.) El Demandado, anuncia y produce como Prueba Documental: A fs.
(22) El Registro Único de Contribuyentes RUC No. 0102545969001, correspondiente a Chacón
Bermeo Ángel Juanito, Nombre Comercial: ESTRU FORJ. Calificación Artesanal No. 060072,
Fecha de Inicio de Actividades 10/10/2016, Fecha Actualización 10/03/2018. […] A fs. (23) el
Carnet de Artesano Calificado, en Mecánica General, fecha de emisión 16032018. A fs. (24) consta
un documento que contiene como Título: Contrato de Trabajo a Plazo Indefinido, suscrito por Ángel
Chacón B, representante de ESTRU FORJ y el actor de esta causa, sin que se haya justificado sea
registrado en el Ministerio de Trabajo, donde consta como fecha de inicio de trabajo el 16 de marzo
del 2018, Aviso de Entrada en el IESS […] Fecha de Cotización: 16/03/2018. A fs. (2732) Roles de
pago de ESTRU FORJ con el señor Wilson Quinche de periodos de marzo, abril, mayo, junio, julio
y agosto, sin que se especifique de qué año. A fs. (33) Aviso de Salida en el IEES, […] Fecha de
afectación 27/08/2018. Causa Salida: Renuncia Voluntaria. A fs. (3437) Acta de Finiquito No.
7616692ACF celebrada el 30 de agosto de 2018 entre la Compañía ESTRU FORJ por medio su
representante legal Chacón Bermeo Ángel Juanito como su empleador, Y, por otra: Quinche
Samaniego Wilson Iván […] De la Prueba Documental que presenta el Demandado, se puede
apreciar que cuando obtuvo el Registro Único de Contribuyentes, el demandado ya tenía la
Afiliación de la Junta del Artesano con el No. 060072, y recién el 16 de marzo del 2018 obtiene el
Carnet Artesanal y confidencialmente el mismo día que obtiene el señor Ángel Juanito Chacón
Bermeo, el Carnet Artesanal, (16 de marzo del 2018) ha celebrado Varios Actos en relación a la
contratación con el señor Wilson Quinche Samaniego, como es el Contrato de Trabajo, Aviso de
Entrada en el IESS. El Contrato de Trabajo a Plazo Indefinido, que consta del proceso es un
documento privado, toda vez que no se ha justificado se haya registrado en el Ministerio de
Trabajo, para que sea un documento público. […] El Acta de Finiquito en su parte pertinente dice:
“… En Cuenca, jueves 30 de agosto del 2018, ante la compañía o empleador ESTRU FORJ, por
medio de su representante legal el señor CHACON BERMEO ANGEL JUANITO, en su calidad de
empleador por una parte, y por otra parte el señor QUINCHE SAMANIEGO WILSON IVAN, en
su calidad de trabajador, suscriben la presente Acta de Finiquito, contenida dentro de los siguientes
términos: PRIMERO: Con fecha 16 de marzo del 2018, la compañía o empleador ESTRU FORJ y
el señor Quinche Samaniego Wilson Iván, celebraron un contrato de trabajo mediante el cual el
trabajador se comprometía a presar sus servicios en calidad de OPERARIO en las instalaciones de
esta empresa o empleador. Por dichos servicios el trabajador percibió una remuneración mensual
de USD 386,00 estos servicios los prestó hasta el lunes 27 de agosto del 2018, fecha en que
concluyó la relación laboral por acuerdo entre las partes. […] Para apoyar su contestación el
accionado presenta Prueba Testimonial, la declaración de dos testigos: Janet Patricia Chacón
Bermeo. Dice que su hermano Ángel Juanito Chacón Bermeo ha trabajado para ella hasta el
2015, en varios trabajos que ella tenía como Ingeniera Civil, entre las actividades realzadas por
su hermano era las de Chofer y que luego ella mismo le ha apoyado para que se ponga el Taller
porque ella ya no tenía mucho trabajo y ya no le podía seguir apoyando. A las repreguntas que le
hace la contraparte que justifique si ha trabajado para ella con documentos de afiliación al IESS,
contesta no haberle afiliado a su hermano al IESS, que no tiene contrato de trabajo, que como era su
hermano ella le ayudaba en su trabajo. Y, preguntada si le conoce al señor Wilson Quinche
Samaniego, dice que sí, que trabajaba en otro taller que queda en la Y del Cebollar donde un señor
Amaya que era su amigo […] Pablo Andrés Quinche Samaniego, dice al ser preguntado que el
señor Wilson Quinche Samaniego, es su hermano y que ha trabajado para el señor Ángel Juanito
Chacón quién es su cuñado desde marzo del 2018 a agosto del 2018 como Soldador, que el taller
está ubicado en la entrada de Pumayunga. A las repreguntas dice: que el taller el señor Ángel
Juanito Chacón Bermeo, tiene desde el 2016, que antes trabajaba Ángel Juanito Chacón Bermeo,
como Chofer de la hermana, y que el señor Wilson Quinche Samaniego, trabajaba antes para el
señor Carlos Amaya en el taller que queda por la Iglesia de San Miguel. […]
Este Tribunal en aplicación de las reglas de la SANA CRITICA, […]al ser al valoradas las pruebas
presentadas por las partes procesales, se tiene que la PRUEBA TESTIMONIAL presentada por la
parte Actora , sus testimonios son concordantes, conducentes al indicar que le han visto al señor
Wilson Quinche Samaniego trabajar en el Taller del señor Ángel Juanito Chacón Bermeo antes
del 2016, entendiendo que recién el 10 de octubre del 2016 ha regularizado su Taller con
Calificación Artesanal por la Junta Nacional del Artesano No. 060072 que ha venido realizando
Mecánica Industrial, por lo que corresponde aplicar al Tribunal el PRINCIPIO DE PRIMACÍA
DE LA REALIDAD, […] Lo que vale, lo que debe valorar el juzgador y la autoridad administrativa
del trabajo es lo que ve en la realidad de los hechos, no los documentos, en tanto en cuanto se
esconde la realidad con la suscripción de contratos que no son reales. En el caso Sub júdice, el
actor con la prueba testimonial ha justificado que la prestación de servicios que dice ha realizado
referencia el Art. 8 del Código del Trabajo, Acuerdo entre las partes, Prestación de servicios lícitos
y personales, Subordinación o Dependencia del actor en relación al accionado, Y, Remuneración
[…] 5.5.) JURAMENTO DEFERIDO. El art. 185 del Código Orgánico General de Proceso, en
su inciso tercero dice: “… en materia laboral, a falta de otra prueba se estará al juramento deferido
de la o del trabajador para probar el tiempo de servicios y al remuneración percibida. En el caso de
las o los adolescentes, además la existencia de la relación laboral…”. […] Consecuentemente, el
Tribunal de la Sala en el presente caso da valor probatorio al JURAMENTO DEFERIDO del
actor del presente trámite por cuanto las pruebas deben ser apreciadas en su conjunto, y del
expediente se encuentra que el actor ha aportado pruebas que justifiquen la existencia de los
elementos del contrato de trabajo antes mencionados. “…. El Juramento deferido rendido por el
actor (…) al no constar de autos otra prueba, tiene plena validez en cuanto a la remuneración
percibida, como lo establece el Art. 590 (593) del Código del Trabajo; pero no en cuanto al inicio
de la relación laboral, pues en cuanto a ello se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo”
Jurisprudencia 29IV1998 (Res.4598, Tercera Sala, R.O. 332,4VI1998). Se tiene por lo tanto
como fecha de inicio de la relación laboral el 1 de marzo del 2006, fecha de terminación el 31 de
agosto del 2018. Remuneración, última de $ 115.00 semanales que da $ 460.00 al mes. […]” (el
resaltado fuera de texto).
C. Resolución del problema jurídico
De la transcripción de la sentencia de segundo nivel se observa que el tribunal ad quem, al momento
de realizar el análisis de valoración probatoria, solamente consideró la prueba testimonial que fue
producida por el actor y el juramento deferido; y con ello, ha aplicado el principio de primacía de la
realidad para resolver el motivo principal de controversia, que es el tiempo de la relación laboral,
situación de la que se derivan las demás pretensiones del actor.
Esto llama la atención de esta jueza, porque, previo a valorar de esa manera la prueba, se verifica que
en la sentencia consta la enunciación de todas las pruebas que fueron aportadas y admitidas por las
partes procesales, entre las que se encuentran pruebas documentales importantes, como el contrato de
trabajo, el aviso de entrada y salida del IESS, planillas de aportes y un acta de finiquito; las que
contienen fechas sobre el inicio y fin de la relación laboral y se encuentran firmadas por ambas partes.
También alerta a esta juzgadora, que el tribunal de segunda instancia no haya analizado los
documentos que fueron aportados y admitidos, cuando no se verifica que las partes procesales los
hayan impugnado y menos aún que aportaran prueba que justifique que estos fueron forjados con la
única intención de engañar a la administración de justicia. Por lo que se entendería que estos
documentos gozan de validez y debían ser analizados por los juzgadores de apelación.
Si bien el actor de la causa, al momento de presentar su recurso de apelación, alega que la jueza a quo
no valoró en conjunto la prueba, por no tomar en cuenta los testimonios, las declaraciones de parte y
el juramento deferido, en ningún momento impugnó la prueba documental que fue aportada por la
parte demandada o señaló que esta gozaba de algún yerro; más bien en la audiencia del recurso de
casación, de manera oral, hizo alusión a que la prueba fue forjada pero este hecho nunca fue motivo de
debate en las instancias previas.
Esta jueza nacional debe enfatizar que el principio de primacía de la realidad, en el que se basa el
tribunal ad quem para resolver la causa, debe aplicarse cuando por otros medios probatorios se
observe que los hechos que constan en la documentación son contrarios a la realidad; en este caso, al
no haberse valorado los medios de prueba en conjunto, mal podría afirmarse que los testimonios son
contrarios a lo establecido en la prueba documental; por lo tanto, es incorrecto tomar el principio de
primacía de la realidad para resolver el problema jurídico en cuestión; puesto que, este principio se
aplica en razón del acervo probatorio, no con base en presunciones que realicen los juzgadores.
Así mismo, de la sentencia se desprende que el tribunal de segunda instancia, de manera confusa ha
utilizado el juramento deferido del actor para determinar el tiempo de la relación laboral; pues, por un
lado, transcribe una jurisprudencia que establece que el juramento deferido tiene plena validez para
fijar la remuneración cuándo no consta de autos otra prueba, pero no en cuanto al inicio de la relación
laboral; pero, por otro lado, resuelve que da valor probatorio al juramento deferido por cuanto las
pruebas deben ser apreciadas en conjunto y que “[…] del expediente se encuentra que el actor ha
aportado pruebas que justifican la existencia de los elementos del contrato […]”. Siendo
contradictorio el análisis realizado.
Por todo lo expuesto, esta juzgadora advierte que, sí existió vulneración de las normas alegadas por el
casacionista y se acepta el cargo por el caso cuarto del art. 268 del COGEP. Siendo así, se procede a
emitir sentencia en mérito de los autos.
IX. Sentencia de Mérito
En amparo a lo establecido en el Art. 4 de la Resolución 07-2017 emitida por la Corte
Nacional de Justicia que determina que una vez verificada la concurrencia del vicio
de errónea interpretación, indebida aplicación o falta de aplicación de los preceptos
de valoración de la prueba, se dictará una nueva sentencia “en mérito de los autos”
corrigiendo el error de derecho según corresponda, el Tribunal de casación procede
a emitir la siguiente sentencia de mérito:
A. Punto de debate
Esta juzgadora debe establecer que la presente sentencia de mérito solamente revisará aquellas
circunstancias que han sido impugnadas en el recurso de casación y las que deriven de ello. Por
consiguiente, al haber sido admitido por las partes procesales la existencia de la relación laboral, esta
no estará en debate. Tampoco ha sido motivo de controversia la forma de terminación de la relación
laboral, pues el actor de la causa no ha presentado recurso de casación respecto a su pretensión de
despido intempestivo, que no fue concedida por el tribunal ad quem; siendo así, esto no será revisado
en esta sentencia de mérito.
De la misma forma, sobre la orden de pago de horas extraordinarias fijadas por la jueza a quo, no
existió recurso de apelación por la parte demandada; por tanto, se entiende como aceptado.
El punto de debate principal se centrará en el determinar el tiempo de la relación laboral; y, una vez
fijado el mismo, se procederá con revisar las demás pretensiones que deriven de este hecho.
B. Fundamentos de hecho
De los autos se observa que la parte actora alega haber trabajado para el demandado desde marzo del
2006 hasta el 31 de agosto de 2018; mientras que el demandado refuta este hecho, señalando que la
relación laboral inició el 16 de marzo de 2018 y culminó el 27 de agosto de 2018.
Para justificar estos fundamentos, la parte actora presentó como prueba:
Historial de tiempo de trabajo por empresa, en donde consta que el actor trabajó para
el demandado desde marzo hasta agosto de 2018, cumpliendo con cinco aportaciones
y cinco días, documento público que debe ser analizado de forma íntegra, no
solamente puede ser utilizada para probar la relación laboral y no la fecha de labores,
como pretende el actor.
Planilla de aportes al IESS, de las que se desprende que el actor laboró desde marzo
hasta agosto de 2018.
Declaración de parte del demandado, de la que no se desprende que se haya admitido
que la relación laboral inició en las fechas señaladas por el actor, ni se observe ningún
dato que encamine a pensar que el accionante trabajaba desde el 2006 para el
demandado (ver sentencia de primer nivel, fj 55).
Testimonio de Miriam Narcisa Carrasco, que se encuentra transcrita anteriormente y
obra de fojas 19 del cuaderno de segunda instancia. De este testimonio, esta juzgadora
puede apreciar que la testigo, desde el 2007, conocía la existencia de un taller, que era
del señor Ángel Juanito Chacón, en el que había visto por varias ocasiones al actor de
la presente causa y que en algún momento observó que el accionante le dijo al señor
Chacón para ir a la escuela de los hijos a apoyar en temas de deporte (sentencia de
segunda instancia, fj. 19)
Testimonio del Alis Santos Farez Zumba; que de igual forma se encuentra transcrito
anteriormente, quien señala que conoce al actor y al demandado hace
aproximadamente hace diez años, que sabe que han hecho algunas obras de mecánica
en la escuela Juan Carlos Ulloa en los años 2008, 2009 y 2010; cuando el testigo era
albañil en el mismo centro educativo.
Juramento deferido del actor, en el que se menciona que la relación laboral con el
demandado inició en marzo de 2016 y terminó el 31 de agosto de 2018.
Por su parte, la parte demandada presentó como prueba:
Copia certificada del RUC de persona natural correspondiente al demandado, con el
nombre comercial ESTRU FORJ, con calificación Artesanal Junta Nacional del
Artesano.
Copia certifica del carnet de Artesano Calificado, emitido el 16/03/2018.
Copia certificada del Contrato de Trabajo a plazo indefinido, en el que consta como
empleador el señor Ángel Juanito Chacón Bermeo, y trabajador el señor Wilson Iván
Quinche Samaniego; inició de la relación laboral el 16 de marzo de 2018.
Copia certificada del Avisto de Entrada del IESS, la que se encuentra firmada por el
actor y el demandado, que da como fecha de inicio de la relación laboral del 16 de
marzo de 2018.
Copia certificada del Aviso de Salida del IESS, donde consta que la relación laboral
terminó el 27 de agosto de 2018 por renuncia voluntaria.
Copia certificada Acta de finiquito No. 7616692ACF, de fecha 30 de agosto de 2018,
en la que se establece que la relación laboral entre el actor y el demandado inició el 16
de marzo de 2018, en calidad de operario, percibiendo una remuneración de $386,00;
que la relación laboral terminó por acuerdo entre las partes el 27 de agosto de 2018.
Esta acta está firmada tanto por actor como por el demandado.
Copia certificada de los Roles de pago de ESTRU FORJ desde marzo hasta agosto, donde
consta como “empleado: Wilson Quinche”. Todos se encuentran firmados por el actor.
Copia certificada de un documento denominado “Liquidación de haberes” de fecha 30
de agosto de 2018.
Testimonio de Janet Patricia Chacón Bermeo, hermana del demandado, menciona que
el demandado trabajó para ella hasta el 2015. Que conoce que el actor laboraba en un
taller que era por la Y del Cebollar.
Testimonio de Pablo Andrés Quinche Samaniego, hermano del actor, quien señala que
su hermano Wilson Quinche trabajó para el demandado desde marzo hasta agosto de
C. Análisis del caso
Esta juzgadora, después de revisar de manera conjunta todas las pruebas que han sido aportadas dentro
de la presente causa, puede concluir lo siguiente:
De la prueba documental presentada, esto es: el contrato de trabajo, aviso de entrada y de salida del
IESS, acta de finiquito – documentos que se encuentran firmados por ambas partes procesales,
historial laboral y aportaciones del IESS; se observa que existe que las fechas de inicio y fin de la
relación laboral coinciden, fijando como inicio el 16 de marzo de 2018 y fin el 27 de agosto de 2018.
Estos documentos fueron aportados por ambas partes procesales, sin que se haya demostrado que son
falsas o han sido manipuladas en su contenido; siendo documentos originales y copias certificadas que
cumplen con las reglas generales establecidas en la norma procesal, pues fueron anunciados en la
demanda y contestación, fueron puestos a contradicción de las partes procesales, para que, de ser
necesario, adjunten nueva prueba nueva que pueda refutar su contenido; se anunciaron y practicaron
en la audiencia única de forma correcta, y también en ese momento tuvieron la oportunidad de
impugnarlas situación que no se verifica del proceso;y, no se impugnó su autoría o la firma de los
documentos como lo establece el art. 203 del COGEP. Siendo así, estos documentos son aptos para
probar el tiempo de la relación laboral, que inició el 16 de marzo de 2018 y terminó el 27 de agosto de
Ahora bien, de los cuatro testimonios presentados en audiencia, solamente uno de ellos presenta un
indicio de subordinación entre el actor y el demandado antes de la fecha antes fijada como inicio de la
relación laboral, esto es el testimonio de Miriam Narcisa Carrasco, quien dice que, en algún momento
vio que el actor le dijo al demandado que iba a retirarse a hacer otras actividades; pero, de esta
situación no podría suponerse subordinación, pues es una simple comunicación, de la que no se puede
desprender el elemento más importante de la relación laboral, que es la subordinación, ni tampoco se
ha determinado ninguno de los otros elementos necesarios para que se configure un contrato de
trabajo. Siendo así, un indicio no es suficiente para desestimar todas las otras pruebas documentales y
testimoniales presentadas en la causa.
El testimonio del señor Alis Santos Farez Zumba no aporta con ningún elemento para establecer que
efectivamente entre el actor y el demandado existía una relación laboral donde se presente la
subordinación; pues solo menciona que los señores Quinche y Chacón trabajaban juntos, pero no se
dice nada respecto a quien era empleador y quien trabajador, o si ambos tenían la calidad de
trabajadores; en otras palabras, de este testimonio no se puede evidencia el cumplimiento de los
elementos del contrato de trabajo.
El testimonio del señor Pablo Andrés Quinche Samaniego, quien es hermano del actor de la causa, es
el único que señala de manera más exacta, que conoce que Wilson Quinche laboró para el demandado
desde marzo a agosto de 2018; afirmación que se corrobora con toda la prueba documental que fue
aportada dentro de la causa.
Respecto al juramento deferido, esta es una prueba excepcional, que se utiliza únicamente cuando no
existen otros medios de prueba que puedan esclarecer el inicio y fin de la relación laboral y la
remuneración, según lo dispuesto en el art. 185 inciso tercero del COGEP: “En materia laboral, a
falta de otra prueba se estará al juramento deferido de la o del trabajador para probar el tiempo de
servicio y la remuneración percibida. En el caso de las o los adolescentes, además la existencia de la
relación laboral.”. Por tanto, esta juzgadora no considera esta prueba para llegar a su resolución.
En definitiva, por medio del análisis de las pruebas presentadas por las partes procesales, esta
juzgadora establece que la relación laboral inició el 16 de marzo de 2018 y terminó el 27 de agosto de
Una vez establecidas estas fechas; esta juzgadora verificará las otras pretensiones del actor que no han
sido previamente resueltas y aceptadas:
Remuneraciones del mes de octubre de 2018 más el triple de recargo.
Al haberse establecido que la relación laboral terminó el 27 de agosto de 2018, no procede el pago de
esta pretensión por ser una fecha posterior.
Pago de décima tercera y décimo cuarta remuneración de todo el tiempo de trabajo.
De la prueba documental constante en el RUC del demandado y el carnet de artesano, se constata que
el empleador tenía la calificación de artesano; del contrato de trabajo y del acta de finiquito se observa
que la calidad en la que laboraba el actor era como operario, por lo que, según lo ordenado en los arts.
115 y 302 del Código del Trabajo, no le corresponde el pago de estos rubros.
Pago de vacaciones de todo el tiempo de trabajo
La parte demandada ha presentado como prueba el acta de finiquito donde consta el valor de $13,11,
por concepto de vacaciones a favor del trabajador; del documento denominado “liquidación de
haberes”, firmado por el actor, consta que ha recibido como pago de acta de finiquito el valor de
$13,11; entendiendo que este rubro se encuentra cubierto.
Pero, con la finalidad de revisar que no se genere renuncia de derechos laborales, esta juzgadora
procede a realizar el cálculo correspondiente, según el art. 71 del Código del Trabajo, para ello, se
tomará como remuneraciones, las que se encuentran fijadas en las planillas de aportes del IESS, las
mismas que son concordantes con el aviso de entrada al IESS y los roles de pago: marzo/2018:
193,00, abril/2018: 386,00, mayo/2018: 386,00, junio/2018: 386,00, julio/2018: 386,00, agosto/2018:
347,40. Total: $2.084,40/24 = $86,85 $13,11 = $73,74.
Del cálculo realizado se observa que el valor pagado por concepto de vacaciones es inferior al que
tenía que recibir el actor, por lo que se ordena el pago del rubro faltante, esto es $73,74.
Bonificación por desahucio
No procede, en razón de que la relación laboral duró menos de un año, incumpliendo con lo dispuesto
en el art. 185 del Código del Trabajo.
Despido intempestivo:
No fue motivo de controversia en casación.
Pago de horas extraordinarias
No fue motivo de controversia ni en apelación, ni en casación; por lo que se entiende que fue aceptado
el rubro fijado por la jueza de primer nivel.
Pago de fondos de reserva
El derecho al pago de los fondos de reserva se adquiere después de haber cumplido el primer año de
labores, en este caso la relación laboral terminó antes de este tiempo, además el actor se encontraba
afiliado al IESS; por lo que se niega esta pretensión.
X. Decisión
Por la motivación expuesta a lo largo de este fallo, este Tribunal de la Sala Especializada Laboral de
la Corte Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA”, casa la sentencia dictada por el Tribunal de la Sala de lo Laboral de
la Corte Provincial de Justicia Azuay, se ordena que el demandado pago al actor $73,74, por concepto
de vacaciones. Se ordena el pago de intereses según señala la resolución 082016 de la Corte Nacional
de Justicia para los rubros que correspondan. Notifíquese y devuélvase. |
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
RESOLUCION N. 490-2018
COPIA CERTIFICADA
ww
Juicio No 01803-2017-00202
JUEZ PONENTE DR PABLO JOAQUIN TINAJERO DELGADO, JUEZ
NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A DR PABLO JOAQUIN TINAJERO DELGADO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO
-
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Quito, jueves 28 de junio del 2018, las
09h07. VISTOS: Conocemos la presente causa en virtud de que: a) el doctor Alvaro
Ojeda Hidalgo fue designado como Juez Nacional por el Consejo de la Judicatura de
Transición, mediante Resolución No. 4-2012 de 25 de enero de 2012; y la abogada
Cynthia Guerrero Mosquera y doctor Pablo Tinajero Delgado fueron designados como
)
Jueza y Juez de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, mediante Resolución
No. 341-2014 de 17 de diciembre de 2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura; b)
con Resolución No. 01-2018 de 26 de enero de 2018 del Pleno de la Corte Nacional de
Justicia, se integraron las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia; e) el 14
de mayo de 2018 se sorteó el Tribunal dejueces para la presente causa, correspondiendo
la ponencia al doctor Pablo Tinajero Delgado; e) somos competentes para resolver esta
causa en virtud de lo dispuesto en los artículos 183 y 185 del Código Orgánico de la
Función Judicial y en el inciso primero del artículo 269 del Código Orgánico General de
Procesos (COGEP), así como del acta de sorteo efectuado el 14 de mayo de 2018.
Estando la presente causa en estado de resolver, para hacerlo se considera:
1.- ANTECEDENTES
1.1.- Con sentencia de 01 de febrero de 2018, la Sala Únicadel Tribunal Distrital No. 3
de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca, dentro del jucio No.
01803-2017-00202 deducido por el señor Alfonso Narsiso Cusco Guamán y la señora
Dolores Lucía Sarango González en contra del Alcalde y del Procurador Sindico del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca y del Procurador General
del Estado, resolvió: “declara parcialmente con lugar la demanda y por tanto la
nulidad de la Resolución SG-035-2017 de 17 de abril de 2017 suscrita por el Alcalde
del GAD iVhsnici~al de Cuenca, y ordena que en el términode 15 días de ejecutoriada
la sentencia se indemnice a los actorespor el derrocamiento de lapuertay la obra de
mampostería, en un valor de USD. &041.66 conforme a la pretensión procesal del
//
a
actor, dejando a salvo el derecho de repetición contra los senidores públicos
responsables. En virtudde lo resuelto se niegan las demáspretensiones
1.2.- El Alcalde y el Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Cuenca, con escrito presentado el 06 de febrero de 2018, solicitaron la
aclaración y ampliación de la referida sentencia.
1.3.- Los jueces de la Sala Únicadel Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso
Administrativo con sede en el cantón Cuenca, con auto de 15 de febrero de 2018.
negaron la referida solicitud de aclaración y ampliación.
1.4.- El 01 de marzo de 2018, el Alcalde y el Procurador Sindico del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, interpusieron recurso de casación con
fundamento en los casos 2 y 5 del artículo 268 del Código Orgánico General de
Procesos (COGEP).
1.5.- Con auto de 08 de mayo de 2018, el Conjuez Nacional admitió a trámite el recurso
de casación interpuesto, excepto respecto de la falta de aplicación del artículo 311 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), alegada al amparo del caso cinco del artículo 268 del Código Orgánico
General de Procesos (COGEP).
1.6.- Con auto de sustanciación de 31 de mayo de 2018, a las 08h09, el Juez ponente
convocó para el día 12 dejunio de 2018, a las 15h30, para que se desarrolle la audiencia
prevista en el artículo 272 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA EL TRIBUNAL DE LA SALA
ESPECIALIZADA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Validez procesal.- En la tramitación de este recurso extraordinario de casación se
han observado todas y cada una de las solemnidades inherentes a esta clase de
impugnación, no existiendo causal de nulidad que se deba considerar, por lo que
expresamente se declara la validez del proceso.
2.2.- Delimitación del problema jurídico a resolver.- El presente recurso de casación
está orientado a decidir si la sentencia expedida el 01 de febrero de 2018 por la Sala
Únicadel Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el
cantón Cuenca, dentro deljuicio No. 01803-2017-00202 deducido por el señor Alfonso
2
Narsiso Cusco Guamán y la señora Dolores Lucía Sarango González en contra del
Alcaide y del Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Cuenca y del Procurador General del Estado adolece de los vicios acusados por los
recurrentes en cuanto al articulo 268 del Codigo Organico General de Procesos
respecto de motivacion encuadrada en el caso dos y de falta de aplicacion del articulo
411 del Codigo Organico de Organizacion Territorial Autonomia y Descentralizacion
(COOTAD) en cuanto al caso cinco y de comprobarse su existencia dictar la
sentencia de méritoque corresponda.
2.3.- Audiencia de casación.- En el día y hora fijados para el efecto se instaló la
audiencia de casación a la que comparecieron los procuradores judiciales de los
recurrentes y de la parte actora, debidamente facultados. El procurador judicial de los
recurrentes identificó la sentencia impugnada, y expuso la argumentación del recurso,
requiriendo se case el fallo impugnado, y que por tanto se dicte el que en derecho
corresponda. El procurador judicial de la parte actora expuso sus argumentos,
relacionados al adecuado pronunciamiento de los jueces del tribunal de instancia en la
sentencia, solicitando que se la ratifique. Luego de escuchar a las partes, esta Sala
pronunció su resolución rechazando el recurso interpuesto, por lo que corresponde
emitir la sentencia escrita motivada, conforme los términosexpuestos a continuación:
2.4.- Respecto a los argumentos de los recurrentes en cuanto al caso dos del
artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos.- El recurrente señaló que los
jueces del Tribunal de instancia no motivaron de una manera suficiente la sentencia, ya
que no se pronunciaron respecto del recurso de revisión resuelto por medio del acto
administrativo impugnado por la parte actora. Además señaló que el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca respetó el debido proceso al proceder
a la demolición del portón construido por la parte actora. El procurador judicial de la
parte actora expresó que el procuradorjudicial del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Cuenca no indicó que el procedimiento administrativo con el que se
demolió el portón de la parte actora no fue conocido por los afectados, sin que por tanto
hayan podido ejercer su derecho a la defensa. El caso dos del artículo 268 del Código
Orgánico General de Procesos dispone: ‘Casos. El recurso de casación procederá en
los siguientes casos: (...) 2. Citando la sentencia o auto no contenga los requisitos
exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o
incompatibles así como, cuando no cumplan el requisito de motivación La sentencia
“.
3
impugnada señala en su considerando sexto: ‘No consta del expediente evidencia
documentada de que a los actores se les haya notWcado con el inicio de/proceso que
concluyó con la demolición realizada; tampoco se evidencia el respeto a las normas del
debido proceso, ni la resolución está debidamente no!Wcada detalla los elementos
“,
que los jueces del Tribunal de instancia consideraron, e indica el fallo: ‘Todas las
actuaciones descritas previamente no observan el contenido de las garantías básicas
del derecho al debido proceso contenidas en el arL 76 de la Constitución, cuando
además, inobserva el principio de inviolabilidad de domicilio y el principio de
reconocimiento del derecho a la propiedad privada, contenidos en los artículos 66
numeral 22 y 321 de la Carta Magna, respectivamente. Estos incumplimientos
constitucionales devienenpor tanto en la nulidad de los actos emitidosy efectuadospor
la parte accionada Con el objeto de pronunciarse respecto a este caso, esta Sala
Especializada señala lo siguiente: 1) la motivación de la sentencia es la explicación
debidamente argumentada con la que los juzgadores exponen claramente las razones
para la aplicación de las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, cumpliendo con
los requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad. 2) La Corte Constitucional
ha establecido las características de estos elementos que deben cumplir las sentencias
dictadas por los jueces; así, mediante sentencia No. 264-15-SEP-CC, dictada el 12 de
agosto de 2015, señaló: “la razonabilidad implica que la decisión se encuentrefundada
en normas constitucionalesy en normas legales que seanpertinentes al caso concreto, y
que en tal virtud los argumentos del órganojudicial no contradigan estas. Por suparte
la lógica exige que las decisionesjudiciales se encuentren estructuradas en un orden
lógico, es decir, que exista una debida coherencia entre las premisas que conforman
una decisión, las cuales deberán guardar relación con la decisión final del caso.
Finalmente, la comprensibilidad establece que las decisionesjudiciales tienen que ser
elaboradas en un lenguaje claro y legible, que pueda ser asimilado efectivamente, no
solo por las partes procesales, sino tambiénpor toda la sociedad en generaL Por tal
motivo, debemos tornar en cuenta que toda sentencia o auto se considerará
debidamente motivado mientras cumpla con los tres criterios que se deben verjficar en
relación a la garantía de motivación, teniendo presente que lafalta de uno de ellos
acarreará la vulneración de la misma y, consecuentemente, del derecho al debido
proceso “(es transcripción textual). 3) Se aprecia del fallo que éstese motiva de una
manera lógica, razonable y comprensible, ya que se fundamenta en las normas
constitucionales y legales, tiene una debida coherencia en sus premisas y se expresa con
4
~-33
—
un lenguaje claro y legible. Respecto al presunto cumplimiento del debido proceso en el
ambito administrativo alegado por el procurador judicial del Alcalde y del Procurador
Sindico del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Cuenca se señala lo
siguiente en cuanto al derecho a la defensa y a ser oido en el procedimiento
administrativo 1) los literales a) y c) del numeral 7 del articulo 76 de la Constitucion de
la Republica del Ecuador disponen ‘Art 76- En todoproceso en el que se deteiminen
derechosy obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso
que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El derecho de las personas a la
defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá serprivado del derecho a la
defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (...) c~ Ser escuchado en el
momento oportuno y en igualdad de condiciones 2) esta Sala Especializada, en
“;
sentencia dictada el 20 de marzo de 2009 dentro del proceso No. 562-2006 señaló
respecto del derecho a la defensa: “No se puede pretender que una persona pueda
ejercer su derecho de defensa si no conoce delprocedimiento administrativo ojudicial
en el cual se puedan ver afectados sus derechos, sin que, por otra parte, ninguna
autoridad pueda pretender caljficar que un ciudadano afectado por una acción
administrativa carezca de tales derechos 3) la Corte Constitucional, en sentencia
dictada el 17 de mayo del 2017 dentro del proceso No. 2030-2016-EP, indicó en cuanto
al derecho a la defensa: “Un pilar fundamental del debido proceso se encuentra
configurado por el derecho a la defensa: Una de las principales garantías del debido
proceso es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad
reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o
administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de
controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y
evaluación de las que se estimanfavorables, así como de ejercitar los recursos que la
ley otorga”; 4) Juan Carlos Cassagne señala que una de las garantías del administrado
es el derecho a ser oído, de la cual indica: “Este derecho comprende para el
administrado laposibilidadsegúnlo prescribe la norma de exponer las razones de sus
pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos
subjetivos e intereses legítimos, interponer recursosy hacerse patrocinary representar
profesionalmente” (Derecho Administrativo, Tomo II, Abeledo-Perrot. Buenos Aires
Argentina, 1996, página 36), y citando a Escola señala: “el reconocimiento efectivo de
este principio presupone que el administrado ‘tenga la oportunidad de conocer las
~1
actuaciones y antecedentes administrativos, para poder tomar así razón de todos los
5
elementos que de ellas resulteny que serán los que han injórmado o informarán el acto
(Op.
decisorio de la administración’” cit., página 36); 5) en el presente caso, como se
aprecia de la sentencia objeto de impugnación, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Cuenca, sin poner en conocimiento de la parte afectada del inicio del
procedimiento administrativo, pruebas practicadas, ni el acto administrativo decisorio.
levantó el portón, sin permitir que los ahora actores del procesojudicial ejercieran, en el
ámbito administrativo, su derecho a la defensa, se pronunciasen o presentasen prueba.
afectando los derechos a la defensa y a ser oídos, los que conforme la norma
constitucional no pueden ser afectados en el procedimiento administrativo. 6) El literal
a) del artículo 371 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) dispone: “Vicios que impiden la convalidación del
acto. No son susceptibles de convalidación algunay en consecuencia se considerarán
como nulos depleno derecho los siguientes actos administrativos: a) Los que lesionen,
de forma ilegítima, los derechos y libertades consagrados en la Constitución dq la
República”,por lo que al afectarse ilegítimamente estos derechos el acto es nulo, lo que
no ha podido ser desvirtuado por el procurador judicial del Alcalde y del Procurador
Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, sin que por
tanto se demuestre yerro en cuanto a motivación, ni en consecuencia del caso 2 del
artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Por lo indicado, se
rechaza el recurso de casación por este extremo.
2.5.- En cuanto a los argumentos de los recurrentes respecto al caso cinco del
artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos.- El procu~adorjudicial de los
recurrentes indicó que existe este yerro ya que no se consideró en el fallo que impugnan
el artículo 411 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), que contiene las causales del recurso de revisión. Esta
Sala Especializada, en sentencia dictada el 10 de marzo de 2016 dentro del proceso No.
577-2010, señaló: ‘El vicio de falta de aplicación se nzan~flesta si eljuzgador yerra
ignorando en elfallo la norma sustantiva aplicable al caso controvertidoy ello influye
en la decisión de la causa; es decir que, de haberlo hecho, habría determinado que la
decisión en la sentenciasea distinta, En otros términos,lafalta de aplicación de norma
de derecho tiene lugar cuando establecidos los hechos en el fallo, el tribunal de
instancia no los subsume en la normajurídica pertinente; esto es, en la normajurídica
que contiene la hipótesis jurídica concordante con tales hechos.- Implica error en
6
cuanto a la evstencza de la notína Se observa que lo alegado por el recuriente no
—q
influye en la decisión de la causa, ni determina que la decisión de los jueces del fjWJYO
Tribunal de instancia fuese distinta si se tomase en cuenta este articulo ya que no
desvirtua el incumplimiento del debido proceso en el procedimiento administrativo por
parte del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Cuenca En consecuencia,
al no demostrarse la existencia de este yerro se rechaza el recurso de casacion por este
extremo
2.6.- Respecto de la repetición de los valores contra los servidores públicos.-La
sentencia impugnada señala en su parte resolutiva que deja a salvo el derecho de
repetición contra los servidores públicos responsables, respecto de lo que se debe
señalar lo siguiente: 1) el inciso primero del artículo 328 del Código Orgánico General
de Procesos dispone: ‘Repetición. En los casos en que la sentencia declare la
responsabilidad de las autoridades, servidoras o servidores públicosen el desempeño
de sus cargos o laspersonas de derechoprivado que ejerzanpotestadpúblicaen virtud
de concesión o delegación a la iniciativaprivada, se ordenará que se inicie elproceso
de repetición contra todos aquellos, quienes tendrán responsabilidadsolidaria hasta la
solución total de la obligación 2) la acción de repetición tiende a recuperar el egreso
que tuvo que asumir el Estado como consecuencia de la actuación irregular, dolosa y/o
gravemente culposa de un agente público,por lo que su objetivo es fundamentalmente
patrimonial, y para que éstaproceda se debe demostrar la existencia de causas de
responsabilidad extracontractual que la justifiquen; 3) del fallo dictado en este proceso
no se observa que se haya declarado el dolo o la culpa grave, ni se ha demostrado la
responsabilidad de los servidores públicos,la existencia de causas de responsabilidad
extracontractual que lajustifiquen, ni la existencia de los otros elementos, por lo que no
procede se deje a salvo la repetición, aspecto ésteque debe ser corregido por este
Tribunal de Casación conforme el articulo 140 de Código Orgánico de la Función
Judicial.
III.- DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓNY LAS LEYES DE LA REPUBLICA, rechaza el recurso
7
de casación interpuesto en contra de la sentencia dictada el 01 de febrero de 2018 por la
Sala Únicadel Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el
Alcalde y del Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Cuenca y del Procurador General del Estado, y de acuerdo a los fundamentos
expuestos en el numeral 2.6 de este fallo, corrige la parte resolutiva de la sentencia,
eliminando la frase: ‘dejando a salvo el derecho de repetición contra los servidores
públicosresponsables”.- Actúela doctora Nadia Armijos Cárdenas, como Secretaria
Relatora de conformidad con la acción de personal No. 6935-DNTH-2015-KP de 1 de
junio de 2015. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
DR. PA,~kO JOAQUIN TINAJERO DELGADO
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
DR. LGO
AB.
JUEZA NACIONAL
8 |
102210327-DFE
Juicio No. 0635220110298
JUEZ PONENTE: DR. MERCK BENAVIDES BENALCAZAR, JUEZ NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: DR. MERCK BENAVIDES BENALCAZAR
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL. Quito,
martes 28 de mayo del 2019, las 11h21. PRIMERO. VISTOS: Dentro del juicio laboral seguido por
Rafael Martínez Tanqueño, en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Riobamba (anteriormente Ilustre Municipalidad del cantón Riobamba), la Sala Especializada de lo
Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, mediante sentencia, de 24 de enero de 2018,
las 16h18; confirma la sentencia emitida por el juez de primer nivel, resolviendo de esa forma la
consulta. La parte actora interpone recurso de casación, el cual fue aceptado a trámite, mediante auto de
calificación emitido por la doctora Janeth Cecilia Santamaría Acurio, Conjueza Nacional, de 26 de octubre
del 2018, las 14h34. Encontrándose el estado de la causa el de resolver se considera:
SEGUNDA. JURISDICCION Y COMPETENCIA
Mediante Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia No. 012018 de fecha 26 de enero de
2018 se integró las seis Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia conforme lo dispone el
artículo 183 sustituido por el artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Función
Judicial publicado en el R. O. Suplemento 38 de 17 de julio de 2013, en atención a la Resolución No.
042017 publicada en el Suplemento No. 1 del Registro Oficial No. 962 de 14 de marzo de 2017. La
Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional tiene competencia para conocer y resolver los
recursos de casación en los procesos laborales según lo dispuesto en los artículos 184.1 de la
Constitución de la República y 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como del sorteo
que obra del expediente. Este Tribunal de la Sala de lo Laboral se encuentra integrado por: doctor
Merck Benavides Benalcázar, Juez Ponente; doctora María Consuelo Heredia Yerovi, Jueza Nacional;
y, doctora Katerine Muñoz Subía, Jueza Nacional.
TERCERA. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La parte casacionista manifiesta, que los señores Jueces de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte
Provincial de Justicia de Chimborazo, han transgredido las siguientes normas de derecho: artículo 184 del
Código del Trabajo; artículo 8 del Mandato Constituyente N° 2; sentencia del H. Tribunal Superior de
Conciliación y Arbitraje, de 5 de enero de 2010, dentro del conflicto colectivo presentado por el Comité
Especial de Trabajadores de la Ilustre Municipalidad del cantón Riobamba; artículo 76 garantía primera y
séptima l), 82 y 426 de la Constitución de la República; por errónea interpretación. Fundamenta su recurso en
la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.
CUARTO. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS
El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario esencialmente formalista y, por tal
razón, exige para su procedencia el cumplimiento inexorable de los requisitos y formalidades
establecidas en la Ley de Casación. El tratadista colombiano, Luis Armando Tolosa Villabona,
conceptualiza a este medio de impugnación, como aquel que “ […] pretende quebrar, anular y romper
una providencia violatoria de la ley sustancial o de la ley procesal […] Por lo tanto, el recurso de
Casación es un medio de impugnación extraordinario por motivos específicamente establecidos en la
Ley y cuyo conocimiento está atribuido a un órgano judicial supremo […] con el fin de anular,
quebrar o dejar sin valor, por razones procesales sustanciales inmanentes, sentencias que conculcan el
derecho objetivo, y que tienen errores in iudicando, errores facti in iudicando o errores procesales. Se
interpone también para enmendar, excepcionalmente, sentencias que infringen las garantías
fundamentales de las personas”. (Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones Doctrina y Ley Ltda.,
segunda edición, BogotáColombia, 2008, pág. 13.). Por su parte, el Tribunal de Casación para
decidir, tiene que centrar su análisis en los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito
contentivo del recurso. Pues como bien señala, el jurista ecuatoriano Santiago Andrade Ubidia: “Los
motivos o causales, según lo denomina nuestra ley, para la interposición del recurso de casación están
limitadas y taxativamente señaladas en la ley, por lo que al ser restrictivos no es admisible ampliarlas
analógicamente; la actividad del órgano jurisdiccional está limitada a las causales que, establecidas
previamente por la ley, han sido invocadas en forma expresa el recurrente. […]”. Es decir, esta
actividad jurisdiccional asumida por el más alto Tribunal de la Justicia Ordinaria, mediante el
ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, su finalidad es garantizar la defensa del
derecho objetivo y la seguridad jurídica, así como la unificación de la jurisprudencia a través del
desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración.
QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES
PRESENTADAS.
4.1. Este Tribunal de Casación, acorde al mandamiento contenido en el artículo 76. 7, literal l) de la
Constitución de la República, que establece: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán
nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”; observa que la falta de
motivación acarrea la nulidad de la resolución judicial. Por lo que, al emitir su pronunciamiento debe
hacerlo sustentado en el ordenamiento legal vigente, así como, en los principios generales del derecho,
a efectos de garantizar la seguridad jurídica, y que las partes sientan esa certidumbre que otorga el
obtener una sentencia motivada. La Corte Constitucional para el Período de Transición, en la
sentencia No. 04811SEPCC, del caso No. 125210EP, respecto a la motivación señaló: “Este
derecho de motivación se articula plenamente con el derecho a una tutela judicial efectiva, y
obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un estado constitucional,
con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos jurisdiccionales en el país no queden en la
indefensión, y de generar la confianza debida en el sistema jurídico ecuatoriano; empero, este derecho
no significa exclusivamente acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado aquel
derecho, los jueces deben guiar sus actuaciones diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada
justicia, y es precisamente a través de la motivación de las resoluciones judiciales cuando los jueces
determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes que rigen
un caso en concreto. […]”. El tratadista Fernando de la Rúa, sostiene que: "El juzgador debe tener en
cuenta los requisitos necesarios para que la motivación de la sentencia sea adecuada. Para que la
fundamentación sea válida, debe ser, a la vez, expresa, clara, completa, legítima y lógica. La sentencia
está formada por una serie eslabonada de argumentos, razonamientos y decisiones que culminan en la
conclusión final, la cual constituye el dispositivo en que se expresa el concreto mandato jurisdiccional.
En ese camino, el Juez debe plantearse sucesivos interrogantes (cuestiones), emitiendo sobre cada uno
de ellos una respuesta afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusión constituye el precedente
sobre el cual se resolverá la cuestión siguiente, hasta llegar a la principal, cuya respuesta constituirá la
decisión. Para ello, el deber de resolver todas las cuestiones se presenta ahora también como un
aspecto del contenido de la motivación, en tanto cada conclusión o decisión debe ser fundamentada.
En todos los casos, esa fundamentación debe reunir los caracteres expresados...". (Fernando de la Rúa,
Teoría General del Proceso, Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 150). Por consiguiente, cumpliendo
con la disposición constitucional anteriormente señalada, luego de analizar el recurso de casación, la
sentencia impugnada, y confrontarla con el ordenamiento jurídico vigente, limita su examen a los
cargos o cuestionamientos formulados en el escrito de casación, y considera:
5.2 CARGOS ALEGADOS. CAUSAL PRIMERA. Con cargo a esta causal el casacionista
manifiesta: “Existe errónea interpretación de la norma de derecho contenido en el artículo 184 del
Código del Trabajo, que ha sido determinante en la parte dispositiva de la sentencia ya que por esta
errónea interpretación de la disposición invocada no se ordena el pago de lo señalado en el artículo
8 del Mandato Constituyente No. 2 dictado por la Asamblea Constituyente y que por tanto constituye
violación a los artículos 76 garantía primera y 82 de la Constitución de la República.” Menciona
además que en el considerando cuarto de la sentencia recurrida se viola el derecho a la seguridad
jurídica afirmando que: “(…) están desconociendo éste legítimo derecho que tiene el actor por esta
errónea interpretación al artículo 184 del Código del Trabajo, cuando consideran que desahucio no
significa RETIRO VOLUNTARIO [….] y que por lo tanto la consignación a la cuenta del actor que
hizo la demandada por la cantidad de 4.997.75 dólares, no da derecho al reclamo de la bonificación
por retiro voluntario señalado en el Art 8 del Mandato Constituyente No 2 y en la sentencia dictada
por el H. Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje […] vulnerándose de esta manera este
derecho que el trabajador del sector público que se acoja a la jubilación del IESS por cumplir con los
requisitos […]. Considera que la sala de apelación al no ordenar en su fallo el pago de los 7 salarios
básicos unificados del trabajador privado en general con el límite de hasta 210 salarios básicos
unificados del trabajador privado en general, está desconociendo el tenor literal del artículo 8 inciso
segundo del Mandato Constituyente No.2. Concluye que: “Por último los señores Jueces de esta Sala
al momento de dictar el fallo no han dado cumplimiento con lo señalado en los artículos 76 garantían
primera; 172 inciso primero; y, 426 de la Constitución de la República, al no haberse aplicado lo
preceptuado en el Art. 326 principios dos y tres de dicho cuerpo legal […]”. Solicita se case la
sentencia.
5.3 PROBLEMA JURÍDICO:
El problema jurídico a dilucidar es: Verificar si existe la errónea interpretación del artículo 184 del
Código del Trabajo, al no haber ordenado el pago de lo que señala el artículo 8 del Mandato
Constituyente No. 2, violentando los artículos 76.1.7 y 82 de la Constitución de la República.
5.4 CAUSAL PRIMERA. Esta causal procede por: “Aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales
obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva”, de
producirse aquello, la sentencia viola los conceptos de una ley sustantiva, formándose un error de
juicio, que atenta a la esencia y contenido de la norma de derecho y de los precedentes
jurisprudenciales obligatorios. El jurista colombiano Humberto Murcia Ballén, respecto de la
violación directa de la norma, señala: “Como lo anticipamos, la violación directa de la norma
sustancial se da cuando ésta se infringe derecha o rectamente, vale decir, sin consideración a la prueba
de los hechos. Emana, por tanto, de los errores sobre la existencia, validez y alcance del precepto legal
que trascienden a la parte resolutiva del fallo…”. (Recurso de Casación Civil, sexta edición, Ediciones
Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, pág. 354.).
5.5. Al respecto, es necesario precisar que la errónea interpretación se produce como consecuencia de
que en la sentencia recurrida se contraríe el espíritu y alcance de la norma jurídica, lo que conlleva a ir
más allá del contenido de la misma; sin embargo en el caso sub lite no se ha constatado tal
vulneración de las normas invocadas por el casacionista, pues los juzgadores ad quem, han realizado
una correcta interpretación de normas de derecho, concretamente las alegadas por la parte recurrente,
es decir artículo 184 del Código del Trabajo, y artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2, mismos
que se refieren al desahucio y al monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia
voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y
personal docente del sector público, con excepción del perteneciente a las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, respectivamente, pues la resolución del tribunal ad quem contiene un análisis
prolijo respecto a la normativa invocada relacionándolo con el caso concreto, el cual se encuentra
explicado de manera clara en su texto, específicamente en el considerando octavo de su sentencia al
examinar que: “De lo anteriormente señalado, se desprende con absoluta claridad que la aspiración
de los accionantes es la cancelación de la bonificación por retiro voluntario previsto en el inciso
primero del Art. 8 del Mandato Constituyente No. 2. Al respecto la Sala considera que el Mandato
Constituyente establece liquidaciones e indemnizaciones y la bonificación demandada es ajena a la
normativa constitucional expuesta en el Art. 8 del Mandato Constituyente No.2; además como bien
sostiene la Sala Especializada Laboral de la Corte Nacional de Justicia, el desahucio obtenido por el
trabajador no genera el pago de bonificaciones como en el presente caso. En el expediente consta a
fs. 288 el Comprobante de Egreso 3777 T3777 de fecha 9 de septiembre del 2011 del que se conoce
que el señor Rafael Martínez Tanqueño, como compensación por pago de liquidación de haberes y
desahucio durante 46 años, 2 meses, 29 días, desde el 3 de noviembre de 1964 al 1 de febrero del
2011, recibió la cantidad de 5835.54 USD, siendo por lo tanto improcedente el pago de la
bonificación solicitada…”; análisis al que debe considerarse también que la relación laboral
mantenida con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Riobamba ha terminado,
por la petición de desahucio realizada por parte del actor con el fin de acogerse a la jubilación, acto
que viene a constituir una de las formas legales de terminación de la relación laboral, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 169 del Código de Trabajo, por consiguientes no existió supresión de partida,
renuncia voluntaria o retiro voluntario ni despido intempestivo como regula el Mandato 2 referido;
pues la presentación del desahucio por parte del trabajador trajo como consecuencia la liquidación del
empleador en la suma de 5835.54 dólares como lo señala el tribunal ad quem, cumpliéndose así lo
dispuesto en la norma laboral antes citada. Es preciso señalar que la Corte Nacional de Justicia,
mediante la Sala Laboral en varios fallos ha mantenido el criterio respecto a estos reclamos (casos
7662013 y 2302014), sosteniendo que para que el trabajador pueda acogerse a la bonificación por
retiro voluntario establecido en el Mandato 2, artículo 8, debe ser por medio de renuncia voluntaria,
previa aceptación de la autoridad nominadora y no por desahucio; pues las dos instituciones jurídicas
son distintas, independientes y contrapuestas, la primera que se halla prevista en el artículo 169.2 del
Código del Trabajo, cuando se refiere al acuerdo de voluntades; esto es, por parte del trabajador al
presentar la solicitud y del empleador al aceptarla, según las regulaciones legales o contractuales
preexistentes; en tanto que la segunda de conformidad con el artículo 169 numeral 9 ibídem,
corresponde al desahucio que en nuestro ordenamiento jurídico laboral ha sido y es conocido que en el
caso del trabajador se produce a través de su decisión unilateral. La exigencia de la previa aceptación
por parte del empleador, cuando el trabajador presenta su renuncia voluntaria, tiene su razón de ser,
pues al tratarse de una institución pública de las comprendidas en el artículo 225 de la Constitución de
la República, ésta previamente debe contar con los respectivos fondos, conforme lo dispuesto en el
artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; lo cual no ocurre con la figura
jurídica del desahucio, que conforme al artículo 184 del Código del Trabajo establece: “Desahucio es
el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado
el contrato.”, se lo tramita de acuerdo a lo previsto en el artículo 624 ibídem, que determina: “El
desahucio al que se refiere el artículo 184 de este Código deberá darse mediante solicitud escrita
presentada ante el inspector del trabajo, quien hará la notificación correspondiente dentro de
veinticuatro horas.”; de lo cual se desprende que no se trata de un trámite en el cual se confrontan las
partes, o que merezca alguna explicación para su interposición, basta su deseo; así lo expresa el doctor
Julio César Trujillo en su obra(Derecho del Trabajo, Tomo I, QuitoEcuador, 2008, P. 360) “Para el
desahucio, ni el empleador ni el trabajador necesitan, en principio, invocar causa justa, ya que su
sola voluntad es suficiente; pero, únicamente pueden recurrir a él en los contratos y en la forma
determinados en la ley.”; en este sentido, en el caso sub judice, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Riobamba ha pagado al actor el valor correspondiente a la
liquidación por desahucio que es la figura a la cual se acogió, por tanto no cabe obligación adicional
por derecho alguno que se relacione con la terminación de la relación laboral. Cabe aclarar que el
Mandato Constituyente No. 2 en su artículo 8 contempla dos posibilidades, en su inciso primero
establece el límite de indemnizaciones para servidores públicos y en el inciso segundo la
indemnización por supresión de puestos o terminación de las relaciones laborales para trabajadores;
sin que en este caso se presenten ninguna de las dos posibilidades; pues la relación laboral terminó por
desahucio. Debe quedar en claro que el laudo arbitral, emitido por el H. Tribunal Superior de
Conciliación y Arbitraje, de 5 de enero de 2010, dentro del conflicto colectivo deducido por el Comité
Especial de Trabajadores de la Ilustre Municipalidad del cantón Riobamba, de manera específica
reconoce el derecho de los trabajadores mediante acuerdo voluntario y contrato colectivo a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 8, del Mandato Constituyente No. 2, cuando se ha
producido el despido intempestivo, situación que no ha ocurrido en el presente caso, toda vez que la
relación laboral finalizó por el desahucio solicitado por el actor, figura jurídica que no constituye una
forma de terminación de la relación laboral contemplada en el inciso 2 del artículo 8 del Mandato
Constituyente No. 2, por lo que no es aplicable ninguna indemnización al respecto, sino solo el rubro
por desahucio estipulado en el Código del Trabajo. En tal virtud, tampoco existe errónea
interpretación de los artículos 76.1, 7 literal l), 82 y 426 de la Constitución de la República, referentes
al cumplimiento de las garantías básicas del debido proceso, garantizando el derecho de las partes en
el proceso, así como a una sentencia debidamente motivada; a la seguridad jurídica; y a la directa e
inmediata aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; consecuentemente las
alegaciones de la parte recurrente en base a la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación no
prosperan, por no tener ningún asidero jurídico. Por lo expuesto, este Tribunal de la Sala de lo
Laboral, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPUBLICA, no casa la sentencia emitida por los Jueces de la Sala Especializada de lo Civil de la
Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, de 24 de enero del 2018, las 16h18. Notifíquese y
devuélvase.
DR. MERCK BENAVIDES BENALCAZAR
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
JUEZA NACIONAL
DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA |
102210327-DFE
Juicio No. 0635220110298
JUEZ PONENTE: DR. MERCK BENAVIDES BENALCAZAR, JUEZ NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: DR. MERCK BENAVIDES BENALCAZAR
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL. Quito,
martes 28 de mayo del 2019, las 11h21. PRIMERO. VISTOS: Dentro del juicio laboral seguido por
Rafael Martínez Tanqueño, en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Riobamba (anteriormente Ilustre Municipalidad del cantón Riobamba), la Sala Especializada de lo
Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, mediante sentencia, de 24 de enero de 2018,
las 16h18; confirma la sentencia emitida por el juez de primer nivel, resolviendo de esa forma la
consulta. La parte actora interpone recurso de casación, el cual fue aceptado a trámite, mediante auto de
calificación emitido por la doctora Janeth Cecilia Santamaría Acurio, Conjueza Nacional, de 26 de octubre
del 2018, las 14h34. Encontrándose el estado de la causa el de resolver se considera:
SEGUNDA. JURISDICCION Y COMPETENCIA
Mediante Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia No. 012018 de fecha 26 de enero de
2018 se integró las seis Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia conforme lo dispone el
artículo 183 sustituido por el artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Función
Judicial publicado en el R. O. Suplemento 38 de 17 de julio de 2013, en atención a la Resolución No.
042017 publicada en el Suplemento No. 1 del Registro Oficial No. 962 de 14 de marzo de 2017. La
Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional tiene competencia para conocer y resolver los
recursos de casación en los procesos laborales según lo dispuesto en los artículos 184.1 de la
Constitución de la República y 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como del sorteo
que obra del expediente. Este Tribunal de la Sala de lo Laboral se encuentra integrado por: doctor
Merck Benavides Benalcázar, Juez Ponente; doctora María Consuelo Heredia Yerovi, Jueza Nacional;
y, doctora Katerine Muñoz Subía, Jueza Nacional.
TERCERA. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La parte casacionista manifiesta, que los señores Jueces de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte
Provincial de Justicia de Chimborazo, han transgredido las siguientes normas de derecho: artículo 184 del
Código del Trabajo; artículo 8 del Mandato Constituyente N° 2; sentencia del H. Tribunal Superior de
Conciliación y Arbitraje, de 5 de enero de 2010, dentro del conflicto colectivo presentado por el Comité
Especial de Trabajadores de la Ilustre Municipalidad del cantón Riobamba; artículo 76 garantía primera y
séptima l), 82 y 426 de la Constitución de la República; por errónea interpretación. Fundamenta su recurso en
la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.
CUARTO. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS
El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario esencialmente formalista y, por tal
razón, exige para su procedencia el cumplimiento inexorable de los requisitos y formalidades
establecidas en la Ley de Casación. El tratadista colombiano, Luis Armando Tolosa Villabona,
conceptualiza a este medio de impugnación, como aquel que “ […] pretende quebrar, anular y romper
una providencia violatoria de la ley sustancial o de la ley procesal […] Por lo tanto, el recurso de
Casación es un medio de impugnación extraordinario por motivos específicamente establecidos en la
Ley y cuyo conocimiento está atribuido a un órgano judicial supremo […] con el fin de anular,
quebrar o dejar sin valor, por razones procesales sustanciales inmanentes, sentencias que conculcan el
derecho objetivo, y que tienen errores in iudicando, errores facti in iudicando o errores procesales. Se
interpone también para enmendar, excepcionalmente, sentencias que infringen las garantías
fundamentales de las personas”. (Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones Doctrina y Ley Ltda.,
segunda edición, BogotáColombia, 2008, pág. 13.). Por su parte, el Tribunal de Casación para
decidir, tiene que centrar su análisis en los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito
contentivo del recurso. Pues como bien señala, el jurista ecuatoriano Santiago Andrade Ubidia: “Los
motivos o causales, según lo denomina nuestra ley, para la interposición del recurso de casación están
limitadas y taxativamente señaladas en la ley, por lo que al ser restrictivos no es admisible ampliarlas
analógicamente; la actividad del órgano jurisdiccional está limitada a las causales que, establecidas
previamente por la ley, han sido invocadas en forma expresa el recurrente. […]”. Es decir, esta
actividad jurisdiccional asumida por el más alto Tribunal de la Justicia Ordinaria, mediante el
ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, su finalidad es garantizar la defensa del
derecho objetivo y la seguridad jurídica, así como la unificación de la jurisprudencia a través del
desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración.
QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES
PRESENTADAS.
4.1. Este Tribunal de Casación, acorde al mandamiento contenido en el artículo 76. 7, literal l) de la
Constitución de la República, que establece: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán
nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”; observa que la falta de
motivación acarrea la nulidad de la resolución judicial. Por lo que, al emitir su pronunciamiento debe
hacerlo sustentado en el ordenamiento legal vigente, así como, en los principios generales del derecho,
a efectos de garantizar la seguridad jurídica, y que las partes sientan esa certidumbre que otorga el
obtener una sentencia motivada. La Corte Constitucional para el Período de Transición, en la
sentencia No. 04811SEPCC, del caso No. 125210EP, respecto a la motivación señaló: “Este
derecho de motivación se articula plenamente con el derecho a una tutela judicial efectiva, y
obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un estado constitucional,
con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos jurisdiccionales en el país no queden en la
indefensión, y de generar la confianza debida en el sistema jurídico ecuatoriano; empero, este derecho
no significa exclusivamente acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado aquel
derecho, los jueces deben guiar sus actuaciones diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada
justicia, y es precisamente a través de la motivación de las resoluciones judiciales cuando los jueces
determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes que rigen
un caso en concreto. […]”. El tratadista Fernando de la Rúa, sostiene que: "El juzgador debe tener en
cuenta los requisitos necesarios para que la motivación de la sentencia sea adecuada. Para que la
fundamentación sea válida, debe ser, a la vez, expresa, clara, completa, legítima y lógica. La sentencia
está formada por una serie eslabonada de argumentos, razonamientos y decisiones que culminan en la
conclusión final, la cual constituye el dispositivo en que se expresa el concreto mandato jurisdiccional.
En ese camino, el Juez debe plantearse sucesivos interrogantes (cuestiones), emitiendo sobre cada uno
de ellos una respuesta afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusión constituye el precedente
sobre el cual se resolverá la cuestión siguiente, hasta llegar a la principal, cuya respuesta constituirá la
decisión. Para ello, el deber de resolver todas las cuestiones se presenta ahora también como un
aspecto del contenido de la motivación, en tanto cada conclusión o decisión debe ser fundamentada.
En todos los casos, esa fundamentación debe reunir los caracteres expresados...". (Fernando de la Rúa,
Teoría General del Proceso, Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 150). Por consiguiente, cumpliendo
con la disposición constitucional anteriormente señalada, luego de analizar el recurso de casación, la
sentencia impugnada, y confrontarla con el ordenamiento jurídico vigente, limita su examen a los
cargos o cuestionamientos formulados en el escrito de casación, y considera:
5.2 CARGOS ALEGADOS. CAUSAL PRIMERA. Con cargo a esta causal el casacionista
manifiesta: “Existe errónea interpretación de la norma de derecho contenido en el artículo 184 del
Código del Trabajo, que ha sido determinante en la parte dispositiva de la sentencia ya que por esta
errónea interpretación de la disposición invocada no se ordena el pago de lo señalado en el artículo
8 del Mandato Constituyente No. 2 dictado por la Asamblea Constituyente y que por tanto constituye
violación a los artículos 76 garantía primera y 82 de la Constitución de la República.” Menciona
además que en el considerando cuarto de la sentencia recurrida se viola el derecho a la seguridad
jurídica afirmando que: “(…) están desconociendo éste legítimo derecho que tiene el actor por esta
errónea interpretación al artículo 184 del Código del Trabajo, cuando consideran que desahucio no
significa RETIRO VOLUNTARIO [….] y que por lo tanto la consignación a la cuenta del actor que
hizo la demandada por la cantidad de 4.997.75 dólares, no da derecho al reclamo de la bonificación
por retiro voluntario señalado en el Art 8 del Mandato Constituyente No 2 y en la sentencia dictada
por el H. Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje […] vulnerándose de esta manera este
derecho que el trabajador del sector público que se acoja a la jubilación del IESS por cumplir con los
requisitos […]. Considera que la sala de apelación al no ordenar en su fallo el pago de los 7 salarios
básicos unificados del trabajador privado en general con el límite de hasta 210 salarios básicos
unificados del trabajador privado en general, está desconociendo el tenor literal del artículo 8 inciso
segundo del Mandato Constituyente No.2. Concluye que: “Por último los señores Jueces de esta Sala
al momento de dictar el fallo no han dado cumplimiento con lo señalado en los artículos 76 garantían
primera; 172 inciso primero; y, 426 de la Constitución de la República, al no haberse aplicado lo
preceptuado en el Art. 326 principios dos y tres de dicho cuerpo legal […]”. Solicita se case la
sentencia.
5.3 PROBLEMA JURÍDICO:
El problema jurídico a dilucidar es: Verificar si existe la errónea interpretación del artículo 184 del
Código del Trabajo, al no haber ordenado el pago de lo que señala el artículo 8 del Mandato
Constituyente No. 2, violentando los artículos 76.1.7 y 82 de la Constitución de la República.
5.4 CAUSAL PRIMERA. Esta causal procede por: “Aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales
obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva”, de
producirse aquello, la sentencia viola los conceptos de una ley sustantiva, formándose un error de
juicio, que atenta a la esencia y contenido de la norma de derecho y de los precedentes
jurisprudenciales obligatorios. El jurista colombiano Humberto Murcia Ballén, respecto de la
violación directa de la norma, señala: “Como lo anticipamos, la violación directa de la norma
sustancial se da cuando ésta se infringe derecha o rectamente, vale decir, sin consideración a la prueba
de los hechos. Emana, por tanto, de los errores sobre la existencia, validez y alcance del precepto legal
que trascienden a la parte resolutiva del fallo…”. (Recurso de Casación Civil, sexta edición, Ediciones
Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, pág. 354.).
5.5. Al respecto, es necesario precisar que la errónea interpretación se produce como consecuencia de
que en la sentencia recurrida se contraríe el espíritu y alcance de la norma jurídica, lo que conlleva a ir
más allá del contenido de la misma; sin embargo en el caso sub lite no se ha constatado tal
vulneración de las normas invocadas por el casacionista, pues los juzgadores ad quem, han realizado
una correcta interpretación de normas de derecho, concretamente las alegadas por la parte recurrente,
es decir artículo 184 del Código del Trabajo, y artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2, mismos
que se refieren al desahucio y al monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia
voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y
personal docente del sector público, con excepción del perteneciente a las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, respectivamente, pues la resolución del tribunal ad quem contiene un análisis
prolijo respecto a la normativa invocada relacionándolo con el caso concreto, el cual se encuentra
explicado de manera clara en su texto, específicamente en el considerando octavo de su sentencia al
examinar que: “De lo anteriormente señalado, se desprende con absoluta claridad que la aspiración
de los accionantes es la cancelación de la bonificación por retiro voluntario previsto en el inciso
primero del Art. 8 del Mandato Constituyente No. 2. Al respecto la Sala considera que el Mandato
Constituyente establece liquidaciones e indemnizaciones y la bonificación demandada es ajena a la
normativa constitucional expuesta en el Art. 8 del Mandato Constituyente No.2; además como bien
sostiene la Sala Especializada Laboral de la Corte Nacional de Justicia, el desahucio obtenido por el
trabajador no genera el pago de bonificaciones como en el presente caso. En el expediente consta a
fs. 288 el Comprobante de Egreso 3777 T3777 de fecha 9 de septiembre del 2011 del que se conoce
que el señor Rafael Martínez Tanqueño, como compensación por pago de liquidación de haberes y
desahucio durante 46 años, 2 meses, 29 días, desde el 3 de noviembre de 1964 al 1 de febrero del
2011, recibió la cantidad de 5835.54 USD, siendo por lo tanto improcedente el pago de la
bonificación solicitada…”; análisis al que debe considerarse también que la relación laboral
mantenida con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Riobamba ha terminado,
por la petición de desahucio realizada por parte del actor con el fin de acogerse a la jubilación, acto
que viene a constituir una de las formas legales de terminación de la relación laboral, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 169 del Código de Trabajo, por consiguientes no existió supresión de partida,
renuncia voluntaria o retiro voluntario ni despido intempestivo como regula el Mandato 2 referido;
pues la presentación del desahucio por parte del trabajador trajo como consecuencia la liquidación del
empleador en la suma de 5835.54 dólares como lo señala el tribunal ad quem, cumpliéndose así lo
dispuesto en la norma laboral antes citada. Es preciso señalar que la Corte Nacional de Justicia,
mediante la Sala Laboral en varios fallos ha mantenido el criterio respecto a estos reclamos (casos
7662013 y 2302014), sosteniendo que para que el trabajador pueda acogerse a la bonificación por
retiro voluntario establecido en el Mandato 2, artículo 8, debe ser por medio de renuncia voluntaria,
previa aceptación de la autoridad nominadora y no por desahucio; pues las dos instituciones jurídicas
son distintas, independientes y contrapuestas, la primera que se halla prevista en el artículo 169.2 del
Código del Trabajo, cuando se refiere al acuerdo de voluntades; esto es, por parte del trabajador al
presentar la solicitud y del empleador al aceptarla, según las regulaciones legales o contractuales
preexistentes; en tanto que la segunda de conformidad con el artículo 169 numeral 9 ibídem,
corresponde al desahucio que en nuestro ordenamiento jurídico laboral ha sido y es conocido que en el
caso del trabajador se produce a través de su decisión unilateral. La exigencia de la previa aceptación
por parte del empleador, cuando el trabajador presenta su renuncia voluntaria, tiene su razón de ser,
pues al tratarse de una institución pública de las comprendidas en el artículo 225 de la Constitución de
la República, ésta previamente debe contar con los respectivos fondos, conforme lo dispuesto en el
artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; lo cual no ocurre con la figura
jurídica del desahucio, que conforme al artículo 184 del Código del Trabajo establece: “Desahucio es
el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado
el contrato.”, se lo tramita de acuerdo a lo previsto en el artículo 624 ibídem, que determina: “El
desahucio al que se refiere el artículo 184 de este Código deberá darse mediante solicitud escrita
presentada ante el inspector del trabajo, quien hará la notificación correspondiente dentro de
veinticuatro horas.”; de lo cual se desprende que no se trata de un trámite en el cual se confrontan las
partes, o que merezca alguna explicación para su interposición, basta su deseo; así lo expresa el doctor
Julio César Trujillo en su obra(Derecho del Trabajo, Tomo I, QuitoEcuador, 2008, P. 360) “Para el
desahucio, ni el empleador ni el trabajador necesitan, en principio, invocar causa justa, ya que su
sola voluntad es suficiente; pero, únicamente pueden recurrir a él en los contratos y en la forma
determinados en la ley.”; en este sentido, en el caso sub judice, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Riobamba ha pagado al actor el valor correspondiente a la
liquidación por desahucio que es la figura a la cual se acogió, por tanto no cabe obligación adicional
por derecho alguno que se relacione con la terminación de la relación laboral. Cabe aclarar que el
Mandato Constituyente No. 2 en su artículo 8 contempla dos posibilidades, en su inciso primero
establece el límite de indemnizaciones para servidores públicos y en el inciso segundo la
indemnización por supresión de puestos o terminación de las relaciones laborales para trabajadores;
sin que en este caso se presenten ninguna de las dos posibilidades; pues la relación laboral terminó por
desahucio. Debe quedar en claro que el laudo arbitral, emitido por el H. Tribunal Superior de
Conciliación y Arbitraje, de 5 de enero de 2010, dentro del conflicto colectivo deducido por el Comité
Especial de Trabajadores de la Ilustre Municipalidad del cantón Riobamba, de manera específica
reconoce el derecho de los trabajadores mediante acuerdo voluntario y contrato colectivo a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 8, del Mandato Constituyente No. 2, cuando se ha
producido el despido intempestivo, situación que no ha ocurrido en el presente caso, toda vez que la
relación laboral finalizó por el desahucio solicitado por el actor, figura jurídica que no constituye una
forma de terminación de la relación laboral contemplada en el inciso 2 del artículo 8 del Mandato
Constituyente No. 2, por lo que no es aplicable ninguna indemnización al respecto, sino solo el rubro
por desahucio estipulado en el Código del Trabajo. En tal virtud, tampoco existe errónea
interpretación de los artículos 76.1, 7 literal l), 82 y 426 de la Constitución de la República, referentes
al cumplimiento de las garantías básicas del debido proceso, garantizando el derecho de las partes en
el proceso, así como a una sentencia debidamente motivada; a la seguridad jurídica; y a la directa e
inmediata aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; consecuentemente las
alegaciones de la parte recurrente en base a la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación no
prosperan, por no tener ningún asidero jurídico. Por lo expuesto, este Tribunal de la Sala de lo
Laboral, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPUBLICA, no casa la sentencia emitida por los Jueces de la Sala Especializada de lo Civil de la
Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, de 24 de enero del 2018, las 16h18. Notifíquese y
devuélvase.
DR. MERCK BENAVIDES BENALCAZAR
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
JUEZA NACIONAL
DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA |
¿(
REPÚBLICA DEL ECUADOR___
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO DE
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CAUSA No: 03112-2021-00002
Materia: CONSTITUCIONAL
Tipo proceso: GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS
Acción/Delito:ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS
09,43*4
ACTOR:(cid:9)
MIELES ASITIMBAY CHRIST1AN DAMIAN,
Casillero No:
JAIME RODRIGO PINTAG MOROCHO
DEMANDADO:
DR HECTOR AVILA JUEZ DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE PENAL DEL CANTON LA
TRONCAL,
JUEZ: LEON RODRIGUEZ ¡VAN XAVIER
Iniciado: 06/01/2021
SECRETARIO: BURBANO PIEDRA JESSICA GABRIELA(cid:9) V
Sentenciado:
CUkI E:(cid:9) CR.).A1. l)1(cid:9) Dr. Byron Guillen Zambrano
JUSTICIA(cid:9)
JUEZ NACIONAL PONENTE
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
Expediente No. 03112-2021-00002
Apelación a negativa de hábeas corpus
Detención ilegal
Quito, martes,. 09 de marzo de 20219 a las 16h32,
1.(cid:9) Avocar conocimiento
VISTOS .-
1. El presente Tribunal ejerciendo competencia Constitucional asume el conocimiento de la
presente causa para resolver la apelación de la sentencia que niega la acción de hábeas
corpus, conforme lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República
del Ecuador (en adelante "CRE"), 188.4 del Código Orgánico de la Función Judicial (en
adelante "COFJ"), y 169.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (en adelante "LOGJCC).
2. De conformidad a la resolución 02-2021 suscrita por el Pleno de la Corte Nacional de
Justicia se aprobó la integración de las Salas Especializadas, por lo que se procedió al
sorteo de ley que permitió la integración del Tribunal para la prosecución del trámite de
la causa.
3. Así mismo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió el respectivo instructivo para
la distribución de causas en caso de renovación parcial de los miembros de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 04-2021, de fecha 19 de febrero de 2021
4. Ahora bien, en virtud de las acciones de personal Nos. 0035-13NTH-202 1-AL y 0036-
DNTH-2021-AL, suscritas por el señor doctor Pedro José Crespo, Director General del
Consejo de la Judicatura, se designó como Jueces Nacionales de la Sala, Penal Militar,
Penal Policial Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de
1
Justicia, a los señores Abogados Byron Guillen Zambrano M.Sc. y Luis Rivera Velasco,
quienes integran el Tribunal conjuntamente con la señora doctora Danielia Camacho
Heroid, Jueza Nacional conforme acta de sorteo de la causa No. 03112-2021-00002, de
fecha 24 de febrero de 2021, radicándose así la competencia para conocer y resolver la
presente apelación de hábeas corpus.
II.(cid:9) Antecedentes relevantes de la causa
5. De la revisión de los recaudos procesales del caso No 03281-2020-00654 se tiene que el 3
de diciembre del 2020, las 15h08, el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente del
cantón La Troncal, doctor Héctor Ávila González, avoca conocimiento de la causa
convocando la audiencia de calificación de flagrancia el mismo día, a las 16h25, no
obstante, la diligencia se lleva a efecto a las 17h25; en tal virtud, realizada la misma,
dictó medidas cautelares entre ellas la de prisión preventiva en contra de Christian
Damian Mieles Asitimbay; en ese sentido, el procesado, por considerar que la mentada
audiencia se hizo posterior al vencimiento de las 24 horas para poder calificar la
flagrancia apeló ante la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia del
Cañar, que mediante resolución negó el recurso propuesto.
6. En ese orden, el procesado presentó acción de Hábeas Corpus en contra del Juez de la
Unidad Judicial Multicompetente del cantón La Troncal respecto de la orden de prisión
preventiva, misma que recayó para su conocimiento ante una de las Salas de la Corte
Provincial de Justicia del Cañar; la cual, mediante sentencia de fecha 11 de enero de
2021, las 09h45, rechazó la acción propuesta por improcedente. De ese modo, el
accionante Christian Damian Mieles Asitimbay, presentó recurso de apelación, el cual
recayó para su conocimiento y resolución en esta Sala Penal Militar, Penal Policial
Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado
III.(cid:9) Validación del proceso
7. El presente recurso se ha tramitado conforme a lo establecido en los artículos 75, 86 y 89
de la CRE, por lo que, al no existir vicios de procedimiento, ni omisión de solemnidades
sustanciales, habiéndose observado las garantías del debido proceso, este Tribunal
declara la validez de todo lo actuado.
2
IV.(cid:9) Análisis del recurso
8. El accionante en su escrito constante a fojas noventa y siete y noventa y ocho (97 y 98),
luego de citar un extracto de la decisión oral tornada por la Sala respecto de la acción de
Hábeas Corpus, indica:
"Consta en el expediente y audio en la que esta defensa alegó en el momento
oportuno la caducidad de las 24 horas que ordena la ley para la instalación de la
audiencia de formulación de cargos, el Juez Multiconipetente del Cantón La Troncal
nunca motivó la alegación de la defensa de Christian Mieles limitándose a mencionar
que ya se resolvió y que estábamos en la segunda audiencia del procesado, la sala en
la resolución de este proceso de habeas Corpus 03112202100002, reviso manifiesta
que no consta de audios la hora yfecha de inicio de la audiencia, es evidente porque
se estaba instalando fuera de las 24 horas de la detención, siendo la segunda
audiencia del mismo procesado, es evidente que si la primera audiencia esto es de la
causa 03281-2020-00651 dei mismo procesado estaba fuera de las 24 horas donde
existe resolución ejecutoriada adjunto copia bajada del satje, la segunda audiencia
del proceso también se instaló caducada las 24 horas, por lo solicito ante la Corte
Constitucional se admira la acción de Habeas Corpus." (Sic.)
9. Frente al fundamento expuesto y sobre la base del planteamiento impugnatorio cabe
indicar lo que sigue:
"La libertad puede ser considerada dentro de los derechos como aquel más
básico, que se va articulando en una multiplicidad de derechos específicos, de
acuerdo con las variaciones o modulaciones en cuanto a las demandas prioritarias
relacionadas con sus diversas dimensiones: la no inteiferencia en una esfera
intimísima de privacidad, la posibilidad de ejercer la autonomía política, o la
liberación frente al hambre y al conjunto de necesidades vitales insatisfechas. "
10. Entonces, la libertad es un sinónimo de democracia, por tal razón su ejercicio no se lo
restringe ni prohíbe si no se lo regula 2. Todas las regulaciones respecto de los derechos
1 Ornar Huertas, Gabriel Andrade, Eliceo Celis, Hermens Lara, Eduardo Catellanos y Albino Segura; ob. Cit.; p19
2 Constitución de la República del Ecuador: "11 [.1 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los
derechos ni de las garantías constitucionales."
3
enunciados deben constar de manera expresa en la Ley y dentro de ese contexto en
nuestra legislación tenernos:
a) Privativas de la libertad
11. Se entiende corno privación de la libertad el encierro que a consecuencia de la comisión
de una infracción o de otras razones sufre una persona, en el ordenamiento jurídico penal
se contempla como formas de privación de la libertad la aprehensión3, la detención4 la
y
prisión preventiva las cuales se rigen a las peculiaridades previstas para cada caso. Así
5,
también, se contempla como forma de privación, indistinta al ámbito penal, el apremio
personal6 el cual también precisa sus propias exigencias de aplicación7.
12. La privación de la libertad procede únicamente en los modos y casos especificados en la
legislación de manera taxativa, por Jo que se debe realizarse un análisis previo, con la
finalidad de verificar si se reúnen los requisitos dentro los supuestos fácticos que
permiten la aplicación de cada medida.
Código Orgánico Integral Penal: "Art. 526.- Aprehensión.- Cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido
cii delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional. Las y los servidores de la Policía
Nacional, del organismo competente en materia de tránsito o miembros de las Fuerzas Armadas, deberán aprehender a
quienes sorprendan en delito flagrante e informarles los motivos de su aprehensión. En este último caso deberán entregarlos
de inmediato a la Policía Nacional. Las o los servidoras de la Policía Nacional o de la autoridad competente en materia de
tránsito, podrán ingresar a un lugar cuando se encuentren en persecución ininterrumpida, para el solo efecto de practicar la
respectiva aprehensión de la persona, los bienes u objetos niateria del delito flagrante.
4Código Orgánico Integral Penal: Art. 530.- Detención. - La o el juzgador, por pedido motivado de la o del fiscal, podrá
ordenar la detención de una persona, confines investigativos.
Código Orgánico Integral Penal: Art. 534.- Finalidad y requisitos.- Para garantizar la comparecencia de la persona
procesada a/proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitara la o al juzgador de manera fundamentada,
que(cid:9) ordene(cid:9) la(cid:9) prisión(cid:9) preventiva,(cid:9) siempre(cid:9) que(cid:9) concurran(cid:9) los(cid:9) siguientes(cid:9) requisitos:
1. Elenien tos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción.
2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción.
3. indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es
necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena.
4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año.
De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado
incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad.
6 Código Orgánico General de Procesos: "Art. 134.- Apremios. Son aquellas medidas coercitivas que aplican las o los
juzgadores para que sus decisiones sean cumplidas por las personas que no las observen voluntariamente dentro de los
términos previstos. Las medidas de apremio deben ser idóneas, necesarias y proporcionales.El apremio es personal cuando
la medida coercitiva recae sobre la persona y es real cuando recae sobre su patrimonio."
Código de la Niñez y Adolescencia: "Apremio pem-sonal.- En caso de que el padre o mnadre incumplo el pago de dos o más
pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad
financiera o del no pago,' dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de
reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días. En la misma resolución
en la que se ordene la privación de libertad, el Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor,
siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado/s, por parte de quien solicita dicha
medida. Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció la causa, realizará la liquidación de la
totalidad de lo adeudado y receptará el pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el Juez/a
dispondrá la libertad inmediata."
21
b) Restrictivas de libertad
13. La restricción de la libertad es una afectación mínima al derecho de libertad, su
regulación está expresamente determinada por ley, de las cuales es preciso anotar
aquellas que se establecen en el Código Orgánico Integral Penal (en adelante "COIP") las
que clasificamos en medidas alternativas a la prisión preventiva9, medidas de protección'°
y aquellas que complementan una pena11.
14. La diferencia con las privativas es por su forma de cumplimiento que, si bien no confina a
una cárcel o prisión, limita la movilidad de quien la soporta.
15. Establecidas las modalidades, cualquier privación o restricción que no observe los
parámetros previstos por la CRE y la Ley, constituyen transgresión del derecho a la
libertad lo que activa estos poderes de emergencia'2 que protegen este derecho
fundamental, corno lo es la acción de Hábeas Corpus.
16. En ese orden de explicaciones, la acción referida ut supra, tiene por objeto proteger la
libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o
restringida de su libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, así lo
determina el artículo 43 LOGJCC; lo cual concuerda con lo establecido POT el artículo
45.2, ibidein, que señala "En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez
declarará la violación del derecho, dispondrá la inmediata libertad p la reparación
8 A pesar de que los derechos no se restringen por prohibición constitucional expresa, por cuanto el texto de la Ley de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se publicó con anterioridad a la Carta Magna del 2008 y mantiene aún
este término.
Son medidas cautelares que sirven para asegurar la presencia de la persona procesada, en el procedimiento penal tenemos: -
Prohibición de ausentarse del país: - Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o
ante la autoridad o institución que designe - Arresto domiciliario.
19 Son medidas que buscan asegurar la integridad de la víctima y su entorno, el artículo 558 del Código Orgánico Integral
Penal, en su artículo 558 señala las modalidades de medidas de protección entre las que podemos disgregar como restrictivas:
1. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones. 2. Prohibición a la persona
procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren. 3.
Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo
familiar por sí mismo o a través de terceros. [.1 5. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la
convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo.
"Son penas no privativas de la libertad que pueden ser complemento de la principal, o en ciertos casos constituir la pena
principal, después de un análisis se determina que son restrictivas de la libertad: "[. .. ] 3. Comparecencia periódica y
personal ante la autoridad, en la frecuencia y en los plazos fijados en sentencia. [.1 7. Prohibición de salir del domicilio o
del lugar determinado en la sentencia. [.1 10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus
familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde se encuentren o por cualquier medio verbal,
audiovisual, escrito, informático, telemático o soport e físico o virtual. [.1 11. Prohibición de residir, concurrir o transitar
en determinados lugares. 12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras."
12 Término acuñado por la doctrina en el que incluye el hábeas corpus por tratarse "de circunstancias excepcionales que
garanticen el orden constitucional, pero regladas previamente para que no degeneren o motiven el establecimiento de un
Estado hecho"
5
integral", en consonancia con el artículo 89 de la CRE, que prescribe: "La acción de
hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de
ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de
cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas
privadas de libertad".
17. La naturaleza jurídica de la acción de Hábeas Corpus estriba en controlar el respeto a la
libertad, la vida e integridad de la persona, e impedir su desaparición o la
ZD
indeterminación de su lugar de detención, así corno protegerla contra la tortura u otros
13
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En efecto, desde su concepción
latina Hábeas Corpus significa "cuerpo presente" o "persona presente", y constituye la
garantía del derecho esencial a la libertad, que permite a cualquier persona, por sí o por
interpuesta persona, acudir ante juezas o jueces constitucionales con el fin de que la
autoridad recurrida disponga la inmediata libertad de la detenida o detenido, si éste no
fuera presentado a la audiencia, si no se exhibiere la orden de privación de libertad, si
ésta no cumpliere los requisitos legales o constitucionales, si se hubiere incurrido en
vicios de procedimiento en la privación de libertad, en los casos en que la privación de
la libertad es llevada a cabo por particulares, cuando no se justifique dicha medida; de
tal suerte que, el hábeas corpus implica un derecho ejercido a través de una acción
constitucional, que encuentra su fundamento y razón de ser en la protección y tutela
efectiva a los derechos humanos; y, por tanto, constituye un mecanismo de protección
de derechos, atribuido a las personas que consideran que han sido privadas de la
libertad de manera ilegal, arbitraria o ilegítima, de esta forma, se activa esta garantía
para exigir de las juezas y los jueces constitucionales la protección material de la
libertad.
18. Entonces, la acción de Hábeas Corpus constituye un proceso autónomo, sumario,
garantista, especial y preferente, cuyo accionar está dirigido a precautelar la libertad
personal y la integridad física de las personas privadas de libertad ilegalmente. Ya en la
sustanciación misma, el accionante comparece ante el órgano jurisdiccional competente y
esgrime sus argumentaciones fácticas y jurídicas por las cuales considera que su
13Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de la CIDH, de 12 de noviembre de 1997, párr. 63.
a.
a)
01¿&__—e
detención no está justificada legalmente, dirigiendo su pretensión a que la o el juzgador
remedie la detención ilegal, restituyéndole su libertad. 14
19. Añadido a lo anteriormente expuesto, la acción de Hábeas Corpus es una garantía
constitucional, que forma parte del ordenamiento jurídico en el Ecuador desde hace varias
décadas y que también se encuentra reconocida por tratados internacionales de derechos
humanos de los cuales el Ecuador es suscriptor»
20. Dentro de la fuente doctrinaria, el jurista Ramiro Ávila Santamaría acota que: "La idea
de las garantías es establecer mecanismos para prevenir y reparar las violaciones de
derechos que se puedan producir por cualquier acto u omisión del estado o de sujetos
16
con poder" Mientras tanto, el tratadista colombiano Pedro Pablo Camargo apunta que
el hábeas corpus: "es un medio de protección de los derechos y libertades fundamentales
de las personas".'7
21. De otro lado, el derecho de recurrir de las decisiones judiciales se encuentra garantizado
en el artículo 8.21 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica), que dice: "Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ( ... ) derecho de recurrir del fallo
ante juez o tribunal superior". De igual forma, el artículo 76.7.m) de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce el derecho a recurrir en todos los procedimientos en los
que se decida sobre los derechos del justiciable; y, la apelación de la acción de hábeas
corpus se encuentra desarrollada en el artículo 169.1 LOGJCC.
22. A partir de aquello, en el caso sub júdice, la razón argumentativa del recurrente se ciñe a
su reiterada posición de que la audiencia de calificación de flagrancia, en la cual fue
procesado, se realizó luego de cumplidas las veinticuatro horas que determina la Ley para
poder calificar la flagrancia del delito, por el que se le impuso la medida cautelar de
prisión preventiva de forma ilegal.
14 Sentencia de 1 de abril de 2014 dictada por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.
15 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2;
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7. Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión. Principios 32 y 33.
16 Ávila Santamaría, Ramiro, Los derechos y sus garantias, Quito. Corte Constitucional. p. 187.
17 Camargo, Pedro Pablo, La Acción de Hábeas Corpus, Bogotá, Editorial Leyer, Segunda Edición, p. 23.
7
23. El fallo recurrido al respecto congrega el siguiente contenido:
"El reclamo del recurrente Asitiinbav Mieles se reduce a que la audiencia de
calificación de flagrancia )'formulación de cargos no ha sido realizada a las 16125
que estaba dispuesto, y fuera de las veinte y cuatro horas que ordena la norma como
hemos anotado en líneas anteriores. Al respecto este Tribunal ha escuchado en
forma detenida el audio del Cd de la audiencia en este proceso de Organización y
Financiamiento para la Producción o Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas
Sujetas a Fiscalización, y no se determina la hora de inicio de la misma; más, por el
contrario el juzgador dice esta!- en la hora señalada para la audiencia. El abogado
del hoy recurrente en su primer discurso jurídico, enuncia lo que dispone el artículo
529 del COIP, pero no tuvo la precaución de pedir al juzgador que disponga que la
señora Secretaria del despacho, siente la razón del inicio de dicha audiencia, y en
su corta intervención termina manifestando que demostrará en la etapa procesal
oportuna la inocencia del sospechoso Mieles." (Sic.)
24. De otro lado, lo que se aprecia del escrito que contiene el recurso de apelación
propuesto por el accionante es una pretensión que ya ha tenido respuesta dentro del
ámbito jurisdiccional ordinario, donde se ha hecho visible la doble conformidad sobre
un mismo punto (la aparente caducidad de la flagrancia y la posible ilegalidad de la
orden de prisión preventiva); de ese modo, de la revisión del fallo se observa la
siguiente explicación:
"Por lo que se le hizo conocer al sorprendido en flagrancia, que al habérsele
convocado dentro de las 24 horas a audiencia de formulación y cargos y
calificación de flagrancia ya se encontraba con fórmula de juicio, ya estaba puesto
a órdenes de autoridad competente, además que no es imputable al juzgador, debido
a la elevada carga de audiencias de ese día. El ciudadano fue sorprendido en delito
flagrante, que se encuentra establecido en elAm-t. 527 del COIP." (Sic.)
25. Entonces, según el acta de audiencia y el Sistema judicial de Trámites se evidencia que
dentro de la causa 03281-2020-00654 la detención del recurrente se produjo el día 02
de diciembre del 2020, a las 17h30, el juzgador instancia avoca conocimiento de la
causa el día 03 del mismo mes y año, a las 15h08, convoca a la respectiva audiencia a
las 16h25, siendo instalada a las 17h25, donde ya se instauró la diligencia para proceder
conforme la norma contenida en el artículo 529 COIP que indica: "En los casos de
infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la
aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la
que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo
necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y de
protección que el caso amerite y se determinará el proceso correspondiente."; por
tanto, es claro para esta magistratura que la audiencia de calificación de flagrancia y
formulación de cargos, se instaló dentro de los plazos legales establecidos por el
ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo que permite concluir que la prisión preventiva
dictada por el juez competente, respetó los límites temporales establecidos por la CRE
yelCOIP.
26. La Corte Constitucional del Ecuador, ha desarrollado que debe entenderse por una
privación de libertad ilegal, arbitraria o ilegítima señalando que:
"Con relación a la privación de la libertad ilegal, esta puede ser definida como
aquella ordenada o ejecutada en contravención a los mandatos expresos de las
normas que componen el ordenamiento jurídico. La privación de la libertad
arbitraria en cambio, es aquella ordenada o mantenida sin otro fundamento que la
propia voluntad o capricho de quien la ordena o ejecuta. La privación de libertad
ilegítima por último, es aquella ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o
competencia para ello" 8
27. De ahí que, con la notificación de la correspondiente audiencia el 03 de diciembre; a las
15h08 que tenía como relieve la fórmula de juicio a la que el aquo refiere como
instaurada dentro del plazo legal el 03 de diciembre de 2020, las 17h25, destacando el
hecho de que ya se encontraba el ahora accionante bajo órdenes de autoridad
competente, no es más que la materialización de la aplicación de las consecuencias
jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico penal. En el caso que nos ocupa se
cumplió con lo previsto en el artículo 77.1 CRE; toda vez, que no se mantuvo a la
persona detenida en delito flagrante, más de veinticuatro horas, es decir, que su
situación jurídica fue conocida y resuelta por el juez penal competente dentro del plazo
legal establecido en la norma constitucional, cumpliéndose de esta manera con los
18
Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 247-17-SEP-CC, caso No. 0012-12-EP
requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente, sin contravenir los
mandatos expresos determinados para los casos de detención en delitos flagrantes.
28. Asimismo, se aprecia que la privación de libertad del recurrente no es arbitraria, puesto
que, los fundamentos fácticos y jurídicos fueron anunciados por el juez penal para
dictar la orden de prisión preventiva, medida de última ratio que fue confirmada por la
Sala de la Corte Provincial de Justicia, dicho de otra manera, la privación de la libertad
no devino por el mera voluntad o capricho de quien la ordenó, sino que derivó
precisamente de los hechos que fueron puestos a su conocimiento y valorados por quien
tenía competencia para ello, y para dictar la medida cautelar, lo que la convierte en
legítima.
29. En tal virtud, el recurrente no ha justificado que se haya vulnerado su derecho a la
libertad, debiéndose indicar que la privación de libertad es ilegal cuando no cumpla con
los requisitos exigidos por la Ley o vicios irrogados a la orden de la autoridad
competente, salvo el caso de delitos flagrantes, y se puede presentar en tres aspectos: a)
la detención es totalmente extra - legaL; b) el incumplimiento de las formas exigidas
por la ley para la detención; y, c) la desviación de las facultades de detención para fines
impropios.
30. De otro lado, se considera arbitraria cuando la privación de libertad de una persona se la
realizó fuera de las normas del ordenamiento jurídico, corno en los siguientes casos: 1)
cuando la persona no fuere presentada a la audiencia. 2) no se exhiba la orden de
privación de libertad o no cumpla los requisitos legales y constitucionales. 3) se hubiere
incurrido en vicios de procedimiento; y 4) en los casos en que se lleve a cabo por
particulares.
31. Es decir, el recurrente no ha justificado las razones de la acción propuesta más allá de
puntualizar que la audiencia de calificación de flagrancia se hizo fuera de las 24 horas en
las que tenía vigencia; entonces, lo que se puede colegir de la motivación del aquo en
torno al rechazo de la acción planteada por el recurrente es que se ha garantizado el
debido proceso al momento de imponérsele una medida cautelar de privación de la
libertad, pues las juezas y juezas, deben subordinar sus decisiones a la normativa legal,
constitucional. y convencional, bajo el principio de imparcialidad, todo aquello con el
objeto de evitar precisamente que la restricción de un derecho como lo es la libertad
dentro de un proceso penal, y que esta no responda al capricho y arbitrariedad del
juzgador
10
(cid:9)
Y.(cid:9) Decisión
32. Por las consideraciones expuestas ut supra, de conformidad con los artículos 89 CRE, y
45.2 LOGJCC, al no verificarse violación de derecho constitucional alguno, esta Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen
Organizado de la Corte Nacional de Justicia, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", resuelve por
unanimidad:
1.(cid:9) Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el recurrente
CHRISTIAN DAMIAN MIELES ASITIMBAY y confirma en todas sus partes
la sentencia dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia
del Cañar, emitida el 11 de enero de 2021, las 091-145, en la que se negó la acción
constitucional de Hábeas Corpus deducida por el impugnante.
II. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 436.6 de la CRE, en concordancia
con el artículo 25.1 de la LOGJCC, una vez ejecutoriada esta sentencia, se remitirá
copia certificada de la misma a la C e Constitucional.
III. Notifiquese y devuélvase el 7e pedi nte sin dilación alguna a la Judicatura de
origen.
BYROMYÍLLEN ZAMBRANO
EZ CIONAL PONENTE
LUIS RYRA VELASCO
ACIONAL
DANIE[LLA CAMACHO IaEROLD
NACIONAL
11
Certifico
JCA
Abq, Jessica urban Piedra
SECRErARIP RELTORA ( E )
«
FUNCIINJIP1CIA1
144387752-DFE
En Quito, miércoles diez de marzo del dos mil veinte y uno, a partir de las diez horas
y cuatro minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede
a: MIELES ASITIMBAY CHRISTIAN DAMIAN en el correo electrónico
jrpintagmhotmail.com, en el casillero electrónico No. 0922281282 del Dr./Ab.
JAIME RODRIGO PINTAG MOROCHO. DR HECTOR AVILA JUEZ DE LA UNIDAD
MULTICOMPETENTE PENAL DEL CANTON LA TRONCAL en el correo electrónico
Hector.Avilafuncionjudicial.gob.ec. DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACION DE
LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY DE
CAÑAR en el correo electrónico maria.munoz@atencionintegral.gob.ec; en el correo
electrónico nancy. sanchezatencionintegral. gob. ec. Certifico:
sIC(cid:9) O54
BURBANO PIEDRA JESS CA GABRIELA
SECRETARIA RELATORA
Firmado por
FUNCIÓN JUDICIAL JESSICA
GABRIELA
BURBANO PIEDRA
DOCUMENTO FIRMADO FBITO
ELECTRONICAMENTE Cí
1718451964
4 COIfl E NACIONAL DE
JI A
RAZON: Siento por tal que dentro del proceso de acción constitucional de
apelación de habeas corpus, signado con el número 03112-2021-00002,
propuesto por el accionante Christián Damián Mieles Asitimbay, en contra del
accionado doctor Héctor Ávila González, Juez de la Unidad Multicompetente con
sede en el cantón La Troncal, la sentencia que declara improcedente el recurso
planteado, emitido el martes 09 de marzo de 2021, y notificado con fecha
miércoles 10 de marzo de 2021, a las 10h04, se encuentran debidamente
ejecutoriados por el ministerio de la ley.- Certifico.
Quito, martes 16 de marzo de 2021
Atentamente,
J
EC/ 3Of3A
Abg. Jessica Burbano
SECRETARIA RELAT
SALA PENAL, PENAL l fl ffl 0::¿ @),le -Loj 111^
CORTE NACIONAL DE ~ |
163468046-DFE
Juicio No. 17510201500439
JUEZ PONENTE: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito,
jueves 18 de noviembre del 2021, las 11h16.
VISTOS: El ingeniero Rodolfo Arce Ramírez, Director Distrital de Guayaquil del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, deduce recurso de casación en contra de la
sentencia de 27 de noviembre del 2019, las 16h44, dictada por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha, dentro del juicio de impugnación No. 17510201500439, propuesto por la señora
María Valeria Moncayo Montalvo, en calidad de presidenta y representante legal de
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA., en contra de Resolución No.
SENAEDDG20151002RE de 14 de octubre de 2015 emitida por el Director Distrital de
Guayaquil, Subrogante y que declara su nulidad por falta de motivación en el cambio de
partida arancelaria.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el presente recurso de
casación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución
de la República del Ecuador, 185 segunda parte numeral 1 de la Función Judicial, 1 de la Ley
de Casación y Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico General de Procesos.
SEGUNDO: INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL JUZGADOR. En virtud del sorteo de la
causa No. 17510201500439, realizado el 19 de noviembre de 2020, a las 17h51, se radicó la
competencia en la Sala integrada por los doctores: José Dionicio Suing Nagua, Fernando
Antonio Cohn Zurita y Gustavo Adolfo Durango Vela. Actualmente la Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, está integrada por los doctores
Gilda Rosana Morales Ordóñez y José Dionicio Suing Nagua (jueces titulares) y Gustavo
Adolfo Durango Vela (Juez encargado, ponente de esta causa). Mediante Resolución Nro.
0032021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar
cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 1781120140463, ratificando la continuación en el ejercicio
de funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez
Nacionales, respectivamente; además, con Resolución Nro. 0082021, de 28 de enero de 2021
el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez,
Jueza Nacional. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución Nro. 2 de 5
de febrero de 2021, integró la Sala de lo Contencioso Tributario con los doctores Gilda
Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante oficio Nro. 635SGCNJ, la doctora
Paulina Aguirre Suárez, Presidenta de la Corte Nacional de Justicia llama al doctor Gustavo
Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala Contencioso Tributaria, en reemplazo
de la doctora Ana María Crespo Santos, ratificado mediante oficio Nro. 92PCNJ2021, de
12 de febrero de 2021, dictado por el doctor Iván Saquicela Rodas, Presidente de la Corte
Nacional de Justicia y abalado con Acción de Personal No. 166UATH2021NB de 19 de
febrero de 2021.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Mediante escrito de 17 de diciembre de
2019, 15h03 (fs. 198 a 200), el Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador SENAE, presenta recurso de casación, el cual es calificado de oportuno
por la Sala juzgadora, que cumple con los requisitos de ley y dispone subir el proceso al
superior mediante auto de 19 de diciembre de 2019, 11h16, en los términos de los artículos 2,
5, 6, 7 y 8 de la Ley de Casación, para ante los Jueces de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional.
CUARTO: ERRORES ALEGADOS. Con auto de 18 de mayo de 2020, las 08h34, el
doctor Paúl Alejandro Rengel Maldonado, Conjuez Temporal de la Corte Nacional de Justicia
admite el recurso de casación interpuesto por la causal 5ta. del Art. 3 de la Ley de Casación,
por el vicio de falta de motivación, infringiendo el artículo 76 numeral 7 literal l) de la
Constitución de la República del Ecuador.
QUINTO: VALIDEZ PROCESAL. De la revisión del proceso no se observa ninguna
circunstancia que pueda afectar la validez procesal y tampoco existe nulidad alguna que
declarar, por lo que se declara la plena validez del mismo.
Mediante providencia del viernes 5 de noviembre de 2021, las 15h07, el juez ponente de la
causa, solicito pasen los autos en relación para dictar sentencia.
SEXTO: NORMAS JURÍDICAS EN EL QUE SE SUSTENTA. El recurso de casación se
fundamenta en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación que establece:
“5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o
en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.”
SÉPTIMO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS SEÑALADOS.
En base de la referida causal quinta, acusa a la sentencia de haber violado el derecho
constitucional al debido proceso en cuanto a la indebida motivación ya que la conclusión
carece de razonabilidad y lógica jurídica lo que viola también el derecho a la seguridad
jurídica, refiriéndose para el efecto del test de motivación fijado por la Corte Constitucional
en la sentencia 10813SEPCC de 4 de diciembre de 2013 (R.O. de 14 de marzo de 2013).
Para demostrar la infracción transcribe el fragmento en el que, a su criterio, se aprecia que el
Tribunal de instancia llega a una conclusión equivocada: “(…) estamos frente a una falta de
motivación porque no se explican los fundamentos de los hechos y su pertenencia del cambio
de la partida declarada a la subpartida fijada por la autoridad aduanera (…) lo cual impide
que el Tribunal pueda conocer con total claridad las razones que tuvo la administración
aduanera para efectuar el cambio de partida (…)”; lo cual el recurrente considera
inverosímil e ilógico, pues sostener que la reclasificación determinada en el acto de aforo no
tiene sustento es un despropósito y resulta contradictorio, por cuanto la sentencia recurrida
basa su “ratio decidendi” en el Informe Técnico (Memorando Nro. SENAEDDNR2015
1465M), cuyo contenido justamente ratifica el acto de aforo y por ende la partida sugerida
y/o “reclasificación” efectuada al ítem 2, prueba en la cual la administración basó su
resolución; entonces como es que se pretende hacer creer a las partes que, lo que se ratificaba
en ese memorando era la partida declarada por el importador y no la sugerida en el aforo. En
consecuencia, pide se case la sentencia y se ratifique el acto administrativo impugnado.
OCTAVO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. El señor Fausto Pacífico Moncayo
Montalvo, representante legal de la empresa ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS
CIA LTDA., a fojas 5 del expediente de casación presenta un escrito con el que impugna y
rechaza el recurso de casación propuesto por el SENAE; sin embargo se constata que ha sido
presentado fuera del término establecido por el artículo 13 de la Ley de Casación, por lo cual
se lo declara extemporáneo y por tanto como no presentado.
NOVENO: CONSIDERACIONES DE LA SALA DE CASACIÓN POR EL VICIO
SEÑALADOS
9.1. Por la causal 5ta. del Art. 3 de la Ley de Casación, se acusa a la sentencia recurrida por el
vicio de falta de motivación por no cumplir los parámetros de lógica y razonabilidad que
debió contener, infringiendo el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la
República y la sentencia sobre el test de motivación emitida por la Corte Constitucional.
La norma constitucional sobre la garantía al debido proceso, menciona:
Constitución de la República del Ecuador
“Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las
siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá
las siguientes garantías: (…) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación sin en la resolución no se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a
los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados”.
9.2. Alcance doctrinario del error denunciado
Sobre la falta de motivación la autora Gladis E. de Midón, en su obra “La Casación Control
del Juicio de Hecho”, (Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires Argentina, 2001, p. 20),
manifiesta que:
“Para alcanzar sus fines garantistas es inevitable que la motivación sea
autosuficiente, en el sentido de abastecerse, expresando no sólo las conclusiones
decisivas sino, fundamentalmente, las razones en que tales conclusiones se basan. No
basta pues, como bien dice Carrió, que la sentencia tenga fundamentos, porque es
preciso que éstos estén a su vez fundados. Sin esa básica motivación no es posible
hablar en lenguaje constitucional de sentencia, pues huérfana de razonados
fundamentos no hay nada, añadirá Morello, que en un acto de voluntad inepto de por
si para constituirse en fuente jurígena de derechos”.
Por su parte el Dr. Santiago Andrade Ubidia, en el libro “La Casación Civil en el Ecuador”,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2005, p. 138, considera que:
“La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido
crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y
de derecho que el juez apoya su decisión. Su exigencia es una garantía de justicia a la
cual se le ha reconocido jerarquía constitucional, como derivación del principio de
inviolabilidad de la defensa en juicio. Por la motivación, además se asegura la
publicidad de la conducta de los jueces y el control popular sobre el desempeño de
sus funciones, esencial en un régimen republicano. Por ella también podrán los
interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o
impugnación”.
Para Oswaldo Alfredo Gozaini, en su obra “El Derecho Procesal Constitucional, El Debido
Proceso”, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos AiresArgentina, 2004, p. 428; la motivación,
que no es otra cosa que:
“…la progresividad del derecho de las partes y la obligación constitucional de los
jueces de motivar los fallos, plantea la naturaleza que tiene este deber fundamental.
No se trata de contabilizar una simple fundamentación que puede resultar suficiente
con la aplicación mecánica de la ley, sino de analizar si dicha exigencia radica en
una necesidad política propia de la justificación de los actos de un poder del Estado,
o significa establecer una garantía constitucional que forma parte de un conjunto de
mayor contenido en el principio del debido proceso”.
Es claro entonces, que la motivación es uno de los requisitos esenciales que deben cumplir las
decisiones de las funciones públicas, ya sea en el ámbito administrativo o judicial. Motivar es
explicar la manera en que las normas jurídicas son aplicables a los hechos controvertidos y
definidos en la litis del proceso, luego de que éstos han sido verificados en base a las pruebas
debida y legalmente actuadas; su inobservancia por disposición constitucional produce su
nulidad.
9.3. Son los argumentos y fundamentación del casacionista, los que delimitan a esta Sala de
Casación su análisis y que le permitirán determinar si efectivamente la sentencia del Tribunal
de lo Contencioso Tributario de Quito, carece o no de motivación. Motivar es, de acuerdo a la
doctrina traída a colación, explicar la manera en que las normas jurídicas son aplicables a los
hechos controvertidos y definidos en la litis del proceso, luego de que éstos han sido
verificados en base a las pruebas debida y legalmente actuadas.
9.4. El objeto de la litis, señalado en el Considerando CUARTO se contrae “en verificar si el
cambio de la partida arancelaria aplicada por el Servicio Nacional de Aduanas es conforme
a derecho”, pues el momento del aforo no se aceptó la partida declarada Nro. 3002.10.39.00
correspondiente al producto denominado PROPORK ítem 2 (existen otros 2 que no son
impugnados) y se cambia a la partida 2106.10.19, los demás, sujeta a un arancel ad valorem
más elevado y a salvaguardia del 45% ocasionando una diferencia a pagar a la importadora.
9.5. La pretensión de la autoridad tributaria es que se case la sentencia emitida por el Tribunal
a quo por ser contraria a la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad (requisitos de
motivación señalados por la Corte Constitucional
para lo cual se sustenta expresamente en que: i) “…la Sala de instancia para resolver basa su
“ratio decidendi” precisamente en la prueba (Informe Técnico, en Memorando Nro. SENAE
DNR20151465M) en la cual la administración baso su resolución “PARA DEMOSTRAR
LA FALTA DE MOTIVACIÓN” del acto impugnado, prueba señores Jueces Nacionales en la
que, se indica textualmente, lo siguiente; (…) dicho esto, se ratifica el acto de aforo y por
ende la partida sugerida y/o “reclasificación” efectuada al ítem 2, entonces como es que
puede la sala pretender hacer creer a las partes que lo que se ratificaba en ese Memorando,
prueba de la administración aduanera, era la partida declarada por el importador y no la
sugerida en el aforo y de esta forma, indicar el tribunal que, mal hizo la administración
aduanera al momento de resolver el reclamo presentado por el actor, cuando dichas pruebas
ratifica la “clasificación” efectuada por el actor del presente proceso, y, aquello por ende
acarrea una resolución que no está motivada, lo cual hace que la conclusión a la que llego
carezca de razonabilidad jurídica y por lo tanto de una debida motivación.”; (subrayado,
con excepción de la última de esta Sala) texto de cuyo contenido se infiere que la autoridad
tributaria confunde el vicio de falta de motivación (causal 5), con la apreciación y valoración
de los preceptos jurídicos aplicables a la prueba presentada, que de ser el caso, debió ser
denunciado al amparo de la causal 3 del Art. 3 de la Ley de Casación. Esta deficiencia en la
interposición del recurso, dada su naturaleza formalista y extraordinaria sería suficiente para
desechar el cargo alegado, pese a ello, en base al pronunciamiento de la Corte Constitucional
(sentencia 78714EP/20, ítem 41) y para motivar debidamente nuestro fallo, es oportuno
resaltar lo siguiente:
9.6. El Tribunal de instancia inicia su sentencia, estableciendo los puntos esenciales de la
demanda, de la contestación a la demanda, en el punto “IV” se refiere a las consideraciones
para su decisión y señala su competencia, la oportunidad de la acción, validez procesal,
debido proceso y la evacuación de la prueba de los sujetos procesales.
9.7. En el punto 4.4 luego de identificar el acto impugnado (Resolución No. SENAEDDG
20151002RE de 14102015), refiere al reclamo administrativo de impugnación presentado
por la compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA, en cuyo trámite se
agrega el Memorando Nro. SENAEDNR20151465M (según el recurrente decisivo en la
decisión del Tribunal), sobre el cual no hay ningún comentario por la autoridad
administrativa, para finalmente resolver negando el reclamo.
9.8. En el punto 5.4 bajo el nombre de “Consideraciones del Tribunal”, señala que la
autoridad aduanera solo se limita a enumerar la documentación agregada al expediente del
reclamo y a transcribir el contenido de los actos administrativos generados por funcionarios
del mismo SENAE, concluyendo que en la parte resolutiva “no se enuncian por parte de la
autoridad al atender el reclamo, las normas y principios jurídicos en los que se fundamenta,
tampoco identifica los hechos y las normas que deben aplicarse al resolver el reclamo, ni
explica norma alguna que subsuma los hechos para resolver el reclamo.” Con lo cual
establece el Tribunal que incumple con lo previsto en el artículo 81 y 103 numeral 5 del
Código Tributario y en el artículo 76 numeral 7, literal l de la Constitución de la República
del Ecuador.
9.9. Continúa su análisis señalando en el numeral 5.4.3. que se ha vulnerado del derecho a la
defensa al constatar que “…De las constancias procesales se evidencia que la providencia
que fijó la fecha de audiencia, fue emitida el día viernes 18 de septiembre de 2015, a pesar
de haber sido solicitada el 1 de septiembre de 2015, fijándose la misma para el martes 22 de
septiembre de 2015 a las 09h00, esto es, menos de 48 horas para que se lleve a efecto la
diligencia, lo cual demuestra la vulneración no solo del derecho a la defensa por no haberse
atendido con prontitud su petición, sino que constituye angustiar la defensa del
administrado, por no contar con el tiempo suficiente para preparar su defensa, más aún, si se
tiene en cuenta (…) violado el debido proceso, en la garantía del derecho a la defensa de
conformidad con el literal b) numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del
Ecuador.” Dejando en este numeral evidenciado la vulneración al debido proceso en la
garantía del derecho a la defensa del importador dentro del procedimiento del reclamo
administrativo efectuado por el cambio de partida arancelaria al notificar la fecha de la
diligencia el mismo día que debía efectuarse.
9.10. En el numeral 5.4.4 de la sentencia el Tribunal de instancia, se hace referencia a los
hechos y circunstancias del cambio de partida al producto APROPORK, entre otros: i)
“Memorando No. SENAEDDEG20150282M, de 02 de septiembre de 2015 documento
suscrito electrónicamente por el Director (E), De la Dirección de Despacho de la Dirección
Distrital de Guayaquil, subrogante, remitido a la Dirección de Reclamos y Tramites
Operativos(e)” ii) “Memorando Nro. SENAEDNR20151465M, de 6 de octubre de 2015,
suscrito por el Director Nacional de Gestión de Riesgo y Técnica Aduanera, dirigido al
Director de Reclamos y Tramites Operativos (e)”, del que destaca que “…De la información
técnica emitida por el fabricante que responde al Documento SENAEDNR20150753M
(…), no aportan los elementos técnicos arancelarios que permitan ingresar al análisis de una
nueva subpartida.” iii) el informe jurídico que concluye que dentro del reclamo, se establece
que la clasificación arancelaria depende de la particularidades del producto y sus fines, (…),
por lo tanto, el informe efectuado mediante Memorando Nro. SENAEDNR20151465M de
fecha 06 de octubre del 2015 es vinculante dentro del presente caso y se considera que es
pertinente ratificar la subpartida en las mercancías contenidas en la declaración aduanera
Nros. 02820151000450498, ítem 2, consignadas a nombre de la importadora ADITMAQ
ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.”
9.11. Prosigue su análisis el Tribunal de instancia con la motivación y sus efectos,
transcribiendo el contenido del art. 81 del Código Tributario, y estableciendo al caso concreto
que “…estamos frente a una falta de motivación, porque no se explican los fundamentos de
los hechos y su pertinencia del cambio de la partida declarada a la subpartida fijada por la
autoridad aduanera conforme lo prescribe la ley.” A lo que añade que la referida falta de
motivación produce la consecuencia jurídica de la nulidad del acto administrativo, conforme
lo prevé el artículo 76 numeral 7 literal l) de la CRE, y con rango legal el numeral 2 del
artículo 139 del Código Tributario.
9.12. El ejercicio lógico que realiza la sentencia impugnada en relación a los hechos y la
valoración de los elementos probatorios, incluido el que el casacionista argumenta como
determinante en la resolución impugnada, esto es, el Memorando Nro. SENAEDNR2015
1465M de 6 de octubre del 2015, que ratifica la subpartida establecida en el acto de aforo, no
concluye en nada concreto por su contradictoria redacción, lo que lleva al Tribunal de
instancia a la conclusión de la falta de motivación del acto impugnado, lo que guarda
coherencia con la causalidad del caso; en otras palabras, el Tribunal de instancia aplicó las
normas oportunas a una premisa fáctica determinada, lo que le permite construir de manera
racional la conclusión a la que arriba, existe la adecuada correlación entre la parte motiva y su
decisión. Si bien la anterior Corte Constitucional estableció como parámetro de medición el
test de motivación (razonabilidad, lógica y comprensibilidad), la actual Corte Constitucional
respecto a la motivación de las sentencias ha expuesto que: “Como ha establecido la
jurisprudencia de esta Corte, para que una motivación sea suficiente es preciso que reúna
ciertos elementos argumentativos mínimos. Esto exige que los razonamientos que componen
esos elementos mínimos deben estar suficientemente explícitos en el texto de la motivación;
lo que no implica, sin embargo, que todas y cada una de las premisas y conclusiones de esos
razonamientos deban ser explícitas en dicho texto, algunas de ellas bien pueden estar
implícitas o sobreentendidas. Para identificarlas, es preciso atender al contexto de la
motivación, lo que, por lo demás, es indispensable para una lectura cabal de cualquier texto"
(sentencia No. 18815EP/20 de 11 de noviembre de 2020, numeral 20). Más contundente
cuando afirma: “24. Cabe señalar, además, que para la Corte la garantía de la motivación
no se refiere a la corrección del razonamiento judicial, sino, exclusivamente, a explicar de
forma suficiente los fundamentos de la decisión adoptada” (Sentencia No. 150715EP/21 de
20 de enero de 2021). En definitiva, no porque el razonamiento jurídico del Tribunal a quo en
su sentencia sea contrario a los intereses del SENAE, significa que exista “falta de
motivación”, razones por las que se rechaza el recurso planteado por el cargo al amparo de la
causal 5 del art. 3 de la Ley de Casación.
DÉCIMO. DECISIÓN. 10.1 Por las consideraciones antes referidas, esta Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, resuelve NO CASAR la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2019 por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de
Quito, provincia de Pichincha, dentro del juicio de impugnación No.17510201500439.
10.2 Sin costas.
10.3 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
10.4 Actúe como Secretaria Relatora dentro de este proceso, la doctora Ligia Marisol
Mediavilla en virtud de la Acción de Personal No. 352UATH2021OQ de 5 de abril de
2021.
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
163468046-DFE
Juicio No. 17510201500439
JUEZ PONENTE: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito,
jueves 18 de noviembre del 2021, las 11h16.
VISTOS: El ingeniero Rodolfo Arce Ramírez, Director Distrital de Guayaquil del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, deduce recurso de casación en contra de la
sentencia de 27 de noviembre del 2019, las 16h44, dictada por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha, dentro del juicio de impugnación No. 17510201500439, propuesto por la señora
María Valeria Moncayo Montalvo, en calidad de presidenta y representante legal de
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA., en contra de Resolución No.
SENAEDDG20151002RE de 14 de octubre de 2015 emitida por el Director Distrital de
Guayaquil, Subrogante y que declara su nulidad por falta de motivación en el cambio de
partida arancelaria.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el presente recurso de
casación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución
de la República del Ecuador, 185 segunda parte numeral 1 de la Función Judicial, 1 de la Ley
de Casación y Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico General de Procesos.
SEGUNDO: INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL JUZGADOR. En virtud del sorteo de la
causa No. 17510201500439, realizado el 19 de noviembre de 2020, a las 17h51, se radicó la
competencia en la Sala integrada por los doctores: José Dionicio Suing Nagua, Fernando
Antonio Cohn Zurita y Gustavo Adolfo Durango Vela. Actualmente la Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, está integrada por los doctores
Gilda Rosana Morales Ordóñez y José Dionicio Suing Nagua (jueces titulares) y Gustavo
Adolfo Durango Vela (Juez encargado, ponente de esta causa). Mediante Resolución Nro.
0032021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar
cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 1781120140463, ratificando la continuación en el ejercicio
de funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez
Nacionales, respectivamente; además, con Resolución Nro. 0082021, de 28 de enero de 2021
el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez,
Jueza Nacional. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución Nro. 2 de 5
de febrero de 2021, integró la Sala de lo Contencioso Tributario con los doctores Gilda
Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante oficio Nro. 635SGCNJ, la doctora
Paulina Aguirre Suárez, Presidenta de la Corte Nacional de Justicia llama al doctor Gustavo
Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala Contencioso Tributaria, en reemplazo
de la doctora Ana María Crespo Santos, ratificado mediante oficio Nro. 92PCNJ2021, de
12 de febrero de 2021, dictado por el doctor Iván Saquicela Rodas, Presidente de la Corte
Nacional de Justicia y abalado con Acción de Personal No. 166UATH2021NB de 19 de
febrero de 2021.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Mediante escrito de 17 de diciembre de
2019, 15h03 (fs. 198 a 200), el Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador SENAE, presenta recurso de casación, el cual es calificado de oportuno
por la Sala juzgadora, que cumple con los requisitos de ley y dispone subir el proceso al
superior mediante auto de 19 de diciembre de 2019, 11h16, en los términos de los artículos 2,
5, 6, 7 y 8 de la Ley de Casación, para ante los Jueces de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional.
CUARTO: ERRORES ALEGADOS. Con auto de 18 de mayo de 2020, las 08h34, el
doctor Paúl Alejandro Rengel Maldonado, Conjuez Temporal de la Corte Nacional de Justicia
admite el recurso de casación interpuesto por la causal 5ta. del Art. 3 de la Ley de Casación,
por el vicio de falta de motivación, infringiendo el artículo 76 numeral 7 literal l) de la
Constitución de la República del Ecuador.
QUINTO: VALIDEZ PROCESAL. De la revisión del proceso no se observa ninguna
circunstancia que pueda afectar la validez procesal y tampoco existe nulidad alguna que
declarar, por lo que se declara la plena validez del mismo.
Mediante providencia del viernes 5 de noviembre de 2021, las 15h07, el juez ponente de la
causa, solicito pasen los autos en relación para dictar sentencia.
SEXTO: NORMAS JURÍDICAS EN EL QUE SE SUSTENTA. El recurso de casación se
fundamenta en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación que establece:
“5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o
en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.”
SÉPTIMO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS SEÑALADOS.
En base de la referida causal quinta, acusa a la sentencia de haber violado el derecho
constitucional al debido proceso en cuanto a la indebida motivación ya que la conclusión
carece de razonabilidad y lógica jurídica lo que viola también el derecho a la seguridad
jurídica, refiriéndose para el efecto del test de motivación fijado por la Corte Constitucional
en la sentencia 10813SEPCC de 4 de diciembre de 2013 (R.O. de 14 de marzo de 2013).
Para demostrar la infracción transcribe el fragmento en el que, a su criterio, se aprecia que el
Tribunal de instancia llega a una conclusión equivocada: “(…) estamos frente a una falta de
motivación porque no se explican los fundamentos de los hechos y su pertenencia del cambio
de la partida declarada a la subpartida fijada por la autoridad aduanera (…) lo cual impide
que el Tribunal pueda conocer con total claridad las razones que tuvo la administración
aduanera para efectuar el cambio de partida (…)”; lo cual el recurrente considera
inverosímil e ilógico, pues sostener que la reclasificación determinada en el acto de aforo no
tiene sustento es un despropósito y resulta contradictorio, por cuanto la sentencia recurrida
basa su “ratio decidendi” en el Informe Técnico (Memorando Nro. SENAEDDNR2015
1465M), cuyo contenido justamente ratifica el acto de aforo y por ende la partida sugerida
y/o “reclasificación” efectuada al ítem 2, prueba en la cual la administración basó su
resolución; entonces como es que se pretende hacer creer a las partes que, lo que se ratificaba
en ese memorando era la partida declarada por el importador y no la sugerida en el aforo. En
consecuencia, pide se case la sentencia y se ratifique el acto administrativo impugnado.
OCTAVO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. El señor Fausto Pacífico Moncayo
Montalvo, representante legal de la empresa ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS
CIA LTDA., a fojas 5 del expediente de casación presenta un escrito con el que impugna y
rechaza el recurso de casación propuesto por el SENAE; sin embargo se constata que ha sido
presentado fuera del término establecido por el artículo 13 de la Ley de Casación, por lo cual
se lo declara extemporáneo y por tanto como no presentado.
NOVENO: CONSIDERACIONES DE LA SALA DE CASACIÓN POR EL VICIO
SEÑALADOS
9.1. Por la causal 5ta. del Art. 3 de la Ley de Casación, se acusa a la sentencia recurrida por el
vicio de falta de motivación por no cumplir los parámetros de lógica y razonabilidad que
debió contener, infringiendo el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la
República y la sentencia sobre el test de motivación emitida por la Corte Constitucional.
La norma constitucional sobre la garantía al debido proceso, menciona:
Constitución de la República del Ecuador
“Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las
siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá
las siguientes garantías: (…) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación sin en la resolución no se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a
los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados”.
9.2. Alcance doctrinario del error denunciado
Sobre la falta de motivación la autora Gladis E. de Midón, en su obra “La Casación Control
del Juicio de Hecho”, (Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires Argentina, 2001, p. 20),
manifiesta que:
“Para alcanzar sus fines garantistas es inevitable que la motivación sea
autosuficiente, en el sentido de abastecerse, expresando no sólo las conclusiones
decisivas sino, fundamentalmente, las razones en que tales conclusiones se basan. No
basta pues, como bien dice Carrió, que la sentencia tenga fundamentos, porque es
preciso que éstos estén a su vez fundados. Sin esa básica motivación no es posible
hablar en lenguaje constitucional de sentencia, pues huérfana de razonados
fundamentos no hay nada, añadirá Morello, que en un acto de voluntad inepto de por
si para constituirse en fuente jurígena de derechos”.
Por su parte el Dr. Santiago Andrade Ubidia, en el libro “La Casación Civil en el Ecuador”,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2005, p. 138, considera que:
“La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido
crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y
de derecho que el juez apoya su decisión. Su exigencia es una garantía de justicia a la
cual se le ha reconocido jerarquía constitucional, como derivación del principio de
inviolabilidad de la defensa en juicio. Por la motivación, además se asegura la
publicidad de la conducta de los jueces y el control popular sobre el desempeño de
sus funciones, esencial en un régimen republicano. Por ella también podrán los
interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o
impugnación”.
Para Oswaldo Alfredo Gozaini, en su obra “El Derecho Procesal Constitucional, El Debido
Proceso”, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos AiresArgentina, 2004, p. 428; la motivación,
que no es otra cosa que:
“…la progresividad del derecho de las partes y la obligación constitucional de los
jueces de motivar los fallos, plantea la naturaleza que tiene este deber fundamental.
No se trata de contabilizar una simple fundamentación que puede resultar suficiente
con la aplicación mecánica de la ley, sino de analizar si dicha exigencia radica en
una necesidad política propia de la justificación de los actos de un poder del Estado,
o significa establecer una garantía constitucional que forma parte de un conjunto de
mayor contenido en el principio del debido proceso”.
Es claro entonces, que la motivación es uno de los requisitos esenciales que deben cumplir las
decisiones de las funciones públicas, ya sea en el ámbito administrativo o judicial. Motivar es
explicar la manera en que las normas jurídicas son aplicables a los hechos controvertidos y
definidos en la litis del proceso, luego de que éstos han sido verificados en base a las pruebas
debida y legalmente actuadas; su inobservancia por disposición constitucional produce su
nulidad.
9.3. Son los argumentos y fundamentación del casacionista, los que delimitan a esta Sala de
Casación su análisis y que le permitirán determinar si efectivamente la sentencia del Tribunal
de lo Contencioso Tributario de Quito, carece o no de motivación. Motivar es, de acuerdo a la
doctrina traída a colación, explicar la manera en que las normas jurídicas son aplicables a los
hechos controvertidos y definidos en la litis del proceso, luego de que éstos han sido
verificados en base a las pruebas debida y legalmente actuadas.
9.4. El objeto de la litis, señalado en el Considerando CUARTO se contrae “en verificar si el
cambio de la partida arancelaria aplicada por el Servicio Nacional de Aduanas es conforme
a derecho”, pues el momento del aforo no se aceptó la partida declarada Nro. 3002.10.39.00
correspondiente al producto denominado PROPORK ítem 2 (existen otros 2 que no son
impugnados) y se cambia a la partida 2106.10.19, los demás, sujeta a un arancel ad valorem
más elevado y a salvaguardia del 45% ocasionando una diferencia a pagar a la importadora.
9.5. La pretensión de la autoridad tributaria es que se case la sentencia emitida por el Tribunal
a quo por ser contraria a la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad (requisitos de
motivación señalados por la Corte Constitucional
para lo cual se sustenta expresamente en que: i) “…la Sala de instancia para resolver basa su
“ratio decidendi” precisamente en la prueba (Informe Técnico, en Memorando Nro. SENAE
DNR20151465M) en la cual la administración baso su resolución “PARA DEMOSTRAR
LA FALTA DE MOTIVACIÓN” del acto impugnado, prueba señores Jueces Nacionales en la
que, se indica textualmente, lo siguiente; (…) dicho esto, se ratifica el acto de aforo y por
ende la partida sugerida y/o “reclasificación” efectuada al ítem 2, entonces como es que
puede la sala pretender hacer creer a las partes que lo que se ratificaba en ese Memorando,
prueba de la administración aduanera, era la partida declarada por el importador y no la
sugerida en el aforo y de esta forma, indicar el tribunal que, mal hizo la administración
aduanera al momento de resolver el reclamo presentado por el actor, cuando dichas pruebas
ratifica la “clasificación” efectuada por el actor del presente proceso, y, aquello por ende
acarrea una resolución que no está motivada, lo cual hace que la conclusión a la que llego
carezca de razonabilidad jurídica y por lo tanto de una debida motivación.”; (subrayado,
con excepción de la última de esta Sala) texto de cuyo contenido se infiere que la autoridad
tributaria confunde el vicio de falta de motivación (causal 5), con la apreciación y valoración
de los preceptos jurídicos aplicables a la prueba presentada, que de ser el caso, debió ser
denunciado al amparo de la causal 3 del Art. 3 de la Ley de Casación. Esta deficiencia en la
interposición del recurso, dada su naturaleza formalista y extraordinaria sería suficiente para
desechar el cargo alegado, pese a ello, en base al pronunciamiento de la Corte Constitucional
(sentencia 78714EP/20, ítem 41) y para motivar debidamente nuestro fallo, es oportuno
resaltar lo siguiente:
9.6. El Tribunal de instancia inicia su sentencia, estableciendo los puntos esenciales de la
demanda, de la contestación a la demanda, en el punto “IV” se refiere a las consideraciones
para su decisión y señala su competencia, la oportunidad de la acción, validez procesal,
debido proceso y la evacuación de la prueba de los sujetos procesales.
9.7. En el punto 4.4 luego de identificar el acto impugnado (Resolución No. SENAEDDG
20151002RE de 14102015), refiere al reclamo administrativo de impugnación presentado
por la compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA, en cuyo trámite se
agrega el Memorando Nro. SENAEDNR20151465M (según el recurrente decisivo en la
decisión del Tribunal), sobre el cual no hay ningún comentario por la autoridad
administrativa, para finalmente resolver negando el reclamo.
9.8. En el punto 5.4 bajo el nombre de “Consideraciones del Tribunal”, señala que la
autoridad aduanera solo se limita a enumerar la documentación agregada al expediente del
reclamo y a transcribir el contenido de los actos administrativos generados por funcionarios
del mismo SENAE, concluyendo que en la parte resolutiva “no se enuncian por parte de la
autoridad al atender el reclamo, las normas y principios jurídicos en los que se fundamenta,
tampoco identifica los hechos y las normas que deben aplicarse al resolver el reclamo, ni
explica norma alguna que subsuma los hechos para resolver el reclamo.” Con lo cual
establece el Tribunal que incumple con lo previsto en el artículo 81 y 103 numeral 5 del
Código Tributario y en el artículo 76 numeral 7, literal l de la Constitución de la República
del Ecuador.
9.9. Continúa su análisis señalando en el numeral 5.4.3. que se ha vulnerado del derecho a la
defensa al constatar que “…De las constancias procesales se evidencia que la providencia
que fijó la fecha de audiencia, fue emitida el día viernes 18 de septiembre de 2015, a pesar
de haber sido solicitada el 1 de septiembre de 2015, fijándose la misma para el martes 22 de
septiembre de 2015 a las 09h00, esto es, menos de 48 horas para que se lleve a efecto la
diligencia, lo cual demuestra la vulneración no solo del derecho a la defensa por no haberse
atendido con prontitud su petición, sino que constituye angustiar la defensa del
administrado, por no contar con el tiempo suficiente para preparar su defensa, más aún, si se
tiene en cuenta (…) violado el debido proceso, en la garantía del derecho a la defensa de
conformidad con el literal b) numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del
Ecuador.” Dejando en este numeral evidenciado la vulneración al debido proceso en la
garantía del derecho a la defensa del importador dentro del procedimiento del reclamo
administrativo efectuado por el cambio de partida arancelaria al notificar la fecha de la
diligencia el mismo día que debía efectuarse.
9.10. En el numeral 5.4.4 de la sentencia el Tribunal de instancia, se hace referencia a los
hechos y circunstancias del cambio de partida al producto APROPORK, entre otros: i)
“Memorando No. SENAEDDEG20150282M, de 02 de septiembre de 2015 documento
suscrito electrónicamente por el Director (E), De la Dirección de Despacho de la Dirección
Distrital de Guayaquil, subrogante, remitido a la Dirección de Reclamos y Tramites
Operativos(e)” ii) “Memorando Nro. SENAEDNR20151465M, de 6 de octubre de 2015,
suscrito por el Director Nacional de Gestión de Riesgo y Técnica Aduanera, dirigido al
Director de Reclamos y Tramites Operativos (e)”, del que destaca que “…De la información
técnica emitida por el fabricante que responde al Documento SENAEDNR20150753M
(…), no aportan los elementos técnicos arancelarios que permitan ingresar al análisis de una
nueva subpartida.” iii) el informe jurídico que concluye que dentro del reclamo, se establece
que la clasificación arancelaria depende de la particularidades del producto y sus fines, (…),
por lo tanto, el informe efectuado mediante Memorando Nro. SENAEDNR20151465M de
fecha 06 de octubre del 2015 es vinculante dentro del presente caso y se considera que es
pertinente ratificar la subpartida en las mercancías contenidas en la declaración aduanera
Nros. 02820151000450498, ítem 2, consignadas a nombre de la importadora ADITMAQ
ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.”
9.11. Prosigue su análisis el Tribunal de instancia con la motivación y sus efectos,
transcribiendo el contenido del art. 81 del Código Tributario, y estableciendo al caso concreto
que “…estamos frente a una falta de motivación, porque no se explican los fundamentos de
los hechos y su pertinencia del cambio de la partida declarada a la subpartida fijada por la
autoridad aduanera conforme lo prescribe la ley.” A lo que añade que la referida falta de
motivación produce la consecuencia jurídica de la nulidad del acto administrativo, conforme
lo prevé el artículo 76 numeral 7 literal l) de la CRE, y con rango legal el numeral 2 del
artículo 139 del Código Tributario.
9.12. El ejercicio lógico que realiza la sentencia impugnada en relación a los hechos y la
valoración de los elementos probatorios, incluido el que el casacionista argumenta como
determinante en la resolución impugnada, esto es, el Memorando Nro. SENAEDNR2015
1465M de 6 de octubre del 2015, que ratifica la subpartida establecida en el acto de aforo, no
concluye en nada concreto por su contradictoria redacción, lo que lleva al Tribunal de
instancia a la conclusión de la falta de motivación del acto impugnado, lo que guarda
coherencia con la causalidad del caso; en otras palabras, el Tribunal de instancia aplicó las
normas oportunas a una premisa fáctica determinada, lo que le permite construir de manera
racional la conclusión a la que arriba, existe la adecuada correlación entre la parte motiva y su
decisión. Si bien la anterior Corte Constitucional estableció como parámetro de medición el
test de motivación (razonabilidad, lógica y comprensibilidad), la actual Corte Constitucional
respecto a la motivación de las sentencias ha expuesto que: “Como ha establecido la
jurisprudencia de esta Corte, para que una motivación sea suficiente es preciso que reúna
ciertos elementos argumentativos mínimos. Esto exige que los razonamientos que componen
esos elementos mínimos deben estar suficientemente explícitos en el texto de la motivación;
lo que no implica, sin embargo, que todas y cada una de las premisas y conclusiones de esos
razonamientos deban ser explícitas en dicho texto, algunas de ellas bien pueden estar
implícitas o sobreentendidas. Para identificarlas, es preciso atender al contexto de la
motivación, lo que, por lo demás, es indispensable para una lectura cabal de cualquier texto"
(sentencia No. 18815EP/20 de 11 de noviembre de 2020, numeral 20). Más contundente
cuando afirma: “24. Cabe señalar, además, que para la Corte la garantía de la motivación
no se refiere a la corrección del razonamiento judicial, sino, exclusivamente, a explicar de
forma suficiente los fundamentos de la decisión adoptada” (Sentencia No. 150715EP/21 de
20 de enero de 2021). En definitiva, no porque el razonamiento jurídico del Tribunal a quo en
su sentencia sea contrario a los intereses del SENAE, significa que exista “falta de
motivación”, razones por las que se rechaza el recurso planteado por el cargo al amparo de la
causal 5 del art. 3 de la Ley de Casación.
DÉCIMO. DECISIÓN. 10.1 Por las consideraciones antes referidas, esta Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, resuelve NO CASAR la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2019 por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de
Quito, provincia de Pichincha, dentro del juicio de impugnación No.17510201500439.
10.2 Sin costas.
10.3 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
10.4 Actúe como Secretaria Relatora dentro de este proceso, la doctora Ligia Marisol
Mediavilla en virtud de la Acción de Personal No. 352UATH2021OQ de 5 de abril de
2021.
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
REPÚBLICA DEL ECUADOR
1
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o2~ r~oW,1
17ateria: CONSTITUCIONAL
Iii(cid:9) cy(cid:9) u r (cid:9) le
rr.ii'v.i .r irw_'rs [.i iii : r :] j'Iij.] 1I U1
ACTOR:
MERINO POMA WILLIAN GERMAN, MONTERO FIGUEROA JOSE FRANCISCO,
Casillero No:
FRANCO BOU VAR BARROS TINOCO, FRANCO BOL1 VAR BARROS TINOCO
DEMANDADO:
DR. SEGUNDO LUIS CAÑAFE VILLA, EN CALIDAD DE AGENTE FISCAL DEL CANTON
ZARUMA, DRA. GABRIELA ALEXANDRA CASTILLO GALLARDO, JUEZA TITULAR DE LA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON ZARUMA,
JUEZ: RIVERA VELASCO LUIS ANTONIO
Iniciado: 25/01/2021
SECRETARIO: DR. CARLOS ¡VAN RODRIGUEZ GARCIA
Sentenciado:
Apelado:
4.
Luis Antonio Rivera Velasco
COPIE NACIONAL DE
JUSTICIA JUEZ NACIONAL
PONENTE
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL,
TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
CASO No. 07113-2021-00003
APELACIÓN HABEAS CORPUS
VISTOS: El abogado Franco Barros Tinoco, en representación de los ciudadanos
WILLIAM GERMAN MERINO POMA y JOSÉ FRANCISCO MONTERO FIGUEROA
—por quienes presentó acción de hábeas corpus-, interpone recurso de apelación en
contra de la sentencia dictada por la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de
la Corte Provincial de Justicia de El Oro, de fecha 28 de enero de 2021, las 14h48, la
cual, resuelve negar dicha acción jurisdiccional constitucional.
Al ser el estado el de resolver, para hacerlo se considera:
PRIMERO
DE LOS ANTECEDENTES
1.1.- Actuaciones procesales relevantes
L Los ciudadanos WILLIAM GERMAN MERINO POMA y JOSE FRANCISCO
MONTERO FIGUEROA, con el patrocinio del abogado Franco Barros Tinoco,
Juicio Nro. 07113-2021-00003
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presentaron acción de hábeas corpus ante la Corte Provincial de Justicia de El Oro,
en la cual señala, ínter al/a:
- Que los legitimados pasivos son: Dra. Gabriela Alexandra Castillo Gallardo, Jueza
titular de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Zuruma; y, Dr.
Segundo Luis Cañafe Villa, Agente Fiscal del cantón Zaruma.
- Como antecedentes se precisa:
• Que dentro de la causa penal No. 07335-2021-00022 (por actividad ilícita de
recursos mineros), mediante auto de 21 de enero de 2021, las 14h23, la
Jueza de la Unidad Judicial convocó a audiencia de calificación de flagranica
para el 21 de enero de 20201, a las 14h35;
• Que el día y hora indicado las partes concurrieron vía telemática, la Jueza
calificó la flagrancia, acto seguido el fiscal formuló cargos en su contra por el
articulo 260, inciso 2° COIP y solicito prisión preventiva para todos, que su
defensa técnica exhibió y presento de manera virtual arraigos sociales,
familiares y económicos, el fiscal los acepto y solicito las medidas cautelares
establecidas en el artículo 522.1.2;
e Que la Jueza "... no acepta las medidas solicitadas por el señor Fiscal, pese a la
documentación presentada y que la misma se encuentra anexada al Juicio Nro. 07335-
202 1-00022, y decide de forma errada y arbitraria dictar la prisión preventiva, sin
fundamentación alguna de su parte,..:'; que en el caso se estaba frente al
presunto delito establecido en el artículo 260, inc. 2° COIP, "... sin embargo, la
Señora Jueza al momento de resolver no acepta la petición realizada por el señor Fiscal
y sin tomar en cuenta lo determinado en los Arts. 409, 410 inciso segundo y 411 COIP ... "
• Que "... de esta manera la Señor (sic) Jueza antes nombrada dispuso la privación de
nuestra libertad por estar presente en esta audiencia, con ello se nos priva de nuestra
liberad de forma ILEGAL Y ARBITRARIA, contraviniendo disposiciones legales."; y,
e Que como "Otro argumento más preocupante ..... se hace referencia a que la
CIDH adoptó la Resolución No. 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en
las Américas, la cual se ha realizado bajo la convicción de que las medidas
adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus COVID 19,
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debe tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos; que tal
resolución es de pleno conocimieno de los administradores de justicia "... e
incluso la Corte Nacional de Justicia, sugirió a las juezas y jueces privilegiar la imposición
de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, en casos de delitos flagrantes, en
que Fiscalía decida formular cargos, en el marco de la emergencia sanitaria...
- En cuanto a los derechos violentados, se citan varias normas a saber: artículo 7
numerales 1 al 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9,
nunerales 2 al 5 del Pacto de Derechos Humanos Económicos, Sociales,
Culturales, Civiles y Políticos; 75, 76.1, 77.1.11, 82 y 169 de la Constitución de la
República del Ecuador (CRE).
Como medido probatorios solicita, por un lado, la presentación del proceso No.
07335-2021-00022 donde consta el acta resumen y el cd de grabación de la
audiencia; y, por otro que el Fiscal presente la carpeta Nro. 071301820060001.
- Finalmente, como pretensión, señala: ". que se compruebe mediante audiencia oral,
publica, y contradictoria la privación de libertad de forna ¡legal y arbitaria, la misma que ha puesto
en peligro la integridad fisica de los comparecientes,.."; que "... se declare la violación de
nusetrdo dercehos y como efecto del mismo se disponga la inmediata libertad de los
comparecientes..."; que "... no existe norma legal acorde a los hecjos expuestos y en base a la
realidad procesal, para haber emitido una medida cautelar de prisión preventiva..."; y, que "... se
ha incurrido en vicios de procedimiento como también al quebrantamiento de las disposiciones
legales expresas, para la privación de mi libertad...
u.
Con fecha 28 de enero de 2021, las 14h48, la Sala de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dicta sentencia en la cual
resuelve:
(...) "ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, emite la siguiente SENTENCIA:
o NEGAR la ACCION COSNTITUCIONAL (sic) DE HABEAS CORPUS propuesta por
los señores WILLIAN GERMAN MERINO POMA y JOSE FRANCISCO MONTERO
FIGUEROA. Ello por las consideraciones expuestas en líneas precedentes sobre los
hechos alegados.
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• Ejecutoriada esta sentencia, la señora Secretaria Relatora, cumpla con lo ordenado
en el numeral 1 del Art. 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, y el expediente remítase al archivo general.
• Se ordena el desglose y devolución de documentos habilitantes y soporte que hubiere
presentado el accionante.
• Esta sentencia deberá ser notificada a las partes por cualquier medio informático,
telemático a fin de que tenga conocimiento de ella y haga uso de sus derechos.
• NOTIFIQUESE.
iii. Ante esta resolución, los accionantes WILLIAM GERMAN MERINO POMA y
JOSE FRANCISCO MONTERO FIGUEROA, bajo el patrocinio de su defensor
técnico Franco Barros Tinoco, con fundamento en los artículos 75, 76.7,a),c),m) y 82
CRE; y, 44.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (LOGJyCC) interponen recurso de apelación -el cual ahora nos
ocupa-, el cual se lo plantea sobre la base de los siguientes argumentos:
• Que los Jueces al momento de resolver lo hacen con un errado análisis
técnico jurídico, sin apreciar las pruebas en conjunto, sin apegarse a la
realidad procesal, violentando derechos y garantías constitucionales; que su
privación de libertad "... se torna en arbitraria e ilegal, toda vez que el Juez de primer
nivel estaba impedido de agravar la situación jurídica, en atención a lo solicitado por la
fiscalía, quien es el titular de ejercer la acción penal pública"
• Que no se pudo negar el habeas corpus y se reitera en aquello de la
audiencia de calificación de flagrancia, el tipo penal por el que formuló
cargos Fiscalía (art. 260, inc. 20. COIP), la presentación de arraigos, la no
oposición de Fiscalía y la solicitud de las medidas cautelarse alternativas
(art. 522.1.2 COIP); y que, sin embargo la Jueza "... no acepta las medidas
solicitadas por el señor Fiscal, pese a la documentación presentada y que la misma se
encuentra anexada al Juicio Nro. 07335-2021-00022, y decide de forma errada y arbitraria
dictarla prisión preventiva sin fundamentacion alguna de su parte
• Que se debe tener en cuenta los artículos 529 y 520.2 COIP -los cuales se
los transcribe-.
• Reitera aquello de en el caso se estaba frente al presunto delito del artículo
260, inc. 20 COIP , "... sin embargo, la Señora Jueza al momento de resolver no acepta
la petición realizada por el señor Fiscal ... y sin tomar en cuenta lo determinado en los Arts.
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409, 410 inciso segundo y 411 COIP ... "; y, que "... de esta manera la Señor (sic) Jueza
antes nombrada dispuso la privación de nuestra libertad por estar presente en esta
audiencia, con ello se nos priva de nuestra liberad de forma ILEGAL Y ARBITRARIA,
contraviniendo disposiciones legales."
e Que se debe resaltar lo previsto en el artículo 119 del Código Orgánico de la
Función Judicial (COFJ) -norma que se la cita-, en armonía con el artículo
76.7,1) CRE, que se señala: "... que indica que corresponde a toda autoridad
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las
partes, más aún que el HABEAS CORPUS es una acción constitucional."
• Que "... al dictar una medida cautelar que no ha sido solicitado por la fiscalía está
agravando la situación de los procesados, de manera arbitraria e ileglas, por cuanto el Art.
el Art. (sic) 520.2 del COIP dice que el juez en ningún momento puede dictar una medida
distinta a la solicitad por el fiscal, por lo tanto el juez no tiene la facultad conforme a los Arts.
129 y 130 del Código Orgánico de la Función Judicial, y además no puede empeorrar la
situación jurídica de los procesados."
e Que dentro de la causa de habeas corpus No. 07113-2020-00020 (adjunta
copias) "... se da un caso similar e idéntido, con el mismo delito, motivos y circunstancias,
donde los Ministros Jueces aceptan la Acción Constitucional de Habeas Corpus,
desconociendo como profesional del derecho el cambio de criterio judicial.....; y,
e Se reitera lo relacionado con las normas vulneradas (Arts.: 7 num. 1 al 6 de
la Convención Americana de Derechos Humanos; 9, num. 2 al 5 del Pacto
de Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos;
y, 75, 76.1, 77.1.11, 82y 169 CRE)
W. Auto de fecha 4 de febrero de 2021, las 12h48 dictado por la Sala de Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, mediante el
cual se dispone remitir a la Corte Nacional de Justicia, el recurso de apelación
interpuesto a favor de los accionantes.
y. Una vez recibido el proceso en la Secretaria General, Documentación y Archivo -
Unidad de Gestion Documental, Sorteos y Archivo de la Corte Nacional de Justicia,
con fecha 2 de marzo de 2021, las 11 h57; en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.
LOGJyCC, la competencia para conocer la presente causa se radicó en la Sala
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Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y
Crimen Organizado, en el Tribunal integrado por: Luis Rivera Velasco (ponente),
Felipe Cárdova Ochoa y Daniella Camacho Herold, Jueces Nacionales.
SEGUNDO
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
L(cid:9) Mediante resolución No. 008-2021, de 28 de enero de 2021, dictada por el
Pleno del Consejo de la Judicatura (Arts. 1 y 3), por un lado, se proclamaron los
resultados, finalización y cierre del Concurso de Oposición y Méritos, Impugnación
y Control Social para la Selección y Designación de las y los Jueces y Conjueces
de la Corte Nacional de Justicia; y, por otro, se nombró a los jueces y conjueces
de dicho órgano jurisdiccional.
ji.(cid:9) Mediante Acciones de personal Nos. 0034-DNTH-2021 -AL y 0036-DNTH-
2021-AL, de fecha 2 de febrero de 2021, suscritas por el Dr. Pedro Crespo
Crespo, Secretario General del Consejo de la Judicatura, se otorga a Felipe
Córdova Ochoa y Luis Antonio Rivera Velasco, el nombramiento como Jueces
Nacionales por período fijo, a partir de las 10h00 del 03 de febrero de 2021.
iii. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, mediante Resolución
No. 02-2021 conformó sus seis Salas Especializadas según le faculta el Código
Orgánico de la Función Judicial (COFJ) en su artículo 183, sustituido por la Ley
Orgánica Reformatoria al COFJ, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 38, de 17 de julio de 2013.
iv. La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito,
Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, es competente
para conocer del presente recurso apelación de la acción constitucional de hábeas
corpus, en virtud de lo previsto en los artículos 184.1 CRE; 186.3 COFJ; con la
Resolución sin, de la Corte Nacional de Justicia, de 23 de marzo de 2009, publicada
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en el R. 0. 565 de 7 de abril de 2009, que señala: "Los recursos de apelación que se
interpongan en contra de las sentencias dictadas por las Salas de las Cortes Provinciales, dentro de
los recursos de Hábeas Corpus propuestos de conformidad con el último inciso del artículo 89 de la
Constitución de la República, serán conocidos, previo sorteo, por cualquiera de las Salas que
conforman la Corte Nacional de Justicia."; los artículos 169.2; y, 44.4 LOGJyCC.
V.(cid:9) Conforme ya quedara referido en el punto 1 .1, el Tribunal al cual le ha
correspondido conocer el presente medio de impugnación ha quedado integrado por
los Jueces Nacionales Luis Rivera Velasco (ponente), Felipe Córdova Ochoa y
Daniella Camacho Herold quienes AVOCAMOS conocimiento de este recurso, a
partir de la presente fecha.
ANALISIS Y CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN
3.1.- Se procede a realizar el análisis del presente recurso —apelación en acción de
hábeas corpus- sobre el mérito de los autos, partiendo de las premisas de que el
sistema procesal es un medio para la realización de la justicia -mandato expreso del
artículo 169 CRE-; y, que las normas procesales deben consagrar, inter alía, los
principios de eficacia e inmediación, y harán efectivas las garantías del debido
proceso - artículo 18 COFJ-
3.2.- Toda vez, que el tema nuclear del caso en ciernes estriba en la garantía
jurisdiccional del hábeas corpus y, en ultima ratio, con el derecho mismo de la
libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos; y, solo cuando
aquellos se encuentren amenazados en riesgo de manera "arbitraria", "ilegal" e
"ilegítima" procede esta garantía constitucional; es por ello que, resulta pertinente
abordar tales temas a fin de realizar un adecuado examen y/o análisis del caso y
poder resolver en derecho y justicia.
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3.3.- Con relación a la garantía constitucional, jurisdiccional, del hábeas corpus, este
órgano, en varias resoluciones', ha señalado:
(...) En el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, como el adoptado
por el Ecuador, a partir de la Constitución del 2008, la persona humana, y por ende sus
garantías constitucionales, como la libertad, deben ser el objetivo primigenio, donde la
aplicación e interpretación de la ley solo sea posible en la medida que la normativa se
ajuste y no contradiga la Carta Fundamental y la Carta Internacional de los Derechos
Humanos; en este marco, el Estado, está llamado a cumplir dos objetivos fundamentales:
salvaguardar y defender el principio de la supremacía constitucional; y, proteger los
derechos, garantías y libertades públicas; bajo este escenario, cabe reparar, que el
"hábeas corpus", se encuentra contemplado, dentro de las garantías constitucionales -
conforme así consta en el Título III, Capítulo III, Sección Tercera, artículo 89 de la
Constitución de la República-, como la garantía jurisdiccional a través de la cual se hace
efectivo el derecho a la libertad, que le permite al ciudadano acudir ante cualquier juez a
demandar su recuperación, cuando éste se encuentre privado de ella de manera
ilegítima, arbitraria o ilegal; es por tanto, además, una garantía para proteger la vida y
la integridad física, de las personas privadas de su libertad. Acorde con la norma
constitucional; en principio, para que proceda el hábeas corpus, deben reunirse los
siguientes presupuestos: i) privación de libertad; y, u) que aquella privación sea
ilegítima, arbitraria o ilegal.
Por otro lado, esta garantía constitucional se encuentra desarrollada y normada en la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Título II, Garantías
Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, artículos 43 al 46, en
donde se establece su objeto tramite y reglas de aplicación; el articulo 43 ejusdem en
cuanto al "objeto" mismo de esta acción señala que es: "proteger la libertad, la vida, la
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad,
por autoridad pública o por cualquier persona, ( ... )".
De allí que el hábeas corpus, como garantía constitucional, tutela los derechos de
libertad, vida, integridad física y más derechos conexos, del ser humano que se
encuentre privado o restringido en su libertad, ya sea por autoridad pública o cualquier
persona, de manera ilegal, ilegítima o arbitraria. (...)
3.4.- Abstrayéndonos al caso que nos ocupa, según se desprende de los
antecedentes mencionados en el numeral 1 de esta sentencia, el fundamento de los
accionantes WILLIAM GERMAN MERINO POMA y JOSE FRANCISCO MONTERO
FIGUEROA (legitimados activos), para plantear su actual recurso - apelación
Hábeas Corpus- se erige sobre la base de los siguientes ejes:
Que la privación de libertad se torna arbitraria e ilegal, ya que la Juez de
primer nivel estaba impedida de agravar la situación jurídica, en atención a
1 Ver CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SALA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO,
Resoluciones que resuelven las casos Nos.975-2013; 1459-2013; 818-2014; 1353-2014; 2012-2014 (recursos de apelación en
hábeas corpus)
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lo solicitado por la Fiscalía, quien es el titular de ejercer la acción penal
pública.
Que al no haberse aceptado las medidas solicitadas por Fiscal, pese a la
e
documentación presentada y anexada al expediente, se ha dictado prisión
preventiva de forma errada, "arbitraria" y sin fundamentación alguna.
Que la Juez (accionada) al momento de resolver no aceptar la petición de
Fiscalía, no toma en cuenta el tipo penal previsto en el artículo 260, inc. 20
,
ni lo determinado en los artículos 409, 410 ic. 2°. y 411 COIP; dispone la
prisión preventiva y se los privó de su libertad de forma "ilegal" y "arbitaria",
contraviniendo disposiciones legales.
Que al dictarse una medida cautelar no solicitada por Fiscalía se está
agravando la situación de los procesados, de manera arbitraria e ilegal de
conformidad con el artículo 520.2 COIP.
3.5.- Para responder a estas alegaciones, el suscrito Tribunal de Apelación, como
órgano y Juez Constitucional (pluripersonal), considera pertinente hacer un abordaje
de la acción de hábeas corpus (las diferentes modalidades que prevé la doctrina)
como como garantía jurisdiccional; así como, sobre la legalidad material de la orden
de prisión preventiva en contra de WILLIAM GERMAN MERINO POMA y JOSE
FRANCISCO MONTERO FIGUEROA, esto es, bajo la lupa de los parámetros de
legalidad, arbitrariedad y/o legitimidad.
3.5.1.- El Hábeas Corpus es un instituto de protección del derecho a la libertad
personal, es propio del derecho anglosajón que tiene sus raíces en los primeros
tiempos del Common Law, y que luego se ha extendido a otros ámbitos, y para
llegar, finalmente a América Latina, en donde supera -dependiendo obviamente de
cada legislación- fácilmente los cien años de antigüedad y que ha experimentado
una continúa evolución en sus diferentes modalidades, cumpliendo siempre con su
finalidad de proteger o tutelar la libertad individual, aplicado contra actos u omisiones
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que vulneren la libertad individual, aplicándose contra autoridades, funcionarios o
personas particulares.
La importancia de esta acción -que tiene el nivel de garantía constitucional-, estriba
en que el instituto del hábeas corpus se encuentra directamente relacionado con el
bien jurídico que protege (la libertad) -respecto de lo cual, cabe reparar, como
ciertamente algunos han dicho, el ser humano en algunas situaciones ha preferido
morir a vivir sin libertad-; de allí precisamente que en las sociedades donde se
respetan los derechos humanos, siempre encontraremos medios de protección de
este supremo derecho.
El hábeas corpus es una acción de garantía que -conforme quedó indicado-,
protege, ampara o tutela la libertad individual, se aplica contra actos u omisiones que
vulneran la libertad individual, se aplica contra autoridades, funcionarios o personas
particulares; entre las diversas modalidades -a manera referencial-, la doctrina
establece: el Hábeas Corpus Reparador, Restringido, Correctivo, Preventivo,
Traslativo, Corpus Instructivo, lnnovativo, y, el Hábeas Corpus Conexo.2
2 Ver ordenamiento jurídico peruano.
La Sentencia del Tribunal Constitucional — STC, Exp. N° 2663-2003-HCITC, caso Eleobina Mabel Aponte Chuquihuanca,
Jurisprudencia del Supremo Intérprete y de Control de la Constitucionalidad de la Ley, publicado en el Diario Oficial El Peruano,
con fecha 21 de Abril del 2004, en su fundamento jurídico establece las ocho tipologías o modalidades de hábeas corpus.
EL HABEAS CORPUS REPARADOR; esta modalidad se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad
física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato — Juez Penal, Civil, Militar —; de una
decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin previo proceso formal de interdicción
civil; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por
sanciones disciplinarias privativas de la libertad; etc.
El HABEAS CORPUS REPARADOR representa la modalidad clásica o inicial destinada a promover la reposición de la libertad
de una persona indebidamente detenida; en sus inicios está modalidad o tipo de Hábeas Corpus se utilizó en la mayoría de los
casos para lograr la inmediata libertad de la persona indebidamente detenida.
EL HABEAS CORPUS RESTRINGIDO, se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos,
perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en
tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, "SE LE LIMITA EN MENOR GRADO. Entre otros supuestos, cabe
mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de
fundamentos legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas
citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.
Este tipo de Hábeas Corpus también es llamado accesorio o limitado, en realidad se trata de una modalidad del Hábeas
Corpus Reparador. Según Néstor Pedro Sagüés: Hábeas Corpus citando a este autor, por nuestra constitucionalista Susana
Ynes Castañeda Otsu, dice : en este caso no se trata de atender los supuestos de detención o de amenaza, sino el caso de
molestias restrictivas (pero no extensivas) de la libertad personal, el sujeto no es privado completamente de su libertad corporal
pero enfrenta hechos de vigilancia abusiva, de impedimento para acceder a ciertos lugares". La finalidad de esta modalidad de
Hábeas Corpus, según la constitucionalista CASTAÑEDA OTSU, SUSANA YNES, "Es evitar perturbaciones o molestias
menores a la libertad individual que no configuren una detención o prisión". Continúa diciendo la autora con autoridad
especializada "Que en nuestro medio sería adecuado para frenar las reiteradas citaciones policiales para esclarecimiento de
hechos, especialmente de personas que han estado en prisión".
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EL HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO; esta modalidad de Hábeas Corpus, a su vez, se emplea cuando se producen actos de
agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por
ende, su finalidad es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha
determinado cumplir un mandato de detención o de pena. Este tipo de Hábeas Corpus, procede ante la amenazada o acto
lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica, o del derecho a la salud de los reclusos o personas que se
encuentran bajo una especial relación de sujeción internados en establecimientos de tratamiento públicos o privados (tal el
caso de personas internadas en centros de rehabilitación y de menores, en internados estudiantiles, etc.). Igualmente, es
idóneo en los casos en que, por acción u omisión, importen violación o amenaza del derecho al trato digno" o se produzcan
tratos inhumanos o degradantes. Es también admisible la presentación de esta modalidad de Hábeas Corpus, en los casos de
arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos; de ilegitimidad del traslado de un recluso de un
establecimiento penitenciario a otro; y por determinación penitenciaría de cohabitación en un mismo ambiente de reos en cárcel
de procesados y condenados. Esta modalidad de Hábeas Corpus procede contra actos lesivos a la integridad personal,
integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral. Bajo esta perspectiva, su finalidad no es obtener la
libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, de reclusión,
inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes. Como sostiene CESAR LANDA
ARROYO citado por la Constitucionalista CASTAÑEDA OTSU, SUSANA YNES. Este tipo de Hábeas Corpus sería extensible al
caso de retención por violencia doméstica o familiar hacía las mujeres, menores de edad (que en el Perú existe un elevado
índice de violencia familiar, que en muchos casos no son denunciados), ancianos y otros dependientes.
EL HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO; esta tipología de Hábeas Corpus podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose
concretado la privación de la libertad personal, existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración
de la Constitución o la ley de la materia. Al respecto, es requisito sine qua non de esta modalidad de Hábeas Corpus, que los
actos destinados a la privación de la libertad se encuentran en proceso de ejecución; por ende, la amenaza no debe ser
conjetural ni presunta. Se exige para la procedencia del Hábeas Corpus, en doctrina el Hábeas Corpus Preventivo, que cuando
se invoque la amenaza de la libertad individual, que ésta sea cierta y de inminente realización. Según la Real Academia
Española (RAE), en Diccionario de la Lengua Española, Edición 2005, Autor ESPASA, Págs. 372 y 867, lo "cierto" es el
resultado del conocimiento de algo como verdadero, seguro e indubitable y lo "inminente" significa una situación antecedente
que denota el advenimiento de un hecho que está por suceder prontamente. La constitucionalista CASTAÑEDA OTSU,
SUSANA YNES, con respecto al Hábeas Corpus Preventivo, dice: Se requiere que la amenaza sea cierta y de inminente
realización, que se manifiesta con actos o palabras que no dejen duda alguna de su ejecución y propósito en un plazo
inmediato y previsible. Esta amenaza deberá ser valorada por el Juez en cada caso, teniendo en cuenta los principios de
interpretación de los derechos humanos y la jurisprudencia emitida al respecto por los órganos jurisdiccionales internos y
supranacionales'.
EL HÁBEAS CORPUS TRASLATIVO; es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al
debido proceso o a la tutela jurisdiccional efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de
una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido. El
constitucionalista, César Landa Arroyo - Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Editorial Palestra, Lima 2003, Pág. 116,
refiere que en este caso se busca proteger la libertad o la condición jurídica del status de la libertad de los procesados,
afectados por los burócratas judiciales. Con esta modalidad de Hábeas Corpus se busca proteger la libertad de los
procesados o condenados, que conforme a las normas del proceso pena deba encontrarse en libertad, pero sigue en cárcel o
en otro centro de detención. La constítucionalista SUANA YNES CASTAÑEDA OTSU, citando al también constitucionalista
Domingo García Belaúnde, refiere que esta tipología de Hábeas Corpus Traslativo, procede si se produjese mora en el proceso
judicial u otras graves violaciones al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Néstor Sagüés habla de un Hábeas
Corpus por mora en la traslación del detenido, en que hay una orden escrita y hay autoridad competente pero que procede
ante el silencio de esa autoridad o ante su inacción en la traslación, refiriendo que en un inicio se limitó a los casos en que no
se consumaba en un tiempo razonable el traslado de una persona ante la autoridad competente pero luego se amplié a los
supuestos de extradición.
EL HÁBEAS CORPUS INSTRUCTIVO; esta modalidad podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una
persona detenida-desaparecida. Por consiguiente la finalidad de su interposición es no sólo garantizar la libertad y la integridad
personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los
lugares de desaparición. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ernesto Castillo Páez Vs.
República del Perú (párrafo 84 de la sentencia del 03 de Noviembre de 1997), estableció lo siguiente: "Habiendo quedado
demostrado como antes se dijo (Supra, párrafo 71), que la detención del Señor Castillo Páez, fue realizada por miembros de la
Policía Nacional del Perú y que, por tanto , se encuentra bajo custodia de éste, la cual lo ocultó para que no fuera localizado, la
CIDH concluye que la ineficacia del recurso de Hábeas Corpus es imputable al Estado, configurando con ello una violación del
Art. 25° de la Convención en relación con el Art. 1.1
EL HÁBEAS CORPUS INNOVATIVO; esta tipología de Hábeas Corpus procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o
violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en
el futuro, en el particular caso del accionante. El constitucionalista Domingo García Belaúnde (en Constitución y Política, Eddili,
Lima 1991, Pág. 148), expresa que dicha acción de garantía debe interponerse contra la amenaza y la violación de este
derecho, aún cuando éste ya hubiera sido consumado". Asimismo, el Dr. César Landa Arroyo (en Tribunal Constitucional,
Estado Democrático. Editorial Palestra, Lima 2003, Pág. 193) acota que: "... a pesar de haber cesado la violación de la libertad
individual, sería legítimo que se plantee un Hábeas Corpus Innovativo, siempre que el afectado no vea restringida a futuro su
libertad y derechos conexos".
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3.5.2.- En lo que respecta a los tres parámetros indispensables (orden de privación
de libertad 'ilegal", "arbitraria", "ilegítima"), supuestos indispensables para que opere
la acción constitucional del hábeas corpus; es menester referir, bajo un adecuado
entendido, que:
e(cid:9) Para que una privación de libertad sea considerada bajo el parámetro de
"ilegalidad" existen varias condiciones, ínter alía: cuando no haya la orden de un
juez penal competente para conocer el caso -salvo por delito flagrante, en cuyo caso
la persona no podrá estar detenida por más de 24 horas, sin que el juez penal
competente, ordene la privación de la libertad-; cuando la orden de privación de
libertad no cumpla con los requisitos de ley (escrita, con causa y motivación de la
privación de libertad, fundamentos legales fecha y firma del juez penal competente);
cuando, existiendo la prisión preventiva aquella haya excedido el tiempo de ley y no
se ha dictado sentencia condenatoria.
• De su parte, en cuanto a las condiciones para que la privación de libertad sea
considerada "ilegítima", tenemos: cuando se ejecuta o realiza contrariando a la
Constitución y la ley penal; cuando se ejecuta o realiza conforme a la ley penal, pero
contrariando las normas internacionales de derechos humanos; cuando la privación
de la libertad se prolonga después del cumplimiento de la pena, cuando existe
EL HÁBEAS CORPUS CONEXO; esta tipología es utilizada cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos
anteriores descritos. Tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde
que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad
contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc. Es decir, si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí de la
libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un grado razonable de vínculo y enlace con éste. Adicionalmente, permite
que los derechos innominados —entroncados con la libertad física o de locomoción puedan ser resguardados Esta tipología de
Habeas Corpus ha sido elaborada de modo casuistico en atención a la continua evolución que ha experimentado este proceso
constitucional, por lo que no puede ser tomada como un numerus clausus. En Derechos como la observancia del debido
proceso, la inviolabilidad del Domicilio), ergo el Instituto Hábeas Corpus también procede en defensa de estos derechos
fundamentales de contenido constitucional, entonces la autoridad jurisdiccional y administrativa debe cumplir en la observancia
e irrestricto respeto del derecho al Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional Efectiva que es una garantía constitucional en el
campo del Derecho Procesal Penal, son: la garantía de la NO INCRIMINACIÓN, el derecho al silencio, el derecho a la defensa,
que implica la no declaración; el imputado tiene el derecho de declarar cuantas veces quiera, pues es él quien controla la
oportunidad y contenido de las informaciones que desea incorporar al proceso; toda persona en un proceso penal tiene
derecho a un Juez imparcial, que es una garantía limpia e igualitaria contienda procesal; el derecho a ser juzgado sin
dilaciones indebidas, no observan el derecho al plazo razonable en el IUS PUNENDI, vulnerando este derecho fundamental; el
derecho de utilizar los medios de prueba pertinentes; la garantía del Non bis in idem procesal; el derecho a la presunción de
inocencia, el derecho de defensa; el derecho a la tutela jurisdiccional.
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sentencia absolutoria o sobreseimiento provisional o definitivo; o, después de
ordenada la libertad; cuando es incorrecta o injusta.
.(cid:9) En lo que respecta al tercer supuesto para que opere la acción constitucional
de hábeas corpus, se encuentra la "arbitrariedad", la cual -para un adecuado
entendimiento de lo que aquello implica-, bien podemos remitirnos al marco
convencional, específicamente a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la cual, en cuanto respecta a la detención arbitraria e ilegítima indica -a su
vez, respecto de la privación de libertad física, en el artículo 7, inc. 20-, que contiene
como garantía específica la prohibición de detenciones o arrestos ilegítimos; en el
inciso 3°, establece que se proscribe la detención o encarcelamiento arbitrarios; de
lo cual resulta que se tiene, entonces, dos formas sutilmente diferenciadas de
detención proscrita por la Convención, pues los límites entre una y otra en casos
específicos pueden resultar totalmente vagos y difusos.
3.5.3.- De allí que, para ir adentrándonos al caso que nos ocupa, en donde el eje del
problema jurídico constitucional planteado, estriba en que, se tacha de "ilegal" y
"arbitraria" la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta en contra de los ahora
legitimados activos WILMAN GERMAN MERINO POMA y JOSE FRANCISCO
MONTERO FIGUEROA, en medio de una audiencia de calificación de flagrancia y
formulación de cargos por el delito de actividad ilícita de recursos mineros -
modalidad minería artesanal (art. 260, inc. 20. COIP); y, sobre todo, teniendo
presente que la titular de la acción penal (FGE), se dice, no ha presentado oposición
a la sustitución por medidas alternativas; resulta importante analizar el desarrollo
jurisprudencial que el tema de la prisión preventiva ha tenido por parte de la
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Esta última (Corte IDH), en varias de sus sentencias señala que según el primero de
tales supuestos normativos (Art. 7.2), nadie puede verse privado de la libertad sino
por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto
material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente
definidos en la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto (Art. 7.3), se está en
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presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan
reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del
individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de
proporcionalidad3. Cualquier vulneración de los numerales del dos al siete del
artículo siete de la Convención, conllevará necesariamente la violación del numeral
uno de dicho artículo4
.
Se debe hacer hincapié que, en el análisis de la privación ilegal de la libertad, la
Corte IDH, hace énfasis en la necesidad de que la detención se adecue a las causas
y condiciones establecidas por los marcos constitucionales y ordenamientos jurídicos
nacionales, a efecto de no contravenir lo dispuesto en el artículo 7.2 de la
Convención; esta necesidad de que la detención se ajuste a las causas y
condiciones fijadas de antemano por la Constitución o por leyes dictadas conforme a
ella, o si tal Constitución o leyes eran compatibles con las ideas de razonabilidad,
previsibilidad y proporcionalidad que deben caracterizar a toda detención o retención
legal a fin de que no se les considere arbitrarias, en ocasiones es imposible de
determinar, como lo reconoce expresamente la Corte IDH5 .
En cuanto a la diferencia que hace la Corte IDH, entre detención ilegítima y
detención arbitraria, dicho órgano reconoce que toda detención ilegal comporta un
grado de arbitrariedad, sin embargo de lo cual la misma estaría subsumida en el
propio 7.2, pues la arbitrariedad a la que hace referencia el artículo 7.3 tiene un
contenido jurídico propio, en el que no es solamente la inobservancia de la
normativa nacional la que lo determina, sino incluso el cumplimiento de normas
pertenecientes al ordenamiento jurídico nacional, que eventualmente se encontraren
en contradicción con lo establecido en la Convención. En el mismo sentido, el
Comité de Derechos Humanos ha precisado que "no se debe equiparar el concepto de
Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), Sentencia de 11 de septiembre de 1997. Serie C No. 32, párr.
131; Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 43; y Caso Gangaram Panday.
Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 47.
Caso Yvon Neptune vs. Haiti, Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180
Caso Gangaram Panday, supra, cita No. 14, párr. 48
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'arbitrariedad con el de 'contrario a ley', sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de
incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibiidad, así como también el principio de las
garantías procesales. Ello significa que la prisión preventiva consiguiente a una detención lícita debe
ser no solo lícita sino además razonable en toda circunstancia'-6.
35.4.- Estas consideraciones nos llevan necesariamente al análisis del numeral 3
del artículo 7 de la Comisión, esto es la prohibición de someter a alguien a detención
o encarcelamiento arbitrarios; es así que, como se señaló anteriormente, resulta en
ocasiones difícil delimitar donde termina la detención ilegítima y donde comienza la
detención arbitraria, pues en ocasiones la diferencia radicará en la gravedad de la
vulneración o en la reiteración de la misma. Sin embargo, tanto la jurisprudencia
interamericana, como la europea hacen énfasis en la necesidad de no confundir la
una con la otra, no solamente por sus diferentes efectos, sino porque cada una de
las mismas tiene un contenido jurídico propio.
Desde este marco, la declaración de "arbitrariedad" de una detención o
encarcelamiento, no depende exclusivamente de la contradicción con la normativa
interna, sino sobre todo de la vulneración de la Convención, aún cuando esta
detención respondiere a normas vigentes en el ordenamiento jurídico nacional; aún
más, la detención podrá tornarse arbitraria si en su curso se producen hechos
atribuibles al Estado que sean incompatibles con el respeto a los derechos humanos
del detenido7 ; lo cual quiere decir, que una detención ilegítima e incluso una legítima
en su inicio, pueden tornarse en arbitrarias si el Estado incurre en actos que
contravengan el sistema de protección de los derechos humanos; en cambio, una
detención arbitraria, no podrá tornarse en legal bajo ninguna circunstancia, criterio
6 Comité de Derechos Humanos, caso Albar¡ Womah Mukong c. Camerún, (458/1991), 21 de julio de 1994, Doc. ONU
CCPR/C/51 ID/458/1991, párr. 9.8.
Este criterio también es compartido por la Corte Europea de Derechos Humanos, la que ha establecido que, si bien cualquier
detención debe llevarse a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley nacional, es necesario además
que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos,
compatibles con la Convención. [ECHR, Case of Kemmache y. France, Judgment of 24 November 1994, para. 37. El Tribunal
Europeo señaló lo siguiente: "The Court reiterates that the words "in accordance with a procedure prescribed by Iaw" essentially
refer back to domestic law; they state the need for comp/lance wíth the relevant procedure under that law. However, the
domestic law must ítself be in con formity with the Convention, including the general principies expressed or implied therein. The
notion underiying the term in question is one of fair and proper procedure, namely that any meas ure depriving a person of his
liberty should issue from and be executed by an appropriate authority and shouid not be arbitrary (see the Winte,werp y. the
Netheriands judgment of 24 October 1979, Series A no. 33, pp. 19-20, para. 45)".
Caso López Álvarez VS. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141
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que es compartido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mismo que
afirma textualmente que
en un Estado que defiende la supremacía del Derecho, una detención
arbitraria no puede nunca ser legal"8
3.5.5- A manera de contextualización, se puede señalar -como antecedente de la
detención arbitraria- que la Corte IDH establece que nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales
puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales
del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de
proporcionalidad9. Los criterios señalados, han sido desarrollados en sentencias
posteriores, pues en el caso de la proporcionalidad, la Corte IDH señala que del
artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir la
libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar
que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la
acción de la justicia, no pudiendo constituir por sí mismo justificación suficiente de la
prisión preventiva, las características personales del supuesto autor y la gravedad
del delito que se le imputa.
3.5.6.- En el caso de la detención "arbitraria" -que es precisamente uno de los
cuestionamientos realizados por los ahora accionantes con relación a la prisión
preventiva dictada en su contra en contra, cuando se enfatiza que podía haber sido
dictada en tanto FGE no lo soliictó y que en definitiva se ha empeorado su situación
y que se han inobservado normas y procedimientos-; resulta menester señalar que la
previsibilidad que debe acompañar -como calidad de cualquier medida restrictiva de
libertad no arbitraria, a mas del correspondiente análisis sobre la reserva de ley, a su
vez, como garantía primaria del derecho a la libertad física-, debe añadirse que tal
previsibilidad no se predica solamente de las normas que componen el
ordenamiento jurídico, sino sobre todo de la propia Convención, pues una medida
Case Wintererp, Judment of 24 october 1979
Caso García Asto y Ramírez Rojas, Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 105; caso Palamara
Iribarne, Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 215
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(cid:9)
privativa de libertad podrá considerarse como arbitraria, aún cuando la misma
responda a norma expresa, si esta norma contradice la propia Convención.
No es suficiente, dice la Corte IDH, que toda causa de privación o restricción al
derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y
su aplicación respeten los siguientes requisitos, a efectos de que dicha medida no
sea "arbitraria":
i)(cid:9) Que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea
compatible con la Convención`,-
u)(cid:9) Que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin
perseguido;
iii) Que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente
indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida
menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que
cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto' 1
;
iv) Que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma
que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no
resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen
mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.
Es por ello que, cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación
suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será
arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención`.
10 Esta finalidad de acuerdo a la misma Corte, es considerada como legítima cuando asegura que el acusado no impedirá el
desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. Lo anterior, deja de lado el evitar la reiteración delictiva como
finalidad legítima de la privación de libertad, a diferencia de la posición del Tribunal Europeo, para el cual la posibilidad de la
comisión de nuevos delitos, puede fundamentar legítimamente la imposición de una medida restrictiva de libertad como la
prisión preventiva, aún cuando se ha establecido una serie de matices y limitaciones para el efecto. [Caso En gel and others,
supra nota 13, párr. 58-59; Caso Guzzardi, Sentencia de 6 de noviembre de 1982, párr. 92; Caso Ashizdane, Sentencia de 28
de mayo de 1985, párr. 411
11 Por esta razón la Corte ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser
excepcional
12 Caso Chaparro y Lapo, supra, cita No. 12 párr. 93.
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3.6.- En el presente caso y en aras de dar una respuesta adecuada a los
plantemientos realizados por los accionantes en el marco de la presente acción
juridicional constitucional; teniendo presente el contexto convencional y
constitucional que queda desarrollado ut supra; se debe partir de los siguientes
hechos concretos:
• Los ahora legitimados activos WILLIAM GERMAN MERINO POMA y JOSÉ
FRANCISCO MOTERO FIGUEROA han sido -y se encuentra aún- procesados
por el delito de actividad ilícita de recursos mineros, modalidad minería artesa¡
que se encuentra punida en un rango que oscila de 1 a 3 años de privación de
libertad (art. 260. inc. 2° CO IP);
e El reproche jurídico-constitucional planteado por los accionantes como base
de su hábeas corpus, estriba en la existencia de una orden de prisión preventiva
que la califican de "arbitraria" e "ilegal", dictada por la Jueza titular de la Unidad
Judicial Multicompetente con sede en el cantón Zaruma, dentro de la causa penal
signada con el No. 07335-2021-00022; medida cautelar dispuesta por tal
autoridad pese a que la titular de la acción penal no presentara oposición al
establecimiento de medidas alternativas.
3.6.1.- Es en tal contexto, que como se dijo ut supra, se tiene que analizar el hecho
real y concreto de, si la privación de la libertad que aún pesa sobre los ahora
accionantes y apelantes, responde a los casos planteados en la legislación para su
procedencia, y si, sobre todo, si es legal, legitima y/o no arbitraria.
En aras de comprender la particularidad del problema jurídico constitucional traído
hasta este escenario de la acción de habeas corpus presentada; amerita tener
presente que, si bien, de manera primigenia la autoridad judicial (Juez de la Unidad
Judicial Multicompetente de Zaruma) conoció de un hecho penalmente relevante a
través de una audiencia de calificación de flagrancia, diligencia a la cual asistieron o
-para ser precisos, se los trasladó- a los ahora legitimados activos en calidad de
aprehendidos hasta dicha jueza para calificar la legalidad de su detención; debiendo
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reparar -en esta parte- que desde un primer análisis desde el marco de la legalidad,
en tanto la audiencia se evacua dentro de las 24 horas de producida la detención no
reviste ningún conflicto.
Ahora bien, el análisis se debe centrarse a partir de que, una vez superada la
calificación de flagrancia, al momento de formularse cargos por parte de quien tiene
la titularidad de la acción penal y solicitar que se ponga en marcha el aparataje
judicial en post de una investigación y/o proceso penal, se lo hace por el tipo penal
descrito en el artículo 260, inc. 20; y que, si bien es cierto en un principio se solicitara
la medida cautelar de prisión preventiva para los procesados; no es menos cierto
que, ante la presentación de los denominados "arraigos" con los cuales aquellos
acreditaban su inmediación al proceso, la misma Fiscalía no presentó oposición y
más bien manifestó conformidad con la fijación de medidas alternativas; empero, la
autoridad judicial resolvió fijar la medida privativa de libertad.
3.62.- Es así que, en dicho eje nuclear de la determinación y/o fijación de la medida
cautelar de prisión preventiva impuesta a los ahora accionantes, lo cual se ha
tachado de "arbitraria" e "ilegitima", es que corresponde -desde este escenario
constitucional y sin pretender adentrarse a temas de fondo del proceso penal o de
sus etapas o instancias-, determinar si existieron las actuaciones tendientes a privar
de la libertad en forma legal, legítima y no arbitraria (justificada) a los accionantes
WILMAN GERMAN MERINO POMA y JOSE FRANCISCO MONTERO FIGUEROA,
esto es, en estricta observancia a las garantía de tutela y legalidad (Art. 76.1 .3 CRE)
en cuanto a que la privación de la libertad debe estar encuadrada y/o ejecutada en lo
que determina la norma orgánica integral penal a la luz de la Norma Suprema y el
marco convencional; todo ello, a fin de esclarecer si la privación de libertad de los
legitimados activos ha sido o no al margen de la regulación legal (lo cual implicaría
aquello de "ilegal"); si ha sido o no producto de la voluntad inmotivada del juez
("arbitraria"); o, si ha sido violatoria o no al bloque de constitucionalidad, y por ende,
inaceptable en la comunidad política donde las normas poseen su eficacia
("ilegítima"), mediante la determinación de vicios de procedimiento en la privación de
libertad.
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3.6.3.- A partir de lo contextualizado, revisado el expediente constitucional formado;
y, tomando en consideración -sobre manera-:
e(cid:9) Aquello de que la titular de la acción penal Fiscalía, representada por el
Agente Fiscal doctor Segundo Luis Cañafe Villa, dentro de la audiencia de habeas
corpus -recogido incluso en el fallo ahora apelado- indica: "...Por su lado el señor
fiscal, acepta que en efecto, al establecerse presunciones de participación en un hecho delictivo de
los señores WILLIAN GERMAN MERINO POMA y JOSE FRANCISCO MONTERO FIGUEROA,
solicitó se califique la legalidad de la detención y la flagrancia de todos los implicados en este
asunto, y aun así luego de revisar cierta documentación de la que pudo observar por vía telemática,
asumió la existencia de arraigo, por ello solicitó medidas cautelares dispuestas en el Art. 522,
numerales 1 y 2. Pero no fueron aceptadas por la jueza."; y,
e(cid:9) Aquello de que se formulara cargos en contra de los procesados -ahora
legitimados activos- a partir del artículo 260 inc.2 del COIP (delito que no
sobrepasa los 5 años de pena privativa de libertad); aquello de que -se reitera-
fiscalía reculó su consideración previa de que era necesario pedir la prisión
preventiva y manifestó su conformidad con los arraigos (esto es, en general, ya sea
en cuanto que no existían elementos que indique peligro de fuga, antecedente
penales, etc.).
La piedra angular del análisis de la autoridad judicial debió ser a partir del extenso
desarrollo convencional de la Comisión y Corte IDH, teniendo siempre presente
aquello de que la medida de prisión preventiva es de ultima ratio, que se debe primar
la libertad, vida e integridad; empero de todo ello, la autoridad judicial de la causa
creyó conveniente el dictar la prisión preventiva.
3.6.4- Siguiendo el hilo conductor del análisis, de lo abundantemente referido en
este fallo y, dada la trascendencia de este instituto constitucional (hábeas corpus), el
pleno ejercicio y respeto a los derechos de los individuos procesados, versus,
aquello de una detención o privación de libertad (ya sea ilegal, arbitraria o ilegitima);
amerita también detenerse en el marco procesal mismo ya sea de una flagrancia y lo
que se requiere para su legalidad y/o judicialización; así, el artículo 529 COIP
determina que, en los casos de infracción flagrante, dentro de las 24 horas desde
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que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la
o el juzgador -lo cual en efecto así ha ocurrido en el caso que nos ocupa-; diligencia
ésta, en la cual, por un lado: se calificara la legalidad de la aprehensión -que
también ha ocurrido-; y por otro -dice la norma-, la o el fiscal, de considerarlo
necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y
de protección que el caso amerite y se determinará el proceso correspondiente.
Per se, es dentro de tal contexto procesal y normativo que corresponde al presente
Tribunal de Apelación (órgano constitucional de alzada ante la negativa de la acción
de habeas corpus dictada en primera instancia), analizar si la privación de la libertad
de los ahora legitimados activos WILLIAM GERMAN MERINO POMA y JOSE
FRANCISCO MONTERO FIGUEROA, fue "ilegitima" y "arbitraria", como así ha sido
tachada por dichos accionantes, esto es, a efecto de determinar si existieron vicios
de procedimiento en la privación de libertad conforme lo establece el art. 45.2,d)
LOGJyCC13.
3.6.5.- Para despejar aquello, huelga reiterar -según los planteamientos del
problema jurídico-constitucional- que en la audiencia de calificación de flagrancia,
luego de que Fiscalía formulara cargos en contra de los legitimados activos por un
tipo penal cuya punición no superaba los 5 años de privación de libertad; si bien es
cierto en principio, solicitó la prisión preventiva, no es menos cierto que, acto seguido
a la presentación de arraigos, no se opuso y mostró su conformidad con la medidas
cautelares contenidas en el artículo 522.1.2 CO IP14; empero de aquello la autoridad
judicial no aceptó tales medidas y dictó en su lugar prisión preventiva.
13 "Art. 45.- Reglas de aplicación.- Las juezas y jueces observarán las siguientes reglas: (...)
2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del derecho, dispondrá la inmediata
libertad y la reparación integral. La privación arbitraria o ilegítima se presumirá en los siguientes casos: (...)
d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad. (...)"
14 "Art. 522.- Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para
asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad:
1.P rohibición de ausentarse del país.
2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución
que designe. ( ... )"
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Cabe traer a colación que el artículo 534 C01F15, al tratar sobre la finalidad y
requisitos de las medidas cautelares dispone, que para garantizar la comparecencia
de la persona procesada al proceso (inmediación) y el cumplimiento de la pena, el
fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la
prisión preventiva; lo cual, se reitera, en el caso que nos ocupa, no fue motivada -o
mejor dicho reculada- por fiscalía, y en su lugar expresó su conformidad con las
medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva (art. 522.1.2).
Siguiendo el mismo hilo conductor normativo del COIP, el articulo 595 ejusdem
señala que la formulación de cargos contendrá, ínter a/la, la individualización de la
persona procesada, la relación de los hechos, así como la infracción penal que se
imputa, la solicitud de medidas cautelares y de protección, salidas alternativas al
procedimiento o cualquier otro pedido que no afecte al debido proceso.
La Norma Suprema en sus artículo 76.1.3, determina que en todo proceso en el que
se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho
al debido proceso, el cual incluirá las siguientes garantías basicas garantizar el
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, y el principio de legalidad
(nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de
cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra
naturaleza, ni se le aplicara una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo
se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con
observancia del trámite propio de cada procedimiento)
3.6.6.- Sobre la base de todo lo que queda precisado y, abstrayéndonos al caso en
ciernes traído a escenario de apelación de habeas corpus, se evidencia a todas
15 "Art. 534.- Finalidad y requisitos.- Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el
cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión
preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1.E lementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción.
2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción.
3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es
necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena.
4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año.
De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado
incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad."
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luces, que ha existido una vulneración al debido proceso en las garantías de la
tutela y legalidad que concluye en la privación de libertad de manera arbitraria e
ilegitima, en tanto y en cuanto, tendiendo siempre presente:
e(cid:9) Que la medida cautelar de prisión preventiva es de ultima ratio, que en el caso
que nos ocupa el fiscal como titular de la acción penal no presentó oposición -más
bien conformidad- y finalmente solicitó medidas alternas a la prisión preventiva
para los procesados y ahora recurrentes legitimados activos; y,
e(cid:9) Que en la audiencia de flagrancia Fiscalía formuló cargos por un tipo penal
que no supera los 5 años de privación de libertad.
Deviene que la autoridad judicial le estaba impedida de ordenar prisión preventiva,
todo ello, en el marco de normas constitucionales, convencionales y procesales lo
cual conlleva, a que precisamente, el acto ahora impugnado con esta acción
constitucional sea vulneratorio a sus derechos constitucionales; es así que, la
privación de la libertad de los accionantes se torna a las claras en "arbitraria" e
"ilegitima" y de ello se ahondará a continuación.
37- En el presente caso, sin ánimo de caer en exceso de reiterativad, sino simple y
llanamente de dejar sentado, por un lado, la escencia o razón de ser de la acción
jurisdiccional constitucional del habeas corpus; y, por otro, desde su contexto de
protección frente a una privación de libertad (medida cautelar de prisión preventiva
como medida de ultima ratio) ilegal, arbitraria o ilegitima; es necesario manifestar,
que la Corte Constitucional de manera reiterada al tratarse del habeas corpus,
manifiesta que es una garantía constitucional prevista en el artículo 89 CRE, para
proteger las detenciones ilegales, por lo que su naturaleza, es ser el remedio cuando
a una persona se le restringe su derecho de libertad.
De acuerdo al artículo 3.1 CRE dice que son deberes primordiales del Estado:
"Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución
y en los instrumentos internacionales (...)".
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Este tipo de aplicación de las normas programáticas, obedece al principio contenido
en el artículo 11.3 de la Norma Normarum, que prevé la aplicabilidad directa de
todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución y refleja la tendencia
garantista de la Norma Suprema, en la que: "... [Ifa distinción entre normas programáticas y
normas directamente aplicables es irrelevante. Por supuesto que esta afirmación implica que las
personas estén sometidas además de la ley a la Constitución y que requiere una dosis de creatividad
de la persona que aplica al imaginar y crear la hipótesis de hecho y la obligación que emana del
,1 6
principio en el caso que aplica.
31.1.- En el contexto presentado, ningún juez puede alegar falta de norma para
irrespetar los preceptos constitucionales, mas aun cuando ha sido en este tipo de
órganos jurisdiccionales, en quienes ha puesto la Constitución de la República, la
carga de velar por la vigencia de los derechos y garantías. Con respecto a esto, ha
dicho la Corte Constitucional: "El Estado constitucional vigente cuestiona la posición del juez
como un simple espectador del proceso; mira a un juez activo que hace suya la garantía
constitucional de la tutela judicial efectiva; cumple un papel mucho más proactivo"7.
Es por ello que, este Tribunal, insiste en que, una vez determinada la aplicabilidad
directa de los artículos enunciados en líneas precedentes (tanto del marco
constitucional, convencional y procesal), corresponde determinar la pertinencia de su
uso en el caso concreto; y para ello, se ha analizado que, expuestos estos
presupuestos, se desprende claramente que la conclusión y/o fundamentación
efectuada por la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial
de Justicia de El Oro (Juez Constitucional de primera instancia para este habeas
corpus), en cuanto a:
• Que "(..) de la revisión de las tablas procesales, no se observa la existencia de atentado a
los derechos constitucionales de los recurrentes
• Que ".. En Audiencia Pública, NO se han introducido elementos que determinen que la
orden de Prisión Preventiva dictada contra WILLIAN GERMAN MERINO POMA y JOSE
FRANCISCO MONTERO FIGUEROA conlleve ilegalidad, arbitrariedad e ilegitimidad,..";
16 ÁVILA, Ramiro, Óp. Cit. Supra. Pág. 75.
17 CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Sentencia Nro. 19-14-SEP-CC, dictada el 29 de enero del 2014.
Página 24 de 37
e(cid:9) Que "... no es ilegítima la medida restrictiva de libertad, impuesta, pues a los procesados se
les ha permitido el uso efectivo de su derecho a la defensa, y las medidas impuestas han sido
emitidas en la misma Audiencia de calificación de flagrancias. ..";
Que -pese a hacer refrencia a las facultades de FGE como titular de la acción
e(cid:9)
penal, y los términos legales de la audiencia de flagrancia y fomulación de cargos-
"... es precisamente lo que ha ocurrido en el presente caso, donde el fiscal conforme lo ha expuesto
en Audiencia, lo ha solicitado, porque según él, consideró que de la documentación que había
observado mediante vía telemática, presentada por los señores WILLIAN GERMAN MERINO POMA
y JOSE FRANCISCO MONTERO FIGUEROA, reunía condiciones y requisitos para ser
considerados como tal, y así solicitar las medidas cautelares dispuestas en el Art. 522, numeral 1 y
2 del COIP....
e(cid:9) Que "... contrario a ello, la jueza no acogió dicho pedido,...";
e(cid:9) Que "... considera que la jueza tiene la facultad discrecional de aceptar o no el pedido de la
fiscalía, pues si bien tal como le hemos dicho, el fiscal tiene la facultad de dirigir la investigación pre
procesal, y procesal, además de poder solicitar las medidas cautelares dispuestas en la ley. Es el
administrador de justicia quien debe velar por el fiel cumplimiento de las normas constitucionales,
legales, procedimentales, y es también su facultad de resolver conforme a derecho......
e(cid:9) Que "... si observó la documentación presentada, pero que aquella no reunía las condiciones
propias que denoten un estado de ARRAIGO de los hoy recurrentes,...";
• Que "... Estos documentos pueden presentarse y con ello se deberá establecer la veracidad
de lo enunciado en ellos, sin contradicciones, que lleven al convencimiento del administrador de
justicia que son suficientes para demostrar su afincamiento en el lugar, lo que en efecto no ha
ocurrido en el presente caso, y es ello que ha llevado a que la jueza sin atentar el derecho
constitucional de los recurrentes a resolver no acoger el pedido de fiscalía de otorgar medidas
cautelares a los señores WILLIAN GERMAN MERINO PONTON y JOSE FRANCISCO MONTERO
FIGUEROA, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva, lo cual está entre sus
facultades; . . . ";
e(cid:9) Que "... tomando en consideración que en el presente asunto se trata de una infracción
penal tipificada en el Art. 260 del COIP, con respecto a la actividad ilícita de recursos minerales que
es sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años en un caso, y de uno a tres años
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en el caso por el cual se está acusando; pena que por ser inferior a los cinco años permite de
acuerdo con el Art. 536 ibídem, sustituir, circunstancias que consideramos fue observada por el
fiscal al solicitar medidas cautelares alternativas; . . . ";
e(cid:9) Que "... sin embargo no podemos dejar de observar que la jueza en cumplimiento de sus
facultades al revisar la documentación que han presentado los hoy accionantes como garantía de
arraigo no se subsumen en lo que dispone el Art. 534 numeral 3 de la norma ut supra,...";
e(cid:9) Que "... considera que NO se ha producido una violación a la garantía constitucional de
LIBERTAD, ni al debido proceso, o la seguridad jurídica con la decisión adoptada por la señora
jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de El Oro, con sede en el cantón Zaruma, quien en la
Audiencia de Calificación de Flagrancia,.."; y,
• Que, sobre dicha base, se resolvió ". . .NEGAR la ACCION COSNTITUCIONAL (sic) DE
HABEAS CORPUS propuesta por los señores WILLIAN GERMAN MERINO POMA y JOSE
FRANCISCO MONTERO FIGUEROA. (...)".
No se ajusta al espíritu del Hábeas Corpus, que como se ha dicho ut supra, es una
garantía constitucional, que en el presente caso los procesados se encuentran
ejerciendo su derecho.
3.8. Por otro lado, dado que nos encontramos resolviendo una garantía
jurisdiccional, este Tribunal de Apelación Constitucional, considera, más allá de
haberse revisado que la orden de privación de libertad haya sido emitida observando
o no el procedimiento legal, el tema nuclear es el respeto a los derechos a la
libertad, a la vida y la integridad personal; de allí que el eje de análisis ha sido
tamizar -como en efecto se lo ha hecho a lo largo de este fallo- si al momento esa
medida -que en principio pudo gozar de legalidad- es arbitraria o ilegítima (Art. 89
CRE).
Es así que, bajo dicho contexto -cabe reparar, sin que este juzgador pluripersonal y
constitucional haya entrado a tratar temas de fondo-, ha resultado evidente que los
jueces de primera instancia -en este habeas corpus- no han observado lo dispuesto
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en el artículo 11.3.5 CRE18, inobservando todas las garantías básicas del debido
proceso consagradas en los artículo 76 y 77 CRE, de allí que la decisión de primera
instancia en esta acción constitucional de negar el hábeas corpus, resulta ser
contraria a los preceptos constitucionales, pues, queda claro que la privación de
libertad de los legitimados activos se ha tornado, claramente, en arbitraria e
ilegítima, lo cual no ha vulnerado únicamente su libertad, sino que también ha
puesto en peligro su derecho a la integridad personal, al mantenérselos detenidos,
incluso, en medio de una grave crisis penitenciaria (hacinamiento, sobre problación
carcelaria, muertes, covid, etc.) que ponen nuevamante en escenario de análisis de
todos los operadores de justicia, el caracter de ultima ratio de la prisión preventiva.
3.9.- Por último, cerrando el hilo conductor y analítico de la acción que nos ocupa
(garantía jurisdiccional constitucional), y ahondando en la referencia doctrinaria
sobre el hábeas corpus, parafraseando a Néstor Pedro Sagués, es pertinente indicar
que es una suerte de garantía, en tanto posibilita, merced a la obtención de la
libertad corporal, la práctica de las restantes libertades humanas, es por ello que con
acierto se señala que es la herramienta básica, per se, de todo ciudadano.
3.9.1.- Es por ello que, desde este contexto -y conforme ya quedara indicado a lo
largo de este fallo-, debe quedar claro que la acción de hábeas corpus protege
aspectos que no solo tienen que ver con la privación ilegal o ilegítima de la libertad
de una persona, sino también aspectos relacionados con los derechos a la vida y la
integridad física de las personas; evidenciándose de esta manera la existencia de
tres derechos que protege esta garantía, como son la libertad, la vida y la integridad
física. De allí que, una vez más, retomando aquello de los tres parámetros
18 'Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (...)
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos
serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o
a petición de parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén
establecidos en la Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o
desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. ( ... )
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales,
deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia."
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indispensables (orden de privación de libertad ilegal, arbitraria, ilegítima), supuestos
indispensables para que opere la acción constitucional del hábeas corpus; se debe
indicar que el máximo órgano de control constitucional en el Ecuador (Corte
Constitucional) en una de sus varias resoluciones al respecto, ha manifestado lo que
se entiende por detención ilegal, ilegitima y arbitraria, diciendo: (...) Dicho en otras
palabras, el hábeas corpus está destinado a recuperar la libertad de una persona, cuando esta ha
sido privada de la misma, de forma ilegal, ilegítima o arbitraria. Con relación a la privación de la
libertad ilegal, esta puede ser definida como aquella ordenada o ejecutada en contravención a los
mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico. La privación de la libertad
arbitraria en cambio, es aquella ordenada o mantenida sin otro fundamento que la propia voluntad o
capricho de quien la ordena o ejecuta. Y por último, la privación de la libertad ilegítima, es aquella
ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para ello." [Sentencia No. 001-18-
PJO-CC. CASO No. 0421-14-JH].
39.2.- El juez constitucional para resolver la garantía de hábeas corpus, tiene la
obligación de verificar que la privación de la libertad que se reprocha, se haya
realizado bajo los parámetros constitucionales y legales; tanto más que el Estado es
el responsable de respetar y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la libertad a
través de sus instituciones, y por ende, sancionar a través de sus órganos
jurisdiccionales toda restricción o vulneración del mismo.
Ahora bien, si bien es cierto, esta obligación resulta ser de doble vía, pues, al no ser
la libertad un derecho de ejercicio absoluto, es susceptible de limitaciones, es por
ello que los organismos públicos, en el ejercicio de sus competencias relacionadas
con la labor de precautelar el orden público y mantener la armonía social, en el
ejercicio de su poder punitivo, están facultados para establecer las limitaciones que
sean estrictamente necesarias para conseguir sus fines; empero, no es menos cierto
que, apara la adopción de tales restricciones, se deben observar los parámetros
dados por el propio ordenamiento jurídico, el bloque de constitucionalidad y el marco
convencional de derechos humanos.
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3.9.3.- Sobre la base de todo lo abundantemente precisado, se tiene que en el
presente caso la privación de libertad de los ciudadanos WILLIAM GERMAN
MERINO POMA y JOSE FRANCISCO MONETRO FIGUEROA, resulta ser arbitraria
e ilegítima; tanto más que, lejos de señalarase que se confunde esta acción
constitucional de hábeas corpus con un recurso procesal de la jurisdicción ordinaria
—en una suerte de doble instancia y/o apelación de la medida cautelar-, el tema a
resaltar, estriba en que no se debe perder el horizonte de que por medio de esta
acción constitucional se debe proteger y primar el derecho mismo a la libertad.
Ahora bien, cabe recalcar que esta noble acción constitucional, que conforme quedó
varias veces indicado, al tratarse de una garantía jurisdiccional a través de la cual se
hace efectivo el derecho a la libertad, si bien es cierto, le permite al ciudadano acudir
ante cualquier juez a demandar su recuperación, y que aquello opera en tanto y en
cuanto los supuestos indispensables para la misma (privación de libertad ilegítima,
arbitraria o ilegal) se encuentren presentes; lo cual, en el presente caso ha ocurrido,
y ante tal premisa irrefutable, este Tribunal de Apelación Constitucional, relievando
que los juzgadores -más aún actuando como jueces constitucionales-, debemos
actuar en virtud de la potestad estatal y ejercer las competencias así como
facultades que nos son atribuidas por la Norma Suprema (art. 226 CRE), teniendo
como deber fundamental el garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos
declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
Humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o
por quienes invoquen esa calidad, como es el caso; y, tanto más que en el marco de
la Norma Normarum, la cual es garantista de los derechos humanos, es menester
precisar, que si bien bajo el paradigma del Estado constitucional de derechos y
justicia, como el adoptado por nuestro país con la Constitución del 2008, la persona
humana es el objetivo primigenio, donde la aplicación e interpretación de la ley sólo
es posible en la medida que la normativa se ajuste y no contradiga la Carta
Fundamental y la Carta Internacional de los Derechos Humanos; en este marco, los
organismos jurisdiccionales y jueces constitucionales estamos llamados a cumplir
dos objetivos fundamentales: salvaguardar y defender el principio de la supremacía
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constitucional; y, proteger los derechos, garantías y libertades públicas; pues hay
que tutelar todos los derechos humanos y garantizar su efectiva vigencia y práctica,
simplemente porque sin derechos humanos, efectivamente protegidos, no existe
democracia y tampoco puede existir constitucionalidad moderna. Norberto Bobbio,
sostenía que el problema de fondo no es tanto fundamentar los derechos humanos
cuanto protegerlos.
3.9.4.- De allí que, todos los jueces y juezas, que en ultima ratio, somos
constitucionales, en nuestra labor hermenéutica tenemos mandatos definidos entre
los cuales destacará siempre la decidida protección de los derechos fundamentales;
es por ello, que para cumplir la función de administrador de justicia, resulta
imposible, mantenerse en el plano de la mera aplicación silogística de la norma,
puesto que, en estas normas, y en particular en lo referente a los derechos, son
siempre amplios, abiertos a la definición de sus contenidos; por lo tanto el juez
"constitucional", debe esforzarse por hallar las interpretaciones que mejor sirvan a la
defensa de los derechos fundamentales; claro está, en los casos que
constitucionalmente sean procedentes, como es el caso, en donde cualesquiera que
sea la arista, la materia, el derecho o la garantía exigida; debemos resolver siempre
las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única
base de la Constitución y la ley.
3.9.5.- En este contexto -más allá de que ya quedara suficientemente abordado-,
resulta pertinente insitir cuando una disposición de privación de libertad es ilegal,
ilegítima o arbitraria y cuál es la situación que ha ocurrido en el caso concreto; al
respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chaparro
Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en sentencia, excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas, de 21 de noviembre de 2007, señaló: "89. El artículo 7.3 de la
Convención establece que "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios"..
93. En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté
consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a
continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las
medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención... Cualquier restricción a
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la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las
condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención..
En tal sentido, es menester remitirnos a lo dispuesto en el artículo 7 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituyendo ésta, uno de los
instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Ecuador, que dice: "Derecho
a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2.
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a
ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.4. Toda persona
detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del
cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin
demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes
cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene
derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal
amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí
o por otra persona.
-"»
De acuerdo al caso sub judice, es preciso referirnos al artículo 77 CRE que contiene
las garantías básicas que deben respetarse en el proceso penal cuando una
persona haya sido privada de su libertad, las pertinentes al caso concreto son las
contenida en el numeral 1: "( ...) 1. La privación de la libertad no será la regla general y se
aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la
víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de
la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y
con las formalidades establecidas en la ley (...)".
De modo tal que, queda claro, la naturaleza de la prisión preventiva como medida
cautelar es excepcional.
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3.96.- En esta línea de ideas es necesario tomar en cuenta lo señalado por la Corte
IDH, en lo referente a que: "( ...) el Estado asume una condición de garante, con las
obligaciones respectivas, con respecto a los bienes y derechos de quienes se hallan sometidas a
privación de libertad bajo la jurisdicción del Estado mismo. Esta posición de garante trae consigo
cierto deber de cuidado (...) que se traduce en acciones y omisiones cuya realización es necesaria
para satisfacer aquél en el caso concreto, conforme a las circunstancias. No se trata de deducir
consecuencias solamente del deber general del poder público de proveer seguridad y protección a las
personas sujetas a su jurisdicción, sino de establecer el carácter específico, directo e ineludible de
ese deber en el caso de quienes están sometidos, de la manera más intensa y completa, de jure y de
facto, a la potestad de autoridades públicas que tienen a su cargo la custodia misma de esas
personas o el control de su situación (un concreto deber de cuidado en ambos casos) aun cuando se
hallen bajo la atención de un tercero. "'9
Cabe señalar que si bien la prisión preventiva, como tal, no está prevista en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, hay dos normas que
indirectamente la regulan, el artículo 7, numeral 3 de la mentada Convención que
establece que "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios", y el
artículo 8, numeral 2 que dispone que "toda persona inculpada de un delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad", en relación a
estas dos normas convencionales, Ja Corte IDH ha desarrollado amplia
jurisprudencia en torno a la prisión preventiva, señalando sus principios
fundamentales:
1) La prisión preventiva constituye una medida excepcional. "La corte considera
indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al
imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional"20.
2) La prisión preventiva debe ser proporcional. "La prisión preventiva se halla limitada...
por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe
recibir igual o peor trato que una persona condenada. el estado debe evitar que la medida de
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia, caso Bulacio vs. Argentina, de 18 de septiembre de 2003,
párrafo 22.
20 Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sen-tencia del 7 de septiembre
de 2004, serie c, núm. 114, párr. 106.
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coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de
condena esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos
en los que no sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha
excedido la duración razonable de dicha medida el principio de proporcionalidad implica, además, una
relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a
la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se
"
obtienen mediante tal restricción
3) La prisión preventiva debe ser necesaria. En este sentido, la Corte IDH se ha
pronunciado respecto a que "El estado puede ordenar la prisión preventiva cuando se
cumpla con los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, existan
indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un
proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo
eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia 22
3.9.7.- El artículo 534 COIP, determina que la finalidad de la prisión preventiva es
garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento
de la pena, mientras que el artículo 520 del mismo cuerpo legal establece que los
jueces al conceder las medidas cautelares, deben considerar los criterios de
necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada, de modo tal que siendo la
libertad un derecho natural del ser humano, y un bien preciado que no puede ser
conculcado.
Es en este conexto, una vez más, que se ha verificado si la prisión preventiva
dictada en contra de los accionantes y legitimados activos WILLIAM GERMAN
MERINO PONA y JOSE FRANCISCO MONTERO FIGUEROA, dentro del juicio
penal No. 07335-2021-00022 que se sigue en su contra, por el presunto delito de
actividad ilícita de recurso mineros en la modalidad de minería artesanal, cumplía o
no con los parámetros de excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad, lo cual no
ha sido analizado en la sentencia de hábeas corpus que es motivo de apelación ante
este Tribunal; para lo cual, es preciso insitir en las siguientes consideraciones:
21 Corte IDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas, sentencia del 17 de noviembre de 2009,
serie c, núm. 206, párr. 122.
22 Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas, sentencia del 22 de noviembre de 2005, serie
o, núm. 135, párr. 198.
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e(cid:9) Basándonos principalmente en el principio de proporcionalidad, pues ante la
crisis sanitaria y penitenciaria que vive el país, examinando que los ahora
accionantes aun se encuentran procesados bajo la medida cautelar de prisión
preventiva, tomándose esta medida cautelar desproporcionada; distorsionando su
fin perseguido, lo cual podría traer consigo más afectaciones a derechos que
ventajas para el proceso penal, de modo tal que el sacrificio inherente a la
restricción del derecho a la libertad resulta exagerado o desmedido frente al mérito
que se obtiene mediante tal restricción.
e(cid:9) En consonancia con los organismos internacionales este tribunal analizando
las circunstancias del caso concreto, debe privilegiar el derecho a la libertad, la vida
y la salud, los cuales se encuentran en riesgo innecesario y ante las circunstancias
que vive el país podrían ser vulnerados; ya se ha pronunciado la Corte IDH al
respecto: (cid:9) ( ... ) 43. Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e
inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. En este sentido, el artículo 10 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un
,23
bien público (cid:9)
• Siendo la salud un bien público que ante la crisis sanitaria y penitenciaria no
puede ser totalmente garantizado por el Estado en los centros de privación de
libertad principalmente en lo relativo las medidas de distanciamiento social, por
cuanto existe hacinamiento carcelario, en tal virtud no se justifica que habiendo la
posibilidad jurídica de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva no se lo
haya hecho.
3.9.8.- De acuerdo a lo analizado en líneas precedentes, concordante con las
decisiones internacionales de protección de derechos humanos, y ante la realidad
23
Corte IDH, Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de
mayo de 2011. Serie C No. 22646.
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del caso concreto, este tribunal de apelación considera que sometida a un test de
proporcionalidad la medida cautelar de prisión preventiva en el caso in examine
resulta ser desproporcionada, excesiva, e innecesaria y la acción de hábeas corpus
la única vía posible, por tanto eficaz, que le asiste a los legitimados activos para
revisar su situación; relievando que la prisión preventiva como medida cautelar, no
es punitiva, y en la realidad en que se desenvuelve en el caso sub lite resulta
contraria a los principios de proporcionalidad y necesidad que debe cumplir esta
medida cautelar para mantenerse sin afectar derechos.
3.9.9.- Es por ello que que este Tribunal considera procedente la posibilidad de
cambiar la medida restrictiva de libertad por otras, como son, las contenidas en los
numerales 1 y 2 del artículo 522 COIP, esto es, prohibición de ausentarse del país, y
presentación periódica ante el juzgador que conoce el proceso.
A todo ello, se debe sumar que, incluso, en correspondencia a las medidas
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, y las que se han adoptado
por los estados para la contención del virus COVID-19 -y ahora la crisis
penitenciaria-, deviene que, ordenar la prisión preventiva de los accionantees
constituiría una medida poco sensata, y no es un impedimento para la prosecución
de la causa penal, por lo que jurídicamente procedente y razonable es sustituir tal
medida cautelar mediante la concesión de este hábeas corpus con carácter de
preventivo correctivo, dirigido a proteger la vida e integridad física de las personas
privadas de libertad, de acuerdo al artículo 89 CRE; así como a precautelar la
finalidad de la prisión preventiva que debe cumplir las finalidades para la cual fue
impuesta y será de ultima ratio.
CUARTO
RESOLUCIÓN
A la luz del análisis realizado, sobre la base de las consideraciones que quedan
expuestas, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia,
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ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIóN Y LAS LEYES DE LA
REPúBLICA, por unanimidad resuelve:
4.1.- Aceptar el recurso de apelación de Hábeas Corpus presentado por el abogado
Franco Barros Tinoco, > en calidad de patrocinador de los ciudadanos WILLIAM
GERMAN MERINO POMA y JOSE FRANCISCO MONTERO FIGUEROA, en razón
de que su privación de la libertad se ha tornado en arbitraria e ilegítima.
4.2.- Revocar la sentencia dictada por la Sala de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, de fecha 28 de enero de
2021, las 14h48.
4.3.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77.9 CRE, 27 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, 522.1.2 y 541.9 COIP, se impone a
WILLIAM GERMAN MERINO POMA y JOSE FRANCISCO MONTERO FIGUEROA
las medidas alternativas a la prisión preventiva consistentes en: i) Prohibición de
salida del país, para cuyo efecto la autoridad judicial (Jueza de la Unidad Judical
Multicompetente con sede en el cantón Zaruma, debtro del proceso No 07335-2021 -
00022, remitirá atento oficio al señor Director Nacional de Migración del Ecuador
haciendo conocer de esta disposición); u) Obligación de presentarse periódicamente,
cada 8 días, ante la referida autoridad judicial (para dicho efecto la Juez proveera
con el señalamiento y/o registros respectivos)
4.4.- Se advierte que, de incumplir con las medidas dispuestas, Ja autoridad judicial
competente de la Causa No. 07335-2021-00022, procederá de conformidad con la
Ley, además, que es responsabilidad de la defensa técnica de los legitimados
activos el asesorar y explicar a sus patrocinados sobre las consecuencias que le
puede acarrear el hecho de no dar cumplimiento a las medidas aquí dispuestas.
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4.5.- Ejecutoriada que fuere la presente Sentencia, remítase copias certificadas de la
misma, a la Corte Constitucional, conforme lo determinan los artículos 86.4 CRE y
25.1 LOGJyCC.
Notifíquese y Cúmplase-
-
cii i v_
LIII]
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FUNCIÓN JUDICIAL
144949646-DFE
DR.(cid:9) G
SECRETARIO RELATOR(cid:9) 7
Firmado por
FUNCIÓN(cid:9) AL CARLOS VAN
RODRIGUEZ
GAROA
DOCUMENTO FIRMADO C = EC
L=GU!TO
ELECTRÓNICAMENTE C
17013271218 |
rv
2
Lii(cid:9) it.x.*i.i..eL1;1. l 1 ri1u1(cid:9) ][€iIs]L *1'] !s11 '11:1(cid:9) [a1:
JAIME MANUEL DUTAN YUNGA, LUIS ANGEL CARPIO RAMON
DEMANDADO:
DR. RARMIRO BALTAZAR BRITO CHUCHUCA, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE
PASAJE.,
JUEZ: CORDOVA OCHOA FELIPE ESTEBAN
Iniciado: 27/01/2021
1tiit.iT.1
4
Acción de Hábeas Corpus
Recurso de Apelación CORTE N:N DE
JUSTICIA
Causa: 07113-2021-00004
JUEZ NACIONAL PONENTE.- FELIPE ESTEBAN CORDOVA OCHOA
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRÁNSITO,
CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Quito, jueves 25 de marzo del 2021, ls 09h41
Vistos.-
1. ANTECEDENTES.
1.1. María Karina Alvarez Cisneros, comparece a favor de Fares Ramón Jorge Antero,
presentando la acción de hábeas corpus' en contra del Dr. Baltazar Brito Chuchuca,
Juez de la Unidad Multicompetente del Cantón Pasaje, El Oro.
El accionante alega que el día 08 de noviembre del 2020 en la ciudad de Pasaje
provincia de El Oro, fue aprehendido por el delito de acción pública dentro del proceso
penal 07711-2020-00405, por abuso sexual, dictándose en su contra la medida
cautelar de prisión preventiva.
Refiere en el mismo contexto, que el día 19 de enero del 2021, se llevó a cabo la
audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la cual se analizó la procedencia de
la medida cautelar impuesta, arguyendo que se justificó en la referida diligencia que él
es una persona vulnerable por ser de la tercera edad o adulto mayor, y que se probó con
un informe emitido por trabajo social el lugar de su residencia, lugar en el que cumpliría
el arresto domiciliario, sin embargo, el Juez negó el pedido y ratificó la prisión
preventiva, convirtiéndose desde ese momento hasta la actualidad en una detención
ilegal. Expresa que la detención contraviene al artículo 38 numeral 7 de la Constitución
de la República, que establece, ". . . las personas adultas mayores (...) en caso de prisión
preventiva se sonietern a arresto domiciliario" ('sic), mandato constitucional que debe
ser aceptado sin excusa alguna. Afiade que el Juez de Garantías Penales yerra al
interpretar que la sustitución de la prisión preventiva es facultativa y no imperativa, por
basarse en la interpretación de los artículos 536 y 537 del COIP, inobservando reglas
específicas señaladas en el artículo 13 ibídem, Las normas de este Código deberán
interpretarse de conformidad con las siguientes reglas "1. La interpretación en materia
penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de
1 Ver demanda fs. 33-38 del cuaderno de instancia.
manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. 2. Los tipos
penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el sentido
literal de la norma" ('sIc). Alega que los artículos 536 y 537 del COIP, deben ser
interpretados conforme a la regla primera, esto es en el sentido que más se ajuste a la
CRE, asumiendo que el arresto domiciliario es un derecho adquirido de la persona adulta
mayor y a la vez un mandato constitucional que debe cumplir toda autoridad. Respecto
a que el arresto domiciliario no podrá cumplirse en el domicilio que se encuentre la
víctima, arguye que existen varias diligencias que se realizaron dentro de la instrucción
fiscal, esto es el informe de N° 2020111522382633956-DIN, Informe pericial social,
Informe psicológico social pericial, Informe de trabajo social, Certificado del Registro de
la propiedad del Cantón Pasaje, Declaración Juramentada, Certificado Biométrico.
Sustenta su acción en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, solicita que se acepte el habeas corpus y que se ordene el arresto
domiciliario con vigilia policial en el inmueble ubicado en las calles Azuay y Atahualpa,
de la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro.
1.2. La parte accionada, Dr. Ramiro Baltazar Brito Chuchuca, Juez de Garantías Penales
informa', que ya se presentó una misma acción de hábeas corpus con número 07112-
2020-00017, en la cual los miembros de la Sala, hicieron un análisis de lo referido por
el accionante, así mismo en la audiencia preparatoria de juicio (conforme expediente
penal) se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del procesado, la
documentación expuesta por Fares Ramón Jorge Antero, fue revisada por fiscalía, quien
solicitó que se ratifique la medida cautelar conforme lo señalado en el artículo 536 del
COIP, en el expediente penal se hace referencia de lo que ya fue tratado, no solamente
en la audiencia de calificación de flagrancia sino también en la audiencia de revisión de
medida cautelar y también en la audiencia de hábeas corpus que fue realizada en la
Corte Provincial de Justicia de El Oro, el accionante manifiesta en que el artículo 537
del COIP, podrá ser sustituido la prisión preventiva, siendo una facultad del Juez
sustituirla o no, punto que ya se trató en audiencias anteriores, y que de lo referido a la
dirección que se menciona a la residencia, en las calles Azuay, Yaucarima y calle Uno,
de tal manera que no puede referirse que no vivía en el mismo lugar de la víctima,
inclusive no se ha dicho que el procesado es tío de la niña menor de cuatro años, el
Juzgador consideró el hecho de que esta situación de revisión de medida cautelar de
2 Ver audiencia, de 28 de enero del 2021, fs. 61-68- comparece la parte accionada por medio telemático.
prisión preventiva ya fue realizada, inclusive se presentó hábeas corpus en el que se
consideró el estado del actuante, donde la Sala Provincial de lo Civil, realizó un análisis
importante sobre los métodos y reglas constitucionales en este caso los principios de
proporcionalidad, de ponderación, haciendo un balance de los derechos expuestos
usando las normas internacionales que tiene que ver con la protección de niños y
adolescentes así como también el hecho de que existe una mera expectativa del lugar
que se refiere el procesado hoy accionante Jorge Fares Ramón, tratando de obtener un
beneficio constitucional que no ha sido justificado, es así que se ha ratificado la medida
cautelar interpuesta al procesado.
1.3. La Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y adolescencia de la Corte Provincial
de Justicia de El Oro mediante sentencia de fecha 01 de febrero del 2021, resolvió
rechazar la acción constitucional de hábeas corpus; por considerar que
(..)La hipótesis presentada al suscrito tribunal por parte del accionante dentro de
esta audiencia es la falta de valoración periódica y/a necesidad de que la medida de
privación de libertad se mantenga, al no sustituir la prisión preventiva por arresto
domiciliario, como forma particular de la inconducta omisiva: "privación de libertad
arbitraria o ilegitima. Que al decir del accionante hace que la privación preventiva
que se mantiene en contra del ciudadano JORGE ARTEMIO FARES RAMON se torne
ilegal por no haber sido acogida por el juez de garantías penales, y sustituida por
arresto domiciliario a sufavordentra de la causa No.07711-2019-00405. 3.3.- Dentro
de este contexto nos corresponde analizar como jueces de garantías jurisdiccionales,
establecer si la privación de la libertad que se mantiene en contra del accionante y
al no haber sido sustituida por arresto domiciliario se torna en ilegal conforme lo
establece la norma invocada. En el caso sub examine se evidencia que el accionante
ha realizado su fundamentación en lo dispuesto en e/art. 89 de la Constitución de la
República del Ecuador y 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, alegando que se encuentra privado de su libertad por detención
ilegal. En este punto, conviene determinar si existieron las actuaciones tendientes a
privar de la libertad en forma legal, legítima yjustíficada del accionante. Vale decir
que, en observancia a la garantía de tutela y legalidad (Art. 76 numerales 1 y 3 de la
Constitución de la República) la privación de la libertad debe estar matemáticamente
encuadrada y/a ejecutada en lo que determina la norma orgánica integral penal a
la luz de la Constitución. Esto es si la privación de libertad de la accionante, ha sido
al margen de la regulación legal (ósea ilegal), ha sido producto de la voluntad
inmotivada del juez (ósea arbitraria) o violatoria al bloque de constitucionalidad, y
por ende, inaceptable en la comunidad política donde las normas poseen su eficacia
(ósea ilegítima), mediante la determinación de vicios de procedimiento en la
privación de libertad. Por lo que nos remitimos al proceso penal No. 07711-2019-
00405 que se siguiere en contra del ciudadano Jorge Antera Fares Ramón y que ha
sido puesto a nuestro conocimiento y revisada que ha sido la misma, se evidencia
que efectivamente el 19 de enero de 2021, se ha llevada a efecto la audiencia de
evaluación ypreparatoria de juicio, en la cual se analiza la medida cautelar de prisión
preventiva girada en contra de Jorge Antera Fares Ramón por presunto abuso sexual,
en la cualfiscalía solicito se dicte auto de llamamiento ajuicio en contra de/proceso
(ahora accionante) por presunto abuso sexual pidiendo se mantenga la medida
cautelar dictada, esto es prisión preventiva, pronunciándose e/juez de la causa que
lamentablemente no cumple con los requisitos que exige la ley como para cambiar
la medida cautelar. 3.4.- Para comprender la particularidad del fenómeno
presentado ante el suscrito tribunal, debe rea/izarse las siguientes puntualizaciones:
a) Según los asertos procesales, se observa que el accionante ha justificado ante
autoridad judicial la necesidad de sustitución de la prisión preventiva por arresto
domiciliario, pero ésta no ha sido acogida mediante decisión competente y apegada
a procedimiento. La diferencia sustancial que se demanda inobservada es la correcta
valoración probatoria de los justificativos que legitiman el arresto domiciliario. Sin
embargo, este tribunal observa que la orden de prisión preventiva ha sido dictada:
1. Observando la competencia del juzgador. 2. Dentro del procedimiento
correspondiente. Cumpliendo las garantías constitucionales aplicables al
procesamiento penal: mediante auto judicial y boleta de encarcelamiento. b) En tal
efecto el Código Orgánico Integral Penal señala por una parte en su Art. 5.15
"Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros
establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales
ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes
principios: 15. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales el impulso del
proceso, conforme con el sistema dispositivo". Esto es que a cada parte le
corresponde el impulso del proceso en el marco del principio dispositivo; es decir, que
correspondió al accionante ejercer los medios de defensa técnica en la justificación
de otras medidas sustitutivas mejor aplicables, mediante los mecanismos de
apelación, sustitución, caución o revocatoria, que establece la norma ut-supra. c) El
fenómeno que acusa violatorio el accionante es una valoración judicial defectuosa
en sede ordinaria, cuestión no regulada en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional. La orden de privación de libertad que actualmente existe
carece de vicios procedimentales y ha operado como lo materialización de los
derechos de la víctima establecidos en el Art. 78 de la Constitución de la Republica
dispone: "Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les
garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de
las pruebas, yse las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación.
Se adoptarán mecanismos paro una reparación integral que incluirá, sin dilaciones,
el conocimiento de lo verdad de los hechos y la restitución, indemnización,
rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se
establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes
procesales". Lo cual ha operado, como fruto del ejercicio legítimo de las
competencias de fiscalía y la justicia penal. d) Así mismo, se considera que la
modificación de la prisión preventiva es un fenómeno procesal dispositivo, es decir,
requiere de una solicitud de parte, conforme normas de referencia como el Código
Orgánico General de Procesos. Por tanto no se ha demostrado existencia de
vulneración a los derechos constitucionales del accionante, ya que su detención ha
sido legal conforme así se evidencia del proceso penal No. 07711-2020-00405 por
abuso sexual que se sigue en contra del ahora accionante en la presente acción
constitucional, verificando además del informe de trabajo social que obra del mismo
expediente penal, que su estado de salud es estable. QUINTO.- PARTE RESOLUTIVA:
Por todo lo expuesto, El Tribunal de la Sala de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y
LAS LEYES DE LA REPUBLICA, en los términos de este pronunciamiento, expide la
siguiente: SENTENCIA 1.- NEGAR la Acción Constitucional de Habeas Corpus,
planteado por la señora Maira Karina Álvarez Cisneros, en favor del ciudadano
JORGE ANTERO FARES RAMON por considerar que la privación de su libertad ha sido
de manera legal, y no se enmarco en los presupuestos establecidos en el Art. 89 de
la Constitución de la Republica y Art. 43 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional"
1.4. El accionante Jorge Antero Fares Ramón, a través del Abogado Jaime Dutan Yunga,
apeló' de la resolución adoptada, por cuanto considera que la detención es ilegal por
cuanto contraviene con el artículo 38 numeral 7 de la Constitución de la República, ya
que el mismo Estado garantiza los derechos de las personas adultas mayores por su
situación de vulnerabilidad en que cumplan con el arresto domiciliario, que la
disposición enmarcada no es facultativa sino imperativa. Que se ha justificado que la
persona adulta mayor, esto es Fares Ramón, contará con la facilidad de una vivienda
Ver escrito presentado a fs. 135-139 del cuaderno de instancia de hábeas corpus
proporcionada por el señor Adolfo Blacio Tinoco, ubicado en las calles Atahualpa y
Azuay con la diferencia de 1000 metros de la vivienda en donde se encontraba viviendo
la víctima.
2. COMPETENCIA Y VALIDEZ PROCESAL
2.1. El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución 008-2021', resolvió
declarar concluido el concurso de oposición y méritos, impugnación, y control social para
la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia
quienes han sido nombrados y posesionados. Mediante Resolución N° 02-2021 dictada
por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, se integran las Salas Especializadas para el
conocimiento de las causas ingresadas. La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia,
es competente para conocer los diferentes recursos interpuestos; en este caso, el recurso
de apelación de conformidad con el mandato constitucional artículo 184.1 y a lo dispuesto
en el Art. 44.4 y 169.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional6. Correspondiendo a este Tribunal integrado por los señores doctores Luis
Rojas Calle, Juez Nacional Encargado (mediante la correspondiente acta de sorteo y oficio
suscrito por el Presidente de la Corte Nacional con fecha 12 de febrero del 2021), Marco
Rodríguez Ruiz, y Felipe Córdova Ochoa Jueces Nacionales, resolver el recurso de
apelación de la sentencia constitucional de hábeas corpus.
2.2. A la presente acción constitucional se le ha dado el trámite que, según su naturaleza,
le corresponde y no se aprecia omisión de solemnidad que hubiera podido influir en la
decisión. En lo principal, dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del
Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por
RESOLUCIÓN 008-2021 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA, fecha: 28/01/2021 Registro Oficial
- Tercer Suplemento N2 381 de 29 de enero de 2021.
Art. 184 CRE.- Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley,
las siguientes: 1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley
6 Art. 44 LOGJYCC.- Trámite.- La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren aplicables las normas
generales, seguirá el siguiente trámite: 4. Procede la apelación de conformidad con las normas comunes
a las garantías jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido dispuesta en la Corte Provincial de Justicia,
se apelará ante la Presidenta o Presidente de la Corte Nacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por la
Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión preventiva.
Art. 169 ibídem.- Corte Nacional de Justicia.- Compete a la Corte Nacional de Justicia: 1. Conocer y resolver
los recursos de apelación de las acciones de hábeas corpus resueltos por las cortes provinciales, en los
términos establecidos en esta ley.
no considerar necesario convocar a audiencia ni la práctica de elementos probatorios,
se dispone pasen los autos para resolver lo que en derecho corresponda
3.- LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS.- SU NATURALEZA JURÍDICA.
3.1. El hábeas corpus es una garantía jurisdiccional que por su naturaleza se encarga
de proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la
persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier
persona. La disposición del artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional' enumera algunas de las formas de ilegalidad, arbitrariedad o
ilegitimidad que permiten el ejercicio de esta acción y que el accionante recupere su
libertad. Así mismo, se establece que, por medio de esta garantía, se ha de proteger los
derechos de libertad, vida e integridad física.
3.2. El hábeas corpus en su sentido clásico, tutela de manera directa la libertad
personal contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a
las autoridades correspondientes, con la finalidad de que una persona privada de
libertad pueda comparecer ante un Juez y así la justicia examinar la legalidad de la
privación y, de ser el caso, decretar su libertad.'
3.3. El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad
de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal
competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial
' Art. 43.- Objeto.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad
física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o
por cualquier persona, tales como: 1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima,
protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado
de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; 2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada
o expatriada del territorio nacional; 3. A no ser desaparecida forzosamente; 4. A no ser torturada, tratada
en forma cruel, inhumana o degradante; 5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes
de haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o
donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad; 6. A no ser detenida por deudas, excepto
en el caso de pensiones alimenticias; 7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o
condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez; 8. A la inmediata excarcelación de la
persona procesada cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los
delitos sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9. A no ser
incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10. A ser puesta a disposición
del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su
detención.
8 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986.
Serie A No. 6, artículo 7.6: Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene
su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda
persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o
tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede
ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
la función que cumple el hábeas corpus corno medio para controlar el respeto a la vida
e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su
lugar de detención, así corno para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.9
3.4. En un sentido conceptual más amplio, el profesor peruano, Dr. Huerta indica que
el hábeas corpus procedería: "ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida,
la integridad física y psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan
recluidas en establecimientos penales, e incluso de personas que, bajo una especial
relación de sujeción, se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento,
públicos o privados; ante acciones u omisiones que importen violación o amenaza del
derecho al trato di-no ya no ser objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes"1°
Con los elementos señalados los Jueces que conocen la acción de hábeas corpus,
conforme lo resuelto por la Corte Constitucional11, están obligados a realizar un
análisis integral que incluye no solamente la detención, sino también las alegaciones
específicas realizadas por los accionantes en el sentido de la forma corno se habría
vulnerado su derecho a la defensa y se los colocó en situación de indefensión, condición
que, según ellos la mantienen al momento de presentación de la demanda
constitucional.
3.5. En este sentido, se puede decir que esta acción de hábeas corpus, se convierte en
un instrumento para la obtención de justicia, por cuanto se encuentra ligado al
derecho individual de la persona, que puede ser invocado por el propio titular o por
un tercero, en un caso específico. Trastocándose, en un pilar esencial de la tutela judicial
efectiva, y, en uno de los conceptos fundamentales del sistema procesal. Para Pablo
Camargo, el hábeas corpus es "... un derecho fundamental y, a la vez, una acción
constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la
libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o ésta se
prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá in vocarse o incoarse por una sola
vez y para su decisión se aplicara elprincipio pro 1101liine"12. En nuestra legislación,
(Corte IDH. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías -arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana
sobre Derechos Humanos-. Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8).
'° HUERTA Guerrero, Luis; Hábeas Corpus y Condiciones de Reclusión; Comisión Andina de Juristas;
Lima; 2003; Págs. 10 y 11.
11 Corte Constitucional en sentencias: N. 001-10-PJO-CC, N. 017-18-SEP-CC, N. 247-17-SEP-CC, N. 171-
15-SEP-CC, 237-15-SEP-CC, 239-15-SEP-CC, 249-16-SEP-CC; y, 389-16-SEP-CC.
12 PEDRO PABLO Camargo, "La acción de Hábeas Corpus", Editorial Leyer, Bogotá —Colombia 2006,
pág. 117)
el principio pro homine se ve reflejado en el artículo 11 de la Constitución de la
República`, y el método de aplicación de una norma que favorezca a su efectiva
vigencia.
4.- RECURSO DE APELACIÓN DEL HÁBEAS CORPUS, POR PARTE DEL RECURRENTE:
4.1. EL legitimado activo, Jorge Antero Fares Ramón, a través de su abogado defensor
Jaime Dutan Yunga, interpone recurso de apelación ante la negativa de la acción de
hábeas corpus, debido a que alega que la prisión preventiva impuesta por el Juzgador
se torna en ilegal por desacatar lo dispuesto en el artículo 38 numeral 7 de la
Constitución de la República, que en lo pertinente dispone "El Estado establecerá
políticas públicas yprogramas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán
en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de
género, la étnea, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía
personalyparticiación en la definición y ejecución de estas políticas. 7 creación de
regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad En caso
de condena a pena privativa de libertad siempre que no se apliquen otras medidas
alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de
prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario." (sic).
5. MOTIVACION Y CONSIDERACIONES PARA RESOLVER
5.1. Conforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional14
,
las garantías deben ser objeto de un proceso de conocimiento, en donde se ha de declarar
si existió o no una violación de un derecho de orden constitucional, para lo cual se ha
de contar con la evacuación de pruebas, y como resultado se ha de ordenar las medidas
de reparación respectivas. En cuanto al hábeas corpus, en su artículo 45 enumera las
reglas que ha de seguir el juzgador o tribunal para cumplir con las medidas
13 Art. 11 CRE.- (...)3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de
los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén
establecidos en la Constitución o la ley. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las
servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación
que más favorezcan su efectiva vigencia.
14 Art. 6 LOGJYCC.- Finalidad de las garantías.- Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la
protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como
la reparación integral de los daños causados por su violación.
específicas`, tiene por objeto "recuperar la libertad de quien se encuentre privado de
ella de forma ilegal, arbitraria o ¡legítima"", cada una de estas condiciones tienen
connotaciones distintas, haciendo un breve resumen podríamos decir que la privación
17
se torna en arbitraria cuando, se alude a una situación inequitativa o injusta dentro
de una discusión axiológica, pese a que formalmente exista una detención legal;
ilegitima" cuando dicha detención provenga de una autoridad no competente, cuyas
funciones no son destinadas a dicha orden; por último, hemos dejado la ilegalidad`, por
motivo de que este es el sustento del recurso de apelación del presente hábeas corpus, el
cual trata de la transgresión de ir en contra de una norma legal, es decir que las causales
y condiciones de su privación deben estar justificadas dentro del ámbito normativo.
5.2. De la revisión del presente expediente de hábeas corpus, se puede constatar que el
abogado defensor, Jaime Dutan Yunga, compareció a la audiencia oral y pública20
estableciendo que Jorge Antero Fares Ramón ha presentado con anterioridad una acción
de hábeas corpus en contra de su privación de libertad que obedece a la medida cautelar
de prisión preventiva en el proceso penal N°01711-2020-00405, por abuso sexual, en
ese contexto el abogado supo responder que esa acción (primer hábeas corpus) se la
presentó por motivo de las irregularidades en la audiencia de calificación de flagrancia
y formulación de cargos, mientras que la actual acción de hábeas corpus, es referente a
las presuntas ilegalidades que se han presentado en la audiencia preparatoria de juicio,
momentos y etapas diferentes dentro del proceso penal, razón por la cual se da paso al
estudio de su supuesta detención ilegal.
15Art. 45 ibídem.- ( ... ) 1. En caso de verificarse cualquier forma de tortura se dispondrá la libertad de la
víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la
libertad.2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del derecho,
dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral. La privación arbitraria o ilegítima se presumirá en
los siguientes casos: a) Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia. b) Cuando no se exhiba la
orden de privación de libertad. c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales
o constitucionales. d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad.
e) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares, cuando no se justifique
la privación de libertad. 3. La orden judicial que dispone la libertad será obedecida inmediatamente por
los encargados del lugar de la privación de libertad, sin que sea admisible ningún tipo de observación o
excusa.4. En cualquier parte del proceso, la jueza o juez puede adoptar todas las medidas que considere
necesarias para garantizar la libertad y la integridad de la persona privada de libertad, incluso podrá
disponer la intervención de la Policía Nacional.
' Art. 89 de la Constitución de la República.
Arbitrariedad Sagüés, Néstor Pedro, Derecho procesal constitucional. Acción de amparo, 5 ed., 3a
reimpreso, Buenos Aires, Astrea, 2015, t. 3, pág. 107).
18 Ilegitimidad, Corte IDH en el Caso Chaparro Lapo vs. Ecuador
19 Ilegal, Opinión Consultiva 8/87, Corte IDH párr. 33 y 35.
21 (Fs. 61-Cd, 62-65 acta) audiencia telemática, oral, pública de hábeas corpus 07113-2021-00004
5.3. La defensa técnica del accionante, mantiene su posición de que existe una medida
cautelar (prisión preventiva) ilegal en contra de Jorge Antero Fares Ramón, por cuanto
se ha demostrado que es adulto mayor, y que por esta circunstancia el Juez de Garantías
Penales, debe cumplir con lo ordenado en el artículo 38 numeral 7 de la Constitución
de la República, y que en la audiencia preparatoria de juicio dentro del proceso penal,
se demostró que el procesado contaba con un domicilio en donde cumpliría el arresto
domiciliario, sin embargo no se modificó ni sustituyó la medida cautelar.
5.4. Para resolver este Tribunal, ha revisado las circunstancias en las que el abogado ha
presentado la acción constitucional de hábeas corpus N° 07112_20200001721 > en
donde se verifica que con fecha 5 de enero del 2021, la Sala de la Familia, Niñez,
Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, resuelve el
recurso de apelación presentado por el mismo abogado Jaime Dutan Yunga (primer
recurso), constando en su alegación como uno de los puntos a tratar, el cambio de la
prisión preventiva al arresto domiciliario en la habitación ubicada en las calles Azuay y
Atahualpa del Cantón Pasaje, provincia de El Oro, adjuntando los mismos informes, N°
2020111522382633956-DIN, pericial social, psicológico social pericial, de trabajo
social, y certificados del Registro de la propiedad del Cantón Pasaje, certificado
Biométrico, declaración Juramentada, documentos que a su decir sirvieron de sustento
para aseverar que la medida de prisión preventiva contraviene con el ordenamiento
jurídico, en concreto con el Art. 38 numeral 7 "( ..) a las personas adultas mayores
(..)
en caso de prsión preventiva se someterán a arresto domiciliario.", en donde la Sala
respectiva de la Corte Nacional, ha dicho
( ... De la revisión del proceso, debemos tener en consideración que tenemos una víctima y un
procesado; en este caso, la víctima es una menor de cuatro años de edad y el procesado es un
adulto mayor, ante un presunto delito de violencia sexual, por lo tanto la víctima como el procesado
gozan de los derechos de atención prioritaria, en este caso una niña y un adulto mayor; teniendo
en consideración que tiene una doble atención prioritaria una víctima de violencia sexual, debiendo
el Estado prestar especial protección a las personas de doble vulnerabilidad (Art. 35 de la
Constitución de la República del Ecuador CRE). En el caso de los adultos mayores el Estado debe
tomar medidas o regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En
el presente caso el accionante Jorge Antera Fares Ramón, apelo de la decisión del tribunal de
instancia, en cuanto arguye que es una persona adulta mayor, por tal circunstancia se debió
cambiar la medida cautelar en concordancia al artículo 38 numeral 7 de la Constitución, y
sustituirla por el arresto domiciliario.(...) en efecto es una persona mayor de edad que sobrepaso
los 65 años de edad, por tanto pertenece al grupo de atención prioritaria que reconoce nuestra
Constitución, esto es a las personas adultas mayores, sin embargo la disposición del articulo 38
numeral 7 señala: Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas
de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras
21 FS. 86-89 (demanda), fs. 106-109 (apelación) del expediente de hábeas corpus 07112-2020-00017, ver
sistema SATJE.
medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de
prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. Es una disposición facultativa, puesto que
la norma aplicativa, en este casa el artículo 537 del COIP, integro dicha disposición dándole la
facultad al juez de sustituir la prisión preventivo con el arresto domiciliario, cuando la persona
procesada sea mayor de los 65 años de edad. En razón de dicha disposición el Juez de Garantías
Penales, dentro de sus facultades evalúa la procedencia o no de la sustitución de la medida
cautelar, siendo el resultado la permanencia del procesado hoy recurrente-, el de mantener vigente
la medida de prisión preventiva, esto en conocimiento al principio del interés superior del niño y de
la adopción de medidas paro lograr dicha protección, en este caso de la víctima dentro del proceso
penal, una niña menor cuyo delito es en contra de su integridad sexual donde el procesado es
miembro del núcleo familiar (Tío), y que reside en el domicilio de la víctima...`
5.5. De lo replicado, puede destacarse en lo concluyente que las circunstancias del hoy
accionante dentro del proceso penal N° 07711-2020-00405, no han cambiado, los
argumentos del recurso de apelación son reiterativos, apoyándose en que la prisión
preventiva se torna en ilegal por cuanto Jorge Antero Fares, es una persona adulta
mayor, que supera los 65 afos de edad, fundamentándose en el mandato de
optimización contemplado en el artículo 38 numeral 7 ". . en caso de prisión preventiva
se sonietern a arresto dorniciliarid'. Dicha disposición constitucional, es facultad o
potestad del Juez23, en razón de que se determinará si se cumple o no con las
circunstancias y requisitos para su aplicación, encuadrándose en las disposiciones del
artículo 537 del C01P24, norma de regulación procesal que cumple con la finalidad de
desarrollar y determinar la relación jurídica a establecerse por el Juzgador y los sujetos
procesales, ya que el sistema procesal normado en el Código adjetivo penal se basa en el
mandato constitucional del artículo 169 de la Carta Magna2 5, debido a que el sistema
procesal es un medio para la realización de justicia, por eso es que la medida cautelar
de prisión preventiva se la ha mantenido en base a los criterios de necesidad y
proporcionalidad, pilares fundamentales para que una medida cautelar pueda ser
efectiva y tratar de conseguir los fines procesales que persigue el sistema penal, que en
definitiva es, que en el momento procesal oportuno se conozca y resuelva la situación
22 Sentencia No. 002-2021, proceso No. 07112-2020-00017, SEFNAAI-CNJ, considerandos 4to.
23 La incidencia del proceso justifica que se dedique especial atención a la forma como el juez debe proferir
su decisión, y a las medidas que deba tomar para que el litigio se resuelva en la forma más acertada
posible. https://www.derechoecuador.com/poderes-y-facultades-del-juez-en-el-ejercicio-jurisdiccional.
24 Art. 537 COIP.- "Casos especiales.- Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión
preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica,
en los siguientes casos:... 2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco años de edad.... En
los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar, el arresto domiciliario no podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra la víctima".
25 Art. 169 CRE.- "El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía
procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión
de formalidades".
jurídica del procesado; entonces el cuadro procesal no ha variado y por eso se ha
mantenido la medida cautelar dictada oportunamente.
5.6. El 19 de enero del 2021, se realizó la audiencia de evaluación y preparatoria de
juicio en el caso penal 07711-2020-0040526, en el que se declaró la validez procesal
de lo actuado, y en lo medular se ratificó la medida de prisión preventiva conforme el
artículo 608 numeral 3 del COIP, y se dictó auto de llamamiento a juicio, conforme
resolución del Juez de Garantías Penales, Ramiro Baltazar Brito. Esta medida cautelar
fue impuesta en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos de
fecha 09 de noviembre del 2020, en donde fue pedida y fundamentada por Fiscalía en
base a sus atribuciones determinadas en los artículos 520.2 y 442 numeral 11 ibídem27
concediéndole la medida por parte del Juez, el cual consideró "que el fin de la medida
expuesta es garantizar la comparecencia del procesado a un eventual juicio, teniendo
en cuenta la documentación presentada por la defensa no tiene nada que ver con el
procesado siendo que la norma constitucional es facultativa y no impositiva... "
disponiendo la boleta de encarcelamiento respectiva N° 07711-2020-000231 en
donde se desprende del proceso que se ha tenido en cuenta el interés superior del niño
(a)28 que pertenece a un grupo de atención prioritaria y que se habría vulnerado el bien
jurídico integridad sexual, conforme lo dispone el artículo 66.3 de la Constitución de la
República. Esta privación de libertad, también ha sido objeto de audiencia de revisión,
revocatoria o suspensión de medida cautelar en fecha 07 de diciembre del 2020, donde
se ha ratificado la prisión preventiva en contra del procesado, concluyendo por parte
medíos
del Juez a quo "que no se ha justificado los circunstancias para la obtención
de dicho ben cficid'.
5.7. Considerando las circunstancias en que se produjo la privación de libertad del
accionante, esto es (flagrancia) y luego el inicio del juicio penal (formulación de cargos)
observando lo dispuesto en el artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la República,
la prisión preventiva no se ha tornado en ilegal, arbitraria o ilegitima, tanto más como
ya se ha mencionado, el artículo 38 numeral 7 ibídem, es un mandato de optimización,
26 (Ver Fs. 266-270 del expediente hábeas corpus 07113-2021-00004).
27 Art. 444 COIP.- Atribuciones de la o el fiscal 11. Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas
cautelares y de protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el restablecimiento
del derecho. Igualmente podrá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas cuando estime que la
investigación practicada ha permitido desvanecer los indicios que las motivaron.
28 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Art. 3. ... En todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño.
u
cuya aplicación es potestativa para el administrador de justicia, esto en relación con el
Art. 537 inciso primero del COIP, siempre que no transgreda el ordenamiento jurídico
vigente, es decir el Juez de Garantías Penales, dentro de sus competencias y facultades
evalúa la procedencia o no de la sustitución de la medida cautelar, en virtud de la posible
gravedad e impacto de la infracción (de acuerdo al tipo penal imputado y hoy acusado)
y de la adopción de medidas para lograr la protección de la víctima, ya que el presunto
agresor sería tío de la niña (víctima) y que pertenece al núcleo familiar, además que se
presentó como elemento de convicción un informe pericial trabajo social (fs. 23-28) de
que la dirección en que residía y quería cumplir en primera instancia un arresto
domiciliario, es la misma dirección del domicilio de la niña agredida, para luego decir
de que iba a vivir a más de 1000 metros de su domicilio. Por tanto se ha ponderado el
derecho de la menor a una justicia eficiente y eficaz, a no ser revictirnizada conforme lo
dispone el artículo 78 de la Constitución de la República, además que se trata de una
persona con doble vulnerabilidad conforme lo dispone el artículo 35 ibídem.
5.8. Como conclusión la medida cautelar sujeta a evaluación, cumple con las finalidades
Col
contempladas en el artículo 519 del , con las reglas generales y con los requisitos
1
legales enumerados en los artículos 520 y 534 ibídem, por tanto no es ilegal, puesto que
se encuentra dentro de la normativa procesal penal y con sujeción al trámite
correspondiente para la sustanciación de las etapas procesales; no es arbitraria, por
cuanto se ha utilizado un método de ponderación, siendo legal y compatible con las
leyes ordinarias y constitucionales sin que exista una desproporción` en la medida
optada, cumpliendo con los parámetros de motivación y los principios de necesidad y
razonabilidad. Finalmente, no es ilegítima por cuanto ha sido dictada por la autoridad
competente en el ejercicio de sus competencias y atribuciones.
6.- RESOLUCIÓN
29 Artículo 519.- Finalidad.- La o el juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección
previstas en este Código con el fin de: 1. Proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en
el proceso penal. 2. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento
de la pena y la reparación integral. 3. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que
desaparezcan elementos de convicción. 4. Garantizar la reparación integral a las víctimas.
30 Acerca de la proporcionalidad, Mir Puig ha expresado que este principio no nació para las penas, sino
justamente, para las medidas de seguridad. Pues la falta de límite generada por la ausencia de culpabilidad
en su sujeto pasivo hace necesaria la aplicación de esta garantía republicana, y así evitar desproporciones
graves en comparación con su utilidad preventiva (p. 1362). Mir Puig, S. (2009). El principio de
proporcionalidad como fundamento constitucional de límites materiales del Derecho Penal. En J. C.
Carboneil Mateu, J. L. González Cusacc, E. Orts Bereguer & M. L. Cuerda Arnau (coords.). Constitución,
derechos fundamentales y sistema penal. (Tomo II). Valencia: Tirant lo Blanch.
Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, se confirma la resolución apelada y dictada por la Sala
Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia
de El Oro, que rechaza la acción de hábeas corpus presentada porJORGE ANTERO PARES
ROMAN Ejecutoriada esta sentencia remítase copia a la Corte Constitucional de
conformidad con el artículo 86.5 de la Constitución de la República, y devuélvase a la
Sala respectiva. Notifíquese y cúmplase..-
Dr. Felipe Córdova Ochoa
JUEZ NACIONAL
-.(cid:9)
J..!.
Dr. Luis Iojas Calle
JUEZ NAMONAL (E)
Certifico:(cid:9) /
¿--......
Abgl Jesica Burbano 'Piedra
SERkiTAIA RELATOFA
wi
145568259-DFE
En Quito, jueves veinte y cinco de marzo del dos mil veinte y uno, a partir de las
quince horas y veinte y un minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la
SENTENCIA que antecede a: ALVAREZ CISNEROS MAIRA KARINA en el correo
electrónico jaimeanimohotmail.com, en el casillero electrónico No. 0704396092 del
Dr./Ab. JAIME MANUEL DUTAN YUNGA; ALVAREZ CISNEROS MAIRA KARINA,
FARES RAMON JORGE ANTERO en el correo electrónico
angI_261krpiohotmail.es, en el casillero electrónico No. 0704740240 de¡ Dr./Ab.
LUIS ANGEL CARPIO RAMON. DR. RARMIRO BALTAZAR BRITO CHUCHUCA,
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE PASAJE. en el correo electrónico
ramiro.britofuncionjudiciaI.gob.ec. AB. KEREN APOLO MONTERO, DIRECTORA
DEL CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS DE EL
ORO. en el correo electrónico keren.apolo©atencionintegral.gob.ec,
Iigia.capa@atencionintegral.gob.ec, siIvania.veIezatencionintegral.gob.ec, en el
casillero electrónico No. 0704387042 de¡ Dr./Ab. KEREN JEMIMA APOLO
MONTERO. Certifico:
BURBANO PIEDRA JESSICA GABRIELA
SECRETARIA RELATORA
Firmado por
UNCION JUDICIAL (cid:9)
PIEDRA
OCUMENTO FIRMADO FIBITO
LECTRÓNICAMENTE CI8451964 |
160073343-DFE
Juicio No. 07371201900202
JUEZ PONENTE: DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI, JUEZA NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, lunes 4 de octubre del 2021, las 14h52. VISTOS:
ANTECEDENTES
a) Relación circunstanciada de la decisión impugnada:
En el juicio de trabajo que sigue la señora Jennifer Chiquinquirá García Ojeda contra de la señora
Paola Elisa Paz Espíndola; la Sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Laboral de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro, dictó sentencia el 18 de diciembre de 2019, las 16h06, en la cual,
“(…) RESUELVE:
“NEGAR el RECURSO de APELACIÓN la actora señora JENNIFER CHIQUINQUIRA
GRACIA OJEDA.
.NEGAR la ADHESIÓN al RECURSO DE APELACIÓN propuesto por la demandada
señora PAOLA ELIZA PAZ ESPINOZA.
.RATIFICAR LA SENTENCIA dictada por el juez a quo en todas sus partes. (…)”, misma
que declaró sin lugar la demanda.
Inconforme con esta decisión, la actora interpuso recurso de casación amparado en los presupuestos
del caso dos del Art. 268 del Código Orgánico General de Procesos.
b) Actos de sustanciación del recurso:
En auto de 12 de octubre de 2020, las 12h12, el doctor Víctor Rafael Fernández Alvarez, Conjuez
Nacional Encargado, respecto del recurso de casación interpuesto, resuelve: “(…) se admite a trámite
el recurso de casación propuesto , de acuerdo a lo establecido en el tercer inciso del art. 270 ibídem
sustituido por el artículo 43 de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de
Procesos (…)”.
Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:
PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
La competencia de este Tribunal se ha radicado en mérito del sorteo realizado de conformidad a lo
dispuesto en el penúltimo inciso del Art. 183 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuya
competencia para conocer el recurso de casación se fundamenta en lo determinado en el numeral
primero del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador; y, numeral primero del Art. 191
del Código Orgánico de la Función Judicial.
Según obra del acta de sorteo, la competencia para conocer este proceso, correspondió al tribunal
conformado por la doctora María Consuelo Heredia Yerovi, Jueza Nacional Ponente; doctora Enma
Tapia Rivera, Jueza Nacional y doctor Alejandro Arteaga García, Juez Nacional.
Todo ello en conformidad con la resolución No.022021 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia
que refiere a la integración de sus Salas y la resolución No.042021, que trata de la distribución de las
causas.
SEGUNDO: ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO EN LA
AUDIENCIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.
Según lo dispuesto en el Art. 272 del Código Orgánico General de Procesos, la audiencia para conocer
y resolver el recurso de casación se llevó a cabo el día miércoles 29 de septiembre de 2021, las 15h00,
al tenor de lo dispuesto en el Art. 79 de dicho cuerpo legal, la defensa de la parte recurrente presentó
sus alegaciones, fundamentando oralmente su recurso de casación, al amparo del caso dos del Art. 268
del Código Orgánico General de Procesos; y, solicitó se case la sentencia subida en grado, sujetando
su argumentación a los fundamentos del escrito contentivo del recurso de casación; frente a lo cual, la
defensa técnica de la parte demandada, en uso de su derecho a la defensa, ejerció su derecho a
contradecir y argumentando sobre lo señalado por el recurrente, solicitó no casar la sentencia
recurrida, todo ello conforme se desprende del registro electrónico (cd) agregado al proceso.
Una vez escuchadas las partes, el Tribunal se pronunció en forma oral al tenor de lo dispuesto en los
artículos 93 y 272 del Código Orgánico General de Procesos; y, en base a las disposiciones legales
pertinentes, se procede a emitir la resolución escrita en los términos siguientes
TERCERO: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACION DE LA SALA
ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.
3.1. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN.
La casación es un medio de impugnación extraordinario, público y de estricto derecho; “según señala
DE LA PLAZA, el objeto de la casación, en palabras de CARAVANTES, no es tanto, principalmente,
enmendar el perjuicio o agravio a los particulares con las sentencias ejecutoriadas, o el remediar la
vulneración del interés privado, cuanto el atender a la recta, verdadera, general y uniforme
aplicación de las leyes o doctrinas legales; idea que, en épocas más próximas a nosotros, reitera
Manresa, cuando atribuye al recurso la misión de «enmendar el abuso, exceso o agravio inferido por
las sentencias firmes de los Tribunales de apelación cuando han sido dictadas contra ley o doctrina
legal, o con infracción de las formas más esenciales y trámites más esenciales del juicio” (Santiago
Andrade Ubidia, “La Casación Civil en el Ecuador”, 2005, pág. 221).
A través de este recurso, se cumple, en los casos que la ley específicamente lo determina, con un fin
público, al vigilar que las sentencias emitidas en niveles de instancia se ajusten a la normativa
existente, al derecho vigente; permitiendo de esta manera, una verdadera seguridad jurídica al unificar
la interpretación de las leyes; y, un fin privado, buscado por la parte que lo interpuso para alcanzar la
defensa del derecho que considera vulnerado. El cumplimiento del primer fin, no acarreara
implícitamente el del segundo, sin embargo el fin privado, de haber lugar, permite consecuentemente,
el cumplimiento del fin público.
3.2. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS SOBRE LA MOTIVACIÓN
En materia de casación la motivación se circunscribe a presentar un razonamiento jurídico con base en
la normativa y principios del derecho, de ser el caso, que justifiquen porqué la sentencia recurrida por
este recurso extraordinario ha infringido normas legales y contempla alguno de los errores presentados
al amparo de los casos alegados o por qué los fundamentos de quien interpuso el recurso carecen de
sustento suficiente para casar la sentencia; en resumen, la motivación en casación debe contemplar los
fundamentos para casar o no la sentencia recurrida, siendo: “el conjunto de razones y fundamentos
jurídicos que sustentan el pronunciamiento” (Luis Armando Tolosa Villabona, “Teoría y técnica de la
casación”, 2008, pág. 126).
La motivación es el requisito principal, básico y fundamental que debe contener toda resolución, se
compone del conjunto de razonamientos expuestos por el juzgador sobre el asunto a resolver, que
enlazados de tal manera, guardan sindéresis y coherencia entre sí, permitiendo arribar a una decisión,
en apego a la Constitución, tratados internacionales y leyes existentes, que genere seguridad y certeza
a las partes.
CUARTO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.
En el escrito presentado el recurrente señala que no existe motivación en el auto interlocutorio que
decide sobre la apelación al auto de inadmisión de pruebas alegando que: “(…) Para adoptar esta
decisión los Jueces no analizaron correctamente la génesis de la inadmisión, ni los argumentos de la
apelación, es más, les resultó intrascendente para ellos ya que en ninguna parte de su decisión se
analiza una sola palabra de mis argumentos. (…) al no existir una explicación coherente del porque
se rechazó mi recurso al este auto interlocutorio, significa que la decisión no reúne con el parámetro
de lógica establecido por la Corte Constitucional como requisito indispensable para que una
resolución judicial.”
A su vez alega que “la sentencia no ha sido MOTIVADA adecuadamente, violentándose así el
Derecho constitucional al debido proceso en la Garantía de la Motivación (…) se evidencia un
deficiente ejercicio de RAZONAMIENTO y LOGICA lo cual la convierte en INCOMPRENSIBLE, ya
que la Sala Provincial de El Oro en este acápite de la Valoración de la Prueba concluye que el
diálogo entre los números 0987465811 y 0981131084 es prueba INVALIDA, así mismo en su
conclusión argumentan que había ocurrido presuntamente una eliminación de ciertos mensajes, pero
Señores Jueces de la Corte Nacional de Justicia para que la Sala Provincial arribe a esta conclusión
NUNCA SE PLANTEARON LA INTERROGANTE DE SI LA POSIBLE ELIMINACIÓN DE UNO O
DOS MENSAJES DE TEXTOS ES CAUSA SUFICIENTE PARA NO CONSIDERAR O INVALIDAR
LA PRUEBA PERICIAL; mal hizo la Sala Provincial al arribar a una conclusión sin elaborar alguna
PREMISA (…) LA PRUEBA PERICIAL FUE OBTENIDA LEGALMENTE Y REALIZADA POR UN
PERITO ACREDITADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. De las partes aludidas de la
sentencia caemos en cuenta que no existe un ejercicio argumentativo mínimo que nos permite
comprender el por qué para los señores Jueces Provinciales se le debía dar la categoría de “prueba
invalida” a un informe pericial (…)”
Alegando con base a los argumentos expuestos y al amparo del caso dos del Art. 268 del Código
Orgánico General de Procesos, que: “LA SENTENCIA NO CUMPLE EL REQUISITO DE
MOTIVACIÓN”.
4.1. CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO DOS:
El caso invocado por el recurrente, constante en el numeral segundo del Art. 268 del Código Orgánico
General de Procesos se produce:
“2. Cuando la sentencia o auto no contenga los requisitos exigidos por la ley o en su parte
dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles así como, cuando no
cumplan el requisito de motivación (…)”
Este caso considera dos supuestos: el primero, que configura el vicio, “(…) cuando la sentencia o
auto no contuvieren los requisitos exigidos por la ley (…)”; es decir, cuando la sentencia no contenga
las partes: expositiva, considerativa y dispositiva o resolutiva, o cualquier otro requisito que exige la
ley; pues la falta de una de estas partes lo vuelve susceptible de impugnación, vía recurso de
casación en la forma. La segunda parte cuando “(…) en su parte dispositiva se adoptan decisiones
contradictorias o incompatibles (…)”, vicio que la doctrina lo llama incongruencia del fallo; así, el
caso prevé defectos en la estructura del mismo, que pueden ser: por vicios de inconsistencia o
incongruencia, y por vicios de contradicción o incompatibilidad en su parte dispositiva.
Otro vicio imputable a la sentencia por medio del caso dos, es la falta de motivación, que no puede ser
considerada únicamente cuando en ella “(…) no se enuncian las normas o principios jurídicos en que
se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho (…)”, existe falta
de motivación también cuando hay una fundamentación absurda, al carecer de lógica, razonabilidad y
comprensión; correspondiéndole al Tribunal de Casación examinar el proceso para así determinar si se
ha incurrido en este vicio, (Primera Sala de lo Civil y Mercantil, Resolución N° 112 de 21 de abril de
2003, a las 11h30, juicio No. 1272002, R.O. N° 100 de 10 de junio de 2003).
4.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO. –
i) Dilucidar si existe falta de motivación en la sentencia recurrida por haberse negado la
apelación al auto de inadmisión de la prueba solicitada por la parte actora con respecto
a la declaración de parte de la demandada e invalidar la prueba pericial presentada.
4.1.2. EXAMEN DEL CARGO:
A fin de esclarecer si el cargo formulado tiene sustento jurídico, tomando en cuenta que el recurso de
casación es “(…) un ataque a la sentencia; una imputación de que ha infringido la ley o quebrantado
las formas esenciales del juicio, o de ambas cosas a la vez (…)” (Martínez Escobar, La Casación en
lo Civil 1936, pág. 1), en razón del principio dispositivo al cual se refiere la Constitución de la
República del Ecuador en el numeral sexto del artículo 168 “(…) La sustanciación de los procesos en
todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de
acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo (…)”, entendido este como
la limitación de las actuaciones de los juzgadores al impulso procesal de las partes, que en materia de
casación, se traduce a la restricción de las acusaciones formuladas en los términos expuestos en el
respectivo recurso, al efecto, se manifiesta:
4.1.2.1. Sobre el problema jurídico, tenemos que el Art. 76.7.l) de la Constitución, marca las pautas
para que una resolución de los poderes públicos sea motivada, señalando los parámetros de la misma.
Ésta, forma parte del debido proceso y de acuerdo a la norma constitucional, su ausencia, produce la
nulidad de las acciones que no hayan cumplido con este requisito; entendida la motivación como un
proceso intelectual, argumentativo, que no cumple su objetivo tan solo con la enunciación de las
normas en relación a los hechos del caso puesto para su resolución, sino cuando se haya explicado la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho; además, cuando ésta sea razonable, lógica y
comprensible como lo ha determinado la Corte Constitucional ecuatoriana en algunas de sus
resoluciones.
En el ámbito de la convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los
casos sometidos a su conocimiento, Suárez Peralta vs. Ecuador o Chaparro Álvarez y Lapo
Iñiguez, se ha pronunciado respecto a lo que considera es la motivación; indicando en la
primera (sentencia Suárez Peralta vs. Ecuador), de 21 de mayo de 2013, párrafo 109: “La
motivación es la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. En este sentido,
“el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 de la
Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso”; mientras que, en la
resolución Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, de 21 de noviembre de 2007,
párrafo 107 se dice: “La motivación es la exteriorización de la justificación razonada que
permite llegar a una conclusión (…)”.
En consonancia con los antecedentes jurisprudenciales enunciados, la Corte Constitucional ha
desarrollado el denominado “test de motivación” –vigente hasta la presente fecha a través del cual,
enfáticamente ha señalado:
“(…) Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la
autoridad que tome la decisión exponga las razones que el derecho le ofrece para adoptarla. Dicha
exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como mostrar cómo los
enunciados normativos se adecuan a los deseos de solucionar los conflictos presentados. Una
decisión razonable es aquella fundada en los principios constitucionales. La decisión lógica, por su
lado, implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre ésta y la decisión. Una
decisión comprensible, por último debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización
por parte del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto.” (Corte Constitucional del
Ecuador, Sentencia No. 022712SEPCC).
Al amparo del caso invocado por el recurrente, revisado el fallo, vemos que el mismo en forma clara
individualiza el tribunal, las partes procesales, los antecedentes, se trascribe la parte resolutiva de la
sentencia recurrida, y con relación a los cargos formulados con respecto a la apelación con efecto
diferido; el tribunal en uso de sus facultades, luego de realizar un análisis respecto al valor de la
prueba, señala que: “La prueba se obtiene siempre por mediación del juez. Al ser ofrecido un medio
probatorio, puede el tribunal válidamente admitir, es decir, incorporar el procedimiento propuesto, o
rechazarlo (o sea negarse a la admisión. Las razones para rechazar un medio propuesto son varias:
La falta de idoneidad, falta de adecuación entre el medio o procedimiento propuesto y el dato o
fuente que desea corroborarse, la impertinencia (que no se relaciona con el objeto del proceso), la
extemporaneidad ofrecimiento fuera del plazo. (…) Al declarar el Juez un determinado medio de
prueba impertinente se produce el efecto derivado de su falta de práctica y por lo tanto dicho medio
de prueba no deberá incidir en la resolución que se dicte, ya que dicha prueba no cuenta con una
causa que la justifique, es decir que los hechos que se pretenden probar a través de un determinado
medio, no guardan relación con el objeto del proceso. Es por ello que diremos que aquella prueba
que intente acreditar una realidad ajena al proceso de forma directa e indirecta, carecerá de
fundamento, lo que ocasiona que no se la tome en consideración por el Juez, siendo inadmitida en un
proceso determinado (…) se conceden a los jueces y tribunales una amplia facultad en orden a la
admisión o inadmisión de la prueba, siempre que se conjuguen ambos criterios y, en todo caso,
dentro de los límites y por los motivos que la ley establezca, dado que la ley realiza ya y plasma,
aunque lo sea de forma genérica, ese juicio de proporcionalidad al que antes nos referíamos al
limitar y especificar las concretas causas por la que es procedente la inadmisión de la prueba. (…) Al
efecto habiéndose solicitado la declaración de parte de la demandada, en el debate que se hizo sobre
dicha prueba, debió justificarse su idoneidad, pertinencia, utilidad, conducencia, denotando que en
efecto aquella era de suma importancia para demostrar hechos expuestos en la demanda. Pero tal
parece que allí no se hizo aquello. Lo que dejo expedita la vía para que la jueza a quo la inadmitiera
y no se permita sea ésta producida. La jueza expone que no se consideró necesaria la declaración de
parte de la demandada ya que estaba presente su procurador judicial, este hecho si ha sido motivado
en la sentencia dicada por escrito, por tanto mal podría declararse su nulidad. Este Tribunal
concuerda de que, en efecto la declaración de parte de la demandada, no es una prueba que reúna
las condiciones de oportunidad, pertinencia, utilidad, conducencia y bien se pudo prescindir de ella.
Siendo que, la utilidad y conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar
determinado hecho es asunto de derecho, referente al medio probatorio, que contribuya a esclarecer
los hechos controvertidos. (…) revisado el proceso, constan de este, documentos con los que también
se pretende probar la existencia de la relación laboral, aquellos que han sido presentados por la
actora, y no necesitarían ser confrontados con declaración de parte; por ende al apuntar y pretender
que con esa prueba testimonial se va a justificar la relación laboral que supuestamente mantuvieron
las partes, dicha prueba resulta ser carente de pertinencia, utilidad y conducencia, pues no tendría
sentido receptar las mismas ya que no van a aportar en nada frente a los documentos presentados por
las partes, por ende bien hizo el juez a quo en no aceptar dicha prueba …”; por lo expuesto, se tiene
que el tribunal ha fundamentado de una manera razonada, lógica y comprensible, los motivos por los
cuales inadmite la apelación de la negativa a la prueba de la declaración de parte de la demandada,
sosteniendo que esta carece de pertinencia, utilidad y conducencia para justificar la existencia de la
relación laboral que es el hecho que se encontraba en controversia.
A continuación en la sentencia impugnada, se establece la validez procesal, se determina el objeto del
debate, se hace referencia a la fundamentación y contestación del recurso de apelación, la
jurisdicción, competencia del tribunal, se establecen principios constitucionales, jurisprudencia y
doctrina alusiva al caso, se analiza la prueba presentada por las partes procesales y en cuanto a la
prueba pericial, se manifiesta: “Pero de la pericia realizada, de lo observado en el chat que allí se
expone, el que en ocasiones resulta insubsistente, por cuanto, se han borrado o eliminado de la
conversación mantenida entre los participantes o internautas, lo cual no brinda información completa
que deba ser analizada, por la alteración de la prueba al haber suprimido mensajes (msn), lo que no da
la certeza al tribunal de los hechos que la actora alega en su demanda. Citamos el Art. 76.4 de la
Constitución, pues se constituye en una prueba inválida”, argumentos con los que los jueces justifican
que las alteraciones que presenta esta prueba, le restaron eficacia probatoria a la misma,
imposibilitando que en base a aquella, se establezca la existencia de la relación laboral, ya que en estas
condiciones la prueba no sirve para dar, al respecto, certeza al tribunal, todo lo cual no denota una
falta de motivación sino que por el contrario, constituyen los argumentos utilizados por los jueces de
instancia, para resolver lo que fue materia del recurso de apelación.
Así tenemos que en la sentencia de instancia los jueces desarrollado argumentativamente en cuanto a
los cargos invocados, que la declaración de parte inadmitida en auto interlocutorio carecía de
pertinencia utilidad y conducencia y que la prueba pericial ante las alteraciones observadas carecía de
credibilidad probatoria, para justificar en base a ellas, al tenor del Art. 8 del Código del Trabajo la
existencia de la relación laboral.
Por lo expuesto, examinada la sentencia al amparo del caso invocado, se observa que esta realiza un
extenso análisis sobre la prueba actuada, para finalmente en base a todo lo expuesto emitir su decisión,
observándose que el análisis es pormenorizado, respecto de los fundamentos del recurso de apelación
con efecto diferido, como también en relación a la apelación con respecto a la prueba presentada,
explicando de manera razonada, los puntos que se constituyeron en el objeto del recurso de apelación,
y presentando desde un ejercicio argumentativo la justificación de la decisión tomada, a partir de la
normativa constitucional y legal que corresponde al caso concreto, cumpliendo así con el parámetro
de razonabilidad. De otra parte, es lógica, en su línea de causalidad, desarrolla el silogismo necesario,
esto es la interrelación entre las premisas fácticas, los hechos analizados en base a las pretensiones del
recurso, en correlación con lo determinado en la sentencia de instancia, las pruebas valoradas, la
normativa jurídica aplicable al caso en estudio y una vez presentada la suficiente carga argumentativa
para justificar sus afirmaciones, concluye su razonamiento, en correspondencia con el desarrollo
presentado, negando en este caso la apelación con efecto diferido así como el recurso de apelación
presentados por la actora, empleando en la decisión, un lenguaje claro, pertinente y de general
comprensión; en suma, la sentencia cumple con los parámetros exigidos para que sea motivada.
De lo analizado, no ha lugar al cargo formulado por el recurrente al amparo del caso segundo del
artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, en razón a que de los argumentos vertidos es
evidente que la Sala de apelación ha observado en su análisis y argumentación la garantía de
motivación, prevista en los artículos 76, numeral 7, literal l) de la Constitución; 89, 90.5; 95. 7 del
Código General de Procesos, así como el 313 del mismo cuerpo de leyes.
DECISIÓN. De lo expuesto ut supra, este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de
Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y
Laboral de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, el 18 de diciembre de 2019, las 16h06. Sin
costas. Notifíquese y devuélvase.
DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
DR. ALEJANDRO MAGNO ARTEAGA GARCIA
JUEZ NACIONAL
TAPIA RIVERA ENMA TERESITA
JUEZA NACIONAL |
I:1Ii:iu[U]UUi.I.1I
[11 11e1 iK1i)'4 !111] 'III
zi.. 1 iLYIUJ 1 F1 '] ['iii U *1'] 1 i1i.](cid:9) [sI
Lii! L?i !1í I*[s1sC [s1L1
Dr. Byron Guillen Zambrano M.Sc.
((MTf C1O\\L DE(cid:9)
JUSTICIA(cid:9) JUEZ NACIONAL PONENTE
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
Expediente No. 09113-2021-00001
Apelación a negativa de hábeas corpus
Detención ilegal y arbitraria
Quito, miércoles 24 de marzo de]. 2021, las 15h42,-
1.(cid:9) Avoco conocimiento
VISTOS.-
1. El presente Tribunal ejerciendo competencia Constitucional asume el conocimiento de la
presente causa para resolver la apelación de la sentencia que niega la acción de hábeas
corpus, conforme lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República
del Ecuador (en adelante "CRE"), 188.4 del Código Orgánico de la Función Judicial (en
adelante "COFJ"), y 169.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (en adelante "LOGJCC).
2. De conformidad a la resolución 02-2021 suscrita por el Pleno de la Corte Nacional de
Justicia se aprobó la integración de las Salas Especializadas, por lo que se procedió al
sorteo de ley que permitió la integración del Tribunal para la prosecución del trámite de
la causa.
3. Así mismo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió el respectivo instructivo para
la distribución de causas en caso de renovación parcial de los miembros de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 04-2021, de fecha 19 de febrero de 2021
4. Ahora bien, en virtud de las acciones de personal Nos. 0035-1)NTH-2021-AL y 0036-
DNTH-2021-AL, suscritas por el señor doctor Pedro José Crespo, Director General del
1
Consejo de la Judicatura, se designó como Jueces Nacionales de la Sala, Penal Militar,
Penal Policial Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de
Justicia, a los señores doctores Byron Guillen Zambrano M.Sc. y Walter Macías
Fernandez, quienes integran el Tribunal conjuntamente con la señora doctora Daniella
Camacho Herold, Jueza Nacional conforme acta de sorteo de la causa No. 09113-2021-
00001, de fecha 02 de marzo de 2021, radicándose así la competencia para conocer y
resolver la presente apelación de hábeas corpus.
II.(cid:9) Antecedentes relevantes de la acción
5. La presente acción se propone en atención al juicio penal No. 09266-2019-01572, en
contra de las señores doctores Dirce Guzmán Ordóñez, Jueza de Garantías Penales con
sede en el cantón Daule, provincia de Guayas; y Alba Rocío Álvarez Rodríguez y José
Jovanny Suarez Chávez, Jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón
Guayaquil, provincia de Guayas, respecto a la prisión preventiva dictada por el juez de
instancia.
6. Mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2021, las 14h37, la Sala Especializada de 1
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, resuelve rechazar la
acción de hábeas corpus propuesta por Raúl Eduardo Martínez Baquerizo.
III.(cid:9) Relación procesal del caso 09266-2019-01572
7. Según el sistema SATJE se tiene que el 13 de diciembre de 2019, las 17h00 ante la Jueza
de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Daule y luego de calificar la flagrancia, se
lleva a efecto la audiencia de formulación de cargos en contra de los ciudadanos Carrillo
Flores Oscar Gabriel, Agila Rochina Rudy Gonzalo, Tumbaco Baus Xavier Alexander,
Willa Huila Jonathan Martin, Nieto Leon Ángelo Jesús, Martínez Baquerizo Raúl
Eduardo y Ruiz Burgos Ronald Raúl, notificándoles el inicio de la instrucción fiscal y
disponiéndose la prisión preventiva en su contra, por considerarse que la solicitud de
Fiscalía cumple los requisitos previstos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral
Penal (en adelante, "Código Orgánico Integral Penal").
8. Sobre la prisión preventiva dictada en su contra, los procesados presentan recurso de
apelación, y en resolución de fecha 31 de julio de 2020, las 12:41, la Sala Especializada
mi
(cid:9)(cid:9)
(cid:9)
de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, resuelve rechazar los s de
apelación presentados por Alexander Tumbaco Baus, Rudy Gonzalo Agila Rochina,
Oscar Gabriel Carrillo Flores, y aceptar el desistimiento formulado por el procesado
Raúl Eduardo Martínez Baquerizo.
9. Con fecha 20 de noviembre de 2020 la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales
de Daule, resuelve dictar auto de llamamiento a juicio en contra de los señores Ángelo
Jesús Nieto León, Raúl Eduardo Martínez Baquerizo, Ronald Raúl Ruiz Brgos y
Jonathan Martin Wilia Huila; Fiscalía se abstuvo de acusar a los procesados Rudy
Gonzalo Agila Rochina, Oscar Gabriel Carrillo Flores y Xavier Alexander Tumbaco
Baus.
10. Los procesados Ronald Raúl Ruiz Burgos y Jonathan Martin Willa Huila, se someten al
procedimiento abreviado, por lo que el juez de instancia dicta sentencia condenatoria en
su contra en calidad de autores del delito de robo, tipificado en el artículo 18 inciso
primero, del COIP, imponiéndoles la pena privativa de libertad de treinta meses, y como
reparación integral se les dispone el pago de cuatro mil dólares, a cada uno
11. Se remite el expediente a uno de los Tribunales de Garantías Penales de Guayaq1 fi, a fin
de que se lleve a efecto la audiencia de juicio para resolver la situación jurídict de los
procesados Ángelo Jesús Nieto León y Raúl Eduardo Martínez Baquerizo, así, con fecha
10 de diciembre de 2020, las 15h00, se instala la audiencia de juicio en contr4 de los
prenombrados, y se resuelve condenarlos por el delito tipificado y reprimi4 en el
artículo 189, inciso primero, del COIP, en calidad de autores directos de conformidad
con el artículo 42, numeral 1, literal a), ibídem; y, se le impone la pena de cinco años de
privación de la libertad. Como medida de reparación integral se dispone que se ague a
favor de la víctima la cantidad de $ 5.000 dólares, resolución que se notifica por escrito a
las partes procesales el 18 de enero de 2021.
IV.(cid:9) Validación del proceso
12. El presente recurso se ha tramitado conforme a lo establecido en los artícúlos 75, 86 y 89
de la CRE, por lo que, al no existir vicios de procedimiento, ni omisión de solem idades
sustanciales, habiéndose observado las garantías del debido proceso, este ribuna1
declara la validez de todo lo actuado.
Y.(cid:9) Análisis del recurso
3
13. Dentro de la acción planteada por el señor Raúl Eduardo Martínez Baquerizo se disgrega
el siguiente relato en el que describe los actos que —desde su punto de vista- violan el
derecho a la libertad:
... )me encuentro privado de mi libertad desde el día 12 de diciembre del 2019,
""(
según parte NOTICIA DEL INCIDENTE n.- 20191213115325610009, suscrito por los
agentes aprehensores CBOS SAYAY CUENCA JOSE ANTONIO, CBOS. REVELO
AGUIELERA LUIS MOISES, SUBTE. FARINANGO BALSECA AMANDA Y CBOS.
ARCE QUISINGO CHRISTIAN JONATHAN, adjunto copia del referido parte.
Producto de mi aprehensión, el compareciente fue procesado dentro de la causa penal
09266-2019-01572, por presunto de delito de ROBO, ilícito tipificado en el artículo
189 inciso Primero del COIP, debiendo indicar que como consecuencia de ello, la
jueza remitió la respectiva boleta de encarcelación hasta el Centro de Privación de la
libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley Penal, Zonal No. 1, como
corresponde en estricto derecho. - Cabe indicar señores Jueces que en el presente caso
tengo más de 1 año y 1 mes, privado de mi libertad sin recibir sentencia alguna, por
ende es aplicable lo que señala el Art. 43 numeral 8, de la LEY ORGÁNICA DE
GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, que señala a
la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la prisión
preventiva, por haber transcurrido más de 1 año, en los delitos sancionados con
reclusión en estricta concordancia con los Art. 77 numeral 9, de nuestra CARTA
MAGNA, por lo expuesto precedentemente solicito quede sin efecto la medida cautelar
emanada en mi contra.-. " (Sic.)
14. Por lo que es necesario revisar el caso planteado a fin de verificar, en atención al relato
procesal los fundamentos expuestos.
VI.(cid:9) Consideraciones del Tribunal
15. Sobre la base del planteamiento impugnatorio cabe indicar lo siguiente:
"33. El hábeas corpus en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos
americanos, tutela de manera directa la libertad personal o física contra
detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades
correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que
éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decreta su
libertad. "
16. La libertad persona] es un derecho fundamental consagrada en la Carta Constitucional, pro estos
derechos se relativizan, en razón de que en determinadas circunstancias puede ser restril gido. no
obstante. tal limitación se desarrolla dentro de un marco procesal previamente definido dictado
por un órgano competente en acatamiento de los parámetros base fijados por la iegisiació que se
despliegan en atención a las características de excepcionalidad, provisionalidad, proporcinalidad
y subsidiariedad»
17. La acción de hábeas corpus retorna un viso importante dentro del contextol de los
procesos judiciales penales pues se somete a control constitucional la resoluc4ón que
emite un juzgador para privar de la libertad a una persona, por lo que es cornpettncia de
los Magistrados constitucionales, examinar si el proceso de dictación de una
coercitiva de la libertad, cumplió los requisitos que la ley determinó previa4iente o
verificar si existió una irregularidad en e] proceso penal que afecte las garantíasbásicas
constitucionalmente consagradas.
18. Para e] autor Samuel Abad Yupanqui: "Las acciones de garantía proceden contra las
resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento irregular, entendiéndose por tal
aquello que no respeta las pautas esenciales de un debido proceso "4
19. A través de la acción de hábeas corpus los juzgadores constitucionales revisan la katio de
la decisión de privación de libertad para determinar si justifica los presrpuestos
determinados por la ley, de no hallar motivos para sostener tal restricción, d1 forma
inmediata se dispone el restablecimiento de la libertad por considerarse amnaza o
vulnerada, y procura de que se restituya en la medida de lo posible a su estado anj;erior, y
su fin mediato es —según el caso- generar líneas referenciales sobre las i-estriccines de
1 Cope Interamericana de Derechos Humanos: Opinión Consultiva OC-8187 del 30 de enero de 1987 el habeas corpus bajo
suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana Sobre Derechos Humanos)
2 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Párrafo 167. La oblic ación de
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de in orden
normativo, dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una
conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos.
Estas características han sido desarrolladas por Cortes Internacionales, como la Corte Interamericana que, en el
estudio progresivo e histórico de las resoluciones adoptadas por la legislación argentina en torno a dete -minados
delitos, en su informe 2/97 nacionales en torno a determinados delitos, refirió que para determinados casos se
generaba una excepción al principio de inocencia, y en definitiva puede generar una restricción extensiva, de
otros derechos fundamentales considerados parte del debido proceso.
Abad Yupanqui, S. B. (1997). Libertad individual) hábeas corpus y función policial: la necesaria apro Kimación
de espacios distantes. TUS ET VERITAS, 8(14), 91-96. Recuperado a ptir de
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/1 5708
5
libertad o sancionar a quien dictó una medida coercitiva inobservando los lineamientos
constitucionales, legales y jurisprudenciales, es importante traer a colación que esta
acción no busca examinar la responsabilidad penal de la persona que la interpone, pues el
juez constitucional se libera de cualquier estigma procesal para verificar exclusivamente
las afectaciones que pueden rodear la libertad individual.
20. Cualquier privación que no observe los parámetros previstos por la CRE y la Ley,
constituyen transgresión del derecho a la libertad, lo que activa estos poderes de
emergencia5 que protegen este derecho fundamental, como lo es la acción de Hábeas
Corpus.
21. Esta acción tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros
derechos conexos de la persona privada o restringida de su libertad, por autoridad
pública o por cualquier persona, así lo determina el artículo 43 LOGJCC; lo cual
concuerda con lo establecido por el artículo 45.2, ibidem, que señala "En caso de
privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del derecho,
dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral "; en consonancia con el
artículo 89 de la CRE, que prescribe: "La acción de hábeas corpus tiene por objeto
recuperar la libertad de quien se encuentre pri"ado de ella de forma ilegal, arbitraria
o ilegítima, por o rdrden de autoridad pública o de cualquier persona, así como
proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad".
22. La naturaleza jurídica de la acción de Hábeas Corpus estriba en controlar el respeto a la
libertad, la vida e integridad de la persona, e impedir su desaparición o la
indeterminación de su lugar de detención, así como protegerla contra la tortura u otros
.6
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
23. En efecto, desde su concepción latina Hábeas Corpus significa "cuerpo presente" o
"persona presente ", y constituye la garantía del derecho esencial a la libertad, que
permite a cualquier persona, por sí o por interpuesta persona, acudir ante juezas o
jueces constitucionales con el fin de que la autoridad recurrida disponga la inmediata
libertad de la detenida o detenido, si éste no fuera presentado a la audiencia, si no se
exhibiere la orden de privación de libertad, si ésta no cumpliere los requisitos legales o
constitucionales, si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de
Término acuñado por la doctrina en el que incluye el hábeas corpus por tratarse "de circunstancias excepcionales que
garanticen el orden constitucional, pero regladas previamente para que no degeneren o motiven el establecimiento de un
Estado hecho"
6 Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, Sentencia de la CIDH, de 12 de noviembre de 1997, párr. 63.
M.
libertad, en los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabk por
particulares, cuando no se justifique dicha medida; de tal suerte que, el hábeas corpus
implica un derecho ejercido a través de una acción constitucional, que encuentra su
fundamento y razón de ser en la protección y tutela efectiva a los derechos huma os; y,
por tanto, constituye un mecanismo de protección de derechos, atribuido a las personas
que consideran que han sido privadas de la libertad de manera ilegal, arbitraria o
ilegítima, de esta forma, se activa esta garantía para exigir de las juezas y los jueces
constitucionales la protección material de la libertad.
24. Entonces, la acción de Hábeas Corpus constituye un proceso autónomo, slumario,
garantista, especial y preferente, cuyo accionar está dirigido a precautelar la
personal y la integridad física de las personas privadas de libertad ilegalmente. a en la
sustanciación misma, el accionante comparece ante el órgano jurisdiccional comptente y
esgrime sus argumentaciones fácticas y jurídicas por las cuales considera que su
detención no está justificada legalmente, dirigiendo su pretensión a que la o el jizgador
remedie la detención ilegal, restituyéndole su libertad.7
25. Añadido a lo anteriormente expuesto, la acción de Hábeas Corpus es una garantía
constitucional, que forma parte del ordenamiento jurídico en el Ecuador desde hace varias
décadas y que también se encuentra reconocida por tratados internacionales de c1erechos
humanos de los cuales el Ecuador es suscriptor .8 (cid:9) 1
26. Dentro de la fuente doctrinaria, el jurista Ramiro Ávila Santamaría acota que: "La idea
de las garantías es establecer mecanismos para prevenir y reparar las vioiacines de
derechos que se puedan producir por cualquier acto u omisión del estado o de sujetos
con poder"9. Mientras tanto, el tratadista colombiano Pedro Pablo Camargo apunt que el
hábeas corpus: "es un medio de protección de los derechos y libertades fundamen ales de
lo
las personas, ,
27. De otro lado, el derecho de recurrir de las decisiones judiciales se encuentra
en el artículo 8.21 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica), que dice: "Durante el proceso, toda persona tiene dercho, en
Sentencia de 1 de abril de 2014 dictada por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.
8 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Lculo 2:
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7. Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión, Principios 32 y 33.
Ávila Santamaría, Ramiro, Los derechos y sus garantías, Quito, Corte Constitucional, p. 187.
'° Camargo, Pedro Pablo, La Acción de Hábeas Corpus, Bogotá, Editorial Leyer, Segunda Edición, p. 23.
ji
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ( ... ) derecho de recurrir del fallo
ante juez o tribunal superior". De igual forma, el artículo 76.7.m) de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce el derecho a recurrir en todos los procedimientos en los
que se decida sobre los derechos del justiciable; y, la apelación de la acción de hábeas
corpus se encuentra desarrollada en el artículo 169.1 LOGJCC.
VII. Análisis del caso concreto
28. En su acción el ciudadano Raúl Eduardo Martínez Baquerizo planteó como fundamento
que se encuentra detenido desde el 12 de diciembre de 2019, es decir que a la fecha de
presentar la acción, tiene más de un (1) año y un (1) mes privado de su libertad sin
recibir sentencia, por lo que, señala que se encuadra en lo dispuesto en el artículo 43.8 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dispone la
inmediata excarcelación de la persona procesada de haberse caducado la prisión
preventiva.
29. La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, para
rechazar la acción y negar los fundamentos expuestos esboza lo siguiente:
"La presente causa, tiene por objeto por parte del accionante, conseguir la libertad
alegando caducidad de la prisión preventiva, sin haber recibido sentencia alguna, siendo el
delito por el cual se tiene procesado a Raúl Eduardo Martínez Baquerizo, el de robo,
conforme re7.a del número de la causa que está en trámite ante el Tribunal de Garantías
Penales del Guayas, antes nombrado y en calidad de legitimado pasivo, signada el juicio
con el No. 09266-2019-01572; el Código Orgánico Integral Penal sanciona a este tipo de
delito, en su artículo 189, primer inciso, con: "pena privativa de libertad de cinco a siete
años, "; el artículo 541 ibídem, numeral 2, que trata de la caducidad de la prisión
preventiva y las reglas por las cuales se rige, señala: "No podrá exceder de un año, en los
delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a cinco años. "; es decir, esta
norma jurídica hace referencia al delito, no a la de pena impuesta en años, por lo tanto la
pena a la que está sujeta, por el delito por cual se procesa al legitimado activo, establece
como tiempo máximo, a la cual debe estar sujeta la prisión preventiva, la de un año. Sin
embargo de la revisión del expediente físico del proceso penal, objeto de este habeas
corpus, remitido a este tribunal para su revisión y análisis, se encuentra a fojas 17, el
decreto emitido por el tribunal penal en el cual se convoca a audiencia de juzgamiento al
legitimado activo y procesado en esta causa penal, junto a otro procesado; el proceso penal
signado con el No. 09266-2019-01572, llevándose a cabo dicha audiencia el 10 de
diciembre del 2020, a las 8h30 y reinstalándose a las 15h00 del mismo día, en la cual se
dictó sentencia oral, declarando al señor: RAUL EDUARDO MARTINEZ BAQUERIZO,
culpable en grado de autor directo del delito de robo, tipificado en el Código Orgánico
Integral Penal, artículo 189 inciso primero, en concordancia con el artículo 42, numeral 1,
literal a) del mismo cuerpo legal, imnponiéndosele la pena privativa de libertad de cinco
años, lo que se constata con una razón actuarial puesta el 10 de diciembre del 2020, a fojas
25 (expediente penal), decisión que fue reducida a escrito el 18 de enero del 2021 y
notificada el 19 del mismo mes y año, a fojas 200. OCTAVO: Argumentación: Como se ha
dejado anteriormente señalado, el legitimado activo, al momento de interponer esta acción
constitucional, ya había recibido una sentencia oral condenatoria en su contra, el día 10 de
diciembre del 2020, según las actuaciones procesales que reposan en el expediente penal,
por lo tanto, debido a estos hechos y por lo determinado en la ley, se establece qu para
este caso no existe caducidad de la prisión preventiva, al no cumplir con los requisitos
antes señalados. Por todo lo argumentado y debidamente motivado, quedan resueltas la
pretensión del interviniente en este proceso constitucional y con los argumentos propkos del
Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la Constitución, artículo 76 numeral 7 literal
1, donde se explica en este fallo, que no ha habido vulneración del derecho y g9rantía
constitucional, señalado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y cjontroi
Constitucional, artículo 43, numeral 1, por cuanto su privación de la libertad, no es legal,
arbitraria o ilegítima, por lo que se precisa la razón, por la que no procede esta denanda
constitucional." (Sic.)
30. De lo resuelto por la Sala Constitucional, el accionante propone recurso de apelación y,
en su impugnación, narra varios momentos procesales que a su criterio infir9an lo
resuelto por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia de Guayas, pues refiere que:
'[ ] el Tribunal único de Garantías Penales del Guayas previo a la / eahzacon de
la Audiencia de HABEAS CORPSU entrega un escrito, adjuntando supuestamente
una razón que no constaba en el sistema con fecha 10 de diciembre del 2020, sin
hora de emisión, en la cual se advierte de una pena impuesta a mi defendid, ojo
nótese que esta razón no consta en el sistema SATJE, tal como lo demostré con los
documentos que apareja a la demanda, así como el día de la audiencia, en ja que
no se observa esta razón, sin embargo [...] aparece en el sistema SATJE, 11 más
triste señores Jueces es que manipulando el sistema de la función JUDICIAL,
logran aumentar o poner otra razón y ponerle fecha 10 de diciembre del 2020, lo
más penoso Usías es que se viola también lo que ordena el Art. 561 del Código
Orgánico Integral Penal, donde se establece que en el sistema debía bajarse un
ACTA RESUMEN de la Audiencia del Tribunal Penal, más no una R4ZON,
violando lo que ordena el Art. 76 numero 3 de la Norma Suprema, esto es seguir el
trámite propio de cada procedimiento.- QUINTO: Una vez instalados en la
AUDIENCIA, la sala donde se tramitó el HABEAS CORPUS decide abrir pleizo de
prueba por 3 días mismo que fenecía el día lunes 18 de enero del 2021, plazo que se
le concedió para que el Tribunal Garantías Penales remita copias certificadas de
todo el expediente, sin embargo y tal como obra dentro del cuaderno procesa!i y de
la propia razón sentada por la secretaría de la Sala respectiva el citado Tribunal
nunca remitió las copias dentro del plazo, lo hizo el día marte 19 de enero del 2021
[...] cuando la PRUEBA HABlA PRECLUIDO [...] LA NOTIFICACIÓN DE LA
SENTENCIA OCURRIÓ DURANTE EL TRAMITE EL Hábeas Corpus que trnn'iité,
demostrando evidente DOLO por parte del Tribunal Penal.-." (Sic.)
31. Dadas las alegaciones planteadas por el recurrente resulta palmario observar si el
procedimiento constitucional se ciñe a las prerrogativas constitucionales y legales
establecidas, así revisado el mismo esta Magistratura constata que dentro del trámite de
la acción, una vez presentada la demanda y radicada la competencia por sorteo, en
providencia de 14 de enero de 2021, a las 14h03, la Sala de la Corte Provincial de
Justicia de Guayas, dispuso -entre otras actuaciones- la notificación de día y hora para
llevar a cabo la audiencia; y, respecto a los demandados, advirtió que deberá
notificárseles la acción propuesta para que comparezcan y presenten justificaciones de
hecho y de derecho.
32. Con fecha 15 de enero de 2021, los señores doctores Dirce Guzmán Ordóñez, Jueza de
Garantías Penales con sede en el cantón Daule, provincia de Guayas; y Alba Rocío
Álvarez Rodríguez y José Jovanny Suarez Chávez, Jueces del Tribunal de Garantías
Penales con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas comparecen a través de
un informe. En el mismo, los jueces integrantes del Tribunal de Garantías adjuntan
impresiones del SATJE relativas al proceso No. 09266-2019-01572, así como dos
razones certificadas por la Secretaría de Sala, en la que se deja constancia de la
reinstalación del 10 de diciembre de 2020, a las 15h00 y la resolución adoptada por el
tribunal de juicio respecto a los procesados Ángelo Jesús Nieto León y Raúl Eduardo
Martínez Baquerizo.
33. Encontrándose en la práctica de la audiencia fijada para sustentar la acción, el tribunal
de la Sala decide suspenderla diligencia y abrir la causa a prueba por tres días, para que
el proceso sea remitido por el Tribunal que sustancia la audiencia de juicio dentro de la
causa No. 09266-2019-01572 y verificar lo referido por las partes procesales.
34. El 19 de enero de 2021, a las 08h24 la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la
Corte Provincial de Justicia de Guayas, solicita que por secretaría se certifique si el
tribunal cumplió con lo dispuesto en auto anterior, debiendo considerarse lo dispuesto
en el artículo 8.3 de la LOGJCC, a lo que Secretaría de Sala señala que no se ha dado
cumplimiento con la prueba dispuesta.
35. La documentación anexada con fecha 19 de enero de 2021 por parte de los demandados
-y a la que hace referencia el recurrente- corresponden a la sentencia de condena
dictada por escrito dentro de la causa No. 09266-2019-01572.
36. Según razón actuarial de 20 de enero de 2021, las 15h00 se reinstala a la audiencia y se
resuelve negar la acción planteada; entre sus motivos, la Sala Especializada de lo Civil
y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, es enfática al referir, que de
las constancias procesales se evidencia que la audiencia de juicio se llevó a efecto el 10
de diciembre de 2020, dato que se ingresa a través de las razones actuariales que obran
a fojas 53 y 54, por lo que se advierte que los documentos que motivaron el rechazo de
la acción fueron adjuntados a los informes de descargo presentados oportunamente por
los demandados.
37. Sobre las razones actuariales incorporadas en el informe, el accionante asegura que no
constan dentro del sistema y que violan lo dispuesto en el artículo 561 del COIP y 76.3
de la CRE, aunque la norma precisa que debe realizarse un acta resumen como lo
afirma el recurrente, la razón adjunta contiene una explicación de la instalación de la
audiencia de juicio y de lo resuelto en las mismas poi lo que el cuestionamiento de las
formas procesales no es razón suficiente como para afincar una decisión contraria a la
adoptada por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia de Guayas.
38. En cuanto a las copias certificadas presentadas fuera del término probatorio, si bien no
se excluyen de forma expresa por extemporánea, la resolución del Tribunal no se
sustenta en dicho documento, pues para computar los plazos de caducidad toma de
referencia la información que se obtiene del parte de detención del ciudadano Raúl
Eduardo Martínez Baquerizo adjuntado por el accionante y las razones actuariales que
se anexaron al expediente, por lo que acertadamente la Sala llegó a colegir que la
prisión preventiva respetó los límites temporales establecidos en el artículo 77.9 de la
CRE, en consonancia con el articulo 541 del COIP, que señala que la prisión
preventiva no puede exceder de seis meses en los delitos cuya pena es menor a cinco
años y de un año si es que la pena excede este mínimo, señalando que estos plazos se
interrumpen al dictarse sentencia dentro de la causa.
39. Así las cosas, realizada la detención el 13 de diciembre de 2019, la audiencia de
juzgamiento conforme lo establecen las razones actuariales se instaló y resolvió la
situación jurídica del procesado accionante el 10 de diciembre de 2020, y siendo que el
proceso penal que se sigue es por el delito de robo tipificado en el artículo 189, inciso
primero, del COIP, cuya pena oscila entre los cinco a los siete años, tenemos que no se
rebasó el límite constitucional o legal previsto, es decir se alcanzó sentencia antes de
que feneciese el plazo de un año.
40. La Corte Constitucional del Ecuador, ha desarrollado qué debe entenderse por una
privación de libertad ilegal, arbitraria o ilegítima señalando que:
"Con relación a la privación de la libertad ilegal, esta puede ser definida como
aquella ordenada o ejecutada en contravención a los manda tos expresos de las
normas que componen el ordenamiento jurídico. La privación de la libertad
arbitraria en cambio, es aquella ordenada o mantenida sin otro fundamento que la
propia voluntad o capricho de quien la ordena o ejecuta. La privación de libertad
ilegítima por último, es aquella ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o
competencia para ello"11
41. En el caso que nos ocupa se cumplió con lo previsto en el artículo 77.1 y 9 de la CRE;
toda vez que su situación jurídica fue conocida y resuelta dentro del plazo legal
establecido en la norma constitucional, cumpliéndose de esta manera con los requisitos
contemplados en el ordenamiento jurídico vigente.
42. Asimismo, se aprecia que la privación de libertad del recurrente no es arbitraria, puesto
que, los fundamentos fácticos y jurídicos fueron anunciados por el juez penal para
dictar la orden de prisión preventiva, medida de última ratio que fue confirmada por la
Sala de apelaciones de la jurisdicción, y que fue dispuesta en razón de los hechos que
fueron puestos a su conocimiento y valorados por quien tenía competencia para dictar
la medida cautelar, lo que la convierte en legítima.
43. En tal virtud, el recurrente no ha justificado que se haya vulnerado su derecho a la
libertad, debiéndose indicar que la privación de libertad es ilegal cuando no cumpla con
los requisitos exigidos por la Ley o vicios irrogados a la orden de la autoridad
competente entonces, lo que se puede colegir de la motivación del a-quo en torno al
rechazo de la acción planteada por el recurrente es que se ha garantizado el debido
proceso al momento de imponérsele una medida cautelar de privación de la libertad,
pues las juezas y juezas, deben subordinar sus decisiones a la normativa legal,
constitucional y convencional, bajo el principio de imparcialidad, todo aquello con el
objeto de evitar precisamente que la restricción de un derecho como lo es la libertad
dentro de un proceso penal, y que esta no responda al capricho y arbitrariedad del
juzgador
° Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 247-17-SEP-CC, caso No. 0012-12-EP
12
VIII. Decisión
Por las consideraciones expuestas ut supra, de conformidad con los artículos 89 CRE, y
45.2 LOGJCC, al no verificarse violación de derecho constitucional alguno, esta Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen
Organizado de la Corte Nacional de Justicia, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", resuelve por
unanimidad:
1.(cid:9) Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el recurrente RAÚL
EDUARDO MARTÍNEZ BAQUERIZO y confirma en todas sus partes la
sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia de Guayas, emitida el 20 de enero de 2021, 14h37, en la que
se negó la acción constitucional de Hábeas Corpus deducida por el impugnante.
II. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 436.6 de la CRE, en concordancia
con el artículo 25.1 de la LOGJCC, una vez ejecutoriada esta sentencia, se remitirá
copia certificada de la mis/ a aa Corte Constitucional.
III. Notifíquese y devulval epediente sin dilación alguna a la Judicatura de
origen.
O M.Sc.
ACIO
Lt u1IPJr4
NACI
Certifico
13
DR. CARLOS RODRíGUEZ GARCIA
511
145577031 DFE
En Quito, jueves veinte y cinco de marzo del dos mil veinte y uno, a partir de las
dieciseis horas y dos minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA
que antecede a: MARTINEZ BAQUERIZO RAUL EDUARDO en el correo electrónico
adoIfoandrade86gmaiI.com, en el casillero electrónico No. 0921759916 del Dr./Ab.
ADOLFO ANTONIO ANDRADE MARTINEZ. JUEZ DE GARANTIAS PENALES DEL
GUAYAS CON SEDE EN EL CANTON DAULE en el correo electrónico
Dirce.Guzman@funcionjudicial.gob.ec; TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES,
ABG. ALVAREZ RODRIGUEZ ALBA ROCIO, ABG. VARGAS TRONCOSO DORA
ELOISA, ABG. SUYAREZ CHAVEZ JOSE JOVANNY en el correo electrónico
alba.alvarez@funcionjudicial.gob.ec, dora.vargas@funcionjudicial.gob.ec,
jose.suarezc©funcionjudicial.gob.ec. DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACION DE
LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY GUAYAQUIL
N° 1 en el correo electrónico patricia. arboleda©atencion integral. gob.ec; DOCTORES
CLEMENTE EDUARDO RIVAS CALDERÓN, JOHANNA ALEXANDRA TAN DAZO
ORTEGA, ADRIANA LIDIA MENDOZA SOLORZANO, JUECES DE LA SALA DE LO
CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS en el
correo electrónico clemente. rivas@funcionjudicial.gob.ec,
johanna.tandazo@funcionjudicial.gob.ec, adriana.mendoza@funcionjudicial.gob.ec.
No se notifica a DEFENSORIA PÚBLICA por no haber señalado casilla. Certifico-
DR. CARLOS IVAN RODRIGUEZ GARCIA
SECRETARIO RELATOR
Firmado por
FUNCIÓN JUDICIAL CARLOS IVAN
RODRIGUEZ
GARCIA
DOCUMENTO FIRMADO C = EC
L=QUITO
ELECTRDNCAMENTE ci
1706271218 |
¡u
CAUSA No: 09133-2021-00005
v;C
al>e~acokvyl <le
Materia: CONSTITUCIONAL
Tipo proceso: GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS
Casillero No: 758,
RANGEL BAJAÑA PEDRO RAMON
JUEZ: CAICEDO ALDAZ MERCEDES JOHANNA
Iniciado: 22/01/2021
SECRETARIO: DR. CARLOS IVAN RODRIGUEZ GARCIA
Sentenciado:
44 C QRIL NACIONAL Dl:
JUSTICIA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO
PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRÁNSITO,
CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO.-
Quito, lunes 15 de marzo del 2021, las 16h16
VISTOS: Mediante sorteo de fecha Quito 2 de marzo del 2021, se pone
en conocimiento de este Tribunal el presente expediente en vista del
recurso de apelación presentado por el señor Luis Patricio Basantes
Mendoza, en contra de la sentencia de fecha 29 de enero de 2021, las
14h31, dictada por la Corte Provincial de Justicia de Guayas, al respecto
se considera:
1.-ANTECEDENTES
El ciudadano Luis Patricio Basantes Mendoza, a través de su defensa
técnica, conforme el Acta de Sorteo de 22 de enero de 2021, las 14h55,
presenta acción jurisdiccional de Hábeas Corpus, propuesta en contra
del Tribunal de Garantías Penales de Guayas, conformado por los señores
doctores: Carlos Walberto Churta Rodríguez, Kelttya López Burgos y
Felipe Sarmiento Polo.
Presentada la demanda de Hábeas Corpus, por sorteo de Ley, ha
correspondido su conocimiento al Tribunal de la Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, integrado por los
señores Jueces Novo Crespo Alexandra Auxiliadora, Colorado Aguirre
Rolando Roberto y Itriago Loor Felix Enrique, quienes mediante sentencia
de fecha 29 de enero de 2021, las 14h31, resolvieron, de manera
unánime: 1.- Declarar que no existe violación de derechos
constitucionales en la forma que lo determina el art. 89 de la CR; 2.-
Negar la acción de hábeas corpus propuesta.
Ante dicha resolución, al amparo de los artículos 24 y 44 numeral 4 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
el accionante Luis Patricio Basantes Mendoza, interpone recurso de
apelación, por lo que, el proceso es remitido a la Corte Nacional de
Justicia.
2. JURISDICCION Y COMPETENCIA
La Corte Nacional de Justicia, ejerce su jurisdicción a nivel nacional de
conformidad con el artículo 182 último inciso de la Constitución de la
República del Ecuador y 172 del Código Orgánico de la Función Judicial.
La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito,
Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, tiene
competencia para conocer los recursos de casación, revisión y los demás
que establezca la ley, en materia penal, de conformidad con el artículo
1
c
WEE N\( ONAL DL
186.8 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, por los artículos
44.4 y 169 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional;
El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo dispuesto por la
Constitución de la República del Ecuador en su artículo 182, por el
Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 173, y por la
Resolución No. 008-2021, de fecha 28 de enero de 2021, designó a las y
los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, nombrando a
sus ganadores, quienes fueron posesionados de sus cargos el 03 de
febrero de 2021.
Conforme la Resolución N° 02-2021, de fecha 05 de febrero de 2021, el
Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, conformó sus Salas
Especializadas en observancia al mandato del artículo 183 del Código
Orgánico de la Función Judicial.
El Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional
de Justicia, asignado para conocer la presente causa, conforme el acta
de sorteo realizado el 02 de marzo de 2021, queda integrado por la
doctora Mercedes Caicedo Aldaz, Conjueza Nacional, en remplazo del
Doctor Walter Macias Fernández, Juez Nacional Ponente; Doctora
Daniella Camacho Herold, Jueza Nacional; y, Doctor Adrian Rojas,
Conjuez Nacional, en reemplazo del Doctor Iván Saquicela Rodas, Juez
Nacional
3. VALIDEZ PROCESAL
El presente recurso se ha tramitado conforme a lo establecido en los
artículos 75, 86 y 89 de la Constitución de la República del Ecuador, por
lo que, al no existir vicios de procedimiento, ni omisión de solemnidades
sustanciales, habiéndose observado las garantías del debido proceso,
este Tribunal declara la validez de todo lo actuado.
4. PLANTEAMIENTOS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
La defensa técnica del ciudadano Luis Patricio Basantes Mendoza, en su
impugnación apelativa sostiene en lo principal que: ". . . una vez más al no
habérsele concedido la libertad mediante la caducidad de la orden de
prisión preventiva que prescribió el día lunes 25 de enero de 2021,
debiendo recalcar una vez más que la resolución es dictada con autos
diminutos, toda vez que los señores Jueces Constitucionales de la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia jamás le
solicitaron a los señores doctores (..), Jueces del Tribunal de Garantías
Penales del Guayas que los proporciones todos los AUDIOS de todas las
audiencias que se han llevado a efecto en la presente causa penal, para
que actúen con honestidad y transparencia y no con espíritu de cuerpo, y
2
CO!L NAGONÍNI DL
de esta forma quede comprobado que la caducidad de la prisión preventiva
es por culpa directa del Juez Ponente Doctor Marlon Castro Haz, quien
desde el 9 de julio de 2020 hasta el 6 de noviembre de 2020, no solicito al
gestor de audiencia que le separe una fecha para la audiencia de
juzgamiento, habiendo transcurrido exactamente TRES MESES Y
VEINTIOCHO DÍAS, actualmente el Proceso Penal N° 09281-2020-00388,
se encuentra en estado de prueba por parte de la Fiscalía..." (sic)
5.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA:
La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida,
la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o
restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona,
así lo determina el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional; lo cual concuerda con lo
establecido por el artículo 45.2, del mismo cuerpo legal, que dice «En caso
de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del
derecho, dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral"; así
como también con el artículo 89 de la Constitución de la República, que
prescribe: "La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la
libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o
ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como
proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de
libertad". La Corte Constitucional del Ecuador, dentro de la sentencia No.
171 15 SEP CC, emitida en el CASO No. 00560 12 EP, estableció lo
siguiente: "..se convierte en una garantía y un derecho de las personas
que se han visto detenidas o privadas de la libertad, a través del cual, las
autoridades competentes deben resolver la situación jurídica de ellas a
efectos de determinar si la detención se realizó sobre la base de los
preceptos legales y constitucionales pertinentes"
La CIDH, mediante sentencia dictada el 7 de septiembre del 2004, en el
caso Tibi vs. Ecuador ha expresado que los procedimientos de habeas
corpus y de amparo son aquellas garantías jurisdiccionales
indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión
esta vedada por el articulo 27.2 de la Convención y sirven, además para
preservar la legalidad en una sociedad democrática"; en tal sentido la
misma CIDDH en la OPINIÓN CONSULTIVA OC8/87 " EL HABEAS
CORPUS BAJO SUSPENSIÓN DE GARANTIA ........ 33. El habeas corpus
en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos americanos, tutela
de manera directa la libertad personal o física contra detenciones
arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades
correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez
para que este pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso,
decretar su libertad..."
Dicho esto, la acción de hábeas corpus, constituye una garantía del
derecho esencial a la libertad, ejercido a través de una acción
3
44 C ORTE X\CR»A[ EM
constitucional, y encuentra su fundamento o razón de ser en la
protección y tutela efectiva a los derechos humanos; y, por tanto, se
constituye un mecanismo de protección de derechos, atribuido a las
personas que consideran que han sido privadas de la libertad de manera
ilegal, arbitraria o ilegítima.
Entonces, la acción de hábeas corpus constituye un proceso autónomo,
sumario, garantista, especial y preferente, cuyo accionar está dirigido a
precautelar la libertad personal y la integridad física de las personas
privadas de libertad ilegalmente. En adición, el recurso de hábeas corpus
es una garantía constitucional, que forma parte del ordenamiento
jurídico en el Ecuador, como el derecho a recurrir los fallos, garantizado
en el artículo 8.2.h de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que dice: "Durante el
proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas: (..) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior". De igual forma, el artículo 76.7.m de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce el derecho a recurrir en todos los
procedimientos en los que se decida sobre los derechos del justiciable; y,
la apelación de la acción de hábeas corpus se encuentra desarrollado en
el artículo 169.1 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.
En el caso que nos ocupa, el recurrente, como sustento de su recurso,
concretamente señala que, no se le ha otorgado su libertad aun cuando
ha excedido el tiempo que determina la ley para los plazos de caducidad
de la prisión preventiva; señala además que, desde el 09 de julio al 06 de
noviembre de 2020, no se ha señalado día y hora para que se celebre la
audiencia de juicio dentro del proceso penal en la que es procesado
habiendo trascurrido tres meses veintiocho días sin que se dé tramite a
la causa.
Relucido el contexto, se toma nota que la privación de la libertad del Sr.
Luis Patricio Basantes Mendoza, ser ha dado dentro de un proceso penal
y que revisado que ha sido el Sistema Automático de Trámite Judicial
Ecuatoriano, como herramienta de consulta, se deja constancia de lo
siguiente respecto de la tramitación de la causa:
1) Se ha llevado a efecto la AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE
FLAGRANCIA, en la ciudad de Guayaquil, el 25 de enero del 2020, las
19h59, por el Delito: TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS
CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN (Art. 220 numeral 1
literal D del código orgánico integral penal), audiencia en la que se da
inicio a la instrucción fiscal en contra de la persona procesada señor
BASANTES MENDOZA LUIS PATRICIO, dictándose la medida cautelar
de prisión preventiva en esa misma fecha.
El
44 C ORlE NACIOAE DL
2) Se ha proseguido con el trámite de Instrucción la misma que
concluye y se lleva a efecto la AUDIENCIA DE EVALUACIÓN Y
PREPARATORIA DE JUICIO, en la ciudad de Guayaquil, el 28 de junio
de 2020, diligencia en la cual el señor Juez competente dicta auto de
llamamiento a juicio en contra del señor Basantes Mendoza Luis
Patricio, bajo el injusto penal contemplado en el art 220 numeral 1
literal d, en calidad de autor directo, conforme el Art 42 numeral 1
literal a del Coip, y se ratifica la medida cautelar de prisión preventiva.
3) Con fecha 09 julio de 2020, las 11:42, el Tribunal de Juicio, avoca
conocimiento de la causa penal seguida en contra de LUIS PATRICIO
BASANTES MENDOZA y sustancia la etapa de juicio, de la siguiente
manera:
3.1) Se realiza la primera convocatoria a audiencia de juicio, la
misma que debía llevarse a efecto el 23 DE NOVIEMBRE DEL
2020 a las 08h30, más no se realiza por cuanto según la razón
consta "SIENDO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020, ALAS 8H30, ENLA
CAUSA 09281-2020-00388, SE ENCUENTRA CONFORMADO EL
TRIBUNAL POR LOS SEÑORES JUECES: ABG. MARLON CASTRO
HAZ, DR. FELIPE SARMIENTO POLO Y ABG. KELTTYA LOPEZ
BURGOS. PROCESADO: MEDIANTE VIDEO CONFERENCIA LUIS
PATRICIO BASANTES MENDOZA, ABG. DEFENSOR PUBLICO
ORLANDO TITO ALVAREZ; FISCAL: GLORIA SIGCHO JUNCO. SE
DA CONOCER UN ESCRITO PRESENTADO EN ESE INSTANTE DEL
ABOGADO PARTICULAR INDICANDO QUE SE ENCUENTRA
DELICADO DE SALUD. EL TRIBUNAL ACEPTA SU DIFERIMIENTO
INDICANDO QUE LA PROXIMA CONVOCATORIA DEBE ESTAR
PRESENTE EL ABOGADO DEFENSOR PARTICULAR O SE
CONTARA CON DEFENSORIA PUBLICA. EL TRIBUNAL SUSPENDE
LOS PLAZOS DE CADUCIDAD DE LA PRISION PREVENTIVA. SE
DIFIERE LA PRESENTE AUDIENCIA A PETICION DEL ABOGADO
DEL PROCESADO. GUAYAQUIL, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020."
3.2) Se realiza la Segunda Convocatoria, para el 30 DE
DICIEMBRE DEL 2020 a las 08h30, en esa fecha se instala la
audiencia y se suspende por cuanto: "RAZON: SIENDO 30 DE
DICIEMBRE DEL 2020, A LAS 08H30 MINUTOS SE ENCUENTRA
CONFORMADOEL TRIBUNAL POR LOS SEÑORES JUECES ABG.
CARLOS CHURTA RODRIGUEZ, MEDIANTE SORTEO DE LEY POR
ENCONTRARSE CON PERMISO EL ABG. MARLON CASTRO HAZ
ABG. KELTTYA LOPEZ BURGOS, DR. FELIPE SARMIENTO POLO,
PROCESADO MEDIANTE VIDEO CONFERENCIA LUIS PATRICIO
BASANTES MENDOZA, CON SU ABOGADO LUIS FERNANDO
ORELLANA TOVAR FISCAL JAKSON LIMA LA PRESENTE
AUDIENCIA SE INSTALA Y RINDEN TESTIGOS DE FEISCALIA:
POLICIA CRISTHIAN YANEZ CABRERA, ALBERTO ZAPATA
BALCAZAR RALIZO ACTA VERIFICA ClON PESAJE Y TOMA DE
5
CORI] ACoN.AL DI
MUESTRA, LUIS FABIAN ERAZO GUEVARA RECONOCIMIENTO
DEL LUGAR DE LOS HECHOS, ELOY A NTONIO SAILEMA
CAÑIZARES REALIZO LA INSPECCION OCULAR TECNICA EL
SEÑOR FISCAL SOLICITA AL TRIBUNAL SE SUSPENDA LA
PRESENTE AUDIENCIA POR FALTA DE COMPARECENCIA DE
TESTIGOS: CRISTHIAN GUALOTUÑA LINCONGO Y EL TENIENTE
DE POLICIA CHA CHAPOYA LARCO EDDY RICARDO GUAYAQUIL,
30 DE DICIEMBRE DEL 2020."
3.3) Se realiza la tercera convocatoria de audiencia para
reinstalación, para el día Lunes 04 de Enero del 2021 a las 14h00,
la misma que no se reinstala por cuanto: "RAZON: SIENDO 4 DE
ENERO DEL 2 02 1, CONVOCADA LA PRESENTE AUDIENCIA A LAS
14H00 SE ENCUENTRA CONFORMADO EL TRIBUNAL POR LOS
SEÑORES JUECES CARLOS CHURTA RODRIGUEZ, ABG. KELTTYA
LOPEZ Y DR. FELIPE SARMIENTTO POLO, PROCESADO: LUIS
PATRICIO BASANTES MENDOZA NO E PUEE CONECTAR YA QUE
EXISTEN PROBLEMAS TECNICOS DE INTERNET PRESENTE SU
ABG. FERNANDO ORELLANA TOVAR FISCAL JAKSON LIMA, SE
ENCUENTRAN PRESENTES LOS TESTIGOS: CRISTHIAN GONZALO
GUALOTUÑA LINCANGO; EDDY RICARDO CHA CHAPOYA LARCO;
INES MARIA SALINAS LOPEZ, MARIA DEL ROCIO ORELLANA;
MARÍA ELIZABETH BUSTAMANTE INTRA. SIGUE SUSPENDIDA LA
AUDIENCIA Y SE MANTIENEN SUSPENDIDOS LOS PLAZOS DE LA
CADUCIDAD DE LA PRISION PREVENTIVA. GUAYAQUIL, 4 DE
ENERO DEL 2021".
3.4) Se realiza la cuarta convocatoria para el día el día Martes 12
de Enero del 2021 a las 11h00 la misma que se instaló y se
suspendió por solicitud expresa del Abogado del procesado
BASANTES MENDOZA LUIS PATRICIO, por falta de testigos que
consideró imprescindibles para su defensa; el Tribunal de
Garantías Penales del Cantón Guayaquil, a fin de garantizar el
derecho a la defensa, (..); de forma unánime acogió la petición de
suspensión de la audiencia y dispuso de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 541 regla 6 y 563 regla 12 del Código Orgánico
Integral Penal; suspender los plazos de la posible caducidad de la
Prisión Preventiva. (..) se CONVOCA a los sujetos procesales para
la realización de la Audiencia Pública de Juzgamiento para el día
Martes 02 de Febrero del 2021 a las 08h30, ...".
3.5.- Se concluye la audiencia de juicio el 02 de febrero de 2021,
anunciándose la decisión oral.
4) Se dicta la SENTENCIA CONDENATORIA, por escrito con fecha 08
de febrero de 2021, las 15:42.
5) Se encuentra pendiente recurso de apelación
44 C ORTE NAMNAL DL
En el presente caso, la jurisdicción constitucional, se ha activado para la
garantía jurisdiccional denominada "habeas corpus", que como se viene
diciendo: "...tiene por objeto recuperar la libertad...", ". . .proteger la
libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la
persona privada o restringida de libertad..."; por ende las formas de
intervención al derecho a la libertad personal, establecidas en el sistema
integral penal, con sus distintas denominaciones, entre ellas, la orden de
prisión preventiva dictada por un Juez (Art. 534 COIP), son potestades
que se desempeñan acorde al debido proceso. Dicho esto, respecto a
determinar que la privación de la libertad no recaiga o no sea considerada
como arbitraria o ilegítima, tenemos que la Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ha efectuado el
análisis respectivo, dando contestación a todas las alegaciones realizadas
en su momento por el hoy accionante, que a criterio del suscrito Tribunal
de apelación, se encuentra debidamente motivado, conforme se observa
del considerando "Séptimo", desprendiéndose, por tanto, que en efecto
no se ha determinado afectación alguna al derecho de libertad, así, los
Jueces Constitucionales han señalado que:
"(...) En virtud de que es el coordinador de audiencia quienfija la fecha,
mediante providencia de fecha 14 de diciembre de 2020, se vuelve a
convocar para el día 30 de diciembre de 2020, en consecuencia, todo
ese periodo de tiempo no es responsabilidad de la administración de
justicia. Tiempo éste como indicó la defensa del accionante acepta.
Finalmente vemos que en la última providencia de fecha 22 de enero de
2020 (fs. 25) Causa No. 09281-2020-00388 RAZON: En virtud que la
Audiencia de Juzgamiento celebrada el día 12 de Enero del 2021 a las
11 hOO; se instaló y se suspendió por solicitud expresa del Abogado del
procesado BASANTES MENDOZA LUIS PATRICIO, por falta de testigos
que consideró imprescindibles para su defensa; el Tribunal de Garantías
Penales del Cantón Guayaquil, a fin de garantizar el derecho a la
defensa, a la tutela efectiva de sus Derechos y del Debido Proceso,
conforme a la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados y
Convenios de Derechos Humanos; de forma unánime acogió la petición
de suspensión de la audiencia y dispuso de conformidad con lo
Prisión Preventiva Guayaquil 12 de Enero del 2021, de lo que se
concluye que quien solicitó suspendió la audiencia justo días antes de
caducar la prisión preventiva fue el mismo procesado. El art. 541 del
COIP al referirse a la caducidad señala: "Artículo 541.- Caducidad.- La
caducidad de la prisión preventiva se regirá por las siguientes reglas: 1.
No podrá exceder de seis meses, en los delitos sancionados con una
pena privativa de libertad de hasta cinco años. 2. No podrá exceder de
un año, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad
mayor a cinco años. 3. El plazo para que opere la caducidad se contará
apartir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva.
Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos. 4. Para efectos de
7
44 C ORTE NAGONAL DI.
este Código, de conformidad con la Constitución, se entenderán como
delitos de reclusión todos aquellos sancionados con pena privativa de
libertad por más de cinco años y como delitos de prisión, los restantes.
5. La orden de prisión preventiva caducará y quedará sin efecto si se
exceden los plazos señalados, por lo que la o el juzgador ordenará la
inmediata libertad de la persona procesada y comunicará de este
particular al Consejo de la Judicatura. 6. Si por cualquier medio, la
persona procesada evade, retarda, evita o impide su juzgamiento
mediante actos orientados a provocar su caducidad, esto es, por causas
no imputables a la administración de justicia, la orden de prisión
preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá de pleno derecho el
decurso del plazo de la prisión preventiva. En relación a ello el art. 563
numeral 12 del COIP señala: «12. Si no se realiza la audiencia de juicio
por inasistencia de la persona procesada o de sus defensores, es decir,
por causas no imputables a la administración de justicia, dicha
inasistencia suspenderá de pleno derecho el decurso de los plazos de la
caducidad de la prisión preventiva hasta la fecha en que efectivamente
se realice la audiencia de juicio. Lo anterior, sin perjuicio de la necesaria
constancia procesal respecto de la suspensión en cada expediente".
Conforme obra de la boleta de encarcelamiento la prisión preventiva fue
dictada el 25 de enero de 2021, y si consideramos que la primera
suspensión fue aceptada por el propio legitimado activo es de 24 días,
esos días es imputable al mismo procesado en consecuencia a la fecha
de la emisión de la sentencia 28 de enero de 2021 aún faltaría 21 días
por la primera solicitud de diferimiento, sin considerar el tiempo
transcurrido por la segunda solicitud de diferimiento por petición
expresa de su abogado conforma obra de la documentación bajada del
sistema SATJE, y otorgado como prueba por el mismo accionante no ha
transcurrido..." (sic)
En ese sentido, los Jueces Provinciales de la Corte Provincial de Justicia
de Guayas, frente a las alegaciones planteadas por el accionante, han
sido claros al determinar que la privación de libertad del ciudadano Luis
Patricio Basantes Mendoza, no constituye un acto ilegal, arbitrario o
ilegítimo, circunstancia en la que concuerda este Tribunal de Alzada, al
determinarse que, existieron varios factores para que la audiencia de
juzgamiento no se efectúe antes del 25 de enero de 2021, fecha en la que
se cumplía los plazos de la prisión preventiva dictada en el proceso penal,
entre esos factores consta claramente, los pedidos de diferimiento y
suspensión de la audiencia por la parte de la persona procesada.
En ese contexto, se deja constancia que la línea de sustentación del
presente recurso por parte del accionante, gira en torno a que se ha
cumplido los plazos de la prisión preventiva, medida cautelar que fue
legalmente dictada dentro de un proceso penal, y que esto se provoca por
la falta de señalamiento de audiencia desde el mes de julio a noviembre
del 2020 (fechas en las que no se caducaba la prisión preventiva, ni
estaba cerca de su caducidad); ese plazo de prisión preventiva se
44 ( ()R1 E NA( OAL. DL
encontraba suspendido por las solicitudes de diferimiento y suspensión
de la audiencia de juicio planteadas por la defensa desde el mes de
noviembre del 2020 a enero del 2021, lo que fue dejado claro por el
tribunal de Garantías Penales que conocía la causa, Tribunal que a la
presente fecha ya ha dictado sentencia en el proceso penal; más por el
contrario la acción jurisdiccional de habeas corpus, contiene una
dimensión diferente, que se encamina a proteger la libertad, la vida, la
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o
restringida de libertad, bajo contextos de la justicia constitucional. En
dicho sentido las rutas jurisdiccionales son diferentes y cuando el Juez
de fuente jurisdiccional, adopta momentáneamente la jurisdicción
constitucional, no puede interferir en las potestades jurisdiccionales,
debe limitarse a la fiscalización para alcanzar el fin perseguido por la
garantía jurisdiccional.
La Corte Constitucional acertadamente ha señalado: "...No se trata de
una instancia sobrepuesta a las ya existentes, ni tampoco tiene como
propósito deslegitimar la actuación de juezas y jueces; sino, por el
contrario, permite emerger en un sistema de justicia caracterizado por el
respeto y la obediencia a las disposiciones y principios constitucionales...
la Corte Constitucional del Ecuador, cuando conoce la garantía
jurisdiccional de derechos constitucionales, no hace las veces de un
tribunal de alzada... interviene siempre que se verifiquen indicios de
vulneraciones a los derechos reconocidos por la Constitución.... En otras
palabras, esta Corte ejerce un control especial en la actividad juzgadora
de los jueces de la jurisdicción ordinaria, pues, fiscaliza sus sentencias y
autos definitivos en los que se hayan vulnerado las reglas del debido
proceso o derechos reconocidos en la Constitución o tratados
internacionales sobre derechos humanos y de la naturaleza sin que ello,
signifique intromisión en la independencia del juez. Por tanto, la finalidad
de esta acción se justifica por la necesidad de garantizar la validez de la
Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico y por ejercer
una verdadera justicia constitucional, cuya misión principal consiste en
comprobar, custodiar, preservar o restablecer cualquier derecho
constitucional vulnerado..." [Sentencia No 247-15-SEP-CC, Caso N° 1195-
14-EPI.
Por lo indicado, este Tribunal de alzada en jurisdicción Constitucional,
concluye que no existió en la detención que afronta el señor Luis Patricio
Basantes Mendoza, arbitrariedad o ilegalidad, tanto más que, a la fecha
en que se dicta esta resolución, cuenta con una sentencia declarativa de
culpabilidad en el ámbito jurisdiccional ordinario, que motivó la
activación del presente habeas corpus.
Por las consideraciones expuestas ut supra, de conformidad con los
artículos 89 de la Constitución de la República y 45.2 de la Ley Orgánica
(cid:9)(cid:9)
44 CORTE CíVJ
J
USTICIA
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito,
Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, por unanimidad, resuelve, ratificar la
sentencia subida en grado, con relación a la negación de la garantía
jurisdiccional de Habeas Corpus interpuesta por el ciudadano Luis
Patricio Basantes Mendoza.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 5 de la Constitución
de la República, una vez ejecutoriada esta sentencia, se remitirá copia
certificada de la misma a la Corte Constitucional para su conocimiento y
eventual selección y revisión, de conformidad a lo dispuesto por el Art.
436, numeral. 6 de la Constitución de la República del Ecuador, en
concordancia con el Art. 25, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional. NOTIFÍQUESE.-
(cid:9)
Dra.aniella Dr. Adrián Rojas Calle
Cam*ho H(cid:9)
Juez Nadional Juez Nacional (e)
Certifico. -
ENB
10
IiIIiI
052-1
0
144792064-DFE
En Quito, lunes quince de marzo del dos mil veinte y uno, a partir de las dieciseis
horas y cincuenta y un minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA
que antecede a: BASANTES MENDOZA LUIS PATRICIO en la casilla No. 1389 y
correo electrónico abpedrorangelgmail.com, abpedrorangeIbajanagmail.com,
en el casillero electrónico No. 0902072099 del Dr./Ab. RANGEL BAJAÑA PEDRO
RAMON. DOCTOR CARLOS WALBERTO CHURTA RODRIGUEZ - JUEZ DEL
TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS en el correo electrónico
Carlos. Churtafuncionjudicial.gob.ec; DOCTOR FELIPE SARMIENTO POLO -
JUEZ DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS en el correo
electrónico rauI.sarmiento@funcionjudicial.gob.ec; DOCTORA KELTTA LOPEZ
BURGOS - JUEZA DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS en el
correo electrónico Kelttya. Lopez©funcionjudicial.gob.ec. DEFENSORIA PUBLICA en
el correo electrónico impugnaciongye@defensoria.gob.ec,
pena lguayasdefensoria.gob.ec, victimasg uayas@defensoria.gob.ec,
juzgamientotri@defensoria.gob.ec, administrativopenalgye@defensoria.gob.ec;
FISCALIA en el correo electrónico investigacionfiscalia.gob.ec,
pena¡ @fiscalia.gob.ec,(cid:9) aud ienciag uay-a-s@fiscalia .gob .ec,
a u d i e n c i a s g u a y a s fi s c a 1 i a . g o b. e c,(cid:9) m a j @ fi s c a l i a . g o b . e c,
pared esaf©fiscalia.gob.ec, cantosb@fiscalia.b.ec, fedoti 1 Ogye©fiscalia.gob.ec.
Certifico:
DR. CA1(cid:9) IG
SECRETARIO ELATOR
Firmado por
RODffiGUEZ
GARCA
DO -1(cid:9) FIRMADO C=EC
L=QUITO
NTE cl
1706271218 |
159865769-DFE
Juicio No. 09359201901177
JUEZ PONENTE: DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI, JUEZA NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 30 de septiembre del 2021, las 15h42.
VISTOS: ANTECEDENTES.
a) Relación de la causa impugnada: En el juicio laboral seguido por GALO
JAIRO CHANCAY PINARGOTE en contra de TRANSESPOL EP en la
interpuesta persona del Ing. FRANCISCO XAVIER MOYANO MOSCOSO,
por los derechos que representa en su calidad de Gerente General, el Tribunal
de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas, dictó sentencia el 29 de noviembre de 2019, las 15h27 y resolvió:
“[…] en los términos de este fallo, acepta parcialmente el recurso de apelación interpuesto
por el accionante, y por ende REVOCA la sentencia recurrida, disponiéndose el pago de la
siguiente liquidación: Por Despido Intempestivo: $7,595.64; Por Desahucio: $1,740.67. Lo
que da un total de $9,336.31 (NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS con
31/100 dólares de los Estados Unidos de América), que deberá pagar TRANSESPOL EP
en la interpuesta persona de su gerente general, Ing. FRANCISCO XAVIER MOYANO
MOSCOSO o quien hiciere sus veces, al actor de esta causa, señor GALO JAIRO
CHANCAY PINARGOTE. Sin honorarios que regular en esta instancia […]”.
Inconforme con esta decisión, el señor Xavier Francisco Moyano Moscoso, Gerente General de la
empresa pública TRANSESPOL EP parte demandada en la presente causa interpone recurso de
casación por el caso cuarto del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos.
Recibido el proceso en la Corte Nacional de Justicia, en auto de fecha 12 de agosto de 2020, las
08h32, se dispone que la parte recurrente: “[…] En atención al caso cuarto que ha servido de base para
la proposición de su recurso, aclare cuáles son los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba que considera lesionados y a los que les ha atribuido el cargo de “errónea interpretación”, una
vez realizado, deberá cotejar dichas disposiciones en conjunto con el vicio alegado, para poder
evidenciar su injerencia en la decisión de la causa; esto por cuanto a lo largo de su fundamentación en
algunos acápites de su recurso menciona la existencia de “errónea interpretación de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba”, pero sin precisar norma alguna que rija la
apreciación de los medios probatorios. Se le advierte además, que únicamente se le concede en este
auto la oportunidad de completar y aclarar su recurso respecto del caso enunciado y de ninguna forma
se le permite reformar su recurso invocando casos distintos a los que sirvieron de base en su recurso
[…]”; hecho lo cual, en auto de 15 de septiembre del 2020, las 08h10, se manifiesta: “[…] se admite
a trámite el recurso de casación propuesto […]”, correspondiendo a este tribunal “[…] entrar a
conocer y resolver el fondo de la cuestión para pronunciarse respecto de la procedencia o no del
recurso de casación presentado […]” (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia Nro. 03114SEP
CC publicada en el suplemento del Registro Oficial Nro. 222, de 9 de abril de 2014), y para hacerlo se
considera:
PRIMERO: Jurisdicción y Competencia: La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional
de Justicia tiene competencia para conocer, sustanciar y resolver los recursos de casación en los
procesos laborales según lo dispuesto en el numeral primero del artículo 184 de la Constitución de la
República del Ecuador; inciso quinto del artículo 183, numeral primero del artículo 191 del Código
Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la Ley de Casación.
Según obra del acta de sorteo de 16 de septiembre de 2021, la competencia para conocer este proceso
correspondió al tribunal conformado por: Dra. Consuelo Heredia Yerovi (Ponente), Dr. Alejandro
Arteaga García; y, Dra. Katerine Muñoz Subía Jueces laborales de la Corte Nacional de Justicia.
Todo ello de conformidad con la resolución No. 022021 de 05 de febrero de 2021 del Pleno de la
Corte Nacional de Justicia que refiere a la integración de sus Salas; y la resolución No.042021 de
19 de febrero de 2021 que trata sobre la distribución de las causas.
SEGUNDO. VALIDEZ PROCESAL . No se observa omisión de solemnidad sustancial alguna
o violación de trámite legal, por lo que se declara la validez de todo lo actuado.
TERCERO. ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO EN LA
AUDIENCIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.
Según lo dispuesto en el artículo 272 del Código Orgánico General de Procesos, la audiencia para
conocer y resolver el recurso de casación se llevó a cabo el día jueves 23 de septiembre de 2021, a las
09h00; escuchada la fundamentación presentada por la demandada recurrente, ante la ausencia de la
parte actora a la audiencia de casación, el Tribunal se pronunció en forma oral al tenor de lo dispuesto
en los artículos 93 y 272 del Código Orgánico General de Procesos; y, en base a las disposiciones
legales pertinentes, se procede a emitir la resolución escrita en los términos siguientes:
CUARTO: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LA SALA
ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
4.1. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN.
La casación es un medio de impugnación extraordinario, público y de estricto derecho; “[…] según
señala DE LA PLAZA, el objeto de la casación, en palabras de CARAVANTES, no es tanto,
principalmente, enmendar el perjuicio o agravio a los particulares con las sentencias ejecutoriadas, o
el remediar la vulneración del interés privado, cuanto el atender a la recta, verdadera, general y
uniforme aplicación de las leyes o doctrinas legales; idea que, en épocas más próximas a nosotros,
reitera Manresa, cuando atribuye al recurso la misión de […] enmendar el abuso, exceso o agravio
inferido por las sentencias firmes de los Tribunales de apelación cuando han sido dictadas contra ley o
doctrina legal, o con infracción de las formas más esenciales y trámites más esenciales del juicio […]”
(Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador, 2005, pág. 221).
A través de este recurso, se cumple, en los casos que la ley específicamente lo determina, con un fin
público, al vigilar que las sentencias emitidas en niveles de instancia se ajusten a la normativa
existente, al derecho vigente; permitiendo de esta manera, una verdadera seguridad jurídica al unificar
la interpretación de las leyes; y, un fin privado, buscado por la parte que lo interpuso para alcanzar la
defensa del derecho que considera vulnerado. El cumplimiento del primer fin, no acarrea
implícitamente el segundo, sin embargo, el fin privado, de haber lugar, permite consecuentemente, el
cumplimiento del fin público.
4.2. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS SOBRE LA MOTIVACIÓN
AI tenor de lo dispuesto en el literal I) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República
del Ecuador, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas; no habrá motivación, si
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda, o no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso. La inobservancia
de esta norma constitucional ocasiona la nulidad de la resolución.
En materia de casación la motivación se circunscribe a presentar un razonamiento jurídico con base en
la normativa legal y en principios del derecho, de ser el caso, que justifiquen por qué la sentencia
recurrida por este recurso extraordinario ha infringido normas legales y contempla alguno de los
errores presentados al amparo de los casos alegados o por qué los fundamentos de quien interpuso el
recurso carecen de sustento suficiente para casar la sentencia; en resumen, la motivación en casación
debe contemplar los fundamentos para casar o no la sentencia recurrida, siendo: “[…] el conjunto de
razones y fundamentos jurídicos que sustentan el pronunciamiento […]” (Tolosa Villabona, Teoría y
Técnica de la Casación, 2008, pág. 126).
La motivación se constituye así en un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y observancia
en todas las resoluciones administrativas o judiciales, convirtiéndose en el eje diferenciador entre la
racionalidad y la arbitrariedad.
“[…] El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de
justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho
suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática
[…]” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela, 2007).
La motivación será considerada entonces como uno de los derechos de la tutela judicial efectiva y el
debido proceso, en este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que: “[…] Para que
determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la autoridad que tome la
decisión exponga las razones que el Derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe
hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como mostrar cómo los enunciados
normativos se adecúan a los deseos de solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable
es aquella fundada en los principios constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica
coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre esta y la decisión. Una decisión
comprensible, por último, debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte
del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto […]” (Corte Constitucional del Ecuador,
Sentencia Nro. 07515SEPCC, 2015, pág. 8).
Por otra parte, el artículo 89 del Código Orgánico General de Procesos, hace referencia a que una
sentencia motivada es aquella que enuncia las normas o principios jurídicos en que se funda y explica
la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, explicando los razonamientos fácticos y
jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas como a la interpretación y
aplicación del derecho.
La motivación es el requisito principal, básico y fundamental que debe contener toda resolución, se
compone del conjunto de razonamientos expuestos por el juzgador sobre el asunto a resolver, que
enlazados de tal manera, guardan sindéresis y coherencia entre sí, permitiendo arribar a una decisión,
en apego a la Constitución, tratados internacionales y leyes existentes, que genere seguridad y certeza
a las partes.
Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes señalada, este tribunal fundamenta
su resolución en el análisis que se expresa a continuación.
QUINTO. CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO CUARTO:
“[…] 4. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que
hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho
sustantivo en la sentencia o auto […]”.
Para la procedencia de este caso, que en doctrina se lo conoce como de violación indirecta de la
norma, es necesario que se hallen reunidos los siguientes presupuestos básicos:
a) la indicación de la norma de valoración de la prueba que a criterio de recurrente ha sido violentada;
b) la forma en que se ha incurrido en la infracción, esto es, si es por aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación;
c) la indicación del medio de prueba en que se produjo la transgresión;
d) la violación de una norma de derecho ya sea por equivocada aplicación o por no aplicación; y,
e) una explicación lógica y jurídica del nexo causal entre la primera infracción (norma de precepto de
valoración de la prueba) y la segunda infracción de una norma sustantiva o material.
Al invocarlo, el recurrente debe justificar la existencia de dos transgresiones, la primera de una norma
contentiva de un precepto de valoración de la prueba, y la segunda, la violación de una disposición
sustantiva o material que ha sido trasgredida como consecuencia o por efecto de la primera infracción,
de tal manera que, es necesario se demuestre la existencia del nexo de causalidad entre una y otra, en
este sentido y una vez que ha precluido la fase de admisibilidad del recurso de casación, en atención a
lo manifestado por la Corte Constitucional: “[…] los jueces casacionales, durante la fase de admisión,
ya efectuaron una verificación del cumplimiento con los requisitos establecidos en la norma
constitucional, de tal forma que no cabe que en sentencia nuevamente se pronuncien sobre aspectos de
forma, negándose a conocer el fondo del asunto controvertido, pues una vez admitido a trámite el
recurso deben resolver sobre las pretensiones del recurrente, garantizando así una adecuada tutela
judicial[…]”. (Sentencia de la Corte Constitucional No. 30715SEPCC, caso No. 013313EP);
corresponde a este Tribunal pronunciarse en relación a las alegaciones realizadas por el recurrente,
advirtiendo lo siguiente:
5.1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN POR EL CASO CUARTO.
El recurso de casación motivo de este análisis se fundamenta en el caso 4 del artículo 268 del Código
Orgánico General de Procesos, la parte casacionista, al efecto considera que existe infracción de los
siguientes artículos: 76 numeral 1, 82 de la Constitución de la República del Ecuador; numeral 1 del
artículo 172, 621, 183 segundo inciso del Código del Trabajo; y, artículo 164 segundo y tercer inciso
del Código Orgánico General de Procesos.
5.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO. –
De conformidad con los cuestionamientos vertidos por la parte recurrente, el principal problema
jurídico a dilucidar bajo el caso cuarto del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, es:
- Determinar si el tribunal ad quem incurrió en la transgresión de los artículos 183 y
621 del Código del Trabajo así como el segundo inciso del artículo 164 del Código
Orgánico General de Procesos, al no valorar todas las pruebas aportadas al proceso y
considerar únicamente el expediente de visto bueno agregado por la parte actora, lo
que ha conllevado a la falta de aplicación del numeral primero del artículo 172 del
Código del Trabajo y, a la indebida declaratoria del despido intempestivo.
5.3. EXAMEN DEL CARGO:
A fin de dilucidar si los cargos formulados tienen sustento jurídico, y teniendo en cuenta que el
recurso de casación es “[…] un ataque a la sentencia; una imputación de que ha infringido la ley o
quebrantado las formas esenciales del juicio, o de ambas cosas a la vez […]” (Martínez Escobar, La
Casación en lo Civil, 1936, pág. 1), y en razón del principio dispositivo al cual se refiere la
Constitución de la República del Ecuador en el numeral sexto del artículo 168 “[…] La sustanciación
de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el
sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo […]”.
Entendiendo este principio como la limitación de las actuaciones de los juzgadores al impulso
procesal de las partes, que, en materia de casación, se traduce en la restricción de las acusaciones
formuladas en los términos expuestos en el respectivo recurso, las cuales, además de contener los
requisitos indispensables exigidos por ley, deberán cumplir con el tecnicismo específico requerido
para cada una de las causales invocadas, en razón de lo cual, este tribunal considera lo siguiente:
Con base en el caso cuarto del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, el casacionista
acusa en la fundamentación del recurso de casación que existe errónea interpretación de los artículos
183 y 621 del Código del Trabajo y artículo 164 del Código Orgánico General de Procesos, por lo
siguiente:
“[…] primer precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba que se considera
lesionado y al que se le ha atribuido el cargo de “errónea interpretación” […] es el
INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 183 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO […] queda
claro que la Sala debía considerar al Visto Bueno como un informe y apreciarlo con criterio
judicial, en relación con las pruebas rendidas en el juicio […] el sentido que le da la Sala al
precepto es el que BASTA con que se valore el Visto Bueno y NO a las demás pruebas
rendidas en el juico. Es decir, la Sala simplemente consideró que si el Visto Bueno era
ineficaz e invalido, automáticamente podía dictar sentencia declarando despido intempestivo,
lo cual es grave y lesiona el precepto jurídico señalado pues bajo ese sentido equivocado la
Sala en lugar de considerarlo como un mero informe le da la categoría de única prueba y deja
SIN APRECIAR LAS DEMÁS PRUEBAS. Al errar de esta manera la Sala, interpretando que
como si la sola ineficacia del Visto Bueno permitiera sentenciar automáticamente a favor del
actor, evidencia completamente una injerencia en la decisión de la causa, pues si hubiese
interpretado correctamente el precepto, esto es, observando que el verdadero sentido del
precepto tiene el alcance de que se aprecien las demás pruebas aportadas en el juicio, la
decisión hubiese sido diferente y le hubiese dado la razón al demandado. Dicho de otro modo,
sin el yerro de la Sala, la interpretación correcta debía ser apreciar todas las pruebas, no solo el
Visto Bueno, de tal forma que se hubiese dado cuenta de que había que aplicar el numeral 1
del artículo 172 del Código del Trabajo. Por lo tanto, la norma de derecho sustantivo que no
se aplicó en la sentencia, conducido por el yerro en la interpretación de la Sala, es dicho
numeral 1 de 172 del Código del Trabajo […] El segundo precepto jurídico que se ha
mencionado en el recurso y que ha sido lesionado por estar erróneamente interpretado es el
ARTÍCULO 164 SEGUNDO INCISO DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE
PROCESOS […] Al errar de esta manera la Sala, interpretando como si la ineficacia del
Visto Bueno era lo único que debía apreciar para resolver, evidencia completamente una
injerencia en la decisión de la causa, pues si hubiese interpretado correctamente el precepto,
esto es, observando que el verdadero sentido del precepto tiene el alcance de que se deben
apreciar todas las pruebas aportadas al juicio y que impliquen un conjunto, la decisión hubiese
sido diferente y le hubiese dado la razón al demandado. […] El tercer precepto jurídico que se
ha mencionado en el recurso y que ha sido lesionado por estar erróneamente interpretado es el
ARTÍCULO 621 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO […] La Sala interpreta erróneamente
este precepto jurídico porque le da el sentido de que para el otorgamiento de un Visto Bueno,
el Inspector solamente toma en cuenta la solicitud de visto bueno y algún documento adicional
específico, cuando la interpretación correcta es que el Inspector realiza una
INVESTIGACIÓN, para luego resolver según los datos (que viene a ser lo mismo que las
pruebas) y motivos (la motivación determina desde la propia Constitución) en que se funde.
Al errar de esta manera la Sala, interpretando como si lo único que toma en cuenta el
Inspector es la solicitud y algún documento especifico en el trámite de Visto Bueno, evidencia
completamente una injerencia en la decisión de la causa, pues si hubiese interpretado
correctamente el precepto, esto es, si la Sala observaba que el verdadero sentido del precepto
tiene el alcalde de que se aprecie no solo la solicitud y algún otro documento especifico sino
toda la investigación que realiza el Inspector y que lo lleva a una resolución motivada, la
sin el yerro de la Sala, la interpretación correcta debía ser apreciar todo lo ocurrido en el
trámite del Visto Bueno, de tal forma que se hubiese dado cuenta de que dicho Visto Bueno si
es eficaz y que debía aplicar el numeral 1 del artículo 172 del Código del Trabajo […]”.
Además, “[…] debían considerar al Visto Bueno como un informe y apreciarlo con criterio
judicial, en relación con las pruebas rendidas en el juicio […] la Sala en lugar de considerarlo
como un mero informe le da la categoría de única prueba y deja SIN APRECIAR LAS
DEMÁS PRUEBAS […]”
Al respecto, los artículos 183 y 621 del Código del Trabajo y segundo inciso del artículo 164 del
Código Orgánico General de Procesos atacados por errónea interpretación disponen en su orden: “[…]
Calificación del visto bueno. En los casos contemplados en los artículos 172 y 173 de este Código,
las causas aducidas para la terminación del contrato, deberán ser calificadas por el inspector del
trabajo, quien concederá o negará su visto bueno a la causa alegada por el peticionario, ciñéndose a lo
prescrito en el capítulo "Del Procedimiento". La resolución del inspector no quita el derecho de acudir
ante el Juez del Trabajo, pues, sólo tendrá valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial, en
relación con las pruebas rendidas en el juicio [….]”; “[…] Solicitud de visto bueno. El inspector que
reciba una solicitud tendiente a dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos
determinados en los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al interesado dentro de veinticuatro
horas, concediéndole dos días para que conteste. Con la contestación, o en rebeldía, procederá a
investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día, otorgando o
negando el visto bueno. En la resolución deberá constar los datos y motivos en que se funde [….]”; y,
“[…] La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando
a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos
[….]”.
Revisadas las pretensiones de la parte accionada en su recurso de casación, así como la sentencia
impugnada, este Tribunal de Casación considera que al referirse a la apreciación de la prueba, el
Código Orgánico General de Procesos, en el inciso segundo del artículo164 determina: “[…] La
prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo
las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos […]”;
norma que contiene la obligación del juez de apreciar todas las pruebas que se han actuado en el
proceso y que le han servido para justificar la decisión, es decir, no en forma aislada sino en su
conjunto: “[…] La apreciación conjunta de la prueba – expresa TOBOADA ROCA es aquella
actividad que realiza el juzgador de instancia analizando y conjugando los diversos elementos
probatorios suministrados por los litigantes, y en virtud de cuya operación llega al convencimiento
de que son ciertas algunas de las respectivas alegaciones fácticas de aquéllas en las que basan sus
pretensiones o defensas, o no logra adquirir ese convencimiento necesario para fundamentar su fallo
estimatorio de ellas. Tal obligación legal, que impide la desarticulación del acervo probatorio, ha
sido la causa de que los juzgadores de instancia muy frecuentemente acudan a ese expediente de la
apreciación en conjunto para formar su criterio, si atender de modo especial o preferente a ninguna
de las diversas pruebas practicadas. Con tal procedimiento resulta que su convicción se forma no por
el examen aislado de cada probanza, sino por la estimación conjunta de todas las articuladas,
examinadas en su complejo orgánico de compuesto integrado por elementos disímiles […]
(Humberto Murcia Ballen. Recurso de Casación Civil, sexta edición, Bogotá, Ediciones Jurídicas.
Págs. 409, 410); “[…] La no apreciación de pruebas en conjunto, o la equivocada apreciación que de
la unión de ellas haga el sentenciador, estructura error de derecho […]” (Murcia Ballen, ob. cit. pág.
412). “[…] Para una correcta apreciación no basta tener en cuenta cada medio aisladamente, ni
siquiera darle el sentido y alcance que realmente le corresponde, porque la prueba es el resultado de
los múltiples elementos probatorios, reunidos en el proceso, tomados en su conjunto, como una
“masa de pruebas”, según la expresión de los juristas ingleses y norteamericano. Es indispensable
analizar las varias pruebas referentes a cada hecho y luego estudiar globalmente los diversos hechos,
es decir “el tejido probatorio que surge de la investigación”, agrupando las que resulten favorables a
una hipótesis y las que por el contrario la desfavorezcan, para luego analizarlas comparativamente,
pensando su valor intrínseco y, si existe luego analizarlas comparativamente, pensando su valor
intrínseco y, si existe tarifa legal, su valor formal, para que la conclusión sea una verdadera síntesis
de la totalidad de los medios probatorios y los hechos que en ellos se contienen […]”. (Hernando
Devis Echandia, Teoría General de la Prueba Judicial, T.I, Bogotá, Temis, 2002, pág. 290). El juez
debe entonces observar las solemnidades prescritas en la ley procesal para la existencia o validez de
ciertos actos y expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas, mismas que
deben ser apreciadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica que constituyen el juicio razonado
que sobre los hechos, asume el juzgador, a través de la apreciación y valoración de las pruebas, de
la exégesis de la ley, del uso de su experiencia, de las reglas de la lógica, de los principios de la
ciencia y de la justicia universal; precepto que el profesor uruguayo Eduardo Couture lo señala
como: “[…] una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva
rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula,
elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. Las
reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas
interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen
de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de
inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y
a un conocimiento experimental de las cosas. El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica,
no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería
sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin
excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los
filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento […]”
(Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires, Editorial B de F., cuarta edición póstuma,
2002, pp. 221222).
En este contexto, este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, señala que
le está vedado volver a valorar la prueba actuada, misma que es una facultad propia de los jueces de
instancia y lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia N.° 02814SEPCC que
resuelve el caso N.° 192612EP; destacando que:
"[…] esta Corte reitera que en el recurso de casación está prohibido actuar prueba o admitir
incidentes, pues al hacerlo se desconocería la naturaleza jurídica propia de dicho recurso, que
es realizar un análisis de la sentencia frente a la ley, lo que implica que no se puede discutir
acerca de las pretensiones que originaron el litigio que produjo aquella sentencia […]".
Sin embargo, la ley atribuye al Tribunal de Casación, la posibilidad de examinar la apreciación que los
jueces de instancia hubieren hecho de los medios de prueba, a fin de verificar que no exista
trasgresión en la aplicación de los preceptos jurídicos que gobiernan la actividad valorativa,
cimentando su resolución en pruebas no actuadas, contraviniendo la ley o concediendo eficacia
probatoria a aquella prueba que no la tiene; como indica Fernando De la Rúa, el órgano casacional no
puede inmiscuirse en la valoración de las pruebas que hace el juzgador “[…] sólo puede controlar si
son válidas (control de legitimidad), si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto
entendimiento humano (control de logicidad), y si la motivación así constituida es expresa, clara,
completa y emitida de acuerdo a las formas prescritas. Fuera de este límite, el ejercicio de la libre
convicción del juzgador está excluido del control de la casación […]” (De la Rúa, El recurso de
casación en el derecho positivo, pág. 153).
Por lo cual, este Tribunal de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia procede a revisar si en el
proceso de valoración probatoria efectuado por el tribunal ad quem se ha incurrido en las
transgresiones alegadas.
Así, se observa que en el considerando DUODÉCIMO del fallo de segundo nivel, el Tribunal de
alzada realiza un análisis, estableciendo la valoración probatoria que les llevó a concluir que el visto
bueno solicitado por el empleador e impugnado en sede judicial fue ilegal, mismo que se contrae a:
“[…] la indemnización por despido intempestivo que señala el Art. 188 y la bonificación
establecida en el Art. 185 ambos del Código de Trabajo. Ante las pretensiones del accionante,
la empresa accionada a través de su representante legal, también demandado, al contestar la
demanda, niega dicha pretensión, pues señala que la relación laboral concluyó por la
autorización de la Inspectora de Trabajo, Ab. María Yuz Valencia, al aceptar la solicitud de
visto bueno propuesta en contra del trabajador, al amparo de la causal 1ª del Art. 172 del
Código de Trabajo, de ahí que a su criterio, al actor no le asiste el pago de dichos rubros. Por
lo tanto corresponde analizar la eficacia del Visto Bueno en contra del trabajador, por ello, lo
allí actuado debe ser sometido al cumplimiento de los principios de la Verdad Procesal, Tutela
Judicial Efectiva, Seguridad Jurídica, las garantías básicas del debido proceso […] por lo que
la Sala realiza las siguientes puntualizaciones: a) Conforme se desprende de la copia
certificada del expediente íntegro del visto bueno No. 2748452018, obrante de fs. 3 a 76, que
siguió la entidad accionada en contra de la hoy demandante, por abandono de trabajo, trámite
en el cual con fecha 12 de febrero del 2019, las 14h42, se han concedido las pretensiones de la
parte empleadora, por considerar la Inspectora de Trabajo, Abg. María Yuz Valencia, que la
conducta del hoy accionante se había enmarcado en los preceptos del numeral 1 del Art. 172
del Código del Trabajo (fs. 71 a 74) […] se evidencia que el referido trámite ha sido además
de inconstitucional, totalmente ilegal, pues la solicitud de visto bueno propuesta por Paola
Vanessa Guevara Guevara, por los derechos que representa de la compañía TRANSESPOL
EP, en su calidad de Gerente General subrogante, de la citada empresa, misma que obra de fs.
7 a 9 del expediente ampara su petición en los dispuesto en el numeral 1 del Art. 172 del
Código de Trabajo […] si observamos en la determinación de los hechos: “…2. El día 27 de
septiembre del 2018, mediante Memorando No. EPTTHH1082018, la señora Katherine
Quiroga, Asistente de Talento Humano, me informa que el señor Galo Jairo Chancay
Pinargote, no ha asistido a sus labores durante más de 3 días inclusive, para lo cual me adjunta
la documentación de soporte correspondiente. 3. Por su parte, el señor Juan Pablo Flores,
auxiliar de transporte y como tal responsable de organizar las labores cotidianas del señor
Galo Jair Chancay Pinargote, informa mediante oficio s/n del 27 de septiembre del 2018, que
debió realizar una serie de cambios en la programación establecida, debido a la inasistencia
de aquel durante los días lunes 24, martes 24 y miércoles 26, todos del presente mes de
septiembre del 2018…”. Adjuntando a la solicitud propuesta la comunicación suscrita por el
señor Juan Pablo Flores (fs. 23), y el referido Memorando No. TRANSESPOL EPTTHH
1082018 de fecha Septiembre del 218, que obra de fs. 25, así como el Reporte General de
Asistencia que obra de fs. 27. En las tres piezas procesales incorporadas al expediente se
puede claramente establecer que en efecto los días de inasistencia del trabajador corresponden
a los días lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de septiembre del 2018; b.4) De ahí que
aplicando el principio de legalidad contemplado en el numeral 3 del Art. 76 de la Constitución
de la República, en concordancia con el numeral 1 del Art. 172 del Código de Trabajo, NO SE
HAN CUMPLIDO LOS PRESUPUESTOS para que proceda la autorización para terminar la
relación laboral constante en la resolución administrativa dictada por la Ab. María Yuz
Valencia, Inspectora de Trabajo del Guayas, que obra de fs. 71 a 74 y de fs. 135 a 137 de los
autos, ya que para que esta proceda es necesario que la inasistencia sea superior a tres días,
cito: 1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o
por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos,…siempre que
dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual de labor; b.5) Y dado que
en el presente caso, la prueba que se presentó para sustentar la pretensión de la ex empleadora
señala las faltas repetidas únicamente por tres días, con lo que se incumple lo determinado en
la norma citada […] Por ende este Tribunal bajo el principio de obligatoriedad de Administrar
Justicia previsto en el Art. 172 de la Constitución de la República y en el Art. 28 del Código
Orgánico de la Función Judicial, determina que ha existido violación del debido proceso,
declarándose la ineficacia jurídica del Visto Bueno en contra del hoy actor […] por ello se
otorga al accionante el derecho a percibir la indemnización establecida en el Art. 188 del
Código del Trabajo y bonificación del Art. 185 ibídem […]”.
De lo manifestado se colige que, el Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas, ordenan el pago del despido intempestivo alegado por la parte
actora, conforme lo dispone el artículo 188 del Código del Trabajo, pues a su decir, conforme se
desprende de la copia certificada del expediente íntegro del Visto Bueno No. 2748452018, obrante
de fs. 3 a 76 del expediente, y de 3 documentos procesales aparejados a este, tales como: i)
Memorando No. TRANSESPOL EPTTHH1082018 de fecha Septiembre del 218 (fj. 25), ii) oficio
s/n del 27 de septiembre del 2018 (fj. 23); y, iii) Reporte General de Asistencia (fs. 27); se manifestó
que no existe constancia procesal suficiente para que proceda la autorización para terminar la
relación laboral bajo la causal determinada en el numeral 1 del artículo 172 del Código del Trabajo,
ya que para que esto proceda era necesario que la inasistencia sea superior a tres días tal como lo
indica la norma “[…] por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin
causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual
de labor […]”.
En este sentido, este tribunal observa que en la sentencia materia de casación, no se han valorado las
pruebas actuadas por la parte demandada, a pesar de que en el ejercicio del derecho a la defensa,
anunció y practicó en legal y debida forma aquellas, esto es: “[…] Original del Oficio del 19 de
diciembre del 2018 suscrito por el señor Galo Chancay Pinargote y que adjunta sentencia recaída en
su contra del Juicio No. 09266201800607, que prueba que estuvo detenido o preso durante muchos
más de 3 días seguidos, producto de una contravención de tránsito, de que es parte de su propia
exposición en la demanda. B) Declaración de parte rendida bajo juramento del señor Xavier
Francisco Moyano Moscoso, por los derechos que representa de la empresa pública TRANSESPOL
EP, en su calidad de Gerente General, con lo que se afirma que el exempleado falto mucho más de 3
días […]”, lo cual ha provocado la transgresión del segundo inciso del artículo 164 del Código
Orgánico General de Procesos, ya que era obligación de los jueces valorar en su conjunto la prueba
actuada, expresando el por qué se acogen determinadas pruebas y se desechan otras; y, analizando
el valor de todas ellas para llegar a establecer si existió o no causa legal para dar fin a la relación
laboral, en este sentido, son procedentes los yerros acusados por la parte accionada al amparo del
caso cuarto del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que se acepta el cargo
acusado, y en los términos fijados en el artículo 273 ibídem , se dicta lo que sigue:
SEXTO: SENTENCIA DE MÉRITO. De este modo, trabada la litis en lo que respecta a la
impugnación del trámite de Visto Bueno y su correspondiente resolución dictada dentro del
expediente administrativo No. 2748452018; este tribunal de casación para analizar las acusaciones
señaladas, realiza las siguientes puntualizaciones:
1. En nuestra legislación laboral, el artículo 169 establece las causas de orden legal para la
terminación del contrato individual de trabajo; estableciendo entre ellas las constantes en los
numerales 7 y 8 de esta norma, referentes a que esta puede darse por voluntad del empleador en los
casos del artículo 172 del Código de Trabajo o por voluntad del trabajador según el artículo 173
ibídem; a través del trámite de visto bueno mismo que se halla establecido en el artículo 621 ejusdem;
y, en el caso de que la solicitud de visto bueno sea por parte del empleador, para que este se lleve a
efecto con suspensión de relaciones laborales de la parte trabajadora, se ha de estar a lo previsto en el
artículo 622 ibídem.
2. En relación al Visto Bueno, el Dr. Aníbal Guzmán Lara sostiene: “[…] Es una diligencia de
carácter administrativo que se realiza ante el inspector de trabajo previa petición del patrono o
trabajador, con el fin de dar término a los contratos individuales de trabajo, en los casos expresamente
determinados en los Arts. 133 y 134 del C. del T. esta diligencia equivale a una permisión para romper
el vínculo jurídico contractual, después de haber examinado la conformidad del motivo indicado, ya
con la ley, ya con la realidad de los hechos. Fuera de los casos enumerados en los Arts. 133 y 134, es
improcedente la solicitud de visto bueno, y si de hecho se presentare solicitud debería ser rechazada
de plano […]”. (Diccionario explicativo del derecho del trabajo en el Ecuador, Instituto del Derecho
del Trabajo e Investigaciones sociales, Universidad Central, QuitoEcuador, Facultad de
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, 1970, p. 383.) (Los artículos mencionados en la cita
corresponden a la regulación de visto bueno a la fecha que escribe el autor).
El Visto Bueno Laboral, es la resolución (autorización) que dicta la autoridad administrativa de
Trabajo, en éste caso el Inspector del trabajo o quien haga sus veces, mediante la cual expresa que son
legales las causas alegadas por el empleador y/o trabajador, para dar por terminado legalmente el
contrato Individual de Trabajo, previo trámite de ley; este, confiere al Inspector de Trabajo
atribuciones suficientes para conocer o tramitar las solicitudes de terminación de la relación de
trabajo, presentada por empleadores o trabajadores y resolverlas, mismas que podrán impugnarse vía
judicial al tener el valor de mero informe; la ex Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte
Nacional de Justicia el 20 de febrero de 2009, en la resolución Nº 52309, juicio Nº 20060078,
señala: “[…] Con respecto al Visto Bueno el inciso segundo del Art. 183 del Código del Trabajo
establece: "La resolución del inspector no quita el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues,
solo tendrá valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial, en relación con las pruebas
rendidas en el juicio.", esta Sala considera necesario señalar, que el juzgador está obligado, no solo a
comprobar que en realidad el inspector del trabajo concedió el visto bueno, sino, que es menester
determinar, que se ha probado en el juicio, que los fundamentos jurídicos en los que basa el
inspector el visto bueno, son verdaderos […]”. (Énfasis añadido).
3. Examinado el expediente de Visto Bueno No. 2748452018 seguido por TRANSESPOL EP en
contra de GALO JAIRO CHANCAY PINARGOTE y sustentado en la causal No. 1 del artículo 172
del Código del Trabajo concretamente por: Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de
asistencia al trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa
justa y siempre que dichas causales se hayan producido, dentro de un periodo mensual de labor; este
tribunal de casación observa que la Inspectora de Trabajo Ab. Maria Yuz Valencia, con fecha 12 de
febrero de 2019, las 14h42 aceptó el mismo al considerar que: “[…] El día 27 de septiembre del
2018, mediante memorando No. EP TTHH1082018, la señora Katherine Quiroga, Asistente de
Talento Humano, me informa que el señor GALO JAIRO CHANCAY PINARGOTE, no ha asistido
a sus labores durante más de tres días inclusive, para lo cual me adjunta la documentación de soporte
correspondiente […] Solicite al SR. GERENTE GENERAL DE TRANSESPOL E.P, Javier Moyano
Moscoso, 2”… que en los actuales momentos estoy atravesando un problema de índole legal debido
a mi infracción de tránsito, por lo que solicito muy comedidamente se sirva ordenar a quien
corresponda se me conceda DIEZ DIAS DE PERMISO CON CARGO A MIS VACACIONES a
partir del día lunes 24 de septiembre del 2018”…. Dicha petición tuvo su respuesta inmediata de
parte de la SRA GERENTE GENERAL SUBROGANTE NEGANDOME LO PETICIONADO.
Mediante oficio EP04920418 de fecha 26 de septiembre de 2018 […] El día de la diligencia de
investigación, anuncia como medios de prueba, el abogado patrocinador de la parte accionante
manifestó: A FOJAS 14 consta dentro de auto oficio sin serie de fecha 27 de septiembre de 2018
suscrito por Juan Carlos Flores AUXILIAR de transporte. A FOJAS 15 consta e n los autos
memorándum #transespol EPTTHH1082018 suscrito por la Ing. KATHERINE QUIROGA
dirigido a la Srta. VANESSA GUEVARA Gerente Subrogante de Transespol. A FOJAS 16 consta
en los autos reporte general de asistencia del accionada GALO JAIRO CHANCAY PINARGOTE en
el que se corrobora la inasistencia de los días 24, 25 y 26 septiembre del 2018. En virtud de lo
mencionado por la contraparte referente a lo manifestado sobre la supuesta justificación de los días
24, 25, 26 de septiembre de 2018 siendo esta una justificación tal como lo señala en conformidad
con el art. 42 y demás normas pertinentes al código del trabajo por cuanto no corresponde a una
justificación el hecho de estar detenido ya que en dicha normativa indica que solo puede ser motivo
de sufragio maternidad entre otros […] se concluye que el accionante demostró con pruebas
fehacientes, que el trabajador accionado se encuentra incurso en la causal primera del artículo 172 de
Código del Trabajo […]”.
4. El artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos, dispone: “[…] Carga de la prueba. Es
obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y
que ha negado la parte demandada en su contestación.
La parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o
absolutamente negativa; pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o
implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada […]”; respecto de lo cual se
observa que, la parte accionante estaba en la obligación de probar los hechos que ha propuesto
afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación. La parte
actora a través de sus medios de pruebas se refirió que los únicos días que él no asistió a laborar en
la entidad demandada fueron los días lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de septiembre de 2018; es
decir, 3 días y así consta en el expediente de Visto Bueno No. 2748452018, además que con fecha
25 de septiembre de 2018 remitió una comunicación a su empleador TRANSESPOL EP, misma
que ha ingresado a su dependencia con fecha 26 de septiembre de 2018, a las 08h57 según consta de
la recepción del documento y que en su parte pertinente dice “[…] Por medio de la presente me
permito hacerle llegar mis cordiales y respetuosos saludos, a la vez que molesto su atención a que en
los actuales momentos estoy atravesando un problema de índole legal debido a una infracción de
tránsito, por lo que solicito muy comedidamente se sirva ordenar a quien corresponda se me
conceda DIEZ DIAS DE PERMISO CON CARGO A MIS VACACIONES, a partir del lunes
24 de septiembre de 2018, a fin de solucionar inconvenientes que he comunicado en líneas
anteriores […]”. (la negrita pertenece a este Tribunal), cabe considerar que la parte accionante en la
demanda como en el trámite de Visto Bueno aceptó que la solicitud de permiso fue respondida el
mismo día por su empleador, mediante oficio TRANS EPGG 0492018, en los siguientes términos:
“[…] debo informar que de conformidad con el artículo 42 y demás normas pertinentes del Código
del Trabajo y el Reglamento Interno de la entidad, no procede el pedido de permiso indicado en el
oficio, por cuanto no corresponde a los previstos en dicha normativa tales como pueden ser por
motivos de: sufragio, maternidad, entre otros […]”; observándose que el mentado pedido de permiso
con cargo a vacaciones fue negado, con lo cual no tenía un justificativo legal para inasistir a su lugar
de trabajo, además, no existe medio probatorio tendiente a demostrar que su inasistencia haya sido
únicamente por los días lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de septiembre de 2018 como alega; por
el contrario, de las pruebas que han sido legalmente actuadas en el proceso por las partes, como:
Memorando No. TRANSESPOL EPTTHH1082018 de fecha Septiembre del 218 (fj. 25), oficio
s/n del 27 de septiembre del 2018 (fj. 23); y, oficio de 19 de diciembre de 2018 suscrito por Galo
Chancay Pinargote, al que se adjunta la sentencia emitida dentro del Juicio No. 09266201800607
(fjs. 127 a 134), de la que se desprende que “[…] las circunstancias de la aprehensión del ciudadano
Galo Jairo Chancay Pinargote, por la presunta contravención tipificada y sancionada en el Art. 385
inc. 1 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal […] la respectiva audiencia el día sábado 22 de
septiembre de 2018, a las 14h15, dentro de las veinticuatro horas luego de la detención […] se
declara la CULPABILIDAD […] por haber adecuado su conducta a la CONTRAVENCIÓN DE
TRÁNSITO tipificada y sancionada en el artículo 385 inc. 1 numeral 3 del Código Orgánico Integral
Penal, en el grado de AUTOR DIRECTO, conforme lo determina el artículo 42 numeral 1 literal a
ibídem. Imponiéndole una pena privativa de libertad de treinta días la misma que deberá ser
cumplida en el Centro de Detención Provisional de Guayaquil […] En la audiencia la abogada del
contraventor […] solicitando se le conceda como pena trabajo comunitario. En aplicación del Art. 63
inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, disposiciones que guardan armonía con el Art.
77 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador, se le sustituye de la pena privativa
de libertad, veinte días de trabajo comunitario […] Además se impone […] LA SUSPENSIÓN
DE LA LICENCIA POR SESENTA DÍAS […]”. ( la negrilla pertenece a este Tribunal de
Casación).
De lo cual se infiere, que el señor Galo Jairo Chancay Pinargote – ex trabajador – estuvo privado de
su libertad por un tiempo superior a tres días a partir del sábado 22 de septiembre de 2018, lo que
confirma los hechos alegados por la parte demandada en el sentido que el ex trabajador no acudió a
laborar solamente los días, 24, 25 y 26 de septiembre de 2018, sino también el día 27 de septiembre
y siguientes, como se dejó anotado en la solicitud de visto bueno, es decir, estuvo ausente de su
trabajo por más de 3 días dentro de un periodo mensual de labor, sin causa legal para justificar la
inasistencia a su lugar de trabajo, razón por la cual, este tribunal de casación concluye que el visto
bueno solicitado en contra del trabajador, fue legal, al haberse demostrado procesalmente que se ha
configurado la causal 1 del artículo 172 del Código del Trabajo.
DECISIÓN: Por lo expuesto, este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR,
Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la
sentencia dictada por el Tribunal de la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas, el 29 de noviembre del 2019, las 15h27, y declara sin lugar la demanda propuesta. Sin
costas. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.
DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA
JUEZA NACIONAL
DR. ALEJANDRO MAGNO ARTEAGA GARCIA
JUEZ NACIONAL |
168250503-DFE
Juicio No. 09501201500202
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 27 de enero del 2022,
las 09h48. VISTOS: El abogado Christian Valarezo Lainez a nombre del abogado Leonardo Viteri
Andrade, Procurador Síndico y como tal, representante legal de la compañía REYBANPAC, Rey
Banano del Pacífico C.A., interpuso recurso de casación en contra del fallo dictado por el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el 21 de
diciembre de 2018, las 11h09, dentro del juicio de impugnación No. 09501201500202.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 185 segunda
parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en fallo dictado el 21 de diciembre de 2018, las
11h09, dentro del juicio de impugnación No. 09501201500202, declaró sin lugar la demanda
presentada por REYBANPAC C.A. y ratificó la Resolución No. 917012015RREV000627 emitida por
la Directora General del Servicio de Rentas Internas con fecha 23 de noviembre de 2015.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Con fecha 23 de enero de 2019, las 16h53, el
abogado Christian Valarezo Lainez ofreciendo poder o ratificación de gestiones por parte del abogado
Leonardo Viteri Andrade, Procurador Síndico y como tal, representante legal de la compañía
REYBANPAC, Rey Banano del Pacífico C.A., interpone recurso de casación en contra del fallo
dictado por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el cantón Guayaquil,
provincia del Guayas, el 21 de diciembre de 2018, las 11h09, dentro del juicio de impugnación No.
09501201500202, mismo que fue calificado en auto de 18 de febrero de 2019, las 14h29, de
conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley de Casación para ante los Jueces de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, competentes para conocer
y resolver este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de admisión de 24 de agosto de 2020, las 08h57, el doctor
Marco Aurelio Tobar Solano, en su calidad de Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del
recurso de casación propuesto, señalando que lo admite únicamente por la causal quinta del artículo 3
de la Ley de Casación, por falta de motivación de la sentencia.
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. La abogada Carla Daniela Castillo Quinto,
ofreciendo ratificación de gestiones de la economista Gabriela Orellana Rosero, Directora Zonal 8 del
Servicio de Rentas Internas y delegada de la máxima autoridad para ejercer la representación judicial
de la Institución, mediante escrito de 31 de agosto de 2020, las 14h49, da contestación al recurso
interpuesto y señala que de ninguna forma la Sala de instancia en la sentencia impugnada ha
violentado los artículos 76 numeral 7 letra l) de la Constitución, así como tampoco el artículo 81 del
Código Tributario, ya que lo único que se ha constatado es que los hechos que obran de autos sean
concordantes con la normativa vigente para de esta forma realizar una correcta aplicación de la Ley
que repercute en la debida motivación de su sentencia. En conclusión, el SRI señala que no se
configura la causal quinta el artículo 3 de la Ley de Casación.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa No. 09501
201500202 (1), realizado el 19 de noviembre de 2020, las 19h45, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (E), Fernando Antonio Cohn Zurita,
Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, ponente en la presente causa. Mediante
Resolución No. 0032021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar
cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 1781120140463, ratificando la continuación en el ejercicio de
funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente; con Resolución No. 0082021 de 28 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la
Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo
Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante
Oficio No. 92PCNJ2021 de 12 de febrero de 2021, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
llamó a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María
Crespo, avalado con la acción de personal No. 166UATH20212021HB de 19 de febrero de 2021.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que pueda
afectar la validez procesal, por lo que se declara el proceso válido.
OCTAVO: AUTOS PARA RESOLVER. Con fecha 17 de diciembre de 2021, el Tribunal de
Casación emitió autos para resolver la presente causa.
NOVENO: ERROR ALEGADO. La compañía REYBANPAC C.A., considera que el fallo emitido
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el cantón Guayaquil, provincia del
Guayas, el viernes 21 de diciembre de 2018, 11h09, incurre en: Causal quinta del artículo 3 de la Ley
de Casación, por falta de motivación de la sentencia. Refiere el artículo 76, numeral 7, literal l) de la
Constitución de la República del Ecuador, artículo 81 y artículo 273 del Código Tributario.
DÉCIMO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS. Las normas que la compañía
recurrente refiere como infringidas, con fundamento en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de
Casación son: a) Artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República. “En todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho
al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:… 7. El derecho de las personas a la
defensa incluirá las siguientes garantías:… l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán
nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”. b) Artículo 81 del Código
Tributario.“Forma y contenido de los actos. Todos los actos administrativos se expedirán por
escrito. Además, serán debidamente motivados enunciándose las normas o principios jurídicos que se
haya fundado y explicando la pertinencia de su aplicación a los fundamentos de hecho cuando
resuelvan peticiones, reclamos o recursos de los sujetos pasivos de la relación tributaria, o cuando
absuelvan consultas sobre inteligencia o aplicación de la ley.”. c) Artículo 273 del Código
Tributario. “Sentencia. Concluida la tramitación el tribunal pronunciará sentencia dentro de
treinta días de notificadas las partes para el efecto. Antes de sentencia, las partes podrán presentar
informes en derecho o solicitar audiencia pública en estrados, con igual finalidad. La sentencia será
motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que, en relación
directa a los mismos, comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la
resolución o acto impugnados, aún supliendo las omisiones en que incurran las partes sobre puntos
de derecho, o apartándose del criterio que aquellos atribuyan a los hechos.”.
DÉCIMO PRIMERO: CONTENIDO DE LA CAUSAL QUINTA DEL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE CASACIÓN. A. La causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación se configura:
“Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte
dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.”.1
DÉCIMO SEGUNDO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS
ACUSADOS. A. La compañía recurrente respecto de la causal quinta alegada argumenta que la
sentencia recurrida no hace jamás una enumeración ni apreciación somera siquiera de los hechos
económicos y presupuestos de hecho que conforman el hecho imponible, sino que además, no hace
cita alguna de normas de carácter formal y material para sustentar el proceso lógico y exegético de la
subsunción, del uno respecto del otro, ya que es bien conocido y ampliamente documentado que este
cargo se refiere a la transgresión de normas relacionadas con la estructura, contenido y forma de la
sentencia o auto, y tan solo pretende que mediante conceptos de varios autores se defina cuáles son los
comprobantes que corresponden a un costo de producción y comercialización. Continúa señalando
REYBANPAC que en este caso puntual se han producido defectos en la estructura del fallo, que se
dan por la falta de requisitos exigidos por la Ley para la sentencia o auto. La recurrente señala que
de la lectura del artículo 76, numeral 7, literal l de la Constitución del Ecuador se puede colegir que el
fallo no está debidamente motivado, mucho más por cuanto en ninguna parte del mismo se hace
referencia respecto de la explicación o pertinencia de su acto, es decir, tan solo rechaza un sinnúmero
de comprobantes so pretexto de indicar que no cumplen con alguno de los requisitos exigidos por el
Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, lo cual es inaceptable. Está por demás claro que
todos y cada uno de ellos cumplen con los mismos, y más aún como lo hemos señalado, el perito
posesionado en el cargo hizo el análisis de cada uno de ellos y demostró con rigor técnico que son
válidos dichos documentos y fueron aportados al proceso de manera física. Continúa argumentado la
recurrente que la sentencia no se encuentra debidamente motivada al haberse inobservado las pruebas
1 Ecuador, Codificación de la Ley de Casación, Registro Oficial 299, Suplemento, 24 marzo de 2004, art. 3,
causal 5ta.
aportadas dentro de la fase jurisdiccional, por lo que no se realizó un análisis correcto del proceso al
emitir la sentencia, y además la preocupante contradicción del fallo en su pronunciamiento respecto de
lo comprobantes rechazados por el motivo 98, que no es causa válida para su rechazo; pero al final
justifica señalando que por no haber elaborado bien el anexo transaccional, lo cual no es argumento
suficiente para su rechazo. Argumenta que la Administración Tributaria tan solo elaboró un listado
escueto de comprobantes que a su discrecionalidad no cumplen con alguno de los requisitos exigidos
por el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, cayendo en lo mismo, es decir la falta de
motivación, porque no solo el hecho de señalar tal o cual norma es sustento alguno para motivar un
acto, la autoridad de quien emana debe relacionar, subsumir la norma con los hechos fácticos.
Finalmente, la compañía casacionista manifiesta que la Constitución entre una de las garantías al
debido proceso, establece la obligación de que las resoluciones o fallos judiciales que se adopten sean
motivados, es decir que el Juez Ponente en este caso a través de su razonamiento, experiencia y
sapiencia debe vincular los fundamentos de hecho y de Derecho para sustentar su decisión y de esta
manera evitar emitir fallos que puedan afectar los derechos de los ciudadanos y en este caso de las
partes.
DÉCIMO TERCERO: ANÁLISIS DEL VICIO ALEGADO. Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver el problema jurídico planteado
derivado del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en la causal quinta del artículo 3
de la Ley de Casación, admitido por el Conjuez de la Sala, considera: 13.1. Causal quinta. Falta de
motivación: i. La motivación consiste en una “(…) operación mental del juez dirigida a determinar
si todos los extremos de una decisión son susceptibles ser incluidos en la redacción de la resolución,
por gozar de una adecuada justificación jurídica.”. Fernando de la Rúa define la motivación de la
sentencia como “(…) el elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en
el conjunto de razonamientos de hecho y derecho en los cuales el juez apoya su decisión.”.2 ii. La
falta de requisitos se configura por defectos de forma; esto es, en la estructura del fallo que se dan
por la falta de requisitos exigidos por la ley para la sentencia o auto, esto está relacionado con la
omisión en la identificación de las personas a quienes el fallo se refiere, en la enunciación de las
pretensiones y en la motivación que se funda en los hechos y en el derecho que habitualmente se
consigna en los considerandos de quien la expida.3 iii. La motivación, que de modo general se aceptó
procedente conocerla cuando se la sustentaba con base en la causal quinta de la Ley de Casación, es de
tal trascendencia en el quehacer jurisdiccional que ha merecido reiterados pronunciamientos de las
2 Fernando de la Rúa, Proceso y Justicia, (Buenos Aires: Editores Asociados, 1980), 82.
3 Ecuador, Registro Oficial 235, Suplemento, Corte Nacional de Justicia, 14 de julio de 2010, 3.
Salas Especializadas de la Corte Nacional y de la Corte Constitucional; esta última, en la sentencia
No. 115817EP/21, “…se aleja de forma explícita y argumentada de su jurisprudencia relativa al test
de motivación… Y…se establecen pautas para el examen de un cargo de vulneración de la garantía
de la motivación a partir de la sistematización de su jurisprudencia reciente.”; iv. La Sala
especializada por su parte, ha reiterado en varias decisiones, que la motivación es el ejercicio de
confrontar los hechos con el derecho aplicable; v. El recurrente funda su acusación en la falta de
aplicación de normas de carácter formal y material para sustentar el proceso lógico y exegético de la
subsunción por cuanto tan solo se rechaza un sinnúmero de comprobantes so pretexto de indicar que
no cumplen con alguno de los requisitos exigidos por el Reglamento de Comprobantes de Venta y
Retención y por la supuesta inobservancia de las pruebas aportadas en la fase jurisdiccional. vi. El
Tribunal de instancia resuelve aceptar la validez de la resolución impugnada porque determina que la
actora no ha podido demostrar que varias facturas correspondan a costos de producción o
comercialización, por lo que consideró procedente su rechazo, y también porque determinó que el
factor de proporcionalidad empleado por la administración tributaria fue correcto; vii. El referido
razonamiento, que no resulta ilógico, puede perfectamente entenderse como la tarea de confrontar los
hechos, el rechazo de las facturas, con las normas que consideran resuelven el conflicto, con lo que se
cumple con la tarea esencial de la motivación, independiente de si el ejercicio intelectual de los
juzgadores es válido o errado; viii. Por estas razones, la Sala no encuentra que se configure el vicio de
falta de motivación alegado y se lo rechaza.
DÉCIMO CUARTO. DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR el fallo dictado por
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el cantón Guayaquil, provincia del
Guayas, el 21 de diciembre de 2018, las 11h09, dentro del juicio de impugnación No. 095012015
00202. Notifíquese, Publíquese y Devuélvase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
168250503-DFE
Juicio No. 09501201500202
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 27 de enero del 2022,
las 09h48. VISTOS: El abogado Christian Valarezo Lainez a nombre del abogado Leonardo Viteri
Andrade, Procurador Síndico y como tal, representante legal de la compañía REYBANPAC, Rey
Banano del Pacífico C.A., interpuso recurso de casación en contra del fallo dictado por el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el 21 de
diciembre de 2018, las 11h09, dentro del juicio de impugnación No. 09501201500202.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 185 segunda
parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en fallo dictado el 21 de diciembre de 2018, las
11h09, dentro del juicio de impugnación No. 09501201500202, declaró sin lugar la demanda
presentada por REYBANPAC C.A. y ratificó la Resolución No. 917012015RREV000627 emitida por
la Directora General del Servicio de Rentas Internas con fecha 23 de noviembre de 2015.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Con fecha 23 de enero de 2019, las 16h53, el
abogado Christian Valarezo Lainez ofreciendo poder o ratificación de gestiones por parte del abogado
Leonardo Viteri Andrade, Procurador Síndico y como tal, representante legal de la compañía
REYBANPAC, Rey Banano del Pacífico C.A., interpone recurso de casación en contra del fallo
dictado por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el cantón Guayaquil,
provincia del Guayas, el 21 de diciembre de 2018, las 11h09, dentro del juicio de impugnación No.
09501201500202, mismo que fue calificado en auto de 18 de febrero de 2019, las 14h29, de
conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley de Casación para ante los Jueces de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, competentes para conocer
y resolver este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de admisión de 24 de agosto de 2020, las 08h57, el doctor
Marco Aurelio Tobar Solano, en su calidad de Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del
recurso de casación propuesto, señalando que lo admite únicamente por la causal quinta del artículo 3
de la Ley de Casación, por falta de motivación de la sentencia.
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. La abogada Carla Daniela Castillo Quinto,
ofreciendo ratificación de gestiones de la economista Gabriela Orellana Rosero, Directora Zonal 8 del
Servicio de Rentas Internas y delegada de la máxima autoridad para ejercer la representación judicial
de la Institución, mediante escrito de 31 de agosto de 2020, las 14h49, da contestación al recurso
interpuesto y señala que de ninguna forma la Sala de instancia en la sentencia impugnada ha
violentado los artículos 76 numeral 7 letra l) de la Constitución, así como tampoco el artículo 81 del
Código Tributario, ya que lo único que se ha constatado es que los hechos que obran de autos sean
concordantes con la normativa vigente para de esta forma realizar una correcta aplicación de la Ley
que repercute en la debida motivación de su sentencia. En conclusión, el SRI señala que no se
configura la causal quinta el artículo 3 de la Ley de Casación.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa No. 09501
201500202 (1), realizado el 19 de noviembre de 2020, las 19h45, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (E), Fernando Antonio Cohn Zurita,
Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, ponente en la presente causa. Mediante
Resolución No. 0032021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar
cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 1781120140463, ratificando la continuación en el ejercicio de
funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente; con Resolución No. 0082021 de 28 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la
Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo
Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante
Oficio No. 92PCNJ2021 de 12 de febrero de 2021, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
llamó a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María
Crespo, avalado con la acción de personal No. 166UATH20212021HB de 19 de febrero de 2021.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que pueda
afectar la validez procesal, por lo que se declara el proceso válido.
OCTAVO: AUTOS PARA RESOLVER. Con fecha 17 de diciembre de 2021, el Tribunal de
Casación emitió autos para resolver la presente causa.
NOVENO: ERROR ALEGADO. La compañía REYBANPAC C.A., considera que el fallo emitido
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el cantón Guayaquil, provincia del
Guayas, el viernes 21 de diciembre de 2018, 11h09, incurre en: Causal quinta del artículo 3 de la Ley
de Casación, por falta de motivación de la sentencia. Refiere el artículo 76, numeral 7, literal l) de la
Constitución de la República del Ecuador, artículo 81 y artículo 273 del Código Tributario.
DÉCIMO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS. Las normas que la compañía
recurrente refiere como infringidas, con fundamento en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de
Casación son: a) Artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República. “En todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho
al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:… 7. El derecho de las personas a la
defensa incluirá las siguientes garantías:… l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán
nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”. b) Artículo 81 del Código
Tributario.“Forma y contenido de los actos. Todos los actos administrativos se expedirán por
escrito. Además, serán debidamente motivados enunciándose las normas o principios jurídicos que se
haya fundado y explicando la pertinencia de su aplicación a los fundamentos de hecho cuando
resuelvan peticiones, reclamos o recursos de los sujetos pasivos de la relación tributaria, o cuando
absuelvan consultas sobre inteligencia o aplicación de la ley.”. c) Artículo 273 del Código
Tributario. “Sentencia. Concluida la tramitación el tribunal pronunciará sentencia dentro de
treinta días de notificadas las partes para el efecto. Antes de sentencia, las partes podrán presentar
informes en derecho o solicitar audiencia pública en estrados, con igual finalidad. La sentencia será
motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que, en relación
directa a los mismos, comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la
resolución o acto impugnados, aún supliendo las omisiones en que incurran las partes sobre puntos
de derecho, o apartándose del criterio que aquellos atribuyan a los hechos.”.
DÉCIMO PRIMERO: CONTENIDO DE LA CAUSAL QUINTA DEL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE CASACIÓN. A. La causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación se configura:
“Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte
dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.”.1
DÉCIMO SEGUNDO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS
ACUSADOS. A. La compañía recurrente respecto de la causal quinta alegada argumenta que la
sentencia recurrida no hace jamás una enumeración ni apreciación somera siquiera de los hechos
económicos y presupuestos de hecho que conforman el hecho imponible, sino que además, no hace
cita alguna de normas de carácter formal y material para sustentar el proceso lógico y exegético de la
subsunción, del uno respecto del otro, ya que es bien conocido y ampliamente documentado que este
cargo se refiere a la transgresión de normas relacionadas con la estructura, contenido y forma de la
sentencia o auto, y tan solo pretende que mediante conceptos de varios autores se defina cuáles son los
comprobantes que corresponden a un costo de producción y comercialización. Continúa señalando
REYBANPAC que en este caso puntual se han producido defectos en la estructura del fallo, que se
dan por la falta de requisitos exigidos por la Ley para la sentencia o auto. La recurrente señala que
de la lectura del artículo 76, numeral 7, literal l de la Constitución del Ecuador se puede colegir que el
fallo no está debidamente motivado, mucho más por cuanto en ninguna parte del mismo se hace
referencia respecto de la explicación o pertinencia de su acto, es decir, tan solo rechaza un sinnúmero
de comprobantes so pretexto de indicar que no cumplen con alguno de los requisitos exigidos por el
Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, lo cual es inaceptable. Está por demás claro que
todos y cada uno de ellos cumplen con los mismos, y más aún como lo hemos señalado, el perito
posesionado en el cargo hizo el análisis de cada uno de ellos y demostró con rigor técnico que son
válidos dichos documentos y fueron aportados al proceso de manera física. Continúa argumentado la
recurrente que la sentencia no se encuentra debidamente motivada al haberse inobservado las pruebas
1 Ecuador, Codificación de la Ley de Casación, Registro Oficial 299, Suplemento, 24 marzo de 2004, art. 3,
causal 5ta.
aportadas dentro de la fase jurisdiccional, por lo que no se realizó un análisis correcto del proceso al
emitir la sentencia, y además la preocupante contradicción del fallo en su pronunciamiento respecto de
lo comprobantes rechazados por el motivo 98, que no es causa válida para su rechazo; pero al final
justifica señalando que por no haber elaborado bien el anexo transaccional, lo cual no es argumento
suficiente para su rechazo. Argumenta que la Administración Tributaria tan solo elaboró un listado
escueto de comprobantes que a su discrecionalidad no cumplen con alguno de los requisitos exigidos
por el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, cayendo en lo mismo, es decir la falta de
motivación, porque no solo el hecho de señalar tal o cual norma es sustento alguno para motivar un
acto, la autoridad de quien emana debe relacionar, subsumir la norma con los hechos fácticos.
Finalmente, la compañía casacionista manifiesta que la Constitución entre una de las garantías al
debido proceso, establece la obligación de que las resoluciones o fallos judiciales que se adopten sean
motivados, es decir que el Juez Ponente en este caso a través de su razonamiento, experiencia y
sapiencia debe vincular los fundamentos de hecho y de Derecho para sustentar su decisión y de esta
manera evitar emitir fallos que puedan afectar los derechos de los ciudadanos y en este caso de las
partes.
DÉCIMO TERCERO: ANÁLISIS DEL VICIO ALEGADO. Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver el problema jurídico planteado
derivado del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en la causal quinta del artículo 3
de la Ley de Casación, admitido por el Conjuez de la Sala, considera: 13.1. Causal quinta. Falta de
motivación: i. La motivación consiste en una “(…) operación mental del juez dirigida a determinar
si todos los extremos de una decisión son susceptibles ser incluidos en la redacción de la resolución,
por gozar de una adecuada justificación jurídica.”. Fernando de la Rúa define la motivación de la
sentencia como “(…) el elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en
el conjunto de razonamientos de hecho y derecho en los cuales el juez apoya su decisión.”.2 ii. La
falta de requisitos se configura por defectos de forma; esto es, en la estructura del fallo que se dan
por la falta de requisitos exigidos por la ley para la sentencia o auto, esto está relacionado con la
omisión en la identificación de las personas a quienes el fallo se refiere, en la enunciación de las
pretensiones y en la motivación que se funda en los hechos y en el derecho que habitualmente se
consigna en los considerandos de quien la expida.3 iii. La motivación, que de modo general se aceptó
procedente conocerla cuando se la sustentaba con base en la causal quinta de la Ley de Casación, es de
tal trascendencia en el quehacer jurisdiccional que ha merecido reiterados pronunciamientos de las
2 Fernando de la Rúa, Proceso y Justicia, (Buenos Aires: Editores Asociados, 1980), 82.
3 Ecuador, Registro Oficial 235, Suplemento, Corte Nacional de Justicia, 14 de julio de 2010, 3.
Salas Especializadas de la Corte Nacional y de la Corte Constitucional; esta última, en la sentencia
No. 115817EP/21, “…se aleja de forma explícita y argumentada de su jurisprudencia relativa al test
de motivación… Y…se establecen pautas para el examen de un cargo de vulneración de la garantía
de la motivación a partir de la sistematización de su jurisprudencia reciente.”; iv. La Sala
especializada por su parte, ha reiterado en varias decisiones, que la motivación es el ejercicio de
confrontar los hechos con el derecho aplicable; v. El recurrente funda su acusación en la falta de
aplicación de normas de carácter formal y material para sustentar el proceso lógico y exegético de la
subsunción por cuanto tan solo se rechaza un sinnúmero de comprobantes so pretexto de indicar que
no cumplen con alguno de los requisitos exigidos por el Reglamento de Comprobantes de Venta y
Retención y por la supuesta inobservancia de las pruebas aportadas en la fase jurisdiccional. vi. El
Tribunal de instancia resuelve aceptar la validez de la resolución impugnada porque determina que la
actora no ha podido demostrar que varias facturas correspondan a costos de producción o
comercialización, por lo que consideró procedente su rechazo, y también porque determinó que el
factor de proporcionalidad empleado por la administración tributaria fue correcto; vii. El referido
razonamiento, que no resulta ilógico, puede perfectamente entenderse como la tarea de confrontar los
hechos, el rechazo de las facturas, con las normas que consideran resuelven el conflicto, con lo que se
cumple con la tarea esencial de la motivación, independiente de si el ejercicio intelectual de los
juzgadores es válido o errado; viii. Por estas razones, la Sala no encuentra que se configure el vicio de
falta de motivación alegado y se lo rechaza.
DÉCIMO CUARTO. DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR el fallo dictado por
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el cantón Guayaquil, provincia del
Guayas, el 21 de diciembre de 2018, las 11h09, dentro del juicio de impugnación No. 095012015
00202. Notifíquese, Publíquese y Devuélvase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
REPÚBLICA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO DE
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
- Lii!, !IiIiIiIi
[si (cid:9) Zs)
zrn'12oV
Materia: CONSTITUCIONAL
Tipo proceso: GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS
Acción/Delito: ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS
ACTOR:
CHALA DE JESUS EDISON BLADIMIR,
Casillero No:
DEMANDADO:
JULIO PONCE LOZADA, SILVIA MARLENE MORALES GUAMAN,
1.1%
fl
JUEZ: MACIAS FERNANDEZ WALTER SAMNO
Iniciado: 23/2/2021
SECRETARIO: DR. CARLOS ¡VAN RODRIGUEZ GARCIA
Sentenciado:
umm
('Wrl >\CR)\L I)E
4Ap JusTiciA
Proceso de Habeas Corpus N° 10L02-2021-00002.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL,
PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN
ORGANIZADO.
Quito, jueves 22 de abril del 2021, las 16h32
VISTOS:
1.-ANTECEDENTES:
El ciudadano Chalá Jesús Edison Bladimir, a través de su defensa técnica, conforme el
Acta de Sorteo de 23 de febrero de 2021 (fs. 26), presenta acción jurisdiccional de Hábeas
Corpus, propuesta en contra de la doctora Silvia Marlene Morales Guamán. Jueza de la
Unidad de Garantías Penales con sede en el cantón Ibarra. Provincia de Imbabura: y.
doctor Julio Ponce Lozada, en representación de la Fiscalía Especializada de Accidentes
de Tránsito N° 2, del cantón Ibarra.
Presentada la demanda de Hábeas Corpus. por sorteo de Ley, ha correspondido su
conocimiento al Tribunal de la Sala Especializada de. lo Penal de la Corte Provincial de
i(cid:9) -
-
-(cid:9) manera unánime, negar la acción de háEeas corpus propuesta, por no haberse justificado
que su priva5Uíde libertad sea ilegal. ilegítima o arbitraria.
Ante dicha resolución, al amparo de los artículos 24 y 44 numeral 4 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el accionante Edison Bladimir
Chalá de Jesús, a través de su defensa técnica, interpone recurso de apelación, por lo que,
el proceso es remitido a la Corte Nacional de Justicia.
JURISDICCION Y COMPETENCIA:
La Corte Nacional de Justicia, ejerce su jurisdicción a nivel nacional de conformidad con
el artículo 182 último inciso de la Constitución de la República del Ecuador y 172 del
Código Orgánico de la Función Judicial. En ese sentido, la Sala Especializada de lo Penal,
Pena! Militar, Penal Policial. Tránsito, Corrupción y Crimen Organizádo de la Corte
Nacional de Justicia, tiene competencia para conocer los recursos de casación, revisión y
los demás que establezca la ley, en materia penal, de conformidad con el artículo 186.8
del Código Orgánico de la Función Judicial; y en el caso en concreto, por lo determinado
en los artículos 44.4 y 169 de la Ley, de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional;
El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la
República del Ecuador en su artículo 182. por el Código Orgánico de la Función Judicial
en el artículo 173, y por la Resolución No. 008-2021, de fecha 28 de enero de 2021,
designó a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, nombrando a sus
ganadores, quienes fueron posesionados de sus cargos el 03 de febrero de 2021.
-(cid:9) Conforme la Resolución N-' 02-2021, de fecha 05 de febrerode202-i, el Pleno delaCorte
Nacional de Justicia del Ecuador, conforrnó sus Salas Especializadas en observancia al
mandato del artículo l81 del Código Orgánico de la Función Judicial.
__tuegado por el AbogadoW-aher- acias-Terndez -Juez-N.acinal Ponente: Doctor
Marco Rodríguez Ruiz, Juez Nacional; y Abogado Luis Rivera Velasco, Juez Nacional.
IVi'I Rl II WAIIWDIbW
El presente recurso se ha tramitado conforme a lo establecido en los artículos 75, 86 y 89
de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que, al no existir vicios de
procedimiento, ni omisión de solemnidades sustanciales, habiéndose observado las
garantías del debido proceso, este Tribunal declara la validez de todo lo actuado.
FUNDAMENTOS DEL ACCIONANTE:
2
•T.
Del libelo de la demanda de acción de hábeas corpus, el aécionante alega que con fecha
11 de octubre de 2020, ha sido detenido p( Sradentes de la Policía Nacional, quienes lo
han trasladado al Centro de Personas Privadas de Libertad de la ciudad de Ibarra,
acusándole que habría estado conduciendo un vehículo de placas PD130052. Que se ha
realizado la audiencia de calificación de flagrancia. en la que es acusado por Fiscalía, y
la señora Jueza de Garantías Penales, acogiendo dicho pedido, dicta prisión preventiva en
contra de Chalá de Jesús Edison Bladimir. dentro de la causa 10281-2020-02127. Que a
criterio del accionante, este tipo de autos procede cuando existe algún tipo de riesgo de
fuga que impida comparecer a juicio al procesado, hecho que no ha sucedido en el caso,
pues ha justificado los arraigos necesarios, sin embargo, no se le ha concedido otro tipo
de medidas establecidas en el artículo 522 del COIP.
Conforme el acta de audiencia de acción constitucional de hábeas corpus (fs. 35 a 38). en
lo medular, se extrae lo siguiente: "(..) El señor Juez ponente concede la palabra al
accionanteEciisonBladimfr Cltqla de Jesús—,j2orinterinediode±LAbg. JuanPaulo de la
Cruz expresa, Señores Jueces, consta el sorteo por el delito de tránsito por un supuesto
delito de tránsito, consta ¡u placa del vehículo involucrado en el accidente de tránsito,
liii dtenido jamas esb1:0 oJ 4t (cid:9) por el hedio de estar presente en-
-- ------(cid:9) ___________ - - -- ---(cid:9) - --
nos preste el expediente para r (cid:9)elprocesó, -este defensor ¡o único realizó es
una oto y eLse flor Fiscal de la forma muy gi osei a nos arrancho el expediente. en materia
-(cid:9) de la presente acción, durante:(cid:9) la investigación no se haprobado que mi defendido(cid:9) - - -
haya estado conduciendo el vehículo materia del accidente, inclusive tenemos un impreso
donde consta ¡as placas del vehículo muy diferente al vehículo involucrado, consta que
mi defendido es padre de familia y tiene un hijo menor de edad mi defendido no tiene la
intensión de fuga, además la prisión preventiva es de ultimo ratio, es lo que expreso en
mi primera intervención, debo inanfestar que es una detención ilegal por cuanto a mi
defendido sólo por estar en ese lugar le detuvieron y no le encontraron dentro de ningún
vehículo, le detienen por estar en estado de embriaguez, no hay una certeza que mi
defendido haya estado conduciendo.- Replica.- Conforme consta la señora Jueza eniite
3
la boleta de encarcelación con un vehículo que no corresponde ni estuvo en la
particl»ación del accidente de tránsito.- Respecto a lo expresada por la señora Jueza
consta en el acta de audiencia ¡as misma placas, sin ninguna corrección con lo cual se
demuestra los vicos, el señor Fiscal expresa que mi defendido ha rendido su versión, pero
no fue con ¡a voluntad de rendir esta versión, por estar con su defensor no tengo nada
que opinar, pero expresa el señor Fiscal que ha estado conduciendo el vehículo, pero eso
no se ha probado, por lo expuesto al haberse vulnerado el derecho a ¡a libertad solcito
por liabersefustijicado la vulneración de varios derechos, solicito se conceda ¡a libertad
de mi defendido. - El abogado expresa que ha sido el Fiscal quien les ha obligado a
realizar la reparación integral, conforme ha expresado la madre del accionante.-
APELAcIÓN- El defensor del accionan/e, por no estar de acuerdo en ¡a resolución
verbal emitida, interpongo el recurso de apelación ante el superior. - ( ... )" (sic)
ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA:
-La acción de bábeas corpus tiene por objeto protegerla-libertad, la vida, la-integridad
física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por
autoridad pública o por cualquier persona. así lo determina el artículo 43 de la Ley
gánica de Garantías Jurisdiccionales y control-co iina1: lo cual concuerda con
inmediata libertad y la reparación integral": en armonía con el articulo 89 de la
—Constitución de-la-República-
tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre pi ivado de ella de forma
ilegal, arbitrariiaa o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así
como proteger la vida y la integridad tísica de ¡as personas privadas de libertad".
Dicho esto. la acción de hábeas corpus, constituye una garantía del derecho esencial a la
libertad, ejercido a través de una acción constitucional, y encuentra su fundamento o razón
de ser en la protección y tutela efectiva a los derechos humanos; y, por tanto, se constituye
un mecanismo de protección de derechos, atribuido a las personas que consideran que
han sido privadas de la libertad de manera ilegal, arbitraria o ilegítima.
4
Entonces, la acción de hábeas corpus compone un proceso autónomo, sumario, garaiitistá
especial y preferente, cuyo accionar está dirigido a precautelar la libertad personal y la
integridad fisica de las personas privadas de libertad ilegalmente, precisando además que,
existe menoscabo de dicha libertad, cuando la privación no ha sido llevada a cabo
conforme al ordenamiento jurídico, los medios. los parámetros a seguir y las razones por
las cuales se puede despojar de éste derecho a determinados individuos, entendiendo que
solamente se produce tal situación,cuando el operador de justicia lo considera necesario,
por lo tanto busca la protección del derecho a la libertad de dos afecciones posibles: la
privación y la restricción.
Se entiende que existe privación ilegal, ilegítima o arbitraria de estos derechos al existir
retención, aprehensión, apremio o prisión violentando expresas disposiciones legales
previstas en el ordenamiento jurídico, las cuales se rigen a las peculiaridades previstas
LrestrLccIón, enmbio.es una afectación al derecho que impies .
ejercicio pleno.
plena igualdad. a las siguientes -garantías mínimas: [.) derecho de recurrir deLla/lo
ante jue: o tri bunal supe; r". De-igual forma, el artículo 76.7.m de la Constituciónla(cid:9) -
República del Ecuador. reconoce el derecho a recurrir en todos los procedimientos en los
que se decida sobre los derechos del justiciable: y. la apelación de la acción de hábeas
corpus se encuentra desarrollado en el artículo 169.1 de la Ley de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Ahora bien, el reculTente,como sustento de su acción de hábeas corpus, concretaniente
ha señalado que, en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos,
realizado dentro del proceso 10281-2020-02127, se ha dictado en su contra prisión
5
preventiva por parte de las señora Jueza de la Unidad de Garantías Penales con sede en el
cantón Ibarra. Provincia de Imbabura, audiencia en la que, tras solicitar otras medidas
establecidas en el artículo 522 del COIPR, ha sido negado. añade que para el efecto. ha
justificado el arraigo social.
En el presente caso, la jurisdicción constitucional, se ha activado para la garantía
jurisdiccional denominada "habeas corpus", que como se viene diciendo: "...tiene por
objeto recuperar lalibertad...", "proteger la libertad, la vida, la integridad fisicay otros
derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad......por ende las formas
de intervención al derecho a la libertad personal, establecidas en el sistema integral penal,
con sus distintas denominaciones, entre ellas, la orden de prisión preventiva dictada por
un Juez competente (Art. 534 COIP). son potestades que se desempeñan acorde al debido
proceso. Dicho esto, respecto a determinar que la privación de la libertad no recaiga o no
sea considerada como arbitraria o ilegítima, tenemos que la Sala Especializada de lo Penal
de la Corte Provincial de Justicia deJmbabura.haefectuado eLanális-is-respectivc, dando
contestación a las alegaciones realizadas en su momento por el hoy accionante, que a
criterio del suscrito Tribunal de apelación, se encuentra debidamente motivado, conforme
se observaapartir del consideran4 Quinøds.diéndose, nortanto. aue en
libertad de una perssoonnaa es ilegal, il'gfuima o a briraria, en el caso que nos ocupa, vemos
-(cid:9) que la privación de 1ii#.ad-d1_1ioi—a(cid:9) anie_d.e'.ne.de la medida cauteíai- deprixión
preventiva, dispuesta dentro de la instrucción fiscal No. 100101820100126 (02127-
2020). cuyo antecedente es el parte policial suscrito por los policías, entre ellos, el cabo
Jonathan Ricardo Padilla García, a través del cual dan a conocer, haber verificado un
accidente de tránsito de tipología choque lateral angular, pérdida de carril normal de
circulación, volcamiento y estreilamiento entre dos vehículos de placas PBS91 14,
conducido por Luis Enrique González Ortiz, en dirección Tulcán - Ibarra, vehículo en el
que se han encontrado otros pasajeros que han sido auxiliados por personal de salud
policial y trasladados hasta el hospital del IESS, donde son intervenidos, y el de placas
PDB0052, que luego se corrige el No, de placa, correspondiendo alPDBO5O2, conducido
por Édison Biadimir Chalá de Jesús, en estado de embriaguez, según la prueba de
alcohotest, con un re7Jdd2T87_g/í de alcohol en la sangre, con direción IVorte
Sur, hasta la ciudad de Ibarra, siendo detenidos ambos conductores, accidente de
tránsito que ha tenido lugar el 11 de octubre de 2020, aproximadamente a las 12h00, en
la panamericana Norte, sector de ingreso al Iii genio Azucarero, cuya Jueza de ¡a Unidad
Judicial Penal, en auto de 12 de octubre de 2020, a ¡as 11h22, conforme el Art. 529 del
Código Orgánico Integral Penal, convoca para el 12 de octubre de 2020, a las 11h30,
para que tenga lugar la audiencia de control de flagrancia, en que se tratará la situación
jurídica de Édison Bladimir Chalá de Jesús y Luis Enrique González Ortiz, en cuya
audiencia, Fiscalía ha resuelto formular cargos contra Édison Bladiinir Chalá de Jesús,
y dar inicio a la instrucción fiscal, solicitando a ¡a Jueza se notifique con dicha resolución
y se dicte la medida cautelar de prisión preventiva, quien en efecto, notifica con dicho
pedido y por reunidos ¡os requisitos del Art. 534 dei Código Orgánico Integral Penal, y
conforme los elementos de convicción, acoge iambin el pedido de Fiscalía i dieta auto
de prisión preventiva contra el procesado Édison Bladiinir Chalá de Jesús debiéndose
girar la boleta de encarL'elación, inivina que ha sido evh/bidc, en ¡a audiencia de ¡a acción
de hábeas corpus. Es decir, con/orine lo expuesto en el po, rufo precedente, se tiene que
la privaciáiz de_Libei:ia(cid:9) .LJavcccioiianie. obedece a ¡a mcdida cqIei.
-._ (cid:9) - -(cid:9) ---..
personas hei ida:saon la.=qoster4or muerte de una de ellas; por lo que ribnces=su -(cid:9) -
privación de libertad no es ilegal, arbitraria ni ilgítimçajioi me quedó analizado en
los(cid:9) / afos precedentes. '...) "(SIC).(cid:9) --_ (cid:9) - -
A partir de lo cual, se puede apreciar que el razonamiento aplicado por el Tribunal, en
torno a las alegaciones del accionante, han dado respuesta a la pretensión, ya que,
efectivamente, el afán del hoy recurrente basa a una cuestión sobre la aplicación de otras
medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, establecidas en el artículo 522 del
COIP. En ese contexto, como bien ha razonado el Tribunal de mérito, la medida cautelar
de prisión preventiva con la que se priva de la libertad al hoy accionante, es emitida dentro
de la causa penal instaurada en su contra corno consecuencia del accidente de fránsito del
7
que han resultado varias personas heridas con la posterior muerte de una de ellas; por lo
que, dicha orden ha cumplido con los requisitos legales y constitucionales, es decir, fue
dictada por la autoridad competente, no transgrede normas constitucionales y supra
nacionales de derechos humanos y tampoco ha sido una derivación del deseo de la Jueza
accionada pues es emanado en aplicación a sus facultades de administrar justicia, ajustado
a lo que dispone el artículo 534 COIP, que contiene los requisitos para dictar una medida
privativa de libertad, que dio como resultado la posterior emisión de una boleta
constitucional de encarcelamiento, que es el acto procesal de restricción de derechos (en
el presente caso de la libertad), que se rige bajo principios y garantías de raigambre
constitucional y convencional; con lo cual se evidencia que, en la realidad procesal, se ha
dado cumplimiento a lo que dispone el artículo 45.21) LOGJCC; entonces, reiterar en las
mismas alegaciones planteadas en sede de primer nivel, que más allá de no haber sido
enfocadas a justificar una ilegal, ilegítima o arbitraria privación de libertad, demuestra el
planteamiento de un recurso infructuoso y carente de asidero jurídico en torno a la
--naturaleza del -hábeascorpus
Es necesario determinar que, si bien la línea de sustentación del presente recurso por parte
del accionante. ira--en(cid:9) los-reQuisitos de arramo social. n
cumplimiento de los ieuisis en la ley enmbito jurisdiccional ordinario, esto, respeo-
a la decisión adoptada-p(cid:9) igada-cn-cLpioceso penal que rie-fonna-indiscitible
una garantía del debido proceso: siendo que, la garantiajurisdiccional del habeas corpi
contiene una dimensión diferente que se encamina a proteger la libertad, la vida, la
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad,
bajo contextos de la justicia constitucional. En dicho sentido, las rutas jurisdiccionales
son diferentes y cuando el Juez de fuente jurisdiccional, adopta momentáneamente la
jurisdicción constitucional, no puede interferir en las potestades jurisdiccionales
ordinarias, debe limitarse a la fiscalización para alcanzar el fin perseguido por la garantía
jurisdiccional. Así, la Corte Constitucional acertadamente ha señalado: "_No se trata de
una instancia sobrepuesta a las ya existentes, ni tampoco tiene como propósito
deslegitimar la actuación de juezas /ue ces; sino, por el contrario, permite emerger en
un sistema de justicia[ caracterizado por el respeto y la obediencia a Tas(cid:9) íione5;
principios constitucionales... la Corte Constitucional del Ecuador, cuando conoce la
garantía jurisdiccional de derechos constitucionales, no hace las veces de un tribunal de
alzada... interviene siempre que se verifiquen indicios de vulneraciones a los derechos
reconocidos por la Constitución... En otras palabras, esta Corte ejerce un control
especial en la actividad juzgadora de los jueces de la jurisdicción ordinaria, pues,
fiscaliza sus sentencias y autos definitivos en los que se hayan vulnerado las reglas del
debido proceso o derechos reconocidos en la Constitución o tratados internacionales
sobre derechos humanos y de la naturaleza sin que ello, signfi que intromisión en la
independencia del juez. Por tanto, la finalidad de esta acción se justifica por la necesidad
de garantizar la validez de la Constitución como norma suprema del ordenamiento
jurídico y por e/ercer una verdadera justicia constitucional, cuya misión principal
consistiee en comprobar, custodiar, preservar o restablecer cualquier derecho
constitucional vulnerado... [Sentencia No 247-1 5-SEP-CC. Caso N.° 1195- 14-EP].
Por lo indicado, este Tribunal de alzada en jurisdicción Constitucional, concluye que no
cxi stióe .ia_tjeeuçjón.q.ue4.t,onta el señor Édison Bladimir Cha!á.deJsús,w±itjiedad.
-..(cid:9) _____ (cid:9) ------- -(cid:9) -.-,-(cid:9) -
iT
DECISIOi(cid:9) --
Por las consideraciones -expuestas ut supra. de conformidad con 10 artículos 89 de la
Constituci&le lRública y 45.2 de la Ley Orgánica de Garantíarisdifonales y
Control Constitucional, esta Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial
Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia.
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA, por unanimidad, resuelve, rechazar el recurso de apelación
interpuesto, en consecuencia, se ratifica la sentencia dictada por la Sala Especializada de
lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, de fecha 01 de marzo de 2021,
Fín
las 10h44. con relación a la negación de la garantía jurisdiccional de Habeas Corpus
deducido por elciudadano Edison Bladimir Chajá de Jesús.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 5 de la Constitución de la República,
una vez ejecutoriada esta sentencia, se remitirá copia certificada de la misma a la Corte
Constitucional para su conocimiento y eventual selección y revisión, de conformidad a lo
dispuesto por el Art. 436. numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, en
concordancia con el Art. 25, numeral 1 de la Ley, Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional. NOTIFÍQUESE . -
1 Firmado digitalmente por
WVVA LM TTLEE RN S MAIMV(cid:9) NO(cid:9) WALTER SAMNO MACIAS
MACIAS FERNANDEZFERNANDEZ
Fecha: 2021.04.1 9 13:06:03 -0500
AB. WALTER SAMNO MACÍAS FERNÁNDEZ
JUEZ NACIONAL PONENTE
MARCO
Firmado
XAVIER(cid:9)
digitalmente por
RODRIGUEZ MARCO XAVIER
RODRIGUEZ RUIZ
LUIS Firmado
JUEZ NACIONAL.
CERTIFICO.
Dr(cid:9) o(cid:9) í a
SECRETARIO R7 ATOR
'UI
I!1MI!I
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I.iiI [I II [1
147564788-DFE
En Quito, jueves veinte y dos de abril del dos mil veinte y uno, a partir de las
dieciseis horas y treinta y dos minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la
SENTENCIA que antecede a: CHALA DE JESUS EDISON BLADIMIR en el correo
electrónico santascruz-abogados©hotmail.com. JULIO PONCE LOZADA en el
correo electrónico poncejfiscalia.gob.ec; SILVIA MARLENE MORALES GUAMAN
en el correo electrónico silvia.morales@funcionjudicial.gob.ec,
silviamoralesg@yahoo.com; en el correo electrónico
Silvia.Moralesfuncionjudicial.gob.ec. CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
en el correo electrónico wwwfuncionjudicialgob.ec; DR. JAIME
YACELGA. DIRECTOR DEL CRS. IBARRA en el correo electrónico
yacelgatitohotmail.com, jaime.yacelgaatencionintegraI.gob.ec, en el casillero
electrónico No. 1001680139 del Dr./Ab. YACELGA TITO JAIME ERNESTO; en el
correo electrónico jaime.yacelga©atencionintegral.gob.ec; DRA. DIANA SALAZAR
MENDEZ. FISCAL GENERAL DEL ESTADO en el correo electrónico
salazard@fiscalia.gob.ec; en el correo electrónico sa1azard©fiscalia.gob.ec.
Certifico:
DR. CARLOS IVAWRODRIGU
SECRETARIO RELATOR (E
Firmado por
JUOCIAL CARLOSIVAN
RODRIGUEZ |
JUSTICJA
Juicio Penal N°13141-2021-00005
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
ACCION DE HÁBEAS CORPUS N° 13141-2021-00005
Dr. Luis Adrián Rojas Calle, Juez Nacional (E)
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL,
PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN
ORGANIZADO.
Quito, 27 de abril de 2021. Las 16h49.
VISTOS: El presente proceso penal, llega a conocimiento de este Tribunal, en virtud del
recurso de apelación interpuesto por los abogados Roque Argandoña Vera y Wagner
Sánchez Pisco, en representación del señor José Pastor Santana Villavicencio, legitimado
activo, en contra de la sentencia dictada con fecha 12 de enero de 2021, a las 10h09 (no
a las 20h54 corno manifiesta la parte recurrente), por la Sala Especializada de la Familia,
Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de
Manabí, que resuelve, por unanimidad, negar la acción de hábeas corpus interpuesta por
los referidos profesionales de derecho, a favor del señor José Santana Villavicencio y en
contra de los miembros del Tribunal de Garantías Penales de Manta abogados Lorena
Ismailda Romero Cedeño, José Luis Alarcón Bowen y Carlo Abraham Fuentes Cedeño;
corresponde por tanto, al presente Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal
Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, en adelante Sala
Especializada de lo Penal, de la Corte Nacional de Justicia, resolver el recurso de
apelación interpuesto, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, procesales y legales,
y de forma motivada confonne lo establecen los artículos 76 numeral 7 literal 1) de la
Constitución de la República del Ecuador y 130 numeral 4 del Código Orgánico de la
Función Judicial, así como las reglas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional.
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la
República del Ecuador en su artículo 182, por el Código Orgánico de la Función Judicial
en el artículo 173 y por la resolución N° 08-2021, renovó parcialmente a las y los
integrantes de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador y designó a las y los juezas y
jueces quienes se incorporaron a la Institución, señalando además que en dicha
resolución, también se designó a la conjueza y el conjuez que se integran a esta Corte.
El día miércoles 03 de febrero de 2021, el Consejo de la Judicatura posesionó alas juezas,
jueces, conjueza y conjuez que se designaron para la Corte Nacional de Justicia del
Ecuador.
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, mediante Resolución N° 02-2021,
de 05 de febrero de 2021, confoniió sus seis salas especializadas, según le faculta el
Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 183.
En atención al artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial, mediante el sorteo
de ley respectivo efectuado el día 12 de febrero de 2021, a las 16h00, el doctor Iván
Saquicela Rodas, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, llamó al doctor Luis Adrián
Rojas Calle, Conjuez Nacional, para que asuma su despacho en la Sala Penal, con los
mismos deberes y atribuciones que el titular, conforme se desprende del oficio N° 117-
1
( tT't (cid:9) sINJ. .iF
'NA JUSTICIA
Juicio Penal N° 13141-2021-00005
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL, TRANSITO, CORRU PC¡ ON Y CRIMEN ORGANIZADO
SG-CNJ de la misma fecha, y del acta de sorteo de la Presidencia de la Corte Nacional de
Justicia respectiva.
Mediante sorteo de ley, efectuado el día martes 02 de marzo de 2021, a las 13h181, acorde
a lo prescrito en el artículo 160.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Tribunal
asignado a esta causa N° 13 141-2021-00005 se encuentra conformado por los abogados
Walter Samno Macías Fernández.quien avoca conocimiento de la causa, y Byron Guillén
Zambrano, Jueces Nacionales; y, el doctor Iván Saquicela Rodas, Juez Nacional Ponente
de conformidad con el artículo 141 del Código Orgánico de la Función Judicial, actuando
el doctor Luis Adrián Rojas Calle, Juez Nacional (E) ponente, conforme lo señalado en
el párrafo que antecede, y la doctora Mercedes Caicedo Aldaz, Conjueza Nacional, quien
también avoca conocimiento, en reemplazo del abogado Byron Guillén Zambrano, por
licencia legalmente concedida y sorteo de 06 de abril de 2021, de la Presidencia de> la
Corte Nacional de Justicia.
La Corte Nacional de Justicia, a través de sus Salas Especializadas, tiene jurisdicción y
competencia para conocer y resolver lós recursos de apelación de las acciones de Hábeas
Corpus resueltas por las cortes provinciales, en los términos establecidos en la ley,
conforme las garantías normativas de los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la
República del Ecuador, 186 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 169
numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
2. VALIDEZ PROCESAL.
El Hábeas Corpus como garantía jurisdiccional se rige por varios principios y normas,
como aquellas referentes al procedimiento, enunciadas en el artículo 86.2 de la
Constitución de la República que, en esencia, destaca lo siguiente:
"(..) a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e
instancias; b) Serán hábiles todos los días horas; c) Podrán ser propuestas oralmente o
12
por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida. No será
indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción; d) Las notificaciones
se efectuaran por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado
activo y del órgano responsable del acto u omisión; e) No serán aplicables las normas
procesales que tiendan a retardar su ágil despacho".
Estas reglas se sustentan en el neoconstitucionalisino, y procuran superar el esquema
positivista, otorgando un contenido formal, y, sobre todo material a los derechos
constitucionales; por tal efecto, en aplicación de los principios de supremacía
constitucional, aplicabilidad directa e irniaediata de la norma constitucional, e
interpretación integral de la norma constitucional, plasmados en los artículos 4, 5 y 6 del
Código Orgánico de la Función Judicial, es un deber para el juez constitucional dar un
contenido material a estos principios, más aún cuando es imperativo para el órgano
jurisdiccional tutelar los principios de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, así
como la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución entre otros
presupuestos jurídicos; en virtud de aquello, y considerando que en la presente acción de
Hábeas Corpus, no se han omitido solemnidades sustanciales que motiven la nulidad
procesal, habiéndose tramitado el recurso de apelación conforme lo establecido en los
artículos 75, 86 y 89 de la Constitución de la República del Ecuador y más normas
Expediente de la Corte Nacional de Justicia, fs. 1.
2
`NA11,1 DE
JUSTICIA
POLICIAL TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
atinentes constantes en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, se declara la validez de lo actuado con ocasión de este medio de
impugnación.
3. ANTECEDENTES.
3.1. El señor José Pastor Santana Villavicencio, dando a conocer que se encuentra
privado de su libertad desde el 26 de noviembre de 2020, por el delito de violación,
representado por los abogados Roque Argandoña Vera y Wagner Sánchez Pisco, dedujo
acción constitucional de Hábeas Corpus, en contra de los abogados Lorena Ismailda
Romero Cedeño, José Luis Alarcón Bowen y Carlo Abraham Fuentes Zambrano, Jueza
y Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Manta.
3.2) Mediante sorteo de jueves 07 de enero de 2021, las 11h02, la competencia para el
conocimiento y resolución de la acción de Hábeas Corpus propuesta, se radicó en el
Tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes
Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, conformado por los abogados
Magno Gabriel Intriago Mejía (ponente) y Carlos Alfredo Zambrano Navarrete, y doctor
Marco Vinicio Ochoa Maldonado, Jueces Provinciales, quienes, luego de llevar a efecto
la audiencia respectiva, resolvieron el día martes 12 de enero de 2021, a las 10h09, por
unanimidad, negar la acción de hábeas corpus planteada.
3.3) Inconforme con este pronunciamiento, el accionante señor José Pastor Santana
Villavicencio, por intermedio de sus abogados patrocinadores, tanto de manera oral
conforme consta en la parte final de la sentencia impugnada, cuanto mediante escrito
recibido el día viernes 15 de enero de 2021, las 10h01, interpuso recurso de apelación; y,
mediante providencia de lunes 18 de octubre de 2020, las 16h45, la Sala Especializada de
la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de
Justicia de Manabí, da a conocer al legitimado activo, que "( ... ) lo solicitado ya está
concedido en la Sentencia de fecha martes 12 de enero del 2021, las 10h09", en la que se
concedió el recurso para ante la Corte Nacional de Justicia.
4. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.
4.1. Del derecho a recurrir y del recurso de apelación.-
4.1.1.La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numeral 7 literal m),
dentro de los derechos de protección, al tratar sobre las garantías básicas del derecho al
debido proceso y más concretamente del derecho a la defensa, materializa el derecho de
impugnación, estableciendo:
"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará
el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: ( ... )
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (...)
ni) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus
derechos".
Las normas que integran el bloque de constitucionalidad, son de obligatorio cumplimiento
para los órganos jurisdiccionales, las mismas que tienen su referente en principios y
3
cr' NA (rsL 11
Juicio Penal N°13141-2027-00005
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR PENAL
POLICIAL, TRANSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
normas de instrumentos internacionales sobre derechos humanos que también son parte
integrante del bloque de constitucionalidad, dentro de las cuales encontrarnos las que
establecen el derecho de impugnación y dentro de este a la apelación, cuyo referente lo
encontramos primeramente en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que prevé:
"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o
por la ley`.
En este contexto, el artículo 8 numeral 2 literal h) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), en torno a las garantías judiciales establece:
"Garantías Judiciales
(...) 2. ( ... ). Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas: (...)
Ji) derecho de recurrir dclfallo ante juez o tribunal superior"
Así también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en líneas generales
respecto al derecho a recurrir, prevé en su artículo 14 numeral 5:
"(. ..) 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio
Y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme lo prescrito por
la lev".
4.1.2La Corte Constitucional del Ecuador, respecto al derecho a recurrir se ha
pronunciado en varias de sus resoluciones, y concretamente, respecto al recurso de
apelación, ha señalado:
"La facultad de las partes procesales de recurrir ante un fallo representa un valor de suma
importancia en el Estado constitucional de derechos )'justicia, dado que permite a los ciudadanos
contar con la posibilidad de obtener de tribunales de justicia superiores, sentencias y resoluciones
que evalúen por segunda ocasión aquellos elementos resueltos en una judicatura de primera
instancia, y a partir de aquello, confirmen o revoquen aquella decisión. Esta Corte ha sabido
señalar además que el derecho a recurrir del fallo o resolución ante el juez o tribunal superior es
una garantía primordial en la estructura del debido proceso, la cual se deriva del derecho de
defensa del recurrente, no se restringe a otorgarle posibilidades reales de refutación de la
acusación, sino que también la posibilidad de impugnar los vicios y errores de la resolución o
sentencia de primera instancia, a efectos de que esta sea revisada por un juez o tribunal distinto y
de superior jerarquía orgánica, capaces de dotar de un recurso que garantice un examen integral
de la decisión recurrida, más allá de meras cuestiones de legalidad, ejecutando una fiscalización
exhaustiva y no limitada de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Poi-
ello, el recurso debe estar desprovisto de restricciones o requisitos irracionales o
desproporcionados que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo. La facultad de
recurrir del fallo trae consigo la posibilidad de cuestionar una resolución dentro de la misma
estructura jurisdiccional que la emitió, por ello el establecimiento de varios grados de jurisdicción
para reforzar la protección de los justiciables, ya que toda resolución nace de un acto humano,
susceptible de contener errores o generar distintas inte/pretaciones en la determinación de los
hechos y en la aplicación del derecho [Nota al pie] (Corte Constitucional del Ecuador para el período de
transición, sentencia N' 117-12-SEP-CC, caso N° 0696-10-EP).
La garantía de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior establece que toda persona tiene
derecho a disponer en un plazo razonable los fallos emitidos en la determinación de su
4
4•
(:R1EN.((t\.L
SALA ESPECIALIZADA RE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
responsabilidad, debidamente motivados, para su posible apelación. El debido proceso legal
carecería de eficacia sin el derecho a la defensa en juicio y la oportunidad de defenderse contra
una resolución ofallo adverso, de allí que, a través de este recurso se le permite al afectado proteger
sus derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa, se le otorga la posibilidad
a la persona afectada por un fallo desfavorable para impugnarlo y lograr un nuevo examen de la
cuestión. De ahí la importancia del recurso de apelación en nuestro sistema jurídico. Por lo tanto,
resultafundamental que los operadores dejusticia evalúen de una manera adecuada y en el contexto
de un estado constitucional de derechos y justicia, las circunstancias por las cuales un recurso de
apelación debe ser negado, dado que negar un recurso de apelación carente de motivación puede
generar la afectación de derechos _v, garantías constitucionales.
Es claro, sin embargo, que el derecho a recurrir, al igual que todos los demás derechos
constitucionales, debe estar sujeto a limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley, siempre
que respondan a la necesidad de garantizar los derechos de las demás partes intervinientes, de
acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad [Nota al pie] (Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 3, numeral 2) 2.
4.1.3. En la materia de hábeas corpus que nos ocupa, la garantía normativa de la apelación
se encuentra establecida en las reglas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, partiendo del principio procesal constante en el artículo 4 numeral
8 que establece la "Doble instancia" al disponer que "Los procesos constitucionales
tienen dos instancias, salvo norma expresa en contrario", en concordancia con el artículo
76 numeral 7 literal rn) de la Constitución de la República referido ut supra.
El artículo 44 de la mencionada Ley Orgánica, señala:
"Art. 44.- Trámite.- La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren aplicables las normas
generales, seguirá el siguiente trámite:
(...) 4. Procede la apelación de conformidad con las normas comunes a las garantías
jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido dispuesta en la Corte Provincial de Justicia, se
apelará ante la Presidenta o Presidente de la Corte Nacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por
la Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión
preventiva. (..j".
Sin embargo, concretándonos a la materia penal de la que nace la presente acción de
Hábeas Corpus, es necesario precisar que el artículo 168 ibídem establece como
competencia de las Cortes Provinciales de Justicia:
"(..) 2. Conocer las acciones de hábeas corpus en los casos de fuero y de órdenes de privación de
libertad dictadas por jueza o juez penal de primera instancia. (...)".
Y en concordancia con la disposición referida, la misma Ley en su artículo 169 determina
corno competencia de la Corte Nacional de Justicia:
"(..) 1. Conocer y resolver los recursos de apelación de las acciones de hábeas corpus resueltos
por las cortes provinciales, en los términos establecidos en esta ley".
Retomando al terna del recurso de apelación en la acción de Hábeas Corpus, la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dentro de las normas
2 Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N° 095-14-SEP-CC, de 4 de junio de 2014. Caso N° 2230-11-
EP.
POLICIAL, TRANSITO, CORRUPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
comunes a todas las Garantías Jurisdiccionales, establece en el artículo 24, las
disposiciones atinentes al recurso de apelación, señalando en lo principal:
"Art. 24.- Apelación.- Las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles
después de haber sido notificadas por escrito. (..)".
En este contexto, concluimos que la apelación procede en el ámbito de las garantías
jurisdiccionales, y más concretamente en la acción de Hábeas Corpus, observándose por
tanto que la sentencia expedida por los jueces constitucionales de primera instancia en el
presente caso, es susceptible de apelación, de conformidad con las reglas antes señaladas,
sin que de ellas se observe en forma alguna que existan restricciones al derecho a recurrir,
mismo que se materializa a través del presente recurso de apelación, conforme lo ha
manifestado la Corte Constitucional del Ecuador, al señalar:
esta Corte observa que el recurso de apelación dentro de la acción de hábeas corpus, se
encuentra concebido en un contexto general y amplio, sin que existan disposiciones de carácter
legal o reglamentario que lo limiten o restrinjan, por lo que pueden interponer el mismo, tanto el
legitimado activo, así como las autoridades judiciales o administrativas que hayan intervenido
dentro del proceso constitucional...' '.
4.2. De la acción de Hábeas Corpus.-
4.2.1.De conformidad con lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, la
acción de Hábeas Corpus es reconocida como una garantía jurisdiccional, establecida en
su artículo 89 que prevé:
"La acción de hábeas coipus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado
de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier
persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad".
En forma general la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
establece la finalidad de las garantías jurisdiccionales; así, señala en su artículo 6:
"Finalidad de las garantías.- Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección
eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así
como la reparación integral de los daños causados por su violación"
El mismo cuerpo legal, respecto al Hábeas Corpus, en concordancia con las finalidades
establecidas en el artículo 89 de la Constitución de la República, transcrito ut supra, en lo
principal dispone en el artículo 43:
"Objeto.- La acción de hábeas co/pus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad
física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad
pública opor cualquier persona, tales como:
1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la
garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente,
a excepción de los casos de flagrancia; ( ... )".
Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N° 0105-16-SEP-CC de 30 de marzo de 2016. Caso N°2102-
14-EP.
C)R1 E NJ(ENÁT.. 1)
44 JUSTICIA
La libertad personal concebida corno un derecho humano y constitucional, desde el
ámbito del bloque de constitucionalidad, se encuentra garantizada en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3 señala que "Todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".
Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a
la libertad personal, establece en su artículo 7.6, que:
"Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a
fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad
si el arresto o la detención fueran ilegales. (...)".
Así también este cuerpo convencional dispone en su artículo 25 numeral 1:
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".
En concordancia con las normas convencionales antes transcritas, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos instituye en su artículo 2 numeral 3 literal a), que:
"Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados,
podrá intelponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida porpersonas
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales
4.2.2. Respecto a la institución jurídica constitucional que estamos tratando, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado:
"Esta Corte comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que el derecho establecido en el
artículo 7.6 de la Convención Americana no se cumple con la sola existencia formal de los recursos
que regula. Dichos recursos deben ser eficaces, pues su propósito, según el mismo artículo 7.6, es
obtener una decisión pronta sobre la legalidad [del] arresto o [la] detención ' y, en caso de que
éstos fuesen ilegales, la obtención, también sin demora, de una orden de libertad. Asimismo, la
Corte ha declarado que
[e]l hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la
privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo
cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple
el hábeas coipus como medio para controlar el 1-espeto a la vida e integridad de la persona,
para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para
protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (El hábeas
corpus bajo suspensión de garantías (árts. 2 7.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre
Derechos Humanos,), Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr .
35) 4
En su opinión consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, señala además la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que la acción de Hábeas Corpus: "tutela de
manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio
del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al
' Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador,
párr. 63.
I1
detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la
privación y, en su caso, decretar su libertad".
En igual sentido, este organismo internacional de derechos humanos, se ha pronunciado
en varios casos puestos en su conocimiento; así por ejemplo, en los casos Gangaram
Panday ns. Surinam, sentencia de 21 de enero de 1994, párrafo 47, y Suárez Rosero vs.
Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997. párrafo 43, señaló que:
"Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias
expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los
procedimientos objetivamente definidos por la misma ('aspecto formal)".
En ese sentido, la acción de Hábeas Corpus no solo es una garantía sino también es un
derecho de las personas privadas de la libertad, cuyo objetivo es que a través de las
autoridades competentes se examine si la privación de la libertad se realizó sobre la base
de los preceptos constitucionales y legales pertinentes: de no ser así cuando se constate
que para la privación de la libertad del individuo, se ha incurrido en ilegalidades o
arbitrariedades, o, en el caso de verificarse un riesgo para la vida, la integridad fisica y
otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, tiene procedencia
la acción jurisdiccional de Hábeas Corpus.
En este contexto, la Corte Nacional de Justicia, en varias de sus resoluciones5, ha
señalado:
"(...) el hábeas coipus se encuentra contemplado, dentro de las garantías constitucionales -
conforme así consta en el Título III, Capítulo III, Sección Tercera, artículo 89 de la Constitución
de la República-, como la garantía jurisdiccional a través de la cual se hace efectivo el dei-echo a
la libertad, que le permite al ciudadano acudir ante cualquier juez a demandar su recuperación,
cuando éste se encuentre privado de ella de manera ilegítima, arbitraria o ilegal; es por tanto,
además, una garantía para proteger la vida y la integridad física, de las personas privadas de su
libertad. Acorde con la norma constitucional; en principio, para que proceda el hábeas coipus,
deben reunirse los siguientes presupuestos: i,l privación de libertad,-),, ji,) que aquella privación sea
ilegítima, arbitraria o ilegal.
Por otro lado, esta garantía constitucional se encuentra desarrollada y normada en la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales 37 Control Constitucional, Título II, Garantías Jurisdiccionales de los
Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, artículos 43 al 46, en donde se establece su objeto,
trámite y reglas de aplicación; el artículo 43 e/usdem, en cuanto al 'objeto' mismo de esta acción
señala que es: 'proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la
persona privada o restringida de libertad, por auto ridad pública opor cualquier persona, (..)'.
De allí que el habeas coipus, como garantía constitucional, tutela los derechos de libertad, vida,
integridadfísica y más derechos conexos, del ser humano que se encuentre privado o restringido en
su libertad, ya sea por autoridad pública o cualquier persona, de manera ilegal, ilegítima o
arbitraria. ( ... )".
4.2.3. Según el tratadista Juan Larrea Holguín: "Esencialmente consiste el ( ... ) Hábeas
Corpus en un sistema para garantizar la regularidad de la privación de la libertad y
para evitar los posibles abusos de las autoridades penitenciales, desde las torturas hasta
la muerte o el ocultamiento del reo para sustraerlo de un juicio regular. Se prescribe la
presentación personal del acusado, y de aquí el nombre de hábeas corpus (•••)6•
Ecuador. Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Resoluciones adoptadas
los casos Nos. 975-2013; 1459-2013; 818-2014; 1353-2014; 2012-2014 (recursos de apelación en habeas corpus).
6 Juan Larrea Holguín, Derecho Constitucional, Corporación de Estudios y Publicaciones, VI Edición, Quito, 2000, p.
323.
ç;I.IRrT(cid:9) 1(SA1. Di-
4.2.4. Conforme lo anotado ut supra, el artículo 89 de la Constitución de la República
establece que la acción de Hábeas Corpus procede en caso de una privación de la libertad
ejecutada de forma ilegal, arbitraria o ilegítima; lo mismo replica el artículo 43 numeral
1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Sin embargo, es necesario precisar que en cuanto a lo que implica cada una de estas
formas irregulares de privación de libertad, el ordenamiento jurídico interno no guarda
definición alguna que ayude a diferenciarlas, por lo que se debe recurrir a la
jurisprudencia internacional, a fin de clarificar estos conceptos.
Siguiendo la ilación lógica expuesta, se puede decir que el panorama que nos es más
cercano, en función del bloque de constitucionalidad, es la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la que, ha establecido las diferencias entre los distintos tipos de
detención; así, en su jurisprudencia, se diferencian los conceptos de detención ilegal y
detención arbitraria, siendo la primera provocada por una privación de la libertad que no
cumple con la legislación en virtud de la cual se ejecuta; y, la segunda, aquella que si bien
reúne los requisitos para ser considerada corno legal, no guarda un fin válido con relación
al daño causado a la persona privada de la libertad; en este contexto, señala:
"Según el primero de tales supuestos normativos [prohibición de la detención ilegal](cid:9) nadie
puede verse privado de la libertad sino por causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas
en la ley (aspecto material,), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente
definidos en la misma (aspecto formal,). En el segundo supuesto [prohibición de la detención
arbitraria] [ ... ] se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento por causas y métodos que - aún calificados de legales - puedan
reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser,
entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad"7.
Ya en el ámbito del sistema universal de protección de los derechos humanos, el Comité
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en sus observaciones,
hace la misma distinción entre las detenciones ilegales y arbitrarias:
"(..) La tercera frase del párrafo 1 establece que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Las razones
sustantivas para la detención o la prisión deben estar prescritas por la leyy definidas con suficiente
precisión para evitar una aplicación excesivamente amplia o arbitraria. La privación de la libertad
sin esa autorización legal es ilícita e infringe el artículo 9 ()8
"(..)La detención o prisión que carezca de todo fundamento jurídico es arbitraria [...] El concepto
de 'arbitrariedad' no se debe equiparar con el de 'contrario a la ley, sino que debe interpretarse
de manera más amplia afin de incluir elemento de incorrección, injusticia e iinprevisibilidad, así
como también el principio de las garantías procesales (•••)9
Sobre la definición de detención ilegítima, no se hace mención por parte de estos dos
órganos internacionales de protección de derechos, sin que sea claro su alcance después
de un análisis de su significado común y etimológico. En cuanto al primero, en el
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 24 de junio de 2005. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador,
párr. 57.
8 Comité de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas. Observación general N° 35 adoptada en el 107 período de
sesiones. Ginebra, 11 a 28 de marzo de 2013, párr. 22.
Ibídem, párr. 12 y 13.
121
cçrit (cid:9)
DE
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, legítimo es definido corno
aquello que ha sido emitido "Conforme a las leyes", es decir, podría ser considerado corno
un sinónimo de legal; mientras que el segundo, refiere que legítimo viene del latín
legitiinus, que tiene los componentes léxicos legis (ley) más el sufijo superlativo mus, lo
que vendría a implicar que es algo aprobado más allá de lo legal. En su forma negativa
(ilegítimo), significaría algo reprobado más allá de lo legal, por lo que se constituiría en
un sinónimo de arbitrario, en el contexto de los tipos de detenciones.
Por sobre lo dicho, más allá de la indeterminación del concepto de detención ilegítima en
la legislación ecuatoriana, se puede concluir que la división bipartita efectuada por los
órganos internacionales de derechos humanos es apta para proteger a la persona de
cualquier tipo de privación contraria a derecho, porque no solo se refiere a aquellas que
son efectuadas por fuera de la legislación, sino también a las que se ejecutan por fuera de
los fines razonables para privar de la libertad a una persona, y en tal sentido, es esta
división la que se utilizará en lo subsiguiente más aún, cuando la propia Corte
Constitucional del Ecuador ha manifestado que:
"(...) en virtud de la irradiación constitucional que experimenta el ordenamiento jurídico
ecuatoriano, dentro del cual no solo existe un reconocimiento expreso de la supremacía de la
Constitución de la República, sino también de la jerarquía de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, el control de convencional/ciad se constituye en un mecanismo básico para la
garantía de los derechos, en tanto permite que los órganos jurisdiccionales no se limiten a un
análisis de sus disposiciones internas, sino que además recurran a los instrumentos internacionales
la interpretación efectuada de estos, afin de dotar del contenido integral a los derechos"10.
1'
S. DEL CASO IN EXAMINE.
5.1. Conforme se refirió anteriormente, el artículo 86 numeral 2 literal a) de la
Constitución de la República del Ecuador, señala que el procedimiento en las garantías
jurisdiccionales "será sencillo, rápido y eficaz": y, en el literal e) de la misma norma
constitucional contempla: "No serán aplicables las normas procesales que tiendan a
retardar su ágil despacho", por lo cual resulta ineludible en primera instancia la
realización de la audiencia pública; sin embargo, para la segunda instancia, esta
obligación, por disposición del artículo 24 segundo inciso de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se encuentra condicionada a la
eventualidad de que el órgano jurisdiccional considere necesaria la práctica de elementos
probatorios para ahí y en ese caso convocar a audiencia. En el in examine, este Tribunal
considera que del expediente obran los elementos suficientes para tomar una decisión
conforme a derecho, razón por la que no es necesaria la convocatoria a audiencia, sino el
pronunciamiento por el mérito del expediente, correspondiendo por tanto conocer y
resolver sobre el recurso de apelación de la acción de Hábeas Corpus, esto es, determinar
si el ciudadano José Pastor Santana Villavicencio, se encuentra privado de su libertad de
manera ilegal, arbitraria o ilegítima, o si durante aquella se ha puesto en riesgo su vida
o su integridad fisica, según lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República
del Ecuador.
5.2. En lo principal, el accionante recurrente José Pastor Santana Villavicencio, por
intermedio de sus defensores técnicos, interpone su recurso de apelación, en contra de la
sentencia dictada por la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y
Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia Nro. 024-16-SIN-CC, del 6 de abril de 2016.
10
Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, de martes 12 de
enero de 2021, a las 10h09, respecto a la acción de Hábeas Corpus propuesta, planteando
los siguientes cuestionarnientos:
- La sentencia impugnada conlleva una confusión de índole procesal constitucional, al haber resuelto
situaciones de índole procesal y no el pedido de proteger el derecho constitucional de libertad,
habiendo en la audiencia del Hábeas Corpus, argumentado las razones constitucionales que daban
crédito, autoridad y fundamento a su proposición, que exigían se le aplicara la garantía constitucional
del análisis motivado de que era ilegítimo seguir manteniendo detenido al señor José Santana
Villavicencio, cuando ya operó la prescripción de la acción penal.
- El fallo no es completo, puesto que no se pronuncia y resuelve respecto de todas sus pretensiones;
que el Tribunal de Garantías Penales de Manta negó su pedido de prescripción de la acción penal,
amparado en el artículo 528.15 del Código Penal, dejando de aplicar el Art. 101 ibídem, habiendo
transcurrido desde la instrucción fiscal 15 años 6 meses y no ha sido juzgado y fue detenido a finales
del 2020.
- Los Jueces de la Sala no han entendido cual es el rol que cumplen corno garantistas de la libertad,
que es la restitución de los derechos constitucionales conculcados, vía acción constitucional, una de
las formas más comunes de violación de los principios y reglas constitucionales en su no aplicación
por omisión, en razón de que el artículo 101 del Código Penal exige un máximo de 15 años en delitos
sexuales, para que prospere la prescripción, pero el Tribunal de Garantías Penales de Manta, aplica
el artículo 528.15 ibídem, para negar dicha prescripción; causa admiración que un Tribunal de
Alzada como es la Sala, no puede conocer que ese artículo está derogado, pues consta en el Código
Penal, que el Capítulo III con sus respectivos artículos del 521 al 528 derogados por Ley No. 105,
publicada en Registro Oficial 365 de 21 de julio del 998.
- No es entendible cuál es la razón de que la Sala no restituyó los derechos constitucionales
violentados al legitimado activo, con lo cual queda demostrada la violación al principio de Legalidad
Constitucional, se mantuvo la inobservancia del principio in dubio pro reo al no aplicar el artículo
101 del Código Penal como norma previa y disponer su inmediata libertad en razón de que el Estado
perdió su capacidad para juzgarlo; pero al aplicar el artículo 528.15 ibídem, se dejó de aplicar la
norma previa para aplicar una norma derogada y no declarar la prescripción de la acción penal, y si
hubiera estado vigente en esa época, también era aplicable el principio de favorabilidad contenido
en el artículo 5 núm. 2 del COIP.
- El derecho constitucional a la seguridad jurídica ha sido violentado en la sentencia como quedó
indicado, y al contemplar cómo se administra justicia constitucional sin observar los principios
elementales de la lógica que devienen de la razón como fuente de conocimiento y al constatar cómo
se violentan los derechos constitucionales; por ventura el Asambleísta Constitucional, con acierto,
creó mecanismos como el Hábeas Corpus, en el afán de controlar la aplicación oportuna de los
derechos constitucionales y hacer efectiva la supremacía de la Constitución.
- Respecto a la seguridad jurídica, en el caso, el Tribunal de Garantías Penales de Manta, como
autoridad competente, en su resolución de negativa de la prescripción de la acción penal, vulneró
los derechos constitucionales en la forma analizada y detallada; lo preocupante es que la Sala les
deja en incertidumbre, haciendo crecer la desconfianza de la administración de justicia en Manabí,
ya que se apartaron de la Constitución generando incoherencia en la aplicación de los derechos
constitucionales, vulnerando además el artículo 11 numeral 9 ejusdem.
- La vulneración del derecho a la seguridad jurídica, implica la vulneración de un derecho adyacente,
que en el caso es el derecho al debido proceso.
- La sentencia viola el derecho a la Tutela Efectiva constante en el artículo 75 de la Constitución de
la República; la Sala incumple el respeto a la dignidad de las personas al conculcar el derecho a la
libertad, por rechazar su pedido sin la adecuada argumentación válida, emanada de la buena razón,
que permita entender el porqué de su decisión; violación de la tutela que se hace más notoria al
omitir la Sala, pronunciarse sobre el derecho o principio de legalidad constitucionalmente
garantizado y que atribuyen vulnerado al igual que el de seguridad jurídica, dejando en indefensión
11
(:(ui(cid:9) .h
JIA
al recurrente. La Sala, al vulnerar la dignidad del accionante, está vulnerando su derecho de acceso
a la justicia y la tutela efectiva, pues al negar su libertad inmediata, está coadyuvando a que siga
siendo víctima de la vulneración de sus derechos constitucionales, con lo que se incumple el
postulado de la tutela judicial y más aún los postulados de efectiva y expedita, que generan como
efecto la violación de la seguridad jurídica.
- No existe la motivación adecuada, garantía constante en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la
Constitución. Los jueces, en la sentencia, no han cumplido con este deber constitucional. pues no
fundamentaron de manera debida su fallo, sino que centraron su atención en decir que existen
caminos legales que deben agotarse al respecto, no existe ningún recurso legal que se pueda
interponer, sino que debieron entender que en la actualidad vivimos un Estado Constitucional de
Derechos, que por tanto esta acción ro es residual, simplemente si se ha violado un derecho
constitucional tiene que ser restituido y no seguirlo conculcando más: dicho fallo, al carecer de
fundamentos razonables, lógicos y comprensibles, produjo que sobre las pretensiones de los
accionantes, esto se analice sobre una supuesta vulneración del derecho a la libertad, no se realice
un correcto examen por parte de los jueces dentro del proceso de acción de Hábeas Corpus. pues
como se estudió en líneas anteriores, el hecho de alegar cuestiones de legalidad en este tipo de
garantía jurisdiccional. sin realizar un verdadero ejercicio intelectivo, argumentado y razonado del
que efectivamente se desprenda que no existe vulneración de derechos constitucionales, se
contrapone a la naturaleza y objeto de la acción de habeas corpus: además, la Sala ni siquiera exigió
que se cumpla con el literal b) del numeral 20 dei artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, simplemente se hace referencia que la misma consta en
una foja del proceso.
- El argumento expuesto por los jueces provinciales, en cuanto a determinar que no se pueden alegar
cuestiones de legalidad simplemente para desechar esta garantía (cuando en realidad luego de un
ejercicio intelectivo el juez deberá verificar que del acto se desprenda o no una vulneración), resulta
erróneo, puesto que se contrapone a la esencia misma del contenido normativo del artículo 89 de la
norma suprema, el cual propende la recuperación de la libertad, cuando esta se haya transformado
en ilegítima.
- Conforme el análisis respecto a la motivación, se constató que la sentencia impugnada, no cumple
con los criterios de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, produciendo que sobre las pretensiones
de los accionantes, esto se analice sobre una supuesta vulneración del derecho a la libertad, no se
realice un correcto examen por parte de los jueces dentro del proceso de acción de Hábeas Corpus,
pues el hecho de alegar cuestiones de legalidad en este tipo de garantía jurisdiccional, sin realizar
un verdadero ejercicio intelectivo, argumentado y razonado del que se desprenda que no existe
vulneración de derechos constitucionales, se contrapone a la naturaleza y objeto de dicha acción,
conforme los artículos 89 de la Constitución y 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional, además de que la Sala no exigió que se cumpla con la exhibición de la
orden de detención y con eso era suficiente para conceder la acción constitucional y la libertad del
legitimado activo.
- Los jueces provinciales en la sentencia realizan una enunciación amplia de normativa
constitucional y legal; sin embargo, lo hacen desde un contexto eminentemente descriptivo, sin
establecer la pertinencia de su aplicación.
La sentencia no está razonada, porque las normas constitucionales y legales en que se fundamenta
solo hace la enunciación de normas jurídicas sin indicar la pertinencia de su aplicación, de modo
que no está presente el cumplimiento de este requisito con la simple transcripción de las
disposiciones jurídicas que regulan la acción constitucional, por lo que no se cumple con el
parámetro de la razonabilidad.
Respecto al requisito de la lógica, es preciso verificar si en el presente caso, al tratarse de un proceso
de acción de hábeas corpus y ante la alegada vulneración de derechos constitucionales, los jueces de
la Sala no realizaron un análisis que les haya permitido establecer si existió o no tal transgresión,
examen que debió referirse directamente con el estudio de los derechos constitucionales que se
alegaron como vulnerados.
44
- Respecto del tercer requisito, la comprensibilidad, no puede ser comprensible una sentencia que
carece de razonabilidad y lógica.
5.3. De la revisión del expediente de primer nivel, se extrae la petición de Hábeas
Corpus planteada ante la Corte Provincial de Justicia de Manabí, a favor del señor José
Pastor Santana Villavicencio, por los abogados Roque Argandoña Vera y Wagner
Sánchez Pisco, en la que, en lo principal señala las siguientes reclamaciones:
- El legitimado activo fue detenido el 26 de noviembre de 2020, por orden de la boleta de detención
emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Manta, habiendo comparecido los defensores
técnicos a nombre del señor José Santana solicitando copias del proceso para poder anunciar y
presentar pruebas, lo cual fue negado ilegítima e inconstitucionalmente, dejándoles en indefensión.
- Han accedido al expediente en forma presencial, pudiendo constatar anomalías, en base a lo cual
han solicitado la prescripción de la acción penal a favor del señor José Pastor Santana Villavicencio,
señalando que, en razón de que la Jueza ponente y el tribunal de garantías penales en general, no
son competentes, se inhiban ante el juez de garantías penales de Portoviejo, para que resuelva
respecto a este pedido, lo cual fue negado con providencia de 30 de diciembre de 2020, las 12h56,
en la cual se señala, en tomo a lo peticionado, lo siguiente: "(...) A lo expuesto se desprende que no
opera la institución jurídica de la prescripción de la acción penal, por existir norma expresa, así se
observa de lo que determina el artículo 523 del Código Penal.- DISPOSICIONES COMUNES A
LOS DELITOS SEXUALES YDE TRATA DE PERSONAS, concretamente en el artículo 528.15, en
los delitos contemplados en el Título VIII, del Libro II del Código Penal, la acción penaiprescribirá
en el doble del tiempo de la pena máxima prevista para cada infracción, sin que el plazo pueda
exceder de cincuenta años, el delito de violación de acuerdo al Auto de llamamiento ajuicio es el
tipificado en el artículo 512 numeral], del Código Penal cuya sanción está prevista en el artículo
513 del referido código, siendo esta de reclusión mayor especial de 16 a 25 años de privación de
libertad; y el artículo 417 del COIP establece que el ejercicio de la acción prescribirá en el mismo
tiempo del máximo de la pena de privación de libertad previsto en el tipo penal, contado desde que
el delito fue cometido.- el artículo 171 tipifica al delito de violación, cuya sanción oscila entre 19 a
22 años de privación de libertad. De lo expuesto se puede establecer que a la presente fecha no ha
prescrito la acción penal, han transcurrido únicamente 15 años 4 meses desde que se dio inicio a
la instrucción fiscal, no operando la institución jurídica alegada por el procesado, por cuya
consecuencia SE NIEGA por no cumplir los requisitos establecidos en la ley, (...)".
- Esta negativa de prescripción de la acción penal, ha violentado el principio de legalidad
constitucional, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva.
- La sentencia violenta el artículo 76 numeral 5 de la Constitución, que señala que "En caso de
conflicto entre dos leves de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo
hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción.
En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más
favorable a la persona infractora".
- La sentencia violenta el artículo 5 numeral 2 del COIP, que establece: "Favorabilidad: en caso de
conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un
mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la
infracción".
- El fundamento de la prescripción solicitada es el artículo 101 del Código Penal. El Tribunal Penal
de Manta niega el pedido de prescripción, amparado en el artículo 523 del Código Penal. Por esa
razón se ha violentado el principio de legalidad constitucional al violentar el principio in dubio pro
reo, ya que la norma que tenía que aplicarse era el artículo 101 del Código Penal como norma previa
y por el principio de favorabilidad.
- Se ha violado el derecho constitucional a la seguridad jurídica, generando zozobra e incertidumbre
en los comparecientes y la ciudadanía en general, al contemplar cómo se administra justicia ordinaria
sin observar los principios elementales de la lógica que devienen de la razón como fuente del
conocimiento y al constatar cómo se violentan los derechos constitucionales.
13
tFF :cv INL rE
Juicio Penal N'13141-2021-00005
- En el caso, el Tribunal de Garantías Penales de Manta, en su resolución de negativa de la
prescripción de la acción penal, vulneró los derechos constitucionales, y no se fundamentan en la
Constitución, al contrario se apartan de ella, lo cual genera incoherencia en la aplicación de los
derechos constitucionales, considerando que el deber más alto del Estado es el de respetar y hacer
respetar los derechos garantizados en la Constitución, atento lo preceptuado en su artículo 11
numeral 9 que también se vulnera en la resolución objetada.
- La resolución viola el derecho a la tutela efectiva instituido en el artículo 75 de la Constitución,
porque desampara y no protege los derechos constitucionales vulnerados; si la Constitución de la
República decidió construir una sociedad en la que se respete la dignidad de las personas, el tribunal
incumple este postulado al conculcar el derecho a la libertad, por lo cual se hizo trascendente la
impugnación mediante el mecanismo instituido en el derecho de petición contenido en el artículo 66
numeral 23 de la Constitución y 76 numeral 7 literal m) ibídem, al rechazar su pedido sin la adecuada
argumentación válida emanada de la buena razón, que permita entender el porqué de su decisión,
con lo cual y como efecto, no tutela los derechos e intereses conforme el artículo 75 ejusdem.
- Sin perjuicio de sustentarlo en la audiencia constitucional de Hábeas Corpus, anuncia que se ha
violentado el artículo 45 literal d) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, ya que el Tribunal de Garantías Penales ha incurrido en vicios de procedimiento al
violentar el debido proceso constitucional. al mantener detenido al accionante, cuando el estado ha
perdido su capacidad coercitiva, al quererlo juzgar estando prescrita la acción penal. tomándose en
un acto ilegítimo e inconstitucional.
De la sentencia impugnada se desprende que, en función del principio de contradicción,
la doctora Lorena Romero Cedeflo, como Jueza del Tribunal Penal de Manta que negó la
petición de prescripción, ha comparecido a la audiencia respectiva expresando:
"Este tribunal está autorizado para resolver la situación jurídica del ciudadano José Pastor
Santana Villavicencio, luego de haber escuchado al Señor abogado defensor particular del
mencionado ciudadano, él señor abogado inanfiesta que está vulnerando el derecho a la defensa.)
este tribunal indica y alega la prescripción de la acción penal a favor del ciudadano José Pastor
Santana Villavicencio, de la revisión del proceso petición que fue atendida conforme lo manifestó,
el abogado deíánsor particular el tribunal conformado por tres jueces se pronunció acerca de la
prescripción de la acción penal solicitada por el ciudadano José Pastor Santana Villavicencio en
los siguientes términos qué si bien es cierto el artículo 101, establece que los delitos prescriben en
un cierto tiempo, pero tratándose de delitos sexuales el código penal porque esta causa inicia con
el código procedimiento penal, este es el año 2005, y el código penal en su Artículo 528. 5 es claro
en manifestar que en los delitos contemplados en el título octavo libro segundo del Código Penal la
acción penal prescribirá en el doble de tiempo de la pena máxima prevista para cada infracción,
sin que en el plazo puede exceder de 50 años, esta disposición del artículo 528.5, está dentro las
disposiciones comunes a los delitos sexuales y trata de personas, el señor José Pastor Santana
Villavicencio tiene un auto de llamamiento a juicio, dictado por el juez de garantías penales, como
presunto autor del delito de violación tipificado artículo 512 y sancionado en el artículo 513 del
Código Penal, el artículo 512 del código penal en aquel entonces sancionado con una pena de 16 a
25 años de reclusión, actualmente el artículo 477 porque este tribunal se analizó lafavorabilidad
que requiere el mencionado profesional del derecho, para aquello recurrió el artículo 417 del
código orgánico integral pena/y este artículo del código orgánico integral penal establece que el
ejercicio de la acción prescribirá en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de
libertad, este delito también está tipificado en el artículo 171 del código orgánico integral penal,
cuya pena es de 19 a 22 años de lo expuesto señores jueces se puede establecer de la razón actuarial
que consta en el proceso que fue remitido a la Sala han transcurrido únicamente 15 años 4 meses,
desde que se dio inicio la introducción fiscal que es de donde se comienza a contar el plazo de la
prescripción por eso el tribunal considera habiendo norma expresa tanto, el código penal vigente
a la fecha que se cometió el delito como en el actual código, este es el código orgánico integral
penal no cumple los parámetros para que esta institución función jurídica operé por lo tanto este
tribunal sentó la negativa a la prescripción de la acción penal solicitada por el recurrente José
Pastor Santana Villavicencio y mantiene su negativa en esta audiencia constitucional que ha
solicitado el recurrente, no procede los plazos de la prescripción de la acción penal y debe ir a
audiencia dejuzgamiento la misma que se encuentra convocada para que se le resuelva su situación
14
(X.U'E N( 1O'i. DF
4k JUSTIC
jurídica mediante un juicio, de esta forma el tribunal penal de Manta se pronuncia acerca del
habeas Corpus solicitado por el ciudadano José Pastor Santana Villavicencio" (Sic).
En virtud de estos referentes procesales, el Tribunal de la Sala Especializada de la
Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de
Justicia de Manabí, por unanimidad, mediante sentencia de 12 de3 enero de 2021 materia
del recurso de apelación que se analiza, negó la acción de Hábeas Corpus planteada a
favor del señor José Pastor Santana Villavicencio, bajo los siguientes argumentos:
"( ... ) Analizada de manera exhaustiva la petición de Habeas Coipus; así como las intervenciones
de quienes hicieron uso de la palabra en la audiencia desarrollada en la Sala de Audiencias de la
Corte Provincial de Justicia de Manabí; así como de las principales piezas procesales respecto al
proceso penal signado con el número N° 13246-2010-0101, que se tramita en el TRIBUNAL DE
GARANTIAS PENALES DE MANTA, en contra del señor SANTANA VILLA VICENCIO JOSE
PASTOR, donde se constata que en efecto la boleta de detención visible afs. 313 del expediente ha
sido emitida dentro de un proceso penal, por lo expuesto el peticionario de la presente acción
confunde la naturaleza de la acción constitucional de hábeas corpus con un recurso intra proceso,
en el que NO cabe la discusión de aspectos sustanciales del caso; Sobre estos aspectos el Tribunal
observa y analiza lo siguiente.' El Art. 89 de la Constitución de la República en su primer inciso, de
manera textual establece que 'La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de
quien se encuentre privado de ella deforma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad
pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas
privadas de libertad'. En consonancia el Art. 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional, en sus numerales 1 y 10 señala que 'La acción de hábeas corpus tiene por
objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona
privada o restringida de libertad, por autoridad pública opor cualquier persona, tales como: 1. A
no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la
a excepción de los casos de flagrancia.'; en consecuencia el Art. 45 ibídem en su numeral 2
establece que 'Las juezas y jueces observarán las siguientes reglas: ..2. En caso de privación
ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del derecho, dispondrá la inmediata
libertad y la reparación integral. La privación arbitraria o ilegítima se presumirá en los siguientes
casos: a) Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia. b) Cuando no se exhiba la orden
de privación de libertad. c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos
legales o constitucionales. d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la
privación de libertad, e) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por
particulares, cuando no sejustd,ique la privación de libertad'; en el caso concreto este Tribunal no
constata que el señor SANTANA VILLA VICENC'IO JOSE PASTOR, se encuentre en las situaciones
normativas y constitucionales señaladas en la norma descritas; la parte peticionaria de esta acción
quiere que este Tribunal se pronuncie sobre dos circunstancias procesales: LA PRIMERA que se
origina con la TEMPORABILIDAD en el ámbito jurídico como es la prescripción de la acción
penal, y, SEGUNDO, que realicemos una INTERPRETA ClON NORMATIVA de un PRINCIPIO
PROCESAL co/no lo es la FA VORABILIDAD, circunstancias que están alejadas totalmente del
objetivo de este tipo de acción constitucional. Como lo señala la doctrina: 'El hábeas coipus no
procede si la privación de la libertad se originó en una causa seguida ante juez competente y los
cuestionamientos a demostrar lo injustificado de la detención por esa autoridad o las falencias en
el procedimiento son ajenas a ese remedio procesal e incumben a los jueces de la causa, respecto
de cuyas resoluciones, en caso de existir agravio, deberán hacerse valer los recursos legales
correspondientes' (Alejandro D. C'arrión: Garantías Constitucionales en el proceso penal, Sta.
Edición, Depalmna, Buenos Aires, 2008, p. 218). '. De lo antes expuesto se desprende, que en el caso
sub júdice, se ha hecho efectivo del derecho a un debido proceso, dentro del cual, los sujetos
procesales, entre ellos el detenido, ha podido acceder a todos los mecanismos de defensa
e impugnación permitidos; por ende, el sujeto procesal también puede acceder a los mecanismos
permitidos por la ley para que sea revisada dicha decisión de así requerirlo; por lo tanto, de
conformidad con los argumentos expuestos no se observa en este momento que el señor SANTANA
VILLA VICENc'IO JOSE PASTOR se encuentre privado de la libertad en forma ilegal, arbitraria o
ilegítima. Por ende, el sujeto procesal alega la incorrecta aplicación de los jueces del Tribunal
Penal respecto a la EXTINCION DE LA PENA, PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL y LA
15
C,t11 t'.C1A:. If
. JUSTICIA
APLICA CIONDEL PRINCIPIO DE FA VORABILIDAD, circunstancias procesales las cuales pudo
plantearlas ante el/la o los/las jueces (as) competentes siguiendo los mecanismos permitidos por la
ley procesal penal para que sean revisadas dichas pretensiones en los momentos procesales
oportunos a lo largo de la sustanciación del proceso penal signado N0 13246-2010-0101; por tanto
la orden de privación de libertad personal que pesa en nombre del ciudadano SANTANA
VILLAVICENCIO JOSE PASTOR se encuentra embestida de legalidad, de tal manera que la
estructuración de libertades en la forma que esta solicitada no puede ser reclamada ante la vía
constitucional, al evidenciarse que la misma fue emitida, dentro de unprocesopenal, por autoridad
competente, de conformidad con las reglas del debido proceso. Sobre estas particularidades la
Corte Nacional en varios procesos de apelación y en especial el signado con el número 13141-
2020-00001 donde ratifica la resolución de HABEAS CORPUS emitida por esta Sala de la Corte
provincial de Manabí que en su parte resolutiva manifestó.' 'Finalmente, la acción de habeas corpus
no constituye una instancia judicial que sirva jara sortear el fuero penal, es esta la instancia
competente para dilucidar respecto la responsabilidad o no del delito que se le imputa al señor
Ramos Valencia, previa la consecución de las distintas fases del proceso penal, y conforme la
investigación y pruebas de la causa. La defensa del procesado, al plantear su acción alude
cuestiones propias del ámbito penal... [.7 c'on base en el principio de corrección ,funcional, al
juez/a constitucional le compete verificar si la detención o la orden de privación de libertad perse,
son contrarias a la constitución, mas no le compete fungir de órgano de garantías penales con el
propósito de ratificar o no el estado de inocencia de una persona.' Como consecuencia de las
consideraciones r motivación expuesta, en estricta aplicación de la Constitución, los instrumentos
internacionales de los derechos humanos y la lev, principalmente, de los Derechos de Protección
establecidos en el Capítulo Octavo del título II de la Constitución de la República del Ecuador, y
en acatamiento de los Principios Rectores, Deberes y Facultades de las que se encuentran
envestidos los jueces y plasmadas en el Código Orgánico de la Función Judicial, cumpliendo 3;
haciendo cumplir la normativa propia para cada caso, conforme al estado de la causa, este Tribunal
Constitucional integrado por los Jueces de la Sala Especializada de la Familia Niñez, Adolescencia
y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Manabí 'ADMINISTRANDO
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, YPOR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ' por unanimidad NIEGA LA
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS intelpuesta por los abogados ROQUE ARGANDONA VERA Y
WAGNER SÁNCHEZ PISCO a favor del señor SANTANA VILLAVICENCIO JOSE PASTOR,
ejecutoriado este fallo, la señora actuaria, cumpla con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 86
de la Constitución de la República del Ecuador. Se deja constancia del recurso de apelación
interpuesto de manera orali' concedido por este Tribunal para ante la Corte Nacional de Justicia.
( ... )" (Sic).
5.4. En este contexto, corresponde a este Tribunal, realizar el análisis atinente al recurso
de apelación y en general a la acción de Hábeas Corpus planteada, para lo cual es
necesario recordar, como punto de partida, lo establecido por la Constitución de la
República del Ecuador, respecto a lo que constituye esta garantía constitucional; así,
conforme se ha analizado en la presente sentencia, el artículo 89 de la norma suprema,
especifica que la misma tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre
privado de ella en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, y de proteger la vida y la integridad
física de las personas privadas de libertad.
Al respecto, el legitimado activo en su acción recuerda que el Asambleísta Constitucional
con acierto creó las garantías constitucionales, "en el afán de controlar la aplicación
oportuna de los derechos constitucionales y hacer efectiva la supremacía de la
Constitución", afirmación que en términos generales es acertada, pero que sin embargo,
al analizar en forma individualizada las referidas garantías, encontramos que cada una de
ellas, cuenta con fines específicos que las diferencia unas de otras, y consecuentemente
no se puede acudir a una para alcanzar los fines que regula otra, encontrándose quien las
acciona en la obligación de realizar la selección correcta según sus pretensiones.
16
4kv,
Así, encontramos por una parte que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece en forma general la finalidad de las
garantías, esto es:
"Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los
derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral
de los daños causados por su violación.
Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenii; impedir o interrumpir la violación de un
derecho.
Salvo los casos en que esta lev dispone lo contrario, la acción de protección, el hábeas corpus, la
acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción
extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la
justicia indígena, se regulan de conformidad con este capítulo".
Más, el mismo cuerpo legal, contiene las normas que determinan en forma específica las
finalidades u objetos de todas y cada una de las garantías constitucionales establecidas, y
concretamente, para el caso que nos ocupa, en concordancia con la norma constitucional
antes precisada, respecto a la acción de Hábeas Corpus determina en forma específica:
"Art. 43.- Objeto.- La acción de hábeas coipus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la
integridad fisica y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por
autoridad pública o por cualquier persona, tales como:
a excepción de los casos de flagrancia;
2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional;
3. A no ser desaparecida forzosamente;
4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante;
5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo
político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su
libertad, su integridadv su seguridad;
6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias;
7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad haya sido
ordenada por una jueza o juez;
S. A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la prisión
preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con prisión y de Un año en
los delitos sancionados con reclusión;
9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana;
JO. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente Y, no más tarde de las
veinticuatro horas siguientes a su detención".
Consecuentemente, es obligación del legitimado activo, remitirse en sus reclamaciones,
tanto mediante la acción de Hábeas Corpus, cuanto en el recurso de apelación,
exclusivamente a los derechos constitucionales que esta institución constitucional
protege, y concretamente al de no encontrarse privado de la libertad, en forma ilegal,
arbitraria e ilegítima; sin embargo, por el contrario, se observa que el accionante incurre
en un yerro, al plantear la vulneración de un sinnúmero de derechos y principios
constitucionales diferentes al de la libertad, en especial el principio de legalidad, el
principio in dubio pro reo, el principio de favorabilidad, el derecho a la seguridad jurídica,
el derecho al debido proceso, el derecho a la tutela efectiva, entre otros, sin que
corresponda a este Tribunal, ni al de primera instancia, conocer esas alegaciones, sino al
17
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAN, PENAL
POLICIAL TRANSITO, CORRU PC¡ ON Y CRIMEN ORGANIZADO
que se designe al plantear la acción que en virtud de los fines perseguidos corresponda,
por lo que resultan improcedentes las alegaciones efectuadas en el contexto antes
indicado, constantes tanto en el Hábeas Corpus propuesto, así corno en el recurso de
apelación in examine.
S.S. Dentro del contexto del objeto o finalidad de la acción de Hábeas Corpus, el
recurrente refiere que su privación de la libertad sería ilegítima, ante lo cual la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece en su artículo
45:
"( ...) 2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del
derecho, dispondrá la inmediata libertad i' la reparación integral. La privación arbitraria o
ilegítima se presumirá en los siguientes casos:
a) Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia.
b) Cuando no se exhiba la orden de privación de libertad.
e) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o constitucionales.
d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad.
e) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares, cuando no se
justifique laprii'ación de libertad. (..j".
En consecuencia, al haber alegado la ilegitimidad de la privación de la libertad, el
ciudadano José Santana Villavicencio, corresponde al Juez analizar si el caso se subsume
en uno o varios de los casos contenidos en la norma referida; más, revisado el proceso
encontrarnos, que respecto al primer punto, no existe cuestionamiento alguno de la parte
accionante, entendiéndose que el legitimado activo fue presentado en la audiencia de
Hábeas Corpus, según consta de la razón sentada por Secretaría, constante a fojas 16 del
expediente.
Respecto al literal b) del artículo 45 ibídem, el recurrente en su impugnación manifiesta
que nunca se exhibió la orden de detención, lo cual sería suficiente para conceder la acción
y la libertad del señor Santana Villavicencio; sin embargo, de la sentencia de manas se
desprende que consta en el expediente y así lo ha constatado el tribunal a-quo, en la foja
313, "la boleta de detención visible", lo que equivale a la exhibición que refiere la
disposición normativa, por lo que lo alegado no procede, ni se verifica que se hubiere
incurrido en el caso que se analiza.
Continúa el artículo 45 de la Ley citada, con el siguiente caso de privación de libertad
ilegítima o arbitraria, que es cuando la orden de privación de la libertad no cumpla con
requisitos legales o constitucionales; al respecto, es fundamental observar cuáles son esos
requisitos, encontrando que para el proceso penal seguido en contra del ciudadano José
Pastor Santana Villavicencio, eran aplicables las normas del Código de Procedimiento
Penal del año 2000, sin las reformas de 24 de marzo de 2009. y siguientes, mismas que
preveían:
"Art. 167.- Cuando el juez lo crea necesario para garantizar la comparecencia del imputado o
acusado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión
preventiva, siempre que medien los siguientes requisitos:
1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública;
2. Indicios claros y precisos de que el imputado es autor o cómplice del delito; y,
18
C Rn. NAC10\.AI..
SACA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL TRANSITO, CORRUPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año".
Conforme se desprende de la sentencia impugnada, el proceso penal N° 13246-2010-
0101, se sigue en contra del recurrente, por el delito de violación tipificado en el artículo
512 del Código Penal, y sancionado en el artículo 513 ibídem, esto es un delito de acción
pública, conforme lo establecido en los artículo 32 y siguientes del Código Adjetivo Penal
antes referido, con una pena superior a un año, entendiéndose que las autoridades penales
han contado con los indicios suficientes respecto a la autoría o complicidad del procesado
en el delito que se juzga, sin que exista alegación alguna dentro de la acción de Hábeas
Corpus que cuestione esta norma, por lo que se determina que la privación de la libertad
del señor José Santana Villavicencio se ha realizado cumpliendo los requisitos legales y
constitucionales.
Respecto a vicios de procedimiento en la privación de la libertad del legitimado activo,
conforme el caso constante en el artículo 45 numeral 2 literal d) de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se avizora que no existen, ya que no
consta del proceso situación al respecto, ni se ha puesto en conocimiento del tribunal a-
quo ni de este Tribunal de Apelación, actuaciones irregulares en la privación de libertad,
limitándose a señalar el accionante que "se encuentra privado de su libertad desde el
Jueves 26 de noviembre del 2020, desde aproximadamente a las 161700, por el
cometimiento del supuesto delito de VIOLA CIOJV"; sin embargo, dentro de la acción, se
ha señalado que "el Tribunal de Garantías Penales ha incurrido en vicios de
procedimientos al violentar el debido proceso constitucional al mantener detenido a
nuestro defendido, cuando el estado ha perdido su capacidad coercitiva o facultad de
Juzgamiento, porque quererlo juzgar estando prescrita la A CCION PENAL, se torna en
un acto ilegítimo e inconstitucional", situación que no corresponde a los en-ores o vicios
del procedimiento a los que se refiere esta causal, que corresponden propiamente al acto
por el cual se priva de la libertad a una persona, inobservando las normas procedirnentales
establecidas.
Finalmente, el último caso de privación ilegítima o arbitraria se refiere a la privación de
la libertad llevada a cabo por particulares, situación que no corresponde al presente caso,
pues se establece que la privación de la libertad del señor José Pastor Santana
Villavicencio, se ha efectuado de acuerdo a la normativa que corresponde a ese acto
jurídico, y en consecuencia, no se puede presumir que la privación de la libertad ha
incurrido en ilegalidad, ilegitimidad o arbitrariedad, según lo ha determinado la norma in
comento.
Adicionalmente, es importante referirse a lo señalado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, respecto a lo que constituye la privación de la libertad arbitraria, más
allá del cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales establecidos en la
normativa interna; dicho organismo internacional de derechos humanos ha señalado:
"nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún
calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el 1-espeto a los derechos
fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de
proporcionalidad"
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos: Gangararn Panday, párr. 47; Suárez Rosero, párr. 43; "Niños de
la Calle", párr. 131; Bámaca Velásquez, párr. 139; Juan Humberto Sánchez, párr. 78; Maritza Urrutia, párr. 65;
19
cr-(cid:9) íR \J CF
JÇA
Concretamente, se ha señalado que la privación de la libertad, a más de cumplir con los
requisitos establecidos en la Constitución y las leyes, debe ser empleada por los jueces:
"(...) para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones
ni eludirá la acción de la justicia"2
.
En este orden de ideas, es necesario determinar si la privación de la libertad del accionante
José Pastor Santana Villavicencio, se constituye en arbitraria, encontrando que
generalmente la libertad de un procesado no impide el desarrollo eficiente de las
investigaciones, no obstante, el procesado ha sido ubicado y detenido a los 15 años de
iniciado el proceso, entendiéndose que su situación era de prófugo, lo cual le ubica en el
segundo caso referido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existiendo la
posibilidad latente de elusión de la acción de la justicia, en virtud de lo cual se declara
que la prisión preventiva dictada en contra del legitimado activo, no es arbitraria.
5.6. Analizado el contexto del recurso de apelación, así como de la acción de Hábeas
Corpus, se observa que el cuestionamiento que el accionante José Santana Villavicencio
efectúa se centra en la negativa del Tribunal de Garantías Penales de Manta, a su petición
de que se declare la prescripción de la acción penal, pretendiendo con ello, a más de que
este Tribunal de Apelación realice el análisis de varios derechos constitucionales,
conforme se señaló en el numeral 5.4. que antecede, declare la referida prescripción de la
acción penal, situación que no se encuentra en su competencia, correspondiendo
conforme lo señala la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y
Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Manabí en la sentencia
impugnada, en forma exclusiva, a los jueces de la causa, de la materia penal, siendo ajeno
a la acción de Hábeas Corpus. Cabe recordar al respecto, que la institución de la
prescripción de la acción penal, es propia de la materia penal y de competencia exclusiva
de los jueces o tribunales de dicha materia, debiendo el accionante acudir a los mismos
para alcanzar la declaratoria correspondiente, como en el presente caso así ha ocurrido,
cuando la defensa técnica del señor Santana Villavicencio, ha solicitado la declaratoria
de prescripción, la cual ha sido negada por los jueces competentes, y en virtud de esa
negativa, este Tribunal de Apelación, así como el tribunal que conoció en primera
instancia la acción de Hábeas Corpus, pueden realizar su actividad de determinar si la
prisión preventiva es legal, legítima y no arbitraria, y.no eñtrar en análisis que no son de
su competencia, a fin de declarar la mencionada prescripción. Por lo tanto, la pretensión
del accionante debe ser trasladada a los jueces de la materia penal, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en la ley, y con la argumentación jurídica que sea necesaria,
a fin de alcanzar su pretensión.
En este orden de ideas, es necesario mencionar, que conforme el artículo 24 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé que "Las partes
podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido
notificadas por escrito. (...)", y según la sentencia apelada, se interpuso apelación en la
misma audiencia, siendo concedida por el tribunal a-quo; así también, notificada la
Hermanos Gómez Paquiyauri, párr. 83; Tibi, párr. 98; Acosta Calderón, párr. 57; Palamara Iribarne, pán. 215; Chaparro
Álvarez, párr. 90; Yvon Neptune, párr. 97.
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi vs. Ecuador, sentencia de 07 de septiembre de 2004, párr.
180.
20
44JUSTICIA
sentencia en los domicilios judiciales respectivos, el ciudadano José Santana
Villavicencio, interpone su recurso de apelación por escrito, dentro de los tres días hábiles
posteriores a dicha notificación, conforme la norma transcrita; sin embargo, con
posterioridad a dicho término, vale decir en forma extemporánea, presenta otro escrito
solicitando se agregue al proceso su fundamentación al recurso de apelación, lo cual fue
atendido con providencia de 19 de enero de 2021, las 14h30, por la Sala a-quo, en el que
el recurrente realiza nuevas alegaciones, que anteriormente no había planteado, ni en el
Hábeas Corpus, ni en el recurso de apelación, e incluso, según las constancias procesales,
en la petición de prescripción de la acción, planteamientos que bien podrá hacerlos
presente ante los juzgadores competentes de la materia penal, que deban conocer y
pronunciarse sobre el tema propuesto.
5.7. Dentro de los puntos planteados por el accionante en el recurso de apelación, y que
obligatoriamente este Tribunal de alzada debe atender, encontramos los cuestionamientos
respecto a la aplicación del artículo 528.15 del Código Penal, por sobre el artículo 101
ibídem, correspondiendo ese análisis a los jueces de la materia penal, conforme lo
señalado en el punto que antecede, debiendo precisar que respecto a la afirmación de que
el indicado artículo 528.15 estaba derogado en virtud de la Ley N° 106 (Sic) publicada
en Registro Oficial 365 de 21 de julio de 1998, no es acertada, ya que los artículos que el
editor ha enumerado como 528.1 a 528.6, fueron incorporados por la misma ley 106, y
los artículos que el editor ha enumerado corno 528.7 a 528.21, fueron agregados por la
Ley N° 2005-2, publicada en el Registro Oficial 45, de 23 de junio de 2005,
correspondiendo el análisis de su aplicación al caso concreto, a los jueces competentes
para el caso en el ámbito penal.
5.8. Finalmente, el legitimado activo apela de la sentencia de primera instancia,
cuestionando la motivación de la misma, en los términos señalados en el numeral 5.2. de
la presente sentencia.
Es necesario hacer notar que en primer lugar, esta alegación resulta contradictoria con las
demás efectuadas por el accionante José Pastor Santana Villavicencio, pues en varios
pasajes del recurso y de la acción se establece corno pretensión, obtener la libertad del
legitimado activo, esto es alcanzar una resolución de fondo, mientras que el tema de
motivación se dirige exclusivamente a la declaratoria de nulidad de la sentencia
impugnada, pues sobre esta institución de la motivación de las resoluciones, la
Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 76 numeral 7 literal 1),
lo siguiente:
1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados".
21
DIE
POLICIAL TRANSITO CORRUPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
Además, se debe tener presente cuáles son las funciones y atribuciones del Tribunal de
Apelación, respecto a lo cual la ex Corte Constitucional del Ecuador en algunas de sus
sentencias se ha pronunciado en los términos señalados en el numeral 4.1.2. del presente
fallo, concordante con el siguiente criterio doctrinario:
la apelación de la sentencia otorga al superior competencia sobre todo el pi oceso como
fallador de instancia, i' por lo mismo tiene la obligación de revisar el expediente en todos sus
aspectos para dictar la sentencia que resuelva çohre el litigio; (,,j13•
Así también se ha referido esta Sala de la Corte Nacional de Justicia en otros casos, en
especial al analizar la obligatoriedad de la doble instancia, recogiendo pronunciamientos
supranacionales al respecto así, ha señalado:
"Los tribunales de segunda instancia, garantizan e! cjercicio del dcrecho de toda persona, a
recurrir del fallo ante un nuevo tribunal :uvei iov, que hace parre del Derecho Internacional de los
derechos humanos y en consecuencia, debe cLunpiirse un estándar mínimo que permita garantizar
su ejercicio. La Comisión Interamericana LIC Derechos Humanos, ha manUástado que el derecho a
recurrir del fallo implica:
una revisión de los hechos objeto de Ja causa, un estudio acabado del juicio, dando de esta forma
garantías reales a los acusados de que su causa será vista y sus derechos serán garantizados en
conformidad a los principios del debido proceso establecidos en el artículo 8 de la Convención,
antecedemes que no se cumplieron en ¡O presente causa, habiéndose en consecuencia violado el
artículo 8, párrafo 2, letra Ji) de la Convención'4'.
Ratificando este criterio, la ('orle Interamericana de Derechos Humanos, desarrollando el
contenido del derecho a recurrir delfallo ante un tribunal superior, contenido en el artículo 8.2h)
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha indicado que:
La Coi-te ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que
tiene toda persona que es sometida a una investigación i- proceso penal. En razón de lo anterior, la
Corte ha sido enfática al señalar que el derecho a impugnar el fallo tiene como objetivo principal
proteger el derecho de defensa, puesto que otorga la oportunidad de inteiponer un recurso para
evitar que quede firme una decisión judicial en el evento que haya sido adoptada en un
procedimiento viciado a que contenga errores o malas interpretaciones que ocasionarían un
pe/juicio indebido a los intereses del justiciable, lo que supone que el recurso deba ser garantizado
antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Este derecho permite corregir errores
o injusticias que puedan haberse cometido en las decisiones de primera instancia, por lo que genero
una doble conformidad judicial, otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado y
brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. En concordancia con lo anterior ,
a efectos que exista una doble conformidad judicial, la corte ha indicado que lo importante es
que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral de la sentencia recurrida15'.
Para que el principio de doble instancia en materia penal, cumpla con su aspecto material, el
tribunal superior está compelido a revisar integralmente la sentencia que ha llegado a su
conocimiento, rexaminándola en su totalidad (alegaciones de las partes, aporte probatorio,
adecuación típica, proporcionalidad de la pena, vicios de procedimiento o sustanciales), para que
entonces pueda, motivadamente, revocar, confirmar, modnjcar o anular la sentencia del tribunal
13 Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, 3ra Edición, Buenos Aires, 2002, p. 510.
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de
1999, (Fondo, Reparaciones y Costas). párr. 158
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Liakat Al¡Alibux vs. Suriname, Sentencia de 30 de enero de
2014, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 85
22
(:L,tih NAC'RZN.LL. DE
Juicio Penal J\TO 13141-2021-00005
que le antecedió en la tramitación de la causa. Este criterio, también ha sido confirmado por el
Comité de Derechos Humanos, en múltiples pronunciamientos16. ()17•
En definitiva, el Tribunal de Apelación se encuentra facultado para realizar la revisión de
todo el proceso que se le ha puesto en su conocimiento, y así dar cumplimiento a lo que
constituye la doble instancia propugnada por las convenciones y organismos
supranacionales de derechos humanos, corno en efecto así lo ha efectuado.
Independientemente de lo manifestado, siguiendo el esquema planteado por la Corte
Constitucional en varios de sus fallos en cuanto a los estándares de la motivación y que
ha sido aludido por el legitimado activo18, se observa que la sentencia materia de
impugnación, se sustenta en la normativa atinente al caso, referente a la acción de Hábeas
Corpus y concretamente a lo que constituye privación ilegal, ilegítima y arbitraria,
respaldada además con doctrina y jurisprudencia aplicables y pertinentes, constantes en
los considerandos Tercero, Cuarto y Quinto, lo que dota al fallo del estándar de la
razonabilidad; así también, el contenido de la sentencia es coherente en todas sus partes,
siendo coincidente el análisis y conclusión a las que ha arribado el tribunal a-quo, con las
expuestas por este Tribunal de Apelación, cumpliendo el requisito motivacional de la
lógica según lo ha definido la Corte Constitucional, y por fin, al reunir dichos elementos,
alcanzar el estándar de la comprensibilidad, necesaria para todo el auditorio social al que
va dirigida, encontrándose por tanto, debidamente motivada la sentencia impugnada, por
lo que la alegación carece de sustento.
6. RESOLUCIÓN.
Por todo lo expuesto, este Tribunal de Apelación de la Sala Especializada de lo Penal,
Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte
Nacional de Justicia, por unanimidad, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve:
6.1. Negar el recurso de apelación deducido por el legitimado activo JOSÉ PASTOR
SANTANA VILLAVICENCIO, en la acción constitucional de Hábeas Corpus
planteada; consecuentemente, se confirma la sentencia dictada por la Sala Especializada
de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de
Justicia de Manabí, de martes 12 de enero de 2021, a las 10h09.
6.2. En estricta aplicación de lo establecido en el artículo 86 numeral 5 de la
Constitución de la República del Ecuador, y artículo 25 numeral 1 de la Ley Orgánica de
16 Organización de las Naciones Unidas, M. Sineiro Fernández c. España (1007/2001), dictamen de 7 de agosto de
2003, párr. 7 y 8; y, C. Gómez Vásquez c. España (701/1996), dictamen de 20 de julio de 2000, párr. 11.1
17 Ecuador. Corte Nacional de Justicia. Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Nacional de Justicia, proceso penal N° 17721-2015-0808, sentencia de 23 de diciembre de 2016.
18 "Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la autoridad que tome la
decisión exponga las razones que el Derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera
razonable, lógica y comprensible, así como mostrar cómo los enunciados normativos se adecuan a los deseos de
solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella fundada en los principios constitucionales.
La decisión lógica, por su lado implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre ésta y la decisión.
Una decisión comprensible, por último, debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte
del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto" (Ecuador. Corte Constitucional, Sentencia N° 227-12-
SEP-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 777, de 29 de agosto de 2012).
23
Juicio Pejial N° 13141-2021-00005
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ejecutoriada la presente sentencia,
remítase la misma a la Corte Constitucional para su conocimiento y eventual selección y
revisión.
6.3. En aplicación de los principios de celeridad y la debida diligencia determinados en
la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, devuélvase
el proceso al Tribunal de origen para los fines de ley.- NOTIFIQUESE Y CUMPLAS E
Dra Merce(cid:9) Caicedo .Aldaz(cid:9) Ab. WalterIf4adías Fernández
CONJUEZA NACIO14AL(cid:9) JIJEZ NACIONAL
I
Jr. Luis Adrián(cid:9) ¡as Calle
JUE NACIONAL (Es) PONENTE
Certifico.-
24
t1!!iE1
(cid:9)
FVNCÚN JUDICIAL
LJ
1478 98097-DFE
En Quito, martes veinte y siete de abril del dos mil veinte y uno, a partir de las
diecisiete horas y cuarenta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la
SENTENCIA que antecede a: SANTANA VILLAVICENCIO JOSE PASTOR en la
casilla No. 1947 y correo electrónico roquejuris©hotmail.com,
w a g n e r_f 20 © h ot ma i 1 .com,(cid:9) r can do @d ef en sor i a. go b . e c,
boletasocialmanabi©defensoria.gob.ec, bol etasportoviejo©defensoria.gob.ec, en el
casillero electrónico No. 1706758685 del Dr./Ab. ROQUE LLIMIS ARGANDOÑA
VERA. TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DEL CANTÓN MANTA en el correo
electrónico(cid:9) jose.alarcon©funcionjudicial.gob.ec ,
carlos.fuentes©funcionjudicial.gob.ec, lorena.romero©funcionjudicial.gob.ec,
katherine.santosatencionintegral.gob.ec, rosa.valencia@atencionintegral.gob.ec,
dario.fernandez@atencionintegral.gob.ec ,
paolo.zambrano©atencionintegral.gob.ec, en el casillero electrónico No.
1306218072 del Dr./Ab. LORENA ISMAILDA ROMERO CEDEÑO. CENTRO DE
REHABILITACION SOCIAL EL RODEO en el correo electrónico
katherine.santos@atencionontegral.gob.ec; DEFENSORIA PUBLICA en el correo
electrónico(cid:9) bol eta socialmanabi@defensoria.gob.ec ,
bol etasportoviejo©defensoria.gob.ec, rcando©defensoria.gob.ec, en el casillero
electrónico No. 1303662678 del Dr./Ab. CANDO GARCIA RAMON ANTONIO.
Certifico:
DR. CARLOS [VAN RODRIGUEZ GARCIA
SECRETARIO RELATOR (E)
Firmado por
FUNCIÓN JIJflj CARLOS VAN
RO DR G U EZ
GARCIA
DOCUMENTO ORMADO C= EC
L =Q UITO
ELECT(cid:9) RÓNICAMENTE CI
1706271218 |
SALA E SPECIAL IZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR. PENIL
POLICIAL, TRANSITO, CORRUPION Y CRIMEN ORGAUIZADO DE
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
[.t&ptNfIitiI4l
x1'vJA
Tipo prorEc: GRrfriS JLiRSE4CCK;NLE S DE LOS DERECHO S
ciárDiitc: ACCM DE HBES CORPUS
ACTOR:
JSEU OZJENEZ
Caill€m No:
FAEIAN VLADIM IR YE'OR ENDOAL
I]rvI,7'IIøj
JUEZA CE tA U $ICADFENA. CC* o:)yFETENO.S EN NFRAOO ONES CON SEDE EN
A RROLJ1A kPJSOASLCRE CE .:AurcNUTrO DRA. EJ4NAEETHOARAJA_
SOR
Casillm No:
JUEZ DR RCRCCR13LEZRUIZ
nadG.: 29O 1/2021
SCTA RIO: WRíHA EEATFiZ VI RPO 1 V1LLEaAS
Sente nri adc'
Apelado:
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO
PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRÁNSITO,
CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO.-
VISTOS:
PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:
Avocamos conocimiento de la causa conforme a lo siguiente:
El Pleno del Consejo de la Judicatura, de conformidad con los artículos
182 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante CRE) y
173 del Código Orgánico de la Función Judicial (en adelante COFJ) y, con
base a la Resolución No. 008-2021, de 28 de enero de 2021, designó a
los nuevos Jueces y Conjueces de este máximo órgano de justicia
ordinaria.
Por su parte, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador
mediante Resolución No. 04-2021, de 19 de febrero de 2021, dictó el
instructivo para la distribución de causas en caso de renovación parcial
de los miembros de la Corte Nacional de Justicia.
De esta manera, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado procedió al sorteo
respectivo, y el Tribunal asignado a esta causa No. 17124-2021-0002T,
quedó integrado por los doctores Marco Rodríguez Ruiz, Juez Nacional
Ponente, Luis Rivera Velasco, Juez Nacional; y, Mercedes Caicedo Aldaz,
Conjueza Nacional, en reemplazo del doctor Byron Guillén Zambrano,
Juez Nacional, en virtud del sorteo de 06 de abril de 2021, las 14h31.
SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL:
En el presente caso, se han cumplido con todas las garantías básicas del
derecho al debido proceso, contempladas en el artículo 76 de la CRE, y
Dr. Marco Rodríguez Ruiz
\t\/' J. S I- 1.\(cid:9) JUEZ NACIONAL PONENTE
Causa No. 17124-2021-0002T
HÁBEAS CORPUS
en este sentido, no existe omisión de solemnidad sustancial alguna que
motive la nulidad procesal, por tanto, se declara la validez del proceso.
TERCERO: ANTECEDENTES:
El 26 de enero de 2021, la legitimada activa Caria Lisette López Jiménez
propuso acción constitucional de hábeas corpus, en contra de la abogada
Eliana Ibeth Carvajal Soria, Jueza de la Unidad Judicial Penal con
competencia en infracciones flagrantes del Distrito Metropolitano de
Quito.
El 08 de febrero de 2021, las 17h07, la Sala Especializada de lo Penal de
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, rechazó la acción de hábeas
corpus formulada por la accionante.
Inconforme con el pronunciamiento que antecede, la legitimada activa
Caria Lisette López Jiménez interpuso recurso de apelación, en virtud de
lo cual, el proceso es remitido a esta Corte Nacional de Justicia.
CUARTO:(cid:9) CONSIDERACIONES(cid:9) NORMATIVAS(cid:9) Y
JURISPRUDENCIALES:
4.1. Del recurso de apelación en materia de garantías
jurisdiccionales:
La CRE, en los artículos 1, 11.9, 66.3 y 4, 75, 76.7.k y m, 82, 167, diseña
y desarrolla un nuevo modelo de Estado constitucional de derechos y
justicia, en donde el máximo deber estatal, radica en respetar y hacer
respetar los derechos humanos, garantizar los derechos a la igualdad
formal y material, a la integridad, la tutela judicial efectiva, imparcial y
expedita, al debido proceso, a ser juzgado por un juez competente, a la
facultad de poder impugnar las decisiones judiciales, a la seguridad
jurídica que se fundamenta en el respeto a la CRE y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas, y aplicadas por las autoridades
2
\V}\ Dr. Marco Rodríguez Ruiz
vP 1 ICIA
JUEZ NACIONAL PONENTE
competentes. De igual manera, el artículo 169 de la CRE prevé que el
sistema procesal es un medio para la realización de la justicia.
A partir de la normativa citada, se infiere claramente que corresponde a
las juezas y jueces, cumplir y hacer cumplir cada uno de los derechos
consagrados, tanto en la norma suprema como en los tratados
internacionales de derechos humanos.
En este contexto, la CRE materializa ciertos principios y derechos, entre
ellos el de impugnación, como parte de los derechos de protección, del
debido proceso y del de defensa, así, en su artículo 76.7.m establece que:
"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las
siguientes garantías básicas: (...) 7. El derecho de las personas a la defensa
incluirá las siguientes garantías: (...) m) Recurrir el fallo o resolución en todos
los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.' .
Asimismo, se determina que el Estado de derechos lleva implícito el
pluralismo jurídico; en ese contexto, las normas que integran el bloque
de constitucionalidad son de imperativo cumplimiento para los órganos
jurisdiccionales, así el derecho de impugnación, base fundamental de la
apelación, tiene su referente en principios y normas de instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, entre ellos, el artículo 8.2.h de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),
que en torno a las garantías judiciales categóricamente señala:
"(...) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad,
a las siguientes garantías mínimas: (...) h) derecho de recurrir del fallo
ante juez o tribunal superior."
Por otro lado, el artículo 2.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos indica:
al
\/ JUSTICIA(cid:9)
...(cid:9)
Causa No 17124-2021-0002T
"Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente
Pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo, aun
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en
ejercicio de sus funciones oficiales".
En este contexto, la Corte Constitucional, respecto al derecho a recurrir,
ha señalado lo siguiente:
"La facultad de recurrir del fallo trae consigo la posibilidad de cuestionar
una resolución dentro de la misma estructura jurisdiccional que la emitió,
por ello el establecimiento de varios grados de jurisdicción para reforzar
la protección de los justiciables, ya que toda resolución nace de un acto
humano, susceptible de contener errores o generar distintas
interpretaciones en la determinación de los hechos y en la aplicación del
derecho (...) Es claro, sin embargo, que el derecho a recurrir al igual que
todos los demás derechos constitucionales, debe estar sujeto a
limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley, siempre que
respondan a la necesidad de garantizar los derechos de las demás partes
intervinientes, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad"'.
Precisamente, este derecho es el antecedente constitucional y
convencional que da origen a la apelación como recurso en el ámbito de
las garantías jurisdiccionales, materializando así el derecho a recurrir el
fallo, desde la óptica material del Estado Constitucional; a la vez, se
distingue también que la CRE es orgánica ya que determina el órgano -
Función Judicial- que como parte del Estado, es el llamado a garantizar
los derechos de los usuarios del sistema de justicia; en sentido estricto,
la Corte Nacional de Justicia, con jurisdicción y competencia para conocer
y resolver los recursos de apelación de las acciones de Hábeas Corpus
resueltos por las Cortes Provinciales, en los términos establecidos en la
ley.
Ecuador, Corte Constitucional, sentencia No. 095-14-SEPCC, de 4 de junio de 2014, caso No. 2230-11-EP.
4
JUSTIca(cid:9)
I\/\/
Así las cosas, la garantía normativa de la apelación está determinada en
las reglas de la LOGJCC, aplicable al caso in examine, la cual en su artículo
4.8 de la LOGJCC, reconoce el principio de doble instancia en los procesos
constitucionales, salvo que exista una norma expresa en contrario; y,
además, en función del principio de legalidad, el artículo 44 señala: "La
acción de hábeas corpus, en lo que no fueren aplicables las normas generales,
seguirá el siguiente trámite: (...) 4. Procede la apelación de conformidad con las
normas comunes a las garantías jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido
dispuesta en la Corte Provincial de Justicia, se apelará ante la Presidenta o
Presidente de la Corte Nacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por la Corte
Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión
preventiva.(...)"; por su parte, el artículo 24 de la ley invocada señala:
"Apelación. Las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días
hábiles después de haber sido notificadas por escrito (...)"; finalmente, el artículo
169 ibídem indica: "Art. 169.- Corte Nacional de Justicia.- Compete a la Corte
Nacional de Justicia: 1. Conocer y resolver los recursos de apelación de las
acciones de hábeas corpus resueltos por las cortes provinciales, en los términos
establecidos en esta Iey.(...)"; en consecuencia, la apelación procede en el
ámbito de las garantías jurisdiccionales.
En este contexto, se observa que la sentencia expedida por los jueces
constitucionales de primera instancia en la garantía jurisdiccional de
Hábeas Corpus, es susceptible de apelación, de conformidad con las
reglas antes señaladas, sin que de ellas se observe en forma alguna
restricciones al derecho a recurrir que se materializa a través del recurso
de apelación, conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional del
Ecuador, al señalar "(...) esta Corte observa que el recurso de apelación dentro
de la acción de hábeas corpus, se encuentra concebido en un contexto general
y amplio, sin que existan disposiciones de carácter legal o reglamentario que lo
limiten o restrinjan, por lo que pueden interponer el mismo, tanto el legitimado
activo, así como las autoridades judiciales o administrativas que hayan
(...)ft2;
intervenido dentro del proceso constitucional en virtud de lo cual, tanto
el legitimado activo, como las autoridades judiciales o administrativas,
2 Corte Constitucional, sentencia N° 0105-16-SEP-CC, Caso 2102-14-EP de 30 de marzo de 2016.
5
1 A Dr. Marco Rodríguez Ruiz
JUSTICIA(cid:9)
\/ JUEZ NACIONAL PONENTE
.::(cid:9) Causa No. 17124-2021-0002T
pueden apelar de la sentencia dictada por el juez de primera instancia en
una acción de hábeas corpus.
4.2. Naturaleza y fines de la acción de hábeas corpus:
El Estado ecuatoriano coloca a la persona en un lugar nuclear de la vida
social, como titular de derechos y garantías. Al reconocer esa titularidad,
sobre los derechos a la libertad personal, a la vida, a la integridad física,
al buen vivir, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, entre
otros, fortalece la configuración del sistema procesal como un medio para
la realización de la justicia; y, al mismo tiempo, el acceso a ella a partir
de principios constitucionales que garantizan la igualdad y la no
discriminación.
Los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el
Ecuador en materia de derechos humanos consagran el derecho a la
libertad, como un componente esencial de los derechos fundamentales de
la persona. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus
artículos 3 y 9, reconoce que: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona." y, que "Nadie podrá ser
arbitrariamente detenido, preso ni desterrado", respectivamente.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por su
parte, establece:
"Artículo L Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona. (...) Artículo XXV. Derecho de protección contra
la detención arbitraria. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. (...)Todo
individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez
verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación
injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho
también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."
6
4, CX Dr. Marco Rodríguez Ruiz
JUSTICIA
A su turno, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos declara:
"1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los
Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones
de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados
contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o
a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su
libertad podrá estar condicionada> a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez
o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la
legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la
detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que
toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene
derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido
ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos
de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes
alimentarios."
Finalmente, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos reconoce el derecho a la libertad en los siguientes términos:
"1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá
ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo
al procedimiento establecido en ésta. ( ... )
'A
kX)1W (cid:9) D1(cid:9) Dr. Marco Rodríguez Ruiz
\ (cid:9) JUEZ NACIONAL PONENTE
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será
llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley
para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro
de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o
prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida
a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad
si la prisión fuera ilegal.'
La CRE, en su artículo 66, reconoce los derechos de libertad, entre los que
se incluye la integridad personal, la libre circulación y el reconocimiento
del estatus de libertad con que nace cada persona. Pero, a la vez, en el
artículo 77.1 establece una serie de garantías que deben observarse en
aquellos casos en que, en el marco de un proceso penal, se haya privado
de la libertad a una persona:
"La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea
necesario para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar
el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez
competente en los casos, por el tiempo y con las formalidades
establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso
no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más
de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas
cautelares distintas a la prisión preventiva."
Una de las garantías jurisdiccionales, previstas en el régimen
constitucional, para la protección de los derechos antes referidos, es la
acción de hábeas corpus. Se trata de una alternativa jurídica que procede
con el objeto de proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros
derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por
autoridad pública o por cualquier persona.
El fundamento del hábeas corpus se encuentra en instrumentos de
derechos humanos de origen internacional: la Declaración Universal de
Derechos Humanos, artículo 8; el Pacto Internacional de Derechos Civiles
8
v4P JUSTJCJA
y Políticos, artículo 2; la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos, artículo 7; el Conjunto de Principios para la Protección de Todas
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión,
Principios 32 y 33.
En el ordenamiento jurídico nacional, la acción de hábeas corpus se regula
en la CRE, artículo 89; en la LOGJCC, artículo 43, 44 y 45.
Sobre la acción de hábeas corpus, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha establecido la siguiente definición:
"(...) es la garantía tradicional que, en calidad de acción, tutela la libertad
física o corporal o de locomoción a través de un procedimiento judicial
sumario, que se tramíta en forma de juicio. Generalmente, el hábeas
corpus extiende su tutela a favor de personas que ya están privadas de
libertad en condiciones ilegales o arbitrarias, justamente para hacer cesar
las restricciones que han agravado su privación de libertad. La efectividad
de la tutela que se busca ejercer con este recurso depende, en gran
medida, de que su trámite sea sumario, a efecto de que, por su celeridad,
se transforme en una vía idónea y apta para llegar a una decisión efectiva
del asunto en el menor tiempo posible'
Sobre el tema, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia No.
238-12-SEP-CC, ha emitido el pronunciamiento que se trascribe a
continuación:
"El hábeas corpus, como garantía jurisdiccional que protege de manera
exclusiva el derecho a la libertad, tiene como presupuesto la privación de
la libertad dispuesta de manera ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de
autoridad pública o de otras personas, así como la existencia de
situaciones de riesgo para la vida o la integridad física de las personas que
se encuentren privadas de la libertad' .
Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, en lo que
respecta al hábeas corpus, ha mantenido el siguiente criterio:
9
"(...) En el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, como
el adoptado por el Ecuador, a partir de la Constitución del 2008, la persona
humana, y por ende sus garantías constitucionales, como la libertad,
deben ser el objetivo primigenio, donde la misma aplicación e
interpretación de la ley sólo sea posible en la medida que la normativa se
ajuste y no contradiga la Carta Fundamental y la Carta Internacional de
los Derechos Humanos, en este marco, el Estado, está llamado a cumplir
dos objetivos fundamentales: salvaguardar y defender el principio de la
supremacía constitucional; y, proteger los derechos, garantías y libertades
públicas; bajo este escenario, cabe reparar, que el "hábeas corpus", se
encuentra contemplado, dentro de las garantías constitucionales,
conforme así consta en el Título III, Capítulo III, Sección Tercera, artículo
89 de la Constitución de la República, como la garantía jurisdiccional a
través de la cual se hace efectivo el derecho a la libertad, que le permite
al ciudadano acudir ante cualquier juez a demandar su recuperación,
cuando éste se encuentre privado de ella de manera ilegítima, arbitraria
o ilegal; es por tanto además, una garantía para proteger la vida y la
integridad física, de las personas privadas de su libertad; acorde a la
norma constitucional (...)."
En ese orden de ideas, la apelación de una sentencia proferida en primer
nivel dentro de una acción de hábeas corpus, a más de configurarse como
una forma de ejercer el derecho a la defensa, constituye la activación de
otro derecho fundamental previsto en el artículo 76.7.m de la CRE: el
derecho de impugnación, según el cual toda persona puede ""recurrir el fallo
o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus
derechos".
Con otras palabras, lo dicho implica que toda persona que fuere objeto de
privación o restricción de su libertad o se viere amenazada en su
seguridad personal, con violación de las garantías constitucionales, tiene
derecho a que una autoridad competente, con jurisdicción en el lugar
donde se hubiere cometido la vulneración de sus derechos, adopte
10
/
ft. Dr. Marco Rodríguez Ruiz
correctivos eficaces y rápidos ante una eventual detención que se
produzca en condiciones de ilegalidad, arbitrariedad o ilegitimidad.
En este sentido, a la autoridad competente no le corresponde solamente
analizar la legitimidad del escenario que provocó la privación de la
libertad, sino, ante todo, garantizar el estricto cumplimiento de los
mandatos constitucionales y legales con relación a los derechos a la
libertad, de manera que se respete el debido proceso, tutela judicial
efectiva y seguridad jurídica de la persona procesada.
Por consiguiente, corresponde a este Tribunal de Alzada analizar los
presupuestos de la acción de hábeas corpus frente a los hechos del caso
concreto, a fin de determinar si en la especie se ha privado o restringido
de su libertad a la procesada, en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, ya
sea por autoridad pública o cualquier persona, y si, por efecto de ello, se
han vulnerado los derechos a la libertad, vida, integridad física y más
derechos conexos de aquel.
QUINTO: ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:
A manera de preámbulo de este considerando, se estima pertinente
remarcar que la acción de hábeas corpus constituye una figura
constitucional de orden especialísima y excepcional, que está destinada
intrínsecamente a determinar la ilegalidad, arbitrariedad o ilegitimidad de
la privación de la libertad; y, en el caso de comprobarse tales
circunstancias, su efecto inmediato constituye el restablecimiento del
derecho constitucional a la libertad que ha sido vulnerado.
En el caso motivo de análisis, se tiene que la accionante Caria Lisette
López Jiménez apeló respecto de la sentencia dictada por el tribunal
constitucional a quo, bajo el argumento relativo a que la orden de prisión
preventiva dictada en su contra -dentro de la causa penal No. 17282-
2021-00126, seguida por el delito de estafa, tipificado en el artículo 186
del Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP), sería ilegal,
II
(cid:9)
rA •(cid:9) Dr. Marco Rodríguez Ruiz
'V\/P JUSTICIA(cid:9)
arbitraria e inmotivada; de esta manera, en el libelo de la acción, se lee
lo siguiente:
"Esa decisión judicial toma como elemento de convicción una denuncia,
dos versiones, una del denunciante y otra del agente aprehensor, el
vehículo de mí propiedad que es legal, el informe pericial que determina
que la matricula es un documento original, y como referencia que
supuestamente existe un contrato con anomalías las cuales nunca se
realizó una pericia para determinar la misma, la entrega de 200 dólares
los cuales nunca me encontraron en mi posesión, elementos disque
suficientes para determinar posible responsabilidad y dictar una prisión
preventiva, a pesar que la pericia determino que mis documentos eran
originales, y nunca se determinó que haya inducido a error ya que el
contrato y documentos que he presentado son legales.
Para que se dicte prisión preventiva, fiscalía tenía que probar que existe
riesgo de fuga y obstaculización de las investigaciones judiciales al caso
que nos subyace vemos primero que la procesada es la que acude a la
policía, segundo, nunca pone resistencia, tercero, da los documentos que
posee como propietaria, además que presentó arraigos como tener un hijo
de 5 años, un contrato de arrendamiento, un RUC, pero por no tener
trabajo fijo el juzgador ha determinado que tiene un riesgo de fuga pero
no ha fundamentado y determinado que ha obstaculizado las
investigaciones judiciales, por lo que vulnera el principio de inocencia (...).
Otro punto fundamental es que la jueza no ha realizado una debida
motivación en su decisión de prisión preventiva, lo que vuelve una
decisión arbitraria (...)
Por lo que observamos, primero que jamás el juez hace referencia al
principio de necesidad ya que no determina primero y no tiene evidencia
de fuga ya que lo único que realiza es una presunción según su criterio, y
segundo tampoco tiene ni hace referencia al a obstaculización de las
investigaciones judiciales, a pesar que se ha prestado las facilidades del
caso al entregar documentación correspondiente que acredita la
propiedad del vehículo. Además la medida no es para nada proporcional
para los supuestos elementos de convicción que posee, ya que jamás una
den uncía, dos versiones y un parte policial que son contradictorio, y donde
se ha demostrado el perjuicio patrimonial y la inducción al error, ya que
12
in(cid:9) Dr. Marco Rodríguez Ruiz
nunca se encontró el supuesto dinero, y segundo desde cuando una
persona que realiza un negocio jurídico en una notaría es delito.
Otra cuestión importante que no ha sido motivada, es que siempre para
que exista un delito debe haber una puesta o una lesión de un bien
jurídico, segundo el artículo 22 del COIP, aquí en ningún momento han
tenido la evidencia de la entrega de los supuestos 200 dólares, por lo que
la denuncia, y dos versiones del afectado y de un policía que realizó la
aprehensión que son contradictorios no pueden constituir suficientes
elementos de convicción, además que dichos elementos son
contradictorios, ya que en el parte policial menciona que los supuestos
200 dólares se le entregó a la denunciante a las 14h00, y el denunciante
manifiesta que fue a las 17h00, y o sorpresa a las 14h00 es multado el
carro por la Notaria 35 de Quito, multa que no ha sido tomada en cuenta,
ya que carece de sustentación lógica que se encuentre en dos partes a la
vez." (sic)
En contraposición, de la revisión de la sentencia recurrida, se evidencia
que el tribunal constitucional de primer nivel negó la acción de hábeas
corpus, al amparo de los argumentos que a continuación se detallan:
"(...) en el caso sub júdice, no se han producido estas causales, por lo que
no se evidencia que exista una ilegalidad, ilegitimidad o arbitrariedad en
la privación de la libertad de la accionan te, en cumplimiento de la referida
medida cautelar, bajo órdenes de autoridad competente; es importante
recalcar que ninguna de estas causas ha sido alegada en la audiencia, sino
que no se encuentran reunidos los presupuestos del Art. 534 del COIP
(...).
La cate gorización de la acción planteada, la figura jurídica del Hábeas
Corpus es una institución surgida del derecho romano, cuyo significado
etimológico es cuerpo presente, por ello, se encamina a la presentación
de una persona privada de su derecho a la libertad, ante un Juez
competente que lo requiere, el fin es verificar la legalidad y motivación de
su detención; es a partir de la Constitución de 2008, que en Ecuador, se
determina la necesidad de verificar, además, si existe necesidad de
proteger la vida o la integridad física de la persona privada de su derecho
natural a la libertad, por una causa aun cuando sea justa. En este
13
contexto, el procesamiento indebido de una persona y la posible
vulneración de su derecho al debido proceso, en la privación de la libertad,
son los argumentos de estudio jurisdiccional, en el caso, se ha planteado
una posible vulneración al debido proceso penal, que puede implicar el
derecho a la defensa, que involucra la revisión de un trámite penal diverso
al constitucional, que tiene aristas diferentes a la privación de la libertad
o posibilidad de que se atente contra la vida o integridad de la persona
privada de la libertad, en otras palabras, el trámite de la causa penal, es
diverso al fin de la acción constitucional planteada; sin embargo, en base
al principio constitucional iura novit curia, la posibilidad de analizar el
procedimiento en general, ha sido establecida en resoluciones del máximo
organismo administrador de justicia Constitucional del Ecuador, por ese
motivo, es imprescindible analizar si existe la vulneración procesal que se
alega, pese a que puede ser causa de análisis posterior por parte de los
tribunales superiores competentes (en apelación). El argumento esencial
de la accionan te se dirige a que no se encuentran reunidos los
presupuestos del Art. 534 del COIP. Es importante recalcar que al ejercer
su derecho a accionar en esta vía constitucional, la accionan te no afirmó
que se hubiera puesto en peligro su vida, integridad física o salud; sino
que por el contrario, solicitó su libertad inmediata, por considerar que
existe vulneración a las normas previstas en relación a los requisitos de
la prisión preventiva, lo que, como se indicó, no se evidencia en esta causa
de falta de requisitos, por lo que su pretensión deviene en improcedente."
(sic)
Ahora bien, al abordar acerca de los límites y alcances de la ilegalidad y
la arbitrariedad de la restricción del derecho a la libertad, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha dicho lo que sigue:
..) nadie puede verse privado de la libertad personal sino por causas,
casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto
material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos
objetivamente definidos por la misma (aspecto formal).3
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gangaram Panday, párr. 47. Igualmente, en Caso Cesti Hurtado
Vs. Perú. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 140; "Niños de la Calle", párr. 131;
Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 85; Caso
Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 69; Bámaca
Velásquez, párr. 139; Juan Humberto Sánchez, párr. 78; Maritza Urrutia, párr. 65; Hermanos Gómez
14
( ... ) nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas
y métodos que - aún calificados de legales- puedan reputarse como
incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo
por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de
proporcionalidad.4
La Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que
pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o
carentes de proporcionalidad.5
La Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios
para restringir el derecho a la libertad personal, deben existir indicios
suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la
persona sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente
necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente
de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Al ordenarse
medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y
acredite la existencia, en el caso concreto, de esos requisitos exigidos por
la Convención.6"
El texto jurisprudencia¡ que antecede deja entrever que la privación de
libertad ilegal se genera cuando se contravienen los presupuestos
materiales y formales previamente establecidos en la ley; mientras que,
establece que para que se configure la arbitrariedad tiene que cumplirse
tres características básicas, a saber: a) irracionabilidad, es decir, que no
existan indicios suficientes que permitan suponer la culpabilidad de la
persona sometida al proceso penal; b) imprevisibilidad, es decir que de
dicho suceso no se pueda esperar tal consecuencia; y, c) falto de
proporcionalidad, con otras palabras, que la medida restrictiva de libertad
Paquiyauri, párr. 83; "Instituto de Reeducación del Menor", párr. 224; Tibi, párr. 98; Acosta Calderón, párr.
57; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos Gangaram Panday, párr. 47. Igualmente, en Suárez
Rosero, párr. 43; "Niños de la Calle", párr. 131; Bámaca Velásquez, párr. 139; Juan Humberto Sánchez, párr.
78; Maritza Urrutia, párr. 65; Hermanos Gómez Paquiyauri, párr. 83; Tibi, párr. 98; Acosta Calderón, párr.
57; Palamara Iribarne, párr. 215; Chaparro Alvarez, párr. 90, y Yvon Neptune, párr. 97.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos López Alvarez, párr. 66; García Asto, párr. 105, y
Palamara Iribarne, párr. 215.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos Servellón García, párr. 90. Igualmente, en López Alvarez,
párr. 69; Palamara Iribarne, párr. 198, y Acosta Calderón, párr. 111.
15
'(cid:9)
JI. 1 (. JUEZ NACIONAL PONENTE
"vS(cid:9)
no resulte necesaria para asegurar que el procesado no impedirá el
desarrollo eficiente del proceso.
En este orden de ideas, resulta evidente que ninguno de los presupuestos
anotados en el párrafo inmediato anterior con respecto a la legalidad de
la privación de libertad, se cumplen en el presente caso, sobre todo,
debido a que la orden de prisión preventiva que pesa en contra de la hoy
recurrente, ha sido expedida por autoridad competente, dentro de los
parámetros legales que exige el artículo del 534 del COIP, en la audiencia
de formulación de cargos llevada a cabo el 20 de enero de 2021.
De otra parte, la alegación relativa a una supuesta falta de motivación de
la orden de prisión preventiva dictada en contra de la recurrente, deviene
en un mero enunciado, en la medida en que, en dicha decisión se detallan
con claridad los elementos de convicción, así como los principios en los
que se funda y las razones por las cuales se expidió tal medida restrictiva
de libertad, desarraigando de esta manera la arbitrariedad.
Así las cosas, este Tribunal constitucional de alzada advierte que los
argumentos esgrimidos por la apelante únicamente develan una
pretensión encaminada a desnaturalizar la esencia del hábeas corpus,
pues sus alegaciones han sido valoradas y resueltas intra proceso, por la
autoridad penal competente; en este sentido, como resultado lógico se
obtiene que la privación de libertad dictada en contra de la recurrente no
es ilegal, ni arbitraria, tal como adujo, carente de sustento jurídico.
A manera de epílogo, se estima pertinente reiterar que la acción
constitucional de hábeas corpus tiene por objeto únicamente la protección
de los derechos establecidos en el artículo 43 de la LOGJCC,
correspondientes a la privación de libertad ilegal, arbitraria o ilegítima, lo
que no se ha verificado en el presente caso; en consecuencia, se concluye
que los argumentos formulados por la apelante Caria Lisette López
Jiménez, en la presente acción constitucional, no se encuentra dentro de
los supuestos del artículo 45 de la LOGJCC; y, por lo tanto, se los
desestiman.
16
-
0(cid:9) 4iN Dr. Marco Rodríguez Ruiz
'v$# JUSTICIA
SEXTO: RESOLUCIÓN:
Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, por unanimidad, este Tribunal de la Sala Especializada de
lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen
Organizado de la Corte Nacional de Justicia, desecha el recurso de
apelación interpuesto por la recurrente Caria Lisette López Jiménez y
confirma en todas sus partes la sentencia subida en grado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.5 de la CRE, una vez
ejecutoriada la presente sentencia, remítase copia certificada de la misma
a la CCE para el desarrollo de su jurisprudencia.-
Notifíquese y cúmplase.-
Firmado digitalmente
MARCO XAVIER
por MARCO XAVIER
RODRIGUEZ(cid:9) RODRIGUEZ RUIZ
Fecha: 2021.04.26
RUIZ(cid:9)
MERCEDE Firmado(cid:9) 08:37:57 -0500'
digitalmente por(cid:9)
Dr. Marco Rodríguez Ruiz(cid:9)
S(cid:9) Firmado
MERCEDES(cid:9)
JUEZ NACIONAL PONENTE LUIS(cid:9) digitalmente
JOHANNAJOHANNA(cid:9) por LUIS
CAICEDO ALDAZ ANTONI ANTONIO
RIVERA
CAICEDO Fecha: O RIVERA
VELASCO
2021.04.26
ALDAZ(cid:9) 12:17:28 -0500 202 L04.26
13:07:35 -0500'
Dra. Mercedes Caicedo Aldaz Dr. Luis Rivera Velasco
CONJUEZA NACIONAL JUEZ NACIONAL
CERTIFICO:
DR. CRLRODRIG1
.11
,-ECRETARIO
17
((cid:9) z/Ç
14778 1323-DFE
En Quito, lunes veinte y seis de abril del dos mil veinte y uno, a partir de las dieciseis
horas y cincuenta y cinco minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la
SENTENCIA que antecede a: CARLA LISETT LOPEZ JIMENEZ en el correo
electrónico abc@hotmail.com; en el correo electrónico gsfv_30Iive.com, abg-
michaelerazo@outlook.com, en el casillero electrónico No. 1715518740 del Dr./Ab.
FABIAN VLADIMIR GAYBOR SANDOVAL. JUEZA DE LA UNIDAD PENAL CON
COMPETENCIAS EN INFRACCIONES CON SEDE EN LA PARROQUIA MARISCAL
SUCRE DEL CANTON QUITO, DRA. ELIANA IBETH CARVAJAL SORIA en el
correo electrónico eliana. carvajal funcionjudiciaI.gob.ec; en el correo electrónico
abc@hotmail.com. DEFENSORIA PUBLICA PENAL en la casilla No. 5711 y correo
electrónico pguerrerodefensoria.gob.ec, sariasdefensoria.gob.ec,
gabrielapdefensoria.gob.ec, defensadeoficiopichinchadefensoria.gob .ec; en la
casilla No. 5387; SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS
ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACCIONES
SNAI en la casilla No. 1080 y correo electrónico
ed mundo. moncayoatencionintegral.gob.ec ,
jessica.palaciosatencionintegral.gob.ec, cdp.cotopaxigmail.com,
david.mejiaatencionintegral.gob.ec. Ce rtifico:
-7
- —'- —
—
DR. CARLOS IVAN RODRIGU2 GARCIA
SECRETARIO RELATOR '
Juicio No. 17124-2021-0002T
RAZÓN.- Siento por tal para los fines legales pertinentes, que la sentencia que
antecede de fecha lunes 26 de abril del 2021, las 15h22, notificada el mismo
día lunes 26 de abril del mismo año, se encuentra legalmente ejecutoriada por
el ministerio de la Ley.- Certifico-
Quito, 03 de mayo de¡ 202
ro
Firmado por
FUNWON JUDICIAL CARLOSIVAN
RODRIGUEZ
GARCIA
DOCUMENTO FIRMADO C=EC
ELCTRÓNKAMENT8 C1=QUITO
1706271218
COILLE NACIONAL DE(cid:9) Oficio N°. 1404-SSP-PM-PPT-CNJ-CR-RJ-2021
D.M. Quito, 05 de mayo de 2021
Señor Doctor
PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
En su despacho.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de la Sala Especializada de lø Penal, Penal
Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los
doctores Marco Rodríguez Ruiz, Juez Nacional Ponente, doctora Mercedes Caicedo
Aldaz, Conjueza Nacional (e); y, doctor Luis Antonio Rivera Velasco, Juez Nacional,
dentro del proceso No. 17124-2021-0002T, que por Acción Constitucional de HABEAS
CORPUS sigue CARLA LISETT LOPEZ JIMÉNEZ en contra de la Dra. ELIANA
IBETH CARVAJAL SORIA, Jueza de la Unidad Penal con Competencias en
Infracciones con sede en la Parroquia Mariscal Sucre del cantón Quito, remito a usted
para su conocimiento copia certificada de la sentencia de fecha lunes 26 de abril del 2021,
alas 15h22, constante en diez (10) fojas útiles.
Particular que pongo en su conocimiento para los fines leales pertinentes.
Atentamente, |
76626621-DFE
Juicio No. 1773120150202
JUEZ PONENTE: DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI, JUEZA NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL. Quito,
viernes 22 de junio del 2018, las 09h25. VISTOS:
PRIMERO: ANTECEDENTES
En el juicio laboral seguido por SANTOS ESTUARDO NÚÑEZ CASTILLO en contra del
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN AMBATO,
en las personas de su alcalde; procurador síndico; director del departamento de gestión de talento
humano y desarrollo institucional; y, registrador municipal de la propiedad de Ambato, FERNANDO
CALLEJAS BARONA; ÁNGEL POLIVIO CHAVEZ ÁLVAREZ; HERNÁN MARCELO
SALAZAR ARIAS y, LUIS EDUARDO TORRES CARRASCO, respectivamente, a quienes
demanda también por sus propios derechos, el tribunal de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de
Justicia de Tungurahua, dictó sentencia el 16 de diciembre de 2014, las 14h50, en la cual resolvió
«Rechazar el recurso de apelación de la parte actora SANTOS ESTUARDO NUÑEZ CASTILLO;
rechazar la adhesión al recurso de apelación efectuada por el demandado DOCTOR LUIS
EDUARDO TORRES CARRASCO y rechazar la adhesión de los señores Alcalde y Procurador
Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Ambato». Decisión que declara sin lugar
la demanda.
Inconforme con esta decisión, la parte accionante interpuso recurso de casación amparada en los
presupuestos de la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.
En auto de 12 de junio de 2015, las 11h44, el Dr. Roberto Guzmán, Conjuez Nacional, «se admite a
trámite el recurso de casación»; en virtud de lo cual, encontrándose la causa en estado de resolver,
para hacerlo se considera:
SEGUNDO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en Resolución Nro. 012018, de 26 de enero de 2018, integró
las seis Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia, conforme lo dispone el artículo 183 del
Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 506, de
22 de mayo de 2015.
La competencia de este Tribunal se ha radicado en mérito al sorteo realizado de conformidad a lo
dispuesto en el penúltimo inciso del artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial.
La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia tiene competencia para conocer y
resolver los recursos de casación en los procesos laborales según lo dispuesto en el numeral primero
del artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador; numeral primero del artículo 191 del
Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la Ley de Casación. Por lo que, en virtud del
sorteo realizado, corresponde dictar la resolución del recurso de casación, conforme lo previsto en el
inciso quinto del artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial.
El Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral para conocer y resolver la presente causa, se
encuentra integrado por: Dra. María Consuelo Heredia Yerovi, Jueza Nacional Ponente; Dra. María
del Carmen Espinoza Valdiviezo, Jueza Nacional; y, Dr. Merck Benavides Benalcázar, Juez Nacional.
TERCERO: VALIDEZ PROCESAL
De la revisión del expediente, no se observa omisión de solemnidad sustancial alguna o violación de
trámite legal que lo invalide, por lo que, se declara su validez procesal.
CUARTO: CONSIDERACIONES SOBRE LA CASACIÓN
La casación es un medio de impugnación extraordinario, público y de estricto derecho; «según señala
DE LA PLAZA, el objeto de la casación, en palabras de CARAVANTES, no es tanto, principalmente,
enmendar el perjuicio o agravio a los particulares con las sentencias ejecutoriadas, o el remediar la
vulneración del interés privado, cuanto el atender a la recta, verdadera, general y uniforme
aplicación de las leyes o doctrinas legales; idea que, en épocas más próximas a nosotros, reitera
Manresa, cuando atribuye al recurso la misión de «enmendar el abuso, exceso o agravio inferido por
las sentencias firmes de los Tribunales de apelación cuando han sido dictadas contra ley o doctrina
legal, o con infracción de las formas más esenciales y trámites más esenciales del juicio» (Andrade
Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador, 2005, pág. 221).
A través de este recurso, se cumple, en los casos que la ley específicamente lo determina, con un fin
público, al vigilar que las sentencias emitidas en niveles de instancia se ajusten a la normativa
existente, al derecho vigente; permitiendo de esta manera una verdadera seguridad jurídica al unificar
la interpretación de las leyes; y, un fin privado, buscado por la parte que lo interpuso para alcanzar la
defensa del derecho que considera vulnerado. El cumplimiento del primer fin, no acarreará
implícitamente el del segundo, sin embargo el fin privado, de haber lugar, permite consecuentemente,
el cumplimiento del fin público.
QUINTO: CONSIDERACIONES SOBRE LA MOTIVACIÓN
AI tenor de lo dispuesto en el literal I) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República
del Ecuador, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas; no habrá motivación, si
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda, o no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso. La inobservancia
de esta norma constitucional ocasiona la nulidad de la resolución.
En materia de casación la motivación se circunscribe a presentar un razonamiento jurídico con base en
la normativa legal y en principios del derecho, de ser el caso, que justifiquen porqué la sentencia
recurrida por este recurso extraordinario ha infringido normas legales y contempla alguno de los
errores presentados al amparo de los casos alegados o porqué los fundamentos de quien interpuso el
recurso carecen de sustento suficiente para casar la sentencia; en resumen, la motivación en casación
debe contemplar los fundamentos para casar o no la sentencia recurrida, siendo: «el conjunto de
razones y fundamentos jurídicos que sustentan el pronunciamiento» (Tolosa Villabona, Teoría y
Técnica de la Casación, 2008, pág. 126).
La motivación se constituye así en un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y observancia
en todas las resoluciones administrativas o judiciales, convirtiéndose en el eje diferenciador entre la
racionalidad y la arbitrariedad.
«El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de
justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho
suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad
democrática» (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela,
2007).
La motivación será considerada entonces como uno de los derechos de la tutela judicial efectiva y el
debido proceso, en este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que: «Para que determinada
resolución se halle correctamente motivada es necesario que la autoridad que tome la decisión
exponga las razones que el Derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de
manera razonable, lógica y comprensible, así como mostrar cómo los enunciados normativos se
adecúan a los deseos de solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella
fundada en los principios constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre
las premisas y la conclusión, así como entre esta y la decisión. Una decisión comprensible, por
último, debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran
auditorio social, más allá de las partes en conflicto» (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia
Nro. 07515SEPCC, 2015, pág. 8).
La motivación es el requisito principal, básico y fundamental que debe contener toda resolución, se
compone del conjunto de razonamientos expuestos por el juzgador sobre el asunto a resolver, que
enlazados de tal manera, guardan cordura y coherencia entre sí, permitiendo arribar a una decisión, en
apego a la Constitución, tratados internacionales, leyes existentes y demás normativa aplicable, de
modo que genere seguridad y certeza a las partes.
Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal fundamenta
su resolución en el análisis que se expresa a continuación:
SEXTO: CARGOS ALEGADOS
La parte recurrente basó su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, esta es
doctrinariamente conocida como vicio in iudicando, por vulneración directa de normas de derecho,
llamadas a aplicarse, al momento de resolver un caso, «se imputa al fallo de hallarse incurso en
errores de violación directa de la norma sustantiva, porque no se han subsumido adecuadamente los
elementos fácticos que han sido probados y se hallan admitidos por las partes, dentro de la hipótesis
normativa correspondiente, sea porque se ha aplicado una norma jurídica que no corresponde, o
porque no se ha aplicado la que corresponde o porque, finalmente, se realiza una errónea
interpretación de la norma de derecho sustantivo» (Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador,
2005, pág. 182).
Esta causal, contempla la posibilidad de una violación directa de la norma de derecho, incluidos los
precedentes jurisprudenciales obligatorios por: i) aplicación indebida; ii) falta de aplicación; o, iii)
errónea interpretación, cuando esta fuera determinante en la parte dispositiva de la sentencia de la que
se recurre, así, para que el vicio y el cargo prosperen en casación, el recurrente deberá no solo
demostrar la transgresión de la norma, sino cómo esta fue determinante en la decisión del juez al
momento de resolver.
SÉPTIMO: ANÁLISIS DEL TRIBUNAL
A fin de dilucidar si los cargos formulados tienen sustento jurídico, y teniendo en cuenta que el
recurso de casación es «un ataque a la sentencia; una imputación de que ha infringido la ley o
quebrantado las formas esenciales del juicio, o de ambas cosas a la vez» (Martínez Escobar, La
Casación en lo Civil 1936, pág. 1), y en razón del principio dispositivo al cual se refiere la
Constitución de la República del Ecuador en el numeral sexto del artículo 168 «La sustanciación de
los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el
sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo».
Entendiendo este principio como la limitación de las actuaciones de los juzgadores al impulso
procesal de las partes, que en materia de casación, se traduce en la restricción de las acusaciones
formuladas en los términos expuestos en el respectivo recurso, las cuales, además de contener los
requisitos indispensables exigidos por ley, deberán cumplir con el tecnicismo específico requerido
para cada una de las causales invocadas.
En mérito a la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, la parte recurrente sostiene que
existe «una errónea interpretación de: A. la norma contenida en la primera disposición transitoria
de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 162 del 31 de marzo del 2010; y, b. Del precedente jurisprudencial dictado por
la Corte Constitucional (sentencia dictada el 21 de junio del 211, número 00211SINCC, en el caso
No. 003410IN con la fe de erratas dispuesta por la Corte Constitucional en sesión extraordinaria
No. 46E2011CC de 29 de noviembre del 2011, publicada en el Registro Oficial 624 de fecha 23 de
enero del 2012) que tiene carácter de vinculante».
Determinación del problema jurídico:
¿Existe errónea interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Sistema
Nacional de Registro de Datos Públicos al haberse el tribunal de alzada declarado incompetente
para conocer la presente causa respecto del empleador entrante; y declarar sin lugar el despido
intempestivo en relación al empleador saliente?
En este contexto, previo a resolver lo que en derecho corresponda, obsérvese la disposición
del inciso segundo del artículo 185 de la Constitución de la República del Ecuador en virtud
de la cual «La jueza o juez ponente para cada sentencia será designado mediante sorteo y
deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para
cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará en
razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio, y su fallo deberá ser aprobado de
forma unánime por la sala», de modo que, al haberse pronunciado la Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia con anterioridad respecto de este tema relacionado
con la pretensión de la parte recurrente, siguiendo la misma línea, se considera lo siguiente:
La Disposición Transitoria Primera de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos
Públicos, prescribe: «El personal que actualmente trabaja en los registros de la propiedad y
mercantil, continuará prestando sus servicios en las dependencias públicas creadas en su
lugar, por lo que dicho cambio no conlleva despido intempestivo. En los casos de renuncia
voluntaria o despido, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles tendrán la obligación
de liquidar a sus trabajadoras o trabajadores, con base en su tiempo de servicios y de
conformidad con las normas del Código de Trabajo. Las funcionarias o funcionarios que se
requieran en las funciones registrales bajo competencia de las municipalidades y del
gobierno central, respectivamente, estarán sujetos a la ley que regule el servicio público».
Disposición que fuera materia de acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional
del Ecuador Nro. 003410IN, en la cual, mediante fe de erratas, se resolvió: «Esta
Disposición Transitoria de la ley regula la situación laboral específica de las personas que
trabajan en los Registros de la Propiedad y/o Mercantil, designados por la Función Judicial
y las sobrevivientes circunstancias laborales originadas por el cambio de administración. La
regulación prevé dos momentos: 1) Los trabajadores actuales de los Registros de la
Propiedad y/o Mercantil pasarán a laborar en la dependencia pública creada en su lugar,
hecho que no conlleva despido intempestivo; 2) en caso de renuncia voluntaria y/o despido,
los Registradores de la Propiedad y/o Mercantil – administradores salientes, deberán
reconocer a los trabajadores los derechos laborales que correspondan, según sea el caso,
conforme al Código del Trabajo. A los trabajadores de los Registros de la Propiedad y/o
Mercantil que continúen prestando sus servicios para el nuevo administrador de los registros
<municipalidadesfunción ejecutiva>, se les reconocerá y garantizará por parte de éstas
todas las prerrogativas laborales adquiridas por el decurso del tiempo trabajado bajo
dependencia de las administraciones particulares de los registros. La nueva institución de la
administración pública que reciba a los trabajadores de los registros estará obligada
constitucionalmente a garantizar sus derechos, adquiridos durante el tiempo de servicios
prestados a la anterior administración particular. Así, la Corte Constitucional deja fuera de
toda duda razonable cuál es la responsabilidad de la nueva administración respecto de los
derechos laborales de los trabajadores que pasen a formar parte de ésta. Por otra parte, los
trabajadores que renuncien, los despidan o no continúen prestando sus servicios para la
nueva administración de los registros, deberán ser liquidados, según cada caso, conforme lo
previsto en el Código de Trabajo».
En razón de ello, el tribunal de alzada ha llegado a la conclusión que: «En la especie, no se ha
justificado en este juicio que el demandado LUIS EDUARDO TORRES CARRASCO, administrador
saliente, haya despedido al actor, ni éste señala algo semejante en su demanda, por lo que no está
obligado a satisfacer pretensión alguna de las que integran el objeto del presente litigio; y, en cuanto
a las pretensiones deducidas en contra de la administración municipal y sus personeros actuales y
anteriores, este Tribunal carece de competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto, pues se
deben juzgar hechos y actos que corresponden a la materia administrativa desarrollados por una
institución del Estado».
Todo esto en correlación y concordancia con el criterio expuesto por la Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia, respecto de la aplicación de la Disposición Transitoria
Primera de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos: «esto quiere decir, que los
trabajadores que prestaron sus servicios en el Registro de la Propiedad antes de la transición y que
estaban amparados por el Código del Trabajo, que hubieren sido despedidos o que hubieren
renunciado, serán liquidados por el Registrador de la Propiedad para quienes prestaron sus servicios
lícitos y personales; y que, los trabajadores que pasaron a laborar en el Registro de la Propiedad de
los Municipios, cambiaron de régimen laboral asumiendo la calidad de empleados públicos, y por
tanto sujetos a las leyes que regulan la administración pública, respetando la mencionada entidad sus
derechos adquiridos» (Corte Nacional de Justicia, Caso Nro. 1773120150201, 6 de mayo de 2016).
Criterio respecto a la disposición acusada como infringida por la parte recurrente, que debe
entenderse, de acuerdo a su tenor literal, que los trabajadores que prestaban sus servicios a la
institución privada y renunciaren o fueren despedidos, debían ser liquidados de conformidad con su
régimen aplicable, esto es, el Código del Trabajo, pero, aquellos funcionarios que pasaren a formar
parte de las municipalidades o del gobierno central, asumían la condición de servidores públicos,
incluso considerando que la norma referida, deja de referirse a ellos como trabajadores, para
considerarlos funcionarios, y por lo tanto, sostiene que «estarán sujetos a la ley que regule el servicio
público».
En razón de lo cual, este tribunal desvirtúa, en los términos expuestos, las alegaciones
formuladas por la parte recurrente respecto de la violación directa de normas sustantivas; y
consecuentemente, no prospera el cargo acusado por la causal primera del artículo 3 de la Ley
de Casación, toda vez que, este tribunal, así como los juzgadores de segunda y primera
instancia son competentes para resolver sobre los conflictos individuales de trabajo
provenientes de una relación del tipo obreropatronal, y no de una relación jurídica que está
sometida a otro régimen y autoridad.
OCTAVO: RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
Por todo lo expuesto, este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia emitida por el tribunal de la Sala de lo Civil
de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, de 16 de diciembre de 2014, las 14h50. Sin costas ni
honorarios que regular. Notifíquese y devuélvase.
DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
DRA. MARIA DEL CARMEN ESPINOZA VALDIVIEZO
JUEZA NACIONAL
DR. MERCK BENAVIDES BENALCAZAR
JUEZ NACIONAL |
80985784-DFE
Juicio No. 1773120151202
JUEZ PONENTE: DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA, JUEZA NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL. Quito,
viernes 17 de agosto del 2018, las 09h57. VISTOS: ANTECEDENTES:
a) Relación circunstanciada de la decisión impugnada: En el juicio oral de trabajo seguido por
Omar Iván Males Narváez en contra de James William Brown Hidalgo, en su calidad de
Representante Legal de Valle Hermoso Sociedad Civil Agrícola y Comercial; y, de Eduardo Efraín
León Levoyer, como Presidente de la Junta de Accionistas; el actor interpone recurso de casación de
la sentencia de mayoría dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de
Santo Domingo de los Tsáchilas, el 19 de mayo de 2015, a las 14h17, que niega el recurso de
apelación del actor por falta de sustento y confirma la sentencia subida en grado que desecha la
demanda.
b) Actos de sustanciación del recurso: Mediante auto de 29 de julio de 2015, las 08h58, la doctora
María Teresa Delgado Viteri, Conjueza de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de
Justicia, admite a trámite el recurso de casación interpuesto.
c) Cargos admitidos: El recurso fue admitido por las causales primera y tercera del artículo 3 de la
Ley de Casación.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL:
PRIMERO: Competencia: Este Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional
de Justicia, conformado por la doctora María Consuelo Heredia Yerovi, doctor Merck Benavides
Benalcázar y doctora Katerine Muñoz Subía (ponente), es competente para conocer y resolver el
recurso de casación de conformidad con las Resoluciones Nº 0042012 de 26 de enero de 2012; N°
012018 de fecha 26 de enero de 2018; y, N° 042017 publicada en el Suplemento N° 1 del Registro
Oficial N° 962 de 14 de marzo de 2017; y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 numeral 1 de
la Constitución de República, que dispone: “Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia,
además de las determinadas en la ley, las siguientes: 1. Conocer los recursos de casación, de revisión
y los demás que establezca la ley.”, artículo 184 del Código Orgánico de la Función Judicial, que
prescribe: “Las diferentes salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia conocerán los
recursos de casación y revisión en las materias de su especialidad y los demás asuntos que se
establecen en la ley.”; artículo 191 numeral 1 ibídem, que establece: “La Sala Especializada de lo
Laboral conocerá: 1. Los recursos de casación en los juicios por relaciones laborales nacidas del
contrato individual de trabajo”; en concordancia con el artículo 1 de la Ley de Casación, el artículo
613 del Código del Trabajo; y, del acta de sorteo cuya razón obra a fs. 13 del cuaderno de casación.
SEGUNDO. Fundamentos del recurso de casación: . La parte actora considera que en la sentencia
de segunda instancia se han infringido las siguientes normas: artículos 11, 33, 326 numerales 2, 3, 4,
11, 328 incisos primero, cuarto, quinto y sexto, 424 numerales 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de la Constitución de
la República; artículos 1, 2 numeral 1, 8, 23 numerales 1, 2, 3; 24 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; artículo 3 del Convenio 169 de la OIT; artículos 1, 4, 5, 173, 181, 184, 185, 186,
187, 188, 193 y 595 del Código del Trabajo; artículos 14 y 19 del Reglamento Interno de Trabajo de
Valle Hermoso, Sociedad Civil, Agrícola y Comercial; artículos 113 inciso primero, 114, 115, 116,
117, 121, 125 inciso primero, 131 primera parte del Código de Procedimiento Civil; y, artículos 4 y 5
del Código Orgánico de la Función Judicial. Fundamenta sus acusaciones en las causales primera y
tercera del Art. 3 de la Ley de Casación.
TERCERO. Del recurso de casación: La casación es un recurso extraordinario, de alta técnica
jurídica, formal y excepcional, que tiene por objeto impugnar la sentencia o autos recurridos que
pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las Cortes Provinciales o por los Tribunales
Distritales, debiendo cumplir con los requisitos determinados en la Ley de Casación, para su
calificación, admisión y procedencia. Tiene como finalidad el control de legalidad de las sentencias de
instancia para la defensa de la normativa jurídica objetiva y por tanto de la seguridad jurídica, la
unificación de la jurisprudencia y la reparación de los agravios que pudiere ocasionar a las partes
procesales una decisión judicial que infrinja las disposiciones jurídicas aplicables. Al respecto, el
tratadista Santiago Andrade Ubidia, al abordar sobre el recurso de casación, refiere que sus finalidades
pueden ser: “…de naturaleza pública, la defensa del derecho objetivo y la unificación de la
jurisprudencia; hay otro interés adicional, de naturaleza privada, el procurar la reparación de los
agravios inferidos a las partes por el fallo recurrido…” (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade y
Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 35). Por su parte, la Corte Constitucional del Ecuador, ha
manifestado: “La citada institución como mecanismo procesal de impugnación, conforme lo
determina la Constitución de la República compete a la Corte Nacional de Justicia, y tiene por objeto
analizar si en la sentencia existen violaciones a la ley sustantiva o procesal, por incurrir en
cualquiera de las causales mencionadas en el artículo 3 de la Ley de Casación. Así, el papel que
cumple el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria, al ser el tribunal de casación, es
fundamental, ya que realiza 'el control del derecho en actividad de los jueces, que éstos, en el
desempeño de sus actividades específicas de administrar justicia, actúen con estricto sometimiento al
ordenamiento legal'. (…) Así pues, la finalidad del recurso de casación es la de otorgar certeza y
seguridad jurídica, como la igualdad ante la ley, que puede darse principalmente manteniendo la
estabilidad de las decisiones judiciales de última instancia, las cuales deben surgir como producto de
una correcta interpretación y aplicación de la norma. De manera que el recurso tiene como objetivos
inmediatos y principales, la uniformidad de la jurisprudencia, dotar de seguridad jurídica a la
sentencia, la observancia de la legalidad, propio de los Estados constitucionales de derecho y
justicia”. (Sentencia de N° 16116SEPCC. Caso Nº 179213EP, de 18 de mayo de 2016, p. 11 y
12). Al respecto se debe precisar que, el reconocimiento del Ecuador como un Estado constitucional
de derechos y justicia, consagró cambios profundos en cuanto a la organización y funcionamiento de
las instituciones que lo conforman, así la Función Judicial a través de juezas y jueces tiene la
obligación de efectivizar los derechos de los justiciables y dar vida a los principios constitucionales
que rigen la actividad judicial y los que informan la sustanciación de los procesos.
CUARTO. ANÁLISIS DEL RECURSO INTERPUESTO: Este Tribunal considera importante
previo a resolver los cargos formulados, realizar las siguientes precisiones:
a) Con relación a las normas que la parte actora y recurrente estima infringidas se evidencia que en el
recurso de casación propuesto se ha citado un número amplio de disposiciones jurídicas, sin embargo,
algunas de ellas han quedado únicamente enunciadas, sin que del texto de recurso se evidencie la
fundamentación de las acusaciones propuestas, conforme lo dispone la Ley de Casación; no obstante
lo señalado, este Tribunal, en observancia del principio de preclusión de la fase de admisibilidad,
resolverá el recurso extraordinario de casación, en atención al auto dictado por la Conjueza de la Sala
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia; los problemas jurídicos planteados; y, en virtud del
principio de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 75 de la Constitución de la República, en
concordancia con el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, que en términos
generales constituye el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para
que a través del debido proceso y con unas garantías mínimas, obtenga una decisión fundada en
derecho sobre las pretensiones propuestas (Cfr. Sentencia N° 00613SEPCC, caso N° 061412EP,
Corte Constitucional del Ecuador).
b) El examen de las causales de casación invocadas por el recurrente en contra de la sentencia
impugnada, se analizarán y resolverán observando la técnica jurídica de casación que recomienda el
orden lógico que debe aplicar el juzgador al momento de analizar aquellas, en tal virtud, se examinará
en primer lugar la causal tercera y luego la primera, una y otra que se refieren a vicios in iudicando.
4.1. ACUSACIONES CON CARGO A LA CAUSAL TERCERA DEL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE CASACION. La parte recurrente al amparo de esta causal acusa al tribunal ad quem
incurrir en los siguientes yerros:
a) Falta de aplicación de los artículos 113 inciso primero, 114, 115, 116, 117, 121 del Código de
Procedimiento Civil, al no valorar el acta de finiquito de 29 de mayo de 2012, en la que dice
textualmente “NO CONFORME”, ya que en la misma no consta que le hayan cancelado el desahucio
y el despido intempestivo; y, el comunicado de la Gerencia General de Valle Hermoso de 30 de mayo
de 2012, mediante el cual el empleador ingeniero JAMES WILLIAN BROWN HIDALGO le despidió
intempestivamente, lo que devino en la negativa de pago de la indemnización por despido
intempestivo y bonificación por desahucio, previstas en los artículos 188 y 185 del Código del
Trabajo, así como del rubro por transporte previsto en la cláusula tercera del contrato de trabajo.
b) Errónea interpretación de las normas procesales contenidas en los artículos 113 inciso primero,
114, 115, 116, 117, 121, 125 inciso primero, 131 inciso primero, 164, 165, 166, 167 del Código de
Procedimiento Civil, al no valorar la confesión ficta de los demandados, con la cual en su criterio
justifica el despido intempestivo, vulnerando de esta forma los artículos 581 inciso cuarto del Código
del Trabajo, en concordancia con el artículo 125 inciso primero, 131 inciso primero del Código de
Procedimiento Civil, así como los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo.
4.1.1. Problemas jurídicos a resolver: De conformidad con el planteamiento del recurso y cargos
admitidos a trámite, corresponde resolver los siguientes problemas jurídicos:
4.1.1.1. Dilucidar si el tribunal ad quem incurrió en falta de aplicación de los artículos 113 inciso
primero, 114, 115, 116, 117, 121 del Código de Procedimiento Civil, al no valorar el acta de finiquito
de 29 de mayo de 2012, el comunicado de la Gerencia General de Valle Hermoso de 30 de mayo de
2012, lo que devino en la negativa de pago de la indemnización por despido intempestivo y
bonificación por desahucio, previstas en los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo, así como del
rubro por transporte previsto en la cláusula tercera del contrato de trabajo.
4.1.1.2. Establecer si los jueces de segunda instancia incurrieron en errónea interpretación de las
normas procesales que señala en su recurso, al no valorar la confesión ficta de los demandados, con la
cual en su criterio justifica el despido intempestivo, vulnerando de esta forma los artículos 581 inciso
cuarto del Código del Trabajo, en concordancia con el artículo 125 inciso primero, 131 inciso primero
del Código de Procedimiento Civil, así como los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo.
4.1.2. Consideraciones de la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación: La causal tercera
del artículo 3 de la Ley de Casación, a su tenor, expresa: “Aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre
que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la
sentencia o auto”. Esta causal, conocida en doctrina como violación indirecta de norma, busca
determinar si en sentencia se produjeron dos infracciones, la primera de una norma de valoración de la
prueba y la segunda de una disposición de derecho afectada como consecuencia de la primera
infracción. Para casar una sentencia por la causal tercera, es necesario demostrar que se ha
transgredido una norma concreta y determinada relativa a la valoración de la prueba, o que la
conclusión es arbitraria, contraria a las reglas de la lógica y de la experiencia, lo cual ha conducido a
una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho sustantivo en el fallo
impugnado, lo cual de ningún modo implica que este Tribunal de casación tenga la atribución de
apreciar nuevamente la prueba practicada en el proceso, pues aquella es una facultad exclusiva de los
órganos jurisdiccionales de primer y segundo nivel.
4.1.3. Examen de los cargos:
4.1.3.1. Primer problema jurídico: Dilucidar si el tribunal ad quem incurrió en falta de
aplicación de los artículos 113 inciso primero, 114, 115, 116, 117, 121 del Código de
Procedimiento Civil, al no valorar el acta de finiquito de 29 de mayo de 2012, el comunicado de
la Gerencia General de Valle Hermoso de 30 de mayo de 2012, lo que devino en la negativa de
pago de la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio, previstas en
los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo, así como del rubro por transporte previsto en la
cláusula tercera del contrato de trabajo.
4.1.3.1.1. Previo a emitir un pronunciamiento sobre los cargos formulados al amparo de la causal
tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, este Tribunal realiza las siguientes observaciones:
a) La “falta de aplicación” de normas procesales, se produce en el momento que quien juzga no
aplica las disposiciones legales regulativas de la valoración de la prueba previstas en el ordenamiento
jurídico, denominándose este error como de omisión.
b) Al respecto, resulta relevante precisar que la valoración de la prueba es una actividad reservada a
los jueces de instancia, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia
N° 10113SEPCC, caso No. 04032013EP, que fue publicada en el Registro Oficial No. 161 de 14
de enero de 2014 y en la cual entre otros aspectos precisa: “Entonces, al ser el recurso de casación de
carácter extraordinario la Corte Nacional de Justicia no tiene la facultad para valorar la prueba o
estudiar los argumentos sostenidos por las partes durante la sustanciación de la causa pues, es un
recurso que se fundamenta en el análisis sobre la legalidad de la sentencia recurrida. Al respecto,
existen varios pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, en el sentido de que la
casación, al ser un recurso extraordinario, debe cumplir con ciertos condicionamientos tanto para su
presentación y su resolución y parte de ellos no es la valoración de la prueba...”, criterio emitido por
el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia en esa materia,
que ha establecido el límite de actuación de los jueces casacionistas, en cuanto a la valoración de la
prueba, la misma que pertenece en forma exclusiva a los jueces de instancia; ahora bien, este límite
tiene una salvedad y es precisamente cuando como resultado de dicha valoración se hayan
contravenido los parámetros de racionalidad y objetividad, deviniendo la conclusión en absurda o
arbitraria.
4.1.3.1.2. Ahora bien, las normas que el casacionista considera infringidas por falta de aplicación son:
a) El artículo 113 del Código de Procedimiento Civil, que prevé la obligación del actor de probar los
hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, mientras que el demandado no está obligado a
producir pruebas, si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa; y, el artículo 114
Ibídem, que establece la obligación que tiene cada parte de probar los hechos que alega; normas
procesales que no se hallan en el ámbito de las disposiciones jurídicas que están relacionadas con la
valoración de la prueba, como de manera equivocada sostiene el recurrente, pues de su lectura se
desprende que no contienen un precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba que deba ser
observado por los órganos jurisdiccionales competentes al momento de apreciar el acervo probatorio,
de esta manera no procede el cargo de falta de aplicación de los artículos 113 y 114 del Código de
Procedimiento Civil.
b) El artículo 116 del Código de Procedimiento Civil, señala que “Las pruebas deben concretarse al
asunto que se litiga y a los hechos sometidos al juicio”; y, el artículo 117 Ibídem, prevé: “Sólo la
prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo
con la ley, hace fe en juicio.”, en el caso sub examine, este Tribunal una vez analizada la decisión
recurrida, no evidencia que se hayan practicado pruebas extrañas al asunto controvertido o que de
alguna manera hubieren contrariado el marco constitucional y legal, por lo que se niega el cargo
propuesto en contra de las normas jurídicas invocadas.
c) El artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “La prueba deberá ser apreciada en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en
la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. La jueza o el juez tendrá obligación de
expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas”, norma valorativa de la
prueba, en cuanto establece la obligatoriedad de los jueces de instancia, al momento de cumplir el
proceso de valoración de la prueba, de verificar la eficacia de la misma y aplicar el principio de la
unidad de la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Respecto al principio de unidad de la
prueba, Hernando Devis Echandía señala: “Generalmente la prueba que se aporta a los procesos es
múltiple: a veces los medios son diversos (testimonios, indicios, documentos, etc.); generalmente hay
varias pruebas de una misma clase (varios testimonios o documentos, etc.). Significa este principio
que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad, y que, como tal, debe ser examinado y
apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o
discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”. (Compendio de
Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas judiciales, séptima edición, Editorial ABC, Bogotá, 1982, p. 16 y
17); de modo que juezas y jueces al momento de valorar la prueba deben hacerlo aplicando el
principio de la unidad de la prueba y el sistema de las reglas de la sana crítica, que ha decir de
Eduardo J. Couture: “Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del
juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea
de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en los que no es lisa y llana)
con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El juez que debe decidir
con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente.
Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la
lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar
esos preceptos (…) tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento” (Fundamentos del
Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Argentina – Buenos Aires, Tercera edición, 1958, pp.
270271). Por su parte, el artículo 121 Ibídem, luego de enumerar los medios probatorios que son
admisibles en el sistema procesal, señala “…Estos medios de prueba serán apreciados con libre
criterio judicial según las circunstancias en que hayan sido producidos...”, lo que implica que la
decisión judicial debe ser el resultado de deducciones lógicas y pertinentes a partir de hechos fijados
con certeza; por lo tanto, la apreciación de la prueba, no puede estar exenta de pautas y directrices de
rango objetivo, de tal forma que para que se declare un hecho como probado es necesario el pleno
convencimiento del juez no bastando la mera probabilidad.
4.1.3.1.3. En contexto, el recurrente acusa que los jueces de segunda instancia no han valorado el acta
de finiquito de 29 de mayo de 2012 y el comunicado de la Gerencia General de Valle Hermoso de 30
de mayo de 2012, por lo que con el objeto de confrontar las acusaciones formuladas por el recurrente
con la sentencia pronunciada por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, este Tribunal procede a revisar el contenido de la misma,
observando que en el considerando octavo el órgano jurisdiccional ha valorado los documentos
mencionados por el casacionista, así, al referirse al acta de finiquito que obra de fs. 24 del expediente
y luego de citar el artículo 595 del Código del Trabajo que establece la posibilidad de impugnar el
documento de finiquito y más normas constitucionales, legales y supraconstitucionales, ha
manifestado que todo acuerdo entre las partes en materia laboral constituye una forma legítima de
poner fin a la relación de trabajo de conformidad con lo previsto en el artículo 169.2 del Código de la
materia. En relación al comunicado de la Gerencia General de Valle Hermoso de 30 de mayo de
2012, el tribunal ad quem ha precisado que el mismo se encuentra adjuntado al proceso en copia
simple (fs. 230) y que por sí solo no hace prueba, al no ser reconocido por quien presuntamente lo
suscribe. En cuanto a los gastos de transporte reclamados por el actor, se observa que el tribunal ad
quem en el considerando noveno ha señalado que tal pretensión no se encuentra probada, de lo cual se
colige como consecuencia lógica la negativa de pago. De lo manifestado se concluye que la acusación
de falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba previstos en
los artículos 115, 116, 117, y 121 del Código de Procedimiento Civil, devienen en improcedentes, y
por tanto tampoco se han infringido las normas sustantivas señaladas por el recurrente en su recurso.
4.1.3.2. Segundo problema jurídico: Establecer si los jueces de segunda instancia incurrieron en
errónea interpretación de las normas procesales que señala en su recurso, al no valorar la
confesión ficta de los demandados, con la cual en su criterio justifica el despido intempestivo,
vulnerando de esta forma los artículos 581 inciso cuarto del Código del Trabajo, en
concordancia con el artículo 125 inciso primero, 131 inciso primero del Código de
Al amparo de la misma causal el actor en el acápite cuarto numeral 4.8. del recurso alega que existe
“errónea interpretación” de las normas procesales contenidas en los artículos 113 inciso primero,
Procedimiento Civil y en líneas posteriores, en acápite 4.9. acusa la “falta de aplicación” de las
mismas disposiciones legales, diferenciándose únicamente en lo que se refiere a los artículos 125 y
131 de la norma adjetiva civil. Frente a esta circunstancia, este Tribunal manifiesta que respecto de
unas mismas normas o preceptos es improcedente alegar simultáneamente dos o tres formas de
quebranto, como ocurre en la especie, pues la “falta de aplicación” y la “errónea interpretación” de
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, corresponden a conceptos distintos y aún
incompatibles, pues es imposible que al mismo tiempo se haya dejado de aplicar e interpretado de
manera errónea los mismos preceptos legales, en este sentido el tratadista Humberto Murcia Ballén
manifiesta: “… por cuanto las diferentes causales de casación corresponden a motivos o
circunstancias disímiles, son por ende autónomas e independientes, tienen individualidad propia y, en
consecuencia, no es posible combinarlas para estructurar en dos o más de ellas un mismo cargo, ni
menos pretender que el mismo cargo pueda formularse repetidamente dentro de la órbita de causales
distintas” (Recurso de Casación Civil, Sexta edición, Bogotá, 2005, p. 280). En este sentido, varios
fallos de triple reiteración de la Corte Suprema de Justicia, establecen que: “No se pueden invocar al
mismo tiempo y respecto de una misma norma jurídica falta de aplicación, indebida aplicación y
errónea interpretación pues éstos son vicios excluyentes e incompatibles” (Jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia del Ecuador. Tomo I, Consejo Nacional de la Judicatura, Quito, 2004, pp. 13, 14,
15, 16 y 17), no obstante la incorrección en la fundamentación del recurso y tomando en
consideración que el mismo ha sido admitido a trámite, este Tribunal resolverá esta acusación en
virtud del principio de tutela judicial efectiva, y para el efecto, establece que la pretensión central del
recurrente se centra en la falta de valoración de la confesión ficta de los demandados, sin embargo, de
la lectura de la sentencia se evidencia que los jueces de segunda instancia analizaron dicho medio
probatorio en el considerando octavo letra d) del fallo pronunciado, es más se consta que la misma fue
valorada en conjunto con las demás pruebas que obran del proceso, debiendo este Tribunal de
casación agregar que en caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes queda a criterio
del juez entender que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas siempre y cuando
se cumplan los siguientes presupuestos: que las preguntas no contravinieren la ley y que se refieran al
asunto o asuntos materia del litigio; razones por las que no proceden los cargos formulados por el
recurrente al amparo de la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.
4.2. ACUSACIONES CON CARGO A LA CAUSAL PRIMERA DEL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE CASACION.
El recurrente al amparo de esta causal acusa al tribunal haber incurrido en falta de aplicación de las
siguientes normas jurídicas: artículos 326 numerales 2, 3, 4 y 11; y, 328 incisos primero, cuarto,
quinto y sexto de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 4 del Código del
Trabajo; artículos 1, 2 numeral 1, 8, 23 numerales 1, 2, 3, artículo 24 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; artículo 3 del Convenio 169 de la OIT,; artículos 1, 4, 5, 173, 181, 184, 186, 187,
193 y 595 del Código del Trabajo; artículos 14 y 19 del Reglamento Interno de Trabajo de Valle
Hermoso, Sociedad Civil Agrícola y Comercial, y de los precedentes jurisprudenciales que cita en su
recurso, fundamento jurídico que en su criterio justifica la impugnación del acta de finiquito y valida
su pretensión de percibir la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio,
previstas en los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo, respectivamente.
4.2.1. Problema jurídico a resolver: De conformidad con el planteamiento del recurso y cargos
admitidos a trámite, corresponde determinar si el tribunal ad quem infringió las normas que el
recurrente señala en su recurso, al negar la impugnación del acta de finiquito y desconocer su derecho
a recibir la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio previstas en los
artículos 188 y 185 del Código del Trabajo, respectivamente.
4.2.2. Consideraciones sobre la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. Esta causal
se configura en los casos de: “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de
normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto,
que hayan sido determinantes de su parte dispositiva”; es decir que está reservada a los errores de
juzgamiento conocidos como “in iudicando”, cuando se acusa a la sentencia de violación directa de la
norma sustantiva o de precedentes jurisprudenciales obligatorios en donde los reproches probatorios
son inadmisibles, pues ocurre cuando no se ha subsumido adecuadamente los hechos fácticos
probados y admitidos, dentro de la hipótesis normativa a la que corresponden. Los tres tipos de
transgresiones a las normas sustantivas que prevé esta causal son: a) Aplicación indebida, que se
configura cuando la norma ha sido entendida rectamente en su alcance y significado, más se la ha
utilizado para un caso que no es el que ella contempla y que según Humberto Murcia Ballén: “Emana,
pues, la indebida aplicación, no del error sobre la existencia y validez de la ley, sino del yerro en que
incurre el juzgador al relacionar la situación fáctica controvertida en el proceso y el hecho
hipotetizado por la norma que aplica” (Recurso de Casación Civil, 4ta Edición, Ediciones Jurídicas
Gustavo Ibañez, Vocatio in Ius, Bogotá, 1966, p. 322), en este sentido, la Primera Sala de lo Civil y
Mercantil, manifestó: “Cuando el Juzgador entiende rectamente la norma, pero la aplica a un
supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella. Incurre de esta manera en un error
consistente en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido”. (Corte Suprema de
Justicia. Sala de lo Laboral y Social Dr. Santiago Andrade, La Casación Civil en el Ecuador, Andrade
y Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 183). b) Falta de aplicación, se produce en el momento
que quien juzga no aplica la norma que corresponde al caso que se está litigando, por lo que se conoce
a este error como de omisión; de ahí que la misma Primera Sala de lo Civil y Mercantil al referirse a
esta clase de transgresión expresó: “Cuando el juzgador deja de aplicar en el caso controvertido
normas sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrían determinado que la
decisión en la sentencia sea distinta a la acogida”. (ob. cit. p. 183); y, c) Errónea interpretación, que
tiene lugar cuando siendo la norma cuya transgresión se señala la pertinente para el caso, quien juzga
le da un sentido y alcance que no tiene, que es contrario al espíritu de la ley y por ello La Sala de lo
Civil y Mercantil referida señaló que se produce en este vicio de juzgamiento: “Cuando el juzgador
incurre en un yerro de hermenéutica jurídica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y
alcance que no tiene” (ob. cit. p. 183). En este sentido Humberto Murcia Ballén expresó: “Muy
distinta a las dos anteriores es la esencia de la violación por interpretación errónea de la ley. No se
trata, en esta clase de quebranto, como ocurre en las dos atrás analizadas, de un yerro de 'diagnosis
jurídica', o de uno de relación entre el hecho específico concreto y el hecho hipotetizado por la
norma jurídica, sino de un error acerca del contenido de ésta”. (ob. cit. p. 324). Por tanto, quien
interpone un recurso de casación debe tener presente al momento de fundamentarlo que toda norma
sustancial tiene dos partes: un supuesto y una consecuencia y de no contenerlo se complementa con
otra u otras normas, para así formar una proposición jurídica completa en la que se distinga
claramente el supuesto de hecho y por tanto el efecto jurídico respectivo, y que sobre ello el doctor
Santiago Andrade Ubidia sostuvo: “Respecto a la causal primera, también es imprescindible realizar
la 'proposición jurídica completa': no es suficiente señalar una norma de derecho sustantivo, sino que
deberá examinarse si ella contiene una proposición jurídica”. (ob. cit. p. 203) y para que ello ocurra
es necesario que se precisen todas las disposiciones legales que la constituyen; de modo que si se
fundamenta el Recurso en esta causal se debe puntualizar el vicio o yerro, teniendo en cuenta que
éstos son independientes y se excluyen entre sí, y al no identificarlo o escoger el incorrecto, el recurso
puede no surtir los efectos que la o el recurrente espera.
4.2.3. Examen de los cargos: Determinar si el tribunal ad quem infringió las normas que el
recurrente señala en su recurso, al negar la impugnación del acta de finiquito y desconocer su
derecho a recibir la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio
En relación a la disposición constitucional 326.11 invocada por el recurrente, esto es la transacción en
materia laboral, se debe precisar que en nuestro ordenamiento jurídico en un primer momento esta
forma de dar por terminado los litigios laborales fue utilizada en el derecho colectivo, para a
posteriori, elevarse a rango constitucional en el tercer bloque de reformas a la Constitución publicadas
en el Registro Oficial 863 de 16 de enero de 1996, que reformó el artículo 31 de la Norma Suprema
(publicada en el Registro Oficial 183 de 5 de mayo de 1993) al disponer: “… a continuación del
literal 'ch' añádase otro que diga 'Será válido la transacción en materia laboral siempre que no
implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente'.”
En similar sentido, dentro de los principios que estructuran el Derecho al Trabajo, la Constitución de
la República vigente, establece en el artículo 326 numeral 11, que: “El derecho al trabajo se sustenta
en los siguientes principios: 11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no
implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente”, lo cual
evidencia la intensión del constituyente de admitir la transacción en asuntos laborales que permita
una solución eficaz y directa a controversias en esta materia, pero protegiendo los derechos de los
trabajadores para que bajo ningún concepto se transe en desmedro de los mismos.
En este contexto, cabe advertir que el artículo 169 del Código Laboral, prevé entre otras formas de
terminar el contrato individual de trabajo, la determinada en el numeral 2, que dice: “Por acuerdo de
las partes”, es decir, cuando exista consenso de las voluntades del empleador y del empleado en dar
por terminada la relación laboral, caso en el cual se suscribirá un acta de finiquito en donde deberá
constar el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos y beneficios pendientes a favor del
trabajador, así como el hecho de habérselo satisfecho, sin que por tanto se produzca renuncia alguna
de los mismos.
Por su parte, el Código del Trabajo no define al acta de finiquito, sin embargo en el artículo 595
Ibídem, al referirse a la impugnación del documento de finiquito indica: “El documento de finiquito
suscrito por el trabajador podrá ser impugnado por éste, si la liquidación no hubiere sido practicada
ante el inspector del trabajo, quien cuidará que sea pormenorizada”, de modo que, la institución de
impugnación del documento de finiquito es una de las garantías de tutela de los derechos de la o el
trabajador cuando el indicado documento inobserva la norma en referencia. La Corte Suprema y Corte
Nacional de Justicia, en reiterados fallos ha determinado que el acta de finiquito es impugnable no
solamente en los casos descritos del artículo 595 del Código del Trabajo, sino además cuando se
acreditare que hubo vicio del consentimiento de cualesquiera de los suscribientes de ella o cuando se
demuestre que los valores que se entregan al trabajador, implican una renuncia de sus derechos
(Gacetas Judiciales LXXXVIII, Serie XV N° 2, p.429; XCV, Serie XVI N° 4, p. 943; LXXXIX, Serie
XV N° 6, p. 1669; XCVI, Serie XVI N° 6, p. 1642; XCVI Serie XVI N° 7, p. 1929; I, Serie XVIII,
N° 11, p. 4118), pues la administración de justicia no puede soslayar lo dispuesto por el artículo 326
numeral 2 de la Constitución de la República, sobre la irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos,
en concordancia con lo previsto en el artículo 4 del Código del Trabajo.
De lo expuesto se deduce que la normativa constitucional estableció la institución de la transacción sin
afectar las causas contempladas en la Ley (artículo169 del Código de la materia) para dar por
terminado el contrato de trabajo, entre las cuales consta el acuerdo de las partes, que se perfecciona
con la suscripción del acta de finiquito, misma que a su vez puede ser impugnada según lo previsto en
el artículo 595 del Código del Trabajo y lo señalado en la jurisprudencia, si no fuere suscrita ante el
Inspector del Trabajo, funcionario administrativo que está obligado a prestar a los trabajadores
oportuna y debida atención para la garantía y eficacia de sus derechos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5 del Código Laboral; o, si no fuere pormenorizado, entendiéndose la
pormenorización, no solamente en el aspecto formal, sino sobre todo en el contenido esencial, de los
derechos del trabajador, o sea que la denominada acta de finiquito comprenda a todos esos derechos,
sin excepción alguna, al extremo que si algún derecho, por error, por desconocimiento de la ley o de
un contrato, olvido u otro motivo cualquiera, no se hubiese hecho constar en el finiquito, el trabajador
no pierde tal derecho y conserva la facultad de impugnar el finiquito y obtener que se rectifique el
error o errores u omisiones que se hayan cometido en el acta de liquidación.
Ahora bien, en el caso sub examine, se observa que la impugnación presentada por el actor al acta de
finiquito al sostener que no se le han reconocido todos sus derechos laborales, particularmente la
indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio, ha sido analizada por el
tribunal ad que, en el considerando octavo de la sentencia dictada, en la que se expresa que todo
acuerdo de las partes en materia laboral constituye una forma legítima de poner fin a la relación de
trabajo de conformidad con el artículo 169.2 del Código de la materia y agrega “…respecto a la
impugnación sobre el monto de la liquidación como se observa no refleja conculcación de este rubro
que reclama el trabajador, porque es un contrasentido, un acuerdo de voluntades para poner fin a la
relación laboral y posteriormente alegar el despido”. De lo cual se advierte que la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, no analiza la
real causa de la terminación de la relación laboral, que se expresa en la voluntad del empleador de
terminar el negocio y liquidar definitivamente la empresa, dada la grave situación que se indica
atraviesa la misma, como consecuencia de la plaga de caracol en los cultivos de piña, decisión de
liquidación que según el empleador ha sido por fuerza mayor, pero que en su procedimiento ha
inobservado los artículos 193 del Código del Trabajo y 595 Ibídem, en concordancia con el artículo
326.11 de la Constitución de la República del Ecuador. Consecuentemente, esta Sala encuentra
procedente el recurso de casación deducido por Omar Iván Males Narváez, fundamentado en la
causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por lo que en mérito de lo dispuesto en el artículo
16 de la misma Ley, le corresponde a este tribunal dictar sentencia en mérito de los autos.
QUINTO: SENTENCIA EN MERITO DE LOS AUTOS.
Este Tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con la declaratoria de
procedencia del recurso de casación y en atención al principio dispositivo, realiza el análisis en torno a
las cuestiones de fondo alegadas por el actor en su demanda laboral que contiene la impugnación al
acta de finiquito suscrita el 29 de mayo de 2012.
5.1. Validez procesal. El expediente se ha tramitado respetando las garantías básicas del debido
proceso, con sujeción al trámite preestablecido, y sin omisión de solemnidad sustancial que pueda
influir en la decisión, por lo que se declara su validez.
5.2. Consideraciones relevantes de orden constitucional:
5.2.1. Nuestro ordenamiento constitucional es claro en señalar normas y principios mínimos que
deben ser respetados dentro de un proceso en donde se determine el reconocimiento de derechos y
obligaciones, pues la Norma Suprema aprobada en el año 2008 reconoce al Ecuador como un Estado
Constitucional de derechos y justicia, y tiene como deber primordial garantizar sin ningún tipo de
discriminación, el goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución y en instrumentos
internacionales; por lo tanto, su más alto deber consiste en respetar y hacer respetar los derechos
constitucionales que son de aplicación directa e inmediata, sin que para su ejercicio deban exigirse
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución, o falta de norma para justificar
su violación (artículos 1 y 11 de la Constitución de la República).
5.2.2. El artículo 167 de la Constitución de la República señala que la potestad de administrar justicia
emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y
funciones establecidos en la Constitución; el 169 Ibídem, prevé que el sistema procesal esto es, el
conjunto de reglas que sirven para la tramitación de una controversia judicial es un medio para la
realización de la justicia, por lo tanto las normas procesales además de consagrar los principios de
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, harán efectivas las
garantías del debido proceso, precisando que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de
formalidades, pues en el Estado constitucional de derechos y justicia, no es admisible que se afecten
los derechos del justiciable por la existencia de vicios o defectos formales en la presentación de
peticiones, demandas y recursos (Cfr. Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N° 00315SCN
CC, Caso N° 046012CN)
5.2.3. El artículo 75 de la Constitución de la República, garantiza a las personas el derecho de acceso
gratuito a la justicia y tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses; y, el artículo
172 Ibídem, determina que juezas y jueces deben administrar justicia con sujeción al texto
constitucional, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley; en este sentido el
artículo 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, al referirse al principio de imparcialidad, prevé
que la actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial debe ser imparcial, respetando la
igualdad ante la ley. Señala también que en todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán
resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base
de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes.
Por su parte la Corte Constitucional del Ecuador, al referirse a la tutela judicial efectiva, imparcial y
expedita de los derechos e intereses de las personas, ha señalado: “A la hora de definir e interpretar el
alcance de la tutela jurisdiccional efectiva, se podría indicar en términos generales que este
constituye el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a
través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una decisión
fundada en derecho, sobre las pretensiones propuestas”. (El énfasis fuera del original). (Corte
Constitucional del Ecuador. Sentencia N° 00613SEPCC, Caso N° 61412EP). Por lo tanto, jueces
y tribunales al resolver, deben atenerse a los puntos controvertidos que han sido sometidos oportuna y
debidamente a la decisión judicial, a fin de cumplir con el principio de congruencia, que implica que
la sentencia debe proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las pretensiones y excepciones
oportunamente presentadas en el proceso judicial, a fin de que exista identidad jurídica entre lo pedido
y lo resuelto.
5.2.4. Cabe señalar que la tutela judicial efectiva como el derecho de acceso a la justicia y de
protección de los derechos y garantías ciudadanas, tendientes a materializar en forma real sus derechos
individuales y sociales, objetivo que se cumple a través del principio de interdependencia que lo
vincula con el derecho al debido proceso, que es transversal a todo el ordenamiento jurídico, por
cuanto garantiza la protección de otros derechos constitucionales, encaminados principalmente a
tutelar que todas las personas cuenten con un proceso justo y para ello se demanda la existencia de un
sistema jurídico válido y eficaz, que cuente con normas previas, claras y públicas que lleven a la
praxis la denominada seguridad jurídica. El derecho al debido proceso consagrado en el artículo 76 de
la Constitución de la República del Ecuador señala: "En todo proceso en el que se determinen
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá
las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial,
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes….". La Corte Constitucional
del Ecuador, se ha pronunciado en varias ocasiones respecto a la naturaleza del derecho al debido
proceso, en los siguientes términos: " ... en relación al derecho al debido proceso plasmado en el
artículo 76 de la Constitución de la República, se muestra como un conjunto de garantías con las
cuales se pretende que el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o administrativo se
sujeten a reglas mínimas, con el fin de proteger los derechos garantizados por la Carta Suprema,
constituyéndose el debido proceso en un límite a la actuación discrecional de los jueces. Por tanto,
no es sino aquel proceso que cumple con las garantías básicas establecidas en la Constitución, y que
hace efectivo el derecho de las personas a obtener una resolución de fondo, basada en derecho".
(Sentencia N° 003409SEPCC, de 9 de diciembre de 2009).
5.2.5. Como parte esencial de los principios que forman parte del derecho al debido proceso se
encuentra la motivación de las sentencias, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal l) de la
Constitución de la República, que prevé: “En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las
siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes
garantías: l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados”, norma concordante con el artículo 130.4 del Código
Orgánico de la Función Judicial, que establece como una facultad jurisdiccional esencial de las juezas
y jueces, motivar sus decisiones. Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador, ha expresado que
para que una sentencia se encuentre debidamente motivada, se precisa la concurrencia de tres
elementos como requisitos indispensables: razonabilidad; lógica; y, comprensibilidad; entendiéndose:
“(...) razonable, en el sentido de que la decisión se fundamente en lo dispuesto en la Constitución de
la República; lógica, en lo que respecta a que la misma contenga una estructura coherente, en la cual
el operador de justicia, mediante la contraposición entre elementos fácticos y jurídicos, establezca
conclusiones que guarden coherencia con estos elementos, y que de este análisis, al final se
establezca una decisión general del caso; comprensible, en lo que se refiere al lenguaje que se utilice
en la decisión, mismo que debe ser dirigido hacia el entendimiento por parte de la ciudadanía”
(Sentencia No. 07314SEPCC, caso No. 084611EP, de 16 de abril de 2014, p. 12 ). Por lo tanto, el
derecho al debido proceso en la garantía básica de la motivación, impone a juezas y jueces el deber de
expresar en la sentencia los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan lo decidido, a partir de
las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica y que deben ser expuestos con
razonabilidad, lógica y comprensibilidad, con el objeto de que las partes tengan la convicción de que
se dictó una resolución de fondo, basada en derecho.
5.3. Enunciación resumida de los antecedentes de hecho:
A fs. 4 y 5 del expediente de primer nivel, comparece el señor Omar Iván Males Narváez y en la
demanda que propone, manifiesta que ha prestado sus servicios lícitos y personales en calidad de
trabajador agrícola general, bajo las órdenes y dependencia de los representantes legales de la
Empresa Valle Hermoso Sociedad Civil Agrícola y Comercial (Valle Hermoso S.C.A.C.) desde el 1
de abril de 2005 hasta el 30 de mayo de 2012, fecha en la que el Ing. James William Brown Hidalgo,
Gerente General y Representante Legal de la citada empresa mediante un comunicado ha informado al
personal que “(…) dada la grave situación que atraviesa la empresa, como consecuencia de la
presencia de la plaga de caracol en los cultivos de piña, y que han motivado la devolución de los
contenedores y la cancelación de pedidos de nuestro más importante cliente de exportación, los
accionistas de la empresa, muy a su pesar, han tomado la decisión de liquidar Valle Hermoso
S.C.A.C.”; agrega a continuación que en la misma fecha ha suscrito un acta de finiquito en la que
constan rubros por: “Sueldo de mayo de 2012 por $ 292; Horas suplementarias Mayo 2012 por $
0,00; Horas Extraordinarias Mayo 2012 por $ 0,00; Fondo de reserva mayo de 2012 por $ 24,32;
Décima Tercera Remuneración: $ 166,15; Décima Cuarta Remuneración: $ 72,19; Vacaciones no
gozadas último período $ 14,60; Vacaciones periodo desde el viernes 1 de abril de 2011 hasta el
sábado 31 de marzo de 2012 por $ 192,77 y, BONIFICACION VOLUNTARIA DEL EMPLEADOR: $
525 (…)” y que la impugna expresando no haberse considerado los siguientes rubros: “(…) horas
suplementarias y extraordinarias; fondos de reserva; décima tercera y décima cuarta remuneración;
las vacaciones; el desahucio; y, el despido intempestivo, no se nos ha dado la participación o utilidad
de Ley, gastos de transporte, alojamiento, y demás rubros que el derecho laboral nos confiere (…)”,
de este modo concreta sus pretensiones en los puntos que precisa en el libelo inicial.
Una vez que los demandados fueron citados por boletas conforme consta de las razones de citación
(fs. 9 y 10 del cuaderno de primer nivel), se realiza la Audiencia Preliminar de Conciliación,
Contestación a la Demanda y Formulación de Pruebas, en la que el legitimado pasivo James William
Brown Hidalgo, formula las siguientes excepciones: a) Falta de derecho del actor para proponer la
demanda porque la relación laboral concluyó por la causal prevista en el artículo 169 numeral 6 del
Código del Trabajo; b) Niega que se encuentre pendiente de pago algún rubro de décima tercera y
cuarta remuneraciones, vacaciones, horas suplementarias y extraordinarias; c) Niega adeudar valor
alguno por lo que afirma no cabe el triple de recargo infundadamente solicitado; d) Niega que el actor
tenga derecho a diferencia salarial; e) Niega que el actor tenga derecho al pago de días festivos; f)
Niega que se encuentre pendiente de pago la participación de la trabajadora en las utilidades; g) Que
al no existir ningún valor pendiente de pago, resulta improcedente el cobro del interés legal; h) Niega
la existencia de solidaridad laboral; i) Niega que el ex trabajador tenga derecho a transporte; j) Niega
que tenga alguna obligación pendiente para con el accionante; y, k) Manifiesta que no se allana a
ninguno de los vicios de nulidad.
En estos términos se traba la litis y a continuación cada parte procesal formula la prueba de cargo y de
descargo. De fs. 320 a 324 consta el acta de audiencia definitiva, llevada a efecto el 8 de agosto de
2013, a las 10h10, en la que se recepta la confesión judicial de los demandados; también se recepta la
confesión judicial y juramento deferido del actor y finalmente las partes procesales presentan sus
alegatos. Concluido el trámite el juez de origen dicta sentencia desechando la demanda. El actor
interpone recurso horizontal de aclaración el mismo que fue negado mediante providencia de 28 de
julio de 2014, las 14h17, luego de lo cual interpone de recurso de apelación.
5.4. Análisis motivado y pronunciamiento en torno a la impugnación del acta de finiquito y
excepciones formuladas por los demandados.
5.4.1. Presupuesto fundamental de esta clase de procesos, es la existencia de la relación laboral en los
términos del artículo 8 del Código Laboral, pues de él nacen los derechos y obligaciones entre las
partes. En el presente caso consta agregado al expediente el contrato de trabajo suscrito por el actor
Omar Iván Males Narváez y la Empresa Valle Hermoso S.C.A.C., a través de su Representante Legal
James Brown Hidalgo (fs. 25), del cual se establece que entre las partes ha existido relación laboral y
que en el presente caso no es materia de controversia ya que ha sido aceptada por la parte empleadora
al contestar la demanda.
5.4.2. El actor en su demanda impugna el acta de finiquito mediante la cual se da por concluida la
relación laboral por cuanto en la misma se expresa no se han consignado todos los derechos que indica
de corresponden, particularmente los rubros por desahucio y despido intempestivo. Al respecto este
Tribunal se remite al análisis efectuado en el numeral 4.2.3. de esta sentencia y reitera lo señalado en
el referido numeral, esto es que el acta de finiquito es impugnable aunque contuviere los requisitos
contemplados en la normativa laboral, si de ella se desprende, error de cálculo o renuncia de derechos
por parte del trabajador, circunstancias bajo las cuales el juzgador, de proceder la impugnación debe
enmendar los errores contenidos en el documento de finiquito. En el caso bajo examen, el demandado
James William Brown Hidalgo, al contestar la demanda manifiesta que “(…) Previa certificación de
la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro AGROCALIDAD, comuniqué, en
calidad de representante legal, a los trabajadores que la compañía se encontraba en una grave
situación, a consecuencia de la plaga de caracol en los cultivos de piña y que han causado la
devolución de los contenedores y la cancelación de pedidos, por lo que se terminaría la actividad
económica de cultivo de piña de mi representada y como consecuencia se concluye la relación
laboral con sus trabajadores, amparado en lo que determina el numeral 6 del artículo 169 (…)”,
verificándose que la referida comunicación consta a fs. 23 del expediente, y que su contenido ha sido
ratificado por el mismo empleador no solo en la contestación a la demanda, sino con las confesiones
judiciales rendidas al tenor de las preguntas presentadas en el interrogatorio que obra en el acta de
audiencia definitiva. Consta también a fs. 20 el acta de finiquito de la que se evidencia que según esta,
la relación laboral “concluye por caso fortuito o fuerza mayor” que imposibilita el trabajo. Al
respecto, es necesario precisar que el artículo 169 del Código de la materia, señala las causas de
terminación del contrato individual de trabajo y en el numeral 6 dice: “Por caso fortuito o fuerza
mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del
campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no
pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar”, para demostrar este hecho, el demandado
presenta como prueba el Informe de la “Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del
Agro AGROCALIDAD COORDINACION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS” (fs. 127 a 130),
misma que es una institución pública adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca, que en sus facultades de Autoridad Fitozoosanitaria Nacional es la encargada de la definición
y ejecución de políticas de control y regulación para la protección y el mejoramiento de la sanidad
animal, sanidad vegetal e inocuidad alimentaria, creada mediante Decreto Ejecutivo N° 1449,
publicado en el Registro Oficial N° 479 de 2 de diciembre de 2008, encargada entre otros aspectos el
de promover sistemas integrados de gestión de calidad en la producción de alimentos de consumo de
la población para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria; así como de brindar el soporte
técnico e institucional para mejorar los procesos orientados al acceso a los diversos mercados
internacionales. En este marco jurídico, el referido organismo ha emitido el informe de la situación de
la empresa Valle Hermoso S.C.A.C. respecto al producto Piña MD2, con el siguiente contenido: en el
literal A) que trata de los antecedentes refiere: “La zona de Santo domingo de los Tsáchilas, debido a
la estación lluviosa prolongada, se ha visto afectada nuevamente por la presencia de moluscos que en
ciertos casos se convierten en plagas y en este caso específico de la Empresa Valle Hermoso se
torna un contaminante del producto de exportación. Se denomina contaminante puesto que no causa
un daño en sí a la planta o en el fruto de piña pero se convierte en un motivo de notificación por
parte de los países importadores”; en el literal B) consta la Ficha Técnica de la Empresa; en el literal
C) indica las Medidas preventivas aplicadas en campo para el control de moluscos; el literal D) se
refiere a las Acciones tomadas en área de postcosecha y finalmente constan las conclusiones y
recomendaciones enfocadas a determinar la efectividad del molusquicida y el apoyo solicitado para
identificar al molusco y combatir la plaga; sin embargo en este informe no consta de manera expresa
que la Empresa Valle Hermoso Sociedad Civil Agrícola y Comercial, se encuentre en imposibilidad
de continuar con las labores, sino que por el contrario se establece que si bien es cierto los cultivos se
ven afectados por la plaga de moluscos, “la planta” o “el fruto de piña” no son dañados o
destruidos, aunque tal circunstancia sea motivo de notificación de los importadores por no cumplir
con los parámetros de calidad, razones por las cuales este Tribunal considera que el referido informe
no se subsume en la previsión normativa del artículo 169 numeral 6, en virtud de que la fuerza mayor
alegada por el demandado no ha sido de tal magnitud como para que exista imposibilidad de que el
trabajador continúe con sus labores, como ha quedado señalado en líneas precedentes a lo que se debe
agregar que el contrato de trabajo suscrito entre las partes procesales y que reposa a fs. 25 del
cuaderno de primer nivel, se estipula en la cláusula primera que el trabajador se obliga a desempeñar
el cargo el trabajador agrícola ya realizar todas las funciones que le son propias, afines, conexas y/o
complementarias al mismo, por lo que aquel podía desempeñar cualquiera de las actividades
previstas en el contrato. Si bien es cierto el demandado ha agregado en forma debida al proceso las
copias certificadas de la escritura de disolución y liquidación de la Sociedad Civil, Agrícola y
Comercial Valle Hermoso S.C.A.C., celebrada el 18 de marzo del año 2013 ante el Dr. Luis Vargas
Hinostroza, Notario Séptimo del Cantón Quito, en la que se encuentra agregada como documento
habilitante el acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Valle Hermoso
S.C.A.C., celebrada el día lunes 4 de marzo de 2013, que resuelve por unanimidad “la disolución
anticipada y liquidación de la compañía (…)” (fs. 216 a 223), tales documentos no ponen en
evidencia la “fuerza mayor” alegada por el demandado, pues no se ha demostrado que la plaga de
moluscos en la planta y fruto de la piña hayan imposibilitado la continuación del trabajo del actor, en
consecuencia, la relación laboral entre las partes procesales no terminó por la causal prevista en el
artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo, sino que más bien fueron los accionistas de la
Compañía “Valle Hermoso S.C.A.C.” quienes decidieron liquidar el negocio o la empresa y por tanto
debían dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 193 del Código del Trabajo, que prevé: “Los
empleadores que fueren a liquidar definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con
anticipación de un mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el desahucio. Si por efecto de la
liquidación de negocios, el empleador da por terminadas las relaciones laborales, deberá pagar a los
trabajadores cesantes la bonificación e indemnización previstas en los artículos 185 y 188 de este
Código, respectivamente, sin perjuicio de lo que las partes hubieren pactado en negociación
colectiva. Si el empleador reabriere la misma empresa o negocio dentro del plazo de un año, sea
directamente o por interpuesta persona, está obligado a admitir a los trabajadores que le servían, en
las mismas condiciones que antes o en otras mejores”, en consecuencia siendo esta norma la aplicable
al caso sub examine, la parte empleadora tenía la obligación de comunicar con un mes de anticipación
a sus trabajadores su decisión de liquidar la empresa, a fin de que aquella surta los efectos del
desahucio, más al haber incumplido con esta obligación, la parte demandada debe cancelar al
trabajador, la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio, previstas en los
artículos 188 y 185 del Código del Trabajo.
5.4.3. Se dispone el pago del proporcional de vacaciones únicamente del último período laborado por
constar prueba en el proceso que en los períodos anteriores ha gozado de este derecho, debiendo
descontarse el valor constante en el acta que ha sido cancelado por este concepto.
5.4.4. Se niega el pago de los siguientes rubros:
a) Proporcional de décimo tercero y cuarto sueldos, correspondientes al último período de la relación
laboral, por cuanto consta en el acta de finiquito suscita entre las partes (fs. 20 del cuaderno de primer
nivel), que dichos rubros han sido cancelados. Se debe precisar que en el acta de finiquito se cancela
por cada uno de estos beneficios una cantidad superior, por lo que no existe diferencia en favor del
actor.
b) Horas suplementarias y extraordinarias, por cuanto no obra del proceso constancia que permita
inferir que el actor haya laborado en jornadas del modo que se expresa en la demanda.
c) El pago del triple del equivalente del mes de mayo del 2012 según lo dispuesto en el artículo 94 del
Código del Trabajo, por cuanto consta en el acta de finiquito suscita entre las partes (fs. 20 del
cuaderno de primer nivel), que dicho rubro ha sido cancelado a través de ese instrumento y dado que
los presupuestos esenciales para que surja este pago son de una parte que no se haya efectuado dicho
pago y que para la entrega de esa remuneración haya tenido el accionante que hacer uso de la acción
judicial para su cobro, lo cual no ha ocurrido en el presente caso.
d) Las diferencias salariales, porque ha percibido los salarios básicos unificados vigentes a cada año
de la relación laboral.
e) El pago de los días festivos y de descanso, por cuanto esta pretensión a más de ser indeterminada en
tanto no precisa el actor los días de descanso obligatorio que dice haber laborado, no ha aportado
prueba alguna que demuestre que durante la relación laboral ha trabajado en los días que contempla el
artículo 65 del Código del Trabajo.
f) Utilidades porque el actor no ha demostrado en el proceso que la parte demandada las haya
obtenido conforme a lo previsto en el artículo 104 del Código del Trabajo, en el tiempo que reclama.
g) Transporte, porque este beneficio no está vigente desde el 13 de marzo del 2000 (Registro Oficial
Suplemento N° 34 de 13 de marzo de 2000) y no consta que a pesar de ello se hubiere pactado ese
beneficio en el contrato individual de trabajo o en contrato colectivo, por lo que no es aplicable la
Resolución dictada por la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial N° 393 de 25
de febrero de 2011, que cita el recurrente, pues para que sea procedente el referido pago el actor debió
justificar que se encontraba percibiendo el rubro de transporte al momento de la terminación de la
relación laboral, lo cual no ha ocurrido en la especie.
5.4.6. Liquidación: En cumplimiento de la Resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia,
publicada en el Registro Oficial N° 138 de 1 de marzo de 1999, se procede a cuantificar los rubros que
se ordena pagar en los numerales 5.4.2., 5.4.3 y 5.4.4. de la sentencia.
Fecha de Ingreso: 01 de abril de 2005 (contrato de trabajo).
Fecha de Salida: 29 de mayo del 2012 (acta de finiquito).
Tiempo laborado: 7 años, 1 mes, 28 días.
Última remuneración percibida: USD $ 292 (demanda / acta de finiquito).
Proporcional de vacaciones. Artículo 69 del Código del Trabajo: de 1abril de 2012 a mayo de
2012: USD $ 27,57. Se debe precisar que en el acta de finiquito se cancela por este concepto el valor
de USD $ 14,60, por lo que existe una diferencia a favor del actor de USD $ 12,19.
Indemnización por despido intempestivo. Artículo 188 del Código del Trabajo: USD $ 292 x 8 (la
fracción de año se tiene como completo) = USD $ 2.336,00
Bonificación por desahucio. Artículo 185 del Código del Trabajo: 25% de USD $ 292 x 7 años=
USD $ 511.
En total suman USD $ 2.859,19 menos USD $ 525 (entregados al actor en concepto de bonificación
voluntaria del empleador)= USD $ 2.334,19.
DECISION:
Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR,
Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, casa la
sentencia dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de
los Tsáchilas, el 19 de mayo de 2015 a las 14h17 y aceptando parcialmente la demanda se ordena que
los demandados en la calidad que han sido requeridos, paguen al actor la cantidad de DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 19/100 (USD $ 2.334,19), por concepto de
indemnizaciones. Con intereses en el rubro de vacaciones. Con costas, se regulan los honorarios del
abogado del actor en el 5% del valor que se ordena pagar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
JUEZA NACIONAL
DR. MERCK BENAVIDES BENALCAZAR
JUEZ NACIONAL |
80985784-DFE
Juicio No. 1773120151202
JUEZ PONENTE: DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA, JUEZA NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL. Quito,
viernes 17 de agosto del 2018, las 09h57. VISTOS: ANTECEDENTES:
a) Relación circunstanciada de la decisión impugnada: En el juicio oral de trabajo seguido por
Omar Iván Males Narváez en contra de James William Brown Hidalgo, en su calidad de
Representante Legal de Valle Hermoso Sociedad Civil Agrícola y Comercial; y, de Eduardo Efraín
León Levoyer, como Presidente de la Junta de Accionistas; el actor interpone recurso de casación de
la sentencia de mayoría dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de
Santo Domingo de los Tsáchilas, el 19 de mayo de 2015, a las 14h17, que niega el recurso de
apelación del actor por falta de sustento y confirma la sentencia subida en grado que desecha la
demanda.
b) Actos de sustanciación del recurso: Mediante auto de 29 de julio de 2015, las 08h58, la doctora
María Teresa Delgado Viteri, Conjueza de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de
Justicia, admite a trámite el recurso de casación interpuesto.
c) Cargos admitidos: El recurso fue admitido por las causales primera y tercera del artículo 3 de la
Ley de Casación.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL:
PRIMERO: Competencia: Este Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional
de Justicia, conformado por la doctora María Consuelo Heredia Yerovi, doctor Merck Benavides
Benalcázar y doctora Katerine Muñoz Subía (ponente), es competente para conocer y resolver el
recurso de casación de conformidad con las Resoluciones Nº 0042012 de 26 de enero de 2012; N°
012018 de fecha 26 de enero de 2018; y, N° 042017 publicada en el Suplemento N° 1 del Registro
Oficial N° 962 de 14 de marzo de 2017; y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 numeral 1 de
la Constitución de República, que dispone: “Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia,
además de las determinadas en la ley, las siguientes: 1. Conocer los recursos de casación, de revisión
y los demás que establezca la ley.”, artículo 184 del Código Orgánico de la Función Judicial, que
prescribe: “Las diferentes salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia conocerán los
recursos de casación y revisión en las materias de su especialidad y los demás asuntos que se
establecen en la ley.”; artículo 191 numeral 1 ibídem, que establece: “La Sala Especializada de lo
Laboral conocerá: 1. Los recursos de casación en los juicios por relaciones laborales nacidas del
contrato individual de trabajo”; en concordancia con el artículo 1 de la Ley de Casación, el artículo
613 del Código del Trabajo; y, del acta de sorteo cuya razón obra a fs. 13 del cuaderno de casación.
SEGUNDO. Fundamentos del recurso de casación: . La parte actora considera que en la sentencia
de segunda instancia se han infringido las siguientes normas: artículos 11, 33, 326 numerales 2, 3, 4,
11, 328 incisos primero, cuarto, quinto y sexto, 424 numerales 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de la Constitución de
la República; artículos 1, 2 numeral 1, 8, 23 numerales 1, 2, 3; 24 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; artículo 3 del Convenio 169 de la OIT; artículos 1, 4, 5, 173, 181, 184, 185, 186,
187, 188, 193 y 595 del Código del Trabajo; artículos 14 y 19 del Reglamento Interno de Trabajo de
Valle Hermoso, Sociedad Civil, Agrícola y Comercial; artículos 113 inciso primero, 114, 115, 116,
117, 121, 125 inciso primero, 131 primera parte del Código de Procedimiento Civil; y, artículos 4 y 5
del Código Orgánico de la Función Judicial. Fundamenta sus acusaciones en las causales primera y
tercera del Art. 3 de la Ley de Casación.
TERCERO. Del recurso de casación: La casación es un recurso extraordinario, de alta técnica
jurídica, formal y excepcional, que tiene por objeto impugnar la sentencia o autos recurridos que
pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las Cortes Provinciales o por los Tribunales
Distritales, debiendo cumplir con los requisitos determinados en la Ley de Casación, para su
calificación, admisión y procedencia. Tiene como finalidad el control de legalidad de las sentencias de
instancia para la defensa de la normativa jurídica objetiva y por tanto de la seguridad jurídica, la
unificación de la jurisprudencia y la reparación de los agravios que pudiere ocasionar a las partes
procesales una decisión judicial que infrinja las disposiciones jurídicas aplicables. Al respecto, el
tratadista Santiago Andrade Ubidia, al abordar sobre el recurso de casación, refiere que sus finalidades
pueden ser: “…de naturaleza pública, la defensa del derecho objetivo y la unificación de la
jurisprudencia; hay otro interés adicional, de naturaleza privada, el procurar la reparación de los
agravios inferidos a las partes por el fallo recurrido…” (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade y
Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 35). Por su parte, la Corte Constitucional del Ecuador, ha
manifestado: “La citada institución como mecanismo procesal de impugnación, conforme lo
determina la Constitución de la República compete a la Corte Nacional de Justicia, y tiene por objeto
analizar si en la sentencia existen violaciones a la ley sustantiva o procesal, por incurrir en
cualquiera de las causales mencionadas en el artículo 3 de la Ley de Casación. Así, el papel que
cumple el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria, al ser el tribunal de casación, es
fundamental, ya que realiza 'el control del derecho en actividad de los jueces, que éstos, en el
desempeño de sus actividades específicas de administrar justicia, actúen con estricto sometimiento al
ordenamiento legal'. (…) Así pues, la finalidad del recurso de casación es la de otorgar certeza y
seguridad jurídica, como la igualdad ante la ley, que puede darse principalmente manteniendo la
estabilidad de las decisiones judiciales de última instancia, las cuales deben surgir como producto de
una correcta interpretación y aplicación de la norma. De manera que el recurso tiene como objetivos
inmediatos y principales, la uniformidad de la jurisprudencia, dotar de seguridad jurídica a la
sentencia, la observancia de la legalidad, propio de los Estados constitucionales de derecho y
justicia”. (Sentencia de N° 16116SEPCC. Caso Nº 179213EP, de 18 de mayo de 2016, p. 11 y
12). Al respecto se debe precisar que, el reconocimiento del Ecuador como un Estado constitucional
de derechos y justicia, consagró cambios profundos en cuanto a la organización y funcionamiento de
las instituciones que lo conforman, así la Función Judicial a través de juezas y jueces tiene la
obligación de efectivizar los derechos de los justiciables y dar vida a los principios constitucionales
que rigen la actividad judicial y los que informan la sustanciación de los procesos.
CUARTO. ANÁLISIS DEL RECURSO INTERPUESTO: Este Tribunal considera importante
previo a resolver los cargos formulados, realizar las siguientes precisiones:
a) Con relación a las normas que la parte actora y recurrente estima infringidas se evidencia que en el
recurso de casación propuesto se ha citado un número amplio de disposiciones jurídicas, sin embargo,
algunas de ellas han quedado únicamente enunciadas, sin que del texto de recurso se evidencie la
fundamentación de las acusaciones propuestas, conforme lo dispone la Ley de Casación; no obstante
lo señalado, este Tribunal, en observancia del principio de preclusión de la fase de admisibilidad,
resolverá el recurso extraordinario de casación, en atención al auto dictado por la Conjueza de la Sala
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia; los problemas jurídicos planteados; y, en virtud del
principio de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 75 de la Constitución de la República, en
concordancia con el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, que en términos
generales constituye el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para
que a través del debido proceso y con unas garantías mínimas, obtenga una decisión fundada en
derecho sobre las pretensiones propuestas (Cfr. Sentencia N° 00613SEPCC, caso N° 061412EP,
Corte Constitucional del Ecuador).
b) El examen de las causales de casación invocadas por el recurrente en contra de la sentencia
impugnada, se analizarán y resolverán observando la técnica jurídica de casación que recomienda el
orden lógico que debe aplicar el juzgador al momento de analizar aquellas, en tal virtud, se examinará
en primer lugar la causal tercera y luego la primera, una y otra que se refieren a vicios in iudicando.
4.1. ACUSACIONES CON CARGO A LA CAUSAL TERCERA DEL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE CASACION. La parte recurrente al amparo de esta causal acusa al tribunal ad quem
incurrir en los siguientes yerros:
a) Falta de aplicación de los artículos 113 inciso primero, 114, 115, 116, 117, 121 del Código de
Procedimiento Civil, al no valorar el acta de finiquito de 29 de mayo de 2012, en la que dice
textualmente “NO CONFORME”, ya que en la misma no consta que le hayan cancelado el desahucio
y el despido intempestivo; y, el comunicado de la Gerencia General de Valle Hermoso de 30 de mayo
de 2012, mediante el cual el empleador ingeniero JAMES WILLIAN BROWN HIDALGO le despidió
intempestivamente, lo que devino en la negativa de pago de la indemnización por despido
intempestivo y bonificación por desahucio, previstas en los artículos 188 y 185 del Código del
Trabajo, así como del rubro por transporte previsto en la cláusula tercera del contrato de trabajo.
b) Errónea interpretación de las normas procesales contenidas en los artículos 113 inciso primero,
114, 115, 116, 117, 121, 125 inciso primero, 131 inciso primero, 164, 165, 166, 167 del Código de
Procedimiento Civil, al no valorar la confesión ficta de los demandados, con la cual en su criterio
justifica el despido intempestivo, vulnerando de esta forma los artículos 581 inciso cuarto del Código
del Trabajo, en concordancia con el artículo 125 inciso primero, 131 inciso primero del Código de
Procedimiento Civil, así como los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo.
4.1.1. Problemas jurídicos a resolver: De conformidad con el planteamiento del recurso y cargos
admitidos a trámite, corresponde resolver los siguientes problemas jurídicos:
4.1.1.1. Dilucidar si el tribunal ad quem incurrió en falta de aplicación de los artículos 113 inciso
primero, 114, 115, 116, 117, 121 del Código de Procedimiento Civil, al no valorar el acta de finiquito
de 29 de mayo de 2012, el comunicado de la Gerencia General de Valle Hermoso de 30 de mayo de
2012, lo que devino en la negativa de pago de la indemnización por despido intempestivo y
bonificación por desahucio, previstas en los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo, así como del
rubro por transporte previsto en la cláusula tercera del contrato de trabajo.
4.1.1.2. Establecer si los jueces de segunda instancia incurrieron en errónea interpretación de las
normas procesales que señala en su recurso, al no valorar la confesión ficta de los demandados, con la
cual en su criterio justifica el despido intempestivo, vulnerando de esta forma los artículos 581 inciso
cuarto del Código del Trabajo, en concordancia con el artículo 125 inciso primero, 131 inciso primero
del Código de Procedimiento Civil, así como los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo.
4.1.2. Consideraciones de la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación: La causal tercera
del artículo 3 de la Ley de Casación, a su tenor, expresa: “Aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre
que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la
sentencia o auto”. Esta causal, conocida en doctrina como violación indirecta de norma, busca
determinar si en sentencia se produjeron dos infracciones, la primera de una norma de valoración de la
prueba y la segunda de una disposición de derecho afectada como consecuencia de la primera
infracción. Para casar una sentencia por la causal tercera, es necesario demostrar que se ha
transgredido una norma concreta y determinada relativa a la valoración de la prueba, o que la
conclusión es arbitraria, contraria a las reglas de la lógica y de la experiencia, lo cual ha conducido a
una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho sustantivo en el fallo
impugnado, lo cual de ningún modo implica que este Tribunal de casación tenga la atribución de
apreciar nuevamente la prueba practicada en el proceso, pues aquella es una facultad exclusiva de los
órganos jurisdiccionales de primer y segundo nivel.
4.1.3. Examen de los cargos:
4.1.3.1. Primer problema jurídico: Dilucidar si el tribunal ad quem incurrió en falta de
aplicación de los artículos 113 inciso primero, 114, 115, 116, 117, 121 del Código de
Procedimiento Civil, al no valorar el acta de finiquito de 29 de mayo de 2012, el comunicado de
la Gerencia General de Valle Hermoso de 30 de mayo de 2012, lo que devino en la negativa de
pago de la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio, previstas en
los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo, así como del rubro por transporte previsto en la
cláusula tercera del contrato de trabajo.
4.1.3.1.1. Previo a emitir un pronunciamiento sobre los cargos formulados al amparo de la causal
tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, este Tribunal realiza las siguientes observaciones:
a) La “falta de aplicación” de normas procesales, se produce en el momento que quien juzga no
aplica las disposiciones legales regulativas de la valoración de la prueba previstas en el ordenamiento
jurídico, denominándose este error como de omisión.
b) Al respecto, resulta relevante precisar que la valoración de la prueba es una actividad reservada a
los jueces de instancia, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia
N° 10113SEPCC, caso No. 04032013EP, que fue publicada en el Registro Oficial No. 161 de 14
de enero de 2014 y en la cual entre otros aspectos precisa: “Entonces, al ser el recurso de casación de
carácter extraordinario la Corte Nacional de Justicia no tiene la facultad para valorar la prueba o
estudiar los argumentos sostenidos por las partes durante la sustanciación de la causa pues, es un
recurso que se fundamenta en el análisis sobre la legalidad de la sentencia recurrida. Al respecto,
existen varios pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, en el sentido de que la
casación, al ser un recurso extraordinario, debe cumplir con ciertos condicionamientos tanto para su
presentación y su resolución y parte de ellos no es la valoración de la prueba...”, criterio emitido por
el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia en esa materia,
que ha establecido el límite de actuación de los jueces casacionistas, en cuanto a la valoración de la
prueba, la misma que pertenece en forma exclusiva a los jueces de instancia; ahora bien, este límite
tiene una salvedad y es precisamente cuando como resultado de dicha valoración se hayan
contravenido los parámetros de racionalidad y objetividad, deviniendo la conclusión en absurda o
arbitraria.
4.1.3.1.2. Ahora bien, las normas que el casacionista considera infringidas por falta de aplicación son:
a) El artículo 113 del Código de Procedimiento Civil, que prevé la obligación del actor de probar los
hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, mientras que el demandado no está obligado a
producir pruebas, si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa; y, el artículo 114
Ibídem, que establece la obligación que tiene cada parte de probar los hechos que alega; normas
procesales que no se hallan en el ámbito de las disposiciones jurídicas que están relacionadas con la
valoración de la prueba, como de manera equivocada sostiene el recurrente, pues de su lectura se
desprende que no contienen un precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba que deba ser
observado por los órganos jurisdiccionales competentes al momento de apreciar el acervo probatorio,
de esta manera no procede el cargo de falta de aplicación de los artículos 113 y 114 del Código de
Procedimiento Civil.
b) El artículo 116 del Código de Procedimiento Civil, señala que “Las pruebas deben concretarse al
asunto que se litiga y a los hechos sometidos al juicio”; y, el artículo 117 Ibídem, prevé: “Sólo la
prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo
con la ley, hace fe en juicio.”, en el caso sub examine, este Tribunal una vez analizada la decisión
recurrida, no evidencia que se hayan practicado pruebas extrañas al asunto controvertido o que de
alguna manera hubieren contrariado el marco constitucional y legal, por lo que se niega el cargo
propuesto en contra de las normas jurídicas invocadas.
c) El artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “La prueba deberá ser apreciada en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en
la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. La jueza o el juez tendrá obligación de
expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas”, norma valorativa de la
prueba, en cuanto establece la obligatoriedad de los jueces de instancia, al momento de cumplir el
proceso de valoración de la prueba, de verificar la eficacia de la misma y aplicar el principio de la
unidad de la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Respecto al principio de unidad de la
prueba, Hernando Devis Echandía señala: “Generalmente la prueba que se aporta a los procesos es
múltiple: a veces los medios son diversos (testimonios, indicios, documentos, etc.); generalmente hay
varias pruebas de una misma clase (varios testimonios o documentos, etc.). Significa este principio
que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad, y que, como tal, debe ser examinado y
apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o
discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”. (Compendio de
Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas judiciales, séptima edición, Editorial ABC, Bogotá, 1982, p. 16 y
17); de modo que juezas y jueces al momento de valorar la prueba deben hacerlo aplicando el
principio de la unidad de la prueba y el sistema de las reglas de la sana crítica, que ha decir de
Eduardo J. Couture: “Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del
juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea
de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en los que no es lisa y llana)
con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El juez que debe decidir
con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente.
Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la
lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar
esos preceptos (…) tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento” (Fundamentos del
Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Argentina – Buenos Aires, Tercera edición, 1958, pp.
270271). Por su parte, el artículo 121 Ibídem, luego de enumerar los medios probatorios que son
admisibles en el sistema procesal, señala “…Estos medios de prueba serán apreciados con libre
criterio judicial según las circunstancias en que hayan sido producidos...”, lo que implica que la
decisión judicial debe ser el resultado de deducciones lógicas y pertinentes a partir de hechos fijados
con certeza; por lo tanto, la apreciación de la prueba, no puede estar exenta de pautas y directrices de
rango objetivo, de tal forma que para que se declare un hecho como probado es necesario el pleno
convencimiento del juez no bastando la mera probabilidad.
4.1.3.1.3. En contexto, el recurrente acusa que los jueces de segunda instancia no han valorado el acta
de finiquito de 29 de mayo de 2012 y el comunicado de la Gerencia General de Valle Hermoso de 30
de mayo de 2012, por lo que con el objeto de confrontar las acusaciones formuladas por el recurrente
con la sentencia pronunciada por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, este Tribunal procede a revisar el contenido de la misma,
observando que en el considerando octavo el órgano jurisdiccional ha valorado los documentos
mencionados por el casacionista, así, al referirse al acta de finiquito que obra de fs. 24 del expediente
y luego de citar el artículo 595 del Código del Trabajo que establece la posibilidad de impugnar el
documento de finiquito y más normas constitucionales, legales y supraconstitucionales, ha
manifestado que todo acuerdo entre las partes en materia laboral constituye una forma legítima de
poner fin a la relación de trabajo de conformidad con lo previsto en el artículo 169.2 del Código de la
materia. En relación al comunicado de la Gerencia General de Valle Hermoso de 30 de mayo de
2012, el tribunal ad quem ha precisado que el mismo se encuentra adjuntado al proceso en copia
simple (fs. 230) y que por sí solo no hace prueba, al no ser reconocido por quien presuntamente lo
suscribe. En cuanto a los gastos de transporte reclamados por el actor, se observa que el tribunal ad
quem en el considerando noveno ha señalado que tal pretensión no se encuentra probada, de lo cual se
colige como consecuencia lógica la negativa de pago. De lo manifestado se concluye que la acusación
de falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba previstos en
los artículos 115, 116, 117, y 121 del Código de Procedimiento Civil, devienen en improcedentes, y
por tanto tampoco se han infringido las normas sustantivas señaladas por el recurrente en su recurso.
4.1.3.2. Segundo problema jurídico: Establecer si los jueces de segunda instancia incurrieron en
errónea interpretación de las normas procesales que señala en su recurso, al no valorar la
confesión ficta de los demandados, con la cual en su criterio justifica el despido intempestivo,
vulnerando de esta forma los artículos 581 inciso cuarto del Código del Trabajo, en
concordancia con el artículo 125 inciso primero, 131 inciso primero del Código de
Al amparo de la misma causal el actor en el acápite cuarto numeral 4.8. del recurso alega que existe
“errónea interpretación” de las normas procesales contenidas en los artículos 113 inciso primero,
Procedimiento Civil y en líneas posteriores, en acápite 4.9. acusa la “falta de aplicación” de las
mismas disposiciones legales, diferenciándose únicamente en lo que se refiere a los artículos 125 y
131 de la norma adjetiva civil. Frente a esta circunstancia, este Tribunal manifiesta que respecto de
unas mismas normas o preceptos es improcedente alegar simultáneamente dos o tres formas de
quebranto, como ocurre en la especie, pues la “falta de aplicación” y la “errónea interpretación” de
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, corresponden a conceptos distintos y aún
incompatibles, pues es imposible que al mismo tiempo se haya dejado de aplicar e interpretado de
manera errónea los mismos preceptos legales, en este sentido el tratadista Humberto Murcia Ballén
manifiesta: “… por cuanto las diferentes causales de casación corresponden a motivos o
circunstancias disímiles, son por ende autónomas e independientes, tienen individualidad propia y, en
consecuencia, no es posible combinarlas para estructurar en dos o más de ellas un mismo cargo, ni
menos pretender que el mismo cargo pueda formularse repetidamente dentro de la órbita de causales
distintas” (Recurso de Casación Civil, Sexta edición, Bogotá, 2005, p. 280). En este sentido, varios
fallos de triple reiteración de la Corte Suprema de Justicia, establecen que: “No se pueden invocar al
mismo tiempo y respecto de una misma norma jurídica falta de aplicación, indebida aplicación y
errónea interpretación pues éstos son vicios excluyentes e incompatibles” (Jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia del Ecuador. Tomo I, Consejo Nacional de la Judicatura, Quito, 2004, pp. 13, 14,
15, 16 y 17), no obstante la incorrección en la fundamentación del recurso y tomando en
consideración que el mismo ha sido admitido a trámite, este Tribunal resolverá esta acusación en
virtud del principio de tutela judicial efectiva, y para el efecto, establece que la pretensión central del
recurrente se centra en la falta de valoración de la confesión ficta de los demandados, sin embargo, de
la lectura de la sentencia se evidencia que los jueces de segunda instancia analizaron dicho medio
probatorio en el considerando octavo letra d) del fallo pronunciado, es más se consta que la misma fue
valorada en conjunto con las demás pruebas que obran del proceso, debiendo este Tribunal de
casación agregar que en caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes queda a criterio
del juez entender que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas siempre y cuando
se cumplan los siguientes presupuestos: que las preguntas no contravinieren la ley y que se refieran al
asunto o asuntos materia del litigio; razones por las que no proceden los cargos formulados por el
recurrente al amparo de la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.
4.2. ACUSACIONES CON CARGO A LA CAUSAL PRIMERA DEL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE CASACION.
El recurrente al amparo de esta causal acusa al tribunal haber incurrido en falta de aplicación de las
siguientes normas jurídicas: artículos 326 numerales 2, 3, 4 y 11; y, 328 incisos primero, cuarto,
quinto y sexto de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 4 del Código del
Trabajo; artículos 1, 2 numeral 1, 8, 23 numerales 1, 2, 3, artículo 24 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; artículo 3 del Convenio 169 de la OIT,; artículos 1, 4, 5, 173, 181, 184, 186, 187,
193 y 595 del Código del Trabajo; artículos 14 y 19 del Reglamento Interno de Trabajo de Valle
Hermoso, Sociedad Civil Agrícola y Comercial, y de los precedentes jurisprudenciales que cita en su
recurso, fundamento jurídico que en su criterio justifica la impugnación del acta de finiquito y valida
su pretensión de percibir la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio,
previstas en los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo, respectivamente.
4.2.1. Problema jurídico a resolver: De conformidad con el planteamiento del recurso y cargos
admitidos a trámite, corresponde determinar si el tribunal ad quem infringió las normas que el
recurrente señala en su recurso, al negar la impugnación del acta de finiquito y desconocer su derecho
a recibir la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio previstas en los
artículos 188 y 185 del Código del Trabajo, respectivamente.
4.2.2. Consideraciones sobre la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. Esta causal
se configura en los casos de: “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de
normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto,
que hayan sido determinantes de su parte dispositiva”; es decir que está reservada a los errores de
juzgamiento conocidos como “in iudicando”, cuando se acusa a la sentencia de violación directa de la
norma sustantiva o de precedentes jurisprudenciales obligatorios en donde los reproches probatorios
son inadmisibles, pues ocurre cuando no se ha subsumido adecuadamente los hechos fácticos
probados y admitidos, dentro de la hipótesis normativa a la que corresponden. Los tres tipos de
transgresiones a las normas sustantivas que prevé esta causal son: a) Aplicación indebida, que se
configura cuando la norma ha sido entendida rectamente en su alcance y significado, más se la ha
utilizado para un caso que no es el que ella contempla y que según Humberto Murcia Ballén: “Emana,
pues, la indebida aplicación, no del error sobre la existencia y validez de la ley, sino del yerro en que
incurre el juzgador al relacionar la situación fáctica controvertida en el proceso y el hecho
hipotetizado por la norma que aplica” (Recurso de Casación Civil, 4ta Edición, Ediciones Jurídicas
Gustavo Ibañez, Vocatio in Ius, Bogotá, 1966, p. 322), en este sentido, la Primera Sala de lo Civil y
Mercantil, manifestó: “Cuando el Juzgador entiende rectamente la norma, pero la aplica a un
supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella. Incurre de esta manera en un error
consistente en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido”. (Corte Suprema de
Justicia. Sala de lo Laboral y Social Dr. Santiago Andrade, La Casación Civil en el Ecuador, Andrade
y Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 183). b) Falta de aplicación, se produce en el momento
que quien juzga no aplica la norma que corresponde al caso que se está litigando, por lo que se conoce
a este error como de omisión; de ahí que la misma Primera Sala de lo Civil y Mercantil al referirse a
esta clase de transgresión expresó: “Cuando el juzgador deja de aplicar en el caso controvertido
normas sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrían determinado que la
decisión en la sentencia sea distinta a la acogida”. (ob. cit. p. 183); y, c) Errónea interpretación, que
tiene lugar cuando siendo la norma cuya transgresión se señala la pertinente para el caso, quien juzga
le da un sentido y alcance que no tiene, que es contrario al espíritu de la ley y por ello La Sala de lo
Civil y Mercantil referida señaló que se produce en este vicio de juzgamiento: “Cuando el juzgador
incurre en un yerro de hermenéutica jurídica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y
alcance que no tiene” (ob. cit. p. 183). En este sentido Humberto Murcia Ballén expresó: “Muy
distinta a las dos anteriores es la esencia de la violación por interpretación errónea de la ley. No se
trata, en esta clase de quebranto, como ocurre en las dos atrás analizadas, de un yerro de 'diagnosis
jurídica', o de uno de relación entre el hecho específico concreto y el hecho hipotetizado por la
norma jurídica, sino de un error acerca del contenido de ésta”. (ob. cit. p. 324). Por tanto, quien
interpone un recurso de casación debe tener presente al momento de fundamentarlo que toda norma
sustancial tiene dos partes: un supuesto y una consecuencia y de no contenerlo se complementa con
otra u otras normas, para así formar una proposición jurídica completa en la que se distinga
claramente el supuesto de hecho y por tanto el efecto jurídico respectivo, y que sobre ello el doctor
Santiago Andrade Ubidia sostuvo: “Respecto a la causal primera, también es imprescindible realizar
la 'proposición jurídica completa': no es suficiente señalar una norma de derecho sustantivo, sino que
deberá examinarse si ella contiene una proposición jurídica”. (ob. cit. p. 203) y para que ello ocurra
es necesario que se precisen todas las disposiciones legales que la constituyen; de modo que si se
fundamenta el Recurso en esta causal se debe puntualizar el vicio o yerro, teniendo en cuenta que
éstos son independientes y se excluyen entre sí, y al no identificarlo o escoger el incorrecto, el recurso
puede no surtir los efectos que la o el recurrente espera.
4.2.3. Examen de los cargos: Determinar si el tribunal ad quem infringió las normas que el
recurrente señala en su recurso, al negar la impugnación del acta de finiquito y desconocer su
derecho a recibir la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio
En relación a la disposición constitucional 326.11 invocada por el recurrente, esto es la transacción en
materia laboral, se debe precisar que en nuestro ordenamiento jurídico en un primer momento esta
forma de dar por terminado los litigios laborales fue utilizada en el derecho colectivo, para a
posteriori, elevarse a rango constitucional en el tercer bloque de reformas a la Constitución publicadas
en el Registro Oficial 863 de 16 de enero de 1996, que reformó el artículo 31 de la Norma Suprema
(publicada en el Registro Oficial 183 de 5 de mayo de 1993) al disponer: “… a continuación del
literal 'ch' añádase otro que diga 'Será válido la transacción en materia laboral siempre que no
implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente'.”
En similar sentido, dentro de los principios que estructuran el Derecho al Trabajo, la Constitución de
la República vigente, establece en el artículo 326 numeral 11, que: “El derecho al trabajo se sustenta
en los siguientes principios: 11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no
implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente”, lo cual
evidencia la intensión del constituyente de admitir la transacción en asuntos laborales que permita
una solución eficaz y directa a controversias en esta materia, pero protegiendo los derechos de los
trabajadores para que bajo ningún concepto se transe en desmedro de los mismos.
En este contexto, cabe advertir que el artículo 169 del Código Laboral, prevé entre otras formas de
terminar el contrato individual de trabajo, la determinada en el numeral 2, que dice: “Por acuerdo de
las partes”, es decir, cuando exista consenso de las voluntades del empleador y del empleado en dar
por terminada la relación laboral, caso en el cual se suscribirá un acta de finiquito en donde deberá
constar el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos y beneficios pendientes a favor del
trabajador, así como el hecho de habérselo satisfecho, sin que por tanto se produzca renuncia alguna
de los mismos.
Por su parte, el Código del Trabajo no define al acta de finiquito, sin embargo en el artículo 595
Ibídem, al referirse a la impugnación del documento de finiquito indica: “El documento de finiquito
suscrito por el trabajador podrá ser impugnado por éste, si la liquidación no hubiere sido practicada
ante el inspector del trabajo, quien cuidará que sea pormenorizada”, de modo que, la institución de
impugnación del documento de finiquito es una de las garantías de tutela de los derechos de la o el
trabajador cuando el indicado documento inobserva la norma en referencia. La Corte Suprema y Corte
Nacional de Justicia, en reiterados fallos ha determinado que el acta de finiquito es impugnable no
solamente en los casos descritos del artículo 595 del Código del Trabajo, sino además cuando se
acreditare que hubo vicio del consentimiento de cualesquiera de los suscribientes de ella o cuando se
demuestre que los valores que se entregan al trabajador, implican una renuncia de sus derechos
(Gacetas Judiciales LXXXVIII, Serie XV N° 2, p.429; XCV, Serie XVI N° 4, p. 943; LXXXIX, Serie
XV N° 6, p. 1669; XCVI, Serie XVI N° 6, p. 1642; XCVI Serie XVI N° 7, p. 1929; I, Serie XVIII,
N° 11, p. 4118), pues la administración de justicia no puede soslayar lo dispuesto por el artículo 326
numeral 2 de la Constitución de la República, sobre la irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos,
en concordancia con lo previsto en el artículo 4 del Código del Trabajo.
De lo expuesto se deduce que la normativa constitucional estableció la institución de la transacción sin
afectar las causas contempladas en la Ley (artículo169 del Código de la materia) para dar por
terminado el contrato de trabajo, entre las cuales consta el acuerdo de las partes, que se perfecciona
con la suscripción del acta de finiquito, misma que a su vez puede ser impugnada según lo previsto en
el artículo 595 del Código del Trabajo y lo señalado en la jurisprudencia, si no fuere suscrita ante el
Inspector del Trabajo, funcionario administrativo que está obligado a prestar a los trabajadores
oportuna y debida atención para la garantía y eficacia de sus derechos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5 del Código Laboral; o, si no fuere pormenorizado, entendiéndose la
pormenorización, no solamente en el aspecto formal, sino sobre todo en el contenido esencial, de los
derechos del trabajador, o sea que la denominada acta de finiquito comprenda a todos esos derechos,
sin excepción alguna, al extremo que si algún derecho, por error, por desconocimiento de la ley o de
un contrato, olvido u otro motivo cualquiera, no se hubiese hecho constar en el finiquito, el trabajador
no pierde tal derecho y conserva la facultad de impugnar el finiquito y obtener que se rectifique el
error o errores u omisiones que se hayan cometido en el acta de liquidación.
Ahora bien, en el caso sub examine, se observa que la impugnación presentada por el actor al acta de
finiquito al sostener que no se le han reconocido todos sus derechos laborales, particularmente la
indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio, ha sido analizada por el
tribunal ad que, en el considerando octavo de la sentencia dictada, en la que se expresa que todo
acuerdo de las partes en materia laboral constituye una forma legítima de poner fin a la relación de
trabajo de conformidad con el artículo 169.2 del Código de la materia y agrega “…respecto a la
impugnación sobre el monto de la liquidación como se observa no refleja conculcación de este rubro
que reclama el trabajador, porque es un contrasentido, un acuerdo de voluntades para poner fin a la
relación laboral y posteriormente alegar el despido”. De lo cual se advierte que la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, no analiza la
real causa de la terminación de la relación laboral, que se expresa en la voluntad del empleador de
terminar el negocio y liquidar definitivamente la empresa, dada la grave situación que se indica
atraviesa la misma, como consecuencia de la plaga de caracol en los cultivos de piña, decisión de
liquidación que según el empleador ha sido por fuerza mayor, pero que en su procedimiento ha
inobservado los artículos 193 del Código del Trabajo y 595 Ibídem, en concordancia con el artículo
326.11 de la Constitución de la República del Ecuador. Consecuentemente, esta Sala encuentra
procedente el recurso de casación deducido por Omar Iván Males Narváez, fundamentado en la
causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por lo que en mérito de lo dispuesto en el artículo
16 de la misma Ley, le corresponde a este tribunal dictar sentencia en mérito de los autos.
QUINTO: SENTENCIA EN MERITO DE LOS AUTOS.
Este Tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con la declaratoria de
procedencia del recurso de casación y en atención al principio dispositivo, realiza el análisis en torno a
las cuestiones de fondo alegadas por el actor en su demanda laboral que contiene la impugnación al
acta de finiquito suscrita el 29 de mayo de 2012.
5.1. Validez procesal. El expediente se ha tramitado respetando las garantías básicas del debido
proceso, con sujeción al trámite preestablecido, y sin omisión de solemnidad sustancial que pueda
influir en la decisión, por lo que se declara su validez.
5.2. Consideraciones relevantes de orden constitucional:
5.2.1. Nuestro ordenamiento constitucional es claro en señalar normas y principios mínimos que
deben ser respetados dentro de un proceso en donde se determine el reconocimiento de derechos y
obligaciones, pues la Norma Suprema aprobada en el año 2008 reconoce al Ecuador como un Estado
Constitucional de derechos y justicia, y tiene como deber primordial garantizar sin ningún tipo de
discriminación, el goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución y en instrumentos
internacionales; por lo tanto, su más alto deber consiste en respetar y hacer respetar los derechos
constitucionales que son de aplicación directa e inmediata, sin que para su ejercicio deban exigirse
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución, o falta de norma para justificar
su violación (artículos 1 y 11 de la Constitución de la República).
5.2.2. El artículo 167 de la Constitución de la República señala que la potestad de administrar justicia
emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y
funciones establecidos en la Constitución; el 169 Ibídem, prevé que el sistema procesal esto es, el
conjunto de reglas que sirven para la tramitación de una controversia judicial es un medio para la
realización de la justicia, por lo tanto las normas procesales además de consagrar los principios de
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, harán efectivas las
garantías del debido proceso, precisando que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de
formalidades, pues en el Estado constitucional de derechos y justicia, no es admisible que se afecten
los derechos del justiciable por la existencia de vicios o defectos formales en la presentación de
peticiones, demandas y recursos (Cfr. Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N° 00315SCN
CC, Caso N° 046012CN)
5.2.3. El artículo 75 de la Constitución de la República, garantiza a las personas el derecho de acceso
gratuito a la justicia y tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses; y, el artículo
172 Ibídem, determina que juezas y jueces deben administrar justicia con sujeción al texto
constitucional, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley; en este sentido el
artículo 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, al referirse al principio de imparcialidad, prevé
que la actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial debe ser imparcial, respetando la
igualdad ante la ley. Señala también que en todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán
resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base
de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes.
Por su parte la Corte Constitucional del Ecuador, al referirse a la tutela judicial efectiva, imparcial y
expedita de los derechos e intereses de las personas, ha señalado: “A la hora de definir e interpretar el
alcance de la tutela jurisdiccional efectiva, se podría indicar en términos generales que este
constituye el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a
través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una decisión
fundada en derecho, sobre las pretensiones propuestas”. (El énfasis fuera del original). (Corte
Constitucional del Ecuador. Sentencia N° 00613SEPCC, Caso N° 61412EP). Por lo tanto, jueces
y tribunales al resolver, deben atenerse a los puntos controvertidos que han sido sometidos oportuna y
debidamente a la decisión judicial, a fin de cumplir con el principio de congruencia, que implica que
la sentencia debe proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las pretensiones y excepciones
oportunamente presentadas en el proceso judicial, a fin de que exista identidad jurídica entre lo pedido
y lo resuelto.
5.2.4. Cabe señalar que la tutela judicial efectiva como el derecho de acceso a la justicia y de
protección de los derechos y garantías ciudadanas, tendientes a materializar en forma real sus derechos
individuales y sociales, objetivo que se cumple a través del principio de interdependencia que lo
vincula con el derecho al debido proceso, que es transversal a todo el ordenamiento jurídico, por
cuanto garantiza la protección de otros derechos constitucionales, encaminados principalmente a
tutelar que todas las personas cuenten con un proceso justo y para ello se demanda la existencia de un
sistema jurídico válido y eficaz, que cuente con normas previas, claras y públicas que lleven a la
praxis la denominada seguridad jurídica. El derecho al debido proceso consagrado en el artículo 76 de
la Constitución de la República del Ecuador señala: "En todo proceso en el que se determinen
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá
las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial,
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes….". La Corte Constitucional
del Ecuador, se ha pronunciado en varias ocasiones respecto a la naturaleza del derecho al debido
proceso, en los siguientes términos: " ... en relación al derecho al debido proceso plasmado en el
artículo 76 de la Constitución de la República, se muestra como un conjunto de garantías con las
cuales se pretende que el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o administrativo se
sujeten a reglas mínimas, con el fin de proteger los derechos garantizados por la Carta Suprema,
constituyéndose el debido proceso en un límite a la actuación discrecional de los jueces. Por tanto,
no es sino aquel proceso que cumple con las garantías básicas establecidas en la Constitución, y que
hace efectivo el derecho de las personas a obtener una resolución de fondo, basada en derecho".
(Sentencia N° 003409SEPCC, de 9 de diciembre de 2009).
5.2.5. Como parte esencial de los principios que forman parte del derecho al debido proceso se
encuentra la motivación de las sentencias, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal l) de la
Constitución de la República, que prevé: “En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las
siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes
garantías: l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados”, norma concordante con el artículo 130.4 del Código
Orgánico de la Función Judicial, que establece como una facultad jurisdiccional esencial de las juezas
y jueces, motivar sus decisiones. Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador, ha expresado que
para que una sentencia se encuentre debidamente motivada, se precisa la concurrencia de tres
elementos como requisitos indispensables: razonabilidad; lógica; y, comprensibilidad; entendiéndose:
“(...) razonable, en el sentido de que la decisión se fundamente en lo dispuesto en la Constitución de
la República; lógica, en lo que respecta a que la misma contenga una estructura coherente, en la cual
el operador de justicia, mediante la contraposición entre elementos fácticos y jurídicos, establezca
conclusiones que guarden coherencia con estos elementos, y que de este análisis, al final se
establezca una decisión general del caso; comprensible, en lo que se refiere al lenguaje que se utilice
en la decisión, mismo que debe ser dirigido hacia el entendimiento por parte de la ciudadanía”
(Sentencia No. 07314SEPCC, caso No. 084611EP, de 16 de abril de 2014, p. 12 ). Por lo tanto, el
derecho al debido proceso en la garantía básica de la motivación, impone a juezas y jueces el deber de
expresar en la sentencia los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan lo decidido, a partir de
las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica y que deben ser expuestos con
razonabilidad, lógica y comprensibilidad, con el objeto de que las partes tengan la convicción de que
se dictó una resolución de fondo, basada en derecho.
5.3. Enunciación resumida de los antecedentes de hecho:
A fs. 4 y 5 del expediente de primer nivel, comparece el señor Omar Iván Males Narváez y en la
demanda que propone, manifiesta que ha prestado sus servicios lícitos y personales en calidad de
trabajador agrícola general, bajo las órdenes y dependencia de los representantes legales de la
Empresa Valle Hermoso Sociedad Civil Agrícola y Comercial (Valle Hermoso S.C.A.C.) desde el 1
de abril de 2005 hasta el 30 de mayo de 2012, fecha en la que el Ing. James William Brown Hidalgo,
Gerente General y Representante Legal de la citada empresa mediante un comunicado ha informado al
personal que “(…) dada la grave situación que atraviesa la empresa, como consecuencia de la
presencia de la plaga de caracol en los cultivos de piña, y que han motivado la devolución de los
contenedores y la cancelación de pedidos de nuestro más importante cliente de exportación, los
accionistas de la empresa, muy a su pesar, han tomado la decisión de liquidar Valle Hermoso
S.C.A.C.”; agrega a continuación que en la misma fecha ha suscrito un acta de finiquito en la que
constan rubros por: “Sueldo de mayo de 2012 por $ 292; Horas suplementarias Mayo 2012 por $
0,00; Horas Extraordinarias Mayo 2012 por $ 0,00; Fondo de reserva mayo de 2012 por $ 24,32;
Décima Tercera Remuneración: $ 166,15; Décima Cuarta Remuneración: $ 72,19; Vacaciones no
gozadas último período $ 14,60; Vacaciones periodo desde el viernes 1 de abril de 2011 hasta el
sábado 31 de marzo de 2012 por $ 192,77 y, BONIFICACION VOLUNTARIA DEL EMPLEADOR: $
525 (…)” y que la impugna expresando no haberse considerado los siguientes rubros: “(…) horas
suplementarias y extraordinarias; fondos de reserva; décima tercera y décima cuarta remuneración;
las vacaciones; el desahucio; y, el despido intempestivo, no se nos ha dado la participación o utilidad
de Ley, gastos de transporte, alojamiento, y demás rubros que el derecho laboral nos confiere (…)”,
de este modo concreta sus pretensiones en los puntos que precisa en el libelo inicial.
Una vez que los demandados fueron citados por boletas conforme consta de las razones de citación
(fs. 9 y 10 del cuaderno de primer nivel), se realiza la Audiencia Preliminar de Conciliación,
Contestación a la Demanda y Formulación de Pruebas, en la que el legitimado pasivo James William
Brown Hidalgo, formula las siguientes excepciones: a) Falta de derecho del actor para proponer la
demanda porque la relación laboral concluyó por la causal prevista en el artículo 169 numeral 6 del
Código del Trabajo; b) Niega que se encuentre pendiente de pago algún rubro de décima tercera y
cuarta remuneraciones, vacaciones, horas suplementarias y extraordinarias; c) Niega adeudar valor
alguno por lo que afirma no cabe el triple de recargo infundadamente solicitado; d) Niega que el actor
tenga derecho a diferencia salarial; e) Niega que el actor tenga derecho al pago de días festivos; f)
Niega que se encuentre pendiente de pago la participación de la trabajadora en las utilidades; g) Que
al no existir ningún valor pendiente de pago, resulta improcedente el cobro del interés legal; h) Niega
la existencia de solidaridad laboral; i) Niega que el ex trabajador tenga derecho a transporte; j) Niega
que tenga alguna obligación pendiente para con el accionante; y, k) Manifiesta que no se allana a
ninguno de los vicios de nulidad.
En estos términos se traba la litis y a continuación cada parte procesal formula la prueba de cargo y de
descargo. De fs. 320 a 324 consta el acta de audiencia definitiva, llevada a efecto el 8 de agosto de
2013, a las 10h10, en la que se recepta la confesión judicial de los demandados; también se recepta la
confesión judicial y juramento deferido del actor y finalmente las partes procesales presentan sus
alegatos. Concluido el trámite el juez de origen dicta sentencia desechando la demanda. El actor
interpone recurso horizontal de aclaración el mismo que fue negado mediante providencia de 28 de
julio de 2014, las 14h17, luego de lo cual interpone de recurso de apelación.
5.4. Análisis motivado y pronunciamiento en torno a la impugnación del acta de finiquito y
excepciones formuladas por los demandados.
5.4.1. Presupuesto fundamental de esta clase de procesos, es la existencia de la relación laboral en los
términos del artículo 8 del Código Laboral, pues de él nacen los derechos y obligaciones entre las
partes. En el presente caso consta agregado al expediente el contrato de trabajo suscrito por el actor
Omar Iván Males Narváez y la Empresa Valle Hermoso S.C.A.C., a través de su Representante Legal
James Brown Hidalgo (fs. 25), del cual se establece que entre las partes ha existido relación laboral y
que en el presente caso no es materia de controversia ya que ha sido aceptada por la parte empleadora
al contestar la demanda.
5.4.2. El actor en su demanda impugna el acta de finiquito mediante la cual se da por concluida la
relación laboral por cuanto en la misma se expresa no se han consignado todos los derechos que indica
de corresponden, particularmente los rubros por desahucio y despido intempestivo. Al respecto este
Tribunal se remite al análisis efectuado en el numeral 4.2.3. de esta sentencia y reitera lo señalado en
el referido numeral, esto es que el acta de finiquito es impugnable aunque contuviere los requisitos
contemplados en la normativa laboral, si de ella se desprende, error de cálculo o renuncia de derechos
por parte del trabajador, circunstancias bajo las cuales el juzgador, de proceder la impugnación debe
enmendar los errores contenidos en el documento de finiquito. En el caso bajo examen, el demandado
James William Brown Hidalgo, al contestar la demanda manifiesta que “(…) Previa certificación de
la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro AGROCALIDAD, comuniqué, en
calidad de representante legal, a los trabajadores que la compañía se encontraba en una grave
situación, a consecuencia de la plaga de caracol en los cultivos de piña y que han causado la
devolución de los contenedores y la cancelación de pedidos, por lo que se terminaría la actividad
económica de cultivo de piña de mi representada y como consecuencia se concluye la relación
laboral con sus trabajadores, amparado en lo que determina el numeral 6 del artículo 169 (…)”,
verificándose que la referida comunicación consta a fs. 23 del expediente, y que su contenido ha sido
ratificado por el mismo empleador no solo en la contestación a la demanda, sino con las confesiones
judiciales rendidas al tenor de las preguntas presentadas en el interrogatorio que obra en el acta de
audiencia definitiva. Consta también a fs. 20 el acta de finiquito de la que se evidencia que según esta,
la relación laboral “concluye por caso fortuito o fuerza mayor” que imposibilita el trabajo. Al
respecto, es necesario precisar que el artículo 169 del Código de la materia, señala las causas de
terminación del contrato individual de trabajo y en el numeral 6 dice: “Por caso fortuito o fuerza
mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del
campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no
pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar”, para demostrar este hecho, el demandado
presenta como prueba el Informe de la “Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del
Agro AGROCALIDAD COORDINACION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS” (fs. 127 a 130),
misma que es una institución pública adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca, que en sus facultades de Autoridad Fitozoosanitaria Nacional es la encargada de la definición
y ejecución de políticas de control y regulación para la protección y el mejoramiento de la sanidad
animal, sanidad vegetal e inocuidad alimentaria, creada mediante Decreto Ejecutivo N° 1449,
publicado en el Registro Oficial N° 479 de 2 de diciembre de 2008, encargada entre otros aspectos el
de promover sistemas integrados de gestión de calidad en la producción de alimentos de consumo de
la población para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria; así como de brindar el soporte
técnico e institucional para mejorar los procesos orientados al acceso a los diversos mercados
internacionales. En este marco jurídico, el referido organismo ha emitido el informe de la situación de
la empresa Valle Hermoso S.C.A.C. respecto al producto Piña MD2, con el siguiente contenido: en el
literal A) que trata de los antecedentes refiere: “La zona de Santo domingo de los Tsáchilas, debido a
la estación lluviosa prolongada, se ha visto afectada nuevamente por la presencia de moluscos que en
ciertos casos se convierten en plagas y en este caso específico de la Empresa Valle Hermoso se
torna un contaminante del producto de exportación. Se denomina contaminante puesto que no causa
un daño en sí a la planta o en el fruto de piña pero se convierte en un motivo de notificación por
parte de los países importadores”; en el literal B) consta la Ficha Técnica de la Empresa; en el literal
C) indica las Medidas preventivas aplicadas en campo para el control de moluscos; el literal D) se
refiere a las Acciones tomadas en área de postcosecha y finalmente constan las conclusiones y
recomendaciones enfocadas a determinar la efectividad del molusquicida y el apoyo solicitado para
identificar al molusco y combatir la plaga; sin embargo en este informe no consta de manera expresa
que la Empresa Valle Hermoso Sociedad Civil Agrícola y Comercial, se encuentre en imposibilidad
de continuar con las labores, sino que por el contrario se establece que si bien es cierto los cultivos se
ven afectados por la plaga de moluscos, “la planta” o “el fruto de piña” no son dañados o
destruidos, aunque tal circunstancia sea motivo de notificación de los importadores por no cumplir
con los parámetros de calidad, razones por las cuales este Tribunal considera que el referido informe
no se subsume en la previsión normativa del artículo 169 numeral 6, en virtud de que la fuerza mayor
alegada por el demandado no ha sido de tal magnitud como para que exista imposibilidad de que el
trabajador continúe con sus labores, como ha quedado señalado en líneas precedentes a lo que se debe
agregar que el contrato de trabajo suscrito entre las partes procesales y que reposa a fs. 25 del
cuaderno de primer nivel, se estipula en la cláusula primera que el trabajador se obliga a desempeñar
el cargo el trabajador agrícola ya realizar todas las funciones que le son propias, afines, conexas y/o
complementarias al mismo, por lo que aquel podía desempeñar cualquiera de las actividades
previstas en el contrato. Si bien es cierto el demandado ha agregado en forma debida al proceso las
copias certificadas de la escritura de disolución y liquidación de la Sociedad Civil, Agrícola y
Comercial Valle Hermoso S.C.A.C., celebrada el 18 de marzo del año 2013 ante el Dr. Luis Vargas
Hinostroza, Notario Séptimo del Cantón Quito, en la que se encuentra agregada como documento
habilitante el acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Valle Hermoso
S.C.A.C., celebrada el día lunes 4 de marzo de 2013, que resuelve por unanimidad “la disolución
anticipada y liquidación de la compañía (…)” (fs. 216 a 223), tales documentos no ponen en
evidencia la “fuerza mayor” alegada por el demandado, pues no se ha demostrado que la plaga de
moluscos en la planta y fruto de la piña hayan imposibilitado la continuación del trabajo del actor, en
consecuencia, la relación laboral entre las partes procesales no terminó por la causal prevista en el
artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo, sino que más bien fueron los accionistas de la
Compañía “Valle Hermoso S.C.A.C.” quienes decidieron liquidar el negocio o la empresa y por tanto
debían dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 193 del Código del Trabajo, que prevé: “Los
empleadores que fueren a liquidar definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con
anticipación de un mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el desahucio. Si por efecto de la
liquidación de negocios, el empleador da por terminadas las relaciones laborales, deberá pagar a los
trabajadores cesantes la bonificación e indemnización previstas en los artículos 185 y 188 de este
Código, respectivamente, sin perjuicio de lo que las partes hubieren pactado en negociación
colectiva. Si el empleador reabriere la misma empresa o negocio dentro del plazo de un año, sea
directamente o por interpuesta persona, está obligado a admitir a los trabajadores que le servían, en
las mismas condiciones que antes o en otras mejores”, en consecuencia siendo esta norma la aplicable
al caso sub examine, la parte empleadora tenía la obligación de comunicar con un mes de anticipación
a sus trabajadores su decisión de liquidar la empresa, a fin de que aquella surta los efectos del
desahucio, más al haber incumplido con esta obligación, la parte demandada debe cancelar al
trabajador, la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio, previstas en los
artículos 188 y 185 del Código del Trabajo.
5.4.3. Se dispone el pago del proporcional de vacaciones únicamente del último período laborado por
constar prueba en el proceso que en los períodos anteriores ha gozado de este derecho, debiendo
descontarse el valor constante en el acta que ha sido cancelado por este concepto.
5.4.4. Se niega el pago de los siguientes rubros:
a) Proporcional de décimo tercero y cuarto sueldos, correspondientes al último período de la relación
laboral, por cuanto consta en el acta de finiquito suscita entre las partes (fs. 20 del cuaderno de primer
nivel), que dichos rubros han sido cancelados. Se debe precisar que en el acta de finiquito se cancela
por cada uno de estos beneficios una cantidad superior, por lo que no existe diferencia en favor del
actor.
b) Horas suplementarias y extraordinarias, por cuanto no obra del proceso constancia que permita
inferir que el actor haya laborado en jornadas del modo que se expresa en la demanda.
c) El pago del triple del equivalente del mes de mayo del 2012 según lo dispuesto en el artículo 94 del
Código del Trabajo, por cuanto consta en el acta de finiquito suscita entre las partes (fs. 20 del
cuaderno de primer nivel), que dicho rubro ha sido cancelado a través de ese instrumento y dado que
los presupuestos esenciales para que surja este pago son de una parte que no se haya efectuado dicho
pago y que para la entrega de esa remuneración haya tenido el accionante que hacer uso de la acción
judicial para su cobro, lo cual no ha ocurrido en el presente caso.
d) Las diferencias salariales, porque ha percibido los salarios básicos unificados vigentes a cada año
de la relación laboral.
e) El pago de los días festivos y de descanso, por cuanto esta pretensión a más de ser indeterminada en
tanto no precisa el actor los días de descanso obligatorio que dice haber laborado, no ha aportado
prueba alguna que demuestre que durante la relación laboral ha trabajado en los días que contempla el
artículo 65 del Código del Trabajo.
f) Utilidades porque el actor no ha demostrado en el proceso que la parte demandada las haya
obtenido conforme a lo previsto en el artículo 104 del Código del Trabajo, en el tiempo que reclama.
g) Transporte, porque este beneficio no está vigente desde el 13 de marzo del 2000 (Registro Oficial
Suplemento N° 34 de 13 de marzo de 2000) y no consta que a pesar de ello se hubiere pactado ese
beneficio en el contrato individual de trabajo o en contrato colectivo, por lo que no es aplicable la
Resolución dictada por la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial N° 393 de 25
de febrero de 2011, que cita el recurrente, pues para que sea procedente el referido pago el actor debió
justificar que se encontraba percibiendo el rubro de transporte al momento de la terminación de la
relación laboral, lo cual no ha ocurrido en la especie.
5.4.6. Liquidación: En cumplimiento de la Resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia,
publicada en el Registro Oficial N° 138 de 1 de marzo de 1999, se procede a cuantificar los rubros que
se ordena pagar en los numerales 5.4.2., 5.4.3 y 5.4.4. de la sentencia.
Fecha de Ingreso: 01 de abril de 2005 (contrato de trabajo).
Fecha de Salida: 29 de mayo del 2012 (acta de finiquito).
Tiempo laborado: 7 años, 1 mes, 28 días.
Última remuneración percibida: USD $ 292 (demanda / acta de finiquito).
Proporcional de vacaciones. Artículo 69 del Código del Trabajo: de 1abril de 2012 a mayo de
2012: USD $ 27,57. Se debe precisar que en el acta de finiquito se cancela por este concepto el valor
de USD $ 14,60, por lo que existe una diferencia a favor del actor de USD $ 12,19.
Indemnización por despido intempestivo. Artículo 188 del Código del Trabajo: USD $ 292 x 8 (la
fracción de año se tiene como completo) = USD $ 2.336,00
Bonificación por desahucio. Artículo 185 del Código del Trabajo: 25% de USD $ 292 x 7 años=
USD $ 511.
En total suman USD $ 2.859,19 menos USD $ 525 (entregados al actor en concepto de bonificación
voluntaria del empleador)= USD $ 2.334,19.
DECISION:
Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR,
Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, casa la
sentencia dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de
los Tsáchilas, el 19 de mayo de 2015 a las 14h17 y aceptando parcialmente la demanda se ordena que
los demandados en la calidad que han sido requeridos, paguen al actor la cantidad de DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 19/100 (USD $ 2.334,19), por concepto de
indemnizaciones. Con intereses en el rubro de vacaciones. Con costas, se regulan los honorarios del
abogado del actor en el 5% del valor que se ordena pagar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
JUEZA NACIONAL
DR. MERCK BENAVIDES BENALCAZAR
JUEZ NACIONAL |
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Juicio N°- 13124-2021-00003
SALAESPECIALIZADA DE LO PENAL PENAL MILITAR PENAL
POLICIAL,TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
ACCION DE HÁBEAS CORPUS
Dr. Luis Adrián Rojas Calle, Juez Nacional (E)
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPE kLIZADA DE LO PENAL,
PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRÁNSITO, CuUPCIÓN Y CRIMEN
ORGANIZADO.
Quito, Jueves,13 de mayo de 2021, 1as11h07
VISTOS: El presente proceso, llega a conocimiento de este Tribunal, en virtud del
recurso de apelación interpuesto por el abogado Cesar Eriko Gómez Andrade, en
representación del señor José Santiago Paredes Rivas, legitimado activo, en contra de la
sentencia de mayoría dictada con fecha 23 de marzo de 2021, las 10h03, por la Sala
Especializada de lo Penal. Penal Militar. Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial
de Justicia de Manabí, que resuelve, por voto de mayoiía, rechazar la acción de hábeas
corpus interpuesta por el referido profesional de derecho, a favor del señor José Santiago
Paredes Rivas; corresponde por tanto, al presente Tribunal de la Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, en
adelante Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, resolver el
recurso de apelación interpuesto, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales,
procesales y legales, yde forma motivada conforme lo establecen los artículos 76 numeral
7 literal 1) de la Constitución de la República del Ecuador y 130 numeral 4 del Código
Orgánico de la Función Judicial, así como las reglas del artículo 45 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
El Consejo de la Judicatura. en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la
República del Ecuador en su artículo 182, por el Código Orgánico de la Función Judicial
en el artículo 173 y por las resoluciones Nos. 209-2017.y 08-2021, renovó parcialmente
a las y los integrantes de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, designando a las y los
juezas y jueces quienes reemplazaron en sus funciones a las y los salientes, señalando
además que en la última resolución referida, se designó a la conjueza y el conjuez que se
integran a esta Corte.
Los días 26 de enero de 2018 y 03 de febrero de 2021, el Consejo de la Judicatura
posesionó a las juezas y jueces que en su momento se integraron a la Corte Nacional de
Justicia del Ecuador, y en la última fecha referida, además a la conjueza y conjuez
designados.
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, conforme lo prevé el artículo 182
primer inciso de la Constitución de la República, mediante resoluciones Nos. 01-2018 de
26 de enero de 2018, y 02-2021 de 05 de febrero de 2021, conformó sus seis salas
especializadas, según le faculta el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo
183
En atención al artículo 183 inciso tercero del Código Orgánico de la Función Judicial,
mediante el sorteo de ley respectivo efectuado el día 12 de febrero de 2021, a las 16h00,
JU1ICIA
4,$
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR PENAL
POLICIAL, TRANSITO, CORRLIPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
el doctor Iván Saquicela Rodas. Presidente de la Corte Nacional de Justicia, llamó al
doctor Luis Adrián Rojas Calle. Conjuez Nacional, para que asuma su despacho en la
Sala Penal, con los mismos deberes y atribuciones que el titular, conforme se desprende
del oficio N° 117-SG-CNJ de la misma fecha, y del acta de sorteo de la Presidencia de la
Corte Nacional de Justicia respectiva.
Por sorteo de ley, efectuado el día martes 06 de abril de 2021. a las 11h43', acorde a lo
prescrito en el artículo 160.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. el Tribunal
asignado a esta causa N° 13124-2021-00003, se encuentra conformado por el doctor
Felipe Córdova Ochoa. Juez Nacional: el abogado Guillen Zambrano Byron, Juez
Nacional; y, el doctor Iván Saquicela Rodas, Juez Nacional Ponente, de conformidad con
el artículo 141 del Código Orgánico de la Función Judicial, actuando en su reemplazo el
doctor Luis Adrián Rojas Calle, en atención a lo señalado en el párrafo que antecede;
ergo, avocamos conocimiento de la presente causa.
La Corte Nacional de Justicia, a través de sus Salas Especializadas, tiene jurisdicción y
competencia para conocer y resolver los recursos de apelación de las acciones de Hábeas
Corpus resueltas por las cortes provinciales, en los términos establecidos en la ley,
conforme las garantías normativas de los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la
República del Ecuador. 186 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial. y 169
numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
2. VALIDEZ PROCESAL.
El hábeas corpus como garantía jurisdiccional se rige por varios principios y normas,
como aquellas referentes al procedimiento, enunciadas en el artículo 86.2 de la
Constitución de la República que, en esencia. destaca lo siguiente:
"(..) a) El procedimiento será sencillo, rápido y (fficaz. Será oral en todas sus fáses e
instancias; b) Serán hábiles todos los días')' horas; c) Podrán ser propuestas oralmente o
por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida. No será
indispensable e/patrocinio de un abogado para proponer la acción; d) Las notificaciones
se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance deljugador, del legitimado
activo ,y del órgano responsable del acto u omisión; e) No serán aplicables las normas
procesales que tiendan a retardar su ágil despacho".
Estas reglas se sustentan en el neoconstitucionalismo, y procuran superar el esquema
positivista, otorgando un contenido formal, y, sobre todo material a los derechos
constitucionales; por tal efecto, en aplicación de los principios de supremacía
constitucional, aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional, e
interpretación integral de la norma constitucional, plasmados en los artículos 4, 5 y 6 del
Código Orgánico de la Función Judicial, es un deber para el juez constitucional dar un
contenido material a estos principios, más aún cuando es imperativo para el órgano
jurisdiccional tutelar los principios de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, así
como la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución entre otros
presupuestos jurídicos: en virtud de aquello, y considerando que en la presente acción de
hábeas corpus, no se han omitido solemnidades sustanciales que motiven la nulidad
procesal, habiéndose tramitado el recurso de apelación conforme lo establecido en los
1 Expediente de la Corte Nacional de Justicia, fs. 1.
2
J
4 USTICU
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL TRÁNSITO, CORRUPCIÓN O CRIMEN ORGANIZADO
artículos 75, 86 y 89 de la Constitución de la República del Ecuador y más normas
atinentes constantes en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, se declara la validez de lo actuado con ocasión de este u dio de
impugnación.
3. ANTECEDENTES.
3.1. El señor José Santiago Paredes Rivas, ha dado a conocer que se encuentra privado
de su libertad desde el 16 de marzo de 2021, por el delito contra la propiedad, quien
representado por el abogado Cesar Eriko Gómez Andrade, dedujo acción constitucional
de hábeas corpus, en contra de los doctores Narcisa Auxiliadora Santana García, Cesar
Orlando Arroyo Navarrete, y Enny Josefa Mirley Zambrano Alcívar, Juezas y Juez del
Tribunal de Garantías Penales de la Coi-te Provincial de Manabí.
3.2. Mediante sorteo de jueves 18 de marzo de 2021, las 16h36, la competencia para el
conocimiento y resolución de la acción de hábeas corpus propuesta, se radicó en el
Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal. Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de
la Corte Provincial de Justicia de Manabí, conformado por la abogada María Paola
Miranda Durán, y los doctores Mauro Alfredo Pinargoty Alonzo y José Alberto Ayora
Toledo, Jueza y Jueces Provinciales, quienes, luego de llevar a efecto la audiencia
respectiva, resolvieron en sentencia escrita el día martes 23 de marzo de 2021, las 10h03,
por voto de mayoría, rechazar la acción de hábeas corpus planteada.
3.3. Inconforme con este pronunciamiento, el accionante señor José Santiago Paredes
Rivas, por intermedio de su abogado patrocinador, de manera oral conforme consta en la
parte final de la sentencia de mayoría impugnada, interpuso recurso de apelación; y,
mediante providencia de miércoles 31 de marzo de 2021, las 15h59, la Sala Especializada
de lo Penal. Penal Militar. Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de
Manabí, dispone que "En esta fecha se envía a la Sala Especializada de lo Penal de la
Corte Nacional de Justicia, la acción de babeas corpus, en originales, signada con el
número 13124-2021-00003, ( ... ) en virtud del recurso de apelación concedido en la
sentencia de mayoría notificada con/echa martes 23 de marzo del 2021, a las 10h03",
en la que se concedió el recurso para ante la Corte Nacional de Justicia.
4. CONSIDERACIONES JURIDICAS.
4.1. Del derecho a recurrir y del recurso de apelación.-
4.1.1. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numeral 7 literal ni),
dentro de los derechos de protección, al tratar sobre las garantías básicas del derecho al
debido proceso y más concretamente del derecho a la defensa. materializa el derecho de
impugnación, estableciendo:
"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará
el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: ( ... )
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: ( ... )
m, Recurrir el fallo o resolución en lodos los procedimientos en los que se decida sobre sus
derechos".
U
Al
JUTIC
'
Juicio A'0 13124-2021-00003
SALA ESPE(IALIZAOA DILO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL. TRÁNSITO CORRUPCION Y (RIMEN ORGANIZADO
Las normas que integran el bloque de constitucionalidad, son de obligatorio cumplimiento
para los órganos jurisdiccionales, las mismas que tienen su referente en principios y
normas de instrumentos internacionales sobre derechos humanos que también son parte
integrante del bloque de constitucionalidad, dentro de las cuales encontramos las que
establecen el derecho de impugnación y dentro de este a la apelación. cuyo referente lo
encontramos primeramente en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que prevé:
"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ame los tribunales nacionales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus drl'CÁ'hos fundamentales reconocidos por la constitución o
por la lev".
En este contexto. el artículo 8 numeral 2 literal h) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José). en torno alas garantías judiciales establece:
"Garantías Judiciales
( ... ) 2. (..». Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas: (
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior".
Así también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. en líneas generales
respecto al derecho a recurrir, prevé en su artículo 14 numeral 5:
" ... ) 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que e/fa/lo condenatorio
y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme lo prescrito por
la lev".
4.1.2. La Corte Constitucional del Ecuador, respecto al derecho a recurrir se ha
pronunciado en varias de sus resoluciones, y concretamente, respecto al recurso de
apelación, ha señalado:
"La facultad de las partes procesales de recurrir ante un fu/lo representa un valor de suma
importancia en el Estado constitucional de derechos vjusticia, dado que permite a los ciudadanos
contar con la posibilidad de obtener de tribunales de justicia superiores, sentencias J7 resoluciones
que evalúen por segunda ocasión aquellos elementos resueltos en una judicatura de primera
instancia, y a partir de aquello, confirmen o revoquen aquella decisión. Esta Corte ha sabido
señalar además que el derecho a recurrir del fallo o resolución ante e/juez o tribunal superior es
una garantía primordial en la estructura del debido proceso, la cual se deriva del derecho de
defensa del recurrente, no se restringe a otorgarle posibilidades reales de refutación de la
acusación, sino que también la posibilidad de impugnar los vicios y errores de la resolución o
sentencia de prime/-a instancia, a efectos de que esta sea revisada por un juez o tribunal distinto y
de superior jerarquía orgánica, capaces de dotar de un recurso que garantice un examen integral
de la decisión recurrida, más allá de meras cuestiones de legalidad, ejecutando una fiscalización
exhaustiva y no limitada de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Por
ello, el re'curso debe estar desprovisto de restricciones o requisitos irracionales o
desproporcionados que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir e/fallo. La facultad de
recurrir del fallo trae consigo la posibilidad de cuestionar una resolución dentro de la misma
estructura jurisdiccional que la emitió, por ello el establecimiento de varios grados de jurisdicción
para reforzar la protección de los justiciables, ya que toda resolución nace de un acto humano,
susceptible de contener errores o generar distintas interpretaciones en la determinación de los
ZCj1JT \jir
44
Ju•rÁ
J0i0j0 (cid:9) 13124-2021-00003
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL PENAL MILITAR, PENAL(cid:9)
POLICIAL, TRANSITO, CORRUPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
hechos j' en la aplicación del derecho [Nota al Pie] (Corte Constitucional del Ecuador para el período de
transición, sentencia N' 11 7-12-SEP-CC, caso N° 0696-10-EP).
La garantía de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior establece que toda persona tiene
derecho a disponer en un plazo razonable los fallos emitidos en la determinación de su
responsabilidad, debidamente motivados, para su posible apelación. El debido proceso legal
carecería de eficacia sin el derecho a la defensa en juicio y la oportunidad de defenderse contra
una resolución ofallo adverso, de allí que. a través de este recurso se le permite al afectado proteger
sus derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa, se le otorga la posibilidad
a la persona afectada por un fallo desfavorable para impugnarlo y lograr un nuevo examen de la
cuestión, De ahí la importancia del recurso de apelación en nuestro sistema jurídico. Por lo tanto,
resulta fundamental que los operadores de justicia evalúen de una manera adecuada y en el contexto
de un estado constitucional de derechos vjusticia, las circunstancias por las cuales un recurso de
apelación debe ser negado, dado que negar un recurso de apelación carente de motivación puede-
generar la afectación de derechos garantías constitucionales.
Es claro, sin embargo, que el derecho a recurrir, al igual que todos los demás derechos
constitucionales, debe estar sujeto a limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley, siempre
que respondan a la necesidad de garantizar los derechos de las demás partes inten'inientes, de
acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad vproporcionalidad [Nota al pie] (Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 3, numeral 2) 2.
4.1.3. En la materia de hábeas corpus que nos ocupa, la garantía normativa de la apelación
se encuentra establecida en las reglas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, partiendo del principio procesal constante en el artículo 4 numeral
8 que establece la "Doble instancia" al disponer que "Los procesos constitucionales
tienen dos instancias, salvo norma expresa en contrario", en concordancia con el artículo
76 numeral 7 literal m) de la Constitución de la República referido ut supra.
El artículo 44 de la mencionada Ley Orgánica. señala:
"Art. 44.- Trámite.- La acción de hábeas corpus. en lo que no fueren aplicables las normas
generales, seguirá el siguiente trámite:
( ... ) 4. Procede la apelación de conformidad con las normas comunes a las garantías
jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido dispuesta en la Corte Provincial de Justicia, se
apelará ante la Presidenta o Presidente de la Corte Nacional: y, cuando hubiere sido dispuesta por
la Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión
preventiva. (... )".
Sin embargo. concretándonos a la materia penal de la que nace la presente acción de
hábeas corpus, es necesario precisar que el artículo 168 ibídem establece como
competencia de las Cortes Provinciales de Justicia:
"( ... ) 2. Conocer las acciones de hábeas corpus en los casos de fuero y de órdenes de privación de
libertad dictadas por jueza o juez pen al de primera instancia. (... )".
Y en concordancia con la disposición referida, la misma Ley en su artículo 169 determina
como competencia de la Corte Nacional de Justicia:
2 Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. SentenciaN° 095-14-SEP-CC, de 4 de junio de 2014. Caso N° 2230-11-
EP.
JUSTICIA
SALA ESPECIAl IZADA DE LO PENAL PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL, TRANSITO CORRLIPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
"C.) 1. Conocer y resolver los recursos de apelación de las acciones de hábeas corpus resueltos
por las cortes provinciales, en los términos establecidos en esta lev".
Retornando al terna del recurso de apelación en la acción de hábeas corpus, la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dentro de las normas
comunes a todas las Garantías Jurisdiccionales. establece en el artículo 24, las
disposiciones atinentes al recurso de apelación, señalando en lo principal:
—Art. 24.- Apelación. - Las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles
después de haber sido notificadas por esri10 .7'.
En este contexto, concluimos que la apelación procede en el ámbito de las garantías
jurisdiccionales, y más concretamente en la acción de hábeas corpus, observándose por
tanto que la sentencia expedida por los jueces constitucionales de primera instancia en el
presente caso, es susceptible de apelación, de conformidad con las reglas antes señaladas,
sin que de ellas se observe en forma alguna que existan restricciones al derecho a recurrir,
mismo que se materializa a través del presente recurso de apelación, conforme lo ha
manifestado la Corte Constitucional del Ecuador. al señalar:
esta Corte observa que el recurso de apelación dentro de la acción de hábeas corpus, se
encuentra concebido en un contexto general i amplio, sin que existan disposiciones de carácter
legal o reglamentario que ¡O limiten o restrinjan, por lo que pueden interponer el mismo, tanto el
legitimado activo, así como las autoridades judiciales o administrativas que hayan intervenido
dentro del proceso constitucional .."3.
4.2. De la acción de hábeas corpus.-
4.2.1. De conformidad con lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador. la
acción de hábeas corpus es reconocida como una garantía jurisdiccional, establecida en
su artículo 89 que prevé:
"La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado
de ella de orma ilegal, arbitraria o ilegítima. por orden de autoridad pública o de cualquier
persona, así como proteger la vida)' la integridad fisica de las personas privadas de libertad".
En forma general la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
establece la finalidad de las garantías jurisdiccionales: así. señala en su artículo 6:
"Finalidad de las garantías. - Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección
efica: e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así
como la reparación integral de los daños causados por su violación".
El mismo cuerpo legal, respecto al hábeas corpus, en concordancia con las finalidades
establecidas en el artículo 89 de la Constitución de la República, transcrito ut supra, en lo
principal dispone en el artículo 43:
Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N° 0105-1 6-SEP-CC de 30 de marzo de 2016. Caso N° 2102-
14-EP.
L2iJi (cid:9) 2:
USTICIA
Juicio A'o
SALAESPECIALIZA DA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL(cid:9)
POLICIAL. TRÁNSITO, CODRLIPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
"Objeto. -La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad
física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad
pública o por cualquier persona, tales como:
1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la
garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado dejuel competente,
a excepción de los casos de flagrancia: (... )".
La libertad personal concebida corno un derecho humano y constitucional, desde el
ámbito del bloque de constitucionalidad, se encuentra garantizada en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. que en su artículo 3 señala que "Todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".
Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a
la libertad personal, establece en su artículo 7.6, que:
"Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a
fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad
si el arresto o la detención fueran ilegales. (... )".
Así también este cuerpo convencional dispone en su artículo 25 numeral 1:
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".
En concordancia con las normas convencionales antes transcritas, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos instituye en su artículo 2 numeral 3 literal a), que:
"Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados,
podrá interpone!- un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales
4.2.2. Respecto a la institución jurídica constitucional que estamos tratando, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado:
"Esta Corte comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que el dei-echo establecido en el
artículo 7.6 de la Convención Amei-icana no se cumple con la sola existencia formal de los recursos
que regula. Dichos recursos deben ser eficaces, pues su propósito, según el mismo artículo 7.6, es
obtener una decisión pronta 'sobre la legalidad [del] arresto o [la] detención 'y, en caso de que
éstos fuesen ilegales, la obtención, también sin demora, de una orden de libertad. Asimismo, la
Coi-te ha declarado que
fefi hábeas corpus, pa/-a cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la
privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo
cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple
el hábeas corpus como medio para controla,- el respeto a la vida e integridad de la persona,
para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como pa/-a
protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (El hábeas
col-pus bajo suspensión de garantías ('arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8 87 de 30 de ene/-o de 1987. Serie A No. 8, párr.
, JUSTIA
Juicio IV°- 13124-2021-00003
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL TRANSITO, COROLIPCION Y CI1IMEN ORGANIZADO
35) 4
En su opinión consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, señala además la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que la acción de hábeas corpus: "tutela de manera
directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del
mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al
detenido a la presencia del ¡ue: para que éste pueda examinar la legalidad de la
privación y. en su caso, decretar su libertad"
En igual sentido. este organismo internacional de derechos humanos, se ha pronunciado
en varios casos puestos en su conocimiento: así por ejemplo, en los casos Gangaran'i
Panday vs. Surinam, sentencia de 21 de enero de 1994. párrafo 47. y Suárez Rosero VS.
Ecuador. sentencia de 12 de noviembre de 1997. párrafo 43. señaló que:
"Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias
expresamente tipificadas en la hei' (USpCL'íO material), pero, además, con estricta sujeción a los
procedimientos objetO 'am el/te definidos por la misma (aspecto formal)".
En ese sentido, la acción de hábeas corpus no solo es una garantía sino también es un
derecho de las personas privadas de la libertad, cuyo objetivo es que a través de las
autoridades competentes se examine si la privación de la libertad se realizó sobre la base
de los preceptos constitucionales y legales pertinentes; de no ser así cuando se constate
que para la privación de la libertad del individuo, se ha incurrido en ilegalidades o
arbitrariedades, o. en el caso de verificarse un riesgo para la vida, la integridad física y
otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, tiene procedencia
la acción jurisdiccional de hábeas corpus.
En este contexto, la Corte Nacional de Justicia, en varias de sus resoluciones 5, ha
señalado:
) el 'hábeas corpus 'se encuentra contemplado. dentro de las garantías constitucionales -
"(...
con fbrine así consta en el Título III, Capítulo III, Sección Tercera, artículo 89 de la Constitución
de la República-, como la garantía jurisdiccional a través de la cual se hace efectivo el derecho a
la libertad, que le permite al ciudadano acudir ante cualquier juez a demandar su recuperación,
cuando éste se encuentre privado de ella de manera ilegítima, arbitraría o ilegal,' es p01' tanto,
además, una garantía para proteger la vida j' la integridad física, de las personas privadas de su
libertad. Acorde con la norma constitucional: en principio, para que proceda el hábeas corpus,
deben reunirse los siguientes presupuestos: ,) privación de libertad: y u) que aquella privación sea
ilegítima, arbitraria o ilegal.
Por otro lado, esta garantía constitucional se encuentra desarrollada)' normada en la Lev Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales Control Constitucional, Título JI, Garantías Jurisdiccionales de los
Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, artículos 43 al 46, en donde se establece su objeto,
trámite y reglas de aplicación: el artículo 43 ejusdem, en cuanto al 'objeto 'mismo de esta acción
se0ala que es: 'proteger la libertad, la vida, la inte grietad física y otros derechos conexos de la
persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, (u'.
De allí que el habeas corpus, como garantía constitucional, tutela los derechos de libertad, vida,
integridadfísica y más derechos conexos, del ser humano que se encuentre privado o restringido en
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 12 de noviembre de 1 9 C97a.s o Suárez Rosero vs. Ecuador.
párr. 63.
Ecuador. Corte Nacional de Justicia Sala de lo Penal. Penal Militar. Penal Policial y Tránsito. Resoluciones adoptadas
los casos Nos. 975-2013; 1459-2013; 818-2014; 1353-2014; 2012-2014 (recursos de apelación en habeas corpus).
8
JUSTICLA
(cid:9) Juicio N'.-1, 1,2 r2021-00 003
POLICIAL TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
su libertad, ya sea por autoridad pública o cualquier persona, de manera ilegal, ilegítima o
arbitraria. ( ... )".
4.2.3. Según el tratadista Juan Larrea Holguín: "Esencialmente consiste el (...) Hábeas
Corpus en un sistema para garanti:ar la regularidad de la privación de la libertad, y
para evitar ¡os posibles abusos de las autoridades penitenciales, desde las torturas hasta
¡a muerte o el ocultamiento del reo para sustraerlo de un juicio regular. Se prescribe la
presentación personal del acusado, y de aquí el nombre de hábeas coipus
(..j"6.
4.2.4. Conforme lo anotado ut supra, el artículo 89 de la Constitución de la República
establece que la acción de hábeas corpus, procede en caso de una privación de la libertad
ejecutada de forma ilegal, arbitraria o ilegítima; lo mismo replica el artículo 43 numeral
1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Sin embargo, es necesario precisar que en cuanto a lo que implica cada una de estas
formas irregulares de privación de libertad, el ordenamiento jurídico interno no guarda
definición alguna que ayude a diferenciarlas, por lo que se debe recurrir a la
jurisprudencia internacional, a fin de clarificar estos conceptos.
Siguiendo la línea argumentativa expuesta, en función del bloque de constitucionalidad,
es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que, ha establecido las diferencias
entre los distintos tipos de detención; así, en su jurisprudencia, se diferencian los
conceptos de detención ilegal y detención arbitraria, siendo la primera provocada por una
privación de la libertad que no cumple con la legislación en virtud de la cual se ejecuta;
y, la segunda, aquella que si bien reúne los requisitos para ser considerada como legal, no
guarda un fin válido con relación al daño causado a la persona privada de la libertad; en
este contexto, señala:
"Según el primero de tales supuestos normativos [prohibición de la detención ilegal] [ ... ] nadie
puede verse pri vado de la libertad sino por causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas
en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente
definidos en la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto [prohibición de la detención
arbitraria] [ ... ] se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento por causas y métodos que - aún calificados de legales - puedan
reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser,
entre otras cosas, irrazonables, ipmr el i'sibles o faltos de proporcionalidad"7.
Ya en el ámbito del sistema universal de protección de los derechos humanos, el Comité
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en sus observaciones,
hace la misma distinción entre las detenciones ilegales y arbitrarias:
"(... ) La tercera frase de/párrafo 1 establece que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Las razones
sustantivas para la detención o la prisión deben estar prescritas por la ley y definidas con suficiente
6 Juan Larrea Holguín, Derecho Constitucional, Corporación de Estudios y Publicaciones. VI Edición, Quito. 2000. p.
323.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 24 de junio de 2005. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador.
párr. 57.
JUSTICU
VA
SALA ESPECIALIZADA DE 10 PENAL PENAL MILITAR, PENAL
POLEJAL, TRANSAD, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
precisión para evitar una aplicación excesivamente amplia o arbitraria. La privación de la libertad
sin esa autorización legal es ilícita e infringe el artículo 9 (
La detención o prisión que carezca de ¡Ocio ¡uticirmiel lío./ 1 1 rídico es arbitraria [ ... j El concepto
de arbitrariedad' no se debe equiparar con ci de contrarío a la lev, sino que debe interpretarse
de manera más amplia a/in de incluir eíctnciilo de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así
como también el principio de las garanr!as proce sales '.. i' .
Sobre la definición de detención ilegítima, no se hace mención por parte de estos dos
órganos internacionales de protección de derechos. sin que sea claro su alcance después
de un análisis de su significado común(cid:9) etimológico. En cuanto al primero, en el
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, legítiirio es definido como
aquello que ha sido emitido "Conforme a ¡as leves", es decir. podría ser considerado como
un sinónimo de legal: mientras que el segundo. refiere que legítimo viene del latín
¡egitimus. que tiene los componentes léxicos legis (ley) más el sufijo superlativo mus, lo
que vendría a implicar que es algo aprobado más allá de lo legal. En su forma negativa
(ilegítimo), significaría algo reprobado más allá de lo legal. por lo que se constituiría en
un sinónimo de arbitrario, en el contexto de los tipos de detenciones.
Por sobre lo dicho, más allá de la indeterminación del concepto de detención ilegítima en
la legislación ecuatoriana, se puede concluir que la división bipartita efectuada por los
órganos internacionales de derechos humanos es apta para proteger a la persona de
cualquier tipo de privación contraria a derecho, porque no solo se refiere a aquellas que
son efectuadas por fuera de la legislación, sino también a las que se ejecutan por fuera de
los Emes razonables para privar de la libertad a una persona, y en tal sentido, es esta
división la que se utilizará en lo subsiguiente. más aún. cuando la propia Corte
Constitucional del Ecuador ha manifestado que:
en virtud -de la irradiación constitucional que experimenta el ordenamiento jurídico
ecuatoriano, dentro del cual no solo existe un reconocimiento expreso de la supremacía de la
Constitución de la República, sino también de la jerarquía de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, el control de convencionalidad se constituye en un mecanismo básico para la
garantía de los derechos, en tanto permite que los órganos jurisdiccionales no se limiten a un
análisis de sus disposiciones internas, sitio que además recurran a los instrumentos internacionales
y la interpretación efectuada de estos, afin de dotar del contenido integral a los derechos"10.
S. DEL CASO IN EXAMINE.
5.1. Conforme se refirió anteriormente, el artículo 86 numeral 2 literal a) de la
Constitución de la República del Ecuador. señala que el procedimiento en las garantías
jurisdiccionales "será sencillo, rápido y eficaz"; y, en el literal e) de la misma norma
constitucional contempla: "No serán aplicables las normas procesales que tiendan a
retardar su ágil despacho", por lo cual resulta ineludible en primera instancia la
realización de la audiencia pública; sin embargo. para la segunda instancia, esta
obligación, por disposición del artículo 24 segundo inciso de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se encuentra condicionada a la
8 Comité de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas. Observación general NR 35 adoptada en el 107° periodo de
sesiones. Ginebra, 11 a 28 de marzo de 2013, párr. 22.
Ibídem, párr. 12 y 13.
`°
Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia Nro. 024-16-SIN-CC, del 6 de abril de 2016.
10
$,4 JUSITA
Juicio N°- 13124 2021-00003
POLICIAL TRÁNSITO CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
eventualidad de que el órgano jurisdiccional considere necesaria la práctica de elementos
probatorios para ahí y en ese caso convocar a audiencia. En el in examine, este Tribunal
considera que del expediente obran los elementos suficientes para tomar una decisión
conforme a derecho, razón por la que no es necesaria la convocatoria a audiencia, sino el
pronunciamiento por el mérito del expediente, correspondiendo por tanto conocer y
resolver sobre el recurso de apelación y más concretamente. al no constar por escrito
alegaciones de apelación, pues a la misma se accedió de manera oral en la audiencia,
sobre el contenido de la acción de hábeas corpus, esto es, determinar si el ciudadano José
Santiago Paredes Rivas, se encuentra privado de su libertad de manera ilegal, arbitraria
o ilegítima, o si durante aquella se ha puesto en riesgo su vida o su integridad física,
según lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador.
5.2. En lo principal, el accionante recurrente José Santiago Paredes Rivas, por
intermedio de su defensor técnico, de manera oral, en la audiencia respectiva, interpuso
su recurso de apelación. en contra de la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo
Penal. Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de
Manabí, de martes 23 de marzo de 2021, las 10h03, respecto a la acción de hábeas corpus
propuesta, sin brindar de manera escrita cuestionamientos directos para el recurso de
apelación. por lo que. en mérito de los autos, analizaremos las alegaciones iniciales.
5.3. De la revisión del expediente de primer nivel, se extrae la petición de hábeas corpus
planteada ante la Corte Provincial de Justicia de Manabí, a favor del señor José Santiago
Paredes Rivas, por el abogado César Eriko Gómez Andrade, en la que, en lo principal
señala las siguientes reclamaciones:
- 4.1. El señor Santiago José Paredes Rivas fue llamado ajuicio por el delito tipificado y sancionado
en los artículos 550 y 551 del Código Penal del año 2010. delito supuestamente cometido el día
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, INICIÁNDOSE EN ESTA FECHA LA
CORRESPONDIENTE INSTRUCC1ON FISCAL, por no presentarse al Tribunal a la
respectiva audiencia de juzgamiento se le giró la Boleta Constitucional de Detención.
- 4.2. Con fecha 16 de marzo del 2021 fue detenido el señor Santiago Paredes Rivas y puesto a
órdenes de TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE LA CORTE PROVINCIAL DE
MANABÍ, conformado por los jueces SANTANA GARCÍA NARCISA AUXILIADORA, JUEZA,
ARROYO NAVARRETE CESAR ORLANDO, JUEZ, ZAMBRANO ALCIVAR ENNY JOSEFA
MIRLEY, JUEZA, CAUSA 1324220100070.
- 4.3. Con fecha 17 de marzo de 2021 Santiago Paredes Rivas solicita la PRESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN.
- 4.4. Con fecha 18 de marzo del 2021 el TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE LA
CORTE PROVINCIAL DE MANABI, dentro de la causa 1324220100070. Dicta lo siguiente:
RESOLUCIÓN: Por todo lo expuesto y habiéndose verificado que se ha cumplido con los
requisitos establecidos en los artículos 101 y 108 del Código Penal vigente para esta causa, este
Tribunal de Garantías Penales de Portoviejo RESUELVE declarar LA PRESCRIPCIÓIN DE LA
ACCION PENAL seguida en contra del ciudadano JOSÉ SANTIAGO PAREDES RIVAS. ( ... )
consecuentemente, se declara EXTINGUIDA LA ACCION PENAL y se ordena el ARCHIVO
DE LA CAUSA. EJECUTORIADO EL PRESENTE AUTO, SE DEJARÁN SIN EFECTO
TODAS LAS MEDIDAS CAUTELARES que se hubieran dictado en su contra, para cuyo efecto
se remitirán los oficios correspondientes a las autoridades respectivas, de igual manera y como el
señor JOSÉ SANTIAGO PAREDES RIVAS se encuentra privado de libertad en el Centro de
Privación Provisional de Libertad Mixto Manabí N° 1 (Ex CDP de Portoviejo), se dispone emitir la
11
4
SALA ESPECIALIZA DA DE LO PENAL, PENAL MILPEAR PENAL
POLICIAL, TRANSITO, CORRLIPCION Y CRIMENO RGANUZADO
correspondiente boleta de excarcelación en virtud de la prescripción declarada, la misma que se hará
efectiva luego de ejecutoriado este auto
(.0.).
- FUNDAMENTOS COSNTJTUCIONALES DE LA SIGUIENTE ACCION DE HABEAS
CORPUS Art. 76 numeral 10 (SIC). Art. $2. y. Art. 88 (SIC) de la Constitución de la República del
Ecuador.
- Señores Jueces Constitucionales dictada la PRESCRIPCION debe de recobrarse la libertad de
forma inmediata el señor SANTIAGO PAREDES RIVAS (SIC).
De la sentencia impugnada se desprende que. en función del principio de contradicción,
la abogada Enny Zambrano Alcívar. como Jueza y representante del Tribunal de
Garantías Penales de Poi-toviejo. ha comparecido a la audiencia respectiva expresando:
"Que José Santiago Paredes Rivas, esprocc0sado por ci dciiro tipificado en el Art. 550v sancionado
551 Código Penal vigente cuando se inició este proceso. Como antecede este tribunal avocó
conocimiento el 25 de noviembre del 2010 co ese tiempo no se resolvió la sil nación jurídica del
procesado, ya que no compareció a la audiencia de jucgamniento, lo que motivó que hiciera efectiva
la caución y se ordene su encarcelación o prisión preventiva 1 de noviembre del 2010, estuvo
prófugo hasta el 15 de marco del 2021 fue privado de libcrtady puesto a órdenes de este tribunal.
Atendiendo la petición del defensor privado, para garanticar los principios de la celeridad y debida
diligencia, luego de verificar que se encontraban cumplidas todas la condiciones del Art. 101 del
Código Penal anterior, el 18 de marco del 2021 resolvió declarar la prescripción disponiendo su
excarcelación, pero en el auto se hace constar que esa orden de libertad de hará efectiva cuando se
ejecutorié el auto de prescripción, esta decisión no violenta disposición legal ni constitucional, el
Art. 77 #10 de la CRE establece que cii sobreseimiento o sentencia absolutoria se podrá recobrar
la libertad aun cuando esté pendiente la apelación. Esto es concordante con el Art. 619 COJP,
numeral 5 la orden de libertad procederá inmediatamente incluso cuando se ha presentado recurso,
tanto la CRE y COIP solo sobreseimiento o sentencia libertad inmediata, no en caso de autos u
otras resoluciones conforme lo alega el accionante haciendo interpretación extensiva: el Art. 76
numeral 2 CRE principio de inocencia, esa es la idea del legislador garantizar la presunción de
inocencia, es esto que obliga que cuando se hace oral/Jicote la decisión resuelva la situación jurídica
en base alo que se probó en el juicio que no es el caso actual. Esta,figura de prescripción de acción
es distinta no se está resolviendo el asunto defondo, la extinción de la potestad punitiva del Estado
para perseguir a un infractor. Esto se hace por el transcurso de tiempo, no es inocencia o
culpabilidad de la persona procesada. El auto de prescripción está sujeto a revisión del juzgador
superior conforme lo preveía en este tiempo el .4 rl. 324 del Código de Procedimiento Penal que
estaba vigente y así lo observa el .4m't. 652 numeral 1 del COIP. Que los autos definitivos son
apelables o impugnables, mientras el auto de prescripción de José Santiago Paredes Rivas no esté
ejecutoriado, la orden de libertad no se puede ejecutar. El Art. 652 numeral 6 dice que la
interposición de recursos suspenderá la ejecutoría de la decisión. La privación de la libertad del
señor José Santiago Paredes Rivas, no es ilegal existe una orden que se dictó con anterioridad a su
detención, no es ilegítima ni arbitraria, porque obedece a normas legales y constitucionales.
Ordenar la libertad sin cumplir con la normativa constitucional se constituiría en violación a la
seguridad jum'ídica Art. 82 CRE donde establece que la seguridad jurídica se fundamenta en el
respeto a la Constitución y la existencia de reglas previas públicas claras y que sea aplicada por
autoridad competente, ordenar libertad sin que el auto se encuentre ejecutoriado generaría
insegui'idad jurídica e impunidad, pues nada garanti:a que el señor Paredes en caso de que se
apele el auto y el superior lo revoque vaya a comparecer ajuicio, si ha estado prófugo por varios
años, considero que el auto de prescripción no debe ser comparado con el auto de sobreseimiento
o sentencia absolutoria como lo dice el abogado, el Tribunal Penal simplemente ha cumplido con
lo que dispone la le)'.
En virtud de estos referentes procesales, el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal,
Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, por
voto de mayoría, mediante sentencia de 23 de marzo de 2021, materia del recurso de
12
(cid:9)
4v4 JUSTICU
Juicio J\TO_ 13124-2021-00003
POLICIAL TRANSITO, CORRUPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
apelación que se analiza, rechazó la acción de hábeas corpus planteada a favor del señor
José Santiago Paredes Rivas, bajo los siguientes argumentos:
"( ... ) respecto a las alegaciones del accionante, en cuanto el Tribunal debió ordenar su inmediata
libertad al dictar el auto de prescripción de la Acción Penal, se debe precisar que la
PRESCRIPCIÓN es una institución jurídica que en términos de la Corte Constitucional, 'consiste
en la cesación de la potestad represiva del Estado o la potestad del ejercicio privado de la acción,
por el transcurso de un determinado espacio de tiempo, en ciertas condiciones, sin que el delito
haro sido perseguido o sin que la pena hoya sido ejecutada' [Corte Constitucional de Periodo de
Transición, Sentencia 02010ScI\Ccj, y, de acuerdo a C4BAAELL4S, la PRES('RIPC'JON DE
LA ACc'JON PENAL, indica que 7\o puede ejercerse eficazmente ésta una vez transcurrido cierto
tiempo desde haberse delinquido'. Como se aprecia de dichas definiciones, la prescripción de la
acción tiene su fundamento en el derecho de todo ciudadano de ser juzgado dentro de un plazo
razonable, por lo que la ley prevé que de no haberse finalizado el proceso penal en los plazos
previstos, se debe declarar la prescripción de dicho ejercicio de la acción, observando que en el
presente caso, el Tribunal de Garantías Penales le reconoció ese derecho al procesado hoy
accionante, quien habiendo transcurrido en demasía los plazos previstos para sujuzgamiento no se
Y(cid:9)
realizó el mismo, sin que las causas de su no juzgamienlo le sean atribuibles a la administración de
justicia, sino a su no comparecencia al juicio.
Sin embargo de lo anterior, se debe precisar que en la resolución de prescripción de la acción penal,
no resuelve e/fondo del asunto, no existe pronunciamiento sobre la inocencia o culpabilidad de la
persona procesada, sino que, únicamente se verifica si ha transcurso el tiempo establecido en la ley
para que opere, y, si no existen causas de interrupción de la prescripción, su declaratoria tiene
como efectos la extinción de la acción penal, y como consecuencia de aquello, el levantamiento de
las medidas cautelares que pesen en contra de las personas que estaban siendo procesadas en dicha
causa, no obstante, los efectos antes mencionados, no pueden surtir hasta que la resolución se
encuentre en firme, toda vez que el auto que declara la prescripción es susceptible de recurso de
apelación conforme así lo señala elArt. 343 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal vigente
y aplicable al proceso penal N° 13242-2010-0070, ['Procede el recurso de apelación en los
siguientes casos: 1. De los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de sobreseimiento y de
inhibición por causa de incompetencia... 7.
Ahora bien, el accionante, consciente de que el auto de prescripción es apelable, alega que en
ninguna parte de la ley señala que esa apelación se deba conceder en efectos suspensivos, por lo
que insiste que su libertad debe ser inmediata, alegación que para ser analizada nos remitimos a
las reglas de la impugnación establecidas en la normativa aplicable al citado proceso penal,
E(cid:9) encontrando que el Art. 327 del Código de Procedimiento Penal, expresamente se indica: 'La
interposición de un recurso suspende la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se
disponga lo contrario' (regla contenida actualmente en Art. 652 numeral 6 del Código Orgánico
Integral Penal), normativa de la que se observa que el recurso de apelación es con efectos
suspensivos excepto cuando la lev disponga lo contrario, siendo los casos en que se dispone lo
contrario, los establecidos en e/Art. 77 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador ,
señala: 'Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la
persona detenida recobrará inmediatamente su libertad aun cuando estuviera pendiente cualquier
consulta o recurso',- es decir, son dos casos los expresamente señalados en los que la libertad es
inmediata, así medie o no cualquier recurso, estos son el sobreseimiento que también se encuentra
estipulado en la ley, Artículo 246 del Código de Procedimiento Penal (Art. 607 del COIP), que
señala que dictado el sobreseimiento, el juez debe revocar la orden de prisión preventiva y ordenar
de forma inmediata la libertad; y, el segundo caso, cuando se dicte sentencia ratificatoria de
inocencia, tal como lo señala el Art. 319 del Código de Procedimiento Penal (4rt. 619 COIP, que
señala de igual forma que cuando se ratificare la inocencia se ordena la libertad inmediata, a pesar
de cualquier recurso; en el presente caso, no nos encontramos en ninguno de estos dos supuestos
fácticos, pues tal como quedó señalado, el Tribunal accionado, no ha ratificado la inocencia del
accionante, sino que ha dictado la prescripción de la acción penal, el cual es susceptible de recurso
de apelación y conforme a las normas indicadas es con efectos suspensivos, en virtud de lo cual, no
se puede ejecutar lo ordenado, hasta que no se encuentre ejecutoriado, esto es, que transcurridos
los términos para su impugnación, no se hubiere ejercido ese dei-echo por ninguno de los sujetos
13
POLICIAL, TRANSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORCASNIZADO
del proceso penal, o, que habiendo sido interpuestos los mismos, se resuelvan en la instancia
superior, circunstancias que, al momento de la sustanciación del presente habeas corpus, no se
habían verificado, pues el auto de prescripción fue dictado el día jueves 18 de marzo del 2021 (el
mismo día de la presentación de la demanden (cid:9) que hha'av atr anscurrido el tiempo establecido por
la lev para que la resolución de prescripción adquiera firmeza.
En síntesis, de lo antes analizado, esta Sala (por into de nirn'oríu) considera que la privación de
libertad del accionantc, no es ilegal, pucs' fue dictada por autoridad competente 'y con las
formalidades expresadas en la le?; no es arbitraria, pues tiene sustento en la norma legal, esto es,
el 4 rl, 280 'u' 185 del Código de Proccdimienmc Penal, a/haber estado en libertad bqjo caución y no
haber comparecido a la audiencia de juzganliení 0, 1'. finalmente no es ilegítima, pues se ha
verificado que el Tribunal con celeridad atendió ¡a petición de la prescripción de la acción penal,
que si bien en dicho auto de prescripción canto (/1sJc'u ocia de la extinción de la acción penal,
debe quedar sin efecto las medidas caote!arLa'. 'oCluida ¡o prisión, no obstante, dicha resolución no
se encuentra ejecutoriadav sus efécto oc' oE!'JC'T surtir fi a.vta que la resohición no esté en fi me, lo
que aún no se ha cumplido, por lo que su prhación de libelad no es ilegítima, ilegal, ni arbitraria,
en consecuencia, no se cumple con los pres!pu'st as de p"oc'edencza de la presente acción de babeas
corpus.
SEXTO: DECISJOJV.
En mérito de las consideraciones expueías. se establece 4ZIC lo privación de libe riad del ciudadano
accionante JOSÉ £L\ llAGO P.IREDEc Rl .15, no es ilegal, no es ilegítima, ni tampoco es
arbitraria, de igual manera tampoco :, e ¡ma ¡ustiticado ni alegado que la integridad personal del
privado de libertad se encuentre en riesgC. .) çi/uac.'on 'le peligro, no existiendo por tanto los
presupuestos necesarios para accionar la necton onsícluc'?onal de Habeas Corpus, en tal virtud,
esta Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial i, Tránsito de la Corte Provincial
de Justicia de Manabí, .4D.1ÍE\ISTR.1\'DO.Jtl STJCI4, E." ,VOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECL4DOR, 1' POR AUTORIDAD DE L.4 COMiTJTt czdv ) L4S LEYES DE LA
REPL'BLIC4, por M4 )'ORí-l. rechaza la acción de habeas corpus propuesta por el accionanle
JOSE S.4XTL4GO PAREDES RJr:4Spot' imprceedr;ve. En virtud que el acciono/líe al finalizar la
audiencia el accionante interpuso de forma oral el recurso de apelación, de conformidad a lo
dispuesto en los An. 24y 44 numeral Ide la Lev Orgánica de Garantías jurisdiccionalesv Control
Constitucional, se co//cede dicho recurso para ante tina oc' las Salas Especializadas de la Corte
,Vacional de Justicia, debiendo remitirse por ec;elaria el expediente al superior. ... ¡' (Sic).
5.4. En este contexto, corresponde a este Tribunal, realizar el análisis atinente al recurso
de apelación (no hay cuestionamientos por escrito) y en general a la acción de hábeas
corpus planteada, para lo cual es necesario recordar. como punto de partida, lo establecido
por la Constitución de la República del Ecuador, respecto a lo que constituye esta garantía
constitucional; así. conforme se ha analizado en la presente sentencia, el artículo 89 de la
norma suprema, especifica que la misma tiene por objeto recuperar la libertad de quien
se encuentre privado de ella en forma ilegal. arbitraria o ilegítima. y de proteger la vida y
la integridad física de las personas privadas de libertad.
Al respecto, hay que recordar que el Asambleísta Constitucional con acierto creó las
garantías constitucionales, "con el afán de controlar la aplicación oportuna de los
derechos constitucionales y hacer efod/va la supremacía de la Constitución", así,
encontramos por una parte que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece en forma general la finalidad de las
garantías, esto es:
"Las garantías jurisdiccionales tic/len como finalidad la protección eficaz e inmediata de los
derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
14
2Ljc (c1)
POLICIALTRÁNSITO, CORRLIPCION Y( RIMEN ORGANIZADO
humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral
de los daños causados por su violación.
Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un
derecho.
Salvo los casos en que esta le)) dispone lo contrario, la acción de protección, el hábeas corpus, la
acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción
extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la
justicia indígena, se regulan de conformidad con este capítulo".
Así también, el mismo cuerpo legal, contiene las normas que determinan en forma
específica las finalidades u objetos de todas y cada una de las garantías constitucionales
establecidas, y concretamente, para el caso que nos ocupa, en concordancia con la norma
constitucional antes precisada, respecto a la acción de hábeas corpus determina en forma
específica:
"Art. 43.- Objeto.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la
inte gridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por
autoridad pública o por cualquier persona, tales como.
garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito .V motivado de juez competente,
a excepción de los casos de flagrancia;
2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional;
3. A no ser desaparecida forzosamente;
4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante;
5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo
político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su
libertad, su integridad y su seguridad;
6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias;
7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad haya sido
ordenada por una jueza ojuez;
8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la prisión
preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con prisión y de un año en
los delitos sancionados con reclusión;
9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana;
10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las
veinticuatro horas siguientes a su detención".
Resulta una obligación del legitimado activo, remitirse en sus reclamaciones, tanto
mediante la acción de hábeas corpus, cuanto en el recurso de apelación, aunque conforme
quedó sentado. en el presente caso no hay cuestionamientos por escrito en atención al
medio impugnatorio, exclusivamente a los derechos constitucionales que esta institución
suprema protege, y concretamente al de no encontrarse privado de la libertad, en forma
ilegal, arbitraria e ilegítima.
Sin embargo, revisado el libelo que contiene la acción de hábeas corpus, no se avizora
alegación concreta alguna respecto si el accionante considera que en el caso en que la
plantea, existe una prisión ilegal, ilegítima o arbitraria, limitándose exclusivamente a
manifestar que "dictada la PRESCRIPCIÓN debe de recobrar la libertad de forma
inmediata el señor SANTIAGO PAREDES RIVAS" (Sic), en base a las normas
constitucionales establecidas en los artículos 77.10 (Sic), 82 y 88, debiendo hacer énfasis
en la primera que prevé:
15
Juicio N"- 13124-2021-00003
POLICIAL TRANSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
"Art. 77.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: ( ... )
10) Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona
detenida recobrará inmediatamente su Iiiv'riaal aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta
o recurso".
S.S. Al respecto, el tribunal de primera instancia, en voto de mayoría, luego de su
análisis concluye que la privación de la libertad del ciudadano José Santiago Paredes
Rivas no es ilegal, ya que fue dictada por autoridad competente y con las formalidades
expresadas en la ley; al respecto cabe recordar que la normativa aplicable a la causa penal
de la que nace la acción de hábeas colpus. Códgo de Procedimiento Penal del año 2000
con las reformas del 24 de marzo de 2009 y siguientes, respecto a una privación de la
libertad legal. señala:
"Art. 167.- Prisión preventiva..- Ciamic/o el jue: de garantías penales lo crea necesario para
garantizar la comparecencia del pro cesado o acusado al proceso o para asegurar el cumplimiento
de la pena, puede ordenar /aprisióoprs'veliriva. siempre que medien los siguientes requisitos:
1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública.
2. Indicios claros precisos de que el pracesado es autor o cómplice de/delito,- y,
3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año.
4. Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado para asegurar su
comparecencia al juicio.
5. Indicios suficientes de que las medidas no privamos de libertad son insufi cientes para garantizar
la presencia del procesado aljuicio'.
Conforme se señaló anteriormente, el accionante no ha realizado cuestionamiento alguno
respecto al incumplimiento de la norma transcrita, entendiéndose que su pretensión no es
atinente a una privación de la libertad ilegal, y que además, los requisitos establecidos sí
se han cumplido, por lo que la resolución del tribunal a-quo, en cuanto a lo manifestado,
es correcto.
Continúa la Sala señalando también que la privación de la libertad no es arbitraria, pues
tiene sustento en la norma legal. artículos 28011 y 18512 del Código de Procedimiento
Penal, "al haber estado en libertad ba/o caución y no haber comparecido a la audiencia
de jugamiento"; cabe señalar que la privación de la libertad, basada en las normas
referidas, también constituye una privación legal, por lo tanto la afirmación efectuada por
el tribunal de la Sala de Manabí. no es acertada, ya que el tema de la arbitrariedad, no
11" Art. 280.-Ausencia del acusado o del acusado,- Si e/acusado estuviera en libertad ha/o caución y no se presentare
a lo audiencia en la hora señalado, el tribunal dictará auto suspendiendo la sustanciación de la causa hasta que se
presente voluntariamente, o sea detenido y además, hará efecuvo lo caución. ..j".
12 "Art. 185.- Efectos de la no comparecencia.- Si el procesado no compareciere al llamamiento dentro de/plazo
fijado, se decretará orden de prisión contra éli', de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 177, se
fijará plazo al garante para que lo presente, bajo apercibimiento de ejecutarte la caución.
Si en e/plazo fijado el garante no presentare al procesado, se ejecutará la caución. El garante podrá señalar, para el
embargo, bienes del encausado".
16
CUii \:b.'K\.L
4A1
SALA ESPECIALOADA DÉLO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLJCIAL,TRÁNSITO, CORRUPCIÓNY CRIMEN OROANIZADO
concuerda con lo manifestado, conforme se analizó ut supra, en especial en el numeral
4.2.4 de la presente resolución. Al respecto. la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional, ha señalado cuándo, según nuestra normativa, se presume la
arbitrariedad o ilegitimidad de la privación de la libertad; así prevé en su artículo 45
numeral 2:
"(...) La privación arbitraria o ilegítima se presumirá en los siguientes casos:
a) Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia.
h,) Cuando no se exhiba la orden de privación de libertad
c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o constitucionales.
d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad.
e) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares, cuando no se
justifique la privación de libertad.
(..
Sin embargo, del texto de la acción de hábeas corpus propuesta a favor del señor José
Santiago Paredes Rivas. tampoco se ha efectuado reclamación alguna que avizore la
incursión en alguno de los casos de arbitrariedad o ilegitimidad constantes en la norma
transcrita, entendiéndose que la privación de la libertad no es arbitraria ni ilegítima-
conforme a los lineamientos de la disposición prevista por la Ley Orgánico de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Finalmente concluye la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, señalando que la privación de la
libertad, no es ilegítima, "pues se ha verificado que el Tribunal con celeridad atendió la
petición de la prescripción de la acción penal".
5.6. En el contexto de lo analizado, la acción constitucional y la negativa a la misma, se
centra en la discusión sobre si, resuelta la prescripción de la acción, y dispuesto el
levantamiento de todas las medidas cautelares, entre ellas la privación de la libertad, ésta
debe cumplirse en forma inmediata, o para dicho cumplimiento se requiere
necesariamente que la disposición judicial se encuentre ejecutoriada.
Así, por una parte el accionante considera que la libertad debe ser inmediata, en atención
al artículo 77 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador referido
anteriormente, y que en concreto señala "(..), dictado el auto de sobreseimiento o la
sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun
cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso".
En forma contraria, el tribunal a-quo, hace referencia a normas que guardan relación con
la disposición constitucional, esto es los artículos 246 y 319 del Código de Procedimiento
1913
Penal, concordantes a su vez con los artículos 607 y 6 , respectivamente, del Código
Orgánico Integral Penal, y que observan el siguiente tenor:
13 "Art. 607,- Efectos de sobreseimiento.- Con el sobreseimiento, la o el juzgador revocará toda medida cautelar y de
protección, y en el caso de prisión preventiva, ordenará la inmediata libertad, sin pe/juicio de que vuelva a ordenarla
si el auto de sobreseimiento es revocado. No se podrá iniciar una investigación penal por los mismos hechos" (Lo
subrayado no pertenece al texto).
"Ait 619.- Decisión.- ( ... )
5. En caso de que se ratifique el estado de inocencia de la persona procesada, el tribunal dispondrá su inmediata
libertad, sí está privada de ella, revocará todas las medidas cautelares y de protección impuestas y librará sin dilación
las órdenes correspondientes. La orden de libertad procederá inmediatamente incluso si no se ha ejecutoriado la
sentencia o se han interpuesto recursos. (...)'' (Lo subrayado no pertenece al texto).
17
4b JUSTICU
DALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL TRÁNSÍZO, CORRUPLION O CRIMEN ORGANIZADO
"Art. 246.- Efectos del sobreseimiento.- Sea provisional o definitivo el sobreseimiento del proceso
o del procesado, el juez de garantías pena/es ¡'evocará el auto de prisión preventiva y ordenará la
inmediata libertad del procesado si estuviere bajo prisión preventiva, sin perjuicio de que se vuelva
a ordenarla si el auto de sobreseimiento fuere revocado, o si siendo provisional, resultaren nuevos
cargos contra el sindicado. (...
Art. 319.- Libertad inmediata.- Si el acusv,do fuere absuelto, el presidente ordenará su inmediata
libertad, a pesar de cualquier recurso que se Interpusiere, sin peijuicio del cumplimiento de la pena
que se llegare a imponer si la absolución hiere revocada.
La sentencia condenatoria no se ejecuial ó in/entras 'ro se encuentre ejecutoriada" (Lo subrayado
no pertenece al texto).
En este orden de ideas, la Sala Provincial considera que la normativa tanto constitucional
como legal aplicable, únicamente comempla la posibilidad de que la libertad sea
"inmediata", aun cuando el auto o la sentencia no se encuentren ejecutoriadas o exista
recursos pendientes. en tratándose de sobreseimiento o sentencia absolutoria o
ratificatoria de inocencia, lo cual no ocurre en el presente caso, pues respecto a la
prescripción de la acción. no existe disposición similar y por tanto para la ejecución de lo
dispuesto se requiere que el auto que contiene la declaración se encuentre ejecutoriado.
5.7. Como se puede observar, la negativa a la acción de hábeas corpus in examine, se
basa exclusivamente en la normativa aplicable, de donde se desprende que la privación
de la libertad del señor no es ilegal, además de que, conforme se señaló en un
considerando anterior, tampoco se puede presumir prima facie, que sea arbitraria o
ilegítima conforme el artículo 45 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional: sin embargo, no hay que dejar de lado lo que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto en varios de los casos puestos
en su conocimiento, respecto a los defectos de la privación de la libertad, y concretamente
respecto a la arbitrariedad de la medida.
En este contexto, es necesario recordar una vez más lo dicho por ese organismo
supranacional de derechos humanos en el caso Acosta Calderón vs. Ecuador y que fue
referido anteriormente en el numeral 4.2.4, en el sentido de que respecto a la detención
arbitraria "(..) se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser
sorne/ido a detención o encarcelamiento por causas)' métodos que - aún calificados de
legales - puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos
fundamentales del individuo por set; entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o
faltos de proporcionalidad" (las negrillas fuera del texto).
Observando las normas constantes en la Constitución de la República del Ecuador.
artículo 77 numeral 10. y legales que nos trae el Código de Procedimiento Penal. artículos
246 y 319, concordantes a su vez con los artículos 607 y 619 del Código Orgánico Integral
Penal, encontramos una idea clara del legislador respecto a la privación de la libertad, que
tiene directa relación con los pronunciamientos de los organismos internacionales de
derechos humanos, en el sentido de que cuando se revoca la misma, es decir se dispone
la libertad de una persona, esta debe ser "inmediata", a diferencia de las demás medidas
cautelares, independientemente de que la resolución que la emita no se encuentre
ejecutoriada, o inclusive exista la posibilidad de la interposición de recursos que puedan
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C)í2(cid:9) (11)
uiE *K\1
4?P J''
Juicio J\TO 13124-2021-00003
SALA ESPECIALIZADA DÉLO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL,TRÁNSITO, CORRUPCIÓN U CRIMEN ORGANIZADO
desembocar en una revocatoria de la disposición. Pero para la aplicación de esta
pretensión, se requiere justamente que los juzgadores actúen de forma razonable,
analizando la normativa en todo su contexto y contrastándola con los hechos que juzgan,
conforme 10 exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, en el caso
antes referido, en que señalan que el juzgador puede ir inclusive más allá de la letra de la
ley.
Ya en el caso concreto, a pesar de que no se trata de una orden de libertad por
sobreseimiento o por sentencia absolutoria o ratificatoria de inocencia, nos encontramos
ante una resolución que da por terminado el ejercicio del poder punitivo del Estado, no
necesariamente declarando la inocencia del procesado como exige el tribunal a-quo, pero
estableciendo la imposibilidad de que se pueda dictar una sentencia de condena en contra
del accionante; igualmente, el hecho de que exista la posibilidad de un recurso de
apelación respecto al auto de prescripción, no es una condición especial que la diferencia
del sobreseimiento o de la sentencia a favor del procesado, pues en esto casos también
existe la posibilidad de plantear medios impugnatorios que pueden dar como resultado la
revocatoria de lo resuelto; por lo tanto, actuando con racionalidad, con proporcionalidad,
con absoluto respeto a los derechos fundamentales conforme señala la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, correspondía aceptar la acción de hábeas corpus,
y ordenar la inmediata libertad del señor José Santiago Paredes Rivas,
independientemente de que se planteen o no impugnaciones, o que no se encuentre
ejecutoriada la resolución.
Además, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos se ha
pronunciado respecto al tema de la privación de la libertad arbitraria, indicando en lo
principal, que la medida. a más de cumplir con los requisitos legales, debe ser
estrictamente necesaria para asegurar que el encausado no afecte o impida el desarrollo
eficiente de las investigaciones, ni vaya a realizar acciones para eludir la acción de la
justicia; así por ejemplo, ha resuelto:
"Caso Servellón García j' otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006.
90. Asimismo, la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser
legales, pero que en la práctica resultan irra:onables, o carentes de proporcionalidad. La
Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el
derecho a la libertad personal, deben existir indicios suficientes que permitan suponer
razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la detención sea
estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de
las investigaciones ni eludirá la acción de la ¡usticia. Al ordenarse medidas restrictivas de la
libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de
esos requisitos exigidos por la Convención.
(NdelE: Destacado no está en el texto original).
Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008.
98. En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad
esté prevista en la ley, sino que es necesario que esa leyy su aplicación sean compatibles con
la Convención, es decir, que respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos
de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o
restrinjan la libertad sea legítima. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines
legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá
la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el
fin perseguido; iii,) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente
indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa
19
POLICIAL TRÁNSITO, CORRLIPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para
alcancar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la
libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv,) que sean
medidas que resulten estrictamente proporcionales. de tal forma que el sacrificio inherente a
la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas
que se obtienen mediante tal restricción i' el cumnplinnenlo de la finalidad perseguida.
Cualquier restricción a la libertad que no contenga una mnotivacion suficiente que permita
evaluar sise ajusto a las condiciones se0aladaÁ será arbitraria y, por tanto, violara el artículo
.3 de la Convención. (VdelE: Destacado nc está en el texto original). En el mismo sentido:
Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de noviembre cíe 2010, párr. 166. Caso Argü elles y otros Vs. Argentina.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de
2014, párr. 120. ( ... )
Caso iVorín Catrimán y otros (Dirigentes. n:íemhros i' activista cíe! Pueblo Indígena Mapuche)
Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costmt. Sentencie de 29 de mayo de 2014.
311. La Corte ha precisado también las cnracterisliL'Js que debe tener una medida de detención o
prisión preventiva para a/nstarsc a las disposiciones de la Convención Americana: (...
c) Está sujeta a revisión periódica: La Corle ha puesto de relieve que no debe prolongarse
cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. También ha observado que S0O
las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento
de las medidas cautelares que emiten conforine' a Su propio ordenamiento. Al realizar esta
tarea, las autoridades nacionales deben oíi'cce.- los fundamentos suficientes que permitan
conocer los motivos por los cuales se inanriene /0 restricción de la libertad, la cual, para que
no se erija en una privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la
Convención .4mericana, debe esmarfiundada en la necesidad de asegurar que el detenido no
impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. La
Corte resalta, además, que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia
absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar
periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la proporcionalidad
de ésta, así como si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la levy
la razón. En cualquier (cid:9) en que aappaar"eczac aq ue la prisión preventiva no satisface estas
condiciones, deberá decretarse la litlermac/ .'in perjuicio de que el proceso respectivo continúe.
1-..
En el presente caso, era necesario efectuar un análisis de estos puntos, al existir una
declaratoria de prescripción de la acción. que conileva. como se dijo anteriormente, la
terminación o impedimento del ejercicio punitivo del Estado, y que el mantener privada
de la libertad a una persona, incluso por un tiempo indefinido, atenta contra los derechos
constitucionales de la misma, y convierte, en los términos expresados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a la privación de la libertad, en arbitraria.
6. RESOLUCIÓN.
Por todo lo expuesto, este Tribunal de Apelación de la Sala Especializada de lo Penal,
Penal Militar, Penal Policial. Tránsito. Corrupción y Crimen Organizado de la Corte
Nacional de Justicia, por unanimidad, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve:
6.1. Aceptar el recurso de apelación deducido por el legitimado activo señor JOSÉ
SANTIAGO PAREDES RIVAS, en la acción constitucional de hábeas corpus
planteada, por haberse afectado el derecho a la libertad del accionante, conforme lo
analizado; consecuentemente, se revoca la sentencia de mayoría dictada por la Sala
20
4b
JUST.1
c,U
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MOTAR, PENAL
POLICIAL, TP.ANSICO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
Especializada de lo Penal. Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial
de Justicia de Manabí, de martes 23 de marzo de 2021, las 10h03; y, conforme a lo
previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, en cumplimiento de las obligaciones de los juzgadores, en especial de
realizar la correspondiente tutela judicial efectiva, se disponen las siguientes medidas de
reparación integral:
6.1.1. La restitución del derecho afectado, en este caso la libertad del ciudadano JOSÉ
SANTIAGO PAREDES RIVAS, debiendo emitirse de ser necesario la inmediata boleta
constitucional de excarcelación respectiva, en virtud del principio de debida diligencia
consagrado en el artículo 172 de la Constitución de la República; se deja anotado que
desde la fecha de conocimiento del recurso de apelación de la presente acción, se
evidencia por medio del sistema eSATJE, que en el proceso penal N° 13242-2010-0070,
en el que se planteó la presente acción de hábeas corpus, el recurrente de esta acción
constitucional ya se encuentran en libertad por haberse favorecido del auto de
prescripción dictado en fecha 18 de marzo de 2021, y emitido la correspondiente boleta
constitucional de excarcelación, conforme Oficio N° 01 588-TGP-CPJ-M, de 24 de marzo
de 2021, del Tribunal de Garantías Penales de Manabí.
6.1.2. Como garantía de no repetición se dispone que se publique la presente sentencia en
la página web del Consejo de la Judicatura, por tres meses, de lo cual se encarga a la
Secretaría de la Sala.
6.1.3. Se reivindica a favor del accionante José Santiago Paredes Rivas, como medida de
satisfacción, el conocimiento de la verdad de los hechos, plasmada en el propio contenido
de la presente sentencia. De esta manera se cumple con la debida reparación integral,
atendiendo en forma motivada la determinación de las normas constitucionales violadas.
el derecho en daño o detrimento, y la reparación integral procedente.
6.2. En estricta aplicación de lo establecido en el artículo 86 numeral 5 de la
Constitución de la República del Ecuador, y artículo 25 numeral 1 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ejecutoriada la presente sentencia,
remítase la misma a la Corte Constitucional para su conocimiento y eventual selección y
revisión.
6.3. En aplicación de los principios de celeridad y la debida diligencia determinados en
la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, devuélvase
el proceso al Tribunal de origen para los fines de ley. - NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
LUIS A DR lA N Firmado digitalmente por
LUIS ADRIAN ROJAS CALLE
ROJAS CALLE Fecha: 2021.05.05 14:42:25
0500
Dr. Luis Adrián Rojas Calle
FirmadEZ NACIONAL (E) PONENTE
FELIPE(cid:9)
digitalmente por
ESTEBAN(cid:9) FELIPE ESTEBAN(cid:9) BYRON JAVIER pF oi rr m BYad Ro O Ndi Jg Ait Val Im ERe nte
CORDOVA(cid:9) CORDOVA OCHOA(cid:9) GUILLEN(cid:9) GUILLEN ZAMBRANO
OCHOA(cid:9) 1F 5e :c 5h 3a :: 5 2 30 -2 01 5.0 05 0. (cid:9) 05(cid:9) ZAMBRANO 1F 5e 1ch 5a :5: 22 0 -2 01 5. '0 05 0. 12
Dr. Felipe Cordova Ochoa(cid:9) Ab. Byron Guillén Zambrano
JUEZ NACIONAL(cid:9) JUEZ NACIONAL
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SALA ESPECIALIZADA DE lO PENAL PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL TRÁNSITO, LORRLIPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
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Dra. Jessica Burbano \íedra
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DOCUMENTO FIRMADOc L= =- c(J 1O
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL, TRSÁNITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO DE
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Tipo proceso: GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS
Acción/Delito:ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS
ACTOR:
QUIROGA QUEZADA DARWIN EDUARDO,
Casillero No:
SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH, Defensoría Pública - Penal PATROCINIO - Quito P
DEMANDADO:
DRA. KETTY DE LOS ANGELES CASTRO TITUAÑA JUEZA DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA NO.4,
JUEZ: CORDOVA OCHOA FELIPE ESTEBAN
Iniciado: 28/1/2021
SECRETARIO: MARTHA BEATRIZ VILLARROEL VILLEGAS
Sentenciado:
A --(cid:9) 1_ -I -
Acción de Hábeas Corpus
Recurso de Apelación CORTE NACONAL1)E
JUSTICIA
Causa: 17141-2021-0003T
JUEZ NACIONAL PONENTE. - FELIPE ESTEBAN CORDOVA OCHOA
POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO DE LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
las 17h33-
Quito, viernes 23 de abril del 20212
Vistos.-
1. ANTECEDENTES.
1.1. Avocamos conocimiento como Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, en esta
fecha y en base al sorteo realizado el día 22 de marzo de 2021, conforme acta que
antecede, así corno el oficio de 08 de abril de 2021, constante a fs. 2 de este cuadernillo.
1.2. El accionante Darwin Eduardo Quiroga Quezada, por medio de la Defensora Pública,
Abg. Clara Elizabeth Soria Carpio, comparece presentado la acción de hábeas corpus' en
contra de la Dra. Kety de los Ángeles Castro Tituaña, Jueza de la Unidad Judicial de
Violencia contra la Mujer y la Familia:
Darwin Quiroga Quezada, alega que fue detenido el "08 de diciembre del 2020", con
"boleta de encarcelamiento N° 17574-2020-000007 de 12 de febrero del 2020" (sic.),
dentro del proceso penal 17574-2019-00288, por el delito de violencia psicológica contra
la mujer o miembros del núcleo familiar, tipificado en el artículo 157 inciso primero del
COIP, sancionado con una pena privativa de libertad de seis meses a un año. Que con
fecha "13 de noviembre de 2019" (sic.), por pedido de Fiscalía, se realiza la audiencia de
revisión de las medidas cautelares en donde, se pide el cambio de medidas no privativas
de libertad por la prisión preventiva, ante lo cual, la Jueza de la Unidad Judicial de
Violencia contra la Mujer y la Familia N° 4, Dra. Kety de los Ángeles Castro Tituaña,
concedió dicha medida.
Alega que la prisión preventiva no puede concederse únicamente por la solicitud del
titular de la acción penal, que conforme el artículo 534 del COIP, la petición tiene que
estar debidamente justificada, tanto así que uno de los requisitos fundamentales para que
se cumpla esa fundamentación se establece en el numeral 4 de mencionado artículo. Que
la normativa penal ha establecido una prohibición expresa en el artículo 539 del COIP al
establecer de forma taxativa: "No se podrá ordenar la prisión preventiva, cuando: 3. Se
trate de delitos sancionados con penas privativas de libertad que no excedan de un año".
Posteriormente en el auto de llamamiento a juicio emitido el 30 de enero de 2020, en el
acápite quinto número 2, se señala:
"La medida cautelar de prisión preventiva ya fue dictada y sigue vigente, toda
vez que es una medida necesaria, bajo el principio de Inmediación es necesaria
1 V er, escrito de acción constitucional presentado por el accionante, a fs. 12-14
la vinculación y presencia del señor Darwin Eduardo Quiroga Quezada, la
comparecencia del procesado a la audiencia de juicio, toda vez que existe
elementos de convicción claros y suficientes sobre el cometimiento del delito de
acción publica referido."
En el numeral 5 señala:
"Al amparo del artículo 563 del COIP, tomando en cuenta que el procesado se
encuentra prófugo se suspende la iniciación de la etapa de juicio hasta que la
persona procesada sea detenida o se presente voluntariamente. Se envíe atento
oficio a la oficina de Capturadores de la Policía Judicial con el fin de proceder
a la detención del procesado Darwin Eduardo Quiroga Quezada, tomando en
cuenta que se encuentra vigente la prisión preventiva como medida cautelar"
Posteriormente se emite la boleta de encarcelamiento N° 17574-2020-000007, cuyo
motivo es la prisión preventiva.
Dice el accionante que, no se podía justificar la aprehensión y la privación de libertad
bajo lo prescrito en el artículo 563 números 11 y 14 considerando que se indica claramente
que la orden de prisión preventiva se encuentra vigente y no se está haciendo referencia
a una orden de detención para la comparecencia a audiencia.
Hasta la presentación de la demanda constitucional, Darwin Eduardo Quiroga Quezada
"se encuentra privado de su libertad con una orden que deviene de ilegal, ilegitima y
arbitraria durante 50 días" (sic).
Por lo expuesto, considerando que el estado actual de la persona accionante, vulnera los
derechos establecidos en la Constitución de la Republica, en sus artículos 76 numeral 7,
1 y penúltimo inciso, además de las disposiciones legales mencionadas. En base al
artículo 89 ibídem, y en los artículos 43, 44, 45 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicita mediante la acción de habeas corpus,
se ordene la inmediata libertad del señor Quiroga Quezada Darwin Eduardo, por
encontrarse privado de su libertad en forma ilegal, arbitraria e ilegítima.
1.3. La parte accionada, Jueza Kety de los Ángeles Castro Tituaña, presenta su informe2,
en el que indica que: Del auto de llamamiento a juicio de fecha 30 de enero del 2020,
conforme el acta de audiencia, se dictó la orden de arresto y prisión preventiva, con fines
de que comparezca al juicio, indicando que "por un lapsus, se generó una boleta de
encarcelamiento, pero con la intención de garantizar la presencia del procesado, tomando
en cuenta, en que esta judicatura emite boletas de arresto a los/as rebeldes para su
comparecencia a juicio contravencional, de allí deriva el lapsus y el yerro en la emisión
de la boleta emitida en forma anticipada el día 12 de febrero del 2020, no habiéndose
registrado el arresto al ciudadano Darwin Eduardo Quiroga Quezada en el proceso"(sic.)
Expone que extraprocesalmente se tiene conocimiento informal, sobre un posible arresto
al ciudadano en mención, toda vez que procesalmente no consta documentación alguna
2 Ver Informe, de 05 de febrero del 2021 presentado por la parte accionada fs. 139.
sobre su arresto. Así mismo, informa que bajo el principio de celeridad, ha oficiado al
Director del Centro de Rehabilitación social del Centro Sierra-Centro-Norte Cotopaxi,
para conocer la presunta detención del procesado, obteniendo como respuesta que "no
registra ingreso alguno", mediante correo electrónico se informa que el señor Quiroga
Quezada se encuentra privado de libertad con el parte policial de fecha 08 de diciembre
del 2020 e ingresado al CDP el día 10 de diciembre del 2020, por el delito de violencia
psicológica, reiterando que "en el proceso no consta información formal, más que el oficio
de contestación del CDP con fecha de 5 de febrero del 2020". (sic.)
"Las medidas cautelares que rigen en contra del procesado es la orden de portar un sistema
de vigilancia electrónica, su comparecencia obligatoria al proceso, así como medidas de
protección en su contra a favor de la víctima, prohibiciones absolutas de acercamiento
2,3,4,9, rondas de vigilancia policial permanentes al domicilio de la presunta víctima.
Cabe indicar que debido al riesgo vital de la víctima, se cambió de domicilio 3 veces en
menos de seis meses". (sic.)
Dice la accionada: "Esta juzgadora no tuvo conocimiento de la detención del ciudadano
toda vez que en ningún momento se puso en conocimiento su detención, como podrá
observar de oficio, se trató de recabar información sobre el arresto del ciudadano. Que en
base al principio Pro homine, al conocer con el oficio remitido del CDP se dispuso la
inmediata libertad de Darwin Eduardo Quiroga Quezada, el día 05 de febrero del 2021".
1.4. El Tribunal de la Sala Especializada de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes
Infractores, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante sentencia de fecha
11 de febrero del 2021, resolvió aceptar la acción constitucional de hábeas corpus, por
considerar que:
(..)Del análisis de lo aportado durante la audiencia, así como de la revisión del
proceso, se tiene que: 6.1.- En relación con esta garantía jurisdiccional como se refirió
en líneas precedentes, el artículo 89 de la CRE, señala "La acción de hábeas coipus tiene
por objeto recuperar la libertad de quién se encuentre privado de ella en forma
arbitraria, ilegal e ¡legítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así
como proteger la vida y la integridad. física de las personas privadas de la libertad... ",
lo que guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 43 de la LOGJCÇ que dice
"La acción de hábeas coipus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad
física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por
autoridad pública opor cualquier persona tales como: 1.-A no ser privada de la libertad
en forma ilegal arbitraria, o ilegitima, protección que incluye la garantía de que la
detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a
excepción de los casos de flagrancia ( ... ) ". - 6.2.- Es pertinente señalar que en la
presente causa, si bien el accionante QUIROGA QUEZADA DARWIN EDUARDO
recuperó su libertad el 5 de febrero de 2021 por orden de la Jueza Accionada, no es
menos cierto que corresponde a este Tribunal Constitucional y, en base a las alegaciones
hechas por la defensa técnica del Legitimado Activo, determinar si la medida privativa
de libertad (Prisión Preventiva) que lo tuvo aproximadamente dos meses detenido, fue
ilegal, arbitraria e ilegítima, para lo cual se hace las siguientes consideraciones.' 6.3. -
La orden de prisión preventiva girada contra QUIROGA QUEZA DA DARWIN
EDUARDO por parte de la Dra. Kety de los Angeles Castro Tituaña constituye por
decir lo menos, un acto arbitrario, e ilegal vale decir, atentatorio contra el principio
de proporcionalidad que impera por mandato del artículo 76.1 de la Constitución de la
República, conforme lo referido en audiencia por parte de la defensa técnica del
Legitimado Activo, para lo cual resulta necesario remitirnos a lo que ha mencionado La
Corte Constitucional del Ecuador "(..) la privación de la libertad comprende todos los
hechos .Y condiciones en las que esta se encuentra desde que existe una orden encaminada
a impedir que transite libremente y por tanto, pase a estar bajo la responsabilidad de
quien ejecute esta orden , hasta el momento en que efectivamente se levanta dicho
impedimento. Como consecuencia de esta definición amplia del concepto, se puede
afirmar que una medida de privación de la libertad que inició siendo constitucionalmente
aceptable, puede devenir en ilegal, arbitraria o ilegítima, o ser ejercida en condiciones
que amenacen o violen los derechos a la vida o integridad de la persona, por hechos
supervinientes" (Corte Constitucional del Ecuador sentencia No. 247-17 SEP-CC, caso
No. 0012-12-EP,).- 6.4.- Es importante señalar que las acciones constitucionales tienen
como objetivo la garantía y tutela de los derechos constitucionales, es así que en lo que
respecta a la acción de hábeas corpus la relación procesal constitucional se encuentra
legitimada por el accionante (persona privada de su libertad), y el juez que ordenó la
prisión, según el caso,' tratándose de procesos judiciales dentro de los cuales se expidió
la orden de privación que se acusa de ilegal, arbitraria o ilegitima; aquello guarda lógica
en virtud de que el hábeas corpus propende a la protección y garantía de los derechos
de libertad.- 6.5.- El problema jurídico a resolver entonces es determinar si la Prisión
Preventiva dispuesta por la señora Jueza en mención en contra del accionante se ajusta
o no a las normas del Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal que textualmente
instituye 'f..) Prisión preventiva Art. 534.- Finalidad y requisitos.- Para garantizar la
comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el
fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión
preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos:]. Elementos de convicción
suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. 2. Elementos
de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la
infracción. 3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas
de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su
presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. 4. Que se trate de una infracción
sancionada con pena privativa de libertad superior a un año ".- 6.6.- El tipo penal por
el cual el accionante se encuentra procesado es el contemplado en el Art. 157 inciso
primero del "COIP ",que contempla una pena privativa de libertad menor a un año (de
6 meses a un año en función de la Disposición Reformatoria Sexta de la Ley No. O
publicada en Registro Civil Suplemento 175 de 5 de febrero de 2018) por lo que resulta
evidente que la Jueza accionada, dispuso dicha medida contraviniendo la norma antes
referida así como aquella prevista en e/Art. 539 del mismo cuerpo legal que instituye
(...) No se podrá ordenar la prisión preventiva, cuando: 3.- Se trate de delitos
sancionados con penas privativas de libertad que no excedan de un año (...) ".- 6.7.-
Ahora bien, en cuanto al presupuesto de arbitrariedad contentivo en la acción de hábeas
corpus, el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que
"nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado", la arbitrariedad
constituye otro de los presupuestos de la figura constitucional, la cual se configura
cuando se actúa contrario a la justicia, la razón o las leyes y ha sido dictada por la
voluntad o el capricho, que evidentemente es el caso, 'dicha medida cautelar ha sido
dictada contraviniendo normas expresas que han sido analizadas en líneas precedentes,
constituyendo por tanto una conducta arbitraria por parte de la jueza accionada. -
SÉPTIMO.- DEC'ISION - Por las consideraciones expuestas, en consonancia con las
disposiciones constantes en el Art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador;
43 de la LOGCCt2; Art. 534 y 539 del COIP, este Tribunal fundamentado en todas las
disposiciones constitucionales revisadas, así corno en la normativa internacional
invocada, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA
REPUBLICA: 1.- Acepta la Acción de Hábeas Corpus propuesta por QUIROGA
QUEZADA DARWIN EDUARDO, declarando la medida de PRISION PREVENTIVA
dispuestas en su contra como ILEGAL, ARBITRARIA E ILEGÍTIMA, se deja en libertad
al Legitimado Activo afin de que inicie las acciones que se crea asistido, por la serie de
atropellos que se han cometido en su contra por parte de la accionada Dra. Kety de los
Angeles Castro Tituaia dentro de la causa penal instaurada en su contra. - 2.- Con el
objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 86, numeral 5, de la Constitución de
la República del Ecuador, una vez ejecutoriada esta sentencia, por Secretaría remítase
una copia certificada de la misma a la Corte Constitucional obteniéndose una copia
para el archivo de la Sala."
1.5. Por haber apelado la parte accionante, la sentencia y su negativa de ampliación del
fallo dictado por la Sala Especializada de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes
Infractores, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se remite el proceso a la Corte
Nacional de Justicia, conforme lo dispuesto el Art. 44.4 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
2.- COMPETENCIA Y VALIDEZ PROCESAL
2.1. El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución 008-2021, resolvió declarar
concluido el concurso de oposición y méritos, impugnación, y control social para la
selección y designación de las y los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia
quienes han sido nombrados y posesionados. Mediante Resolución N° 02-2021 dictada por
el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, se integran las Salas Especializadas para el
conocimiento de las causas ingresadas. La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia,
es competente para conocer los diferentes recursos interpuestos; en este caso, el recurso de
apelación de conformidad con el mandato constitucional artículo l84.14 ya lo dispuesto en
el Art. 44.4 y 169.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constituciona15. Correspondiendo a este Tribunal integrado por los señores doctores: Walter
Sanmo Macías Fernández, Luis Antonio Rivera Velasco, y Felipe Esteban Córdova Ochoa
Jueces Nacionales, resolver el recurso de apelación de la sentencia constitucional de hábeas
corpus.
RESOLUCIÓN 008-2021 DEL PLENO DELCO NSEJO DE LA J U DICATURA, fecha: 28/01/2021 Registro Oficial
- Tercer Suplemento N2 381 de 29 de enero de 2021.
Art. 184 CRE.- Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley,
las siguientes: 1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley
Art. 44 LOGJYCC.- Trámite.- La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren aplicables las normas
generales, seguirá el siguiente trámite: 4. Procede la apelación de conformidad con las normas comunes
a las garantías jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido dispuesta en la Corte Provincial de Justicia,
se apelará ante la Presidenta o Presidente de la Corte Nacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por la
Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión preventiva.
Art. 169 ibídem.- Corte Nacional de Justicia.- Compete a la Corte Nacional de Justicia: 1. Conocer y resolver
los recursos de apelación de las acciones de hábeas corpus resueltos por las cortes provinciales, en los
términos establecidos en esta ley.
2.2. A la presente acción constitucional se le ha dado el trámite que, según su naturaleza,
le corresponde y no se aprecia omisión de solemnidad que hubiera podido influir en la
decisión. En lo principal, dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del Art.
24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por no
considerar necesario convocar a audiencia ni la práctica de elementos probatorios, se
dispone pasen los autos para resolver lo que en derecho corresponda:
3.- RECURSO DE APELACIÓN DEL HABEAS CORPUS, POR PARTE DEL
RECURRENTE.
3.1. El derecho a recurrir representa el ejercicio pleno del derecho a la defensa que le
asiste a las partes procesales, en tanto permite hacer uso de los mecanismos legales para
contradecir los argumentos expuestos por la contraparte y controlar la actividad
jurisdiccional plasmada en determinada resolución, posibilitando que un órgano superior
revise el pronunciamiento emanado de un órgano jerárquicamente inferior, que se
considera, adolece de algún error, garantizándose a su vez la doble instancia.
3.2. El legitimado activo, Darwin Eduardo Quiroga Quezada, a través de su defensa la
abogada Clara Soria, en su calidad de defensora publica, interpone recurso de apelación
conforme los artículos 24 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, de la sentencia y negativa de solicitud de ampliación del fallo dictado por
la Sala Provincial, de fechas de 11 de febrero del 2021 y 30 de marzo del 2021 (sentencia
y ampliación).
Funda su recurso, en cuanto, si bien la sentencia impugnada, concede la acción de hábeas
corpus, no se establece ningún parámetro de reparación integral derivada de esta
vulneración. Alega que se declaró la vulneración de un derecho (la libertad) y por
consiguiente se genera la obligación estatal de reparar a la víctima de la vulneración de
derechos que habría sufrido. Considerando que la resolución no cumple con los requisitos
formales establecidos en los artículos 17 numeral 4 y 18 de la LOGJCC, apela de la
sentencia emitida por la Sala Especializada de Familia, Niñez, Adolescencia y
Adolescentes Infractores, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, correspondiente
a la reparación integral.
4.- LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS.- SU NATURALEZA JURÍDICA.
4.1. El hábeas corpus es una garantía jurisdiccional que por su naturaleza se encarga de
proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona
privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona. La
disposición del artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional6 enumera algunas de las formas de ilegalidad, arbitrariedad o ilegitimidad
Art. 43.- Objeto.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad
física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o
por cualquier persona, tales como: 1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima,
protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado
de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; 2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada
o expatriada del territorio nacional; 3. A no ser desaparecida forzosamente; 4. A no ser torturada, tratada
en forma cruel, inhumana o degradante; 5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes
de haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o
que permiten el ejercicio de esta acción y que el accionante recupere su libertad. Así
mismo, se establece que, por medio de esta garantía, se ha de protéger los derechos de
libertad, vida e integridad fisica.
4.2. El hábeas corpus en su sentido clásico, tutela de manera directa la libertad personal
contra detenciones arbitrarias e ilegales, por medio del mandato judicial dirigido a las
autoridades correspondientes, con la finalidad de que una persona privada de libertad
pueda comparecer ante un Juez y así la justicia examinar la legalidad de la privación y,
de ser el caso, decretar su libertad.'
4.3. El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad
de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el Juez o Tribunal
competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En éste sentido es esencial
la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e
integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar
de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.8
4.4. En un sentido conceptual más amplio, el profesor peruano, Dr. Luis Huerta indica
que el hábeas corpus procedería:
"ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física
y psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan recluidas en
establecimientos penales, e incluso de personas que, bajo una especial relación
de sujeción, se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento,
públicos o privados; ante acciones u omisiones que importen violación o amenaza
del derecho al trato digno y a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o
degradantes`
Con los elementos señalados los Jueces que conocen la acción de hábeas corpus,
conforme lo resuelto por la Corte Constitucional`, están obligados a realizar un análisis
donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad; 6. A no ser detenida por deudas, excepto
en el caso de pensiones alimenticias; 7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o
condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez; 8. A la inmediata excarcelación de la
persona procesada cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los
delitos sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9. A no ser
incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10. A ser puesta a disposición
del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su
detención.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986.
Serie A No. 6, artículo 7.6: Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene
su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda
persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o
tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede
ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
8 (Corte IDH. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías -arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana
sobre Derechos Humanos-. Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8).
HUERTA Guerrero, Luis; Hábeas Corpus y Condiciones de Reclusión; Comisión Andina de Juristas; Lima;
2003; Págs. 10 y 11.
'° Corte Constitucional en sentencias: N. 001-10-PJ0-CC, N. 017-18-SEP-CC, N. 247-17-SEP-CC, N. 171-
15-SEP-CC, 237-15-SEP-CC, 239-15-SEP-CC, 249-16-SEP-CC; y, 389-16-SEP-CC.
integral que incluye no solamente la detención, sino también las alegaciones específicas
realizadas por los accionantes en el sentido de la forma corno se habría vulnerado su
derecho a la defensa y se los colocó en situación de indefensión, condición que, según
ellos la mantienen al momento de presentación de la demanda constitucional.
4.5. En este sentido, se puede decir que esta acción de hábeas corpus, se convierte en un
instrumento para la obtención de justicia, por cuanto se encuentra ligado al derecho
individual de la persona, que puede ser invocado por el propio titular o por un tercero,
en un caso específico. Trastocándose, en un pilar esencial de la tutela judicial efectiva, y,
en uno de los conceptos fundamentales del sistema procesal. Para Pablo Camargo, el
hábeas corpus es:
un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela
la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de
las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolongue ilegalmente. Esta
acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su
decisión se aplicara e/principio pro homine"
En nuestra legislación, el principio pro hornine se ve reflejado en el artículo 11 de la
Constitución de la República12, y el método de aplicación de una norma que favorezca a
su efectiva vigencia.
5.- MOTIVACION Y CONSIDERACIONES PARA RESOLVER.
5.1, Conforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional`,
las garantías deben ser objeto de un proceso de conocimiento, en donde se ha de declarar
si existió o no una violación de un derecho de orden constitucional, para lo cual se práctica
la evacuación de pruebas, y como resultado ante la posible vulneración, se ordenan las
medidas de reparación respectivas. En cuanto al hábeas corpus, en su artículo 45 ibídem
enumera las reglas que ha de seguir el Juzgador o Tribunal para cumplir con las medidas
específicas14, tiene por objeto "recuperarla libertad de quien se encuentre privado de ella
11 PEDRO PABLO Camargo, "La acción de Hábeas Corpus", Editorial Leyer, Bogotá —Colombia 2006,
pág. 117)
12 Art. 11 CRE.- (...)3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de
los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén
establecidos en la Constitución o la ley. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las
servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación
que más favorezcan su efectiva vigencia.
13 Art. 6 LOGJYCC.- Finalidad de las garantías.- Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la
protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como
la reparación integral de los daños causados por su violación.
''Art. 45 ibídem.- ( ... ) 1. En caso de verificarse cualquier forma de tortura se dispondrá la libertad de la
víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la
libertad.2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del derecho,
dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral. La privación arbitraria o ilegítima se presumirá en
los siguientes casos: a) Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia. b) Cuando no se exhiba la
orden de privación de libertad. c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales
o constitucionales. d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad.
de forma ilegal, arbitraria o ilegítima"1 5, cada una de estas condiciones tienen
connotaciones distintas, haciendo un breve resumen podríamos decir que la privación se
torna en ilegal16, cuando se trata de la transgresión, de ir en contra de una norma legal, es
decir que las causales y condiciones de su privación deben estar justificadas dentro del
17
ámbito normativo; arbitraria cuando, se alude a una situación inequitativa o injusta
dentro de una discusión axiológica, pese a que formalmente exista una detención legal; e
ilegitima '8 cuando dicha detención provenga de una autoridad no competente, cuyas
funciones no son destinadas a dicha orden.
5.2. De la revisión del expediente de hábeas corpus in examine, se puede constatar que la
Sala Provincial, mediante audiencia oral y pública'9 realizó un análisis de la privación de
libertad del accionante Darwin Eduardo Quiroga, donde se concluyó que la privación a
su libertad obedece a una orden ilegal, arbitraria e ilegítima, sin hacer un análisis
suficiente por parte de la Sala Provincial, respecto a, en cuál de estas tres circunstancias
del hábeas corpus habría incurrido la Jueza de Primer Nivel al momento de decretar la
privación de libertad; ya que si no cumplía con los requisitos legales establecidos en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano para dictar la prisión preventiva, esta devendría en
ilegal, porque hay un incumplimiento o infracción de la ley prohibitiva establecida en el
artículo 539. 3 del COIP. Lo ilegal es lo contrario a la ley y lo prohibido por ella.`
5.3. Dice la Sala Especializada de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes
Infractores, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que el accionante debería
iniciar las acciones correspondientes que le asiste la ley, pese a que se ha justificado que
la detención incumple el requisito de legalidad, y que Darwin Quiroga Quezada fue
privado de su libertad "por un lapso de 50 días" y que ha recobrado su libertad el 05 de
febrero del 2021. De dicha resolución Darwin Quiroga y su defensa, no refutan el análisis
y motivación, pero apela el accionante por cuanto considera que la misma no cumple con
el parámetro que debe tener toda sentencia constitucional, cuando se ha vulnerado un
derecho y esto es el requisito de reparación integral conforme lo disponen los artículos
17 numeral 4 y 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, lo cual llama la atención de este Tribunal, ya que no se aplica en forma
correcta la ley constitucional por parte de la Sala Provincial, debido a que debían
establecer la reparación correspondiente, y no con ligereza decir que Darwin Quiroga
e) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares, cuando no se justifique
la privación de libertad. 3. La orden judicial que dispone la libertad será obedecida inmediatamente por
los encargados del lugar de la privación de libertad, sin que sea admisible ningún tipo de observación o
excusa.4. En cualquier parte del proceso, la jueza o juez puede adoptar todas las medidas que considere
necesarias para garantizar la libertad y la integridad de la persona privada de libertad, incluso podrá
disponer la intervención de la Policía Nacional.
' Art. 89 de la Constitución de la República.
16 Ilegal, Opinión Consultiva 8/87, Corte IDH párr. 33y 35.
17 Arbitrariedad Sagüés, Néstor Pedro, Derecho procesal constitucional. Acción de amparo, 56 ed., 3a
reimpreso, Buenos Aires, Astrea, 2015, t. 3, pág. 107).
18 Ilegitimidad, Corte IDH en el Caso Chaparro Lapo vs. Ecuador
19 (Fs. 145-Cd) audiencia telemática, oral, pública de hábeas corpus 17141-2021-0003T
20 Diccionario Enciclopédico de derecho Usual de Guillermo Cabanellas, editorial Heliasta Tomo 4 26°
Edicion.
"inicie las acciones que se crea asistido" (sic), porque en su sentencia inclusive la Sala ya
advierte y resuelve que existe: "una serie de atropellos que se han cometido en su contra
por parte de la accionada Dra. Kety de Los Ángeles Castro Tituafia" (sic). Debemos
recordarles a los señores Jueces de la Sala Provincial, que un Juez constitucional es la
máxima autoridad jurisdiccional en un Estado constitucional, ya que una Carta Magna no
es un documento programático, ideal o meramente político, sino que es un documento en
el que cada uno de sus contenidos es normativo, obligatorio; el Juez constitucional es el
que tiene la facultad de interpretar y aplicar la Constitución a casos concretos, además
que tiene a su cargo el deber de salvaguardar los derechos fundamentales que protege la
Constitución, entre otros la reparación integral o justicia restaurativa.
5.4. Respecto a la actuación de la señora Jueza de primer nivel, si bien de autos ya se
evidencia la ilegalidad en la actuación jurisdiccional de la Dra. Kety de los Angeles Castro
Tituaña, al haber dictado una prisión preventiva que no cumple con los requisitos legales
y procesales determinados en el COIP (Art. 539), al analizar también la contestación dada
por la accionada a la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dice que para
justificar su presunto accionar de ilegalidad, ha incurrido en un "lapsus" en una boleta de
encarcelamiento, y que este lapsus se debe "al trabajo cotidiano de generar boletas", y
acepta en su contestación (fs. 13 9) "en los delitos de violencia psicológica no cabe prisión
preventiva, conforme mandato de Ley" (sic.), lo cual tampoco es aceptable, ya que era su
responsabilidad tutelar un derecho humano como es la libertad conforme lo disponen los
Arts. 66.29 de la Constitución, Art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre, Art. 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y Art. 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; inclusive con conocimiento la accionada,
ratifica esta medida cautelar en el desarrollo de la audiencia en otra etapa procesal, como
es la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, en donde debía hacer un análisis del
cuadro procesal, y con total desidia, dice en su auto, que la prisión preventiva "sigue
vigente" y que el procesado se encuentra prófugo, a sabiendas que dicta una auto de
llamamiento a juicio por un delito que no tiene una pena privativa de libertad superior a
un año, corno es el tipo del artículo 157 inciso primero del COIP, por lo tanto no cabe una
prisión preventiva, faltando al principio de responsabilidad y debida diligencia 21
establecidos en el artículo 15 del COFJ y articulo 172 de la CRE.
Todos los administradores de justicia deben mostrar la suficiente preparación y
conocimiento en los procesos judiciales a su cargo, no solamente por encontrarse
investidos de la autoridad del Estado o por encontrarse encargados de determinar la
aplicación de la ley o los derechos de las personas o la solución del conflicto, o su posible
sanción, sino que además deberán mostrar el conocimiento y la experticia en el manejo
procesal del expediente, ya que una de las facultades y deberes genéricos de los jueces es
aplicar la norma jurídica pertinente conforme lo dispone el artículo 129.2 del COFJ,
además un Juez debe velar por el respeto de los derechos y garantías de las partes
procesales en los juicios, conforme lo dispone el artículo 130.1 ibídem, para garantizar
21 Código de Bangalore sobre la Conducta Judicial —Principio de diligencia, opera en razón del compromiso
que el Juzgador tiene con la judicatura y la sociedad, en la medida que el Juzgador sea plenamente
consciente de lo trascendente de su labor, se ocupará de mantener una actualización constante; de
mantener un orden y decoro que permita a las partes que intervienen en los procesos judiciales, respetar
en general a la Judicatura.
una tutela judicial efectiva y el principio de seguridad jurídica a los justiciables. En el
presente caso la Jueza accionada no solamente ha inobservado la norma sino que ha
faltado a su deber jurisdiccional dentro de un estado constitucional de derechos y justicia.
S.S. Todos los Jueces, debemos aplicar una tutela judicial efectiva y expedita, ya que es
un elemento fundamental en la conformación de un estado democrático. La doctrina
constitucional, respecto a la tutela judicial, señala: "desde la perspectiva de la persona, es
el instrumento indispensable para lograr la reparación de sus derechos e intereses, cuando
estos se vean afectados por una acción u omisión"22. La Corte Constitucional así corno la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dicho que la tutela judicial efectiva, se
expresa entres momentos: 1. El acceso a la justicia, 2. El desarrollo del proceso en estricto
cumplimiento con la Constitución y la Ley en un tiempo razonable, y 3. La ejecución de
21.
la sentencia Cuando se ejerce el derecho al acceso a la administración de la justicia, en
el marco de la tutela judicial efectiva, conlleva necesariamente, la garantía necesaria para
la confianza legítima en la actividad del Estado como garante de la justicia, razón por la
cual la actuación judicial no se agota en el juicio sobre la legalidad de cada decisión, sino
de la razonabilidad de su conducta a partir de los principios básicos de una justicia
expedita en sentido amplio del término; es decir, encaminada a un ejercicio real de
protección de los derechos constitucionales que deben ser garantizados por parte de los
órganos jurisdiccionales en cada proceso, lo cual no ha sucedido en el presente caso.
Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional que conoció en primera instancia la presente
acción, resuelve mediante sentencia de 11 de febrero del 2021, y su ampliación de fecha
3 de marzo de 2021, aceptar la acción constitucional de hábeas corpus y declarar
vulnerado el derecho a la libertad de Darwin Eduardo Quiroga en forma general y sin
especificar la causal en la que habría incurrido la Jueza de primer nivel (ilegal, ilegitima
o arbitraria), pero no cumple en forma adecuada, con los lineamientos normativos en
cuanto a la reparación integral de la vulneración del derecho afectado, razón por la cual
se reitera, que en este caso, los Jueces de la Sala Provincial de la Corte de Justicia de
Pichincha, obviaron cumplir con su obligación de hacer efectivo las garantías que el
sistema de control de constitucionalidad proporciona a todas las personas.
5.6. El hábeas corpus es una acción constitucional que se plantea en contra del acto lesivo
que atenta a los derechos individuales de las personas, como son en este caso, la libertad,
la vida, la integridad fisica y psicológica, restituyendo o rehabilitando ese bien jurídico
afectado. En el caso en concreto, se ha presentado una acción constitucional para que el
ciudadano Darwin Eduardo Quiroga Quezada recupere su derecho a la libertad por
encontrarse privado de la misma en forma ilegal. Nuestro ordenamiento normativo prevé
las medidas que se deben cumplir al momento de la reparación del derecho violado, en
este caso al haberse verificado por parte de la Sala Provincial que la privación de libertad
era "ilegal arbitraria e ilegítima..." (sic), conforme resuelven en su sentencia, se debía
declarar y se debía disponer las medidas materiales e inmateriales de reparación integral`,
22 Manuel Carrasco Duran, Jurisdicción constitucional y el derecho a la tutela judicial efectiva. Quito
numero 5, 2015, pág. 116.
23 Ver CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, SENTENCIA N.° 121-16-SEP-CC, caso 0929-13-EP
24 El artículo 63.1 de la CADH dispone que 'cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en
esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada'
25,
y de verificarse "un daño causado" inclusive nacerían otras medidas como: a) la
investigación de los hechos; b) la restitución de derechos, bienes y libertades; c) la
rehabilitación física, psicológica o social; d) la satisfacción, mediante actos en beneficio
de las víctimas; e) las garantías de no repetición de las violaciones, y f) la indemnización
compensatoria por daño material e inmaterial, conforme lo determina la Carta Magna en
el artículo 78. En función de aquello, tanto la Constitución corno la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen medidas inmediatas
respecto de la vulneración a estos derechos (en este caso la libertad) conforme los
disponen los artículos 86 y 89 de la Constitución26.
De los recaudos procesales, se desprende que Darwin Eduardo Quiroga, ha recuperado su
libertad (detención dictada por la Jueza accionada que ha devenido en ilegal) en fecha
viernes 05 de febrero del 2021, pero no ha sido atendido de manera integral su reparación,
como un derecho al que debe tener acceso la persona afectada.
La Corte Constitucional en relación a la reparación integral se ha pronunciado en sus
diferentes fallos concluyendo:
"... la reparación integral en el ordenamiento ecuatoriano constituye un
verdadero derecho constitucional cuyo titular es toda persona que se considere
afectada por la vulneración de sus derechos reconocidos en la Constitución.
Adicionalmente, es un principio orientador que complementa y perfecciona la
garantía de derechos; así esta institución jurídica se halla inmersa en todo el
ordenamiento constitucional ecuatoriano, siendo transversal al ejercicio de los
derechos. De esta forma, se logra que las garantías constitucionales no sean
vistas como simples mecanismos judiciales, sino como verdaderos instrumentos
con que cuentan todas las personas para obtener del Estado una protección
integral de sus derechos `7
5.7. La apelación presentada, es por cuanto se ha vulnerado el derecho a una reparación
integral, su sustento legal se basa en los artículos 17 numeral 4 y 18 de la Ley Orgánica
25 Ver CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, SENTENCIAN.' 017-18-SEP-CC Quito, D. M. 10 de enero de 2018, CASO
N.° 0513-16-EP.- "Derecho a la libertad. El primer derecho que protege a favor de las personas la garantía
jurisdiccional de habeas corpus, es la libertad. Al respecto, es menester expresar que el referido derecho se encuentra
reconocido en el artículo 66 y en el numeral 29, literales a) y c) de la Constitución de la República del Ecuador, en los
siguientes términos: 'El reconocimiento de que todas las personas nacen libres'; y, "Que ninguna persona pueda ser
privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones
alimenticias'. En función de aquello, el artículo 77 ibídem, en general establece garantías básicas, en los procesos
penales en los que se hubiere privado de la libertad a una persona."
26 Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones:
Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública, yen cualquier
momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se
presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública
requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la causa
mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la
reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y
negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse.
Art. 89.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado
de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así
como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad...
27 CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA N°. 004-13-SAN-CC.
f
:3
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto a dichas disposiciones,
se puede observar que el artículo 17 numeral 4 de la Ley ibídem, dispone:
"4.Resolución: La declaración de violación de derechos, con determinación de
las normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que
proceda y el inicio del juicio para determinar la reparación económica, cuando
hubiere lugar. De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez
deberá cumplir con los elementos anteriores en lo que fuere aplicable ".
Mientras que el artículo 18 señala:
"Reparación integral.- En caso de declararse la vulneración de derechos se
ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación
integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen
y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a
la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras
formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la
rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la
obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las
medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios
públicos, la atención de salud. La reparación por el daño material comprenderá
la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas
afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de
carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. La
reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, mediante el
nao de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en
dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada
directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las
personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones
de existencia del afectado o su familia. La reparación se realizará en función del
tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y
la afectación al provecto de vida. En la sentencia o acuerdo reparatorio deberá
constar expresa mención de las obligaciones individualizadas, positivas y
negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial y las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse, salvo la reparación económica que
debe tramitarse de conformidad con el artículo siguiente. La persona titular o
titulares del derecho violado deberán ser necesariamente escuchadas para
determinar la reparación, de ser posible en la misma audiencia. Si lajueza o juez
considera pertinente podrá convocar a nueva audiencia para tratar
exclusivamente sobre la reparación, que deberá realizarse dentro del término de
ocho días". (El subrayado fuera de texto)
De las disposiciones citadas, estas se ajustan con los tipos de reparación integral regulados
por la Constitución de la República y pronunciadas por la Corte Constitucional, en donde
se determina que para ordenar una reparación integral, esta debe responder a los daños
causados material e inmaterialmente, especificando e individualizando las obligaciones,
positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias
en que deban cumplirse. Los jueces constitucionales dentro de cada proceso puesto a su
conocimiento, se encuentran en la obligación de garantizar las medidas de reparación
integral debiendo ser establecidas, a fin de que la garantía jurisdiccional sea efectiva y
cumpla su objetivo constitucional, evitando vincular únicamente a la reparación integral
con una reparación reducida a lo económico, ya que su naturaleza es distinta. Por esta
razón, es que dicha determinación deberá ser proporcional y racional con relación a la
función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos
y el grado de afectación.
La respectiva reparación integral declarada, devolverá el goce de los derechos que hayan
sido vulnerados, y además traerán consigo una serie de consecuencias jurídicas
favorables, esto conlleva a que los Jueces puedan adoptar similares mecanismos para
resolver casos análogos, indistintamente de las medidas de reparación integral adoptadas
por este Tribunal, pues como hemos explicado las medidas serán consideradas de manera
diversa y estará a discreción del Juzgador las medidas de reparación, a más de las
contempladas en la norma.
En tal sentido, este Tribunal de la Corte Nacional de Justicia considera necesario adoptar
las siguientes medidas de reparación integral a favor de Darwin Eduardo Quiroga
Quezada, mismas que debe cumplir la Jueza accionada Ab. Kety de los Ángeles Castro
Tituafla:
1) La restitución del derecho afectado, esto es la libertad del ciudadano Darwin
Eduardo Quiroga Quezada y dentro del juicio penal nro. 17574-2019-00288, ya
que el tipo penal por el cual se le proceso, no cumple los requisitos legales para
que se dicte una prisión preventiva, garantizando el derecho de no repetición en
dicha causa.
2) Conforme lo disponen los Arts. 113, 124 y 125 del Código Orgánico de la Función
Judicial, se dispone oficiar al Consejo de la Judicatura, con la finalidad de que se
indague sobre las presuntas faltas administrativas o infracciones en las que habría
incurrido la Ab. Kety de los Ángeles Castro Tituafla, Jueza de la Unidad Judicial
de Violencia Contra la Mujer y la Familia, dentro del proceso penal nro. 17574-
2019-00288, correspondiendo a ese Organismo de gobierno realizar las acciones
pertinentes al caso.
3) La Jueza Ab. Kety de los Ángeles Castro Tituaña, debe ofrecer las disculpas
públicas en cuanto a la reparación del derecho de libertad que se afectó, respecto
del ciudadano Darwin Eduardo Quiroga Quezada, estas disculpas públicas
deberán ser publicadas en la página web del Consejo de la Judicatura.
4) Se dispone el tratamiento psicológico del ciudadano Darwin Eduardo Quiroga
Quezada, por el lapso no menor a tres meses y con sesiones semanales en
cualquier instituto de salud público o privada a costa de la Jueza accionada Kety
de los Ángeles Castro Tituaña, pudiendo prolongarse el tiempo en caso de ser
necesario y con las certificaciones médicas respectivas.
5) Se dispone la restitución y rehabilitación del derecho de libertad vulnerado, en lo
que justifique Darwin Eduardo Quiroga Quezada a costa de la Jueza accionada.
6) Disponer la reparación económica en equidad a Darwin Eduardo Quiroga
Quezada, por haber permanecido 50 días detenido ilegalmente conforme obra de
autos, razón por la cual se fija la cantidad de dos mil doscientos dólares
americanos (usd 2.200) que deberá pagar la Jueza accionada a favor de Darwin
Eduardo Quiroga Quezada, por concepto a dos salarios básicos unificados del
L;ek
trabajador en general, por concepto de remuneración no percibida, por los daños
y perjuicios ocasionados y por haber afectado su proyecto de vida, sin perjuicio
de las futuras acciones civiles, penales y/o administrativas a que tenga derecho el
ciudadano Darwin Quiroga.
Respecto de la Sala Especializada de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes
Infractores, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y de conformidad a los
Arts. 124 y 125 del Código Orgánico de la Función Judicial:
1) Se dispone que en el término de cinco días de notificada esta sentencia, la Sala de
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y referente al juicio N° 17141-2021 -
0003T, remita un informe respecto al incumplimiento de las normas
constitucionales de reparación integral, establecidas en el artículo 86 de la
Constitución de la República y artículos 17.4 y 18 del LOGJCC, y que no han sido
impuestas en esta causa28.
6.- DECISIÓN.-
Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se acepta el recurso de
apelación y se dispone las medidas de reparación integral conforme al considerando 5.7
de esta sentencia a favor de QUIROGA QUEZADA DAR WINEDUARDO. Ejecutoriada
esta sentencia remítase copia a la Corte Constitucional de conformidad con el artículo
86.5 de la Constitución de la República, y dese cumplimiento a lo dispuesto por este
Tribunal. Luego de la contestación y resolución que se adopte, se devolverá el proceso a
la Sala competente. Notifiquese y Cúmplase.-
Firmado digitalmente
FELIPE ESTEBAN
por FELIPE ESTEBAN
CORDOVA(cid:9) CORDOVA OCHOA
OCHOA(cid:9) Fecha: 2021.04.23
15:31:50-0500
Felipe Córdova Ochoa
JUEZ NACIONAL
LUIS(cid:9) Firmado
digitalmente por
ANTONIO LUIS ANTONIO WALTER SAM NO Firmado digitalmente por
RIVERA VELASCO WALTER SAMNO MACIAS
RIVERA Fecha MAC lAS(cid:9) FERNANDEZ
VELASCO 12 50 :2 51 0.0 :24 62 -3 0 500 FERNANDEZ(cid:9) Fecha 20210423165019
Dr. Luis Rivera Velasco. Dr. Walter Macías Fernández.
JUEZ NACIONAL 11111(cid:9) i.S) ('M.I 01
CertifiC
Dra. Martha Villar rVlega s
SECRETARIA RELPTORA
28 Sentencia 3-19-CN/20 Corte Constitucional de fecha 29 de julio de 2020. Reglamento Para la Regulación
de la Declaratoria Jurisdiccional Previa de la Corte Constitucional, Arts. 11 y 12.
EVE
jg
147670804-DFE
En Quito, viernes veinte y tres de abril del dos mil veinte y uno, a partir de las cinco
horas y cuarenta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que
antecede a: QUIROGA QUEZADA DARWIN EDUARDO en el correo electrónico
cta raso ria_7@hotmait.com,(cid:9) ceso ria@defenso ría. gob.ec,
defensajudicialpichincha@defensoria.gob.ec, en el casillero electrónico No.
0603846999 del Dr./Ab. SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH; en el correo
electrónico defensajudicial@defensoria.gob.ec, cesoria@defensoria.gob.ec,
00317010025 del Dr./Ab. Defensoría Pública - Penal PATROCINIO - Quito
Pichincha; en el correo electrónico defensajudicialpichincha@defensoria.gob.ec; en
el correo electrónico cesoria@defensoria gob ec DRA. KETTY DE LOS ANGELES
CASTRO TITUAÑA JUEZA DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA NO.4 en el correo electrónico Kety.CastrofuncionjudiciaI.gob.ec,
kety.castrofuncionjudicial.gob.ec; en el correo electrónico
ketty.castrofuncionjudicial.gob.ec. CENTRO DE PRIVACIÓN PROVISIONAL DE
LIBERTAD MASCULINO PICHINCHA N.- 1 (EL INCA), SERVICIO NACIONAL DE
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y
ADOLESCENTES INFRACTORES en la casilla No. 1080 y correo electrónico
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CHILUIZA JACOME PAQUITA MARJOE en el correo electrónico
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MARTHA BEATRIZ VILLARROEL VILLEGAS
SECRETARIA RELATORA
Firmado por
FIJNC1ON JuDiCIAL &o T
VILLEGAS
DOCUMENTO FIRMADO =GECITO
ELECTRÓNICAMENTE Ci
1600206989 |
140499682-DFE
Juicio No. 1750520110003
JUEZ PONENTE: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, viernes 15 de enero del 2021,
las 10h28. VISTOS
El economista Antonio Enrique Avilés Sanmartín, en su calidad de Director Distrital de Guayaquil,
del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, interpone recurso de casación en contra de la sentencia
de mayoría emitida el 30 de junio del 2017, a las 10h29, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Tributario con sede en el distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, dentro del juicio
No. 1750520110003, accionado por la compañía ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A., en contra
de la Resolución No. GDGDAJGPV03888, de 14 de diciembre de 2010, emitida por el Director
Distrital de Guayaquil de la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE (actual Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador SENAE), en la que declaró sin lugar el reclamo administrativo de pago indebido
No. 2922932010, correspondiente a las importaciones declaradas con refrendos No. 0281010
091386101 y 0281010093598401.
PRIMERO: COMPETENCIA.
1.1 La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es competente
para conocer y resolver el presente recurso de casación en conformidad con el primer numeral del
artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 1 de la Codificación de Ley de
Casación en concordancia con la disposición transitoria primera del Código Orgánico General de
Procesos.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.
2.1 En la sentencia de mayoría de instancia resuelven aceptar parcialmente la demanda deducida por
el señor Xavier Cristóbal Villagómez González, en calidad de gerente general de la compañía
ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A., en cuanto se reconoce que la importación efectuada al
amparo de la DAU 16961234 con refrendo No. 02810100913861 corresponde a la partida
arancelaria declarada, esto es, la 3910.00.90.00; por lo que se reconoce el pago indebido de los
tributos al comercio exterior realizados por el valor de US$ 8.214,68, que deberán ser restituidos por
la autoridad aduanera a la compañía actora, más los intereses desde la fecha de presentación del
reclamo administrativo acorde lo prevé el artículo 22 del Código Tributario; en lo demás, se confirma
la validez y legalidad de la resolución No. GDGDAJGPV03888, de 14 de diciembre de 2010,
emitida por el Director Distrital de Guayaquil de la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE (actual
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE).
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO.
3.1 Con fecha 20 de julio de 2017, presenta el recurso de casación propuesto por economista Antonio
Enrique Avilés Sanmartín, en su calidad de Director Distrital de Guayaquil, del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador; y el 21 de julio de 2017, presenta el recurso de casación propuesto por
economista Mauro Alejandro Andino Alarcón, en su calidad de Director General del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador; recursos que fueron calificados como oportuno por el Tribunal de
origen, mismo que dispuso elevar los autos a la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia.
CUARTO: ADMISIÓN Y CONTESTACIÓN DEL RECURSO.
4.1 Mediante auto del 13 de agosto de 2019, a las 12h42, el doctor Juan Montero Chávez, en su
calidad de Conjuez de esta Sala, admitió a trámite el recurso de casación interpuesto por el
DIRECTOR DISTRITAL DE GUAYAQUIL, DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL
ECUADOR, por la causal quinta del art. 3 de la Ley de Casación; e inadmitió a trámite el recurso de
casación interpuesto por el DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA
DEL ECUADOR, por no cumplir el numeral 4 art. 6 de la Ley de Casación.
4.2 La compañía ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A. no presenta contestación alguna al recurso
de casación propuesto por la Autoridad Tributaria Aduanera.
QUINTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR.
5.1 Mediante sorteo de la causa, se radicó la competencia en la Sala integrada por los doctores José
Dionicio Suing Nagua (juez titular), Gustavo Adolfo Durango Vela (juez encargado) y Fernando
Antonio Cohn Zurita (juez encargado y ponente de esta causa).
Mediante acción de personal No. 301UATH 2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de
la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
Resolución No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
legaliza el reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional y por Resolución No. 08
2020 de 24 de junio de 2020, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al doctor José Suing
Nagua a la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario.
De la acción de personal No. 302UATH 2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la
Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
legaliza el reintegro del Dr. Gustavo Durango Vela en calidad de Conjuez Nacional. Mediante Oficio
635SGCNJ de 1 de julio de 2020 la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia llama al Dr. Gustavo
Durango a asumir el despacho en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario que ocupaba la
ex Magistrada doctora Mónica Heredia Proaño (que a su vez reemplazaba a la doctora Ana María
Crespo Santos), avalado por la acción de personal Nro. 317UATH2020OQ de la misma fecha.
En virtud de las Resoluciones No. 1882019 y 1972019 emitidas por el Pleno del Consejo de la
Judicatura y el oficio No. 2363SGCNJROG de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por la
doctora Paulina Aguirre Suárez, en calidad de Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, y en la
acción de personal No. 278UATH2019OQ, se designó al doctor Fernando Antonio Cohn Zurita en
calidad de Juez Nacional encargado, en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, en el
despacho que estaba a cargo del doctor José Luis Terán Suárez.
SEXTO: VALIDEZ PROCESAL.
6.1 De la revisión del proceso no se observa ninguna circunstancia que puede afectar su validez
procesal y tampoco existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara la plena validez del
mismo.
SÉPTIMO: ERRORES ALEGADOS.
7.1 El recurrente cuestiona el fallo emitido, al amparo de la causal quinta del artículo 3 de la Ley de
Casación, porque la sentencia no contiene el requisito de motivación.
OCTAVO: CONTENIDO DE LA CAUSAL.
8.1 La causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, de modo expreso establece que procede el
recurso “Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte
dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles”.
NOVENO: ALCANCE DOCTRINARIO DEL ERROR.
9.1 Respecto a la motivación Oswaldo Alfredo Gozaini, señala que: “…la motivación, que no es otra
cosa que la progresividad del derecho de las partes y la obligación constitucional de los jueces de
motivar los fallos, plantea la naturaleza que tiene este deber fundamental. No se trata de contabilizar
una simple fundamentación que puede resultar suficiente con la aplicación mecánica de la ley, sino
de analizar si dicha exigencia radica en una necesidad política propia de la justificación de los actos
de un poder del Estado, o significa establecer una garantía constitucional que forma parte de un
conjunto de mayor contenido en el principio del debido proceso”. (Oswaldo Alfredo Gozaini, en su
obra “El Derecho Procesal Constitucional, El Debido Proceso”, Rubinzal Culzoni. Editores, Buenos
AiresArgentina, 2004, p. 428”
Y en lo referente a las decisiones contradictorias Luis Cueva Carrión en su obra “La Casación en
materia civil”, Ediciones Cueva Carrión, Ecuador 2011, pág. 330, al respecto dice: “La sentencia es
pieza fundamental que pone fin a la instancia o al proceso, según el caso, en ella se decide sobre los
fundamentos de hecho y de derecho que constituyen la parte vertebral de todo juicio y su razón de
ser; por lo tanto, debe ser redactada en forma clara, precisa, sin hacer uso de frases oscuras o
indeterminadas; las decisiones que en ella se adopten no pueden ser incompatibles entre sí, ni
contradictorias, de serlo, se tornaría difícil, imposible quizá, ejecutarla. Toda la sentencia debe
guardar armonía y congruencia entre sus partes y con el proceso…Cuando la Ley de Casación alude
a lo contradictorio se refiere a la segunda ley de la Lógica, a la ley de la no contradicción. El
enunciado de este principio lógico es el siguiente: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en
igualdad de circunstancias. Su forma abstracta es ésta: A no puede ser A y no A al mismo tiempo.
Esto significa que la afirmación y la negación de una misma cosa no pueden ser verdaderas. Lo que
predicamos de una cosa es o no es... En suma: este principio nos enseña que dos juicios
contradictorios no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Este principio tiene su fundamento en dos
evidencias: la una de carácter lógica: dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos al mismo
tiempo; y la otra, ontológica: un mismo objeto no puede ser y no ser al mismo tiempo”.
DÉCIMO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS SEÑALADOS.
En el recurso de casación se sostiene que la sentencia se encuentra viciada de contradicción e
incompatibilidad ya que la Sala infringe el segundo requisito de la motivación señalado por la Corte
Constitucional es decir la lógica, establecida en la sentencia No. 22712SEPCC; que la Sala no sólo
ha contravenido con el carácter lógico de la motivación al determinar cuál es la clasificación
arancelaria sin aplicar las normas competentes, tanto internas como externas, siendo en este caso en
particular las notas explicativas del Sistema Armonizado, dejando además a un lado documentos que
detallan lo observado en el momento del aforo físico y que describen las características de la
mercancía; sino que además la Sala incurre en LA FALTA DE BASE LEGAL (Notas explicativas), lo
que implica la insuficiencia de mérito de los motivos fácticos; que para la Sala de instancia es
suficiente un registro Sanitario, pero no realiza una confrontación de las normas pertinentes, para
determinar la ley aplicable a la debida clasificación arancelaria. Señala que, si bien es cierto la
sentencia cita ciertos artículos, más no los analiza, ni la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento, y
que no se aplican las Notas Explicativas del Sistema Armonizado para la designación y codificación
de mercancías, ni la Constitución, ni la Ley Orgánica el Ministerio de Salud; lo que constituye una
falta de base legal y de motivos; que en el fallo de instancia no existe lógica jurídica cuando la
sentencia no realiza un verdadero silogismo debido, el no realizar una premisa menor (hechos), con
una premisa mayor (normas), lleva a una resolución inmotivada, porque simplemente sin ningún
sustento menciona su resolución; que la Sala debió analizar elementos fácticos de la clasificación
arancelaria correcta, debía efectivamente revisar el producto en base a sus componentes, cuál era la
correcta subpartida arancelaria, debió revisar los diversos informes que constaban dentro del proceso
administrativo y judicial. Por lo expuesto solicita que se case la sentencia.
UNDÉCIMO: SENTENCIA RECURRIDA.
11.1) En la sentencia el Tribunal de instancia expresa (subrayado es de esta Sala): “CUARTO. (…)
4.2. La parte actora alega que las mercancías importadas en las dos importaciones efectuadas, las
declaró en la partida arancelaria 3910.00.90.00, que fue cambiada a la partida 3214.10.10.00 por el
delegado de aforo, lo que dio lugar al pago de valores mayores a la tarifa 0% ad valorem declarada,
y que dicho cambio no se sustenta en ninguna explicación técnica. (…) 4.4. Del informe sobre
clasificación arancelaria presentado por el perito técnico aduanero Pazmiño (a fs. 255270 y anexos
a fs. 226254); se observa que el profesional hace un análisis de los productos “silicones ABRO”, y
que de su experticia concluye: “En vista del análisis a la información existente en el expediente así
como a la investigación profesional, tanto del Arancel Integrado, notas de Capítulo, Notas
Explicativas y revisando los productos similares existentes en el mercado nacional, (como son los
silicones PERMATEX, DOW CORNING, ORBASIL, entre otros), es criterio del señor Perito que el
producto SILICON SEALEANT ABRO 1200, en diferentes presentaciones y colores debería
clasificarse en la Sección VII, Capítulo 39, partida 3910, sub partida 3910.00.90.00 Las demás.” (a
fs. 269); de otro lado, del informe presentado por el perito en ingeniería química Narváez (a fs. 292
305 y anexos a fs. 281291), se observa que hace un análisis de muestras del producto ABRO 1200
USA 100% SILICONE, de la que concluye que tiene un noventa y seis con 96 por ciento (96.96%) de
“polidimetil siloxano (Silicona)”. De estos informes periciales, se colige que las experticias se han
efectuado respecto del producto ABRO 1200 RTV 100% SILICON, correspondiente a la primera
importación realizada al amparo de la DAU con refrendo No. 02820101009386101, y de las
conclusiones se evidencia ciertamente que dicha mercancía, por su composición química
correspondía clasificarse en la subpartida arancelaria 3910.00.90.00 conforme declaró la compañía
actora, y no en la subpartida 3214.10.10.00 como determinó el funcionario de aforo; en
consecuencia, el pago realizado en virtud del cambio de partida arancelaria se torna indebido como
lo reclamó en su momento la empresa actora. De otro lado, como queda dicho, los informes
periciales no se han referido al producto RTV SILICÓN GRIS 3 ONZAS, importado al amparo de la
DAU refrendo No. 0281010093598401, sin que conste de los recaudos procesales otro elemento
fáctico que sustente sus afirmaciones, que por tanto quedan en meros asertos que no sustentan
haberse producido un pago indebido. 4.5. Cabe recalcar que la acción sometida a conocimiento de
este Tribunal consiste en una impugnación a una resolución administrativa que negó (declaró sin
lugar) los reclamos de pago indebido, por lo que se debe atender el criterio expresado de forma
reiterada por la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia (Expediente 273, Registro
Oficial Suplemento 355 de 29 de Octubre del 2012; Recurso 562009, Registro Oficial Edición
Especial 190 de 8 de septiembre de 2011; y de la entonces Corte Suprema de Justicia en el Recurso
432002, Registro Oficial, 252 de 15 de Enero del 2004), en cuanto establece que, para que prospere
la acción de pago indebido, se debe demostrar en primer lugar el pago, y en segundo término, que
éste es indebido. En el caso que nos ocupa, es preciso advertir que la carga de la prueba en la
especie, recae en la parte actora, de conformidad con lo previsto por el artículo 258 del Código
Tributario que a la letra dice: “Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto
afirmativamente en la demanda y que ha negado expresamente la autoridad demandada, salvo
aquellos que se presuman legalmente. Los hechos negativos deberán ser probados, cuando impliquen
afirmación explícita o implícita, sobre la exención, extinción o modificación de la obligación
tributaria.”. En la especie, este Tribunal ha reconocido como hecho no controvertido que existe un
“PAGO CONFIRMADO” de los tributos de las dos importaciones según el cambio de partida
determinado en el aforo, toda vez que la misma autoridad aduanera así lo señala expresamente en el
considerando cuarto, literal c) de la resolución impugnada. De otro lado, se verifica con auxilio de lo
informado por los peritos, según el análisis del numeral 4.4 de este fallo, que la mercancía importada
al amparo de la DAU con refrendo No. 02820101009386101 por su composición química, se trata
de una silicona, de aquellas a las que se refieren las Notas Explicativas del Sistema Armonizado en la
partida 3910; y corresponde a la subpartida arancelaria 3910.00.90.00 con tarifa 0% de ad valorem.
Mientras que de otro lado, la parte actora, a pesar de solicitar tanto en el reclamo administrativo
como en su demanda que se reconozca un pago indebido de tributos por la importación de la
mercancía RTV SILICON GRIS 3 ONZAS correspondiente a la DAU con refrendo No. 0281010
093598401, no ha presentado prueba alguna que permita conocer la naturaleza y composición de
aquella, por lo que no ha desvirtuado el cambio de partida arancelaria que operó respecto de dicha
importación y, sin elementos fácticos idóneos, no se aprecia que el pago efectuado resulte indebido.
(…)
DÉCIMO SEGUNDO: ANÁLISIS DE LOS TEMAS CONTROVERTIDOS.
Es pertinente señalar que el recurrente señala que la sentencia es contradictoria, pero en su
argumentación se refiere a la motivación ya que señala que al no aplicar las normas que considera
pertinentes, incurre en la falta de base legal, lo cual tiene que ver con la motivación; el vicio de
contradicción se configura cuando no hay armonía entre la parte considerativa y la resolutiva, sobre lo
cual el SENAE no presenta argumento alguno en su recurso de casación, por lo que esta Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,se pronunciará
únicamente sobre la falta de motivación de la sentencia, para lo cual considera:
12.1 Esta Sala observa que el Tribunal, en primer lugar menciona lo expresado por el actor y por el
demandado en demanda y contestación, habiendo el actor referido que en aforo se modificaron las
subpartidas declaradas en dos importaciones de mercancías, y que reclama la devolución de lo pagado
indebidamente por dicho cambio de clasificación. Cita el actor las notas explicativas del sistema de
clasificación arancelaria que a su criterio sustenta la subpartida declarada. En las contestaciones a la
demanda, las autoridades demandadas citan las normas legales que fundamentan la atribución
aduanera para efectuar el cambio de clasificación arancelaria. En el ordinal tercero, apartado 3.3, se
cita la Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia que habilita al SENAE a realizar el
cambio de partida arancelaria. En el ordinal CUARTO, numeral 4.1, el Tribunal señala que por
tratarse de una acción de impugnación de una resolución que negó los reclamos administrativos de
pago indebido deducidos en sede administrativa por la empresa actora, es preciso verificar en primer
término si se ha efectuado el pago, lo cual la autoridad aduanera reconoce que se ha efectuado el pago
objeto del reclamo, por lo que lo asume como hecho no controvertido. Luego expresa el Tribunal que,
habiendo la parte actora señalado que las mercancías importadas las declaró en la partida arancelaria
3910.00.90.00, que fue cambiada a la partida 3214.10.10.00 por el delegado de aforo, se dio lugar al
pago de valores mayores a la tarifa 0% ad valorem declarada, y que dicho cambio no se sustenta en
ninguna explicación técnica. En el análisis de los argumentos de la autoridad aduanera para emitir la
resolución impugnada, se detalla que el cambio de partida se sustenta en el Oficio CGADVNJNC
JVAOF03082 emitido por la Coordinación de Gestión Aduanera el 15 de septiembre del 2010, en
base al informe técnico CAECGAJNCFJ1037 referente a las mercancías del importador
ABROADESIVOS DEL ECUADOR S.A. “mercancías cartuchos de silicón”; que en el Oficio No.
AFFGCJBSOF0122010 de 30 de noviembre de 2010 (a fs. 112), suscrito por el técnico operador
de aforo físico de la gerencia distrital de Guayaquil de la CAE, se informa que el 12 de octubre de
2010 se deriva aleatoriamente al aforo físico las mercancías amparadas en la DAU 16976267 con
refrendo No. 02810100935984, y que, “una vez realizado el aforo físico se observa el trámite vía
WORKFLOW el día 12102010 con la siguiente leyenda: EN REFERENCIA AL OFICIO CGADVN
JNCJVAOF02214 DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADUANERA SE SUGIERE
EL CAMBIO DE SUBPARTIDA DE 3910009000 A 3214101000, POR FAVOR INGRESAR
INFORMATIVO”. Respecto a lo oficios en mención el Tribunal realiza las siguientes observaciones: i)
Que el Oficio No. CGADVNJNCJVAOF03082 de 15 de septiembre de 2010 en el que sustenta el
cambio de partida arancelaria que consta a fojas 104106, se observa que es de fecha anterior a la de
presentación de las declaraciones aduaneras que dieron lugar al cambio de partida, reclamo y
resolución objeto de esta causa, y asimismo, que consiste en un análisis de mercancía distinta como es
cartucho de silicón; ii) Que el oficio No. CGADVNJCNOF02214 que se señala en la Resolución
impugnada no ha sido remitido como parte del expediente administrativo y por tanto no obra de autos,
por lo que se desconoce su contenido; iii) Que en Oficio No. CGGADNVJCN(i)04244 de 7 de
diciembre de 2010; suscrito por la coordinadora general de gestión aduanera de la CAE, en el que la
funcionaria manifiesta que por no haberse adjuntado información técnica al expediente administrativo,
no le es posible emitir un criterio técnico sobre la clasificación arancelaria debido a que no encuentra
elementos de juicio suficientes para analizar la mercancía en controversia y manifiesta además sobre
las muestras remitidas al expediente, que no son pruebas fehacientes por no haberlas tomado durante
el aforo físico.
12.2 El Tribunal A quo resalta que con base al auxilio de lo informado por los peritos, tanto el experto
en materia aduanera como el ingeniero químico, se establece que la mercancía importada al amparo de
la DAU con refrendo No. 02820101009386101 por su composición química, se trata de una
silicona, de aquellas a las que se refieren las Notas Explicativas del Sistema Armonizado en la partida
3910; y corresponde a la subpartida arancelaria 3910.00.90.00 con tarifa 0% de ad valorem.
Además señala que la parte actora ha solicitado tanto en el reclamo administrativo como en su
demanda, que se reconozca un pago indebido de tributos por la importación de la mercancía RTV
SILICON GRIS 3 ONZAS correspondiente a la DAU con refrendo No. 0281010093598401, de lo
cual no ha presentado prueba alguna que permita conocer la naturaleza y composición de aquella, por
lo que no ha desvirtuado el cambio de partida arancelaria que operó respecto de dicha importación y,
sin elementos fácticos idóneos, no se aprecia que el pago efectuado resulte indebido.
12.3 Como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “(…) la motivación es la
exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión” (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Sentencia
de 21 de noviembre de 2007, párrafo 107), “(…) la argumentación de un fallo y de ciertos actos
administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la
autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Además,
debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el
conjunto de pruebas ha sido analizado (…)” (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso
López Mendoza Vs. Venezuela Sentencia de 1 de Septiembre de 2011, párrafo 141), habiéndose
pronunciado en similar sentido la Corte Constitucional al aseverar que “Para que determinada
resolución se halle correctamente motivada es necesario que la autoridad que tome la decisión
exponga la razones que el derecho le ofrece para adoptarla” (sentencias 07613SEPCC y caso
124210EP)
12.4 HABIENDO EL TRIBUNAL EN SU SENTENCIA: i) detallado los elementos de hecho con
claridad, mencionando las posturas de las partes relacionadas a la clasificación arancelaria de la
mercancía y la incidencia de las notas explicativas del arancel, ii) especificado los reiterados
pronunciamientos judiciales, que obligan a establecer que en los reclamos de pago indebido debe
probarse el pago y que el mismo es indebido; iii) referido la falta de controversia respecto a la
realización del pago por la diferencia determinada con ocasión del cambio de subpartida arancelaria,
por lo que solo restaba establecer si el mismo era indebido; iv) definido, en función de un fallo del
pleno de la Corte Nacional, que el SENAE tiene la atribución para cambiar la subpartida declarada; v)
fijado como punto controvertido, el establecer la procedencia de dicha decisión administrativa; vi)
verificado, en función de las pruebas presentadas por peritos expertos, que por la composición de la
mercancía y sus características, en aplicación de las notas explicativas del arancel, parte de la
mercancía en controversia estaba declarada en la subpartida arancelaria correcta; vii) constatado que,
respecto de otra parte de la mercancía en controversia, no había existido prueba del actor conforme al
artículo 258 del Código Tributario, que desvirtúe el cambio de clasificación arancelaria; DICHO
ÓRGANO DISPUSO QUE SE DEVUELVA AL ACTOR EL VALOR PAGADO POR LA
DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A UNA RECLASIFICACIÓN ARANCELARIA QUE NO
ESTABA JUSTIFICADA, CONFORME AL ARTÍCULO 22 DEL CODIGO TRIBUTARIO. En
suma el Tribunal enunció los elementos de hecho y de derecho necesarios para resolver el conflicto,
haciendo una explicación clara de los motivos de la decisión, cumpliendo los requisitos previstos en el
literal l del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución.
12.5 El hecho de que no se haya mencionado en la parte resolutiva varios artículos de la Ley Orgánica
de Aduanas, o de su Reglamento, que no eran imprescindibles para resolver la controversia, misma
que se circunscribía a la correcta clasificación arancelaria de la mercancía, que determinaba la
procedencia o improcedencia del pago de la diferencia originada en el cambio dispuesto en el aforo,
no significa que la sentencia sea inmotivada, pues tales preceptos no coadyuvaban al asunto en
disputa. En cuanto a las notas del arancel, el Tribunal sustentó su decisión en el criterio de un perito
aduanero especializado, en la compleja especialidad de la merceología, que al ser coincidente con la
opinión de un perito especialista en ingeniería química, lo condujo a coincidir con sus conclusiones,
relacionadas a la correcta clasificación arancelaria, por lo que no era indispensable que el Tribunal
reitere las específicas argumentaciones de cada perito.
12.6 Por tales razones, se desestima el cargo de falta de motivación de la sentencia.
DÉCIMO TERCERO: SENTENCIA
Por las consideraciones precedentes, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA”, resuelve NO CASAR la sentencia de mayoría emitida el 30 de junio del 2017, a las
10h29, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el distrito Metropolitano de
Quito, Provincia de Pichincha, dentro del juicio No. 1750520110003. Sin costas. Notifíquese,
Publíquese y Devuélvase.
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL |
COPIA CERTIFICADA —
—
RESOLLJCION N. 969-2018 ,~ein/~ y~(e.’~
1—
Juicio No 01803-2017-00094
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CONJUEZ PONENTE DR PATRICIO ADOLFO SECAIRA DURANGO,
CONJUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTORjA: DR. PATRICIO ADOLFO SECAIRA DURANGO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
-
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Quito, martes 27 de noviembre deI 2018, las
15h58. VISTOS:
PRIMERO.- COMPETENCIA.- Segúnacta de sorteo de 6 de septiembre de 2018, la
competencia para el conocimiento y resolución de la presente causa correspondió a
los jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia, integrada por: Dra. Cynthia Guerrero Mosquera (ponente), Dr.
Álvaro Ojeda Hidalgo y Dr Pablo Tinajero Delgado. Incorporándose posteriormente,
)
a dicha Sala, los Conjueces Nacionales: Dr. Patricio Secaira Durango, quien actúa
en reemplazo de la Ab. Cynthia Guerrero Mosquera, en virtud del oficio No.
1 692-SG-CNJ de 11 de octubre de 2018 y, el Dr. Wilman Terán Carrillo, en remplazo
del Dr. Pablo Tinajero Delgado, en virtud del oficio No. 1 608-SG-CNJ-ROG de 25 de
septiembre de 2018. El doctor Álvaro Ojeda Hidalgo fue designado como Juez
Nacional por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No.
4-2012 de 25 de enero de 2012. El Dr. Adolfo Patricio Secaira Durango y fue
,
designado como Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, según resolución No.
037-2018 de 15 de marzo de 2018 expedida por el Pleno del Consejo de la
Judicatura, por la que se designa a jueces y conjueces de la Corte Nacional Dr.
Wilman Terán de Justicia; el acta suscrita por el Presidente del Consejo de la
Judicatura y la Presidente de la Corte Nacional de Justicia de 19 de marzo de 2018
por la que se integra las Salas de la Corte Nacional de Justicia; y nombramiento
constante de acción de personal No. 1966-DNTH-2018-JT de 16 de marzo de 2018.
SEGUNDO.- DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO.-
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Cuenca,
en auto de 2 de julio de 2018, ha calificado el recurso de casación interpuesto por la
parte actora del juicio de instancia: Luis Alberto Chure Condo.
El Conjuez Nacional designado por sorteo de 16 de julio de 2018, en auto de 22 de
agosto de 2018, admite el recurso de casación interpuesto, en lo relacionado a la
causal quinta prevenida en el artículo 268 del Código Orgánico General de4,,
Procesos, en lo que se refiere a la errónea interpretación del artículo 58 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en consecuencia es
respecto a esta causal la que debe pronunciarse la sentencia.
TERCERO.- FUNDAMENTACION DE LA CAUSAL.-
El recurso de casación interpuesto, por el ciudadano LUIS ALBERTO CHURE
CONDO, actor del juicio de instancia, quien comparece por medio de su procurador
judicial Dr. Álvaro Javier MéndezÁlvarez, señala que la Secretaría de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR), mediante resolución No.
1NMOBILIAR-RESOLUCIÓN-2012.478, declaró de utilidad pública, por delegación
del Ministerio del Interior, con fines de expropiación y ocupación inmediata, para la
construcción de una Unidad de Policía Comunitaria, una fracción de terreno de
propiedad del casacionista, cuyo avalúo, de acuerdo a la Dirección de Avalúos,
Catastros y Estadísticas de la Municipalidad de Cuenca, alcanza la suma de
$3.833,12. Que al no haber acuerdo sobre ese precio, INMOBILIAR presentó la
respectiva demanda de expropiación, juicio que se ventiló bajo el No.
01333-2014-0111 a cargo, en primera instancia de la Unidad Judicial de lo Civil del
cantón Cuenca; en la que se expidió sentencia en favor de INMOBILIAR,
disponiendo el pago del justo precio equivalente al valor de ese avalúo,sin perjuicio
de que el propietario inicie las acciones legales, respecto de un eventual daño
emergente. Sentencia que fuera ratificada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la
Corte Provincial de Justicia del Azuay, como consecuencia del recurso de apelación
que interpusiera el señor Chure Condo.
Que, en esa circunstancia presentó demanda contencioso administrativa
encaminada a que se le reconozca el daño emergente existente, conforme ordena el
artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(LOSNCP), que deja abierta la posibilidad de que exista daño emergente, como
consecuencia de que el pago indemnizatorio no constituyó el justo precio.
Proceso en el cual, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede
en la Ciudad de Cuenca, en sentencia de mayoría dictada el 8 de junio de 2018,
declara sin lugar la demanda, al considerar que el actor no ha demostrado que se
haya incurrido en error u omisión ilícita por parte de la oficina de avalúos
municipales, al fijar el precio del inmueble en el avalúo.Que, el voto salvado en
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cambio, le dio la razon, al considerar que existia el daño emergente y mando a
pagar parle del avalúoque obra del informe pericial al que refiere.
Al considerar que el argumento de la sentencia recurrida contiene un razonamiento
subjetivo, que constituye una violación al derecho sustantivo contenido en el 58 de la
LOSNCP, al ser interpretado por el juzgador de manera distinta y contradictoria a la
intención del legislador, quien dejó la posibilidad de que exista daño emergente,
como consecuencia de que el pago indemnizatorio no constituya el justo precio;
error de derecho que consiste en sostener, que si el avalúofue realizado por el
Municipio, ya no existe daño emergente al no existir omisión ilícita. Al amparo de la
causal quinta del Art. 268 del COGEP, acogiéndose al cargo de errónea
interpretación de esa norma, pide que se acepte el recurso que interpone y se deje
sin efecto la sentencia material del recurso de casación; y, en consecuencia se dicte
sentencia de méritoen la que se disponga aceptar la demanda, y se declare la
existencia del daño emergente ordenándose por tanto, el pago de la diferencia que
hay entre el valor entregado y el valor real y comercial del inmueble materia de la
expropiación.
CUARTO.- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE CASACIÓN.-
En auto de 17 de septiembre de 2018, se convocó a la audiencia de casación
prevista en el artículo 272 del 000EP, para el jueves 11 de octubre de 2011 a las
15h00; providencia con la que han sido debidamente notificadas las partes.
El día y hora señalados para esa diligencia, se instaló la misma con la presencia del
Juez y Conjueces: Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Dr. Patricio Secaira Durango (en
calidad de ponente) y, Dr. Wilman Terán Carrillo; y, las partes procesales, por
) intermedio de sus patrocinadores y procuradores judiciales, conforme las
acreditaciones procesales. Al concederles la palabra a las partes procesales
expresaron:
El recurrente, haciendo una síntesis de los argumentos que obran del escrito de
interposición; reiterando que se produjo la declaratoria de utilidad públicade parte
del inmueble de su propiedad y que al no haber acuerdo en el preoio fijado en el
avalúo municipal, Inmobiliar, propuso demanda de expropiación, en la cual se
expidió sentencia en primera instancia, ratificada en segunda, por la cual se dejó a
salvo el derecho del propietario para reclamar la existencia de daño emergente.
Que, en ejercicio de su derecho planteó demanda ante el Tribunal Distrital de lo,~
Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca; órgano judicial que
emitiera sentencia de mayoría, declaró sin lugar la demanda; por lo que interpuso
recurso de casación acusando que ese fallo, contiene el vicio de errónea
interpretación del artículo 58 de la LOSNCP, ya que el fallador contradice el
verdadero propósito que el legislador diera a esa disposición legal, que le reconoce
el derecho de que se le pague el valor del daño emergente que sufriera el
propietario del bien expropiado.
Por su parte INMOBILIAR afirmó que la Ley vigente en 2008 establecía que el justo
precio debía fijarse de acuerdo a la sana crítica judicial y que la reforma al artículo
58 de la LOSNCP deja el derecho para que el expropiado reclame el daño
emergente; que la reforma establece que el justo precio debe establecerse a base
del avalúomunicipal. Que en el caso del recurrente, el terreno de su propiedad era
baldío, sin construcciones y se reconoce su precio segúnel avalúo. Que el actor
presenta como prueba un informe pericial que segúnel juzgador no prueba el daño
emergente. Que el valor del avalúofue cancelado y que reclaman como si no se les
hubiese pagado nada. Que no hay mala interpretación, sino un criterio para valorar
la prueba que se quiere revisarla. Por lo que estima que el recurso debe rechazarse.
En sentido similar se pronunció el Ministerio del Interior, al estimar que el justo
precio no puede ser otro que el del avalúoy que la causal en la que se sostiene el
cargo de la casación no es la que corresponde al planteamiento hecho por el
recurrente.
En los alegatos finales, el casacionista afirmó que no es verdad que haya
equivocado la causal, pues el caso quinto de violación directa está presente en la
sentencia sobre la que versa el recurso, al existir errónea interpretación y no se
refiere al acervo probatorio, ya que ello hubiere correspondido a la causal cuarta, por
lo que se ratifica que en el caso hay un error de hermenéuticajurídica en el voto de
mayoría cuando no entiende el alcance del daño emergente, lo que si lo hace el voto
salvado. Al respecto, los demandados del juicio principal, se ratificaron en sus
intervenciones anteriores al manifestar que, el recurrente habla de daño
emergente, el cual al haber sido pagado como manda la ley, deja de existir ya que el
menoscabo del patrimonio ha sido compensado.
Dicha audiencia fue suspendida de conformidad al artículo 93 del COGEP, la cual
fue reinstalada el martes 23 de octubre de 2018 a partir de las 15h30, en que se dio
a conocer, a las partes, la decisión dividida de la Sala, en el sentido de no casar la
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sentencia recurrida, con el voto salvado del Juez Dr Alvaro Ojeda Hidalgo quien se
aleja del criterio de mayoría considerando que la sentencia d’ebe ser casada;
conforme obra del acta que corre a fojas 35 y 36 del cuaderno de casación.
QUINTO.- MOTIVACIÓN.-
El recurso de casación, conforme lo definiera la Corte Suprema de Justicia y lo
ratificara la Corte Nacional de Justicia, en sus diferentes Salas Especializadas, ha
definido que este es un recurso “vertical, extraordinario, formalista, riguroso,
independiente, de noble finalidad, especial y de excepción; de carácter dispositivo y
casuístico; de oportunidad, de alta técnica jurídica; completo, de admisibilidad
restringida; axiomático y de orden público;de aplicación estricta, matemática en su
análisis”. (Registro Oficial, suplemento No. 99, de 2 de julio de 1997, página 6).
Señalando asimismo que este recurso: ‘es una fase procesal de naturaleza diferente
a las restantes, que tiene un solo objetivo, impugnar la sentencia o auto recurrido,
variando en consecuencia las motivaciones de la controversia, que ya no es la
pretensión del actor y la contradicción del demandado, sino la pretensión del
recurrente de alcanzar que se invalide el fallo por considerar que en el mismo se ha
violado la ley” (Registro Oficial No. 100, de 3 de julio de1997, página 16).
Es por esa razón que su taxatividad obliga a quienes usan el recurso a sujetarse no
solo a lo literal de sus exigencias normativas, prevenidas en el COGEP, sino a la
naturaleza jurídico-procesal que cada causal lleva consigo, para lo cual, no solo los
precedentes judiciales previos, sino las recomendaciones doctrinarias deben ser
acatadas; así, los vicios in procedendo son distintos a los in iudicando y cada uno de
los yerros definidos en el ordenamiento jurídico no puede rebasar su ámbito
específico, trazado en ély en las otras fuentes del derecho señaladas.
Humberto Murcia Bailénal respecto enseña que: “la casación es un recurso limitado,
porque la ley lo reserva para impugnar por medio de él solo determinadas
sentencias, formalista; es decir, que impone al recurrente, al estructurar la demanda
con la que sustenta, el inexorable deber de observar todas las exigencias de la
técnicade casación a tal punto que el olvido o desprecio de ellas conduce a la
frustración del recurso y aún al rechazo in limine del correspondiente libelo”
(MURCIA BALLÉN,Humberto, Recurso de Casación Civil, Bogotá. 2005. Página
71).
Efectivamente, el recurso de casación, tiene tres fases delimitadas en el
ordenamiento jurídico: (i) la de calificación, que solo en el aspecto de la oportunidad
en su presentación, le corresponde hacer al Jugador de instancia habilitado para el
efecto; (H) el de admisibilidad, que le corresponde al Conjuez Nacional de la
pertinente Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, al que le compete
determinar la existencia de requisitos formales, requisitos que consisten en el cómo
está conformado o integrado el escrito de interposición del recurso, que es una
especie de formato que debe cumplir ciertas exigencias, las cuales están prevenidas
en el artículo 267 del 000EP y que permiten, en caso de que el escrito se haya
ceñido a ellas, superar la fase de admisibilidad del recurso. Entre esas requisiciones
se encuentran: formular el recurso ante el juez competen; identificar el proceso
judicial en el que se lo formula, las partes procesales, la sentencia o auto recurrido;
la calidad en la que se comparece, para determinar la legitimación para plantearlo,
ya que solo quien recibe agravio lo puede hacer; la identificación del órgano judicial
que emitió la decisión judicial, para establecer si es de aquellas respecto de las
cuales puede presentarse el recurso; el señalamiento de las normas jurídicas que
habrían sido infringidas, la indicación de las causales a las que se acoge y, la
fundamentación del recurso, la cual debe ser coherente con la causal escogida;
entre otros aspectos que pueden ser considerados en esa fase; y, (Ui) la fase de
decisión, en la cual se emite el pronunciamiento de fondo sobre los aspectos que
han sido materia de la admisión y que corresponden al valor efectivo de los
fundamentos en los que debe sustentarse el recurso; en los que se someten al
examen del Tribunal de Jueces de la Sala Especializada de la Corte Nacional de
Justicia, los sustentos jurídicos en los que se sostiene el recurso, esto es la
explicación motivada de la existencia del vicio que ha sido anunciado, como factor
de invalidez del auto o sentencia recurrida. Pueden efectivamente haberse cumplido
los requisitos formales en la presentación del recurso, pero ello no significa que
pueda afectar la decisión que corresponde emitir al Tribunal de Casación ya que a
este le corresponde no solo determinar la procedencia del recurso, sino que es su
deber verificar el cabal cumplimiento de las exigencias de fondo que debe contener
el recurso, las que refieren principalmente a la lógica y razonabilidad del escrito de
interposición, pues en la redacción del recurso, en su fundamentación, pueden
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existir incoherencias determinantes afectadoras de la esencia misma del recurso de
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casacion
Puede entonces hablarse de la existencia de: (i) vicios de forma que afectan al
escrito de interposición del recurso de casación, determinantes de su
inadmisibilidad, los que están constituidos por los defectos extrínsecos a los que nos
hemos referido; y, de (H) vicios de fondo que dicen relación a las exigencias
intrínsecas o sustanciales, que contienen la esencia misma de la fundamentación
del recurso de casación con relación a la causal escogida; ya que lo intrínseco,
corresponde a la propia naturaleza de tal causal. Es en este contexto en el que le
corresponde actuar a ese Tribunal en el recurso materia de este análisis.
En ese contexto, la causal quinta del artículo 268 del Código Orgánico General de
Procesos, a la que se acoge el recurrente, sobre la cual se ha admitido el recurso de
casación, establece como causales de casación: ‘Cuando se haya incurrido en
aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de
derecho sustantivo, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, que
hayan sido determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto”.
El caso quinto, refiere la potencial existencia de vicios in judicando, esto es de
infracción a normas de derecho sustantivo o material, es la llamada violación directa
de normas de derecho; entre las cuales se halla el vicio escogido por el casacionista
que refiere la errónea interpretación de la norma de derecho contenida en el artículo
58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,vigente a la
fecha de los hechos que relata en el recurso en examen.
El vicio de errónea interpretación se presenta cuando en la sentencia o auto materia
del recurso, el fallador, comete un yerro de hermenéuticajurídica, que está definida
como la acción del juez de interpretar una norma jurídica. Debe reconocerse que
una de las actividades atribuidas al Juez es el deciframiento del verdadero alcance
que una norma jurídica tiene, para determinar su aplicación a los hechos, por
manera que, la interpretación particular de la norma es una tarea del Juez. Es por
tanto una elevada responsabilidad, ya que de ella depende la solución judicial del
caso sometido a su decisión, en la que están en juego los derechos controvertido~,
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por las partes procesales.
El yerro de errónea interpretación de norma de derecho sustantivo, ha sido estimado
como aquel por el cual el Juez, al expedir su auto o sentencia, da a la norma
potencialmente infringida, un alcance ajeno al que efectivamente tiene, al que fue
estimado por el legislador al tiempo de promuigarla; sin que en este vicio quepa,
bajo ninguna circunstancia, consideración relacionada a los hechos materia de la
Litis ni análisis del acervo probatorio de la causa de instancia; ya que la causales in
iudicando se caracterizan precisamente por estimar la correcta apreciación judicial
de los hechos, en función de las pruebas aportadas en el proceso de instancia.
De modo que, podría decirse que en la operación de subsunción de los hechos a la
norma jurídica sustantiva que les sea pertinente, se produce el yerro de errónea
interpretación de la norma que está debidamente escogida, a los hechos en los que
ya no hay duda de ninguna de las partes, por haber sido debidamente establecidos y
aceptados por ellas. Por eso se denomina al yerro como de violación directa de
norma de derecho sustantivo.
El Artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,que
dice el casacionista, ha sido interpretado erróneamente por el Tribunal de instancia
al emitir la sentencia de la que se recurre, cuya reforma ha sido publicada en
segundo suplemento del Registro Oficial No. 100 de 14 de octubre de 2013, a la
letra dice:
Art. 58.- Procedimiento.- Cuando la máxima autoridad de la institución
públicahaya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para
la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de
utilidad públicao de interéssocial de acuerdo con la Ley.
Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se
buscará un acuerdo directo entre las partes, hasta por el lapso máximo de
noventa (90) días; sin periuicio de la ocupación inmediata del inmueble.
Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes ubicados en el sector
urbano como en el sector rural, en función del avalúo realizado por la
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Direccion de Avaluos y Catastros de la Municipalidad en que se encuentren c (7’Ó
dichos bienes, que considerará los precios comerciaIe~ áctualizados de la
zona.
El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre
dicho avalúo.
Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en vía
administrativa.
El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en
la respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la
Propiedad.
En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al
juicio de expropiación conforme al trámite previsto en el Código de
Procedimiento Civil. El juez en su resolución está obligado a sujetarse al
avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la
Municipalidad, sin periuicio de que el propietario inicie las acciones que le
franguea la Ley respecto de un eventual daño emergente.
Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad
pública, los dueños deberán tener cancelados todos los impuestos
correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que
correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo
de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieran impagos, del precio de venta,
se los deducirá.
La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado o
entidades del sector públicoecuatoriano se someterá al Reglamento Especial
que para el efecto se dicte.
En el caso de las municipalidades el procedimiento expropiatorio se regulará
por las disposiciones de su propia Ley.
Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del
sector público,siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se
requerirá de declaratoria de utilidad públicao interéssocial ni, en el caso dei,.
donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa,
permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas
presupuestarias o de activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad
públicaque expropia procederá conforme esta Ley. Para su trámite se estará
a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley”. (Los textos subrayados no
corresponden a/texto y son /os que fueron introducidos en la ley publicada en
Reg/stro Oficial de 14 de octubre de 2013, a la que refiere el casacionista).
Es el texto del séptimoinciso de la norma transcrita el que, segúnmanifiesta el
recurrente habría sido motivo de la errónea interpretación; en razón de que en la
sentencia de instancia expedida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo con sede en Cuenca, contrariando o que la norma dispone al
establecer el derecho del propietario del bien expropiado pueda iniciar las acóiones
que le franquea la ley, respecto de un eventual daño emergente, acción que fue
sustanciada en ese Tribunal para que éste ordene la reparación de ese daño
emergente sufrido; más, en el considerando QUINTO del fallo de mayoría, los jueces
definen como daño emergente a la pérdidao menoscabo efectivo producido en el
patrimonio o bienes de una persona, como consecuencia de un acto u omisión ilícita;
sosteniendo luego que el actor no ha demostrado el error u omisión ilícita por parte
del funcionario de la Dirección de Avalúos,Catastros y Estadísticas del Municipio de
Cuenca al fijar el precio del bien inmueble, razonamiento subjetivo que viola la
norma reformada transcrita, contradiciendo la intención del legislador de haber
dejado la posibilidad de que exista un daño emergente.
Cabe entonces, en primer lugar desentrañar si la norma contenida en el articulo 58,
supuestamente infringida, es de aquellas referidas en la causal quinta alegada como
infringida; la cual, por exigencia de la misma causal debe necesariamente ser una
norma de derecho sustantivo, el cual está constituido por el conjunto de
disposiciones que establecen derechos y/u obligaciones jurídicas a los gobernados
de un Estado determinado. El derecho sustantivo es aquel que determina lo que es
justo o la justa medida de lo que le corresponde a un individuo como prerrogativa
que puede ser exigida a otro; o como obligación que otros, incluso el Estado, puede
exigirle a él.
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Distinto al denominado derecho adjetivo el cual en cambio, establece los medios
para viabilizar el cumplimiento del ordenamiento sustantivo, sea genérando
procedimientos o ritualidades que deben cumplir los árganos públicos o los
particulares para hacer efectivos los derechos u obligaciones que nacen del derecho
material.
La causal quinta del artículo 268 del COGEP, establece que las normas que pueden
ser infringidas, para que operen los yerros que taxativamente contiene la norma,
solo pueden ser de orden sustantivo, esto es material. Del examen que la Sala hace
del contenido del artículo 58, que ha sido transcrito, puede establecer,
fundamentalmente, que la norma, lleva por titulo “Procedimiento”, y en su desarrollo,
fila el trámite que debe observar la Administración Pública, cuando su máxima
autoridad ha resuelto adquirir un bien inmueble para cubrir necesidades públicas;
para lo cual debe expedir la resolución que declare la utilidad públicao el interés
social; perfeccionada la cual debe buscar un acuerdo directo con el dueño del
inmueble, por un lapso límite de 90 días; para lo cual el valor del bien se fijará de
acuerdo al avalúo determinado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la
Municipalidad en que se encuentre el bien; determinando además que el precio que
se convenga no podrá exceder del diez por ciento de ese avalúo.Fija la posibilidad
de que el precio pueda ser impugnado en vía administrativa. Determina que la
transferencia de dominio, se formalizará en la respectiva escritura pública,que se
inscribirá en el Registro de la Propiedad. La reforma de 14 de octubre de 2013, fija el
procedimiento que debe observar la Administración en el caso de que no sea factible
el acuerdo directo, caso en el cual debe iniciar el juicio de expropiación conforme al
trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil; en el cual el Juez ha de
sujetarse al avalúo municipal ya fijado; norma que viabiliza al propietario del
inmueble expropiado, el inicio de las acciones “que le franquea la Ley respecto de
un eventual daño emergente”.
Es evidente por tanto que la disposición contenida en el precitado artículo 58 de la
LOSNCP, por fijar el procedimiento que ha de observarse para el caso de
declaratoria de utilidad públicacon fines de expropiación de inmuebles, es sin duda
una norma legal de carácter adjetivo que contiene trámites y procedimientos que
han de observarse para viabilizar el derecho expropiatorio del Estado, así com2,,
aquellos a los que debe recurrir el propietario del inmueble en el caso de que desee
oponerse a la decisión administrativa o requiera modificarla, entre otros aspectos,
con relación al valor del inmueble materia de la expropiación, que puede ser
impugnado en vía administrativa o, cuando estima que puede existir daño
emergente, está habilitado para demandarlo ante los tribunales distritales de lo
contencioso administrativo; derecho procesal que precisamente es el que ejerció y
que concluyera con la emisión de la sentencia de la que recurre. Al no ser, la norma
legal señalada, de orden sustantivo, el cargo escogido en el recurso es impertinente
por el fondo y no puede por ello prosperar la casación del fallo recurrido; pues
siendo obligación del casacionista, la demostración del vicio intrínseco acusado, era
su deber justificar en su fundamento la naturaleza jurídica de la norma que señaló
como infringida. Al encontrarse esta falencia sustancial, el recurso de casación de
frustra, y debe ser rechazado.
Debe señalarse asimismo que INMOBILIAR, emitió la resolución No.
INMOBILIAR-RESOLUCIÓN-2012-478 de 11 de octubre de 2012 (Fs. 14 a 17 del
expediente de inatsncia), por la cual, por razones de utilidad públicade interéssocial
y nacional, declara la expropiación urgente con ocupación inmediata, en favor del
Ministerio del Interior, de una parte del inmueble de propiedad de Luis Alberto Chure
Condo, cuyas características se detallan en el documento, con el propósito de
ejecutar en élun proyecto de Unidad de Policía Comunitaria. Resolución que ha sido
inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Cuenca el 25 de octubre de 2012,
bajo el No. 5545 del Registro de Prohibiciones. Que tal decisión públicaha sido
notificada al propietario del inmueble, mediante publicación en efectuada en el Diario
El TelégrafoNo. 46.603 de 23 de noviembre de 2012, segúnafirma Inmobiliar, en la
demanda de expropiación que en copias certificadas obra del proceso.
Por manera que, la legislación usada para tal declaratoria se sujetó a la normativa
legal vigente a fecha en que se emitió la resolución en comento, esto es, al II de
octubre de 2012; lo que significa que al caso no le era aplicable la reforma al artículo
58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,publicada en
suplemento del Registro Oficial No. 100, de 14 de octubre de 2013, en la que
precisamente funda su recurso el casacionista; pues la Ley no puede ser aplicada
retroactivamente.
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SEXTO DECISION En la especie, por todo lo expresado, al no concurrir los
- -
elementos determinados en el cargo formulado por la parte recurrente,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA,desechando el recurso interpuesto por el ciudadano Luis Alberto
Chure Condo, NO CASA, la sentencia expedida por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca el 8 de junio de 2018.
Devuélvaseel proceso al Tribunal de Instancia para la ejecución de su sentencia.
Notifíquese a las partes eV~ domicilios ju,~iciaIes quevti~en señalados.
Publíquese.
GO
DR. ALVARO OJEDA LGO
,ÍUEZ NACIONAL
¡(VOTO SALVADO)
VOTO SALVADO DEL JUEi NACIONAL, SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DR. ALVARO OJEDA HIDALGO.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Quito, martes 27 de noviembre del 2018, las
15h58. VISTOS: Por disentir de la mayoría, salvo mi voto de conformidad con el
artículo 204 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez considero que la
sentencia impugnada debería ser casada pues sí incurrió en una errónea
interpretación del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública,que en su séptimoinciso claramente señala que: EIJuezr
“...
en su resolución está obligado a sujetarse al avalúoestablecido por la Dirección de
Avalúosy Catastros de la Municipalidad, sin perjuicio de que el propietario inicie las
acciones que le franquea la Ley respecto de un eventual daño emergente.’, que es
precisamente lo sucedido en el presente caso; sin que sea dable que la sentencia
impugnada en su considerando quinto considere que la acción por daño emergente
solo sería procedente si los accionantes demuestran que se ha incurrido en un error
o en una omisión ilícita por parte del funcionario de la Dirección de Avalúos y
Catastros y Estadísticas del Municipio de Cuenca; pues no se está juzgando la
actuación de dicha dirección municipal, a nivel de dolo o culpa, en la fijación del
avalúoen el precio comercial actualizado de la zona, sino que simplemente los
accionantes están arguyendo que el precio fijado en USD1. 3833,12 por un área
expropiada de 34570 metros cuadrados de terreno no es el adecuado y
precisamente por ello piden al tribunal distrital que se fije el correcto en el proceso
por daño emergente que nos ocupa, en el cual no se estaría juzgando la actuación
del Director de Avalúosy Catastros de la municipalidad, sino cual es el valor real
comercial de la parte del terreno expropiado, lo cual es otro tema completamente
diferente y no pueden ser mezclados; evidentemente el daño emergente se puede
dar por muchos motivos, como lo son el haber incumplido una obligación, o el
haberla cumplido de manera imperfecta que es el tema aquí en discusión esto es si
el valor catastral municipal previamente ya fijado es o no el adecuado; sin que se
deba entrar al efecto en el campo del cuasidelito que nada tiene que ver con lo que
persigue la acción intentada; pues ante todo el daño emergente abarca la pérdida
misma de los elementos patrimoniales causados por los hechos de los cuales trata
de deducirse la responsabilidad, en definitiva: ¿el precio fijado en USD1. 3833,12 por
un área expropiada de 345,70 ri~etros cuadrados de terreno, es o no el adecuado en
el presente caso? Además de que para fijar tal valor debe tomarse, primeramente, el
del terreno en sí mismo, siendo incorrecta tambiénla apreciación del tribunal distrital
que lo relevante sería que en el mismo existan construcciones, alguna industria o
mejoras, pues ello, de haberlas habido únicamente serían otros elementos
adicionales que elevarían aúnmás el precio del terreno en sí mismo. Por tanto este
juez nacional comparte en lo fundamental el criterio vertido en el voto salvado a la
sentencia de mayoría de instancia impugnada, de que se debería aceptar la
demanda propuesta y pagarse a los demandantes el cincuenta por ciento del avalúo
comercial establecido en el peritaje, esto es el valor de USD1. 13.819,20 por
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concepto de daño emergente, cual se i descontará el ya recibido de
3833,12.
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132771919-DFE
Juicio No. 1750220110010
JUEZ PONENTE: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO. Quito, viernes 25 de septiembre del 2020, las 13h18. VISTOS: Agréguense los
escritos y anexos presentados por las partes, con los que justifican la personería con las que han
intervenido; en función de lo cual esta Sala puede resolver la causa.
El señor Zhang Haibing en calidad de Representante Legal de la Compañía JIN PENG S.A, interpone
recurso de casación en contra de la sentencia de mayoría del 28 de marzo de 2018, las 16h03, emitida
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
Provincia de Pichincha, dentro del juicio No. 1750220110010, accionado por la referida compañía
en contra del Director Nacional y el Director del Primer Distrito del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador.
PRIMERO: COMPETENCIA.
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es competente
para conocer y resolver el presente recurso de casación en conformidad con el primer numeral del
artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 1 de la Codificación de Ley de
Casación en concordancia con la disposición transitoria primera del Código Orgánico General de
Procesos.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.
En la sentencia de mayoría se indica que se “rechaza la demanda de impugnación propuesta por el
señor Lu Pinjing, representante legal de la compañía IMPORTADORA JIN PENG S.A., por existir
falta de legitimo contradictor en la causa y dispone su archivo”.
TERCERO: PRESENTACION Y ADMISIÓN DEL RECURSO.
En recurso horizontal el señor Zhang Haibing en calidad de representante legal de la Compañía JIN
PENG S.A, pide aclaración y ampliación de la sentencia; solicitud que se despacha en auto de 13 de
abril de 2018 las 15h45. Inconforme con la decisión, interpone el 19 de abril de 2018 recurso de
casación en contra de la sentencia, el cual mediante providencia del 26 de abril de 2018 a las 11h54 se
concede por el Tribunal que emitió el fallo recurrido. Mediante providencia del 24 de junio de 2020 a
las 8h19, el conjuez Paúl Alejandro Rengel Maldonado admite parcialmente a trámite el recurso, con
sustento en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por los cargos de errónea
interpretación de los artículos 231 numeral 4 y 227 del Código Tributario, falta de aplicación de los
artículos 111 letra a de los números I y II de la Ley Orgánica de Aduana, 59 y 84 del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y de la sentencia No. 30616SEPCC, caso No.
007616EP de fecha 14 de septiembre de 2016, emitida por la Corte Constitucional.
CUARTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR.
Mediante sorteo de la causa, se radicó la competencia en la Sala integrada por los doctores José
Dionicio Suing Nagua (juez titular), Gustavo Adolfo Durango Vela (juez encargado) y Fernando
Antonio Cohn Zurita (juez encargado y ponente de esta causa).
Mediante acción de personal No. 301UATH 2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de
la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
Resolución No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
legaliza el reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional y por Resolución No. 08
2020 de 24 de junio de 2020, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al doctor José Suing
Nagua a la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario.
De la acción de personal No. 302UATH 2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la
Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
legaliza el reintegro del Dr. Gustavo Durango Vela en calidad de Conjuez Nacional. Mediante Oficio
635SGCNJ de 1 de julio de 2020 la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia llama al Dr. Gustavo
Durango a asumir el despacho en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, avalado por la
acción de personal Nro. 317UATH2020OQ de la misma fecha.
En virtud de las Resoluciones No. 1882019 y 1972019 emitidas por el Pleno del Consejo de la
Judicatura y el oficio No. 2363SGCNJROG de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por la
doctora Paulina Aguirre Suárez, en calidad de Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, y en la
acción de personal No. 278UATH2019OQ, se designó al doctor Fernando Antonio Cohn Zurita en
calidad de Juez Nacional encargado, en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, en el
despacho que estaba a cargo del doctor José Luis Terán Suárez.
QUINTO: VALIDEZ PROCESAL.
De la revisión del proceso no se observa ninguna circunstancia que puede afectar su validez procesal y
tampoco existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara la plena validez del mismo.
Por providencia del 21 de septiembre de 2020, a las 12h30, se dispuso que pasen los autos para
resolver.
SEXTO: ERRORES ALEGADOS ADMITIDOS.
El recurrente cuestiona el fallo emitido por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede
en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, el 28 de marzo de 2018, las 16h03,
dentro del juicio de impugnación No. 1750220110010, según el auto de admisión del recurso de
casación, con sustento en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por: I) Errónea
interpretación del N° 4 del art. 231 y del art. 227 del Código Tributario, II) Falta de aplicación del art.
111, letra a) de los números I y II de la Ley Orgánica de Aduanas; III) Falta de aplicación de los arts.
59 y 84 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; IV) de la sentencia
No. 30616SEPCC, caso No. 007616EP, emitida por la Corte Constitucional el 14 de septiembre
de 2016. Sostiene el recurrente que el Tribunal de instancia interpretó erróneamente el numeral 4 del
artículo 231 del Código Tributario y el artículo 227 del Código Tributario que establece quiénes son
las partes de un proceso, habiendo actuado el Coordinador General de Asesoría Jurídica de la
Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana por delegación, siendo irrenunciable la
competencia de quien otorgó aquella; que el Tribunal no consideró el artículo 111, letra a) de los
números I y II de la Ley Orgánica de Aduanas que consagra la atribución de atender los recursos
personalmente o por delegación, lo que no implica que este pierda su competencia, de acuerdo a los
artículos 59 y 84 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva que el
Tribunal tampoco tomó en cuenta; que el fallo no consideró la sentencia No. 30616SEPCC del caso
007616EP de la Corte Constitucional, que definió que la citación y notificación en un proceso
contencioso tributario puede ser realizada tanto a la autoridad de la que emanó el acto o resolución,
como del titular del órgano administrativo.
SÉPTIMO: CONTENIDO DE LA CAUSAL INVOCADA.
La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, de modo expreso establece: Art. 3.
CAUSALES. El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes causales: 1ra. Aplicación
indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los
precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de
su parte dispositiva.
OCTAVO: ALCANCE DOCTRINARIO DEL ERROR.
Humberto Murcia Ballén enseña que la falta de aplicación de norma ocurre “cuando el dictar la
sentencia el juez no la aplica, debiendo haberla aplicado en ella” y que ello “significa, en todo caso,
el desconocimiento de la verdadera y real voluntad del legislador expresada en el precepto legal no
aplicado; por lo tanto, la decisión resulta absolutamente contraria a lo que en derecho corresponde”;
que la errónea interpretación, al contrario de las otras violaciones legales (falta de aplicación y
aplicación indebida), no se trata de un yerro sobre la “relación entre el hecho específico concreto y el
hecho hipotetizado en la norma jurídica, sino de un error acerca del contenido de esta” (Recurso de
Casación Civil, Sexta Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, Bogotá Colombia, páginas
328 a 334)
NOVENO: SENTENCIA RECURRIDA
El fallo expresa que de acuerdo al numeral 4 del artículo 231 del Código Tributario, uno de los
requisitos de la demanda es la designación de la autoridad demandada, esto es, de la que emanó el acto
o resolución impugnado, y conforme al artículo 227 del mismo cuerpo legal, el demandado es la
autoridad del órgano administrativo del que emanó el acto o resolución que se impugna; que el actor
demandó al Director Nacional y al Director del Primer Distrito del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador, pero que el legítimo contradictor es el Coordinador General de Asesoría Jurídica del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (emisor de la Resolución de Recurso de Revisión No.
GGNCAJDJPRE1255 notificada el 30 de diciembre de 2010), por lo que al no haber sido
demandada dicha autoridad, no puede emitirse sentencia de mérito por falta de legítimo contradictor.
DÉCIMO: NORMAS JURÍDICAS Y PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CUYA
VIOLACIÓN ALEGA LA PARTE RECURRENTE
10.1 Normas que el recurrente considera erróneamente interpretadas:
Código Tributario. Art. 231. Contenido de la demanda. La demanda debe ser clara y
contendrá: (…) 4. La designación de la autoridad demandada, esto es de la que emane la
resolución o acto impugnado, con expresión del lugar donde debe ser citada (…)
Código Tributario. Artículo 227. Partes. Son partes en el procedimiento ante el Tribunal
Distrital de lo Fiscal: el actor, el demandado y el tercero perjudicado.
(…)
Demandado es la autoridad del órgano administrativo del que emanó el acto o resolución
que se impugna (…)
10.2 Normas de las que el recurrente considera que hubo falta de aplicación
Ley Orgánica de Aduanas. Art. 111. Del Gerente General. Para ser Gerente General se
requiere ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos, ser de reconocida
honorabilidad y acreditar alta preparación profesional y experiencia suficiente y calificación
previa de idoneidad profesional de una compañía de auditoría externa debidamente
registrada en el país.
El Gerente General es la máxima autoridad operativa del Servicio de Aduanas, durará dos
años en sus funciones y podrá ser reelegido por períodos iguales, sin embargo, podrá ser
removido en cualquier tiempo por resolución de la mayoría del Directorio.
Son atribuciones del Gerente General:
1. ADMINISTRATIVAS:
a) Cumplir y hacer cumplir la ley, el reglamento y las resoluciones del Directorio de la
Corporación;
II. OPERATIVAS.
a) Resolver los recursos de queja presentados por los contribuyentes en contra de los
gerentes distritales, así como los recursos de revisión que se propusieren en contra de sus
resoluciones;
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Art. 59.
RESOLUCIONES POR DELEGACIÓN. Cuando las resoluciones administrativas se adopten
por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados
por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa.
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Art. 84. DE LA
COMPETENCIA. La competencia administrativa es la medida de la potestad que
corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por
los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación,
cuando se ejerzan en la forma prevista en este estatuto.
10.3 Sentencia de la que el recurrente considera que hubo falta de aplicación
Sentencia 30616SEPCC de la Corte Constitucional (Registro Oficial, Edición Especial No. 852, del
martes 24 de enero de 2017).
El derecho a la defensa permite a las personas acceder a los medios necesarios para hacer
respetar sus derechos en el desarrollo de un proceso legal ya sea demostrando su inocencia o
contradiciendo los hechos alegados por la parte contraria (…)
A todas luces es evidente que el ejercicio del derecho a la defensa garantizará que dentro de
una causa se obtenga una sustanciación y resolución justa. Por tal razón, el derecho a la
defensa debe ser garantizado en todas las etapas del proceso, sin que pueda obstaculizarse ni
negarse su ejercicio en ningún momento procesal, pues ello conllevaría a generar un estado
de indefensión. De ahí la importancia de entender el derecho a la defensa, como una garantía
que debe respetarse de forma continua y permanente dentro de un proceso jurisdiccional, tal
y como lo establece el artículo 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la República (…)
La citación y la notificación justamente son mecanismos procesales que tienen como una de
sus finalidades que una persona pueda ejercer plenamente el derecho a la defensa dentro de
una causa, permitiéndole comparecer dentro del proceso jurisdiccional y exponer sus
posiciones al ser oída por el juzgador o juzgadores presentando sus argumentos o pruebas de
descargo.
La citación consiste en el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el
contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las
providencias recaídas en ellas (…)
En el caso sub judice, el accionante manifiesta que dentro del proceso jurisdiccional en
materia contencioso tributaria, no se realizó ni la citación ni la notificación de conformidad a
lo establecido por la Codificación del Código Tributario en su artículo 237, que señalaba que
la citación o notificación de alguna providencia u acto procesal debía realizarse tanto a la
máxima autoridad como a la autoridad de donde emanó el acto administrativo impugnado.
Es decir, para el accionante la citación con el contenido de la demanda o la notificación con
cualquier otra providencia no solo debió haberse realizado a la máxima autoridad del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), sino a su persona en calidad de director
regional 2 de la Dirección Nacional de Intervención del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador SENAE, ya que fue él quien expidió el acto administrativo impugnado en el
proceso contencioso tributario (…)
Sin embargo, el texto de la norma señala con claridad que la citación o notificación bien se
podría haber realizado a la autoridad de la cual emanó el acto impugnado o al titular del
órgano administrativo, tal como en el presente caso sucedió, ya que del análisis del
expediente de instancia se puede apreciar tanto la citación y notificaciones posteriores al
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) como la comparecencia de dicho órgano
administrativo dentro del proceso contencioso administrativo ejerciendo su derecho a la
defensa.
Por lo tanto, no se puede evidenciar que no se haya cumplido con la disposición
infraconstítucional alegada por el hoy accionante, la cual determina la forma en cómo se
realizará la citación y notificaciones dentro del proceso contencioso tributario, y de igual
manera que dicha situación haya provocado una restricción al ejercicio del derecho a la
defensa dentro del mencionado proceso jurisdiccional. En conclusión, no existen elementos
qué hagan suponer la existencia de una vulneración al derecho a la defensa que deba ser
declarada (…)
UNDÉCIMO: ANÁLISIS DE LOS CARGOS FORMULADOS POR EL RECURRENTE.
11.1 En síntesis, el cargo del recurrente se contrae a expresar que los artículos 227 y 231 numeral 4
del Código Tributario, deben ser entendidos en el sentido de que el delegante de la autoridad que
emite el acto impugnado no pierde la competencia, y que constituye un error de interpretación del
Tribunal el estimar que existiría falta de legitimación pasiva por el hecho de que haya sido demandada
tal autoridad y no el delegado, puesto que los artículos 59 y 84 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), que no aplicó el Tribunal, dejan constancia de que
el acto emitido por el delegado se entiende que ha sido de autoría de la autoridad delegante, cuya
competencia es irrenunciable.
11.2 Mediante Resolución GGNRE1527 publicada en el Registro Oficial No. 88 del 15 de diciembre
de 2009, el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (entidad reemplazada por el
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) delegó al Coordinador General de Asesoría Jurídica varias
facultades, entre ellas la de resolver recursos de revisión.
11.3 La resolución que fue objeto de impugnación fue emitida el 28 de diciembre de 2010 (foja 516
vuelta). El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones fue publicado en el Registro
Oficial el 29 de diciembre de 2010, entrando en vigencia desde esa fecha, conforme dispone la parte
final de su texto. La cuarta disposición general de dicho código dispuso que en todas las regulaciones
administrativas donde diga Gerente General de la CAE, se entenderá que se refiere al Director General
del SENAE.
11.4 La legitimación pasiva en la causa permite que la persona llamada a contradecir una pretensión,
sea citada con la demanda. A decir de Hernando Devis Echandía (Teoría General del Proceso,
Editorial Universidad, Tercera Edición, Buenos Aires, 2004, página 260), “se refiere a la relación
sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio o
que es el objeto de la decisión reclamada”. Los artículos 227 y 231 numeral 4 del Código Tributario
especifican que la autoridad demandada es aquella de la que emanó el acto o resolución impugnado, o
la autoridad del órgano administrativo de la que emanó el referido acto o resolución.
11.5 La forma ordinaria de ejercer la competencia es la directa. De acuerdo al artículo 79 de la Ley
Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha en que se sustanció el recurso de revisión, el Gerente General
de la Corporación Aduanera Ecuatoriana era la autoridad competente para resolver los recursos de
revisión. El Gerente General de la CAE, en aplicación del artículo 35 de la Ley de Modernización del
Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, delegó al
Coordinador General de Asesoría Jurídica la facultad de resolver recursos de revisión, como fue
indicado en el apartado 11.2 de este fallo.
11.6 De acuerdo al artículo 59 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva (ERJAFE), cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, éstas se
considerarán dictadas por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa.
11.7 El legislador, al redactar un precepto, describe una situación abstracta general, que en el caso de
la legitimación pasiva en materia tributaria, contempló como tal a la autoridad que emitió el acto o
resolución, a fin de que pueda contradecir la pretensión que en contra de tal acto o resolución formule
el contribuyente. Al momento de elaborarse un precepto se atiende a una situación estándar, sin que
ello implique que se excluyan las posibles variables o modalidades que pueden producirse; caso
contrario cada artículo de la ley contendría una farragosa redacción que procure agotar todos los
supuestos posibles. En este caso específico, se debe entender comprendido en el precepto a las
distintas formas en que una decisión administrativa puede exteriorizarse. En atención a que los actos o
resoluciones pueden emitirse no solo por los funcionarios que tienen la atribución directa y originaria
para dictarlos, sino también por sus delegados (considerándose tales actuaciones como provenientes
de la autoridad delegante que tiene la atribución originaria), constituye una errónea interpretación
restringir el alcance de los referidos artículos 231 numeral 4 y 227 del Código Tributario, a que el
legítimo contradictor a ser demandado sea exclusivamente quien firmó el acto o resolución, sin
considerar que están comprendidos también quienes tienen la atribución originaria para actuar y que
delegaron en terceros esa función (entendiéndose que el acto es de autoría del delegante);
interpretación restrictiva que a la vez ignora el efecto del artículo 59 del ERJAFE.
11.8 La errónea interpretación de los artículos 231 numeral 4 y 227 del Código Tributario y la falta
de aplicación del artículo 59 del ERJAFE, incidió en la falta de pronunciamiento del Tribunal respecto
del fondo de la controversia, al haber concluido que no se había demandado al legitimado pasivo, por
lo que SE CASA LA SENTENCIA RECURRIDA. Ello releva de efectuar un análisis a los restantes
cargos formulados por la parte recurrente (falta de aplicación de los artículos 111, letra a) de los
números I y II de la Ley Orgánica de Aduanas, y 84 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo
de la Función Ejecutiva, así como de la sentencia No. 30616SEPCC), con que el recurrente atacaba
la decisión del Tribunal de no abordar la controversia de fondo.
11.9 En atención a que el conjuez que calificó el recurso admitió el mismo conforme a la causal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación, referente a normas de carácter sustantivo, en aplicación
del artículo 16 de la Ley de Casación, y de los artículos 2 numeral 1 y 6 de la Resolución 072017
del Pleno de la Corte Nacional de Justicia (Registro Oficial Suplemento No. 1007 del miércoles 17 de
mayo de 2017), corresponde expedir resolución de mérito. Por ello, en el siguiente numeral, esta Sala
se convierte en un Tribunal que actúa como órgano de instancia, a fin de sustituir la sentencia
recurrida.
12. RESOLUCIÓN DE MÉRITO
12.1 En la demanda (fojas 9 a 16 del expediente de instancia) la parte actora manifiesta que efectuó
una importación que fue sometida a aforo y ajuste de valor, habiendo formulado un reclamo contra el
mismo, demostrando el valor realmente pagado, pese a lo cual se negó la reclamación, habiendo
posteriormente insinuado recurso de revisión al cual se adjuntó la documentación de prueba, teniendo
como resultado la negativa del recurso (Resolución GGNCAJDJPRE1255 del 28 de diciembre de
2010), que impugna judicialmente. Destaca que sí probó el valor realmente pagado y que además la
administración aduanera no aplicó los métodos de valoración en el orden previsto en las normas
comunitarias.
12.2 En la contestación a la demanda presentada por el Director General del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador (fojas 520 a 523 del expediente de instancia), este defiende la legitimidad y
legalidad del acto impugnado; que en la importación de la parte actora surgió una duda razonable
sobre el valor de la mercancía, que no fue desvirtuada por el importador, por lo que se ajustó el valor
de la mercancía en aplicación de La Decisión 571 de la Comunidad Andina y el Reglamento de dicha
Decisión, aplicándose precios de mercancías idénticas o similares de la base de datos de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana.
12.3 En su escrito de prueba la parte demandada solicitó que se tomen en cuenta como tales, el
recurso de revisión y el expediente del reclamo administrativo que le precedió (fojas 533 a 534). El
actor por su parte solicitó que se considere como prueba el expediente de reclamo y el expediente del
recurso de revisión (fojas 559 a 561 vuelta, del expediente de instancia).
12.4 La Resolución GDGDAJGPV007211 del 23 de diciembre de 2009 (fojas 30 a 32 vuelta del
expediente de instancia), declara sin lugar el reclamo formulado contra el aforo.
12.5 A fojas 48 a 49 consta el escrito de insinuación del recurso de revisión. Aun cuando no es legible
la fecha de presentación del mismo, el recurrente hizo mención en posteriores escritos a que su
presentación se dio el 13 de enero de 2010 (fojas 25 y 28 del expediente de instancia); fecha que
también fue mencionada por la administración aduanera en la sustanciación del recurso (foja 26).
12.6 En el referido escrito inicial, el recurrente no mencionó como sustento del recurso, causal alguna
de las detalladas en el artículo 143 del Código Tributario. Fue solo en el escrito presentado el 7 de
abril de 2010 (fojas 28 a 29 del expediente de instancia) en que se sustenta el recurso en la causal 1
del artículo 143 del Código Tributario, señalando que la Resolución GDGDAJGPV007211 adolece
de evidentes errores de hecho y de derecho, por cuanto no se ha observado lo estatuido en Normas
Internacionales como es el Acuerdo de Valoración de la OMC y que no se realizó un análisis de la
documentación ingresada que demuestra los valores realmente pagados por las mercancías
importadas. En el escrito se detallan normas de valoración en aduanas.
12.7 El recurso de revisión debe ser propuesto contra un acto administrativo firme o resolución
ejecutoriada de naturaleza tributaria (art. 143 del Código Tributario).
12.8 El acto administrativo firme es aquel respecto del cual no se hubiere presentado reclamo alguno
dentro de los 20 días de notificado (arts. 83 y 115 del Código Tributario), o la resolución que no tenga
recurso ulterior en sede administrativa (art. 84 del Código Tributario).
12.9 En la resolución del recurso de revisión (fojas 512 a 516 vuelta) se hace mención del escrito del 7
de abril de 2010 (aunque yerra en la referencia de la fecha, confundiendo la numeración del mes y día
4/7/2010 de la hoja de trámite 1001SEGE04777, foja 27 del expediente de instancia, al indicar
que fue presentado el 4 de julio de 2010), y en función de la causal expresada en el mismo se resuelve
el recurso, por lo que se entiende que la administración considera que esa fue la insinuación con que
se tramitó la revisión. En ese entonces la resolución objeto del recurso, no solo que cumplía el
requisito de ejecutoriedad previsto en el artículo 84 del Código Tributario, sino que ya había vencido
el término para la impugnación judicial en contra del mismo (artículo 229 del Código Tributario), por
lo que se pasa a analizar la causal invocada en el recurso y la resolución de la administración.
12.10 En la insinuación del recurso contenida en escrito del 7 de abril de 2010 indicó que en la
resolución objeto de la acción administrativa, se había incurrido en errores de hecho y de derecho
(causal 1 del art. 143 del Código Tributario), y que la documentación presentada en la fase de reclamo
demostraba el valor realmente pagado. En cuanto a los elementos de derecho, no se hizo más que citar
normas comunitarias, sin precisar cuáles habían sido vulneradas ni en qué forma. No es sino en la
demanda de impugnación judicial a la resolución del recurso de revisión, que se señala que la
administración aduanera en el aforo no respetó el orden de aplicación de métodos de valoración.
12.11 En la resolución del recurso de revisión se consideró que no se han producido errores de hecho
ni de derecho en el rechazo (que en el acto de aforo y en la resolución del reclamo contra el aforo se
realizó) de la documentación presentada sin “consularizar”, de acuerdo al artículo 190 del Código de
Procedimiento Civil vigente a la época, lo que imposibilitó que el importador demuestre el valor
pagado, y por tanto provocó que la aduana desconozca el valor declarado, de acuerdo al Reglamento
de la Decisión 571 de la Comunidad Andina. Ni en el recurso de revisión, ni en la tramitación del
proceso contencioso, la parte actora ha desvirtuado tales elementos de hecho y de derecho en que se
sustentó la administración aduanera para desconocer el valor de transacción. De esa forma la
administración aduanera justifica el rechazo a la causal de error de hecho y de derecho que fue
formulada por la importadora.
12.12 En cuanto al supuesto irrespeto de la administración aduanera al orden de aplicación de los
métodos de valoración de la mercancía, dicha alegación no fue realizada al insinuar el recurso de
revisión, por lo que mal podría admitirse ese cuestionamiento con ocasión de la impugnación judicial
a la resolución del recurso de revisión, habida cuenta que el referido recurso solo puede abarcar las
específicas alegaciones que en la insinuación se formulan, para romper la firmeza o ejecutoriedad de
la resolución administrativa.
12.12 En función de los antecedentes expuestos, la pretensión de fondo de la parte actora no tiene
sustento.
13. DECISIONES DE LA SALA
Por las consideraciones precedentes, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA”, resuelve CASAR la decisión de mayoría del 28 de marzo de 2018,
las 16h03, emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, dentro del juicio No. 1750220110010, por la que
dicho órgano jurisdiccional consideró que existía imposibilidad de dictar sentencia de mérito; Y EN
SU LUGAR DECLARA QUE LA DEMANDA DEBE SER RECHAZADA POR RAZONES DE
FONDO, en los términos expuestos en el numeral 12 de este fallo, al no justificarse que la resolución
del recurso de revisión que fue objeto de impugnación judicial, haya sido improcedente. Sin costas.
Notifíquese, Publíquese y Devuélvase.
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL |
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JUSTICIA
Dr. Wllson Merino Si~nchez
SALA DE LO LABORAL
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Juicio No. 12-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-
Quito, noviembre ce ¿u14; las 14h00.
¿b
VISTOS: En el juicio oral de trabajo seguido por el ciudadano Serafín
Lanche en contra del Gobierno Municipal del cantón Francisco de Orellana,
Provincia de Orellana, en las personas de sus representante legal, judicial y
director, en su orden; como son la Srta. Anita Carolina Rivas Párraga, el Dr.
Hernán García y el Sr. Ramiro Herrera por sus propios derechos y los que
representan. El actor inconforme con la sentencia dictada por la Sala Únicade la
Corte Provincial de Justicia de Orellana, que ha desechado el recurso de
apelación interpuesto por el accionante y confirma la sentencia venida en grado;
en tiempo oportuno el actor plantea recurso de casación el mismo que fue
admitido en auto de fecha 2 de mayo de 2012, a las 14h40 por la Sala de
Conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Por lo que la causa se encuentra en
estado de resolución, y para hacerlo se formulan las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y VALIDEZ PROCESAL.-
Este Tribunal es competente para conocer y decidir el recurso de casación
en razón de que el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, mediante
Resolución No. 004-2012, de 25 de enero del 2012, designó como juezas y jueces
a quienes en la actualidad conformamos la Corte Nacional de Justicia, cuya
posesión se cumplió el 26 de enero del mismo año; y dado que el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia mediante Resolución 03-2013, en sesión de 22 de julio
deI 2013, en la que resolvió reformar las Resoluciones Nos. 01-2012, 04-2012 y
10-2012 en lo relativo a la integración de las Salas Especializadas de la Corte
Nacional de Justicia del modo que consta en la indicada Resolución; por lo que en
CORTE NACIONAL DL
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nuestra calidad de Jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte
Nacional de Justicia, avocamos conocimiento de la presente causa, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República;184 y 191.1
del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 1 de la Ley de Casación,
artículo 613 del Código del Trabajo y el sorteo realizado cuya razón obra de autos
(fs. 6 del cuaderno de casación). Calificado el recurso interpuesto por la Sala de
Conjueces de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia ha sido admitido a
trámite por cumplir con los requisitos formales previstos en el artículo 6 de la Ley
de Casación
SEGUNDO.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
-
El casacionista fundamenta el recurso en la causal cuarta del artículo 3 de
la Ley de Casación, las normas de derecho que considera infringidas son las
contenidas en los siguientes cuerpos legales los artículos 37 numeral 3 de la
Constitución de la Republica, y 216 regla 1 y parágrafo segundo de la regla 2 del
Código del Trabajo vigente.
TERCERO.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RECURSO DE
CASACIÓN.-
La casación es un recurso extraordinario, que implica la posibilidad de
extinguir trascendentes actos jurisdiccionales como lo son las sentencias,
provenientes, por lo general, de un tribunal superior, las cuales están protegidas
por presunciones de acierto y legalidad, el ejercicio de la casación está, de un
lado, restringido, pues no todas las sentencias son susceptibles del mismo, y, de
otro, sometido a estrictas previsiones y requisitos legales y jurisprudenciales. En
este contexto, la Sala reitera que la demanda de casación debe avenirse al rigor
técnicoque su planteamiento y demostración exigen, acatando las reglas legales
y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia, pues un acto procesal
de esta naturaleza y categoría está sometido en su formulación a una técnica
lógico-jurídica especial y rigurosa, que, al incumplirse, conduce a que el recurso
celta -a.
CORTENACIONAL DE
•~~-b JUSTICIA
SALA DE LO LADORAL Dr. Wdson MeSillo SL~.llCiEQz
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extraordinario resulte inestimable, imposibilitando el estudio de fondo de los
cargos. Ha de insistirse tambiénen que éstemedio extraordinario de impugnación
no constituye una tercera instancia, y por ende, no le otorga competencia a la
Corte para juzgar el pleito con el objeto de resolver a cuál de los litigantes le
asiste la razón, puesto que la labor de la Corte Nacional de Justicia, siempre que
el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el
objeto de establecer si el juez de apelaciones, al proferirla, vulneró o no la ley
sustancial de alcance nacional que estaba obligado a aplicar para rectamente
dirimir el conflicto o vía indirecta. Esta actividad jurisdiccional confiada al más alto
Tribunal de la justicia ordinaria, que en el ejercicio del control de
constitucionalidad y legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho
objetivo en aras de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta el
estado constitucional de derechos y justicia; la igualdad de los ciudadanos ante la
ley, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de
precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. En
este contexto el Dr. Manuel de la Plaza cuando se refiere al concepto y fines de la
casación considera que: el Estado necesitaba de un órgano que en su calidad
‘~..
de Juez supremo, colocado en la cima de las organizaciones judiciales,
mantuviese su cohesión, su disciplina y hasta su independencia; pero entonces,
como ahora, precisaba también, como garantía positiva de certidumbre jurídica,
que ante el evento, más que posible, de la multiplicidad de interpretaciones, un
órgano singularmente capacitado para esa función, imprimiese una dirección
únicaa la interpretación de las normasjurídicas, cualesquiera que fuese su rango;
cuidase de evitar que no se aplicasen o fuesen indebidamente aplicadas, y
procurase, al par, que a pretexto de interpretarlas, no se desnaturalizase por
error, su alcance y sentido, de tal modo, que, en el fondo, y por uno u otro
concepto, quedasen infringidas El Dr. Santiago Andrade Ubidia, al definir la
~.
Casación y el Estado de Derecho, entre otros aspectos, manifiesta: “La función de
la Casación es constituir el vehículo a travésdel cual el Estado, por intermedio de
su Corte Suprema de Justicia, realiza el control de la actividad de los jueces y
tribunales de instancia en su labor jurisdicciona4 velando porque los mismos se
‘La Casación Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944, pp. 10 y 11.
SALí~ DE LDLf~BORt~L Dr. ~Viison ErkDno S~nchw
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encuadren en el ordenamiento jurídico. Labor de naturaleza fundamentalmente
pública
2
CUARTO.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LA
IMPUGNACIÓN PRESENTADA.
Antes de dilucidar la impugnación objeto del presente recurso, es necesario
para este Tribunal, señalar la importancia de la motivación en los fallos dictados.
Así pues, el artículo 76.7.1 de la Constitución de la República, dispone: ‘Las
resoluciones de los poderes públicosdeberán ser motivadas. No habrá motivación
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se
funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.
Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores
responsables serán sancionados”
“La motivación no debe ser ropaje formal reducido a la exposición puramente
narrativa de circunstancias unilaterales y hábilmente seleccionadas, callando la
crítica que la defensa de las partes realice o las que el conjunto de las otras
pruebas la contrapongan, sino el examen ponderado, crítico exhaustivo de todos
los elementos de donde debe brotar eljuicio3. Cualquier decisión judicial que se
expida violando los principios de la debida motivación carecerían de congruencia
y, por lo tanto, serían consideradas arbitrarias.
Consecuentemente, los actos administrativos, resoluciones o fallos que no
se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Se ha dicho que
los jueces deben tener presente que las decisiones judiciales siempre cuenten
con una adecuada y estricta motivación razonable; el juez motiva la sentencia y
exterioriza sus razonamientos basado en el principio lógico de razón suficiente
que indica que hay siempre una razón por la cual alguien hace lo que hace, que
de esta forma se evitan arbitrariedades y se permite a las partes usar
La Casación Civil en el Ecuador, Andrade yAsociados, Fondo Especial, Quito, 2005, p. 17.
Cueva Carrión L. Eldebido Proceso, Editorial Impreseñal C.A., 2001, p. 181
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SALA DE: LO LAEIORAL Dr. V%jko.n Xt:Arrfl0 S~.nchez
it EJ AE EA CORTE liARLIliA 1111 11•Si
adecuadamente el derecho de la impugnación contra la sentencia para los efectos
de la segunda instancia, planteándole al superior cuestiones legales y jurídicas
que desvirtúan los errores que condujeron al juez a su decisión porque la
resolución de toda sentencia es el resultado de las razones o motivaciones que en
ella explican.
Al ser el recurso de casación extraordinario, discrecional, reglado y taxativo,
debe ser analizado en este sentido, el mismo no constituye una tercera instancia,
sino una impugnación a la sentencia dictada por la autoridad judicial, las causales
sobre las que se fundamente deben ser estudiadas de manera lógica, analizando
en primer lugar aquellas que contienen vicios in procedendo, para continuar con el
estudio de las causales que contienen vicios in iudicando, ya que si prospera
alguna de las primeras, resulta innecesario el estudio de las siguientes.
El casacionista fundamenta su recurso en la causal cuarta del artículo 3 de
la Ley de Casación, que trae consigo un vicio de incongruencia, resultante de la
confrontación entre las pretensiones del actor, excepciones del demandado y lo
resuelto en sentencia (parte dispositiva de la sentencia). “La incongruencia es un
error in procedendo que tiene tres aspectos: a) Cuando se otorga más de lo
pedido (plus o ultra petitta); es decir, cuando se falla con exceso de poder y por
ello la sentencia se califica de excesiva; b) Cuando se otorga algo distinto a lo
pedido (extra petita); es decir, cuando la sentencia resuelve sobre pretensiones
no formuladas por el actor; y, c) Cuando se deja de resolver sobre algo pedido
(citra petita)
Revisado el memorial de censuras, podemos desprender que el punto
principal por el que discurre la inconformidad del casacionista, es sobre el pago
de la jubilación patronal de forma mensualizada, por lo que puntualiza lo
siguiente:
“Sin embargo de ello luego de haberdemostrado con prueba fehaciente sobre la relación de
dependencia con la entidad demandada, conforme lo dispuesto en el articulo 8 del Código
del Trabajo; se ha resuelto en mi agravio, asuntos que no son materia de litigio, cuando la
ANDRADE UBIDIASANTIAGO, La casación civil en el Ecuador, Ed. AndradeyAsociados, Quito, 2005, pág. 148.
CORTE NACIONALDE
St*LA DE ID IDDDRAL Dr, WlDon MCHDD S~ncIIDt
JUEZ ~ (X)RTF. IlE -II~[IfEi..\
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sentencia debe referirse sobre e/fondo principal deljuicio, como es e/pego mensual de una
pensión jubilar vitalicia demandada; en ningún momento estoy exigiendo el pago por
concepto de jubilación patronal, que lo tengo recibido conforme consta el acta de finiquito
donde se me /iquida porconcepto de desahucio para acogerme a lajubilación patronal...
En referencia al cargo del actor contra el fallo ¡n examine, en lo que respecta
a la obligación del poder jurisdiccional de resolver en los fallos todos los puntos en
los que se ha trabado la litis, es necesario señalar que el principio dispositivo, en
palabras de Devis Echandia, el juez debe atenerse exclusivamente a la
“..
actividad de estas, sin que le sea permitido tomar iniciativas encaminadas a iniciar
el proceso ni a establecer la verdad Es decir, los jueces y Tribunales al
.
resolver, deben considerar exclusivamente los puntos que se les ha sometido
oportuna y debidamente a la decisión, o sea en los términosen los que quedo
trabada la litis. Cabe advertir, que para poder realizar un correcto análisis, es
necesario dejar señalado que de la demanda y de la contestación a la demanda,
se fijan definitivamente los términosde la contienda y el alcance de la sentencia.
Por otro lado, el principio de congruencia, delimita el contenido del fallo, en
tanto en cuanto éstosdeben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las
pretensiones o impugnaciones y excepciones o defensas oportunamente
aducidas a fin de que exista la identidad jurídica entre lo pedido y lo resuelto.
En la especie, el ciudadano Serafín Lanche, en el libelo de la demanda (fs. 5
a 6 vlt., primer cuaderno de instancia), expone sus pretensiones mismas que
acontinuación se citan:
“a) El pago de una pensión jubilar vitalicia, que se determinará siguiendo las reglas
establecidas en la disposición legal invocada en concordancia con las regulaciones
establecidas en la Ley del Seguro Social Obligatorio, por disposición de la regla primera del
artículo 216 del código del Trabajo; b) El pago de las diferencias que por pensiones
jubilares mensuales más los beneficios de Ley deje de percibir; con efecto retroactivo y sus
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SALA DE LO Lf.~3ORAL Dr~ Wiisnn X~i~i»o
E~Z DF. L...•FCORTF \.AQVLN*\L.. DE JiSitfI.A
respectivos intereses legales, desde el mes dejulio del año 2005 hasta la presente fecha; c)
Elpago de costasprocesalesylos honorarios de mis abogados defensores.”
Siguiendo el mismo orden de análisis es preciso referirnos a la
contestación a la demanda, de lo cual se desprende a fojas 59 del segundo
cuaderno de instancia, que en la diligencia de Audiencia Preliminar de
conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, de la presente
causa, no comparece a la diligencia los demandados el Procurador General del
Estado, ni tampoco el procurador síndico ni representante legal de la accionada.
Lo que desemboca en la rebeldía de los demandados a concurrir al proceso y que
se considera esta inasistencia como negativa de los fundamentos de hecho y de
derecho de la demanda. Ahora bien, en el fallo dictado por la Corte Provincial de
Justicia de Orellana, en el Considerando Quinto de la sentencia, exponen los
jueces de alzada, lo siguiente:
“En esta clase dejuicios, es importante determinar la existencia del vinculo labora4 en los
términosdelArt. 8 del Código del Trebejo, apreciándose que el actor laboró en el Municipio
del Cantón Francisco de Orellana, desde el 01 de enero de 1973 hasta el 30 de junio del
2005, obrando de autos elActa de Finiquito de fecha 30 de noviembre del 2005, referida en
el considerando anterior, de la que constan los valores liquidados y pagados al señor
Serafín Lanche, por concepto de jubilación patrona4 la sume de $7.711,85 dólares,
instrumento legalmente otorgado ante autoridad competente cumpliendo con los requisitos
de fondo y de forma; por lo que, la reclamación demandada deviene en improcedente y
carente de toda sustentación legal’:
De lo citado, este Tribunal puede inferir, que para determinar la
inconsonancia o incongruencia de que trata la causal cuarta del artículo 3 de la
Ley de Casación, luego de realizar el cotejo o confrontación de la parte resolutiva
del fallo con las pretensiones de la demanda y con las excepciones propuestas,
los jueces ed quem, no han considerado que del libelo de la demanda lo que
reclama el recurrente es una pensión jubilar vitalicia, es decir, mensualizada de
conformidad con la disposición emanada del artículo 216 regla primera; por tanto,
en el fallo se ha incurrido en el vicio de extra patita, que significa que los jueces
—
CORTENACIONAL DL
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de alzada han decidido sobre puntos ajenos a la controversia, por lo que han
dejado sin resolución materias que le fueron sometidas oportuna y legalmente,
cometiendo un yerro in procedendo, quebrantando el principio de la congruencia
de las sentencias, en virtud de la cual el fallo debe ser una respuesta
acompañada con cada una de las pretensiones deducidas y de las excepciones
propuestas. Por lo que el cargo al amparo de la causal cuarta del artículo 3 de la
Ley de Casación prospera.
Del análisis de las piezas procesales, consta a fojas 69 y 70 del cuaderno de
instancia, el Acta de Finiquito en la que efectivamente el ciudadano Serafín
Lanche, recibe la cantidad US. $7.711,85 dólares, cantidad que corresponde al
cálculo en base a la solicitud de desahucio y jubilación patronal propuesta por el
trabajador Serafín Lanche, mientras que en el evento de que se hubiere
pretendido pagar el fondo global de jubilación patronal, debía atenderse a la
disposición emanada del artículo 216 3 del Código del Trabajo, lo que si fue
liquidado en el cálculo propuesto por el perito asignado señor Edwin Guillermo
Vasconez Hermida, quien sostiene en su informe pericial, que la liquidación
practicada se la realiza en base al artículo 39 y 40 del Contrato Colectivo más los
beneficios de ley, lo cual da como resultado la cantidad que ha sido entregada
mediante acta de finiquito, pero más adelante expone el perito que si las partes
accedieran, esto en aplicación del artículo 219 numeral tercero párrafo segundo
del Código del Trabajo (actual 216.3 Ibídem), deberá agregarse la cantidad de
US. $7 155,56 dólares adicionales, siendo la liquidación correcta y total de US.
$14.411,21 dólares, consideración que no fue atendida por el empleador y que
por lo tanto no se entregó al trabajador, por lo que considerando la petición del
recurrente y en base a la Resolución de la Corte Suprema de Justicia, publicada
en el R.O. No. 138 del 1 de marzo de 1999. Se procede a cuantificar la jubilación
patronal mensual, desde el momento en que es exigible, esto es, desde la fecha
de terminación de la relación laboral (Resolución de la Corte Suprema de Justicia
R.O No. 245 de 2 de agosto de 1989), que de autos consta que fue el 30 de junio
del 2005 Se cuantifican los valores en los siguientes términos:
~ DL y L~ornL ~ \‘~ ~\
lF(OPf ~ ~i~I’~~\
1 1
Ene-DO Ene-Dl 62,00 Ene-02 100,00 Ene-OS 135,00 Ene-04 151,00 Ene-OS 151,00
Feb-OO Feb-Ol 62,00 Feb-O2 100,00 Feb-03 125,00 Feb-04 151,00 Feb-05 151,00
Mar-DO Mar-Dl 62,00 Mar-O2 100,00 Mar-03 125,00 Mar-O4 151,00 Mar-OS 151,00
Abr-OO Abr-Ol 80,00 Abr-02 100,00 Abr-03 125,00 Abr-04 151,00 Abr-05 151,00
May-OO May-Ol 90,67 May-02 125,00 May-03 141,67 May-04 151,00 May-O5 151,00
Jun-OO hin-Dl 80,00 Jun-OZ 125,00 Jun-03 125,00 Jun-04 151,00 Jun-OS 151,00
Jul-DO 124,00 Jul-Ol 80,00 JuI-02 125,00 Ju~-O3 125,00 Jul-O4 151,00 Jul-OS
Ago-OO 124,00 Aga-Ol 80,00 Ago-02 125,00 Ago-03 135,00 Ago-04 151,00 Ago-OS
Sep-OO 124,00 Sep-O1 100,00 Sep-02 125,00 Sep-03 135,00 Sep-04 151,00 Sep-0S
Oct-OO 124,00 Qct-O1 100,00 Qct-02 125,00 Oct-03 151,00 Qct-04 151,00 Qct-O5
Nov-OO 62,00 Nov-O1 100,00 Nov-02 125,00 Nov-O3 151,00 Nov-04 151,00 ‘Jov-OS
Dic-DO 62,00 Dic-Dl 100,00 Dic-02 125,00 Oic-03 151,00 Dic-04 151,00 Dic-OS
TOTALES 620,00 996,67 1.400,00 1.624,67 1.812.00 906,00
Remuneración 5 últimosaños 7.359,34
Promedio anual 1.47187
5% del promedio anual 73,59
Por 32.5 años de servicios
2.391,79
Para el coeficiente por la edad de 68 años 3,6622 653,10
Para 12= renta mensual 54,43
Diferencia mensual US$ 34,43 34,43
Desde julio de 2005 hasta julio de 2014 son 9 años=meses 108
3.718,44
Por décimatercera pensión hasta diciembre de 2013 (diferencia) 292,66
Total a pagar 4.011,10
En virtud de lo expuesto, la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte
Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”,casa la sentencia dictada
por la Corte Provincial de Justicia de Orellana, con fecha 08 de diciembre del
CORTE NACIONAL DE
I)r. Wikon Merino Sánchez
JUEZ 1W LA CORTE NACIONAl. DE JUSTICIA
2010, a las 15h08. Del valor líquidado en la tabla que antecede se descontará US.
$ 490,24 dólares que ya recibió el actor por concepto de jubilación de los meses
de julio de 2005 a febrero de 2006. Y dispone que el Gobierno Municipal del
Cantón Francisco de Orellana, representado por el Alcaldesa y Procurador
Síndico y Director de Recursos Humanos, Sra. Anita Carolina Rivas Párraga, Dr.
Hernán García Suasnavas y el Sr. Ramiro Herrera, respectivamente por los
propios derechos y por los que representan, solidariamente paguen en favor del
actor la cantidad de tres mil quinientos veinte con 86/100 (US. $3.520,86 dólares),
más los intereses que dispone el artículo 614 del Código del Trabajo que deberán
ser calculados por el Juez de origen en el momento de la ejecución La pensión
que se dispone a pagar de forma mensual es de US. $54, 43 dólares.- Sin costas
ni honorarios que regular.- Notifíquez6~R’devuélvase.-
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Dr. Ji ‘n y ~yluardo Salcedo, Msc.
Juez de la Corte Nacional Juez de 1- Corte Naci’~nal
VOTO LVADO
Certi
Dr. sw do Almeida B5P7réo
Se etano
Voto Salvado: Dr JohnnyAyluardo Salcedo
Quito, noviembre 26 de 2014; las 14h00.
VISTOS: Dentro del juicio laboral seguido por Serafín Lanche contra el Gobierno Municipal del
Cantón Francisco de Orellana, en los interpuestos ciudadanos Anita Carolina Rivas Párraga, Hernán
García Suasnavas y Ramiro Herrera, en sus calidades de Alcaldesa, Procurador Síndico y Director
de Recursos Humanos, respectivamente; por sus propios derechos y por los que representan;
inconforme la parte actora interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada por la Sala
Únicade la Corte Provincial de Justicia de Orellana, de fecha 8 de diciembre de 2010, a las 15h08;
que confirma la sentencia venida en grado y declara sin lugar la demanda; siendo el estado procesal
para resolver, se considera:
PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Corresponde el conocimiento de esta causa, al
Tnbunal que suscnbe constituido porjueces nacionales, nombrados y posesionados por el Consejo
Nacional de la Judicatura, mediante resolucion numero 004-2012 de 26 de enero de 2012, y
designadas por el pleno para actuar en esta Sala de lo Laboral, por resolucion No 03-2013 de 22 de
julio del 2013, relativo al cambio en la integración de las Salas de la Corte Nacional de Justicia; y en
este proceso en médtoal resorteo, cuya razón obra de fojas 6 del últimocuademo, realizado de
conformidad a lo dispuesto en el penúltimoinciso del Art. 183 del Código Orgánico de la Función
Judicial. Su competencia para conocer los recursos de casación interpuestos, se fundamenta en lo
previsto en los Arts. 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador, 191.1 del Código
Orgánico de la Función Judicial, ide la Ley de Casación y 613 del Código del Trabajo.
SEGUNDO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La parte actora alega como inifingidas en la
sentencia recurrida las normas de derecho contenidas en el articulo 37.3 de la Consfitución de la
República; artículo 216 numerales 1 y 2 párrafo segundo del Código del Trabajo vigente.
Fundamenta su recurso en la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación.-
e—
TERCERO: MOTIVACIÓN: La doctrina explica que: “(..) La motivación de derecho involucrada en
toda sentencia, se relaciona con la aplicación de los preceptos legales y los principios doctrinarios
atinentes, a los hechos establecidos en la causa, con base en las pruebas aportadas porlas partes.
Por lo tanto, lo que caracteriza esta etapa de la labor deljuez es, precisamente aquel trabajo de
‘subsunción’ de los hechos alegados y aprobados en el juicio, en las normas jurídicas que los
prevea, a través del enlace lógico de una situación particulai específica y concreta, con la
prevención abstracta, genéricae hipotéticacontenida en la ley. Tal enlace lógico entre los hechos
que eljuez ha establecido como resultado del examen de las pruebas y las previsiones abstractas
de la ley, se resuelve en lo que Salto llamó ‘la valoración jurídica del hecho’, esto es, la
transcendencia que jurisdiccionalmente se atribuye al hecho, para justificar el dispositivo de la
decisión y a este respecto, es clara la obligación que tiene el juez de expresar en su fallo las
consideraciones demostrativas de aquéllavaloración, yjustificativa del partido que toma eljuez al
aplicar los preceptos legales correspondientes, como unica vía para que el fallo demuestre aquel
enlace logico hecho norma que viene a ser el punto crucial de la motivacion en la cuestion de
derecho, pues a traves del examen de esas consideraciones, es como podra efectuarse la
determinación de si el juez erró o acertó en la aplicación de la ley”1. “Entendida as~ es en la
motivación de la cuestión de derecho donde se encuentra virtualmente reconducida la parte más
excelsa y delicada de la actividad decisoria deljuez, pues al fin y al cabo el objetivo final de la
jurisdicción es la declaración del derecho, que bajo el principio de la legalidad explica y al mismo
tiempo condiciona la actividad deljuez. Por ello la falta de motivación de la cuestión de derecho,
constituye un vicio, quizás institucionalmente el más grave, en el que el órganojurisdiccionalpuede
incurrir (..)‘~. Conforme el mandato contenido en el artículo 76.7.1) de la Constitución de la
República,las resoluciones de los poderes públicosdeberán ser motivadas. No habrá motivación si
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso. La falta de
‘TRIBUNALSUPREMO DEJUSTICIADEVENEZUELP~Recursodecasación No.00175-250403-00559-00492
cid?
2MÁRQUEZÁÑEZ.Leopoldo, MotivosyEfectosdelRecursodecasacióndeFormaenlacasación Venezolana. p.40
motivación y de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la
resolución, Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal
de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, frmndamenta su resolución en el análisis que se
expresa a continuación:
CUARTO: ARGUMENTACIÓNO RATIO DECIDENDI:
4.1. SOBRE LA TUTELA JUDICIAL COMO EXPRESIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL: El
Estado constitucional de derechos supone la consagración del principio de supra legalidad
constitucional, es decir, la supremacía de la Constitución, la tutela judicial efectiva de los derechos
fundamentales de las personas y, estando en discusión derechos constitucionales, las juezas y
jueces estamos obligados a aplicar de manera directa e inmediata la norma y la interpretación que
más favorezca su efectiva vigencia.-
4.2. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso de
casación es un medio de impugnación de carácter extraordinaño, públicoy de estricto derecho.
Para Humberto Murcia BaIlen, “la casacion es un recurso limitado, porque la ley lo reserva para
impugnarpormedio de elsolo determinadas sentencias, formalista, es deci~ impone alrecurrente, al
estructurarla demanda con la que sustenta, elinexorable deberde observar todas las exigencias de
la técnicade casación a tal punto que el olvido o desprecio de ellas conduce a la frustración del
recurso y aúnal rechazo in límine del correspondiente libelo”3. De lo que se desprende que no se
trata de una tercera instancia. El objetivo fundamental del recurso, es atacar la sentencia para
invalidarla o anularla por los vicios de fondo y forma de los que pueda adolecer; proceso que se
ve~fica a travésde un cotejamiento ~guroso y técnicode la sentencia con el ordenamiento jurídico
vigente, para encontrar la procedencia o no de las causales invocadas. Dicha función jurisdiccional,
se encuentra confiada al más alto Tribunal de Justicia ordinada, el cual en el ejercicio del control de
constitucionalidad y legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en aras de
la seguridad jurídica, pilar fundamental en los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la
jurisprudencia, a travésdel desarrollo de precedentes judsprudenciales fundamentados en fallos de
3MURCIABALLÉN,Humberto, RecursodeCasación Civil, Edidón sexta,B~otá,2005,pp.90y91.
a
JUSTICL4
triple reiteración. De los argumentos del recurrente, a fin de dilucidar si la impugnación a la
sentencia posee sustento jurídico, este Tribunal procede a confrontarla con los cargos formulados
en su contra yen relación con la normativa legal citada y los recaudos procesales, se observa:
4.3. SOBRE LA CAUSAL CUARTA: Al respecto, “El vicio de incongruencia contenido en la causal
cuarta es un error improcedendo que tiene tres aspectos: a) Cuando se otorga más de lo pedido
(plus o ultra petita); b) Cuando se otorga algo distinto a lo pedido (extra petíta); y, c) Cuando se deja
de resolver sobre algo pedido (citra petita). Entonces como instrumento de análisis, el defecto
procesalde incongruencia debe resultarde la comparación entre la súplicade la demanda yla parte
dispositiva de la sentencia, lo cual ha de estar perfectamente explicado en la fundamentación del
recurso”.4 El tratadista Humberto Murcia Bailén,manifiesta: “Cuando el juez, al fallai infringe el
principio de la congruencia de la sentencia, ora por exceso de poder ya por defecto en el ejercicio
del que se le atribuye, lesiona el interésjurídico de los litigantes, para cuya reparación se han
consagrado los recursos, Yentre estos elde casación, sielfallo esproferido porun tribunalsuperior,
dado que en los supuestos de casacion, persaltum noproceden los errores in procedendo Espues,
falta de conformidad entre lopedidoylo resuelto, o la falta de la necesana correspondencia, entre la
resolucion de la sentencia y las peticiones de las partes, lo que autoriza la casacion del fallo
incongruente o disonante, como tambiénse lo llama”.5 Es deber elemental del juez respetar el
cuadro de la instancia trazado por los litigantes, las pretensiones de las partes son las expresiones
de la voluntad privada, el juez no puede sorprenderlas saliéndosede los límites fijados en las
peticiones por las partes procesales. El civilista abogado Juan Muñoz Torres, en su obra Tratado de
los Recursos Jurisdiccionales, sostiene: “Las sentencias deben serpronunciadas conforme al mérito
del proceso, y la decisión del asunto controvertido debe comprender todas las acciones y
excepciones que se hayan hecho valer en eljuicio, de decir que la sentencia debe enmarcarse
dentro de los limites que las propias partes fijaron al tribunal en sus escritos de demanda y
contestación (..j”.6
G.J.5.XVINo.4,p.895-896(Rossovavs-Fundación ÑnigosdelEcuador)
5MURCIABALLÉN,Humberto,RecursodeCasadón CM?,EditorialJuridi~GustavoIbañez,sextaEdición,p.506
‘MUÑOZTORRESJuan, TratadodelosRecursosJurisdiccionales, EditorialPadamentoLtda.,2009,p.436
4
— It4 -
“e’...)
4.3.1. Adicionalmente, el citado tratadista colombiano, dice: el principio de congruencia o
armonía del fallo se contrae a la necesidad de que este se encuentre en consonancia con las
pretensiones deducidas porel demandante en la demanda, o en las demás oportunidades que la ley
le ofrece para proponerlas; y con las excepciones que aparezcan probadas, y hubieran sido
invocadas por el demandado, si no se autoriza su declaración oficiosa. O sea que el juez en su
sentencIa, tiene que pronunciarse sobre todo lo que se ha pedido por los litigantes y solamente
sobre lo demandado; pero, además, su decisión nopuede fundarla sobre hechos que no están en el
debate”.7 Para el análisis de la procedencia de la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación,
es necesaño realizar una comparación de los aspectos que han sido materia de la litis, a partir del
libelo inicial, como el acto en que el actor deduce su acción y formula su solicitud o reclamación que
ha de ser materia principal del fallo, de conformidad con el artículo 66 del Código de Procedimiento
Civil; la contestación a la demanda que debe contener el pronunciamiento expreso del demandado
sobre las pretensiones del actor, con la indicación de si las admite o las niega, así como las
excepciones que el accionado proponga, con los fundamentos de hecho y de derecho de cada una
de ellas en virtud del articulo 102 del Codigo de Procedimiento Civil, y, finalmente la parte resolutiva
de la sentencia, que contiene la decision del juez acerca de asunto o asuntos principales del juicio,
en la que se debera decidir unicamente los puntos sobre los que se trabo la lítís (articulo 269 y 273
del Código de Procedimiento Civil). En el subjudice, la acción del actor está diñgida en primer lugar
al pago de una pensión jubilar vitalicia, que se determinará siguiendo las reglas establecidas en la
disposición legal invocada, en concordancia con las regulaciones establecidas en la Ley del Seguro
Social Obligatorio, por disposición de la regla pñmera del artículo 216 del Código del Trabajo; en
segundo lugar al pago de la diferencias que por pensiones jubilares mensuales más los beneficios
de Ley deje de percibir; con efecto retroacflvo y sus respectivos intereses legales, desde el mes de
julio del año 2005 hasta la presente fecha; y, por últimoel pago de las costas procesales y los
honorarios de sus abogados patrocinadores. Consta a fojas 59 del cuaderno de primer nivel el acta
de audiencia preliminar en donde se verifica la falta de comparecencia del demandado a la
mencionada diligencia. A fojas 3 del cuaderno de segundo nivel consta la sentencia emitida por la
‘MURCiABALLÉN,Humberto,RecursodeCasación CM~EditodaiJuridi~Gustavoibañez, 5exiaEdición, p.305
5
Sala Únicade la Corte Provincial de Justicia de Orellana, en donde a pesar de transcribir las
pretensiones del actor, la relación laboral, no se pronuncia sobre ninguna de ellas. De la simple
observación de la sentencia impugnada, se desprende, que en efecto, la mencionada Sala no
resolvió los aspectos materia de la litis, todo lo contrario, se pronunció sobre lo que no fue materia
del litigio con lo cual se establece que incurre en la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de
Casación.
4.3.2. Como ya se manifestó, resulta preponderante delimitar de manera adecuada y suficiente el
objeto del proceso, por cuanto aquel, constituye un factor preminente para el apropiado desarrollo y
culminación del conflicto intersubjetivo y de esta manera determinar el ámbito de la sentencia
definitiva por ser imperativo el deber de congwencia y del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva ni/a sentencia puede pronunciarse sobre materia distinta, ni puede dejar de hacerlo
“~‘..)
respecto de cualesquiera de las cuestiones que lo integran (citra o mínima, extra y ultra petita) en
virtud de la mutatio libelll’.8 Dicho de otra manera el juez, por respeto al principio de congruencia no
puede ni debe resolver más allá de la pretensión sino se incurriría en el vicio de extra petita
contenido en la causal cuarta del articulo 3 de la Ley de Casacion En el proceso motivo de estudio
nos encontramos frente a un caso de incongruencia externa, la cual es relativa a la concordancia o
armonia entre las pretensiones y la resolución de la Sala. Ahora bien, es necesado tomar en cuenta
que, si existe incongruencia en una resolución, y como en el presente caso el Tñbunal ad quem se
pronuncia sobre hechos y derechos que no fueron sujetos a análisis, se viola tambiénel principio de
motivación, el cual impone al juez que sus resoluciones sean enmarcadas dentro de estos límites
dados por las pretensiones de las partes.
4.3.3. En el Estado de derechos resulta esencial tutelar la efectiva aplicación de las garantías del
derecho del debido proceso, consagradas en el artículo 16 de la Constitución, el cual incluye el
derecho a la defensa, mismo que a su vez comprende la garantía de que todas las resoluciones de
los poderes públicosdeberán ser motivadas. De esta forma, lo que se pretende es guiar el ejercicio
Cfr. Francisco Muñoz Jiménez,Actos de tos partes dehrnitadores dei objeto dei pro~so: demanda, contestación, réplica,dúphca,esoiio de
ampliadónyconclusiones, Madrid, Materiaiimparlidoeniarnaest’iadeDerechoProcesaldeiaUASB-Q,p2ENESPiNOSACUEVA, cada, Teoría de
lamolivadóndelasresolucionesjudidalesyjurisprudenciadecasadónyeíec(oral, Primera Ediciónenero2010,Quito, Ecuador,p.52
6
qwsice _u’-_
del poder públicoa travésde los órganos establecidos en el ordenamiento jurídico para garantizar la
vigencia de los derechos fundamentales y es por esta razón que la Constitución reconoce
expresamente un importante efecto para su incumplimiento, pues prescribe claramente la nulidad de
la resolución en caso de que falte la debida motivación.
4.3.4. Por otro lado, es necesario resaltar que los derechos constitucionalmente consagrados de la
seguridad jurídica y defensa dentro de un proceso imponen al juzgador la obligación de motivar y
fundamentar sus providencias. Al respecto, “C..) la obligación de fundamentación no es un mero
formalismo procesal; al contrado, su obse,vancia permite a losjusticiables conocer las razones en
las que se funda la autoridad para aplicar la norma de que se trata, con el fin de asegurar una
decisión prevista en la ley con la cualse pueda posibilitar una adecuada defensa, en garantía de los
principios constitucionales del debidoproceso y la tutelajudicial efectiva. y este Tribunal considera
‘~
necesario señalar que la debida motivación permite un pleno ejercicio del principio de contradicción,
en consecuencia, se desprende que la motivación no solo es un deber para el poder público,sino
tambiénes un derecho exigible conforme con un Estado constitucional de derechos y jusficia, y que
al no cumplirselo causaria indefension Parafraseando al maestro Couture, cuando se refiere a la
motivacion señala que la sentencia debe ser motivada, ya que se trata de un deber administrativo
del magistrado, es una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso; la falta de
motivación priva a las partes procesales del poder de fiscalizar la sentencia dictada e incluso afecta
el derecho constitucional a la defensa.1°
4.3.5. Adicionalmente, el artículo 130 numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Función Judicial,
entre las facultades jurisdiccionales, establece: cuidarque se respete los derechos y garantías
“(,,.)
de las partes procesales en juicio” y “C.) velar por una eficiente aplicación de los principios
procesales”. Como se manifestó anteriormente, al haberse emitido una resolución incongruente, que
deviene en inmofivada, se afecta directamente el derecho a la defensa y el principio de contradicción
por lo que se violentó las transcritas disposiciones.-
ESPINOSA CUEVA, Carla, Teoría de lamotivación de lasresolucionesjudicialesyjurisprudencia de casación yelectoral, Primera Edición enero
2010, Quito,Ecuador, p.52
COUTUREEduardoJ.,Fundamentosde!DerechoProcesalCivil,EdilorialBdeFLtda., Montevideo,CuartaEdición, 2005,p.234
“
7
4.3.6. En conclusión y en virtud de todo lo manifestado, se desprende que el tñbunal ad quem,
violentó el pñncipio de congruencia externa, al haberse pronunciado sobre hechos que no fuemn
motivo del presente juicio, dejando los derechos del actor pretendidos en su libelo inicial sin
pronunciamiento, por lo que lógicamente, de esta forma, se afectó el principio de contradicción y la
debida motivación de su resolución, garantia consfitucional establecida en el articulo 76.7.1) de
nuestra Carta magna, disposición que determina, explícitamente, la consecuencia jurídica de su
incumplimiento, es decir, la declaración de a nulidad.
QUINTO: DECISIÓN: Con estos razonamientos este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte
Nacional de JusUcia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,
declara la nulidad de a sentencia’impugnada, pronunciada por la Sala Únicade la Corte Provincial
de Justici. Orellana,deféch~8de diciembre de 2010, a las 15h08, por lo que se ordena devolver
e
el proces’ OTIFÍQUESEY UB frU E.
VS . 4.
Dr. John Salcedo
JUEZ
VOTO
Certifico.-
At:\nI.Wflfl1’N~7-I0l yUnión Njcin,uIde trixli,~,’
0213953500 1 Qjiw Ecu3dol
CCII 1’ JCtIII.I 4.~IItVt
ctiez,~
fti~ç
RAZON: En esta fecha a partir de las diez y seis horas se notifica la sentenGia y voto
salvado que anteceden al actor SERAFIN LANCHE en la casilla judicial No. 2344 del Ab.
Hugo Salinas. No se notifica al demandado GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON
FRANCISCO DE ORELLANA por no haber señalado casiNa judicial en esta instancia.
Certifico.
Quito, noviembre 26 de 2014.
Dr. o Almeid~ Be
ecretario Relato
RAZON: En ciento noventa y cuatro fojas útiles se devolvió de oficio al
Secretario (a) Relator (a) de la Sala Unica de la Corte Provincial de Justicia de
Orellana las actuaciones de la presente causa, incluyendo siete fojas de la
Ejecutoria Suprema.
Quito, diciembre 19 de 2014.
Bermeo |
137583999-DFE
Juicio No. 1750120110015
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO. Quito, martes 1 de diciembre del 2020, las 14h49. VISTOS: La doctora María del
Consuelo Armas Alvear en calidad de procuradora fiscal del economista Mauro Andino Alarcón,
Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, interpone recurso de casación en
contra del fallo de mayoría dictado por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en
el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha el 11 de abril de 2018, las 13h41, dentro
del juicio de No. 1750120110015, que acepta la demanda presentada por el señor Wang Runfei, en
calidad de representante legal y gerente general de la compañía Importadora y Exportadora Haimen
Jinhang S.A.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte
numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del artículos 201 del Código
Orgánico de la Función Judicial reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda
número 4 del Código Orgánico General de Procesos y artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, en sentencia de mayoría del 11 de abril de 2018, las
13h41, dentro del juicio de impugnación No. 1750120110015, acepta la demanda presentada por el
señor Wang Runfei, en calidad de representante legal y gerente general de la compañía Importadora y
Exportadora Haimen Jinhang S.A., y en consecuencia deja sin efecto la Resolución Nro. GGNCAJ
DJPPV0032, emitida el 17 de enero de 2011 por el gerente general de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana, así como las rectificaciones de tributos Nro. GGNCINDCPRE517, GGNCINDCP
RE518, GGNCINDCPRE519, GGNCINDCPRE520, GGNCINDCPRE521, GGNCIN
DCPRE522 todas de 28 de octubre de 2010.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Con fecha 4 de mayo de 2018, las 16h40, la
doctora María del Consuelo Armas Alvear, en calidad de procuradora fiscal del economista Mauro
Andino Alarcón, Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, interpone recurso de
casación, mismo que es calificado en auto de 8 de mayo de 2018, las 12h25, en los términos de los
artículos 2, 4, 5, 6 y 8 de la Ley de Casación, para ante los Jueces de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, competentes para conocer y resolver este
recurso.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de admisión de 22 de enero de 2020 las 12h26, el doctor
Marco Aurelio Tobar Solano, en su calidad de Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del
recurso de casación propuesto, admitiendo la causal primera, por los vicios de aplicación indebida del
artículo 143 del Código Tributario y la falta de aplicación del artículo 70 de la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno.
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. El señor Wang Runfei en calidad de gerente
general y representante legal de la compañía Importadora y Exportadora Haimen Jinhang S.A., no ha
dado contestación al recurso de casación interpuesto por la Administración Aduanera.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa No. 17501
20110015(1), realizado el 24 de septiembre de 2020, las 16h09, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores: Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (E), Fernando Antonio Cohn Zurita,
Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, en calidad de Ponente.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara el proceso
válido.
OCTAVO: AUTOS PARA RESOLVER. Con fecha 9 de noviembre de 2020, la Sala Especializada
emitió autos para resolver la presente causa.
NOVENO: ERROR ALEGADO. La recurrente considera que el fallo de mayoría emitido por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, de 11
de abril de 2018, las 13h41, incurre en la Causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, y
acusa la aplicación indebida del artículo 143 del Código Tributario y la falta de aplicación del artículo
70 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
DÉCIMO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS. Las normas que la recurrente
considera infringida son:
A. Código Orgánico Tributario: Art. 143. Causas para la revisión. “El Director General
del Servicio de Rentas Internas, en la administración tributaria central y los prefectos
provinciales y alcaldes, en su caso, en la administración tributaria seccional y máximas
autoridades de la administración tributaria de excepción, tienen la potestad facultativa
extraordinaria de iniciar, de oficio o por insinuación debidamente fundamentada de una
persona natural o jurídica, que sea legítima interesada o afectada por los efectos
jurídicos de un acto administrativo firme o resolución ejecutoriada de naturaleza
tributaria, un proceso de revisión de tales actos o resoluciones que adolezcan en errores
de hecho o de derecho, en los siguientes caso: 1. Cuando hubieren sido expedidos o
dictados con evidente error de hecho o de derecho, verificados y justificados según
informe jurídico previo. En caso de improcedencia del mismo, la autoridad competente
ordenará el archivo del trámite. 2. Cuando con posterioridad aparecieren documentos de
valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución de que se trate. 3.
Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales actos o
resoluciones fueren manifiestamente nulos, en los términos de los artículos 47 y 48 de la
Ley Notarial, o hubieren sido declarados nulos por sentencia judicial ejecutoriada. 4.
Cuando en igual caso, los documentos, sean públicos o privados, por contener error
evidente, o por cualquiera de los defectos señalados en el Código Orgánico General de
Procesos, o por pruebas posteriores, permitan presumir, grave y concordantemente, su
falsedad. 5. Cuando habiéndose expedido el acto o resolución, en virtud de prueba
testimonial, los testigos hubieren sido condenados en sentencia judicial ejecutoriada, por
falso testimonio, precisamente por las declaraciones que sirvieron de fundamento a dicho
acto o resolución. 6. Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que,
para dictar el acto o resolución materia de la revisión, ha mediado delito cometido por
funcionarios o empleados públicos que intervinieron en tal acto o resolución.
B. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: Art. 70. Declaración, liquidación y pago
del IVA para mercaderías importadas. En el caso de importaciones, la liquidación del
IVA se efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al
despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondientes. Facúltase al
Director General del Servicio de Rentas Internas para disponer el pago del IVA en una
etapa distinta a la señalada en el inciso anterior, para activos que se justifiquen
plenamente por razones de carácter económico, cuya adquisición esté financiada por
organismos internacionales de crédito; así mismo para la nacionalización de naves
aéreas o marítimas dedicadas al transporte, la pesca o las actividades turísticas, siempre
que no se afecte a la recaudación y se logre una mejor administración y control del
impuesto, dentro de los plazos previstos en el Código Tributario, para las facilidades de
pago”
DÉCIMO PRIMERO: CONTENIDO DE LA CAUSAL PRIMERA DEL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE CASACIÓN. La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, configura errores de
la siguiente manera: “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de
derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan
sido determinantes de su parte dispositiva.”1
DÉCIMO SEGUNDO: ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE POR LOS VICIOS
ACUSADOS. La recurrente considera que los juzgadores de instancia incurren en el vicio de
aplicación indebida del artículo 143 del Código Orgánico Tributario y, como consecuencia de esto, la
falta de aplicación del artículo 70 de la Ley de Régimen Tributario Interno, al considerar que no existe
normativa alguna que le permita a la Administración Aduanera realizar actos determinativos, en la
forma que lo ha realizado la Administración dentro de la Resolución Nro. GGNCAJDJPPV0032 de
fecha 17 de enero de 2011, la cual se resuelve declarar sin lugar los reclamos administrativos
acumulados Nro. 1992010, 2002010, 2012010, 2022010, 2032010, 2042010, presentados por el
señor Wang Runfei en calidad de representante legal y gerente general de la compañía Importadora y
Exportadora Haimen Jinhang S.A., consecuentemente se declara la validez de los actos
administrativos contenidos en las Resoluciones No. GGNCINDCPRE517, GGNCINDCPRE
518, GGNCINDCPRE519, GGNCINDCPRE520, GGNCINDCPRE521, GGNCIN
DCPRE522, emitidas por la Dirección General de Intervención, ratificando los pronunciamientos
técnicos contenidos en el Oficio CGGADVCJVAOF(l)No.0922 del 17 de marzo de 2010 y su
respectivo alcance realizado a través del Oficio CGGADVCJVAOF03049 del 10 de septiembre de
2010, emanados de la Coordinación General de Gestión Aduanera y su informe técnico No.CGGA
DDVJVAJA02192010 del 11 de marzo del 2010 y su respectivo alcance realizado a través del
oficio No. CGGADCVJVAOF03049 del 10 de septiembre del 2010, emanados de la Coordinación
General de Gestión Aduanera.
Que la Sala aplica una norma que no es la llamada a resolver lo controvertido y supone que la
Administración Tributaria no puede sustentar sus propios actos, lo cual carece de fundamento, ya que
en el fallo recurrido se indica que la Administración no tiene la suficiente autotutela de sus actos, por
lo que, el Tribunal cree que los actos emitidos por ella se encuentran con yerros que sacrifican sus
propios postulados.
1 Ecuador. Registro Oficial No. 192 de18 mayo de 1993, Ley de Casación: artículo 3 causal 1ra.
Además, el casacionista alega que en cuanto al IVA por importaciones, es el Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador quien tiene toda la potestad para poder verificar los valores que le correspondan y
como se evidencia, en efecto se ha procedido a efectuar los cálculos correspondientes por parte de la
Administración, lo que, corresponde al IVA por dichas importaciones.
Que en consecuencia, la Sala aplica una norma impertinente, esto es, el artículo 143 del Código
Tributario, dejando de aplicar la norma correcta, que corresponde al artículo 70 de la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno, bajo la premisa de que la Corporación Aduanera Ecuatoriana no poseía
las atribuciones para efectuar los actos realizados, sin embargo la Administración tiene la plena
facultad para emitir actos de reliquidación en lo que se refiere a cuestiones de cálculo cuando se
cambia la tarifa advalorem de un producto, los demás componentes de la base imponible de la
obligación aduanera deberán cambiar por lógicas razones, ya que obedecen la mayoría a porcentajes
específicos, como es el caso por ejemplo de FODINFA, que corresponde al 5% y el IVA que
corresponde al 12% del valor en aduana, por lo que, es por demás lógico y coherente que los valores
siguientes se vean afectados por el aumento de la tarifa advalorem antes descrita.
Que el Tribunal juzgador, al manifestar que no existe norma que le permita a la ex CAE realizar dicha
actuación, reconoce de forma expresa la falta de aplicación de una norma, ya que el artículo 70 de la
Ley de Régimen Tributario Interno le da plena facultad a la Aduana para proceder conforme se ha
realizado.
DÉCIMO TERCERO: ANÁLISIS DE LOS VICIOS ALEGADOS. Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver los problemas jurídicos
planteados derivados del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en la causal primera
del artículo 3 de la Ley de Casación, admitido por el señor Conjuez de la Sala, procede a analizar, de
manera conjunta los dos vicios alegados, pues, el recurrente los configura de forma concurrente,
derivando de la presunta indebida aplicación del artículo 143 del Código Tributario, la supuesta falta
de aplicación del artículo 70 de la Ley de Régimen Tributario Interno: a) Falta de aplicación: i. “El
concepto de violación de la norma sustancial también llamado no aplicación o inaplicación se
presenta cuando al dictar la sentencia el juez no la aplica debiendo haberla aplicado en ella y como
tal omisión implica el desconocimiento del derecho que claramente consagra el precepto legal, dicho
texto resulta entonces vulnerado.”2; ii. Analizado el fallo en cuestión, en su parte pertinente expresa:
2Murcia Ballén, Humberto. El recurso de casación civil, (Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo
Ibáñez, 2012) 398.
“8.1.1. En el caso sometido a análisis, se puede observar que la Administración Aduanera, dentro de
los plazos y forma establecida expresamente por el artículo 53 de la Ley orgánica de Aduanas sin
que, al efecto, sea aplicable la disposición y términos del artículo 94 del Código Tributario, por
existir norma expresa y especial al respecto, conforme se anunció anteriormente, realizó el
procedimiento de la duda razonable a las importaciones realizadas por la compañía actora al
amparo de las declaraciones aduaneras con refrendos nro. 0282008100330524, 028200810
0678865, 0282008100462177, 0282008100582183, 0282008100509401 y 028200810
1074496, resultando diferencias a pagar por el ajuste realizado en los valores declarados. Sin
embargo, con las rectificaciones de tributos nro. GGNCINDCPRE517, GGNCINDCPRE518,
GGNCINDCPRE519, GGNCINDCPRE520, GGNCINDCPRE521, GGNCINDCPRE
522, se realizó una nueva comprobación de los montos determinados. Este proceder no encuentra
amparo en la normativa aduanera, pues no ha previsto la posibilidad de verificarse un acto
determinativo realizado por el propio sujeto activo, en la forma que lo ha realizado, sino previa la
instauración de un mecanismo legal apto para modificar el acto y glosas originales, como puede
constituir, para el caso, el recurso de revisión de oficio previsto en el artículo 143 del Código
Tributario, en tanto no existe evidencia procesal alguna que permita, aunque sea presumir, que las
determinaciones realizadas a través de la duda razonable, no alcanzaron firmeza, ejecutoriedad y
ejecutividad. Por consiguiente, esta comprobación de los valores determinados por la propia
Administración Aduanera, realizada en la forma que ha sido, resulta ilegítima, en tanto comporta el
ejercicio de la facultad determinadora, de una forma no prevista para el efecto en la normativa
especial aduanera, lo que evidencia, a su vez, la ilegitimidad del acto que las confirmó.” (Los
subrayados pertenecen a la Sala); iii. Revisados los argumentos del Tribunal de instancia vertidos en
la sentencia en análisis, esta Sala concluye que sus razonamientos son acertados para resolver la
controversia que se concreta en verificar la legalidad de las actuaciones de la administración tributaria
aduanera contenidas en la resolución impugnada que a su vez niega los reclamos formulados por el
actor a los actos de rectificación de tributos practicados por la administración tributaria aduanera; el
punto clave para concluir en la ilegalidad no está en el ejercicio de rectificación, sino en el hecho de
que en las rectificaciones de tributos Nro. GGNCINDCPRE517, GGNCINDCPRE518, GGN
CINDCPRE519, GGNCINDCPRE520, GGNCINDCPRE521, GGNCINDCPRE522, el
Tribunal juzgador establece que se ha realizado una nueva comprobación de los montos determinados,
cuando dichos actos tenían la condición de firmes, razón por la que, de forma adecuada el Tribunal
llega a determinar que no cabía, sino a través de una revisión de oficio, conforme al contenido del
artículo 143 del Código Tributario. Por lo tanto, no se advierte una indebida aplicación de la norma
invocada por el casacionista y se desecha el cuestionamiento; b) Aplicación indebida: i. Este se
produce “(…) cuando la norma ha sido entendida rectamente en su alance y significado, más se la ha
utilizado para un caso que no es el que ella contempla.”3 En tanto que, para Calamandrei, el vicio de
aplicación indebida puede llegarse “(…) por dos distintos modos que son perfectamente aplicables en
nuestra técnica: porque, o puede errarse al precisar las circunstancias de hecho que son relevantes
para que la norma entre en juego (yerro de diagnosis jurídica), o pueda padecerse equivocación al
establecer la diferencia o semejanza que media entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.”4;
ii. Conforme se dejó expuesto, este vicio el recurrente lo liga a la presunta indebida aplicación del
artículo 143 del Código Tributario que se determinó que no procede, lo cual sería suficiente para
rechazar el cargo; sin embargo, la Sala considera necesario agregar que la referida norma regula la
declaración, liquidación y pago del IVA para mercaderías importadas, sin que dicha disposición sea el
sustento para que la administración aduanera asuma la facultad de determinación de un impuesto cuya
responsabilidad de gestión le corresponde al Servicio de Rentas Internas, aspecto que no es abordado
por el fallo de mayoría, sin embargo de lo cual, es pertinente aclararlo, en beneficio de una adecuada
aplicación del derecho.
DÉCIMO CUARTO. DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, resuelve NO CASAR la sentencia
dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de
Quito, provincia de Pichincha, de 11 de abril de 2018, las 13h41. Sin costas. Notifíquese, Publíquese
y Devuélvase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
3 Ecuador. Registro Oficial No. 12 de 31 de enero de 2003, 28.
4 Humberto Murcia Ballén, “Recurso de casación civil”, (Bogotá: Ediciones Jurídica Gustavo Ibáñez, 2015),
318.
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA |
136737640-DFE
Juicio No. 1775120110016
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO. Quito, jueves 19 de noviembre del 2020, las 16h33. VISTOS: El señor Eliseo
Sarmiento Valero en calidad de vicepresidente ejecutivo de Constitución C.A. Compañía de Seguros,
interpone recurso de casación en contra del fallo dictado por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No 1,
Primera Sala el 14 de octubre de 2010, las 12h05, dentro del juicio de excepciones No. 175012008
26228, que rechaza la demanda de excepciones y dispone la prosecución del procedimiento de
ejecución N° GA0000320.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte
numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del artículos 201 del Código
Orgánico de la Función Judicial reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda
número 4 del Código Orgánico General de Procesos y artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. El Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Primera Sala,
en sentencia de 14 de octubre de 2010, las 12h05, resolvió rechazar la demanda de excepciones
formulada por el representante legal de la compañía Constitución C.A. Compañía de Seguros
(anteriormente Memoser Compañía de Seguros S.A.), y dispone la prosecución del procedimiento de
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Con fecha 28 de octubre de 2010, las 17h39, el
señor Eliseo Sarmiento Valero en calidad de vicepresidente ejecutivo de Constitución C.A. Compañía
de Seguros, interpone recurso de casación, mismo que es calificado, en auto de 16 de noviembre del
2010, las 16h02, en los términos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Casación, para ante los Jueces de
la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, competentes para
conocer y resolver este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de admisión de 25 de enero de 2011 las 11h05; el Tribunal
de la Sala Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia conformado por los doctores Javier
Cordero Ordoñez, Gustavo Durango Vela y José Suing Nagua declaró la admisibilidad del recurso de
casación propuesto.
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. La Administración Tributaria no ha dado
contestación al recurso de casación interpuesto por el señor Eliseo Sarmiento Valero en calidad de
vicepresidente ejecutivo de Constitución C.A. Compañía de Seguros.
SEXTO: CONSULTA DE NORMA. Con fecha 08 de diciembre del 2011, las 08h34, el Tribunal de
la Sala Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia en auto de consulta de
constitucionalidad de las Disposiciones Cuarta y Décima, de las “Disposiciones para el cobro eficiente
de las acreencias del Estado”, constante en el Decreto Ley de Fomento Ambiental y Optimización de
los Ingresos del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre del 2011,
consulta de norma que fue acumulada a los casos No. 006011CN y otros, en la Corte Constitucional
del Ecuador, resuelta mediante sentencia No. 6011CN/20 de 06 de febrero del 2020. En
cumplimiento a lo dispuesto por los jueces constitucionales, el expediente ha sido remitido a la Corte
Nacional de Justicia mediante oficio No. 1530CCESGNOT2020 de 04 de marzo del 2020.
SÉPTIMO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa No. 17751
20110016(1), realizado el 18 de septiembre de 2020, las 11h44, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores: Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (E), Fernando Antonio Cohn
Zurita, Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, en calidad de Ponente. Con la acción
de personal No. 301UATH2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la Unidad
Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia en concordancia con la Resolución
No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se legaliza el
reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional. Mediante Resolución 082020 de 24
de junio de 2020 el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al Dr. José Suing Nagua a la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario. Con acción de personal No 302UATH2020OQ de 22
de junio del 2020 y mediante oficio No. 635SGCNJ, la señora Presidenta de la Corte Nacional de
Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala Contencioso
Tributaria en reemplazo de la doctora Ana María Crespo Santos, ocupada temporalmente por la
doctora Mónica Heredia Proaño, hasta que se designe un nuevo titular conforme a la acción de
personal No. 317UATH2020OQ de 01 de julio del 2020. De la misma forma con acción de personal
No. 1278UATH2019OQ, mediante la cual designó al doctor Fernando Antonio Cohn Zurita, en
calidad de Juez Nacional, encargado del despacho del doctor José Luis Terán.
OCTAVO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara el proceso
válido.
NOVENO: AUTOS PARA RESOLVER. Con fecha 28 de octubre del 2020, las 13h15, la Sala
Especializada notificó a las partes con autos para resolver la presente causa.
DÉCIMO: ERRORES ALEGADOS. El recurrente consideran que el fallo emitido por el Tribunal
Distrital de lo Fiscal No. 1, Primera Sala con sede en Quito de 14 de octubre del 2010, las 12h05
incurre en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, falta de aplicación de los artículos 76
numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, 273 inciso segundo del Código
Tributario.
DÉCIMO PRIMERO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS. Las norma que el
recurrente considera infringidas son: a) Constitución de la República del Ecuador: Art. 76, numeral
7, literal l). “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden,
se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) l) Las resoluciones de los
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación sin en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán
sancionados (…)”. b) Código Tributario: Art. 273, inciso segundo. “Sentencia. Concluida la
tramitación el tribunal pronunciará sentencia dentro de treinta días de notificadas las partes para el
efecto. Antes de sentencia, las partes podrán presentar informes en derecho o solicitar audiencia
pública en estrados, con igual finalidad. La sentencia será motivada y decidirá con claridad los
puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que, en relación directa a los mismo, comporten
control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o actos impugnados, aun
supliendo las omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derechos, o apartándose del
criterio que aquellos atribuyan a los hechos.”.
DÉCIMO SEGUNDO: CONTENIDO DE LA CAUSAL 3 DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE
CASACIÓN. La causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación se configura por: “Aplicación
indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no
aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto.”1 Esta Corte Nacional de Justicia ha
establecido como requisitos para la procedencia de esta causal tercera del artículo 3 de la Ley de
Casación, que en doctrina se la conoce como de violación indirecta de la norma, es necesario que se
hallen reunidos los siguientes presupuestos: a) La indicación de la norma de valoración de la prueba
1 Ecuador. Registro Oficial No. 192 de18 mayo de 1993, Ley de Casación: artículo 3 numeral 3.
que ha criterio de la recurrente ha sido violentada; b) La forma en que se ha incurrido en la infracción,
esto es, si es por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; c) La indicación del
medio de prueba en que se produjo la infracción; d) La infracción de una norma de derecho, ya sea
por equivocada aplicación o por no aplicación; y, e) Una explicación lógica y jurídica del nexo causal
entre la primera infracción (norma de valoración de la prueba) y la segunda infracción que debe ser de
una norma sustantiva o material que ha sido afectada como consecuencia o por efecto de la primera
infracción, de tal manera que es necesario se demuestre el nexo de causalidad entre una y otra.2
DÉCIMO TERCERO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR EL VICIO ACUSADO. El
recurrente considera que los juzgadores de instancia incurren en falta de motivación al momento de
resolver las excepciones determinadas en la demanda contenidas en los numerales 4 y 6 del artículo
212 del Código Tributario, considerando que los representantes legales no son deudores directos ni
responsables de la obligación exigida, por lo que arguye la falta de aplicación de los artículos 273
inciso segundo del Código Tributario; y, 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del
Ecuador. Sostiene que en el fallo, el Tribunal de instancia no consideró el hecho de que la póliza N°
GA0000320 se encontraba vencida y fuera de su periodo de vigencia, por lo tanto, las obligaciones de
la compañía estaban extinguidas, pese a que no fuera devuelto el original de esta póliza. Constitución
C.A. Compañía de Seguros (anteriormente Memoser Cía. De Seguros S.A.) y sus representantes
legales no son responsables, ni deudores directos de la obligación exigida por parte de la
administración aduanera. Que el casacionista, agregó como prueba a favor de su representada, el
oficio GDHRGOF0842007, de fecha 20 de julio de 2007, en el que la Corporación Aduanera, hizo
conocer a la compañía, que 14 pólizas (entre estas la N° GA0000320), se encontraban por vencerse el
09 de junio de 2007, es decir ya habían transcurrido 14 días más de lo que la póliza y la ley permitían.
De modo que el pedido de Renovación de la garantía aduanera N° GA0000320 fue extemporáneo.
DÉCIMO CUARTO: ANÁLISIS DEL VICIO ALEGADO. Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver el problema jurídico planteado
derivado del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en la causal tercera del artículo 3
de la Ley de Casación, admitido por la Sala, formula las siguientes consideraciones: i. El recurrente,
al acusar el vicio de falta de aplicación, con sustento en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de
Casación, que involucra vulneración de normas de valoración de prueba, arguye que el Tribunal
juzgador ha incurrido en falta de motivación al resolver las excepciones 4 y 6 del artículo 212 del
Código Tributario, ii. El Tribunal juzgador en la sentencia cuestionada formula las siguientes
consideraciones: “La actora CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, (anteriormente
2 Ecuador. Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Laboral, caso No. 20130217 de 08 de marzo del
2016.
MEMOSER COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.) opone la excepción 4 del artículo 212 del Código
Tributario relativa al “hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida.” A
fojas 3 del proceso reposa en copia certificada la “Garantía Aduanera” “Póliza” No. 0000320
emitida por la compañía excepcionante a favor de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, para
garantizar el cumplimiento de derechos arancelarios, tasa, multas, intereses y demás recargos que
adeudare el afianzado (Compañía SAMPIC S.A.) instrumento que se encuentra rubricado por la
firma autorizada de la Compañía MEMOSER COMPAÑÍA DE SEGUROS. La eficacia de las
garantías aduaneras se ha previsto en el artículo 151 del Reglamento General a la Ley Orgánica de
Aduanas que estatuye, las garantías se harán efectivas si dentro de los plazos fijados, el sujeto pasivo
no demuestra el cumplimiento de la formalidad u obligación aduanera garantizada. A fojas 33 obra
en copia certificada el Auto de Pago dictado en el Juicio Coactivo No. GA0000320 iniciado para el
cobro de USD. 3290,96 contra el deudor principal y el responsable solidario en su calidad de Agente
de Aduanas. De los documentos señalados se colige sin duda que la excepcionante si es deudora de
las obligaciones tributarias cuya acción de cobro ha ejercido la Corporación Aduanera Ecuatoriana,
por lo que, se desecha la excepción. Respecto a la excepción 10 del artículo 212 del Código Orgánico
Tributario, relativa a la nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación
del título de crédito; por quebrantamiento de normas que rigen su emisión o falta de requisitos
legales que afecten la validez del título del procedimiento”, la Sala no observa del proceso ninguna
prueba que justifique la procedencia de la misma, quedando como un mero enunciado, sin
fundamento legal alguno; por lo que se desecha.”; iii. Los argumentos del recurrente se concreta a
señalar que “la Sala no han entrado a aplicar con profundidad el hecho cierto de que dicha póliza al
momento en que se solicitó su renovación esta estaba fuera de su periodo de vigencia y por lo tanto
había fenecido las obligaciones de mi representada respecto de dicha garantía, lo que comporta
claramente la inexistencia de obligación tributaria alguna a cargo de Constitución C.A. Compañía de
Seguros.” Cita el contenido de los artículos 273 inciso segundo del Código Tributario; 76 numeral 7,
literal l) de la Constitución de la República del Ecuador; y, 45 de la Ley General de Seguros; iv. De la
confrontación de los argumentos del Tribunal, con los del recurrente, se deja en evidencia que no
cumple con la obligación de fundamentar con lógica cuál es el vicio que acusa puesto que, al tratarse
de la causal tercera, debe, necesariamente determinar le norma de valoración de prueba, el vicio en el
que incurre el juzgador, así como las normas sustantivas que, como consecuencia del error en la
norma de valoración se dejó de aplicar o se aplicó de manera errónea. Nada de ello existe en la
argumentación del recurso, errores que no pueden ser sancionados por esta Sala, tratándose de un
recurso, formal y especialísimo como es la casación; v. Al no poder suplir los errores en los que
incurre el casacionista, el recurso no puede prosperar y se lo desecha; vi. La Sala deja en sentado que
en este caso, el cuestionamiento no procede por la equivocada formulación del recurso por la causal
alegada, y que no contradice lo resuelto en casos similares en los que involucra a la misma empresa
actora, (177515902010; 1775120100550; 1775120100551) por estar fundados en una causal
diferente.
DÉCIMO. DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR la sentencia
dictada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Primera Sala de 14 de octubre de 2010, las 12h05.
Sin costas. Notifíquese, Publíquese y Devuélvase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO |
135353573-DFE
Juicio No. 1750320110018
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO. Quito, viernes 30 de octubre del 2020, las 10h44. VISTOS: La abogada Gabriela
Jaramillo González en calidad de procuradora del señor Jhonny Alberto Alcívar Zavala, Director
Nacional de Intervención del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador interpone recurso de casación
en contra del fallo de mayoría dictado por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede
en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el 16 de agosto de 2017, las 12h30,
dentro del juicio de impugnación No. 1750320110018, que acepta la demanda y declara la invalidez
de la resolución No.DCPJRPRE001 de 20 de enero del 2011 emitida por la Directora de Control
Posterior de la Coordinación General de Intervención del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte
numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del artículo 201 del Código
Orgánico de la Función Judicial reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda
número 4 del Código Orgánico General de Procesos y artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en sentencia de mayoría el 16 de
agosto de 2017, las 12h30, resolvió aceptar la demanda propuesta por señor Christian José Ponce
Correa, Representante Legal de la compañía PROQUIM S.A. y, declara inválida la resolución No.
DCPJRPRE001 de 20 de enero de 2011, emitida por la Directora de Control Posterior de la
Coordinación General de Intervención del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con todos sus
efectos jurídicos; dispone además que la autoridad aduanera reintegre a la accionante el valor rendido
como afianzamiento, depositado en numerario en la cuenta de dicha autoridad.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Con fecha 6 de septiembre del 2017, las 16h54,
la abogada Gabriela Jaramillo González en calidad de procuradora del señor Jhonny Alberto Alcívar
Zavala, Director Nacional de Intervención del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador interpone
recurso de casación, mismo que es calificado, en auto de 26 de octubre del 2017, las 15h55, en los
términos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Casación, para ante los Jueces de la Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, competentes para conocer y resolver este
recurso.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de admisión de 13 de agosto del 2019, las 12h39, el doctor
Juan Montero Chávez, en su calidad de Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del recurso de
casación propuesto, admitiendo la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por los vicios
de aplicación indebida del artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del
Ecuador y falta de aplicación del artículo 9, numeral l, literal v de la Decisión No. 571 de la
Comunidad Andina de Naciones, anexo a la Resolución No. 846 de la CAN.
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. Con fecha 20 de agosto de 2019, las 15h36, el
señor Christian José Ponce Correa, en calidad de gerente general y representante legal de la compañía
PROQUIM S.A, dio contestación al recurso de casación interpuesto por el Director Nacional de
Intervención del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, solicitando se deseche el recurso de
casación deducido por la autoridad demandada.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa No. 17503
20110018(1), realizado el 14 de agosto de 2020, las 11h30, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores: Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (E), Fernando Antonio Cohn
Zurita, Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, en calidad de Ponente en la causa. Con
la acción de personal No. 301UATH2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la
Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia en concordancia con la
Resolución No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
legaliza el reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional. Mediante Resolución 08
2020 de 24 de junio de 2020 el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al Dr. José Suing Nagua
a la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario. Con acción de personal No 302UATH2020
OQ de 22 de junio del 2020 y mediante oficio No. 635SGCNJ, la señora Presidenta de la Corte
Nacional de Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala
Contencioso Tributaria en reemplazo de la doctora Ana María Crespo Santos, ocupada temporalmente
por la doctora Mónica Heredia Proaño, hasta que se designe un nuevo titular de conforme a la acción
de personal No. 317UATH2020OQ de 01 de julio del 2020. De la misma forma, con acción de
personal No. 1278UATH2019OQ, mediante la cual designó al doctor Fernando Antonio Cohn
Zurita, en calidad de Juez Nacional, encargado del despacho del doctor José Luis Terán.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara el proceso
válido.
OCTAVO: AUTOS PARA RESOLVER. Mediante providencia de 26 de octubre de 2020, las
partes fueron notificadas con autos para resolver.
NOVENO: ERRORES ALEGADOS. El recurrente considera que el fallo emitido por el por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito incurre
en la causal primera del artículo 3 de la Ley de casación al acusar los vicios de aplicación indebida del
artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del Ecuador; y, la falta de
aplicación del artículo 9, numeral l), literal v) de la Decisión No. 571 de la Comunidad Andina de
Naciones, anexo a la Resolución No. 846 de la CAN.
DÉCIMO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS. Las normas que el recurrente
considera infringidas son: a) Constitución de la República del Ecuador: Art. 76, numeral 7, literal
l). “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) l) Las resoluciones de los
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación sin en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán
sancionados (…)” b) Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones, anexo a la Resolución
846 de la CAN: Art. 9, numeral l), literal v). “Descuentos o reducciones de precio. 1. Los
descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada, se aceptarán para la
determinación del valor en aduana, debido a que los pagos reales y totales del comprador al
vendedor constituyen el fundamento del método del Valor de Transacción. El precio realmente
pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará
siempre que: (…) v. en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la
mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja. (…) Si no se cumple cualquiera de estas
condiciones, los descuentos otorgados por el vendedor serán desestimados por la autoridad aduanera
a los efectos de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. En tales casos
dichos descuentos deberán considerarse como parte del precio pagado o por pagar para calcular el
valor en aduana (…)”
DÉCIMO PRIMERO: CONTENIDO DE LA CAUSAL PRIMERA DEL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE CASACIÓN. “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de
normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto,
que hayan sido determinantes de su parte dispositiva.”
DÉCIMO SEGUNDO: ALCANCE DOCTRINARIO DE LOS VICIOS ACUSADOS. Los
vicios acusados por la casacionista que corresponde a: a) Falta de aplicación: “ocurre cuando el
sentenciador niega en el fallo la existencia de un precepto, lo ignora frente al caso debatido. Es error
contra ius, es rebeldía y desconocimiento de la norma. Es error de existencia de la norma por
haberse excluido ésta en la sentencia.” 1 b) La aplicación indebida se consolida “(…) cuando la
norma ha sido entendida rectamente en su alance y significado, más se la ha utilizado para un caso
que no es el que ella contempla.”2 En tanto que, para Calamandrei, el vicio de aplicación indebida
puede llegarse “(…) por dos distintos modos que son perfectamente aplicables en nuestra técnica:
porque, o puede errarse al precisar las circunstancias de hecho que son relevantes para que la norma
entre en juego (yerro de diagnosis jurídica), o pueda padecerse equivocación al establecer la
diferencia o semejanza que media entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.”3
DÉCIMO TERCERO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS
ACUSADOS. El recurrente considera que los juzgadores de instancia incurren en aplicación
indebida del artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, ya que en
la sentencia en su numeral III denominado “Motivación del Fallo y Resolución”, el Tribunal de
instancia detecta una falta de motivación de la resolución No. DCPJRPRE001 de 20 de enero de
2011, sin embargo, dicho argumento carece de base y fundamento legal ya que en la Rectificación de
Tributos se explica que el proceso de control posterior se realizó en virtud de que la compañía canceló
los valores establecidos en la declaración aduanera de importación No. 0282009100712373, esto
de forma concordante con la factura comercial No. OR13934 de fecha 09 de marzo de 2009; que sin
embargo, el vendedor no especificó el concepto de las rebajas supuestamente efectuadas, por lo que la
Administración Aduanera procede a aplicar la norma supranacional contenida en el artículo 9,
numeral 1, literal v) de la Decisión No. 571 de la Comunidad Andina de Naciones, anexo a la
Resolución No. 846 de la Comunidad Andina de Naciones, que fue sustento legal para la emisión de
1 Tolosa Villabona, L.A.; Teoría y Técnica de Casación, ibídem, pp. 359.
2 Ecuador. Registro Oficial No. 12 de 31 de enero de 2003, 28.
3 Humberto Murcia Ballén, “Recurso de casación civil”, (Bogotá: Ediciones Jurídica Gustavo Ibáñez, 2015),
318.
la Rectificación de Tributos, que es por ello que la supuesta falta de motivación a la que hacen
referencia los señores Jueces en la sentencia de fecha 16 de agosto del 2017, carece de toda base y
fundamento legal. Que en consecuencia, el Tribunal juzgador aplica una norma impertinente esta es,
el literal l), numeral 7 del artículo 76 de la Constitución del Ecuador, dejando de aplicar la norma
correcta, siendo esta, el contenido del artículo 9, numeral 1, literal v) de la Decisión No. 571 de la
Comunidad Andina de Naciones, anexo a la Resolución No. 846 de la Comunidad Andina de
Naciones, bajo la premisa de que el acto adolece de falta de motivación.
Así mismo, el casacionista aduce que en el fallo recurrido existe falta de aplicación del artículo 9,
numeral l), literal v) de la Decisión No. 571 de la Comunidad Andina de Naciones, anexo a la
Resolución No. 846 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que el Tribunal se limita a analizar la
supuesta falta de motivación del acto administrativo impugnado; no obstante, en ninguna parte de la
sentencia hace referencia a norma supranacional alguna, como es, la Decisión No. 571 de la
Comunidad Andina de Naciones, anexo a la Resolución No. 846 de la CAN, artículo 9, numeral 1),
literal v). Que, durante el proceso de control posterior la compañía no pudo justificar los supuestos
descuentos realizados en la factura comercial No. OR13934 y tampoco se estableció el concepto de
descuentos de acuerdo al artículo referido. Que de todo lo expuesto y corroborando el argumento
planteado, según el casacionista, la doctora Marcy Rodely Alvarado Córdova, dictó un voto salvado
dentro del presente fallo en el que resuelve desechar la demanda presentada por el señor Christian José
Ponce Correa, en su calidad de representante legal de la compañía PROQUIM S.A., y en
consecuencia, confirma la legalidad de la resolución No. DCPJRPRE001 de 20 de enero de 2011,
emitida por la Directora de control posterior del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que
contiene la Rectificación de tributos a la declaración aduanera única No. DAU No. 15929106, con
Refrendo No. 0282009100712373, razón por la que solicita se case la sentencia dictada el 16 de
agosto del 2017, las 12h30.
DÉCIMO CUARTO: ANÁLISIS DE LOS ERRORES ACUSADOS. Esta Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver el problema jurídico
planteado derivado del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en la causal primera del
artículo 3 de la Ley de Casación, admitido por el señor Conjuez de la Sala, considera:
Indebida aplicación y falta de aplicación. i. La Sala Especializada realizará el análisis de los dos
vicios alegados, de manera conjunta, en tanto el recurrente formula su cuestionamiento sobre la
presunta indebida aplicación del artículo 76.7, l) de la Constitución, lo cual habría provocado la falta
de aplicación de la norma supranacional del artículo 9, numeral 1, literal v) de la Decisión No. 571,
anexo a la Resolución No. 846 de la Comunidad Andina de Naciones, pese a que en el escrito de
interposición los anuncia como dos yerros distintos, la indebida aplicación de la norma constitucional,
habría provocado la falta de aplicación de la norma comunitaria; ii. El argumento de la indebida
aplicación del artículo 76.7, l) de la Constitución lo basa en la alegación de que el acto impugnado
está debidamente motivado, y que el Tribunal juzgador, desatiende tal circunstancia, por no aplicar la
norma supranacional; iii. La sentencia de mayoría del Tribunal de instancia, en el numeral III.
MOTIVACION DEL FALLO Y RESOLUCION, parte de la consideración de que el accionante
cuestiona la Resolución No. DCPJRPRE001 de 20 de enero de 2011, por falta de motivación y
orienta su análisis a verificar si en efecto tal resolución, adolece del referido vicio; destaca, con
invocación de normas constitucionales, reglamentarias, doctrina y jurisprudencia, la importancia y
trascendencia de la motivación; luego, en los numerales siguientes expresa: “3.2.En este sentido,
teniendo claro que la motivación como garantía del Debido Proceso, se constituye, como se ha dicho,
en una formalidad sustancial cuya ausencia acarrea su nulidad, en el caso que nos ocupa,
corresponde a este tribunal analizar la validez de la resolución No. DCPJRP RE001 de 20 de
enero de 2011, es así que se observa que la resolución en cuestión, tanto en su parte considerativa,
como en la resolutiva aplica normas del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
(COPCI), en virtud de las cuales sustenta su decisión, al respecto cabe precisar y es de suma
importancia considerar que si bien a la fecha en la que se emitió la resolución de la referencia, se
encontraba vigente el COPCI, no es menos cierto que, aquello sobre lo que resolvió dicho acto se
refiere a una obligación tributaria aduanera, generada en la declaración aduanera No. 15929106,
con refrendo 0282009100712373 que amparó la importación de mercancía ingresada al país el
11 de septiembre de 2009, por lo tanto, lo que se discute es el legal cumplimiento de una obligación
tributaria correspondiente al año 2009, por lo que para esa fecha se encontraba vigente, la Ley
Orgánica de Aduanas (LOA), pues el hecho generador se produjo en la fecha antes señalada, de allí
que no corresponde la aplicación de normas cuya vigencia es posterior, toda vez que el COPCI entró
en vigencia el 29 de diciembre de 2010 y por tanto como expresamente lo dispone la Constitución de
la República del Ecuador en su artículo 300, las leyes tributarias no tiene efecto retroactivo. “El
régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los
impuestos directos y progresivos.”, por lo que mal podía la autoridad tributaria aduanera aplicar
normas que rigen a partir de 2010, para una obligación originada en una declaración del año
2009, en tal virtud la resolución impugnada incurre en una falta de base legal que sustente las
cuestiones fácticas analizadas en ella, por inaplicabilidad de las invocadas. 3.3. Por otra parte, la
autoridad aduanera a través de la resolución impugnada, si bien en ejercicio de sus facultades
realiza una rectificación de tributos respecto de la declaración efectuada por la compañía accionante
y establece una diferencia a pagar de $ 4.558,26 en concepto de tributos al comercio exterior, no
obstante, es pertinente considerar los fundamentos jurídicos y fácticos en los que dicha autoridad
basó su resolución, así tenemos entonces que el principal motivo que expone es, el informe CIN
DCPJRPVTPIF(i)0001 emitido por la jefatura de revisión pasiva en cumplimiento a lo
dispuesto en la resolución No. GDGDAJGPV000381 de 21 de enero de 2010, dictada por el
gerente distrital de Guayaquil, con la que negó el reclamo administrativo de pago en exceso
formulado por el hoy accionante, y a la vez dispuso la revisión pasiva de los tributos pagados por el
importador. El mencionado informe (fs.37), establece que: “en la importación se declaró como valor
FOB US$, 29.913.01, debiendo ser lo correcto 35,555.00, tal como se establece en el oficio CGGA
DCVJVAOF0132, suscrito por la Coordinadora General de Gestión Aduanera, Ab. Amanda
Velásquez Jijón”. A su vez, el oficio al que hace referencia el mentado informe y, cuya copia
certificada obra de fojas 42 de los autos, (léase oficio No. 0132) señala que por cuanto no consta el
concepto de la rebaja realizada, se ha infringido el numeral 1 del artículo 9 de la resolución No. 846
SGCAN, así como que tampoco la importación se ha establecido bajo ningún contrato de
compraventa, por lo que el 4.7 de la DAV ha sido diligenciado, de ello concluye llanamente el valor
FOB calculado por el actor fue “por el valor de US$29.913,01, debiendo ser US$35.555,00”, y
recomienda considerar éste último valor como valor FOB. De lo reseñado se establece que el valor
de $35.555, que la autoridad aduanera ha considerado como valor FOB en la resolución
impugnada, no se encuentra justificado en ninguno de los actos administrativos en los que se
funda, pues no existe constancia procesal alguna de en qué forma se arriba a ese valor, más aún
cuando se ha dicho reiteradamente por las partes litigantes que, el valor de la factura comercial
OR13934 emitida por el exportador Bic Sport North America, incluye el rubro correspondiente a
flete, el que se encontraría reflejado en forma de descuento, como lo ha señalado la actora. Sin
embargo la autoridad aduanera al momento de liquidar los valores determinados en la
rectificación tributaria impugnada, no desglosa, ni el valor del flete, ni los descuentos que se
sugirieron en el oficio No. CGGADCVJVAOF0132 de 18 de enero de 2010, sean
“desestimados” y se consideren “como parte del precio pagado o por pagar para el cálculo de la
base imponible”, base imponible que no se sabe cómo fue establecida por la autoridad aduanera,
sin que dicho valor nada tenga que ver tampoco con la proforma, como supone el actor, la que es
de $28,271.45, como tampoco corresponde al valor CIF, que la propia aduana, dice, canceló el
actor por $ 35.643,90 (según cuadro de liquidación constante en la resolución impugnada). Estos
elementos resaltados en el presente fallo, llevan a la convicción de este tribunal que la resolución
impugnada y los actos administrativos en los que se sustenta, carecen de motivación, pues como se
ha evidenciado, no existe una clara explicación de cómo, por una parte la aduana estableció la
base imponible de los tributos cuya diferencia se pretende cobrar a la compañía actora, y por otra,
cómo realizó la liquidación que da origen a la diferencia de $ 3.798,55 exigidos a la accionante. De
allí que este tribunal considera que la resolución No. DCPJRP RE001 de 20 de enero de 2011, ha
violado el debido proceso, infringiendo la garantía de defensa prevista en el literal l) del numeral 7
del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, relativa a la motivación de las
resoluciones de los poderes públicos, lo que indiscutiblemente vulneró el derecho de defensa del
accionante y lo limitó, sin permitirle ejercerlo en debida forma. 3.4. Es así que con el único
fundamento del informe CINDCPJRPVTPIF(i)0001 emitido por la jefatura de revisión pasiva
en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución No. GDGDAJGPV000381 de 21 de enero de
2010, la administración aduanera resolvió emitir la rectificación de tributos a la declaración
aduanera No. 15929106, con refrendo 0282009100712373 de la empresa PROQUIM S.A.
disponiendo el pago de $ 4,558.26, que comprende el valor de USD 3,798.71, por tributos, más USD
759,71 en concepto de 20% de recargo, más los intereses calculados conforme el artículo 21 del
Código Tributario, por lo que a todas luces, el acto impugnado carece de motivación, lo cual,
indiscutiblemente afecta el derecho a la defensa del administrado, garantía que como se ha dicho
forma parte del debido proceso que se debe observar en todo trámite público que requiera una
decisión, ya que la efectividad de este derecho y de las demás garantías constitucionalmente
recogidas, es esencial para el logro de los fines del Estado constitucional de derechos y justicia…”;
(los resaltados pertenecen a la Sala); iv. El texto transcrito de la sentencia, evidencia las razones por
las que el Tribunal llega a la conclusión de que la resolución impugnada carece de motivación,
argumentos que la Sala comparte, y que conducen a inadmitir el argumento esgrimido por error en el
fallo de instancia, descartando la indebida aplicación de la norma constitucional; v. Descartada la
indebida aplicación de la norma constitucional, tampoco se produce la falta de aplicación de la norma
comunitaria en tanto el tema de fondo, por la falta de motivación determinada, no fue objeto de
análisis.
DÉCIMO QUINTO. DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR el fallo emitido
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, el 16 de agosto de 2017, las 12h30. Sin costas. Notifíquese, Publíquese y
Devuélvase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA |
143294734-DFE
Juicio No. 1775120110029
JUEZ PONENTE: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA, JUEZA NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, martes 23 de febrero del
2021, las 16h21.
A S U N T O
Resolver el recurso de casación interpuesto por el ingeniero Edwin Palma Echeverría, Director
Metropolitano Financiero Tributario, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en contra la
sentencia emitida el 28 de diciembre del 2010, a las 16h01, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1,
Segunda Sala, dentro del juicio de excepciones al procedimiento de ejecución No. 200926474,
accionado por el señor Rafael Márquez Moreno, en contra del procedimiento de ejecución No.
816025105, por concepto de tasas y contribuciones especiales de mejora, del año 2007, por el predio
No. 0052489.
1. ANTECEDENTES
1.1 Del contenido de la sentencia impugnada con relación al objeto del presente recurso de
casación. En la sentencia recurrida se resuelve aceptar las excepciones deducidas por el doctor Rafael
Márquez Moreno, por sus propios derechos, en contra del procedimiento de ejecución No. 816025105;
para el cobro Título de Crédito No. 7939758.
1.2 De la sustanciación del recurso de casación. A la presente sentencia de casación, le han
antecedido los siguientes actos procesales, que denotan su validez:
1.2.1 Auto de 9 de febrero de 2011, a las 17h05, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia conformada por los doctores Gustavo Durango Vela, José Suing Nagua, y Javier
Cordero Ordoñez, en el que se declaró la admisibilidad del recurso de casación propuesto.
1.2.2 El señor Rafael Márquez Moreno, no presenta contestación alguna al recurso de casación
planteado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
1.2.3 Consulta de constitucionalidad de norma. Con fecha 9 de diciembre del 2011, las 09h30, el
Tribunal de la Sala Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, en auto de consulta de
constitucionalidad de las Disposiciones Cuarta y Décima, de las “Disposiciones para el cobro eficiente
de las acreencias del Estado”, constantes en el Decreto Ley de Fomento Ambiental y Optimización de
los Ingresos del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre del 2011,
consulta de norma que fue acumulada a los casos No. 006011CN y otros, en la Corte Constitucional
del Ecuador y que ha sido resuelta mediante sentencia No. 6011CN/20 de 06 de febrero del 2020. En
cumplimiento a lo dispuesto por los jueces constitucionales, el expediente ha sido devuelto a la Corte
Nacional de Justicia mediante oficio No. 0602CCESGNOT2020 de 03 de marzo del 2020 para la
prosecución del recurso.
2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN Y
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
2.1 De la jurisdicción y competencia. Este Tribunal Especializado es competente para conocer y
resolver el presente recurso de casación, en virtud de la Resolución No. 0032021 de 26 de enero de
2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar cumplimiento al mandamiento de ejecución
expedido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la causa No. 1781120140463,
ratificado la continuación en el ejercicio de funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo
Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales, respectivamente; con Resolución No. 0082021, de 28
de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales
Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5
de febrero de 2021, integró la Sala de lo Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales
Ordóñez y José Suing Nagua; mediante Oficio No. 92PCNJ2021, de 12 de febrero del 2021, el
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela,
en reemplazo de la doctora Ana María Crespo.
Y en atención a lo previsto en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del
Ecuador; 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del
artículos 201 del Código Orgánico de la Función Judicial reformado por mandato de la Disposición
Reformatoria Segunda número 4 del Código Orgánico General de Procesos y artículo 1 de la Ley de
Casación.
2.2 De la validez procesal. En la tramitación del presente recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de recursos, por lo que no existe nulidad alguna
que declarar.
2.3 Sentencia recurrida. En la sentencia recurrida se deja constancia que el Municipio de Quito no
ha demostrado que sobre el predio objeto de los tributos impugnados, conste la exoneración del
Impuesto Predial en forma proporcional de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del art. 14 de la
Ley del Anciano como afirmó en la contestación a la demanda; que tampoco se ha demostrado que la
naturaleza jurídica de los otros tributos reclamados configuren tasas o contribuciones de mejoras, en
virtud de ello se resuelve aceptar las excepciones deducidas por el doctor Rafael Márquez Moreno,
por sus propios derechos, en contra del procedimiento de ejecución No. 816025105; para el cobro
Título de Crédito No. 7939758, emitido por la suma de $ 409,73, en concepto de Tasas y
Contribuciones Especiales de Mejoras del Predio No. 0052489; consecuentemente, se declara nulo el
procedimiento de ejecución implementado para su cobro.
2.4 Fundamentación del recurso. En el recurso de casación el Municipio de Quito sostiene que en
la sentencia de instancia existe errónea aplicación de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley del Anciano,
que dispone lo relativo a la exoneración de los impuestos, entre otros, los municipales para las
personas mayores de sesenta y cinco años, puesto que la norma citada no ha sido considerada en su
real dimensión por los Señores Jueces de Sustanciación de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo
Fiscal No. 1, al momento de resolver, cuando se declara la nulidad del Título de Crédito, fundamento
del referido Procedimiento de Ejecución Coactiva incoado para su cobro, al reconocer el derecho de
exoneración del actor, sin tomar en cuenta que se trata de un título de crédito referente a tasas y
contribuciones especiales de mejoras, obligaciones tributarias que no contemplan exoneración alguna,
irrumpiéndose el principio de legalidad. Que en la sentencia existe falta de aplicación de lo dispuesto
en los arts. 32 y 35 inciso primero, del Código Orgánico Tributario y de los arts. 378 y 399 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, que disponen lo relativo a la exoneración de los impuestos, mas no
de tasas y contribuciones especiales de mejoras, y el Tribunal de instancia inobserva dichas
disposiciones.
2.5 Problema jurídico planteado. CAUSAL PRIMERA del art. 3 de la Ley de Casación: El
recurrente considera que en la sentencia a quo se incurre en falta de aplicación de los arts. 32 y 35
inciso primero, del Código Orgánico Tributario y de los arts. 378 y 399 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal; y, aplicación indebida del art. 14 de la Ley del Anciano.
2.6 El recurrente manifiesta en su recurso que se han violentado las normas de derecho que constan en
el numeral anterior de este fallo, cuyos textos son los siguientes:
Código Tributario.
“Art. 32. Previsión en ley. Sólo mediante disposición expresa de ley, se podrá establecer exenciones
tributarias. En ellas se especificarán los requisitos para su reconocimiento o concesión a los
beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o parcial, permanente o temporal”.
“Art. 35. Exenciones generales. Dentro de los límites que establezca la ley y sin perjuicio de lo que
se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos exclusivamente del pago de
impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales: (…)”.
Ley Orgánica de Régimen Municipal.
“Art. 378. Las municipalidades podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se
establecen en esta Ley. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales
siempre que el monto de ellas guarde relación con el costo de producción de dichos servicios. A tal
efecto, se entenderá por costo de producción el que resulte de aplicar reglas contables de general
aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la administración municipal que
no tengan relación directa y evidente con la prestación del servicio.
Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trata de servicios esenciales
destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la comunidad, cuya
utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida y siempre que la diferencia entre
el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de la municipalidad. El monto de las
tasas autorizadas por esta Ley se fijará por ordenanza”.
“Art. 399. Son sujetos pasivos de esta contribución y están obligados a pagarla los propietarios de
los inmuebles beneficiados, sean personas naturales o jurídicas, sin excepción alguna, pero las
municipalidades podrán absorber con cargo a su presupuesto de egresos, el importe de las
exenciones totales o parciales que concedan a aquellas propiedades que hubieren sido catalogadas
como monumentos históricos, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto dictará la
municipalidad respectiva”.
Ley del Anciano.
“Art. 14. Toda persona mayor de 65 años y con renta mensual estimada de un máximo de diez
Salarios Mínimos Vitales o que tuviere un patrimonio que no exceda los mil Salarios Mínimos
Vitales, estará exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales, provinciales y municipales. Si
la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos
únicamente se pagarán por la diferencia o excedente”.
3. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
3.1 Del análisis del problema jurídico planteado. El recurso de casación interpuesto por la
Autoridad Tributaria Municipal se fundamenta en la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación
que establece: “Art. 3. CAUSALES. El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes
causales: 1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de
derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan
sido determinantes en su parte dispositiva”. Este caso se refiere a la violación directa de la Ley y que
de configurarse el yerro jurídico de la sentencia ésta debe ser corregida. La causal primera tiene
como limitante la revaloración de las pruebas y debe ser planteado a partir de los hechos
probados en la sentencia; para que se constituya se requiere la presencia de dos elementos: el
primero, que debe haber violación directa de las normas sustantivas en la sentencia impugnada; y, el
segundo, que la transgresión haya sido determinante en la parte resolutiva del fallo recurrido.
3.2 Sobre la falta de aplicación Luis Tolosa señala que: “Según la doctrina y la jurisprudencia, en
consonancia con los dispositivos legales, ocurre la falta de aplicación cuando se deja de aplicar un
precepto legal, y ello constituye “la infracción directa típica”, por haberlo ignorado el sentenciador
o por no haberle reconocido validez, sea por desconocimiento del fallador o por abierta rebeldía
contra el precepto…”. Respecto a la aplicación indebida señala que este vicio “…es un error de
selección de una norma jurídica. El juez aplica una norma que no es llamada a regular, gobernar u
operar en el caso debatido. Se trata de una sentencia injusta, y el error, es error de subsunción o de
aplicación. A la norma se la entiende rectamente pero se aplica a un hecho no gobernado por ella,
haciéndole producir efectos que no contempla”; (Tolosa Villabona, Luis Armando,. 2008, Teoría y
Técnica de la Casación, Bogotá – Colombia Ediciones Doctrina y Ley Ltda., pág. 359).
3.3 El recurrente, Director Metropolitano Financiero Tributario del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, en recurso de casación señala que existe falta de aplicación de los arts. 32 y
35 inciso primero, del Código Orgánico Tributario y de los arts. 378 y 399 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal; artículos que hacen referencia los dos primeros, a que sólo por disposición
expresa de ley, se podrá establecer exenciones tributarias; y que en general están exentos
exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales, el estado e
instituciones del estado; y los dos últimos artículos aquí señalados disponen respecto a que los
municipios pueden cobrar tasas por servicios públicos; y, que el sujeto pasivo de la contribución
especial de mejora que está obligado a pagarla es el propietario de los inmuebles beneficiados, sea
persona natural o jurídica sin excepción alguna.
3.4 El vicio de falta de aplicación se configura a decir del Municipio de Quito, porque el Tribunal de
instancia al aceptar las excepciones, no toma en consideración que los inmuebles del sujeto pasivo
señor Rafael Márquez Moreno, no gozan de exención de tasas y contribuciones especiales de mejora;
por lo tanto el Tribunal no reconoce que el título de crédito reclamado es por los tributos antes
señalados.
4. VICIOS ALEGADOS.
4.1 APLICACIÒN INDEBIDA DEL ART. 14 DE LA LEY DEL ANCIANO.
El recurrente también señala que la sentencia de instancia incurre en aplicación indebida del art. 14 de
la Ley del Anciano, sin embargo al sustentar este yerro, señala que ha existido falta de aplicación de
esta norma y lo sustenta de esta manera: “ …pues el Tribunal Distrital dictamina indebidamente la
baja del título de crédito que se refiere a tasas y contribuciones especiales de mejora del año 2007,
cuando en realidad el sujeto pasivo de dichos tributos, está en la obligación de satisfacerlos, ya que
la ley no hace extensible la dispensa tributaria del impuesto predial a las tasas y contribuciones
especiales de mejoras, que paga el propietario del bien inmueble” (fs. 30 del proceso en instancia).
4.1.1 El Tribunal de instancia al resolver la controversia en el considerando CUARTO señala
que: “CUARTO. Mediante providencia de 27 de enero del 2010, la Sala ha ordenado que: “…se
remita atento oficio a la Dirección Metropolitana Financiera Tributaria del Municipio Metropolitano
a fin de que, en el término de cinco días remita a esta Sala la liquidación del título de crédito
7939758 correspondiente al Predio 0052489 del periodo 2007, a nombre de Márquez Moreno Rafael,
en el que conste la exoneración del Impuesto Predial en forma proporcional, de acuerdo a lo
dispuesto en el Inciso 3 del Art. 14 de la Ley del Anciano, como se afirma en su contestación a la
demanda de 12 de marzo del 2009”. El 3 de febrero del mismo año el Ab. Jaime Villacreses
Villafuerte, en defensa de los intereses del Distrito Metropolitano de Quito, remite copia certificada
de la Consulta Ampliada del Control Financiero de Títulos Pendientes del Predio 52489, de
propiedad de Márquez Moreno Rafael Ceslao, al 3 de febrero del 2001, en el que no consta detallada
la exoneración de que trata la Ley del Anciano; más aun expresamente se encuentra detallado que se
pretende cobrar el Impuesto a los Predios Urbanos USA $ 159,44; EMOP Ciudad USA $ 63,48;
Cuerpo de Bomberos USA $ 35,51, entre otros. Tampoco se ha demostrado que la naturaleza
jurídica de los otros Tributos reclamados configuren Tasas o Contribuciones de Mejoras, de ser así
la Administración Municipal habría cumplido con su obligación de notificar al Contribuyente con los
Títulos de Crédito para que este pueda ejercer su derecho a la defensa; puesto que a tributos de igual
naturaleza de las Tasas y Contribuciones Especiales de Mejoras, no puede pretenderse que les sea
legalmente aplicable la dispensa que consta en el Art. 329 de la Codificación de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal publicada en el Registro Oficial No. 159 de 5 de diciembre del 2005”
4.1.2 De lo expuesto se determina que el Tribunal de instancia aceptó las excepciones
planteadas, en virtud de que pese a que el Municipio señaló que al sujeto pasivo se le ha aplicado
rebaja proporcional del impuesto predial de conformidad a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley del
Anciano, en la contestación presentada en atención de la solicitud realizada por el Tribunal a quo de
liquidación del título de crédito 7939758 correspondiente al Predio No. 0052489 del periodo 2007 a
nombre de Márquez Moreno Rafael, no se refleja el detalle de esa rebaja en el título de crédito, pues
se encuentra detallado que se pretende cobrar el Impuesto a los Predios Urbanos USA $ 159,44;
EMOP Ciudad USA $ 63,48; Cuerpo de Bomberos USA $ 35,51, entre otros.
4.1.3 Visto que el recurso de casación es de alta técnica jurídica y extraordinario, no cabe que
al presentarse el mismo, no se especifique concretamente cuál es el yerro alegado. En el caso puntual
por un lado se afirma que existe aplicación indebida del Art. 14 de la Ley del Anciano y, por otro, se
afirma que lo que ha ocurrido es la falta de aplicación de la misma norma, yerros que no pueden
coexistir, pues resultan contradictorios; o, se aplicó la norma y se lo hizo de forma indebida, o, no se
aplicó, y por ello se aduce falta de aplicación. Vista esta incompatibilidad, esta Sala no puede entrar a
resolver el yerro alegado por la indicada formulación equivocada.
Por otro lado, y para abundar, tampoco se observa que el recurrente haya cumplido con la técnica
casacional requerida, pues se ha limitado a fundamentar este vicio con argumentos que nada tienen
que ver con la aplicación indebida, ni con la falta de aplicación y, adicionalmente no se ha cumplido
con el resto de elementos requeridos para que prosperen los yerros alegados, así: i) En caso del vicio
de falta de aplicación lo que debe sustentarse en el recurso de casación es la determinación de la
norma que debe ser aplicada y no se lo hizo, explicando las razones para ello; asimismo deberá
referirse a la norma que fue aplicada en su lugar y finalmente, demostrar la incidencia del vicio en la
decisión tomada por el juzgador. ii) En caso del vicio de aplicación indebida lo que debe precisarse en
el recurso de casación es la norma que fue aplicada indebidamente y por qué no debió aplicarse;
también deberá determinarse la norma que correspondía ser aplicada en su lugar y, finalmente
demostrar la trascendencia del vicio en el fallo recurrido.
4.2 VICIO DE FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTS. 32 Y 25 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO,
378 Y 399 DE LA LEY ORGÁNICA DE REGIMEN MUNICIPAL.
Como hechos probados, esta Sala observa que en el fallo recurrido, el Tribunal de instancia en el
considerando CUARTO determina que “…El 3 de febrero del mismo año el Ab. Jaime Villacreses
Villafuerte, en defensa de los intereses del Municipio de Quito, remite copia certificada de la
consulta Ampliada del Control Financiero de Títulos Pendientes del Predio 52489, de propiedad de
Márquez Moreno Rafael Ceslao, al 3 de febrero de 2001, en el que no consta detallada la
exoneración de que trata la Ley del Anciano; más aun expresamente se encuentra detallado que se
pretende cobrar el Impuesto a los Predios Urbanos, EMOP ciudad, Cuerpo de Bomberos, entre otros.
Tampoco se ha demostrado que la naturaleza jurídica de los otros Tributos reclamados configuren
Tasas o Contribuciones de mejoras, de ser así la Administración Municipal habría cumplido con su
obligación de notificar al contribuyente con los Títulos de Crédito para que este pueda ejercer su
derecho a la defensa; puesto que a tributos de igual naturaleza de las Tasas y Contribuciones
Especiales de Mejoras, no puede pretenderse que les sea legalmente aplicable la dispensa que consta
en el Art. 329 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal… que manifiesta: “El
impuesto (predial) debe pagarse en el curso del respectivo año, sin necesidad de que la Tesorería
notifique esta obligación…”. (El subrayado pertenece a esta Sala), por lo tanto, al haber considerado
el Tribunal A quo que no se encontraba demostrado que los otros tributos configuraban una tasa o
contribución de mejora, habiendo determinado que se trataba únicamente del impuesto predial, no
prospera la fundamentación del recurrente en este vicio, pues ésta se encuentra dirigida a señalar que
no cabía exoneración de tasas y contribuciones especiales de mejoras. Esta Sala considera que de estar
inconforme con la valoración realizada por los jueces de instancia a la prueba analizada, debía
proponerse otra causal para que de ser el caso, esta Sala pueda analizar lo sustentado. En vista del
análisis realizado, no se configura el vicio de falta de aplicación de los arts. 32 y 35 inciso primero,
del Código Orgánico Tributario y de los arts. 378 y 399 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
argumentado por el Director Metropolitano Financiero Tributario del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, en su recurso de casación.
5 Consecuentemente, del análisis precedente esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de
la Corte Nacional de Justicia, concluye que en el presente caso no se configuran los vicios
argumentados por el Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, al amparo de la causal primera del
art. 3 de la Ley de Casación.
4. RESOLUCIÓN
4.1. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR la sentencia emitida el 28 de diciembre del 2010, a las
16h01, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Segunda Sala, dentro del juicio de excepciones al
procedimiento de ejecución No. 200926474.
4.2 Actué la doctora Ligia Marisol Mediavilla, como Secretaria Encargada de la Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario, en virtud de la acción de personal No. 182UATH2021NB de fecha 22 de
febrero del 2021.
4.3 Sin costas.
4.4 Notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL |
JUICIO No. 39-2011
PONENCIA: DR. ALFONSO ASDRÚBAL GRANIZO GAVIDIA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL.-
Quito, 10 de septiembre de 2014; las 08h10.
VISTOS: En el juicio de trabajo seguido por Mariana de Jesús Almeida Cruz,
a través de su Procurador Judicial, Abg. Raúl Alfonso Vélez Naranjo, en
contra de la Empresa MOLINOS LA UNIÓN S.A. y Empresa MAXIBEN S.A.,
en la persona de su representante legal Ing. Diego Santos Burbano de
Lara; la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, el 10 de diciembre de 2010, a las
09h07, dicta sentencia confirmando la subida en grado que desestima la
demanda. Sentencia que notificada a las partes, ha merecido la
insatisfacción de la actora Mariana Almeida Cruz, quien en tiempo
oportuno interpone recurso de casación; por lo que, encontrándose la
causa en estado de resolución, para hacerlo se considera: PRIMERO:
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Este Tribunal es competente para
conocer y decidir el recurso de casación en razón de que El Pleno del
Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No. 004-
2012, de 25 de enero de 2012, designó como juezas y jueces a quienes en
la actualidad conformamos la Corte Nacional de Justicia, cuya posesión se
cumplió el 26 de enero del mismo año; y dado que el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, en sesión de 30 de enero del año en referencia
conformó las Salas Especializadas del modo previsto en el artículo 183 del
Código Orgánico de la Función Judicial; por lo que en nuestra calidad de
Jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, avocamos
conocimiento de la presente causa, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 184.1 de la Constitución de la República; 184 y 191.1 del Código
Orgánico de la Función Judicial, artículo 1 de la Ley de Casación, artículo
613 del Código del Trabajo y el sorteo realizado el 16 de agosto de 2013, a
las 13h23, cuya razón obra de autos (fs. 9 del cuaderno de casación).
Calificado el recurso interpuesto, por la Sala de Conjueces de lo Laboral
de la Corte Nacional de Justicia, con auto de 18 de septiembre de 2012, las
13h20, ha sido admitido a trámite por cumplir con los requisitos formales
previstos en el artículo 6 de la Ley de Casación. SEGUNDO:
FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- La parte recurrente, estima que en la
sentencia que impugna se han infringido: los artículos 23, 26, 27 y
35.3.4.5.6.12 de la Constitución Política de la República del Ecuador
(1998); artículos 4, 5, 7, 23, 244, 246, 247, 193 y 589 del Código del
Trabajo; artículos 17, 18, 20 y 21 del Contrato Colectivo de Trabajo,
vigente a la fecha de terminación de la relación laboral y, artículos 115 y
121 del Código de Procedimiento Civil; y, Resolución de la Corte Suprema
de Justicia de 8 de marzo de 1990, publicada en el Registro Oficial No. 412
de 6 de abril de 1990, mediante la que estableció que el Contrato
Colectivo de Trabajo ampara a todos los trabajadores sujetos al Código del
Trabajo aunque no estuvieren afiliados a la organización de trabajadores
que la suscribió. Sustenta el recurso en las causales primera y tercera del
artículo 3 de la Ley de Casación. TERCERO: ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN: Tomando en cuenta algunos criterios
valiosos de la doctrina se advierte: Que Manuel de la Plaza, al tratar sobre
el concepto y fines de la casación considera que: “(…) el Estado necesitaba
de un órgano que en su calidad de Juez supremo, colocado en la cima de
las organizaciones judiciales, mantuviese su cohesión, su disciplina y hasta
su independencia; pero entonces, como ahora, precisaba también, como
garantía positiva de certidumbre jurídica, que ante el evento, más que
posible, de la multiplicidad de interpretaciones, un órgano singularmente
capacitado para esa función, imprimiese una dirección única a la
interpretación de las normas jurídicas, cualesquiera que fuese su rango;
cuidase de evitar que no se aplicasen o fuesen indebidamente aplicadas, y
procurase, al par, que a pretexto de interpretarlas, no se desnaturalizase
por error, su alcance y sentido, de tal modo, que, en el fondo, y por uno u
otro concepto, quedasen infringidas (…)”. (La Casación Civil, Editorial
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944, pp. 10 y 11). A su vez, Ricardo
Véscovi, al referirse a la naturaleza y fin de la casación, expresa: “Luego de
una evolución histórica en la que se ha producido alguna alteración en sus
finalidades iniciales (Supra Cap. I) hace ya un siglo que, la más relevante
doctrina sobre el tema, asigna a nuestro Instituto, estas dos finalidades
esenciales: la defensa del Derecho objetivo y la unificación de la
jurisprudencia (La Casación Civil, Primera Edición, Montevideo, Ediciones
IDEA, 1979, p. 25). Por su parte, el tratadista Santiago Andrade Ubidia, al
abordar sobre la Casación y el Estado de Derecho, entre otros aspectos,
manifiesta: “La función de la Casación es construir el vehículo a través del
cual el Estado, por intermedio de su Corte Suprema de Justicia, realiza el
control de la actividad de los jueces y tribunales de instancia en su labor
jurisdiccional, velando porque los mismos se encuadren en el
ordenamiento jurídico. Labor de naturaleza fundamentalmente pública
(…)”. (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade y Asociados, Fondo
Editorial, Quito, 2005, p. 17). En este contexto, Galo García Feraud, al
determinar los propósitos del recurso de casación, reitera que ésta surge
“… como un recurso que pretende defender el derecho objetivo contra
cualquier tipo de abuso de poder desde el ejercicio de la potestad
jurisdiccional; esa defensa del derecho objetivo ha sido llamada por
algunos tratadistas como nomofilaquia, que naturalmente se refiere a eso,
a la defensa de la norma jurídica objetivamente considerada (...) otra de
las finalidades que persigue el recurso de casación es la uniformidad
jurisprudencial, y, naturalmente, hacia ese punto se dirigen los esfuerzos
del mayor número de legislaciones que recogen este tipo de recurso…”
(La Casación, estudio sobre la Ley No. 27 Serie Estudios Jurídicos 7, Quito,
1994, p. 45). Sin embargo de ello al expedirse la Constitución de 2008 y
conceptualizar que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y
justicia, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico, cambió radicalmente el marco en el que se ha
desenvuelto la administración de justicia en forma tradicional y exige que
juezas y jueces debamos garantizar en todo acto jurisdiccional los
principios de supremacía de la Constitución y de los derechos
fundamentales de los justiciables; por tanto, es necesario tener en cuenta
como señala la Corte Constitucional, en la sentencia No. 66-10-CEP-CC,
caso No. 0944-09-EP, Registro Oficial Suplemento No. 364, de 17 de enero
del 2011, p. 53 que, “El establecimiento de la casación en el país, además
de suprimir el inoficioso trabajo de realizar la misma labor por tercera
ocasión, en lo fundamental, releva al juez de esa tarea, a fin de que se
dedique únicamente a revisar la constitucionalidad y legalidad de una
resolución, es decir, visualizar si el juez que realizó el juzgamiento vulneró
normas constitucionales y /o legales, en alguna de las formas establecidas
en dicha Ley de Casación (…)”. CUARTO: ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS.- La recurrente,
fundamenta su impugnación en los siguientes aspectos: a) Dice que el
Juzgador de segundo nivel al haberle negado el pago de los beneficios
establecidos en los artículos 17, 18, 20 y 21 del Contrato Colectivo de
Trabajo vigente al momento de la terminación de la relación laboral, bajo
el argumento de que, esa decisión se encuentra fundamentada en lo
dispuesto en el artículo 3 del Contrato Colectivo que excluye del amparo
de sus disposiciones a quienes desempeñen funciones de estricta
confianza de la Gerencia o Presidencia de la Empresa y entre ellas la de
“Jefe de Personal” ha dejado de aplicar lo dispuesto en los artículos 23, 40,
246, 247 y 250 del Código del Trabajo; b) Sostiene también, que el
Tribunal de alzada, al no haber condenado al empleador al pago de los
beneficios del Contrato Colectivo de Trabajo que se encontró vigente al
momento de la terminación de la relación laboral, ha dejado de aplicar la
Resolución de obligatoria observancia de la Corte Suprema de Justicia de 8
de marzo de 1990 que dispone el amparo de la contratación colectiva a
todos los trabajadores de una misma empresa así no se encuentren
afiliados a la asociación suscriptora del convenio colectivo; c) Afirma que
el juzgador de segundo nivel no ha realizado una valoración conjunta de la
prueba, pues no ha tomado en cuenta que en los roles de pago
presentados por la accionante en tiempo oportuno, constan entre los
beneficios que percibía los subsidios de antigüedad y familiar y el bono
navideño que solamente se cancela a quienes se encuentran bajo el
Código del Trabajo y la Contratación Colectiva, así, como los descuentos
para el pago de los aportes al Comité de Empresa y la Federación de
Trabajadores, dejando de aplicar en esta forma los artículos 115 y 121 del
Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, y como la recurrente
fundamenta su recurso en: 1. La causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación, cabe señalar que dicha causal procede cuando existe “aplicación
indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de
derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la
sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva, es
decir, es la causal que se refiere a la denominada transgresión directa de
la norma legal, sin que interese, cuando se ha producido, ni interese
análisis alguno de los hechos, pues se parte de la base que es correcta la
apreciación del Tribunal ad quem sobre el valor de los medios de prueba
incorporados al proceso. En la causal primera, se imputa al fallo de
hallarse incurso en errores de violación directa de la norma sustantiva,
porque no se han subsumido adecuadamente los elementos fácticos que
han sido probados y se hallan admitidos por las partes, dentro de la
hipótesis, sea porque se ha aplicado una norma jurídica que no
corresponde, o porque no se ha aplicado la que corresponde o porque,
finalmente, se realiza una errónea interpretación de la norma de derecho
sustantivo”. (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade y Asociados, Fondo
Editorial, Quito, 2005, p. 181) y, 2. La causal tercera del artículo 3 de la
Ley de Casación que se refiere a la “aplicación indebida, falta de aplicación
o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada
aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o
auto. Esta causal se refiere a lo que la doctrina denomina violación
indirecta de la norma sustantiva y para determinar que el recurso de
casación procede por la causal indicada deben cumplirse necesariamente
los siguientes requisitos concurrentes: a) Identificación precisa del medio
de prueba que a criterio del recurrente ha sido erróneamente valorado en
la sentencia (confesión de parte, instrumentos públicos o privados,
declaraciones de testigos, inspección judicial, dictamen de perito o
intérpretes); b) Determinación de la norma procesal sobre la valoración de
la prueba, que a su juicio, se ha infringido; c) Demostración, con lógica
jurídica, de la forma en que se ha violado la norma sobre valoración de la
prueba; y, d) Identificación de la noma sustantiva o material que ha sido
aplicada erróneamente o no ha sido aplicada como consecuencia del error
cometido al realizar la valoración de la prueba. Por tanto, en el caso de la
causal tercera debe configurarse la denominada “proposición jurídica
completa” que a criterio del Dr. Santiago Andrade Ubidia, requiere el
señalamiento de dos presupuestos: a) la norma relativa a la valoración de
la prueba que ha sido inaplicada, indebidamente aplicada o erróneamente
interpretada; y b) la norma de derecho sustantivo que, como
consecuencia del vicio en la aplicación de la norma de valoración de la
prueba, ha sido equivocadamente aplicada o inaplicada” (La Casación Civil
en el Ecuador, Andrade y Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 150).
Del estudio realizado por este Tribunal de los vicios acusados por la
casacionista en su memorial de censuras, la sentencia impugnada a la luz
de la normativa jurídica vigente, la doctrina y la jurisprudencia, previa
revisión de los recaudos procesales para garantizar la legalidad del
proceso, advierte: 1. En razón de que la casacionista fundamenta su
recurso en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de
Casación, corresponde, por lógica, tratar en primer lugar la causal tercera
que se refiere al ataque del recurrente al fallo del Tribunal de alzada, en el
sentido de que en éste no se ha realizado el análisis y valoración de la
prueba conformada por los documentos públicos contenidos en los roles
de pago, con lo que, afirma, se ha dejado de aplicar lo dispuesto en los
artículos 115 y 121 del Código de Procedimiento Civil, y 247 del Código del
Trabajo. Este Tribunal, considera menester destacar que no corresponde
al juez de casación, realizar una nueva valoración de los medios
probatorios presentados por las partes, sino únicamente establecer si
aquellos han sido presentados oportunamente y debidamente valorados
dentro de los cánones jurídicos respectivos, por el Tribunal de alzada en la
sentencia atacada en el libelo de casación. El artículo 121 del Código de
Procedimiento Civil dice: “Las pruebas consisten en confesión de parte,
instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección
judicial o dictamen de peritos o de intérpretes”; y, el artículo 115 ibídem
señala: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la
ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá la
obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas
producidas”. En la especie, la sentencia del Tribunal ad quem, en los
considerandos cuarto al séptimo, valora las pruebas presentadas por las
partes, las mismas que les ha permitido determinar la existencia de la
relación laboral entre los justiciables, analizan con mucho detenimiento y
a la luz de la normativa jurídica respectiva, el contenido y alcance del
finiquito suscrito mediante acta entre las partes para liquidar los derechos
de la actora por la terminación del contrato de trabajo, realizando su
análisis, bajo las reglas de la sana crítica, mismas que al no encontrarse
expresamente señaladas en norma legal alguna, obligan al juzgador al
análisis de los medios probatorios presentados por las partes, para, en un
proceso lógico - científico, aplicando los conocimientos jurídicos y el
consejo de la experiencia, formar la convicción que será expresada en su
fallo, procedimiento que en la resolución impugnada por la casacionista, si
se ha realizado; debiendo dejar claramente establecido que con respecto
a los roles de pago presentados por la actora, agregados al proceso, estos
corresponden al período comprendido entre los años 1988 y 2001 en que
la recurrente ha desempeñado las funciones de Auxiliar de Contabilidad,
sin que se haya presentado dichos documentos de los años posteriores, y
hasta la terminación de la relación laboral producida el 31 de octubre de
2007, roles presentados, que sí han sido valorados por el Tribunal de
alzada como medio probatorio de la existencia de la relación laboral,
análisis y convicción con el que este Tribunal se encuentra de acuerdo, y
determina que la censura no prospera. 2. La causal primera, alegada por la
recurrente la fundamenta en la afirmación de una falta de reconocimiento
en el fallo impugnado, de los beneficios del Contrato Colectivo de Trabajo,
vigente a la fecha de terminación de la relación laboral que vulnera lo
dispuesto en los artículos 23, 193, 247, 250 del Código del Trabajo, falta
de aplicación que ha determinado que el Tribunal de alzada, no reconozca
el amparo del contrato colectivo de trabajo y el pago a su favor de los
beneficios de dicho instrumento legal. Constituyendo el punto central de
esta impugnación, la falta de reconocimiento en la sentencia materia del
recurso, de los beneficios del Contrato Colectivo de Trabajo; corresponde
a este Tribunal determinar en primer lugar, si a la casacionista le amparó o
no la legislación laboral y el contrato colectivo de trabajo. Al respecto, el
artículo 247 del Código del Trabajo al determinar los límites del amparo de
los contratos colectivos, dice: “Los contratos colectivos de trabajo no
amparan a los representantes y funcionarios con nivel directivo o
administrativo de las entidades con finalidad social o pública o de aquellas,
que total o parcialmente, se financien con impuestos, tasas o subvenciones
fiscales o municipales.”, norma legal que al haber presentado dudas, ha
sido interpretada por la Corte Suprema de Justicia en sesión del Pleno, de
28 de marzo de 1990, publicada en el Registro Oficial No. 412 de 6 de abril
del mismo año, resolviendo: “Que el artículo 242 (actual 247) del Código
del Trabajo no es aplicable a los empleados con nivel directivo o
administrativo, de las entidades privadas con finalidad social o pública.”
Por su parte, el artículo 23 ibídem, señala: “De existir contratos colectivos,
los individuales no podrán realizarse sino en la forma y condiciones fijadas
en aquellos.”, normas legales, que permiten a este Tribunal establecer,
por una parte, que los acuerdos constantes en los contratos colectivos
señalan los parámetros y condiciones dentro de los que, se realizarán los
contratos individuales; y por otra parte, que los empleados con niveles
directivos o administrativos de las entidades privadas con finalidad social
o pública, si se encuentran amparados por la contratación colectiva norma
que por extensión, nos permite establecer que los empleados con niveles
directivos y administrativos de las entidades del sector privado, si
mantienen el amparo del contrato colectivo de trabajo, con excepción de
los funcionarios comprendidos en el artículo 308 del Código del Trabajo
que dispone: “Cuando una persona tenga poder general para representar
y obligar a la empresa, será mandatario y no empleado, y sus relaciones
con el mandante se regularán por el derecho común. Más si el mandato se
refiere solo al régimen interno de la empresa, el mandatario será
considerado como empleado”. El Tribunal ad quem, en el considerando
séptimo de la sentencia recurrida, cita la disposición contenida en el
artículo 3 del Contrato Colectivo de Trabajo que en la parte pertinente
dice: << El presente contrato colectivo no ampara a los trabajadores de la
empresa que estén comprendidos en lo previsto en el Art. 14, literales a),
b), d), f), y g) del Código del Trabajo ni a los trabajadores que desempeñan
actualmente o llegaren a desempeñar funciones de íntima confianza o
vinculación directa con el Gerente o Presidente de la Empresa, por
consiguiente, este contrato no es aplicable ni ampara al Gerente o
Administrador de la planta, al jefe técnico de operación, al jefe
administrativo de operación, al jefe de personal…” (cursivas son de la
Sala). b) La accionante en su demanda afirma haberse desempeñado como
Jefe de Personal (Recursos Humanos), lo que se avala entre otros con los
documentos que obran de fojas 72 a 101, en los que la accionante suscribe
como Jefe de Recursos Humanos en unos casos y, en otros como
representante de la empresa (…) d) En la especie, este Tribunal concluye,
que la actora estaba excluida de la protección del contrato colectivo, por
haberse probado inequívocamente que las funciones que ejerció en la
empresa fueron de confianza y dirección, (…)>>. Ante lo anotado por el
Tribunal de alzada, este Tribunal considera necesario señalar que si bien el
artículo 36 del Código del Trabajo ubica como representantes de los
empleadores a los: “(…) directores, gerentes, administradores, capitanes
de barco, y en general, las personas que a nombre de sus principales
ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener poder escrito
y suficiente según el derecho común.” y además, en el segundo inciso de la
norma legal transcrita, los hace solidariamente responsables en sus
relaciones con los trabajadores; de ninguna manera, les excluye de la
protección de la legislación laboral, puesto que, como queda dicho,
solamente aquellas funciones que se encuentren inmersas en lo dispuesto
en el artículo 308 del Código del Trabajo, han de excluirse de la protección
de las normas laborales y someterán sus relaciones al derecho común, por
lo que, el fallo del Tribunal de alzada comete un error que debe ser
corregido. Determinado así el régimen jurídico que rige las relaciones
entre la recurrente y su empleadora, que no es otro que el contenido en
la legislación laboral, corresponde a este Tribunal determinar si las normas
del Contrato Colectivo de Trabajo benefician o no a la casacionista; al
respecto, el artículo 220 del Código del Trabajo señala: “Contrato o pacto
colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o
asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores
legalmente constituidas, con el objeto de establecer las condiciones o
bases conforme a los cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el
mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación
contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en el
pacto”, de lo que se colige, que todos los trabajadores amparados por el
Código del Trabajo, se encuentran también protegidos, por los acuerdos
del contrato colectivo de trabajo. La exclusión constante en el segundo
inciso del artículo 3 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre
Molinos La Unión S.A. y el Comité de Empresa de los trabajadores, (fs. 32 –
37 de los autos), no puede reformar la ley en perjuicio de los derechos de
las y los trabajadores pues, sin ninguna duda, la contratación colectiva, es
una de las instituciones de mayor jerarquía del derecho laboral y social,
que nace y se forma al amparo de la Constitución y la ley, por lo que no
puede de ninguna manera, reformarla, y peor cuando se pretende como
en el presente caso, provocar la renuncia derechos de un sector de
trabajadores. Al respecto, la doctrina española a través de los autores:
Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez – Sañudo Gutiérrez y Joaquín
García Murcia, sostienen: “Además de por límites materiales el contenido
del convenio colectivo está restringido por límites funcionales. El primero
de ellos es la primacía o preminencia de la ley sobre el convenio afirmada
reiteradamente por la jurisprudencia en caso de colisión entre sus
mandatos (TS 22 de marzo de 1988, y TC 210/1990, de 20 de diciembre).
La subordinación a la ley, que encuentra sólido apoyo en los artículos 3.3
ET y 85.1ET (Capítulo 3.V.2.C), se extiende a los reglamentos habilitados
por ley para regular una determinada materia (TS 24 de febrero de 1992 y
9 de marzo de 1992). Así sucede con afirmación expresa de primacía de la
norma reglamentaria, en la especificación de medidas concretas de
prevención de riesgos laborales. (…) Una manifestación especial de la
preminencia de la ley es la sujeción del contenido del convenio a la
Constitución; sometimiento que implica el respeto por parte de la norma
paccionada de los derechos de trabajadores, empresarios y
representaciones profesionales en ella reconocidos”. (El resaltado nos
pertenece). Queda claro por tanto, que en caso de colisión entre los
mandatos de una norma legal y los del convenio colectivo, prima el
mandato legal. Estableciéndose en esta forma, que la recurrente se
encontró amparada por las disposiciones del Contrato Colectivo. Ahora
bien, y como la relación laboral ha terminado por liquidación del negocio,
de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código del
Trabajo, como expresamente declara la casacionista en la cláusula tercera
del acta de finiquito (fs. 69), norma legal que en su parte pertinente, a la
letra dice: “Si por efecto de la liquidación de negocios, el empleador da por
terminadas las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores
cesantes la bonificación e indemnización previstas en los artículos 185 y
188 de este Código, respectivamente, sin perjuicio de lo que las partes
hubieren pactado en negociación colectiva.”, por lo que, y habiéndose
efectivamente cancelado los valores correspondientes a la bonificación e
indemnización determinadas en los artículos 185 y 188 del Código del
Trabajo, como se encuentra determinado en el acta de finiquito y que han
sido pagados a la recurrente, como bien lo reconoce en su demanda, debe
establecerse los beneficios acordados en el contrato colectivo, a que tiene
derecho la accionante. El artículo 20 del Contrato Colectivo de Trabajo,
establece: “Si por cualquier circunstancia la Empresa se liquida, pagará a
cada uno de sus trabajadores como única indemnización el valor de 20
meses de remuneración.” (El resaltado nos pertenece), valor que debe
cancelarse a la accionante, cláusula que además, en forma clara, excluye
cualquier otro beneficio que por terminación de las relaciones laborales
pudiera establecer el convenio colectivo, y específicamente, el contenido
en las cláusulas 17 y 18, como indebidamente pretende la casacionista.
Debiendo aclarar además, que la penalización a la falta de pago de las
indemnizaciones contempladas en el contrato colectivo, establecida en el
artículo 21 del mismo, que señala: “Las indemnizaciones mencionas en los
artículos anteriores las pagará el empleador dentro del plazo de 15 días
contados a partir de la fecha de terminación de las relaciones laborales. Si
un trabajador afectado no recibiera las indemnizaciones contempladas en
el presente contrato dentro del plazo previsto y el trabajador se viere
obligado a presentar una demanda para reclamarlas, el empleador se
obliga a pagar el valor de las indemnizaciones más un 50% de recargo si la
sentencia definitiva es favorable al trabajador reclamante.”, norma del
contrato colectivo cuya aplicación no es procedente en el presente caso,
en virtud de que, las indemnizaciones fueron liquidadas en el acta de
finiquito suscrita entre las partes, el 31 de octubre de 2007. En virtud de lo
expuesto y sin necesidad de otro análisis, este Tribunal de la Sala
Especializada de lo Laboral, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa parcialmente la
sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 10 de diciembre de 2010,
a las 09h07, y en su lugar dicta la siguiente de mérito en el sentido del
numeral 2 del considerando cuarto de esta sentencia, disponiendo que los
demandados representados por el Ing. Diego Santos Burbano de Lara,
paguen a la accionante Mariana de Jesús Almeida Cruz, la suma de
veintiún mil seiscientos treinta 60/100 dólares (USD $21.630,60),
correspondiente a 20 remuneraciones de USD $1.081,53 y en lo demás,
deja en firme la sentencia del Tribunal ad quem.-Sin costas ni honorarios
que regular.- NOTIFIQUESE.
Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia
JUEZ NACIONAL
Dr. Johnny Ayluardo Salcedo Dr. Wilson Merino Sánchez
JUEZ NACIONAL JUEZ NACIONAL
Certificación.-
Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.
SECRETARIO RELATOR.
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY.-
Quito,
que regular.- NOTIFIQUESE. Fdo.) Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia,
Dr. Johnny Ayluardo Salcedo y Dr. Wilson Merino Sánchez, JUECES
NACIONALES. Certificación.- Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, SECRETARIO
RELATOR.
Casilla judicial No. 1615
MARIANA ALMEIDA CRUZ
En el juicio No. 39-2011, seguido por Mariana de Jesús Almeida Cruz en
contra de la Empresa Molinos La Unión S.A, se ha dictado lo que sigue:
RELATOR. Lo que comunico a usted para los fines de ley.
Casilla judicial No. 3214
MOLINOS LA UNIÓN S.A |
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
RECURSO DE CASACIÓN No 42-2011
JUEZA PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR (RECURRENTE): MIRIAM LUCÍA PALACIOS CORDERO REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA HOTELERA LUCUPA CÍA.
LTDA.
DEMANDADO: DIRECTOR REGIONAL DEL AUSTRO DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
Quito, a 10 de enero de 2013. Las 09H10. -----------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento la jueza y jueces de esta Sala en virtud de la Resolución
004-2012 del Consejo Nacional de la Judicatura y por la Resolución 002-2012 del Pleno de
la Corte Nacional de Justicia. Esta Sala, una vez aceptado el recurso de casación y pedidos
los autos para resolver, considera: --------------------------------------------------------------------
I. ANTECEDENTES
1.1.- La señora Miriam Lucía Palacios Cordero, en su calidad de representante legal de la
EMPRESA HOTELERA LUCUPA CÍA. LTDA., interpone recurso de casación en contra de la
sentencia de 6 de enero de 2011, expedida por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No 3 con
sede en Cuenca, dentro del juicio de Impugnación No 61-09, propuesto por la recurrente. --
1.2.- La recurrente se fundamenta en la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación, señalando que en la sentencia se ha incurrido en falta de aplicación de los
artículos 58 y 257 de la Constitución de la República de 1998, vigente para el ejercicio
2005; el artículo 300 de la Constitución de la República de 2008; el artículo 5 del Código
Orgánico Tributario; el artículo 16 de la Ley de Seguridad Social; el artículo 7 del Código
Civil; y el artículo 1 del Código Penal. Adicionalmente señala que se ha incurrido en errónea
interpretación del artículo 90 del Código Tributario, reformado por el artículo 2 de la Ley
Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador; el artículo 11 de la Ley de
1
Seguridad Social; y, el artículo 10, numeral 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno
vigente. Fundamenta su recurso en el sentido de que su representada impugnó la
Resolución No 101012009RREC004205 de 27 de agosto de 2009, en la que se niega el
reclamo administrativo que solicitaba dejar sin efecto la Liquidación de Pago por
diferencias en la declaración de impuesto a la renta por el ejercicio 2005. Que en este acto,
la administración levantó el cargo en lo referente al pago de remuneraciones a empleados
y trabajadores, y dentro de éste, el hecho que en algunos de los rubros verificados y
pagados, no se había cumplido con la obligación de aportar al IESS, concretamente sobre
los incentivos concedidos voluntariamente a los empleados en calidad de bonos anuales.
En relación a este cargo, expresa que el Servicio de Rentas Internas considera que los
gastos efectuados por su representada en el ejercicio 2005, en razón de este concepto:
“bonos anuales por el cumplimiento de metas”, no son gastos deducibles, puesto que no se
habría realizado la respectiva aportación al Seguro Social. Manifiesta que la Sala del
Tribunal Distrital en su fallo concluyó que si bien los gastos efectuados por concepto de
bonificaciones legales y voluntarias son particularmente deducibles ya que son estímulos
económicos de las empresas para con sus empleados, en especial los bonos de eficiencia,
sin embargo éstos no guardarían relación con los resultados o utilidades obtenidos por la
empresa, sino que su consecución dependería del esfuerzo individual de los trabajadores.
Por tanto la recurrente considera que la naturaleza de dichas bonificaciones no puede ser
otra que aquella dada por las partes intervinientes, por lo que éstos se sustentan en una
condición, atada a un acontecimiento futuro que puede suceder o no, esto es a la
generación de utilidades que podrían darse o no, de allí radica su carácter extraordinario,
no regular ni habitual. En consecuencia el fallo de instancia al considerarlo como ingresos
regulares de los trabajadores, de carácter permanente, atenta contra la naturaleza del
bono, por lo que ha interpretado erróneamente el artículo 11 de la Ley de Seguridad
Social, y se ha dejado de aplicar paralelamente el artículo 58 de la Constitución Política de
la República de 1998 y el artículo 16 de la Ley de Seguridad Social, según los cuales el
organismo competente para resolver en materia de seguridad social es el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, actuación que en ningún momento se debió permitir,
como lo ha hecho el fallo recurrido, que sea la Autoridad Tributaria la que resuelva materia
de aportaciones y materia gravada, por lo que no se debía haber reconocido al Servicio de
Rentas Internas una competencia que no le corresponde. Adiciona que en el fallo también
2
se ha configurado una errónea interpretación del artículo 10, numeral 9 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, debido a que este texto legal exige aportación sobre sueldos y
no sobre bonificaciones voluntarias, ya que entendido correctamente su alcance, se
excluye a esta clase de bonificaciones. En otro orden, el recurrente aduce que en el fallo,
en relación a la determinación en la Liquidación de Pago del recargo del 20%; la Sala
estableció que la disposición del artículo 90 del Código Orgánico Tributario, que fuera
reformado por el artículo 2 de la Ley de Reformatoria para la Equidad Tributaria en el
Ecuador, no tipifica un comportamiento penal y tampoco establece una pena o sanción ya
que no describe comportamiento imputable al sujeto pasivo, recalcando que se trataría de
una disposición relacionada con el trabajo de la Administración al ejercer su facultad
determinadora, lo que ocasiona la generación del recargo. Con dichos silogismos a criterio
de la actora, se ha dejado de aplicar el artículo 1 del Código Penal y se interpretó
erróneamente el artículo 90 del Código Tributario reformado por el artículo 2 de la Ley
Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, puesto que el recargo sería una
sanción de naturaleza penal administrativa que se atribuiría a una conducta del
contribuyente de no haber determinado de manera correcta sus tributos. Finalmente
agrega que en el fallo se ha omitido considerar la aplicación retroactiva que ha hecho la
Autoridad Tributaria, ya que aplicó el artículo 90 reformado del Código Tributario, vigente
desde el 1 de enero de 2008, al ejercicio 2005. Esta aplicación retroactiva ha sido
reconocida expresamente por la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia dentro del juicio de impugnación seguido por el Ing. Franco Andrés Machado
Paladines en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas de 30 de agosto
de 2010, por lo que se dejó de aplicar en la sentencia recurrida el artículo 257 de la
Constitución de la República de 1998; el artículo 5 del Código Orgánico Tributario; el
artículo 16 de la Ley de Seguridad Social; y, el artículo 7 del Código Civil, disposiciones que
se relacionan con la irretroactividad de las leyes en especial las de carácter tributario. ------
1.3.- Aceptado el recurso, mediante providencia de 15 de febrero de 2011, y luego del
traslado respectivo, la Administración Tributaria no ha realizado la contestación respectiva.
Pedidos los autos para resolver, se considera: ------------------------------------------------------
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
3
2.1.- Competencia: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en
conformidad con los artículos 184 numeral 1 de la Constitución, 1 de la Codificación de la
Ley de Casación y artículo 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la
Función Judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.- Legitimación: El recurrente se encuentra legitimado para interponer el Recurso de
Casación en consideración a lo establecido en los artículos 2 y 4 de la Ley de Casación y
por cumplir con los requisitos formales del artículo 6 del mismo cuerpo normativo.-----------
2.3.- Determinación de los problemas Jurídicos a Resolver: La Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia sujeta
al análisis casacional por el legitimario tiene sustento legal y para ello es necesario
determinar cuáles son los fundamentos que se plantean dentro del recurso: ------------------
a) ¿El Tribunal de instancia incurre en su fallo en la causal primera del artículo 3 de la Ley
de Casación, al supuestamente haber interpretado erróneamente el artículo 11 de la Ley de
vigente en el ejercicio 2005, y al dejar de aplicar el artículo 58 de la Constitución de la
República de 1998 y el artículo 16 de la Ley de Seguridad Social, al considerar a los gastos
realizados por la actora, en calidad de bonos de eficiencia pagados a sus trabajadores,
como regulares y permanentes para efectos de deducibilidad del pago de impuesto a la
renta?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) ¿El Tribunal de instancia incurre en su fallo en la causal primera del artículo 3 de la Ley
de Casación, al supuestamente existir falta de aplicación del artículo 257 de la Constitución
de la República de 1998, del artículo 300 de la Constitución de la República de 2008; del
artículo 5 del Código Orgánico Tributario; y del artículo 1 del Código Penal; así como
errónea interpretación del artículo 90 del Código Tributario, reformado por el artículo 2 de
la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, al haber considerado que el recargo del
20% también se aplicaba al ejercicio económico sobre el cual se realizó la Liquidación de
Pago impugnada?. ----------------------------------------------------------------------------------------
III.- RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Y MOTIVACIÓN
3.1.- Sobre las problemáticas planteadas, esta Sala considera lo siguiente: a) La causal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación establece: “Aplicación indebida, falta de
4
aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes
jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su
parte dispositiva.”. En esta causal, se prevén tres formas diferentes de infracción del
derecho, correspondientes al error in iudicando o error en juicio, las cuales se constituyen
en equivocaciones diferentes que puede perpetrar un juzgador. Según el autor Luis
Armando Tolosa Villanoba en su obra, Teoría y Técnica de Casación (Ed. Doctrina y Ley,
Bogotá, Colombia, año 2005), en esta forma de violación de la ley, no es aceptable hacer
referencias a cuestiones fácticas o probatorias, es decir, no se puede debatir aspectos
probatorios, y menos aún se puede disentir de la valoración y alcances probatorios, porque
se trata de falsos juicios sobre las normas jurídicas sustanciales. Efectivamente al tratarse
de la llamada trasgresión directa de la norma legal en la sentencia, en ella no cabe una
nueva consideración respecto de los hechos que ya fueron apreciados por el Tribunal de
instancia, en base a los medios de prueba incorporados al proceso, por lo que corresponde
a este Tribunal de casación examinar únicamente en base de los hechos considerados
como ciertos en la sentencia. Según el citado autor la falta de aplicación de la ley
sustancial corresponde al error contra ius, lo que implica desconocimiento. A su entender
ocurre la falta de aplicación cuando se deja de aplicar un precepto legal, y ello constituye
la infracción directa típica, por haberlo ignorado el sentenciador o por haberle restado
validez, sea por desconocimiento del fallador o por abierta rebeldía contra el precepto. Esta
conculcación puede estar aparejada de la aplicación indebida de otros preceptos. En lo que
respecta a la interpretación errónea de una norma (hermenéutica), en palabras del
recurrido autor es el error iuris in iudicando, se trata de la exégesis equivocada de la
norma en su contenido mismo, independientemente de las cuestiones de hecho debatidas
en la sentencia y del caso que trata de regular. La norma jurídica es la que gobierna el
asunto, pero en sentido diverso, por lo tanto yerra en el enfoque verdadero de la norma,
en su espíritu y alcances. El sentenciador acierta en la norma pero falla en su verdadero
significado alejándose de su espíritu y finalidad. No puede entonces, presentarse falta de
aplicación de un precepto mal interpretado. El error se comete en la premisa mayor de la
sentencia, es decir, en la Ley objeto de aplicación, por desconocimiento del sentenciador
de los principios hermenéuticos o interpretativos de la ley; ante textos oscuros o dudosos
no tiene en cuenta las fuentes formales del derecho y confunde las clases de
interpretación. b) En relación al primer problema jurídico, esta Sala determina que la
5
deducibilidad de los pagos en concepto de remuneraciones a los trabajadores se reconocen
a favor de quien realiza el pago, siempre que se cumpla con la obligación de satisfacer al
IESS los aportes que correspondan, y que se observe la condición de que tales valores
tengan el carácter de normal en la industria o servicio, así lo prevé la disposición contenida
en el artículo 11 de la Ley de Seguridad Social que en la parte pertinente establece:
“Materia gravada.- Para efectos de cálculo de aportaciones y contribuciones al Seguro
General Obligatorio, se entenderá que la materia gravada es todo ingreso regular,
susceptible de apreciación pecuniaria, percibido por el afiliado con motivo de la realización
de su actividad personal, en cada una de las categorías ocupacionales definidas en el
artículo 9 de esta Ley. En el caso del afiliado en relación de dependencia, se entenderá por
sueldo o salario mínimo de aportación el integrado por el sueldo básico mensual más los
valores percibidos por concepto de compensación por el incremento del costo de vida,
décimo quinto sueldo, prorrateado mensualmente, y décimo sexto sueldo. Integrarán
también el sueldo o salario total de aportación los valores que se perciban por trabajos
extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones,
honorarios, participación en beneficios, derechos de usufructo, uso, habitación, o
cualesquiera otras remuneraciones accesorias que tengan carácter normal en la industria o
servicio”. (Los subrayados pertenecen a la Sala); c) En la especie, se advierte que los
valores reconocidos a los trabajadores como incentivo anual están condicionados a los
resultados que obtenga la Empresa, por lo que no pueden considerarse de carácter normal
en la industria o servicio. Al no reunir el ingreso en discusión el carácter de normal en la
industria o servicio, es pertinente su deducibilidad y el rechazo por parte de la
Administración Tributaria resulta improcedente, por tanto en el presente caso existe una
errónea interpretación del referido artículo 11. Adicionalmente en lo relacionado a la
alegación de errónea interpretación del artículo 10, numeral 9 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, que en sus incisos primero y segundo se prevé: “9.- Los sueldos,
salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; la participación de los
trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras
erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por
contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y sentencias,
incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también serán deducibles las
contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria,
6
escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra.- Las
remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado
ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente
haya cumplido con sus obligaciones legales para con el seguro social obligatorio cuando
corresponda, a la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta; …”, (El
subrayado es de la Sala), al determinar este Tribunal que los bonos antedichos no son de
carácter regular y permanente, y la norma citada al limitar a la deducibilidad de los gastos
de sueldos y salarios, siempre y cuando se haya aportado sobre los mismos al Seguro
Social; en consecuencia ha producido una errónea interpretación de dicha disposición. d)
En lo concerniente a la falta de aplicación del artículo 58 de la Constitución Política de 1998
publicada en el Registro Oficial No 1 de 11 de agosto de 1998 y artículo 16 de la Ley de
Seguridad Social, que a la letra establecían respectivamente: “Art. 58.- La prestación del
seguro general obligatorio será responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, entidad autónoma dirigida por un organismo técnico administrativo, integrado
tripartita y paritariamente por representantes de asegurados, empleadores y Estado,
quienes serán designados de acuerdo con la ley.- Su organización y gestión se regirán por
los criterios de eficiencia, descentralización y desconcentración, y sus prestaciones serán
oportunas, suficientes y de calidad.- Podrá crear y promover la formación de instituciones
administradoras de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención de
la salud de los afiliados y sus familias.- La fuerza pública podrá tener entidades de
seguridad social.” “Art. 16.- NATURALEZA JURÍDICA.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución Política de
la República, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y
presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto
indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional.- El
IESS no podrá ejercer otras atribuciones ni desempeñar otras actividades que las
consignadas en la Constitución Política de la República y en esta ley.- Sus fondos y
reservas técnicas son distintos de los del fisco, y su patrimonio es separado del patrimonio
de cada uno de los seguros comprendidos en el Seguro General Obligatorio.- Sus ingresos
por aportes personales y patronales, fondos de reserva, descuentos, multas, intereses,
utilidades de inversiones, contribución financiera obligatoria del Estado, y los demás
señalados en esta Ley, no podrán gravarse bajo ningún concepto, ni destinarse a otros
7
fines que a los de su creación y funciones.- Sus prestaciones en dinero no serán
susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley
o de obligaciones contraídas a su favor, y estarán exentas del pago de impuestos.- El IESS
estará exonerado del impuesto al valor agregado y de todos los impuestos a la importación
de equipos hospitalarios, aparatos, instrumentos y equipos médicos y quirúrgicos, insumos
hospitalarios y fármacos, para el cumplimiento de sus finalidades. Estas importaciones
deberán ser autorizadas en forma previa por el Consejo Directivo.”. En resumen estas
disposiciones se constriñen a la naturaleza y competencias del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, las cuales no han sido vulneradas en sentencia, puesto que a entender
de este Tribunal, la actuación de la Administración Tributaria se encaminó a efectuar el
ejercicio de un acto de determinación impositiva, dentro de cuya prerrogativa se
encontraba el establecer la deducibilidad de los gastos en cumplimiento del ordenamiento
jurídico relacionado al caso. Si se tratare de aplicar las normas de seguridad social con el
fin de determinar responsabilidades patronales en cualquiera de los ámbitos contemplados
por la Ley de Seguridad Social, de seguro que se transgrediría las normas mencionadas, sin
embargo este no es el caso y por tal se desestima este cargo. e) En otro orden, en lo
relacionado al recargo del 20% respecto a las obligaciones tributarias determinadas por la
Administración Tributaria, prevista en el artículo 90 del Código Tributario, reformado por el
artículo 2 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No 242 de 29 de diciembre de 2007, el Tribunal estableció
en su fallo: “La Sala establece que el Código Tributario, se rige también por el principio de
legalidad –no hay delito ni pena sin ley anterior lo declare-; y que, por lo mismo, las
sanciones que contempla, son la consecuencia de una acción u omisión del contribuyente
que da lugar a una conducta que coincide con aquella descrita en la norma como
merecedora de una pena porque lesiona intereses protegidos o es contraria a normas
legales o reglamentarias, exigidas para la correcta relación entre la Administración y el
contribuyente.- Bajo el principio de legalidad, tanto el modo de actuar, la pena le
corresponde, y la manera de aplicarla, deben estar, según concierna, tipificados, descritos
o establecidos, en la norma sustantiva o adjetiva pertinente que sea emitida por autoridad
con competencia para hacerlo. En el caso que nos ocupa, la disposición transcrita, no
tipifica un comportamiento penal, y tampoco establece una pena o sanción puesto que no
describe un comportamiento alguno imputable al Sujeto Pasivo; es simplemente una
8
disposición de la Ley de Régimen Tributario Interno (sic) que manda… lo cual es un efecto
automático, de aplicación inmediata de la Ley… sin consideración al tiempo o fecha del
ejercicio económico al que correspondan las obligaciones tributarias que son objeto de
verificación.” . Al respecto la Resolución de Triple Reiteración de la Corte Nacional de
Justicia publicada en el Registro Oficial No 471 de 16 de junio de 2011, ha establecido:
“PRIMERO: El recargo del 20% sobre el principal que se aplica en aquellos casos en que el
sujeto activo ejerce su potestad determinadora de forma directa, incorporado en el
segundo inciso del art. 90 del Código Tributario por el art. 2 del Decreto Legislativo No.
000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007, tiene una
naturaleza sancionatoria, pues, procura disuadir el incumplimiento de las obligaciones por
parte del contribuyente. Al constituir el recargo del 20% sobre el principal una sanción,
deben aplicársele las normas que sobre la irretroactividad de la ley penal contienen la
Constitución, el Código Tributario y el Código Penal, así como las normas sobre la
irretroactividad de la ley tributaria, que mandan que las sanciones rigen para lo venidero,
es decir, a partir de su vigencia. En consecuencia, no cabe que se aplique el recargo del
20% a las determinaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
reforma, esto es, al 29 de diciembre de 2007, como tampoco cabe que se lo aplique a las
determinaciones iniciadas con posterioridad a esa fecha, pero que se refieran a ejercicios
económicos anteriores al 2008.”. En consecuencia en el presente caso, de los recaudos
procesales se establece que la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración No
0120090200004 fue realizada a la actividad económica de la recurrente por el ejercicio
2005 y notificada el 16 de febrero de 2009, hecho que se subsume en la segunda
condición prevista en la Resolución de la Corte Nacional de Justicia indicada, esto es que se
trate de determinaciones referidas a un ejercicio económico anterior al 2008, por lo que no
debía aplicarse el recargo analizado al presente caso, configurándose una errónea
Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. Sin que sea meritorio entrar a
analizar las demás normas fundamentadas por la parte legitimaria respecto al segundo
problema jurídico planteado, y sin otras consideraciones que realizar. --------------------------
9
IV.- DECISIÓN
4.1.- Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, expide la siguiente: ---------------------------------------------------------------------
SENTENCIA
Casa la sentencia recurrida, acepta la demanda planteada por el actor y declara la invalidez
de la resolución impugnada.
Dr. José Suing Nagua
JUEZ NACIONAL
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia Dr. Gustavo Durango Vela
JUEZA NACIONAL CONJUEZ NACIONAL
Certifico.-
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA
10 |
Recurso No. 17503-2011-0043
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ
Quito, martes 29 de mayo del 2018, las 09h43.
A S U N T O
Resolución del recurso de casación interpuesto por el Ing. Erik Francisco Videla
Crespo, Gerente General y como tal representante legal de la compañía
AUTOBOXES CIA. LTDA., en contra de la sentencia dictada el 26 de julio de
2017, las 14h57, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede
en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, dentro del juicio
de impugnación No. 17503-2011-0043, propuesto por la referida compañía en
contra de la Resolución No. DDH-DDZPH-0375, emitida por el Tcnlgo. Jhon
Montoya, Director Distrital de Huaquillas del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador, el 26 de abril del año 2011, en la que se declara sin lugar el reclamo
administrativo de impugnación en la Resolución No. DDH-DDZH-ASJH-PV-
0086, de 28 de enero de 2011, y como consecuencia jurídica se confirma lo
ordenado en dicha resolución, esto es que el funcionario de la Unidad de
Regímenes Especiales y Garantías haga efectiva la póliza de seguros No.
10056 de Seguros Constitución.
1
1. ANTECEDENTES
1.1 Mediante escrito de 2 de octubre de 2017, el Ing. Erik Francisco Videla
AUTOBOXES CIA. LTDA., fundamentó el recurso de casación en la causal
quinta del artículo 3 de la Ley de Casación (cuando la sentencia o auto no
contuvieren los requisitos exigidos por la ley). Estimó infringidas las siguientes
normas de derecho: Artículos 75, 76 numeral 7 literal l), y 82 de la Constitución
de la República del Ecuador; 273 del Código Tributario; y, 23, y 130 numeral 4
del Código Orgánico de la Función Judicial.
1.2 En relación con la causal quinta el recurrente plantea el recurso de
casación de la siguiente manera: CUANDO LA SENTENCIA O AUTO NO
CONTUVIEREN LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY O EN SU
PARTE DISPOSITIVA SE ADOPTAN DECISIONES CONTRADICTORIAS O
INCOMPATIBLES.- Sostiene que la Sala al dictar la sentencia recurrida,
rechaza la demanda de impugnación, en mérito del análisis legal realizado y en
los términos expuestos en los considerandos quinto y sexto; que de la revisión
del fallo se puede verificar que no existe considerando quinto; que en el
considerando sexto con el título de MOTIVACIÓN, los jueces analizan y tratan
de motivar el fallo transcribiendo normas legales, pasajes de doctrina y hasta
se enumeran fallos de la Corte Suprema de Justicia, Sala Especializada sin
precisar de cuál de las Salas Especializadas de la Ex Corte Suprema; que la
sala concluye en el numeral 6.4 que: “Al actor le corresponde probar los
asertos de su libelo inicial, hecho que no ha acontecido en la presente causa,
por su incuria en presentar las pruebas que le confiere la ley y, por tanto, sin
que se hayan desvanecido las presunciones de legalidad y legitimidad de las
que se encuentran investidos los actos administrativos como el impugnado, por
tanto, a este tribunal no le corresponde analizar las pretensiones establecidas
en la demanda ni ningún otro aspecto alegado por el actor”, es decir para la
sala actuante, con que no se hayan presentado pruebas es suficiente
2
justificativo para que la sala no deba analizar los actos impugnados, lo cual es
un tratamiento pleno de materia civil y más nunca del fuero administrativo
tributario como es el caso, situación por la cual se estima que la sentencia
recurrida no contiene los requisitos exigidos por la ley. FALTA DE CONTROL
DE LEGALIDAD REQUISITO EXIGIDO POR EL ART. 273 CÓDIGO
ORGÁNICO TRIBUTARIO.- Considera que la Sala en la sentencia recurrida,
no efectúo el control de legalidad de los actos emitidos por la administración,
dando por hecho que los actos administrativos de ejecución de la garantía, así
como su ratificación en el reclamo administrativo interpuesto, se ajustan a los
procedimientos determinados para la aplicación de un proceso de duda
razonable, conforme consta de los actos impugnados, sin tomar en cuenta que
la duda razonable refiere un proceso de control de valoración aduanera, el
mismo que nunca existió conforme consta del proceso administrativo remitido
por la aduana; que al haberse presentado el reclamo administrativo se
emitieron nuevos actos por la administración aduanera, los cuales tienen un
sustento de índole arancelario, por tanto incompatibles, situación que no fue
analizada por la Sala actuante, por no haber realizado el control de legalidad de
los actos impugnados, conforme lo obliga el art. 273 del Código Tributario; que
el segundo inciso del citado artículo se encuentra en concordancia con lo
determinado en el art. 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la República,
en el que se establece como un principio constitucional al debido proceso, y
como parte de éste la motivación que deben contener los fallos, resoluciones y
sentencias expedidos por parte de autoridades sean estas administrativas o
judiciales; el recurrente cita el fallo emitido por la Sala de lo Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, Recurso No. 118-2000, publicado en el Registro Oficial
No. 327 de 16 de mayo de 2001, así como los fallos de la Corte Suprema de
Justicia, Recursos Nos. 120- 2004, publicado en el Registro Oficial No. 396, de
14 de noviembre de 2006; 121-99 publicado en el Registro Oficial No. 543 de
27 de marzo de 2002; 138-2004 publicado en el Registro Oficial No. 408 de 30
3
de noviembre de 2006; y, 36-2001 publicado en el Registro Oficial No. 480 de
24 de diciembre de 2001; que el control de legalidad en materia administrativa
tributaria, es un deber imperativo de los jueces y no facultativo, que toda
sentencia emitida deberá contener, tal como lo ordena la ley de la materia; que
la falta de este control deviene en que la sentencia no contenga los requisitos
que la ley exige y lo que es peor incurre en una falta total de motivación,
violentando los principios constitucionales de debido proceso y seguridad
jurídica. FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA.- El recurrente luego
de citar los fallos emitidos por la Corte Constitucional, sentencias Nos. 020-13-
SEP- CC, del caso No. 0563-12-EP, de 30 de mayo de 2013, y 227-12-SEP-
CC, en el caso No. 1212-11-EP, de 21 de junio de 2012, dice que en la
sentencia en su considerando SEXTO ha referido al menos tres fallos de la
Corte Nacional de Justicia y de la Ex Corte Suprema, a fin de justificar lo
aseverado por la Sala respecto a la obligación del actor de probar los hechos, y
más allá si no se han presentado pruebas no corresponde realizar ningún
análisis de los actos impugnados; que estos fallos no tienen nada que ver con
la obligación de probar por parte del actor, sino más bien de lo que se puede
observar en los tres fallos, es que los jueces actuantes realizaron el control de
legalidad de los actos impugnados, lo cual deja en evidencia la falta de
motivación que contiene el fallo recurrido; que de lo anotado en el
considerando 6.4 se puede concluir que la sentencia recurrida y la ampliación
negada, no reúnen los requisitos de motivación.
1.4 Mediante auto de 11 de enero de 2018, a las 12h58, el Dr. Juan G. Montero
Chávez, Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, declaró la admisibilidad del recurso de casación
interpuesto por la compañía AUTOBOXES CIA. LTDA., al amparo de la causal
quinta del art. 3 de la Ley de Casación, por el cargo de falta de motivación de la
sentencia, ya que a criterio del recurrente se infringieron los arts. 75, 76
numeral 7 literal l), y 82 de la Constitución de la República del Ecuador; 273 del
4
Código Tributario; 23, y 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función
Judicial, concediendo a quien posee legitimación pasiva, para que conteste
fundamentadamente en el término de cinco días, conforme lo establece el art.
13 de la Ley de Casación.
1.5 El Ing. Milton Alfonso Solórzano Martínez, por los derechos que representa
de la Dirección Distrital de Huaquíllas del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador (SENAE), dentro de término (fs. 8-11 del expediente de casación)
presenta contestación al recurso de casación en los siguientes términos: La
sentencia cumple con los artículos 75, 76 numeral 7, literal I) y 82 de la A
Constitución de la República del Ecuador.- Señala que de la simple revisión de
la sentencia, acorde a lo afirmado en los numerales 1.1 al 1.5, se consideran
los hechos alegados por el demandante, así como también de los hechos
fundamentados a favor del SENAE, por lo que el recurrente, pretende confundir
a la Sala, al querer manifestar que se han vulnerado derechos constitucionales.
La sentencia cumple con el art. 273 del Código Tributario.- Que la parte actora
trata de confundir a los jueces, afirmando que la sentencia no cumple con la
motivación, pues concluido el trámite, el tribunal respetando los términos
procesales se pronunció con respecto a la reproducción de las pruebas así
consta en las providencias judiciales de la causa judicial, pero el actor no
presentó prueba alguna a su favor, precluyendo su derecho a demostrar los
hechos alegados, tal es así que la sentencia es clara al desarrollar el punto 4,
que dice: "{...} 4.- Que Trabada así la litis, mediante providencia dictada el 31
de enero de 2012, se abrió la causa a prueba conforme a la ley, como consta a
fojas 36, las partes fueron notificadas: 4.1.- La administración tributaria
presentó escritos de prueba que obran a fs. 136 y 139, que fueron debidamente
proveídos el 9 de marzo del 2012 (fs. 143); 4.2 - La parte actora no presentó
escrito de prueba.- Siendo éste el estado de la causa el de resolver se
considera (...)"; que los jueces hacen un análisis jurídico y doctrinario de la falta
5
de prueba, considerando que el juez tiene claro el objeto de la litis, tal como se
desprende en el punto 3.2, que expresa: “(,..) 3.2 - Que la Administración
Aduanera ha expedido la Resolución DDH-DDZP-0375 de fecha 26 de abril de
2011, y que por las razones expuestas, no cabe alegarse falta de motivación
como fundamento de la acción (…)”. La sentencia cumple con el art. 23 y 130,
numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial.- Que acorde a lo
estipulado en el considerando CUARTO de la sentencia recurrida, el tribunal
analiza que al no haberse presentado pruebas con que controvertir la
resolución impugnada, no se ha desvirtuado que el acto administrativo vulnere
algún derecho o se emitiera de manera ilegal, más bien ha sido la
administración aduanera la que ha demostrado la validez de la resolución Nro.
DDH-DDZP-0375, como también de la providencia DDH-DDZH-ASJH-PV-0086;
que queda demostrado que no existe prueba aportada por la defensa de la
compañía de AUTOBOXES CIA. LTDA., y no se puede esperar que a través de
este recurso, se lo mal utilice para tratar de justificar o rever actos que no
fueron evacuados o no se realizaron en la etapa procesal oportuna por el
demandante.
1.6 El Tribunal a quo en la sentencia recurrida resuelve: “…rechazamos la
demanda de impugnación presentada por el ingeniero Erik Francisco Videla
Crespo, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía
AUTOBOXES CIA. LTDA (sic) y, por tanto confirmamos la validez y legalidad
de la Resolución Nro. DDH-DDZPH-0375, de fecha 26 de abril del año 2011,
emitida por el Tcnlgo. Jhon Montoya, Director Distrital de Huaquillas del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en mérito del análisis legal realizado
y en los términos expuestos en los considerandos quinto y sexto de la presente
sentencia.- De conformidad con lo previsto en el artículo innumerado posterior
al artículo 233 del Código Tributario, el afianzamiento rendido en esta causa,
en lo que fuese pertinente, impútese a las obligaciones tributarias
pendientes…”.
6
2. JURISDICCION Y COMPETENCIA
2.1 Este Tribunal Especializado es competente para conocer y resolver el
presente recurso de casación, en virtud de las Resoluciones Nos. 341-2014 de
17 de diciembre de 2014 y 009-2018 del 23 enero de 2018, emitidas por el
Pleno del Consejo de la Judicatura; Resoluciones Nos. 01-2018 de 26 de enero
2018 y 02-2018 de 1 de febrero de 2018, expedidas por el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia; así como por el sorteo que consta en el proceso y en
atención a lo previsto en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la
República Ecuador, 185 segunda parte, número 1 del Código Orgánico de la
Función Judicial y articulo 1 de la Codificación de la Ley de Casación.
3. VALIDEZ PROCESAL
3.1 En la tramitación del presente recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no
existe nulidad alguna que declarar.
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
4.1 El recurrente, según el auto de admisibilidad del recurso de casación, al
amparo de la causal quinta del art. 3 de la Ley de Casación, formula el
siguiente cargo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia
de Pichincha:
7
Cargo único: “La sentencia no contiene los requisitos exigidos por la ley”
por falta de motivación, infringiendo los artículos: 75, 76 numeral 7 literal l), y 82
de la Constitución de la República del Ecuador; 273 del Código Tributario; y,
23, y 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial.
5. CONSIDERACIONES Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO
PLANTEADO
5.1 El recurso de casación es de carácter extraordinario, de alta técnica
jurídica, formal y excepcional, cuyo principal objetivo es el establecimiento de la
ley o sea del derecho, de modo que por medio de esta institución se ejerce un
control jurisdiccional sobre las decisiones de los tribunales de instancia que
estén sujetos al recurso. Existe así un control al control, o censura represiva,
que viene a constituir lo que se ha denominado control sobre el control que
ejercen los jueces en relación con la observancia de las ley por los particulares
(in iudicando) y al mismo tiempo un control sobre los actos propios del tribunal
que falla, el cual se denomina control preventivo (in procedendo).
5.2 En cuanto a “la falta de motivación” alegada por el recurrente, de ser cierta
la aseveración hecha, dicha omisión produciría la nulidad de la sentencia, al
tenor de lo ordenado en la normativa expuesta en el planteamiento del
problema jurídico y que ha sido esgrimida como motivo del recurso, y
enmarcada en la causal quinta del art. 3 de la Ley de Casación, la misma que
textualmente señala: “5. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los
requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones
contradictorias o incompatibles”. (El subrayado pertenece a la Sala).
Este cargo se refiere a la transgresión de normas relacionadas con la
estructura, contenido y forma de la sentencia o auto, la que se configuraría de
8
dos formas: Por defectos en la estructura del fallo que se dan por la falta de
requisitos exigidos por la ley para la sentencia o auto; y, por incongruencia en
la parte dispositiva del fallo, en cuanto se adoptan resoluciones contradictorias
o incompatibles.
De conformidad con la Constitución de la República, publicada en el Registro
Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, se determina:
“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios
de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento
de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.
“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes
garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las
siguientes garantías: (…) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación sin en la resolución no se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados.” (El subrayado pertenece a la Sala).
“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes”.
Por su parte el Código Tributario dispone:
“Art. 273.- Sentencia.- Concluida la tramitación el tribunal pronunciará sentencia
dentro de treinta días de notificadas las partes para el efecto. Antes de sentencia, las
partes podrán presentar informes en derecho o solicitar audiencia pública en estrados,
con igual finalidad.
La sentencia será motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la
litis y aquellos que, en relación directa a los mismos, comporten control de legalidad de
los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnados, aun supliendo
las omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho, o apartándose del
criterio que aquellos atribuyan a los hechos”.
En tanto que el Código Orgánico de la Función Judicial establece:
9
“Art. 23.- PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS.- La
Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de
garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes,
cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera
sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las
pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de
la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los
instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso.
La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los mismos
hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el proceso.
Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las
reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado pronunciamiento
de la falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron en el conocimiento
en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin
que les sea permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles”.
“Art. 130.- FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y JUECES.- Es
facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de
acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y
las leyes; por lo tanto deben: (…)
4. Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no
se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos
que no se encuentren debidamente motivados serán nulos…”.
En tal sentido, para la autora Gladis E. de Midón, en su obra “La Casación
Control del Juicio de Hecho”, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires: -
Argentina, 2001, p. 20, respecto a la motivación manifiesta que: “Para alcanzar
sus fines garantistas es inevitable que la motivación sea autosuficiente, en el
sentido de abastecerse, expresando no sólo las conclusiones decisivas sino,
fundamentalmente, las razones en que tales conclusiones se basan. No basta
pues, como bien dice Carrión, que la sentencia tenga fundamentos, porque es
preciso que éstos estén a su vez fundados. Sin esa básica motivación no es
posible hablar en lenguaje constitucional de sentencia, pues huérfana de
10
razonados fundamentos no hay nada, añadirá Morello, que en un acto de
voluntad inepto de por si para constituirse en fuente jurígena de derechos”.
Para Oswaldo Alfredo Gozaini, en su obra “El Derecho Procesal Constitucional,
El Debido Proceso”, Rubinzal - Culzoni. Editores, Buenos Aires-Argentina,
2004, p. 428; la motivación, que no es otra cosa que “…la progresividad del
derecho de las partes y la obligación constitucional de los jueces de motivar los
fallos, plantea la naturaleza que tiene este deber fundamental. No se trata de
contabilizar una simple fundamentación que puede resultar suficiente con la
aplicación mecánica de la ley, sino de analizar si dicha exigencia radica en una
necesidad política propia de la justificación de los actos de un poder del
Estado, o significa establecer una garantía constitucional que forma parte de un
conjunto de mayor contenido en el principio del debido proceso”.
5.2.1 Es por demás claro que la motivación es uno de los requisitos esenciales
que deben cumplir las decisiones de las funciones públicas, ya sea en el
ámbito administrativo o judicial. Esta Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional, observa que el Tribunal a quo en la sentencia
establece que la presente acción tiene como sustento la demanda deducida por
la compañía AUTOBOXES CIA. LTDA., en contra de la Resolución Nro. DDH-
DDZPH-0375, de 26 de abril de 2011, emitida por el Tcnlgo. Jhon Montoya,
Director Distrital de Huaquillas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;
que del texto de la sentencia de instancia se observa que la Sala juzgadora
rechaza la demanda, confirmando la validez y legalidad de la resolución
impugnada, exponiendo los argumentos de la demanda y la contestación a la
misma; se observa que en el numeral 4, se señala que una vez trabada la litis,
se abre la causa a prueba, siendo notificadas las partes, ante lo cual la
administración aduanera presentó escrito de prueba, el mismo que fue
debidamente proveído por los juzgadores, mientras que el actor no presentó
escrito de prueba alguno; luego la Sala de instancia determina su competencia,
así como la validez procesal; en el considerando TERCERO, relativo a la
11
oportunidad y pretensión, señala que la demanda se presentó dentro de
término, y en lo que tiene que ver a la pretensión a foja 215 determina con
claridad que ésta “…gira en torno a dejar sin efecto alguno las disposiciones
contenidas en la resolución No. 375 de fecha 26 de abril del 2011 notificada el
29 de abril del año 2011, emitida por el Tcnlgo. Jhon Montoya, Director Distrital
de Huaquillas Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, esto es la ejecución
de la Póliza de Seguro No. 10056 de Seguros Constitución, por el valor de
USD. 172.016,40…”; mientras que en el considerando CUARTO, al referirse a
la valoración de la prueba, el Tribunal a quo, como parte del control de
legalidad, considera el contenido del acto impugnado (fs. 215), esto es: “Que
fue el COMEXI quien, mediante acuerdo # 235 del 17 de junio del 2010 y oficio
s/n de fecha 01 de julio del 2010, autorizaba la nacionalización de las
ambulancias; c) que la garantía fue aceptada por un plazo de 60 días
renovables hasta que se dicte resolución definitiva (…) que no se tiene
conocimiento que el representante de AUTOBOXES haya hecho uso de algún
otro recurso que se crea asistido (…) en uso de las atribuciones que me
confiere la letra “a” y “g” del art. 218 del Código Orgánico de la Producción y al
tenor de lo dispuesto en la última parte del art. 174 del Código indicado
DISPONGO 1) Que le (sic) funcionario de la Unidad de Regímenes Especiales
y Garantías proceda hacer efectiva la póliza No. 10056 de Seguros
Constitución, por el valor de 172.016,40, cuyos valores deben ingresar a la
Cuenta Única del Tesoro Nacional, 2).- Que el funcionario de la Unidad de
Aforo proceda a calcular los valores de la controversia, por lo cual se aceptó la
póliza No. 082-10-006187, relacionadas a la importación de las cinco
ambulancias y de existir diferencias a favor del representante de AUTOBOXES
CIA LTDA, procédase a su devolución mediante la respectiva nota de crédito,
cuyo cumplimiento deberá realizarlo el funcionario del departamento
Financiero…”; y luego en el numeral 4.2 asevera que el actor no aportó ningún
medio probatorio; la Sala de instancia omite el considerando quinto, y en el
12
considerando SEXTO, respecto de la MOTIVACIÓN, dicha Sala inicia
señalando que: “…Con fundamento en lo establecido en el considerando
precedente…”, es decir se observa que no solo realiza el control de legalidad
del acto impugnado, sino que además hace suyo el fundamento contenido en el
mismo, para luego sostener que en cuanto a los hechos afirmados por el actor
en su demanda, éstos no han sido probados procesalmente conforme al
artículo 258 del Código Tributario, e insiste en que el actor no ha presentado
ninguna prueba en la causa, pese a que fue debidamente notificado para el
efecto, remitiéndose tanto a doctrina referente a la carga de la prueba, como a
fallos la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia y de la ex Corte
Suprema de Justicia (Recursos de casación Nos. 77-2000, 127-2001, y 2-
2009); en el numeral 6.2, con base en doctrina, insiste el Tribunal de instancia
en que el actor no ha verificado los asertos de la demanda, pues no obra del
proceso prueba alguna de las afirmaciones de la demanda, lo que según el
juzgador, conlleva a que en la especie, exista insuficiencia probatoria por parte
del actor; en el numeral 6.3 el Tribunal de instancia, con base en el artículo 82
del Código Tributario, se refiere a la presunción de legalidad y ejecutoriedad
que el actor pretendía desvanecer con su demanda, por lo cual tenía la
obligación de probar los hechos afirmados en su demanda; y, finalmente en el
considerando 6.4 los jueces del tribunal reiteran que al actor le corresponde
probar los asertos de su libelo, lo que no ha acontecido en la causa, por su
incuria en presentar las pruebas, y sin que se hayan desvanecido las
presunciones de legalidad y legitimidad del acto impugnado, dicen que a dicho
tribunal no le corresponde analizar las pretensiones establecidas en la
demanda ni ningún otro aspecto alegado por el actor, rechazando por lo tanto
la demanda planteada.
5.2.2 En virtud de lo expuesto, la sentencia de instancia se encuentra
debidamente motivada ya que fijó con claridad el punto controvertido en el
considerando TERCERO de la sentencia (fs. 215); partiendo de dicho particular
13
el Tribunal juzgador realiza el control de legalidad del acto impugnado,
observando que es el COMEXI quien, con acuerdo No. 235 de 17 de junio de
2010, y oficio sin número de fecha 1 de julio de 2010, autorizó la
nacionalización de 5 ambulancias, razón por la cual la administración aduanera
aceptó la garantía por un plazo de 60 días renovables, hasta que se dicte
resolución definitiva, y al no conocerse que la compañía, AUTOBOXES haya
hecho uso de algún otro recurso (renovación del plazo), con sustento en los
literales “a” y “g” del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, así
como por lo dispuesto en la última parte del artículo 174 ibídem, se dispuso que
el funcionario de la Unidad de Regímenes Especiales y Garantías haga efectiva
la póliza No. 10056 de Seguros Constitución, por el valor de USD $ 172.016,40,
así como que el funcionario de la Unidad de Aforo proceda a calcular los
valores de la controversia, que fue el motivo por el cual se aceptó la póliza No.
082-10-006187, relacionada a la importación de las cinco ambulancias, y que
de existir diferencias a favor de la compañía actora, se proceda con su
devolución mediante la respectiva nota de crédito; acota además el Tribunal
juzgador que “….Verificadas las constancias procesales, no existe ningún
medio probatorio aportado oportunamente por la parte actora, que este tribunal
pueda valorar”; motivo por el cual la Sala juzgadora en el considerando
SEXTO, sostiene que: “….que los hechos afirmados por el actor en su
demanda, tales como que la administración aduanera de forma arbitraria
pretendió hacer efectiva una garantía aduanera, asumiendo erradamente que
tal garantía aduanera fue emitida por una cobertura de obligaciones tributarias
bajo la generación de una supuesta controversia tributaria originada a raíz de
una resolución en una acción de protección interpuesta por su representada, o
que es improcedente que la aduana proceda con la ejecución de la garantía
aduanera Póliza de Seguro No. 10056 de Seguros Constitución, por el valor de
USD. 172.016,40, toda vez que los actos emitidos por la administración
tributaria aduanera, no tienen como base las facultades que el Código Orgánico
14
Tributario establece, tomando en consideración de que tales facultades la
administración tributaria las ejerce bajo la gestión tributaria concedida por la
ley, con actos reglados y debidamente motivados, conforme así se determina
tanto del Código Orgánico Tributario y la Constitución de la República vigente y
demás alegaciones constantes en la demanda, no han sido probados
procesalmente conforme lo dispone el artículo 258 del Código Tributario…” (El
subrayado fuera de texto); razón por la cual con fundamento en este artículo,
referente a la carga de la prueba, considera (fs. 215 vta. y 216) que ”Cabe
indicar que el artículo 82 del Código Tributario determina que los actos
administrativos están investidos de las presunciones de legitimidad y
ejecutoriedad, las cuales el actor pretendía desvanecer con su demanda de
impugnación y para ello tenía como obligación ineludible probar en forma
fehaciente los hechos afirmados con su acción…”; e insistiendo que: “…Al actor
le corresponde probar los asertos de su libelo inicial, hecho que no ha
acontecido en la presente causa, por su incuria en presentar las pruebas que le
confiere la ley y, por tanto, sin que se hayan desvanecido las presunciones de
legalidad y legitimidad de las que se encuentran investidos los actos
administrativos como el impugnado, por tanto, a este tribunal no le corresponde
analizar las pretensiones establecidas en la demanda ni ningún otro aspecto
alegado por el actor”; concluyendo por tanto con el rechazo de la demanda
propuesta. Este proceder de la Sala no violenta lo dispuesto en el artículo 273
del Código Tributario que obliga a los jueces de instancia a decidir con claridad
los puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que, en relación directa a los
mismos, comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de
la resolución o acto impugnados. En la especie, es evidente que el Tribunal de
instancia se sustenta en la presunciones de legitimidad y ejecutoriedad del acto
administrativo impugnado, pues el contribuyente no ha demostrado con prueba
alguna los asertos de la demanda. Por lo expuesto y analizado el texto de la
sentencia recurrida, esta Sala Especializada observa que la Sala juzgadora
15
para rechazar la demanda de impugnación, ha considerado las pretensiones y
excepciones propuestas por las partes, dentro de lo cual efectúa un control de
legalidad de la resolución impugnada, realizando el análisis y la argumentación
jurídica que sustenta su decisión; es decir, existe de parte del Tribunal de
instancia la enunciación de las normas y explica la pertinencia de su aplicación
a los antecedentes de hecho, por lo tanto no se vulnera ninguna norma ni
principio jurídico, menos aún el de la tutela judicial efectiva; en consecuencia,
no porque el razonamiento jurídico del Tribunal de instancia sea contrario a los
intereses del recurrente, significa que existe “falta de motivación” en la misma,
razón por la cual, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, considera que no se configura la causal quinta del
art. 3 de la Ley de Casación, invocada por el recurrente.
6. DECISIÓN
6.1 Por las consideraciones anotadas, la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional, Administrando justicia, en nombre del
pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las
leyes de la República, resuelve:
7. SENTENCIA
7.1 NO CASAR la sentencia dictada el 26 de julio de 2017, las 14h57, por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, dentro del juicio de
impugnación No. 17503-2011-0043, en virtud de lo cual se ratifica la validez
jurídica de la Resolución No. DDH-DDZPH-0375, de 26 de abril del año 2011.
16
7.2 Actúe la doctora Ivonne Marlene Guamaní León, como Secretaria Relatora
(e), conforme el oficio No. 011-PSCT-CNJ-18 de fecha 17 de mayo del 2018
suscrito por la Dra. Ana María Crespo Santos, Presidenta de la Sala.
7.3 Sin costas.
7.4 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
Dra. Ana María Crespo Santos
JUEZA NACIONAL
Dr. José Luis Terán Suárez Dr. Rómulo Darío Velástegui Enríquez
JUEZ NACIONAL JUEZ NACIONAL
Certifico.-
Dra. Ivonne Marlene Guamaní León
SECRETARIA RELATORA (E)
17 |
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA.
Dr. Efraín Duque Ruíz
Juicio Laboral: N2 52-2011
PONENCIA DEL DR. EFRAIN DUQUE RUIZ,
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.
Quito, p-~4~çQ] er~ r~e L~arzo k~]~ 2QiE~. lits
VISTOS: En el juicio laboral seguido por Gregorio Ignacio Guzmán Ascencio en contra de Jaime
Aspiazu Seminario por sus propios derechos y por los derechos que representa de la compañía
LA SEGUILLA S.A., la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del
Guayas, el 28 de noviembre del 2008, las 11h10, dictó sentencia confirmando la subida en
grado que aceptó parcialmente la demanda. Inconforme con dicha resolución la parte
accionada interpuso recurso de casación, el mismo que por haber sido concedido permitió que
suba el proceso a la Corte Nacional de Justicia habiendo recaído la competencia en la Sala de
Conjueces, la que, por considerar que cumple con los requisitos de procedencia, oportunidad y
legitimación establecidos en los artículos 2, 4 5, así como las formalidades establecidas en el
,
artículo 6 de la Ley de Casación, en auto de fecha 14 de mayo del 2012, las 15h40, lo admitió a
trámite, pasando el proceso previo sorteo a conocimiento de este Tribunal de Jueces de la Sala
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia integrado por el Dr. Merck Benavides Benalcazar,
Dr Efrain Duque Ruiz, ConJuez Nacional (Ponente), Dr Alfonso Asdrubal Granizo Cavidia,,
conforme el oficio N2 137-SG-CNJ deI 02 de febrero de 2015 y acta de sorteo que consta en el
expediente de casacion Habiendo recaido la competencia en este Tribunal, encontrandose el
recurso en estado de resolver, para hacerlo, se considera:
PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Corresponde el conocimiento de esta causa, al
Tribunal que suscribe constituido por jueces nacionales, nombrados y posesionados por el
Consejo Nacional de la Judicatura, mediante resolución número004-2012 de 26 de enero de
2012; y designadas por el pleno para actuar en esta Sala de lo Laboral, por resolución No. 03-
2013 de 22 de julio del 2013, relativo al cambio en la integración de las Salas de la Corte
Nacional de Justicia; así como por la Resolución No. 1-2015 de 28 de enero de 2015, y en este
proceso en méritoal sorteo, cuya razón obra de fojas 3 del últimocuaderno, realizado de
conformidad a lo dispuesto en el penúltimoinciso del artículo 183 del Código Orgánico de la
Función Judicial. Su competencia para conocer los recursos de casación interpuestos, se
fundamenta en lo previsto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República del
Ecuador, 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, 1 de la Ley de Casación y 613 del
Código del Trabajo.
JIJS’T’ICI.A.
SEGUNDO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO: En el caso subjúdice,la recurrente impugna la
sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, expresando que las normas jurídicas infringidas
son el Art. 87 del Código de Procedimiento Civil anterior, actual Art. 83; el Art. 23 numerales
10, 13, 27, 24 de la anterior Constitución de la República,hoy Art. 169, 75, 76 numeral 1,7
literal 1) de la Ley Magna en vigencia; el Art. 361 numeral 1 del anterior Código de
Procedimiento Civil, 352 numeral 1 del Código actual, Art. 1067 del anterior Código de
Procedimiento Civil, 1014 del Código actual, Art. 366 del anterior Código de Procedimiento
Civil, Art. 357 del actual y Art. 1023 del Código Civil; y, funda su recurso en la causal segunda
del artículo 3 de la Ley de Casación. La fundamentación de su recurso se contrae a explicar que
no obstante haberse hecho al tribunal de alzada el fallecimiento del demandado, no cumplió
con la providencia del 15 de abril del año 1999, a las 09h00, dispone citar a los herederos y de
esa manera garantizar el debido proceso, ya que el demandado Jaime Fernando Aspiazu
Seminario falleció, hecho que se justificó con la partida de defunción constantes en fojas 91,
omisión que dejó a los herederos en indefensión y violentó lo dispuesto en el artículo 1023 de
Código Civil en vigencia, faltando a esta solemnidad se debió declarar la nulidad de lo actuado.
TERCERO: MOTIVACIÓN: La doctrina explica que: La motivación de derecho involucrada
“(...)
en toda sentencia, se relaciona can la aplicacion de los preceptos legales y los principias
doctrinarios atinentes, o los hechos establecidos en la causa, con base en las pruebas
aportadas por las partes Por lo tanto, lo que caracteriza esta etapa de la labor deljuez es,
precisamente aquel trabajo de ~subsunción’ de los hechos alegados y aprobados en eljuicio, en
las normas jurídicas que los prevea, a travésdel enlace lógico de una situación particular,
especifica y concreto, con laprevención abstracta, genéricoe hipotéticacontenida en la ley. Tal
enlace lógico entre los hechos que el juez ha establecido como resultado del examen de las
pruebas y las previsiones abstractas de la ley, se resuelve en lo que Satto llamó ‘la valoración
jurídica del hecho’, esto es, la transcendencia que jurisdiccionalmente se atribuye al hecho,
parajustificar el dispositivo de la decisión y a este respecto, es clara la obligación que tiene el
juez de expresar en su fallo las consideraciones demostrativas de aquélla valoración, y
justificativa del partido que toma el juez al aplicar los preceptos legales correspondientes,
como únicavía para que elfallo demuestre aquélenlace lógico hecho-norma que viene a ser el
punto crucial de la motivación en la cuestión de derecho; pues a travésdel examen de esas
consideraciones, es como podrá efectuarse la determinación de si eljuez erró o acertó en la
CORTE NACIONAL DE a-
JuSTICIA
aplicación de la ley (..j”. Conforme el mandato contenido en el artículo 76.7.1) de la
Constitución de la República,las resoluciones de los poderes públicosdeberán ser motivadas.
No habrá motivación sien la resolución no se enuncian las normas o principiosjurídicos en que
se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho
establecidos en el proceso. La falta de motivación y de aplicación de la norma constitucional en
referencia ocasiona la nulidad de la resolución. Cumpliendo con la obligación constitucional de
motivación antes señalada, este Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación:
CUARTO: ARGUMENTACIÓNO RATIO DECIDENDI:
4.1. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso de casación
es un medio impugnatorio de vital importancia dentro de la esfera del Derecho Procesal,
debido a los fines que persigue: Nomofiláctico (proteger el ordenamiento jurídico en las
resoluciones judiciales), Unificador (establecer la correcta aplicación e interpretación de la ley)
y Dikelógico (alcanzar lajusticia y que las decisionesjudiciales no causen perjuicio a las partes).
Este recurso por principio de legalidad, conforme al artículo 76 numeral tercero de la
Constitucion de la Republica, solo procede en los casos taxativamente establecidos en la Ley,
esto es, por causales in iudicando (vicios de juicio del tribunal o infraccion en el fondo), por
causales in procedendo (vicios de la actividad o infraccion en las formas) De ahi que es un
medio de impugnación que tiene porfinalidad, obtener que las resoluciones judiciales emitidas
en instancias definitivas puedan ser revisadas por la Corte Nacional de Justicia, para evitar que,
como consecuencia del equívoco que existiera en aquellas, se genere agravio a una de las
partes por errores en que pudiere haber incurrido el Tribunal de Alzada; siendo su tarea la
¶..
defensa del derecho, perseguida a travésde la correcta aplicación de la ley en los fallos
judiciales, es la finalidad primera; con ella se logra el imperio de los valores de la seguridad
jurídica y la igualdad ante la ley. Estafunción acentúael carácter constitucional del recurso...”
(Enrique Véscovi, La Casación Civil, edic. Idea, Montevideo, 1979, p. 25). La Corte
Constitucional del Ecuador, en sentencia N~ 364 del 17 de enero del 2011, p. 53 expresó que:
“El establecimiento de la casación en el país, además de suprimir el inoficioso trabajo de
realizarla misma laborpor tercera ocasión, en lofundamental, releva aljuez de esa tarea, afin
de que se dedique únicamentea revisar la constitucionalidad y legalidad de una resolución, es
TRiBUNAL SUPREMO DEJUSTiCiA DE VENEZUELA Recurso de Casación No. 00175-250403-00559-00492, EN Leopoido Márquez Áñez,
1
MotivosyEfectosdelRecursodeCasacióndeFormaenlaCasación CivilVenezolana, p.40
J{JSTICLA.
decir, visualizar si e/juez que realizó el juzgamiento vulneró normas constitucionales y/o
legales, en alguna de las formas establecidas en dicha Ley de Casación La casación
.
constituye entonces un recurso especial, cuyo objetivo persigue la anulación o corrección de
una resolución inferior, hallándose regulada por la Ley, que establece el trámite y los requisitos
de forma que debe reunir para ser aceptada; siendo un medio de impugnación de una
resolución, por la cual el recurrente trata de demostrar al Tribunal de Casación que el Juez o
Tribunal de apelación que dictó la sentencia o auto recurrido, se equivocó al dejar de aplicar o
aplicar indebida o erróneamente las normas de derecho sustanciales o procesales. En este
lineamiento, por mandato del Art. 75 de la Constitución de la República,“toda persona tiene
derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus
derechos...”; y en el Art. 76 señala que “En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso...”; por lo que
corresponde a este Tribunal, establecer si en la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada no
se han producido transgresiones a la normativa jurídica vigente, que pudieran afectar los
derechos de la parte actora. Para ello, es requisito de la impugnación que exista concordancia
entre el motivo de la casación y el agravio o lesión que la sentencia en cuestión ha provocado
al recurrente, por lo que debemos entrar al analisis para determinar si existe relacion entre lo
que se reclama y lo que decidio el Tribunal de alzada en la sentencia impugnada, considerando
que los juzgadores deben pronunciarse cuidando que su actuacion o analisis no se exceda del
pedido del casacionista, ni que éstesea inferior a su requerimiento, o que lo que se manifieste
en sentencia estéfuera de la Ley, cumpliendo para ello, con el deber de motivación, como una
garantía establecida en el artículo 8.1. de la Convención Interamericana de Derechos Humanos
para salvaguardar el derecho a un debido proceso.
4.2. ANÁLISIS DE LA IMPUGNACIÓN FORMULADA: Al fundamentar el recurso por la causal
segunda del artículo 3 de la Ley de Casación que establece: “2. Aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso
de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión
de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedada convalidada legalmente”, se
refiere al vicio in procedendo, esto es al hecho de que la sentencia que impugna ha sido
dictada dentro de un proceso que está viciado de nulidad no saneada, violándose alguna
solemnidad sustancial de las contempladas en los artículos 346 y 1014 del Código de
Procedimiento Civil; por lo que correspondía a la recurrente realizar una explicación lógica que
-3- V’~
JIJS’T’ICIi\.
permita establecer la existencia de alguna nulidad o que la accionada haya quedado en
indefensión; de ahí que es necesario que se señale: a) la norma adjetiva que a su criterio ha
sido quebrantada; b) Un razonamiento jurídico que de cuenta de la nulidad insanable y/ o la
indefensión; c) Que el vicio estécontemplado en la Ley como causal de nulidad; d) Razones
lógico jurídicas de cómo los vicios han influido en la decisión de la causa; y, e) Que la nulidad
no se hubiere convalidado legalmente.
Confrontada la impugnación realizada con la normativa jurídica imperante y los recaudos
procesales, este Tribunal establece que el artículo 83 (anterior 87) del Código de
Procedimiento Civil, que ha sido mencionado como infringido por la recurrente, dice:
“Notificación a herederos del litigante fallecido.- Cuando falleciere alguno de los litigantes,
se notificará a sus herederos para que comparezcan al juicio. A quienes fueren conocidos se
les notificará en persona o por una sola boleta, y a quienes fueren desconocidos o no se
pudiere determinar su residencia, mediante una sola publicación en la forma y con los
efectos señalados en el artículo 82. La notificación se hará con la providencia en que se
dispone contar con los herederos en el juicio. La publicación por la prensa contendrá
únicamenteun extracto de aquella”. De lo expuesto y la impugnación realizada, se desprende
que un concepto es la notificacion y otro muy distinto la citacion Notificacion es el acto
jurídico mediante el cual se comunica a una persona determinada o a un grupo de personas la
resolución judicial o administrativa de una autoridad, con todas las formalidades preceptuadas
por la ley; y la citación, es la diligencia por la cual se hace saber a una persona el llamamiento
hecho de orden del juez, para que comparezca en juicio a ejercer su derecho. Conforme el
segundo inciso del artículo 73 del Código de Procedimiento Civil, “Notificación es el acto por el
cual se pone en conocimiento de las partes, o de otras personas o funcionarios, en su caso,
las sentencias, autos y demás providencias judiciales, o se hace saber a quiéndebe cumplir
una orden o aceptar un nombramiento, expedidos por la jueza o juez”; de ahí que se
entiende como el acto de poner en conocimiento de las partes litigantes, con las formalidades
previstas, el contenido de escritos o pedimentos y las resoluciones o providencias judiciales;
Víctor Manuel Peñaherrera dice: etimológicamente, la notificación es géneroy/a citación y
“...
el emplazamiento, especies; la primera significa hacer saberjudicialmente, la segunda, hacer
saber, con llamamiento para realizar un acto; y la tercera, hacer saber, con llamamiento y
fijación de plazo para el cumplimiento de un deber. Por manera que en todo emplazamiento
hay citación, y en toda citación, notificación; pero no en toda notificación hay citación o
JI.JSTICI..A.
Dr. Efraín Duque Ruíz~~
emplazamiento”(Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, Ed. Universitaria, Quito 1960 pág.
323); la Enciclopedia Jurídica Omeba dice: “Notificación es el actojurídico mediante el cual se
comunica de una manera auténticaa una persona determinada o a un grupo de personas la
resolución judicial o administrativa de una autoridad, con todas lasformalidades preceptuadas
por la ley”; y, el Diccionario Enciclopédicode Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, al
remitirse a la citación señala: “es la diligencia por la cual se hace saber a una persona el
llamamiento hecho de orden deljuez, para que comparezca en juicio a estar a derecho”. Los
conceptos doctrinarios transcritos, permiten comprender que notificación y citación son actos
procesales que deben ser catalogados entre los actos de comunicación, pero revisten
diferencias sobre efectos, formalidades y básicamente respecto a las consecuencias que estos
generan. La recurrente, señala en su escrito de casación, la violación del artículo 87, actual 83
del Código de Procedimiento Civil, por no haberse citado a los herederos del demandado Jaime
Aspiazu Seminario en los términosque señala dicha norma legal. El proceso tiene como
fundamento fáctico la falta de notificación a los herederos del demandado, por lo que debió
declararse la nulidad por falta de esta solemnidad sustancial, tal como se ordenó en
providencia del 15 de abril de 1999, a las 09h00. Ante un hecho cierto e incontrovertible
expresado en un instrumento publico que determina que el demandado ha fallecido, siendo
obligacion del juzgador de instancia hacer efectivos los derechos y garantias de las personas
que eventualmente pudieran ser afectadas por sus decisiones Judiciales, atento a lo dispuesto
en el Título III de la Constitución Política vigente en aquella época, y cumplir con lo dispuesto
en la norma procesal, a fin de que los herederos comparezcan a juicio; omisión que afectó al
debido proceso y al derecho a la defensa de la parte demandada, garantizado en el numeral 10
del artículo 24 de la Constitución Política del Estado. El artículo 1014 del Código de
Procedimiento Civil establece “Nulidad de procesos por violación del trámite
correspondiente.- La violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al de
la causa que se estéjuzgando, anula el proceso; y los iuzgados y tribunales declararán la
nulidad, de oficio o a petición de parte, siempre que dicha violación hubiere influido o
pudiere influir en la decisión de la causa, observando en lo demás, las reglas generales y
especialmente lo dispuesto en los artículos 355, 356 y 357” (lo subrayado es nuestro). No
obstante haberse dispuesto en providencia de fs. 11 del cuaderno respectivo, no consta que se
haya ejecutado dicho mandato judicial, por lo que se observa que no se ha cumplido con
dicha formalidad legal, para garantizar la tutela judicial efectiva e imparcial y además se ha
JUSTICIA Juicio No.
privado al derecho de defensa de la parte demandada, así como la seguridad jurídica
contemplados en los artículos 75, 76y 82 de la Constitución de la República.Por la motivación
expuesta, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
declara la NULIDAD procesal por violación de trámite al amparo del artículo 1014 del Código
de Procedimiento Civil, nulidad que corre a partir de la razón de fecha 10 de marzo de 2009,
que obra a foja 12 del cuaderno de segunda instancia, a costa de los jueces que actuaron en la
indicada sentencia, quedando el estado del proceso para que se décumplimiento a la
providencia deI 15 de abril de 1999, las 09h00, hecho lo cual se proseguirá con el trámite de
la causa. Por licencia concedida al Dr. AsdrúbalGranizo Gavidia, Juez Nacional, actúala Dra.
Consuelo Heredia Verovi, Conjueza Nacional; y, por licencia concedida al Dr. Merck
Benavides Benalcázar, Juez Nacional, actúael Dr. Alejandro Arteaga García, Conjuez Nacional,
de conformidad con los oficios números 158-SG-CNJ-IJ y 41456-CNJ-lJ, de 5 de febrero y 13
de marzo de 2015, en ese orden.- Notifíquese y devuélvase.
Dra. Consuelo Heredia Yerovi García
CONJUEZA NACIONAl. NACIONAL
Dr. ~uIz
PONENTE
-.-
c~’ ra/a
AtAmazonasN3?-IUl yUniónNacionaldel’er,odigas.
{02139335~ 1 Quito, kuador.
h~wciiicíijç irnal.i~ilivc
4.
En Quito, miércolesdieciocho de marzo del dos mil quince, a partir de las dieciséishoras,
mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCIÓN que antecede a: GUZMAN
ASCENCIO GREGORIO en la casilla No. 3995 y correo electrónico
yesenia772008@hotmail.es del Dr. Ab. ALBA YESENIA YASCARIBAY GONZALEZ.
LA SEQUILLA S.A. en la casilla No. 1280 y correo electrónico victorresec~yahoo.com
del Dr. Ab. VICTOR MANUELTORRES POVEDA. Certifico:
DR. OSWA O ALMEIDA
SE ETARIO
ANDRADEA |
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA
~
1 :~
Recurso No.201-0061. ¿
--~
CORTE NAC[ONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPEC[AL[ZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZ PONENTE: DEL DR. JOSÉLUIS TERÁN SUÁREZ
Quito, viernes 6 de octubre de]. 2017, las 1Oh48~—
A 5 U N T O
Reso udón de recurso de casación interpuesto por e econorista Mario Pinto
Salazar, en calidad de Gerente General y corno tal representante egal de la
Corporacón Adua-~era Ecuatoriana (Actual Servicio Nacona de Aduana dei
bc~aoor en contra de la sentenc~a dictada el 12 de no\embre de 2010, las
,
15h58, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en
a ciudad de Quito, dentro del juicio de acción directa de pago por consignación
de créditostributarios No. 2004-22482, propuesto por el señor Bruce Martín, en
calidad de -epresentante legal de la compañía SCHLUMBERGER SURENCO
SA., en contra del Gerente oel Primer Distrito de a Corporación Aduanera
Ecuatoriana, respecto a la Liquidación de la Declaración Aduanera ÚnicaDAU
No. 10731652, refrendo No. 019-04-10-007234-0-01 de 19 de julo de 2004.
1. ANTECEDENTES
1.1 Del recurso de casación interpuesto por el Gerente General de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana: Mediante escrito de 3 de diciembre de
2010, el economista Mario Pinto Salazar, en calidad de Gerente Genera y
como tal representante legal de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,
1
CORTE ~,&CiONAL DE
Recurso No. 2O1l~0051
fundamentó el recurso de casación en as causales primera, tercera y quinta
del art. 3 de [a Ley de Casación. Estimó que en la sentencia recurrida se
infringieron Jas siguientes normas de derecho: Falta de aplicación de los arts.
19 de a Ley de Casación, 258 y 262 del Código Tributario; y, aplicación
indebida del art. 290 del Código Tributario,
1/ii E recurrente fundamenta su recurso de a siguiente manera: 1. Que la
acción de pago por consignación se encuentra determinada por el Código
Tributario; que en la sentencia recurdda claramente se puede apreciar que el
Tribunal a quo aplica indebidamente el art. 290 del Código Tributario, pues
pese a que en el considerando TERCERO” de la sentencia recurrida cita” el
contenido de la referida norma legal, y en el considerando “CUARTO”. de
manera inusual el Tribunal a quo afirma: .Esta afirmación del Procurador
“. .
Fiscal, constituye evidencia suficiente que demuestra la negativa de la
Administración Tributaria Aduanera a recibir el pago de los tributos al comercio
exterior Resulta por tanto evidente que la Administración Aduanera a
(...).
travésde su agente de recaudación se ha negado recíhir el pago de los tributos
al comercio exterio que con tal subjeti’v’o análisis y afirmación, fuera del
contenido del art 290 del Código Tributario, acepta la demanda, sin merecerle
el más mínimo análisis el hecho de que el actor de ninguna manera ha
demostrado la negati\fa del recaudador a recibir el pago; que la Sala mezcla el
asunto controvertido, esto es, el pago por consignación que el actor pretende
se reconozca, con la imposición de la multa relacionada con el refrendo No.
019-04-10-007234-0-01, respecto de lo cual, según consta en el libelo de
demanda, el propio actor en el numeral 3 de os FUNDAMENTOS DE HECHO”
afirma “está siendo impugnada ante la Administración Aduanera
correspondiente’Ç y sin ningúntipo de explicación ni motivación legal, considera
que el Procurador Fiscal” con la contestación a la demanda, ha evidenciado de
manera suficiente la negativa de la Administración Aduanera a recibir el pago
2
—
a
/
c:FTE :~cic’:~.~i ca
Recurso No, 201 1-0061
de los tributos al comercio exterior; que con su afirmación, que no es otra que
la DEFENSA DE LOS iNTERESES DE LA ADMINiSTRACIÓN ADUANERA. 10
cual debió y debe entenderse intrínsecamente como tal, y sí al análisis propio
de la contestación a la demanda se quería referir el Tribunal a quo, debió
tambiénanalizar LA NEGATI\/A PURA Y SIMPLE DE LOS FUNDAMENTOS
DE HECHO Y DE DERECHO alegados tambiénen el libelo de contestación a
la demanda por la Administración Tributaria Aduanera, respecto de lo cual
viene bien al caso mencionar que existen tambiénfallos de triple reiteración en
los cuales se determina: es obligación del actor demostrar los hechos que
“..
ha propuesto aflrmativamente en su demanda y que ha negado expresamente
la autoridad demandada salvo aquellos hechos que se presumen
legalmente... que así consta en los fallos 8-98, RO 542 de martes 26 de
“;
marzo de 2002, 19-98, RO 542 de martes 26 de marzo de 2002, 37-98, RO 166
de martes 19 de septiembre de 2000, con lo cual además queda demostrada la
falta de aplicación del art 19 de a Ley de Casación. 2. Que en el fallo recurrido,
existe taIta de aplicacion del art. 19 de la Ley de Casación, ya que en el
considerando TERCERO la Sala dice: en tal sentido existe Jurisprudencia
emanada de la Sala de lo fiscal de la extinguida Corte Suprema de Justicia
constante, entre otros, en los siguientes fallos: 30- 95 de 23 de junio de 1998,
registro Oficial 377 de 6 de agosto de 1998; 63-98 de 3 de junio de 199,
Registro Qflcial 249 de 5 de agosto de 1999 y nuevamente, deja
simplemente “citado’ lo referido y no se entiende cómo pese a ello inaplica el
art. 19 de la Ley de Casación; que los precedentes jurisprudenciales invocados
por el Tribunal a quo y varios más dictados por la extinguida Corte Suprema de
Justicia, recalcan: constituye requisito indispensable demostrar en debida
.
forma procesalmente, la negativa del recaudador a recibir el pago directo”; que
la Sala pese a citar los fallos de triple reiteración referidos, se pronuncia a favor
del actor sin que del proceso conste objetiva ni materialmente documento
3
Recuiso No. 2011-0061
alguno que pueda probar “en debida forma” la negativa del recaudador a recibir
el pago aludido por el actor. 3. Que la Sala de instancia inaplica el art 258 del
Código Tributario, y en el presente caso, ¿cuál es para criterio de la Sala el
hecho negativo que debe probar la Administración Aduanera?, pues estamos
frente a un proceso judicial de pago por consignación, del cual claramente se
puede determinar que carece de la prueba objetiva de la negativa del
recaudador, y pese a ello, se ACEPTA la demanda con la más evidente falta de
motivación y además inaplica el art. 262 del Código Tributario. 4.- Que la
sentencia recunida es contradictoria, pues no se entiende como cita
antecedentes jurídicos aplicables a la misma, y sin embargo de ello no los
aplica y en su lugar de manera subjetiva y no apegada a derecho determina
presupuestos fácticos atinentes a la contestación a la demanda por parte de la
Administración Tributaria Aduanera, utilizados en contra de la propia
Administración; que la contradicción se verifica del contenido de los
considerandos “TERCERO” y “CUARTO” de la sentencia recurrida, y la parte
resolutiva de la misma, cuando la Sala reconoce por una parte que el requisito
“sine qua non”, para que se configure el pago por consignación consistente en
la negativa del funcionario recaudador tributario a recibir del contribuyente,
responsable o tercero, el pago de todo o parte de una obligación tributaria,
reconoce además intrínsecamente que el actor no ha demostrado sus
afirmaciones, pues nada se dice respecto de ello en la sentencia dictada, y a
pesar de reconocer la aplicación del art. 290 del Código Tributario, en base a
apreciaciones subjetivas y confusas según la, Sala aportadas por la
Administración Tributaria Aduanera, ACEPTA la demanda interpuesta, lo cual
sin mayor análisis y en méritomismo del proceso judicial, resulta a todas luces
contradictorio.
1.2 Del recurso de casación interpuesto por el Gerente Dlstrital de
Guayaquil de la Corporación Aduanera Ecuatoriana: A travésdel escrito de
4
CC~TE NACIONAL DE
JUJ~Ç~4
Recurso No. 2011~0061
7 de diciembre de 2010, el economista Fabián Soriano idrovo. en calidad de
Gerente Distrital de Guayaquil de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,
fundamentó el recurso de casación en la causal tercera del art. 3 de la Ley de
Casación. Estimó que en la sentencia recurrida se infringieron las siguientes
normas de derecho: Indebida aplicación del art, 258 del Código Thbutario; y,
falta de ap[icación de ios arts, 290 y 262 del Código Tributario.
‘12.1 ~especto a la causal tercera el casacionista anrma que la Codmcacion
del Codigo ributario en su art. 258 expresa el sujeto que posee la carga de la
prueba, y el artículo 262 del mismo cuerpo legal, indica las facultades oficiosas
que posee el Tribunal para solicitar cuantas pruebas considere necesarias para
el esclarecimiento de la verdad; que el Tribunal en el considerando CUARTO
de su sentencia, deja a un lado la correcta aplicación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba, por cuanto, no existiendo la
demostración plena de la negativa por parte del funcionario recaudador los
Juzgadores asumen esa negativa, citando que en la contestación de la
demanda el Procurador Fiscal del Gerente del Phmer Distrito de la Corporación
Aduanera Ecuatoñana indica: “el ADMINISTRADO NO HA EJERCIDO EL
PAGO PARA ANTE LA ADUANA PORQUE EL SISTEMA INTERACTIVO DE
COMERCIO EXTERIOR PARALELAMENTE LIQUIDÓ LA MULTA DEL 10%
DEL \/ALOR CIE CONJUNTAMENTE CON LOS TRIBUTOS AL COMERCIO
EXTERIOR QUE SE DERIVAN DE LA IVACIONALIZACIÓNA CONSUMO DE
LAS MERCANCÍAS y concluye: ‘L.Esta afirmación del Procurador Fiscat
constituye prueba suficiente que demuestra la negativa de la administración
Tributaria Aduanera a recibir el pago ; que para la valoración de las pruebas,
el juzgador debe utilizar las reglas de la sana crítica, dejando a su discreción la
apreciación de las pruebas, pero sin que esta discrecionalidad en la
apreciación conlleve a una notoriamente equivocada, arbitraria, absurda o
irracional valoración; que esta falta de aplicación de las normas para valorar las
5
CORTE ~•LÇCiONAL DE
JUSTLCL4
Recurso No, 20W0061
pruebas produce un absurdo Jurídico, por cuanto no existen elementos
probatorios que confirmen la negativa de cobro; que no se ha demostrado en
ningún momento que existió una negativa por paile de la Corporación
Aduanera Ecuatoriana de aceptar el pago que pretendía realizar la compañía
actora; que en la sentencia en su consioerando ERCERO se cita: De
‘.
conformidad con ío que dispone el articulo 290 del Código Orgánico Tributario,
procede la acción de pago por consignación siempre que el recaudador de
obligaciones tributarias, por sí o por orden de autoridad administrativa superioi~
se negare a recibir del coi7t!íhuyente o responsable o de un tercero, el pago de
todo o paite de una obligación trihutai/a, en los casos de los artículos 49 y 50
(.7’,
de este Código. que la Sala continua motivando la aplicación del artículo
citado indicando acertadamente lo siguiente: “la condición legal que posihilita la
deducción de la acción de pago por consignación y la consiguiente procedencia
de la misma consiste en la demostración plena que ha existido la negativa del
funcionario o empleado encargado de la recaudación de tributos que ante
(...)“;
tal razonamiento se puede concluir que en el caso que el accionante durante el
proceso no pudiere demostrar plenamente la existencia de la negativa de cooro
por parte del funcionario recaudador, esta ineficacia debería provocar la
improcedencia de la demanda, pero a Sala de instanda, aplica de manera
errónea el art. 290 del Código Tributario, y esta falta de demostración de la
negativa de cobro por parte del accionante no produce el efecto legal
apropiado, que sería en este caso, declarar sin lugar la demanda de pago por
consignación, sino más bien a criterio del Tribunal produce la declaración con
lugar de la Acción de Pago por Consignación presentada por la compañía
SCHLUMBERGER SURENCO SA
1.3 Es pertinente indicar que en la sustanciación del recurso de casación,
constan las siguientes actuaciones judiciales:
6
q
CORTE NACIONAL DE u
‘.4 , — —
— .1
-
Recurso No. 2011~006t-
o
1.3.1 [íe~ame auto ce 24 de rebrero de 2011. las 11h15 os cor~uece~F~.
permanentes de fa Sala de lo Contencioso Tributario oc a Corte Nacional de
Justicia, admiten a trámite los recursos de casación nterpuestos por la
administración tributaria aduanera, de acuerdo a lo estableddo en el art. 7 de la
Ley de Casación, y se pone en conocimiento de las partes a recepción del
proceso, concediéndoseel términode cinco días para o mes prev’stos ei e
art. 13 de la misma Ley.
1.3.2 La compañía SCHLUMBERGER SURENCO S.A., no ha dado
contestación a los recursos interpuestos por las autoridades de la Corporación
Aduanera Ecuatoriana, CAE (Actual Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,
SENAE).
1.3.3 Mediante sentencia de mayoría de 30 de mayo de 2013, las 09h30, (fs.
13-15 y vta, del expediente de casación), la Sala Especalizada de lo
Contencioso i ributano os a Corte Nacional de Justicia, rechaza los recursos
nterpuestos por la autoridad tributana demandada.
1.3.4 Con fecha 26 de Juno de 2013 (fs. 23-28 del cuadernillo de casación), el
economista Pedro Xavier Cárdenas F\4oncayo, en calidad de Director General
de Servicio Nac’onal de Aduana del Ecuador (Anterior CAE), presenta para
ante la Corte Constitucional, Acción Extraordinaria de Protección en contra de
a sentencia de mayoría de 30 de mayo de 2013, emitida por la Sala
Especia izada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
dentro del recurso de casación No. 61-2011, acción éstaque mediante auto de
28 de junio de 2013, las 09h00, (fs. 32 del cuadernillo de casación), ha sido
remitida a la Corte Constitucional para los fines pertinentes.
1.3.5 La Corte Constitucional del Ecuador mediante sentencia No. 093-17-SEP-
CC de 5 de abril de 2017, en el caso No. 1120-13-EP (fs. 37-46 del expediente
7
.4
Recurso No. 2011-0061
de casación), declara la vulneración de los derechos constitucionales al debido
proceso en la garantía de la motivación y a la seguridad jurídica, previstos en
los artículos 76 numeral 7 literal 1 y 82 de la Constitución de la República,
aceptando la acción extraordinaria de protección, y disponiendo como medidas
de reparación integral: 1. Dejar sin efecto la sentencia del 30 de mayo de 2013,
dictada por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributado de la Corte
Nacional de Justicia, dentro del proceso signado con el No. 61-2011; 2.
Retrotraer los efectos del proceso hasta el momento anterior a la emisión de la
sentencia dictada el 30 de mayo de 2013, por la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de
casación No. 61-2011; y, 3. Que previo sorteo se conforme un nuevo Tribunal
de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, a fin de que conozca y resuelva sobre el recurso de casación
presentado, conlórme a la Constitución de la Repúblicay la Ley. Por lo tanto,
dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional del Ecuador
corresponde a esta Sala Especializada conocer y resolver el recurso de
casación interpuesto por el economista Mario Pinto Salazar, en calidad de
Gerente General y como tal representante legal de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana (Actual Servicio Nacional de Aduana del Ecuador).
1.4 El Tribunal a quo en la sentencia recurrida: .declara con lugar la acción
de pago por consignación deducida por el Representante Legal de la empresa
SCHLUMBERGER SURENCO 5. A., en contra del Gerente del Primer Distrito
de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. En consecuencia, de conformidad
con lo dispuesto pro (sic) el artículo 293 del Código Orgánico Tributario, elpago
por consignación por USD. 9,557.75 efectuado por SCHLUMBERGER
SURENCO S.A., debe imputarse en la forma solicitada por ésta en su
demanda; es decir, el pago de los tributos al comercio exterior incluidos los
intereses de mora a la fecha de pago por consignación. Para el efecto, se
8
~‘J9
A’
JIZJSTICIA
;.
Recurso No. 2011-G0~. \>‘
dispone que el Banco Nacional de Fomento, organismo ante el cual se he:
efectuado la consignación por el valor de uso. 9,557.75, confoln7e consta de la
CERTIFIcACIÓN extendida por el Gerente Zonal l~4ario Tel/o Quintero, fojas
29; y del comprobante de depósito NúmeroSB-486 de 27 de agosto de 2004
en la cuenta corriel7te /\lO 0016000927 Depósitos Judiciales del Tribunal Distrital
de lo FiscalN° 1 correspondiente aIDAU N° 10731652 refrendo N° 019-04-10-
007234-0, factura f\ID NA116936. fojas 33 de los autos. transfiera a la Gerencia
del Primer Distrito de la Coiporación Aduanera Ecuatoriana, pal-a que la
acredite a las obligaciones tdhutaiias mencionadas en la demanda
2. [NTEGRAC[ÓN DE LA SALA
2.1 Mediante sorteo de 8 de agosto de 2017, las 15h30, le ha correspondido
conocer y resolver los recursos de casación interpuestos por a admnistración
tributaria aduanera a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tibutario de la
Corte Nacional de Justicia, integrada por el doctor JoséLuis erán Suárez,
Juez Ponente Nacional, por la doctora Ana María Crespo Santos. Jueza
Nacional, y por el doctor Juan Gonzalo ¡\4ontero Chávez, Conjuez Nacional.
3. JURISDICCIÓNY COMPETENCIA
3.1 Este Tribunal Especializado es competente para conocer y resolver el
presente recurso de casación, en virtud de las Resoluciones Nos. 004-2012 de
25 de enero de 2012 y 341 -2014 de 17 de diciembre de 2014, emitidas por el
Pleno del Consejo de la Judicatura; Resoluciones Nos. 01-2015 y 02-2015 de
28 de enero de 2015, expedidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia;
así como por el sorteo que consta en el proceso y en atención a lo previsto en
9
CORTE NACTO!JAL DE
los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la RepúblicaEcuador, 185
segunda parte, número1 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo
1 de la Codificación de la Ley de Casación.
4. VALIDEZ PROCESAL
4.1 En la tramitación del presente recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones y no
existe nulidad alguna que declarar.
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
5.1 El Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE (actual
Director General del Servido Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE), con
sustento en las causales primera, tercera y quinta del art. 3 de la Ley de
Casación, formula los siguientes cargos en contra de la sentencia dictada el 12
de noviembre del 2010, las 15h58, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de
lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito:
Cargo 1: “Falta de aplicación” de los arts. 19 de la Ley de Casación, 258 y
262 del Código Tributado; e, “indebida aplicación” del art. 290 del Código
Tributado.
Cargo 2: “Haberse adoptado decisiones contradictorias” en la parte
dispositiva de la sentencia.
6. CONSIDERACIONES Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMAJURÍDICO
PLANTEADO
lo
Recurso No. 201i~0061
6.1 El recurso de casación es de carácter extraordinario, de alta técnica
jurídica, formal y excepcional, cuyo principal objetivo es la defensa del ius:r::
constltutionis, esto es, protege el ordenamiento jurídico imperante a travésde
la correcta interpretación y aplicación del Derecho, con el propósito de hacer
efectivos los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad en la
aplicación de la Ley, mediante dos vías ordenadas: por un lado, la llamada
función nomofiláctica de protección y salvaguarda de la norma, y por otro lado
la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación del
derecho objetivo. Así las cosas, la crítica del recurrente a la sentencia de
instancia, para conseguir ser examinada por la Sala de casación, tiene por
objeto las consideraciones de ésta,que constituyan la retía decidendí del fallo.
6.2 La doctrina y la jurisprudencia orientan que cuando se acusa al fallo de
hallarse incurso en varias causales, para resolver los cargos expuestos en
virtud de un recurso de casación, el Tribunal debe seguir un orden lógico
jurídico, impuesto no por la voluntad de los juzgadores sino por las
implicaciones de los vicios que pudieran afectar la sentencia. Así, en el
presente caso, esta Sala Especializada comienza con el estudio de la causal
quinta del art. 3 de la Ley de Casación, para luego continuar con la tercera y
posteriormente con la primera.
6.3 El recurrente, con fundamento en la causal quinta del art. 3 de la Ley de
Casación, fundamenta su recurso señalando lo siguiente: «4.- La sentencia
recurrida es contradictoria, pues no se entiende como cita antecedentes
jurídicos aplicables a la misma, y de manera subjetiva y no apegada a derecho
determina presupuestos fácticos atinentes a la contestación a la demanda por
parte de la Administración Tributaria Aduanera, utilizados en contra de la propia
Administración, los cuales además como ha quedado mencionado son
inaplicables en la presente causa en razón de la negativa pura y simple de los
1;
11
CC)r:TE ~CTC~:E~L Ecli
fUSTLCL&
Recurso No. 20sí1.70061
fundamentos de hecho y de derecho de la demanda alegados entre otros por la
Administración Tributaria Aduanera. la contradicción se vei-ifica oc! contenido
de los considerandos “TERCERO’7 y “CUARTO” de ¡a sentencia recui-rida, y le
pal-te Resolutiva de la misma, cuando la Fi. Sa/a reconoce por una palíe que el
requisito “sine qua non’: para que se configure el pago por consignación
consistente en la negativa del funcionario recaudador tributario a recibir del
contribuyente, responsable o tercero, el pago de todo o palie de una obligación
tributaria. reconoce además intrínsecamente que el actor no ha den7ostrado
sus afirmaciones, pues nada se dice respecto de ello en la sentencia dictada, y,
a pesar de reconocer la aplicacióh del Art. 290 del Código Tributario, en base a
apieciaciones subjetivas y confusas según la Sala aportadas por la
Administración Trihutaiia Aduanera, ACEPTA la demanda interpuesta, lo cual
sin mayor análisis y en mériton7ismo del proceso judicial, resulta a todas luces
contradictoi-io
&3.í El artículo 3 de la Ley de Casación, establece que el recurso de casación
solo podra fundarse en las siguientes causales: ‘5. Cuando la sentencia o auto
170 contuvieren los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se
adopten decisiones contradictorías o incompaübles’~
Esta causal se refiere a la transgresión de normas relacionadas con la
estructura, contenido y forma de la sentencia o auto, la que se configuraría de
tres formas: Por defectos en la estructura del fallo que se dan por la falta de
requisitos exigidos por la ley para la sentencia o auto; por haberse adoptado
decisiones contradictorias en la parte dispositiva de la sentencia; y, por haberse
adoptado decisiones incompatibles en la parte dispositi\’a de la sentencia.
El Dr. Santiago Andrade Ubidia, respecto a esta causal sostiene que:
pueden presentarse vicios de inconsistencia o incongruencia en el fallo
mismo, cuando no hay armonía entre la palie considerativa y la resolutiva, (...)
12
e”
E’AC rALDE
1 —.
Recurso No. 2Of10~1
a/igual que la contradicción o ~?compatihiIidad en la palie dispositñ’a:”d~f3e
• _
entenderse que estos vicios emanan del simple análisis e fa o cuestionado y
no de la confrontación entre éste. la demanda y la contestación El fa/fo
casado será incongruente cuando se contradiga a sí mismo. en cafl7hiO sei-á
inconsistente cual?do la conclusión del silogismo no esré debidamente
respaldada por las premisas del mismo. El recurrente deberá efectuar el
al?álisis demostrativo de la incongruencia o inconsistercia acusaoas. a fin de
que el tribunal de casación pueda apreciar si existe reairrerte o no el vicio
alegao’o’~ (Andrade Ubidia, Santiago, “La Casación Ovil en el Ecuador”,
Andrade & Asociados Fondo Editorial. Quito-Ecuador, 2005, pág. ‘36
Luis Cueva Carrión en su obra “La Casación en materia civil”, Ediciones Cueva
Carhón. Ecuador 2011, pág. 330, al respecto dice: “La sentencia es pieza
fúndamental que pone fln a la instancia o al proceso, segúnel caso, en ella se
decide sobre los fundan7entos de hecho y de dei-echo que constituye!? la patie
vertebral de todo juicio y su razón de ser; por lo tanto, debe ser redactada en
forma clara, precisa, sin hacer uso de frases oscuras c indeterminadas; las
decisiones que en ella se a.dcpten no pueden ser incorr ribles entre sí, ni
contradictorias, de set-lo, se tornaría difícil, imposible quicá, ejecutarla. Toda la
sentencia debe guardar armonia y congruencia entre sus partes y con el
proceso. .Cuando la Ley de Casación alude a lo contradictorio se refiere a la
segunda ley de la Lógica, a la ley de la no contradicción. El enunciado de este
principio lógico es el siguiente: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo
en igualdad de circunstancias. Su forma abstracta es ésta:A no puede ser Ay
no A al mismo tiempo. Esto significa que la afirmación y la negación de una
misma cosa no pueden ser verdaderas. Lo que predicamos de una cosa es o
no es... En suma: este principio nos enseña que dos juicios contradictorios no
pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Este principio tiene su fundamento en
dos evidencias: la una de carácter lógica: dosjuicios contradictorios no pueden
13
Recurso No. 20íi~006í
ser verdaderos el mismo tiempo: y la otra, ontológica: un mismo objeto no
puede ser y ser al mismo tien7po E_n relación con el vicio de
170
incompatibilidad, señala.: lo incompatible es aquello que no concuerda con
‘..
una cosa, que distorsiona. que no guarda relacion oc proporcion entre un
objeto y otro. que no puede unirse, que se excluye... (Ob. Oit., pp. 330 336).
‘~ -
S~32 En este orden de ideas, a fin de establecer si se conflgura o no el cargo
invocado por el recurrente, esta Sala Especializada realiza las siguientes
puntualizaciones: í) Ouando el recurso de casación se fundamento en el causal
quinta del art. 3 de la Ley de Casación por el cargo de contrad[cc[ón en la
parte dispositiva de la sentencia, se debe analizar exclusivamente la sentencia
a ~n de determinar si el fallo casado se contradice a si mismo; u) En la especie,
el recurrente manifiesta que la sentencia recurrida es contradictoria por lo
expuesto en los considerandos ‘TERCERO’ y ‘CUARTO” en relación con su
parte resolutiva; asi, sostiene que la Sala de instancia reconoce por una parte
que el requisito “sine qua non” para que se configure el pago por consignación
es la negativa del funcionario recaudador tributario a recibir del contribuyente,
responsable o tercero, el pago de todo o parte de una oblfgacion tributana, y
que a pesar de ello en base a apreciaciones subjetivas y confusas ACEPTA la
demanda interpuesta; iii) En los considerandos TERCERO y CUARTO de la
sentencia recurrida el Tribunal a quo expone: “TERCERO.~ De conformidad con
lo que dispone el artículo 290 del Código Orgánico Tributario, procede la acción
de pago por consignación siempre que el recaudador de obligaciones
tributarias, por sí o por orden de autoridad administrativa superior, se negare a
recibir del contribuyente o responsable o de un tercero. el pago de todo o parte
de una obligación tributaria, en los casos de los artículos 49 y 50 de este
Código. La condición legal que posihilita la deducción de la acción de pago por
consignación y la consiquiente procedencia de ¡a misma consiste en la
demostración plena que ha existido la negativa del funcionario o empleado
14
PE NAC’ AL DE
~9.
Recurso No. 2O11-’0061
U)
encargado de la recaudación de tributos: en tal sentido existe iurispruden&e.
emanaoa oc a Sa a oc o fiscal de la extinguida Corte Suprema de ~usticfa
constante. entre otros. en os siguientes fallos: 30-95 de 23 de junio de 1998.
registro O~icial 3~ de 6 de agosto de 1998; 63-98 de 3 de junio de 199(sic~,
Reg’sto O~ic& 249 de 5 de agosto de 1999; 65-98 de 29 de junio de 2000,
registro Ofic’al 66 de 9 de septiembre de 2000; 37-2003 de 1 de junio de
2003, registro Oficial 229 de 10 de diciembre de 2003. Además, la Sala de
Casación mencionada. en el fallo 5-2000 de 20 de junio de 2000, Registro
Oficial 139 de 11 de agosto de 2000. ha sentado el criterio de que al hablar de
pago como medio de extinción de las obligaciones tributarias, el Código
Tributario con sus artículos 37 al 49. desarrolla las formas o modalidades, los
requisitos y más circunstancias relacionadas con dicho pago y es el artículo 49
el que se refiere en forma expresa y concreta a una de esas formas de realizar
el pago, muy comúntratándose de obligaciones tributaras, por lo que el Código
Tributario desarrolla con mayor amplitud el sistema de pago por consignación
en los artículos 306 al 313, por tanto, dice el fallo, si entre las excepciones
opuestas figura la del pago por consignación, ella es procedente. CUARTO.-
En la especie, de autos consta a fojas 38 a 48 la contestación a la demanda
efectuada por el por el Procurador Fiscal del Gerente del Primer Distrito de fa
Corporación Aduanera Ecuatoriana, en cuyo párrafo tercero de fojas 46, afirma
textual. el ADMIMSTRADO NO HA EJERCIDO EL PAGO PARA ANTE LA
ADUANA PORQUE EL SISTEMA INTERACTIVO DE COMERCIO EXTERIOR
PARALELAMENTE LIQUIDÓ LA MULTA DEL 10% DEL VALOR CIF
CONJUNTAMENTE CON LOS TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR QUE
SE DERIVAN DE LA NACIONALIZACIÓN A CONSUMO DE LAS
MERCANCÍAS Esta afirmación del Procurador Fiscal, constituye prueba
suficiente que demuestra la negativa de la administración Tributaria Aduanera a
recibir el pago de los tributos al comercio exterior que generó el cambio de
15
régimen de las importaciones temporales con reexportación en el í?7í51770
estado a régimen de consumo que ascienden al valor de USD. 9.557.75
incluidos los intereses de mora a la fecha de pago. Resulta por tanto evidente
que la Administración Aduanera a travésde su agente de recaudación se ha
negado recibir el pago de los tributos al comercio exteror sin considerar las
multas, actuando en contra de lo dispuesto en la Ley; con 10 cual se ha
cuí??pudo el requisito exigido por el aitículo 290 del Código Orgánico Ti-ibutar/o,
ratificado por la Jurisprudencia sentada por la Sala de lo Fiscal de la extinguida
Corte Suprema de Justicia, lo cual hace que la acción deducida sea legalmente
procedente”; iv) De lo expuesto en la sentencia impugnada, este Tribunal de
Casación advierte que la Sala de instancia, en el considerando TERCERO,
efectivamente afirma oue la condición leqal cue oosibilita la deducción de la
acción de ~aqo ~or consianación y la consiquiente orocedencia de la misma
consiste en la demostración Diena de oue ha existido la necativa del funcionaño
o emoleado encarqado de la recaudación de tributos, recurriendo para
sustentar tal afirmación a fallos de triple reiteración expedidos por la Sala de o
Fiscal de la ex Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en el considerando
CUARTO, sin que exista constancia procesal de tal demostración que
evidencie la negativa de la administración thbutaria aduanera a recibir el pago
de los tributos al comercio exterior, afirma que la acción deducida es
legalmente procedente, declarando con lugar la acción de pago por
consignación deducida por el representante legal de a empresa
SCHLUMBERGER SURENCO SA.. lo cual sin lugar a dudas es contradictorio,
En efecto, esta Sala Especializada considera que el artículo 290 del Código
Tributario es claro al establecer que procede el pago por consignación siempre
que un recaudador tributario, por sí o por orden de autoridad administrativa
superior, se negare a recibir del contribuyente o responsable o de un tercero, el
pago del todo o parte de una obligación tributaria. De ahí que, de acuerdo a lo
16
CC:ETE !‘~kCiC~NAL DE
JA
Recurso No, 2011~0061
previsto en el artículo 258 del Código Thbutaho, era oblinación del actor
demostrar cue el recaudador thbutario de la Comoración Aduanera Ecuatoriana
(CAE’). oor sí o oor orden de autoñdad administrativa suoeñor. se nenó a recibir
de la comDañía SCHLUMBERGER SURENCO SA.. el del todo o Darte
DCQO
de USD $9.557,75. corresnondiente a la totalidad de los imouestos
OS
causados en el DAU No. 10731652. En la especie no existe tal demostración.
pues el Tribunal a quo ha tomado como un elemento de prueba para justificar
su decisión, un extracto de la contestación a la demanda efectuada por el
Procurador Fiscal del Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera
Ecuatoriano, que dice: “el ADMINISTRADO NO HA EJERCIDO EL PAGO
PARA ANTE LA ADUANA PORQUE EL SISTEMA INTERACTIVO DE
COMERCIO EXTERIOR PARALELAMENTE LÍQ UIDÓ LA MULTA DEL 10%
DEL VALOR CIE CONJUI\ÍTAMENTE CON LOS- TRIBUTOS AL COMERCIO
EXTERIOR QUE SE DERIVAN DE LA NACIONALIZACIÓNA CONSUMO DE
LAS MERCANCÍAS lo cual contraría lo dispuesto en el artículo 260 del
Código Tributario que establece que son admisibles en el procedimiento
contencioso thbutario todos los medios de prueba determinados en la ley.
excepto la confesión de funcionarios y empleados públicos.Es sabido por los
estudiosos del Derecho que los medios de prueba en materias no penales son
la confesión de parte, los instrumentos públicoso privados, las declaraciones
de testigos, la inspección judicial y los dictámenes de peritos o de intérpretes;
en tal virtud, la contestación a la demanda no es un medio de prueba
reconocido como tal por la ley para demostrar los hechos alegados por las
partes, en este caso la negativa del recaudador tributario de la administración
aduanera a recibir el pago de los tributos al comercio exterior. En
consecuencia, el Tribunal juzgador no podía extraer, arbitraria y
discrecionalmente, un párrafo de la contestación a la demanda efectuada por la
autoridad tributaria demandada para afirmar que con dicho texto se ha
17
demostrado la negativa de la administración tributaria aduanera a recibir el
pago de los tributos al comercio exterior y) En conclusión, tomado en cuenta
que la contestación a la demanda no constituye un medio de prueba, y siendo
que éstees el únicoelemento fáctico que le llevó al juzgador para conduir que
se ha cumplido el requisito exigido en el articulo 290 del Código Tributado, es
evidente que dicha declaración es contradictoria con lo expuesto por el mismo
Tribunal en la parte considerativa y motiva de su sentencia, en relación con la
decisión adoptada en su parte dispositiva. Por lo expuesto, en la especie si se
configura el vicio de contradicción de la sentencia, al amparo de la causal
quinta del art. 3 de la Ley de Casación; vi) Este Tribunal Especializado
considera que al haberse demostrado el vicio de contradicción de la sentencia
impugnada, que resuelve el litigio, no es necesario analizar los demás cargos
invocados por la aútoridadtributaria demandada.
7. DECISIÓN
7.1 Por los fundamentos expuestos, la Corte Nacional de Justica, Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario, Administrando justicia, en
nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la
Constitución y las leyes de la República,resuelve:
8. SENTENCIA
8.1 CASAR la sentencia dictada el 12 de noviembre del 2010, las 15h58, por la
Primera Sala del Tribunal Distiital de lo Fiscal No. 1; con sede en la ciudad de
Quito.
18
Cc TE3;kC1O:C~.L DE
JUST1CL4
Recurso No. 20i1-006~ e
8.2 RAT[F[CAR a validez y legitimidad de a Liquidación de la Declaración
Aduanera Unica DAU No. 10731652. refrendo No. 019-04-10-007234-0-01 de
19 de julio de 2004, expedida por el Gerente del Primer Distrito de a
Corporación Aduanera Ecuatoriana.
8.3 Actúela Ab. Jahaira Estefanía Can’ajal Gaibor, en calidad de secretaria
relatora de la Sala Especializada de lo Contencioso Thbutario.
8.4 Sin costas.
8.5 Ccmuníquese, publíquese y devuélva~éa la Sala de o n.
//
/ /
~ //
/ y /
Dh JoséLuis Terán~á~ez
/ JUEZ NAC[ONAt
Qra~AnaMaríaCr~spoSanto% Dr~}1án Montero Chávez
J~FEZiÑ~C[ONAL CONJUEZ NACLONAL
Certifico.
A
Ah. Jahafr~.E~tefanía Carvajal Gaibor
7i /
SE~RETAR[A RELATORA
19
En Quito. viernes seis de octubre del ¿os mii diecisiete. a partir de las once horas DA
y
diecinueve minutos. me4iante boletas judiciales noziflquéla SENTENCIA que amecede a:
BRUCE MARTEN Cft SCFIUMBERGER SURENCO 5. A. en le. casulla No. 3931
corr&~ &ectrórdcn raid~ribadeneiraabogados.&2Dntec. GERENTE GENERAL Y GERENTE
DEL PRIMER DISTRITO DEL SENAE er la carilla No. 1346 c.crreo electrónico
xaviervaiiejo2fli i’d:hotmaü.ccm aerardo.-tllek Z 4forosbogados.ec.
1346.ssr(itaduana.grb.ec del Dr.!At. GERARDO XAVIER VALLEJO CHOEZ.
P~OCLRADOR GENERAL DEL ESTADO en la casilla No, IZQO. Certif~cc.
AB. JAHAIRA GAIBORMSC
LIGLk.MEDLk\TILLA
RAZÓN: Siento como tal que las 11 fotocopias que anteceden son iguales a los
originales que constan dentro del Juicio No. 17501-2004-22482 (Recurso de
Casación No. 17751-2011-0061), que sigue la compañía SCHLUMBERGER
SURENCO SA, en contra del DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL
DE ADUANA DEL ECUADOR (EX CAE), las mismas que las confiero
debidamente certificadas. Quito, 13 de octu)e deI 2017. Certifico.
AB. JA ~~TEFANlA CARVAJAL GAIBOR
r’CRETARIA RELATORA |
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA
~
1 :~
Recurso No.201-0061. ¿
--~
CORTE NAC[ONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPEC[AL[ZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZ PONENTE: DEL DR. JOSÉLUIS TERÁN SUÁREZ
Quito, viernes 6 de octubre de]. 2017, las 1Oh48~—
A 5 U N T O
Reso udón de recurso de casación interpuesto por e econorista Mario Pinto
Salazar, en calidad de Gerente General y corno tal representante egal de la
Corporacón Adua-~era Ecuatoriana (Actual Servicio Nacona de Aduana dei
bc~aoor en contra de la sentenc~a dictada el 12 de no\embre de 2010, las
,
15h58, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en
a ciudad de Quito, dentro del juicio de acción directa de pago por consignación
de créditostributarios No. 2004-22482, propuesto por el señor Bruce Martín, en
calidad de -epresentante legal de la compañía SCHLUMBERGER SURENCO
SA., en contra del Gerente oel Primer Distrito de a Corporación Aduanera
Ecuatoriana, respecto a la Liquidación de la Declaración Aduanera ÚnicaDAU
No. 10731652, refrendo No. 019-04-10-007234-0-01 de 19 de julo de 2004.
1. ANTECEDENTES
1.1 Del recurso de casación interpuesto por el Gerente General de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana: Mediante escrito de 3 de diciembre de
2010, el economista Mario Pinto Salazar, en calidad de Gerente Genera y
como tal representante legal de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,
1
CORTE ~,&CiONAL DE
Recurso No. 2O1l~0051
fundamentó el recurso de casación en as causales primera, tercera y quinta
del art. 3 de [a Ley de Casación. Estimó que en la sentencia recurrida se
infringieron Jas siguientes normas de derecho: Falta de aplicación de los arts.
19 de a Ley de Casación, 258 y 262 del Código Tributario; y, aplicación
indebida del art. 290 del Código Tributario,
1/ii E recurrente fundamenta su recurso de a siguiente manera: 1. Que la
acción de pago por consignación se encuentra determinada por el Código
Tributario; que en la sentencia recurdda claramente se puede apreciar que el
Tribunal a quo aplica indebidamente el art. 290 del Código Tributario, pues
pese a que en el considerando TERCERO” de la sentencia recurrida cita” el
contenido de la referida norma legal, y en el considerando “CUARTO”. de
manera inusual el Tribunal a quo afirma: .Esta afirmación del Procurador
“. .
Fiscal, constituye evidencia suficiente que demuestra la negativa de la
Administración Tributaria Aduanera a recibir el pago de los tributos al comercio
exterior Resulta por tanto evidente que la Administración Aduanera a
(...).
travésde su agente de recaudación se ha negado recíhir el pago de los tributos
al comercio exterio que con tal subjeti’v’o análisis y afirmación, fuera del
contenido del art 290 del Código Tributario, acepta la demanda, sin merecerle
el más mínimo análisis el hecho de que el actor de ninguna manera ha
demostrado la negati\fa del recaudador a recibir el pago; que la Sala mezcla el
asunto controvertido, esto es, el pago por consignación que el actor pretende
se reconozca, con la imposición de la multa relacionada con el refrendo No.
019-04-10-007234-0-01, respecto de lo cual, según consta en el libelo de
demanda, el propio actor en el numeral 3 de os FUNDAMENTOS DE HECHO”
afirma “está siendo impugnada ante la Administración Aduanera
correspondiente’Ç y sin ningúntipo de explicación ni motivación legal, considera
que el Procurador Fiscal” con la contestación a la demanda, ha evidenciado de
manera suficiente la negativa de la Administración Aduanera a recibir el pago
2
—
a
/
c:FTE :~cic’:~.~i ca
Recurso No, 201 1-0061
de los tributos al comercio exterior; que con su afirmación, que no es otra que
la DEFENSA DE LOS iNTERESES DE LA ADMINiSTRACIÓN ADUANERA. 10
cual debió y debe entenderse intrínsecamente como tal, y sí al análisis propio
de la contestación a la demanda se quería referir el Tribunal a quo, debió
tambiénanalizar LA NEGATI\/A PURA Y SIMPLE DE LOS FUNDAMENTOS
DE HECHO Y DE DERECHO alegados tambiénen el libelo de contestación a
la demanda por la Administración Tributaria Aduanera, respecto de lo cual
viene bien al caso mencionar que existen tambiénfallos de triple reiteración en
los cuales se determina: es obligación del actor demostrar los hechos que
“..
ha propuesto aflrmativamente en su demanda y que ha negado expresamente
la autoridad demandada salvo aquellos hechos que se presumen
legalmente... que así consta en los fallos 8-98, RO 542 de martes 26 de
“;
marzo de 2002, 19-98, RO 542 de martes 26 de marzo de 2002, 37-98, RO 166
de martes 19 de septiembre de 2000, con lo cual además queda demostrada la
falta de aplicación del art 19 de a Ley de Casación. 2. Que en el fallo recurrido,
existe taIta de aplicacion del art. 19 de la Ley de Casación, ya que en el
considerando TERCERO la Sala dice: en tal sentido existe Jurisprudencia
emanada de la Sala de lo fiscal de la extinguida Corte Suprema de Justicia
constante, entre otros, en los siguientes fallos: 30- 95 de 23 de junio de 1998,
registro Oficial 377 de 6 de agosto de 1998; 63-98 de 3 de junio de 199,
Registro Qflcial 249 de 5 de agosto de 1999 y nuevamente, deja
simplemente “citado’ lo referido y no se entiende cómo pese a ello inaplica el
art. 19 de la Ley de Casación; que los precedentes jurisprudenciales invocados
por el Tribunal a quo y varios más dictados por la extinguida Corte Suprema de
Justicia, recalcan: constituye requisito indispensable demostrar en debida
.
forma procesalmente, la negativa del recaudador a recibir el pago directo”; que
la Sala pese a citar los fallos de triple reiteración referidos, se pronuncia a favor
del actor sin que del proceso conste objetiva ni materialmente documento
3
Recuiso No. 2011-0061
alguno que pueda probar “en debida forma” la negativa del recaudador a recibir
el pago aludido por el actor. 3. Que la Sala de instancia inaplica el art 258 del
Código Tributario, y en el presente caso, ¿cuál es para criterio de la Sala el
hecho negativo que debe probar la Administración Aduanera?, pues estamos
frente a un proceso judicial de pago por consignación, del cual claramente se
puede determinar que carece de la prueba objetiva de la negativa del
recaudador, y pese a ello, se ACEPTA la demanda con la más evidente falta de
motivación y además inaplica el art. 262 del Código Tributario. 4.- Que la
sentencia recunida es contradictoria, pues no se entiende como cita
antecedentes jurídicos aplicables a la misma, y sin embargo de ello no los
aplica y en su lugar de manera subjetiva y no apegada a derecho determina
presupuestos fácticos atinentes a la contestación a la demanda por parte de la
Administración Tributaria Aduanera, utilizados en contra de la propia
Administración; que la contradicción se verifica del contenido de los
considerandos “TERCERO” y “CUARTO” de la sentencia recurrida, y la parte
resolutiva de la misma, cuando la Sala reconoce por una parte que el requisito
“sine qua non”, para que se configure el pago por consignación consistente en
la negativa del funcionario recaudador tributario a recibir del contribuyente,
responsable o tercero, el pago de todo o parte de una obligación tributaria,
reconoce además intrínsecamente que el actor no ha demostrado sus
afirmaciones, pues nada se dice respecto de ello en la sentencia dictada, y a
pesar de reconocer la aplicación del art. 290 del Código Tributario, en base a
apreciaciones subjetivas y confusas según la, Sala aportadas por la
Administración Tributaria Aduanera, ACEPTA la demanda interpuesta, lo cual
sin mayor análisis y en méritomismo del proceso judicial, resulta a todas luces
contradictorio.
1.2 Del recurso de casación interpuesto por el Gerente Dlstrital de
Guayaquil de la Corporación Aduanera Ecuatoriana: A travésdel escrito de
4
CC~TE NACIONAL DE
JUJ~Ç~4
Recurso No. 2011~0061
7 de diciembre de 2010, el economista Fabián Soriano idrovo. en calidad de
Gerente Distrital de Guayaquil de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,
fundamentó el recurso de casación en la causal tercera del art. 3 de la Ley de
Casación. Estimó que en la sentencia recurrida se infringieron las siguientes
normas de derecho: Indebida aplicación del art, 258 del Código Thbutario; y,
falta de ap[icación de ios arts, 290 y 262 del Código Tributario.
‘12.1 ~especto a la causal tercera el casacionista anrma que la Codmcacion
del Codigo ributario en su art. 258 expresa el sujeto que posee la carga de la
prueba, y el artículo 262 del mismo cuerpo legal, indica las facultades oficiosas
que posee el Tribunal para solicitar cuantas pruebas considere necesarias para
el esclarecimiento de la verdad; que el Tribunal en el considerando CUARTO
de su sentencia, deja a un lado la correcta aplicación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba, por cuanto, no existiendo la
demostración plena de la negativa por parte del funcionario recaudador los
Juzgadores asumen esa negativa, citando que en la contestación de la
demanda el Procurador Fiscal del Gerente del Phmer Distrito de la Corporación
Aduanera Ecuatoñana indica: “el ADMINISTRADO NO HA EJERCIDO EL
PAGO PARA ANTE LA ADUANA PORQUE EL SISTEMA INTERACTIVO DE
COMERCIO EXTERIOR PARALELAMENTE LIQUIDÓ LA MULTA DEL 10%
DEL \/ALOR CIE CONJUNTAMENTE CON LOS TRIBUTOS AL COMERCIO
EXTERIOR QUE SE DERIVAN DE LA IVACIONALIZACIÓNA CONSUMO DE
LAS MERCANCÍAS y concluye: ‘L.Esta afirmación del Procurador Fiscat
constituye prueba suficiente que demuestra la negativa de la administración
Tributaria Aduanera a recibir el pago ; que para la valoración de las pruebas,
el juzgador debe utilizar las reglas de la sana crítica, dejando a su discreción la
apreciación de las pruebas, pero sin que esta discrecionalidad en la
apreciación conlleve a una notoriamente equivocada, arbitraria, absurda o
irracional valoración; que esta falta de aplicación de las normas para valorar las
5
CORTE ~•LÇCiONAL DE
JUSTLCL4
Recurso No, 20W0061
pruebas produce un absurdo Jurídico, por cuanto no existen elementos
probatorios que confirmen la negativa de cobro; que no se ha demostrado en
ningún momento que existió una negativa por paile de la Corporación
Aduanera Ecuatoriana de aceptar el pago que pretendía realizar la compañía
actora; que en la sentencia en su consioerando ERCERO se cita: De
‘.
conformidad con ío que dispone el articulo 290 del Código Orgánico Tributario,
procede la acción de pago por consignación siempre que el recaudador de
obligaciones tributarias, por sí o por orden de autoridad administrativa superioi~
se negare a recibir del coi7t!íhuyente o responsable o de un tercero, el pago de
todo o paite de una obligación trihutai/a, en los casos de los artículos 49 y 50
(.7’,
de este Código. que la Sala continua motivando la aplicación del artículo
citado indicando acertadamente lo siguiente: “la condición legal que posihilita la
deducción de la acción de pago por consignación y la consiguiente procedencia
de la misma consiste en la demostración plena que ha existido la negativa del
funcionario o empleado encargado de la recaudación de tributos que ante
(...)“;
tal razonamiento se puede concluir que en el caso que el accionante durante el
proceso no pudiere demostrar plenamente la existencia de la negativa de cooro
por parte del funcionario recaudador, esta ineficacia debería provocar la
improcedencia de la demanda, pero a Sala de instanda, aplica de manera
errónea el art. 290 del Código Tributario, y esta falta de demostración de la
negativa de cobro por parte del accionante no produce el efecto legal
apropiado, que sería en este caso, declarar sin lugar la demanda de pago por
consignación, sino más bien a criterio del Tribunal produce la declaración con
lugar de la Acción de Pago por Consignación presentada por la compañía
SCHLUMBERGER SURENCO SA
1.3 Es pertinente indicar que en la sustanciación del recurso de casación,
constan las siguientes actuaciones judiciales:
6
q
CORTE NACIONAL DE u
‘.4 , — —
— .1
-
Recurso No. 2011~006t-
o
1.3.1 [íe~ame auto ce 24 de rebrero de 2011. las 11h15 os cor~uece~F~.
permanentes de fa Sala de lo Contencioso Tributario oc a Corte Nacional de
Justicia, admiten a trámite los recursos de casación nterpuestos por la
administración tributaria aduanera, de acuerdo a lo estableddo en el art. 7 de la
Ley de Casación, y se pone en conocimiento de las partes a recepción del
proceso, concediéndoseel términode cinco días para o mes prev’stos ei e
art. 13 de la misma Ley.
1.3.2 La compañía SCHLUMBERGER SURENCO S.A., no ha dado
contestación a los recursos interpuestos por las autoridades de la Corporación
Aduanera Ecuatoriana, CAE (Actual Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,
SENAE).
1.3.3 Mediante sentencia de mayoría de 30 de mayo de 2013, las 09h30, (fs.
13-15 y vta, del expediente de casación), la Sala Especalizada de lo
Contencioso i ributano os a Corte Nacional de Justicia, rechaza los recursos
nterpuestos por la autoridad tributana demandada.
1.3.4 Con fecha 26 de Juno de 2013 (fs. 23-28 del cuadernillo de casación), el
economista Pedro Xavier Cárdenas F\4oncayo, en calidad de Director General
de Servicio Nac’onal de Aduana del Ecuador (Anterior CAE), presenta para
ante la Corte Constitucional, Acción Extraordinaria de Protección en contra de
a sentencia de mayoría de 30 de mayo de 2013, emitida por la Sala
Especia izada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
dentro del recurso de casación No. 61-2011, acción éstaque mediante auto de
28 de junio de 2013, las 09h00, (fs. 32 del cuadernillo de casación), ha sido
remitida a la Corte Constitucional para los fines pertinentes.
1.3.5 La Corte Constitucional del Ecuador mediante sentencia No. 093-17-SEP-
CC de 5 de abril de 2017, en el caso No. 1120-13-EP (fs. 37-46 del expediente
7
.4
Recurso No. 2011-0061
de casación), declara la vulneración de los derechos constitucionales al debido
proceso en la garantía de la motivación y a la seguridad jurídica, previstos en
los artículos 76 numeral 7 literal 1 y 82 de la Constitución de la República,
aceptando la acción extraordinaria de protección, y disponiendo como medidas
de reparación integral: 1. Dejar sin efecto la sentencia del 30 de mayo de 2013,
dictada por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributado de la Corte
Nacional de Justicia, dentro del proceso signado con el No. 61-2011; 2.
Retrotraer los efectos del proceso hasta el momento anterior a la emisión de la
sentencia dictada el 30 de mayo de 2013, por la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de
casación No. 61-2011; y, 3. Que previo sorteo se conforme un nuevo Tribunal
de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, a fin de que conozca y resuelva sobre el recurso de casación
presentado, conlórme a la Constitución de la Repúblicay la Ley. Por lo tanto,
dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional del Ecuador
corresponde a esta Sala Especializada conocer y resolver el recurso de
casación interpuesto por el economista Mario Pinto Salazar, en calidad de
Gerente General y como tal representante legal de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana (Actual Servicio Nacional de Aduana del Ecuador).
1.4 El Tribunal a quo en la sentencia recurrida: .declara con lugar la acción
de pago por consignación deducida por el Representante Legal de la empresa
SCHLUMBERGER SURENCO 5. A., en contra del Gerente del Primer Distrito
de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. En consecuencia, de conformidad
con lo dispuesto pro (sic) el artículo 293 del Código Orgánico Tributario, elpago
por consignación por USD. 9,557.75 efectuado por SCHLUMBERGER
SURENCO S.A., debe imputarse en la forma solicitada por ésta en su
demanda; es decir, el pago de los tributos al comercio exterior incluidos los
intereses de mora a la fecha de pago por consignación. Para el efecto, se
8
~‘J9
A’
JIZJSTICIA
;.
Recurso No. 2011-G0~. \>‘
dispone que el Banco Nacional de Fomento, organismo ante el cual se he:
efectuado la consignación por el valor de uso. 9,557.75, confoln7e consta de la
CERTIFIcACIÓN extendida por el Gerente Zonal l~4ario Tel/o Quintero, fojas
29; y del comprobante de depósito NúmeroSB-486 de 27 de agosto de 2004
en la cuenta corriel7te /\lO 0016000927 Depósitos Judiciales del Tribunal Distrital
de lo FiscalN° 1 correspondiente aIDAU N° 10731652 refrendo N° 019-04-10-
007234-0, factura f\ID NA116936. fojas 33 de los autos. transfiera a la Gerencia
del Primer Distrito de la Coiporación Aduanera Ecuatoriana, pal-a que la
acredite a las obligaciones tdhutaiias mencionadas en la demanda
2. [NTEGRAC[ÓN DE LA SALA
2.1 Mediante sorteo de 8 de agosto de 2017, las 15h30, le ha correspondido
conocer y resolver los recursos de casación interpuestos por a admnistración
tributaria aduanera a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tibutario de la
Corte Nacional de Justicia, integrada por el doctor JoséLuis erán Suárez,
Juez Ponente Nacional, por la doctora Ana María Crespo Santos. Jueza
Nacional, y por el doctor Juan Gonzalo ¡\4ontero Chávez, Conjuez Nacional.
3. JURISDICCIÓNY COMPETENCIA
3.1 Este Tribunal Especializado es competente para conocer y resolver el
presente recurso de casación, en virtud de las Resoluciones Nos. 004-2012 de
25 de enero de 2012 y 341 -2014 de 17 de diciembre de 2014, emitidas por el
Pleno del Consejo de la Judicatura; Resoluciones Nos. 01-2015 y 02-2015 de
28 de enero de 2015, expedidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia;
así como por el sorteo que consta en el proceso y en atención a lo previsto en
9
CORTE NACTO!JAL DE
los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la RepúblicaEcuador, 185
segunda parte, número1 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo
1 de la Codificación de la Ley de Casación.
4. VALIDEZ PROCESAL
4.1 En la tramitación del presente recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones y no
existe nulidad alguna que declarar.
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
5.1 El Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE (actual
Director General del Servido Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE), con
sustento en las causales primera, tercera y quinta del art. 3 de la Ley de
Casación, formula los siguientes cargos en contra de la sentencia dictada el 12
de noviembre del 2010, las 15h58, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de
lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito:
Cargo 1: “Falta de aplicación” de los arts. 19 de la Ley de Casación, 258 y
262 del Código Tributado; e, “indebida aplicación” del art. 290 del Código
Tributado.
Cargo 2: “Haberse adoptado decisiones contradictorias” en la parte
dispositiva de la sentencia.
6. CONSIDERACIONES Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMAJURÍDICO
PLANTEADO
lo
Recurso No. 201i~0061
6.1 El recurso de casación es de carácter extraordinario, de alta técnica
jurídica, formal y excepcional, cuyo principal objetivo es la defensa del ius:r::
constltutionis, esto es, protege el ordenamiento jurídico imperante a travésde
la correcta interpretación y aplicación del Derecho, con el propósito de hacer
efectivos los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad en la
aplicación de la Ley, mediante dos vías ordenadas: por un lado, la llamada
función nomofiláctica de protección y salvaguarda de la norma, y por otro lado
la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación del
derecho objetivo. Así las cosas, la crítica del recurrente a la sentencia de
instancia, para conseguir ser examinada por la Sala de casación, tiene por
objeto las consideraciones de ésta,que constituyan la retía decidendí del fallo.
6.2 La doctrina y la jurisprudencia orientan que cuando se acusa al fallo de
hallarse incurso en varias causales, para resolver los cargos expuestos en
virtud de un recurso de casación, el Tribunal debe seguir un orden lógico
jurídico, impuesto no por la voluntad de los juzgadores sino por las
implicaciones de los vicios que pudieran afectar la sentencia. Así, en el
presente caso, esta Sala Especializada comienza con el estudio de la causal
quinta del art. 3 de la Ley de Casación, para luego continuar con la tercera y
posteriormente con la primera.
6.3 El recurrente, con fundamento en la causal quinta del art. 3 de la Ley de
Casación, fundamenta su recurso señalando lo siguiente: «4.- La sentencia
recurrida es contradictoria, pues no se entiende como cita antecedentes
jurídicos aplicables a la misma, y de manera subjetiva y no apegada a derecho
determina presupuestos fácticos atinentes a la contestación a la demanda por
parte de la Administración Tributaria Aduanera, utilizados en contra de la propia
Administración, los cuales además como ha quedado mencionado son
inaplicables en la presente causa en razón de la negativa pura y simple de los
1;
11
CC)r:TE ~CTC~:E~L Ecli
fUSTLCL&
Recurso No. 20sí1.70061
fundamentos de hecho y de derecho de la demanda alegados entre otros por la
Administración Tributaria Aduanera. la contradicción se vei-ifica oc! contenido
de los considerandos “TERCERO’7 y “CUARTO” de ¡a sentencia recui-rida, y le
pal-te Resolutiva de la misma, cuando la Fi. Sa/a reconoce por una palíe que el
requisito “sine qua non’: para que se configure el pago por consignación
consistente en la negativa del funcionario recaudador tributario a recibir del
contribuyente, responsable o tercero, el pago de todo o palie de una obligación
tributaria. reconoce además intrínsecamente que el actor no ha den7ostrado
sus afirmaciones, pues nada se dice respecto de ello en la sentencia dictada, y,
a pesar de reconocer la aplicacióh del Art. 290 del Código Tributario, en base a
apieciaciones subjetivas y confusas según la Sala aportadas por la
Administración Trihutaiia Aduanera, ACEPTA la demanda interpuesta, lo cual
sin mayor análisis y en mériton7ismo del proceso judicial, resulta a todas luces
contradictoi-io
&3.í El artículo 3 de la Ley de Casación, establece que el recurso de casación
solo podra fundarse en las siguientes causales: ‘5. Cuando la sentencia o auto
170 contuvieren los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se
adopten decisiones contradictorías o incompaübles’~
Esta causal se refiere a la transgresión de normas relacionadas con la
estructura, contenido y forma de la sentencia o auto, la que se configuraría de
tres formas: Por defectos en la estructura del fallo que se dan por la falta de
requisitos exigidos por la ley para la sentencia o auto; por haberse adoptado
decisiones contradictorias en la parte dispositiva de la sentencia; y, por haberse
adoptado decisiones incompatibles en la parte dispositi\’a de la sentencia.
El Dr. Santiago Andrade Ubidia, respecto a esta causal sostiene que:
pueden presentarse vicios de inconsistencia o incongruencia en el fallo
mismo, cuando no hay armonía entre la palie considerativa y la resolutiva, (...)
12
e”
E’AC rALDE
1 —.
Recurso No. 2Of10~1
a/igual que la contradicción o ~?compatihiIidad en la palie dispositñ’a:”d~f3e
• _
entenderse que estos vicios emanan del simple análisis e fa o cuestionado y
no de la confrontación entre éste. la demanda y la contestación El fa/fo
casado será incongruente cuando se contradiga a sí mismo. en cafl7hiO sei-á
inconsistente cual?do la conclusión del silogismo no esré debidamente
respaldada por las premisas del mismo. El recurrente deberá efectuar el
al?álisis demostrativo de la incongruencia o inconsistercia acusaoas. a fin de
que el tribunal de casación pueda apreciar si existe reairrerte o no el vicio
alegao’o’~ (Andrade Ubidia, Santiago, “La Casación Ovil en el Ecuador”,
Andrade & Asociados Fondo Editorial. Quito-Ecuador, 2005, pág. ‘36
Luis Cueva Carrión en su obra “La Casación en materia civil”, Ediciones Cueva
Carhón. Ecuador 2011, pág. 330, al respecto dice: “La sentencia es pieza
fúndamental que pone fln a la instancia o al proceso, segúnel caso, en ella se
decide sobre los fundan7entos de hecho y de dei-echo que constituye!? la patie
vertebral de todo juicio y su razón de ser; por lo tanto, debe ser redactada en
forma clara, precisa, sin hacer uso de frases oscuras c indeterminadas; las
decisiones que en ella se a.dcpten no pueden ser incorr ribles entre sí, ni
contradictorias, de set-lo, se tornaría difícil, imposible quicá, ejecutarla. Toda la
sentencia debe guardar armonia y congruencia entre sus partes y con el
proceso. .Cuando la Ley de Casación alude a lo contradictorio se refiere a la
segunda ley de la Lógica, a la ley de la no contradicción. El enunciado de este
principio lógico es el siguiente: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo
en igualdad de circunstancias. Su forma abstracta es ésta:A no puede ser Ay
no A al mismo tiempo. Esto significa que la afirmación y la negación de una
misma cosa no pueden ser verdaderas. Lo que predicamos de una cosa es o
no es... En suma: este principio nos enseña que dos juicios contradictorios no
pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Este principio tiene su fundamento en
dos evidencias: la una de carácter lógica: dosjuicios contradictorios no pueden
13
Recurso No. 20íi~006í
ser verdaderos el mismo tiempo: y la otra, ontológica: un mismo objeto no
puede ser y ser al mismo tien7po E_n relación con el vicio de
170
incompatibilidad, señala.: lo incompatible es aquello que no concuerda con
‘..
una cosa, que distorsiona. que no guarda relacion oc proporcion entre un
objeto y otro. que no puede unirse, que se excluye... (Ob. Oit., pp. 330 336).
‘~ -
S~32 En este orden de ideas, a fin de establecer si se conflgura o no el cargo
invocado por el recurrente, esta Sala Especializada realiza las siguientes
puntualizaciones: í) Ouando el recurso de casación se fundamento en el causal
quinta del art. 3 de la Ley de Casación por el cargo de contrad[cc[ón en la
parte dispositiva de la sentencia, se debe analizar exclusivamente la sentencia
a ~n de determinar si el fallo casado se contradice a si mismo; u) En la especie,
el recurrente manifiesta que la sentencia recurrida es contradictoria por lo
expuesto en los considerandos ‘TERCERO’ y ‘CUARTO” en relación con su
parte resolutiva; asi, sostiene que la Sala de instancia reconoce por una parte
que el requisito “sine qua non” para que se configure el pago por consignación
es la negativa del funcionario recaudador tributario a recibir del contribuyente,
responsable o tercero, el pago de todo o parte de una oblfgacion tributana, y
que a pesar de ello en base a apreciaciones subjetivas y confusas ACEPTA la
demanda interpuesta; iii) En los considerandos TERCERO y CUARTO de la
sentencia recurrida el Tribunal a quo expone: “TERCERO.~ De conformidad con
lo que dispone el artículo 290 del Código Orgánico Tributario, procede la acción
de pago por consignación siempre que el recaudador de obligaciones
tributarias, por sí o por orden de autoridad administrativa superior, se negare a
recibir del contribuyente o responsable o de un tercero. el pago de todo o parte
de una obligación tributaria, en los casos de los artículos 49 y 50 de este
Código. La condición legal que posihilita la deducción de la acción de pago por
consignación y la consiquiente procedencia de ¡a misma consiste en la
demostración plena que ha existido la negativa del funcionario o empleado
14
PE NAC’ AL DE
~9.
Recurso No. 2O11-’0061
U)
encargado de la recaudación de tributos: en tal sentido existe iurispruden&e.
emanaoa oc a Sa a oc o fiscal de la extinguida Corte Suprema de ~usticfa
constante. entre otros. en os siguientes fallos: 30-95 de 23 de junio de 1998.
registro O~icial 3~ de 6 de agosto de 1998; 63-98 de 3 de junio de 199(sic~,
Reg’sto O~ic& 249 de 5 de agosto de 1999; 65-98 de 29 de junio de 2000,
registro Ofic’al 66 de 9 de septiembre de 2000; 37-2003 de 1 de junio de
2003, registro Oficial 229 de 10 de diciembre de 2003. Además, la Sala de
Casación mencionada. en el fallo 5-2000 de 20 de junio de 2000, Registro
Oficial 139 de 11 de agosto de 2000. ha sentado el criterio de que al hablar de
pago como medio de extinción de las obligaciones tributarias, el Código
Tributario con sus artículos 37 al 49. desarrolla las formas o modalidades, los
requisitos y más circunstancias relacionadas con dicho pago y es el artículo 49
el que se refiere en forma expresa y concreta a una de esas formas de realizar
el pago, muy comúntratándose de obligaciones tributaras, por lo que el Código
Tributario desarrolla con mayor amplitud el sistema de pago por consignación
en los artículos 306 al 313, por tanto, dice el fallo, si entre las excepciones
opuestas figura la del pago por consignación, ella es procedente. CUARTO.-
En la especie, de autos consta a fojas 38 a 48 la contestación a la demanda
efectuada por el por el Procurador Fiscal del Gerente del Primer Distrito de fa
Corporación Aduanera Ecuatoriana, en cuyo párrafo tercero de fojas 46, afirma
textual. el ADMIMSTRADO NO HA EJERCIDO EL PAGO PARA ANTE LA
ADUANA PORQUE EL SISTEMA INTERACTIVO DE COMERCIO EXTERIOR
PARALELAMENTE LIQUIDÓ LA MULTA DEL 10% DEL VALOR CIF
CONJUNTAMENTE CON LOS TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR QUE
SE DERIVAN DE LA NACIONALIZACIÓN A CONSUMO DE LAS
MERCANCÍAS Esta afirmación del Procurador Fiscal, constituye prueba
suficiente que demuestra la negativa de la administración Tributaria Aduanera a
recibir el pago de los tributos al comercio exterior que generó el cambio de
15
régimen de las importaciones temporales con reexportación en el í?7í51770
estado a régimen de consumo que ascienden al valor de USD. 9.557.75
incluidos los intereses de mora a la fecha de pago. Resulta por tanto evidente
que la Administración Aduanera a travésde su agente de recaudación se ha
negado recibir el pago de los tributos al comercio exteror sin considerar las
multas, actuando en contra de lo dispuesto en la Ley; con 10 cual se ha
cuí??pudo el requisito exigido por el aitículo 290 del Código Orgánico Ti-ibutar/o,
ratificado por la Jurisprudencia sentada por la Sala de lo Fiscal de la extinguida
Corte Suprema de Justicia, lo cual hace que la acción deducida sea legalmente
procedente”; iv) De lo expuesto en la sentencia impugnada, este Tribunal de
Casación advierte que la Sala de instancia, en el considerando TERCERO,
efectivamente afirma oue la condición leqal cue oosibilita la deducción de la
acción de ~aqo ~or consianación y la consiquiente orocedencia de la misma
consiste en la demostración Diena de oue ha existido la necativa del funcionaño
o emoleado encarqado de la recaudación de tributos, recurriendo para
sustentar tal afirmación a fallos de triple reiteración expedidos por la Sala de o
Fiscal de la ex Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en el considerando
CUARTO, sin que exista constancia procesal de tal demostración que
evidencie la negativa de la administración thbutaria aduanera a recibir el pago
de los tributos al comercio exterior, afirma que la acción deducida es
legalmente procedente, declarando con lugar la acción de pago por
consignación deducida por el representante legal de a empresa
SCHLUMBERGER SURENCO SA.. lo cual sin lugar a dudas es contradictorio,
En efecto, esta Sala Especializada considera que el artículo 290 del Código
Tributario es claro al establecer que procede el pago por consignación siempre
que un recaudador tributario, por sí o por orden de autoridad administrativa
superior, se negare a recibir del contribuyente o responsable o de un tercero, el
pago del todo o parte de una obligación tributaria. De ahí que, de acuerdo a lo
16
CC:ETE !‘~kCiC~NAL DE
JA
Recurso No, 2011~0061
previsto en el artículo 258 del Código Thbutaho, era oblinación del actor
demostrar cue el recaudador thbutario de la Comoración Aduanera Ecuatoriana
(CAE’). oor sí o oor orden de autoñdad administrativa suoeñor. se nenó a recibir
de la comDañía SCHLUMBERGER SURENCO SA.. el del todo o Darte
DCQO
de USD $9.557,75. corresnondiente a la totalidad de los imouestos
OS
causados en el DAU No. 10731652. En la especie no existe tal demostración.
pues el Tribunal a quo ha tomado como un elemento de prueba para justificar
su decisión, un extracto de la contestación a la demanda efectuada por el
Procurador Fiscal del Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera
Ecuatoriano, que dice: “el ADMINISTRADO NO HA EJERCIDO EL PAGO
PARA ANTE LA ADUANA PORQUE EL SISTEMA INTERACTIVO DE
COMERCIO EXTERIOR PARALELAMENTE LÍQ UIDÓ LA MULTA DEL 10%
DEL VALOR CIE CONJUI\ÍTAMENTE CON LOS- TRIBUTOS AL COMERCIO
EXTERIOR QUE SE DERIVAN DE LA NACIONALIZACIÓNA CONSUMO DE
LAS MERCANCÍAS lo cual contraría lo dispuesto en el artículo 260 del
Código Tributario que establece que son admisibles en el procedimiento
contencioso thbutario todos los medios de prueba determinados en la ley.
excepto la confesión de funcionarios y empleados públicos.Es sabido por los
estudiosos del Derecho que los medios de prueba en materias no penales son
la confesión de parte, los instrumentos públicoso privados, las declaraciones
de testigos, la inspección judicial y los dictámenes de peritos o de intérpretes;
en tal virtud, la contestación a la demanda no es un medio de prueba
reconocido como tal por la ley para demostrar los hechos alegados por las
partes, en este caso la negativa del recaudador tributario de la administración
aduanera a recibir el pago de los tributos al comercio exterior. En
consecuencia, el Tribunal juzgador no podía extraer, arbitraria y
discrecionalmente, un párrafo de la contestación a la demanda efectuada por la
autoridad tributaria demandada para afirmar que con dicho texto se ha
17
demostrado la negativa de la administración tributaria aduanera a recibir el
pago de los tributos al comercio exterior y) En conclusión, tomado en cuenta
que la contestación a la demanda no constituye un medio de prueba, y siendo
que éstees el únicoelemento fáctico que le llevó al juzgador para conduir que
se ha cumplido el requisito exigido en el articulo 290 del Código Tributado, es
evidente que dicha declaración es contradictoria con lo expuesto por el mismo
Tribunal en la parte considerativa y motiva de su sentencia, en relación con la
decisión adoptada en su parte dispositiva. Por lo expuesto, en la especie si se
configura el vicio de contradicción de la sentencia, al amparo de la causal
quinta del art. 3 de la Ley de Casación; vi) Este Tribunal Especializado
considera que al haberse demostrado el vicio de contradicción de la sentencia
impugnada, que resuelve el litigio, no es necesario analizar los demás cargos
invocados por la aútoridadtributaria demandada.
7. DECISIÓN
7.1 Por los fundamentos expuestos, la Corte Nacional de Justica, Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario, Administrando justicia, en
nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la
Constitución y las leyes de la República,resuelve:
8. SENTENCIA
8.1 CASAR la sentencia dictada el 12 de noviembre del 2010, las 15h58, por la
Primera Sala del Tribunal Distiital de lo Fiscal No. 1; con sede en la ciudad de
Quito.
18
Cc TE3;kC1O:C~.L DE
JUST1CL4
Recurso No. 20i1-006~ e
8.2 RAT[F[CAR a validez y legitimidad de a Liquidación de la Declaración
Aduanera Unica DAU No. 10731652. refrendo No. 019-04-10-007234-0-01 de
19 de julio de 2004, expedida por el Gerente del Primer Distrito de a
Corporación Aduanera Ecuatoriana.
8.3 Actúela Ab. Jahaira Estefanía Can’ajal Gaibor, en calidad de secretaria
relatora de la Sala Especializada de lo Contencioso Thbutario.
8.4 Sin costas.
8.5 Ccmuníquese, publíquese y devuélva~éa la Sala de o n.
//
/ /
~ //
/ y /
Dh JoséLuis Terán~á~ez
/ JUEZ NAC[ONAt
Qra~AnaMaríaCr~spoSanto% Dr~}1án Montero Chávez
J~FEZiÑ~C[ONAL CONJUEZ NACLONAL
Certifico.
A
Ah. Jahafr~.E~tefanía Carvajal Gaibor
7i /
SE~RETAR[A RELATORA
19
En Quito. viernes seis de octubre del ¿os mii diecisiete. a partir de las once horas DA
y
diecinueve minutos. me4iante boletas judiciales noziflquéla SENTENCIA que amecede a:
BRUCE MARTEN Cft SCFIUMBERGER SURENCO 5. A. en le. casulla No. 3931
corr&~ &ectrórdcn raid~ribadeneiraabogados.&2Dntec. GERENTE GENERAL Y GERENTE
DEL PRIMER DISTRITO DEL SENAE er la carilla No. 1346 c.crreo electrónico
xaviervaiiejo2fli i’d:hotmaü.ccm aerardo.-tllek Z 4forosbogados.ec.
1346.ssr(itaduana.grb.ec del Dr.!At. GERARDO XAVIER VALLEJO CHOEZ.
P~OCLRADOR GENERAL DEL ESTADO en la casilla No, IZQO. Certif~cc.
AB. JAHAIRA GAIBORMSC
LIGLk.MEDLk\TILLA
RAZÓN: Siento como tal que las 11 fotocopias que anteceden son iguales a los
originales que constan dentro del Juicio No. 17501-2004-22482 (Recurso de
Casación No. 17751-2011-0061), que sigue la compañía SCHLUMBERGER
SURENCO SA, en contra del DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL
DE ADUANA DEL ECUADOR (EX CAE), las mismas que las confiero
debidamente certificadas. Quito, 13 de octu)e deI 2017. Certifico.
AB. JA ~~TEFANlA CARVAJAL GAIBOR
r’CRETARIA RELATORA |
Dra. Gladys Terán Sierra
JUEZA NACIONAL PONENTE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA - LA SALA DE JUECES DE LO LABORAL
JUICIO LABORAL No.- 0064-2011
PONENCIA: DRA. GLADYS TERÁN SIERRA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-
Quito, 24 de septiembre de 2014, las 11h55.-
VISTOS: En el juicio laboral que sigue Maritza Mary Tapia Quito, en contra de
CASAPLAN-MOTORPLAN S.A., la entidad demandada interpone recurso de
casación, de la sentencia dictada el 15 de noviembre del 2010, a las 08h25, por la
Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia del Azuay; con tal motivo, accede la causa al análisis y decisión de este
Tribunal, que para hacerlo, por ser el momento procesal oportuno, considera:
1.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
La Sala Especializada de lo Laboral, tiene competencia para conocer y resolver el
recurso de casación en materia laboral, según el artículo 184.1 de la Constitución de
la República del Ecuador; artículo 1 de Ley de Casación; artículos 566 y 613 del
Código del Trabajo y artículo 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial;
Resolución de la Corte Nacional de Justicia No. 03-2013 de 22 de julio de 2013; y,
principalmente, atendiendo al sorteo de ley efectuado, cuya razón obra de autos, le
corresponde a la doctora Gladys Terán Sierra, como Jueza Nacional Ponente, y a la
doctora Paulina Aguirre Suárez y doctor Wilson Merino Sánchez, como Jueces
Nacionales integrantes de este Tribunal.
2.- ANTECEDENTES Y ACTUACIONES PROCESALES
1
2.1.- DEMANDA LABORAL
El 25 de febrero del 2010, le correspondió al Juez Segundo de Trabajo del Azuay,
conocer de la demanda presentada por Maritza Mary Tapia Quito, en contra de
CASAPLAN – MOTORPLAN S.A. La accionante manifestó en el líbelo de su demanda,
que trabajó como asesora comercial para la demandada, desde el 8 de mayo del 2006,
hasta el 11 de febrero del 2010, con un horario de trabajo que se extendía de lunes a
viernes, de 08h30 a 18h00, y los sábados, de 09h00 a 12h00; así también, indicó que
mantenía turnos rotativos en un puesto de información ubicado en el centro comercial Mall
del Río, en el cual laboraba de lunes a domingo, de 10h00 a 20h00. Expresó además la
demandante, que al ingresar a prestar sus labores se le hizo suscribir dos letras de
cambio, por valores aproximados de US $ 4.200,00 y US $ 3.800,00, para luego hacerle
firmar un contrato de agente comisionista, mediante el cual se le hacía emitir facturas a su
empleadora, la que le retenía el impuesto al valor agregado. Con estos antecedentes, en
la demanda se solicitó como pretensiones, los once rubros que constan en su texto, y que
en conjunto ascienden a la cantidad de $ 35.000,00, valor que fue fijado como cuantía.
2.2.- AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACIÓN, CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
Y FORMULACIÓN DE PRUEBAS
Con fecha 4 de mayo del 2010, a las 08h40, ante el Juez Segundo de Trabajo del Azuay,
se llevó a cabo la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y
formulación de pruebas. En la diligencia señalada, no se pudo llegar a un acuerdo entre
los litigantes, por lo cual la parte accionada prosiguió a contestar la demanda alegando
negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, en
cuanto nunca existió relación laboral entre los litigantes.
2.3.- AUDIENCIA DEFINITIVA
El 2 de junio del 2010, a las 16h10, ante el Juez Segundo de Trabajo del Azuay, se llevó a
cabo la audiencia definitiva, dentro de la cual se receptó: el juramento deferido de la
actora y las confesiones judiciales de las partes litigantes; así también, las partes
efectuaron sus alegatos en derecho.
2.4.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Fue pronunciada el 16 de junio del 2010, a las 16h00, por el Juez Segundo de Trabajo del
Azuay, quien consideró que “… es innegable que se configura de manera plena una
2
contratación de tipo laboral en los términos del Art. 8 del Código del Trabajo…”; razón por
la cual, ordenó el pago de: “… sueldos adicionales (…) trabajos suplementarios,
extraordinarios y en jornada nocturna (…) ropa de trabajo (…) vacaciones (…) impuestos
indebidamente retenidos (…) y fondos de reserva…”; rubros que en conjunto, ascendieron
a la cantidad de US $ 6.165,40.
Inconformes con la sentencia, ambos litigantes interpusieron recurso de apelación.
2.5.- SENTENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY
Fue proferida por La Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia del Azuay, el 15 de noviembre del 2010, a las 08h25, órgano
jurisdiccional que resolvió lo siguiente: “… desechando los recursos de apelación se
ratifica en todas sus partes la sentencia del señor juez a quo…”.
Inconforme con el fallo de apelación, la entidad demandada interpuso oportunamente
recurso de casación.
3.- FUNDAMENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN
El casacionista fundamenta su recurso en las causales primera y tercera, del artículo 3 de
la Ley de Casación. En cuanto a la causal primera, estima infringidas, por indebida
aplicación: el artículo 8 del Código de Trabajo, y los artículos 3.3, 374 y 377 del Código de
Comercio; así también, por falta de aplicación, los artículos 566 y 568 del Código de
Trabajo y el artículo 1562 del Código Civil. Como fundamento de la causal tercera, invoca
la vulneración, por indebida aplicación, del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil,
y, por falta de aplicación, del artículo 274 ibídem.
4.- CONSIDERACIONES DEL RECURSO DE CASACIÓN
El recurso de casación es extraordinario y formalista, esto significa que solamente
procede en casos excepcionales debidamente delimitados por la ley; y, debe cumplir,
además, con ciertos elementos formales para su procedencia. Su finalidad consiste en
amparar el cumplimiento del derecho objetivo o el ordenamiento jurídico en general,
respetar los preceptos constitucionales y legales, lo que incluye el deber jurídico de
unificar la jurisprudencia, en pro de brindar seguridad jurídica a orden del interés público.
3
Cabe aclarar que cada norma jurídica que menciona como vulnerada el casacionista,
requiere de su parte la fundamentación debida en la que se determina el por qué se
realiza tal afirmación, pues de lo contrario, el Tribunal de Casación no podrá conocer el
motivo que ha llevado al recurrente a proponer la impugnación de la sentencia de
apelación, omisión que no se puede corregir de oficio, debido a las limitaciones que el
principio dispositivo, y la misma naturaleza formalista y cerrada del presente recurso, le
imponen al juzgador que lo resuelve; así, bien puede el casacionista mencionar cuantas
normas jurídicas quiera en el escrito de su recurso, pero debe estar advertido de que las
únicas que se tomarán en cuenta al resolver, serán aquellas sobre las que exista
fundamento, expresado por su parte, acerca de su vulneración.
4.2.- Análisis de los cargos sobre la causal tercera.- El profesor Santiago Andrade
Ubidia, al referirse a esta causal expresa:
La causal tercera recoge la llamada en la doctrina violación indirecta, que permite casar el fallo
cuando el mismo incurre en error al inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en forma errónea
las normas relativas a la valoración de la prueba, cuando ello ha conducido a una equivocada
aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en el fallo impugnado; el recurrente en su
fundamentación deberá demostrar el error de derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia,
ya que nuestro sistema no admite la alegación de error de hecho, en la valoración de la prueba como
causal de casación, ya que pertenece al llamado sistema de casación puro (...)1.
Para que prospere el recurso por esta causal, se debe cumplir con cada una de las
siguientes exigencias: a) Identificar el medio de prueba en el que, a su juicio, se ha
infringido la norma o normas de derecho que regulan la valoración de esa prueba; b)
Identificar la norma o normas de derecho que regulan la valoración de la prueba, que
estima ha sido transgredida; c) Demostrar, con razonamientos de lógica jurídica
completos, concretos y exactos, en qué consiste la transgresión de la norma o normas de
derecho que regulan la valoración de la prueba; y, d) Identificar las normas sustantivas o
materiales que en la parte resolutiva de la sentencia han sido equivocadamente aplicadas
o no han sido aplicadas, por carambola o en forma indirecta, por la transgresión de los
preceptos jurídicos que rigen la valoración de la prueba.
1 ANDRADE UBIDIA Santiago, La Casación Civil en el Ecuador, Quito, 2005, Pág. 150
4
En el caso in examine, la entidad recurrente menciona vulnerados los artículos 115 y 274
del Código de Procedimiento Civil, como fundamentos para invocar la causal tercera, del
artículo 3 de la Ley de Casación, sin embargo, al hablar sobre este cargo en su escrito de
impugnación, no consta mayor exposición de motivos más allá del simple enunciado de
las normas a las que se hace referencia; y en tal sentido, no se puede hacer otra cosa
que desechar esta alegación del recurrente por falta de fundamentación, más aún cuando
se ha dicho ya en otras sentencias, que el artículo 115 ibídem:
… no puede servir de fundamento para el recurso de casación la antedicha disposición, porque lejos
de contener preceptos sobre apreciación de la prueba, faculta a los Tribunales para apreciarla
conforme a las reglas de la crítica racional. Las reglas de la sana crítica no se hallan consignadas en
ningún precepto legal concreto y taxativo que haya podido citarse como infringido y, por lo tanto, tal
expresión no obliga a la Sala de instancia a seguir un criterio determinado2.
Cabe añadir a lo dicho, y para cerrar el análisis efectuado en este numeral, que el artículo
274 del Código de Procedimiento Civil no contiene una norma de valoración de la prueba,
pues solo establece las fuentes de las cuales puede valerse el juzgador para fundamentar
su fallo; y, si bien menciona como una de ellas a los méritos del proceso, de entre los
cuales los medios probatorios son los más importantes, nada dice acerca de la manera en
la que se debe analizar su contenido, siendo impropio, por tanto, que el casacionista
intente invocar esta norma para darle fundamento a la tercera causal de casación.
4.2.- Análisis de los cargos sobre la causal primera.- Lo que siempre se debe
tener en cuenta cuando se analiza la causal primera, del artículo 3 de la Ley de
Casación, es que ella solo contiene las llamada violaciones directas al ordenamiento
jurídico, y ello, pues solo se refiere a la falta de aplicación, indebida aplicación o
errónea interpretación de las normas sustantivas, las cuales son utilizadas para
subsumir los hechos que el juzgador tiene como probados, a los supuestos fácticos
que ellas contienen, con la finalidad de obtener una consecuencia jurídica apta para
resolver la causa. Por lo dicho, queda claro entonces que está excluido del análisis,
cualquier intento de cambiar los hechos que el juzgador ad quem ha considerado
como ciertos, tras haber efectuado la debida valoración probatoria.
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Primera Sala de lo Civil y Mercantil. Sentencia que pone fin a los
recurso de casación signados con los números: 129-2001 (Villamagua Vs. Villamagua) y 68-199 (Consejo
Gubernativo de la Diócesis de Tulcán Vs. Morillo & Pozo).
5
Con esto en mente, se determina que el fundamento del recurso de la casacionista, se
concretiza en que “... de la prueba actuada en el proceso puede observarse que el
vínculo existente entre actora y demandada no cumple con los supuestos exigidos por
la ley para configurar el nexo laboral”, con lo cual a su criterio, se ha vulnerado el
artículo 8 del Código de Trabajo, además de los artículos 3.3, 374 y 377 del Código de
Comercio, pues las pruebas “… determinan la relación mercantil por medio de un
contrato de comisión…”, cuestión que conllevaría, a criterio de la recurrente, también
la vulneración del artículo 1562 del Código Civil, puesto que el contrato mercantil
suscrito entre los litigantes “… no ha sido declarado nulo y obliga a las partes
contratantes en los términos en que fue firmado”.
Sobre los fundamentos de la recurrente, cabe puntualiza que en su recurso, varias
veces hace referencia a la prueba, la cual no puede ser analizada mediante la causal
primera, por las cuestiones previamente explicadas; así, la vulneración a las normas
jurídicas que menciona, no puede analizarse sino a la luz de las conclusiones fácticas
a las que ha arribado el juzgador ad quem, y que se concretizan en lo siguiente:
a) A fojas 421 a 424 del proceso constan contratos de agente comisionista de los que se desprende
que la obligación que asume la actora es vender los planes que programe la contratante, por lo que
es claro que la gestión del negocio no la realiza la actora por su por su propia cuenta y riesgo y en su
propio nombre, conforme lo expresa el artículo 374 del Código de Comercio que es invocado por los
demandados. b) Conforme la confesión judicial que rinde el demandado señor Juan Albán la actora
no estaba facultada para suscribir contratos, por lo que mal puede argumentarse que la actora
gestionaba por su propia cuenta; c) A fojas 384 a 400 constan los cuadros de turnos, con los que la
actora tenía que prestar sus servicios, subordinación que es requisito para la existencia de la relación
laboral…
De lo transcrito, claramente se desprende la existencia de la relación laboral, por
sobre la fachada de una vinculación meramente mercantil entre los litigantes,
afirmación totalmente sustentable, en cuanto la actora prestaba sus servicios
únicamente para la entidad demandada, cuestión que no es propia de los
comisionistas, que no ejercen sus actividades con un criterio de exclusividad, ni
tampoco sujetos a horarios, pues este es un signo clásico de la dependencia jurídica
6
que hace nacer la vinculación laboral3, como en el presente caso, en que la jornada
de trabajo de la accionante estuvo plenamente determinada por su empleadora.
Cabe añadir, que en el Derecho Laboral, atendiendo al principio de primacía de la
realidad, nada dice de la naturaleza de la vinculación productiva entre dos sujetos, un
contrato escrito que se ha celebrado con la única finalidad de alejar al trabajador de
los beneficios que por ley le corresponde, y que en tal sentido, sucumbe ante la forma
en la que han sido prestados los servicios del mentado miembro de la relación
jurídica. En la especie, al tenor del principio explicado, no importa la suscripción de los
contratos de comisión suscritos entre los litigantes, pues es de ellos precisamente que
se desprende la vinculación de índole laboral; así, tal como lo afirma el juez a quo en
su sentencia, que ha sido confirmada en todas sus partes por el ad quem:
“… se le impone en la cláusula segunda No. 2 a la actora a recibir constante adiestramiento,
especies valoradas, material promocional, instrucciones generales y específicas, e incluso en el No.
3, tiene la obligación de reportar diariamente a la empresa su gestión, es decir, a recibir órdenes de
parte de la empresa demandada.
En virtud de lo expuesto se concluye: a) Que no existe indebida aplicación del artículo
8 del Código de Trabajo, ya que está demostrado que en el presente caso, existía una
prestación lícita de parte de la trabajadora, efectuada en un horario fijo de trabajo,
dentro del cual se hallaba subordinada jurídicamente a su empleadora; b) Que no
existe falta de aplicación de los artículos 3.3, 374 y 377 del Código de Comercio, pues
al ser una relación de índole laboral sobre la que se discute, resulta improcedente su
uso para resolver la causa; y, c) Que no existe falta de aplicación el artículo 1562 del
Código Civil, pues en las relaciones de índole laboral, más que el documento escrito
al cual se le ha designado determinado nomen juris, pesa la realidad del servicio del
trabajador.
4.3 Sobre la alegación de la recurrente, quien manifiesta la falta de aplicación de los
artículos 566 y 568 del Código de Trabajo, pues a su criterio “… ni la Sala Especializada
3 Sobre lo que se expresa, claramente indica MERA GILER, que el agente de comercio trabaja en forma
exclusiva para un empleador y con un horario específico “Eso lo diferencia del comisionista, quien actúa
siempre de forma esporádica y libre, a nombre propio y por cuenta de un tercero…” (MERA GILER, Alexis.
Relaciones de Trabajo Especiales. Stampa Litográfica. Quito, Ecuador. Pág. 61.
7
de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Azuay, eran
competentes para conocer de este caso…”, es necesario aclararle que tales normas son
de índole procesal, y por tanto su tratamiento no le corresponde a ninguna de las
causales que han sido alegadas por él; sin embargo, para no dejar irresuelta esta duda de
la casacionista, cabe también expresar que al haberse comprobado la relación laboral en
la presente causa, no es procedente ninguna alegación de incompetencia en razón de la
materia.
5.-RESOLUCIÓN:
Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de la Sala Especializada
Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada el
15 de noviembre del 2010, a las 08h25, por la Sala Especializada de lo Laboral, Niñez
y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. Entréguese la caución a
la parte actora, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de
Casación.- Notifíquese y devuélvase.- Dra. Gladys Terán Sierra JUEZA NACIONAL
PONENTE Dra. Paulina Aguirre Suárez Dr. Wilson Merino Sánchez JUECES
NACIONALES Certifico: Dr. Oswaldo Almeida Bermeo SECRETARIO RELATOR
RAZÓN: En esta fecha y a partir de las dieciséis horas se notifica la sentencia que
antecede a la actora MARITZA MARY TAPIA en la casilla electrónica
drfabianjimenezm@hotmail.com, a la demandada CASA PLAN MOTORPLAN en la
casilla judicial No. 572 en la casilla electrónica Antonio.martinezb@quevedo-ponce.com
del Dr. Antonio Martínez Borrero. Certifico. Quito, 24 de septiembre de 2014 Dr. Oswaldo
Almeida Bermeo SECRETARIO RELATOR
8 |
133484855-DFE
Juicio No. 1750520110066
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO. Quito, martes 6 de octubre del 2020, las 11h31. VISTOS: La abogada Gabriela
Jaramillo González en calidad de procuradora de la abogada María Alejandra Muñoz Seminario,
Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador interpone recurso de casación en
contra del fallo dictado por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el 27 de noviembre del 2019, las 10h47, dentro del
juicio de impugnación No. 1750520110066, que acepta la demanda propuesta por el señor Marco
Cruz Hernández en calidad de gerente general y representante legal de la compañía Marco Cruz
Hernández Cía. Ltda., y declara la ilegalidad de la Resolución No. DGNDNJADJPPV0435 de 14
de junio de 2011 emitida por el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y su
antecedente la Resolución No. DCPJRPRE51 de 02 de marzo del 2011.
PRIMERO: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es
competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 184
numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte numeral 1 del Código
Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del artículo 201 del Código Orgánico de la Función
Judicial, reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda número 4 del Código
Orgánico General de Procesos y artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en sentencia el 27 de noviembre
de 2019, las 10h47 resolvió aceptar la demanda propuesta por el señor Marco Cruz Hernández, en
calidad de gerente general y representante legal de la compañía Marco Cruz Hernández Cía. Ltda., y
declara la ilegalidad de la Resolución No. DGNDNJADJPPV0435 de 14 de junio de 2011 emitida
por el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y su antecedente la Resolución
No. DCPJRPRE51 de 02 de marzo del 2011.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Con fecha 19 de diciembre del 2019, las 15h52,
la abogada Gabriela Jaramillo González en calidad de procuradora fiscal de la abogada María
Alejandra Muñoz Seminario, Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
interpone recurso de casación, mismo que es calificado, en auto de 13 de enero del 2020, las 08h30, en
los términos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Casación, para ante los Jueces de la Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, competentes para conocer y resolver
este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de admisión de 21 de mayo del 2020, las 08h00, el doctor
Paul Alejandro Rengel Maldonado, en su calidad de Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del
recurso de casación propuesto, admitiendo la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por
el vicio de falta de aplicación del artículo 282 del Código Tributario, (actual artículo 267).
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. La Compañía Marco Cruz Hernández no ha dado
contestación al recurso de casación interpuesto por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa No. 17505
20110066(1), realizado el 14 de agosto de 2020, las 11h54, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores: Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (E), Fernando Antonio Cohn
Zurita, Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, Ponente en la causa. Con acción de
personal No. 301UATH2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la Unidad
Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia en concordancia con la Resolución
No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se legaliza el
reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional. Mediante Resolución 082020 de 24
de junio de 2020 el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al Dr. José Suing Nagua a la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario. Con acción de personal No 317UATH2020OQ de 01
de julio del 2020 y mediante oficio No. 635SGCNJ, la Señora Presidenta de la Corte Nacional de
Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala Contencioso
Tributaria en reemplazo de la doctora Ana María Crespo Santos, ocupada temporalmente por la
doctora Mónica Heredia Proaño, hasta que se designe un nuevo titular. De la misma forma con acción
de personal No. 1278UATH2019OQ, mediante la cual designó al doctor Fernando Antonio Cohn
Zurita, en calidad de Juez Nacional encargado.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara el proceso
válido.
OCTAVO: AUTOS PARA RESOLVER. Mediante providencia de 28 de septiembre, se notifica a
las partes con autos para resolver.
NOVENO: ERRORES ALEGADOS. La recurrente considera que el fallo emitido por el por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, incurre en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación al acusar el
vicio de falta de aplicación del artículo 282 del Código Tributario, (actual artículo 267).
DÉCIMO: NORMA SEÑALADA COMO INFRINGIDA. La norma que la recurrente considera
infringida es: Código Orgánico Tributario: Art. 282 (actual 267). Abandono. “De oficio o a
petición de parte se declarará abandonada cualquier causa o recurso que se tramite en el Tribunal
Distrital Fiscal, cuando haya dejado de continuarse por más de sesenta días, contados desde la
última diligencia practicada o desde la última petición presentada en el juicio, siempre que el trámite
no hubiere concluido. En las acciones de pago indebido o en las de impugnación de resoluciones que
nieguen la devolución de lo indebida o excesivamente pagado, el plazo para el abandono será de dos
años, cuando se hubiere dejado de continuarlas en los mismos casos del inciso anterior. No
procederá el abandono en contra de las entidades acreedoras de tributos (…).”
DÉCIMO PRIMERO: CONTENIDO DE LA CAUSAL PRIMERA DEL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE CASACIÓN. “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de
normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto,
que hayan sido determinantes de su parte dispositiva.”1
DÉCIMO SEGUNDO: ALCANCE DOCTRINARIO DEL VICIO ACUSADO. El vicio acusado
por la casacionista corresponde a la denominada Falta de aplicación que “ocurre cuando el
sentenciador niega en el fallo la existencia de un precepto, lo ignora frente al caso debatido. Es error
contra ius, es rebeldía y desconocimiento de la norma. Es error de existencia de la norma por
haberse excluido ésta en la sentencia.” 2 Es el denominado error in judicando, cuya falta de aplicación
afecta de modo directo una norma de derecho o sustantiva.
DÉCIMO TERCERO: ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE POR EL VICIO ACUSADO.
La recurrente considera que los juzgadores de instancia incurren en falta de aplicación del artículo 282
del Código Tributario, (actual artículo 267) toda vez que, en la motivación expuesta dentro de la
sentencia recurrida, no consta detalle respecto del tiempo transcurrido desde la última diligencia y esta
consideración presenta una importancia jurídica relevante. En el presente proceso judicial consta que
desde el 27 de octubre del 2011 hasta que fue re sorteado mediante acta de 08 de diciembre del 2014
1 Humberto Murcia Ballén. “Recurso de Casación Civil”, (Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C.
Ltda.), 330 – 331.
2 Tolosa Villabona, L.A.; Teoría y Técnica de Casación, ibídem, pp. 359.
sin que durante este plazo se haya agregado al proceso la petición del actor que demuestre la intención
de continuar con la sustanciación de la causa, por lo que ante la inacción de la parte actora ha
incurrido en lo dispuesto en el contenido del artículo 282 del Código Tributario vigente a la fecha, a
fin de declarar, de oficio, el abandono de la presente causa, considerando que se trata de un precedente
perjudicial para el ordenamiento jurídico interno y para el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
DÉCIMO CUARTO: ANÁLISIS DEL ERROR ACUSADO. Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver el problema jurídico planteado
derivado del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en la causal primera del artículo 3
de la Ley de Casación, admitido por el señor Conjuez de la Sala, considera:
Falta de aplicación. i. La recurrente cuestiona el fallo porque a su decir, los juzgadores no han
incluido en su análisis lo relacionado con el abandono, en tanto, entre la providencia de 27 de octubre
de 2011 y la 18 de noviembre de 2014, el accionante no ha manifestado su voluntad de proseguir con
la causa, extremo sobre el que la Sala debe pronunciarse; ii. En el expediente consta a fojas 108, la
providencia de 14 de septiembre de 2011, a las 08h41 por las que el Tribunal de instancia abre la
causa a prueba por el plazo común de diez días; de modo que, con la providencia referida por el
accionante, de 27 de octubre de 2011, el Juez de sustanciación de la causa agrega la documentación
presentada por la entidad demandada, hecho que evidencia que el plazo de prueba había concluido,
por lo que, a esa fecha, resultaba innecesaria la voluntad del actor para impulsar el proceso; iii. Sobre
el abandono, la Sala ha sostenido que el solo transcurso del tiempo no es causa suficiente para
declararlo, si existe falta de actividad del juez, tanto más que el proceso tributario no se rige por el
principio dispositivo, sino que por el contrario, es cuasioficioso, por las varias disposiciones que
imponen al juez la obligación de velar por su prosecución, sin perjuicio de que las partes también lo
hagan (juicio 12699, Registro Oficial No. 480 de 24 de diciembre de 2001); ha dicho también que
expedida la sentencia por el Tribunal juzgador, no procede que con posterioridad se pretenda alegar el
abandono (juicio No. 852002, Registro Oficial No. 394 de 10 de noviembre de 2006); iv. Habiendo el
Tribunal juzgador expedido el fallo, sin referir a si se ha producido o no el abandono, que por otra
parte, de considerar que ello había ocurrido, también el demandado pudo haber requerido un
pronunciamiento expreso en el momento procesal oportuno, de lo que no existe constancia en el
proceso que así haya procedido. Por las consideraciones expuestas, la Sala desecha el cargo alegado
por el recurrente.
DÉCIMO QUINTO. DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR el fallo emitido
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, el 27 de noviembre de 2019, las 10h47 . Sin costas. Notifíquese, Publíquese
y Devuélvase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO |
133484855-DFE
Juicio No. 1750520110066
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO. Quito, martes 6 de octubre del 2020, las 11h31. VISTOS: La abogada Gabriela
Jaramillo González en calidad de procuradora de la abogada María Alejandra Muñoz Seminario,
Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador interpone recurso de casación en
contra del fallo dictado por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el 27 de noviembre del 2019, las 10h47, dentro del
juicio de impugnación No. 1750520110066, que acepta la demanda propuesta por el señor Marco
Cruz Hernández en calidad de gerente general y representante legal de la compañía Marco Cruz
Hernández Cía. Ltda., y declara la ilegalidad de la Resolución No. DGNDNJADJPPV0435 de 14
de junio de 2011 emitida por el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y su
antecedente la Resolución No. DCPJRPRE51 de 02 de marzo del 2011.
PRIMERO: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es
competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 184
numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte numeral 1 del Código
Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del artículo 201 del Código Orgánico de la Función
Judicial, reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda número 4 del Código
Orgánico General de Procesos y artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en sentencia el 27 de noviembre
de 2019, las 10h47 resolvió aceptar la demanda propuesta por el señor Marco Cruz Hernández, en
calidad de gerente general y representante legal de la compañía Marco Cruz Hernández Cía. Ltda., y
declara la ilegalidad de la Resolución No. DGNDNJADJPPV0435 de 14 de junio de 2011 emitida
por el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y su antecedente la Resolución
No. DCPJRPRE51 de 02 de marzo del 2011.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Con fecha 19 de diciembre del 2019, las 15h52,
la abogada Gabriela Jaramillo González en calidad de procuradora fiscal de la abogada María
Alejandra Muñoz Seminario, Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
interpone recurso de casación, mismo que es calificado, en auto de 13 de enero del 2020, las 08h30, en
los términos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Casación, para ante los Jueces de la Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, competentes para conocer y resolver
este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de admisión de 21 de mayo del 2020, las 08h00, el doctor
Paul Alejandro Rengel Maldonado, en su calidad de Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del
recurso de casación propuesto, admitiendo la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por
el vicio de falta de aplicación del artículo 282 del Código Tributario, (actual artículo 267).
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. La Compañía Marco Cruz Hernández no ha dado
contestación al recurso de casación interpuesto por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa No. 17505
20110066(1), realizado el 14 de agosto de 2020, las 11h54, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores: Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (E), Fernando Antonio Cohn
Zurita, Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, Ponente en la causa. Con acción de
personal No. 301UATH2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la Unidad
Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia en concordancia con la Resolución
No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se legaliza el
reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional. Mediante Resolución 082020 de 24
de junio de 2020 el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al Dr. José Suing Nagua a la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario. Con acción de personal No 317UATH2020OQ de 01
de julio del 2020 y mediante oficio No. 635SGCNJ, la Señora Presidenta de la Corte Nacional de
Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala Contencioso
Tributaria en reemplazo de la doctora Ana María Crespo Santos, ocupada temporalmente por la
doctora Mónica Heredia Proaño, hasta que se designe un nuevo titular. De la misma forma con acción
de personal No. 1278UATH2019OQ, mediante la cual designó al doctor Fernando Antonio Cohn
Zurita, en calidad de Juez Nacional encargado.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara el proceso
válido.
OCTAVO: AUTOS PARA RESOLVER. Mediante providencia de 28 de septiembre, se notifica a
las partes con autos para resolver.
NOVENO: ERRORES ALEGADOS. La recurrente considera que el fallo emitido por el por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, incurre en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación al acusar el
vicio de falta de aplicación del artículo 282 del Código Tributario, (actual artículo 267).
DÉCIMO: NORMA SEÑALADA COMO INFRINGIDA. La norma que la recurrente considera
infringida es: Código Orgánico Tributario: Art. 282 (actual 267). Abandono. “De oficio o a
petición de parte se declarará abandonada cualquier causa o recurso que se tramite en el Tribunal
Distrital Fiscal, cuando haya dejado de continuarse por más de sesenta días, contados desde la
última diligencia practicada o desde la última petición presentada en el juicio, siempre que el trámite
no hubiere concluido. En las acciones de pago indebido o en las de impugnación de resoluciones que
nieguen la devolución de lo indebida o excesivamente pagado, el plazo para el abandono será de dos
años, cuando se hubiere dejado de continuarlas en los mismos casos del inciso anterior. No
procederá el abandono en contra de las entidades acreedoras de tributos (…).”
DÉCIMO PRIMERO: CONTENIDO DE LA CAUSAL PRIMERA DEL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE CASACIÓN. “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de
normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto,
que hayan sido determinantes de su parte dispositiva.”1
DÉCIMO SEGUNDO: ALCANCE DOCTRINARIO DEL VICIO ACUSADO. El vicio acusado
por la casacionista corresponde a la denominada Falta de aplicación que “ocurre cuando el
sentenciador niega en el fallo la existencia de un precepto, lo ignora frente al caso debatido. Es error
contra ius, es rebeldía y desconocimiento de la norma. Es error de existencia de la norma por
haberse excluido ésta en la sentencia.” 2 Es el denominado error in judicando, cuya falta de aplicación
afecta de modo directo una norma de derecho o sustantiva.
DÉCIMO TERCERO: ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE POR EL VICIO ACUSADO.
La recurrente considera que los juzgadores de instancia incurren en falta de aplicación del artículo 282
del Código Tributario, (actual artículo 267) toda vez que, en la motivación expuesta dentro de la
sentencia recurrida, no consta detalle respecto del tiempo transcurrido desde la última diligencia y esta
consideración presenta una importancia jurídica relevante. En el presente proceso judicial consta que
desde el 27 de octubre del 2011 hasta que fue re sorteado mediante acta de 08 de diciembre del 2014
1 Humberto Murcia Ballén. “Recurso de Casación Civil”, (Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C.
Ltda.), 330 – 331.
2 Tolosa Villabona, L.A.; Teoría y Técnica de Casación, ibídem, pp. 359.
sin que durante este plazo se haya agregado al proceso la petición del actor que demuestre la intención
de continuar con la sustanciación de la causa, por lo que ante la inacción de la parte actora ha
incurrido en lo dispuesto en el contenido del artículo 282 del Código Tributario vigente a la fecha, a
fin de declarar, de oficio, el abandono de la presente causa, considerando que se trata de un precedente
perjudicial para el ordenamiento jurídico interno y para el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
DÉCIMO CUARTO: ANÁLISIS DEL ERROR ACUSADO. Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver el problema jurídico planteado
derivado del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en la causal primera del artículo 3
de la Ley de Casación, admitido por el señor Conjuez de la Sala, considera:
Falta de aplicación. i. La recurrente cuestiona el fallo porque a su decir, los juzgadores no han
incluido en su análisis lo relacionado con el abandono, en tanto, entre la providencia de 27 de octubre
de 2011 y la 18 de noviembre de 2014, el accionante no ha manifestado su voluntad de proseguir con
la causa, extremo sobre el que la Sala debe pronunciarse; ii. En el expediente consta a fojas 108, la
providencia de 14 de septiembre de 2011, a las 08h41 por las que el Tribunal de instancia abre la
causa a prueba por el plazo común de diez días; de modo que, con la providencia referida por el
accionante, de 27 de octubre de 2011, el Juez de sustanciación de la causa agrega la documentación
presentada por la entidad demandada, hecho que evidencia que el plazo de prueba había concluido,
por lo que, a esa fecha, resultaba innecesaria la voluntad del actor para impulsar el proceso; iii. Sobre
el abandono, la Sala ha sostenido que el solo transcurso del tiempo no es causa suficiente para
declararlo, si existe falta de actividad del juez, tanto más que el proceso tributario no se rige por el
principio dispositivo, sino que por el contrario, es cuasioficioso, por las varias disposiciones que
imponen al juez la obligación de velar por su prosecución, sin perjuicio de que las partes también lo
hagan (juicio 12699, Registro Oficial No. 480 de 24 de diciembre de 2001); ha dicho también que
expedida la sentencia por el Tribunal juzgador, no procede que con posterioridad se pretenda alegar el
abandono (juicio No. 852002, Registro Oficial No. 394 de 10 de noviembre de 2006); iv. Habiendo el
Tribunal juzgador expedido el fallo, sin referir a si se ha producido o no el abandono, que por otra
parte, de considerar que ello había ocurrido, también el demandado pudo haber requerido un
pronunciamiento expreso en el momento procesal oportuno, de lo que no existe constancia en el
proceso que así haya procedido. Por las consideraciones expuestas, la Sala desecha el cargo alegado
por el recurrente.
DÉCIMO QUINTO. DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR el fallo emitido
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, el 27 de noviembre de 2019, las 10h47 . Sin costas. Notifíquese, Publíquese
y Devuélvase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO |
138306227-DFE
Juicio No. 1775120110068
JUEZ PONENTE: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito,
jueves 10 de diciembre del 2020, las 12h47. VISTOS: El señor Emilio Lara Dillon, en
calidad de Procurador Judicial de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS,
(anterior MEMOSER COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. según escritura de “CAMBIO DE
DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS” de fecha 12 de noviembre de
2007, que obra a fojas 158 a 170 del proceso), dentro del juicio de excepciones No. 17503
200725615, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 28 de enero de
2011, a las 10h18, por la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la
ciudad de Quito, que desecha las excepciones deducidas en el procedimiento de ejecución No.
0034/2006, y ordena la prosecución del procedimiento de ejecución.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de casación, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 184 numeral 1 de la Constitución de la República
del Ecuador; 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y
numeral 2 del arts. 201 del Código Orgánico de la Función Judicial reformado por mandato
de la Disposición Reformatoria Segunda número 4 del Código Orgánico General de Procesos
y Art. 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. La Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo
Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito, en sentencia del 28 de enero de 2011, a las
10h18 (fs. 148 vta. de los autos), dispuso: “…desecha las excepciones, deducidas por
Fernando Maldonado Carbo, Presidente Ejecutivo y Representante Legal de MEMOSER
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., y declara la validez del procedimiento de ejecución No.
00342006, y ordena la inmediata prosecución del procedimiento de ejecución”.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. En fecha 4 de febrero de 2011, a las
11h50, el señor Emilio Lara Dillon, en calidad de Procurador Judicial de CONSTITUCIÓN
C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (fs. 171 a 173 de los autos), presenta recurso
extraordinario de casación, mismo que fue aceptado por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No.
1, mediante auto de 11 de febrero de 2011, a las 10h53, en los términos del Art. 8 de la Ley
de Casación, para ante los Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, quienes son competentes para conocer y resolver este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de 15 de marzo de 2011, a las 09h00, la Sala de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, conformada por los doctores: José
Suing Nagua, Gustavo Durango Vela y Javier Cordero Ordoñez, declaró la admisibilidad del
recurso de casación propuesto, admitiendo la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación.
QUINTO: CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA. Con fecha 08 de
diciembre de 2011, las 10h45, el Tribunal de la Sala Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, en auto de consulta de constitucionalidad de las Disposiciones Cuarta y
Décima, de las “Disposiciones para el cobro eficiente de las acreencias del Estado”,
constantes en el Decreto Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del
Estado, publicado en el Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre de 2011, consulta de
norma que fue acumulada a los casos No. 006011CN y otros, en la Corte Constitucional del
Ecuador y que ha sido resuelta mediante sentencia No. 6011CN/20 de 06 de febrero de
2020. En cumplimiento a lo dispuesto por los jueces constitucionales, el expediente ha sido
devuelto a la Corte Nacional de Justicia mediante oficio No. 0615CCESGNOT2020 de 03
de marzo de 2020, para la prosecución del recurso.
SEXTO: INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa
No. 1775120110068 (1), realizado el 18 de septiembre de 2020, a las 11h46, se radicó la
competencia en la Sala integrada por los doctores: José Suing Nagua, Juez Nacional,
Fernando Antonio Cohn Zurita, Juez Nacional (e); y, Gustavo Durango Vela, Juez Nacional
(e) en calidad de ponente. Con la acción de personal No. 301UATH2020OQ de 22 de junio
del 2020 suscrita por la Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte
Nacional de Justicia en concordancia con la Resolución No. 0652020 de 18 de junio de 2020
emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se legaliza el reintegro del Dr. José Suing
Nagua en calidad de Juez Nacional. Mediante Resolución 082020 de 24 de junio de 2020 el
Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al Dr. José Suing Nagua a la Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario. Con acción de personal No 302UATH2020OQ de 22 de
junio del 2020 y mediante oficio No. 635SGCNJ, la señora Presidenta de la Corte Nacional
de Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma et despacho de la Sala
Contencioso Tributaria en reemplazo de la doctora Ana María Crespo Santos, ocupada
temporalmente por la doctora Mónica Heredia Proaño, hasta que se designe un nuevo titular
de conforme a la acción de personal No. 317UATH 2020OQ de 01 de julio del 2020. De la
misma forma con acción de personal No. 1278UATH2019OQ, se designó al doctor
Fernando Antonio Cohn Zurita, en calidad de Juez Nacional en reemplazo del Dr. José Luis
Terán.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que
pueda afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se
declara el proceso válido.
OCTAVO: ERRORES ALEGADOS. El recurrente considera que el fallo emitido por la
Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito, de 28
de enero de 2011, a las 10h18, incurre en la causal tercera, por el vicio de falta de aplicación
de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Es oportuno observar que en
el escrito de casación, el recurrente únicamente señala como fundamento del recurso de
casación, la causal tercera admitida.
NOVENO: AUTOS PARA RESOLVER. Con fecha 4 de diciembre de 2020, las 12h54, la
Sala Especializada emitió autos para resolver la presente causa.
DÉCIMO: CONTENIDO DE LA CAUSAL TERCERA DEL ART. 3 DE LA LEY DE
CASACIÓN. El presente recurso de casación se fundamenta en la causal tercera del Art. 3
de la Ley de Casación, que establece:
“3ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan
conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en
la sentencia o auto”1.
DÉCIMO PRIMERO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR EL VICIO
SEÑALADO. CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, al interponer el recurso
1 Ecuador Registro Oficial 192 de 18 de mayo de 1993. Ley de Casación: artículo 3 numeral 3.
de casación, en lo pertinente a la causal alegada, sostiene que a la prueba se adjuntó la
indagación previa número 7132005, en la que consta el “Informe pericial documentológico
464 del 17 de octubre del 2005 en la que se concluye que la firma del sujeto pasivo de la
infracción, que constan en los referidos instrumentos de importancia no guardan identidad
caligráfica ni morfológica con sus cuerpos de escrituras ni con la firma de su documento de
identidad, es decir, fueron realizadas por distintas personalidades gráficas...”, que no ha sido
tomada en cuenta en el fallo, lo que significa que existe falta de aplicación de normas de
derecho, ya que al no aplicar los preceptos jurídicos en una de las pruebas fundamentales que
fueron debidamente presentadas en este juicio, esto es, que todas las pólizas emitidas por la
parte actora, fueron suscritas por distintas personas, de lo que se deduce que fueron
falsificadas, sin que la Sala entre a analizar el fondo de dicha prueba; que la Sala no ha
aplicado con profundidad el hecho cierto de la falsificación de las firmas en las pólizas, y en
los documentos que sirvieron para su\emisión, lo que comporta la inexistencia de obligación
tributaria alguna a cargo de la parte actora.
DÉCIMO SEGUNDO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. El señor Francisco Xavier
Amador Moreno, Director Distrital LojaMacará del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador, dentro de término, en escrito de 22 de marzo de 2011, a las 11h10, da contestación
al recurso interpuesto por la compañía actora, en el que solicita desechar el recurso de
casación por improcedente.
DÉCIMO TERCERO: ANÁLISIS DE ESTA SALA SOBRE EL VICIO ALEGADO.
13.1 Este Tribunal Especializado en el caso analizado advierte, que el recurso de casación
interpuesto por el señor Emilio Lara Dillon, en calidad de Procurador Judicial de
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, ha sido propuesto dentro de un juicio
de excepciones a la coactiva con fundamento en los numerales 4, 6 y 10 del Art. 212 del
Código Tributario; y, la sentencia dictada el 28 de enero de 2011, a las 10h18, por la Tercera
Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, dispone desechar la demanda de excepciones y
la prosecución del proceso de ejecución coactivo; en este contexto se debe observar que el
recurso de casación procede en contra de autos y sentencias dictados por los tribunales
distritales de lo fiscal, en juicios de conocimiento. En efecto, esta Sala ha sentado como
criterio reiterado, elevado a rango de precedente jurisprudencial obligatorio por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución s/n publicada en el Registro Oficial 650 de 6
de agosto de 2009, que resuelve: “…los juicios de excepciones a la coactiva, constituyen
procesos de conocimiento, únicamente cuando se refieren a asuntos de derecho material o de
fondo, es decir cuando las excepciones propuestas son las que constan detalladas en los
numerales 3, 4 y 5 del Art. 212 del Código Tributario que se refiere “De las Excepciones”;
en los demás casos al tratarse de los numerales 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 del Art. 212 del Código
Tributario, el proceso constituye de ejecución y no de conocimiento tornándose en
improcedente el recurso extraordinario de casación, si se lo interpone amparándose en estos
numerales”; en consecuencia, a esta Sala de Casación le corresponde conocer el presente
recurso, pues está involucrada la excepción 4 del Art. 212 del Código Tributario, esto es el
hecho de que CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS o su representante, no es
deudor directo ni responsable de la obligación exigida.
13.2 Análisis de la causal tercera. Corresponde analizar el vicio denunciado al amparo de
la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación; a pesar de ello, debe observarse que el
casacionista en la fundamentación del recurso, no determina la violación de ninguna norma
adjetiva, ni sustantiva en el fallo recurrido.
13.3 Alcance doctrinario del error al amparo de la causal tercera. El recurso de casación
interpuesto se fundamenta en la falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba; de ahí que el autor Santiago Andrade Ubidia, en la obra “La
Casación Civil en el Ecuador”, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito2005, p. 150,
señala que este caso:
“…recoge la llamada en la doctrina violación indirecta, que permite casar el fallo
cuando el mismo incurre en error al inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en
forma errónea las normas relativas a la valoración de la prueba, cuando ello ha
el fallo impugnado; el recurrente en su fundamentación deberá demostrar el error de
derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia, ya que nuestro sistema no
admite la alegación del error de hecho en la valoración de la prueba, como causal de
casación, ya que pertenece al llamado sistema de casación puro…”.
Como corolario bien podemos concluir, que no se trata de la posibilidad de denunciar un error
de hecho en la valoración de la prueba, sino de invocar con absoluta precisión cómo fue que
el juez no aplicó, aplicó indebidamente o interpretó erróneamente los preceptos jurídicos
aplicables a la VALORACIÓN de la prueba. Por lo tanto, los tribunales o jueces de instancia
tienen autonomía para apreciar las pruebas que obren dentro del proceso; sin embargo, dicha
autonomía en la apreciación probatoria no puede ser ilimitada, pues sus límites se vinculan a
la defensa de los derechos o garantías fundamentales, de tal manera que el Tribunal de
casación puede revisar la apreciación probatoria que los jueces de instancia hayan realizado
de la prueba, si al hacerlo han violado los preceptos jurídicos aplicables a su valoración.
13.4 Para demostrar el vicio al amparo de la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación,
siguiendo la línea jurisprudencial de esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, la
proposición jurídica debe contener, como mínimo los siguientes puntos: 1. Identificar de
forma precisa el medio de prueba que a su juicio no ha sido valorado en la sentencia; 2.
Determinar con precisión la norma procesal sobre valoración de prueba que ha sido violada;
3. La demostración lógica y jurídica de la forma cómo ha sido violada la norma sobre
valoración del medio de prueba respectivo; y, 4. La identificación de la norma sustantiva o
material que ha sido aplicada erróneamente o que no ha sido aplicada a consecuencia del
yerro en la valoración probatoria.
13.5 Respecto al cuestionamiento de la parte recurrente, en referencia a que en la sentencia
emitida por la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, ésta incurrió en la falta
de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; este Tribunal
de Casación advierte que el recurrente en el escrito de casación se limita a señalar el
contenido de la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, sin identificar los presupuestos
necesarios para configurar la proposición jurídica mínima para que prospere la causal
alegada, esto es, señalar la norma adjetiva que contiene el precepto jurídico aplicable a la
valoración probatoria, que obliga al juez a pronunciarse sobre ella; ni se demuestra con lógica
jurídica, la forma cómo ha sido violada la norma sobre valoración del medio de prueba
respectivo, y mucho menos se señala la norma sustantiva que ha sido aplicada erróneamente o
que no ha sido aplicada a consecuencia del yerro en la valoración probatoria; ya que
únicamente se refiere al “Informe pericial documentológico 464 del 17 de octubre del 2005
en la que se concluye que la firma del sujeto pasivo de la infracción, que constan en los
referidos instrumentos de importancia no guardan identidad caligráfica ni morfológica con
sus cuerpos de escrituras ni con la firma de su documento de identidad, es decir, fueron
realizadas por distintas personalidades gráficas”; sin embargo, se debe observar que a fojas
140 del proceso, consta el auto de 21 de julio de 2008, a las 15h00, en el que el Tribunal
Distrital de lo Fiscal No. 1, señala expresamente, en cuanto a la prueba actuada por la parte
excepcionante, que: “El escrito de fojas 138 y sus anexos presentados fuera de término de
prueba por la parte excepcionante, simplemente agréguese al proceso sin proveer”; lo que
deviene en que no cabe denunciar en casación la falta de valoración de un medio de prueba
que por el mismo actuar del accionante, no ha sido parte del proceso de excepciones en sede
judicial; con lo cual, queda en evidencia que el casacionista erróneamente pretende considerar
al recurso extraordinario de casación, como una instancia adicional, lo cual está en
contradicción al objeto mismo del recurso de casación, cuyo principal objetivo es la defensa
del ius constitutionis, esto es proteger el ordenamiento jurídico imperante a través de la
correcta interpretación y aplicación del Derecho, con el propósito de hacer efectivos los
principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad en la aplicación de la Ley; y que por tal
motivo requiere de una técnica en la denuncia de los vicios que el recurrente cree ha cometido
el Juzgador fiscal; deficiencia que en este caso no puede ser subsanada por esta Sala
Especializada. Por lo expuesto, no se configura la causal tercera del art. 3 de la Ley de
Casación invocada por la parte actora.
DÉCIMO CUARTO: DECISIÓN.
14.1 Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR la
sentencia dictada el 28 de enero de 2011, a las 10h18, por la Tercera Sala del Tribunal
Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito, dentro del juicio de excepciones
No. 17503200725615.
14.2 Sin costas.
14.3 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
Actúe como Secretaria Relatora dentro de este proceso, la doctora Ligia Marisol Mediavilla
en virtud de la Acción de Personal No. 117UATH2020OQ, de 28 de enero de 2020.
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL |
Juicio No.0007-2011
CORTE NACIONAL DE
Dr. Efraín Duque Ruíz
JUSTICIA
PONENCIA DEL DR. EFRAIN DUQUE RUIZ,
ACTORA: EMPERATRIZ DE LOS REYES MITI ANGULO
DEMANDADO: Compañia COMPOLAN SA.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-
Quito, lunes 23 de marzo del 2015, las 10h200
VISTOS: En el juicio laboral seguido por Emperatriz de los Reyes Miti Angulo en contra de la
compañía COMPOLAN S.A., representada por Carlos RenéJalil García y Pamela Jalil García de
Castro, la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas, el 27 de Agosto del 2009, las 15h46, dictó sentencia revocando la subida en grado y
declaró parcialmente con lugar la demanda. Inconformes con dicha resolución los accionados
interpusieron recurso de casación, el mismo que por haber sido concedido permitió que suba
el proceso a la Corte Nacional de Justicia habiendo recaído la competencia en la Sala de
Conjueces, la que, por considerar que cumple con los requisitos formales de admisibilidad al
trámite que prescriben los artículos 6 y 7 de la Ley de Casación, en auto de fecha 9 de mayo de
2012; las 10h40, lo admitió a trámite, pasando el proceso previo sorteo a conocimiento de este
Tribunal de Jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia integrado por las
Doctoras Paulina Aguirre Suarez, Maria del Carmen Espinoza Valdiviezo, Juezas Nacionales, y
Doctor Efrain Duque Ruiz, Conjuez Nacional y Ponente en este caso, conforme el oficio N9
137-SG-CNJ del 02 de febrero de 2015 y acta de sorteo que consta en el expediente de
casación. Encontrándose el recurso en estado de resolver, para hacerlo, se considera:
PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Corresponde el conocimiento de esta causa, al
Tribunal que suscribe constituido por jueces nacionales, nombrados y posesionados por el
Consejo Nacional de la Judicatura, mediante resolución número004-2012 de 26 de enero de
2012; y designadas por el pleno para actuar en esta Sala de lo Laboral, por resolución No. 03-
2013 de 22 de julio del 2013, relativo al cambio en la integración de las Salas de la Corte
Nacional de Justicia; así como por la Resolución No. 1-2015 de 28 de enero de 2015, y en este
proceso en méritoal sorteo, cuya razón obra de fojas 3 del últimocuaderno, realizado de
conformidad a lo dispuesto en el penúltimoinciso del artículo 183 del Código Orgánico de la
Función Judicial. Su competencia para conocer los recursos de casación interpuestos, se
fundamenta en lo previsto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República del
1
Dr. Efraín Duque Ruiz
Ecuador, 191.1 deI Código Orgánico de la Función Judicial, 1 de la Ley de Casación y 613 deI
Código del Trabajo.
SEGUNDO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO: En el caso subjúdice,los recurrentes impugnan la
sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, expresando que las normas jurídicas infringidas
son el artículo 595 del Código del Trabajo; los artículos 114, 115, 121 del Código de
Procedimiento Civil; numeral 4 del Art. 76 y literal a), del numeral 7 del mismo artículo 76 de
la Constitución de la Repúblicadel Ecuador; y, fundan su recurso en las causales primera y
segunda del artículo 3 de la Ley de Casación. La fundamentación de su recurso se contrae a los
siguientes puntos: 2.1.) La Sala basándose exclusivamente en una comunicación expedida por
el Banco de Guayaquil condena a los accionados a pagar a la demandante valores que se
liquidan en el fallo, más utilidades por el período señalado en el mismo. Ignorando las actas de
finiquito, que han sido otorgadas cumpliendo las formalidades del Art. 595 del Código del
Trabajo, entre las cuales se establece con precisión el tiempo que la actora laboró bajo la
dependencia de la compañía SERPOLAN S.A., debidamente sustentado con los documentos
electrónicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y además se indica los valores
cancelados a la accionante por sus derechos; que sin embargo, basándose en una
comunicación expedida por el Banco de Guayaquil, el fallo que recurren condena a su
representada y a ellos a pagar a la demandante los valores que se liquidan, mas las utilidades
en el periodo señalado en el mismo Impugnan la sentencia del Tribunal de alzada, que en el
literal C) del considerando TERCERO, textualmente se dice “Por otra parte obra de fs 49 la
,
tarjeta de rol electrónico emitida por el Banco de Guayaquil, a nombre de la actora de este
proceso, constando el nombre de la compañía demandada COMPOLAN S.A, a nombre de la
demandante y que según certificado de fs. 70 a 73 emitido por dicha institución bancaria
registra depósitos de la compañía Compolan S.A. a nombre de la demandante de este
proceso, enero del 2003 a marzo del 2006”. Que igualmente el considerando CUARTO
determina que desde enero del 2003 a marzo del 2006, la empresa demandada realizó
depósitos por pago de remuneración en la tarjeta asignada a la actora, con lo que se prueba
la relación laboral durante dicho período, análisis que les permite inferir que la Sala se
sustentó exclusivamente en el certificado mencionado. Alegan que el supuesto certificado no
fue presentado en la audiencia definitiva, por tanto no pudo ser impugnado; que la fe de
presentación constante en el certificado tiene fecha de 6 de enero del 2009, un día antes de
notificada la sentencia, es decir la actora retuvo desde el 27 de diciembre de 2008 en que fue
2
expedido; que conocida esta falsedad, los demandados acudieron al Banco de Guayaquil para
que se les explique sobre dicho informe, y estos sorprendidos manifestaron que existen
errores, no se explican que pudo pasar, parecería que el sistema ha fallado, etc. Frente a esta
respuesta exigen que se oficie a la Sala haciéndolesconocer tal error, lo que así hicieron y
acompañaron un nuevo y verás certificado en el que se establece que la compañía Compolan
SA., acreditó las remuneraciones en la cuenta bancaria de la actora, desde el 15 de febrero
del 2006 hasta el 4 de diciembre del mismo año, lo que concuerda con lo manifestado por los
accionados al contestar la demanda, con las actas de finiquito y las planillas de aportes al
IESS que obra de autos. Con todo lo manifestado, los recurrentes aseguran haber probado que
en el fallo recurrido no se ha aplicado el Art. 595 del Código del Trabajo, ya que el acta de
finiquito no fue impugnada, fue firmada ante la autoridad competente y está debidamente
pormenorizada. Así tambiénno se ha aplicado correctamente lo dispuesto en los artículos
113, 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil, relativos a las pruebas, lo que ha influido en
forma determinante en el fallo dictado, configurándose plenamente la primera causal del
artículo 3 de la Ley de Casación, lo que ha influido en el fallo dictado en su contra. 2.2) A
continuación los recurrentes invocan el Art. 76, numeral 4 de la Constitución del Ecuador que
dice: “4.- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la Ley no
tendrán validez alguna y carecerá de eficacia probatoria” disposición que alcanza al supuesto
certificado que la parte actora ha introducido al proceso un día antes de dictar sentencia,
demostrado como el fallo se pronunció sobre una información falsa, no procede su validez y
eficacia puesto que el error no causa derechos. Que en el mismo artículo, el numeral 7, literal
a) determina que “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o
grado de procedimiento”, garantía constitucional que no se ha cumplido en el presente caso,
ya que la supuesta prueba fue entregada un día antes de dictar sentencia, es por ello que el
Juez a quo en el fallo de primera instancia no hace alusión alguna, lo que evidencia que no lo
encontró agregado al proceso al momento que pidió los autos para dictar sentencia. Que de lo
señalado queda demostrado que no se aplicó los derechos constitucionales consagrados en
el numeral 4 y literal a) del Art 76 de la Constitución, lo que ha viciado este proceso al haber
provocado la indefensión de la parte demandada y que influyó en la decisión de la causa,
configurándose plenamente la causal 2 del Art. 3 de la Ley de Casación. En estos términosse
halla configurada su impugnación.
TERCERO: MOTIVACIÓN: La doctrina explica que: La motivación de derecho involucrada
“(..)
en toda sentencia, se relaciono con la aplicación de los preceptos legales y las principios
doctrinarios atinentes, a los hechos establecidos en la causa, con base en las pruebas
aportadas por las partes. Por lo tanto, lo que caracteriza esta etapa de la labor deljuez es,
precisamente aquel trabajo de ‘subsunción’ de los hechos alegados y aprobados en eljuicio, en
las normas jurídicas que los prevea, a travésdel enlace lógico de una situación particular,
especifico y concreta, con la prevención abstracta, genéricae hipotéticacontenida en la ley. Tal
enlace lógico entre los hechos que eljuez ha establecido como resultado del examen de las
pruebas y las previsiones abstractas de la ley, se resuelve en lo que Satto llamó ‘la valoración
jurídica del hecho~ esto es, la transcendencia que jurisdiccionolmente se atribuye al hecho,
parajustificar el dispositivo de la decisión y a este respecto, es clara la obligación que tiene el
juez de expresar en su fallo las consideraciones demostrativas de aquélla valoración, y
justificativa del partido que toma el juez al aplicar los preceptos legales correspondientes,
como únicavía para que elfallo demuestre aquélenlace lógico hecho-norma que viene a ser el
punto crucial de la motivación en la cuestión de derecho; pues a travésdel examen de esas
consideraciones, es como podrá efectuarse lo determinación de si e/juez erró o acertó en la
aplicación de la ley Conforme el mandato contenido en el artículo 76.7.1) de la
(...)“.
Constitucion de la Republica, las resoluciones de los poderes publicos deberan ser motivadas
No habra motivacion sien la resolucion no se enuncian las normas o principiosjuridicos en que
se funda o no se explica la pertinencia de su aplicacion a los antecedentes de hecho
establecidos en el proceso. La falta de motivación y de aplicación de la norma constitucional en
referencia ocasiona la nulidad de la resolución. Cumpliendo con la obligación constitucional de
motivación antes señalada, este Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación:
CUARTO: ARGUMENTACIÓNO RATIO DECIDENDI:
4.1. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso de casación
es un medio impugnatorio de vital importancia dentro de la esfera del Derecho Procesal,
debido a los fines que persigue: Nomofiláctico (proteger el ordenamiento jurídico en las
resoluciones judiciales), Unificador (establecer la correcta aplicación e interpretación de la ley)
y Dikelógico (alcanzar lajusticia y que las decisionesjudiciales no causen perjuicio a las partes).
TRiBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA Recurso de casación No. 00175-250403-00559-00492, EN Leopoldo Márquez Áñez,
MotivosyEfectosdelRecursodecasación deFormaenlaCasaciónCivilVenezolana, p.40
4
lo
-
Este recurso por principio de legalidad, conforme al artículo 76 numeral tercero de la
Constitución de la República,sólo procede en los casos taxativamente establecidos en la Ley,
esto es, por causales in ludicando (vicios de juicio del tribunal o infracción en el fondo), por
causales in procedendo (vicios de la actividad o infracción en las formas). De ahí que es un
medio de impugnación que tiene por finalidad, obtener que las resolucionesjudiciales emitidas
en instancias definitivas puedan ser revisadas por la Corte Nacional de Justicia, para evitar que,
como consecuencia del equívoco que existiera en aquellas, se genere agravio a una de las
partes por errores en que pudiere haber incurrido el Tribunal de Alzada; siendo su finalidad
‘~..
la defensa del derecho, perseguida a travésde la correcta aplicación de la ley en los fallos
judiciales, es la finalidad primera; con ella se logra el imperio de los valores de la seguridad
jurídica y la igualdad ante la ley. Estafunción acentúael carácter constitucional del recurso...”
(Enrique Véscovi,La Casación Civil, edic. Idea, Montevideo, 1979, p. 25).
La Corte Constitucional del Ecuador ha expresado que: “El establecimiento de la casación en el
país, ademós de suprimirel inoficioso trabajo de realizarla misma laborportercera ocasión, en
lo fundamental, releva aljuez de esa tarea, a fin de que se dedique únicamentea revisar la
constitucionalidad y legalidad de una resolución, es decir, visualizar si el juez que realizó el
juzgamiento vulneró normas constitucionales y/a legales, en alguna de lasformas establecidas
en dicha Ley de Casación (Sentencia N2 364 del 17 de enero del 2011, p. 53); por lo que la
casación constituye un recurso especial, cuyo objetivo persigue la anulación o corrección de
una resolución inferior, hallándose regulada por la Ley, que establece el trámite y los requisitos
de forma que debe reunir para ser aceptada; siendo un medio de impugnación de una
resolución, por la cual el recurrente trata de demostrar al Tribunal de Casación que el Juez o
Tribunal de apelación que dictó la sentencia o auto recurrido, se equivocó al dejar de aplicar o
aplicar indebida o erróneamente las normas de derecho sustanciales o procesales.
En este lineamiento, por mandato del Art. 75 de la Constitución de la República,“toda persona
tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus
derechos...”; y en el Art. 76 señala que “En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso...”; corresponde a
este Tribunal, establecer si en la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada no se han
producido transgresiones a la normativa jurídica vigente que pudieran afectar los derechos de
la parte demandada. Para ello, es requisito de la impugnación que exista concordancia entre el
s4~ 5
motivo de la casación y el agravio o lesión que la sentencia en cuestión ha provocado a la parte
recurrente, por lo que debemos entrar al análisis para determinar si existe relación entre lo
que se reclama y lo que decidió el Tribunal de alzada en la sentencia impugnada; considerando
que los juzgadores deben pronunciarse cuidando que su actuación o análisis no se exceda del
pedido del casacionista, ni que éstesea inferior a su requerimiento, oque lo que se manifieste
en sentencia estéfuera de la Ley, cumpliendo para ello, con el deber de motivación, como una
garantía establecida en el artículo 8.1. de la Convención Interamericana de Derechos Humanos
para salvaguardar el derecho a un debido proceso.
4.2. ANALISIS DEL RECURSO DE CASACIÓN: Considerando que los recurrentes basan su
impugnación en las causales: primera y segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, para el
análisis y resolución del recurso de casación, es menester considerar que tanto la doctrina
como la jurisprudencia han determinado que la técnicajurídica para examinar los motivos o
causales de casación es el siguiente: En primer lugar las causales que corresponden a los vicios
“in procedendo”, que afectan a la validez de la causa y su violación determina la nulidad total o
parcial del proceso, así como se refieren a la validez de la sentencia impugnada; vicios
contemplados en la causal segunda, quinta y cuarta; para proseguir con las cuales por errores
“in iudicando”, que son errores de juzgamiento, que se producen por violación indirecta o
directa de norma sustantiva o material, vicios que los encontramos en las causales tercera y
primera, tomando en cuenta que nuestro ordenamiento constitucional es claro en seílalor
“
normas, principios minimos que deben ser respetodos dentro de un proceso, tanto en sede
administrativa como en la instancia jurisdiccional respectivo...“(Sent. N~ 040-14-Sep.-CC, caso
1127-13-EP), este Tribunal proceda analizar los cargos formulados por los recurrentes en el
siguiente orden:
4.2.1. SOBRE EL PRIMER CARGO: Los recurrentes censuran la sentencia por la causal
segunda de la Ley de Casación por: “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable
o provocada indefensión, siempre que hubiere influido en la decisión de la causa y que la
respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente.”. Esta causal es la llamada
por la doctrina “error in procedendo” que se produce cuando un proceso se halla viciado
de nulidad absoluta, insanable y que ha provocado indefensión. Los elementos que
configuran esta causal son: 1) La existencia de cualquiera de los tres vicios: falta de
6
-‘-fr
P
aplicación; indebida aplicación o errónea interpretación de una norma procesal, señalando
la norma quebrantada. 2) Que el proceso se halle viciado de nulidad, de los que están
taxativamente determinados en la ley. 3) La causa de nulidad debe ser insanable, esto es,
que no admita ningúnotro remedio que no sea la declaratoria de nulidad, por cuanto no
es posible reparar el vicio que afecta al proceso; y, que tambiénhubiere ocasionado la
indefensión de alguna de las partes, ya sea por no haberle permitido presentar sus
argumentos de defensa, actuar pruebas o contradecir las que se actúen en su contra, o
por no permitírsele acudir a alguno de los medios de impugnación previstos en la ley. 4)
Que el motivo de nulidad haya influido en la decisión de la causa, porque si el proceso
está viciado, no existe una base jurídica estable que garantice un pronunciamiento
adecuado sobre el fondo de la causa. 5) Finalmente, que el vicio de nulidad no hubiere
sido convalidado legalmente, lo cual significa que en el propio proceso se encontró el
remedio para superar aquello que provoco la nulidad. Las causales de nulidad están
determinadas en los artículos 344 y 346 del Código de Procedimiento Civil, y se dan
cuando en el proceso se ha omitido alguna de las solemnidades sustanciales comunes a
todos los juicios e instancias, que son: 1. Jurisdicción de quien conoce el juicio; 2.
Competencia de la jueza o del juez o tribunal, en el juicio que se ventila; 3. Legitimidad
de personería; 4. Citación de la demanda al demandado o a quien legalmente le
represente; 5. Concesión del término probatorio, cuando se hubieren alegado hechos que
deben justificarse y la ley prescribiere dicho término;6. Notificación a las partes del auto
de prueba y la sentencia; y, 7. Formarse el tribunal del númerode juezas o jueces que
la ley prescribe; y, en el artículo 1014 del mismo Código, cuando existe violación del
trámite inherente a la naturaleza del asunto o de la causa que se estéjuzgando, que
hubiere influido o podido influir en la decisión de la misma o hubiere provocado
indefensión, pues no toda omisión procesal es motivo de nulidad.
Por este cargo, los recurrentes invocan la inaplicación del Art. 76, numeral 4 de la Constitución
del Ecuador que dice: “4.- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución
o la Ley no tendrán validez alguna y carecerá de eficacia probatoria”, por cuanto dicen la parte
actora ha introducido en el proceso un supuesto certificado un día antes de dictar sentencia,
demostrado como está que el fallo se pronunció sobre una información falsa; que en el
mismo artículo, el numeral 7, literal a) determina que “Nadie podrá ser privado del derecho a
la defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento”, garantía constitucional que no se ha
7
cumplido en el presente caso, ya que la supuesta prueba fue entregada un día antes de dictar
sentencia, es por ello que el Juez a quo en el fallo de primera instancia no hace alusión alguna,
lo que evidencia que no lo encontró agregado al proceso al momento que pidió los autos para
dictar sentencia. Que de lo señalado queda demostrado que no se aplicó los derechos
constitucionales consagrados en el numeral 4 y literal a) del Art 76 de la Constitución, lo que
ha viciado este proceso al haber provocado la indefensión de la parte demandada y que
influyó en la decisión de la causa.
Respecto de esta impugnación el Tribunal considera que, conforme lo expresado por los
recurrentes, declarar la nulidad de la sentencia del Tribunal Ad quem y volver a dictar una
nueva, en la cual no se tome en cuenta o no se considere los instrumentos a que hace
referencia la parte accionada en su recurso, constituiría una gravísima violación de la
garantía constitucional a una tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos,
consagrada en el artículo 75 de la Constitución de la República, pues supondría
contradecir el valorjurídico del artículo 596 del Código del Trabajo que dice “Documentos que
constituyen prueba legal.- Constituirán prueba legal los informes y certificaciones de las
entidades públicas,de las instituciones de derecho privado con finalidad social o públicay de
los bancos; pero cualquiera de las partes podrá solicitar, a su costa, la exhibición o inspección
de los documentos respecticos” instrumentos que han sido emitidos por el Banco de Guayaquil
y el Servicio de Rentas Internas, lo que ha sido considerado por al Tribunal de alzada, que ha
resuelto por los meritos de lo actuado, considerando el mandato constitucional del Art 11 5
que dice que en materia de derechos y garantías constitucionales, los jueces deberán aplicar
las normas e interpretación que más favorezca su efectiva vigencia; y siendo los derechos de
los trabajadores irrenunciables, el hecho de firmar actas de finiquito como las que obran del
proceso, así estas contengan los requisitos del artículo 595 del Código del Trabajo, no enerva el
derecho a revisarlas a ver si surten efecto jurídico, especialmente si se detecta de ellas algún
vicio, como el caso de renuncia de derechos, lo que es prohibido por la Constitución y la Ley.
Por lo cual, no se encuentra que en la resolución dictada por el Tribunal ad quem una
vulneración a la garantía del debido proceso prevista en el artículo 76,numeral 4 y 7 literal
a) de la Constitución, tanto más que las comunicaciones que según la parte recurrente
constituyen prueba indebidamente actuada, fuera solicitadas y ordenadas en la audiencia
preliminar, es decir en el momento procesal que corresponde. Por estas consideraciones,
este Tribunal estima que no existe violación d e la garantía constitucional, ni tampoco
8
Ok?ootW
violación del trámite que debe darse a la causa; por o que la argumentación de los
recurrentes carece de fundamento por lo que se la desecha.
4.3.2. SOBRE EL SEGUNDO CARGO: Se impugna la sentencia por la causal Primera del artículo
3 de la ley de Casación que dice: “Aplicación indebida, o falta de aplicación o errónea
interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales
obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes en su parte dispositiva’.
Esta impugnación se da cuando el juez de instancia elige mal la norma, utiliza una norma
impertinente, o atribuye a una norma de derecho un significado equivocado; procura
igualmente proteger la esencia y contenido de la norma de derecho que consta en los códigos
o leyes vigentes, incluidos los precedentes jurisprudenciales, recayendo por tanto sobre la
pura aplicación del derecho; de ahí que el error por esta causal debe ser únicamenteen la
parte dispositiva, nunca en la considerativa, pues este bloque, para los efectos de la causal
alegada, se entiende que está perfectamente constituido y por ello le merece conformidad.
Debe tenerse presente que “El vicio dejuzgamiento o in iudicando contemplado en la causal 1
delArt. 3 de la Ley de casación, se da en tres casos: 1. Cuando eljuzgadordeja de aplico al caso
controvertido normas sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrían
determinado que la decisión en la sentencia sea distinta a la acogida. 2. Cuando eljuzgador
entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético
contemplado en el. Incurre de esta manera en un error consistente en la equivocada relación
del precepto con el caso controvertido. 3. Cuando el juzgador incurre en un yerro de
hermenéutica al interpretar la norma, atribuyéndoleun sentido y alcance que no tiene”.
(Andrade Ubidia, Santiago. La Casación Civil en el Ecuador, 2005, p. 183). El vicio que se imputa
al fallo es la violación directa de la norma sustantiva, incluyendo los precedentes
jurisprudenciales obligatorios, porque no se ha dado la correcta subsunción del hecho en la
norma, es decir no se ha producido el enlace lógico de la situación particular que se juzga con
la previsión hipotética,abstracta y genéricarealizada de antemano por el legislador, yerro que
se puede producir, como se deja indicado, por tres diferentes tipos de infracción: Por
aplicación indebida, por falta de aplicación, o por errónea interpretación de las normas de
derecho, siempre que estos vicios sean determinantes en la parte dispositiva de la sentencia,
lo que la parte recurrente debe fundamentar debidamente; es decir que “La violación de la ley
se presenta cuando eljuez ignora la existencia o se resiste a reconocer la existencia de una
9
norma jurídica en vigo~ o considera norma jurídico a uno que ya no está o que no ha estodo
nunca vigente” (Calamadrei), o cuando incurre en un error en la interpretacián o en la eleccián
de la norma, aplicando a/os hechos una distinta de la que corresponde” (Fernando de la Rúa,El
Recurso de Casación, Bs. As., edit. Fidenter, 1968, p. 103).
La parte recurrente en su impugnación manifiesta que la Sala basándose exclusivamente en
una comunicación expedida por el Banco de Guayaquil le condena a pagar a la demandada
valores que se liquidan en el fallo, más utilidades por el período señalado en el mismo,
ignorando las actas de finiquito, que han sido otorgadas cumpliendo las formalidades del Art.
595 del Código del Trabajo, entre las cuales se establece con precisión el tiempo que la actora
laboró bajo la dependencia de la compañía COMPOLAN SA., debidamente sustentado con los
documentos electrónicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y además se indica los
valores cancelados a la accionante por sus derechos.
Pero al impugnar la sentencia por la causal primera, la parte recurrente esta’’~.. reconociendo
que el tribunal de instancia acertó en las conclusiones sobre los hechos contenidos en las
pruebas” (Andrade Santiago (Dr.), La Casación Civil en el Ecuador, edit. Andrade, Quito, 2005,
p. 195), por lo que no le estaba permitido censurar la valoración de la prueba, ni fijar
nuevamente hechos ya establecidos, pues la esencia de esta causal apunta a demostrar
juridicamente la vulneracion propiamente dicha de normas de derecho por parte del juzgador
al dictar sentencia, considerando que la norma de derecho sustancial es aquella que declara o
regla la existencia, inexistencia o modificacion de una relacion juridica sustancial o material
por lo que no les correspondía censurar la sentencia del Tribunal de alzada por falta de
aplicación del artículo 595 del Código del Trabajo que refiere a los requisitos del instrumento
de finiquito y de los artículos 113, 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil, normas de
carácter procesal que se refieren a la carga de la prueba y las reglas de la sana crítica. La causal
primera, en su construcción normativa, solo admite normas jurídicas de índole sustancial, esto
es normas jurídicas que esténconformadas por dos elementos: un fundamento de hecho y un
efecto jurídico; por lo que en el caso, las normas alegadas son inadecuadas, en tal virtud
carecen de efecto jurídico, no contienen estos presupuestos. Por lo expuesto la impugnación
por esta causal carece de valorjurídico.
SEXTO: DECISIÓN: Por la motivación expuesta, este Tribunal integrado de la Sala Especializada
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
10
—
CORTE NACIONAL DE Dr. Efraín Duque Ruíz
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓNY LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA,no casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, de fecha 27 de agosto del 2009, las
5h46.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley de Casación, entréguesela caución a la actora.
Notifíques~y Devuélvase.
Vadiviezo
Dra.
NACIO
Certifico.-
!uito, lunes veinte y tres de marzo del dos mil quince, a partir de las dieciséishoras,
liante boletas judiciales notifiquéla RESOLUCION que antecede a: MITI ANGULO
EMPERATRIZ DE LOS REYES en la casilla No. 5534 y correo electrónico
ab_corozo60@hotmail.com del Dr./Ab. COROZO ARROYO CRISTOBAL.
COMPOLAN S.A. en la casilla No. 843 y correo electrónico ssemaque.dr@hotmail.com
del Dr.fAb. SERNAQUE CORONELSILYK) SAUL. Certifico:
RAZÓN: En CIENTO TREINTA Y CINCO fojas útilesse devolvió de
oficio al Secretario(a) Relator(a) de la Sala de lo Laboral de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas las actuaciones de la presente causa,
incluyendo 06 fojas de l4Ejecutoria Suprema.
Quii
RELATOR |
125158035-DFE
Juicio No. 1750120110071
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO. Quito, jueves 4 de junio del 2020, las 09h44.
VISTOS:
I. ANTECEDENTES
1.1. La abogada Paulina Silva Barrera, en su calidad de procuradora fiscal del Director
General y de la Directora Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas interpone recurso de
casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el 21 de diciembre de
2017, las 14h16; dentro del juicio de impugnación No. 1750120110071, deducido por el
señor Pablo Ricardo Buitrón Tinta en su calidad de apoderado especial y como tal
representante legal de la compañía Baker Hughes Services International Inc., en contra de la
Resolución No. 117012011RREC012130 de 14 de junio de 2011, emitida por el Director
Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, que aceptó parcialmente su reclamo
administrativo de impugnación del Acta de Determinación No. 1720100100283 por concepto
de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2007; fallo que en su parte principal
dispone: “(…) acepta la demanda planteada por el señor Pablo Ricardo Buitrón Tinta,
apoderado especial de la compañía BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC., y
en consecuencia, deja sin efecto las glosas impugnadas por la actora en la presente causa,
por lo que se modifica parcialmente la resolución No. 117012011RREC012130 emitida por
el director regional Norte del Servicio de Rentas Internas y por tanto del acta de
determinación No. 1720100100283 por impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2007, dejando
sin efecto las glosas impugnadas por la compañía actora de conformidad con lo indicado en
el considerando sexto de esta sentencia. (…)”
1.2. La pretensión jurídica del recurrente, es: “(…) case la sentencia recurrida, declare que
la sentencia objeto de este Recurso de Casación ha incurrido en las violaciones de las
normas legales señaladas y preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba y
reconozca la validez de la glosa mencionada. (…)”
1.3. El recurso de casación fue admitido a trámite por el Tribunal A quo mediante auto de 18
de enero del 2018, las 11h38; ante la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, competente para conocer y resolver este recurso.
II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia tiene
competencia para conocer los recursos de casación según lo dispuesto en los art. 184 de la
Constitución de la República del Ecuador, numeral primero del segundo inciso del art. 185
del Código Orgánico de la Función Judicial; y, art. 1 de la Ley de Casación. Del acta de
sorteo que consta a fojas 14 del expediente de casación, se ha radicado la competencia en la
doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, en su calidad de Jueza Ponente; en la doctora
Mónica Alexandra Heredia Proaño y en el doctor Fernando Antonio Cohon Zurita en sus
calidades de Jueces Nacionales Encargados de la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo dispuesto mediante oficios Nos.
2365SGCNJROG, 2364SGCNJROG y 2363SGCNJROG de 03 de diciembre de 2019,
suscritos por la doctora Paulina Aguirre Suárez, Presidenta de la Corte Nacional de Justicia.
III. VALIDEZ
Para la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se ha observado el
cumplimiento de las solemnidades correspondienets a este tipo de recursos, por lo que se
declara la validez procesal.
IV. ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
Mediante auto de 21 de diciembre de 2018, las 14h38; el doctor Juan Montero Chávez,
Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, declara la admisibilidad del recurso de casación al amparo de la causal tercera y
cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación.La abogada Paulina Silva Barrera, en su calidad de
procuradora fiscal del Director General y de la Directora Zonal 9 del Servicio de Rentas
Internas, fundamenta su recurso de casación con base en la causal tercera del art. 3 de la Ley
de Casación, bajo los cargos de: a) falta de aplicación del artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil, lo que conlleva a la falta de aplicación de los art. 21, numerales 6 literal
a) y 8, del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno; b) falta
de aplicación del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, lo que conduce a la
indebida aplicación del art. 22 numeral 6 y art. 10 numeral 1 del Reglamento para la
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Por otro lado, fundamenta su recurso de
casación en la causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación, bajo el vicio de “citra petita”,
por considerar infringidos los artículos 273 del Código Tributario y 274 del Código de
Procedimiento Civil, vigentes a la fecha.
V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
5.1.Respecto de la falta de aplicación del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, el
recurrente manifiesta que: “(…) el artículo 115 debió ser aplicado para que el debate
probatorio dentro del juicio dentro del juicio No. 1750120110071 considere la prueba
aportada por la Administración Tributaria – correspondiente a los informes periciales
con la finalidad de esclarecer la verdad procesal, situación que fue omitida por el
Tribunal A quo lo que condujo a que en sentencia el juzgador no valore en conjunto la
prueba aportada por la Administración en fase judicial, remitiéndose exclusivamente al
contenido del informe pericial del Perito insinuado por la parte actora (Baker), sin
considerar que fueron los dos informes periciales aquellos que permitieron establecer la
verdad procesal como lo indica el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, que de
haber sido aplicado se hubiere podido llegar a la verdad procesal y conducido a un
resultado diferente por parte del Tribunal A quo. Adicionalmente, se debe resaltar que el
Art. 115, Ibídem, dispone que la prueba debe ser apreciada en su conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica y el Juzgador bajo lo dispuesto en el mismo artículo
tiene la obligación de expresar en su resolución la valorización – no la simple
enunciación de las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión. La razón
por la que debió aplicarse dicho artículo es precisamente para el Juez considere la
prueba aportada por la Administración tributaria en su conjunto, prueba que además
consta en los recaudos procesales adjuntados al proceso que sirvió para la emisión del
acto impugnado, lo que evidencia que el Tribunal A quo no valoró la prueba en su
conjunto aportada por la Administración Tributaria en inobservancia del Art. 115 citado
(…)”. Posteriormente, individualiza las normas sustantivas que considera infringidas y
especifica el modo en que han sido infringidas las mismas, de la siguiente manera: “(…)
4.1.6.1 Falta de aplicación del Art. 21, numeral 6, literal a) del Reglamento para la
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente durante el año 2007.
(Depreciación de Activos, Subcuenta Depreciación 2007 RentalTools) (...) La falta de
aplicación del Art. 115 del Código de procedimiento Civil, conforme se manifestó en
líneas anteriores, devienen en la falta de aplicación del Art. 21, numeral 6, literal a)
referido en el párrafo anterior, por cuanto la glosa de la Administración Tributaria
sustentó su determinación en el referido artículo estableciendo que la actora solo debió
registrar como gasto deducible el valor proporcional de los bienes (correspondientes a
bombas electrosumergibles) a la fecha de su funcionamiento y no la totalidad de la
depreciación tributaria registrada, como la Sala ha aceptado debe realizar. (...) 4.1.6.2
Indebida aplicación del Art. 22, numeral 6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley
de Régimen Tributario Interno (Depreciación de Activos, Chatarra Rental Tools 2007)
(...) La apreciación del Tribunal sobre la aplicación de este artículo para la depreciación
de activos delde (sic) la subcuenta Chatarra Rental Tools 2007 no es la adecuada;
puesto que la norma que debió ser considerada por el H. Tribunal es el Art. 21 numeral
c) de dicho Reglamento, al haberse establecido previamente, en fase probatoria con
elementos antes descritos que el registro de esta cuenta corresponde a una depreciación
acelerada y no una pérdida por venta de activos fijos a terceros. (...) En consecuencia al
no aplicar la norma citada la sentencia recurrida estaría permitiendo establecer un
beneficio que no le corresponde a Baker, por cuanto estaría permitiendo el registro de un
gasto deducible que la ley no le atribuye. 4.1.6.3 Indebida aplicación del Art. 10, numeral
1 de la Ley de Régimen Tributario Interno (Baja de Inventarios “SCRAPP”) La
apreciación del Tribunal sobre la aplicación de este artículo para la depreciación por
baja de invetnrios (sic) no es la adecuada; puesto que la norma que debió ser
considerada por el H. Tribunal es el Art. 21 numeral 8 de su Reglamento, ésto, por
cuanto al verificarse en base a los medios probatorios antes descritos, corresponde a una
baja de inventarios, ante lo cual el Tribunal A quo se encontraba en la obligación de
verificar si Baker cumplía o no con los requisitos que el Reglamento establece frente a
una baja de inventarios, propiamente. Por lo tanto, la presente figura corresponde a una
baja de inventarios. 4.1.6.4 Falta de aplicación del Art. 21, numeral 8, literal b) del
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Provisión por
Inventarios Obsoletos) Señores jueces, la sentencia recurrida debió aplicar el Art. 21,
numeral 8, literal b) del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno, pues una vez verificado el registro de una cuenta por baja de inventarios por
obsolescencia, el Tribunal de instancia debió analizar si la condición de deducibilidad
contaba con los requisitos que la normativa citada establece que debía observar Baker.
5.2.Respecto a la causal cuarta, la procuradora del Servicio de Rentas Internas, establece que:
“(…) conforme se desprende del contenido de la sentencia, ustedes señores podrán
dilucidar que la traba de la litis se configuró con la pretensión del actor, esto es la
impugnación específica a las glosas referidas en el acápite I de este recurso, es decir, las
glosas impugnadas fueron: Depreciación de Activos, misma que incluye tres subcuentas:
1) Depreciación 2007 Rental Tools, 2) Depreciación 2007 Rental Tolls Chatarra y 3)
Chatarra Rental Tools 2007, b) Baja de Inventarios “SCRAPP” y c) Provisión por
Inventarios Obsoletos relacionadas con el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2007, y
sobre las cuales se establecieron las excepciones de mérito de la Administración
Tributaria tendientes a ratificar el contenido de la misma. Sin embargo, y por sin
considerar el objeto íntegro de la litis, el tribunal Ad quo resolvió las glsoas (sic)
indicadas, a excepción de la subcuenta denominada: Depreciación 2007 Rental Tolls
Chatarra omitiendo resolver este punto. Así, queda puesto en evidencia, la configuración
del vicio alegado en sentencia de citra petita y con ello la inobservancia del contenido de
los Arts. 273 del Código Tributario y 274 del Código de Procedimiento Civil aplicables
al caso, que determinan el principio de congruencia entre lo resuelto y las pretensiones y
excepciones formuladas. (…)”
VI. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN
El Sr. Pablo Ricardo Buitrón Tinta, apoderado especial y como tal, representante legal de la
compañía Baker Hughes Services International Inc., dando contestación al recurso de
casación admitido, manifiesta:
o Respecto a la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, expresa:
“(…) El criterio de la AT en este caso es que el TDCT emitió la sentencia
recurrida considerando a la prueba por partes y no en su conjunto,
afectando los principios de unidad de la prueba y de la verdad procesal; y,
por lo tanto, restando certeza en su decisión. Lo afirmado por el Servicio
de Rentas Internas es incorrecto e impreciso, puesto que, la sentencia
emitida por el Tribunal A quo, incluye en varias partes de su texto,
enunciaciones y análisis respecto de todos los argumentos y pruebas
presentadas a lo largo del proceso judicial por las partes; y,
específicamente trae a conocimiento aquellas sobre las cuales basó su
examen respecto de cada una de las glosas establecidas erróneamente por
la Administración Tributaria. (...) Lo antes citado deja expresa constancia
de que el Tribunal A quo garantizó tanto el acceso a la defensa de las
partes, como el análisis unitario de todas las pruebas que se aportaron
efectivamente para el esclarecimiento de la verdad procesal; por lo tanto,
el argumento del Servicio de Rentas Interna para interponer su recurso de
casación es totalmente errado. Tal como se verifica en el proceso judicial
y en la sentencia emitida dentro del mismo, en la respectiva etapa
probatoria, mi representada interpuso un escrito de prueba en el cual
presentó prueba válida y ratificó su pretensión reafirmando sus
argumentos de hecho y derecho. Inclusive hizo alusión a toda la
documentación que entregó a la Administración Tributaria dentro del
proceso de determinación y de reclamo administrativos, lo cual solicitó
sea reproducido y remitido al Tribunal Ad quo (...)”; más adelante,
después de transcribir fragmentos de los considerandos de la sentencia, así
como criterios propios respecto de los mismos, manifiesta que: “(…) En
conclusión, con base en la normativa aplicable y de los hechos
evidenciados en la misma sentencia recurrida, la Administración
Tributaria carece de argumentos jurídicos para alegar la causal tercera
incluida en el Art. 3 de la Ley de Casación; por cuanto, el Tribunal A quo
ha emitido su resolución en total apego a los principios de valoración
unitaria de la prueba legal y efectivamente aportada por las partes,
verificando en cada una de sus conclusiones la verdad procesal y la
esencia económica de las transacciones existentes por cada glosa
impugnada por BAKER. Como se ha podido demostrar, en ningún caso
existe Falta de Aplicación del Art. 115 del Código de Procedimiento Civil,
ni de las demás normas procesales aplicables para la valoración de la
prueba dentro de Acciones de Impugnación Contencioso Tributarias; y,
por lo tanto, no tiene cabida legal, ni lógica la afirmación de la Autoridad
Tributaria de que el Tribunal Ad quo en la emisión de su sentencia habría
infringido las normas sustantivas que propone en su Recurso (…) (sic)
o En relación a la causal cuarta, establecida en el artículo 3 de la Ley de
Casación, indica: “(...) Tal como lo estableció la H. Sala del TDCT son 3
glosas sobre las cuales se trabó la litis:1) Glosa gasto "depreciación de
activos fijos; 2) Glosa gasto "baja de inventarios Scrapp"; 3) Glosa gasto
no deducibles "provisión por inventarios obsoletos". El Servicio de Rentas
Internas trata de inducir al erro (sic) al Tribunal Ad quem, el pretender
establecer como una glosa distinta al concepto "Depreciación 2007 Rental
Tolls Chatarra". Tratando de darle una naturaleza única y distinta de la
Glosa en la que se refleja la supuesta diferencia y que es la Glosa gasto
"depreciación de activos fijos". Tal como lo verificó el Tribunal A quo, el
concepto "Depreciación 2007 Rental Tolls Chatarra" únicamente tiene
una función que es establecer la diferencia por la primera glosa
impugnada. En otros palabras y citando la resolución impugnada, de la
comparación entre los cuadros 7 y 20 de la misma, se evidencia que
dentro de las glosas afectan a la conciliación tributaria no existe una con
el concepto "Depreciación 2007 Rental Tolls Chatarra". La única glosa
que tiene relación con un concepto parecido es la que tiene que ver con la
Glosa gasto "depreciación de activos fijos". Como se ha podido evidenciar
en el numeral 6.1 del considerando SEXTO de la sentencia, la H. Sala del
TDCT hace un análisis integral de todos los elementos que conllevan a
entender la Glosa gasto "depreciación de activos fijos" y la única
diferencia glosada por la AT equivalente el monto de USD 1'336,786.35;
por lo que en caso de que existiera una glosa que no hubiera sido
atendida, tal como erróneamente lo afirma el SRI, debería haberse
indicado el monto de la misma y su afectación a la conciliación tributaria
o al estado de resultados de la determinación. Hecho el cual no ha sido
mencionado por la Administración Tributaria en su Recurso de Casación.
(...) Finalmente, es necesario mencionar que la traba de la litis se produce
respecto de los argumentos contenidos en la demanda y de los elementos
contenidos en la contestación de la misma, que sean coincidentes; es
decir, la AT no puede pretender ampliar la traba de la litis con base en un
concepto que es uno de los componentes que permitió llegar al monto de
USD 1'336,786.35 que es la glosa en sí misma. Por lo expuesto, la Causal
Cuarta alegada por la AT en su Recurso de Casación es improcedente, en
virtud de que la sentencia resolvió las tres glosas sobre las cuales se
presentó la respectiva Acción de Impugnación Contencioso Tributaria por
parte de mi representada. (...)”
VII. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
o CAUSAL CUARTA: La casacionista aduce que se ha configurado la
causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación, al considerar que la
sentencia no resolvió todos los puntos sobre los que se trabó la litis, por lo
que, infringió el art. 273 del Código Tributario; y, 274 del Código de
Procedimiento Civil.
o CAUSAL TERCERA: La casacionista alega que en el fallo recurrido,
existe falta de aplicación del art. 115 del Código de Procedimiento Civil,
que contiene el principio de unidad de valoración de la prueba, vicio que
condujo: a) falta de aplicación del art. 21 numerales 6 y 8 del Reglamento
a la Ley de Régimen Tributario Interno (vigente al año 2007); y, b)
indebida aplicación de los arts. 10, numeral 1; y, 22, numeral 6 del
Reglamento ibídem.
VIII. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CASACIÓN Y RESOLUCIÓN
DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS.
8.1. La casación desde la concepción doctrinaria se ha enmarcado en un campo aplicativo
de naturaleza jurídica extraordinaria, formal y de alta técnica jurídica, autores como:
Hernando Devis Echandía, al referirse al recurso de casación han manifestado que:
“Se trata de un recurso extraordinario, razón por la cual está limitado a los casos en
que la importancia del litigio por su valor o su naturaleza lo justifica. Por él se
enjuicia la sentencia del tribunal, que es su objeto, sin que implique una revisión del
juicio.” (Devis Echandía, H. (s.f.). Nociones Generales del Derecho Procesal Civil.);
así mismo, Jaime Guasp señala que: “La casación se concibe como un recurso donde
se platean estrictamente cuestiones de derecho, y no cuestiones de hecho, es decir,
que se trata de un proceso de impugnación destinado a rescindir un fallo judicial por
razones estrictamente jurídicas, y no por razones fácticas, por lo que quedarían fuera
de la casación todas aquellas motivaciones que pretendieran la eliminación,
sustitución del fallo impugnado a base de su desajuste con los hechos. La casación se
perfila así como una figura de significado netamente jurídico, porque solo las
cuestiones jurídicas tendrían acceso a ella, lo cual limitaría, extraordinariamente y
significativamente, su concepto.” (como se cita en Lovato, J. (2002). Programa
Analítico del Derecho Procesal. Quito: Corporación Editorial Nacional, Universidad
Andina Simón Bolívar). Los objetivos principales de este recurso, por un lado la
protección del ordenamiento jurídico imperante bajo las premisas de la correcta
interpretación y aplicación de las normas de derecho sustanciales como procesales
dentro de la sentencia o auto del inferior, es decir, en sentido estricto el control de
legalidad sobre las decisiones judiciales, y por otro lado la función uniformadora de la
jurisprudencia.
8.2. ANALISIS DE LOS YERROS ALEGADOS POR EL RECURRENTE: En
observancia de la técnica jurídica, si el recurrente invoca varias causales, la resolución
deberá seguir un orden lógico, partiendo del estudio de la causal cuarta, cuando la
sentencia resuelve lo que no fuera materia de litigio; y, en forma posterior, la causal
tercera, que se refiere a la aplicación indebida y falta de aplicación de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que haya conducido a una
equivocada aplicación o falta aplicación de normas de derecho en la sentencia in
examine:
8.2.1. CAUSAL CUARTA: La causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación establece: “
Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de
resolver en ella todos los puntos de la litis”. Esta causal, se puede configurar por el
vicio de ultra petita, cuando se resuelve más de lo pedido; extra petita cuando se ha
solucionado puntos que no han sido objeto del litigio, y, de citra o mínima petita
cuando se deja de resolver sobre alguna o algunas de las pretensiones o
requerimientos de la demanda o sobre las excepciones. Estos vicios reflejan en
general, incoherencia en el proceso de confrontación de la parte resolutiva del fallo
con las pretensiones de la demanda y con las excepciones propuestas.
8.2.1.1. Esta Sala analizará si en la sentencia recurrida se configura el vicio de CITRA
PETITA, esto es, si el tribunal de instancia omitió resolver respecto de la sub
cuenta denominada “Depreciación 2007 Rental Tolls Chatarra” correspondiente a
la glosa impugnada “Depreciación de Activos Fijos”, infringiendo lo dispuesto en
los arts. 273 del Código Tributario, y 274 del Código de Procedimiento Civil:
Código Tributario: Art. 273. Sentencia. Concluida la tramitación el tribunal
pronunciará sentencia dentro de treinta días de notificadas las partes para el
efecto. Antes de sentencia, las partes podrán presentar informes en derecho o
solicitar audiencia pública en estrados, con igual finalidad. La sentencia será
motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la lites y
aquellos que, en relación directa a los mismos, comporten control de legalidad de
los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnados, aún
supliendo las omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho, o
apartándose del criterio que aquellos atribuyan a los hechos.
Código de Procedimiento Civil: Art. 273. La sentencia deberá decidir
únicamente los puntos sobre que se trabó la litis y los que, originados durante el
juicio, hubieren podido reservarse, sin causar gravamen a las partes, para
resolverlos en ella. La norma de derecho que el recurrente estima infringida en la
sentencia de instancia se refiere a que los juzgadores tienen la obligación de
pronunciarse con claridad respectos de todos los puntos sobre los que se trabó la
litis.
8.2.1.2. Con este antecedente, corresponde a esta Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario verificar si el fallo emitido por el Tribunal de Instancia aborda todos los
puntos fundamentales demandados; motivo por el que, se vuelve necesario
confrontar el alcance de las pretensiones invocadas por el actor; la contestación
realizada por la parte demandada, las excepciones planteadas; con el contenido de
la sentencia recurrida, para así, concluir verificando si el fallo resolvió todos los
puntos en conflicto o si,omitió hacerlo, incurriendo en lo que la doctrina ha
llamado como el vicio de "citra petita" alegado por la casacionista.
8.2.1.3. Es primordial empezar manifestando que, el principio de congruencia o armonía
del fallo se contrae a que éste se encuentre en consonancia con las pretensiones,
las excepciones y la resolución; es decir, el juez debe pronunciarse sobre todo lo
pedido por los litigantes y solamente sobre lo demandado y es precisamente esa
actividad jurisdiccional, sin exceso pero también sin defecto, que evita que se
produzca incongruencia o inconsonancia en una resolución.
8.2.1.4. De la sentencia cuestionada, esta Sala procede a realizar las siguientes
consideraciones: De la lectura del contenido íntegro del libelo de demanda y
principalmente de los fundamentos de derecho de la misma, se puede advertir que,
la pretensión del actor, que se identifica es que “(…) que previo análisis de los
argumentos de hecho y de derecho, expuesto, se sirvan resolver a favor de
BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC. la presente Demanda de
Impugnación y se deje por lo tanto sin efecto la Resolución No.
117012011RREC012130 emitida el 14 de junio del año 2011 que establece
diferencias por Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2007 (…)”. El actor
argumenta que su representada realizó la depreciación financiera de los equipos
electrosumergibles en 2 años, puesto que por su naturaleza, la vida útil de dichos
equipos no puede ser mayor, sin embargo, para efectos tributarios, únicamente
tomó como gasto deducible el porcentaje de depreciación que le permite la
normativa legal vigente. Por otro lado, el actor considera que el Servicio de
Rentas Internas, de manera errónea exigió a su representada solicitar autorización
para proceder con la Depreciación Acelerada de los bienes, puesto que los equipos
electrosumergibles, no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación,
esto es: a) Los activos deben ser nuevos; y, b) Los activos deber tener una vida
útil de al menos 5 años. En tal virtud, el contribuyente se ratifica en que no existió
dicha depreciación acelerada como lo afirma la autoridad tributaria demanda; y
que, por tanto, no era exigible obtener autorización alguna. Frente a las
pretensiones del actor, el Tribunal A quo de manera clara establece que: “(…)
Practicada la citación (…) compareció a contestarla el Dr. Paúl Rengel
Maldonado, procurador fiscal de la directora general y del director regional
Norte del Servicio de Rentas Internas (…)” quien realizó sus respectivas
alegaciones en relación a las glosas impugnadas, a saber: a) Depreciación de
activos fijos; b) Baja de inventarlos "SCRAPP"; c) Inventarios obsoletos.
Finalmente, la Autoridad Tributaria demandada “(…) Argumenta que la demanda
carece de fundamentos de fondo, pues la actora no ha justificado, conforme a
derecho, la procedencia de su acción, ni ninguno de los fundamentos de sus
alegaciones, por ende su demanda debe ser desechada de plano. Adicionalmente,
deja constancia que la actora ha formulado su impugnación en los términos
expuestos en su demanda; por tal motivo, una vez trabada la litis, no se deberán
admitir alegaciones adicionales que pretendan modificar el contenido de su
acción, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 273 del Código
Orgánico Tributario, en concordancia con el Art. 273 del Código de
Procedimiento Civil. Solicita se tome en cuenta lo dispuesto en el Art. 259 del
Código Tributario sobre la presunción de validez, y que en consecuencia las
situaciones que no han sido impugnadas expresamente en la demanda se
entienden aceptadas por la actora. (…) Propone como excepciones: 1.
Ilegitimidad de personaría. 2. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho
de la demanda. 3. La demanda carece de fundamentos de fondo. 4. Falta de
derecho de la actora para interponer la presente demanda. 5. Improcedencia de
la demanda. 6. La carga de la prueba corresponde a la actora. Sobre la base de
fundamentos de hecho y de derecho que ha señalado, solicita se deseche la
demanda y en consecuencia se confirme el acto impugnado en todas sus partes.
(…)” Pretensiones que han sido recogidas por el Tribunal de Instancia en la parte
expositiva de la sentencia recurrida, puesto que con base en los antecedentes
expuestos, el Tribunal A quo, en el considerando tercero del fallo recurrido, ha
identificado el objeto controvertido: “(…) Trabada la litis y, analizadas la
demanda y su contestación, pretensiones y excepciones, y la prueba debida y
oportunamente actuada, este Tribunal estima que la controversia sometida a su
consideración radica en establecer la legitimidad de la resolución No.
117012011RREC012130, dictada el 14 de junio de 2011 por el Director Regional
Norte del Servicio de Rentas Internas, con la cual aceptó parcialmente el reclamo
de impugnación al acta de determinación No. 1720100100283 por impuesto a la
renta del ejercicio fiscal 2007. (…)” (El resaltado pertenece a esta Sala). Más
adelante, el Tribunal A quo señala que: “(…) Previo a iniciar el análisis del
controvertido, cabe dejar en claro que la compañía actora impugnó, en etapa
administrativa, expresamente las glosas que a continuación serán objeto de
sentencia, mientras que las glosas: i) intereses pagados al exterior
(subcapitalización) por USD 741,927.22 establecida en el numeral 3.6.2 del acta
de determinación y ii) depreciación de la cuenta 616000 correspondiente a exceso
en el gasto de depreciación por USD 2,864.76 y documentos de adquisición no
presentados por USD 2,107.67 que totaliza USD 4,922.43 constante en el cuadro
9 del acta de determinación, fueron aceptadas y pagadas por la compañía actora,
respecto de las cuales este tribunal no se pronunciará por encontrarse firmes y
ejecutoriadas y sobre las cuales la obligación tributaria debida se ha extinguido
por el pago. (…)”, estableciendo de tal forma que, la controversia deviene del
reclamo administrativo de impugnación signado con el trámite No.
117012010096134, que fue aceptado parcialmente mediante Resolución No.
117012011RREC012130 emitida el 14 de junio de 2011 por el Director Regional
Norte del Servicio de Rentas Internas; y, en consecuencia modificó el Acta de
Determinación No. 1720100100283 correspondiente al Impuesto a la Renta del
ejercicio fiscal 2007 a cargo de la compañía actora de conformidad con los
numerales 11.6 y 11.7 de la Resolución impugnada.
8.2.1.5. Respecto de la impugnación de la Resolución No. 117012011RREC012130 de 14
de junio de 2011, el Tribunal de Instancia, en el considerando sexto, realizó el
respectivo análisis en los siguientes términos: “(…) SEXTO. Siendo la resolución
impugnada un acto debidamente motivado, cabe entonces que el tribunal proceda
a pronunciase sobre cada una de las glosas impugnadas y su legitimidad, para
cuyo análisis nos referiremos en su orden, de acuerdo con el acto impugnado. 6.1.
Glosa gasto “depreciación de activos fijos”. Al respecto de dicha glosa el
Tribunal A quo concluye: “(…) este tribunal establece que la administración
tributaria no ha justificado de manera debida la depreciación acelerada que dice
haberse deducido la compañía actora, pues ni del informe pericial de la perito
Revelo, ni de los documentos contables relacionados con esta glosa, el tribunal
advierte que se haya aplicado tal depreciación acelerada, pues lo que
corresponde en esencia, es a una pérdida por venta de activos fijos a terceros, ya
que de la dinámica contable de la compañía se puede verificar que no existe una
baja de inventarios como tal y como ha sido concebida por la administración
tributaria al levantar la glosa, sino el registro de los resultados de la venta de los
bienes “chatarra”, por el reingreso de las partes para venta en el inventario y
posteriormente la venta a terceros y el registro de gasto por pérdida. La
administración tributaria para sustentar su conclusión, debió al menos, verificar
en el 2007, cuántos equipos pasaron por el perfeccionamiento para ser vendidos,
cuántas piezas de cada equipo fueron recuperadas y reingresaron al inventario, el
valor de venta de cada pieza no recuperada, exponer y analizar el inventario
inicial, el final y el kárdex de la compañía, para así sustentar su glosa;
razonamientos en virtud de los cuales, debe dejarse sin efecto la glosa, por cuanto
la misma no se halla fundamentada bajo el argumento por el que fue levantada,
sin que, por tal falencia, se pueda emitir criterio adicional alguno. (…)”
8.2.1.6. Esta Sala de Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia considera que mal se podría alegar el vicio de “minima petita” en la
sentencia cuestionada cuando el Tribunal de Instancia dejó sin efecto la totalidad
de la glosa denominada “Depreciación de Activos Fijos”, puesto que, de manera
implícita, incluye el reconocimiento de todas y cada una de las pretensiones
planteadas por el actor; por otro lado, resulta pertinente establecer que, el Tribunal
A quo ha resuelto los puntos fundamentales de la controversia, por tanto, de
manera tácita resuelve todos los demás puntos objeto de la litis, por lo que, no
resulta procedente invocar la causal de “minima petita”. Dicho esto, una vez que
se ha contrastado el contenido de la demanda presentada por la compañía Baker
Hughes International Services Inc., con el fallo recurrido, se concluye que se han
resuelto todos los puntos controvertidos que han sido requeridos por el actor;
además se verifica que los juzgadores A quo exponen de forma argumentada y
conforme a las normas legales correspondientes, realizando un pronunciamiento
respecto de la validez de la Resolución No. 117012011RREC012130 de 14 de
junio de 2011, emitida por el Director Regional Norte del Servicio de Rentas
Internas, por lo que, los considerandos citados utsupra del fallo cuestionado,
están encaminados a sostener que la Autoridad Tributaria no ejerció su facultad
determinadora en debida forma, por lo que, no proceden las alegaciones del
recurrente pues existe identidad y coherencia entre lo resuelto y lo controvertido
por los litigantes, en observancia a la normativa legal aplicable al caso, pues la
simple inconformidad con la decisión de los juzgadores A quo no significa que
incurrieran en el vicio de citra petita al amparo de la causal cuarta del art. 3 de la
Ley de Casación, por lo que, no procede el vicio alegado.
8.2.2. CAUSAL TERCERA: La causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación determina:
“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una
equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o
auto”; esta causal recoge lo que en doctrina se conoce como vulneración indirecta,
que permite casar el fallo cuando se configura uno de los vicios antes expuestos, lo
que acarrea como consecuencia la equivocada aplicación o la no aplicación de normas
de derecho en la sentencia recurrida; de ahí que, no se trata de la posibilidad de
denunciar un error de hecho en la valoración de la prueba, sino de invocar con
absoluta precisión cómo fue que el juez no aplicó, interpretó erróneamente, o en su
defecto aplicó indebidamente los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba. Así pues, la vulneración de la ley sustancial se produce en forma indirecta
cuando el juez, en la labor de juzgamiento como consecuencia de los errores de
apreciación probatoria, incurre en falsos juicios sobre las pruebas, porque infringe la
ley probatoria. Para el tratadista Jordi Nieva Fernoll, dentro de las varias formas en
que se puede fundamentar o sustentar la vulneración de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba considera que: “(…) sigue existiendo la
posibilidad de que el Tribunal de Casación analice la valoración probatoria en tres
supuestos muy concretos: 1. Cuando el juez haya pasado por alto la aplicación de
una norma de prueba legal. En este caso. Una disposición claramente normativa
obliga al juez a valorar la prueba en un determinado sentido, de manera que si el
juez A quo prescinde de la misma y opta por la libre valoración, el tribunal deberá
casar la sentencia, por vulneración del ordenamiento jurídico; 2. Si el juez sobrepasó
los límites de lo razonable en la valoración probatoria, de manera que sus
conclusiones no están sustentadas en ninguna lógica racional, el tribunal deberá
casar también la sentencia, porque además de las vulneraciones normativas en que
incurre en este caso, lo cierto es que no hay regla más esencial de cualquier
ordenamiento jurídico que el seguimiento de la lógica y la coherencia; y, 3. Por
último, es posible que el juez A quo haya acudido a la última ratio del ordenamiento
probatorio, la carga de la prueba antes de tiempo. Es decir, que haya prescindido de
valorar el material probatorio obrante en autos y haya presupuesto que era
insuficiente; pues bien, en estos casos, en los que el juzgador, en realidad no ha
valorado la prueba, la sentencia también debe ser casada, por aplicación indebida de
las disposiciones legales sobre la carga de la prueba a un supuesto que no
corresponde”. (Nieva Fernol, J. (2010). La valoración de la prueba. Madrid: Marcial
Pons). Consecuentemente, el error en materia de casación, en la vía indirecta, consiste
en un yerro de apreciación probatoria. Por tanto, en la sentencia cuestionada, el error
debe aparecer manifiesto, evidente, palpable, claro, ostensible y notorio, de tal manera
que, sin mayor esfuerzo en el análisis, se vea que la apreciación probatoria pugna
evidentemente y de forma manifiesta con uno de los preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba.
8.2.2.1. Se debe considerar que el tribunal o jueces de instancia tienen autonomía para
apreciar las pruebas que obren dentro del proceso; sin embargo, esta soberanía y
autonomía de los juzgadores de instancia en la apreciación probatoria no puede ser
ilimitada; puesto que sus límites son la defensa de los derechos o garantías
constitucionales; de tal manera que, el Tribunal de Casación puede revisar la
apreciación que los jueces de instancia han hecho de la prueba. En definitiva y
siguiendo la línea jurisprudencial de la Sala, para la demostración del error de
derecho al amparo de la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, la
proposición jurídica debe contener, como mínimo, los siguientes pasos: 1. La
identificación en forma precisa del medio de prueba que a su juicio ha sido
erróneamente valorado en la sentencia; 2. La determinación con precisión de la
norma procesal sobre valoración de prueba que ha sido vulnerada; 3. La
demostración lógica y jurídica de la forma cómo ha sido vulnerada la norma sobre
valoración del medio de prueba respectivo; y, 4. La identificación de la norma
sustantiva o material que ha sido aplicada erróneamente o que no ha sido aplicada
a consecuencia del yerro en la valoración probatoria.
8.2.2.2. El casacionista sostiene que, al amparo de la causal tercera del art. 3 de la Ley de
Casación, existe falta de aplicación del precepto jurídico aplicable a la valoración
de la prueba contenido en el art. 115 del Código de Procedimiento Civil, lo que ha
ocasionado la falta de aplicación del art. 21, numerales 6 y 8 del Reglamento para
la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario; y, la indebida aplicación de los
arts. 10 y 22 numeral 6 del Reglamento ibídem.
8.2.2.3. Sobre los cargos que propone el casacionista, doctrinariamente se los
conceptualiza de la siguiente manera: a) Falta de aplicación: “(…) ocurre
cuando el sentenciador niega en el fallo la existencia de un precepto, lo ignora
frente al caso debatido. Es error contra ius, es rebeldía y desconocimiento de la
norma. Es error de existencia de la norma por haberse excluido ésta en la
sentencia.” (Tolosa Villabona, L. A. (2008). Teoría y técnica de casación: civil
penal laboral acciones de grupo. Bogotá: Doctrina y Ley); b) Aplicación
indebida: “ocurre cuando el juez aplica una norma que no es llamada a regular,
gobernar u obrar en el caso debatido. La norma es entendida rectamente en su
alcance y significado, pero se aplica a un hecho no gobernado por ella,
haciéndole producir efectos no contemplados en el precepto.” (Tolosa Villabona,
L. A. (2008). Teoría y técnica de casación: civil penal laboral acciones de
grupo. Bogotá: Doctrina y Ley); en este mismo sentido, el tratadista Humberto
Murcia Ballén refiriéndose a este vicio sostiene que: “(…) el juez, al dictar su
sentencia, la primera investigación que debe hacer consiste en la selección de la
norma aplicable, o sea determinar la existencia y validez de ésta. Será necesario
entonces que considere los problemas de la ley en el tiempo y en el espacio,
precisando los límites personales, temporales y espaciales de la regla jurídica
(…)” (Murcia Ballen, H. (2015). Recurso de casación civil. Santa Fé de Bogotá,
Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez); es decir, en virtud de este vicio,
el juez deja de aplicar al caso controvertido normas sustanciales que ha debido
aplicar y que, de haberlo hecho, habrían determinado que las decisiones adoptadas
en sentencia fuesen diferentes de las acogidas.
8.2.2.4. El recurrente, señala como infringidos el contenido de los siguientes artículos:
Código de Procedimiento Civil: “Art. 115. La
prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las
solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la
existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá
obligación de expresar en su resolución la valoración
de todas las pruebas producidas.”
Reglamento a la Ley de Régimen Tributario (vigente
al año 2007): Art. 10. Norma general. Las ingresos
exentos del impuesto a la renta de conformidad con
la Ley de Régimen Tributario Interno deberán ser
registrados como tales por las sociedades y las
personas naturales en su contabilidad o registros de
ingresos y egresos, según corresponda.
Art. 21. Gastos generales deducibles. Bajo las condiciones descritas en el
artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de
producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario
Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, tales como: (...) 6.
Depreciaciones de activos fijos (...); 8. Pérdidas
Art. 22. Otras deducciones. Son también deducibles, siempre que estén
vinculados directamente con la generación de los ingresos gravados, los
siguientes rubros: (...) 6. Las pérdidas por venta de activos fijos, entendiéndose
como pérdida la diferencia entre el valor no depreciado del bien y el precio de
venta si éste fuere menor. No se aceptará la deducción de pérdidas en la venta de
activos fijos, cuando la transacción tenga lugar entre contribuyente relacionados
o entre la sociedad y el socio o su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o entre el sujeto pasivo y su
cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad. Tampoco son deducibles los descuentos concedidos en la negociación
directa de valores cotizados en Bolsa, en la porción que sobrepasen las tasas de
descuento vigentes en el mercado al momento de realizarse la respectiva
negociación, sin perjuicio de los ajustes que se produzcan por efecto de la
aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia establecidos
en la ley, este reglamento y en las resoluciones que el Director General del
Servicio de Rentas Internas expida sobre este particular.”
8.2.2.5. El casacionista alega que en el considerando sexto, numeral 6.1 del fallo recurrido,
con relación a la glosa denominada “Depreciación de Activos Fijos”,
concretamente, la cuenta “Depreciación Rental Tools 2007”, existe falta de
aplicación del precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba contenido en
el art. 115 del Código de Procedimiento Civil, que condujo a la falta de aplicación
del art. 21 numeral 6 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario, vigente al
año 2007. En este contexto, el cuestionamiento principal que realiza la
Administración Tributaria a la sentencia de instancia se fundamenta en que: “(...)
Se debe señalar que el Tribunal A quo no valoró las pruebas en su conjunto;
ya que únicamente se limitó a considerar la respuesta a la pregunta dos de
los informes periciales, como indica en el contenido de la sentencia
recurrida numeral 6.1., concluyendo (sic) “...respecto a la cuenta
'Depreciación 2007 Rental Tools' la compañía actora tenía derecho a
depreciarse en dicho año la totalidad del porcentaje de depreciación
tributaria correspondiente, registrada por ésta, esto es USD 2.823.333, 77,
de conformidad con lo establecido en numeral 7 del artículo 10 de la Ley
de Régimen Tributario Intenro (sic), teniendo en cuenta que la
depreciación de los activos fijos al ser un concepto contable es siempre
anual, y más cuando el acto impugnado no permite conocer ni la fecha de
adquisición de los activos, ni la fecha hasta la cual estuvieron en
funcionamiento, mucho menos una metodología de cálculo, por lo cual la
diferencia de USD 26.345,39 carece de sustento y debe ser dado de baja...”;
no obstante, las respuestas a las preguntas 7 y 8 realizadas por la
Administración Tributaria del informe de la Perito Revelo explica
claramente los procedimientos adoptados por las partes sobre la
depreciación de activos, sobre la base del Informe de Cumplimiento
Tributario proporcionado por Baker para la elaboración de dicho informe
pericial y cuyo contenido evidencia que Baker solo debió registrar como
gasto deducible el valor proporcional de los bienes hasta la fecha de
funcionamiento, no así la totalidad (…)”.
8.2.2.6. En virtud de lo expuesto, lo que sostiene el recurrente es que, el Tribunal de
Instancia, en el considerando antes citado, únicamente contempla la respuesta a la
pregunta 2 expuesta por los peritos Ing. Elizabeth Revelo y Gustavo Pasquel,
puesto que, en la apreciación de los informes periciales, no se incluye en su
análisis o valoración de los hechos, el contenido de las respuestas a las preguntas 7
y 8 constantes en el informe pericial de la ingeniera Elizabeth Revelo.
8.2.2.7. Por otro lado, la Administración Tributaria manifiesta que en el considerando
sexto, numeral 6.1 de la sentencia cuestionada, en lo que respecta a la glosa
“Depreciación de activos fijos”, en la cuenta “Chatarra Rental Tools 2007” existe
falta de aplicación del precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba
contenido en el art. 115 del Código de Procedimiento Civil, que provocó la
indebida aplicación del art. 22, numeral 6 del Reglamento a la Ley de Régimen
Tributario, vigente al año 2007, para lo argumenta: “(...) Se debe señalar que el
Tribunal A quo no valoró las pruebas en su conjunto; ya que, aún (sic) cuando
menciona las respuestas a las pregunta 6 elaborada por la Administración
Tributaria y 2 elaborada pro (sic) Baker, basa su resolución únicamente en las
respuestas a las preguntas 8 y 10 del pliego de preguntas de Baker, como indica
en el contenido de la sentencia recurrida numeral 6.1. sobre esta cuenta,
concluyendo “...este Tribunal establece que la administración tributaria no ha
justificado de manera debida la depreciación acelerada que dice haberse
deducido la compañía actora, pues ni del informe pericial (sic) de la perito
Revelo, ni de los documentos contables relacionados a esta glosa, el tribunal (sic)
corresponde en esencia, es una pérdida por venta de activos fijos a terceros, ya
tributaria al levantar la glosa, sino el registro de los resultados de los bienes
'chatarra', por el reingreso de las partes para venta en el inventario y
posteriormente la venta a terceros y el registro de gasto por pérdida “; no
obstante, la respuesta a la pregunta 6 realizadas por la Administración Tributaria
del informe de la Perito Revelo evidencia claramente que la Administración
consideró que esta glosa tiene la figura de una depreciación acelerada, pues la
obsolescencia, el deterioro y el incumplimiento de estándares de calidad son
acontencimientos (sic) previsibles y mitigables, características propias de una
depreciación acelerada que no fue considerada por el Tribunal A quo para su
resolución. (...)”. En tal virtud, la Administración Tributaria alega que el Tribunal
A quo no consideró en conjunto los informes periciales presentados por los peritos
Elizabeth Revelo y Gustavo Pasquel, puesto que basa su resolución, tomando en
cuenta de manera aislada, las respuestas a las preguntas planteadas tanto por el
actor, como por el Servicio de Rentas Internas.
8.2.2.8. A continuación, la procuradora fiscal del Servicio de Rentas Internas argumenta
que en el considerando sexto, numeral 6.2 de la sentencia cuestionada, en lo
concerniente a la glosa denominada “Gasto por baja de inventarios” se ha
incurrido en la falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba constantes en el art. 115 del Código de Procedimiento
Civil, en consecuencia, se ha producido la indebida aplicación del art. 10, numeral
1 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario, vigente para el año 2007, al
respecto manifiesta: “(...) Se debe señalar que el Tribunal A quo no valoró las
pruebas en su conjunto; ya que, únciamente (sic) reproduce en el numeral 6.2. de
la sentencia recurrida el contenido de las respuestas a las preguntas 13 a 18
elaboradas por la parte demandada, estableciendo que las respuestas dadas por
la Perito Revelo no se observa ninguna cuenta referente a baja de inventarios y
sin embargo la referida Perito refiere (sic)en todas sus respuestas a la existencia
de una baja de inventarios que puede ser glosada por falta de documentación de
soporte establecida en normativa tributaria; concluyendo “... conforme lo
analizado y lo registrado contablemente por la actora, corresponde a una venta
de inventario dañado, como una de las actividades de la compañía que le genera
un ingreso gravado, por lo tanto dicho costo y su pérdida conforme lo ha referido
el perito Pasquel, debe ser considerado como un gasto deducible al tenor de lo
dipuesto (sic) en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario
Interno, al no existir sustento para ratificar que se trata de la baja de inventarios
como es el fundamento de la glosa ...” sin embargo, se recalca que las respuestas
de la Perito Revelo contienen información importante ni siquiera considerada por
el Tribunal A quo para su resolución; y, que puntualmente me permito referir en
las respuestas a las preguntas 10, 11 y 12 que evidencia que la propia compañía
actora resgitró (sic) en la cuenta 'Otros Gastos Locales' el valor sobre esta glosa,
y una vez mapeada la declaración de impuesto a la renta de Baker se verifica que
esta cuenta está conformada por 3 subcuentas que refieren a inventarios dados de
baja y cuya información no fue considerada por
8.2.2.9. Por lo antes dicho, se puede evidenciar que la Administración Tributaria
demandada, nuevamente centra su argumento en que el Tribunal A quo, no valoró
de manera íntegra el contenido de los informes periciales emitidos por los peritos
antes mencionados, lo que se traduce en falta de aplicación del precepto normativo
aplicable a la valoración de la prueba, como lo es el art. 115 del Código de
8.2.2.10. Finalmente, la casacionista sostiene que en el considerando sexto, numeral 6.3 de
la sentencia recurrida, en lo relativo a la glosa “Gastos no deducibles, provisión
por inventarios obsoletos”, el Tribunal Inferior no aplicó lo dispuesto en el art. 115
del Código de Procedimiento Civil, lo que derivó en la falta de aplicación del art.
21, numeral 8 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario, vigente para el año
2007, al respecto manifiesta: “(...) Se debe señalar que el Tribunal A quo no
valoró las pruebas en su conjunto; ya que, únicamente reproduce en el numeral
6.3. de la sentencia recurrida el contenido de las respuestas a las preguntas 19 a
24 elaboradas por la parte actora y 13 a 15 del pliego de preguntas elaboradas
por la parte demandada del informe del Perito Pasquel estableciendo que las
respuestas dadas por la Perito Revelo refieren a una baja de inventarios
obsoletos sin sustento contable o fáctico lo cual no es considerado por la Sala;
concluyendo “... la presente glosa no sustenta de forma suficiente la existencia de
una baja de inventarios obsoletos que pueda ser glosada por la falta de la
documentación de soporte establecida en el reglamento ...”; sin embargo, se
recalca que las respuestas de la Perito Revelo contienen información importante,
pero no considerada siquiera por el Tribunal A quo para su resolución; y, que
puntualmente me permito referir en las respuestas a las preguntas 13, 14 y 15
elaboradas por la parte demandada que evidencian la existencia de inventarios
obsoletos dados de baja, para lo cual la Perito Revelo cita el Informe de
Cumplimiento Tributario proporcionado por la misma compañía actora y que no
fue considerado por el Tribunal al manifestar que la Perito Revelo no justificó su
respuesta. Una vez más, se puede colegir que el recurso de casación interpuesto
por el Servicio de Rentas Internas, en base a la causal tercera del art. 3 de la Ley
de Casación, gira en torno a que el Tribunal A quo, para la emisión de su
sentencia, no consideró la totalidad de las respuestas emitidas por los peritos
designados en el presente proceso, lo que implicaría una vulneración a los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba.
8.2.3. Para demostrar el error de derecho al amparo de la causal tercera del art. 3 de la Ley
de Casación, se debe atender a los cuatro parámetros que fueron mencionados ut
supra, en el numeral 8.2.2.1 de este fallo, y así determinar si se configura o no el
cargo y la causal invocada por el recurrente.
8.2.3.1. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, inicia el análisis de la primera condición denominada: El medio de
prueba específico y sobre el que versa la causal alegada por la Autoridad
Tributaria, la misma que consiste en los informes periciales emitidos por los
ingenieros Elizabeth Revelo y Gustavo Pasquel. Respecto de estos, la recurrente
sostiene que los juzgadores de instancia, en el desarrollo de la parte considerativa
de la sentencia, para dar respuesta a las glosas controvertidas, valoraron de manera
aislada las respuestas otorgadas por los peritos antes mencionados, es decir, no
consideraron de manera íntegra el contenido de dichos informes. En la sentencia
recurrida, a fojas 832 y vuelta de los autos, el Tribunal de Instancia se refiere a
estos informes en los siguientes términos: “(…) A fojas 622 a 635 y a fojas 695 a
708 constan los informes periciales del ingeniero Gustavo Pasquel Velasco y de
la doctora Elizabeth Revelo, respectivamente, peritos designados dentro de la
causa, los mismos que coinciden en indicar: i) que la actora en su contabilidad
deprecia financieramente sus activos fijos en un porcentaje del 50% anual en dos
años; ii) que la actora registra extracontablemente la depreciación tributaria de
sus activos fijos al 10 % anual en 10 años. iii) que esta manera de registro no
afecta tributariamente al valor del gasto deducible registrado en la declaración
del impuesto a la renta declarado por la actora, ya que en su declaración su gasto
deducible corresponde al valor de depreciación tributaria del 10% anual de la
maquinaria que vende y alquila y que corresponde a su activo fijo, esto es las
bombas electrosumergibles; y, iv) que el exceso de la depreciación financiera que
consta en su contabilidad es considerada como gasto no deducible, de manera
que no existe afectación alguna en la forma de contabilizar la depreciación
financiera por parte de la compañía. (…)”; con lo que se demuestra que el
Tribunal A quo si tomó en cuenta los informes periciales emitidos por los
ingenieros Elizabeth Revelo y Gustavo Pasquel, para emitir su decisión.
8.2.3.2. El segundo parámetro consiste en la identificación específica del precepto
jurídico aplicable a la valoración de la prueba que a criterio del recurrente no
ha sido aplicado, el art. 115 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que
dispone: “La prueba deberá ser apreciada por el juez en su conjunto”. Al
respecto, lo primero que se debe dilucidar es qué se entiende por la apreciación de
la prueba en su conjunto. Sobre este tema, el profesor Hernando Devis Echandía,
considera que: “(…) los diversos medios aportados deben apreciarse como un
todo, en conjunto, sin que importe que su resultado sea adverso a quien la aportó,
porque no existe un derecho sobre su valor de convicción; una vez que han sido
aportadas legalmente, su resultado depende sólo de la fuerza de convicción que
en ellas se encuentre (…) Para una correcta apreciación no basta tener en cuenta
cada medio aisladamente, ni siquiera darle el sentido y alcance que realmente le
corresponda, porque la prueba es el resultado de los múltiples elementos
probatorios, reunidos en el proceso, tomados en su conjunto, como una 'masa de
pruebas' (…) Es indispensable analizar las varias pruebas referentes a cada
hecho y luego estudiar globalmente los diversos hechos, es decir, 'el tejido
probatorio que surge de la investigación' agrupando las que resulten favorables a
una hipótesis y las que por el contrario la desfavorezcan, para luego analizarlas
comparativamente, pesando su valor intrínseco (…) clasificándolos de la manera
más lógica, relacionándolos entre sí, debido a sus conexiones más o menos
estrechas, comparando los elementos de cargo con los de descargo respecto de
cada hecho, a fin de comprobar si los unos neutralizan a los otros o cuáles
prevalecen, de manera que al final se tenga un conjunto sintético, coherente y
concluyente, todo estos antes de sacar conclusiones de ellos, de acuerdo con la
gran regla cartesiana de 'comenzar por poner en orden los pensamientos' y
proceder objetivamente, sin ideas preconcebidas, con desconfianza o duda
provisional respecto de las varias hipótesis”. (Devis Hechandía, H. (2014).
Teoría General de la Prueba Judicial. Buenos Aires.) El tanto que el magistrado
Manuel Toboada Roca, respecto de la valoración en conjunto ha manifestado: “La
apreciación conjunta de la prueba es aquella actividad intelectual que realiza el
juzgador de instancia analizando y conjugando los diversos elementos
probatorios suministrados por los litigantes, y en virtud de cuya operación llega
al convencimiento de que son ciertas algunas de las respectivas alegaciones
fácticas de aquéllas en las que se basan sus pretensiones o defensas, o no logra
adquirir ese convencimiento necesario para fundamentar su fallo estimatorio de
ellas”. (Murcia Ballen, H. (2015). Recurso de casación civil. Santa Fé de Bogotá,
Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez)
Relacionando las citas expuestas con el principio de la unidad de la prueba, el
acervo probatorio obrante del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser
examinado y valorado por los juzgadores que resuelven la litis, confrontando las
diversas pruebas (documentos, exhibiciones, inspecciones, pericias, instrumentos
informáticos, etc.) para señalar su concordancia o discordancia y concluir. En este
caso, este Tribunal de Casación advierte que el fallo recurrido en el considerando
sexto hace una apreciación de todas las pruebas actuadas en el proceso; y, para
resolver cada una de las glosas contenidas en la Resolución impugnada se ha
remitido también a los informes periciales constantes en el proceso, y esto se
puede observar tanto el numeral 6.1 del fallo de instancia en el que los juzgadores
identifican específicamente las respuestas dadas por los peritos a varias preguntas
que permiten que el tribunal llegue a una convicción, así por ejemplo de fjs. 833
vta.: “… Lo mencionado por los peritos nos permite concluir que respecto a la
cuenta “depreciación renta tools 2007” la compañóa actpra tem+oa derecho a
depreciarse en dicho año la totalidad del procentaje de depreciación
tributaria…”; de fjs. 834 se observa que el tribunal a quo establece: “Es
justamente por la conclusión del informe del perito Pasquel que, considerando
dicha información, este tribunal establece que la administración tributaria no ha
deducido la compañía actora, pues ni del informe pericial de la perito Revelo, ni
de los documentos contables relacionads con esta glosa, el tribunal advierte que
se haya palicado tal depreciación acelerada, ...”; así como en el numeral 6.2 (fjs.
834 vta.) que se especifica que no se considera el informe de la perito Revelo por
contener respuestas contradictorias y carentes de respaldo, por lo que no puede ser
tomado en cuenta para el análisis del tribunal. Esta Sala verifica del fallo de
instancia que el análisis de las pruebas practicadas fue realizada de manera
concordante, en forma armónica, coherente y no aislada, por lo que, no se ha
configurado el cargo formulado por el Servicio de Rentas Internas.
8.2.3.3. La explicación de la forma en la que se ha producido la falta de aplicación del
precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba contenido en el art.
115 del Código de Procedimiento Civil, según los argumentos expuestos por la
Administración Tributaria, en el contexto de su recurso de casación en el que
argumenta que el Tribunal A quo, omitió tomar en cuenta de manera íntegra el
contenido de los informes periciales; no obstante, en el recurso de casación existe
la aceptación expresa por parte del recurrente que, el Tribunal A quo, si consideró
los informes periciales pero no incluyó en su análisis todas las respuestas
contenidas en dichos informes, y por ende no las valoró, lo que, no es causal de
casación, ya que como se señaló en líneas anteriores, la apreciación conjunta de
las pruebas comporta la necesidad de poner el resultado de unos medios de prueba
con los otros, de tal suerte que, un medio de prueba no puede valorarse
individualmente y desconectado de los demás medios probatorios practicados; por
lo tanto, no puede aceptarse el cargo, como pretende el recurrente, por encontrarse
en desacuerdo con la forma como el Tribunal A quo ha analizado o valorado un
medio de prueba, cuando lo correcto, para que exista una adecuada apreciación de
la prueba, no se limita a tener en cuenta cada medio probatorio de forma aislada,
sino que el acervo probatorio sea el resultado de los múltiples elementos
probatorios, reunidos en el proceso, tomados en su conjunto.
8.2.4. En el caso que nos ocupa, lo que procedía es que el recurrente, dentro de las
exigencias de la técnica casacional, demuestre que el Tribunal de Instancia incurrió, al
apreciar la prueba, en un error de derecho al vulnerar el precepto jurídico aplicable a
la valoración de la prueba, invocado como fundamento del recurso extraordinario de
casación; de tal forma que, si el recurso de casación no cumple cabalmente con esta
exigencia, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional
de Justicia, no puede modificar la decisión recurrida, cualquiera que ésta sea, pues el
análisis o valoración de los hechos es una atribución privativa de los jueces y
tribunales de instancia en la apreciación de las pruebas, el que sólo puede ser revisado
en la medida en que por parte del recurrente se demuestre con certeza que el juzgador
de instancia, al efectuar tal valoración, incurrió en el yerro, que en este caso sería el de
falta de aplicación del art. 115 del Código de Procedimiento Civil, que como se
analizó, en la especie, no se ha demostrado. Es necesario puntualizar que esta Sala no
tiene otra atribución que la de controlar que en la valoración realizada por el Tribunal
A quo no se hayan transgredido normas de derecho que regulan expresamente la
valoración de la prueba, y, en el caso in examine no se ha demostrado de una manera
lógica y jurídica la forma cómo ha sido vulnerado el precepto jurídico aplicable a la
8.2.5. Al respecto, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional
de Justicia, aclara que la vulneración indirecta de la ley sustancial ocurre siempre con
motivo de la labor investigativa del juzgador en el campo probatorio; fuera de éste no
se puede configurar la transgresión indirecta de la ley. Así, pues, este vicio deriva,
indirectamente o por vía de consecuencia, de una equivocada aplicación o de la no
aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto; es decir, la cuarta condición
que exige la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación tiene su razón de ser,
cuando luego de verificarse la vulneración del precepto jurídico aplicable a la
valoración de la prueba, la consecuencia lógica es que también se habría producido en
el fallo, una equivocada aplicación o la no aplicación de normas de derecho material;
de ahí que, no puede haber vulneración indirecta de la norma sustantiva si de por
medio no existe el error en el precepto jurídico de valoración de la prueba. En este
caso, no existe tal falta de apreciación de la prueba en su conjunto, mal entonces
puede existir la vulneración indirecta de normas de derecho en la sentencia, puesto
que ésta es el resultado de los yerros en que incurre el juzgador en el campo
probatorio.
8.2.6. Finalmente, por esta consideración, la supuesta falta de aplicación del art. 21 numeral
6 literal a) y numeral 8 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno; y, la indebida aplicación del art. 10 numeral 1 y, art. 22 numeral 6
del Reglamento ibídem, no se ha configurado, consecuentemente, esta Sala concluye
que no se ha configurado el vicio alegado por el recurrente al amparo de la causal
tercera de la Ley de Casación.
VII. DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR la sentencia
dictada el 21 de diciembre de 2017, las 14h16 por los jueces del Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha. Sin costas, ni honorarios que regular. Actúe la Dra. Ligia Marisol Mediavilla en
calidad de Secretaria Relatora encargada de la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL (E) (PONENTE)
GORDILLO CEVALLOS DIEGO PATRICIO
CONJUEZ NACIONAL
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E) |
RECURSO No. 71-2011
JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO.-
Quito, a 4 de enero de 2013. Las 15h00. ----------------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No.
004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, por la
Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Dr. Jorge Alvarado Carrera, en calidad de
Procurador Judicial del Banco CONSOLIDADO DEL ECUADOR S.A., hoy denominado
Banco PROMERICA S.A., mediante escrito de 04 de febrero de 2011 interpone recurso
de casación en contra de la sentencia dictada por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal
Distrital de lo Fiscal N° 1 con sede en la ciudad de Quito, el 28 de enero de 2011 dentro
del juicio de impugnación N° 17504-1994-15793 (759-09-VS.), interpuesto en contra del
Director General del Servicio de Rentas Internas, la Sala de instancia admite el recurso
mediante auto de 08 de febrero de 2011, subidos que fueron los autos para su aceptación
o rechazo esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, lo admite a trámite mediante providencia de 15 de marzo de 2011 y se pone en
conocimiento de las partes para que se de cumplimiento a lo que establece el Art. 13 de la
Ley de Casación. La Administración Tributaria contesta el recurso en escrito de 21 de
marzo del mismo año. Siendo el estado de la causa el de dictar sentencia, para hacerlo se
considera:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en conformidad
con el art. 184 numeral 1 de la Constitución vigente, en concordancia con el art. 1 de la
Codificación de la Ley de Casación y numeral 1, parte II del Art. 185 del Código Orgánico
de la Función Judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------
1
SEGUNDO.- El Procurador Judicial del Banco PROMERICA S.A., fundamenta su recurso
en la causal 1ª del art. 3 de la Ley de Casación, manifiesta que la Sala Juzgadora al emitir
sentencia infringió por falta de aplicación, los artículos 2 y 34 del Código Tributario
vigentes en los años 1989 y 1990 (Suplemento del Registro Oficial No. 958 de 23 de
diciembre de 1975), art. 9 numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente para
el ejercicio fiscal 1990 (Registro Oficial No. 341 de 22 de diciembre de 1989), Art. 38,
parte primera, literal a) de la Ley de Impuesto a la Renta vigente al año 1989 (Registro
Oficial No. 305 de 08 de septiembre de 1971) y, Art. 54 de la Ley 006 de Control
Tributario y Financiero vigente hasta el ejercicio fiscal del año 1989, (Registro Oficial N°
97 de 29 de diciembre de 1988). Que el origen de los errores de derecho en los que
incurre la Cuarta Sala, se desprende de los Considerandos QUINTO y SEXTO de la
sentencia, pues ha atribuido efectos indebidos a las normas tributarias referidas a la
retención del 8% de la renta para los ejercicios fiscales de los años 1989 y 1990. Que la
sentencia recurrida pretende soslayar la aplicación del Art. 34 del Código Tributario
vigente en los años 1989 y 1990 y art. 9 numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario
Interno vigente en 1990, bajo el argumento que la Ley de Impuesto a la Renta era
especial respecto del Código Tributario, pero que este razonamiento adolece de errores
como: i) el art. 2 del Código Tributario establece la jerarquía de sus disposiciones frente a
otros cuerpos normativos. ii) que resulta alejado de la verdad que la Ley 006 haya
derogado en su totalidad la Ley de Impuesto a la Renta como indebidamente lo señala el
Considerando QUINTO de la sentencia recurrida, tal como se puede comprobar con la
lectura del art. 52 de la Ley 006 de Control Administrativo y Financiero publicado en el
Registro Oficial N° 97 de 29 de diciembre de 1988. iii) Que la Ley de Impuesto a la Renta
vigente en el año 1989, si establece la exoneración de impuesto a la renta a cargo de las
instituciones del Estado y también de instituciones privadas sin finalidad de lucro. iv) Que
a partir del año 1990, se encuentra vigente la Ley de Régimen Tributario Interno que
derogó el anterior régimen de impuesto a la renta, pero que mantuvo la exoneración del
impuesto a la renta a los ingresos percibidos por las instituciones del Estado y por
2
entidades sin finalidad de lucro. Que la sentencia recurrida deja de considerar la
disposición del Art. 15 del Código Tributario y resulta imposible que haya nacido una
obligación tributaria si los rendimientos financieros que pagó el Banco, tal como reconoce
la sentencia del juez A quo, fueron percibidas por entidades del propio Estado. Por lo que
solicita a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, case la sentencia, además, solita que se fije una caución para suspender la
ejecución de la sentencia.--------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- La Administración Tributaria, dentro del tiempo concedido al efecto, en su
escrito de contestación al recurso manifiesta que, respecto a la supuesta falta de
aplicación del Art. 34 del Código Tributario vigente en los años 1989 y 1990, y el Art. 9,
numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente al año 1990, que el Tribunal
Juzgador realiza un correcto análisis de las normas vigentes en los ejercicios fiscales
1989 y 1990 respecto de la retención que la Ley de dicha época obligaba a las entidades
del sistema financiero. Estas normas son las dispuestas en la Ley 006, Ley de Control
Tributario y Financiero que derogaron expresamente la Ley de Impuesto a la Renta, así
como las exenciones dispuestas en el Art. 34 de dicha norma, por lo que al encontrarse
vigentes para los ejercicios fiscales 1989 y 1990 se debían efectuar las retenciones del
8% por concepto de rendimientos financieros, por cuanto las normas citadas, al haber
sido derogadas no establecían exenciones respecto de las entidades a las que debía
efectuarse las retenciones. Que la Administración Tributaria, glosó los valores por
concepto de retenciones del 8% de rendimientos financieros por cuanto la Empresa actora
no las efectuó supuestamente porque, las empresas a las que debían hacerse las
retenciones eran del Estado o sin fines de lucro, que la sentencia expresa que dichas
exenciones no se hacían aplicables en los ejercicios fiscales 1989 y 1990 por haber sido
derogadas las normas de la Ley de Impuesto a la Renta. Que no existe falta de aplicación
de la parte primera del literal a) del Art. 38 de la Ley de Impuesto a la Renta, por cuanto
la Sala Juzgadora considera en su sentencia que dicha norma no se encontraba vigente
en los ejercicios fiscales 1989 y 1990 al ser emitidas las reformas de la Ley 006 de 28 de
3
diciembre de 1988. Por lo que solicita se rechace el recurso interpuesto, ya que las
supuestas normas que no han sido aplicadas por la Sala Juzgadora se encontraban
derogadas a la época de la emisión de las actas de fiscalización impugnadas por la
Empresa actora.--------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- El Tribunal Juzgador considera en su fallo que, en lo que se refiere a las
glosas por retenciones en la fuente por los ejercicios de 1989 y 1990, la Administración
Fiscal ha procedido conforme lo dispuesto por la Ley 006, de Control Tributario y
Financiero, que deroga expresamente la Ley de Impuesto a la Renta en su totalidad y, las
exenciones generales establecidas en el Art. 34 del Código Tributario en cuanto a la
aplicación del impuesto único del 8% a los rendimientos financieros contenidos en
certificados, pólizas de acumulación, certificados de inversiones, avales, fianzas, etc.,
reformas que, al ser publicadas el 29 de diciembre de 1988, en el Registro Oficial N° 97,
tienen su vigencia y aplicación desde el 30 de diciembre de 1988, es decir que la
exención del 8% en los rendimientos financieros y otros, ya no estuvo vigente para los
ejercicios impugnados de 1989 y 1990 y, por ello el Banco Consolidado del Ecuador, hoy
Banco PROMÉRICA S.A., debía retener, como bien lo ha determinado el fiscalizador
actuante, pese a que el Banco actor, ha demostrado que el Servicio de Cesantía de la
Policía Nacional, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central del Ecuador, Sistema
de Garantía Crediticia, Corporación de Retrogarantías y otras instituciones privadas con
finalidad social, religiosa, etc., al año 1998 gozaban de esta exención, por lo cual el Banco
no retuvo el 8% de impuesto único para los rendimientos financieros. Por estas y otras
razones que se señalan en el Considerando Sexto, la Sala Juzgadora desecha la
demanda contenciosa de impugnación y declara la validez de la Resolución impugnada.---
QUINTO.- Corresponde a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, resolver
si efectivamente al dictar la sentencia la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo
Fiscal N° 2, ha infringido las normas de derecho y precedentes jurisprudenciales
relacionados con la “falta de aplicación de las normas de Derecho enunciadas”, pues la
4
causal en la que se funda, es la primera del Art. 3 de la Ley de Casación, esto es:
“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho,
incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que
hayan sido determinantes en su parte dispositiva”. Al respecto se hacen las siguientes
consideraciones: 5.1. El Art. 2 del Código Tributario, que según dice el recurrente, no ha
sido aplicado, establece la jerarquía de sus disposiciones frente a otros cuerpos
normativos generales o especiales y por ello, según el recurrente, para los años 1989 y
1990, estaba vigente la exoneración prevista en el Art. 34 del Código Tributario (actual
35), decía (no ha cambiado el texto): “Exenciones generales: Sin perjuicio de lo que se
disponga en leyes especiales, en general están exentos exclusivamente del pago de
impuestos, pero no de tasas y contribuciones especiales: 1. El Estado…” (subrayado es
nuestro), es por demás claro que, el Código concede las exoneraciones del pago de
impuestos, dejando a salvo el poder tributario del Legislador de ampliar o restringir tales
exoneraciones, que es justamente lo que hizo, al emitir la Ley N° 006, Ley de Control
Tributario y Financiero publicada en el Registro Oficial N° 97 de 29 de diciembre de 1988,
que sin duda es una ley especial en materia tributaria y cuyo Art. 126 deroga la Ley de
Impuesto a la Renta, y dispone: “Salvo lo que se establece en las disposiciones
transitorias a partir de la fecha de aplicación de la presente Ley, se derogan las leyes
generales y especiales y todas las normas en cuanto se opongan a la presente Ley:
Expresamente se derogan: 1.- “La Ley de Impuesto a la Renta cuya Codificación se hizo
mediante Decreto 1282, publicado en el registro Oficial N° 305, de 8 de septiembre de
1971 y todas las reformas expedidas con posterioridad bien sea que consten en leyes
generales o especiales, decretos legislativos, decretos leyes, decretos supremos…”. En
consecuencia, la aplicación e interpretación de dicha norma efectuada en la sentencia es
válida. 5.2. En cuanto a la aplicación del impuesto único del 8% a los rendimientos
financieros contenidos en certificados, pólizas de acumulación, certificados de
inversiones, avales, fianzas, etc., que el Banco recurrente, debió hacer y no lo hizo, esta
Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
5
encuentra que las reformas contenidas en la referida Ley 006 al ser publicadas el 29 de
diciembre de 1988, en el Registro Oficial N° 97, tuvieron su vigencia y aplicación desde el
30 de diciembre de 1988, es decir que la exención del 8% a los rendimientos financieros,
constantes en la hasta entonces Ley de Impuesto a la Renta, ya no estuvo vigente para
los ejercicios impugnados de 1989 y 1990 y, el Banco Consolidado del Ecuador, debía
retener y pagar al Fisco, sea como contribuyente o agente de retención. Por tanto, esta
Sala Especializada de la Corte Nacional, no encuentra que la Sala Juzgadora haya
inobservado tales preceptos en su fallo, y menos haya dejado de aplicar el Art. 34 del
Código Tributario, ni el Art. 9 numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, o el Art.
38 de la Ley de Impuesto a la Renta, vigentes en los períodos de la disputa.–-----------------
En mérito de las consideraciones expuestas, y por cuanto en el presente caso no se ha
dejado de aplicar las normas de Derecho, señaladas por el recurrente como causal de su
recurso, esta Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, desecha el recurso interpuesto. Sin costas. Notifíquese, publíquese,
devuélvase.
Dr. José Suing Nagua
JUEZ NACIONAL
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia Dr. Gustavo Durango Vela
JUEZA NACIONAL CONJUEZ NACIONAL
Cer…
6
…tífico.-
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA
7 |
138957996-DFE
Juicio No. 1750420110072
JUEZ PONENTE: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, viernes 18 de diciembre del
2020, las 12h35. VISTOS: La abogada Dayuma Serrano Añazco, Procuradora Judicial de la señora
Econ. Gabriela Orellana Rosero, Directora Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, interpone recurso
de casación en contra de la sentencia dictada el 16 de marzo de 2018, a las 10h58, por el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha, dentro del juicio de impugnación No.1750420110072, propuesto por el señor Roberto
Amici Taglia, por los derechos que representa en su calidad de Apoderado y representante legal de la
compañía PETREX S.A. (SUCURSAL ECUADOR), en contra de la Resolución Nro.
117012011RREC010880, emitida por el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas por
la que se le niega la devolución de IVA pagado en exceso.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el presente recurso de casación de
conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador,
numeral 1 del artículo 185, 201 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley
de Casación, en concordancia con las disposiciones transitorias primera y reformatoria segunda del
Código Orgánico General de Procesos.
SEGUNDO: INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa
realizado el 20 de diciembre de 2018, a las 11h57, se radica la competencia en la Sala integrada por la
doctora Ana María Crespo Santos, Jueza Nacional Ponente y doctores Darío Velásegui y José Luis
Terán, Jueces Nacionales. En virtud de las Resoluciones Nos. 1882019 y 1972019 del Pleno del
Consejo de la Judicatura, oficio Nro. 2363SGCNJROG, de 3 de diciembre de 2019 suscrito por la
doctora Paulina Aguirre Suárez, Presidenta de la Corte Nacional de Justicia y la acción de personal N°
278UATH2019OQ de la misma fecha, se encarga el despacho del Dr. José Luis Terán, al doctor
Fernando Cohn Zurita. Mediante acción de personal No. 301UATH 2020OQ de 22 de junio del
2020 suscrita por la Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de
Justicia, en concordancia con la Resolución No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno
del Consejo de la Judicatura, se legaliza el reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez
Nacional. De la acción de personal No. 302UATH 2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la
Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia
con la Resolución No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la
Judicatura, se legaliza el reintegro del Dr. Gustavo Durango Vela en calidad de Conjuez Nacional.
Mediante Oficio 635SGCNJ de 1 de julio de 2020 la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia
llama al Dr. Gustavo Durango a asumir el despacho de la ex Magistrada doctora Mónica Heredia
Proaño (quien reemplazaba a la doctora Ana María Crespo), avalado por la acción de personal Nro.
317UATH2020OQ de la misma fecha y por Resolución No. 082020 de 8 de julio de 2020. El
Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al doctor José Suing Nagua y al doctor Gustavo
Durango a la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. En escrito de 9 de abril de 2018 (fs. 327 a 330
de los autos), la abogada Dayuma Serrano Añazco, ofreciendo poder o ratificación de la Directora
Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, presenta recurso extraordinario de casación, el cual, luego de
asegurar su comparecencia, es calificado por la Sala juzgadora de oportuno y dispone subir los autos
al Superior en auto de 25 de abril de 2019, las 15h40, en virtud de lo señalado en el artículo 7 de la
Ley de Casación.
CUARTO: ERRORES ALEGADOS Y ADMITIDOS. Mediante auto de 11 de diciembre de 2018,
a las 13h16, dictado por el doctor Juan Montero Chávez, Conjuez Nacional de la Corte Nacional de
Justicia, se admite el recurso de casación interpuesto por el Servicio de Rentas Internas, en lo
relacionado a las causales primera y quinta del artículo 1 de la Ley de Casación, por el vicio de falta
de motivación de la sentencia, infringiendo los artículos 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la
República y por el vicio de falta de aplicación del artículo 123 del Código Tributario y aplicación
indebida del numeral 2 del artículo 139 del mismo Código.
QUINTO: VALIDEZ PROCESAL. De la revisión del proceso no se observa ninguna circunstancia
que pueda afectar su validez procesal y tampoco existe nulidad alguna que declarar, por lo que se
declara la plena validez del mismo.
Mediante providencia de 14 de diciembre de 2020, a las 13h13, se solicitaron pasen los autos para
dictar sentencia.
SEXTO: ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO. El presente recurso de
casación se fundamenta en las casos 1 y 5 del art. 1 de la Ley de Casación que establece:
“Art. 1. Casos. El recurso de casación procederá en los siguientes casos: 1ra. Aplicación
indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo
los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido
determinantes en su parte dispositiva. (…) 5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren
los requisitos exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones
contradictorias o incompatibles”.
Por amplia jurisprudencia sentada por la extinta Corte Suprema de Justicia, por elemental lógica
jurídica y los efectos que producen, las causales esgrimidas deben tratarse en orden inverso a lo que
dispone la norma legal, tal como fue recogido por el legislador cuando emitió el Código Orgánico
General de Procesos, y conforme el recurrente lo ha propuesto, por lo que primero se analizará la
causal quinta y a continuación la primera.
El caso 5 de la Ley de Casación, se refiere a la transgresión de normas relacionadas con la estructura,
contenido y forma de la sentencia o auto, la que podría configurarse, de dos formas: 1) por defectos en
la estructura del fallo que se dan por la falta de requisitos exigidos por la ley para la sentencia o auto,
entre los que se incluye el requisito constitucional y legal de la debida motivación; 2) por
incongruencia en la parte dispositiva del fallo en cuanto se adopten resoluciones contradictorias o
incompatibles.
En cuanto a la causal 1, es el que la doctrina considera de vicio directo en la aplicación de una norma
de derecho o los precedentes jurisprudenciales obligatorios (error in iudicando) dentro de un proceso
de conocimiento.
SÉPTIMO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR EL VICIO SEÑALADO. El Servicio
de Rentas Internas, en el escrito de casación, respecto a la causal 5ta.de la Ley de Casación, insistió en
la violación de la normativa constitucional y legal en la sentencia impugnada, refirió a la sentencia
emitida por la Corte Constitucional (01714SEPC, caso 040113EP) sobre la motivación y los
requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad para que el juez en su decisión no actúe de
manera arbitraria. Cuestiona que el Tribunal de instancia haya resuelto sin justificar y armonizar el
derecho con los hechos suscitados, dice que no existe una pertinencia, entre las premisas fácticas (si
existió o no un pago en exceso de IVA y si fue motivado el acto administrativo impugnado) y las
premisas normativas, pues la sentencia en su considerando Cuarto analiza la motivación del acto, sin
que establezca una norma que le faculte realizar éste análisis y sin que haya sido materia del litigio, lo
que impidió la defensa a la resolución impugnada, coartando su legítimo derecho a la defensa
incurriendo en la casual esgrimida, cuyo efecto es la anulación del fallo.
En relación a la causal 1ra. manifiesta que, en el punto 4.2 la sentencia del Tribunal A quo aplica el
Art. 139 del Código Tributario y afirma que la resolución impugnada no expresó con claridad y
pertinencia las razones que sustentaron la negativa a la solicitud de devolución del IVA hecha por
PETREX, sin embargo de la simple lectura de dicho acto administrativo se desprende con claridad las
razones que justifican tal negativa, pues dichos valores fueron cancelados en cumplimiento a la
normativa legal aplicable, es decir las que disponen el pago de IVA sobre el ingreso de bienes bajo el
régimen de internación temporal con reexportación en el mismo estado, que nunca fue objetado, en
virtud de lo cual se dispuso que los US $ 135.600,39 sean considerados como crédito tributario para
compensar con el IVA ventas de ejercicios posteriores, lo que da como resultado la falta de aplicación
de la norma contemplada en el Art. 123 del Código Tributario. En consecuencia, no se ha producido
ninguno de los presupuestos previstos en el numeral 2 del Art. 139 del Código Tributario pues no se
obstaculizó el derecho de defensa del contribuyente, insiste que debió aplicarse el referido Art. 123
que define lo que es el pago indebido, pues los valores reclamados no son susceptibles de devolución
sino que debían ser considerados como crédito tributario, lo que se adecua al vicio contemplado en la
causal 1ra. y solicita que así se lo declare.
OCTAVO. CONTESTACIÓN AL RECURSO. Mediante providencia del Conjuez de la Sala que
admite a trámite, se corre traslado a la parte actora en el juicio de impugnación, para que conteste el
recurso de casación propuesto por el SRI por el término de cinco días, pese a lo cual, no consta en
autos que lo haya realizado.
NOVENO: CONSIDERACIONES DE ESTA SALA POR LA CAUSAL 5TA. DEL ART. 3 DE
LA LEY DE CASACIÓN
9.1 Corresponde a esta Sala de Casación resolver sobre la quinta casual invocada, es decir sobre la
falta de motivación alegada por el recurrente y admitida por el Conjuez en su auto de 11 de diciembre
de 2018, vicio que podría producir la nulidad de la sentencia, al tenor de lo ordenado en la normativa
expuesta en el planteamiento del problema jurídico y que ha sido esgrimida como fundamento del
recurso. Sobre motivación de los actos de los poderes públicos se debe observar la siguiente
normativa:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:
“Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) l) Las resoluciones de
los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación sin en la resolución no se
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores
responsables serán sancionados.”
9.2 Alcance doctrinario del error al amparo de la causal 5. Para la autora Gladis E. de Midón, en
su obra “La Casación Control del Juicio de Hecho”, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires
Argentina, 2001, p. 20, respecto a la motivación manifiesta que:
“Para alcanzar sus fines garantistas es inevitable que la motivación sea autosuficiente, en
el sentido de abastecerse, expresando no sólo las conclusiones decisivas sino,
fundamentalmente, las razones en que tales conclusiones se basan. No basta pues, como
bien dice Carrió, que la sentencia tenga fundamentos, porque es preciso que éstos estén a
su vez fundados. Sin esa básica motivación no es posible hablar en lenguaje constitucional
de sentencia, pues huérfana de razonados fundamentos no hay nada, añadirá Morello, que
en un acto de voluntad inepto de por si para constituirse en fuente jurígena de derechos”.
Por su parte el Dr. Santiago Andrade Ubidia, en la obra “La Casación Civil en el Ecuador”,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2005, p. 138, sostiene que:
“La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido crítico,
valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho
que el juez apoya su decisión. Su exigencia es una garantía de justicia a la cual se le ha
reconocido jerarquía constitucional, como derivación del principio de inviolabilidad de la
defensa en juicio. Por la motivación, además se asegura la publicidad de la conducta de
los jueces y el control popular sobre el desempeño de sus funciones, esencial en un
régimen republicano. Por ella también podrán los interesados conocer las razones que
justifican el fallo y decidir su aceptación o impugnación”.
Para Oswaldo Alfredo Gozaini, en su obra “El Derecho Procesal Constitucional, El Debido Proceso”,
Rubinzal Culzoni Editores, Buenos AiresArgentina, 2004, p. 428; la motivación, que no es otra cosa
que:
“…la progresividad del derecho de las partes y la obligación constitucional de los jueces
de motivar los fallos, plantea la naturaleza que tiene este deber fundamental. No se trata
de contabilizar una simple fundamentación que puede resultar suficiente con la aplicación
mecánica de la ley, sino de analizar si dicha exigencia radica en una necesidad política
propia de la justificación de los actos de un poder del Estado, o significa establecer una
garantía constitucional que forma parte de un conjunto de mayor contenido en el principio
del debido proceso”.
Es claro entonces, que la motivación es uno de los requisitos esenciales que deben cumplir las
decisiones de las autoridades públicas, ya sea en el ámbito administrativo o judicial. Motivar es
explicar la manera en que las normas jurídicas son aplicables a los hechos controvertidos y definidos
en la litis del proceso, luego de que éstos han sido verificados en base a las pruebas debida y
legalmente actuadas.
9.3 En relación al recurso planteado por el Servicio de Rentas Internas debe ser analizado si la
sentencia objetada, está o no debidamente motivada, para lo que nos permitimos resaltar los siguientes
puntos extraídos de la misma:
i) Luego de señalar las premisas meramente formales pero necesarias de todo fallo, bajo el título
“Motivación del fallo y Resolución” establece en el ítem 4.1 las normas constitucionales (arts. 75, 82
y 76 literal l) numeral 7) legales (81 del Código Tributario y 31 de la Ley de Modernización del
Estado) y los precedentes jurisprudenciales y doctrinarios que exigen motivar los actos de la
administración pública, no sólo como una obligación de fijar las circunstancias fácticas y las normas
que deben aplicarse, sino también la explicación de la razón o motivo por los cuales se realiza tal o
cual consideración, a fin de no dejar en indefensión a alguna de las partes. ii) En el ítem 4.2, se hace
un análisis del caso concreto sometido a su decisión, señalando que el punto esencial de la
controversia se concreta en la pretensión de la compañía actora (nulidad del acto por falta de
motivación) que “la sustenta en que los argumentos expuestos en la mentada resolución se
circunscriben a hacerle conocer el derecho a crédito tributario que tiene por esos valores, los que
pueden ser compensados a futuro” sin responder a su solicitud concreta; luego la sentencia transcribe
el literal y) de la Resolución impugnada y su conclusión: “que lo pagado por la accionante en
concepto de IVA tanto en la internación temporal, como en la nacionalización de bienes se lo hizo en
cumplimiento a la normativa legal, por lo que no existe un valor pagado en demasía y por tanto niega
el reclamo formulado por PETREX S.A. Argumento que es el mismo que el procurador fiscal esgrime
en su escrito de contestación a la demanda, sin que de modo alguno, se explique cómo, todo el
enunciado normativo con el que considera motivada su resolución, sustente la negativa a la
devolución y por qué el doble pago que la accionante alega haber realizado, no constituye pago en
exceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Tributario (…) no explica cómo
y en qué parte de tales normas cabe un doble pago de IVA, más aún cuando a contrario sensu, los
artículos citados por la propia autoridad tributaria prevén cuestiones no consideradas al momento de
resolver…” (subrayado fuera de texto) resulta de claridad meridiana que la sentencia declara nula la
Resolución No. 117012011RREC010880, emitida por el Director Regional Norte del Servicio de
Rentas Internas porque no existe en ella la subsunción de los hechos sometidos a su decisión con la
normativa expuesta en forma general y sin referencia al reclamo administrativo. iii) Justamente sobre
esta decisión es que la Administración Tributaria pide se case la sentencia por el vicio de falta de
motivación, con el argumento de que no se ha señalado la norma legal que ampare tal decisión y por
tanto se ha producido su nulidad; para cuyo efecto es necesario referir que no le es permitido a esta
Sala de Casación revisar las pruebas aportadas y evaluadas en el proceso de instancia, no al menos por
esta quinta causal (falta de motivación), en consecuencia nos referiremos a aquella que fue motivo de
la controversia: la compañía PETREX S.A. solicitó la devolución de lo que considera un pago en
exceso, “pues por la misma mercancía ha pagado en dos momentos distintos: en forma mensualizada
por la depreciación de los activos, conforme el artículo 142 del RLRTI y en el cambio de régimen,
volvió a pagar sobre el valor de los bienes reexportados y los nacionalizados.” Hecho que no es
discutido por el sujeto activo del tributo, que lo que acepta es que se use como crédito tributario el
valor de US $ 110.550,45, al respecto de lo cual el fallo impugnado señala expresamente las normas
constitucionales y legales que le sirvieron de fundamento, desmintiendo lo mantenido por el SRI en su
recurso. iv) Esta Sala de Casación encuentra que, se ha establecido los presupuestos fácticos
sometidos a la decisión y las normas constitucionales y legales que amparan su decisión y por tanto
cumple con los requisitos formales exigidos por la ley, considerando además que la falta de
motivación de un acto de cualquier autoridad pública, por los graves efectos de nulidad que produce,
debe ser determinante en su decisión, lo cual no ha ocurrido en este caso. Por lo expuesto se desecha
el argumento del recurrente en relación a este vicio en la sentencia.
DÉCIMO: CONSIDERACIONES DE ESTA SALA POR LA CAUSAL 1RA. DEL ART. 3 DE
10.1 Superada la causal de nulidad de la sentencia, corresponde a esta Sala de Casación resolver sobre
falta de aplicación del artículo 123 del Código Tributario y la aplicación indebida del numeral 2 del
artículo 139 del mismo Código, para efecto de lo cual es necesario observar la siguiente normativa:
CODIGO TRIBUTARIO
Art. 123. Pago en exceso. Se considerará pago en exceso aquel que resulte en demasía en
relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la
respectiva base imponible. La administración tributaria, previa solicitud del contribuyente,
procederá a la devolución de los saldos en favor de éste, que aparezcan como tales en sus
registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y el reglamento determinen, siempre y
cuando el beneficiario de la devolución no haya manifestado su voluntad de compensar
dichos saldos con similares obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo….”
“Art. 139. Invalidez de los actos administrativos. Los actos administrativos serán nulos y la
autoridad competente los invalidará de oficio o a petición de parte, en los siguientes casos:
(…) 2. Cuando hubieren sido dictados con prescindencia de las normas de procedimiento o
de las formalidades que la ley prescribe, siempre que se haya obstado el derecho de defensa o
que la omisión hubiera influido en la decisión del reclamo.”
10.2 Alcance doctrinario del error al amparo de la causal 1. Esta causal es conocida en la
doctrina como la violación directa de la Ley en la sentencia y de configurarse el yerro jurídico, debe
ser casada. La causal tiene como limitante la revaloración de las pruebas y debe ser planteada a partir
de los hechos probados en la sentencia. Para que se constituya la misma se requiere la presencia de
dos elementos: el primero, debe haber violación directa de las normas sustantivas y el segundo, que la
transgresión haya sido determinante en la parte resolutiva del fallo recurrido. Según nuestra ley esta
violación puede estar dada por: 1) aplicación indebida que se presenta cuando entendida rectamente
la norma se la aplica sin ser pertinente al asunto que es materia de la decisión, es decir el juez hace
obrar a la norma a una situación no prevista o regulada por ella; 2) la falta de aplicación, es la
omisión del juzgador en la utilización de las normas o preceptos jurídicos que debían aplicarse a una
situación concreta y no lo ha hecho, conduciendo a un error grave en la decisión final; 3) la errónea
interpretación de normas de derecho consiste en la falta que incurre el Juez al dar erradamente a la
norma jurídica aplicada un alcance mayor o menor o distinto que el descrito por el legislador. La
invocación de la causal conlleva que la Sala de Casación verifique si la sentencia emitida por el
Tribunal a quo riñe con el derecho (error in iudicando).
Según “Teoría y Técnica de la Casación” del profesor Tolosa Villalona, la falta de aplicación de un
precepto jurídico de una norma sustantiva “ocurre cuando el sentenciador niega en su fallo la
existencia de un precepto, lo ignora frente al caso discutido. Es error contra ius, es rebeldía y
desacato de la norma. Es error de existencia de la norma por haberse excluido ésta de la sentencia.”
Según Murcia Ballén “El concepto de violación a la norma sustancial también llamado aplicación o
inaplicación se presenta cuando al dictar la sentencia el juez no la aplica debiendo haberla aplicado
en ella y como tal omisión implica el desconocimiento del derecho que claramente consagra el
precepto legal, dicho texto resulta entonces vulnerado.”
El vicio de aplicación indebida se produce: “(…) cuando la norma ha sido entendida rectamente en
su alcance y significado, más se lo ha utilizado para un caso que no es el que ella contempla” Dr.
Santiago Andrade Ubida: “La Casación Civil en el Ecuador“, R. O. # 12 de 31 de enero de 2003.
10.3 Se acusa a la sentencia de haber aplicado indebidamente el numeral 2. del Art. 139 del Código
Tributario, pues la resolución administrativa impugnada expresó con claridad y pertinencia las razones
que sustentaron la negativa a la solicitud de devolución del IVA hecha por PETREX, ya que los pagos
de IVA fueron hechos en cumplimiento a la normativa legal, lo que nunca fue objetado por la
empresa, sin embargo la Sala A quo resuelve que tal decisión ha obstaculizado su derecho de defensa.
Planteada así la controversia, y siendo el recurso de casación una verdadera impugnación a la validez
jurídica de la sentencia, se hacen las siguientes consideraciones: i) El Art. 139.2 del Código
Tributario dispone que, es causa de nulidad de un acto administrativo tributario la prescindencia de
normas de procedimiento o de las formalidades que la ley prescribe, siempre que se haya obstado el
derecho de defensa. ii) Efectivamente y tal como se analizó en el considerando anterior, esta Sala
comparte con el Tribunal A quo el criterio de que no es suficiente motivar una resolución con el
argumento de que no ha sido objetado el fundamento del rechazo (la demanda contenciosa le
contradice), sino por el contrario, la autoridad estaba en la obligación de identificar con precisión y
exactitud los hechos controvertidos y la norma jurídica que le permita compensar automáticamente
con obligaciones futuras en lugar de proceder a la devolución de lo reclamado por la contribuyente
como pago en exceso. En conclusión, hizo bien en declarar nulo el acto administrativo impugnado por
haber omitido una formalidad sustancial y por tanto aplicó debidamente la norma pues tal omisión
influyó en su decisión y como consecuencia el cuestionamiento a la sentencia no puede prosperar por
el vicio reclamado por el recurrente.
En cuanto a la falta de aplicación del Art. 123 del Código Tributario, también reclamado por el
Servicio de Rentas Internas, puesto que para él, el pago en exceso del IVA en la importación de
mercadería bajo el régimen especial de reexportación en el mismo estado, le confiere únicamente
derecho a compensar el saldo con obligaciones futuras, mas no exigir su devolución: iii) El hecho del
pago no se encuentra en discusión, puesto que, tanto la empresa actora como la Administración
Tributaria acreedora, lo han aceptado como probado, entonces lo que realmente se discute es si
PETREX S.A. tiene o no el derecho de exigir tal devolución, o por el contrario, la suma pagada debe
compensarla con deudas futuras. Vi) El referido artículo, a la letra dice: “siempre y cuando el
beneficiario de la devolución no haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldos…”.
(subrayado de la Sala) La intención del legislador, al haber redactado de esta forma el artículo, es
darle la posibilidad a que el sujeto pasivo de la obligación tributaria que pagó en exceso pueda
resarcirse de dicho pago en las dos alternativas señaladas. Vii) La propia administración limita la
discusión a la forma de devolver el pago en exceso, que acepta realizado, pero como se ha señalado, la
forma de exigir tal devolución es facultativo del contribuyente y no de la administración como se ha
dado en el presente caso. Por lo expuesto, tampoco se ha configurado la falta de aplicación de la
norma legal tal como se afirma en el recurso propuesto.
DÉCIMO PRIMERO. SENTENCIA.
11.1 Por los fundamentos expuestos, al tenor del artículo 273 del Código Orgánico General de
Procesos, la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario,
Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la
Constitución y las leyes de la República, RESUELVE NO CASAR la sentencia dictada 16 de marzo
de 2018, a las 10h58, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, dentro del juicio de impugnación No. 175042011
0072.
11.2 Sin costas.
11.3 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
Actúe como Secretaria Relatora dentro de este proceso, la doctora Ligia Marisol Mediavilla en virtud
de la Acción de Personal No. 117UATH2020OQ, de 28 de enero de 2020.
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E) |
126728926-DFE
Juicio No. 0835220110085
JUEZ PONENTE: DR. ALEJANDRO MAGNO ARTEAGA GARCIA, JUEZ
NACIONAL (E) (PONENTE)
AUTOR/A: DR. ALEJANDRO MAGNO ARTEAGA GARCIA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL.
Quito, miércoles 1 de julio del 2020, las 12h49. VISTOS: En el juicio laboral seguido por
Edgar Rolando González Torres en contra de la Empresa Pública de Hidrocarburos
PETROECUADOR E.P., en la persona del ingeniero Gustavo Calvopiña Vega, como gerente
general y por tanto representante legal; el tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la
Corte Provincial de Justicia, dicta sentencia el 18 de febrero de 2019, las 11h41, que absuelve
la consulta, y desecha los recursos de apelación interpuestos por el Procurador General del
Estado y por la empresa accionada, corrigiendo únicamente el error de cálculo. Inconforme
con esta decisión, la parte demandada propone recurso de casación con fundamento en la
causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, siendo admitido a trámite por el doctor
Róger Cusme Macías, Conjuez Nacional de la Sala Especializada de lo Laboral, mediante
auto de fecha 06 de septiembre de 2019, las 10h56. Encontrándose la causa en estado de
resolver, para hacerlo se considera:
I
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
De conformidad con los artículos 174 y 201.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 6
de la Resolución No. 022012 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia publicada en el
Registro Oficial 672 de 29 de marzo de 2012, se integró las seis Salas Especializadas de la
Corte Nacional de Justicia conforme lo dispone el artículo 183 sustituido por el artículo 8 de
la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el R. O.
Suplemento 38 de 17 de julio de 2013, en atención a la Resolución No. 042017 publicada en
el Suplemento No. 1 del Registro Oficial No. 962 de 14 de marzo de 2017; Resolución N°
072019 de 11 de diciembre de 2019 y Resolución N° 012018 de fecha 26 de enero de 2018.
La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia tiene competencia para
conocer y resolver los recursos de casación en los procesos laborales según lo dispuesto en
los artículos 184.1 de la Constitución de la República y 191.1 del Código Orgánico de la
Función Judicial, así como del sorteo que obra del expediente. Este Tribunal de la Sala de lo
Laboral se encuentra integrado por: doctor Alejandro Arteaga García, Juez Nacional Ponente;
doctora Katerine Muñoz Subía, Jueza Nacional y doctor Víctor Rafael Fernández Álvarez,
Conjuez Nacional Encargado en reemplazo del señor doctor Himmler Roberto Guzmán
Castañeda, Juez Nacional Encargado, según acta de sorteo de 29 de junio de 2020, a las
17h00 realizado en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia.
II
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La parte demandada con fundamento en la causal primera, manifiesta en su recurso, que los señores
jueces de la Sala de apelación, en la sentencia impugnada, han infringido las siguientes normas de
derecho: artículos 216 (ex 219) del Código del Trabajo; 1561 y 1562 del Código Civil.
III
CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS DEL RECURSO DE CASACIÓN
El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario esencialmente formalista
y, por tal razón, exige para su procedencia el cumplimiento inexorable de los requisitos y
formalidades establecidas en la Ley de Casación. El tratadista colombiano, Luis Armando
Tolosa Villabona, conceptualiza a este medio de impugnación, como aquel que “ […]
pretende quebrar, anular y romper una providencia violatoria de la ley sustancial o de la ley
procesal […] Por lo tanto, el recurso de Casación es un medio de impugnación
extraordinario por motivos específicamente establecidos en la Ley y cuyo conocimiento está
atribuido a un órgano judicial supremo […] con el fin de anular, quebrar o dejar sin valor,
por razones procesales sustanciales inmanentes, sentencias que conculcan el derecho
objetivo, y que tienen errores in iudicando, errores facti in iudicando o errores procesales.
Se interpone también para enmendar, excepcionalmente, sentencias que infringen las
garantías fundamentales de las personas”. (Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones
Doctrina y Ley Ltda., segunda edición, BogotáColombia, 2008, pág. 13.). Por su parte, el
Tribunal de Casación para decidir, tiene que centrar su análisis en los cargos o
cuestionamientos formulados en el escrito contentivo del recurso. Pues como bien señala, el
jurista ecuatoriano Santiago Andrade Ubidia: “Los motivos o causales, según lo denomina
nuestra ley, para la interposición del recurso de casación están limitadas y taxativamente
señaladas en la ley, por lo que al ser restrictivos no es admisible ampliarlas analógicamente;
la actividad del órgano jurisdiccional está limitada a las causales que, establecidas
previamente por la ley, han sido invocadas en forma expresa el recurrente. […]”. (La
Casación Civil en el Ecuador”, Andrade & Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, págs.
4243). Es decir, esta actividad jurisdiccional asumida por el más alto Tribunal de la Justicia
Ordinaria, mediante el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, tiene como
finalidad garantizar la defensa del derecho objetivo y la seguridad jurídica, así como la
unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales
fundamentados en fallos de triple reiteración. El artículo 23 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario
por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.”: así también en la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, se ha establecido que: 2. Declara
que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un
compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y
hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a
los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir: (a) La libertad de
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; (c) la
abolición efectiva del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación.” Es decir, que el derecho al trabajo es de carácter universal, ya que
todas las personas deben tener acceso a una fuente laboral lícita, la cual les permitirá obtener
los recursos económicos para satisfacer sus necesidades y por ende vivir con dignidad.
IV
CONCEPTUALIZACIÓN DE MOTIVACIÓN
Este Tribunal de Casación, acorde al mandamiento contenido en el artículo 76. 7, literal l) de
la Constitución de la República, que establece: “Las resoluciones de los poderes públicos
deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables
serán sancionados”; observa que la falta de motivación acarrea la nulidad de la resolución
judicial. Por lo que, al emitir su pronunciamiento los juzgadores deben hacerlo sustentados en
el ordenamiento legal vigente, así como, en los principios generales del derecho, a efectos de
garantizar la seguridad jurídica, y que las partes sientan esa certidumbre que otorga el obtener
una sentencia motivada. La Corte Constitucional para el Período de Transición, en la
sentencia No. 04811SEPCC, del caso No. 125210EP, respecto a la motivación señaló:
“Este derecho de motivación se articula plenamente con el derecho a una tutela judicial
efectiva, y obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un
estado constitucional, con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos
jurisdiccionales en el país no queden en la indefensión, y de generar la confianza debida en
el sistema jurídico ecuatoriano; empero, este derecho no significa exclusivamente acceder a
los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado aquel derecho, los jueces deben
guiar sus actuaciones diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada justicia, y es
precisamente a través de la motivación de las resoluciones judiciales cuando los jueces
determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes
que rigen un caso en concreto. […]”. El tratadista Fernando de la Rúa, sostiene que: "El
juzgador debe tener en cuenta los requisitos necesarios para que la motivación de la
sentencia sea adecuada. Para que la fundamentación sea válida, debe ser, a la vez, expresa,
clara, completa, legítima y lógica. La sentencia está formada por una serie eslabonada de
argumentos, razonamientos y decisiones que culminan en la conclusión final, la cual
constituye el dispositivo en que se expresa el concreto mandato jurisdiccional. En ese
camino, el Juez debe plantearse sucesivos interrogantes (cuestiones), emitiendo sobre cada
uno de ellos una respuesta afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusión constituye
el precedente sobre el cual se resolverá la cuestión siguiente, hasta llegar a la principal,
cuya respuesta constituirá la decisión. Para ello, el deber de resolver todas las cuestiones se
presenta ahora también como un aspecto del contenido de la motivación, en tanto cada
conclusión o decisión debe ser fundamentada. En todos los casos, esa fundamentación debe
reunir los caracteres expresados...". (Fernando de la Rúa, Teoría General del Proceso,
Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 150). Por consiguiente, cumpliendo con la disposición
constitucional anteriormente señalada, luego de analizar el recurso de casación frente a la
sentencia impugnada, y confrontarla con el ordenamiento jurídico vigente, limita su análisis a
las acusaciones efectuadas al amparo de la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación.
5. ANÁLISIS DEL RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO:
5.1. CAUSAL PRIMERA. Con cargo a esta causal el casacionista alega, que el tribunal de
alzada en la sentencia recurrida, ha infringido el artículo 216 (ex:219) del Código del Trabajo,
por aplicación indebida, ya que si bien el ex trabajador de la Empresa Pública de
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, Edgar Rolando González Torres, ha
laborado por más de 29 años para la citada empresa pública, la jubilación a cargo del
empleador o jubilación patronal, de que habla el artículo 216 del Código del Trabajo, estaba a
cargo del fondo de jubilación patronal especial de PETROINDUSTRIAL, esto en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 del “ SEXTO CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO” celebrado entre la Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del Ecuador
(PETROINDUSTRIAL) y el Comité de Empresa Nacional de los Trabajadores de
PETROINDUSTRIAL “CETRAPIN”. Alega también, que con el propósito de cumplir lo
acordado en el artículo 41 del Contrato Colectivo, se crea el “FONDO DE JUBILACIÓN
PATRONAL ESPECIAL DE PETROINDUSTRIAL” FOJUPIN, cita los artículos 1 y 4 de
dicho Estatuto, para luego señalar que en virtud de aquello a quien le corresponde asumir la
jubilación, es el Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petroindustrial “FOJUPIN”. Que
existe falta de aplicación de los artículos 1561 y 1562 del Código Civil, ya que el sexto
contrato colectivo de trabajo, celebrado entre Petroindustrial y el Comité de Empresa
Nacional de Trabajadores de PETROINDUSTRIAL “CETRAPIN” es un contrato legalmente
celebrado y por tanto es ley para los contratantes. Finalmente alude, que en la sentencia
dictada el 18 de febrero de 2019, las 11h41, por la Sala Única Multicompetente de la Corte
Provincial de Justicia de Esmeraldas, no realiza una apreciación justa de la validez del
“SEXTO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO”.
5.2. PROBLEMAS JURÍDICOS: Los problemas jurídicos a dilucidar al amparo de la
causal primera consisten en:
Determinar si al accionante le asistía el derecho a percibir la jubilación patronal de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 del Código del Trabajo.
Establecer si el tribunal de apelación incurrió en falta de aplicación de los artículos 1561 y
1562 del Código Civil, artículo 41 del “SEXTO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO”
celebrado entre la Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del Ecuador
(PETROINDUSTRIAL) y artículos 1 y 4 del Estatuto Fondo de Jubilación Patronal Especial
de Petroindustrial “FOJUPIN”, lo que habría incidido en que se disponga el pago a
Petroecuador y no a FOJUPIN.
6. RESPECTO DE LA CAUSAL PRIMERA. Esta causal del artículo 3 de la Ley de
Casación, se configura cuando el tribunal de instancia incurre, en falta de aplicación,
aplicación indebida, o errónea interpretación de normas de derecho, lo que implica que se
configure un error de juicio, que atenta a la esencia y contenido de la norma de derecho y de
los precedentes jurisprudenciales obligatorios. El tratadista Murcia Ballén, respecto de la
violación directa de la norma, señala: “Como lo anticipamos, la violación directa de la
norma sustancial se da cuando ésta se infringe derecha o rectamente, vale decir, sin
consideración a la prueba de los hechos. Emana, por tanto, de los errores sobre la
existencia, validez y alcance del precepto legal que trascienden a la parte resolutiva del
fallo…”. (MURCIA BALLÉN, Humberto, Recurso de Casación Civil, sexta edición,
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, pág. 354.).
6.1. EXAMEN DEL CARGO. Sobre las impugnaciones formuladas por el recurrente, este
tribunal de casación, precisa: a) El artículo 216 del Código del Trabajo, acusado por
aplicación indebida establece, que el trabajador que ha prestado sus servicios para un mismo
empleador por veinticinco años o más, sea de forma interrumpida o ininterrumpida, tendrá
derecho a ser jubilado por su empleador, en observancia de las reglas determinadas en dicha
norma. Disposición legal, que no ha sido aplicada de manera indebida por parte del tribunal
ad quem, pues en el caso in examine, conforme así lo expone en la sentencia recurrida,
dispuso el pago de la jubilación patronal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216
del Código del Trabajo, bajo el siguiente análisis: “En la especie el actor no cumplía con uno
de los requisitos que establece el inciso primero del artículo 12 del Reglamento al Estatuto
del Fondo de Jubilación Patronal, esto es de tener cumplidos los 60 años de edad, al 31 de
diciembre del 2006, fecha de su desvinculación de la empresa; por aquello el Fondo de
Jubilación Patronal “FOJUPIN” no ha entregado pago alguno de jubilación patronal al
actor, al contrario lo ha venido cumpliendo la empresa EP PETROECUADOR, pero sin la
fórmula para su cálculo que está determinada en el artículo 216 del Código de Trabajo;”, de
lo que se infiere que el accionante venía percibiendo la jubilación patronal mensual de su ex
empleador “Petroecuador EP”, al haber laborado de forma directa para la empresa demandada
desde el 01 de agosto de 1977 hasta el 31 de diciembre de 2006, cuestión que no ha sido
motivo de controversia, por lo que le asistía el derecho a percibir la jubilación patronal
mensual regulada en el artículo 216 del Código del Trabajo, como acertadamente lo ha
efectuado el tribunal de instancia, en consecuencia no existe el yerro alegado por el
recurrente.
b) Respecto a la falta de aplicación de los artículos 1561 y 1562 del Código Civil, que
establecen, en su orden: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas
legales.”; “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a
lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza
de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella.”, se advierte, que el
tribunal de apelación, toma en consideración el Estatuto del Fondo de Jubilación Patronal
Especial de Petroecuador, y el artículo 41 del Sexto Contrato Colectivo de Trabajo celebrado
entre la Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del Ecuador PETROINDUSTRIAL
y el Comité de Empresa Nacional de los Trabajadores de Petroindustrial “CETRAPIN”, sin
observar que el contrato colectivo al que se hace mención no le amparaba al accionante, pues
como se indicó ut supra, siempre laboró directamente para Petroecuador no para su filial
Petroindustrial, de modo que, las fuentes de derecho cuya aplicación exige el casacionista
“artículo 41 del “ SEXTO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO” celebrado entre la
Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del Ecuador (PETROINDUSTRIAL) y
artículos 1 y 4 del Estatuto Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petroindustrial
“FOJUPIN”, no se corresponden a la situación jurídica del accionante, razón por la cual no
tiene asidero jurídico la alegación del casacionista, en tanto se trata de una normativa que el
tribunal de instancia no estaba obligado a aplicar, por consiguiente no existe la transgresión
de las normas acusadas al amparo de la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.
En tal virtud, este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, no casa la sentencia emitida por el tribunal de la Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Provincial de Justicia, el 18 de febrero de 2019, las 11h41.
NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
DR. ALEJANDRO MAGNO ARTEAGA GARCIA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR RAFAEL
CONJUEZ NACIONAL (E)
DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA
JUEZA NACIONAL |
126728926-DFE
Juicio No. 0835220110085
JUEZ PONENTE: DR. ALEJANDRO MAGNO ARTEAGA GARCIA, JUEZ
NACIONAL (E) (PONENTE)
AUTOR/A: DR. ALEJANDRO MAGNO ARTEAGA GARCIA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL.
Quito, miércoles 1 de julio del 2020, las 12h49. VISTOS: En el juicio laboral seguido por
Edgar Rolando González Torres en contra de la Empresa Pública de Hidrocarburos
PETROECUADOR E.P., en la persona del ingeniero Gustavo Calvopiña Vega, como gerente
general y por tanto representante legal; el tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la
Corte Provincial de Justicia, dicta sentencia el 18 de febrero de 2019, las 11h41, que absuelve
la consulta, y desecha los recursos de apelación interpuestos por el Procurador General del
Estado y por la empresa accionada, corrigiendo únicamente el error de cálculo. Inconforme
con esta decisión, la parte demandada propone recurso de casación con fundamento en la
causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, siendo admitido a trámite por el doctor
Róger Cusme Macías, Conjuez Nacional de la Sala Especializada de lo Laboral, mediante
auto de fecha 06 de septiembre de 2019, las 10h56. Encontrándose la causa en estado de
resolver, para hacerlo se considera:
I
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
De conformidad con los artículos 174 y 201.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 6
de la Resolución No. 022012 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia publicada en el
Registro Oficial 672 de 29 de marzo de 2012, se integró las seis Salas Especializadas de la
Corte Nacional de Justicia conforme lo dispone el artículo 183 sustituido por el artículo 8 de
la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el R. O.
Suplemento 38 de 17 de julio de 2013, en atención a la Resolución No. 042017 publicada en
el Suplemento No. 1 del Registro Oficial No. 962 de 14 de marzo de 2017; Resolución N°
072019 de 11 de diciembre de 2019 y Resolución N° 012018 de fecha 26 de enero de 2018.
La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia tiene competencia para
conocer y resolver los recursos de casación en los procesos laborales según lo dispuesto en
los artículos 184.1 de la Constitución de la República y 191.1 del Código Orgánico de la
Función Judicial, así como del sorteo que obra del expediente. Este Tribunal de la Sala de lo
Laboral se encuentra integrado por: doctor Alejandro Arteaga García, Juez Nacional Ponente;
doctora Katerine Muñoz Subía, Jueza Nacional y doctor Víctor Rafael Fernández Álvarez,
Conjuez Nacional Encargado en reemplazo del señor doctor Himmler Roberto Guzmán
Castañeda, Juez Nacional Encargado, según acta de sorteo de 29 de junio de 2020, a las
17h00 realizado en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia.
II
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La parte demandada con fundamento en la causal primera, manifiesta en su recurso, que los señores
jueces de la Sala de apelación, en la sentencia impugnada, han infringido las siguientes normas de
derecho: artículos 216 (ex 219) del Código del Trabajo; 1561 y 1562 del Código Civil.
III
CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS DEL RECURSO DE CASACIÓN
El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario esencialmente formalista
y, por tal razón, exige para su procedencia el cumplimiento inexorable de los requisitos y
formalidades establecidas en la Ley de Casación. El tratadista colombiano, Luis Armando
Tolosa Villabona, conceptualiza a este medio de impugnación, como aquel que “ […]
pretende quebrar, anular y romper una providencia violatoria de la ley sustancial o de la ley
procesal […] Por lo tanto, el recurso de Casación es un medio de impugnación
extraordinario por motivos específicamente establecidos en la Ley y cuyo conocimiento está
atribuido a un órgano judicial supremo […] con el fin de anular, quebrar o dejar sin valor,
por razones procesales sustanciales inmanentes, sentencias que conculcan el derecho
objetivo, y que tienen errores in iudicando, errores facti in iudicando o errores procesales.
Se interpone también para enmendar, excepcionalmente, sentencias que infringen las
garantías fundamentales de las personas”. (Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones
Doctrina y Ley Ltda., segunda edición, BogotáColombia, 2008, pág. 13.). Por su parte, el
Tribunal de Casación para decidir, tiene que centrar su análisis en los cargos o
cuestionamientos formulados en el escrito contentivo del recurso. Pues como bien señala, el
jurista ecuatoriano Santiago Andrade Ubidia: “Los motivos o causales, según lo denomina
nuestra ley, para la interposición del recurso de casación están limitadas y taxativamente
señaladas en la ley, por lo que al ser restrictivos no es admisible ampliarlas analógicamente;
la actividad del órgano jurisdiccional está limitada a las causales que, establecidas
previamente por la ley, han sido invocadas en forma expresa el recurrente. […]”. (La
Casación Civil en el Ecuador”, Andrade & Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, págs.
4243). Es decir, esta actividad jurisdiccional asumida por el más alto Tribunal de la Justicia
Ordinaria, mediante el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, tiene como
finalidad garantizar la defensa del derecho objetivo y la seguridad jurídica, así como la
unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales
fundamentados en fallos de triple reiteración. El artículo 23 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario
por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.”: así también en la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, se ha establecido que: 2. Declara
que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un
compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y
hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a
los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir: (a) La libertad de
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; (c) la
abolición efectiva del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación.” Es decir, que el derecho al trabajo es de carácter universal, ya que
todas las personas deben tener acceso a una fuente laboral lícita, la cual les permitirá obtener
los recursos económicos para satisfacer sus necesidades y por ende vivir con dignidad.
IV
CONCEPTUALIZACIÓN DE MOTIVACIÓN
Este Tribunal de Casación, acorde al mandamiento contenido en el artículo 76. 7, literal l) de
la Constitución de la República, que establece: “Las resoluciones de los poderes públicos
deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables
serán sancionados”; observa que la falta de motivación acarrea la nulidad de la resolución
judicial. Por lo que, al emitir su pronunciamiento los juzgadores deben hacerlo sustentados en
el ordenamiento legal vigente, así como, en los principios generales del derecho, a efectos de
garantizar la seguridad jurídica, y que las partes sientan esa certidumbre que otorga el obtener
una sentencia motivada. La Corte Constitucional para el Período de Transición, en la
sentencia No. 04811SEPCC, del caso No. 125210EP, respecto a la motivación señaló:
“Este derecho de motivación se articula plenamente con el derecho a una tutela judicial
efectiva, y obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un
estado constitucional, con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos
jurisdiccionales en el país no queden en la indefensión, y de generar la confianza debida en
el sistema jurídico ecuatoriano; empero, este derecho no significa exclusivamente acceder a
los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado aquel derecho, los jueces deben
guiar sus actuaciones diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada justicia, y es
precisamente a través de la motivación de las resoluciones judiciales cuando los jueces
determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes
que rigen un caso en concreto. […]”. El tratadista Fernando de la Rúa, sostiene que: "El
juzgador debe tener en cuenta los requisitos necesarios para que la motivación de la
sentencia sea adecuada. Para que la fundamentación sea válida, debe ser, a la vez, expresa,
clara, completa, legítima y lógica. La sentencia está formada por una serie eslabonada de
argumentos, razonamientos y decisiones que culminan en la conclusión final, la cual
constituye el dispositivo en que se expresa el concreto mandato jurisdiccional. En ese
camino, el Juez debe plantearse sucesivos interrogantes (cuestiones), emitiendo sobre cada
uno de ellos una respuesta afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusión constituye
el precedente sobre el cual se resolverá la cuestión siguiente, hasta llegar a la principal,
cuya respuesta constituirá la decisión. Para ello, el deber de resolver todas las cuestiones se
presenta ahora también como un aspecto del contenido de la motivación, en tanto cada
conclusión o decisión debe ser fundamentada. En todos los casos, esa fundamentación debe
reunir los caracteres expresados...". (Fernando de la Rúa, Teoría General del Proceso,
Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 150). Por consiguiente, cumpliendo con la disposición
constitucional anteriormente señalada, luego de analizar el recurso de casación frente a la
sentencia impugnada, y confrontarla con el ordenamiento jurídico vigente, limita su análisis a
las acusaciones efectuadas al amparo de la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación.
5. ANÁLISIS DEL RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO:
5.1. CAUSAL PRIMERA. Con cargo a esta causal el casacionista alega, que el tribunal de
alzada en la sentencia recurrida, ha infringido el artículo 216 (ex:219) del Código del Trabajo,
por aplicación indebida, ya que si bien el ex trabajador de la Empresa Pública de
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, Edgar Rolando González Torres, ha
laborado por más de 29 años para la citada empresa pública, la jubilación a cargo del
empleador o jubilación patronal, de que habla el artículo 216 del Código del Trabajo, estaba a
cargo del fondo de jubilación patronal especial de PETROINDUSTRIAL, esto en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 del “ SEXTO CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO” celebrado entre la Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del Ecuador
(PETROINDUSTRIAL) y el Comité de Empresa Nacional de los Trabajadores de
PETROINDUSTRIAL “CETRAPIN”. Alega también, que con el propósito de cumplir lo
acordado en el artículo 41 del Contrato Colectivo, se crea el “FONDO DE JUBILACIÓN
PATRONAL ESPECIAL DE PETROINDUSTRIAL” FOJUPIN, cita los artículos 1 y 4 de
dicho Estatuto, para luego señalar que en virtud de aquello a quien le corresponde asumir la
jubilación, es el Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petroindustrial “FOJUPIN”. Que
existe falta de aplicación de los artículos 1561 y 1562 del Código Civil, ya que el sexto
contrato colectivo de trabajo, celebrado entre Petroindustrial y el Comité de Empresa
Nacional de Trabajadores de PETROINDUSTRIAL “CETRAPIN” es un contrato legalmente
celebrado y por tanto es ley para los contratantes. Finalmente alude, que en la sentencia
dictada el 18 de febrero de 2019, las 11h41, por la Sala Única Multicompetente de la Corte
Provincial de Justicia de Esmeraldas, no realiza una apreciación justa de la validez del
“SEXTO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO”.
5.2. PROBLEMAS JURÍDICOS: Los problemas jurídicos a dilucidar al amparo de la
causal primera consisten en:
Determinar si al accionante le asistía el derecho a percibir la jubilación patronal de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 del Código del Trabajo.
Establecer si el tribunal de apelación incurrió en falta de aplicación de los artículos 1561 y
1562 del Código Civil, artículo 41 del “SEXTO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO”
celebrado entre la Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del Ecuador
(PETROINDUSTRIAL) y artículos 1 y 4 del Estatuto Fondo de Jubilación Patronal Especial
de Petroindustrial “FOJUPIN”, lo que habría incidido en que se disponga el pago a
Petroecuador y no a FOJUPIN.
6. RESPECTO DE LA CAUSAL PRIMERA. Esta causal del artículo 3 de la Ley de
Casación, se configura cuando el tribunal de instancia incurre, en falta de aplicación,
aplicación indebida, o errónea interpretación de normas de derecho, lo que implica que se
configure un error de juicio, que atenta a la esencia y contenido de la norma de derecho y de
los precedentes jurisprudenciales obligatorios. El tratadista Murcia Ballén, respecto de la
violación directa de la norma, señala: “Como lo anticipamos, la violación directa de la
norma sustancial se da cuando ésta se infringe derecha o rectamente, vale decir, sin
consideración a la prueba de los hechos. Emana, por tanto, de los errores sobre la
existencia, validez y alcance del precepto legal que trascienden a la parte resolutiva del
fallo…”. (MURCIA BALLÉN, Humberto, Recurso de Casación Civil, sexta edición,
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, pág. 354.).
6.1. EXAMEN DEL CARGO. Sobre las impugnaciones formuladas por el recurrente, este
tribunal de casación, precisa: a) El artículo 216 del Código del Trabajo, acusado por
aplicación indebida establece, que el trabajador que ha prestado sus servicios para un mismo
empleador por veinticinco años o más, sea de forma interrumpida o ininterrumpida, tendrá
derecho a ser jubilado por su empleador, en observancia de las reglas determinadas en dicha
norma. Disposición legal, que no ha sido aplicada de manera indebida por parte del tribunal
ad quem, pues en el caso in examine, conforme así lo expone en la sentencia recurrida,
dispuso el pago de la jubilación patronal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216
del Código del Trabajo, bajo el siguiente análisis: “En la especie el actor no cumplía con uno
de los requisitos que establece el inciso primero del artículo 12 del Reglamento al Estatuto
del Fondo de Jubilación Patronal, esto es de tener cumplidos los 60 años de edad, al 31 de
diciembre del 2006, fecha de su desvinculación de la empresa; por aquello el Fondo de
Jubilación Patronal “FOJUPIN” no ha entregado pago alguno de jubilación patronal al
actor, al contrario lo ha venido cumpliendo la empresa EP PETROECUADOR, pero sin la
fórmula para su cálculo que está determinada en el artículo 216 del Código de Trabajo;”, de
lo que se infiere que el accionante venía percibiendo la jubilación patronal mensual de su ex
empleador “Petroecuador EP”, al haber laborado de forma directa para la empresa demandada
desde el 01 de agosto de 1977 hasta el 31 de diciembre de 2006, cuestión que no ha sido
motivo de controversia, por lo que le asistía el derecho a percibir la jubilación patronal
mensual regulada en el artículo 216 del Código del Trabajo, como acertadamente lo ha
efectuado el tribunal de instancia, en consecuencia no existe el yerro alegado por el
recurrente.
b) Respecto a la falta de aplicación de los artículos 1561 y 1562 del Código Civil, que
establecen, en su orden: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas
legales.”; “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a
lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza
de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella.”, se advierte, que el
tribunal de apelación, toma en consideración el Estatuto del Fondo de Jubilación Patronal
Especial de Petroecuador, y el artículo 41 del Sexto Contrato Colectivo de Trabajo celebrado
entre la Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del Ecuador PETROINDUSTRIAL
y el Comité de Empresa Nacional de los Trabajadores de Petroindustrial “CETRAPIN”, sin
observar que el contrato colectivo al que se hace mención no le amparaba al accionante, pues
como se indicó ut supra, siempre laboró directamente para Petroecuador no para su filial
Petroindustrial, de modo que, las fuentes de derecho cuya aplicación exige el casacionista
“artículo 41 del “ SEXTO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO” celebrado entre la
Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del Ecuador (PETROINDUSTRIAL) y
artículos 1 y 4 del Estatuto Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petroindustrial
“FOJUPIN”, no se corresponden a la situación jurídica del accionante, razón por la cual no
tiene asidero jurídico la alegación del casacionista, en tanto se trata de una normativa que el
tribunal de instancia no estaba obligado a aplicar, por consiguiente no existe la transgresión
de las normas acusadas al amparo de la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.
En tal virtud, este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, no casa la sentencia emitida por el tribunal de la Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Provincial de Justicia, el 18 de febrero de 2019, las 11h41.
NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
DR. ALEJANDRO MAGNO ARTEAGA GARCIA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR RAFAEL
CONJUEZ NACIONAL (E)
DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA
JUEZA NACIONAL |
JUICIO No. 87-2011
PONENCIA: DR. ALFONSO ASDRÚBAL GRANIZO GAVIDIA.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL.-
Quito,
VISTOS: En el juicio de trabajo seguido por Jhon Wilmer Vera en contra del
señor Guido Fabián Farías Giler, la parte actora inconforme con la sentencia
expedida el 20 de diciembre de 2010 a las 10h30, por la Sala de lo Laboral,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, que
declara sin lugar la demanda revocando la sentencia subida en grado, en
tiempo oportuno la parte actora interponen recurso de casación, el mismo
que ha sido aceptado y encontrándose la causa en estado de resolución, para
hacerlo se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO: JURISDICCIÓN Y
COMPETENCIA: Este Tribunal es competente para conocer y decidir el
recurso de casación en razón de que el Pleno del Consejo de la Judicatura de
Transición, mediante Resolución No. 004-2012, de 25 de enero de 2012,
designó como juezas y jueces a quienes en la actualidad conformamos la
Corte Nacional de Justicia, cuya posesión se cumplió el 26 de enero del
mismo año; y dado que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia mediante
Resolución 03-2013, en sesión de 22 de julio del mismo año, reformó las
Resoluciones Nos. 01-2012, 04-2012 y 10-2012 en lo relativo a la integración
de las Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia del modo que
consta en la indicada Resolución, en nuestra calidad de Jueces de la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, avocamos
conocimiento de la presente causa, al amparo de lo dispuesto en los artículos
184.1 de la Constitución de la República; 184 y 191 del Código Orgánico de la
Función Judicial, 1 de la Ley de Casación, 613 del Código del Trabajo, el
sorteo realizado cuya razón obra de autos y, del Oficio No. 1119-SG-CNJ-IJ de
20 de junio de 2014, por medio del cual, conforme lo dispone el artículo 174
del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno de la Corte Nacional de
Justicia en sesión ordinaria de 4 de junio de 2014, declaró en comisión de
servicios en el exterior al Doctor Wilson Merino Sánchez, asumiendo sus
atribuciones y deberes el Doctor Káiser Arévalo Barzallo, Conjuez de la Corte
Nacional de Justicia. Calificado y admitido a trámite el recurso de la parte
actora por la ex Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia en
providencia de 22 de octubre de 2011, las 08h45; por cumplir con los
requisitos formales previstos en el artículo 6 de la Ley de Casación, se hacen
las siguientes consideraciones. SEGUNDO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- El
actor señala en su recurso como normas infringidas concretamente: “Art. 33
numerales 3, 4, 5, 6 del artículo 11, 325 numerales 2, 3 del artículo 326, art.
424, 425, 426, 427, 428 de la Constitución de la República del Ecuador,
artículos 5, 7, 8, 9, 10, 22 del Código del Trabajo; artículo 5 y 29 del Código
Orgánico de la Función Judicial.” Funda su recurso en las causales primera y
quinta del Art. 3 de la Ley de Casación, estableciendo una falta de aplicación
de las normas de derecho y una incongruencia en la sentencia. TERCERO.-
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN: Tomando
en cuenta algunos criterios valiosos de la doctrina se advierte: Que Manuel
de la Plaza, al tratar sobre el concepto y fines de la casación considera que:
“(…) el Estado necesitaba de un órgano que en su calidad de Juez supremo,
colocado en la cima de las organizaciones judiciales, mantuviese su cohesión,
su disciplina y hasta su independencia; pero entonces, como ahora, precisaba
también, como garantía positiva de certidumbre jurídica, que ante el evento,
más que posible, de la multiplicidad de interpretaciones, un órgano
singularmente capacitado para esa función, imprimiese una dirección única a
la interpretación de las normas jurídicas, cualesquiera que fuese su rango;
cuidase de evitar que no se aplicasen o fuesen indebidamente aplicadas, y
procurase, al par, que a pretexto de interpretarlas, no se desnaturalizase por
error, su alcance y sentido, de tal modo, que, en el fondo, y por uno u otro
concepto, quedasen infringidas (…)”. (La Casación Civil, Editorial Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1944, pp. 10 y 11). A su vez, Ricardo Véscovi, al
referirse a la naturaleza y fin de la casación, expresa: “Luego de una evolución
histórica en la que se ha producido alguna alteración en sus finalidades
iniciales (Supra Cap. I) hace ya un siglo que, la más relevante doctrina sobre el
tema, asigna a nuestro Instituto, estas dos finalidades esenciales: la defensa
del Derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia”. (La Casación Civil,
Primera Edición, Montevideo, Ediciones IDEA, 1979, p. 25). Por su parte, el
tratadista Santiago Andrade Ubidia, al abordar sobre la Casación y el Estado
de Derecho, entre otros aspectos, manifiesta: “La función de la Casación es
constituir el vehículo a través del cual el Estado, por intermedio de su Corte
Suprema de Justicia, realiza el control de la actividad de los jueces y
tribunales de instancia en su labor jurisdiccional, velando porque los mismos
se encuadren en el ordenamiento jurídico. Labor de naturaleza
fundamentalmente pública (…)”. (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade y
Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 17). En este contexto, Galo García
Feraud, al determinar los propósitos del recurso de casación, reitera que ésta
surge “(…) como un recurso que pretende defender el derecho objetivo contra
cualquier tipo de abuso de poder desde el ejercicio de la potestad
jurisdiccional; esa defensa del derecho objetivo ha sido llamada por algunos
tratadistas como nomofilaquia, que naturalmente se refiere a eso, a la
defensa de la norma jurídica objetivamente considerada (...) otra de las
finalidades que persigue el recurso de casación es la uniformidad
jurisprudencial, y, naturalmente, hacia ese punto se dirigen los esfuerzos del
mayor número de legislaciones que recogen este tipo de recurso (…)” (La
Casación, estudio sobre la Ley No. 27 Serie Estudios Jurídicos 7, Quito, 1994,
p. 45). Sin embargo de ello, al expedirse la Constitución de 2008 y
conceptualizar que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y
justicia, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico, cambió radicalmente el marco en el que se ha
desenvuelto la administración de justicia en forma tradicional y exige que
juezas y jueces debamos garantizar en todo acto jurisdiccional los principios
de supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales de los
justiciables; por tanto, es necesario tener en cuenta como señala la Corte
Constitucional, en la sentencia No. 66-10-CEP-CC, caso No. 0944-09-EP,
Registro Oficial Suplemento No. 364, de 17 de enero de 2011, p. 53 que, “El
establecimiento de la casación en el país, además de suprimir el inoficioso
trabajo de realizar la misma labor por tercera ocasión, en lo fundamental,
releva al juez de esa tarea, a fin de que se dedique únicamente a revisar la
constitucionalidad y legalidad de una resolución, es decir, visualizar si el juez
que realizó el juzgamiento vulneró normas constitucionales y /o legales, en
alguna de las formas establecidas en dicha Ley de Casación (…)”. En este
contexto se aprecia que en el presente caso, el recurrente se fundamenta en
la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. CUARTO:
IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN EL RECURSO DE CASACIÓN y ANÁLISIS:
a) El recurrente establece bajo la causal primera que: “Los Jueces Provinciales
de la Sala de lo Laboral de Manabí, meridianamente han fundamentado su
parte resolutiva in aplicando o evadiendo su obligación determinada en el
artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial, que contiene el
principio denominado como “Interpretación de normas Procesales” puesto
que dentro del primer considerando QUINTO de la sentencia, la Sala luego de
toda la trascripción de diversos fallos jurisprudenciales inconexos a la
exposición y análisis que realiza abstrae ciertas respuestas (…) que a criterio
de la Sala resultan hechos imprecisos, sin valorar lo manifestado por este
testigo cuando manifiesta que sabe que yo trabajé para el accionado (…)”; “…
la Sala no toma en cuenta que este testigo responde que desde hace más de
14 años atrás sabe que yo trabajé para el accionado. En el mismo primer
considerando sexto la sala trascribe lo que prescribe el Art. 115 del Código de
Procedimiento Civil que dice en su inciso segundo El juez tendrá la obligación
de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas
quedando esto en mero enunciado por cuanto no se valora toda la
declaración de los testigos simplemente se abstrae las respuestas que a
criterio de la Sala resultaren confusas y se ajustan a su convicción.”. Expresa
que con lo expuesto no pretende que el Tribunal de Casación revise la prueba
aportada, para la comprobación del nexo laboral existente con el accionado,
ya que pretender aquello simplemente es improcedente, hace notar que la
Sala de lo Laboral de Manabí en la sentencia que impugna configura lo
tipificado en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley de Casación, esto es la falta
de aplicación del principio constante en el artículo 7 del Código del Trabajo.
b) Acusa que la sentencia impugnada no aplica lo dispuesto en el artículo 5
del Código del Trabajo, ya que no se tutela ni se garantiza el derecho como
trabajador al jerarquizar abstracciones de respuestas que a criterio de la Sala
no demuestra la relación de dependencia con el accionado, sin valorar el
contexto de la declaración de los testigos. Acusa la falta de aplicación de la
norma contenida en el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial,
pues los jueces provinciales tienen el deber fundamental de garantizar la
tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos o establecido en las
leyes; y es justamente que en la sentencia impugnada se ignora las garantías
supremas contenidas en el numeral 3 del artículo 326, 424, 425, 426, 427,
428, así como el artículo 33 numerales 3, 4, 5, 6 del artículo 11 y 325 de la
Constitución de la República ya que dicha sentencia se sustenta en lo
dispuesto en el Art. 8 del Código del Trabajo. Expresa que ha inaplicado lo
dispuesto en el artículo 22 del Código del Trabajo. c) Bajo la causal quinta
determina que: << (…) La sentencia que motiva esta impugnación resulta tan
incongruente y confusa y no cumple con los requisitos que imperativamente
manda el Art. 274 del Código de Procedimiento Civil que dice “En las
sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que fueren
materia de la resolución fundándose en la ley y en los méritos del proceso; a
falta de ley, en precedentes jurisprudenciales y en principios universales (…)”.
De la sentencia impugnada claramente se puede observar la abundante y
confusa transcripción de fallos jurisprudenciales que algunos de ellos resultan
inconexos al presente litigio, más aún es tan confusa, cuando se puede
observar la duplicidad de considerados como lo es el considerando quinto y
sexto, que con total desorden convierten a la sentencias en confusa, puesto
que existe incongruencia entre la parte expositiva y resolutiva…>>. Analizadas
las impugnaciones expuestas, este Tribunal considera: 1. La doctrina y la
jurisprudencia referentes a la casación, establece un orden al cual debe
encasillarse el análisis de la causales, así en primer lugar aquellas que
corresponden a vicios in procedendo, que afectan a la validez del proceso
estableciendo la nulidad total o parcial del mismo (causales segunda, cuarta
y quinta); en segundo lugar, procede el análisis de las causales por errores in
iudicando, que son errores de juzgamiento, los cuales se producen, ya sea
por violación indirecta de la norma sustantiva o material, al haberse
producido una infracción en los preceptos jurídicos aplicables a la valoración
de la prueba que tengan como consecuencia la violación de una norma de
derecho o por una infracción directa de esta clase de normas (causales
tercera y primera). En la presente controversia, el actor ha fundado su
recurso en las causales primera y quinta, correspondiendo analizar según lo
antes invocado en primer orden la causal quinta y luego la causal primera. 2.
Al invocar la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, la misma que a
su tenor contempla: “Cuando la sentencia o auto no contuvieren los
requisitos exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones
contradictorias o incompatibles.”; esto es a lo que se denomina cuando la
sentencia o auto adolece de vicios de incongruencia o inconsonancia en su
parte dispositiva a diferencia de la incongruencia que se puede producir por
ultra petita, extra petita, así como a la citra petita cuando se invoca la causal
cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación. Al acusar la causal quinta como lo
ha hecho la parte recurrente, se estaría si el fallo dictado no contuviere en su
estructura las partes que lo conforman, esto es, expositiva, considerativa o
motiva y resolutiva, o si de su texto se advierte que en la parte dispositiva se
hayan adoptado decisiones contradictorias o incompatibles. Fernando de la
Rúa al tratar sobre la sentencia, expresa que los requisitos procesales
internos de esta atañen en su contenido, a su oportunidad y a su forma; y al
tratar lo relacionado con la estructura formal expresa que en esta parte los
requisitos de la sentencia son los siguientes: a) Elementos subjetivos o la
individualización de las partes sea por su nombre o por otras condiciones
personales que no dejen lugar a dudas en cuanto a quienes alcanzan los
efectos del fallo; b) Enunciación de las pretensiones; c) Motivación de la
sentencia; d) Parte resolutiva, la misma que debe contener la decisión
expresa sobre cada una de las cuestiones sometidas a la resolución del
Tribunal; y e) Fecha y firma (Teoría General del Proceso, Ed. De Palma,
Buenos Aires, Argentina, 1991, pp. 139-160). En la especie, si bien el actor
invoca que el fallo dictado por el Tribunal ad quem es incongruente y confuso
por la duplicidad de considerandos como son el Quinto y el Sexto lo cual
convierte a la sentencia en confusa; con tales acusaciones no se precisa el o
los vicios que determinen la existencia de los elementos que define la causal
quinta invocada y siendo que el recurso de casación es extraordinario,
taxativo y formalista en el cual es el recurrente quien por el principio
dispositivo delimita el ámbito de acción del Tribunal de casación, que no
puede conocer otras cuestiones que las que se precisan en el recurso en
tanto y en cuanto comporten violaciones de derecho en la sentencia
recurrida, lo cual no ha sucedido en el presente caso; pues se advierte que al
dictarse el fallo si bien existe una repetición de los considerandos como
expresa el recurrente, los contenidos de estos analizan en cada uno de ellos
distintos puntos sobre el juicio materia de la litis, con lo cual este Tribunal no
observa que se haya producido ausencia de los requisitos que debe contener
la sentencia o que exista incongruencia entre la parte expositiva y resolutiva
como sostiene el casacionista en el recurso interpuesto, a consecuencia de lo
cual se desecha este cargo. 3. Por otra parte, bajo la causal primera, el
recurrente puntualiza que en la sentencia materia del recurso de casación los
señores Jueces meridianamente han fundamentado su parte resolutiva
“in-aplicado” o evadiendo su obligación determinada en el artículo 29 del
Código Orgánico de la Función Judicial, que contiene el principio denominado
como interpretación de normas procesales, manifestando que < (…) dentro
del primer considerando Quinto de la sentencia, la Sala luego de toda la
transcripción de diversos fallos jurisprudenciales inconexos a la exposición y
análisis que realiza abstrae ciertas respuestas de los testigos Carlos Humberto
Zambrano Solórzano, valorando solo las respuestas que a criterio de la sala
resultan hechos imprecisos, sin valorar lo manifestado por este testigo
cuando manifiesta que sabe que yo trabajé para el accionado. En el primer
considerando sexto que la sala expone en la sentencia dice en su parte
pertinente “Siguiendo con el análisis de las ponencias rendidas, la sala
procede a examinar lo manifestado por MARIA LOURDES ESPINOZA CHEVEZ
quien al dar contestación a la pregunta encaminada a probar el nexo laboral,
cuyo contenido es idéntico a la deponente anterior, esto es, ¿Diga el testigo si
conoce desde cuando el señor Jhon Vera, laboraba en el Bus de propiedad del
señor Guido Farías Giler, en calidad de controlador? Responde: hace más de
14 años atrás, soy vecina de él y veía como llegaba a guardar los carros en la
casa de Jhon Vera”. Sin que esta respuesta tampoco lleve a los juzgadores a
tener la convicción necesaria de que la relación laboral efectivamente existió
(…)>. Manifiesta también que : “En el mismo primer considerando SEXTO la
sala transcribe lo que prescribe el artículo 115 del Código de Procedimiento
Civil que dice en su inciso segundo El juez tendrá la obligación de expresar en
su resolución la valoración de todas las pruebas producidas, quedando esto
en mero enunciado, por cuanto no se valora toda la declaración de los
testigos simplemente se abstrae las respuestas que a criterio de la sala
resultaren confusas y se ajustan a su convicción”; expresando que no
pretende que el Tribunal de casación revise la prueba aportada, para la
comprobación del nexo laboral, simplemente quiere hacer notar que la Sala
de lo Laboral de Manabí en la sentencia que impugno configura lo tipificado
en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley de Casación, esto es falta de
aplicación del principio consagrado en el artículo 7 del Código del Trabajo
que prescribe: “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales
y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los
trabajadores”; finalmente menciona que en la sentencia no se aplica lo
dispuesto en el artículo 5 del Código del Trabajo. En la especie, realizado el
análisis correspondiente de las alegaciones y la sentencia recurrida, este
Tribunal considera necesario establecer el alcance y sentido jurídico que
conllevan las normas señaladas como infringidas. Así, el artículo 29 del
Código Orgánico de la Función Judicial en su tenor expresa: “Interpretación
de Normas Procesales.- Al interpretar la ley procesal, la jueza o juez deberá
tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los
derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de
derechos humanos y la ley sustantiva o material. Las dudas que surjan en la
interpretación de las normas procesales, deberán aclararse mediante la
aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se
cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el
derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes. Cualquier vacío
en las disposiciones de las leyes procesales, se llenará con las normas que
regulen casos análogos, y a falta de éstas con los principios constitucionales y
generales del derecho procesal.”. Por tanto, la interpretación de una norma
procesal en base a los derechos debe regirse siempre en atención a las
garantías constitucionales del debido proceso, tutela judicial efectiva e
igualdad de las partes. Con relación a la acusación referente al artículo 7 del
Código del Trabajo el mismo que determina: “Aplicación favorable al
trabajador.- En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,
trabajadores”. La norma invocada hace referencia al principio indubio pro
operario; el mismo que faculta al juzgador aplicar las normas en el sentido
más favorable al trabajador, por ser la parte débil de la relación laboral.
Sobre este principio el Doctor Julio Cesar Trujillo manifiesta al respecto: “(…)
Este es un principio de aceptación general. Afirma que en caso de duda
acerca del alcance de las normas o de la norma aplicable, los funcionarios
judiciales y administrativos la aplicarán en el sentido más favorable a los
trabajadores (Arts. 35.6 de la Constitución y 7 del Código del Trabajo). Este
principio, que se deduce de la naturaleza misma del derecho del Trabajo, es
también conocido con el nombre de principio de favor”. Al referirse a la duda
sobre el alcance de una norma detalla: “Cuando respecto de una norma hay
más de una interpretación posible, por tanto, hay duda acerca de la
interpretación más acertada de esa norma, se aplicará el principio que es
objeto de estudio, en los términos del Art. 7 del Código del Trabajo (…). Esta
aplicación del principio parte de la hipótesis de que hay norma jurídica para el
caso y, por ello, su alcance es de simple hermenéutica jurídica. En la práctica
se plantea varias dificultades. Una se presenta cuando se trata de escoger
entre dos o más interpretaciones posibles, cada una de las cuales entraña
beneficios cualitativamente diversos. La doctrina se inclina, en este supuesto,
por la interpretación más beneficiosa a los trabajadores en conjunto, a pesar
de que no lo sea para un trabajador en su caso particular. Cuando no sea
posible establecer esa diferencia con claridad, se ha de recurrir al principio de
ponderación, o a lo que algún autor denomina una jerarquía axiológica móvil,
que no es sino valorar la situación concreta del caso y los fundamentos
objetivos de la norma cuestionada, y aplicar la interpretación que en el caso
particular sea más favorable a ese trabajador y a cualquier otro que pudiera
encontrarse en la misma situación. Esta hipótesis se presenta con frecuencia,
cuando se trata de aplicar los derechos y garantías constitucionales
reconocidos, y esta solución recibe el nombre de principio de ponderación en
el Derecho Constitucional. El principio in dubio pro operario, en segundo
lugar, no autoriza para prescindir de las reglas generales de hermenéutica
legal, ya que el principio es “in dubio pro - operario” y no “pro-operario”; y,
para que haya duda hace falta un esfuerzo de interpretación previo. Este
esfuerzo ha de hacerse conforme a aquellas reglas generales. Tal sucede en el
Derecho Civil y en el Derecho Penal con el principio in dubio pro - reo; aunque
aquí, en el Derecho del Trabajo, se lo aplica en el sentido más favorable al
trabajador, que ordinariamente tiene la calidad de acreedor del derecho en
cuestión, y no necesariamente de deudor, como sucede en las otras
disciplinas jurídicas. ” (Derecho del Trabajo, Tomo I. Centro de Publicaciones
PUCE pp. 41-42.). Ahora bien, este principio que ha sido invocado por el
recurrente, está expuesto también en el artículo 326 numeral 3 de la
Constitución de la República del Ecuador, sobre el cual es necesario
establecer su alcance, así esta norma expresa que: “3. En caso de duda sobre
el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en
materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas
trabajadoras.”. Al respecto, Américo Pla Rodríguez, al analizar el principio
protector del Derecho del Trabajo, señala que existen tres formas diferentes
al aplicar el indicado principio, esto es, a) La regla in dubio pro operario; que
debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre varios sentidos posibles
de una norma, aquel que sea más favorable al trabajador. b) La regla de la
norma más favorable; determina que en caso de que haya más de una norma
aplicable, debe optarse por aquella que sea más favorable, aunque no sea la
que hubiese correspondido según los criterios clásicos sobre jerarquía de las
normas.; y, c) La regla de la condición más beneficiosa; criterio por el cual la
aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las
condiciones más favorables en que pudiera hallarse un trabajador. (Los
Principios del Derecho del Trabajo, Biblioteca de Derecho Laboral, Tomo I, p
40). En el presente caso, el accionante considera que ha existido una falta de
aplicación del artículo 7 del Código del Trabajo antes referido, relacionando
su alegación con la declaración de testigos que ha su criterio debió ser
valorada al momento de dictar sentencia, situación que para este Tribunal no
es procedente debido a que la misma norma faculta al juez aplicar este
principio en la forma más favorable al trabajador en el caso que se produzca
duda en las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, mas no
referente al valor probatorio que juezas y jueces deben dar a la prueba
testimonial ya que estas en nuestro ordenamiento jurídico por disposición
del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, deben ser apreciadas en
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, aspectos que se han
observado en el caso analizado, garantizando así el debido proceso,
consecuentemente no se observa la falta de aplicación de las normas
acusadas, desestimándose el cargo efectuado. Con relación a la falta de
aplicación de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, 22 del Código del Trabajo,
así como de los artículos 5 y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, y
los artículos 326, 424, 425, 426, 427, 428, y 325 de la Constitución de la
República, se establece que las normas acusadas hacen referencia entre
otros aspectos a la supremacía de la Constitución, a la aplicabilidad de ésta y
su jerarquía normativa; a las normas que garantizan y protegen el derecho al
trabajo y reconocen las distintas modalidades del mismo; finalmente acusa
normas referentes al contrato de trabajo, las partes de la relación laboral y
en lo que consiste el contrato tácito. Al respecto, del estudio realizado se
observa que en la fundamentación de su recurso, el actor no ha justificado
como se ha producido la violación de dichas normas; pues cuando se acusa la
transgresión de un principio constitucional o legal el recurrente debe
necesariamente indicar la forma de cómo se produce tal violación y la o las
consecuencias de aquellas, por tanto la fundamentación de la transgresión
de un principio constitucional o legal en casación, exige el señalamiento con
exactitud de aquello; situación que no se observa en el recurso en mención,
por lo cual los cargos sobre dichas disposiciones no tienen fundamento. En
virtud de lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia emitida por la Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.-
Notifiques y devuélvase.-
Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia
JUEZ NACIONAL
Dra. Paulina Aguirre Suarez Dr. Káiser Arévalo Barzallo
JUEZA NACIONAL CONJUEZ NACIONAL
Certifico.-
Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.
SECRETARIO RELATOR
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY.-
Notifiques y devuélvase.- Fdo.) Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, Dra.
Paulina Aguirre Suarez y Dr. Káiser Arévalo Barzallo, JUECES NACIONALES Y
CONJUEZ NACIONAL. Certifico.- Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, SECRETARIO
RELATOR.
Casilla judicial No. 1944
JHON WILMER VERA OLGUÍN
En el juicio No. 87-2011, seguido por Jhon Wilmer Vera Olguín en contra de
Guido Fabián Farías Giler, se ha dictado lo que sigue:
RELATOR. Lo que comunico a usted para los fines de ley.
SECRETARIO RELATOR.
Casilla judicial No. 2623
Casilla judicial No. 3715
Casilla electrónica: ab.manuelcornejo@outlook.es
Casilla judicial No. 3634
GUIDO FABIÁN FARÍAS GILER
Casilla electrónica: john_guls@hotmail.com |
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY
EN EL JUICIO LABORAL NO. 90-2011, QUE SIGUE JORGE ATAULFO MESÍAS ORTIZ EN CONTRA
DE LA EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL
“ECAPAG”, SE HA DICTADO LO SIGUIENTE:
Ponencia: Dr. Johnny Ayluardo Salcedo
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-
Quito, 11 de septiembre de 2014, las 11h30.
VISTOS: Dentro del juicio laboral seguido por Jorge Ataulfo Mesías Ortiz contra la Empresa Cantonal de
Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil “Ecapag”, en la interpuesta persona del ciudadano José Luis
Santos García, por sus propios derechos y por los que representa, en su calidad de Gerente General y
representante legal; inconforme la parte actora interpone recurso de casación de la sentencia
pronunciada por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia
del Guayas, de fecha 29 de abril de 2010, a las 16h30; que confirma la sentencia de la sentencia subida
en grado, que declara sin lugar la demanda; siendo el estado procesal para resolver, se considera:
PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Corresponde el conocimiento de esta causa, al Tribunal
que suscribe constituido por jueces nacionales, nombrados y posesionados por el Consejo Nacional de la
Judicatura, mediante resolución número 004-2012 de 26 de enero de 2012; y designadas por el pleno
para actuar en esta Sala de lo Laboral, por resolución No. 03-2013 de 22 de julio del 2013, relativo al
cambio en la integración de las Salas de la Corte Nacional de Justicia; y en este proceso en mérito al
resorteo, cuya razón obra de fojas 24 del último cuaderno, realizado de conformidad a lo dispuesto en el
penúltimo inciso del artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial. Su competencia para
conocer los recursos de casación interpuestos, se fundamenta en lo previsto en los artículos 184.1 de la
Constitución de la República del Ecuador, 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, 1 de la Ley
de Casación y 613 del Código del Trabajo.
SEGUNDO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La parte actora alega como infringidas en la sentencia
recurrida las normas de derecho contenidas en el artículo 35 numerales 1, 3 y 12 de la Constitución
Política del Ecuador (1998); artículos 42.1, 80, 83, 87 y 94 del Código de Trabajo; artículos 164, 165 y
273 del Código de Procedimiento Civil; artículos 5, 6 y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial;
artículos 66.2, 75, 76.7 literal l) y 172.1 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 19 de la
Ley de Casación; y artículos 6, 17 y 78 14° Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Empresa
Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil “Ecapag” y el Comité de Empresa de
Trabajadores de Ecapag. Fundamenta su recurso en las causales primera, tercera y cuarta del artículo 3
de la Ley de Casación.-
TERCERO: MOTIVACIÓN: La doctrina explica que: “(...) La motivación de derecho involucrada en toda
sentencia, se relaciona con la aplicación de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes, a
los hechos establecidos en la causa, con base en las pruebas aportadas por las partes. Por lo tanto, lo
que caracteriza esta etapa de la labor del juez es, precisamente aquel trabajo de ‘subsunción’ de los
hechos alegados y aprobados en el juicio, en las normas jurídicas que los prevea, a través del enlace
lógico de una situación particular, específica y concreta, con la prevención abstracta, genérica e
hipotética contenida en la ley. Tal enlace lógico entre los hechos que el juez ha establecido como
resultado del examen de las pruebas y las previsiones abstractas de la ley, se resuelve en lo que Satto
llamó ‘la valoración jurídica del hecho’, esto es, la transcendencia que jurisdiccionalmente se atribuye al
hecho, para justificar el dispositivo de la decisión y a este respecto, es clara la obligación que tiene el juez
de expresar en su fallo las consideraciones demostrativas de aquélla valoración, y justificativa del partido
que toma el juez al aplicar los preceptos legales correspondientes, como única vía para que el fallo
demuestre aquél enlace lógico hecho-norma que viene a ser el punto crucial de la motivación en la
cuestión de derecho; pues a través del examen de esas consideraciones, es como podrá efectuarse la
determinación de si el juez erró o acertó en la aplicación de la ley (…) Entendida así, es en la motivación
de la cuestión de derecho donde se encuentra virtualmente reconducida la parte más excelsa y delicada
de la actividad decisoria del juez, pues al fin y al cabo el objetivo final de la jurisdicción es la declaración
del derecho, que bajo el principio de la legalidad explica y al mismo tiempo condiciona la actividad del
juez. Por ello la falta de motivación de la cuestión de derecho, constituye un vicio, quizás
institucionalmente el más grave, en el que el órgano jurisdiccional puede incurrir (...)”1. Conforme el
mandato contenido en el artículo 76.7.l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho establecidos en el proceso. La falta de motivación y de aplicación de la norma
constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución. Cumpliendo con la obligación
constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de
Justicia, fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación:
CUARTO: ARGUMENTACIÓN O RATIO DECIDENDI:
4.1. SOBRE LA TUTELA JUDICIAL COMO EXPRESIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL: El Estado
constitucional de derechos supone la consagración del principio de supra legalidad constitucional, es
decir, la supremacía de la Constitución, la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las
personas y, estando en discusión derechos constitucionales, las juezas y jueces estamos obligados a
aplicar de manera directa e inmediata la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva
vigencia.-
4.2. CONSIDERACIONES DEL RECURSO: El recurso de casación es un medio de impugnación de
carácter extraordinario, público y de estricto derecho. Para Humberto Murcia Ballén, “la casación es un
recurso limitado, porque la ley lo reserva para impugnar por medio de él solo determinadas sentencias,
formalista; es decir, impone al recurrente, al estructurar la demanda con la que sustenta, el inexorable
deber de observar todas las exigencias de la técnica de casación a tal punto que el olvido o desprecio de
ellas conduce a la frustración del recurso y aún al rechazo in limine del correspondiente libelo”2. De lo que
se desprende que no se trata de una tercera instancia. El objetivo fundamental del recurso, es atacar la
sentencia para invalidarla o anularla por los vicios de fondo y forma de los que pueda adolecer; proceso
que se verifica a través de un cotejamiento riguroso y técnico de la sentencia con el ordenamiento jurídico
1MÁRQUEZ ÁÑEZ, Leopoldo, Motivos y Efectos del Recurso de Casación de Forma en la Casación Civil Venezolana, p. 40; EN, TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA Recurso de Casación No. 00175-250403-00559-00492.
2 MURCIA BALLÉN, Humberto, Recurso de Casación Civil, Edición Sexta, Bogotá, 2005, pp. 90 y 91.
vigente, para encontrar la procedencia o no de las causales invocadas. Dicha función jurisdiccional, se
encuentra confiada al más alto Tribunal de Justicia ordinaria, el cual en el ejercicio del control de
constitucionalidad y legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en aras de la
seguridad jurídica, pilar fundamental en los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la
jurisprudencia, a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple
reiteración. De los argumentos del recurrente, a fin de dilucidar si la impugnación a la sentencia posee
sustento jurídico, este Tribunal procede a confrontarla con los cargos formulados en su contra y en
relación con la normativa legal citada, se observa:
4.3. SOBRE LA CAUSAL CUARTA: Al respecto, “El vicio de incongruencia contenido en la causal
cuarta es un error improcedendo que tiene tres aspectos: a) Cuando se otorga más de lo pedido (plus o
ultra petita); b) Cuando se otorga algo distinto a lo pedido (extra petita); y, c) Cuando se deja de resolver
sobre algo pedido (citra petita). Entonces como instrumento de análisis, el defecto procesal de
incongruencia debe resultar de la comparación entre la súplica de la demanda y la parte dispositiva de la
sentencia, lo cual ha de estar perfectamente explicado en la fundamentación del recurso”.3 El tratadista
Humberto Murcia Ballén, manifiesta: “Cuando el juez, al fallar, infringe el principio de la congruencia de la
sentencia, ora por exceso de poder ya por defecto en el ejercicio del que se le atribuye, lesiona el interés
jurídico de los litigantes, para cuya reparación se han consagrado los recursos. Y entre estos el de
casación, si el fallo es proferido por un tribunal superior, dado que en los supuestos de casación, per
saltum no proceden los errores in procedendo. Es pues, falta de conformidad entre lo pedido y lo resuelto,
o la falta de la necesaria correspondencia, entre la resolución de la sentencia y las peticiones de las
partes, lo que autoriza la casación del fallo incongruente o disonante, como también se lo llama”.4 Es
deber elemental del juez respetar el cuadro de la instancia trazado por los litigantes, las pretensiones de
las partes son las expresiones de la voluntad privada, el juez no puede sorprenderlas saliéndose de los
límites fijados en las peticiones por las partes procesales. El civilista abogado Juan Muñoz Torres, en su
obra Tratado de los Recursos Jurisdiccionales, sostiene: “Las sentencias deben ser pronunciadas
conforme al mérito del proceso, y la decisión del asunto controvertido debe comprender todas las
3 G.J. S. XVI No. 4, p. 895-896 (Rossova vs. Fundación Amigos del Ecuador)
4 MURCIA BALLÉN, Humberto, Recurso de Casación Civil, Editorial Jurídica Gustavo Ibañez, Sexta Edición, p. 506
acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, de decir que la sentencia debe
enmarcarse dentro de los límites que las propias partes fijaron al tribunal en sus escritos de demanda y
contestación (...)”.5
4.3.1. Adicionalmente, el citado tratadista colombiano, dice: "(…) el principio de congruencia o armonía
del fallo se contrae a la necesidad de que este se encuentre en consonancia con las pretensiones
deducidas por el demandante en la demanda, o en las demás oportunidades que la ley le ofrece para
proponerlas; y con las excepciones que aparezcan probadas, y hubieran sido invocadas por el
demandado, si no se autoriza su declaración oficiosa. 0 sea que el juez en su sentencia, tiene que
pronunciarse sobre todo lo que se ha pedido por los litigantes y solamente sobre lo demandado; pero,
además, su decisión no puede fundarla sobre hechos que no están en el debate".6 Para el análisis de la
procedencia de la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, es necesario realizar una
comparación de los aspectos que han sido materia de la litis, a partir del libelo inicial, como el acto en que
el actor deduce su acción y formula su solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo, de
conformidad con el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil; la contestación a la demanda que debe
contener el pronunciamiento expreso del demandado sobre las pretensiones del actor, con la indicación
de si las admite o las niega, así como las excepciones que el accionado proponga, con los fundamentos
de hecho y de derecho de cada una de ellas en virtud del artículo 102 del Código de Procedimiento Civil;
y, finalmente la parte resolutiva de la sentencia, que contiene la decisión del juez acerca de asunto o
asuntos principales del juicio, en la que se deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la
litis (artículo 164, 165 y 273 del Código de Procedimiento Civil).
4.3.2. El actor, sostiene que el tribunal ad-quem no se ha pronunciado sobre la falta de pago de 28 días
laborados en julio de 2001, más el triple de recargo, a pesar de haber sido solicitado en su libelo inicial.
Ahora bien, de la lectura de la sentencia impugnada, se colige que en efecto el tribunal de alzada no se
pronunció sobre dicha pretensión, toda vez que el único análisis realizado fue el siguiente: “(…) siendo el
punto principal el Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo, estos no obran en autos, por cuanto de
5 MUÑOZ TORRES Juan, Tratado de los Recursos Jurisdiccionales, Editorial Parlamento Ltda., 2009, p. 436
6 MURCIA BALLÉN, Humberto, Recurso de Casación Civil, Editorial Jurídica Gustavo Ibañez, Sexta Edición, p. 305
fs. 125 a 156 aparece un folleto del mismo, pero que no contienen la correspondiente certificación del
empleado competente conforme establece el Art. 164 del Código Adjetivo Civil y es así que de acuerdo a
la Sana Crítica no tiene ninguna validez legal del caso.” (Sic) Posteriormente, declara sin lugar la
demanda. En virtud de lo transcrito se colige que en efecto hay una ausencia de pronunciamiento de las
pretensiones del actor, por lo que procede la causal cuarta y por lo tanto, la resolución de aquellas.
Solicita el actor en su libelo inicial el pago del literal e) del artículo 17 del Contrato Colectivo de Trabajo, el
cien por ciento de recargo, de conformidad con el último inciso del referido instrumento contractual, la
remuneración de 28 días trabajados en julio, más el triple del recargo. Es así que este Tribunal verifica
que las pretensiones del actor se originan en la terminación de la relación laboral entre este y ECAPAG
en el año 2001, pero más aún, demanda también a la empresa International Water Services, Interagua C.
Ltda. y a Tonle S.A., ya que, a decir del actor, a pesar de la terminación de la relación laboral por
renuncia voluntaria, continuó laborando para INTERAGUA C. LTDA., por intermedio de la tercerizadora
denominada TONLE S.A. con quienes finalizó la relación laboral en el año 2004. Así las cosas, es
necesario señalar que de conformidad con el artículo 171 del Código del Trabajo, la condición para el
sucesor asuma las obligaciones derivadas de la responsabilidad patronal, es que no se haya concluido la
relación es forma definitiva, como ocurrió en el caso sub judice, donde inclusive, el trabajador recibió la
bonificación contractual por “renuncia voluntaria”, lo que en definitiva no configura las condiciones
previstas en el artículo antes referido para que el empleador pueda asumir todas y cada una de las
obligaciones patronales en caso de cesión o de enajenación de la empresa o negocio o cualquier otra
forma de modalidad por la cual la responsabilidad patronal sea asumida por otro empleador, por lo que no
procede la solidaridad alegada.
Por otro lado, en cuanto a las pretensiones del actor, este Tribunal constata que la última citación que
obra en el acta a fojas 13 del cuaderno de primer nivel, es de fecha 18 de septiembre de 2007, es decir
seis años después de la terminación laboral, por lo que en virtud del artículo 635 del Código del Trabajo
se encuentran prescritas. Es necesario resaltar que la bonificación por renuncia voluntaria, no goza del
blindaje de la imprescriptibilidad, como sí lo hacen la jubilación y sus bonificaciones accesorias, por lo
que el computarse el tiempo en que serán eventualmente exigibles, el tiempo de la presentación de la
acción, aquella resultaba ineficaz al haber operado su prescripción; excepción alegada por la demandada
Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado “Ecapag” al contestar la demanda.-
QUINTO: DECISIÓN: Por todo lo expuesto y al no ser necesario el análisis del resto de causales
invocadas al haberse demostrado la prescripción de las pretensiones del trabajador, ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada por la Segunda Sala
de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, de fecha 29 de abril de
2010, a las 16h30.- NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- fdo().- Dr. Johnny Ayluardo Salcedo, Dra. Paulina
Aguirre Suárez; y Dra. Mariana Yumbay Yallico. JUEZ Y JUEZAS NACIONALES.- Certifico.- Dr. Oswaldo Almeida
Bermeo, SECRETARIO RELATOR.- |
RECURSO No. 91-2011
JUEZ PONENTE: Dr. GUSTAVO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO.-
Quito, a 11 de enero de 2013. Las 10h05. ---------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No. 004-
2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, por la Resolución
de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por el Pleno de la Corte Nacional
de Justicia. En lo principal, mediante sentencia dictada el 17 de febrero del 2011, la
Quinta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 con sede en Quito,
rechaza la demanda de impugnación interpuesta por el señor Oreste Moscarella
Galvis, en su calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la
compañía NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A., en contra del Director
Financiero Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, y en consecuencia confirma
la Resolución N° 01431.- Dentro del término concedido en el Art. 5 de la Ley de
Casación, el representante legal de la empresa actora, presenta un escrito contentivo
del pertinente recurso y solicita se fije caución para suspender la ejecución de la
sentencia, el que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Juzgador en providencia
del 1 de marzo del 2011 y fija la referida caución.- Subidos que han sido los autos
para conocimiento de esta Sala Especializada de la Corte Nacional, confirma tal
aceptación mediante auto de 6 de abril del 2011, en el que además se ha corrido
traslado a la Autoridad Tributaria seccional demandada para los fines previstos en el
Art. 13 de la Ley de Casación, la que comparece a defender la legalidad de la
sentencia y ha señalado casillero judicial en donde recibir sus notificaciones.-
Concluida la tramitación de la causa y siendo su estado el de dictar sentencia, para
hacerlo se considera: -------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer del presente recurso, en virtud de
lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 184 de la Constitución de la República, en
concordancia con el Art. 1 de la Ley de Casación y el Art. 185, parte II numeral 1. del
Código Orgánico de la Función Judicial.- -----------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El representante legal de la Empresa NATURES SUNSHINE
PRODUCTS DEL ECUADOR S.A., en el escrito que contiene su recurso (fs. 37 a
42) dice que se basa en las causales primera, cuarta y quinta del Art. 3 de la Ley de
Casación, pues la sentencia recurrida ha infringido por aplicación indebida de los
artículos 364 y 365 (antes 383) de la hoy derogada Ley Orgánica de Régimen
Municipal y por falta de aplicación de los Arts. 3, 10, 12, 103 numeral 2do. del
Código Tributario (1ra.); porque la sentencia resolvió aquello que no fue materia del
litigio (4ta.) y porque adoptó decisiones contradictorias o incompatibles (5ta.).- En su
fundamentación, como argumento de la causal 4ta. manifiesta que, en su demanda
hizo referencia a que el objeto de la litis se refería al impuesto de patentes del 2006,
no del 2005, ya que el conocimiento de éste se radicó en la Primera Sala de ese
mismo Tribunal, sin embargo la sentencia hace relación a este último ejercicio,
infringiendo el Art. 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Continúa y en
relación a la causal 5ta. dice que, el fallo adoptó decisiones jurídicamente
incompatibles, cuando ratificó la Resolución impugnada, pero corrigió
sustancialmente la liquidación que ella contiene, al imputar el pago hecho por la
empresa por el año 2005 y sin considerar el pago del 2006, que era el que se
discutía, razón por la que considera que no podía la Sala juzgadora confirmar un
acto al cual ella misma le está modificando por considerar que tiene un error, en
evidente contradicción. En referencia a la 1ra. causal sostiene que, el Art. 364 (antes
383) de la Ley Orgánica de Régimen Municipal establecía que el hecho generador
del impuesto a la patente es la realización de cualquier actividad económica en el
cantón, pero la sentencia le considera un impuesto al patrimonio, como si fuese un
impuesto a los activos totales, mientras que el Art. 365 de esa misma ley, establecía
la tarifa del impuesto en función del capital con que operen los sujetos pasivos, lo
cual ha sido tergiversado por la sentencia de la cual recurre, lo cual ha sido
corregido por el COOTAD (Registro Oficial N° 303-S, de 19-X-2010), pues ésta si
permite cobrar sobre el patrimonio, pero no tiene efecto para el 2006; en el caso, el
Municipio de Quito tomó como “capital” de mi representada para el cálculo de la
patente el “patrimonio neto”, que es un concepto distinto, lo cual no le facultó el
referido Art. 365 LORM, pero ha sido confirmado por la sentencia, con lo cual
también se configuró la falta de aplicación de los Arts. 3, 10 y 12 del Código
Tributario, que se refieren a los principios de legalidad tributaria, de interpretación de
las palabras y el carácter reglado de la potestad reglamentaria (Ordenanza 0135).
En el caso concreto la Compañía tiene un capital de USD $ 3.400, valor sobre el
cual debía calcularse el impuesto y no como lo hace el Municipio de Quito. Es parte
de su fundamentación, la falta de motivación de la sentencia recurrida, al tenor de lo
señalado en el literal l) del numeral 7 del art. 76 de la Constitución de la República,
pues no ha hecho una explicación de como la Ordenanza 0135 se aplicaba al caso
concreto y no fundamentó las razones por las que desestimó los argumentos del
reclamo presentado por la Empresa actora. Por todo ello, pide se case la sentencia
y dicten la que en derecho corresponda.- --------------------------------------------------------
TERCERO.- Por su parte, el Ing. Edwin Palma Echeverría Director Metropolitano
Financiero Tributario del Municipio de Quito, dentro de término, contesta el recurso
propuesto (fs. 4 a 6 del cuadernillo de casación) y manifiesta que, la sentencia hace
un prolijo análisis de la facultad determinadora de la Administración Tributaria
Municipal, “así como del procedimiento de ejecución, materia de la presente causa”;
que la Ordenanza Municipal 0135 y la Ley, facultan el cobro de patente municipal del
año 2007 (SIC). Que la ley no definió la frase “capital con el que operan los sujetos
pasivos”, dejando a los Municipios, en base de su autonomía, definir dicho concepto,
lo que ha sido corroborado por la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia
en varios fallos concordantes, por lo que solicita sea rechazado el recurso.-
CUARTO.- El recurso de casación es sin duda, un remedio extraordinario para curar
errores en la concepción del Derecho (aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación de normas jurídicas) que una sentencia ha cometido, es decir
una verdadera demanda a la validez de la misma y estrictamente formalista. Esta
Sala Especializada debe analizar si la sentencia de 17 de febrero del 2011, dictada
por la Quinta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 ha cometido las
deficiencias que el recurrente manifiesta, para lo cual se hacen las siguientes
consideraciones: 4.1. Lo primero que debe afrontarse es, sin duda, lo referente a la
“falta de motivación”, porque de ser cierto la aseveración hecha por el recurrente,
dicha omisión produciría la nulidad de la sentencia, al tenor de lo ordenado en el art.
76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República, que ha sido esgrimida
como motivo del recurso, y enmarcada en la causal quinta del Art. 3 de la Ley de
Casación, conforme lo sostiene. Dicha norma establece que: “Las resoluciones de los
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán
sancionados.” (el subrayado pertenece a la Sala); 4.2. A su vez, el segundo inciso del art.
273 del Código Orgánico Tributario, en la parte pertinente establece que “La
sentencia será motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que,
en relación directa a los mismos, comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de
la resolución o actos impugnados…”; de la norma constitucional y legal transcritas se
evidencia la trascendencia que tiene la motivación de las resoluciones en
general y de las sentencias en particular; es una operación lógica en la que se
confronta los hechos probados por las partes en el proceso, con el derecho, esto es
la normativa constitucional, legal y de menor jerarquía aplicable, que sirve de base
para una decisión acertada del Juzgador. En la especie, el Tribunal ha hecho una
recopilación del texto de la demanda y de la contestación, se valoran las pruebas y
posteriormente realiza varias consideraciones para la toma de la decisión, que
resulta coherente y lógica; en consecuencia, no porque la sentencia sea contraria a
los intereses de la actora puede argumentarse que no está debidamente motivada,
por tanto se inadmite esta causal (5ta.) argumentada por el recurrente.-------------------
-------------------------------------------------------------------------------
QUINTO.- Se impugna a la sentencia, pues el objeto de la litis se refería al
impuesto de patentes del 2006, no del 2005, ya que el conocimiento de éste se
radicó en la Primera Sala de ese mismo Tribunal, sin embargo la sentencia hace
relación a este último ejercicio, infringiendo el Art. 9 del Código Orgánico de la
Función Judicial, si bien es cierto, la demanda se refiere sólo al impuesto de
patentes del 2006, la propia Resolución impugnada (01431) ratifica los valores por
concepto del impuesto de patentes de cada uno de los años 2005 y 2006, lo que
significa que quien dividió la continencia de la causa al presentar demandas
separadas por cada ejercicio fue la Empresa actora, sin embargo y pese a que
efectivamente, la sentencia se refiere a la patente del 2005, ello no ha provocado
indefensión alguna a la Empresa actora, por tanto no cabe declarar nulidad alguna
por ese error, pues la causa, valores y efectos son iguales en uno y otro.
SEXTO.- Sobre la impugnación principal a la sentencia, que atañe al fondo
mismo del litigio y que la recurrente ha esgrimido como aplicación indebida de
los Arts. 364 y 365 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (causal 1ra.) , se
hacen las siguientes consideraciones: 6.1. La Empresa actora, con los argumentos
que obran de la demanda, impugna la Resolución No. 01431, emitida por la
Directora Financiera de Rentas del Distrito Metropolitano de Quito y el principal
argumento de la compañía se sostiene en que la determinación realizada por parte
del Municipio de Quito respecto del Impuesto a la Patente Municipal 2005 y 2006 se
fundamenta en NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A., tiene un capital
social de USD $ 3.400, y solamente sobre dicho valor puede cobrarse la patente, al
tenor de lo dispuesto en el art. 365 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal que
faculta para que el Concejo mediante ordenanza establezca la tarifa del impuesto
anual en función del capital de los sujetos pasivos, limitándole al capital con que
operen “dentro del cantón”; esta Sala Especializada en casos similares (468-2010)
ha sostenido que “el capital con el que operen” que señala la norma transcrita o el
“capital operacional” en los términos empleados por la Autoridad Tributaria
Municipal, no es el mismo, igual o equivalente al “capital social” previsto en otros
cuerpos legales como la Ley de Compañías o el Código de Comercio. Es facultativo
y pertinente entonces, que los concejos municipales en uso de su atribución
constitucional y legal de expedir ordenanzas, definan el alcance de la frase “capital
con el que operen” previsto en la ley.- 6.2. El Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, expide la Ordenanza Metropolitana No. 135 que reglamenta la aplicación del
Impuesto a la Patente Municipal, en cuya Disposición General Primera, define lo que
debe entenderse por capital con el que operan los sujetos pasivos en el cantón de la
siguiente manera: “PRIMERA.- Para la aplicación de la presente Ordenanza se
considerará al capital con el que operen los sujetos pasivos de éste impuesto dentro
del cantón, al resultado de la diferencia existente entre el total de activos y el total de
pasivos”; 6.3. Para el caso concreto, la Resolución 01431 de 29 de mayo del 2006,
emitida por la Dirección Financiera de Rentas, aplica la Ordenanza 135 y calcula las
patentes de los años en disputa en base al patrimonio neto de USD 653.944,76 y
USD 763.824,89 obtenidos de los estados financieros de los años 2004 y 2005,
respectivamente. Por lo expuesto se concluye que la Sala Juzgadora no incumplió ni
desatendió las normas jurídicas argüidas por la recurrente, por tanto no hay motivo
para casar la sentencia.---------------------------------------------------------------------------------
Sin que sea menester entrar en otros análisis, la Sala de lo Contencioso Tributario
de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de casación
interpuesto por el Gerente General de NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL
ECUADOR S.A.- Entréguese la caución rendida a la Autoridad Tributaria Municipal,
en compensación por la demora en la ejecución del fallo.- Sin costas. Notifíquese,
publíquese y devuélvase.-
Dr. José Suing Nagua
JUEZ NACIONAL
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia Dr. Gustavo Durango Vela
JUEZA NACIONAL CONJUEZ NACIONAL
Certifico.-
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA |
143515319-DFE
Juicio No. 1775120110098
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 25 de febrero del
2021, las 16h33. VISTOS: El ingeniero Mario Ruiz en calidad de gerente general y en representación
del Quito Tenis y Golf Club interpone recurso de casación en contra del fallo dictado por el Tribunal
de lo Fiscal No 4, Cuarta Sala con sede en la ciudad de Quito, el 24 de febrero de 2011, las 09h46,
dentro del procedimiento de ejecución coactiva No. 010251680 AC que declara con lugar las
excepciones propuestas al procedimiento de ejecución iniciado por la Tesorería Metropolitana del
Municipio de Quito por el cobro del impuesto predial urbano y adicionales y solares no edificados
correspondiente al ejercicio fiscal 2003.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte
numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del artículos 201 del Código
Orgánico de la Función Judicial reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda
número 4 del Código Orgánico General de Procesos y artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. El Tribunal de lo Fiscal No 4, Cuarta Sala, con sede en
la ciudad de Quito, el 24 de febrero de 2011, las 09h46, dentro del juicio de excepciones al
procedimiento de ejecución coactiva declara con lugar las excepciones opuestas al Procedimiento de
Ejecución No. 010251680 AC, iniciado por la Tesorería Metropolitana del Municipio de Quito por el
cobro del impuesto predial urbano y adicionales y solares no edificados correspondiente al ejercicio
fiscal 2003, y que en su parte resolutiva dispone desechar la demanda de excepciones deducida por la
empresa Quito Tenis y Golf Club legalmente representada por su presidente el ingeniero Edwin Terán
Ribadeneira y declara la validez el procedimiento de ejecución iniciado en la Tesorería Metropolitana
del Municipio de Quito el 20 de enero del 2004, por lo que se dispone su continuación a fin de
proceder al cobro de los valores adeudados por el contribuyente.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Con fecha 03 de marzo del 2010, las 15h30,
ingeniero Mario Ruiz en calidad de gerente general y en representación del Quito Tenis y Golf Club
interpone recurso de casación en contra de la sentencia emitida por la Sala de instancia, mismo que es
calificado en auto de 22 de marzo del 2011, las 10h58; en los términos de los artículos 6, 7 y 8 de la
Ley de Casación, para ante los Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, competentes para conocer y resolver este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de admisión de 14 de abril del 2011 las 15h10, el Tribunal
de la Sala Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia conformado por los doctores José
Vicente Troya Jaramillo, Gustavo Durango Vela y Javier Cordero Ordóñez declaró la admisibilidad
del recurso de casación propuesto.
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. El Director Metropolitano Financiero Tributario
del Municipio Metropolitano de Quito, en escrito del 25 de abril del 2011, las 10h05, solicitó a la Sala
rechazar el recurso de casación por improcedente.
SEXTO: CONSULTA DE NORMA. Con fecha 08 de diciembre del 2011, las 09h40, el Tribunal de
la Sala Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, consulta sobre la constitucionalidad
de las Disposiciones Cuarta y Décima, de las “Disposiciones para el cobro eficiente de las acreencias
del Estado”, constante en el Decreto Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del
Estado, publicado en el Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre del 2011, consulta de norma
que fue acumulada a los casos No. 006011CN y otros, en la Corte Constitucional del Ecuador,
resuelta mediante sentencia No. 6011CN/20 de 06 de febrero del 2020; en cumplimiento a lo
dispuesto por los jueces constitucionales, el expediente ha sido devuelto a la Corte Nacional de
Justicia mediante oficio No. 0603CCESGNOT2020 de 03 de marzo del 2020.
SÉPTIMO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa No. 17751
20110098(1), realizado el 18 de septiembre de 2020, las 11h47, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (E), Fernando Antonio Cohn Zurita,
Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, en calidad de Ponente. Mediante Resolución
No. 0032021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar cumplimiento
al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la causa
No. 1781120140463, ratificado la continuación en el ejercicio de funciones de los doctores José
Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales, respectivamente; con
Resolución No. 0082021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a la
doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte Nacional de Justicia,
mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo Contencioso Tributario con
los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante Oficio No.92PCNJ2021, de
12 de febrero de 2021, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, llama a integrar la Sala al doctor
Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María Crespo.
OCTAVO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara el proceso
válido.
NOVENO: AUTOS PARA RESOLVER. Con fecha 8 de febrero de 2021, las 15h39, la Sala de
Casación de la Corte Nacional de Justicia emitió autos para resolver la presente causa.
DÉCIMO: ERRORES ALEGADOS. El recurrente considera que el fallo emitido por el Tribunal
Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala con sede en la ciudad de Quito el 24 de febrero del 2011, las
09h46 incurre en:
A. Causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, falta de aplicación del artículo 19 de
la Ley de Casación, artículo 2 del Decreto Legislativo dictado por la Asamblea Nacional
Constituyente, publicado en el Registro Oficial No. 163 de 16 de diciembre de 1944,
precedente jurisprudencial en casos No. 622005, 242006, 282006, 3092006 y 310
2006.
B. Causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, omisión de resolver un punto de la
controversia por lo que acusa como normas infringidas el contenido de los artículos 165
numeral 4; 273 y 212 numerales 2, 3, 4 y 10 del Código Tributario, 329 de la Ley de
Régimen Municipal.
DÉCIMO PRIMERO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS. Las normas que el
recurrente considera infringidas son: a) Ley de Casación: Art. 19: “Todas las sentencias de casación
serán obligatoriamente publicadas en su parte dispositiva en el Registro Oficial y constituirán
precedente para la aplicación de la Ley, sin perjuicio de que dichas sentencias sean publicadas en la
Gaceta Judicial o en otra publicación que determine la Corte Suprema de Justicia. La triple
reiteración de un fallo de casación constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante
para la interpretación y aplicación de las leyes, excepto para la propia Corte Suprema. Igualmente la
Corte Suprema de Justicia podrá emitir resolución obligatoria sobre puntos de derecho respecto de
los cuales existan fallos contradictorios de las cortes superiores y tribunales distritales, aunque no le
hayan llegado por vía de casación. La Corte Suprema resolverá sobre los fallos contradictorios ya
sea por su propia iniciativa o a pedido de las cortes superiores o tribunales distritales. El Presidente
de la Corte Suprema emitirá un instructivo para el adecuado ejercicio de esta atribución.” b)
Decreto Legislativo dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, publicado en el Registro
Oficial No. 163 de 16 de diciembre de 1944: Art. 2: “El Quito Tenis Club” queda exento para lo
sucesivo del pago de impuestos y tasas fiscales y municipales.” c) Código Orgánico Tributario: Art.
165: “Solemnidades sustanciales. Son solemnidades sustanciales del procedimiento de ejecución:
(…) 4. Aparejar la coactiva con títulos de crédito válidos o liquidaciones o determinaciones firmes o
ejecutoriadas; y (…)”. Art. 212. “Excepciones. Al procedimiento de ejecución de créditos
tributarios sólo podrán oponerse las excepciones siguientes: (…) 2. Ilegitimidad de personería del
coactivado o de quien hubiere sido citado como su representante; 3. Inexistencia de la obligación por
falta de ley que establezca el tributo o por exención legal; 4. El hecho de no ser deudor directo ni
responsable de la obligación exigida;(…) 10. Nulidad del auto de pago o del procedimiento de
ejecución por falsificación del título de crédito; por quebrantamiento de las normas que rigen su
emisión, o falta de requisitos legales que afecten la validez del título o del procedimiento.; (…)” Art.
273. “Sentencia. Concluida la tramitación el tribunal pronunciará sentencia dentro de treinta días
de notificadas las partes para el efecto. Antes de sentencia, las partes podrán presentar informes en
derecho o solicitar audiencia pública en estrados, con igual finalidad. La sentencia será motivada y
decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que, en relación directa a
los mismos, comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o
acto impugnados, aún supliendo las omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho, o
apartándose del criterio que aquellos atribuyan a los hechos.”
DÉCIMO SEGUNDO: CONTENIDO DE LAS CAUSALES PRIMERA Y CUARTA DEL
ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE CASACIÓN.
A. La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación se configura por: “Aplicación
indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo
los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido
determinantes de su parte dispositiva.”1
B. La causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación establece que: “Resolución, en la
1 Ecuador Registro Oficial No. 192 de 18 mayo de 1993, Ley de Casación: artículo 3 causal 1ra.
sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos
los puntos de la litis;”2
DÉCIMO TERCERO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS
ACUSADOS.
A. El recurrente considera que los juzgadores de instancia incurren en la falta de aplicación
de los precedentes jurisprudenciales contenidos en los casos No. 622005, 242006, 28
2006, 3092006 y 3102006, los que considera han sido desconocidos y haciéndolos
prevalecer de forma contraria a la ley, dejando vigente un criterio absurdo e inaplicable;
que el Tribunal de instancia considera que la exoneración a favor de Quito Tenis y Golf
Club constante en el artículo 2 del Decreto Legislativo de 19 de octubre de 1944 dejó de
tener vigencia por la expedición de la Codificación de la Ley de Régimen Municipal en la
que no existe constancia de exoneración a favor del Club, no aparece como beneficiario ni
cumple con los presupuestos necesarios contemplados y condicionados en el Código
Orgánico Tributario, razón por la que, considera el recurrente que la sentencia es
incorrecta y contraria al criterio emitido mediante los precedentes jurisprudenciales
obligatorios contenidos en los procesos judiciales antes mencionados. Arguye el
casacionista que desde 1944 el Quito Tenis y Golf Club tiene una exención legal en el
pago de impuestos y tasas fiscales y municipales, situación que ha sido analizada por los
juzgadores de la Sala Contencioso Tributaria de la Corte Suprema de Justicia y que al
haberse reiterado en varios fallos, debió ser acatada inexorablemente por la Cuarta Sala
para la aceptación de la excepción planteada en la demanda. Considera el casacionista que
si bien el Decreto Legislativo de 1944 fue derogado esto en nada altera la exención puesto
que la Ley del Deporte también exonera de impuestos a las sedes de los clubes deportivos,
como lo es el Quito Tenis y Golf Club, por lo que considera que se ha demostrado la
inexistencia de la obligación tributaria por exención legal.
B. Respecto de la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación el recurrente considera
que se ha omitido resolver todos los puntos de la litis, al considerar que el acto
administrativo no se encontraba debidamente motivado, el auto de pago no contiene el
valor adeudado mediante el que se fundamenta el proceso administrativo. De ahí que, el
casacionista considere que se ha transgredido una formalidad sustancial en el
2 Ecuador Registro Oficial No. 192 de 18 mayo de 1993, Ley de Casación: artículo 3 causal 4ta.
procedimiento coactivo, debiendo aparejar el título de crédito según lo dispone el artículo
165 numeral 4 del Código Tributario. Considera además el recurrente como norma
infringida, el contenido del artículo 329 de la Ley de Régimen Municipal puesto que el
pago del impuesto predial no trae implícita la notificación de esta obligación por
intermedio de la Tesorería Municipal, por lo que, arguye que la falta de aparejamiento del
título o el incumplimiento del artículo 165 del Código Tributario acarreó la nulidad del
proceso de ejecución toda vez que, se impidió al ejecutado ejercer su derecho
constitucional a la defensa por haber transgredido una disposición sustancial en el proceso
coactivo.
DÉCIMO CUARTO: ANÁLISIS DE LOS VICIOS ALEGADOS. Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver los problemas jurídicos
planteados derivados del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en las causales
primera y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, admitido por la Sala, considera:
10.1. Falta de aplicación. i. El vicio de falta de aplicación es “(…)El concepto de violación de la
norma sustancial también llamado no aplicación o inaplicación se presenta cuando al dictar la
sentencia el juez no la aplica debiendo haberla aplicado en ella y como tal omisión implica el
desconocimiento del derecho que claramente consagra el precepto legal, dicho texto resulta entonces
vulnerado.”3; ii. El cuestionamiento a la sentencia es por el vicio de falta de aplicación de los artículos
19 de la Ley de Casación, artículo 2 del Decreto Legislativo dictado por la Asamblea Nacional
Constituyente, publicado en el Registro Oficial No. 163 de 16 de diciembre de 1944, precedente
jurisprudencial en casos No. 622005, 242006, 282006, 3092006 y 3102006, que a decir del
recurrente, justifican la exoneración que reclama a favor de su representada; iii. Una primera reflexión
en torno al tema es el relacionado con el precedente jurisprudencial, que a decir del recurrente justifica
la exoneración que reclama; sobre el mismo es preciso indicar que el alcance de la disposición del
artículo 19 de la Ley de Casación respecto a la obligatoriedad de la jurisprudencia por la triple
reiteración de fallos sobre un mismo punto de derecho, obligatoriedad que excluye de su observancia a
la ex Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, por lo que, aun existiendo triple
reiteración en el caso en análisis, la misma no es de observancia obligatoria para la Sala Especializada,
al tenor de lo preceptuado en la norma que, según el recurrente, no fue aplicada por los juzgadores de
instancia; iv. No obstante, tratándose de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores al año
2008, donde se produce el cambio del sistema de jurisprudencia regulado por la Ley de Casación al de
3Murcia Ballén, Humberto. El recurso de casación civil, (Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo
Ibáñez, 2012) 398.
precedente obligatorio regulado por la Constitución de la República y desarrollado por el Código
Orgánico de la Función Judicial en el 2009, concretamente adicionales a predial urbano y solar no
edificado por el año 2003, el Tribunal de instancia debió observar la triple reiteración alegada; v.
Analizados los fallos en cuestión No. 622005, 242006, 282006, 3092006 y 3102006, en los que el
contribuyente es Quito Tenis y Golf Club y se discute la inexistencia de obligaciones por exoneración,
en juicios de excepciones a procedimientos de ejecución coactiva contra el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, en todos se sostiene que “El hecho de que una ley sea considerada orgánica
no es suficiente para entender que una exoneración de fecha anterior haya dejado de tener vigencia,
a menos que de su texto se desprenda expresamente que ello haya ocurrido.”, criterio que es
concordante con la circunstancia referida por el propio recurrente, que la exoneración fue
expresamente derogada por la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en el año 2008; vi. Lo
expuesto evidencia la falta de aplicación alegada por el recurrente, respecto a la jurisprudencia
obligatoria por parte del Tribunal, que de haberlo hecho, habría conducido a dejar sin efecto el
procedimiento de ejecución coactiva, como correspondía. Por lo indicado, es pertinente aceptar el
recurso de casación, sin que haya necesidad de atender los demás cuestionamientos formulados por el
recurrente.
DÉCIMO QUINTO. DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve CASAR el fallo dictado por el
Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala, con sede en la ciudad de Quito e1 24 de febrero del
2011, las 09h46 y dejar sin efecto el procedimiento de ejecución coactivo seguido por la
administración tributaria en contra de la entidad contribuyente. Sin costas. Notifíquese, Publíquese y
Devuélvase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
139112024-DFE
Juicio No. 1775120110099
JUEZ PONENTE: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, lunes 21 de diciembre del
2020, las 16h16. VISTOS
El ingeniero Edwin Palma Echeverría, Director Metropolitano Financiero Tributario, del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, interpone recurso de casación en contra del auto resolutivo
emitido el 10 de febrero del 2011, a las 15h14, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Tercera
Sala, dentro del juicio de excepciones al procedimiento de ejecución No. 20090079, accionado por la
Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador – Petroecuador; en contra del procedimiento de ejecución
No. 828323653, por concepto de Impuesto a los Predios Urbanos, Alcantarillado, Servicio
Administrativo, Cuerpo de Bomberos y Obras del Distrito, de los años 2006 y 2007, por el predio No.
0427118.
PRIMERO: COMPETENCIA.
1.1 La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es competente
para conocer y resolver el presente recurso de casación en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte numeral 1
del Código Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del artículos 201 del Código Orgánico de la
Función Judicial reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda número 4 del
Código Orgánico General de Procesos y artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.
2.1 En el auto resolutivo se dispone que de conformidad con el Catastro de Instituciones, Entidades,
Empresas y Organismos del Estado, publicado por el Ministerio de Relaciones Laboralesen la página
WEB, la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR es una empresa del Sector
Público, con catastro No. 03.02.06.01.00.00.00.00.00.00001; que una vez constatado que la Empresa
Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR, es una entidad de carácter público; y, por los
efectos legales establecidos en el numeral 10.4 de la Décima Transitoria de Carácter Tributario
contenida en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, es evidente reconocer y declarar que la
controversia que originó el presente juicio de Excepciones No. 0079, queda sin efecto IPSO JURE, no
existiendo por lo tanto, discusión alguna que pudiera ser materia de juicio y sentencia, como
consecuencia de lo cual se declara terminado el juicio y dispone su archivo
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO.
3.1 El recurso de casación fue calificado como oportuno por el Tribunal de origen, mismo que dispuso
elevar los autos a la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
CUARTO: ADMISIÓN.
4.1 Mediante auto del 21 de abril de 2011, a las 10h40, la Sala de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia conformada por los doctores Gustavo Durango Vela, José Suing Nagua, y
Javier Cordero Ordoñez declaró la admisibilidad del recurso de casación propuesto.
QUINTO: CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA.
5.1 Con fecha 8 de diciembre del 2011, las 09h00, el Tribunal de la Sala Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, en auto de consulta de constitucionalidad de las Disposiciones Cuarta y
Décima, de las “Disposiciones para el cobro eficiente de las acreencias del Estado”, constantes en el
Decreto Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, publicado en el
Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre del 2011, consulta de norma que fue acumulada a los
casos No. 006011CN y otros, en la Corte Constitucional del Ecuador y que ha sido resuelta mediante
sentencia No. 6011CN/20 de 06 de febrero del 2020. En cumplimiento a lo dispuesto por los jueces
constitucionales, el expediente ha sido devuelto a la Corte Nacional de Justicia mediante oficio No.
0596CCESGNOT2020 de 03 de marzo del 2020 para la prosecución del recurso.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR.
6.1 Mediante sorteo de la causa, de 18 de septiembre de 2020, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores José Dionicio Suing Nagua (juez titular), Gustavo Adolfo Durango Vela
(juez encargado) y Fernando Antonio Cohn Zurita (juez encargado y ponente de esta causa).
Mediante acción de personal No. 301UATH 2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de
la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
Resolución No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
legaliza el reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional y por Resolución No. 08
2020 de 24 de junio de 2020, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al doctor José Suing
Nagua a la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario.
De la acción de personal No. 302UATH 2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la
Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
legaliza el reintegro del Dr. Gustavo Durango Vela en calidad de Conjuez Nacional. Mediante Oficio
635SGCNJ de 1 de julio de 2020 la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia llama al Dr. Gustavo
Durango a asumir el despacho en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario que ocupaba la
ex Magistrada doctora Mónica Heredia Proaño (que a su vez reemplazaba a la doctora Ana María
Crespo Santos), avalado por la acción de personal Nro. 317UATH2020OQ de la misma fecha.
En virtud de las Resoluciones No. 1882019 y 1972019 emitidas por el Pleno del Consejo de la
Judicatura y el oficio No. 2363SGCNJROG de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por la
doctora Paulina Aguirre Suárez, en calidad de Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, y en la
acción de personal No. 278UATH2019OQ, se designó al doctor Fernando Antonio Cohn Zurita en
calidad de Juez Nacional encargado, en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, en el
despacho que estaba a cargo del doctor José Luis Terán Suárez.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL.
7.1 De la revisión del proceso no se observa ninguna circunstancia que puede afectar su validez
procesal y tampoco existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara la plena validez del
mismo.
OCTAVO: ERRORES ALEGADOS.
8.1 El recurrente cuestiona el auto resolutivo emitido, al amparo de la causal primera del artículo 3 de
la Ley de Casación, por errónea interpretación del art. 41 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; y
por falta de aplicación de los arts. 32 y 35 del Código Tributario; y, de los arts. 318, 378 y 399 de la
Ley Orgánica de Régimen Municipal.
NOVENO: CONTENIDO DE LAS CAUSALES.
9.1 La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, de modo expreso establece: “Aplicación
indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los
precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes en
su parte dispositiva”.
DÉCIMO: ALCANCE DOCTRINARIO DEL ERROR.
10.1 La causal primera es conocida en la doctrina como la violación directa de la Ley y que de
configurarse el yerro jurídico de la sentencia ésta debe ser corregida. La causal primera tiene como
limitante la revaloración de las pruebas y debe ser planteada a partir de los hechos probados en la
sentencia. Para que se constituya la misma se requiere la presencia de dos elementos: el primero, que
debe haber violación directa de las normas sustantivas en la sentencia impugnada; y, el segundo, que
la transgresión haya sido determinante en la parte resolutiva del fallo recurrido.
10.2 Sobre la errónea interpretación, la doctrina dice que: “Se trata de la exégesis equivocada de la
norma en su contenido mismo, independientemente de las cuestiones de hecho debatidas en la
sentencia y del caso que trata de regular. La norma jurídica es la que gobierna el asunto, pero en
sentido diverso, por lo tanto, yerra en el enfoque verdadero de ella, en su espíritu y alcances. Hay
entonces insuficiencia del juicio o exceso al formularlo. El sentenciador acierta en la norma pero
falla en su verdadero significado, alejándose de su espíritu y finalidad” (Tolosa Villabona, Luis
Armando,. 2008, Teoría y Técnica de la Casación, Bogotá – Colombia Ediciones Doctrina y Ley
Ltda., pág. 361).
10.3 Y sobre la falta de aplicación Luis Tolosa señala que: “Según la doctrina y la jurisprudencia, en
consonancia con los dispositivos legales, ocurre la falta de aplicación cuando se deja de aplicar un
precepto legal, y ello constituye “la infracción directa típica”, por haberlo ignorado el sentenciador
o por no haberle reconocido validez, sea por desconocimiento del fallador o por abierta rebeldía
contra el precepto…” (Tolosa Villabona, Luis Armando,. 2008, Teoría y Técnica de la Casación,
Bogotá – Colombia Ediciones Doctrina y Ley Ltda., pág. 359); Humberto Murcia Ballén señala dice
que: “…el juez, al dictar su sentencia, la primera investigación que debe hacer consiste en la
selección de la aplicable, o sea determinar la existencia y validez de ésta. Será necesario entonces
que considere los problemas de la ley en el tiempo y en el espacio, precisando los límites personales,
temporales y espaciales de la regla jurídica…” (Humberto Murcia Ballén, “Recurso de Casación
Civil”, Bogotá – Colombia, 2005, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda., página 327); es decir,
la falta de aplicación se configura cuando el juez deja de aplicar al caso controvertido normas
sustanciales que ha debido aplicar y que, de haberlo hecho, habrían determinado que las decisiones
adoptadas en sentencia fuesen diferentes de las acogidas.
DÉCIMO PRIMERO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS
SEÑALADOS Y CONTESTACIÓN AL RECURSO.
11.1 En el recurso de casación el Municipio de Quito sostiene que en la sentencia de instancia se ha
interpretado erróneamente el artículo 41 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; pues la Tercera
Sala del Tribunal Distrital ordena el archivo de la causa, cuando en realidad, el sujeto pasivo no está
sujeto a exoneración de las obligaciones tributarias de tasas, contribuciones especiales de mejoras,
más bien, está en obligación de satisfacerlas, ya que la ley no hace extensible la dispensa tributaria del
impuesto predial a las tasas y contribuciones especiales de mejoras, que paga el propietario del bien
inmueble; que confunden la naturaleza de estos tributos, con adicionales del impuesto de los cuales sí
se pueden establecer dispensas legales, en tal virtud, se debió tomar en cuenta el efecto y sujeción del
pago de tributos que no gozan de exoneración alguna y que por tanto, le corresponden cancelar como
sujeto pasivo de tasas y contribuciones especiales de mejoras a PETROECUADOR; que la Sala
Especializada de la Corte Nacional de Justicia, en los fallos de los Recursos Nos. 295 y 296 de 2010,
se pronunció con respecto a la Disposición Transitoria y el art. 41 de la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, manifestando que las empresas públicas amparadas bajo esta normativa, se encuentran
"exentas desde el 16 de octubre de 2009 del pago de todo tipo de impuestos, mas no de tasas y
contribuciones especiales”. Sobre la falta de aplicación de los artículos 32 y 35 inciso primero del
Código Orgánico Tributario, así como de los artículos 378 y 399 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, cuando el Tribunal Distrital inobserva las disposiciones mencionadas, que refieren la
obligatoriedad del pago de las tasas y contribuciones especiales de mejoras por parte del actor; por lo
que los valores pendientes de pago por estos conceptos, del predio No. 427118, de los años 2006 y
2007, son correctos.
11.2 La Empresa PETROECUADOR en su contestación al recurso de casación, señala que la
sentencia recurrida aprecia en su conjunto los méritos de los autos y decide sobre el contenido de la
litis, sobre la aplicación de normas de derecho tributario; que la sentencia se encuentra fundamentada
debidamente conforme a normas de derecho, por cuanto se citan las normas que corresponden con
suficiente claridad, y así lo van a evidenciar los señores Jueces Nacionales, de que la sentencia
recurrida se basa precisamente en precedentes obligatorios de esta índole, pues, el tema ha sido tratado
en extenso en el interior de la Sala que han resuelto aplicar el art. 217 de la Codificación del Código
Tributario; que se señala también que ha existido una errónea interpretación del art. 41 de la Ley
Orgánica de Empresas Públicas por parte de la Tercera Sala del Tribunal Distrital, que ordena el
archivo de la causa; al respecto señala que, como consecuencia de lo que dispone el art. 41 de la citada
Ley, queda sin efecto todo proceso de determinación directa, complementaria o presuntiva que se
hubieren iniciado en contra de las personas jurídicas, que como consecuencia de la expedición de esta
ley están sujetas a su ámbito de aplicación, y que rige para la EP PETROECUADOR que es un
entidad del sector público; que como de la aplicación del mencionado artículo queda también sin
efecto toda clase de juicios contenciosos tributarios derivados de cualquier acto administrativo de
determinación tributaria. Por lo expuesto solicita que se rechace el recurso de casación interpuesto.
DÉCIMO SEGUNDO: SENTENCIA RECURRIDA.
12.1 En el auto resolutivo emitido por el Tribunal de instancia a fojas 57 a 57 vuelta señala que:
“TERCERO. La Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 48 de 16 de octubre del 2009, en su Art. 41 establece lo siguiente: “ARTÍCULO 41.
RÉGIMEN TRIBUTARIO. Para las empresas públicas se aplicará el Régimen Tributario
correspondiente al de entidades y organismos del sector público, incluido el de exoneraciones,
previsto en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes de
naturaleza tributaria. Para que las empresas antes mencionadas puedan beneficiarse del régimen
señalado es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de
Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás formales contemplados en el Código
Tributario, esta Ley y demás leyes de la República…”. La Disposición Décima. Transitoria de
Carácter Tributario, en su numeral 10.4. de la mencionada Ley Orgánica de Empresas Públicas,
establece lo siguiente: “Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 41 de esta Ley, queda sin
efecto todo proceso de determinación directa, complementaria o presuntiva que se hubiere iniciado
en contra de cualquiera de las personas jurídicas que como consecuencia de la expedición de esta
Ley, están sujetas a su ámbito de aplicación, incluyendo aquellos procesos iniciados contra
sociedades cuyos pasivos han sido asumidos por la empresa pública, mediante la instrumentación de
cualquier figura mercantil o societaria permitida por la Ley, incluso antes de la vigencia de la
misma; quedando por tanto sin efecto toda orden de determinación, acta borrador, actas definitiva y
en general toda clase de actos administrativos vinculados o conexos, así como toda clase de juicios
contenciosos tributarios derivados de cualquier acto administrativo de determinación tributaria.”. Lo
resaltado corresponde a la Sala. CUARTO. La misma Décima Transitoria de Carácter Tributario
en el punto 10.1 dispone: “La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES), en
el plazo no mayor de noventa días contados a partir de su publicación de la presente Ley en el
Registro Oficial, emitirá y remitirá al Servicio de Rentas Internas el catastro actualizado de las
entidades u organismos del sector público, incluidas las empresa públicas, el mismo que deberá ser
publicado en su página WEB y actualizado de manera permanente”. QUINTO. De conformidad
con el Catastro de Instituciones, Entidades, Empresas y Organismos del Estado, publicado por el
Ministerio de Relaciones Laborales, en la página WEB, la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador
PETROECUADOR es una empresa del Sector Público, con catastro No.
03.02.06.01.00.00.00.00.00.00001. Con estos antecedentes, y una vez que la Empresa Estatal
Petróleos del Ecuador PETROECUADOR, es una entidad de carácter público; y, por los efectos
legales establecidos en el numeral 10.4 de la Décima Transitoria de Carácter Tributario contenida en
la Ley Orgánica de Empresas Públicas, es evidente reconocer y declarar que la controversia que
originó el presente juicio de Excepciones No. 0079, queda sin efecto IPSO JURE, no existiendo por lo
tanto, discusión alguna que pudiera ser materia de juicio y sentencia, como consecuencia de lo cual,
LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 1, declara terminado el
presente juicio y dispone su archivo.”
DÉCIMO TERCERO: ANÁLISIS DE LOS TEMAS CONTROVERTIDOS.
13.1 Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario considera pertinente iniciar el análisis
respectivo señalando que el Tribunal de instancia en el auto resolutivo objeto del recurso de casación,
considero lo siguiente para declarar el terminado el juicio y disponer su archivo: i) Que la Empresa
Estatal de Petróleos del Ecuador – PETROECUADOR, se encuentra registrada en el Catastro de
Instituciones, Entidades, Empresas y Organismos del Estado, del SENPLADES; por lo tanto es una
entidad de carácter público; ii) En virtud de lo mencionado aplica la disposición del art. 41 y
Disposición Transitoria Décima numeral 10.4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
13.2 El art. 41 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas que señala:
“REGIMEN TRIBUTARIO. Para las empresas públicas se aplicará el Régimen Tributario
Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el
Código Tributario, esta Ley y demás leyes de la República.
Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán exentas del pago de regalías, tributos o
de cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación del espacio público o la vía pública y del
espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y
tendido de redes.
Las disposiciones de este artículo se aplicarán en observancia del objeto de la Ley Orgánica de
Regulación y Control del Poder de Mercado”. (el subrayado es de esta Sala).
La Disposición Transitoria Décima numeral 10.4 dispone:
“10.4. Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 41 de esta Ley, queda sin efecto todo
proceso de determinación directa, complementaria o presuntiva que se hubiere iniciado en contra de
cualquiera de las personas jurídicas que como consecuencia de la expedición de esta Ley, están
sujetas a su ámbito de aplicación, incluyendo aquellos procesos iniciados contra sociedades cuyos
pasivos han sido asumidos por la empresa pública, mediante la instrumentación de cualesquier figura
mercantil o societaria permitida por la Ley, incluso antes de la vigencia de la misma; quedando por
tanto sin efecto toda orden de determinación, acta borrador, actas definitiva y en general toda otra
clase de actos administrativos vinculados o conexos, así como toda clase de juicios contenciosos
tributarios derivados de cualquier acto administrativo de determinación tributaria.
El Director General del Servicio de Rentas Internas dictará la o las resoluciones correspondientes
para dar de baja los títulos de crédito emitidos con ocasión de los procesos de determinación directa,
complementaria o presuntiva antes referidos, originados con anterioridad a la vigencia de la
presente Ley, respecto de las personas jurídicas señaladas en el inciso anterior.
Igualmente, en forma complementaria, el Director General del Servicio de Rentas Internas ordenará
el archivo de toda causa que se encuentre ventilando dentro de la jurisdicción coactiva de la entidad
a su cargo, iniciada en contra de las personas jurídicas señaladas en el inciso primero de este
numeral” (el subrayado es de esta Sala).
13.3 De lo expuesto se determina con claridad que el art. 41 de la Ley de Orgánica de Empresas
Públicas señala que a las empresas públicas se aplicará el régimen tributario correspondiente al de
entidades y organismos del sector público, incluido el de exoneraciones que se encuentran previstas en
el Código Tributario. La disposición transitoria 10.4 señala que queda sin efecto todo proceso de
determinación directa, complementaria o presuntiva que se hubiere iniciado en contra de las entidades
públicas; así como también que queda sin efecto los juicios contencioso tributarios derivados de
cualquier acto administrativo de determinación tributaria.
13.4 En este punto es pertinente señalar que ni aún el Estado y las entidades que lo componen se
encuentran exentos del pago de todo tipo de tributos. Así lo dispone el art. 35 del Código Tributario,
que establece en su parte pertinente lo siguiente:
“Art. 35 Exenciones generales. Dentro de los límites que establezca la ley y sin perjuicio de lo que
se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos exclusivamente del pago de
impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales: 1. El Estado, las municipalidades, los
consejos provinciales, las entidades de derecho público y las entidades de derecho privado con
finalidad social o pública; 2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del
gobierno seccional o local, constituidos con independencia administrativa y económica como
entidades de derecho público o privado, para la prestación de servicios públicos (…) “ (el subrayado
es de esta Sala).
13.5 Consecuentemente el Tribunal a quo al establecer a fojas 58 vuelta que en aplicación del artículo
41 de la Ley de Empresas Públicas deja sin efecto el proceso, realiza una errónea interpretación de
dicho precepto, ya que si bien las empresas públicas amparadas en el artículo en mención y en la
Disposición Transitoria 10.4, se encuentran exentas desde el 16 de octubre de 2009 (fecha de
publicación en el Registro Oficial de la mencionada ley), del pago de impuestos; no lo están respecto
del pago de tasas y contribuciones especiales; ya que de conformidad al art. 32 del Código Tributario
las exenciones tributarias tienen que estar expresamente señaladas en la ley, pero en la Ley Orgánica
de Empresas Públicas no se determina la exención de las tasas y contribuciones especiales, que son
tributos que se encuentran establecidos en los artículos 378 y 399 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, que el Tribunal de instancia no analiza en su resolución.
13.6 En la especie, analizado el juicio, se advierte que el proceso coactivo iniciado en contra de
PETROECUADOR comprende varios conceptos distintos: Impuesto a los Predios Urbanos,
Alcantarillado, Servicio Administrativo, Cuerpo de Bomberos y Obras del Distrito, de los años 2006 y
2007, por el predio No. 0427118; por lo tanto el archivo en el presente caso, cabría únicamente en lo
que respecta a los impuestos presuntamente adeudados por PETROECUADOR, pero no cabría
respecto de las tasas y contribuciones especiales antes aludidas. En tal virtud, el archivo dispuesto por
la Sala juzgadora resulta excesivo.
DÉCIMO CUARTO: SENTENCIA
Por las consideraciones precedentes, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA”, resuelve CASAR PARCIALMENTE el auto resolutivo emitido el 10 de febrero del
2011, a las 15h14, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Tercera Sala, dentro del juicio de
excepciones al procedimiento de ejecución No. 20090079; y ordena que un Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha,
continúe conociendo el juicio de excepciones antes detallado, seguido por la EMPRESA ESTATAL
DE PETRÓLEOS DEL ECUADOR PETROECUADOR, únicamente en lo que respecta a las tasas y
contribuciones especiales de mejora, de los años 2006 y 2007, por el predio No. 0427118. Se confirma
el archivo de la causa en lo que respecta a los impuestos cuyo cobro pretende el Municipio
Metropolitano de Quito. Notifíquese.
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL |
RECURSO DE CASACIÓN
N° 104-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZA PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR: SR. FERNANDO OLAYA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A
DEMANDADO: DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL
LITORAL SUR
(RECURRENTE)
Quito, a 12 de junio de 2013, Las 09h10.--------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución N° 004-
2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y por la
Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de
la Corte Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es
competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo
establecido en los Arts. 184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185,
segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 1 de la Ley de
Casación.----------------------------------------------------------------------------------------------
I. ANTECEDENTES
1.1.- El señor Fernando Olaya, representante legal de la compañía Nuevas
Operaciones comerciales NUCOPSA S.A. interpone recurso de casación en contra de la
sentencia de 31 de enero de 2011, expedida por la Primera Sala l del Tribunal Distrital
de lo Fiscal N° 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de Impugnación
N° 6922-4530-06-IS. --------------------------------------------------------------------------------
1.2.- El recurrente fundamenta su recurso en las causales primera y quinta del Art. 3
de la Ley de Casación. Indica que las normas de derecho que se han infringido son:
Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 246, 259, 262, 270 y 273
1/8
del Código Tributario, Arts. 115 y 257 del Código de Procedimiento Civil y Art. 19 del
Código Orgánico de la Función Judicial. Respecto a la causal primera indica que
existe falta de aplicación del segundo inciso del Art. 259 del Código Tributario, ya que
a través de los actos impugnados en la causa, la Administración Tributaria determinó
una obligación tributaria a cargo de su representada, por lo tanto en la acción de
impugnación la carga de la prueba le correspondía a la Dirección Regional Litoral Sur
del Servicio de Rentas Internas. Sin embargo la Administración sólo se ha limitado a
solicitar que se consideren como pruebas a su favor todo lo que le fuere favorable y
que en la diligencia de exhibición contable, la administración no exhibió ningún
documento mientras que su representada sí lo hizo. Alega que, existe falta de
aplicación de los Arts. 246 y 270 del Código Tributario, ya que pese a que se solicitó
se oficie a la Secretaría de la Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas para
que se remita copia certificada del expediente administrativo N°
1000009012006010931, no ha presentado el expediente administrativo. Que existe
falta de aplicación de los Arts. 115 del Código de Procedimiento Civil y 19 del Código
Orgánico de la Función Judicial ya que la Primera Sala debió exponer en la sentencia la
valoración de todas las pruebas que NUCOPSA S.A. solicitó que se practiquen en su
favor, las que fueron ordenadas y actuadas por la Sala de Instancia y, luego debió
apreciarlas en su conjunto para tomar una decisión razonada como lo exigen las reglas
de la sana crítica; sin embargo la Sala no valoró el contenido del informe pericial, ni las
demás pruebas pedidas por NUCOPSA S.A. Insiste en que la sentencia ha vulnerado su
derecho a la defensa porque no se limitó a presentar o exhibir una muestra, sino todos
los documentos de respaldo y que si la Primera Sala consideró que las muestras del
informe pericial no eran suficientes para confiar en su contenido, debió aplicar el
contenido del Art. 257 del Código Civil y Art. 262 del Código Tributario. Que existe falta
de aplicación del Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador ya que, la
Primera Sala no consideró las disposiciones jurídicas enunciadas anteriormente y se
limitó a manifestar que, en algunos casos la documentación anexada al informe del
perito William Guzmán no reúne los requisitos previstos en el Reglamento de
Facturación. Insiste en que todos los documentos exhibidos cumplieron con los
2/8
requisitos de validez y que justifican el hecho económico del gasto y su deducibilidad
para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2002.
Solicita que se reconozca que la confirmación de las glosas amparada en una norma
secundaria, como el Reglamento de Facturación, es improcedente. Finalmente en
relación a la causal quinta dice que la sentencia carece de la debida motivación
porque la Sala omitió enunciar expresamente los fundamentos de hecho y de derecho
en base de los cuales considera que la documentación exhibida por NUCOPSA S.A. no
debe se valorada y no es suficiente para justificar la deducibilidad de los gastos
glosados. Solicita se case la sentencia y se reconozca que en ella no se ha expuesto
ningún fundamento de hecho y de derecho.-----------------------------------------------------
1.3.- Admitido el recurso de casación, la parte demandada lo contesta y dice que en el
recurso no basta con aducir normas transgredidas o no aplicadas, sino que no ha
cumplido en demostrar y probar en cada uno de los casos la forma en que la Sentencia
de modo sustancial le ha causado algún perjuicio. Que a la Sala de Casación no le
corresponde examinar las pruebas como pretende el recurrente y, que de ninguna
manera cabe que el actor alegue que no se ha apreciado su prueba en razón de que
en la sentencia se ha realizado un análisis pormenorizado de cada una de las glosas y
que cumple a cabalidad con lo dispuesto en el Art. 273 del Código Tributario. Se
solicita que se declare la validez de la sentencia y se condene en costas al actor al
tenor del Art. 18 de la Ley de Casación. Pedidos los autos para resolver, se considera. -
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe
nulidad alguna que declarar.-----------------------------------------------------------------------
2.2.- Determinación de los problemas jurídicos a resolver: La Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia
3/8
impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario determinar lo
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------
A) ¿La sentencia del Tribunal A quo incurre en la causal quinta del Art. 3 de la Ley de
Casación ya que no se enuncian expresamente los fundamentos de hecho y de
derecho, lo que determina que la sentencia carezca de motivación.?------------------
B) ¿La sentencia del Tribunal A quo incurre en la causal primera del Art. 3 de la Ley
de Casación al supuestamente existir falta de aplicación del segundo inciso del
Art. 259 del Código Tributario, de los Arts. 246 y 270 del Código Tributario, de los
Arts. 115 del Código de Procedimiento Civil y 19 del Código Orgánico de la
Función Judicial, del Art. 257 y Art. 262 del Código Tributario y del Art. 169 de la
Constitución de la República del Ecuador; al ratificar en parte la Resolución
Administrativa N° 109012006RREC011308.?----------------------------------------------
III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
3.1.- En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario
que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de
derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia o auto del inferior,
teniendo como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto
de manifiesto en varios fallos de la Sala.---------------------------------------------------------
3.2.- Esta Sala Especializada, respecto al primer problema jurídico planteado formula
la siguiente consideración: El Doctor Santiago Andrade Ubidia en su libro La Casación
Civil en el Ecuador, página 136, Andrade&Asociados, Fondo Editorial, respecto a la
causal quinta manifiesta:” …También pueden presentarse vicios de inconsistencia o
incongruencia en el fallo mismo, cuando no hay armonía entre la parte considerativa y
resolutiva, así lo establece la causal quinta, que prevé defectos en la estructura del
fallo (que no contenga los requisitos exigidos por la Ley), al igual que la contradicción
o incompatibilidad en la parte dispositiva: debe entenderse que estos vicios emanan
del simple análisis del fallo cuestionado y no de la confrontación entre éste, la
4/8
demanda y la contestación, ya que en esta última hipótesis estaríamos frente a los
vicios contemplados en la causal cuarta. El fallo casado será incongruente cuando se
contradiga a sí mismo, en cambio será inconsistente cuando la conclusión del silogismo
no esté debidamente respaldada por las premisas del mismo. El recurrente deberá
efectuar el análisis demostrativo de la incongruencia o inconsistencia acusadas a fin de
que el tribunal de casación pueda apreciar si existe realmente o no el vicio alegado”...
Sobre el tema la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: […] el numeral quinto
del Art. 3 de la Ley de Casación señala dos vicios de fallo que pueden dar lugar a que
sea casado: a) que la resolución impugnada no contenga los requisitos que exige la
ley; son omisiones que la afectan en cuanto acto escrito, o sea en su estructura
formal, como el que se omita la identificación de las personas a quienes el fallo se
refiere, en la enunciación de las pretensiones, en la motivación que se funda en los
hechos y en el derecho (que habitualmente se consigna en los “considerandos”), o en
la parte resolutiva, en cuanto al lugar, fecha y firma de quién la expide; y, b) en la
parte dispositiva se adopten disposiciones contradictorias o incompatibles”. A.1)
Conforme lo establece el artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la
República, que a la letra dice: “…En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá
las siguientes garantías básicas: […]7. El derecho de las personas a la defensa incluirá
las siguientes garantías: […] l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores
responsables serán sancionados…” (el subrayado pertenece a la Sala); A.2) Cabe
mencionar lo que dice la doctrina acerca de la motivación y para lo cual citamos lo que
manifiesta el abogado Oscar Aníbal Giraldo Castaño, en su libro Derecho Administrativo
General, Octava Edición, 2010, página 91: “…entendiéndose por motivación la
expresión escrita de los motivos (esto es, antes de la decisión, en el texto del acto,
se exponen las razones o fundamentos); este autor cita además lo que el profesor
5/8
Mario Rodríguez M. en la Revista Fiscal (Contraloría General, Departamento de
Antioquía, Vol I, N° 2 pp.38 y 39) dice: “Para que la motivación cumpla su finalidad
debe ser concreta, precisa en la relación de los hechos y en la cita de las disposiciones
legales en que se fundamenta el acto. La doctrina rechaza como insuficiente la
expresión de motivos de tal manera vagos e indeterminados que puedan servir para
cualquier caso indistintamente. Los franceses los denominan “Passe par Tout”,
expresión que podría traducirse “de comodín”. A.3) Esta Sala ha realizado el análisis
de la sentencia del Tribunal de Instancia y ha comprobado que la misma cumple con
los requisitos formales, es decir contiene la parte expositiva, considerativa y resolutiva
y que decidió con claridad los puntos sobre los cuales se trabó la litis, observando la
garantías del debido proceso, la normativa aplicable al caso y los méritos del proceso.
La sentencia se encuentra debidamente motivada, y dentro de este contexto, no se
evidencia que se adoptaron decisiones contradictorias o incompatibles, por lo que se
considera que no se ha configurado la causal quinta invocada por el recurrente. B) En
cuanto al segundo problema jurídico planteado, es importante mencionar que el Art. 3
de la Ley de Casación establece: “1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales
obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte
dispositiva” ; es importante señalar también que: “La causal primera del artículo 3
contiene la llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes
jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante en
su parte resolutiva. Sobre el tema la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: Se
trata de la llamada transgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella no
cabe consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base que es
correcta la apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios de prueba
incorporados al proceso, por lo que corresponde al Tribunal de Casación examinar a
base de los hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de
aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados por el
recurrente”. (La Casación Civil en el Ecuador, Doctor Santiago Andrade Ubidia, páginas
181, Fondo Editorial Andrade y Asociados). B.1) Hay que recordar en la causal primera
6/8
se parte de hechos probados, es decir que no cabe una nueva consideración de los
mismos, ya que los medios de prueba fueron analizados y apreciados por el Tribunal A
quo; en definitiva lo que persigue la causal primera, es examinar la aplicación indebida
de las normas sobre dichos hechos. B.2) Para continuar el análisis, esta Sala detecta
que lo que pretende el recurrente es que se realice una valoración de la prueba,
aspecto que le está prohibido analizar en Casación; por lo expuesto respecto a la
normativa invocada esta la Sala no se pronunciará al respecto. Sobre la falta de
aplicación del Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, esta Sala no coincide
con el criterio del recurrente ya que observa que los señores Jueces del Tribunal de
Instancia, hicieron prevalecer los derechos de las partes, resolvieron sobre los puntos
sobre los cuales se trabó la litis y apreciaron en su conjunto de acuerdo a la sana
crítica los documentos y pruebas presentados por cada una de las partes, para que en
mérito de todas las piezas procesales emitan su fallo, con lo cual no existe la falta de
aplicación de la normativa alegada. Finalmente sobre la falta de aplicación del Art. 169
de la Constitución de la República del Ecuador esta disposición textualmente dice: “Art.
169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas
procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia,
inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido
proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”. Esta Sala
observa que en la sustanciación del juicio se han respetado y cumplido las garantías
del debido proceso y que el recurrente al alegar que no se sacrificará la justicia por
la sola omisión de formalidades, en lo que respecta a la falta de requisitos
previstos en el Reglamento de Facturación, trata de justificar una situación que no es
viable dentro de la aplicación y respeto de la normativa. Esta Sala mantiene el criterio
de que las normas reglamentarias son de cumplimiento obligatorio y no son
formalidades que puedan eludirse, y por ende viabilizan y facilitan el cumplimiento de
la ley; en el caso que nos ocupa, si bien la responsabilidad de cumplir con todos los
requisitos de los documentos corresponde al emisor, no es menos cierto que quién
pretende beneficiarse, debe contar con la documentación válida que cumpla con lo
establecido en la norma, por lo cual el actor debió exigir que todos los documentos que
7/8
le sirvieron para justificar y sustentar su pedido ante la Administración Tributaria
cumplan con todos los requisitos, como ha sido criterio reiterado de esta Sala en los
fallos 126-2009, 409-2010 y 614-2010. Por lo expuesto esta Sala no considera que se
ha configurado la causal primer alegada por el recurrente.-----------------------------------
IV.- DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario
de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANODEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: ----------------------------------------------
SENTENCIA
Se Rechaza el recurso interpuesto. Notifíquese, devuélvase y publíquese.ff) Dra.
Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua,
JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ. Certifico.-f) Dra.
Carmen Elena Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
8/8 |
RECURSO No. 105-2011
RECURSO N° 105-2011
JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO
Quito, a 30 de enero del 2013. Las 11h20. ------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución
No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y,
por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por el
Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, la Abogada Anabel Medina
Díaz, ofreciendo poder o ratificación del Director General del Servicio de Rentas
Internas, mediante escrito de 18 de marzo de 2011 interpone recurso de casación
en contra de la sentencia N° 3851 emitida el 23 de febrero de 2011, por la
Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 con sede en la ciudad de
Quito, dentro del juicio de impugnación N° 17502-2004-22309 propuesto en contra
de la Autoridad Tributaria por el señor Danilo Burbano Romero, Superintendente
de Telecomunicaciones. El Tribunal de instancia concede el recurso en Auto de 21
de marzo de 2011, subidos que han sido los autos para su aceptación o rechazo,
esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, lo admite a trámite mediante providencia de 21 de abril de 2011 y pone
en conocimiento de las partes para que se dé cumplimiento a lo que establece el
Art. 13 de la Ley de Casación. La Superintendencia de Telecomunicaciones lo
1
contesta mediante escrito de 02 de mayo de 2011. Siendo el estado de la causa el
de dictar sentencia, para hacerlo se considera:--------------------------------------------
PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en
conformidad con el Art. 184 numeral 1 de la Constitución vigente, en concordancia
con el Art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación y numeral 1, parte II del Art.
185 del Código Orgánico de la Función Judicial. -------------------------------------------
SEGUNDO.- La Administración Tributaria fundamenta su recurso en la causal
primera del Art. 3 de la Ley de Casación, sostiene que el Tribunal Juzgador al
emitir sentencia aplicó indebidamente el Art. 243 del Código Tributario, que existe
errónea interpretación de los artículos 323 del Código Tributario y 69 b) de la Ley
de Régimen Tributario Interno, falta de aplicación del Artículo 62 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, el Art. 149 del Reglamento para la Aplicación de la Ley
de Régimen Tributario Interno y los artículos 18 y 41 del Reglamento de
Comprobantes de Venta y Retención, que en estas normas se evidencia que el
pago indebido, se produce cuando no ha nacido el hecho generador y aún así se
ha realizado el pago, en cambio en el caso de la devolución del IVA, se ha
producido el hecho generador, pero el legislador ha previsto por la condición del
contribuyente, que se le devuelva lo debidamente pagado como una concesión
especial. En consecuencia, se aplicó indebidamente el Art. 243 del Código
Tributario pues, la presentación de la demanda de impugnación planteada por el
actor en contra de la resolución de devolución de IVA precluyó, pues su acción
fenecía en 20 días y no en 6 meses, a pesar de ello se presentó dicha demanda, y
lo peor, la Sala Juzgadora la admitió, asumiendo a la devolución de IVA como una
acción de pago indebido, pues no se puede identificar otra razón, por lo que la
2
Sala haya podido aceptar tal pretensión, ya que la demanda se presentó tres
meses después de emitido el acto administrativo. Que se ha interpretado de
manera errónea los artículos 323 del Código Tributario y 69 B de la Ley de
Régimen Tributario Interno, en el sentido de que el primero de los artículos define
al pago indebido, esto es lo pagado fuera de la medida legal, aquel en el que no
ha nacido el hecho generador, mientras que el segundo, trata de la devolución de
IVA, como reintegrar al contribuyente un impuesto que ha sido pagado
legalmente, y que por lo tanto sólo se constituye en un beneficio otorgado por la
norma. Que para que se reconozca el pago indebido se debe probar que fue
indebido, mientras que en la devolución lo que procede es simplemente la
presentación de la declaración con los correspondientes respaldos, que la
consecuencia de la errónea interpretación de estas normas es que la Sala
Juzgadora haya aceptado y dado a trámite una acción de la cual ya había precluído
el derecho para interponerla conforme lo establece el Art. 243 del Código
Tributario. Otro de los fundamentos para impugnar la sentencia, es la falta de
aplicación del Art. 62 de la Ley de Régimen Tributario Interno, pues no se puede
aceptar lo que afirma la Sala Juzgadora. “… Se encuentra, que aunque en algunos
comprobantes, existen pequeños errores…”, ello es minimizar una exigencia que la
ley ha previsto, es decir que todas las facturas y comprobantes deben contener los
datos exactos y los requisitos determinados precisamente en los artículos 18 y 41
del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención ya que no son normas
secundarias que vayan en desmedro del espíritu de la Ley; existe jurisprudencia
abundante en relación a este tema. Por lo expuesto solicita a esta Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia case la
sentencia recurrida.-----------------------------------------------------------------------------
3
TERCERO.- El Dr. Oswaldo Ramón, en calidad de Procurador General y Judicial de
la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPERTEL, en el escrito de
contestación al recurso de casación sostiene que la sentencia dictada, hizo un
análisis prolijo y valoración de normas positivas del ordenamiento jurídico
ecuatoriano y por tanto, “…de alguna forma vincula a los jueces pues, si bien son
independientes, es necesario evitar que sus sentencias sean totalmente
imprevisibles o que dicten sentencias contradictorias de forma caótica.”. Por lo que
solicita a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional
de Justicia rechazar el recurso interpuesto por la Administración Tributaria. ---------
CUARTO.- El Tribunal Juzgador en su resolución manifiesta que, en múltiples
fallos, ha mantenido como criterio uniforme que entre las normas jurídicas que
invoca la Administración Tributaria para negar la devolución del IVA sólo constan
normas reglamentarias; las cuales, no pueden “crear, modificar o extinguir
derechos”, como clara y expresamente se reconoce en el Inciso Segundo del Art.
18 de la Carta Fundamental, cuando claramente señala que “Ninguna autoridad
podrá exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley”.
Además, ha dado por sentado de que las disposiciones administrativas emitidas en
ejercicio de las facultades normativas, no imponen, ni pueden imponer, al
contribuyente, el control del contenido formal, o del cumplimiento minucioso de los
requisitos formales de los comprobantes o facturas, porque ello constituye un
deber formal a ser observado por quien hace la retención, bajo la inspección y las
sanciones, que como atribución privativa e indelegable, la deben hacer los sujetos
activos de los tributos, como está previsto en los mismos cuerpos legales o
reglamentarios; estas obligaciones formales no pueden ser transferidas a quienes
4
sólo “sufren” la retención y, por ella, pierden liquidez; mucho menos, se las debe o
puede trasladar, de manera general e indiscriminada, a terceros relacionados. En
consecuencia de lo expuesto la Sala Juzgadora acepta la demanda propuesta. -----
QUINTO.- Corresponde entonces dilucidar si la Sala Juzgadora actuó o no
conforme a derecho, cuando acepta la demanda propuesta por el señor Danilo
Burbano Romero, en calidad de Superintendente de Telecomunicaciones, para lo
cual se hacen las siguientes consideraciones: 5.1. El primer punto que debe
confrontarse porque ha sido esgrimido como causal de casación, es el que tiene
relación con la “falta de aplicación” del Art. 243 del Código Tributario, vigente a la
fecha de solicitud de devolución del IVA (actual 229), que efectivamente, y
conforme lo manifiesta el recurrente, no ha sido dilucidado ni tratado por la
sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de Quito, norma cuyo
texto íntegro dice: “Proposición de las acciones: Oportunidad.- Quienes se
creyeren perjudicados por una resolución de única o última instancia
administrativa, podrán impugnarla ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, dentro de
veinte días contados desde el siguiente al de su notificación, si residieren en el
territorio del Estado, o de cuarenta días, si residieren en el exterior. El plazo será
de seis meses, resida o no el reclamante en el país, si lo que se impugna fuere una
resolución administrativa que niegue la devolución de lo que se pretenda
indebidamente pagado. Los herederos del contribuyente perjudicado, fallecido
antes de vencerse el plazo para proponer la demanda, podrán hacerlo dentro de
los veinte o cuarenta días o de los seis meses siguientes a la fecha del
fallecimiento, en los mismos casos previstos en los incisos precedentes. Para las
acciones directas que pueden proponerse conforme al artículo 221 no serán
5
aplicables los plazos señalados en este artículo.”. Este artículo claramente
establece cuatro tipos de plazo para proponer una acción: 1) de veinte o cuarenta
días para impugnar una resolución de la Administración Tributaria; 2) de seis
meses para ejercer la acción de pago indebido; 3) para los herederos los mismos
plazos, contados desde el fallecimiento del causante; y, 4) sin plazo fijo para las
acciones directas. Es indudable y así lo ha reconocido esta Sala en muchos fallos
sobre el tema, que la solicitud de devolución de IVA, pagado por las empresas del
sector público, no constituye un reclamo formal de pago indebido al tenor de lo
señalado en el actual Art. 123 del Código Tributario, (323 en la fecha de solicitud
de devolución) sino la devolución de un pago DEBIDO, pues el mismo se lo hizo
una vez que se produjo el hecho generador o imponible y se cumplieron los
presupuestos para el nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria, conforme
a las normas generales, pero el legislador y la doctrina del Derecho Tributario
moderno, pretenden no sólo evitar el conflicto legal entre organismos o entidades
del sector público, sino simplificar la relación jurídica tributaria y no incurrir en
gastos infructuosos que significa “sacar el dinero de un bolsillo para ponerlo en
otro”. 5.2. La Superintendencia de Telecomunicaciones, ha demostrado (tampoco
nadie lo ha puesto en duda) que es una entidad del sector público, que solicitó la
devolución de lo pagado en concepto del impuesto al valor agregado en sus
adquisiciones que corresponden a los meses de octubre y noviembre de 2003, por
cuyo efecto el Director Regional del Servicio de Rentas Internas expide dos
Resoluciones, las Nos. 1170104DIVRSPU02036 de 12 de abril de 2004 y la
1170104DIVRSPU02162 de 15 de abril de 2004, notificadas los mismos días, en las
que se acepta la mayor parte de lo pedido y niega la devolución de USD $ 250,92
y USD $ 1.132,88, en su orden. Siendo resoluciones que niegan la devolución de
6
un pago debido y no indebido, debió aplicarse necesariamente el plazo de veinte
días para presentar su demanda de impugnación ante la instancia contencioso
tributaria; al haberlo hecho el 2 de julio de 2004, contado desde las fechas de
notificación aparece que, se lo hizo fuera de término y por lo mismo ya cuando el
derecho del contribuyente para hacerlo había caducado.---------------------------------
Sin que sea menester entrar en más análisis, esta Sala de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, por falta de aplicación
del Art. 243 del Código Tributario (actual 229) casa la sentencia de 23 de febrero
de 2011, expedida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de
Quito, y reconoce la validez y legitimidad de las Resoluciones impugnadas.
Notifíquese, publíquese, devuélvase.
Dr. José Suing Nagua
JUEZ NACIONAL
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia Dr. Gustavo Durango Vela
JUEZA NACIONAL CONJUEZ NACIONAL
Certifico.-
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA
7 |
RECURSO No. 106-2011
JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO.-
Quito, a 22 de enero de 2013. Las 10H40. ---------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No.
004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, por la
Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia. En lo principal, los señores Gustavo Negrete Ugalde y Marco
Silva Orquera, Gerente y Director Titular, Representantes Legales de la compañía
INDUSTRIAL MOLINERA C.A., interponen recurso de casación en contra de la sentencia
dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad
de Guayaquil, el 10 de enero de 2011, dentro del juicio de impugnación No. 09501-2005-
6298 (6298-4046-2005), seguido en contra del Director Regional del Servicio de Rentas
Internas Litoral Sur. Calificado el recurso, la Administración Tributaria lo contesta el 20 de
abril de 2012. Pedidos los autos para resolver, se considera: ------------------------------------
PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso, de
conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución, artículo 1 de la
Codificación de Ley de Casación y numeral primero de la II parte del artículo 185 del
Código Orgánico de la Función Judicial.---------------------------------------------------------------
SEGUNDO: Los Representantes de la compañía INDUSTRIAL MOLINERA C.A.,
fundamentan su recurso en las causales primera, segunda, cuarta y quinta del art. 3 de la
Ley de Casación; consideran que han sido infringidos los arts. 23, 92, 94, 132, 139, 147 y
272 del Código Orgánico Tributario; 10 y 17 de la Ley de Régimen Tributario Interno; 20
del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas; y, arts.
4 y 7 del Reglamento de Facturación. Manifiestan que el día 6 de febrero de 2004, el
Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur emitió la Orden de
Determinación No. 1090104ATIODDT0006 que fue notificada el 9 de febrero de 2004,
1
para determinar únicamente las obligaciones tributarias del Impuesto a la Renta de 2000;
que el 28 de enero de 2005 fueron notificados con el Acta de Determinación Tributaria No.
1090104ATIODD0006, sin embargo, al no existir notificación con la Orden de
Determinación de las obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado y de las
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, no se produjo la interrupción de los
plazos de caducidad de las obligaciones tributarias precitadas y de las bases imponibles
declaradas, pues desde los meses de enero a diciembre de 2000 en los que la compañía
declaró las compras y ventas, así como los impuestos correspondientes al IVA y
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, hasta el 28 de enero de 2005 en que
fueron notificados con el Acta de Determinación, transcurrieron más de tres años; que el
Director General del Servicio de Rentas Internas, Econ. Carlos Marx Carrasco en la
Resolución No. 9170212007RREV001021 de 27 de septiembre de 2007, reconoció que la
Liquidación de Pago por Diferencias en Declaraciones No. RLS-GTRLP2006-00036, había
sido efectuada cuando estaba caducada la facultad de la Administración, por haber
transcurrido más de tres años a partir de la fecha de la declaración del Impuesto a la
Renta, esto es, 02 de abril de 2001, razón por la que manifestó textualmente “por este
motivo se procede a corregir el error de derecho cometido por la Dirección Regional del
Litoral Sur”; que la Resolución No. 109012005RREC007617, no es válida y es
jurídicamente inexistente, por la nulidad producida por violación a una ley expresa y por
su emisión después de producida la caducidad del derecho de la Administración para
hacerlo, pues han transcurrido más de tres años; que las compras y ventas declaradas
parcialmente en cada uno de los meses y cuyo monto total del año, se lo hace en la
declaración del impuesto a la renta del 2000, son hechos imponibles mensuales firmes y
ejecutoriados que no pueden ser modificados en su valor total ni en su concepto, por
glosas que modifican los resultados parciales firmes, dando lugar a la indefensión de la
compañía; que la Sala debió declarar de oficio la caducidad, por ser de orden público; que
la sentencia ha violado las disposiciones de los arts. 2 y 8 de la Ley de Régimen Tributario
Interno, debido a que se considera utilidad gravable a algo que no constituye ingreso en
dinero, especie o servicio; que en la sentencia hubo una errónea interpretación de los
2
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, que se tradujo en una
equivocada aplicación del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retenciones (SIC);
que la Sala juzgadora no tomó en cuenta las pruebas aportadas al proceso; que al
momento de resolver sólo valoró las notas de venta emitidas equivocada e ilegalmente por
la compañía, y, no lo hizo respecto de los asientos contables, mayores, estados financieros
y declaración, ni la secuencia seguida por la compañía para registrar el ciclo completo de
la importación del trigo por mandato, con entrega final a Molinos Poultier; que la sentencia
nada dice respecto de la alegación sobre la validez o no de las Notas de Venta, omitiendo
resolver sobre la glosa de USD $. 9´432.485,22; que la Sala de instancia no fundamentó y
no explicó las razones por las que desestimaron los argumentos expuestos por la
compañía, y no se aplicó en todas sus partes la disposición contenida en el artículo 92 de
la Codificación del Código Tributario; que en el fallo no se contempló que los
comprobantes de venta no aceptados como deducibles son transacciones probadas; que la
Sala en la parte dispositiva de la sentencia, ha adoptado decisiones contradictorias o
incompatibles, pues en el primer caso aplica las disposiciones legales del Reglamento de
Facturación para no aceptar la deducibilidad de los costos y gastos y descuentos, y, en el
segundo caso desecha las informalidades incurridas en las notas de venta que según el
art. 7 del Reglamento de Facturación, pueden ser emitidos cuando la venta se realiza a
consumidores o usuarios finales, propiciando con esa forma de actuar un caos jurídico;
que la sentencia carece de motivación, pues no da explicación alguna que no sea el que
realizó la importación la compañía, sin revisar los registros contables, concluyendo en que
la compañía estaba en la obligación de realizar sus asientos contables en base a las
actividades efectuadas, sin señalar por qué la forma en como contabilizó la compañía es
ilegal y qué disposiciones legales no observó al efectuar la contabilización del mandato en
cuentas diferentes a la importación del trigo propio de la compañía; que la sentencia
tampoco dice qué documentos la compañía debió presentar como pruebas, para reconocer
la existencia de la norma reglamentaria y su aplicación para declarar a los costos y gastos
como valores no deducibles, convirtiéndolos en utilidad neta y base imponible, pese a que
en base a los mismos costos y gastos se calcularon y declararon las retenciones en la
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fuente del Impuesto a la Renta e IVA y el Impuesto al Valor Agregado; que la Sala no
establece en qué disposición legal se basó para no aplicar la norma sustantiva del art. 10
de la Ley de Régimen Tributario Interno para determinar mediante su deducción, la renta
neta o base imponible sobre la que la Administración pretende cobrar el Impuesto a la
Renta por el ejercicio 2000. Solicita se case la sentencia y, pide se suspenda la ejecución
de la sentencia y ofrece rendir caución para el efecto.---------------------------------------------
TERCERO: El Econ. Juan Miguel Avilés Murillo, Director Regional Litoral Sur del Servicio
de Rentas Internas, en la contestación al recurso manifiesta que la sentencia se ha
pronunciado sobre todos los puntos sometidos a la litis, considerando lo alegado por la
actora y por la parte demandada; que la Sala motivadamente desecha la pretensión de
caducidad alegada por la actora; que la Administración ha ejercido dentro del plazo previo
a la caducidad, su facultad determinadora respecto del impuesto a la renta declarado, y
que en dicha declaración se incluyen las compras y ventas anuales, que influyen en el
impuesto calculado, por lo que esos valores forman parte de la declaración, y son
perfectamente susceptibles de determinación dentro de la verificación de la declaración de
impuesto a la renta; que la carga de la prueba se configura como el derecho y la
obligación formal más clara del actor y la etapa más importante del litigio; que la
sentencia cumple con las normas invocadas, tiene un razonamiento lógico válido y ha sido
dictada con apego a lo dispuesto en las normas legales aplicables al caso en cuestión. Pide
se rechace el recurso interpuesto.---------------------------------------------------------------------
CUARTO: De los varios cuestionamientos que los representantes de la Empresa actora
proponen en contra de la sentencia, esta Sala atiende en primer lugar el relacionado con
la caducidad de la facultad determinadora, formulado al amparo de la causal segunda del
art. 3 de la Ley de Casación, por tratarse de error in procedendo, que de ser pertinente
afectaría a la validez del proceso. Analizada la sentencia, se encuentra que la Sala de
instancia en el considerando Cuarto establece que el inicio del proceso de determinación
del ejercicio económico 2000 a la Empresa actora, fue el 9 de febrero de 2004, fecha en
la que la Administración Tributaria notificó con la Orden de Determinación No.
1090104ATIODDT0006, por lo que si se toma en cuenta que la fecha de la declaración del
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impuesto a la renta del ejercicio 2000 fue el 2 de abril de 2001, a la fecha de notificación
con la Orden de Determinación, no había operado la caducidad de la facultad
determinadora, porque la notificación con la orden de determinación interrumpe el plazo
de caducidad, de conformidad a lo previsto en el art. 95 del Código Tributario; y, tampoco
operó la caducidad luego, porque el Acta de Determinación Tributaria fue notificada el 28
de enero de 2005, esto es, dentro del año después de haberse notificado con la orden de
determinación, conforme a la exigencia de la misma indicada norma. Resulta falaz la
argumentación de la Empresa actora en el sentido de que habría caducado dicha facultad
por no haber notificado la Orden de Determinación de las obligaciones tributarias del IVA
y de las Retenciones en la Fuente del impuesto a la renta, primero porque el proceso de
determinación de este último impuesto corresponde a un ejercicio económico completo,
en este caso, del año 2000, ya que su determinación, declaración y pago es anual; y,
segundo, porque no existe obligación legal de realizar órdenes de determinación
mensuales para un impuesto que se declara y paga anualmente. Al tener incidencia
directa en el ejercicio económico anual tanto las declaraciones mensuales de IVA como
las Retenciones en la Fuente, tales declaraciones mensuales pueden ser observadas y
cuestionadas dentro del mismo proceso de determinación del impuesto a la renta. Por lo
indicado, los cargos formulados al amparo de la causal primera antes indicada son
improcedentes.-------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO: Sobre el cuestionamiento fundado en la causal primera del art. 3 de la Ley de
Casación, relacionado con la deducibilidad de los gastos, que habría provocado la falta de
aplicación de los arts. 10 y 17 de la Ley de Régimen Tributario Interno, esta Sala
considera: 5.1. Conforme a las normas referidas por el recurrente, para determinar la
base imponible del impuesto a la renta, se deducirán los costos y gastos que se efectúen
para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana; sin embargo, no
basta únicamente con presentar justificativos para que costos y gastos sean deducibles,
sino que éstos deben cumplir con los requisitos de emisión; 5.2. La Sala ha establecido de
manera reiterada que los requisitos exigidos por normas reglamentarias como las del
Reglamento de Facturación vigente en el ejercicio del año 2000, no son meras
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formalidades, sino que se trata de requisitos esenciales que deben observarse, tanto por
el emisor como el receptor de las mismas, más si aquellas sirven para sustentar costos y
gastos de un período determinado; 5.3. En la especie, la Administración Tributaria, ha
especificado cuáles son los errores encontrados en los documentos cuestionados, lo cual
es recogido de manera puntual y detallada por la Sala juzgadora en la sentencia
impugnada, por lo que no se advierte la existencia del cuestionamiento formulado; 5.4. La
Sala considera necesario además, dejar expuesto que no cabe aplicar la determinación
presuntiva como insinúa el recurrente, en tanto no se cumplen las condiciones previstas
en el art. 92 del Código Tributario, pues no resulta imposible la determinación directa,
porque existe declaración realizada por parte del sujeto pasivo y no se cuestionan todos
los documentos que respaldan la declaración, sino únicamente aquellos que no cumplen
con los requisitos del Reglamento de Facturación.--------------------------------------------------
SEXTO: Respecto al cuestionamiento amparado en la causal tercera del art. 3 de la Ley
de Casación, que si bien no lo señala en el acápite pertinente del recurso, si lo
fundamenta, es preciso señalar que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que para
que prospere la causal alegada, que es de aquellas que la doctrina denomina INDIRECTA,
es preciso que el recurrente establezca suficientemente: a) La norma de valoración de la
prueba que considere infringida; b) El vicio en el que incurre el juzgador de instancia, si
por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación; y, c) La
norma de derecho que como consecuencia del error en la valoración de la prueba, se
vulnera por indebida aplicación o por falta de aplicación, señalando cómo se produce ese
error en la sentencia. En la especie, el recurrente, con falta de criterio respecto de la
causal que alega, sostiene que “existe una errónea interpretación de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la nota de venta (SIC)”, concentrando su
argumentación en los requisitos y formalidades que deben contener los comprobantes de
venta, apartándose del hecho que los comprobantes de venta no fueron rechazados como
medios de prueba, sino porque los mismos no reúnen los requisitos establecidos en la
normativa aplicable y no por la Sala juzgadora, sino por la Administración Tributaria,
elemento que no tiene nada que ver con la valoración de la prueba; tal error en la
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formulación del recurso, imposibilita a la Sala atender los cuestionamientos, ya que no le
corresponde indagar sobre la intencionalidad del recurrente; al tratarse de errores de
fondo no pueden ser subsanados por la Sala, ya que desatienden la naturaleza formal y
extraordinaria del recurso de casación.---------------------------------------------------------------
SEPTIMO: Respecto al cuestionamiento formulado al amparo de la causal cuarta del art.
3 de la Ley de Casación, por una presunta falta de resolución de una parte de la
pretensión de la actora, que al decir del recurrente, nada dice la sentencia sobre la validez
de las notas de venta, revisada la sentencia, esta Sala encuentra que, en el considerando
Quinto, números cuatro a siete, de la sentencia recurrida, la Sala de instancia realiza una
extensa explicación del antecedente de la emisión de las notas de venta, la importación de
trigo, así como de las razones para su rechazo como comprobantes válidos para soportar
los gastos, lo cual responde al presunto error esgrimido. La Sala aclara además, que el
caso en estudio en nada aplica la jurisprudencia referida por el recurrente en su escrito de
interposición, en tanto la misma trata de una materia y un asunto completamente ajeno a
lo que se discute en esta causa.-----------------------------------------------------------------------
OCTAVO: En lo que respecta a los cuestionamientos formulados al amparo de la causal
quinta del art. 3 de la Ley de Casación, esta Sala Especializada expresa que al resolver los
interrogantes amparados en la causal primera, en el punto 5.4 de este fallo, se dejan
explicitadas las razones por las que no cabe aplicar la segunda parte del art. 92 del Código
Tributario, pues resulta inaceptable que se proceda a una determinación presuntiva parcial
de un ejercicio, por no aceptar los justificativos que no cumplen los requisitos
contemplados en el ordenamiento jurídico, específicamente en el Reglamento de
Facturación. Por otra parte, no se advierte la existencia de contradicciones en la parte
resolutiva de la sentencia como afirma el recurrente, sin mencionar en qué consiste la
contradicción. De igual manera, tampoco se advierte falta de motivación en la ratificación
de las glosas referidas por el recurrente, pues en el mismo considerando Quinto de la
sentencia recurrida se expresan con detalle, las razones de su ratificación que entre otras,
son que la Empresa actora no ha justificado la pertinencia del gasto.---------------------------
7
Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, desecha el recurso interpuesto. Sin costas. Notifíquese, publíquese y
devuélvase.
Dr. José Suing Nagua
JUEZ NACIONAL
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia Dr. Gustavo Durango Vela
JUEZA NACIONAL CONJUEZ NACIONAL
Certifico.-
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA
8 |
147427847-DFE
Juicio No. 1750420110106
JUEZ PONENTE: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA, JUEZA NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, miércoles 21 de abril del
2021, las 14h11. Vistos.
A S U N T O
Resolver el recurso de casación interpuesto por la doctora Sonia Paulina Falconi Gaibor y el abogado
Byron Eduardo Merino Barreno, procuradores de la Directora Provincial de Chimborazo del Servicio
de Rentas Internas, en contra de la sentencia de mayoría del 6 de marzo de 2020, a las 08h27, emitida
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
dentro del juicio de impugnación No. 1750420110106, accionado por el señor Julio Cicles Mariño
Oñate en contra de la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración No. 062011020039 por
Impuesto a la Renta del año 2008 y Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración No.
0620110200040 por Impuesto a la Renta del Año 2009, emitidas el 16 y 21 de septiembre del 2011,
respectivamente.
1. ANTECEDENTES
1.1 De la sustanciación del recurso de casación. A la presente sentencia de casación, le han
antecedido los siguientes actos procesales, que denotan su validez:
1.1.1 Mediante auto del 14 de septiembre de 2020, a las 09h52, la doctora Hipatia Susana
Ortiz Vargas, en su calidad de Conjueza de la Corte Nacional de Justicia, admitió a trámite el
recurso de casación interpuesto, fundamentado en la causal tercera del art. 3 de la Ley de
Casación por falta de aplicación de del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil,
provocando una falta de aplicación del artículo 18 de la Ley de Discapacidad, artículo 51 del
Reglamento de la Ley de Discapacidad y artículo 9 numeral 12 de la Ley de Régimen
Tributario Interno.
1.1.2 El señor Julio Cicles Mariño Oñate, en su contestación al recurso de casación, solicitó
con fundamento en el art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, no se case la
sentencia de instancia y que se ratifique la misma.
2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN Y
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
2.1 De la jurisdicción y competencia. Este Tribunal Especializado es competente para
conocer y resolver el presente recurso de casación, en virtud de la Resolución No. 0032021
de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar cumplimiento al
mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la
causa No. 1781120140463, ratificando la continuación en el ejercicio de funciones de los
doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente. Con Resolución No. 0082021, de 28 de enero de 2021, el Pleno del
Consejo de la Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza
Nacional; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de
febrero de 2021 integró la Sala de lo Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales
Ordóñez y José Suing Nagua. Mediante Oficio No. 92PCNJ2021, de 12 de febrero del
2021, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, llama a integrar la Sala al doctor Gustavo
Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María Crespo.
Y, en atención a lo previsto en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del
Ecuador; 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 1 del
artículo 201 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 1 de la Ley de Casación.
2.2 De la validez procesal. En la tramitación del presente recurso extraordinario de
casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de recursos, por lo que no
existe nulidad alguna que declarar.
2.3 Del contenido de la sentencia impugnada con relación al objeto del presente recurso
de casación. En la sentencia recurrida se resuelve aceptar parcialmente la demanda deducida
por el señor Julio Cicles Mariño Oñate, por sus propios y personales derechos, reconociendo
su discapacidad física, a efectos de establecer la base imponible del impuesto a la renta de los
ejercicios fiscales 2008 y 2009; ratificándose en lo demás, el contenido de las liquidaciones
de pago por diferencias en la declaración Nos. 0620110200039 y 0620110200040, por
impuesto a la renta de los ejercicios fiscales ya referidos.
2.4 Fundamentación del recurso. En el recurso de casación el Servicio de Rentas Internas,
sostiene que en la sentencia de instancia existe una falta de aplicación del artículo 115 del
Código de Procedimiento Civil, lo cual condujo a una falta de aplicación del artículo 18 de la
Ley de Discapacidad, artículo 51 del Reglamento a la Ley de Discapacidad y artículo 9
numeral 12 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Que el medio de prueba fue apreciado
erróneamente por el Tribunal a quo, y que incidió en el otorgamiento de beneficios
tributarios. Que en el numeral 4.7 de la sentencia recurrida se establece: “(…) f) Atendiendo
las alegaciones del actor, propuestas en razón de su discapacidad física, este Tribunal
evidencia que, conforme el “Acuerdo N° 922622” Emitido por el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social el 15 de diciembre de 1992 (fs. 955), el señor Julio Mariño Oñate, es una
persona con discapacidad física que oscila entre el 45 – 60 %, debiendo en consecuencia,
considerar tal circunstancia, demostrada en esta causa, a efectos de la correspondiente
liquidación y pago del impuesto a la renta de los ejercicios 2008 y 2009, precisándose que la
única objeción de la administración tributaria al respecto radica en el hecho de que ha sido
el propio actor quien no ha hecho valer tal derecho en sus correspondientes declaraciones
por lo que ante la evidencia procesal citada, le son atinentes los beneficios que la Ley de
Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación contemplaban en dichos
ejercicios económicos y que no pueden ser desconocidos.” Que el medio de prueba que ha
sido erróneamente valorado es el que consta a fojas 395, esto es, el “Certificado de
inscripción de Personas Naturales” de 22 de septiembre de 2011 emitido por el CONADIS.
Que el precepto jurídico que los jueces dejan de aplicar es el dispuesto en el art. 115 del
Código de Procedimiento Civil. Que la infracción deviene al momento que los jueces de
instancia no aprecian en su conjunto la prueba denominada documento CONADIS para
resolver si efectivamente el recurrente en los ejercicios económicos en controversia, tenía ese
beneficio por el solo hecho de tener la discapacidad y el carnet del CONADIS, sin tomar en
consideración su fecha de registro, fecha importante que debió ser valorada por el Tribunal a
quo para llegar a determinar si efectivamente tendría el derecho o no a la deducción por
discapacidad para la declaración del impuesto a la renta de los ejercicios fiscales 2008 y
2009. Que al no considerar la fecha del registro del certificado del CONADIS (22 de
septiembre del 2011), valoran erróneamente esta prueba otorgándole un beneficio tributario al
que no tenía derecho puesto que las liquidaciones de pago corresponden a los ejercicios
fiscales del impuesto a la renta de los años 2008 y 2009 y no al año 2011, lo que conlleva a
una falta de aplicación del art. 115 del Código de Procedimiento Civil dentro del fallo
recurrido, al no valorar en conjunto la prueba, provocando un resultado arbitrario. Que en el
art. 9 numeral 12 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente para los años 2008 y
2009, las personas discapacitadas tenían el beneficio de exoneración para la determinación y
liquidación de Impuesto a la Renta cuando estén debidamente certificados por el organismo
competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica exenta del impuesto a la
renta. Que el organismo competente para calificar a una persona con discapacidad es la
unidad autorizada de la salud. Que una vez calificadas, las personas con discapacidad deben
inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidades y obtener el carné del Consejo
Nacional de Discapacidades, que será documento suficiente para acogerse a los beneficios de
la Ley, conforme lo señala el art. 18 de la Ley de Discapacidades vigente para el año 2008 y
2009 en concordancia con el art. 51 del Reglamento General de la Ley Reformatoria a la Ley
de Discapacidades publicada el 21 de febrero de 2003. Que el actor al haberse inscrito el 22
de diciembre de 2011, no tiene derecho a beneficiarse de la exoneración. Que las normas de
derecho que no fueron aplicadas son el art. 9 numeral 12 de la Ley de Régimen Tributario
Interno, vigente para los años 2008 y 2009; el art. 18 de la Ley de Discapacidades vigente
para el año 2008 y 2009, publicada en el Registro Oficial No. 301 de 6 de abril de 2001 y el
art. 51 del Reglamento General de la Ley Reformatoria a la Ley de Discapacidades publicada
en el Registro Oficial No. 27 de 21 de febrero de 2003. Por lo expuesto solicita que se case la
sentencia.
2.5. Contestación del recurso de casación. El señor Julio Cicles Mariño Oñate fundamenta
su contestación al recurso planteado por la Administración Tributaria, señalando que el
recurso de casación presentado por la Administración Tributaria se basa en el punto
neurálgico que indican que el señor Julio Mariño Oñate, inscribió en el Registro Nacional de
Discapacidades el 22 de diciembre del 2011 el acuerdo No. 922622 emitido por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social el 15 de diciembre de 1992 del cual se desprende su
discapacidad y que, por este hecho no se puede beneficiar de la reducción del Impuesto a la
Renta por los ejercicios fiscales de los años 2008 y 2009, es desconocer de manera evidente,
una vez más, lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 169
“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso, no se sacrificará la
justicia por la sola omisión de formalidades”. Que el haber inscrito en el Registro Nacional
de Discapacidades el 22 de diciembre del 2011, no quiere decir que en los años 2008 y 2009
no tenía la discapacidad, que la Constitución de la República consagra derechos de las
personas con discapacidad de acuerdo a los arts. 11 numeral 2, 35 75, 76 y 66. Que por todo
lo manifestado, tomando en consideración las normas constitucionales y de derecho
internacional citadas, así como la simple lógica y la sana crítica que debe primar en todas las
actuaciones judiciales, solicita que no se case y por el contrario se ratifique la sentencia.
2.6 Problema jurídico planteado. CAUSAL TERCERA: El recurrente considera que en la
sentencia a quo se incurre en la falta de aplicación del artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil, lo cual condujo a una falta de aplicación del artículo 18 de la Ley de
Discapacidad, artículo 51 del Reglamento a la Ley de Discapacidad y artículo 9 numeral 12
de la Ley de Régimen Tributario Interno.
3. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
3.1 La causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, que indica: “3ra. Aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de
derecho en la sentencia o auto”.
La doctrina señala que la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación “…recoge la llamada en la
doctrina violación indirecta, que permite casar el fallo cuando el mismo incurre en error al inaplicar,
aplicar indebidamente o interpretar en forma errónea las normas relativas a la valoración de la
prueba, cuando ello ha conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de
derecho en el fallo impugnado; el recurrente en su fundamentación deberá demostrar el error de
derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia, ya que nuestro sistema no admite la alegación
del error de hecho en la valoración de la prueba, como causal de casación, ya que pertenece al
llamado sistema de casación puro…” (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade Ubidia, Santiago,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito2005, pág. 151).
3.2 Sobre la falta de aplicación Luis Tolosa señala que: “Según la doctrina y la jurisprudencia, en
consonancia con los dispositivos legales, ocurre la falta de aplicación cuando se deja de aplicar un
precepto legal, y ello constituye “la infracción directa típica”, por haberlo ignorado el sentenciador
o por no haberle reconocido validez, sea por desconocimiento del fallador o por abierta rebeldía
contra el precepto…” (Tolosa Villabona, Luis Armando,. 2008, Teoría y Técnica de la Casación,
Bogotá – Colombia Ediciones Doctrina y Ley Ltda., pág. 359).
3.3 El recurrente manifiesta en su recurso que se han violentado las siguientes normas:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
“Art. 115. La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos
actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas
producidas.”
LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.
“Art. 9.Exenciones. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están
exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:
12. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, en un
monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la
renta, según el artículo 36 de esta Ley; así como los percibidos por personas mayores de sesenta y
cinco años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la
renta, según el artículo 36 de esta Ley;
Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más
deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter
permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una
actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades
habituales, de conformidad con los rangos que para el efecto establezca el CONADIS”.
LEY DE DISCAPACIDADES.
“Artículo 18. Calificación, inscripción e identificación de personas con discapacidad. Para efecto
de esta Ley, la calificación de las personas con discapacidad la realizará el Ministerio de Salud
Pública y el INNFA a través de sus unidades autorizadas. En el caso de afiliados y jubilados, el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional, la calificación la harán sus unidades autorizadas.
El Consejo Nacional de Discapacidades podrá conformar equipos calificadores cuando las entidades
nombradas en el inciso precedente no puedan cubrir la demanda, o en el caso de zonas geográficas
que no cuenten con unidades autorizadas. La calificación es gratuita y el Reglamento de esta Ley
establecerá las normas que deben seguirse para realizarla.
El Consejo Nacional de Discapacidades diseñará un sistema único de calificación que será de
estricta observancia por parte de las instituciones señaladas como responsables de la calificación,
que se encargará del control y seguimiento de la calificación y está facultado para solicitar la
recalificación en los casos que amerite, de acuerdo con el Reglamento. De comprobarse una
calificación dolosa, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales pertinentes, el
Consejo Nacional de Discapacidades anulará la calificación y eliminará de sus registros a los
beneficiarios de ella.
Una vez calificadas, las personas con discapacidad deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Discapacidades y obtener el carné del Consejo Nacional de Discapacidades, de acuerdo a las normas
que para el efecto dicte el reglamento a esta ley.
El carné o registro será documento suficiente para acogerse a los beneficios de esta Ley y el único
requerido para todo trámite en los sectores público y privado, salvo los casos en que la Ley
determine otros requisitos.
Las personas con discapacidad o las organizaciones de y para personas con discapacidad que violen
las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos o que hagan mal uso de su condición o finalidades
serán sancionadas de acuerdo al Reglamento.”
REGLAMENTO A LA LEY DE DISCAPACIDAD.
“Art. 51. Para la calificación y valoración se utilizará el certificado único de calificación de
discapacidad aprobado por el CONADIS.”
3.4 Para que proceda esta causal tercera, el error debe ser manifiesto, evidente y trascendente, porque
“…si bien es cierto que la Casación debe ceñirse al control del derecho, tal premisa no ha de
extremarse ante un desafortunado juicio de hecho… Hemos buscado un adecuado punto de
equilibrio, un registro intermedio: en general un no a los hechos, pero “si” a su examen y
consideración cuando el desvío de lo juzgado, por acaso, en el núcleo de la prueba, tiene gruesas
fallas lógicas y la evaluación de los medios ha llevado a resultados insostenibles (absurdo y/o
arbitrariedad), desvirtuándose el sentido de la misma, supuestos en que la revisión deviene
insoslayable para que la solución jurídica sea correcta y, a cabo, también justa.” (Augusto Mario
Morello; La Casación un modelo intermedio eficiente, Editorial Abeledo Perrot, 2da. Edición
actualizada, Buenos Aires – Argentina, 2000, páginas 35 y 36).
3.5 Para Jordi Nieva Fernoll, dentro de las varias formas en que se puede fundamentar o sustentar la
violación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba “… sigue existiendo la
posibilidad de que el tribunal de casación analice la valoración probatoria en tres supuestos muy
concretos: 1. Cuando el juez haya pasado por alto la aplicación de una norma de prueba legal. En
este caso una disposición claramente normativa obliga al juez a valorar la prueba en un determinado
sentido, de manera que si el juez a quo prescinde de la misma y opta por la libre valoración, el
tribunal deberá casar la sentencia, por vulneración del ordenamiento jurídico; 2. Si el juez sobrepasó
los límites de lo razonable en la valoración probatoria, de manera que sus conclusiones no están
sustentadas en ninguna lógica racional, el tribunal deberá casar también la sentencia, porque
además de las vulneraciones normativas en que incurre en este caso, lo cierto es que no hay regla
más esencial de cualquier ordenamiento jurídico que el seguimiento de la lógica y la coherencia; y,
3. Por último, es posible que el juez a quo haya acudido a la última ratio del ordenamiento
probatorio, la carga de la prueba antes de tiempo. Es decir, que haya prescindido de valorar el
material probatorio obrante en autos y haya presupuesto que era insuficiente; pues bien, en estos
casos, en los que el juzgador, en realidad no ha valorado la prueba, la sentencia también debe ser
casada, por aplicación indebida de las disposiciones legales sobre la carga de la prueba a un
supuesto que no corresponde”. (Jorge Nieva Fernoll: La valoración de la prueba, Marcial Pons,
Madrid – España, 2010, pp. 355356)
3.6 Para demostrar el vicio al amparo de la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación,
siguiendo la línea jurisprudencial de esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, la
proposición jurídica de esta causal debe contener, como mínimo los siguientes puntos: 1.
Identificación en forma precisa del medio de prueba que a su juicio ha sido erróneamente valorado en
la sentencia; 2. La determinación con precisión de la norma procesal sobre valoración de prueba que
ha sido violada; 3. La demostración con lógica jurídica de la forma cómo ha sido violada la norma
sobre valoración del medio de prueba respectivo y, 4. La identificación de la norma sustantiva o
material que ha sido aplicada erróneamente o que no ha sido aplicada a consecuencia del yerro en la
valoración probatoria.
3.7 Así tenemos en la fundamentación de la causal tercera, el recurrente señala que el medio de prueba
que ha sido erróneamente valorado es la el “Certificado de inscripción de Personas Naturales” de
fecha de registro 22 de septiembre de 2011. Que la norma procesal que ha sido violentada es el art.
115 del Código de Procedimiento Civil. Que la infracción deviene al momento que los jueces de
instancia no aprecian en su conjunto la prueba denominada documento CONADIS, y consideran que
el actor tiene este beneficio con el solo hecho de tener la discapacidad y el carnet del CONADIS, sin
tomar en consideración su fecha de registro, fecha importante que debió ser valorada por el Tribunal a
quo para llegar a determinar si efectivamente tendría el derecho o no a la deducción por discapacidad
para la declaración del impuesto a la renta de los ejercicios fiscales 2008 y 2009; lo que llevo a que
exista falta de aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto, en este caso del artículo 18 de
la Ley de Discapacidad, artículo 51 del Reglamento a la Ley de Discapacidad y artículo 9 numeral 12
de la Ley de Régimen Tributario Interno. En virtud de lo expuesto esta Sala ha verificado que la
causal alegada ha sido planteada correctamente, cumpliendo con la estructura que debe tener la
proposición jurídica completa, lo que habilita a esta Sala al análisis de lo solicitado.
3.8 El Tribunal de instancia en el considerando 4.7 literal f) del fallo recurrido (fojas 1216 vuelta a
1217), al referirse respecto a la discapacidad física del actor señala: “f) Atendiendo las alegaciones del
actor, propuestas en razón de su discapacidad física, este tribunal evidencia que, conforme el
“Acuerdo N. 922622” emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el 15 de diciembre
de 1992 (fs. 955), el señor Julio Mariño Oñate, es una persona con discapacidad física que oscila
entre el 45 60%; y del documento del CONADIS, denominado “Certificado de Inscripción de
Personas Naturales” (fs. 935), que el porcentaje de discapacidad física es del 49%, debiéndose en
consecuencia, considerar tal circunstancia, demostrada en esta causa, a efectos de la
correspondiente liquidación y pago del impuesto a la renta de los ejercicios 2008 y 2009,
precisándose que la única objeción de la administración tributaria al respecto, radica en el hecho de
que ha sido el propio actor quien no ha hecho valer tal derecho en sus correspondientes
declaraciones, por lo que, ante la evidencia procesal citada, le son atinentes los beneficios que la Ley
de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación, contemplaban en dichos ejercicios
económicos, y que no pueden ser desconocidos”.
3.9 Cabe entonces proceder a verificar si en efecto ha existido una falta de aplicación del art. 115 del
Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) habiéndose valorado mal el “Certificado de
inscripción de Personas Naturales” de fecha de registro 22 de septiembre de 2011 emitido por el
CONADIS, que determina una incapacidad del 49%. El art. 115 del CPC, establece que la prueba
deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Esta Sala observa que
ese documento como su nombre lo indica certifica la inscripción de las personas naturales que tienen
una discapacidad y que el mismo fue expedido el 22 de septiembre del año 2011, esto es, en fecha
posterior a los ejercicios 2008 y 2009 en controversia. Por esta situación temporal, el recurrente señala
que se ha valorado mal esta prueba y que ello ha incidido en la decisión de la causa, pues siendo la
fecha del certificado posterior, no podría acceder el accionante a los beneficios tributarios en los años
2008 y 2009, sin embargo, es necesario tener presente que el art. 115 del CPC, norma acusada como
infringida, señala que la prueba debe ser apreciada en conjunto, lo cual lleva a que esta Sala, recoja
otra prueba valorada en el fallo de instancia sobre este mismo punto, esto es, el Acuerdo 922622 de
15 de diciembre de 1992 emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el cual se
estableció que el contribuyente Julio Mariño es una persona con discapacidad física (fs. 955):
“PERDIDA DE MASA MUSCULAR DE LA PORCIÓN ANTERIOR DEL ANTEBRAZO DERECHO,
CON LESIÓN DEL PAQUETE VASCULONERVIOSO Y LA CONSIGUIENTE PARÁLISIS DE LA
MANO DERECHA NUMERAL 45 – 60 de la resolución 741 NO NECESITA NUEVA VALUACIÓN”,
(…) mensuales pagaderos a partir del 23 de enero de 1990, fecha del accidente de trabajo, (…)”,
pruebas que valoradas en conjunto, permiten desentrañar la verdad.
Para poder hacer el análisis integral bajo la causal tercera, corresponde referirse también a las normas
que han sido acusadas como infringidas de manera indirecta, y que, deben ser aplicadas a las pruebas
que deben ser analizadas en conjunto por el juzgador, así, el art. 9 numeral 12 de la Ley de Régimen
Tributario Interno vigente en los ejercicios controvertidos, establece que son beneficiarios de exención
los discapacitados debidamente calificados por el organismo competente. Por otro lado, el primer
inciso del art. 18 de la Ley de Discapacidades, vigente en los ejercicios 2008 y 2009 señalaba: “Art.
18. Calificación, inscripción e identificación de personas con discapacidad. Para efecto de esta Ley,
la calificación de las personas con discapacidad la realizará el Ministerio de Salud Pública y el
INNFA a través de sus unidades autorizadas. En el caso de afiliados y jubilados, el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional,
la calificación la harán sus unidades autorizadas”. (El resaltado corresponde a esta Sala).
Consecuentemente, esta Sala Especializada considera que de conformidad con la Ley de Régimen
Tributario Interno son beneficiarios de la exención en ella contemplada, los discapacitados calificados
por el organismo competente y, en ese contexto, la Ley de Discapacidades determina quién es la
autoridad competente para realizar esta calificación.
Ahora bien, en el fallo de instancia (fs. 1216 vta., y 1217) se observa que quien realizó esta
calificación fue el IESS el 15 de diciembre de 1992 (fs. 955) en el Acuerdo No. 922622 por riesgos
del trabajo, determinando que el señor Julio Mariño Oñate, es una persona con discapacidad física
entre el 45 – 60 %, por lo que haciendo una subsunción de las normas citadas a los hechos, se observa
que en el año 1992 se realizó la calificación de la discapacidad respectiva por autoridad competente,
por lo que, el Sr. Julio Mariño tenía derecho a los beneficios tributarios contemplados en el art. 9
numeral 12 de la Ley de Régimen Tributario Interno, pues en este claramente se establece que los
beneficiarios de exención serán los discapacitados debidamente calificados por el organismo
competente, siendo esta la prueba madre de la discapacidad y la condición para el acceso a tales
beneficios. Analizada esta prueba en conjunto con el Certificado emitido por el CONADIS en el año
2011, cabe señalar que el certificado no hace más que confirmar una situación que fue detectada ya en
el año 1992, a través de su registro, registro que no constituye requisito para gozar de los beneficios
tributarios contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno en su art. 9.12, como ya se explicó.
3.10 Finalmente, la Constitución de la República en sus arts. 47 y 48 reconoce a las personas con
discapacidad varios derechos, entre los cuales están las exenciones tributarias y, varias medidas para
asegurar la equiparación de oportunidades y su integración social. Consecuentemente al haber
acreditado el contribuyente su condición de ser una persona con discapacidad, desde el año 1992, el
desconocimiento de dicha condición para acceder a la exención tributaria para los ejercicios fiscales
2008 y 2009, no sólo que sería ilegal, sino que vulneraría derechos constitucionales de un grupo
vulnerable y prioritario.
3.11 Por lo expuesto, esta Sala confirma que si bien se evidencia del fallo recurrido que no se
han aplicado las normas acusadas de vicio, con el análisis realizado se ha comprobado que su
aplicación no cambia la decisión de la causa, pues la aplicación del art. 115 del CPC no hace
más que fortalecer el análisis contenido en el fallo de instancia, pues es correcta la valoración
de la prueba en conjunto respecto al reconocimiento del beneficio por discapacidad física que
realiza el Tribunal de instancia, por lo que en tal virtud, tampoco se ha infringido
indirectamente las normas sustantivas contenidas en los arts. 18 de la Ley de Discapacidad,
51 del Reglamento a la Ley de Discapacidad y artículo 9 numeral 12 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, que si bien es cierto tampoco han sido aplicadas específicamente en el
fallo recurrido, en nada inciden en la decisión de la causa, al contrario, corrobora al análisis
realizado por los jueces A quo, pues la condición para el beneficio no es el registro de la
discapacidad, sino su calificación.
3.12 En virtud del análisis que antecede esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, concluye que no se configura la causal tercera del art. 3 de la Ley de
Casación denunciada por el Servicio de Rentas Internas.
4. RESOLUCIÓN
4.1. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR la sentencia
de mayoría del 6 de marzo de 2020, a las 08h27, emitida por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, dentro del juicio de
impugnación No. 1750420110106.
4.2 Actué la doctora Ligia Marisol Mediavilla como Secretaria Encargada de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario, en virtud de la acción de personal No. No. 352
UATH2021OQ, de fecha 5 de abril del 2021.
4.3 Sin costas.
4.4 Notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) |
145389002-DFE
Juicio No. 1775120110108
JUEZ PONENTE: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito,
martes 23 de marzo del 2021, las 16h28. VISTOS: El Ing. Edwin Palma Echeverría, en
calidad de Director Metropolitano Financiero Tributario, del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, interpone recurso de casación en contra del auto interlocutorio de
mayoría de 1 de marzo de 2011, a las 09h15, dictado por la Primera Sala del Tribunal
Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito, que dispone el archivo del juicio
de excepciones No. 17501201000103794B, propuesto por el Dr. José Murillo Venegas,
procurador general y apoderado del Contralmirante Luís Jaramillo Arias, Presidente Ejecutivo
y representante legal de la empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR, en
contra del Procedimiento de Ejecución No. 923169803, seguido por el Distrito Metropolitano
de Quito a la empresa estatal.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de casación de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la
República del Ecuador; 185 segunda parte numeral 1 y numeral 1 del artículo 201 del Código
Orgánico de la Función Judicial y artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo
Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito, en el auto de 1 de marzo de 2011, a las 09h15
(fs. 49), resolvió: “…ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del presente juicio de
excepciones N° 20100010. En vista de que la empresa actora. ha rendido fianza conforme
lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley para la Equidad Tributaria en el Ecuador, consistente en
Póliza de Seguro de Garantía Judicial N° GJ00415 a favor del Tesorero Metropolitano de
Quito, fs. 15 de los autos, renovada con la Póliza N° GJ00419; se ordena la devolución de
las mismas a la Empresa actora”.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. En fecha 18 de marzo de 2011, a las
09h23, el Ing. Edwin Palma Echeverría, en calidad de Director Metropolitano Financiero
Tributario del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (fs. 53 a 55), presenta recurso
extraordinario de casación, mismo que fue admitido por la Sala de instancia en auto del 24 de
marzo de 2011, a las 09h32, en los términos de los artículos 2, 4, 5 y 6 de la Ley de Casación,
para ante los Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, quienes son competentes para conocer y resolver este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de 21 de abril de 2011, a las 09h15, la Sala de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, conformada por los doctores:
Gustavo Durango Vela, José Suing Nagua y Javier Cordero Ordoñez, declaró la admisibilidad
del recurso de casación propuesto, con fundamento en la causal primera del artículo 3 de la
Ley de Casación.
QUINTO: CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA. Con fecha 08 de
diciembre de 2011, las 09h05, el Tribunal de la Sala Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, en auto de consulta de constitucionalidad de las Disposiciones Cuarta y
Décima, de las “Disposiciones para el cobro eficiente de las acreencias del Estado”,
constantes en el Decreto Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del
Estado, publicado en el Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre de 2011, consulta de
norma que fue acumulada a los casos No. 006011CN y otros, en la Corte Constitucional del
Ecuador y que ha sido resuelta mediante sentencia No. 6011CN/20 de 06 de febrero de
2020. En cumplimiento a lo dispuesto por los jueces constitucionales, el expediente ha sido
devuelto a la Corte Nacional de Justicia mediante oficio No. 0598CCESGNOT2020 de 03
de marzo del 2020, para la prosecución del recurso.
SEXTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. La Empresa Pública de Hidrocarburos del
Ecuador EP PETROECUADOR, dentro de término, en escrito de 02 de mayo de 2011, a las
16h40, procede a dar contestación al aludido recurso de casación; en lo sustancial solicita que
se rechace dicho recurso de casación, por no cumplir los requisitos contemplados en la Ley de
Casación.
SÉPTIMO: INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la
causa No. 1775120110108 (1), realizado el 18 de septiembre de 2020, a las 11h47, se radicó
la competencia en la Sala integrada por los doctores José Suing Nagua, Fernando Antonio
Cohn Zurita y Gustavo Durango Vela. Actualmente la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia, está integrada por los doctores José Dionicio
Suing Nagua (juez titular), Gilda Rosana Morales Ordóñez (jueza titular) y Gustavo Adolfo
Durango Vela (juez encargado y ponente de esta causa). Mediante Resolución No. 0032021
de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar cumplimiento al
mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la
causa No. 1781120140463, ratificado la continuación en el ejercicio de funciones de los
doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente; con Resolución No. 0082021, de 28 de enero de 2021, el Pleno del Consejo
de la Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el
Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021,
integró la Sala de lo Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José
Suing Nagua; mediante oficio No. 635SGCNJ, la doctora Paulina Aguirre, Presidenta de la
Corte Nacional de Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma el despacho
de la Sala Contencioso Tributaria en reemplazo de la doctora Ana María Crespo Santos,
ratificado mediante oficio Nro. 92PCNJ2021 de 12 de febrero de 2021 dictado por el
doctor Iván Saquicela, Presidente de la Corte Nacional de Justicia y la Acción de Personal
No. 166 UATH2021NB de 19 de febrero de 2021.
OCTAVO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que
pueda afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se
declara el proceso válido.
NOVENO: ERRORES ALEGADOS. El recurrente considera que en el auto de mayoría
emitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 de Quito el 1 de marzo de
2011, se incurre en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por los siguientes
vicios: a) aplicación indebida del Art. 41 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y,
b) falta de aplicación de los Arts. 32 y 35 inciso primero, del Código Tributario (CT) y, 378 y
399 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM).
DÉCIMO: AUTOS PARA RESOLVER. Con fecha lunes 15 de marzo de 2021, las 16h38,
la Sala Especializada pidió pasen los autos para resolver la presente causa.
DÉCIMO PRIMERO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS. Las normas
que el recurrente considera infringidas son:
Código Tributario:
“Art. 32. Previsión en ley. Sólo mediante disposición expresa de ley, se podrá
establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos para su
reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los tributos que comprenda, si es
total o parcial, permanente o temporal”.
Art. 35. Exenciones generales. Dentro de los límites que establezca la ley y sin
perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están
exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones
especiales: 1. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades
de derecho público, las empresas públicas constituidas al amparo de la Ley Orgánica
de Empresas Públicas y las entidades de derecho privado con finalidad social o
pública…”.
Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP:
“Art. 41. RÉGIMEN TRIBUTARIO. Para las empresas públicas se aplicará el
Régimen Tributario correspondiente al de entidades y organismos del sector público,
incluido el de exoneraciones, previsto en el Código Tributario, en la Ley de Régimen
Tributario Interno y demás leyes de naturaleza tributaria. Para que las empresas
antes mencionadas puedan beneficiarse del régimen señalado es requisito
indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes,
lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el
Código Tributario, esta Ley y demás leyes de la República. Las empresas públicas
que presten servicios públicos estarán exentas del pago de regalías, tributos o de
cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación del espacio público o la vía
pública y del espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para colocación
de estructuras, postes y tendido de redes…”.
Ley Orgánica de Régimen Municipal:
“Art. 378. Las municipalidades podrán aplicar las tasasretributivas de servicios
públicos que se establecen en esta Ley. Podrán también aplicarse tasas sobre otros
servicios públicos municipales siempre que el monto de ellas guarde relación con el
costo de producción de dichos servicios, A tal efecto, se entenderá por costo de
producción el que resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo
desecharse la inclusión de gastos generales de la administración municipal que no
tengan relación directa y evidente con la prestación del servicio. Sin embargo, el
monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trata de servicios esenciales
destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la
comunidad, cuya utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida
y siempre que la diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos
generales de la municipalidad. El monto de las tasas autorizadas por esta Ley se
fijará por ordenanza”.
“Art. 399 Son sujetos pasivos de esta contribución y están obligados a pagarla los
propietarios de los inmuebles beneficiados, sean personas naturales o jurídicas, sin
excepción alguna, pero las municipalidades podrán absorber con cargo a su
presupuesto de egresos, el importe de las exenciones totales o parciales que concedan
a aquellas propiedades que hubieren sido catalogadas como monumentos históricos,
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto dictará la municipalidad
respectiva”.
DÉCIMO SEGUNDO: CONTENIDO DE LA CAUSAL PRIMERA DEL ARTÍCULO 3
DE LA LEY DE CASACIÓN. El presente recurso de casación se fundamenta en la causal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación, que establece:
“1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de
derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o
auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva”1.
DÉCIMO TERCERO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR EL VICIO
SEÑALADO. El Director Metropolitano Financiero Tributario del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, fundamenta el recurso de casación de la siguiente manera: 1.
Aplicación indebida del Art. 41 de la LOEP: sostiene que el auto impugnado no lo ha
considerado en su real dimensión, sin tomar en cuenta que el mismo no solo se refiere a
1 Ecuador Registro Oficial 192 de 18 de mayo de 1993. Ley de Casación: artículo 3 numeral 1.
obligaciones tributarias susceptibles de exoneración, sino también a aquellas obligaciones que
la misma ley no exime a ninguna persona de su cumplimiento, específicamente las tasas y
contribuciones especiales de mejoras, irrumpiéndose así, el principio de legalidad, conforme
lo señala el voto salvado. 2. Que existe falta de aplicación de los Arts. 32 y 35 inciso primero
del Código Tributario y, de los Arts. 378 y 399 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,
que disponen lo relativo a la exoneración de los impuestos, más no de tasas y contribuciones
especiales de mejoras, desconociendo la facultad de la Municipalidad para el cobro de dichos
tributos, irrumpiéndose el principio de legalidad, conforme también lo señala el voto salvado.
DÉCIMO CUARTO: ANÁLISIS DE ESTA SALA SOBRE LOS VICIOS ALEGADOS.
Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para
resolver el problema jurídico planteado, derivado del cuestionamiento a la decisión del
Tribunal de instancia, con fundamento en la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación, admitido por la Sala, considera:
14.1 Alcance doctrinario del error al amparo de la causal primera. Esta causal hace
referencia a la violación directa de la Ley, y en caso de configurarse el yerro jurídico en la
sentencia recurrida, la misma debe ser corregida. La causal tiene como limitante la
revaloración de las pruebas y debe ser planteada a partir de los hechos probados en la
sentencia. Para que ésta se constituya, se requiere la presencia de dos elementos: el primero,
que debe haber violación directa de las normas sustantivas en la sentencia impugnada y, el
segundo, que la transgresión haya sido determinante en la parte resolutiva del fallo recurrido.
El autor Luis Armando Tolosa Villabona, en su obra: Teoría y Técnica de la Casación, 2008,
BogotáColombia, Ediciones Doctrina y Ley Ltda. pág. 359 y 361, sostiene que:
“Según la doctrina y la jurisprudencia, en consonancia con los dispositivos legales,
ocurre la falta de aplicación cuando se deja de aplicar un precepto legal, y ello
constituye “la infracción directa típica”, por haberlo ignorado el sentenciador o por
no haberle reconocido validez, sea por desconocimiento del fallador o por abierta
rebeldía contra el precepto…”, es decir, la falta de aplicación se configura cuando el
juez deja de aplicar al caso controvertido normas sustanciales que ha debido aplicar
y que, de haberlo hecho, habrían determinado que las decisiones adoptadas en
sentencia fuesen diferentes de las acogidas. En lo relacionado con la aplicación
indebida señala que ésta “...es un error de selección de una norma jurídica. El juez
aplica una norma que no es llamada a regular, gobernar u operar en el caso
debatido. Se trata de una sentencia injusta, y el error, es error se subsunción o de
aplicación. A la norma se la entiende rectamente pero se aplica a un hecho no
gobernado por ella, haciéndole producir efectos que no contempla”.
14.2 Este Tribunal Especializado en el caso analizado advierte que, el recurso de casación
interpuesto por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se lo ha hecho dentro de un
juicio de excepciones a la coactiva, iniciado por PETROECUADOR EP con sustento en los
numerales 3 y 10 del artículo 212 del Código Tributario; por su parte el auto interlocutorio de
mayoría resuelve disponer su archivo, por cuanto la entidad excepcionante es del sector
público.
14.3 En este contexto se debe observar que, el recurso de casación procede en contra de autos
y sentencias dictados por los tribunales distritales de lo fiscal, en juicios de conocimiento. En
efecto, esta Sala ha sentado como criterio reiterado, elevado a rango de precedente
jurisprudencial obligatorio por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución
s/n publicada en el Registro Oficial 650 de 6 de agosto de 2009, en que se resuelve que: “…
los juicios de excepciones a la coactiva, constituyen procesos de conocimiento, únicamente
cuando se refieren a asuntos de derecho material o de fondo, es decir cuando las excepciones
propuestas son las que constan detalladas en los numerales 3, 4 y 5 del Art. 212 del Código
Tributario que se refiere “De las Excepciones”; en los demás casos al tratarse de los
numerales 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 del Art. 212 del Código Tributario, el proceso constituye de
ejecución y no de conocimiento tornándose en improcedente el recurso extraordinario de
casación, si se lo interpone amparándose en estos numerales”; lo que implica que los juicios
de excepciones a la coactiva constituyen procesos de conocimiento, únicamente cuando se
refieren a asuntos de fondo o de derecho material; es decir, cuando se ha discutido las
excepciones relativas a: la inexistencia de la obligación por falta de ley que establezca el
tributo o por exención legal; al hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación
exigida; y, a la extinción total o parcial de la obligación por alguno de los modos previstos en
el artículo 37 del propio Código. Esto conlleva a establecer que esta Sala Especializada,
únicamente se pronunciará respecto del numeral 3 del art. 212 de las excepciones a la
coactiva, que para el caso en análisis implica, la inexistencia de la obligación por exención
legal.
14.4 Por su parte, la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación que comprende los
errores “in iudicando”, parte de hechos probados en el auto analizado y, en este sentido
consta como tal (fs. 49) que: “TERCERO. En la especie, el juicio de excepciones incoado
por el Representante Legal de la EMPRESA ESTATAL PETRÓLEOS DEL ECUADOR
contra el Procedimiento de Ejecución N° 923169803, iniciado por el Juzgado Segundo
Especial de Coactiva del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el cobro del
impuesto predial urbano y adicionales del predio N° 427073 correspondiente al año 2008.
(sic) se encuentra sometido al régimen previsto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
CUARTO. La referida Disposición Transitoria 10.4 de la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, de forma expresa dispone que quedan sin efecto toda clase de juicios contenciosos
tributarios seguidos por las personas jurídicas que. como consecuencia de su expedición,
están sujetas a su ámbito de aplicación. Por tanto la Ley Orgánica de Empresas Públicas, ha
resuelto poner fin a los procesos contencioso tributarios seguidos por este tipo de
contribuyentes, a los cuales en virtud de lo previsto en el artículo 41 de la misma Ley
Orgánica de Empresas Publicas, se les aplica desde su promulgación, el régimen tributario
correspondiente al de entidades y organismos del sector público. En razón de lo expuesto, la
Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de Quito, en acatamiento de la aludida
Disposición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ORDENA EL ARCHIVO
DEFINITIVO del presente juicio de excepciones N° 20100010…” (El subrayado fuera de
texto).
14.5 En lo que respecta a la “aplicación indebida” del Art. 41 de la LOEP cuyo vicio alega el
recurrente, este Tribunal parte del hecho no discutido de que PETROECUADOR, es una
entidad del sector público. La norma legal cuya aplicación se discute, de manera general
preceptúa que las empresas públicas se sujetan al régimen tributario correspondiente al de
entidades y organismos del sector público, incluido el de exoneraciones previstas en el
Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes de naturaleza
tributaria; es decir, cuando se trata de empresas públicas, en lo relativo al régimen de
excepciones, se acogen a las previstas en la LOEP desde su publicación (Suplemento del
Registro Oficial No. 48 de 16 de octubre del 2009). Este Tribunal de Casación advierte que
cuando se acusa del vicio de aplicación indebida, se parte del presupuesto de que la norma
que el Tribunal de instancia ha aplicado al caso concreto, no es la llamada a regular o
gobernar el tema debatido, entonces la sentencia resulta injusta puesto que la aplicó a un
supuesto fáctico diferente al contemplado en la norma; lo cual no ocurre en la sentencia
analizada, pues justamente lo que está en controversia es la pertinencia o no de la exención
que se considera de índole tributaria a una empresa pública y, es el Art. 41 de la LOEP la
norma que gobierna el caso de PETROECUADOR EP contra el Municipio de Quito, de ahí
que es improcedente la acusación del casacionista de que en el auto recurrido el Juzgador a
quo, incurrió en una aplicación indebida de ella; tanto más cuando el recurrente no ha
establecido, cuál es la norma que, a su criterio, debía aplicarse en sustitución de la aplicada
indebidamente.
14.6 Como si no fuera suficiente, si bien en el acápite III del escrito de casación, el
funcionario ejecutor del Municipio de Quito, dice: “1. Existe aplicación indebida de lo
dispuesto en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (…)”, en el apartado IV
cuando expone los fundamentos en que se apoya el recurso, dice: “1. Se ha interpretado
erróneamente el artículo 41 Ley Orgánica de Empresas Públicas (…)”, es decir al determinar
las causales habla de “aplicación indebida” y en su fundamentación se refiere a
“interpretación errónea” que, se presenta cuando el juzgador incurre en yerro de
hermenéutica al interpretar la norma atribuyéndole un sentido o alcance que no tiene. No
puede prosperar un recurso de casación que, a la vez acusa al fallo de instancia de haber
aplicado indebidamente e interpretado erróneamente la misma norma de derecho, porque
ambas casuales no sólo que son diferentes sino que se contraponen. Al respecto el Dr.
Santiago Andrade Ubidia sostiene con buen criterio: “En el recuso no puede acusarse que en
la misma parte de la sentencia casada concurran simultáneamente varios de estos vicios,
porque son excluyentes y contradictorios, pero eso no significa que no pueda ocurrir que en
una resolución casada se presenten dos o más vicios con la expresa referencia.” (La
Casación Civil en el Ecuador”, Andrade & Asociados Fondo Editorial, pág. 115)” en el
recurso en análisis no se hace diferenciación alguna entre ambos vicios, aspecto sustancial de
la formalidad del recurso de casación, que no fue observado en la interposición del recurso de
casación y, que limita a esta Sala de Casación su análisis dado el carácter extraordinario y
formalista de este recurso que, conlleva a que este Tribunal no se pueda pronunciar respecto
del vicio de aplicación indebida y errónea interpretación del Art. 41 de la LOEP,
consecuencia de lo cual no se configura el cargo.
14.7 Con relación al segundo vicio denunciado, referente a la falta de aplicación de normas
sustantivas (Arts. 32 y 35 del CT, 378 y 399 de la LORM), el Tribunal de instancia, luego de
establecer que PETROECUADOR EP se encuentra sometido al régimen previsto en la Ley
Orgánica de Empresas Públicas, considera (fs. 49) que: “…La referida Disposición
Transitoria 10.4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, de forma expresa dispone que
quedan sin efecto toda clase de juicios contenciosos tributarios seguidos por las personas
jurídicas que, como consecuencia de su expedición, están sujetas a su ámbito de aplicación.
Por tanto la Ley Orgánica de Empresas Públicas, ha resuelto poner fin a los procesos
contencioso tributarios seguidos por este tipo de contribuyentes, a los cuales en virtud de lo
previsto en el artículo 41 de la misma Ley Orgánica de Empresas Públicas, se les aplica
desde su promulgación, el régimen tributario correspondiente al de entidades y organismos
del sector público. En razón de lo expuesto, la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo
Fiscal N° 1 de Quito, en acatamiento de la aludida Disposición de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas. ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO…”; de lo que se infiere que,
queda sin efecto todo proceso de determinación directa, complementaria o presuntiva que se
hubiere iniciado en contra de cualquiera de las personas jurídicas que, como consecuencia de
la expedición de la LOEP, están sujetas a su ámbito de aplicación y la norma que, a criterio
del Tribunal de instancia, resuelve la controversia es la Décima Transitoria de Carácter
Tributario, numeral 10.4 que contiene una exención de carácter tributario; ante lo cual se
deben realizar las siguientes consideraciones: i) Resulta improcedente la denuncia realizada
por el casacionista, respecto de la falta de aplicación del Art. 32 del Código Tributario,
debido a que esta disposición normativa señala en términos generales que, sólo mediante
disposición expresa de ley, se podrá establecer, modificar o extinguir exenciones tributarias.
El auto interlocutorio analizado se fundamenta en la exención prevista en el Art. 41 y Décima
Transitoria de Carácter Tributario, numeral 10.4 de la LOEP; ii) Si bien el Art. 41 de la
LOEP, establece de manera general, que para las empresas públicas se aplicará el régimen
tributario correspondiente al de las entidades y organismos del sector público, incluido el de
exoneraciones, previsto en las leyes de naturaleza tributaria, entre ellas la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, es la Décima Transitoria de Carácter Tributario (numeral 10.4) de la
LOEP, la que de manera taxativa señala que “…queda sin efecto todo proceso de
determinación directa, complementaria o presuntiva que se hubiere iniciado en contra de
cualquiera de las personas jurídicas que corno consecuencia de la expedición de esta Ley,
están sujetas a su ámbito de aplicación…”; es decir que, para determinar la naturaleza y el
origen de la exención, es esta Disposición Transitoria la que se debe aplicar en el caso
concreto, tal como lo hizo el Tribunal fiscal; bajo estas consideraciones, no basta, como lo
hace el recurrente señalar la infracción del inciso primero del Art. 35 del Código Tributario,
que establece que sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en
general las empresas públicas constituidas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, están exentas exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de
contribuciones especiales; o la infracción del Art. 378 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, que se refiere a la facultad municipal para aplicar tasas y el costo de producción
de éstas; ya que, el recurrente al no haber fundamentado como vicio del auto interlocutorio
recurrido, en la falta de aplicación de la Décima Transitoria de Carácter Tributario, numeral
10.4 de la LOEP, impide que este Tribunal Especializado se pronuncie sobre el fondo del
asunto controvertido ya que no se configura la proposición jurídica completa necesaria para
analizar el tema puesto a conocimiento de esta Sala de Casación; iii) Más si se considera que,
al amparo de la causal primera, no se puede valorar los elementos de valoración probatoria en
que pudo incurrir el Juez a quo, para determinar a cabalidad cuál es la fundamentación
utilizada en la emisión de los títulos de crédito que originan en proceso coactivo. En
definitiva, es el proceder del recurrente al interponer el recurso de casación que limita el que
este Tribunal de Casación pueda pronunciarse sobre los vicios de aplicación indebida y falta
de aplicación de normas sustantivas, consecuencia de lo cual, se concluye que no se configura
ninguno de los vicios señalados.
DÉCIMO QUINTO. DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, resuelve NO CASAR el auto de 1 de marzo de 2011, a las 09h15, expedido
por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito,
dentro del juicio de excepciones No. 17501201000103794B.
15.2 Sin costas.
15.3 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen.
15.4 Actúe como Secretaria Relatora dentro de este proceso, la doctora Ligia Marisol
Mediavilla en virtud de la Acción de Personal No. 275UATH2021DCH, de 15 de marzo de
2021.
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL |
140766351-DFE
Juicio No. 1775120110109
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, martes 19 de enero del 2021,
las 14h34. VISTOS: El ingeniero Mario Ruiz en calidad de gerente general de Quito Tenis y Golf
Club interpone recurso de casación en contra del auto dictado por el Tribunal Distrital de lo Fiscal,
No. 1, Cuarta Sala, con sede en la ciudad de Quito, el 24 de febrero de 2011, las 15h04, dentro del
juicio de excepciones No. 17504200523413, que declara el abandono de la presente causa planteada
por el excepcionante, el ingeniero Edwin Terán, a nombre y en representación de Quito Tenis y Golf
Club.
PRIMERO: COMPETENCIA. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 185 segunda parte
numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 2 del artículos 201 del Código
Orgánico de la Función Judicial reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda
número 4 del Código Orgánico General de Procesos y, artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. El Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala,
con sede en la ciudad de Quito el 24 de febrero de 2011, las 15h04 dentro del juicio de excepciones
No. 17504200523413, resolvió declarar el abandono de la presente causa planteada por el
excepcionante el ingeniero Edwin Terán, a nombre y en representación de Quito Tenis y Golf Club,
disponiendo el archivo de la misma, y consecuentemente, la prosecución del procedimiento de
ejecución No. 410115536VR, seguido en la Tesorería Municipal del Distrito Metropolitano de Quito
el 24 de enero del 2005, para el cobro de los tributos adeudados.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Con fecha 3 de marzo del 2011, las 17h26 el
ingeniero Mario Ruiz, en calidad de gerente general de Quito Tenis y Golf Club, interpone recurso de
casación, mismo que es calificado, en auto de 22 de marzo de 2011, las 16h41, en los términos de los
artículos 2, 6, 7 y 8 de la Ley de Casación, para ante los Jueces de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de admisión de 2 de mayo de 2011, las 11h20 el Tribunal de
la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia conformado por
los doctores José Suing Nagua, Gustavo Durango Vela y Javier Cordero Ordóñez declaró la
admisibilidad del recurso de casación propuesto.
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. El ingeniero Edwin Palma Echeverría, Director
Metropolitano Financiero Tributario del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en escrito de
6 de mayo de 2011, solicita se rechace el recurso de casación interpuesto por ser improcedente.
SEXTO: CONSULTA DE NORMA. Con fecha 8 de diciembre de 2011, las 08h50 el Tribunal de la
Sala Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, consulta la constitucionalidad de las
Disposiciones Cuarta y Décima, de las “Disposiciones para el cobro eficiente de las acreencias del
Estado”, constante en el Decreto Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del
Estado, publicado en el Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre del 2011, consulta de norma
que fue acumulada a los casos No. 006011CN y otros, en la Corte Constitucional del Ecuador,
resuelta mediante sentencia No. 6011CN/20 de 06 de febrero del 2020; en cumplimiento a lo
dispuesto por los jueces constitucionales, el expediente ha sido devuelto a la Corte Nacional de
Justicia mediante oficio No. 1528CCESGNOT2020 de 04 de marzo del 2020.
SÉPTIMO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa No. 17751
20110109(1), realizado el 18 de septiembre de 2020, las 11h48, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (E), Fernando Antonio Cohn Zurita,
Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, Ponente en la causa. Con la acción de
personal No. 301UATH2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la Unidad
Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia en concordancia con la Resolución
No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se legaliza el
reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional. Mediante Resolución 082020 de 24
de junio de 2020 el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al Dr. José Suing Nagua a la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario. Con acción de personal No 302UATH2020OQ de 22
de junio del 2020 y mediante oficio No. 635SGCNJ, la señora Presidenta de la Corte Nacional de
Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala Contencioso
Tributaria en reemplazo de la doctora Ana María Crespo Santos, ocupada temporalmente por la
doctora Mónica Heredia Proaño, hasta que se designe un nuevo titular conforme a la acción de
personal No. 317UATH2020OQ de 01 de julio del 2020. De la misma forma con acción de personal
No. 1278UATH2019OQ, mediante la cual designó al doctor Fernando Antonio Cohn Zurita, en
calidad de Juez Nacional, encargado del despacho del doctor José Luis Terán.
OCTAVO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara el proceso
válido.
NOVENO: AUTOS PARA RESOLVER. Con fecha 21 de diciembre del 2020, las 12h54; el
Tribunal de Casación emitió autos para resolver la presente causa.
DÉCIMO: ERRORES ALEGADOS. El recurrente considera que el fallo emitido por el Tribunal
Distrital de lo Fiscal, No. 1 Cuarta Sala, con sede en la ciudad de Quito el 24 de febrero de 2011, las
15h04 incurre en los siguientes errores:
A. Causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por el vicio de falta de aplicación
de: los artículos 11 penúltimo inciso, 75 de la Constitución Política del Ecuador, 139 del
Código Orgánico de la Función Judicial y de los precedentes jurisprudenciales
obligatorios dictados por la Sala de lo Fiscal de la ex Corte Suprema de Justicia, a través
de las Resoluciones de Casación No. 1699, publicada en R.O. No. 246 de 17 de enero del
2001, y 1999 publicada en R.O. No. 480 de 24 de diciembre del 2001, mismo que hace
referencia a la reiteración de jurisprudencia sentada por la Sala, en cinco procesos más.
B. Causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, por los vicios de falta de aplicación
del artículo 273 y aplicación indebida del artículo 267 de Código Orgánico Tributario.
DÉCIMO PRIMERO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS. Las normas que el
recurrente considera infringidas son:
A. Constitución Política del Ecuador: Art. 11. inciso penúltimo (…) “El Estado será
responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada
administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las
violaciones de los principios y reglas del debido proceso.” Art.75. “Toda persona tiene
derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus
derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún
caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será
sancionado por la ley.”
B. Código Orgánico Tributario: Art. 267. Abandono. “De oficio o a petición de parte, se
declarará abandonada cualquier causa o recurso que se tramite en el Tribunal Distrital
de lo Fiscal, cuando haya dejado de continuarse por más de sesenta días, contados desde
la última diligencia practicada o desde la última petición presentada en el juicio, siempre
que el trámite no hubiere concluido. En las acciones de pago indebido o en las de
impugnación de resoluciones que nieguen la devolución de lo indebida o excesivamente
pagado, el plazo para el abandono será de dos años, cuando se hubiere dejado de
continuarlas en los mismos casos del inciso anterior. No procederá el abandono en
contra de las entidades acreedoras de tributos”. Art. 273. Sentencia. “Concluida la
tramitación el tribunal pronunciará sentencia dentro de treinta días de notificadas las
partes para el efecto. Antes de sentencia, las partes podrán presentar informes en
derecho o solicitar audiencia pública en estrados, con igual finalidad. La sentencia será
motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que,
en relación directa a los mismos, comporten control de legalidad de los antecedentes o
fundamentos de la resolución o acto impugnados, aún supliendo las omisiones en que
incurran.”
C. Código Orgánico de la Función Judicial: Art. 139. Impulso del Proceso. “Las juezas
y jueces están obligados a proseguir el trámite de los procesos dentro de los términos
legales, el incumplimiento de esta norma se sancionará de acuerdo con la ley. Si se
declarare el abandono de una causa o de un recurso por no haberse proseguido el
trámite por el tiempo que señala la ley, como consecuencia de la incuria probada de las
juezas o los jueces, y demás servidores y funcionarios que conocían de los mismos, éstos
serán administrativa, civil y penalmente responsables, de conformidad con la ley.”
D. Precedentes jurisprudenciales obligatorios dictados por la Sala de lo Fiscal de la ex
Corte Suprema de Justicia, a través de las Resoluciones de Casación No. 1699,
publicada en R.O. No. 246 de 17 de enero del 2001, y 1999 publicada en R.O. No. 480
de 24 de diciembre del 2001, mismo que hace referencia a la reiteración de
jurisprudencia sentada por la Sala, en cinco procesos más.
DÉCIMO SEGUNDO: CONTENIDO DE LAS CAUSALES PRIMERA Y SEGUNDA DEL
ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE CASACIÓN.
A. La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación configura los vicios de:
“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de
derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o
auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva.”1
B. La causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación configura los vicios de:
“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales,
cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre
que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere
quedado convalidada legalmente.”2
DÉCIMO TERCERO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS
ACUSADOS. El recurrente expresa que los juzgadores de instancia incurren en aplicación indebida
del artículo 267 del Código Orgánico Tributario, al considerar que en el auto recurrido, el Tribunal
declara de oficio el abandono de la causa, haciendo referencia a que no ha sido continuada por más de
60 días. Se fundamenta en que el actor no ha impulsado la causa y por tanto la paralización del
proceso es imputable al mismo. Que sin embargo, el trámite de la causa concluyó con la evacuación
de todas las pruebas y que consecuentemente, no hubo falta de continuación ni actividad del proceso,
porque no quedó diligencia pendiente y por tanto restaba la expedición de la sentencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 273 del Código Orgánico Tributario. Al haber concluido
el trámite, por no restar diligencia o actuación alguna pendiente, o si la hubo, los jueces debían
determinarla, la Sala tenía la obligación de impulsar el proceso dictando sentencia conforme al
artículo 139 de la Ley Orgánica de la Función Judicial en concordancia al artículo 75 de la
Constitución Política del Ecuador.
Que conforme a precedentes jurisprudenciales obligatorios dictados por la Sala de lo Fiscal de la ex
Corte Suprema de Justicia, a través de las Resoluciones de Casación No. 1699, publicada en R.O. No.
246 de 17 de enero del 2001, y la No. 1999 publicada en R.O. No. 480 de 24 de diciembre del 2001,
disponen que “En conclusión, en el orden tributario, no cabe el abandono por el simple transcurso
del tiempo, si existiese falta de actividad del Juez, tanto más que el proceso tributario no se rige por
el principio dispositivo de que su impulso corre exclusivamente a cargo de parte, sino que por, el
contrario, es cuasioficioso, según se comprueba por las varias disposiciones que imponen al Juez la
obligación de velar por su prosecución, sin perjuicio de que las partes lo hagan…”. Que, el Tribunal
A quo no podía sustraerse de su obligación legal de impulsar el proceso, no podía supeditar su
1 Ecuador Registro Oficial No. 192 de 18 mayo de 1993, Ley de Casación: artículo 3 causal 1ra.
2 Ecuador Registro Oficial No. 192 de 18 mayo de 1993, Ley de Casación: artículo 3 causal 2da.
actuación a la insistencia o al ruego de las partes, menos podía liberarse de la carga de juicios, a través
de la declaratoria oficiosa de un abandono. Agrega que se ha demostrado que no existió desinterés, ni
inactividad en la causa por parte del actor porque culminó el trámite de la misma; el abandono
declarado por el Tribunal resulta inconstitucional e ilegal y por tanto improcedente.
DÉCIMO CUARTO: ANÁLISIS DE LOS VICIOS ALEGADOS. Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver el problema jurídico planteado
derivado del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en las causales primera y segunda
del artículo 3 de la Ley de Casación, admitido por el Tribunal de Conjueces de la Sala, considera:
A. Falta de aplicación: i. Este vicio “ocurre cuando el sentenciador niega en el fallo la
existencia de un precepto, lo ignora frente al caso debatido. Es error contra ius, es
rebeldía y desconocimiento de la norma. Es error de existencia de la norma por haberse
excluido ésta en la sentencia.3; ii. El recurrente, acusa de “falta de aplicación de normas
de derecho”, con sustento en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación,
causal que contiene los vicios conocidos como de error in judicando, esto es de normas
sustantivas; sin embargo, no señala de modo expreso las normas sustantivas que no fueron
aplicadas por el Tribunal juzgador; y, en el desarrollo de la argumentación que realiza el
casacionista tampoco se puede determinar cuál es la norma sustantiva que no se aplicó,
condición necesaria para que proceda el análisis del vicio; iii. También el recurrente
acusa, con fundamento en la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, la falta
de aplicación de norma, (por la causal alegada, debe entenderse de norma procesal) pero
sin que llegue a concluir su razonamiento con la identificación de la norma procesal que
no ha sido aplicada por el Tribunal de instancia ni cómo ello ha incidido en la decisión de
la causa; iv. Las deficiencias anotadas en la formulación del recurso, con sustento en las
causales anotadas no pueden ser subsanadas por la Sala, por lo que el recurso no puede
prosperar por los vicios objeto de análisis y se los desecha.
B. Aplicación indebida: i. Este vicio se produce “(…) cuando la norma ha sido entendida
rectamente en su alance y significado, más se la ha utilizado para un caso que no es el
que ella contempla.”4 En tanto que, para Calamandrei, el vicio de aplicación indebida
puede llegarse “(…) por dos distintos modos que son perfectamente aplicables en nuestra
técnica: porque, o puede errarse al precisar las circunstancias de hecho que son
3 Tolosa Villabona, L.A.; Teoría y Técnica de Casación, ibídem, pp. 359.
4 Ecuador. Registro Oficial No. 12 de 31 de enero de 2003, 28.
relevantes para que la norma entre en juego (yerro de diagnosis jurídica), o pueda
padecerse equivocación al establecer la diferencia o semejanza que media entre la
hipótesis legal y la tesis del caso concreto.”5; ii. El recurrente cuestiona, con sustento en
la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, la aplicación indebida de normas
procesales, sin que llegue a identificar de modo expreso, qué norma procesal es afectada
con el error señalado; en el escrito de casación, en el número 2 del acápite denominado
FUNDAMENTOS DEL RECURSO, refiere a que “Dicho auto aplica indebidamente el
artículo 267 del Código Tributario”, sin embargo, nuevamente en su formulación, no
concluye el razonamiento con la explicación de cómo opera el vicio alegado en la
sentencia en cuestión; iii. Esta deficiencia en la formulación del recurso tampoco puede
ser suplida por la Sala de Casación, en tanto el carácter de extraordinario y formalista del
recurso que ha sido reiterado por la jurisprudencia y resaltado por la doctrina de forma
unánime, que cuestiona el fallo de instancia, precisamente determinando con claridad y
suficiencia el vicio en el que incurre el Tribunal juzgador, lo que no ocurre en el presente
caso. Consiguientemente, el recurso, con sustento en esta causal, tampoco puede
prosperar y se lo desecha.
DÉCIMO QUINTO. DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR el auto dictado por
el Tribunal Distrital de lo Fiscal, No. 1, Cuarta Sala con sede en la ciudad de Quito el 24 de febrero
de 2011, las 15h04. Sin costas. Notifíquese, Publíquese y Devuélvase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
5 Humberto Murcia Ballén, “Recurso de casación civil”, (Bogotá: Ediciones Jurídica Gustavo Ibáñez, 2015),
318.
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO |
Recurso de Casación N° 110-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZA PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR: ANA BEATRÍZ ANDINO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÍA.
DE SUMINISTROS DE INSUMOS AVÍCOLAS PECUARIOS SIAP
CÍA. LTDA.
DEMANDADO: GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN ADUANERA
ECUATORIANA, HOY SENAE
Quito, a 26 de abril de 2013. Las 09H10. --------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución N° 004-
2012, de 25 de enero de 2012, emitida, por el Consejo de la Judicatura y por la
Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de
la Corte Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es
competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación, en virtud de lo
establecido en los artículos 184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185,
segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de
Casación.----------------------------------------------------------------------------------------------
I. ANTECEDENTES
1.1.- El señor doctor Pablo Hidalgo Nieto, abogado patrocinador y debidamente
autorizado por la empresa Suministros de Insumos Avícolas Pecuarios SIAP Cía. Ltda.,
interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 17 de marzo de 2011,
dictada por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1, con sede en
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Quito, dentro del juicio de Impugnación N° 2005-23118-RA, en contra del Gerente
General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, hoy SENAE. Una vez concedido el
recurso, la Administración Aduanera lo ha contestado el 6 de mayo de 2011.-------------
1.2.- El señor doctor Pablo Hidalgo Nieto, abogado patrocinador y debidamente
fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de
Casación y alega que han sido infringidas las siguientes normas de derecho: artículos
1, inciso segundo, 12 y 94 de la Ley Orgánica de Aduanas. Concluida la tramitación de
la causa y pedidos los autos para resolver, se considera: -------------------------------------
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe
nulidad alguna que declarar. ----------------------------------------------------------------------
2.2.- Determinación de la problemática jurídica a resolver: La Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si
la sentencia impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario
determinar lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------
A) ¿La sentencia impugnada ha incurrido en la causal primera del artículo 3 de la Ley
de Casación, por la supuesta falta de aplicación de los artículos 1, inciso segundo, 12 y
94 de la Ley Orgánica de Aduanas, lo que originó que la Sala A quo, deseche la
demanda y reconozca la validez de la Resolución No. GGN-DRR-RE-0573? –--------------
B) ¿La sentencia impugnada ha incurrido en la causal tercera del artículo 3 de la Ley
de Casación? –----------------------------------------------------------------------------------------
III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA
3.1.- En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario
que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de
derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo
como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de
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manifiesto en varios fallos de la Sala.-------------------------------------------------------------
3.2.- Planteada la problemática esta Sala Especializada, formula las siguientes
consideraciones: a) Para empezar con el análisis de la causal primera, traemos a
colación lo señalado en la doctrina, que a la letra dice: “La causal primera del artículo 3
contiene la llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes
jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante de
su parte resolutiva. Sobre el tema, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: […]
Se trata de la llamada transgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella
no cabe consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base que es
correcta la apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios de prueba
incorporados al proceso, por lo que corresponde al tribunal de casación examinar, a
base de los hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de
aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados por el
recurrente […] …” (Dr. Santiago Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador,
Quito, Editorial Andrade y Asociados, Quito, 2005, pág. 181) (el resaltado pertenece a
la Sala); es decir, que existen dos elementos para configurar esta causal, el primero,
que debe haber la violación directa de las normas sustantivas en la sentencia
impugnada y el segundo, que la transgresión haya sido determinante en la parte
resolutiva; esta violación puede estar dada por la falta de aplicación, que es la omisión
que realiza el juzgador en la utilización de las normas o preceptos jurídicos que debían
aplicarse a una situación concreta, conduciendo a un error grave en la decisión final; o
por la aplicación indebida que es la atribución equivocada de una disposición legal o
precepto jurídico a un alcance que no tiene; o por la errónea interpretación, que
consiste en la falta que incurre el juzgador al dar desacertadamente a la norma o
precepto jurídico aplicado, un alcance mayor o menor o distinto, que el descrito por el
legislador. a.1. En el presente caso, el recurrente, compañía Suministros de Insumos
Avícolas Pecuarios SIAP Cía. Ltda., en su demanda solicitó la prescripción de la acción
penal (contravención) señalada por la Gerencia Distrital de Guayaquil dentro del
trámite de declaración aduanera, refrendo No. 028-02-10013455-7, de fecha 20 de
febrero de 2004, notificada el 16 de abril de 2004, y además peticionó se deje sin
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efecto las Resoluciones dictadas en los expedientes N°s 171-2004 y 303-2004,
mediante las cuales se le sancionó con la contravención contemplada en el literal e) del
artículo 88 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha del reclamo. El Tribunal
A quo desecha la demanda y reconoce la validez de la Resolución No. GGN-DRR-RE-
0573; a.2. El punto controversial a determinar por esta Sala, es si se ha configurado el
cargo por falta de aplicación del artículo 94 de la Ley Orgánica de Aduanas en
sentencia recurrida, que a la letra dice: “Art. 94.- Prescripción de la Acción Penal.- Las
acciones penales por delitos aduaneros prescriben en el plazo de quince años. Las
contravenciones y faltas reglamentarias prescriben en dos años, contados desde la
fecha en que la infracción fue cometida o desde la realización del último acto idóneo
en caso de delito. Los plazos correrán, hubiere o no, el respectivo enjuiciamiento penal
o proceso administrativo en su caso.” (el subrayado pertenece a la Sala), para ello es
importante determinar lo siguiente: a.2.1. Respecto de la causal primera del artículo 3
de la Ley de Casación, esta Sala ha sentado el criterio, de que en ella no cabe
consideración en relación a los hechos, pues esto sólo le compete al Tribunal juzgador;
a.2.2. La Sala A quo en los Considerandos Cuarto y Quinto del fallo recurrido, expone
claramente los hechos fácticos probados en el proceso y con los cuales resuelve el
presente caso, que textualmente se los transcribe: “[…] se puede observar, que la
sanción por contravención se impone con fecha 20 de febrero del 2004, cuando la
fecha de presentación de la declaración aduanera No. 1091040, según el
contribuyente, es de 7 de mayo del 2002, por lo tanto, la sanción ha sido impuesta al
año nueve meses trece días de presentada la mencionada declaración […]”. a.2.3. De
lo anteriormente expuesto, esta Sala determina que no se ha configurado el cargo por
falta de aplicación, causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, de las normas
contempladas en los artículos 1 inciso segundo, 12 y 94 de la Ley Orgánica de Aduanas
en la sentencia del inferior, por cuanto de los hechos deducidos en el fallo no han
transcurrido los dos años para que opere la prescripción.- b) Como segundo elemento
de la problemática planteada, es determinar si se ha configurado la causal tercera del
artículo 3 de la Ley de Casación, por la supuesta errónea interpretación, aclarando que
el recurrente no ha especificado qué artículos corresponden a esta causal. b.1. La
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causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, establece: “Aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración
de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no
aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto”. Esta causal se refiere a lo
que la doctrina denomina violación indirecta de la norma sustantiva y contempla varias
situaciones jurídicas que no pueden darse simultáneamente y que deben ser
individualizadas para su pertinente demostración en cada caso. La aplicación indebida
es la atribución equivocada de una disposición legal o precepto jurídico a un alcance
que no tiene; la falta de aplicación es la omisión que realiza el juzgador en la
utilización de las normas o preceptos jurídicos que debían aplicarse a una situación
concreta, conduciendo a un error grave en la decisión final; mientras que la errónea
interpretación, consiste en la falta que incurre el juzgador al dar desacertadamente a la
norma o precepto jurídico aplicado, un alcance mayor o menor o distinto, que el
descrito por el legislador. Se analiza, que en aplicación de cualquiera de estas
situaciones, en lo que respecta a la causal invocada, es necesario cumplir con las
siguientes condiciones recurrentes establecidas en la doctrina y jurisprudencia: 1.-
Identificación en forma precisa del medio de prueba que a su juicio ha sido
erróneamente valorado en la sentencia; 2.- Establecimiento con precisión de la norma
procesal sobre valoración de prueba que ha sido violada; 3.- Demostración con lógica
jurídica en qué forma ha sido violada la norma sobre valoración del medio de prueba
respectivo; y, 4.- Identificación de la norma sustantiva o material que ha sido aplicada
erróneamente o que no ha sido aplicada a consecuencia del yerro en la valoración
probatoria. En el caso sub iudice, el recurrente no cumple con ninguna de las
condiciones necesarias para que se configure esta causal, mucho menos ha señalado
qué normas de derecho fueron indirectamente violadas en la sentencia del inferior,
pues de la lectura del recurso, se observa que si bien se ha interpuesto por la causal
tercera no la fundamenta, por esta razón se desecha esta causal.-------------------------
IV.- DECISIÓN
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Por estas consideraciones, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: ----------------------------------------------
SENTENCIA
Se desecha el recurso interpuesto. Sin costas. Notifíquese, devuélvase y publíquese. ff)
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA, Dr. José Suing
Nagua, JUEZ NACIONAL; y, Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ
NACIONAL. Certifico: f) Dra. Carmen Dávila Yépez, SECRETARIA
RELATORA ENCARGADA.
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RECURSO No. 112-2011
JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO.-
Quito, a 10 de enero de 2013. Las 09H55. ------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución
No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y,
por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por
el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el doctor Boris
Bohórquez Espín, ofreciendo poder o ratificación del Gerente General de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana (actual Director General del Servicio Nacional
de Aduana del Ecuador), mediante escrito de 18 de marzo de 2011 interpone
recurso de casación en contra de la sentencia expedida por la Primera Sala del
Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 con sede en la ciudad de Quito, el 25 de febrero
de 2011 en el juicio de impugnación N° 17501-2008-25794-MC, propuesto por la
señora María del Carmen Mafriche, Gerente General y por tanto representante
legal de la Compañía SHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A., en contra del
Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, la Sala de instancia
concede el recurso mediante providencia de 23 de marzo de 2011. Subidos que
han sido los autos para su aceptación o rechazo, esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, lo admite a trámite
mediante auto de 2 de mayo de 2011 y pone en conocimiento de las partes para
que se dé cumplimiento a lo que establece el Art. 13 de la Ley de Casación. La
1
Compañía SHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. contesta el recurso. Siendo
el estado de la causa el de dictar sentencia, para hacerlo se considera:---------------
PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en
conformidad con el Art. 184 numeral 1 de la Constitución vigente, en concordancia
con el Art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación y numeral 1, parte II del Art.
185 del Código Orgánico de la Función Judicial. -------------------------------------------
SEGUNDO.- La Administración Aduanera Tributaria, fundamenta su recurso en las
causales primera y tercera del art. 3 de la Ley de Casación, manifiesta que el
Tribunal Juzgador al momento de emitir su fallo infringió las siguientes normas de
derecho: falta de aplicación del Art. 76 numerales 1 y 7 literal l) de la Constitución
Política de la República del Ecuador (sic), errónea interpretación del Art. 82 de la
Constitución Política de la República del Ecuador (sic), falta de aplicación de los
artículos 145 numeral 4 del Código Tributario, errónea interpretación del Art. 143
de Código Ibídem, errónea interpretación de precedentes jurisprudenciales; y,
aplicación indebida de la Resolución que se encuentra publicada en el Registro
Oficial N° 93 de 22 de diciembre de 2009. Como fundamentos en que apoya su
recurso menciona lo siguiente: la Compañía SHERING PLOUGH DEL ECUADOR
S.A. presentó el recurso de revisión a la Resolución emitida por el Gerente Distrital
de Aduana de Quito, en la que se resolvió negar el reclamo administrativo al Aforo
Físico N° 017-2007-AQ-AF-RRS del 29 de julio del 2007, respecto a la correcta
aplicación de la Partida Arancelaria, recurso que fue declarado improcedente por
cuanto no cumple el numeral 4 del Art. 145 del Código Tributario en el que se
establece que, no procede la revisión: “Cuando habiendo sido insinuado por el
afectado directo no fundamentare debidamente la existencia de cualquiera de las
causales del Art. 143 en los que estos habrían incurrido”. El recurso de revisión
planteado por la Empresa se circunscribe a que la CAE no tomó en consideración
la absolución de la consulta emitida por la Procuraduría General del Estado el 24
de septiembre del 2007, que dice: “Que en atención a lo expuesto y teniendo en
cuenta el marco jurídico que le corresponde ejercer tanto a la CAE como al
Ministerio de Salud dentro del ámbito de sus respectivas competencias
2
establecidas en las leyes que rige su accionar, considero que estas entidades del
Estado, deberán coordinar acciones y criterios que permitan determinar o clasificar
a un producto como medicamento o alimento”, que en estricto rigor jurídico le
correspondía a la Sala Juzgadora analizar la procedencia del recurso de revisión
insinuado por la Empresa, para concluir respecto de la legalidad o ilegalidad de la
providencia dictada por el Gerente Distrital de la Aduana de Quito. Manifiesta el
recurrente que, del expediente se desprende claramente que la Empresa no
fundamentó debidamente su recurso de revisión. Que la Sala Juzgadora en el
Considerando Tercero de la sentencia recurrida, interpretó erróneamente los
precedentes jurisprudenciales y aplicó indebidamente la Resolución que se
encuentra publicada en el Registro Oficial N° 93 de 22 de diciembre de 2009, que
es la que la Sala A quo, “en forma ilegal mediante sentencia deja sin efecto ni
valor jurídico la Providencia de Improcedencia N° GGN-GAJ-DRR-PV-0138 de 30
de enero del 2008 e ilegalmente aplica este precedente jurisprudencial con efecto
retroactivo, en virtud de que el Recurso de Revisión fue insinuado en el 2007,
cuando esta jurisprudencia no existía legalmente”. Por lo expuesto, solicita a esta
Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
case la sentencia referida y ratifique la legalidad de la Providencia mencionada.----
TERCERO.- El señor Oscar Lugo Lander, a nombre y en representación de
SHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A., dentro de tiempo, en su escrito de
contestación al recurso (fs. 5 a 8 del cuadernillo de casación) manifiesta que, la
Administración Tributaria en la fundamentación del recurso genera una grave
confusión al alegar falta de aplicación de los numerales 1 y 7, literal l) del Art. 76
de la Constitución Política de la República del Ecuador (sic), puesto que a partir
del año 2008, se encuentra en vigor la “Constitución de la República del Ecuador”,
publicada en el Registro Oficial N° 449 de 20 de octubre de 2008. Que la
sentencia recurrida se encuentra debidamente motivada, que el Juzgador ha
señalado no sólo los antecedentes del caso, sino que ha explicado la forma en
que dichos antecedentes se subsumen dentro de los hechos normados a través
del precedente jurisprudencial obligatorio respecto del recurso de revisión y el
trámite que a éste se le debe otorgar. En relación a la alegación hecha por la
3
recurrente sobre la “errónea interpretación del Art. 82 de la Constitución Política de
la República del Ecuador”, dicha norma no tiene relación alguna con la litis, que la
Autoridad Administrativa no puede pretender que la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional, se pronuncie sobre algo que no es
parte del objeto de la litis, pues que de autos no consta que el Director General del
SENAE haya solicitado expresamente que la Sala Juzgadora, se pronuncie sobre
la procedencia o no del recurso de revisión presentado por SHERING PLOUGH
DEL ECUADOR S.A. Sobre la “falta de aplicación del Art. 145 numeral 4 del
Código Tributario” manifiesta que, la Autoridad demandada se ha limitado a
explicar las razones por las cuales, sin más declaró improcedente y ordenó el
archivo del recurso de revisión presentado por la Empresa, que al momento es
irrelevante, puesto que de autos consta el acto a través del cual se niega sin
fundamentación alguna el recurso de revisión insinuado. La Administración
Tributaria, dice el representante de la Empresa actora, alega “errónea
interpretación del Art. 143 del Código Tributario”, que ello queda refutado porque
la Empresa dentro del proceso de insinuación al recurso de revisión, como en el
escrito de demanda, identifica en detalle cinco de los errores de hecho y de
derecho en los que, según él, incurrió el Gerente Distrital de Aduana de Quito al
emitir su Resolución y que, definitivamente la Autoridad Aduanera no ha
fundamentado esta causal. Sobre la impugnación que hace la SENAE y que se
refiere a la “errónea interpretación de precedentes jurisprudenciales y aplicación
indebida de la Resolución publicada en el Registro Oficial N° 93 de 22 de
diciembre de 2009”, el representante de la Empresa dice que, la errónea
interpretación y la aplicación indebida son dos errores distintos, y que no pueden
ser alegados respecto de una misma norma o precedente jurisprudencial, pues de
hacerlo sería eminentemente contradictoria. Que los fallos de triple reiteración son
reconocidos constitucionalmente, conforme lo determina el numeral 2 del Art. 184
de la Constitución de la República del Ecuador, y los precedentes
jurisprudenciales aprobados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia tienen
efecto erga omnes, obligando incluso a la misma Corte Nacional a partir de su
publicación en el Registro Oficial y mientras no se emita otra jurisprudencia sobre
4
el mismo punto de derecho, a través del mismo procedimiento señalado en la Ley.
Por último, la Empresa actora en la contestación al recurso dice que, no se
observa fundamento alguno que sustente la causal tercera del art. 3 de la Ley de
Casación, por lo que solicita se deseche el recurso de casación interpuesto por la
Administración Tributaria Aduanera.--------------------------------------------------------------
CUARTO.- La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de Quito
sostiene en su fallo que, el 25 de noviembre de 2009 el Pleno de la Corte Nacional
de Justicia, expidió la Resolución que se encuentra publicada en el Registro oficial
N° 93 de 22 de diciembre del 2009, Resolución que ha sido expedida en base a lo
que disponen tanto el numeral 2 del art. 184 de la Constitución de la República del
Ecuador, como el numeral 2 del Art. 180 del Código Orgánico de la Función
Judicial. Por ello considera que, no es pertinente por intrascendente, emitir
pronunciamiento sobre las demás cuestiones alegadas por las partes en la
demanda, contestación y en general durante la tramitación del juicio, puesto que la
Sala Juzgadora debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución expedida
por la Corte Nacional de Justicia, por lo que resuelve dejar sin efecto ni valor
jurídico alguno la Providencia de Improcedencia N° GGN-GAJ-DRR-PV-0138 de
30 de enero de 2008, emitida por el Gerente General de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana y ordena que este funcionario en el menor tiempo posible, de al
Recurso de Revisión insinuado por la Empresa SHERING PLOUGH DEL
ECUADOR S.A., el trámite legal correspondiente al Recurso de Revisión regulado
por el Código Orgánico Tributario en los artículos que van del 143 al 147, de
acuerdo a lo establecido en los Considerandos Tercero y Cuarto del Fallo.-----------
QUINTO.- Corresponde entonces a esta Sala Especializada, verificar si la
sentencia de 25 de febrero de 2011, violentó las normas referidas en el recurso de
casación propuesto por la Autoridad Aduanera demandada, para lo cual se hacen
las siguientes consideraciones: 5.1. Efectivamente, de fs. 18 y 19 de los autos,
consta la Resolución impugnada, proveída y firmada por el Econ. Santiago León,
Gerente General de la CAE, el 30 de enero de 2008, en la que luego de un
extenso análisis, con señalamiento de hechos y de normas jurídicas pertinentes,
5
declara la improcedencia de la insinuación del recurso de revisión, por no contener
argumentos válidos que se enmarquen en cualquiera de las seis causales
establecidas en el Art. 143 del Código Orgánico Tributario. 5.2. En definitiva,
consta que se han evacuado los procedimientos señalados en el Código Orgánico
Tributario para la validez del trámite del recurso de revisión, sin embargo la Sala
juzgadora ha considerado que el Gerente General de la CAE “sin más, ha
rechazado el recurso”, lo que le estaba prohibido expresamente por la
Jurisprudencia obligatoria de triple reiteración, confirmada por la Resolución del
Pleno de la Corte Nacional de 25 de noviembre de 2009, publicada en el Registro
Oficial Nº 93 de 22 de diciembre de ese año, que dice: “Art. 1 Aprobar el informe
remitido por el Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia y, en
consecuencia, declarar la existencia del siguiente precedente jurisprudencial
obligatorio por la triple reiteración de un fallo sobre un mismo punto de derecho.
En aplicación 144 del Código Tributario se determina que cuando el Recurso de
Revisión ha sido insinuado por el particular al amparo del Art. 143 del Código
Tributario, la Autoridad Tributaria competente dará el trámite correspondiente, sin
que sea posible ordenar, sin más, su archivo. Art. 2 Disponer que la Secretaria
General de la Corte Nacional de Justicia remita copias certificadas de la presente
resolución al departamento de Jurisprudencia para su sistematización y al Registro
Oficial y Gaceta Judicial para su inmediata publicación. Esta Resolución tendrá
efectos generales y obligatorios inclusive para la misma Corte Nacional de
Justicia, sin perjuicio del cambio de criterio jurisprudencial en la forma y modo
determinado por el segundo inciso del Art. 185 de la Constitución de la República
del Ecuador.” (subrayado de la Sala); jurisprudencia que no se considera aplicable
a la Resolución que se impugna puesto que, como se ha advertido en este mismo
considerando, si se dió el trámite al recurso, se concedió un término para el
respectivo sumario se pidió el informe jurídico (Oficio GGA-DHA-UCN-OF (1)
003580 de 17 de octubre de 2007), y sólo luego del trámite que corresponde al
recurso de revisión, se ha procedido a dictar un acto administrativo motivado, en
consecuencia la Sala juzgadora, aplicó indebidamente la jurisprudencia en
mención, pues no es que “sin más”, la Autoridad Tributaria rechazó el recurso; 5.3.
6
Ha sido criterio reiterado de esta Sala Especializada, por el contrario, que cuando
se impugna una resolución que atiende un recurso de revisión, es deber del
Tribunal juzgador adentrarse y verificar la pertinencia de la causal esgrimida por el
recurrente, que tiene que estar enmarcada en una de las causales señaladas en el
art. 143 del Código Tributario, toda vez que procede sólo contra actos firmes y
resoluciones ejecutoriadas, por tanto sí se verifica su procedencia, cabe la revisión
o su negativa como en el presente caso.- ------------------------------------------------------
Sin que sea menester entrar en otros análisis, la Sala de lo Contencioso Tributario
de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia recurrida y por cuanto no
existe una sentencia de mérito sobre la cual se pueda resolver al tenor de lo
señalado en el art. 16 de la Ley de Casación, dispone regresen los autos a la Sala
Juzgadora, para que se pronuncie sobre el fondo mismo del asunto, pues no es
aplicable la jurisprudencia en que ha basado su fallo conforme queda expuesto en
el considerando Quinto.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Dr. José Suing Nagua
JUEZ NACIONAL
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia Dr. Gustavo Durango Vela
JUEZA NACIONAL CONJUEZ NACIONAL
Cer…
7
…tífico.-
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA
8 |
Dra. Gladys Terán Sierra
JUEZA NACIONAL PONENTE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA - LA SALA DE JUECES DE LO LABORAL
JUICIO LABORAL No.- 112-2011
PONENCIA: DRA. GLADYS TERÁN SIERRA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-
Quito, 24 de septiembre de 2014, las 10h45.-
VISTOS: En el juicio laboral que sigue Armando Elías Gonzáles Acosta, en contra de
Lourdes Ronquillo Vda. de Vargas y John Vargas Ronquillo; los demandados interponen
recurso de casación, de la sentencia dictada el 23 de julio del 2008, a las 11h19, por la
Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia del
Guayas y, actual Corte Provincial de Justicia del Guayas; con tal motivo, accede la causa
al análisis y decisión de este Tribunal, que para hacerlo, por ser el momento procesal
oportuno, considera:
1.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
La Sala Especializada de lo Laboral, tiene competencia para conocer y resolver el recurso
de casación en materia laboral, según el artículo 184.1 de la Constitución de la República
del Ecuador; artículo 1 de Ley de Casación; artículos 566 y 613 del Código del Trabajo y
artículo 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial; Resolución de la Corte
Nacional de Justicia No. 03-2013 de 22 de julio de 2013; y, principalmente, atendiendo al
sorteo de ley efectuado, cuya razón obra de autos, le corresponde a la doctora Gladys
Terán Sierra, como Jueza Nacional Ponente, y a la doctora Paulina Aguirre Suárez y
doctor Wilson Merino Sánchez, como Jueces Nacionales integrantes de este Tribunal.
2.- ANTECEDENTES Y ACTUACIONES PROCESALES
2.1.- DEMANDA LABORAL
1
El 23 de abril del 2007, a las 09h56, le correspondió al Juez Primero de Trabajo de
Guayaquil, conocer de la demanda presentada por Armando Elías Gonzáles Acosta, en
contra de Lourdes Ronquillo Vda. de Vargas y John Vargas Ronquillo. El accionante
manifestó en el libelo de su demanda: Que desde los primeros días del año 1996, prestó
sus servicios lícitos y personales para los cónyuges Enrique Vargas Alvarado y Lourdes
Ronquillo de Vargas, así como también para Vicente Vargas Alvarado, en los predios
ubicados en La Miranda de Taura y en la Hacienda San Isidro; Que cumplía funciones de
jornalero en actividades agrícolas; Que durante el tiempo que trabajó no se le pagaron las
prestaciones legales, tampoco la media jornada que laboró todos los sábados, ni se le
registró en el IESS. Por otra parte, expreso que a fines del año 1999 llegó a un acuerdo
con sus empleadores, por lo cual, el señor Vicente Vargas Alvarado le pagó unos valores
y le hizo firmar unos papeles que, luego tuvo conocimiento de que los transformaron en
un finiquito; sin embargo, dice que continuó laborando hasta el día 15 de diciembre del
año 2006, fecha en la cual una vez terminada la cosecha, John Vargas Ronquillo procedió
a despedirle intempestivamente del trabajo. Por último, dijo que durante el período
comprendido entre el año 2000 y el 15 de diciembre del 2006, tampoco le pagaron las
prestaciones legales, ni el trabajo de la media jornada del día sábado, y no se le afilió al
IESS; y, que su última remuneración fue de US $36.00 semanales.
Con estos antecedentes, en la demanda solicitó como pretensiones, los nueve rubros que
constan en su texto, más intereses, y costas judiciales. Fijó como cuantía la suma de US
$8.000,00.
2.2.- AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACIÓN, CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
Y FORMULACIÓN DE PRUEBAS
Con fecha 18 de diciembre del 2007, a las 09h58, ante el Juez Primero de Trabajo del
Guayas, se llevó a cabo la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la
demanda y formulación de pruebas. En la diligencia señalada, no comparecieron los
demandados ni personalmente ni a través de Procuración; por lo que la litis se trabó con
la negativa de los fundamentos de hecho y de derecho, al tenor de la disposición del
artículo 580 del Código del Trabajo. Por otra parte, el actor solicitó la práctica de pruebas.
2.3.- AUDIENCIA DEFINITIVA
2
El 21 de enero del 2008, a las 15h08, ante el Juez Primero de Trabajo del Guayas, se
llevó a cabo la audiencia definitiva, dentro de la cual se receptó: las confesiones judiciales
de los demandados; el juramento deferido del actor; por parte del accionante, los
testimonios de los señores Epifanio Agripino Adrián Ortega y Hugo Palacios Alcívar; así
también, las partes efectuaron sus alegatos en derecho.
2.4.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Fue pronunciada el 21 de febrero del 2008, a las 10h21, por el Juez Primero de Trabajo
del Guayas, quien resolvió “…declara[r] sin lugar la demanda por no haberse probado la
existencia de la relación que el actor afirma existió entre él y los demandados…”;
inconforme con la sentencia, el actor interpuso recurso de apelación.
2.5.- SENTENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY
Fue proferida por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la ex Corte
Superior de Justicia del Guayas, actual Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 23 de
julio del 2008, a las 11h19, órgano jurisdiccional que con los fundamentos y motivación de
la sentencia, resolvió: “… revocar [r] la sentencia del Juez A quo y, en cambio, declara[r]
con lugar la demanda…”, razón por la cual, ordenó el pago de: “… decimotercera
remuneración (…) vacaciones (…) decimocuarta remuneración (…) componentes
salariales (…) fondo de reserva (…) recargo del fondo de reserva”; rubros que en
conjunto, ascendieron a la cantidad de US $ 3.375,50. Con costas se fijó el 10% de
honorarios del abogado defensor del actor, de los cuales se dispuso descontar el 5% para
el Colegio de Abogados del Guayas. Inconformes, los demandados presentaron recurso
de casación.
3.- FUNDAMENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN
Los casacionistas fundamentan su recurso en las causales primera, tercera, y quinta del
artículo 3 de la Ley de Casación. En cuanto a la causal primera, estiman infringidas, por
errónea interpretación: el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil, relacionado con
el artículo 18 numerales 1 y 2 del Código Civil. Como fundamento de la causal tercera,
invocan la vulneración, por errónea interpretación, del artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil. En referencia a la causal quinta, manifiestan que la sentencia
impugnada carece de motivación, porque viola: el artículo 76.7.l) de la Constitución; el
3
artículo 274 del Código de Procedimiento Civil; y, el artículo 130.4 del Código Orgánico de
la Función Judicial.
4.- CONSIDERACIONES DEL RECURSO DE CASACIÓN
El recurso de casación es extraordinario y formalista, esto significa que solamente
procede en casos excepcionales debidamente delimitados por la ley; y, debe cumplir,
además, con ciertos elementos formales para su procedencia. Su finalidad consiste en
amparar el cumplimiento del derecho objetivo o el ordenamiento jurídico en general,
respetar los preceptos constitucionales y legales, lo que incluye el deber jurídico de
unificar la jurisprudencia, en pro de brindar seguridad jurídica a orden del interés público.
Cabe aclarar que cada norma jurídica que menciona como vulnerada el casacionista,
requiere de su parte la fundamentación debida en la que se determina el por qué se
realiza tal afirmación, pues de lo contrario, el Tribunal de Casación no podrá conocer el
motivo que ha llevado al recurrente a proponer la impugnación de la sentencia de
apelación, omisión que no se puede corregir de oficio, debido a las limitaciones que el
principio dispositivo, y la misma naturaleza formalista y cerrada del presente recurso, le
imponen al juzgador que lo resuelve; así, bien puede el casacionista mencionar cuantas
normas jurídicas quiera en el escrito de su recurso, pero debe estar advertido de que las
únicas que se tomarán en cuenta al resolver, serán aquellas sobre las que exista
fundamento, expresado por su parte, acerca de su vulneración.
El artículo 3 de la Ley de Casación, tipifica cinco causales o motivos legalmente
determinados, para que el impugnante pueda fundamentar el recurso de casación; la
primera y tercera implican errores in iudicando por defectos de juicio; la segunda, cuarta y
quinta contienen errores in procedendo, por vicios de procedimiento. La técnica jurídica,
recomienda el estudio de las causales impugnadas, partiendo por las que contienen
errores in procedendo, para continuar con las contentivas de errores in iudicando, siendo
el orden pertinente el siguiente: en primer lugar la causal segunda, a continuación la
quinta y la cuarta, para proseguir con la tercera y concluir con la primera, por considerar
que éste es el orden lógico que debe aplicar el juzgador al momento de resolver el
proceso.
4
4.1.- Fundamentos y resolución del recurso en análisis con base a la causal quinta.-
El vicio que la causal quinta imputa al fallo, es cuando la sentencia o auto no contuvieren
los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones
contradictorias o incompatibles. En referencia a la causal que se examina, la Primera Sala
de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia se pronunció:
Esta causal señala dos vicios del fallo que pueden dar lugar a que sea casado: a) que la resolución
impugnada no contenga los requisitos que exige la ley; son omisiones que la afectan en cuanto acto
escrito, o sea a su estructura formal, como el que se omita la identificación de las personas a quienes
el fallo se refiere, o la enunciación de las pretensiones, o la motivación en los hechos y en el derecho
(que habitualmente se consignan en los "considerandos"), o la parte resolutiva, o el lugar, la fecha y
la firma de quien la expide; y, b) que en la parte dispositiva se adopten disposiciones contradictorias
o incompatibles…1.
4.1.1.- Los casacionistas consideran que la sentencia que impugnan incurre en el primer
vicio, por cuanto alegan que al haber establecido el vínculo laboral entre los litigantes, ha
existido una falta de motivación, y que por tanto, se ha violado el artículo 76.7.l) de la
Constitución, en concordancia con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, y el
artículo 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues, de manera expresa
dicen:
b).- Esta falta de MOTIVACIÓN en derecho, hace que el auto impugnado brille en subjetividades a tal
forma que para sustentarlas, incluso se recurre a apreciaciones injuridicas, como la de valorar una
pregunta “clave”; El nivel cultural bajo del actor, y por ULTIMO EL NO haberlo incluido en el ACTA
DE FINIQUITO suscrita entre el señor VICENTE VARGAS y el papá del actor al señor ARMANDO
ELIAS GONZALES (sic).
La MOTIVACIÓN de una sentencia o AUTO DEFINITIVO debe ser completo para lo cual tiene que
abarcar tanto los hechos como el derecho, cosa que no aparece en el Auto impugnado, respecto del
derecho, que carece el AUTO, pues la SALA debió describir, citar, justificar su razonamiento y
conclusiones subsumiéndolo o encasillando a la norma legal respectiva, es decir, cual fue la norma
que le permitió arribar a las conclusiones a que arribó; Si el auto carece de motivación, es un auto
defectuoso, imperfecto y viola la Constitución y la ley procesal.
4.1.2.- Para resolver el cargo expuesto supra, este Tribunal considera indispensable
establecer que para motivar la sentencia en los hechos, el juez debe demostrarlos; para
fundamentarla en derecho, debe describirlos para luego encuadrarlos en la norma
1 Gaceta Judicial No. 13. Año 2003. Serie 17.
5
jurídica. En este sentido, el artículo 76.7.l) de la Constitución de la República, alegada por
el casacionista, dispone:
Art.76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho…
En concordancia con la norma citada, el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil
dispone: “En las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que fueren
materia de la resolución, fundándose en la ley y en los méritos del proceso; a falta de ley,
en precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia universal”. El
artículo 275 ibídem establece: “Los decretos, autos y sentencias expresarán con claridad
lo que se manda o resuelve; y en ningún caso se hará uso de frases obscuras o
indeterminadas como ocurra a quien corresponda, venga en forma, como se pide, etc.”.
Finalmente, el artículo 276 del mismo cuerpo legal dispone: “En las sentencias y en los
autos que decidan algún incidente o resuelvan sobre la acción principal, se expresará el
asunto que va a decidirse y los fundamentos o motivos de la decisión…”. Todas estas
disposiciones legales recogen lo que, según la doctrina, constituyen las exigencias del
contenido de la motivación de la sentencia.
Ahora bien, revisada la sentencia objeto del presente recurso con los cargos planteados
por los recurrentes, este Tribunal indica que en un primer momento, para establecer la
relación laboral (objetada por los casacionistas), en el numeral cuarto de la sentencia
impugnada, el ad quem resolvió que “Para justificar la existencia del contrato individual de
trabajo y las consecuentes relaciones laborales, el actor del juicio ha solicitado que
depongan EPIFANIO AGRIPINO ADRIAN ORTEGA Y HUGO PALACIOS ALCIVAR,
quienes efectivamente comparecieron a la audiencia de práctica de pruebas, habiendo
respondido afirmativamente a la pregunta clave sobre si es cierto que sabe que Armando
Gonzáles Acosta ha laborado en los predios La Miranda y San Isidro, esto es sobre la
existencia de las relaciones laborales entre las partes en contienda; y, que les consta, al
primero debido a que pasaba todos los días para ir a sus labores por el predio donde
6
laboraba González y, respecto del segundo, porque sostiene que también laboró para los
demandados”. A esto, el tribunal ad quem agrega “…consta a fojas 30 y 31 la denuncia
que formulo el demandante, con otros trabajadores, sobre el reclamo que han formulado
ante el Inspector de Trabajo del Guayas, y la citación que este extendió para que
comparezcan a su oficina de trabajo, sin que los demandados hayan respondido por
escrito tal reclamación, lo cual se une al indicio en contra al no contestar la demanda.
Súmese a lo dicho que aparece a fojas 38 del expediente, la certificación otorgada por el
Registrador de la Propiedad del Cantón Daule, por la que hace saber que parte de la
hacienda San Isidro es de Propiedad de Enrique Varga Alvarado, quien según el
documento de fojas 11 ha fallecido el 2 de septiembre del 2006.”
En virtud de lo transcrito supra, el tribunal de instancia llegó a determinar que entre los
litigantes existió una relación laboral conforme a lo establecido en el artículo 8 del Código
de Trabajo, sin que incurra en falta de motivación como expresan los casacionistas en su
escrito; más aún, tomando en cuenta que se han valorado los medios de prueba
aportados e incorporados al proceso, y con ellos se han determinado los supuestos
fácticos con base a los cuales se llegó a establecer tal vínculo de trabajo conforme a la
Ley que regula la materia. Por lo dicho, no procede casar la sentencia bajo la causal en
estudio.
4.2.- Fundamentos y resolución del recurso en análisis con base a la causal
tercera.- El profesor Santiago Andrade Ubidia, al referirse a esta causal expresa:
La causal tercera recoge la llamada en la doctrina violación indirecta, que permite casar el fallo
cuando el mismo incurre en error al inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en forma errónea
las normas relativas a la valoración de la prueba, cuando ello ha conducido a una equivocada
aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en el fallo impugnado; el recurrente en su
fundamentación deberá demostrar el error de derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia,
ya que nuestro sistema no admite la alegación de error de hecho, en la valoración de la prueba como
causal de casación, ya que pertenece al llamado sistema de casación puro (...)2.
Para que prospere el recurso por este motivo, se debe cumplir con cada una de las
siguientes exigencias: a) Identificar el medio de prueba en el que, a su juicio, se ha
infringido la norma o normas de derecho que regulan la valoración de esa prueba; b)
Identificar la norma o normas de derecho que regulan la valoración de la prueba, que
2 ANDRADE UBIDIA Santiago, La Casación Civil en el Ecuador, Quito, 2005, Pág. 150
7
estima ha sido transgredida; c) Demostrar, con razonamientos de lógica jurídica
completos, concretos y exactos, en qué consiste la transgresión de la norma o normas de
derecho que regulan la valoración de la prueba; y, d) Identificar las normas sustantivas o
materiales que en la parte resolutiva de la sentencia han sido equivocadamente aplicadas
o no han sido aplicadas, por carambola o en forma indirecta, por la transgresión de los
preceptos jurídicos que rigen la valoración de la prueba.
4.2.1.- Con fundamento a la causal tercera, los recurrentes dicen que en la sentencia
impugnada ha existido errónea interpretación del artículo 115 del Código de Trabajo,
debido a que:
La Sala forma un criterio en el Auto impugnado, por suposición y por preterición, ya que de la
simple lectura de las tablas procesales, es esta establece en forma irrefutable que no está
comprobado conforme a derecho la relación laboral entre el actor y los recurrentes, por cuanto de la
prueba testimonial rendida por los testigos del actor, al responder las preguntas formuladas,
respondieron que Jhon Vargas NO administró la Hacienda San Isidro, y que no le consta que
haya sido despedido, y que quien trabajó en la Hda San Isidro fue el papá del actor;
Y por otro lado, el actor al rendir el juramento deferido, confirma lo dicho por los testigos, al afirmar
enfáticamente <que NO recuerda ni la fecha que ingresó a laborar, ni la fecha que salió> ; Y con
el ACTA DE FINIQUITO de fecha 19 de Enero del 2001, firmada entre el señor VICENTE VARGAS
ALVARADO (propietario de la Hda San Isidro) y el papá del actor, quedó demostrado en forma
irrebatible, que quien trabajó en la Hda SAN ISIDRO fue el papá del actor y NO el actor, por lo
que resultó también falso que el actor “haya firmado algún documento” como lo afirmó en la
demanda.
En primer lugar, es necesario el despejar el cargo que hace el recurrente, apoyado en el
artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; sobre él, se debe advertir que en
reiteradas ocasiones se ha dicho que:
… no puede servir de fundamento para el recurso de casación la antedicha disposición, porque lejos
de contener preceptos sobre apreciación de la prueba, faculta a los Tribunales para apreciarla
conforme a las reglas de la crítica racional. Las reglas de la sana crítica no se hallan consignadas en
ningún precepto legal concreto y taxativo que haya podido citarse como infringido y, por lo tanto, tal
expresión no obliga a la Sala de instancia a seguir un criterio determinado3.
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Primera Sala de lo Civil y Mercantil. Sentencia que pone fin a los
recurso de casación signados con los números: 129-2001 (Villamagua Vs. Villamagua) y 68-199 (Consejo
Gubernativo de la Diócesis de Tulcán Vs. Morillo & Pozo).
8
Por otra parte, si bien los recurrentes mencionan los medios de prueba (testimonios,
juramento deferido, y acta de finiquito), en ningún momento llegan a identificar la
norma o normas de derecho que regulan la valoración de dichas pruebas, que
estiman han sido transgredidas, requisito indispensable cuando se analiza un recurso
de casación que se ha interpuesto con base a la causal tercera, por cuanto la esencia
de dicha causal es fundamentalmente cuando se ha malinterpretado los textos legales
que regulan la admisibilidad, pertinencia y eficacia de los medios probatorios; así
como también, cuando se le ha negado a un medio de prueba el valor que la ley le
otorga, o se le ha atribuido el que ésta niega. En correlación con lo manifestado, en
reiterada jurisprudencia se ha establecido que: “La apreciación o valoración de la
prueba es una atribución soberana o autónoma de los jueces o tribunales de
instancia. El tribunal de casación carece de atribuciones para hacer una nueva
valoración o apreciación de los medios de prueba incorporados al proceso. Su
atribución jurisdiccional está limitada a fiscalizar que en la valoración de la prueba
realizada por el tribunal de instancia no se hayan infringido las normas de derecho
que regulan la valoración de la prueba…”4.
No obstante lo manifestado, este Tribunal considera pertinente indicar: a) En
referencia a los testimonios utilizados por el ad quem para establecer el vínculo
laboral, el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil dispone “Los jueces y
tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos
conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la razón que éstos hayan
dado de sus dichos y las circunstancias que en ellos concurran”, adicionalmente, en la
sentencia impugnada no se ordenó el pago por concepto de despido intempestivo, por
lo que lo afirmado por los casacionistas al decir que a los testigos no les constó dicho
hecho resulta irrelevante; b) Respecto al juramento deferido, no es cierto lo que
afirman los recurrentes, al manifestar que “…el actor al rendir el juramento deferido,
confirma lo dicho por los testigos, al afirmar enfáticamente <que NO recuerda ni la fecha
que ingresó a laborar, ni la fecha que salió>”, pues el accionante dijo que ingresó a
prestar sus servicios en enero del año 1996, y que su relación laboral terminó en
4 Gaceta Judicial No. 2, Serie 17, de fecha 09 de septiembre de 1999.
9
diciembre del 2006; y, c) El acta de finiquito a la que aluden los casacionistas, que
expresan fue “…firmada entre el señor VICENTE VARGAS ALVARADO (propietario de la
Hda San Isidro) y el papá del actor, [con lo que] quedó demostrado en forma
irrebatible, que quien trabajó en la Hda SAN ISIDRO fue el papá del actor y NO el
actor…”, no fue tomada como prueba para establecer el vínculo laboral entre los
litigantes. Bajo el análisis realizado, los cargos no prosperan.
4.3.- Fundamentos y resolución del recurso en análisis con base a la causal
primera.- Lo que siempre se debe tener en cuenta cuando se analiza la causal
primera, del artículo 3 de la Ley de Casación, es que ella solo contiene las llamada
violaciones directas al ordenamiento jurídico, y ello, pues solo se refiere a la falta de
aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de las normas sustantivas, las
cuales son utilizadas para subsumir los hechos que el juzgador tiene como probados,
a los supuestos fácticos que ellas contienen, con la finalidad de obtener una
consecuencia jurídica apta para resolver la causa. Por lo dicho, queda claro entonces
que está excluido del análisis, cualquier intento de cambiar los hechos que el juzgador
ad quem ha considerado como ciertos, tras haber efectuado la debida valoración
probatoria.
4.3.1.- Con fundamento a la causal primera, quienes interponen el recurso consideran
que en la sentencia impugnada ha existido errónea interpretación del artículo 113 del
Código de Procedimiento Civil, relacionado con el artículo 18 numerales 1 y 2 del
Código Civil, de manera expresa exponen lo siguiente:
En el auto que impugno en este recurso en este Recurso de Casación, se hace una interpretación
errónea de la referida norma legal, Veamos que dice la Sala;
“QUINTO; Establecida la relación laboral, corresponde a los demandados por el principio de
inversión de la prueba que trae el inciso tercero del Art. 113 del Código de Procedimiento Civil,
justificar que pagaron las prestaciones sociales reclamadas por el demandante en los literales c) d), y
f), prueba que no aparece del proceso por lo que están obligados a hacerlo con los intereses y
recargos establecidos en la Ley”. (Las negrillas y subrayado es nuestro).
Como se observa la Sala, ejerce una opresión en contra de los recurrentes, cuando por el resultado
del proceso, sin necesidad de prueba, se ve claramente que la interpretación que hace la SALA no
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puede sostenerse con la norma que invoca, por lo que se evidencia una errónea interpretación de la
citada norma, y por ende una injusticia notoria.
Ahora bien, la norma que los recurrentes consideran erróneamente interpretada de
manera expresa dispone:
Art. 113.- Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y
que ha negado el reo.
El demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido simple o
absolutamente negativa.
El reo deberá probar su negativa, si contiene afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el
derecho o la calidad de la cosa litigada.
En primer lugar, se indica a los casacionistas que la norma que consideran infringida
es de naturaleza procesal, y justamente la causal que se analiza contiene las
llamadas violaciones directas al ordenamiento jurídico, pues únicamente se refiere a
la falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de normas
sustantivas; por lo que, el estudio de la supuesta infracción a la norma que se invoca
en el escrito de casación no corresponde a la esencia de la causal primera. En
relación con lo manifestado se ha pronunciado Devis Echandía, señalando “Las
reglas sobre la carga de la prueba son un sustituto de la prueba que no se llevó al
proceso y le indican al juez cómo debe fallar en tal situación; por ello creemos en su
naturaleza procesal, conclusión que no se modifica por la circunstancia de que a un
mismo tiempo influyan en la conducta de las partes, porque esto ocurre también con
otras normas de indiscutible carácter procesal”5.
Sin embargo de lo expuesto, este Tribunal cree oportuno señalar que tomando en
cuenta que en el considerando quinto de la sentencia impugnada ha quedado
“Establecida la relación laboral…”; bien ha hecho el juzgador al disponer que en virtud
de ello le correspondía a los empleadores “…justificar que pagaron las prestaciones
sociales reclamadas por el demandante en las letras c) [componentes salariales], d)
5 DEVIS ECHANDÍA Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Editorial TEMIS, Tercera Edición,
Bogotá, 2006, Pág. 471.
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[décimo tercera remuneración], e) [ vacaciones] , y f) [décimo cuarta remuneración],
prueba que no aparece del proceso, por lo que están obligados a hacerlo…”. Pues, si
bien dentro de las normas que rigen la carga de la prueba, en especial en el artículo
114 del Código de Procedimiento Civil, que determina “Cada parte está obligada a
probar los hechos que alega…”; existen derechos o beneficios de índole laboral que
para su reconocimiento únicamente necesitan que se demuestre el vínculo de trabajo
y el tiempo que se ha prestado tal servicio, como ha sucedido en el presente caso; y
que al no haberse justificado con los roles de pago respectivos, es procedente
ordenar su pago como en efecto lo hace el Tribunal ad quem. Adicionalmente, se
debe tomar en cuenta que es justamente la parte empleadora quien por su ubicación
en la relación laboral se encuentra en mejores condiciones de suministrar la prueba
correspondiente al cumplimiento de los beneficios sociales reconocidos en el Código
del Trabajo.
5.-RESOLUCIÓN:
Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de la Sala Especializada
Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada el
23 de julio del 2008, a las 11h29, por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la ex Corte Provincial de Justicia del Guayas, actual Corte Provincial
de Justicia del Guayas.- Notifíquese y devuélvase.- Dra. Gladys Terán Sierra JUEZA
NACIONAL PONENTE Dra. Paulina Aguirre Suárez Dr. Wilson Merino Sánchez JUECES
NACIONALES Certifico: Dr. Oswaldo Almeida Bermeo SECRETARIO RELATOR
RAZÓN: En esta fecha y a partir de las dieciséis horas se notifica la sentencia que
antecede al demandada VARGAS RONQUILLO JOHN Y OTROS en la casilla judicial
No. 3209 del Ab. Nelson Pita Cordero, no se notifica al actor GONZALEZ ACOSTA
ARMANDO ELIAS por no señalar casilla judicial en esta ciudad. Quito, 24 de septiembre
de 2014 Dr. Oswaldo Almeida Bermeo SECRETARIO RELATOR
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RECURSO No. 114-2011
JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO.-
Quito, a 11 de marzo de 2013. Las 11H25.----------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución
No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y,
por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por
el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el señor José
Washington Tapia Medranda, por sus propios y personales derechos, mediante
escrito de 03 de marzo de 2011, interpone recurso de casación en contra de la
sentencia dictada el 15 de febrero de 2011, por la Sala Única del Tribunal Distrital
de lo Fiscal N° 4 con sede en la ciudad de Portoviejo y del auto resolutivo que
niega el pedido de ampliación y aclaración de la sentencia de 24 de febrero de
2011, dentro del juicio de impugnación N° 113-2005 seguido en contra del Director
General y del Director Regional Manabí del Servicio de Rentas Internas. El
Tribunal de instancia concede el recurso mediante auto de 18 de marzo de 2011.
Subidos los autos para su aprobación o rechazo esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia lo admite a trámite
mediante providencia de 21 de abril del mismo año, y pone en conocimiento de
las partes para que se de cumplimiento a lo que establece el Art. 13 de la Ley de
Casación. La Administración Tributaria lo ha contestado mediante escrito de 29
de abril de 2011. Siendo el estado de la causa el de dictar sentencia para hacerlo
se considera:--------------------------------------------------------------------------------------------
1
PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en
conformidad con el Art. 184 numeral 1 de la Constitución vigente, en concordancia
con el Art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación y numeral 1, parte II del Art.
185 del Código Orgánico de la Función Judicial. ---------------------------------------------
SEGUNDO.- El señor José Washington Tapia Medranda fundamenta su recurso
(fs. 3806 a 3817) en las causales primera y cuarta del Art. 3 de la Ley de
Casación, sostiene que el Tribunal Juzgador al momento de dictar sentencia
infringió los artículos 68, 92, 144 y 273 del Código Tributario, Arts. 16 y 24 de la
Ley de Régimen Tributario Interno, Arts. 11 numerales 3, 5, 6 y 8, 42, 75, 76
numerales 1 y 7 literales a) b) c) e i), 82, 172 y 426 de la Constitución de la
República del Ecuador. Se fundamenta en base a la causal primera porque,
según manifiesta, el Tribunal Juzgador ni en la sentencia ni en el auto que niega
su pedido de ampliación y aclaración, se ha pronunciado sobre el principal punto
controvertido de la litis que es la validez del Acta Definitiva de Determinación
Tributaria N° RMA-ATIADDT2005-00009 correspondiente al Impuesto a la Renta
del período fiscal 2002 notificada el 1 de febrero de 2005, por cuanto en la
demanda propuesta se impugna la ilegalidad de la intempestiva providencia N°
917012005RREV000396, que decidió negar el recurso de revisión y confirmar la
referida Acta de Determinación, incumpliendo incluso su obligación de administrar
justicia según lo dispuesto en el Art. 172 de la Constitución de la República del
Ecuador, y pese a que le dio oportunidad de rectificarse con su petición de
ampliación, fue negado inmotivadamente violándose el Art. 76 numeral 7 literal l)
de la Constitución. Que el acto de determinación es grotesco y arbitrario, pues
señala que por su actividad de transporte y alquiler de maquinarias, tuvo una
ganancia del 75,63% en relación con los ingresos brutos derivados de los
2
contratos con el Estado, pues el Acta dice que la base imponible o utilidad en el
año 2002 asciende a USD $ 588.170,87 cuando los ingresos brutos fueron de
USD $ 778.077,69 que esto atenta contra la equidad tributaria y el principio de
proporcionalidad y capacidad contributiva, pues no se toma en cuenta ningún
gasto, costo, descuento y deducción previstos en el Art. 16 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, sin embargo el Tribunal nunca se pronunció sobre este punto,
pues lo considera “inoficioso”, violando su derecho al debido proceso. En cuanto a
la aludida “falta de aplicación del Art. 144 del Código Tributario”, en casos
similares se dispuso que sea instruido un sumario dentro del recurso de revisión,
para aportar pruebas de descargo que deslegitiman la determinación directa,
evidenciándose que debió aplicarse una presuntiva, para lo cual trascribe varias
normas constitucionales como los Arts. 11, 76, 75, 424 y 426, que la sentencia
recurrida y el auto resolutivo recurrido, no se pronuncian sobre el punto principal
de la litis y que peregrinamente confirma una providencia de recurso de revisión
que violando el debido proceso fue emitida intempestivamente por la máxima
autoridad tributaria. Sobre la “falta de aplicación de los Arts. 24 de la Ley de
Régimen Tributario Interno (actual 23) y del 92 del Código Tributario, que se
produce cuando el Tribunal no se pronuncia “por inoficioso” sobre la validez del
Acta de Determinación que impugna y más si se considera que establece una
base imponible del 76% de los ingresos brutos, por ello reclama airadamente que
se le aplique la determinación presuntiva que era lo pertinente, pues su
declaración del impuesto a la renta del 2002 lo presentó el 8 de marzo de 2003, ya
que la determinación se basa en que no pudo demostrar documentadamente los
gastos; luego de referir lo que es la facultad determinadora, pide que en su caso,
se aplique la justa medida, sin violar los principios de la tributación, pues las
normas tributarias no tienen tintes confiscatorios, que ha sido el funcionario del
3
Servicio de Rentas Internas que viola la actividad reglada que debe primar en todo
funcionario y juez jurisdiccional. Trae a colación casos similares mencionados por
el Dr. Luis Toscano sobre la concepción de la equidad tributaria.- Por lo expuesto
solicita a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia case la sentencia recurrida y en su lugar dicte la que
corresponda en derecho.-----------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- La Administración Tributaria en su escrito de contestación al recurso
(fs. 4 a 6 del cuadernillo de casación) manifiesta que, el recurrente olvida que la
pretensión en torno a la cual gira su acción contencioso tributaria, se refiere a la
Providencia N° 917012005RREV000396 del 11 de agosto de 2005 y no al Acta
Definitiva de Determinación Tributaria N° RMA-ATIADDT2005-00009 del 7 de
enero de 2005. Que si la impugnación materia de la presente causa, fue planteada
en contra de la referida Providencia 396, es lógico que el Tribunal Distrital Fiscal
N° 4 de Portoviejo se haya pronunciado respecto a los puntos en que se centra
dicho acto administrativo. Que el contribuyente debió fundamentar su recurso de
casación usando argumentos que contradigan el criterio de la máxima autoridad
administrativa para declarar improcedente el recurso de revisión, pero en su lugar
el actor alarga el proceso, divagando en asuntos que nada tienen que ver con la
esencia de la sentencia y el acto impugnado. Que el actor si quería que se revise
el Acta Definitiva de Determinación Tributaria N° RMA-ATIADDT2005-00009 de 7
de enero de 2005, debía haber insinuado el recurso de revisión en contra de la
Resolución N° 113012005RREC001252 de 25 de mayo que atendió el reclamo
administrativo formulado en contra de dicho acto; al haber planteado el recurso en
contra del acto determinativo y no de la Resolución que atiende su reclamo, el
contribuyente hizo improcedente la revisión del primero, toda vez que el Art. 143
4
del Código Tributario contempla la facultad extraordinaria que tiene la
Administración Tributaria para revisar sus propios actos, siempre y cuando éstos
hayan adquirido firmeza al tenor del art. 83 del mismo cuerpo legal. Por lo que
Nacional de Justicia deseche el presente recurso de casación interpuesto, por
cuanto la sentencia es totalmente apegada a derecho y resuelve de manera clara
todos los puntos en los cuales se trabó la litis. ------------------------------------------------
CUARTO.- La Sala Juzgadora en su sentencia que el contribuyente pretende se
deje sin efecto, declara la validez de la Providencia N° 917012005RREV000396,
de 11 de agosto de 2005, por cuanto no constituye un acto susceptible de ser
revisado al tenor de lo señalado en el Art. 143 del Código Tributario, pues ante el
acta Definitiva de Determinación Tributaria N° RMA-ATIADDT2005-00009 de 7 de
enero del 2005, correspondiente al impuesto a la renta del año 2002, compareció
dentro de 20 días para presentar un reclamo administrativo, impidiendo con su
accionar que el acto alcanzara firmeza, reclamo que concluyó con la Resolución
N° 113012005RREC001252 que ratificó el contenido del Acta y que fue dictada
por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas de Manabí, notificada el
25 de mayo de 2005; el actor, con evidente error el 14 de julio de 2005 presentó
su insinuación al recurso de revisión en contra del Acta Definitiva de
Determinación Tributaria N° RMA-ATIADDT2005-00009, en lugar de haber
presentado dicho recurso en contra de la Resolución que la confirmó, es decir lo
hizo en contra de un acto que no había alcanzado firmeza, por lo que dicha
resolución ejecutoriada, permanece incólume, y con pleno efecto legal, puesto que
la misma no fue impugnada dentro del término previsto para su impugnación
judicial y con ello su contenido legal.- ------------------------------------------------------------
5
QUINTO.- Dentro de los términos referidos le corresponde a esta Sala
Especializada de la Corte Nacional de Justicia, establecer si la sentencia recurrida,
efectivamente infringió las normas legales en las que el recurrente se ha
fundamentado para proponer su recurso de casación; para lo cual se hacen las
siguientes consideraciones: 5.1. En el numeral 2. de la demanda (fs. 6 de los
autos) el actor impugna expresamente la Providencia N° 917012005RREV000396
del 11 de agosto de 2005, en el que se declara la improcedencia del recurso de
revisión insinuado al contenido del acta Definitiva de Determinación Tributaria N°
RMA-ATIADDT2005-00009 de 7 de enero de 2005; 5.2. El Art. 143 del Código
Orgánico Tributario que regula el recurso de revisión dice:“Causas para la
revisión.- El Director General del Servicio de Rentas Internas, en la
administración tributaria central y los prefectos provinciales y alcaldes, en su caso,
en la administración tributaria seccional y las máximas autoridades de la
administración tributaria de excepción, tienen la potestad facultativa extraordinaria
de iniciar, de oficio o por insinuación debidamente fundamentada de una persona
natural o jurídica, que sea legítima interesada o afectada por los efectos jurídicos
de un acto administrativo firme o resolución ejecutoriada de naturaleza tributaria,
un proceso de revisión de tales actos o resoluciones que adolezcan de errores de
hecho o de derecho, en los siguientes casos….”. Por su parte, el Art. 83 del mismo
Cuerpo legal, define a los actos firmes como: “Son actos administrativos firmes,
aquellos respecto de los cuales no se hubiere presentado reclamo alguno, dentro
del plazo que la ley señala.” (subrayado fuera de texto); 5.3. En el caso concreto,
aparece que el 28 de febrero de 2005, dentro del término que le concede el Art.
110 (actual 115) del Código Tributario, el contribuyente José Washington Tapia
Medranda, formuló un reclamo administrativo tendiente a que se deje sin efecto el
Acta de Determinación levantada en su contra, con lo que, evidentemente no dejó
6
que dicha Acta causara firmeza, debió esperar entonces a que se expidiera la
Resolución que pone término al reclamo y de ella cabía la demanda de
impugnación o el recurso de revisión cuando la resolución se haya ejecutoriado.
5.4. De lo expuesto se concluye, sin dilación, que la Sala Única del Tribunal
Distrital N° 4 de Portoviejo, al declarar improcedente la demanda de impugnación
en contra de la Providencia N° 917012005RREV000396 del 11 de agosto de
2005, actuó con apego a las normas legales que han sido señaladas y transcritas,
por lo mismo no cabe su impugnación. ----------------------------------------------------------
Sin que sea necesario hacer mayores consideraciones, la Sala de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desecha el recurso de
casación interpuesto. Sin costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase. ff)
Señores: Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José
Suing Nagua JUEZ NACIONAL; y, Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ
NACIONAL. Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, SECRETARIA
RELATORA ENCARGADA.
7 |
RECURSO DE CASACIÓN
N° 116-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZA PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR: SR. CARLOS ALEJANDRO DÁVILA CALDERÓN
(RECURRENTE)
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Quito, a 15 de abril de 2013. Las 09h00. -------------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución N° 004-2012
de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución de
Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional
de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es competente para
conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo establecido en los Arts.
184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185, segundo inciso, numeral 1 del
Código Orgánico de la Función Judicial, y 1 de la Ley de Casación.-------------------------------
I. ANTECEDENTES
1.1.- El doctor Fabricio Moreno Serrano, ofreciendo poder del señor Carlos Alejandro
Dávila Calderón, interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 9 de febrero
de 2011, expedida por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3, con sede en la ciudad de
Cuenca, dentro del juicio de Impugnación N° 67-09 -----------------------------------------------
1.2.- El recurrente fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del Art. 3 de
la Ley de Casación. Indica que las normas de derecho que se han infringido son: Art. 76
numerales 1, 4 y 7, literales a, l, h y k y Art. 86, numeral 3 y Art. 173 de la Constitución
de la República, Arts. 5, 19, 31 y 130, numeral 10 del Código Orgánico de la Función
Judicial, Arts. 258, 259, 260, 262 y 270 del Código Orgánico Tributario, Art. 10 de la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 69 del Estatuto de Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva y Art. 20 del Reglamento para la aplicación de la Ley
1/6
de Régimen Tributario y sus reformas. Respecto a la causal primera indica que existe
errónea interpretación del Art. 258 del Código Tributario al de cierta manera darse a
entender que la carga de la prueba, es decir la obligación del actor de probar los hechos
que ha propuesto afirmativamente en la demanda debió haber sido ejecutada, observada o
cumplida antes de que se plantee la demanda. En relación a la causal tercera dice que
existe errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba, contenidos en el Art. 270 del Código Orgánico Tributario, lo cual ha conducido a la
falta de aplicación de Art. 76 numerales 1, 4 y 7, literales a, l, h y k y Art. 86, numeral 3 y
Art. 173 de la Constitución de la República, Arts. 5, 19, 31 y 130, numeral 10 del Código
Orgánico de la Función Judicial, Arts. 259, 260, 262 y 270 del Código Orgánico Tributario,
Art. 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 69 del Estatuto de Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y Art. 20 del Reglamento para la aplicación
de la Ley de Régimen Tributario y sus reformas. Expresa que es evidente que el
esclarecimiento de la verdad constituye el fundamento básico del proceso contencioso
tributario y por lo tanto el hecho de que al momento de haber sido notificado con la
liquidación de pago no se haya impugnado, no significa que el derecho del actor a probar
precluyó, por el contrario, la ley siempre buscando que en el acto administrativo se
respeten los derechos, permite interponer el recurso de revisión para incluso reformar un
acto firme; indica que este criterio también determina la falta de aplicación el Art. 10 de la
Ley de Régimen Tributario Interno y del Art. 20 de su Reglamento que disponen cuales son
las deducciones aplicables al ingreso. Que se debió tomar en cuenta para emitir la
sentencia el informe pericial que ratifica la equivocación cometida en su declaración y
establece con precisión los verdaderos gastos o deducciones que se dieron en sus
actividades del año 2002, informe que no ha sido objetado por las partes. Que la posición
de la Sala Juzgadora al negarse a aceptar la prueba legal, oportuna y debidamente
adecuada por la parte actora conlleva a dejar de aplicar varios de los preceptos jurídicos.---
1.3.- Admitido el recurso de casación, la parte demandada no lo ha contestado. Pedidos
los autos para resolver, se considera.------------------------------------------------------------------
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2/6
2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad
alguna que declarar.--------------------------------------------------------------------------------------
2.2.- Determinación de los problemas jurídicos a resolver: La Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia
impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario determinar lo
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------
A) ¿La sentencia del Tribunal A quo incurre en la causal primera del Art. 3 de la Ley de
Casación al supuestamente existir errónea interpretación del Art. 258 del Código
Tributario, en relación a la carga de la prueba?------------------------------------------------
B) ¿La sentencia del Tribunal A quo incurre en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de
Casación al supuestamente existir errónea interpretación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba, contenidos en el Art. 270 del Código Orgánico
Tributario, lo cual ha conducido a la falta de aplicación de Art. 76 numerales 1, 4 y 7,
literales a, l, h y k y Art. 86, numeral 3 y Art. 173 de la Constitución de la República,
Arts. 5, 19, 31 y 130, numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, Arts.
259, 260, 262 y 270 del Código Orgánico Tributario, Art. 10 de la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno, Art. 69 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo
de la Función Ejecutiva y Art. 20 del Reglamento para la aplicación de la Ley de
Régimen Tributario y sus reformas.?------------------------------------------------------------
III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
3.1.- En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que
tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho
sustanciales como procesales dentro de la sentencia o auto del inferior, teniendo como
impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en
varios fallos de la Sala.-----------------------------------------------------------------------------------
3.2.- Esta Sala Especializada, respecto al primer problema jurídico planteado formula la
siguiente consideración: A) En cuanto al primer problema jurídico planteado, es importante
3/6
mencionar que el Art. 3 de la Ley de Casación establece: “1ra. Aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes
jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su
parte dispositiva” ; es importante señalar también que: “La causal primera del artículo 3
contiene la llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes
jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante en su
parte resolutiva. Sobre el tema la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: Se trata de
la llamada transgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella no cabe
consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base que es correcta la
apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios de prueba incorporados al
proceso, por lo que corresponde al Tribunal de Casación examinar a base de los hechos
considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de aplicación, aplicación indebida
o errónea interpretación de los artículos citados por el recurrente”. (La Casación Civil en el
Ecuador, Doctor Santiago Andrade Ubidia, páginas 181, Fondo Editorial Andrade y
Asociados). A.1) Hay que recordar en la causal primera se parte de hechos probados, es
decir que no cabe una nueva consideración de los mismos, ya que los medios de prueba
fueron analizados y apreciados por el Tribunal A quo; en definitiva lo que persigue la
causal primera, es examinar la aplicación indebida de las normas sobre dichos hechos.
A.2) Para continuar el análisis, esta Sala observa que respecto a la falta de aplicación del
Art. 258 del Código Tributario esta norma no puede ser alegada en función de la causal
primera ya que esta Sala considera que contiene el precepto jurídico que es aplicable a la
valoración de la prueba, y que debió ser analizada y fundamentada jurídicamente respecto
a la causal tercera; adicionalmente esta Sala advierte que lo que pretende el recurrente es
que se realice una nueva valoración de la prueba, aspecto que le está prohibido analizar en
Casación; por lo expuesto respecto a la norma invocada esta la Sala no se pronunciará al
respecto. B) En cuanto al segundo problema jurídico planteado en relación a la causal
tercera esta Sala manifiesta que la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación,
establece: “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a
una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o
auto”. Esta causal se refiere a lo que la doctrina denomina violación indirecta de la norma
sustantiva y contempla varias situaciones jurídicas que no pueden darse simultáneamente
4/6
y que deben ser individualizadas para su pertinente demostración en cada caso. La
aplicación indebida es la atribución equivocada de una disposición legal o precepto jurídico
a un alcance que no tiene; la falta de aplicación es la omisión que realiza el juzgador en la
utilización de las normas o preceptos jurídicos que debían aplicarse a una situación
concreta, conduciendo a un error grave en la decisión final; mientras que la errónea
interpretación, consiste en la falta que incurre el juzgador al dar desacertadamente a la
norma o precepto jurídico aplicado, un alcance mayor o menor o distinto, que el descrito
por el legislador. Se analiza, que en aplicación de cualquiera de estas situaciones, en lo que
respecta a la causal invocada, es necesario cumplir con las siguientes condiciones
recurrentes establecidas en la doctrina y jurisprudencia: 1.- Identificación en forma precisa
del medio de prueba que a su juicio ha sido erróneamente valorado en la sentencia; 2.-
Establecimiento con precisión de la norma procesal sobre valoración de prueba que ha sido
violada; 3.- Demostración con lógica jurídica en qué forma ha sido violada la norma sobre
valoración del medio de prueba respectivo; y, 4) Identificación de la norma sustantiva o
material que ha sido aplicada erróneamente o que no ha sido aplicada a consecuencia del
yerro en la valoración probatoria. Luego de realizar el análisis del recurso planteado por el
recurrente se concluye que no se ha cumplido la condición N° 2, puesto que el recurrente
en su fundamentación menciona, antecedentes y realiza únicamente citas textuales de las
normas jurídicas, incluso relacionándolas con la actuación de la Administración, que en el
presente caso no podría aplicarse, ya que con el recurso de casación se ataca a la
sentencia; esta situación descrita se la puede observar a foja 161 del proceso. Sin embargo
de que el recurso carece de la debida fundamentación jurídica por parte del recurrente,
que permita a la Sala evidenciar que efectivamente ha existido errónea interpretación y
falta de aplicación de las normas alegadas, esta Sala deduce que en el fallo emitido por los
señores Jueces del Tribunal de Instancia, se hizo prevalecer los derechos de las partes, se
resolvió sobre los puntos sobre los cuales se trabó la litis y existe una apreciación de las
pruebas en su conjunto de acuerdo a la sana crítica, para que en mérito de todas las
piezas procesales emitan su fallo, determinando que en la sustanciación del juicio se han
respetado y cumplido las garantías del debido proceso. Por las consideraciones expuestas,
esta Sala indica que razonablemente no se configura la causal tercera del Art. 3 de la Ley
de Casación, al no existir la debida fundamentación jurídica que evidencie que se configuró
la errónea interpretación y falta de aplicación de la normativa, vacío que no es posible que
5/6
lo supla el juez de casación y por lo tanto esta Sala Especializada no emitirá su
pronunciamiento al respecto.----------------------------------------------------------------------------
IV.- DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANODEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: ----------------------------------------------
SENTENCIA
Se Rechaza el recurso interpuesto. Notifíquese, devuélvase y publíquese. ff) Dra. Maritza
Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA, Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL;
y, Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ NACIONAL. Certifico: f) Dra. CARMEN DAVILA
YEPEZ, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
6/6 |
CORTE NACIONALDE
JUSTICIA
Dr. Wilson Merino Sánchez
SALA DE LO LABORAL
JUEZ DE LA CORTE N4flQN,~{. DE JUSTICiA
Juicio 116-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-
Quito, 12 de septiembre de 2014; las 14h30.
Vistos.- En el juicio de procedimiento oral seguido por el ciudadano Ángel
Wilfrido Viteri Cevallos, en contra de FIL.ANBANCO S.A., en Liquidación, y en la
persona de su liquidador y representante legal, lng. Alfonso Nieves Benítez, por
sus propios derechos y los que representa de Filanbanco S.A., en liquidación; la
parte accionada interpone recurso de Casación oportunamente, mismo que ha
sido admitido a trámite en auto con fecha 16 de agosto de 2011, a las 10h30, por
la Ex Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia; encontrándose
la causa en estado de resolución, se exponen las siguientes consideraciones:
PRIMERO: NORMAS DE DERECHO INFRINGIDAS.
Las normas de derecho que considera infringidas el recurrente son las
contenidas en los siguientes cuerpos legales; articulo 35 numerales 3, 4, y 5 de la
Constitución Política del Ecuador; artículos 4 y 6 del Código del Trabajo; artículos
9, 1461, 1483 y 1698 del Código Civil; y el artículo 176 del Código de
Procedimiento Civil. Fundamenta el recurso amparado en la causal tercera del
artículo 3 de la Ley de Casación.
SEGUNDO.- JURISDICCIÓN,COMPETENCIA Y VALIDEZ PROCESAL.-
Este tribunal es competente para conocer y resolver el recurso de casación
en razón de que el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, mediante
Resolución No. 004-2012, de 25 de enero del 2012, designó como juezas y jueces
a quienes en la actualidad conformamos la Corte Nacional de Justicia, cuya
posesión se cumplió el 26 de enero del mismo año; y dado que el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia mediante Resolución 03-2013, en sesión de 22 de julio
del 2013 en la que resolvió reformar las Resoluciones Nos. 01 -201 2, 04-2012 y
10-2012 en lo relativo a la integración de las Salas Especializadas de la Corte
Nacional de Justicia, del modo que consta en la indicada Resolución; por lo que,
CORTE NACIONAL DE
.s_,.
JUEZ DE LA CORTE NACiONAL DE JUSTICIA
en nuestra calidad de Jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte
Nacional de Justicia, avocamos conocimiento de la presente causa, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República;184 y 191.1
del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 1 de la Ley de Casación,
artículo 613 del Código del Trabajo y el sorteo realizado cuya razón obra de autos
(fs. 9 del cuaderno de casación). Corresponde su conocimiento al Doctor Wilson
Merino Sánchez, en calidad de Juez Nacional Ponente, Doctoras Gladys Terán
Sierra y Paulina Aguirre Suárez, como Juezas Nacionales, integrantes de este
tribunal.
TERCERO.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RECURSO DE
CASACIÓN.-
Es un Recurso extraordinario, que implica la posibilidad de extinguir
trascendentes actos jurisdiccionales como lo son las sentencias, provenientes, por
lo general, de un tribunal superior, las cuales están protegidas por presunciones
de acierto y legalidad, el ejercicio de la casación está, de un lado, restringido,
pues no todas las sentencias son susceptibles del mismo, y, de otro, sometido a
estrictas previsiones y requisitos legales y jurisprudenciales. En este contexto, la
Sala reitera que la demanda de casación debe avenirse al rigor técnicoque su
planteamiento y demostración exigen, acatando las reglas legales y desarrollos
jurisprudenciale~ fijados para su procedencia, pues un acto procesal de esta
naturaleza y categoría está sometido en su formulación a una técnica lógico
lurídica especial y rigurosa, que, al incumplirse, conduce a que el recurso
extraordinario resulte inestimable, imposibilitando el estudio de fondo de los
cargos. Ha de insistirse tambiénen que éstemedio extraordinario de impugnación
no constituye una tercera instancia, y por ende, no le otorga competencia a la
Corte para juzgar el pleito con el objeto de resolver a cuál de los litigantes le
asiste la razón, puesto que la labor de la Corte Nacional de Justicia, siempre que
el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el
objeto de establecer si el juez de apelaciones, al proferirla, vulneró o no la ley
sustancial de alcance nacional que estaba obligado a aplicar para rectamente
dirimir el conflicto o vía indirecta. Esta actividad jurisdiccional confiada al más alto
CORTENACIONAL DE
JUSTICL&
S4~LA DE W LABORAL Dr. VUison Merino Sánchez
1W LA ÇOR]1:~ \.•XQR)NAI, DL ItATICES
Tribunal de la Justicia Ordinaria, que en el ejercicio del control de
constitucionalidad y legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho
objetivo en aras de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta el
estado constitucional de derechos y justicia; la igualdad de los ciudadanos ante la
ley, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de
precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. En
este contexto el Dr. Manuel de la Plaza cuando se refiere al concepto y fines de la
casación considera que: el Estado necesitaba de un órgano que en su calidad
“...
de Juez supremo, colocado en la cima de las organizaciones judiciales,
mantuviese su cohesión, su disciplina y hasta su independencia; pero entonces,
como ahora, precisaba también, como garantía positiva de certidumbre jurídica,
que ante el evento, más que posible, de la multiplicidad de interpretaciones, un
órgano singularmente capacitado para esa función, imprimiese una dirección
únicaa la interpretación de las normasjurídicas, cualesquiera que fuese su rango;
cuidase de evitar que no se aplicasen o fuesen indebidamente aplicadas, y
procurase, al par, que a pretexto de interpretarlas, no se desnaturalizase por
error, su alcance y sentido, de tal modo, que, en el fondo, y por uno u otro
concepto, quedasen infringidas El Dr. Santiago Andrade Ubidia, al definir la
~.
Casación y el Estado de Derecho, entre otros aspectos, manifiesta: “La función de
la Casación es constituir el vehículo a travésdel cual el Estado, por intermedio de
su Corte Suprema de Justicia, realiza el control de la actividad de los jueces y
tribunales de instancia en su labor jurisdiccional, velando porque los mismos se
encuadren en el ordenamiento jurídico. Labor de naturaleza fundamentalmente
pública
‘2
CUARTO.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LA
IMPUGNACIÓN PRESENTADA.-
Es obligación de este Tribunal de Casación, emitir su fallo e indicar
aquellas razones justificativas que han llevado a la decisión plasmada en él,
enunciar las normas o principios jurídicos en que se funda, y la pertinencia de su
‘La Casación Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944, pp. 10 y 11.
La Casación Civil en el Ecuador, Andrade yAsociados, Fondo Especial, Quito, 2005, p. 17.
2
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DE LO LABORAL ~)r \~i.c1 RrhIo
JUEZ DE LA (OkT[.~ N.•\C EAEI)B.UIt S11C~.\
aplicación a los antecedentes de hecho; pues así lo ordena el artículo 76.7.1 de la
Constitución de la República que dispone: “Las resoluciones de los poderes
públicosdeberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente
motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán
sancionados”
Consecuentemente, los actos administrativos, resoluciones o fallos que no
se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Se ha dicho que
los jueces deben tener presente que las decisiones judiciales siempre cuenten
con una adecuada y estricta motivación razonable; el juez motiva la sentencia y
exterioriza sus razonamientos basado en el principio lógico de razón suficiente
que indica que hay siempre una razón por la cual alguien hace lo que hace, que
de esta forma se evitan arbitrariedades y se permite a las partes usar
adecuadamente el derecho de la impugnación contra la sentencia para los efectos
de la segunda instancia, planteándole al superior razones legales y jurídicas que
desvirtúanlos errores que condujeron al juez a su decisión porque la resolución
de toda sentencia es el resultado de las razones o motivaciones que en ella
explican.
Al ser el recurso de casación extraordinario, discrecional, reglado y
taxativo, debe ser analizado en este sentido, el mismo no constituye una tercera
instancia, sino una impugnación a la sentencia dictada por la autoridad judicial, las
causales sobre las que se fundamente deben ser estudiadas de manera lógica,
analizando en primer lugar aquellas que contienen vicios in procedendo, para
continuar con el estudio de las causales que contienen vicios in iudicando, ya que
si prospera alguna de las primeras, resulta innecesario el estudio de las
siguientes.
En el presente caso el recurrente ampara su acusación mediante la causal
tercera, del artículo 3 de la Ley de Casación, procede esta alegación cuando de la
sentencia reprochada el juez de casación advierte “Aplicación indebida, falta de
o —
CORTENACIONALDE
SALA DE LO LA8OR/~L ~),fl ~ y M~.erhio Sánclytr.
DE LE (E)RTF E:ACIONAE DE .STf~
aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada
aplicación o la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto... que
‘~
dicta el ad quem; es por ello que la doctrina ¡a llama “violación indirecta de la
norma” Para ello, la doctrina y la jurisprudencia se pronuncia respecto que el
recurso propuesto debe estar guiado por los siguientes presupuestos básicos que
configuran la causa: 1) Identificar el medio de prueba en el que, a sujuicio, se ha
infringido la norma o normas de derecho que regulan la valoración de esa prueba;
2) Identificar la norma o normas de derecho que regulan la valoración de la
prueba que estima ha sido transgredida; 3) Demostrar con razonamientos de
lógica jurídica completos, correctos y exactos, en que consiste la transgresión de
la norma o normas de derecho que regulan la valoración de la prueba; y 4)
Identificar las normas sustantivas o materiales que en la parte resolutiva de la
sentencia han sido equivocadamente aplicadas o no han sido aplicadas, por
carambola o en forma indirecta, por la transgresión de los preceptos jurídicos que
rigen la valoración de la prueba.
~°.
Una vez que se ha confrontado el recurso de casación interpuesto en
contra de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, es deber de
este tribunal, examinar las normas que considera infringidas el recurrente y
determinar si existe o no la violación impugnada. Cabe indicar al recurrente que la
valoración de la prueba es una atribución exclusiva de los jueces de instancia, por
lo que este Tribunal de Casación, se centrara en verificar si la valoración
adoptada por el Tribunal Ad quem, no trasgredió los preceptos jurídicos que
regulan la valoración probatoria.
Entrando en el análisis, tenemos que la inconformidad del recurrente
discurre, en alegar que al existir renuncia de derechos del trabajador en el
convenio de Fondo Global que se firmó entre el actor y Filanbanco en Liquidación
S.A., (fs. 31 a 32 del primer cuaderno de instancia), esto implicaría la nulidad del
convenio, y consecuentemente el acto sería nulo, es decir, que no tendría ningún
Andrade Ubidia Santiago, Ob. Cit., p. 155
•~%-‘* JUSTICIA
SALA DE LO LABORAL Dr. Wikon ~1~DO Si~nchej
~J~/ DF DDflT: \.AC1ON.\I.. DF JtSTiC~.\
valor o efecto, y textualmente dice: “En otras palabras, si la Sala invocó como
sustento de su sentencia la nulidad del convenio del pago del fondo globaiÇ y así
lo declaró con fundamento en la renuncia de derechos alegada, el únicoefecto de
dicha nulidad debió ser la invalidez del convenio” Y acusa que sin embargo el
Tribunal Ad quem, dispuso y realizó la reliquidación del monto global de
pensiones jubilares.
Sobre estos parámetros es necesario advertir al casacionista, que la Ley
para la Promoción y Participación Ciudadana, expedida mediante Decreto
Legislativo No. 690, R.O.S. No. 144 de 18 de agosto de 2000, en su artículo 189,
reformó al artículo 219 actual 216 del Código del Trabajo, e hizo posible que se
entregare por una sola vez, el fondo global por concepto de pensión jubilar, esto
que imperativamente debe calcularse de forma fundamentada, cubriendo en su
totalidad las pensiones jubilares mensuales y remuneraciones adicionales que la
ley determina, con el únicofin de que sea el trabajador el que administre este
capital por su cuenta. En la especie, el convenio fue celebrado por las partes el 12
de diciembre de 2002, ante el Inspector del Trabajo (fs. 31 a 32 del primer
cuaderno de instancia), hecho que estuvo sustentado en la regla tercera inciso
tercero del artículo 216 del Código del Trabajo, de esta manera se ejecutó la
transacción licita entre las partes. Sobre esto es necesario destacar que en los
antecedentes del Acuerdo Entrega de Fondo Global, consta que Filanbanco en
Liquidación, asumió la obligación mensual de pago de pensiones jubilares
patronales y que por lo tanto el señor Ángel Viteri Cevallos, venía percibiendo la
cantidad de USD. $20.00 dólares en concepto de jubilación patronal. El trabajador
solicito a su ex empleador la entrega de un fondo global de jubilación, a lo cual
Filanbanco en liquidación accedió, consideración que se desarrollara más
adelante.
Con relación a la impugnación del artículo 35 numerales 3, 4, 5 de la
Constitución Política del Ecuador, vigente a la fecha en la que se suscribió el
convenio (actual 326 numerales 2 y 11 de la Constitución de la República),
señalaban: “3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos
4
St\LA DE LO L~E-ORAL Dr, \ki.ison Mt~Hno Sán.chez
EL Df (‘~()f~~ff ~oLA!. !!ZJUSTI(IA
.‘~
por los trabajadores, y adoptará las medidas para ampliación y mejoramiento. 4.
Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que
implique su renuncia, disminución o alteración... 5. Será válida la transacción en
materia labora4 siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante
autoridad administrativa o juez competente” De la citada norma podemos
entender que la transacción en materia laboral será válida siempre que no afecte
el principio de irrenunciabilidad de derechos, sobre este tema El Dr. Julio Cesar
Trujillo dice: “La alteración de los derechos establecidos en la Ley, que en este
caso se prohíbe, es la que perjudique al trabajador, y no la que le favorece;
puesto que solo así guarda armonía este principio con los antes enunciados de
indubio pro operario y del Derecho del Trabajo como derecho de los mínimos...
Entonces el acuerdo transaccional no puede por ningúnconcepto violentar este
principio de irrenunciabilidad de derechos que se encuentra contenido
exclusivamente en el Derecho Laboral. Ya que existiendo concesiones reciprocas,
esto no implica que el empleador, se limite a pagar rubros de procedencia legal o
que devengan del acuerdo entre las partes, sino los que las leyes de la materia
ordenan. Sobre esto, cabe decir, como la transacción es bilateral no significa
“.. .
sacrificar gratuitamente ningún derecho... Así lo ha reconocido los fallos de
triple reiteración dictados por este máximo organismo de justicia ordinaria.
En ciernes, el tribunal de alzada consideró que en el cálculo que se
encuentra detallado en el Acuerdo para la Entrega del Fondo Global de jubilación
patronal, existió renuncia de derechos, violentando de esta manera normas
legales y constitucionales consignadas en este fallo ut supra, por lo que
compartiendo el criterio de los jueces de instancia, que en el Considerando Cuarto
establecen que: “De otro lado del documento en estudio se señala con claridad
que el accionante laboró para la demandada desde el 25 de octubre de 1956
hasta el 3 de febrero de 1995~ es decir, 42 años y 4 meses; y una vez realizado el
cálculo conforme las normas establecidas en el artículo 216 del Código del
Trabajo, considerando para eio el respectivo rubro por fondos de reserva y
Dr. Julio CesarTrujillo, Derecho del Trabajo, Quality Print, Quito- Ecuador. Pág. 47
AméricoPla Rodriguez, Los Principios del Derecho del Trabajo, Tercera edición,Argentina, Depalma 1998,
pág. 154.
t
~ JUSTICIA
~ ~Rc>i c~w ~ nct L
Jt1~7. CORTE TAU1UNAI. OF LS~[K1.x
coeficiente de jubilación determinado en el artículo 218 Ibídem, se obtiene una
significativa diferencia entre lo que percibió el actor y lo que legalmente le
correspondía percibir, siendo procedente ordenar el pago de aquellos rubros”: Por
lo citado los jueces de instancia dispusieron el pago e imputación de lo percibido
en el acuerdo de entrega del Fondo Global, sin que esto implique de forma alguna
que la transacción suscrita por los litigantes deba ser declarada nula, conforme es
la principal impugnación del casacionista, pues no se discutió en el proceso, si
existió falta de capacidad de los otorgantes de ese instrumento, o simulación,
fraude, inexistencia material jurídica del objeto o vicios de la voluntad (error,
fuerza o dolo), para que haya fundamento en la pretensión de declarar la nulidad
del acuerdo en análisis; observándose además la improcedencia de tal pretensión
por el principio de revocación de los actos propios, que menciona que nadie
puede aprovecharse de su propio dolo, siendo la razón por la que el tribunal de
alzada, decidió imputar a lo pagado por el accionado; el valor que le corresponde
de conformidad al cálculo debidamente fundamentado.
Es indispensable dar a conocer al recurrente, que en el juicio de
procedimiento oral laboral, es en la audiencia preliminar de conciliación y
contestación a la demanda donde se traba la litis, de conformidad a la disposición
contenida en el artículo 576 del Código del Trabajo. Aclarando que el recurso de
casación no puede fundamentarse en aspectos extraños a la litis, puesto que
constituyen cuestiones nuevas, lo que resulta improcedente. Pues así lo
menciona la jurisprudencia, misma que comparte este tribunal: “El recurso
extraordinario se refiere al de Casación, en cuanto censura una actividad in
iudicando, no puede rebasar los límites en que se ejercit6; y tal ocurriría s4
extemporáneamente, se resolviese tesis distinta de la que en la instancia, por
determinación voluntaria de las partes, sometieron éstasal juzgador. No puede
resolverse en casación las cuestiones que por primera vez se plantean ante el
Tribunal Supremo; las suscitadas por primera vez en el recurso, no pueden
decidirse en el mismo y menos si no fueron planteadas en el período de discusión
escrita; concluyendo que, en casación, no pueden ser alegadas disposiciones que
Oa~t
‘7.0
— ‘
Dr. Wllson Merino Sánchez
SALADE L0I.ABORAL
JUEZ DE LA COREE NACIONAl. DE .JUS[ICI ~
no lo fueron durante el debate”6. Por lo que la impugnación al amparo de la causal
tercera del artículo 3 de la Ley de Casación no prospera. En virtud de los
elementos facticos y jurídicos expuestos, este Tribunal de la Sala Especializada
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,no casa la sentencia
dictada por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, de fecha 23 de diciembre
de 2009, a las 14h02. Tómese n cuenta para el cálculo de los intereses lo
dispuesto en el artículo 6 4 de Código del Trabajo. NOTIFIQUESE Y
DEVUÉLVASE.
~Ia~sdTa’lán Sierra Dra. Paul a Aguirre Suárez
Jueh~’acional Juez Nacional
Certifico.-
Dr. O Bermeo
~, -
Scretario
GacetaJudicial. Año O. ~7,~JXVll. No. 3. Pág. 666(Quito, 18deabrilde 2000).
6
R A Z O N:- En esta fecha a partir de las dieciséishoras, notifico la sentencia que
antecede, al actor ANGEL WILFRIDO VITERI CEVALLOS en el correo electrónico
argudoabogados@hotmail.com; al demandado FILANBANCO S.A. EN LIQUIDACION
en la casilla judicial 1576; al BANCO CENTRAL DEL ECUADOR en la casilla judicial
1646; y, al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1200.-
CERTIFICO.- Quito, 15 de septiembre de 2014
/
Dr. ~ á1~’.~Im~hIa Bermeo
SE ETARIO RELATOR |
CORTENAC1ONALDE
JUSTICIA
LUn DE ED LABORAL Dr. Wflson flno Sánchez
T~/. DF FA (TDflT \*\Ci(LN:Ai. t~çe~”
Juicio No. 117-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-
Quito. noviembre 24 de 2014; las 08h11/
VISTOS: En el juicio de procedimiento oral seguido por el ciudadano Elías
Domingo Gordillo Arévalo, en contra de FILANBANCO EN LIQUIDACIÓN, se
tiene que la parte actora propone recurso de casación a la sentencia dictada por
la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en
virtud de lo cual se admite a trámite la presente causa, con fecha 12 de Abril de
2011 a las 09h35, encontrándose así en estado de resolver, por lo cual se
exponen las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y VALIDEZ PROCESAL.
Este tribunal es competente para conocer y resolver el recurso de casación
en razón de que el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, mediante
Resolución No. 004-2012, de 25 de enero del 2012, designó como juezas yjueces
a quienes en la actualidad conformamos la Corte Nacional de Justicia, cuya
posesión se cumplió el 26 de enero del mismo año; y dado que el Pleno de la
Corte Nacional de Justicja mediante Resolución 03-2013, en sesión de 22 de julio
del 2013 resolvió reformar las Resoluciones Nos. 01-2012, 04-2012 y 10-2012 en
lo relativo a la integración de las Salas Especializadas de la Corte Nacional de
Justicia, del modo que consta en la indicada Resolución; por lo que, en nuestra
calidad de Jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de
Justicia, avocamos conocimiento de la presente causa, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 184.1 de la Constitución de la República;184 y 191.1 deI Código
CORTEN’\CIONALDE
1
-~
Orgánico de la Función Judicial, artículo 1 de la Ley de Casación, artículo 613 del
Código del Trabajo y el sorteo realizado, cuya razón obra de autos (fs. 4 del
cuaderno de casación) Corresponde su conocimiento a los Doctores Jorge Blum
Carcelén, Paulina Aguirre Suárez y Wilson Merino Sánchez, en calidad de Juez
Ponente en la presente causa.
SEGUNDO.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO.
El recurrente fundamenta el recurso en la causal primera del artículo 3 de
la Ley de Casación, y considera que en el fallo recurndo se han infringido las
siguientes normas de derecho, artículos 4, 7 y 216 del Código de Trabajo; articulo
11 y 18 numeral primero del Código Civil; articulo 325 numerales 2 y 11 de la
Constitución de la Republica del año 1998 y artículo 19 de la ley de Casación.
TERCERO.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RECURSO DE
CASACIÓN.
Es un recurso extraordinario, que implica la posibilidad de extinguir
trascendentes actos jurisdiccionales como lo son las sentencias, provenientes, por
lo general, de un tribunal superior, las cuales están protegidas por presunciones
de acierto y legalidad, el ejercicio de la casación está, de un lado, restnngido,
pues no todas las sentencias son susceptibles del mismo y, de otro, sometido a
estrictas previsiones y requisitos legales y jurisprudenciales. En este contexto, la
Sala reitera que la demanda de casación debe avenirse al rigor técnicoque su
planteamiento y demostración exigen, acatando las reglas legales y desarrollo
jurisprudencial, fijados para su procedencia, pues un acto procesal de esta
naturaleza y categoría está sometido en su formulación a una técnicalógico
jurídica especial y rigurosa, que, al incumplirse, conduce a que el recurso
extraordinano resulte inestimable, imposibilitando el estudio de fondo de los
cargos. Ha de insistirse tambiénen que éstemedio extraordinario de impugnación
no constituye una tercera instancia, y por ende, no le otorga competencia a la
Corte para juzgar el pleito con el objeto de resolver a cuál de los litigantes le
odio &
CORTE NACIONALDE
Sr~L~ DE L.D EAE~RDL fl~ ~j~t~:~ S~ndwi.
i_i~~.: ~E .\~. U:CL\
.:
asiste la razón, puesto que la labor de la Corte Nacional de Justicia, siempre que
el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el
objeto de establecer si el juez de apelaciones, al proferirla, vulneró o no la ley
sustancial de alcance nacional que estaba obligado a aplicar en forma proba y
correcta, en virtud de sus funciones (para rectamente dirimir el conflicto o vía
indirecta). Por tanto, esta actividad jurisdiccional confiada al más alto Tribunal de
Justicia Ordinaria, en ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, lo que
busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en aras de la seguridad
jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta el Estado constitucional de
derechos y justicia; la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la
unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes
jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. En este contexto el
Dr. Manuel de la Plaza cuando se refiere al concepto y fines de la casación
considera que: “el Estado necesitaba de un órgano que en su calidad de Juez
supremo, colocado en la cima de las organizaciones judiciales, mantuviese su
cohesión, su disciplina y hasta su independencia; pero entonces, como ahora,
precisaba también, como garantía positiva de certidumbre jurídica, que ante el
evento, más que posible, de la multiplicidad de interpretaciones, un órgano
singularmente capacitado para esa función, imprimiese una dirección únicaa la
interpretación de las normas jurídicas, cualesquiera que fuese su rango; cuidase
de evitar que no se aplicasen o fuesen indebidamente aplicadas, y procurase, al
par, que a pretexto de interpretarlas, no se desnaturalizase por error, su alcance y
sentido, de tal modo, que, en el fondo, y por uno u otro concepto, quedasen
infringidas”1. El Dr. Santiago Andrade Ubidia, al definir la Casación y el Estado de
Derecho, entre otros aspectos, manifiesta: “La función de la Casación es construir
el vehículo a travésdel cual el Estado, por intermedio de su Corte Suprema de
Justicia, realiza el control de la actividad de losjueces y tribunales de instancia en
su labor jurisdiccionaí, velando porque los mismos se encuadren en el
ordenamientojurídico. Labor de naturaleza fundamentalmente pública”2.
‘La Casación Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrjd, 1944, PP. 10 y 11.
La Casación Civil en el Ecuador. ~idrade yAsociados, Fondo Especial, Quito, 2005, p. 17.
2
CORTENACIONAL DE
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CUARTO.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LA
IMPUGNACIÓN PRESENTADA.-
Antes de dilucidar la impugnación objeto del presente recurso, es necesario
para este Tribunal, señalar la importancia de la motivación en los fallos dictados.
Así pues, el artículo 76.7.1 de la Constitución de la República, dispone: “Las
resoluciones de los poderes públicosdeberán ser motivadas. No habrá motivación
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se
funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.
Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores
responsables serán sancionados”
Luis Cueva Carrión al referirse a este aspecto sostiene que: “La motivación
no debe ser ropaje formal reducido a la exposición puramente narrativa de
circunstancias unilaterales y hábilmente seleccionadas, callando la crítica que la
defensa de las partes realice o las que el conjunto de las otras pruebas la
contrapongan, sino el examen ponderado, crítico exhaustivo de todos los
elementos de donde debe brotar el juicio3. Cualquier decisión judicial que se
expida violando los principios de la debida motivación carecerían de congruencia
y, por lo tanto, serían consideradas arbitrarias.
Entrando en el análisis, que corresponde a esta causa, es necesario
analizar la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero publicada en el
Registro Oficial 250 de 23 de enero del 2001, en su artículo 153, que dice:
“Resuelta la liquidación forzosa de una institución del sistema financiero, no
podrán iniciarse procedimientos judiciales ni administrativos contra dicha
institución financiera, no podrán decretarse embargos ni gravámenes ni dictarse
otras medidas precautelatorias sobre sus bienes, ni seguirse procedimientos de
ejecución de sentencias en razón de fallosjudiciales o administrativos, a causa de
obilgaciones contraídas con anterioridad a la fecha en que se resolvió liquidar a
Cueva Carrión L. Eldebido Proceso, Editorial Impreseñal CA., 2001, p. 181
-
CORTENACIONALDE
SALA DE- LO LABORAL Dr, WAson IDIIE;iO ~in.chei~
!::~:.7 LE ....\ CO•t•fl N.A( ~L~L~~.•Si. LE J.tEl ~.ci
esa institución financiera y mientras tal situación continúeen vigor, excepto las
hipotecas constituidas por la institución financiera a favor de terceros, las que se
regirán por el artículo 2405 del Código Civil”. Esta misma normativa, fue
considerada inconstitucional por el fondo4, y al respecto la Corte Constitucional
manifestó: “Que, el artículo 153 de la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero es inconstitucional porque viola el número 17 del artículo 24 de la
Constitución Política del Estado, que dice: “Todo persona tendrá derecho a
acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y
expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguna quede en la
indefensión; de lo que se desprende que toda persona que considere que tiene
derecho en un asunto especifico está garantizado por el Estado para ejercer su
reclamo en la administración de justicia para que el juez o tribunal
correspondiente decida si le asiste o no la razón en su demanda; y, contrario al
ordenamiento jurídico constitucional, el artículo materia de esta resolución
imposibilita, como ya se mencionó, que en un momento determinado un sin
númerode personas puedan ejercer su derecho a reclamar” Por lo tanto, del
citado tallo se desprende que desde el 22 de noviembre del 2002, cabe presentar
demandas que para el caso son de índole laboral hasta el 30 de diciembre del
2008; pues el 31 de diciembre de 2008 mediante Registro Oficial No. 498, se
publica la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, que en su artículo
3, agrega un innumerado a continuación del artículo 151 de la Ley General de
Instituciones Financieras, que señala: “Resuelta la liquidación forzosa de una institución
del Sistema Financiero, no podrá iniciarse procedimientosjudiciales ni administrativos contra dicha
institución financiera, ni decretarse embargos, gravámenes, ni dictarse otras medidas
precautelatorias sobre sus bienes, ni seguirse procedimientos de ejecución de sentencias en razón
de fallosjudiciales o adminístrativos, a causa de las obligaciones contraídas con anterioridad a la
fecha en la que se resolvió liquidar a esa institución financiera y mientras tal situación continúeen
vigor, excepto las hipotecas constituidasporla institución financiera a favorde terceros, las que se
regirán por el artículo 2381 del Código Civil’~ En el caso in examine, la demanda fue
presentada 21 de febrero de 2006, a las 8h38, consecuentemente la presente
causa puede ser analizada en virtud de lo establecido anteriormente.
Resolución del Tribunal Constitucional No. 2, Registro Oficial 710 de 22 de noviembre de 2002.
S1~L1~ DE LO LADORAL flr•, VVi~;sijJ~ i~:L~~Ht4O S&~ncI.i~et
~JE V* E (W:FF: EN;..~ErO* EL:(i~~A
Una vez que se ha confrontado el recurso de casación con el fallo, y la
normativa vigente a la fecha de terminación de la relación laboral. Se tiene que el
punto principal de inconformidad del recurrente se contrae en los siguientes
términos: Que existe perjuicio en la entrega del fondo global de jubilación
patronal, alegando que existe .renuncia de derechos con el sencillo cálculo que
“. .
de las pensionesjubilares que debía percibir desde que culminó la relación laboral
hasta la actualidad’~
El recurrente en el memorial de su recurso manifiesta que Tos jueces Ad
quem, al expedir la sentencia recurrida vulneraron la causal primera del artículo 3
de la Ley de Casación, la misma que contiene la llamada violación directa de la
ley sustantiva o de los precedentes jurisprudenciales obligatorios. La Primera Sala
de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre
este aspecto, lo cual comparte este Tribunal, sosteniendo que: “Se trata de la
llamada trasgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella no cabe
consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base, que es correcta
la apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios probatorios
incorporados alproceso, por lo que corresponde al tribunal de casación examinar,
a base de los hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de
aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados por
el recurrente” En este mismo sentido, el doctor Santiago Andrade Ubídia, ha
manifestado que. “En la causal primera, se imputa alfa/lo de hallarse incurso en errores de
violación directa de la norma sustantiva, porque no sean subsumido adecuadamente los
elementos facticos que han sido probados y se hallan admitidos por las partes, dentro de la
hipótesis normativa correspondiente, sea porque se ha aplicado una norma jurídica que no
corresponde o porque no se ha aplicado la que corresponde o porque, finalmente, se ha realizado
una errónea interpretación de la norma de derecho sustantivo”5
Entonces el recurrente deberá exponer las razones por las cuales afirma
por ejemplo, que hubo aplicación indebida de una norma de derecho y cuál era la
disposición que debió aplicarse, o en que consiste la errónea interpretación de
una norma determinada y cuál era la correcta interpretación de la misma, o si
Santiago Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador, Quito- Ecuador, Pág. 181
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alega falta de aplicación, debe señalarse cuál es la norma que considera ha sido
inaplicada, es decir, cual es la norma de derecho sustantivo en la que hubiere
infringido la sentencia objeto del recurso. Entonces, para que se configure el
recurso de casación por esta causal debe cumplir con los siguientes
presupuestos:
1. Cuando el juzgador deja de aplicar el caso controvertido, normas
sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrían
determinado que la decisión sea distinta a la acogida.
2. Cuando el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un
supuesto factico diferente del hipotético contemplado en ella. Incurre de
esta manera en un error consistente en la equivocada relación del precepto
con el caso controvertido.
3. Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenéuticaal interpretar la
norma, atribuyéndoleun sentido y alcance que no lo tiene.
En la especie luego de dilucidar los parámetros de análisis de esta causa,
es necesario establecer que la Ley para la Promoción y Participación Ciudadana,
expedida mediante Decreto Legislativo No. 690, RO.S. No. 144 de 18 de agosto
de 2000, en el artículo 189 (que reformó al artículo 219 —actual 216- del Código
del Trabajo), hizo posible que se entregare por una sola vez, el fondo global por
concepto de pensión jubilar, esto que imperativamente debe calcularse de forma
fundamentada, cubriendo en su totalidad las pensiones jubilares mensuales y
remuneraciones adicionales que la ley determina, con el únicofin de que sea el
trabajador el que administre este capital por su cuenta. De las piezas procesales
se desprende que a fojas 41 vta., consta el Acuerdo de Fondo Global, mismo que
se encuentra suscrito ante el Inspector del Trabajo, hecho que estuvo sustentado
en la regla tercera inciso tercero del artículo 216 del Código del Trabajo, de esta
manera se ejecutó la transacción licita entre las partes. Sobre esto es necesario
destacar que en los antecedentes del Acuerdo Entrega de Fondo Global, consta
que Filanbanco en Liquidación, asumió la obligación mensual de pago de
~ensiones jubilares patronales y que por lo tanto el señor Elías Domingo Gordillo
~ E O ‘FO’ FO
E
4)ES~’S1,~JEOxE,
Arévalo, venía percibiendo la cantidad de US. $25.28 dólares en concepto de
jubilación patronal mensual; sin embargo al encontrarse Filanbanco en proceso de
liquidación, solicitó la entrega del Fondo Global de jubilación, circunstancia que
fue admitida por el ex empleador. Ahora bien, el artículo 326.2 y 11 de la
Constitución de la República,señalan:
“El trabajo se sustente en los siguientes principios... 2. Los derechos de los trabajadores
son irrenunciables. Sera nula toda estipulación en contrario. II. Será válida la transacción
en materia laboral, siempre que no implique renuncie de derechos y se celebre ante
autoridad administrativa ojuez competente’:
De la citada norma podemos entender que la transacción en materia
laboral será válida siempre que no afecte el principio de irrenunciabilidad de
derechos, sobre este tema El Dr. Julio Cesar Trujillo dice: “La alteración de los
derechos establecidos en la Ley, que en este caso seprohibe, es la que perjudique al trabajador, y
no la que le favorece; puesto que solo así guarda armonía este principio con los antes enunciados
de indubio pro operario y del Derecho del Trabajo como derecho de los mínimos... Entonces
~
el acuerdo transaccional no puede por ningúnconcepto violentar este principio de
irrenunciabilidad de derechos que se encuentra contenido exclusivamente en el
Derecho Laboral. Ya que existiendo concesiones reciprocas, esto no implica que
el empleador, se limite a pagar rubros de procedencia legal o que devengan del
acuerdo entre las partes, sino los que las leyes de la materia ordenan. Sobre esto,
cabe decir, como la transacción es bilateral no significa sacrificar gratuitamente
“...
ningúnderecho... Así lo ha reconocido los fallos de triple reiteración dictados
“~.
por este máximo organismo de justicia ordinaria.
Delimitado lo anterior es necesario volver al análisis del Acuerdo de Fondo
Global, (fs. 2 vlt.), del mismo se desprende que se ha reconocido en favor del
trabajador el valor de US. $ 7.565,11 dólares, más del estudio del acuerdo no se
evidencia los parámetros que sirvieron de base para el cálculo, por lo que, este
Tribunal con los datos aportados en el convenio y los constantes en la ley, toma
Dr. Julio CesarTrujillo, Derecho del Trabajo, Quality Print, Quito- Ecuador. Pág. 47
6
AméricoPla Rodríguez, Los Principios del Derecho del Trabajo, Tercera edición, Argentina, Depalma 1998,
pág. 154.
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S[~LADE LO LODORLkL O?:jkOID N.loriuo ~
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en consideración para éste:el reconocimiento del pago mensualizado de pensión
jubilar de $25,28 (Acuerdo de Entrega del Fondo Global Cláusula de
Antecedentes), el pago de las pensiones adicionales, y una expectativa de vida de
89 años, y un año más para sus herederos en cumplimiento a lo prescrito en las
disposiciones constantes en los artículos 217 y 218 del Código del Trabajo,
evidenciándose una renuncia de derechos del trabajador, lo que infringe las
disposiciones constantes en el artículo 326 numerales 2 y 11 de la Constitución
de la Repúblicadel Ecuador, por lo que en estricta observancia de la normativa
antes referida y tomando los valores vigentes a la fecha de la suscripción del
“Acuerdo de Fondo Global” desde el 2001 a lo venidero, en vista de que no se
podía calcular a futuro los aumentos que se podían dar con relación al Salario
Mínimo Vital y al Salario Básico Unificado se procede a realizar la liquidación
respectiva debidamente fundamentada:
AÑOS EDAD P.J. ANUAL 13 PENSIÓN 14 PENSIÓN TOTAL
3!
2003 46 25,28 303,36 25,28 35,07 363,71
2 2004 47 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
3 2005 48 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
4 2006 49 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
5 2007 50 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
6 2008 51 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
7 2009 52 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
8 2010 53 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
9 2011 54 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
10 2012 55 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
11 2013 56 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
12 2014 57 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
13 2015 58 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
14 2016 59 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
15 2017 60 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
16 2018 61 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
17 2019 62 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
18 2020 63 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
19 2021 64 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
20 2022 65 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
21 2023 66 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
22 2024 67 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
23 2025 68 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
:~I
S~LP~ DE LO Lt~BORAL 4~: fr~•ç~. i~•~
•fr:7 fr [.•& (f~fr>y:
~*• Al 1)0
24~ 2026 69 25,28 303,361 25,28 121,91 450,55
25 2027 70 25,28 303,36J 25,28 121,91 450,55
26 2028 71 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
27 2029 72 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
28 2030 73 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
29 2031 74 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
30 2032 75 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
31 2033 76 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
32 2034 77 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
33 2035 78 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
34 2036 79 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
35 2037 80 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
36 2038 81 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
37 2039 82 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
38 2040 83 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
39 2041 84 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
40 2042 85 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
41 2043 86 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
42 2044 87 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
43 2045 88 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
44 2046 89 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
45 2047 90 25,28 303,36 25,28 121,91 450,55
20187,91
Una vez determinado que el valor que le correspondía percibir a la
trabajadora por concepto de fondo global de jubilación, era de USD. $20.187,91
dólares, siendo la cantidad entregada mediante Acuerdo de Entrega del Fondo
Global la Cantidad de USD. $7.565,11 dólares. Por lo que existe la diferencia de
USD. $12.622,80. Por lo que este Tribunal colige que el recurso presentado por
el actor con sustento en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación,
por haberse infringido en la sentencia las normas constitucionales y legales que
señala prospera.
En virtud de los elementos facticos y jurídicos expuestos, este Tribunal de
la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓNY LAS LEYES DE LA
ckaz-it
SALA DE LO LABORAL Dr. Wilson Merino Sánchez
JUEZ DE LA (‘ORI’E NAC:IONAL DE JUSTICIA
REPÚBLICA.-casa la sentencia dictdda por la Segunda Sala de lo Laboral de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas, con fecha 29 de julio del 2010, 10h35, por
las razones expuestas en el fallo, y se ordena que FILANBANCO S.A., en
Liquidación, pague al ciudadano ELÍAS DOMINGO GORDILLO ARÉVALO, la
cantidad de US. $12.622,80 dólares. Se dispone que el Juez de Origen, dando
cumplimiento al artículo 614 del Código del Trabajo calcule el pago del interés
legal vigente hasta la fecha de esta sentencia que es la definitiva. Sin costas ni
honorarios que regular.- NOTlFÍ!1S~E Y DEVUÉLVASE.
Isen—Me..
rne hez
‘~
~ Na. ional Po ente
.BlumCa celán, Msc. Dra. Paulina
Nacion .Jueza Nacional
Certific»
RAZON: En esta fecha a partir de las diez y seis horas se notifica la sentencia que antecede
al actor ELIAS DOMINGO GORDILLO AREVALO en la casilla judicial No. 5137 y en el
correo electrónico argudoabogados@hotmail.com del Dr. Eduardo Argudo, al demandado
FILANSANCO EN LIQUIDACION 5. A. en la casilla judicial No. 1576 deI Dr. Juan Carlos
López, al PROCURADOR DEL ESTADO en la casilla judicial No. 1200. Certifico.
Quito, noviembre 24 de 2014.
RÚON:En ciento treinta y cuatro fojas útilesse devolvió de oficio al Secretario
(a) Relator (a) de la Sala de lo Segunda de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de
la Corte Provincial de Justicia del Guayas las actuaciones de la presente causa,
incluyendo seis fojas de la Ejecutoria Suprema.
Quito mbrel7 e2014.
Dr. . -1’~’o Almeida Berme
Se etano Relator |
134371331-DFE
Juicio No. 1775120110121
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO. Quito, lunes 19 de octubre del 2020, las 13h25. VISTOS: El doctor Edgar
Samaniego Rojas en calidad de rector y representante legal de la Universidad Central del Ecuador
interpone recurso de casación en contra del fallo emitido el 18 de marzo del 2011, las 15h33 por el
Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala que dispuso desestimar la demanda de excepción
presentada por el señor Ingeniero Víctor Hugo Olalla, en su calidad de rector y representante legal de
la Universidad Central del Ecuador y declara la validez del proceso de ejecución No. 010144162VR
al igual que los títulos de crédito emitidos por concepto de impuestos adiciones, impuestos otras
instituciones, gastos administrativos y adoquinados, por lo que, finalmente establece que la
Administración Tributaria continúe con el procedimiento de ejecución y recupere los valores
adeudados y los intereses respectivos.
PRIMERO: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es
competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 184
numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte numeral 1 del Código
Orgánico de la Función Judicial; y, numeral 2 del artículos 201 del Código Orgánico de la Función
Judicial reformado por mandato de la Disposición Reformatoria Segunda número 4 del Código
Orgánico General de Procesos y artículo 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA. El Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala, en
sentencia del 18 de marzo del 2011, las 15h33 dispuso desestimar la demanda de excepciones
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Con fecha 06 de abril del 2011, las 15h12, el
doctor Edgar Samaniego Rojas en calidad de rector y representante legal de la Universidad Central del
Ecuador interpone recurso de casación, mismo que fue admitido en auto de 08 de abril del 2011, las
15h58 en los términos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Casación para ante los Jueces de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, competentes para conocer
y resolver este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN. Mediante auto de admisión de 05 de mayo de 2011 las 11h35, la Sala de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia conformada por los doctores Javier Cordero
Ordoñez, Gustavo Durango Vela y José Suing Nagua, declaró la admisibilidad del recurso de casación
propuesto, admitiendo las causales tercera y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación por el vicio de
falta de aplicación de los artículos 34 y 212 del Código Tributario, 331 de la Ley de Régimen
Municipal, 83 de la Ley Orgánica de Educación Superior y 76 numeral 7) literal l) de la Constitución
de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 273 del Código Tributario.
QUINTO: CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA. Con fecha 08 de
diciembre del 2011, las 09h15, el Tribunal de la Sala Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, en auto de consulta de constitucionalidad de las Disposiciones Cuarta y Décima, de las
“Disposiciones para el cobro eficiente de las acreencias del Estado”, constante en el Decreto Ley de
Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, publicado en el Registro Oficial No.
583 del 24 de noviembre del 2011, consulta de norma que fue acumulada a los casos No. 006011CN
y otros, en la Corte Constitucional del Ecuador, resuelta mediante sentencia No. 6011CN/20 de 06
de febrero del 2020; en cumplimiento a lo dispuesto por los jueces constitucionales, el expediente ha
sido devuelto a la Corte Nacional de Justicia mediante oficio No. 1701CCESGNOT2020 de 06 de
marzo del 2020.
SEXTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO. El Ingeniero Edwin Palma Echeverría, en calidad de
Director Metropolitano Financiero Tributario del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
escrito de 14 de mayo del 2011, las 09h55 solicita rechazar el recurso de casación por improcedente.
SÉPTIMO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR. Mediante sorteo de la causa No. 17751
20110121 (1), realizado el 18 de septiembre de 2020, las 11h48, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores: Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (e), Fernando Antonio Cohn Zurita,
Juez Nacional (e); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, en calidad de ponente. Con la acción de
personal No. 301UATH2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la Unidad
Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia en concordancia con la Resolución
No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se legaliza el
reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional. Mediante Resolución 082020 de 24
de junio de 2020 el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al Dr. José Suing Nagua a la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario. Con acción de personal No 302UATH2020OQ de 22
de junio del 2020 y mediante oficio No. 635SGCNJ, la señora Presidenta de la Corte Nacional de
Justicia llama al doctor Gustavo Durango Vela para que asuma el despacho de la Sala Contencioso
Tributaria en reemplazo de la doctora Ana María Crespo Santos, ocupada temporalmente por la
doctora Mónica Heredia Proaño, hasta que se designe un nuevo titular conforme a la acción de
personal No. 317UATH2020OQ de 01 de julio del 2020. De la misma forma con acción de personal
No. 1278UATH2019OQ, mediante la cual designó al doctor Fernando Antonio Cohn Zurita, en
calidad de Juez Nacional encargado.
OCTAVO: VALIDEZ PROCESAL. No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar, por lo que se declara el proceso
válido.
NOVENO: ERRORES ALEGADOS. El recurrente considera el fallo emitido por el Tribunal
Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala de 18 de marzo del 2011, las 15h33 incurre en las casuales
tercera y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación por el vicio de falta de aplicación de los artículos
34 y 212 del Código Tributario, 331 de la Ley de Régimen Municipal, 83 de la Ley Orgánica de
Educación Superior y 76.7, l) de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el
artículo 273 del Código Tributario.
DÉCIMO: AUTOS PARA RESOLVER. Con fecha 2 de octubre de 2020, las 11h25, la Sala
Especializada emitió autos para resolver la presente causa.
DÉCIMO PRIMERO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS. Las normas que el
recurrente considera infringidas son: a) Constitución de la República del Ecuador: Art. 76, numeral
7 literal l): “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados.” b) Código Tributario: Art. 34:”Exenciones generales.
Dentro de los límites que establezca la ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o
especiales en general están exentos exclusivamente del pago del impuesto, pero no de tasas ni de
contribuciones especiales: 1. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades
de derecho público, las empresas públicas constituidas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas
Públicas y las entidades de derecho privado con finalidad social o pública. (…) 4. Las instituciones y
asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación constituidas legalmente, siempre
que sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta
directamente en ellos.” Art. 212: “Excepciones: Al procedimiento de ejecución de créditos
tributarios sólo podrán oponerse las excepciones siguientes: 1. Incompetencia del funcionario
ejecutor. (…)3. Inexistencia de la obligación por falta de ley que establezca el tributo o por exención
(…) 10. Nulidad de lauto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación del título de
crédito; por quebrantamiento de las normas que rigen su emisión o falta de requisitos legales que
afecten la validez del título de procedimiento.” c) Ley de Régimen Municipal. Art. 331: “Están
exentas al pago de los impuesto a que se refiere el presente capítulo, las siguientes propiedades: (…)
b) Los predios de propiedad del fisco y demás del sector público; (…)” d) Ley Orgánica de
Educación Superior. Art. 83: “Los centros de educación superior públicos y particulares
cofinanciados por el Estado están exentos del pago de toda clase de impuestos y contribuciones
fiscales, municipales, especiales o adicionales, incluyendo las contribución a la Contraloría General
del Estado.”
DÉCIMO SEGUNDO: CONTENIDO DE LAS CAUSALES TERCERA Y QUINTA DEL
ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE CASACIÓN. A. La causal tercera del artículo 3 de la Ley de
Casación se configura por: “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una
equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto.”1 B. La
causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación se configura: “Cuando la sentencia o auto no
contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones
contradictorias o incompatibles.”2
DÉCIMO TERCERO: ALCANCE DOCTRINARIO DE LOS VICIOS ACUSADOS. a) Los
vicios contemplados de la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, la doctrina a esta causal
la identifica como vulneración indirecta, que permite casar el fallo cuando se configura uno de los
vicios antes expuestos, lo que acarrea como consecuencia la equivocada aplicación o la no aplicación
de normas de derecho en la sentencia recurrida. De ahí que no se trata de la posibilidad de denunciar
un error de hecho en la valoración de la prueba, sino de invocar con absoluta precisión cómo fue que
1 Ecuador Registro Oficial 192 de 18 de mayo de 1993. Ley de Casación: artículo 3 numeral 3.
2 Ecuador Registro Oficial 192 de 18 de mayo de 1993. Ley de Casación: artículo 3 numeral 5.
el juez no aplicó, interpretó erróneamente, o en su defecto aplicó indebidamente los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Así pues, la vulneración a la ley sustancial se produce
en forma indirecta cuando el juez, en la labor de juzgamiento como consecuencia de los errores de
apreciación probatoria, incurre en falsos juicios sobre las pruebas, porque infringe la ley probatoria; b)
La causal 5 del artículo 3 de la Ley de Casación, ha sido asumida por la Corte como sustento de la
falta de motivación. Para el doctrinario Ignacio Colmer Hernández, la motivación consiste en una
“(…) operación mental del juez dirigida a determinar si todos los extremos de una decisión son
susceptibles ser incluidos en la redacción de la resolución, por gozar de una adecuada justificación
jurídica.” En este mismo sentido para el dogmático Fernando de la Rúa la motivación de la sentencia
es definida como “(…) el elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste
en el conjunto de razonamientos de hecho y derecho en los cuales el juez apoya su decisión.”
DÉCIMO CUARTO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR EL VICIO ACUSADO. El
recurrente considera que las excepciones planteadas en la demanda contra el proceso coactivo no
fueron analizadas dentro del proceso peor aún en la sentencia, en especial la que se encuentra
enmarcada en el numeral 3 del artículo 212 del Código Tributario, que pese a todos los argumentos
realizados contra el proceso coactivo iniciado por el Municipio de Quito, en el que se ha dejado
establecido la exención contenida en el artículo 83 de la Ley de Educación Superior, la Sala no aplicó
esta disposición legal causando indefensión a la Universidad Central del Ecuador. De la misma
manera deja de aplicar el contenido del artículo 331 de la Ley de Régimen Municipal, pues los
argumentos de los juzgadores se limitan a relatos doctrinales sobre el proceso coactivo, sin analizar
antecedente, prueba o hechos que hayan conducido a negar el recurso presentado por la Universidad
Central del Ecuador.
Aduce la casacionista que la sentencia detalla elementos de validez y eficacia de los actos
administrativos, aborda las garantías del debido proceso, sin embargo no los pone en práctica, no los
aplica o coteja con los puntos sobre los que se trabó la litis, así como son las excepciones planteadas,
violentando el principio de contradicción, por lo que no existe explicación de la adopción de su
resolución, peor aún al no existir ninguna expresión concretas de normas jurídicas aplicables, y
tampoco se alude las excepciones presentadas por la recurrente dentro del proceso de ejecución.
Considera que la sentencia no contiene el requisito de motivación al no confrontar los hechos con el
derecho y la Constitución de la República, por lo que considera que se debe declarar su nulidad.
DÉCIMO QUINTO: ANÁLISIS DE LOS VICIOS ALEGADOS. Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver los problemas jurídicos
planteados, derivados del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en las causales tercera
y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, admitido por la Sala, considera:
15.1. Falta de motivación. i. La Sala procederá a analizar en primer lugar el vicio de falta de
motivación, alegado, con sustento en la causal 5 del artículo 3 de la Ley de Casación, por los efectos
que produciría, de encontrar procedente el mismo; ii. La falta de motivación en las resoluciones de
los poderes públicos está sancionado con la nulidad por el artículo 76.7, l) de la Constitución de la
República, lo que evidencia la trascendencia de su observancia, importancia que ha sido
reiteradamente referida por la Corte Constitucional; iii. Analizada la sentencia, en su extensa
exposición, se advierte que no llega a dilucidar suficientemente el problema en ciernes, pues, el
cuestionamiento central al procedimiento de ejecución coactiva iniciado por el Funcionario Ejecutor
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es la causal 3 del artículo 212 del Código
Tributario: “Inexistencia de la obligación por falta de Ley que establezca el tributo o por exención
legal”; iv. La sentencia, en el considerando NOVENO, desarrolla el punto central de la controversia;
hace relación al alcance de la decisión de los juzgadores, a la prueba, los principios de supremacía
constitucional, y referencias doctrinarias sobre el procedimiento coactivo; de manera tangencial,
refiere a que la Universidad Central no se encuentra exenta del pago de tasas ni de contribuciones
especiales de mejoras, con sustento en los artículos 35 del Código Tributario y 367 y 399 de la Ley
Orgánica de Régimen Tributario; agrega que el actor no ha desvirtuado la presunción de legalidad,
validez o legitimidad, afirma que “Para el caso que nos ocupa, la parte actora lo ha invocado y
probado que el acto impugnado tiene ilegitimidad, por lo que el mismo carece de la presunción de ser
legítimo no estando llamado a cumplirse”; sin embargo, concluye desestimando la demanda de
excepciones y reconoce que el procedimiento de ejecución es válido; v. La evidente contradicción en
los razonamientos, así como la falta de argumentación jurídica respecto a la causal 3 del artículo 212
del Código Tributario expresamente alegada, evidencia la falta de motivación, por lo que es
procedente declarar la nulidad de la decisión cuestionada y así se lo hace.
15.2. Decisión de mérito: La Sala, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 16 de la Ley de
Casación, procede a emitir la sentencia de mérito en base a las siguientes consideraciones: 1. La
Universidad Central del Ecuador, es una persona jurídica de derecho público, dedicada a actividades
de educación superior, tema que no está en discusión; 2. Como tal, al ser una persona jurídica de
derecho público, de educación superior, está exonerada del pago de impuestos, pero no de tasas y
contribuciones especiales, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Código Tributario
(hoy, artículo 35); esto en concordancia con lo preceptuado en el artículo 331 de la Ley de Régimen
Municipal, aplicable y vigente a la fecha del tema en discusión, que también contempla exoneración
de impuestos prediales a las propiedades del fisco y del sector público; 3. Además, el artículo 83 de la
Ley de Educación Superior, también vigente a la fecha de los hechos en controversia, contempla la
exoneración a favor de las entidades de educación superior, de la siguiente manera: “Los centros de
educación superior públicos y particulares cofinanciados por el Estado están exentos del pago de
toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales o adicionales, incluyendo
la contribución a la Contraloría General del Estado.”(El resaltado corresponde a la Sala); 4. Del
marco legal referido queda en evidencia que la Universidad Central del Ecuador, actora en la presente
causa está exenta del pago de impuestos y de contribuciones especiales municipales; ahora bien,
revisado el auto de pago y los títulos de crédito aparejados al mismo, se desprende que los conceptos
por los que se han emitido los títulos de crédito que son el fundamento para el procedimiento de
ejecución coactiva en contra de la Universidad Central del Ecuador son: a) Adicionales del impuesto
predial; b) impuestos otras instituciones; c) Servicios administrativos; y, d) Adoquinado ciudad y
parroquias rurales (fs. 4 a 7 del proceso); 5. Consiguientemente, siendo la Universidad Central un
organismo público, beneficiado de manera expresa de exoneraciones, en los términos en los que se
deja expuesto, es pertinente aceptar la excepción alegada de la causal 3 del artículo 212 del Código
legal”; 6. El único concepto que quedaría obligada a cubrir la entidad actora es la relacionada con la
tasa por “Servicios administrativos”, sin embargo, como estos se producen como consecuencia de la
emisión de los títulos de crédito por valores que no está obligada a cubrir, resulta improcedente su
recaudación y se da de baja por la consideración anotada.
DÉCIMO SEXTO. DECISIÓN. Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, resuelve CASAR la sentencia emitida
por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala, el 18 de marzo de 2011, las 15h33; en
consecuencia se deja sin efecto el procedimiento de ejecución coactiva iniciado en contra de la entidad
actora, en los términos expuestos en el considerando 15.2. Sin costas. Notifíquese, Publíquese y
Devuélvase.
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO |
RECURSO No. 122-2011
JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO.-
Quito, a 11 de marzo de 2013. Las 11h10. ----------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución
No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y,
por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por el
Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, mediante sentencia
dictada el 16 de marzo de 2011, la Sala Única del Tribunal Distrital de lo
Fiscal Nº 3 con sede en Cuenca, acepta la demanda presentada por el
señor Germán Moreno Moreno, en su calidad de Gerente y representante
legal de la compañía INMOBILIARIA Y SERVICIOS INSERLAMERCED C.A., y
declara la nulidad de la Resolución de Clausura No. RAU-INFRCRS11-0001-M
de 07 de febrero de 2011, dictada por el Director Regional Austro del
Servicio de Rentas Internas. Dentro del término concedido en el Art. 5 de la
Ley de Casación, la Dra. Rosa Fajardo Mosquera, Procuradora de la
Administración Tributaria designada por el señor Director Regional Austro
del Servicio de Rentas Internas, presenta un escrito que contiene el
pertinente recurso.- Aceptado que ha sido a trámite por el Tribunal
Juzgador en providencia de 8 de abril de 2011, ha subido en conocimiento
de esta Sala para que confirme o revoque tal aceptación, lo que ha sucedido
en auto de 3 de mayo del mismo año y además, se pone en conocimiento
de las partes para los fines previstos en el Art. 13 de la Ley de Casación. La
1
Empresa actora, dentro de tiempo, ha contestado y señalado casillero donde
recibir notificaciones. Concluida la tramitación de la causa y siendo su
estado el de dictar sentencia, para hacerlo se considera: -----------------------
PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer del presente recurso, en virtud
de lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 184 de la Constitución de la República, en
concordancia con el Art. 1 de la Ley de Casación y el numeral 1, segunda parte del
Art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial.------------------------------------
SEGUNDO.- La Administración Tributaria, en el escrito que contiene su recurso
dice que la causal en la que se fundamenta, es la contemplada en el numeral
primero del Art. 3 de la Ley de Casación, pues en la sentencia recurrida se infringió
las siguientes normas de derecho: Arts. 82, 173, 185, 226 y 428 de la Constitución
de la República del Ecuador, Arts. 1 y 65 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, Arts. 82 y 115 del Código Tributario, Art.
innumerado a continuación del Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado,
Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada
y Art. 19 de la Ley de Casación. Se han infringido precedentes jurisprudenciales
obligatorios, siendo éstos los dictados en los fallos 140-2003 y 144-2003
publicados en el Registro Oficial No. 439 de fecha 11 de octubre de 2004, y 160-
2003 publicado en el Registro Oficial No. 556 de fecha 1 de abril de 2005. En
cuanto a los fundamentos para la interposición del recurso alega que, el Tribunal
en la sentencia recurrida hace una indebida aplicación del Art. 173 de la
Constitución de la Republica del Ecuador puesto que, todo acto administrativo se
puede impugnar tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes
órganos de la Función Judicial, garantía constitucional que no es reciente, no es
ninguna novedad el derecho de impugnar los actos administrativos, de esta
manera se hace una errónea interpretación del Art. 226 de la Constitución de la
2
República del Ecuador, ya que esa es la norma que ha regulado la actividad de la
Administración en relación a sus competencias y facultades, atribuidas en la misma
Constitución y en la Ley. El Tribunal considera en la sentencia que, la
Administración Tributaria no ha motivado la negativa para conceder ampliación de
plazo dentro de un acto de control efectuado a través del requerimiento de
información N° RAU-CDIORIV10-00477; la recurrente no comparte con este
criterio ya que, no existe disposición legal alguna que le faculte a la administración
tributaria a conceder una ampliación del plazo para la presentación de la
información solicitada, por cuanto considera que es un acto de simple
administración, que no requiere la motivación establecida en el numeral 7 literal l)
del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, pues no constituye un
acto administrativo. Menciona que el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3 se ha
manifestado en casos iguales a favor de la Administración Tributaria (juicio 11-09
de 26 de enero de 2010), en el que se resuelve que: “las acciones de impugnación
deben proponerse en contra de los actos determinativos de obligación tributaria”,
lo cual no ocurre en el presente caso, pues sólo una vez que se efectúe la
liquidación por parte de la Administración Tributaria, el contribuyente podrá
ejercitar la respectiva acción de impugnación, no con el simple requerimiento de
información, por lo que considera que, el Tribunal no aplica el Art. 115 del Código
Tributario que se refiere a los reclamantes, ni tampoco el Art. 65 del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva que define al acto
administrativo, Estatuto al que la Sala Juzgadora considera de rango reglamentario
y que ilegítimamente limita los derechos de los ciudadanos, criterio que no
comparte la Administración Tributaria pues en ningún momento ha limitado los
derechos de los ciudadanos, ni ha restringido las garantías constitucionales por lo
que, considera que el Tribunal no ha aplicado el Art. 1 del referido Estatuto, en
concordancia con el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, y ello porque
3
en la formación, extinción y reforma de los actos administrativos emanados de las
instituciones del Estado, se remiten y tienen presente los principios del referido
Estatuto. El recurrente funda también su recurso en que, la sentencia no aplica el
Art. 185 de la Constitución puesto que, no considera el triple fallo reiterativo de la
Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Nacional de Justicia (juicios 140-2003,
144-2003 y 160-2003) que de acuerdo al Art. 19 de la Ley de Casación constituye
precedente jurisprudencial obligatorio. Dice que, en la sentencia recurrida no se
ha aplicado el Art. 428 de la Constitución puesto que si el Tribunal consideraba
que el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva es
contrario a la Constitución, debía haber suspendido la tramitación de la causa y
remitido el expediente en consulta a la Corte Constitucional. Sobre la supuesta
falta de motivación manifiesta que, la Resolución de Clausura se encuentra
debidamente motivada, ya que los fundamentos de hecho tienen pertinencia con
los antecedentes que constan en el expediente y de derecho en el ejercicio de la
facultad sancionadora de la Administración Tributaria prevista en la Disposición
General 7ma. de la Ley para la Reforma de Finanzas Públicas (Ley N° 99-24 de 30
de abril de 1999), que es la que se aplicó legalmente y que consta en la
motivación de la Resolución impugnada, por tanto se cumplió con la garantía
básica establecida en el numeral 7 literal l) del Art. 76 de la Constitución de la
República. Como si fuera poco el Tribunal al dictar la sentencia, dice el recurrente,
no tomó en consideración y por tanto no aplicó lo dispuesto en el Art. Art. 81 del
Código Tributario, que se refiere a la legitimidad y ejecutoriedad de la que gozan
los actos administrativos y por tanto produce efectos jurídicos tanto para el
contribuyente como para la Administración Tributaria. Que por lo expuesto pide se
acepte el recurso planteado y se case la sentencia.---------------------------------------
TERCERO.- Por su parte, el señor Germán Moreno Moreno, en su calidad de
Gerente y representante legal de la compañía INMOBILIARIA Y SERVICIOS
4
INSERLAMERCED C.A. en el escrito de contestación al recurso (fs. 4 del cuadernillo
de casación), en defensa de la sentencia impugnada, manifiesta que, lejos de
aplicar indebidamente las normas referidas en el recurso, la sentencia abunda en
la motivación y en la aplicación de los derechos y garantías establecidas en la
Constitución, recalca que es en base a lo dispuesto en el Art. 173 de la misma es
que recurrió de una resolución inmotivada, siendo éste el oficio N°
101012011OGTR000093, que negaba sin motivación ni fundamentación alguna
una petición expresa respecto a la concesión de más tiempo para presentar una
información que reposaba en los archivos de nuestra base de datos y que no
podían ser entregados, pues el servidor de la Compañía sufrió graves
inconvenientes lo que ocasionó la imposibilidad de entregar la información
solicitada y sin motivación se niega la petición de ampliación del plazo, lo cual
produce su nulidad, según el literal l) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución y
a prever sanción para los servidores o servidoras responsables; ante nuestro
reclamo, en providencia No. 101012011PREC000085 declaró improcedente el
trámite. Estando en trámite su reclamo de la negativa a conceder más plazo, se
nos notifica con la Resolución de Clausura No. RAU-INFRCRS11-0001-M, por
incumplir con la preventiva de sanción No. RAU-CDIOPV10-00064, sin percatarse
que sobre ella pesa una petición de ampliación cuya negativa ha sido impugnada.
Pide se deseche el recurso interpuesto.- ---------------------------------------------------
CUARTO.- La sentencia recurrida reconoce la obligación de motivar los actos por
parte de la Administración Tributaria y el derecho de los contribuyentes de
impugnar los actos administrativos sin que sea posible que normas legales o
reglamentarias menoscaben tal derecho. Que es deber de la Administración
Tributaria establecer en la resolución de clausura la motivación necesaria para el
efecto, y que en definitiva se optó por la sanción más drástica y rigurosa sin que
exista una explicación que permita saber al contribuyente las razones jurídicas por
5
las que no se aplicó la primera alternativa de sanción, es decir la multa. Por estas y
otras razones acepta la demanda y declara nula la Resolución de Clausura.-------
QUINTO.- En definitiva, debe dilucidarse si la sentencia del Tribunal Distrital de
lo Fiscal Nº 3 con sede en Cuenca, aplicó o no, en debida forma las normas
legales que dice el recurrente ha infringido. Para resolver sobre el controvertido,
esta Sala hace las siguientes consideraciones: 5.1) El recurso de casación es
extremadamente formalista y riguroso, para que sea procedente debe no sólo
indicarse la norma jurídica infringida por la sentencia, sino en qué forma tal
infracción fue decisiva en la aplicación del derecho o de la jurisprudencia en la
parte dispositiva del fallo; en este contexto genérico, el recurrente se funda en la
causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, la misma que textualmente dice:
“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de
derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia
o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva” y en su
fundamentación el recurrente afirma que, la sentencia “aplica indebidamente” los
Arts. 82, 173, 185 y 428 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 1 del
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Arts. 82 y
115 del Código Tributario y el Art. innumerado a continuación del Art. 28 de la Ley
de Modernización del Estado y Art. 19 de la Ley de Casación, e “interpreta
erróneamente” el Art. 226 de la Constitución de la República y el Art. 65 del
ERJAFE, por lo cual ha sido admitido a trámite. 5.2) La Empresa actora en su
demanda, hace conocer los hechos y circunstancias que han rodeado este caso,
así: a) Que el día 25 de noviembre de 2010 mediante Requerimiento de
Información N° RAU-CDIORIV10-00477, el SRI le solicita presentar información
sobre sus actividades económicas; b) Sobre este requerimiento, solicitó ampliación
del plazo, mismo que fue negado y en su lugar se emite la Notificación Preventiva
de Sanción N° RAU-CDIOPV10-00064 de 28 de diciembre de 2010 y se concede 10
6
días adicionales para presentar los referidos documentos; c) Ante esta notificación
la contribuyente pide nuevamente ampliación de plazo; d) Con oficio No.
101012011OGTR000093 de 12 de enero de 2011 se declara improcedente tal
solicitud; e) La Empresa presenta escrito de impugnación por no estar “motivada”
tal negativa, de impugnación que se declara improcedente en providencia No.
10101201PREC000085 de 7 de febrero de 2011; f) En esa misma fecha se le
notifica la Resolución de Clausura No. RAU-INFRCRS11-0001-M; g) Sobre esta
última, se presenta demanda de impugnación, pues según la actora, no ha tenido
la posibilidad de saber las disposiciones legales referentes a la no ampliación del
plazo para la presentación de la información requerida, así como las razones por
las que no se aplicó a su caso la primera alternativa de sanción anunciada por la
Administración Tributaria, que es la sanción pecuniaria y de forma discrecional,
impone la sanción mas drástica que es la Clausura. 5.3.) Los cuestionamientos
formulados por el recurrente en contra de la sentencia están relacionados con la
errónea interpretación de varias normas constitucionales y legales, referentes a la
motivación de los actos administrativos que ha sido determinante para considerar
que la Resolución de Clausura impuesta es nula, por ello es necesario señalar:
5.3.a. El art. 20 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas dispone:
“INFORMACION.- Las entidades del sector público, las sociedades, las
organizaciones privadas y las personas naturales estarán obligadas a proporcionar
al Servicio de Rentas Internas toda la información que requiere para el
cumplimiento de sus labores de determinación, recaudación y control tributario…”;
(el subrayado pertenece a la Sala); 5.3.b. La Disposición General Séptima de la
Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas prevé que: “Para el fiel cumplimiento
de las disposiciones de esta Ley, se establecen los siguientes instrumentos de
carácter general para el efectivo control de los contribuyentes y las recaudaciones:
a) Clausura.- La clausura es el acto administrativo de carácter reglado e
7
impugnable, mediante el cual el Director del Servicio de Rentas Internas, por si o
mediante delegación, clausura los establecimientos de los sujetos pasivos, cuando
éstos se hallen incursos en cualesquiera de los siguientes casos: … ii) No
proporcionar la información requerida por la Administración Tributaria, en las
condiciones que pueda proporcionar el contribuyente;…”, (el subrayado pertenece
a la Sala); 5.3.c. Es claro entonces que, el Servicio de Rentas Internas estaba
facultado para solicitar cualquier tipo de información al contribuyente con la
finalidad de cumplir sus labores de determinación, recaudación y control tributario;
y, este último estaba obligado a presentar la información requerida en las
condiciones que pueda proporcionar; y, a sancionar incluso con la clausura en el
caso de incumplimiento (falta de presentación de información); en el presente
caso, la Empresa actora insiste en una ampliación de plazo, sobre un acto de
simple administración (requerimiento de información), acto que, según ha
mantenido esta Sala Especializada, no puede ser impugnado; como si ello no fuera
suficiente, desde el primer requerimiento ocurrido el 28 de noviembre de 2010
hasta la fecha de clausura el 7 de febrero de 2011, han transcurrido más de 70
días, muchos más de los 10 que inicialmente solicitó y tácitamente se le concedió,
pero que, tampoco sirvió para que cumpliera su obligación, pues no hay constancia
procesal de que aún, fuera de tiempo, hubiese proporcionado lo requerido.- 5.4.
Con lo dicho, queda claro que el actor incurrió en la falta, toda vez que no
presentó la información solicitada en las condiciones y plazos sobre los que fue
requerido, pese a que tuvo la oportunidad de hacerlo; por lo manifestado, esta
Sala considera que se produjo el vicio contemplado en el número 1 del art. 3 de la
Ley de Casación en la sentencia de 16 de marzo de 2011 de la Sala Única del
Tribunal Distrital N° 3 de Cuenca.- ----------------------------------------------------------
Sin que sea menester entrar en otros análisis, la Sala de lo Contencioso Tributario
de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
8
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta el recurso de
casación presentado por la Administración Tributaria y declara válida la Resolución
de Clausura No. RAU-INFRCRS11-0001-M. Notifíquese, publíquese y devuélvase.-
f) Señores: Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dra. Maritza Tatiana Pérez
Valencia, JUEZA NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ NACIONAL.
Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA
ENCARGADA.
9 |
RECURSO DE CASACIÓN
No 123-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZA PONENTE: DRA. MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR: SEÑOR ORESTE MOSCARELLA GALVIS,
REPRESENTANTE LEGAL DE NATURES SUNSHINE
PRODUCTS DEL ECUADOR S.A.
(RECURRENTE)
DEMANDADO: PROCURADOR SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE
QUITO
Quito, a 21 de mayo de 2013, Las 09H00.-------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución Nº 004-
2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y por la
Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de
la Corte Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es
competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo
establecido en los Arts. 184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185,
segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 1 de la Ley de
Casación.----------------------------------------------------------------------------------------------
I. ANTECEDENTES
1.1.- El señor Oreste Moscarella Galvis, Representante Legal de NATURES SUNSHINE
PRODUCTS DEL ECUADOR S.A, interpone recurso de casación en contra de la
sentencia de 22 de marzo de 2011, a las 09h27, emitida por la Quinta Sala del Tribunal
Distrital de lo Fiscal Nº 1, dentro del juicio de impugnación Nº 17505-2006-26564,
seguido por NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A. en contra del
Municipio de Quito, sentencia en la cual se “…rechaza la demanda de impugnación (…)
y en consecuencia confirma la Resolución Nº 01599 de 30 de julio del 2008, expedida
por la Directora Metropolitana Financiera Tributaria del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, que niega la solicitud planteada por el representante legal de
1 de 9
la Compañía NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A., y de igual manera
confirma la Resolución Nº 032-209 del 6 de enero del 2009, emitida por Procurador del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, así como el titulo de crédito emitido a
nombre de la compañía NATURE`S PRODUCTS DEL ECUADOR S.A, por concepto de
impuesto a patente municipal por el año 2008, debiéndose imputar a favor de la
empresa actora la cantidad de US $34.00 consignada por impuesto a patente del año
2008, según comprobante de cobro Nº 61002702801 de 07/02/2008.”--------------------
1.2.- El recurrente fundamenta su recurso en las causales primera y quinta del artículo
3 de la Ley de Casación; en cuanto a la causal primera señala que existe indebida
aplicación de los artículos 364 y 365 (antes 383) de la hoy derogada Ley Orgánica de
Régimen Municipal y por otro lado falta de aplicación de los artículos 3, 10, 13, 103
numeral 2 del Código Tributario y del artículo 76, numeral 7, literal l) de la
Constitución, determinantes en la parte dispositiva de la sentencia. Respecto a la
causal quinta, manifiesta que la sentencia adoptó decisiones contradictorias o
incompatibles; por un lado confirmó la legalidad del acto administrativo impugnado, y,
por otro, corrigió de manera definitiva su contenido, al haber sustituido la liquidación
del tributo.---------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.- Aceptado el recurso mediante auto de admisibilidad del 5 de mayo de 2011, y
luego del traslado respectivo, el Ingeniero Edwin Palma Echeverría, Director
Metropolitano Financiero Tributario del Municipio Metropolitano de Quito en su
contestación manifiesta que el recurrente ha argumentado que los señores Ministros
de la Quinta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 han infringido el artículo 364 de
la Ley Orgánica de Régimen Municipal vigente hasta el 2010 en donde dispone: “Están
obligados a obtener la patente y por ende, el pago del impuesto que trata el artículo
anterior, todos los comerciantes e industriales que operen en cada cantón, así como
los que ejerzan cualquier actividad de orden económico” y la ordenanza Municipal Nº
0135 vigente hasta el año 2010, en su artículo III.35 señala: “Son sujetos pasivos del
impuesto de patente municipal todas las personas naturales, jurídicas, civiles o
mercantiles o sociedades de hecho que ejerzan actividades comerciales, industriales,
financieras, de servicios profesionales u otras, dentro del Distrito Metropolitano de
Quito.”. Añade que, lo que trata el recurrente es desconocer la deuda que tiene con el
Municipio por concepto del impuesto a la patente municipal del año 2008. Añade que
2 de 9
el artículo 365 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, disponía que el Concejo
mediante ordenanza establecería la tarifa del impuesto anual de la patente, en función
al capital con el que operen los sujetos pasivos del tributo en sus respectivos cantones,
siendo la tarifa mínima de diez dólares de los Estados Unidos de América y la máxima
de cinco mil dólares; y por esta autonomía calificadora, el derecho tributario puede
servirse de nociones, conceptos, criterios y significados propios de la materia, que
constan en las normas tributarias, de allí que la Ordenanza N° 135 perfectamente
puede contener una noción propia para los fines impositivos del Municipio, del término
“capital” contemplado en el artículo 365 LORM. El entendimiento que la ordenanza
hace a los términos del artículo 365 de la LORM aludido, no es ilegal. La ley no definió
la frase “capital con el que opera los sujetos pasivos” dejando a los concejos
municipales del país en base de su autonomía municipal definir dicho concepto. Es así,
que el Concejo Metropolitano de Quito en la Primera Disposición General de la
Ordenanza mencionada lo definió de la siguiente manera: “Se considera capital con
que operen los sujetos pasivos del impuesto de patente municipal al resultado de la
diferencia existente entre el total de activos y el total de pasivos” en concordancia con
la Segunda Disposición General de la ordenanza en mención que establece: “para el
cálculo del impuesto de patente, el capital operacional que servirá de base imponible
para determinar el monto del tributo, será del año anterior al del período por el cual se
cobra.”. Al efecto, concluye diciendo, que para expedir la Ordenanza Metropolitana Nº
135 se ha observado la normativa constitucional y legal vigente, en especial el Código
Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Expresa además que la
Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, mediante sentencia
expedida el 28 de enero de 2010, en un recurso de casación interpuesto por la misma
recurrente, con respecto a la definición de “capital operacional” que se da en la
Ordenanza Metropolitana N° 0135, de la siguiente manera: (…) c)“Es indudable que el
“capital con el que operen” que señala el Art. 365 de la LORM o el “capital operacional”
en los términos empleados por la Autoridad Tributaria Municipal, no es lo mismo, igual
o equivalente al “capital social” previsto en otros cuerpos legales como la Ley de
Compañías o el Código de Comercio, como sostiene la Empresa actora, por lo que es
pertinente que los consejos municipales en uso de su atribución constitucional y legal
de expedir ordenanzas, definan el alcance de la frase “capital con el que operen”
previsto en la Ley.”. Arguye que sobre este mismo punto de derecho la Sala
3 de 9
Especializada ha reiterado su posición en las sentencias de 29 de octubre y 13 de
diciembre de 2010.-----------------------------------------------------------------------------------
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Competencia: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en
conformidad con los Arts. 184 numeral 1 de la Constitución, 1 de la Codificación de la
Ley de Casación y Artículo 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la
Función Judicial. -------------------------------------------------------------------------------------
2.2.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe
nulidad alguna que declarar. ----------------------------------------------------------------------
2.3.- Determinación de los problemas jurídicos a resolver: La Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia
sujeta al análisis casacional por el legitimario tiene sustento legal y para ello es
necesario determinar cuáles son los fundamentos que se plantean dentro del recurso:--
a) ¿En la sentencia recurrida se configura la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación, al supuestamente existir indebida aplicación de artículos 364 y 365 (antes
383) de la hoy derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal?-------------------------------
b) ¿Se ha incurrido en la causal primera, en el fallo de instancia, al existir
supuestamente falta de aplicación de los artículos 3, 10, 13, 103 numeral 2 del Código
Tributario y del artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución, determinantes en la
parte dispositiva de la sentencia?------------------------------------------------------------------
c) ¿La sentencia impugnada, adoptó decisiones contradictorias o incompatibles, en
base a la causal quinta, porque por un lado confirmó la legalidad del acto
administrativo impugnado, y, por otro, corrigió su contenido, al haber sustituido la
liquidación del tributo?------------------------------------------------------------------------------
En primer lugar analizaremos la causal quinta, para de ser necesario analizar la causal
primera.------------------------------------------------------------------------------------------------
III.- RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Y MOTIVACIÓN
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3.1.- Planteada la problemática a resolver, esta Sala considera: La causal quinta del
artículo 3 de la Ley de Casación establece: “Cuando la sentencia o auto no contuvieren
los requisitos exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones
contradictorias o incompatibles.”. Al respecto, el doctor Santiago Andrade en su obra
“La Casación Civil en el Ecuador”, manifiesta que: “…También pueden presentarse
vicios de inconsistencia o incongruencia en el fallo mismo, cuando no hay armonía
entre la parte considerativa o resolutiva, así lo establece la causal quinta, que prevé
defectos en la estructura del fallo (que no contenga los requisitos exigidos por la ley),
al igual que la contradicción o incompatibilidad en la parte dispositiva: debe entenderse
que estos vicios emanan del simple análisis del fallo cuestionado y no de la
confrontación entre éste, la demanda y la contestación, ya que en esta última hipótesis
estaríamos frente a los vicios contemplados en la causal cuarta. El fallo casado será
incongruente cuando se contradiga a sí mismo, en cambio será inconsistente cuando la
conclusión del silogismo no esté debidamente respaldada por las premisas del mismo.
El recurrente deberá efectuar el análisis demostrativo de la incongruencia o
inconsistencia acusadas, a fin de que el tribunal de casación pueda apreciar si existe
realmente o no el vicio alegado1”. Al respecto, el recurrente ha señalado que la
sentencia impugnada adoptó decisiones contradictorias o incompatibles; por un lado
confirmó la legalidad del acto administrativo impugnado, y, por otro, corrigió de
manera definitiva su contenido, al haber sustituido la liquidación del tributo. Añade
que: “Si al expedir el acto impugnado se omitió considerar el impuesto consignado
previamente por el contribuyente, el acto contenía un error sustancial en la liquidación,
cuya enmienda exigía dejar sin efecto el acto. El hecho es doblemente relevante, si se
considera que la reclamación tributaria que presentó el contribuyente se hizo al
amparo al Art. 49 del Código Tributario en que acepté y consigné el valor de US $
34,00 e impugné el impuesto en todo lo demás.”. (lo subrayado fuera del texto). Por
su parte, la sentencia recurrida únicamente se refiere a este punto (al pago realizado
por la actora), en su parte dispositiva, cuando luego de rechazar la demanda, dice:
“…debiéndose imputar a favor de la empresa actora la cantidad de US $34.00,
consignada por el impuesto de patente del año 2008, según comprobante de cobro No.
61002702801 de 07/02/2008.-“. Esta Sala Especializada, considera que no existe
1 ANDRADE UBIDIA Santiago, óp. cit. Pág. 136.
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contradicción en la sentencia impugnada, ya que todo el análisis que realiza el Tribunal
A quo argumenta la confirmación del título de crédito en contra de la empresa
NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A. por concepto del impuesto a la
patente municipal del año 2008; sin embargo la sentencia aclara que se debe imputar
a favor de la empresa actora la cantidad de US $34.00, que ya habían sido
consignados, empero esta Sala no considera que el acto administrativo, por no haber
consignado este valor a favor de la actora, haya incurrido en un error sustancial, ya
que el artículo 146 del Código Tributario, publicado en el Registro Oficial Suplemento
Nº 38 de 14 de junio de 2005, establece que la propia administración, puede rectificar
errores aritméticos o de cálculo en que hubiere incurrido en actos de determinación o
en sus resoluciones, con mucha razón dicha rectificación la podía hacer el Tribunal de
instancia en la sentencia impugnada, por lo tanto no existe la contradicción aludida.----
3.2.- En cuanto a los problemas jurídicos planteados, en los literales a y b, que se
refieren a la causal primera, es necesario observar lo que dice el artículo 3 de la Ley de
Casación, respecto a la causal primera dispone: “Aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes
jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de
su parte dispositiva.”. Además es preciso realizar las siguientes consideraciones, en
cuanto a cualquiera de las tres formas especiales de violación que pueden existir
dentro de esta causal: a) Según Tolosa Villabona Luis Armando, páginas 257 y 359 la
aplicación indebida de una norma: “Es un error de selección de una norma jurídica. El
juez aplica una norma que no es llamada a regular, gobernar u operar en el caso
debatido. Se trata de una sentencia injusta, y el error es error de subsunción o de
aplicación. La norma es entendida rectamente pero se aplica a un hecho no gobernado
por la norma, haciéndole producir efectos no contemplados en ella”. En cuanto a la
falta de aplicación de la ley sustancial: Error contra ius, falta de aplicación de la ley
sustancial indica que implica desconocimiento y señala que: “Ocurre la falta de
aplicación cuando se deja de aplicar un precepto legal, y ello constituye la infracción
directa típica, por haberlo ignorado el sentenciador o por haberle restado validez, sea
por desconocimiento del fallador o por abierta rebeldía contra el precepto. Esta
conculcación puede estar aparejada de la aplicación indebida de otros preceptos…”.
Finalmente sobre la interpretación errónea de una norma (hermenéutica) es decir:
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error iuris in iudicando, “se trata de la exégesis equivocada de la norma en su
contenido mismo, independientemente de las cuestiones de hecho debatidas en la
sentencia y del caso que trata de regular. La norma jurídica es la que gobierna el
asunto, pero en sentido diverso, por lo tanto yerra en el enfoque verdadero de la
norma, en su espíritu y alcances. El sentenciador acierta en la norma pero falla en su
verdadero significado alejándose de su espíritu y finalidad. No puede entonces,
presentarse falta de aplicación de un precepto mal interpretado. El error se comete en
la premisa mayor de la sentencia, es decir, en la ley objeto de aplicación, por
desconocimiento del sentenciador de los principios hermenéuticos o interpretativos de
la ley; ante textos oscuros o dudosos no tiene en cuenta las fuentes formales del
derecho y confunde las clases de interpretación.”. Adicionalmente en lo concerniente a
la causal primera, es pertinente señalar, lo que manifiesta el Doctor Santiago Andrade
Ubidia en su libro La Casación Civil en el Ecuador: “La causal primera del artículo 3
contiene la llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes
jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante en
su parte resolutiva. Sobre el tema la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: Se
trata de la llamada transgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella no
cabe consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base que es correcta la
apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios de prueba incorporados
al proceso, por lo que corresponde al Tribunal de Casación examinar a base de los
hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de aplicación,
aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados por el recurrente”.
Esta Sala Especializada, deja expresamente señalado que en la causal primera se parte
de hechos probados, es decir que no cabe una nueva consideración de los mismos, ya
que los medios de prueba fueron analizados y apreciados por el Tribunal A quo; en
definitiva lo que persigue la causal primera, es examinar la aplicación indebida de las
normas sobre dichos hechos. Para entrar al análisis de la causal es pertinente indicar lo
que disponían los artículos 364 y 365 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 159 de 5 de diciembre de
2005: “Art. 364.- Están obligados a obtener la patente y, por ende, el pago del
impuesto de que trata el artículo anterior, todos los comerciantes e industriales que
operen en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden
económico.”, y el “Art. 365.- Para ejercer una actividad económica de carácter
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comercial o industrial se deberá obtener una patente, anual, previa inscripción en el
registro que mantendrá, para estos efectos, cada municipalidad. Dicha patente se
deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en el que se
inician esas actividades, o de los treinta días siguientes al día final del mes en que
termina el año. El concejo mediante ordenanza, establecerá la tarifa del impuesto
anual en función del capital con el que operen los sujetos pasivos de este impuesto
dentro del cantón. (el subrayado es de la Sala) La tarifa mínima será de diez dólares
de los Estados Unidos de América y la máxima de cinco mil dólares de los Estados
Unidos de América.”. Adicionalmente se menciona lo que establece la Disposición
General Primera de la Ordenanza Metropolitana Sustitutiva del Capítulo III, del Título
Primero, del Libro III, del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, que
establece la Normativa para la Aplicación del Impuesto de Patente Municipal, publicada
en el Registro Oficial N° 524 de 15 de febrero de 2005: “PRIMERA.- Para la aplicación
de la presente ordenanza se considerará al capital con el que operen los sujetos
pasivos de este impuesto dentro del, cantón, al resultado de la diferencia existente
entre el total de activos y el total de pasivos”. (El subrayado es de la Sala). Esta Sala
Especializada en casos similares (Recurso 468-2010, 91-2011, 179-2011) ha sostenido
que “el capital con el que operen” que señala la norma transcrita o el “capital
operacional” en los términos empleados por la Autoridad Tributaria Municipal, no es el
mismo, igual o equivalente al “capital social” previsto en otros cuerpos legales como la
Ley de Compañías o el Código de Comercio. Bajo esta concepción es pertinente y
facultativo que los concejos municipales en uso de su atribución constitucional, y legal
expidan ordenanzas. Por otra parte cabe manifestar que esta Ordenanza se encuentra
en plena vigencia y no ha sido declarada nula conforme el Art. 220, numeral 2 del
Código Tributario, o inconstitucional de acuerdo a las normas de la Ley de Garantías
Jurisdiccionales. A fojas 2 del proceso se observa la Resolución 01599 de 30 de julio
2008, emitida por Directora Metropolitana Financiera Tributaria, mediante la cual aplica
las disposiciones referidas anteriormente en cumplimiento al estricto sentido de estas
normas. Al dejar constancia que existen criterios reiterados de la Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario, sobre el tema, se mantiene la unidad de criterio respecto al
mismo como por ejemplo en los fallos 468-2010, 91-2011 y 179-2011. Esta Sala
considera que no existe indebida aplicación de los artículos 364 y 365 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal por las consideraciones expuestas ut supra. Por lo
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señalado, se encuentra que no se ha configurado la causal primera alegada por el
recurrente.--------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- DECISIÓN
4.1.- Por lo expuesto sin que sea necesario realizar otras consideraciones, la Sala de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: --------------
SENTENCIA
Se rechaza el recurso interpuesto. Actúe la Doctora Ligia Marisol Mediavilla, como
Secretaria Relatora Subrogante, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio No. 246-
2013-CNJ-SCT, de fecha 2 de mayo de 2013.- Notifíquese, devuélvase y publíquese.-
ff) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua,
JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ; Certifico: f) Dra. Marisol
Mediavilla, SECRETARIA RELATORA (S).
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ursoNo.175O5-2O1i-O1~23 lb ~J
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZ PONENTE: DR. JOSÉLUIS TERÁN SUÁREZ
Quito, ~i&rcc:~cs E ~:~::~ 2:27,
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ASU NTO
Resolución del recurso de casación interpuesto por el señor Ramiro Oswaldo Páez
Rivera, en calidad de Apoderado y como tal representante legal de la compañía
REPSOL ECUADOR S.A., entidad que a su vez ejerce la representación legal del
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16, en contra de la sentencia dictada el 27
de marzo de 2017. a las 14h46, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia del Pichincha,
dentro del juicio de impugnación No. 17505-2011-0123, propuesto por la
mencionada compañía en contra de la Resolución No. 117012011RREC035660,
emitida por el Director Regional Norte Servicio de Rentas Internas, el 31 de
octubre de 2011, que resuelve aceptar parcialmente el reclamo administrativo de
impugnación del acta de determinación No. 1720110100041, por concepto de
Impuesto a la Renta del ejercicio económico 2006.
CORTE NACIONAL DE
Recurso No. 17505-2011-0123
1. ANTECEDENTES
1.1 Mediante escrito de 11 de abril de 2017, el señor Ramiro Oswaldo Páez
CONSORCIO PETROLERÓ BLOQUE 16, fundamentó el recurso de casación en
la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación. Estimó infringidas las siguientes
normas de derecho: Aplicación indebida del art. 21 de la Ley de Hidrocarburos
aplicable a la fecha a la que corresponde la controversia; errónea interpretación
del art. 68 del Código Tributario; y, falta de aplicación de los arts. 10 y 103
números 1 y 2 del Código Tributario; y, del art. 76, número 7, letra 1) de la
Constitución de la Repúblicadel Ecuador Sin embargo, el Dr. Darío Velástegui
Enríquez, Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, declaró la admisibilidad parcial de recurso por
aplicación indebida del arL 21 de la Ley de Hidrocarburos aplicable a la fecha a la
que corresponde la controversia; y errónea interpretación del art. 68 del Código
Tributario, al amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación.
1.2 El recurrente manifiesta que la sentencia recurrida ha violado varias normas
sustantivas relacionadas directamente con el ejercicio de la facultad
determinadora de la Administración Tributaria, violación que ha sido determinante
en la parte resolutiva del fallo. Aplicación indebida del art. 21 de la Ley de
Hidrocarburos vigente a la fecha a la que corresponde la controversia.- Tal como
consta en el tallo impugnado, en el considerando 7.1.5. la Sala juzgadora para
emitir su decisión, se sustenta en el art. 21 de la Ley de Hidrocarburos, dicha
norma contiene únicamente una prohibición de compensar las pérdidas de un
contrato hidrocarburífero con las ganancias registradas en otro contrato; que dicho
2
CORTE NACIONAL DE 4 ‘t\
±
-. ~
—:
Recurso No. 17505-2011-0123 Y /
artículo vigente al 2006 indica en su cuarto inciso expresamente “En caso de un
mismo contratista suscriba más de un contrato para la exploración y explotación
de hidrocarburos, para efectos del pago del impuesto a la renta, no podrá
consolidar las pérdidasocasionadas en un contrato con las ganancias originadas
en otro”; que dicha norma fue emitida con el propósito de eliminar la parte
pertinente del entonces vigente art. 21 de la Ley de Hidrocarburos de 1978
reformada por la Ley 101 publicada en el Registro Oficial 306 de 13 de agosto de
1982 que contenía una limitación en el número de contratos que CEPE podía
celebrar con el mismo contratista, así como en relación con la ubicación
geográfica de los bloques que podían ser adjudicados a una misma empresa, que
la intención del legislador expresada en la exposición de motivos fue eliminar
dicha limitación con el objeto de incrementar la actividad exploratoria en el país;
que en ninguna parte de dicha normativa consta que se haya autorizado a la
Administración Tributaria a realizar una determinación independiente y autónoma
por cada uno de los contratos suscritos por una contratista con CEPE; que la única
norma tributaria incluida en la reforma es que en forma clara y contundente
prohíbe a las contratistas compensar pérdidasde un contrato con las ganancias
registradas en otro lo cual nada tiene que ver con el ejercicio de la facultad
determinadora de la Administración; que la norma aludida tiene sentido y alcance
muy claros: .impide la compensación de pérdidasy ganancias entre uno y otro
“. .
contrato hidrocarburifero, pero ni habiita a una Contratista a llevar contabilidades
separadas y presentar declaraciones de impuesto a la renta individuales por cada
Contrato, ni permite a la Administración Tributaria a realizar procesos de auditoría
separados, como si cada Contrato diese lugar a la configuración de un contrato
diferente ; que tanto las autoridades en materia de hidrocarburos, como la
propia Administración Tributaria, reconocieron la existencia de un solo consorcio a
cargo de la ejecución de dos contratos diferentes, un solo contribuyente en los
~
términosdel art. 25 dei Código Tributario; que en el presente caso no se discute la
compensación de pérdidas de un contrato hidrocarburífero con las ganancias
obtenidas de otro, el punto en discusión es que si el SRI, podía como lo hizo,
llevar a cabo dos determinaciones respecto del mismo contribuyente, el mismo
impuesto y el mismo ejercicio. Errónea interpretación del art. 68 del Código
Tributario.- Que la Sala de instancia en la sentencia en los considerandos 7.1.4. y
7.1.5., se refiere al ejercicio de la facultad determinadora de la Administración e
invoca y fundamenta en el art. 68 del Código Tributario su decisión, incurriendo en
un yerro interpretativo que es determinante en la parte dispositiva del fallo; la Sala
realiza una exegesis equivocada a la expresión “la adopción de las medidas
legales que se estimen convenientes para esa determinación”, dicho yerro se
evidencia en el numeral 7.1.5 cuando señala que en aplicación del art. 68 del
Código Tributario, la facultad determinadora puede ser ejercida conforme “a su
criterio como autoridad tributaria” sin considerar que en la primera parte de dicho
articulo claramente se indica que la determinación de la obligación tributaria “es el
acto o conjunto de actos reglados’ y que en el segundo inciso no se autoriza a la
Administración a actuar conforme a su criterio es decir de forma discrecional, sino
únicamente adoptar medidas legales; que de haber interpretado el art. 68 del
Código Tributario conforme a las normas de interpretación contenidas en el art. 13
del Código Tributario y art. 18 del Código Civil se habría llegado a la conclusión de
que la facultad determinadora supone la adopción de medidas legales, es decir de
medidas previstas en la ley para llevar a cabo las verificación, complementación o
enmienda de las declaraciones de los contribuyentes, ya que la determinación es
una actividad reglada y no cabe que se convalide una interpretación errónea con
lo manifestado en el considerando 7.1.6. del fallo al manifestar “que la
administración en el ejercicio de su facultad determinadora adopte medidas que
estime convenientes para verificar la existencia del hecho generador, el sujeto
4
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CORTE NACiONAL DE
Recurso No. 17505-2011-012:
obligado la base imponible y la cuantía del tributo, en suma para verificar el
cumplimiento de obligaciones tributarias; para lo cual, en este caso, el SRI estimo
conveniente y decidió emitir actas de determinación según los resultados
contables y tributarios de cada contrato”; que es claro que el sentido correcto del
art. 68 del Código Tributario no es que la Administración adopte cualquier medida
que estime conveniente, lo que establece es que se deben adoptar medidas
legales ya que la determinación es una actividad reglada no permite al SRI actuar
conforme a su criterio es decir de forma discrecional. Por los fundamentos
mencionados solicitan se case la sentencia emitida por la Sala juzgadora.
1.3 Como se señaló ut supra, mediante auto de 30 de agosto de 2017, a las
09h44, el Dr. Darío Velástegui Enríquez, Conjuez de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, declaró la admisibilidad
parcial del recurso de casación interpuesto, al amparo de la causal primera del art.
3 de la Ley de Casación, por aplicación indebida del art. 21 de la Ley de
Hidrocarburos vigente a la fecha a la que corresponde la controversia; y, por
errónea interpretación del art. 68 del Código Tributario, y ordenó correr traslado a
la contraparte para que dentro del término previsto en el art. 13 de la Ley de
Casación, sea contestado fundamentadamente.
1.4 El abogado Leonel Ortega Sánchez, en calidad de procurador fiscal, manifiesta
que el recurrente con su argumento de la indebida aplicación del art. 21 de la Ley
de Hidrocarburos vigente a la fecha a la que corresponde la controversia, pretende
confundir a los jueces, por cuanto, la Administración Tributaria en el proceso
administrativo correspondiente no realizó dos determinaciones por el mismo
impuesto y mucho menos dos determinaciones por el mismo ejercicio económico,
toda vez que lo que si se efectuó es la determinación de las utilidades obtenidas
en el desarrollo de un contrato, con la finalidad de que para el pago del impuesto a
la renta no puedan ser compensadas con las pérdidasque pudo obtener en otro
contrato, conforme lo dispone el art. 21 de la mencionada ley: que la
Administración Tributaria con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la norma
mencionada y en aplicación del art. 68 del Código Tributario, en el ejercicio de la
facultad determinadora y cumpliendo el procedimiento en el Código Tributario y
más norma tributaria, estableció la norma generada por el desarrollo de uno de los
contratos suscritos por el Consorcio Petrolero Bloque 16 que generó la obligación
del pago de impuesto a la renta, lo que de ninguna forma implica dos
determinaciones por un mismo impuesto y menos la determinación de dos sujetos
pasivos diferentes o pago de dos impuestos; que el recurrente señala que las
normas que se debieron aplicar son los arts. 10 y 103 numerales 1 y 2 del Código
Tributario cuya importancia y trascendencia no ha sido expuesta por lo que no se
ha realizado una adecuada fundamentación en relación a la causal invocada: que
el art. 21 de la Ley de Hidrocarburos es totalmente aplicable al caso en concreto
ya que regula el pago del impuesto a la renta por parte de las contratistas
petroleras. Respecto a la errónea interpretación del art. 68 del Código Tributario, el
Servicio de Rentas Internas determina que en la argumentación del recurrente
confunde el análisis realizado por el Tribunal de instancia por cuanto a su criterio
la Sala ha concluido que la Administración Tributaria para efectuar la
determinación de una obligación en este caso el impuesto a la renta del 2006 del
Consorcio Petrolero Bloque 16, está facultada a tomar acciones y actuar de forma
discrecional apartada de preceptos legales vigentes, lo cual carece de todo
fundamento y olvida considerar que el Tribunal A quo no solo citó y analizó el art.
68 del Código Tributario, sino que en este análisis consideró el art. 21 de la Ley de
Hidrocarburos que es la norma que establece que para efectos del pago de
impuesto a la renta una contratista petrolera no podrá consolidar las pérdidas
obtenidas por la ejecución de un contrato con las utilidades obtenidas por la
6
5/
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CORTE NACIONAl DE
Recurso No. 17505-2011-O
ejecución de otro; que la sentencia de instancia en ningúnmomento concluye que
la Administración Tributaria en un proceso de determinación este facultada a
actuar de forma arbitraria. Por lo que solicita se rechace el recurso planteado.
1.5 El Tribunal a que en la sentencia recurrida resuelve: 3.1) Rechazar la
“..
demanda de impugnación deducida por el señor Luis Antonio García Sánchez en
calidad de apoderado general de la compañía REPSOL YPF ECUADOR S.A.,
entidad que a su vez ejerce la representación legal del CONSORCIO
PETROLERO BLOQUE 16 y en consecuencia de confirma la legalidad de la
resolución número11701201 1RREC035660 de 31 de octubre de 2011 dictada por
el Director Regional norte del Servicio de Rentas Internas.-
2. JURISDICCION Y COMPETENCIA
2.1 Este Tribunal Especializado es competente para conocer y resolver el presente
recurso de casación, en virtud de las Resoluciones Nos. 004-2012 de 25 de enero
de 2012 y 341 -2014 de 17 de diciembre de 2014, emitidas por el Pleno del
Consejo de la Judicatura; Resoluciones Nos. 01-2015 y 02-2015 de 28 de enero
de 2015, expedidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia; así como por el
sorteo que consta en el proceso y en atención a lo previsto en los artículos 184
numeral 1 de la Constitución de la RepúblicaEcuador, 185 segunda parte, número
1 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 1 de la Codificación de la
Ley de Casación.
3. VALIDEZ PROCESAL
7fr
3.1 En la tramitación del presente recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no
existe nulidad alguna que declarar.
4. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
4.1 El recurrente, según el auto de admisibilidad del recurso de casación, al
amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, formula los
siguientes cargos en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia del
Pichincha:
Cargo 1: “Aplicación indebida” del art. 21 de la Ley de Hidrocarburos, vigente a
la fecha a la que corresponde la controversia.
Cargo 2: “Errónea interpretación” del art. 68 del Código Tributario.
5. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN
5.1 El recurso de casación es de carácter extraordinario, de alta técnicajurídica,
formal y excepcional, cuyo principal objetivo es la defensa del ¡us constitutionis,
esto es, protege el ordenamiento jurídico imperante a través de la correcta
interpretación y aplicación del Derecho, con el propósito de hacer efectivos los
principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad en la aplicación de la Ley,
mediante dos vías ordenadas: por un lado, la llamada función nomofiláctica de
protección y salvaguarda de la norma, y por otro lado la función uniformadora de la
jurisprudencia en la interpretación y aplicación del derecho objetivo. Así las cosas,
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CORTE ~AC1ONA~L DE
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Recurso No. 175O5-2O11-O12~
a crítica del recurrente a la sentencia de instancia, para conseguir ser examinada
por la Sala de casación, tienen por objeto las consideraciones de ésta, que
constituyan la ratio decidendi del fallo.
5.2 El recurrente invoca en su recurso la causal primera del art. 3 de la Ley de
Casación, que indica:
“ira. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de
derecho, incluyendo los precedentesjurisprudenciales obligatorios, en la sentencia
o auto, que hayan sido determinantes en su parte dispositiva’:
Esta causal es conocida en la doctrina como la violación directa de la Ley y que de
configurarse el yerro jurídico de la sentencia la misma debe ser corregida. La
causal tiene como limitante la revaloración de las pruebas y debe ser planteado a
partir de los hechos probados en la sentencia. Para que se constituya la misma se
requiere la presencia de dos elementos: el primero, que debe haber violación
directa de las normas sustantivas en la sentencia impugnada; y, el segundo, que
la transgresión haya sido determinante en la parte resolutiva del fallo recurrido;
esta violación puede estar dada por aplicación indebida que se presenta cuando
entendida rectamente la norma se la aplica sin ser pertinente al asunto que es
materia de la decisión; es decir, el juez hace obrar la norma a una situación no
prevista o regulada por ella; la falta de aplicación, en cambio, es la omisión que
realiza el juzgador en la utilización de las normas o preceptos jurídicos que debían
aplicarse a una situación concreta, conduciendo a un error grave en la decisión
final; mientras que la errónea interpretación de normas de derecho consiste en la
falta que incurre el Juez al dar erradamente a la norma jurídica aplicada un
alcance mayor o menor o distinto que el descrito por el legislador. La invocación
de la causal conlleva que la Sala de Casación verifique si la sentencia emitida por
el Tribunal A quo riñe con el derecho (error in iudicando) es decir que los hechos
sobre los que se discutió en la Sala de instancia han sido dados por cierto y
aceptado por las partes procesales, por lo que, no se podrán volver a analizar las
pruebas presentadas por las partes dentro de la instancia. Para resolver el
problema jurídico planteado, esta Sala Especializada considera lo siguiente:
5.2.1 Sobre este cargo el recurrente menciona que se han violentado las
siguientes normas jurídicas cuyo texto es el siguiente:
LEY DE HIDROCARBUROS VIGENTE A LA FECHA A LA QUE CORRESPONDE
LA CONTROVERSIA.
“Art.21.- Si conviniere a los intereses del Estado, el Comitéde Licitaciones, podrá
adjudicar más de un contrato a un mismo contratista.
En caso de que un mismo contratista suscríba más de un contrato para Ja
exploración y explotación de hidrocarburos, para efectos del pago del impuesto a
la renta, no podrá consolidar las pérdidasocasionadas en un contrato con las
ganancias originadas en otro’
CÓDIGOTRIBUTARIO.
“Art. 68.- Facultad determinadora.- La determinación de la obligación tributaria, es
el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa,
tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho
generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo.
El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o
enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la
composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de
hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime
convenientes para esa determinación’:
lo
1
C~y,i~ ~
~‘
5.2.2 El recurrente argumenta en su recurso de casación que la sentencia~.qe0,2~~I0
-
instancia aplica indebidamente el art. 21 de la Ley de Hidrocarburos ya que dicha
norma contiene únicamente una prohibición de compensar las pérdkias de un
contrato hidrocarburifero con las ganancias registradas en otro contrato; que en
ninguna parte de dicha normativa consta que se haya autorizado a la
por cada uno de los contratos suscritos por una contratista con CEPE; que en el
presente caso no se discute la compensación de pérdidas de un contrato
hidrocarburifero con las ganancias obtenidas de otro, el punto en discusión es que
si el SRI podía como lo hizo, llevar a cabo dos determinaciones respecto del
mismo contribuyente, el mismo impuesto y el mismo ejercicio. Que Sala de
instancia en la sentencia incurre en una errónea interpretación del art. 68 del
Código Tributario el cual es determinante en la parte dispositiva del fallo; ya que
evidencia al establecer que en el ejercicio de la facultad determinadora del
Servicio de Rentas Internas puede ser ejercida conforme “a su criterio como
autoridad tributaria” sin considerar que en la primera parte de dicho artículo
claramente se indica que la determinación de la obligación tributaria “es el acto o
conjunto de actos reglados” y que en el segundo inciso no se autoriza a la
únicamenteadoptar medidas legales.
5.2.3 La sentencia de instancia en el considerando SÉPTIMO en su parte
pertinente dispone: “.7.1.4) Ahora, previo a analizar el problema jurídico
singulafizado en este punto, este Tribunal estima necesario citar los artículos 68
del Código Tributario, artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos, y 41 numeral 1 de la
Ley de RégimenTributario Interno (en adelante LRTi9, vigentes para el año 2006:
11
artículo 68.- “Facultad determinadora.- La determinación de la obligación
tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración
activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho
generador, el suieto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. El
ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda
de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del
tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y
la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa
determinación” (lo resaltado fuera de texto); artículo 21.- “Si conviníere a los
intereses del Estado, el ComitéEspecial de Licitaciones, CEL, podrá adjudicar
más de un contrato a un mismo contratista. En caso de que un mismo contratista
suscriba más de un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos,
para efectos del pago de/impuesto a la renta, no podrá consolidar las pérdidas
ocasionadas en un contrato con las ganancias originadas en otro” (lo resaltado
fuera de texto); y, artículo 41.- “Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán
efectuar el pago del impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 1.-
El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración
correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos
que establezca el reglamento, en las entidades legalmente autorizadas para
recaudar tributos; ‘ 7.1.5) En este orden cosas, es necesario diferenciar dos
(..) -
aspectos fundamentales dentro de la presente causa, en relación a los
argumentos de las partes: (1) Por una parte, segúnel artículo 41 de la LRTI en
concordancia con el artículo 89 del Código Tributario, que establece la
determinación del sujeto pasivo mediante la respectiva declaración tributaria, es
claro que para efectos de la determinación del impuesto a la renta del BLOQUE
16, la sociedad contribuyente (en donde, el consorcio es una sociedad para
efectos tributarios segúnel articulo 98 de la LRTI) debía presentar una declaración
12
4—
Q.
CORTE NACTONAL DE
*
~ttioso7~
Recurso No. 175O5-2O11-O123Ç~
tributaria que contenga los resultados del ejercicio fiscal 2006, para efectos
establecer el impuesto a la renta, hecho que en el presente caso ocurrió conforme
consta en el acta de determinación número172011000041 (foja 387 vuelta); y así
tambiénlo informan la peritos Fernández (foja 181) y Revelo (foja 226). Es decir,
en este caso, el deber formal de presentar la respectiva declaración tributaria de
impuesto a la renta por el año 2006, fue cumplida por el BLOQUE 16, quien
incluyó en esta declaración el total de los ingresos, costos y gastos del ejercicio
fiscal, esto es no solo los relacionados con el “Contrato área Tivacuno’~- Y, (2) Por
otra parte. situación diferente a la declaración del sujeto pasivo es la
determinación del sujeto activo, que segúnel articulo 68 del Código Tributario,
implica, entre otros aspectos, que la autoridad tributaria puede adoptar, a efectos
de la determinación, las medidas legales que esta autoridad estime convenientes.
En este contexto, el artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos, advierte que en caso
que un mismo contratista suscriba más de un contrato, para efectos del pago del
impuesto a la renta, ésteno puede consolidar las pérdidasocasionadas en un
contrato con las ganancias originadas en otro. Por lo tanto, además de las normas
y presupuestos generales para la determinación del impuesto a la renta, por
cuanto la actividad económica que realiza el contribuyente se refiere a
hidrocarburos, dentro de facultad verificar, complementar o enmendar una
declaración, la administración tributaria debía considerar el mandato del referido
artículo 21, respecto del cual, en este caso se verifica que el SRI estimó
conveniente para la determinación, a su criterio como autoridad tributaria, emitir
actas de determinación por cada contrato suscrito con el Estado ecuatoriano.
7.1.6) Así las cosas, si bien la determinación tributaria en general para un
impuesto -en este caso a la renta-, por un ejercicio fiscal específico, es una sola y
no está en discusión en este caso, es preciso destacar que una cosa es la
declaración que presenta el sujeto activo, que debe instrumentarse en un
13
4/
formulario que contenga la totalidad de operaciones del sujeto pasivo; y, cosa
distinta, es que la administración en ejercicio de su facultad determinadora adopte
medidas que estime convenientes- para verificar la existencia del hecho
generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo, en suma
para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias; para lo cual, en este
caso, el SRI estimó conveniente y decidió emitir actas de determinación segúnlos
resultados contables y tributarios de cada contrato. Así las cosas, este Tribunal
advierte que la actora mantiene por separado las operaciones originadas en el
Bloque 16 como tal, y las operaciones del Área Tivacuno, segúnejemplifican la
perito Fernández en su informe (foja 180 vuelta) y la perito Revelo al identificar en
su informe la distinción que tambiénhizo la auditora externa del BLOQUE 16,
cuando al opinar sobre los estados financieros del año 2006, éstadiferencia el
impuesto a la renta del “bloque 16”y del “área Tivacuno” (foja 228). Así mismo, tal
diferenciación consta a su vez, en la liquidación del impuesto a la renta del acta de
determinación (foja 400 vuelta) y en la resolución impugnada (foja 75), en donde
aparece por separado el “valor Bloque 16 y Bogi Capirón” y “área Tivacuno”.
7.1.7) Identificada la medida que adoptéel SRI para verificar el cumplimiento del
impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2006 del BLOQUE 16, este Tribunal advierte
que el riesgo de tal medida adoptada (léaseemitir dos actas), consistiría en que
los rubros de activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, inversiones, etc. de una
operación no estuvieren individualizados y como tales no se pudieren diferenciar,
lo que ocasionaría una falta de certeza y exactitud del impuesto a la renta o
pérdida, según corresponda, a cargo del sujeto pasivo en cada contrato. Sin
embargo de lo expuesto, como quedó puntualizado, consta en la resolución
impugnada la diferenciación e individualización de las resultados tributarios en
cada contrato, situación que permite identificar las operaciones en cada uno de
estos, todo esto a fin de que la administración tributaria ejerza la facultad
14
9
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CORTE NACIONAL DE ~opo 4~
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RecursoNo.17505-2011-0123
determinadora prevista en el Código Tributario, y además verificar el cumplimiento~—2~~
del mandato previsto en el artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos.- En este orden
de cosas, no obra de autos, ni la actora lo ha advertido que esta medida adoptada
por la autoridad fiscal impfique un doble pago del impuesto a la renta determinado;
o en su defecto que exista causal de invalidez del acto administrativo en los
términosprevistos en el artículo 139 del Código Tributario, puesto que se aprecia
que no existe objeción sobre la autoridad que emitió la resolución impugnada; y,
de la revisión material del mismo no se evidencia violación del derecho a la
defensa o de trámite alegada, segúnse analiza en este punto de fallo.- 7.1.8) En
virtud de lo expuesto, toda vez que se ha verificado que en la determinación
practicada, que el SRI adoptó como medida la verificación de la actividad
económica del sujeto pasivo por cada contrato suscrito por el Estado ecuatoriano,
con sujeción al mandato del artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos, sin que este
proceder implique que la administración tributaria haya incurrido en las causales
de invalidez de los actos administrativos, por improcedente se rechaza la
alegación formulada por el BLOQUE 16 sobre este punto’.
5.2.4 En referencia al primer cargo, el recurrente argumenta su recurso en la
causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, la misma que tiene como limitante
la revaloración de las pruebas y debe ser planteada a partir de los hechos
probados en la sentencia. El casacionista alega aplicación indebida del art. 21 de
la Ley de Hidrocarburos vigente a la fecha a la que corresponde la controversia; y
dicho vicio se configura, como se mencioná anteriormente, cuando entendida
rectamente la norma se la aplica sin ser pertinente al asunto que es materia de la
decisión; en el presente caso es pertinente mencionar en primer lugar que en la
controversia interviene la compañía REPSOL ECUADOR S.A., entidad que a su
vez ejerce la representación legal del CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16,
cuya actividad económica es la exploración y explotación de hidrocarburos en
t
yacimientos de petróleo; consecuentemente dicha actividad es regulada por la Ley
de Hidrocarburos, el tributo que se discute es el impuesto a la renta; y, obra del
proceso como hecho probado que dicho Consorcio durante el periodo fiscal 2006
mantenía dos contratos con el Estado: 1) Modificación del contrato de prestación
de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque 16 en
contrato de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos
(petróleo crudo) en el bloque 16; suscrito el 27 de diciembre de 1996 e inscrito en
el Registro de Hidrocarburos el 30 de diciembre de 1996; y, 2) Contrato
modificatorio a la modificación del contrato de servicios específicos para el
desarrollo y producción de petróleo crudo del área Tivacuno de la región
amazónica. El art. 21 de la Ley de Hidrocarburos dispone en su segundo inciso:
En caso de que un mismo contratista suscriba más de un contrato para la
exploración y explotación de hidrocarburos, para efectos del pago de/impuesto a
ganancias oríqinadas en otro” (el subrayado es de la Sala); consecuentemente
como se ha mencionado en la especie el CONSORCIO PETROLERO BLOQUE
16, mantenía dos contratos con el Estado, en tal virtud los hechos probados en la
sentencia si se subsumen a lo dispuesto en la mencionada norma, por lo que para
efectos de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2006 no podía consolidar las
pérdidas ocasionadas en un contrato con las ganancias originadas en otro;
consiguientemente, es pertinente la aplicación de dicho artículo para el análisis del
caso en discusión, ya que con dicha norma se establece que si bien se trata de un
mismo contribuyente, del mismo tributo, por el naturaleza de la actividad no se
podían confundir las pérdidasy ganancias de los contratos, y su análisis contable
debía ser individual para determinar la base imponible del impuesto a la renta.
Además, el recurrente incurre en un defecto de técnicacasacional pues debía
formular la proposición jurídica completa, en virtud de que si alega la aplicación
16
CORTE DE
Recurso No. 17505-2011
indebida de una norma de derecho, en este caso del art. 21 de la Ley de
Hidrocarburos, era su obligación invocar la norma de derecho que a su criterio era
la llamada a resolver la controversia, lo cual no ocurre en la especie. Por lo
mencionado, no se configura el vicio alegado por el recurrente.
5.2.5 En lo concerniente al segundo cargo de errónea interpretación del art. 68 del
Código Tributario, el recurrente argumenta que en la sentencia de instancia al
determinar que el Servicio de Rentas Internas en el ejercicio de su facultad
determinadora la puede ejercer “a su criterio como autoridad tributaria” sin
considerar que en la primera parte de dicho artículo claramente se indica que la
determinación de la obligación tributaria “es e/acto o conjunto de actos reglados” y
que en el segundo inciso de dicho artículo no se autoriza a la Administración a
actuar conforme a su criterio es decir de forma discrecional, sino únicamente
adoptar medidas legales. En la sentencia del Tribunal a quo, en su parte
pertinente en el numeral 7.1.5 numeral (2) señala: “2) Por otra parte, situación
diferente a la dec/aración del sujeto pasivo es la determinación de/ sujeto activo,
que segúne! artículo 68 del Código Tributario, imp/ica, entre otros aspectos, que /a
autoridad tributaria puede adoptar, a efectos de la determinación, las medidas
legales que esta autoridad estime convenientes. En este contexto, e/artículo 21 de
la Ley de Hidrocarburos, advierte que en caso que un mismo contratista suscriba
más de un contrato, para efectos del pago de/impuesto a /a renta, ésteno puede
conso/idar /as pérdidasocasionadas en un contrato con /as ganancias originadas
en otro. Por lo tanto, además de /as normas y presupuestos generales para /a
determinación del impuesto a la renta, por cuanto la actividad económica que
realiza el contribuyente se refiere a hidrocarburos, dentro de facultad verificar,
complementar o enmendar una dec/aración, la administración tributaria debía
considerar el mandato de/ referido artículo 21, respecto del cual, en este caso se
verifica que el SRI estimó conveniente para la determinación, a su criterio como
17
autoridad tributaria, emitir actas de determinación por cada contrato suscrito con el
Estado ecuatoriano’: Como se aprecia, el Tribunal de instancia al anaflzar la
determinación del impuesto a la renta por parte de la Autoridad Tributaria
establece que de conformidad al art. 68 del Código Tributario, en el ejercicio de la
facultad determinadora, la Administración “puede adoptar, las medidas legales que
esta autoridad estime convenientes”; no establece que puede discrecionalmente
decidir a su arbitrio cualquier medida, como argumenta el recurrente, sino que
precisa que puede adoptar “medidas legales”, esto es medidas establecidas en la
normativa tributaria, siendo que en el presente caso decidió emitir actas de
determinación por cada contrato; es decir el Servicio de Rentas para determinar el
impuesto a la renta del ejercicio económico 2006, de conformidad a lo dispuesto
en el art. 21 de la Ley de Hidrocarburos, para no consolidar las pérdidas
ocasionadas en un contrato con las ganancias originadas en otro, realizó una
determinación por cada contrato para establecer el impuesto a la renta; con dicho
actuar la administración tributaria realizó un proceso legal de determinación
establecido en el art. 68 del Código Tributario; y en dichos procesos se cumplieron
con las solemnidades propias de la determinación garantizando los derechos del
contribuyente, así se establece en la sentencia de instancia cuando dice: Sin
determinadora prevista en el Código Tributario, y además verificar el cumplimiento
del mandato previsto en el artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos. En este orden
por la autoridad fiscal implique un doble pago del impuesta la renta determinado, o
en su defecto que exista causal de invalidez del acto administrativo en los
18
CORTE NACIONAL Dt
defensa o de trámite alegada Por lo mencionado el actuar adoptado por el
.
Servicio de Rentas Internas fue correcto ya que analizó y determinó la obligación
tributaria del ejercicio fiscal del 2006, estableciendo la diferenciación e
individualización de los resultados tributarios de cada contrato. Asimismo, esta
Sala Especializada advierte que la ratio decidendi señala otras normas de derecho
que no fueron alegadas por el casacionista. En virtud de lo mencionado no se
configura la errónea interpretación del art. 68 del Código Tributario argumentado
por el recurrente.
6. DECISIÓN
6.1 Por las consideraciones anotadas, la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional, Administrando justicia, en nombre del pueblo
soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la
República,resuelve:
7. SENTENCIA
7.1 NO CASAR la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
de 27 de marzo de 2017, a las 14h46, dentro del juicio No. 17505-2011-0123,
consecuentemente, se ratifica la Resolución No. 117012011RREC035660 de 31
de octubre de 2011.
19
o
TT TQI’TCT A
7.2 Sin costas
7.3 Comuníquese, publíquese y devuélvase de origen.
NACIONAL
Certifico.
Ab.J ía Carvajal Gaibor
RELATORA
20
i~A~1~
FUNCIÓN JUDICIAL
6426i4i4.DFE
in
I.a. UV
En Quito, miercoles seis de diciembre del dos mil diecisiete, a partir de las quinc~ ~
horas y catorce minutos, mediante boletas judicialesjtoffliquéla NO CASÁR~Q>SCY1ys :~
SENTENCIA Y/O AUTO RESOLUTIVO que antecede a: REPSOL YPF ECUADOR’~S&~O~~?
SA., QUE EJERCE LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO PETROLERO
BLOQUE 16 en la casilla No. 1839 y correo electrónico jrobalino@ferrere.com,
pgachet~ferrere.com, fmejia@ferrere.com, eaguayo~ferrere.com,
unidadtributaria@ferrere.com. DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS en la casilla No. 568 y correo electrónico
leonel.ortega.s~gmail.com, lportega~sri.gob.ec, sri.nortell@foroabogados.ec,
parengel@sri.gob.ec, patricio.vaca17~foroabogados.ec, en el casillero electrónico
No. 1715508444 del Dr./Ab. LEONEL PATRICIO ORTEGA SANCI-IEZ; en la casilla
No. 2424 y correo electrónico mczamora~sri.gob.ec,
patricio.vaca17~foroabogados.ec, sri. nortel 7~foroabogados.ec,
ab.mariajoseariast~gmail.com, en el casillero electrónico No. 1002241543 deI
Dr./Ab. MONICA CRISTINA ZAMORA ENDARA; PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO en la casiNa No. 1200, en el casillero electránico No. 0901499905 deI
Dr/Ab. MARCOS EDISON ARTEAGA VALENZUELA. Certifico:
ÍRA ESTEFANíA CARVAJAL GAIBOR MSC
TARIA
¡
ORTE NACiONAL DE
JUSTICIA
RECURSO No. 175O5-2O11-u12á~
,~.
ACLARACIÓNYAM~ tú
~d.
Quito,
VISTOS: El abogado Emilio JoséAguayo Vera, a nombre del señor Ramiro
Páez Rivera, Apoderado General y como tal representante legal de la
compañía REPSOL, ECUADOR S.A., entidad que a su vez ejerce la
representación legal del CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16, interpone
recurso horizontal de ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN, en contra de la
sentencia dictada el 6 de diciembre de 2017, a las 12h11 y notificada el 6 de
los mismos mes y año. Sobre tal pedido el abogado Emilio JoséAguayo Vera,
expone a fojas 69 a 70 del expediente de casación lo siguiente: ‘1.
AMPLIACIÓN... 5. Es evidente que la prohibición de confundir las pérdidasy
ganancias de los contratos ejecutados por la contratista no era el objeto de la
discusión del presente recurso de casación, puesto que el análisis contable
individual al que se refiere la Sala, bien pudo realizarse dentro del mismo
proceso de Determinación que finaliza con una únicaActa de Determinación.
La obligación del recurrente siempre ha sido que el art. 21 de la Ley de
Hidrocarburos no autoriza en ningún momento a la autoridad tributaria a
xc
JT[CIA
RECURSO No. 17505-2011-0123
ACLARACIÓNY AMPLIACION
realizar una doble determinación tributaria al mismo sujeto pasivo, acusación
que 170 ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario en la sentencia. 6. Con los antecedentes
expuestos en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del presente escrito, y toda vez que aún
170 se ha resuelto el punto controvertido en la causal alegada, solicitó se sirva
AMPLIAR, señores Jueces, el considerando 5.2.4. de la sentencia a fin de
que resuelvan sobre la aplicación indebida del artículo 21 de la Ley de
Hidrocarburos en facultar al Servicio de Rentas Internas a realizar una
doble determinación tributaria. IL ACLARACIÓN...5. El escrito contentivo
del Recurso de Casación, presentado el martes 11 de abril de 2017, las 14h36
REPSOL ECUADOR SA. fundamentó la causal primera invocada demostrando
la aplicación indebida del artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos y como este
yerro fue determinante en la parte dispositiva de la sentencia, luego de lo cual
explicó que las normas que debieron aplicar son el artículo 68 del Código
Tributario, y los artículos 10 y 103 números 1 y 2 del Código Tributar/o,
constituyendo este desarrollo, la proposición jurídica completa de la causal en
la que se funda. 9. No obstante, la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia en e/fallo de casación dictado el día
6 de diciembre de 2017, las 14h51, manifestó en la parte final del considerando
5.2.4. que “el recurrente incurre en un defecto de técnicacasacional pues debía
formular la proposición jurídica completa, en virtud de que si se alega la
aplicación indebida de una norma de derecho, en este caso del art. 21 de la
Ley de Hidrocarburos, era su obligación invocar la norma de derecho que ha su
criterio era la llamada a resolver la controversia, lo cual no ocurre en la especie.
Por lo mencionado, no se configura el vicio alegado por el recurrente’~ 10. Con
estos antecedentes expuestos en los párrafos 8 y 9 de este escrito, y en razón
/3
RECURSO No. 175O5-2O11-O1234~~J~~
ACLARACIÓNY
ç
de la obscuridad de lo resuelto, sírvanse ACLARAR señores Jueces, ¿Po
quérazón la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, afirma en su fallo, que no se ha invocado la norma
de derecho que a su criterio era la llamada a resolver la controversia,
cuando consta precisamente desde la página 8 hasta la 13 del escrito de
casación, las normas de derecho que estaban llamadas a resolver la
especie?. 11 Por otra parte la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario
en el punto 5.2.5. dei referido fallo ratifica lo actuado por el Tribunal de
instancia, considerando que éste“al analizar la determinación del impuesto a la
renta por parte de la Autoridad Tributaria establece que de conformidad al art.
68 deI Código Tributario, en el ejercicio de la facultad determinadora, la
Administración “puede adoptar, las medidas legales que esta autoridad estime
convenientes’~ no establece que puede discrecionalmente decidir a su arbitrio
cualquier medida, como argumenta el recurrente, sino que precisa que puede
adoptar “medidas iegales’~ esto es medidas establecidas en la normativa
tributaria, siendo que en el presente caso decidió emitir actas de determinación
por cada contrato. dando a entender que la doble determinación es una
..‘~
medida legal prevista en el ordenamiento tributario. Por lo expuesto, si se parte
de la premisa que la autoridad tributaria puede adoptar medidas legales
establecidas en la normativa tributaria, sírvanse ACLARAR, señores Jueces,
¿ Cuál es la normativa tributaria que faculta a la Administración Tributaria
a emitir actas de determinación por cada contrato cuando se trata del
mismo Consorcio? 12. Adicionalmente, la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario en el punto 5.2.5. manifiesta que el Servicio de Rentas
Internas “para no consolidar las pérdidasocasionadas en un contrato con las
ganancias originadas en otro, realizó una determinación por cada contrato para
3
J{r~
ACLARACIÓNY AMPLIACIÓN
establecer el impuesto a la renta” No obstante, en el segundo inciso del art. 3
de la Resolución NAC-DGER2005-0437, publicada en el Registro Oficial No.
110 del 23 de septiembre del 2005, ordenaba que el Impuesto a la Renta se
debía establecer en una únicadeclaración global, sírvanse ACLARAR, señores
Jueces, ¿Por qué es necesario realizar una determinación por cada
contrato para establecer el impuesto a la renta, si el propio Servicio de
Rentas Internas dispuso que las declaraciones tributarias se presenten
globalmente por todos los contratos de exploración y explotación de
hidrocarburos a cargo del consorcio?. Con estos antecedentes, para
resolver se considera: PRIMERO.- Para conocer la petición de ampliación y
aclaración presentada, conforme lo previsto en los arts. 274 del Código
Tributario y 281 del Código de Procedimiento Civil, es competente esta Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
SEGUNDO.- El art. 274 del Código Tributario establece que: “...La aclaración
tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación, cuando no se
hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos o se hubiere omitido
decidir sobre multas, intereses o costas”. El art. 282 del Código de
Procedimiento Civil, se refiere a la aclaración y ampliación de la sentencia en
los mismos términos;y, el art. 253 del Código Orgánico General de Procesos
establece que: “La aclaración tendrá lugar en caso de sentencia oscura. La
ampliación procederá cuando no se haya resuelto alguno de los puntos
controvertidos o se haya omitido decidir sobre frutos, intereses o costas’~
TERCERO.- La abogada Karla Robalino, procuradora fiscal del SeR’icio de
Rentas Internas, en la contestación a la aclaración y ampliación manifiesta que
la sentencia en referencia es clara ya que no posee ningúnpunto obscuro o
dudoso, así como tampoco incurre en omisiones o se ha emitido con error
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CORTE NACIONAL DE a
RECURSO No. 17505-201 1-0123~.. ~Nc:o~
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ACLARACIÓNY AMPLIACIÓ’Ñ?’ fr
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material alguno, sin que sea perbnente ninguna puntualización adicional
manera inoficiosa en elementos que resultan impertinentes; que es evidente
que la Sala ha considerado todos los elementos de convicción aportados por
las partes para llegar a su conclusión; que si bien se puede aclarar los puntos
sobre los cuales se trabó la litis, no podrá examinar asuntos que no han sido
planteados en la demanda ni modificar los puntos que ya han sido
pronunciados en el fallo; que la Sala se ha referido a los aspectos sobre los
que se trabó el recurso; que la alegación de la parte actora no amerita
aclaración pues es clara la manifestación de la Sala sobre los aspectos que se
trabó el recurso; que todos los argumentos de la parte actora carecen de
asidero jurídico puesto que la sentencia emitida con fecha 6 de diciembre del
2017, analizó cada argumento del recurrente otorgando la razón de la correcta
determinación a la Administración Tributaria, por lo cual no es procedente pedir
aclaración y ampliación sobre los mismos. CUARTO.- La aclaración, segúnel
autor Alejandro Espinosa Solís de Ovando, se define como: e/medio que la
“...
ley concede a las partes para obtener que el mismo tribunal que dictó una
resolución aclare los puntos obscuros o dudosos de ella (Espinosa Solís de
Ovando, Alejandro (1985). “De los Recursos Procesales en el Código de
Procedimiento Civil’: Editorial Jurídica de Chile. Págs. 5 y 6); por su parte, el
tratadista Ramiro Podetti, dice: “El recurso de aclaratoria es un remedio
procesal concedido a los litigantes para que el mismo juez, mediante su
modificación parcial o su integración, adecue una resolución judicial a los
hechos y al derecho aplicable.” (Podetti, Ramiro (2009). “Tratado de los
Recursos”. Buenos Aires. Ediar. Pág. 143). Y la ampliación segúnJaime Flor
Rubianes tiene por objeto: .suplir cualquier omisión en la que se hubiere
incurrido en la resolución respecto de la acción o excepciones; suplir las
5
omisiones sobre cuestiones accesorias como intereses y costas, la falta de
pronunciamiento sobre la pretensión de reclamar daños y perjuicios, sobre la
excepción de prescrípción, etc.”(Flor Rubianes, Jaime (2002) “Manual de teoría
general de los recursos procesales civiles y penales, aplicada a la legislación
ecuatoriana”. Librería Jurídica. Pág. 32). QUINTO.- De lo expuesto se
establece lo siguiente: 1. Que en relación a la solicitud de ampliación hay que
destacar que ésta procede cuando en la sentencia no se hubiere resuelto
alguno de los puntos controvertidos o se hubiere omitido decidir sobre multas,
intereses o costas, en la especie, el recurrente solicita se amplié el
considerando 5.2.4 de la sentencia de casación, en la cual este Tribunal
Especializado de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia se
pronunció y resolvió sobre el cargo de aplicación indebida del art. 21 de la Ley
de Hidrocarburos, realizando el análisis y pronunciamiento respectivo, del
porque era aplicable dicho artículo en el caso concreto; en tal virtud no cabe
realizar ampliación alguna a la sentencia. 2. En relación a la solicitud de
aclaración, hay que destacar que éstaprocede si la sentencia fuere obscura y
el fallo emitido por esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario,
resuelve con total claridad y precisión los cargos planteados en el recurso de
casación al amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, de
aplicación indebida del art. 21 de la Ley de Hidrocarburos y errónea
interpretación del art. 68 del Código Tributario, en los considerandos 5.2.4 y
5.2.5; respectivamente, y sin que esto signifique aclaración alguna a la
sentencia, cabe mencionar lo siguiente: 1) Dando respuesta a la primera
petición de aclaración de que al final del considerando 5.2.4 se establece que
.Además. el recurrente incurre en un defecto de técnicacasacional pues
debía formular la proposición jurídica completa, en virtud de que se alega la
ORTE NACIONAL
RECURSO No. 175O5-2O,11~O123~
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ACLARACIÓNY AMP 1~I~Ñ.~S~T
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aplicacion indebida de una norma de derecho, en este caso del ait 21 de la
Ley de Hidrocarburos, era su obligación invocar la norma de derecho que a su
criterio era la llamada a resolver la controversia lo cual no incurre en la
especie ; es por quéasí ocurre en el caso en análisis, ya que como consta
en la sentencia en los considerandos 1.1 y 1.3 el auto de admisibilidad del
recurso de casación fue parcial en virtud de que la compañía REPSOL,
ECUADOR S.A., entidad que a su vez ejerce la representación legal del
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16, no planteó correctamente las demás
normas que alegaba, por lo que no se admitió para su análisis y
pronunciamiento del Tribunal Especializado de lo Contencioso Tributario. II) En
contestación a la segunda y tercera solicitud de aclaración hay que mencionar
que en el considerando 5.2.5 de la sentencia de casación este Tribunal
Especializado de lo Contencioso Tributario determina con precisión y claridad
porque no se configura en la sentencia de instancia a errónea interpretación
del art. 68 del Código Tributario y porque el actuar de la Administración
Tributaria es correcto con fundamento en el articulo antes mencionado; cuando
dice: “5.2.5 En lo concerniente al segundo cargo de errónea interpretación del
art. 68 del Código Tributario, el recurrente argumenta que en la sentencia de
instancia al determinar que el Servicio de Rentas Internas en el ejercicio de su
facultad determinadora la puede ejercer “a su criterio como autoridad tributaria”
sin considerar que en la primera parte de dicho artículo claramente se indica
que la determinación de la obligación tributaria “es el acto o conjunto de actos
reglados” y que en el segundo inciso de dicho artículo no se autoriza a la
Administración a actuar conforme a su criterio es decir de forma discrecional,
sino únicamenteadoptar medidas legales. En la sentencia del Tribunal a quo,
en su parte pertinente en el numeral 7.1.5 numeral (2) señala “2) Por otra parte,
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CORTE NACJONAL DE
J~~!~CIA
situación diferente a la declaración del sujeto pasivo es la determinación del
sujeto activo, que segúnel aitículo 68 del Código Tributario, implica, entre otros
aspectos, que la autoridad tributaria puede adoptar, a efectos de la
determinación, las medidas legales que esta autoridad estime convenientes. En
este contexto, el articulo 21 de la Ley de Hidrocarburos, advierte que en caso
que un mismo contratista suscriba más de un contrato, para efectos del pago
del impuesto a la renta, ésteno puede consolidar las pérdidasocasionadas en
un contrato con las ganancias originadas en otro. Por lo tanto, además de las
normas y piesupuestos generales para la determinación del impuesto a la
renta, por cuanto la actividad económica que realiza el contribuyente se refiere
a hidrocarburos, denti-o de facultad verificar, complementar o enmendar una
declaración, la administración tributaria debía considerar el mandato del
referido artículo 21, respecto del cual, en este caso se verifica que el SRI
estimó conveniente para la determinación, a su criterio como autoridad
tributaria, emitir actas de determinación por cada contrato suscrito con el
Estado ecuatoriano”: Como se aprecia el Tribunal de instancia al analizar la
establece que de conformidad al art. 68 del Código Trbutario, en el ejercicio de
la facultad determinadora la Administración “puede adoptar, las medidas
legales que esta autoridad estime convenientes’~ no establece que puede
discrecionalmente decidir a su arbitrio cualquier medida, como argumenta el
recurrente, sino que precisa que puede adoptar “medidas legales” esto es
medidas establecidas en la normativa tributaria, siendo que en el presente caso
decidió emitir actas de determinación por cada contrato; es decir el Servicio de
Rentas para determinar el impuesto a la renta del ejercicio económico 2006, de
conformidad a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de Hidrocarburos para no
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ORTE NACIONAL DE oi
RECURSO No. 175O5-2O11-O123’~—...
consolidar las pérdidas ocasionadas en un contrato con las ganancias
originadas en otro. iealizó una determinación por cada contrato para establecer
e/impuesto a la renta; con dicho actuar la administración tributaria realizó un
proceso legal de determinación establecido en el art. 68 del Código Tributario; y
en dichos procesos se cumplieron con las solemnidades propias de la
determinación garantizando los derechos del contribuyente, así se establece en
la sentencia de instancia cuando dice: Sin embargo de lo expuesto, como
“. . .
quedó puntualizado, consta en la resolución impugnada la diferenciación e
individualización de las resultados tributarios en cada contrato, situación que
permite identificar las operaciones en cada uno de estos, todo esto a fin de que
la administración tributaria ejerza la facultad determinadora prevista en el
Código Tributario, y además verificar el cumplimiento del mandato previsto en
el artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos.- En este orden de cosas, no obra de
autos, ni la actora lo ha advertido que esta medida adoptada por la autoridad
fiscal implique un doble pago del impuesta la renta determinado, o en su
defecto que exista causal de invalidez del acto administrativo en los términos
previstos en el artículo 139 del Código Tributario, puesto que se aprecia que no
existe objeción sobre la autoridad que emitió la resolución impugnada; y, de la
revisión material del mismo no se evidencia violación del derecho a la defensa
o de trámite alegada,.. Por lo mencionado el actuar adoptado por el Servicio
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de Rentas Internas, fue correcto ya que analizó y determinó la obligación
Sala Especializada advierte que la ratio decidendi señala otras normas de
derecho que no fueron alegadas por el casacionista. En virtud de lo
mencionado no se configura la errónea interpretación del art. 68 del Código
Tributario argumentado por el recurrente”. Por lo tanto, no cabe realizar
aclaración alguna de la sentencia, por lo que no puede dar paso a la solicitud
de aclaración hecha por el abogado Emilio JoséAguayo Vera, a nombre del
señor Ramiro Páez Rivera, Apoderado General y como tal representante legal
de la compañía REPSOL, ECUADOR SA., entidad que a su vez ejerce la
representación legal del CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16, pues en el
fondo, lo que pretende es una modificación del criterio vertido y que se
pronuncie sobre aspectos que no fueron materia del recurso de casación, lo
cual no es procedente en este momento procesal. SÉXTO.- Es pertinente
mencionar que el recurso extraordinario de casación tiene como uno de sus
objetivos el corregir incorrecciones jurídicas deslizadas en autos o sentencias
que atenten contra la unificación de criterios y, en definitiva, contra la legalidad
de lo resuelto. Por tal motivo, el Tribunal de Casación debe pronunciarse
exclusivamente en base a los fundamentos jurídicos y de hecho que sostengan
la justificación de una de las causales previstas para la casación. Es decir que
si existen hechos o argumentos que no coadyuven al fundamento del recurso,
deben ser rechazados por improcedentes; esto, tanto para resolver el recurso
cuanto para atender cualquier incidente, como solicitudes de aclaración o
ampliación de sentencias. Vale indicar que el principal objetivo de la Casación
no consiste en enmendar los agravios que las partes consideran se les ha
irrogado, sino en corregir los vicios que, en lo concerniente a la aplicación de
normas jurídicas, pudiera contener un fallo, con lo cual se busca conservar la
integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Teniendo esto
en cuenta y segúnlo expresado en el presente auto, al haberse resuelto el
problema jurídico contenido en el recurso de casación, y no adolecer la
sentencia de falta de claridad, se rechaza la solicitud presentada, por lo que las
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RECURSO No. 175O5-2O11-O12~°~~L~
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ACLARACIONYAM LA
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partes procesales estaran a lo senalado y dispuesto en la sentencia;
ordena que a Actuada de esta Sala proceda a la devolución del proceso al
Tribunal de origen, para los fines consiguientes. N6~ifíquese.-
Dra.
ZA NACIONAL
Certifico.-
Ab. Ja la Carvajal Gaibor
SEC ARIA RELATORA
A
CV
En Quito, miércolesdiez de enero del dos mil dieciocho, a partir de las catorc&h~ras-:
y cuarenta y siete minutos, mediante boletas judiciales notifiquéel AU~U
‘1
antecede a: REPSOL YPF ECUADOR S.A., QUE EJERCE LA REPRESEN
DEL CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16 en la casilla No. 1839 y~reo
\\
electrónico jrobalino@ferrere.com, pgachet@ferrere.com, fmejia@ferrere.cqm
eaguayo@ferrere.com, unidadtributaria@ferrere.com. DIRECTOR REGIONAl
NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS en la casilla No. 568 y correo
electrónico leonel.ortega.s@gmail.cøm, Iportega@sri.gob.ec,
ari.norte17@roabogados.ec, parengel@sri.gob.ec,
patricio.vaca17@foroabogados.ec, kcrobalino@sri.gob.ec, en el casillero electrónico
No. 1715508444 deI DríAb. LEONEL PATRICIO ORTEGA SANCHEZ; en la casilla
No. 2424 y correo electrónico mczamora@sri.gob.ec,
patricio.vacal 7 @toroabogados.ec, sri.norte17@foroabogados.ec,
ab.mariajoseariast@gmail.com, en el casillero electrónico No. 1002241543 del
ESTADO en la casilla No. 1200, en el casillero electrónico No. 0901499905 del
Dr.fAb. MARCOS JEDISON ARTEAGA VALENZUELA. Certifico:
dRA ESTEFANÍA CARVAJAL GAIBOR MSC
SECRETARIA RELATORA
RAZÓN: Siento como tal que las 18 fotocopias que anteceden debidamente
foliadas, selladas y rubricadas son iguales a los originales que constan dentro del
Juicio No. 17505-2011-0123 (Recurso de Casación No. 17505-2011-0123), que
sigue la compañía REPSOL YPF, ECUADOR S.A., entidad que a su vez ejerce la
representación legal del CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16 en contra del
Director Zonal 9 deI Servicio de Rentas Internas, las mismas que las confiero
debidamente certificadas. Quito, 16 de enero del e 8. Certifico.
Ab. JAHAI ‘A 4fl, NIA CARVAJAL GAIBOR
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Salade lo Contencioso)
SECRETJ~JAJ |
Recurso de Casación N° 125-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZA PONENTE: DRA. MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR: FERNANDO GONZÁLEZ CORRAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO AZUAY
DEMANDADO: DIRECTOR REGIONAL DEL AUSTRO DEL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS
Quito, a 21 de mayo de 2013, Las 09H10.-----------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución N° 004-
2012, de 25 de enero de 2012, emitida, por el Consejo de la Judicatura y por la
Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es
competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación, en virtud de lo
establecido en los artículos 184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185,
segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de
Casación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I. ANTECEDENTES
1.1.- El señor Fernando González Corral, representante legal de la Asociación Mutualista
de Ahorro y Crédito de Vivienda Azuay, interpone recurso de casación en contra de la
sentencia de 18 de febrero de 2011, dictada por la Sala Única del Tribunal Distrital de lo
Fiscal N° 3, con sede en Cuenca, dentro del juicio de Impugnación N° 24-2010, seguido
en contra del Director Regional Austro del Servicio de Rentas Internas. Una vez concedido
el recurso, la Administración Tributaria no ha dado contestación al mismo.--------------------
1.2.- El señor Fernando González Corral, representante legal de la Asociación Mutualista
de Ahorro y Crédito de Vivienda Azuay, fundamenta su recurso en las causales primera y
quinta del artículo 3 de la Ley de Casación y alega que han sido infringidas las siguientes
normas de derecho: artículos 8 y 9, numeral 4 tercer inciso, 39 y 98 de la Ley de Régimen
Tributario Interno; 256 de la Constitución Política de 1998; 300 de la Constitución de la
República; 13, 31, 32 y 33 del Código Orgánico Tributario. Como argumentos para
sustentar sus aseveraciones manifiesta que, la falta de aplicación del artículo 39 de la Ley
de Régimen Tributario Interno, se evidencia pues en forma clara que la norma establecía,
sin limitar el tipo de sociedad, que éstas pueden reinvertir sus utilidades y que así
procedió su representada. Que existe falta de aplicación del artículo 98 ibídem, puesto que
las mutualistas, son consideradas por la Ley, sociedades y, por lo tanto, están sometidas a
las obligaciones y los derechos que la norma prevé para estas personas jurídicas y dentro
de éstas, el beneficiarse de la reducción de la tarifa del impuesto a la renta. Que existe
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falta de aplicación de los principios constitucionales contenidos en los artículos 256 y 300
de las Constituciones: anterior y actual, porque éstas han reconocido como base legal del
régimen tributario, la igualdad o equidad y generalidad, es decir, igualdad entre los
contribuyentes y el hecho de que las normas legales, no pueden propender a la exclusión
de unas y otras y en este caso, inaplicando estas normas, que se ha ratificado en la
sentencia que dos sociedades idénticas, que incluso tienen actividades similares como los
Bancos, Financieras, Cooperativas y Mutualistas, están sometidas a gravámenes
diferentes. Que existe indebida aplicación de los artículos 8 y 9 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, pues a criterio del recurrente, se aplica la Ley con el rigor y equivocada
interpretación que anota en la sentencia y que por tanto son reproducciones textuales de
lo dicho por la Administración, aduce además que las Mutualistas ni siquiera deberían
proceder al pago del impuesto a la renta. Finalmente alega que se viola nuevamente el
artículo 300 del Código Tributario (sic) al ratificarse en el fallo el recargo establecido en el
Acta de Determinación levantada por el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2005.
Concluida la tramitación de la causa y pedidos los autos para resolver, se considera:--------
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad
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alguna que declarar. ------------------------------------------------------------------------------------
2.2.- Determinación de la problemática jurídica a resolver: La Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia
impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario determinar lo
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------
A) ¿La sentencia impugnada ha incurrido en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de
Casación, porque supuestamente no contiene los requisitos exigidos por la Ley o en su
parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.?----------------------
B) ¿La sentencia impugnada ha infringido la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación, por la supuesta falta de aplicación de los artículos 256 de la Constitución Política
de 1998; 300 de la Constitución de la República actual; 13, 31, 32 y 33 del Código
Orgánico Tributario, así como la indebida aplicación de los artículos 8 y 9, numeral 4 tercer
inciso, 39 y 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, lo que ha originado que el
Tribunal A quo rechace la demanda y declare la validez del Acta de Determinación N°
0120100100025?-----------------------------------------------------------------------------------------
C) ¿El fallo impugnado ha violado el artículo 300 de la Constitución de la República al
ratificarse el recargo establecido en el Acta de Determinación N° 0120100100025,
levantada por el ejercicio fiscal 2005? ----------------------------------------------------------------
III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA
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3.1.- En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que
tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho
sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo como
impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en
varios fallos de la Sala.------------------------------------------------------------------------------
3.2.- Planteada la problemática esta Sala Especializada, formula las siguientes
consideraciones: a) Como primer punto a resolver es determinar si la sentencia
impugnada ha incurrido en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, conforme
lo alega el recurrente en el acápite 4 de su recurso, dicha causal, a la letra dice: “[…] 5ta.
Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte
dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.”; es criterio reiterado de
la Sala que la causal quinta tiene relación, entre otras, con la falta de motivación, la
misma que de existir, acarrearía la nulidad del fallo, acatando el mandato constitucional
del artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República. Del estudio de la
fundamentación del recurso se desprende que el recurrente únicamente menciona esta
causal en el acápite cuarto de su escrito, pero no la fundamenta, razón por la cual esta
Sala desecha la causal quinta.-----------------------------------------------------------------------
b) Como segundo problema a resolver, es determinar si la sentencia impugnada ha
infringido la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por la supuesta falta de
aplicación de artículos 256 de la Constitución Política de 1998; 300 de la Constitución de la
República actual; 13, 31, 32 y 33 del Código Orgánico Tributario, así como la indebida
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aplicación de los artículos 8 y 9, numeral 4 tercer inciso, 39 y 98 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, lo que ha originado que el Tribunal A quo rechace la demanda y
declare la validez del Acta de Determinación N° 0120100100025, para ello se realiza las
siguientes apreciaciones: b.1. Para introducirnos en el análisis de la causal primera,
traemos a colación lo señalado por la doctrina en el sentido de que: “La causal primera del
artículo 3 contiene la llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes
jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante de su
parte resolutiva. Sobre el tema, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: […Se trata
de la llamada transgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella no cabe
consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base que es correcta la
apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios de prueba incorporados al
proceso, por lo que corresponde al tribunal de casación examinar, a base de los hechos
considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de aplicación, aplicación indebida
o errónea interpretación de los artículos citados por el recurrente […] …” (Dr. Santiago
Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador, Quito, Editorial Andrade y Asociados,
Quito, 2005, pág. 181) (el resaltado pertenece a la Sala); es decir, que existen dos
elementos para configurar esta causal, el primero, que debe haber la violación directa de
las normas sustantivas en la sentencia impugnada y el segundo, que la transgresión haya
sido determinante en la parte resolutiva; esta violación puede estar dada por la falta de
aplicación, que es la omisión que realiza el juzgador en la utilización de las normas o
preceptos jurídicos que debían aplicarse a una situación concreta, conduciendo a un error
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grave en la decisión final; o por la aplicación indebida que es la atribución equivocada de
una disposición legal o precepto jurídico a un alcance que no tiene; o por la errónea
interpretación, que consiste en la falta que incurre el juzgador al dar desacertadamente a
la norma o precepto jurídico aplicado, un alcance mayor o menor o distinto, que el
descrito por el legislador. En el caso sub iúdice, el recurrente alega que existe falta de
aplicación de los artículos 256 de la Constitución Política de 1998; 300 de la Constitución
de la República actual; 13, 31, 32 y 33 del Código Orgánico Tributario. b.2. Tanto los
artículos 256 de la anterior Carta Magna como el 300 de la actual, se refieren a los
principios básicos del régimen tributario ecuatoriano, entre ellos el de igualdad, sobre el
que el recurrente manifiesta: “[…] la igualdad entre los contribuyentes, es decir, que bajo
este principio, dos contribuyentes con similares características, deben gozar de los mismos
beneficios u obligaciones, pues lo contrario, sería aplicar criterios desiguales violando la
norma constitucional […]”, al respecto cabe mencionar, que todas las personas son iguales
ante la ley, igualdad que se traduce en que ante las mismas condiciones o circunstancias
los sujetos pasivos en general deben y están obligadas a pagar el impuesto a la renta y
otros tributos, cumpliendo de esta manera lo preceptuado en las normas constitucionales.
Por lo tanto, esta Sala no encuentra que la sentencia del inferior haya dejado de aplicar
los artículos en referencia, pues como lo señala el artículo 4 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, que a la letra dice: “[…] sujetos pasivos del impuesto a la renta las
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras,
domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las
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disposiciones de esta Ley. Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el
impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma.”; del texto de la norma
se puede apreciar, que todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las
sociedades están en la obligación de declarar y pagar el impuesto a la renta. En todo caso,
hay que anotar que aquellos que están exentas de impuesto a la renta, taxativamente se
encuentran determinados en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. b.3. El
artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, a la letra dice: “[…] Definición de
sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad comprende la persona jurídica; la
sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o autónomos
dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las Instituciones del Estado
siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de empresas, la
compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias
o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería
jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus
miembros.”; dentro de esta definición se considera para efectos tributarios también a las
cooperativas y las mutualistas. Es necesario hacer una distinción entre las sociedades que
se encuentran comprendidas en este artículo, pues las mismas no son iguales entre sí, por
una parte están por ejemplo las personas jurídicas, que tienen fin de lucro y por otra, las
mutualistas y cooperativas, cuyo fin en parte puede ser social, de allí radica que las
primeras obtengan utilidades y las otras excedentes. b.4. El último inciso del artículo 39
de la Ley de Régimen Tributario Interno, señala que las sociedades que reinviertan sus
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utilidades, podrán obtener una reducción del 10% en la tarifa del Impuesto a la Renta.
Tanto las cooperativas como las mutualistas, no reparten utilidades sino reinvierten
excedentes, siendo muy claro el artículo 39 ibídem, cuando dice las sociedades que
reinviertan las “utilidades”, en ningún momento habla de excedentes y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 13 del Código Tributario, el mismo que dice, “[…] las palabras
empleadas en la ley tributaria se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o
usual, según proceda, a menos que se las haya definido expresamente. […]”; en
concordancia con el numeral 1 del artículo 18 del Código Civil, (cuando el tenor de la ley
es claro, no se desatenderá su texto a pretexto de consultar su espíritu), se concluye que
utilidad es el interés, provecho o fruto que se obtiene de algo, mientras que excedente es
el remanente de cantidad que sobra de algo. El artículo 39 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, vigente a la época, claramente se refería a las sociedades con fines de
lucro y por tanto las otras sociedades no podían acogerse a ese beneficio, es decir, que
sólo las sociedades con fines de lucro podían reinvertir sus utilidades y acogerse a la
reducción del 10% en la tarifa del impuesto a la renta y no por ello se violaba los
principios constitucionales del régimen jurídico tributario. Finalmente, el artículo 60 de la
Ley de Cooperativas, norma vigente a la época, esto es el período 2005, decía: “[…] Los
beneficios económicos que obtiene una cooperativa se denominan excedentes, y son el
resultado de retenciones hechas a los socios, por previsión, o de sumas cobradas en
exceso en los servicios de la institución, y que les son devueltas, en el tiempo y forma y
con las deducciones que se establece en el Reglamento General. Por lo mismo, tales
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excedentes no se considerarán utilidades para los efectos señalados en las
leyes tributarias y de comercio” (el subrayado y el resaltado pertenecen a la Sala); de
lo expuesto se puede colegir que las cooperativas y mutualistas por mandato de ley
expresa no podían considerar a sus excedentes como utilidades para efectos señalados en
las leyes tributarias en este caso, para acogerse al beneficio tributario contemplado en el
artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente a la época, por lo tanto, no se
ha configurado la falta de aplicación alegada de los artículos mencionados anteriormente,
razón por la cual se desecha la misma.----------------c) Como último punto controversial
que la Sala debe establecer, es si el fallo impugnado ha violado el artículo 300 de la
Constitución de la República, al ratificarse el recargo establecido en el Acta de
Determinación N° 0120100100025, levantada por el ejercicio fiscal 2005, para lo cual la
Sala observa que: c.1. El artículo 90 del Código Tributario, a la letra dice: “[…]
Determinación por el sujeto activo.- El sujeto activo establecerá la obligación tributaria, en
todos los casos en que ejerza su potestad determinadora, conforme al artículo 68 de este
Código, directa o presuntivamente. La obligación tributaria así determinada causará un
recargo del 20% sobre el principal.”; c.2. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en
Resolución de 4 de mayo de 2011, Registro Oficial No. 471, de 16 de junio de 2011,
artículo 1, dicta el precedente general obligatorio, referente al tratamiento del recargo, el
mismo que textualmente señala: “[…] El recargo del 20% sobre el principal que se aplica
en aquellos casos en que el sujeto activo ejerce su potestad determinadora de forma
directa, incorporado en el segundo inciso del art. 90 del Código Tributario por el art. 2 del
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Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de
Diciembre del 2007, tiene una naturaleza sancionatoria, pues, procura disuadir el
incumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente. Al constituir el recargo del
20% sobre el principal una sanción, deben aplicársele las normas que sobre la
irretroactividad de la ley penal contienen la Constitución, el Código Tributario y
el Código Penal, así como las normas sobre la irretroactividad de la ley tributaria,
que mandan que las sanciones rigen para lo venidero, es decir, a partir de su vigencia.
En consecuencia, no cabe que se aplique el recargo del 20% a las determinaciones
iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma, esto es, al 29 de
diciembre de 2007, como tampoco cabe que se lo aplique a las determinaciones
iniciadas con posterioridad a esa fecha, pero que se refieran a ejercicios
económicos anteriores al 2008. […]” (el resaltado, y el subrayado pertenecen a la
Sala); en el presente caso, el recargo del 20% contemplado en el Acta de Determinación
N° 0120100100025, levantada a la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito de Vivienda
Azuay por concepto de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2005, no puede ser aplicado,
porque el ejercicio fiscal determinado fue anterior al año 2008, fecha en que entró en
vigencia la reforma del artículo 90 inciso segundo, tal como lo manda el precedente
jurisprudencial obligatorio transcrito en líneas anteriores. En virtud de lo cual, queda sin
efecto el recargo del 20% contemplado en el Acta de determinación tantas veces
mencionada.-------------------------------------------------------------------------------
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IV.- DECISIÓN
Por estas consideraciones, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, expide la siguiente: --------------------------------------------------------------------
SENTENCIA
Se casa parcialmente la sentencia, respecto al recargo del 20% contemplado en el Acta de
Determinación N° 0120100100025, levantada en contra de la Asociación Mutualista de
Ahorro y Crédito de Vivienda Azuay por concepto de impuesto a la renta del ejercicio fiscal
2005, de conformidad con el Considerando Tercero, acápite c) del presente fallo. Actúe la
Doctora Ligia Marisol Mediavilla, como Secretaria Relatora Subrogante, de conformidad
con lo dispuesto en el Oficio No. 246-2013-CNJ-SCT, de fecha 2 de mayo de 2013
Notifíquese, devuélvase y publíquese.- ff) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA
PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela,
CONJUEZ; Certifico: f) Dra. Marisol Mediavilla, SECRETARIA RELATORA (S).
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RECURSO No. 128-2011
JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO.-
Quito, a 11 de marzo de 2013. Las 11H35. ------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la
Resolución No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la
Judicatura; y, por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de
2012 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal,
mediante sentencia dictada el 21 de enero de 2011, la Segunda Sala
Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2 con sede en Guayaquil,
declara con lugar la demanda de impugnación presentada por los señores
Econ. Gilberto Villón Soto e Ing. Alejandro Rojas Farías, en sus calidades
de Gerentes y por tanto representantes legales de la compañía
REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., y declara la invalidez de
la Resolución N° 109012004DIV0026 dentro del Trámite N°
10901200352328 de 19 de enero de 2004, dictada por el Director
Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur y ordena que se
emita la pertinente Nota de Crédito por el valor que corresponde al IVA
pagado y no devuelto, por el mes de octubre de 2003, más los
respectivos intereses.- Dentro del término concedido en el Art. 5 de la
Ley de Casación, el señor Econ. Juan Avilés Murillo, en calidad de Director
Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur, presenta un escrito
que contiene el pertinente recurso.- Aceptado que ha sido a trámite por
el Tribunal Juzgador en providencia de 24 de febrero de 2011, ha subido
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en conocimiento de esta Sala Especializada para que confirme o revoque
tal aceptación, lo que ha sucedido en auto de 3 de mayo de 2011, se ha
corrido traslado al representante legal de la Empresa actora para los fines
previstos en el Art. 13 de la Ley de Casación, el Ab. Leonardo Viteri
Andrade, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo, dentro del término
concedido al efecto, se ha pronunciado en defensa de la sentencia que le
favorece y ha señalado domicilio donde recibir notificaciones.- Concluida
la tramitación de la causa y siendo su estado el de dictar sentencia, para
hacerlo se considera: --------------------------------------------------------------
PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer del presente recurso, en
virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 184 de la Constitución de la
República vigente, en concordancia con el Art. 1 de la Codificación de la Ley de
Casación y numeral 1, parte II del Art. 185 del Código Orgánico de la Función
Judicial. ---------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- La Administración Tributaria Central en el escrito que contiene su
recurso (fs. 341 a 350 de los autos) dice que las causales en que se
fundamenta, son las contempladas en los numerales primero, tercero y quinto
del Art. 3 de la Ley de Casación, pues la sentencia recurrida ha infringido los
Arts. 65 y 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), los Arts. 145 y
148 de su Reglamento de Aplicación, Arts. 1 y 2 numeral 4 de la Resolución N°
00032 de 17 de febrero de 2000, Arts. 1, 7 y Disposición General 1ra. del
Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, los Arts. 258, 270 y 273
del Código Tributario, adicionalmente las garantías básicas del Debido Proceso
consagrados en el Art. 76 de la Constitución de la República y los Arts. 113,
114, 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil. En su fundamentación
argumenta que la sentencia, no está debidamente motivada, pues en ningún
momento explica la pertinencia de las normas jurídicas que enuncia con
relación a los hechos probados, ni la valoración de la actuación de la
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Administración en la resolución impugnada, lo que causa su nulidad conforme
al literal l del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución y demás disposiciones
referidas, así como de la jurisprudencia que señala y trascribe.- En relación a la
3ra. causal, la sentencia al decir: “Durante la etapa de prueba, la demandada
no presentó ningún tipo de prueba que puedan ser valoradas…”, se ha
inaplicado el Art. 258 del Código Tributario y los Arts. 113 y 114 del Código de
Procedimiento Civil, puesto que la carga de la prueba le corresponde al actor.
Por último, la sentencia no aplica las normas de derecho (causal 1ra.) que
regula la devolución del IVA o del crédito tributario en favor de las actividades
de exportación, que cabe sólo si se presenta comprobantes que reúnan los
requisitos exigidos por el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención,
que actúa dentro de los lineamientos fijados por la Constitución y la ley. Que
aceptar comprobantes sin estas características, constituye falta reglamentaria y
nadie puede aprovecharse de un ilícito beneficiando al infractor de su propia
falta, por ello la sentencia ha dejado de aplicar los Arts. 65 y 69A de la Ley de
Régimen Tributario Interno (LRTI), los Arts. 145 y 148 de su Reglamento de
Aplicación, Arts. 1 y 2 numeral 4 de la Resolución N° 00032, Arts. 1, 7 y
Disposición General 1ra. del Reglamento de Comprobantes de Venta y
Retención. Pide se case la sentencia y se confirme la validez y legitimidad de la
Resolución N° 109012004DIV0026, materia de la litis.- -----------------------------
TERCERO.- Por su parte, el representante legal de la Empresa REYBANPAC,
REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. en la contestación al recurso (fs. 4 a 7 del
cuadernillo de casación), en defensa de la sentencia, luego de referirse a los
antecedentes del caso, alega que, la supuesta “falta de motivación” en que
incurre el fallo, de acuerdo al recurrente, no corresponde a la realidad de los
autos, que probablemente no le satisfaga, pero tiene los requisitos de
motivación para lo cual, cita fragmentos de la misma. Dice que el recurso se
limita a la mera enunciación de la causal, pero no establece en qué caso
concreto se ha producido la falta de aplicación de las normas aludidas. Que en
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relación a la 3ra. causal no explica cuál es la regla jurídica concerniente a la
valoración de la prueba que haya sido violentada y cómo ello ha conducido a
una violación del derecho de la recurrente, suficiente para que sea rechazada.
Que en relación a la 1ra. causal, la fundamentación esgrimida es totalmente
incongruente, si no se razona y se demuestra las infracciones denunciadas, no
existe formalización al tenor de lo señalado en el Art. 6 de la Ley de Casación.
Dice que, no basta la cita de normas materiales o principios constitucionales y
señala que éstos no se han aplicado, es indispensable concretar en la especie,
los casos en que se habría producido. Confía en que la Sala rechace el recurso
interpuesto. ---------------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- El primer punto a dilucidar es sin duda la causal quinta, la que tiene
relación a las normas constitucionales que dice haberse violentado en la
sentencia, y en especial lo referente a la “falta de motivación”, porque de ser
cierto la aseveración hecha por el recurrente, dicha omisión produciría la
nulidad de la sentencia, al tenor de lo ordenado en el Art. 76, numeral 7, literal
l) de la Constitución de la República, que ha sido esgrimida dentro de la causal
5ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Dicha norma constitucional establece que
todos los actos y actuaciones de los poderes públicos, se expedirán por escrito
y que además, serán debidamente motivados, circunstancia que para una
sentencia de un Tribunal de Justicia es un deber sustancial, conforme también
lo dispone y ordena el Art. 273 del Código Tributario, segundo inciso, que dice:
“La sentencia será motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se
trabó la litis y aquellos que, en relación directa a los mismos, comporten control
de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o actos
impugnados…”; obligación ratificada por los Arts. 274 y 276 del Código de
Procedimiento Civil. De la revisión del fallo dictado por la Sala A quo, esta Sala
Especializada encuentra que, luego de transcribir varias piezas procesales como
la demanda, la contestación hecha por la Autoridad demandada, de las
principales pruebas evacuadas, para aceptar la acción propuesta, según se lee
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en el considerando Cuarto del fallo, se fundamenta básicamente en la
Resolución N° 588 de la Directora General del Servicio de Rentas Internas, cuyo
fin era el de evitar la exportación de impuestos, para que nuestros productos
puedan competir en los mercados internacionales en mejores condiciones y
también en la aplicación de los arts. 55, 56, 57 y 69A de la Ley de Régimen
Tributario Interno, de lo que se puede colegir que cumple con su deber
primordial de confrontar los hechos con el derecho. Conforme lo ha reconocido
de manera reiterada la Sala, no porque la sentencia sea desfavorable, supone
que la misma tenga falta de motivación. Por tanto, en la especie no se advierte
la existencia del vicio alegado por el recurrente.--------------------------------------
QUINTO: Respecto del cuestionamiento a la sentencia al amparo de la causal
tercera del artículo 3 de la Ley de Casación que está relacionado con la
presunta vulneración de normas de valoración de la prueba, lo que habría
producido la falta de aplicación de una norma de derecho, en los términos que
señala el recurrente, esta Sala ha sostenido en forma reiterada que para que
prospere la causal alegada, que es de aquellas que la doctrina denomina
INDIRECTA, es preciso que el recurrente extreme sus cuidados en señalar: a)
La norma de valoración de la prueba que considere infringida; b) El vicio en el
que incurre el juzgador de instancia, si por falta de aplicación, por indebida
aplicación o por errónea interpretación; c) La norma de derecho que como
consecuencia del error en la valoración de la prueba, se vulnera por indebida
aplicación o por falta de aplicación, señalando cómo se produce ese error en la
sentencia. En la especie, el recurrente refiere y transcribe los principios sobre la
“carga de la prueba”, que le corresponde ciertamente al actor, cuando ha
propuesto hechos afirmativos en su demanda y trasladándola a la otra parte
cuando su negativa contenga afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el
derecho o calidad de la cosa litigada, pero ninguna de ellas se refiere a un
principio de “valoración” de prueba, y si éste ha sido; por falta de aplicación,
por indebida aplicación o por errónea interpretación, de tal principio y menos
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aún, especifica la norma de derecho que no ha sido aplicada como
consecuencia del error en la valoración de la prueba; tales errores en la
formulación del recurso, imposibilitan a la Sala atender este cuestionamiento,
ya que no le corresponde indagar sobre la intencionalidad del recurrente; al
tratarse de errores de fondo, no pueden ser subsanados por esta Sala
Especializada de la Corte Nacional de Justicia, puesto que desatienden la
naturaleza formal y extraordinaria del recurso de casación. -------------------------
SEXTO: En relación a la causal primera, sobre la impugnación que formula en
contra de la sentencia por la presunta falta de aplicación de los Arts. 69A de la
Ley de Régimen Tributario Interno (agregado con el Art. 37 de la Ley 24,
Registro Oficial (Suplemento) No. 181 de 30-IV-1999) y 148 de su Reglamento
de Aplicación (Registro Oficial No. 484 de 31-XII-2001), para resolver, la Sala
especializada formula las siguientes consideraciones: 6.1. La Empresa
contribuyente, con los argumentos que obran de la demanda, solicita la
devolución del IVA pagado correspondiente al mes de octubre de 2003, no
reconocido por la Administración Tributaria en la Resolución que impugna,
emitida por el Director Regional del Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas;
6.2. Analizada la sentencia cuestionada, se observa que las razones en las que
la Sala juzgadora fundamenta su fallo constan en el considerando Cuarto, en el
que realiza una interpretación al contenido de la Resolución No. 588 emitida por
la Directora General del Servicio de Rentas Internas, que determina, como ya
se dijo, que no se incorpore el IVA pagado por el proveedor en sus propias
adquisiciones y en consecuencia, no se exporte el impuesto, pero que esta Sala
especializada considera inaplicable a los temas que se discuten y que hacen
relación a la pertinencia o no de la aceptación de los comprobantes que
respaldan los pedidos de devolución de IVA y las razones de rechazo esgrimidas
por la Administración, pues en ello se basa el pedido de casación de la
sentencia, para ella, en forma ilegal se aceptan comprobantes que no reúnen
los requisitos exigidos por el Reglamento de Comprobantes de Venta y
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Retención. 6.3. La Resolución N° 109012004DIV0026 impugnada (fs. 7 a 17 de
los autos) contiene dos conceptos en los que agrupa comprobantes que no
acepta, a saber: 8.1. COMPROBANTES DE COMPRAS CON IVA, NO
CONSIDERADOS EN LA LIQUIDACIÓN; en la descripción de estos rubros no
existe razón alguna que permita determinar la causa por la que los mismos no
son considerados en la liquidación; y, 8.2. COMPROBANTES DE COMPRA CON
IVA, RECHAZADOS; las razones por las que la Administración rechaza los
comprobantes de compra con IVA son: 3. S.- RUC del adquirente no
especificado en el Comprobante de venta, pero consta su nombre o razón
social, 1. Comprobante de venta no válido para sustentar crédito tributario. 11
Comprobante de venta sin fecha de emisión. 13 Comprobantes de venta sin
cantidad, descripción y/o valor unitario y total, para cada bien o servicio
comprado, afectando la comprensión del mismo. 14 Comprobante de venta mal
informado en anexo o ficha técnica. 16 Comprobante de venta con borrones,
enmiendas o tachaduras. 17 Comprobante de venta duplicado; ahora bien, de
lo expuesto se determina que las mismas especifican las razones y
fundamentos por los que los comprobantes con IVA no son considerados en la
liquidación, ya que correspondía a la compañía actora demostrar en el proceso
la pertinencia de los justificativos rechazados por la Administración Tributaria;
nada de esto es considerado por la Sala de instancia en su sentencia; 6.4. Del
contenido de la Resolución impugnada, en particular el referido como 8.1., se
desprende que, como ya se dijo, no se enuncia las razones por las que no son
considerados tales comprobantes, lo cual equivale a falta de motivación, por lo
que, en aplicación del control de legalidad del acto impugnado, previsto en el
art. 273 del Código Tributario, se declara improcedente su rechazo, por tanto
deben ser admitidos en la liquidación a efectuarse; 6.5. En lo que tiene que ver
con los rubros identificados con el número 8.2. de la Resolución N°
109012004DIV0026 impugnada, consta expresamente las causas de rechazo
que han sido identificadas con los números 3S, 11, 13, 14, 16 y 17, ya
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referidos, de los cuales, únicamente los que están identificados como “14
Comprobante de venta mal informado en anexo o ficha técnica”, esta Sala no
considera razón suficiente para rechazarlos, ya que, contrario sensu, la
Administración no cuestiona la validez de los comprobantes. De los demás, es
pertinente su rechazo en tanto no cumplen con los requisitos contenidos en el
Reglamento de Comprobantes de Venta, requisitos que, según lo ha sostenido
esta Sala en forma permanente, no son meras formalidades que puedan
soslayarse, sino aspectos de fondo en que se apoya el régimen tributario
ecuatoriano.- -------------------------------------------------------------------------------
Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa en parte la sentencia recurrida y
declara válida la resolución impugnada, en los términos consignados en el
considerando Sexto de este fallo. Sin costas. Notifíquese, publíquese y
devuélvase. f) Señores: Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA
PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo
Durango Vela, CONJUEZ NACIONAL. Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila
Yépez, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
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128-2011/ AMPLIACIÓN
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO.-
Quito, a 16 de abril de 2013. Las 11H10.---------------------------------------------------
VISTOS: El Ab. Leonardo Viteri Andrade, por los derechos que representa de la
compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., mediante
escrito de 14 de marzo de 2013, solicita ampliación de la sentencia dictada por esta
Sala el 11 de marzo de 2013, dentro del recurso de casación 128-2011, porque
considera que “…no se ha mencionado sobre los intereses correspondientes, tal
como lo establece el artículo 22 del Código Tributario y el art. 72 de la Ley Orgánica
de Régimen Tributario Interno (69-A, a la fecha de hecho generador del tributo).
Las normas tributarias nos confiere el derecho a que se nos reconozca los
intereses…”. Corrido traslado con el pedido, la Autoridad demandada contesta a fs.
27 de los autos. Para resolver se considera: 1.- El Art. 274 del Código Tributario,
norma aplicable a la ampliación en materia contencioso-tributaria, establece que ésta
procede “…cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos o se
hubiere omitido decidir sobre multas, intereses o costas”. 2.- La empresa actora
solicita la ampliación de la sentencia en razón de que no se ha resuelto un punto
sustancial de la controversia, esto es, los intereses. 3.- Respecto de los intereses es
pertinente ampliar la sentencia considerando que el art. 22 del Código Tributario
dispone: “Intereses a cargo del sujeto activo.- Los créditos contra el sujeto activo, por el pago de
tributos en exceso o indebidamente, generarán el mismo interés señalado en el artículo anterior desde
la fecha en que se presentó la respectiva solicitud de devolución del pago en exceso o del reclamo por
pago indebido”; (lo subrayado corresponde a la Sala). Por lo mencionado, corresponde
a la Administración Tributaria devolver el monto reconocido por esta Sala junto con
los intereses calculados desde el 11 de diciembre de 2003 fecha de presentación del
reclamo de devolución signado con el No. 109012003052328. 4.- En los términos
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expuestos, esta Sala amplía la sentencia dictada el 11 de marzo de 2013, según lo
señalado en el punto tres.- Notifíquese y devuélvase.- ff) Dra. Maritza Tatiana
Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA, Dr. José Suing Nagua, JUEZ
NACIONAL; y, Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ NACIONAL. Certifico: f)
Dra. Carmen Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
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RECURSO DE CASACIÓN
N° 323-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZA PONENTE: DRA. MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR: ECON. LUIS FERNANDO HIDROBO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA EQUINORTE S.A.
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
(RECURRENTE)
Quito, a 5 de julio de 2013. Las 9H30.-----------------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución N° 004-2012
de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución de
Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional
de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es competente para
conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo establecido en los Arts.
184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185, segundo inciso, numeral 1 del
Código Orgánico de la Función Judicial, y 1 de la Ley de Casación.-------------------------------
I. ANTECEDENTES
1.1.- El doctor Henry Paúl Aguayza Rubio, Procurador Fiscal de la Administración
Tributaria, interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 23 de marzo de
2011, expedida por la segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1, con sede en la
ciudad de Quito, dentro del juicio de Impugnación N° 2010-0072--------------------------------
1.2.- El recurrente fundamenta su recurso en las causales primera y cuarta del Art. 3 de
la Ley de Casación. Indica que la segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1
interpretó de manera errónea el Art. 11 del Código Tributario, el cual se refiere a la
vigencia de las leyes tributarias, puesto que consideró como ley tributaria a las normas de
procedimiento establecidas en los Arts. 205 y 206 del Reglamento para la Aplicación de la
1/7
N° 133-2011
Ley de Régimen Tributario Interno; ya que dichas normas al referirse sobre el
procedimiento que debían realizar los auditores tributarios para determinar las obligaciones
de la empresa EQUINORTE S.A. respecto del ejercicio fiscal 2001, no podían ser
consideradas como normas materiales o sustantivas y por ende su aplicación al momento
de efectuarse la determinación tributaria fue correcta y apegada a derecho. Indica además
que la Sala ha resuelto aquello que no fuera materia del litigio ya que la sentencia 3247,
emitida el 7 de noviembre de 2008, dentro del juicio de impugnación N° 25481, no podía
servir de argumento al Tribunal de Instancia para resolver acerca de la aplicación de las
normas procedimentales, por cuanto ese criterio ha sido desechado por la Corte Nacional
de Justicia. Solicita se efectúe el control de legalidad de la sentencia recurrida.---------------
1.3.- Admitido el recurso de casación, la parte actora lo ha contestado e indica que en el
presente caso las normas de los Arts. 203 y siguientes del Reglamento para la Aplicación
de la Ley de Régimen Tributario Interno, en los cuales el Servicio de Rentas Internas se
sustentó para determinar el impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2001,
por haber sido publicadas en el Suplemento del Registro Oficial N° 484 de 31 de diciembre
de 2001, empezaron a regir a partir del 1 de enero de 2002, según lo dispone el Art. 11 del
Código Tributario vigente, por lo que jamás pudieron ser aplicadas para el proceso
determinativo que se desarrolló en el ejercicio impositivo del año 2001 como ilegalmente lo
efectuó la Autoridad Fiscal, desconociendo inclusive lo dispuesto en el Art. 257 de la
Constitución Política del Estado y que por lo tanto el procedimiento seguido por parte del
Servicio de Rentas Internas en el proceso de auditoría es nulo. Respecto a la causal cuarta
indica que el recurso de casación 25-2009 fue interpuesto respecto de la sentencia emitida
el 14 de noviembre de 2008, dentro del juicio 25481-3247 en el cual se impugnó la
providencia de improcedencia N° 917012007RREV001189, toda vez que la Administración
Tributaria ni siquiera dio trámite al Recurso de Revisión insinuado, atentando gravemente
contra el derecho a la legítima defensa; sin embargo manifiesta que el presente juicio
17502-2010-0072-DG versa sobre puntos completamente diferentes al juicio que hace
relación la Administración ya que no se discute como en el primero la procedencia del
recurso de Revisión, sino que se discute la legalidad y la motivación de la Resolución N°
917012009RREV000664 y su antecedente el Acta de Determinación N° 1020060100162.
Solicita se deseche el recurso de casación interpuesto y se confirme la sentencia recurrida.
Pedidos los autos para resolver, se considera.-------------------------------------------------------
2/7
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad
alguna que declarar.--------------------------------------------------------------------------------------
2.2.- Determinación de los problemas jurídicos a resolver: La Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia
impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario determinar lo
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------
A) ¿La sentencia del Tribunal A quo incurre en la causal primera del Art. 3 de la Ley de
Casación al supuestamente existir errónea interpretación del inciso primero del Art. 11
del Código Tributario, al aceptar la demanda de impugnación presentada por el Ec.
Luis Fernando Hidrobo en su calidad de Representante Legal de la Compañía
Equinorte S.A.?--------------------------------------------------------------------------------------
B) ¿La sentencia del Tribunal A quo incurre en la causal cuarta del Art. 3 de la Ley de
Casación al supuestamente haber decidido algo que no fue materia del litigio.?---------
III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
3.1.- En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que
tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho
sustanciales como procesales dentro de la sentencia o auto del inferior, teniendo como
impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en
varios fallos de la Sala.-----------------------------------------------------------------------------------
3.2.- Esta Sala Especializada, respecto al primer problema jurídico planteado formula la
siguiente consideración: A) Es importante mencionar que el Art. 3 de la Ley de Casación
establece: “1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas
de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o
auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva”; es importante señalar
3/7
también que: “La causal primera del artículo 3 contiene la llamada violación directa de la
ley sustantiva o de los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida,
que haya sido determinante en su parte resolutiva. Sobre el tema la Primera Sala de lo Civil
y Mercantil ha dicho: Se trata de la llamada transgresión directa de la norma legal en la
sentencia, y en ella no cabe consideración respecto de los hechos, pues se parte de
la base que es correcta la apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios
de prueba incorporados al proceso, por lo que corresponde al Tribunal de Casación
examinar a base de los hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de
aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados por el
recurrente”. (La Casación Civil en el Ecuador, Doctor Santiago Andrade Ubidia, páginas
181, Fondo Editorial Andrade y Asociados). A.1) Hay que recordar que en la causal
primera se parte de hechos probados, es decir que no cabe una nueva consideración de los
mismos, ya que los medios de prueba fueron analizados y apreciados por el Tribunal A
quo; en definitiva lo que persigue la causal primera, es examinar la aplicación indebida de
las normas sobre dichos hechos. A.2) Para continuar el análisis, es preciso señalar lo que
dispone el primer inciso del Art. 11 del Código Tributario: “Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las
leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, regirán en todo el
territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos,
desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan
fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación.- Sin embargo, las normas que
se refieran a tributos cuya determinación o liquidación deban realizarse por períodos
anuales, como acto meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente
año calendario, y, desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos
menores.”. Adicionalmente es menester citar lo que disponían los Arts. 205 y 206 del
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el
Suplemento 601 del Registro Oficial de 30 de diciembre de 1994:“ Art 205.- Casos de
defraudación.- Para efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el
caso del control de la venta de alcohol o productos alcohólicos, se entiende por
defraudación: 1. La venta directa para consumo de aguardiente no embotellado, que no
constituya materia prima para la rectificación. 2. La transferencia interna, sin el pago del
tributo, de aguardiente rectificado o alcohol, destinado a usos diferentes a la producción de
fármacos o bebidas alcohólicas. 3. La venta de alcohol o productos alcohólicos sin los sellos
4/7
de control que determinen la Ley y este Reglamento o la Dirección General de Rentas. 4.
La fabricación, importación o comercialización de productos gravados con ICE sin haberse
obtenido la Patente de Funcionamiento que determina el Artículo 83 de la Ley de Régimen
Tributario Interno. 5. La falta de declaración y pago total o parcial del impuesto, por los
productos alcohólicos salidos de inventarios en venta, donación o consignación.”. “ Art.
206.- Control de producción y ventas de melaza.- La determinación de los volúmenes de
distribución de melaza, establecida en el Artículo 120 de la Ley de Régimen Tributario
Interno se realizará por parte de los Ministerios de Industrias, Comercio, Integración y
Pesca y Agricultura y Ganadería, al inicio de cada zafra. El Ministerio de Industrias,
Comercio, Integración y Pesca, de la parte asignada al sector industrial y mediante
Acuerdo Ministerial, establecerá, en base a la capacidad instalada, el volumen de melaza
que le corresponde a cada productor de alcohol, incluyendo entre éstos, a aquellos que
funcionan en los propios ingenios azucareros.”. Los Arts. 205 y 206 del Reglamento para
la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el Registro Oficial N°
484 de 31 de diciembre de 2001 disponen: “Artículo 205.- Requerimientos de
información.- Luego de efectuada la respectiva notificación, la Unidad de Auditoría podrá
requerir por escrito al sujeto pasivo toda la información pertinente al proceso de auditoría,
así como copias certificadas por éste de los registros contables que deban ser analizados
para la determinación de sus obligaciones, motivo de la auditoría. La Administración
Tributaria podrá solicitar a cualquier institución, sociedad o persona natural la información
pertinente relacionada con las obligaciones motivo de la auditoría. Respecto de la
información y de la documentación recibida, se sentará un acta que será firmada por el
responsable de la Unidad de Auditoría y el sujeto pasivo.” “Artículo 206.- Inspección
contable.- Previa disposición firmada por el respectivo Director Regional o Provincial, los
auditores tributarios del Servicio de Rentas Internas podrán efectuar la inspección de los
registros contables y sus respectivos soportes y archivos, en el domicilio fiscal del propio
sujeto pasivo o en el lugar en donde mantenga tal información. Una vez que se haya
revisado y analizado la información y los documentos pertinentes, se sentará razón de la
culminación de dicha inspección y de los documentos que han sido revisados y que serán
rubricados por el auditor tributario, en un acta suscrita tanto por el Auditor Tributario como
por el sujeto pasivo, un ejemplar de la cual se entregará a aquel.”. Del estudio de la
disposición del Art. 11 del Código Tributario se establece que los Reglamentos Tributarios
5/7
entran en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial sin dejar de
considerar las excepciones previstas en dicha norma de lo que se colige que el Reglamento
para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno publicado en el Registro Oficial
N° 484 de 31 de diciembre de 2001 efectivamente entró en vigencia el 1 de enero de
2002. Analizado el caso se establece que el 22 de abril de 2002 el actor procedió a
presentar su declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio 2001 y el 12 de julio del
2002 realizó la respectiva declaración sustitutiva, por su parte, el 8 de abril de 2005 la
Administración Tributaria notificó el inicio del procedimiento de determinación, en el cual se
observa que se aplicaron los Arts. 205 y 206 del Reglamento para la Aplicación de la Ley
de Régimen Tributario Interno vigente desde el año 2002. Es criterio de este Tribunal que
la vigencia de las normas Tributarias debe aplicarse observando estrictamente el contenido
del Art. 11 del Código Tributario. De los hechos expuestos, al haberse iniciado el
procedimiento de determinación en el año 2005, se deben aplicar las normas adjetivas
vigentes al inicio del proceso de determinación, esto es los Arts. 205 y 206 del Reglamento
N° 484 de 31 de diciembre de 2001, sin que esto se considere una violación al principio de
irretroactividad de las normas previsto en el Art. 300 de la Constitución de la República del
Ecuador. Por lo expuesto, esta Sala considera que sería ilógico que al momento en que la
Administración Tributaria inicie el procedimiento de determinación se apliquen
procedimientos ya derogados, por lo que encuentra que en el fallo existe una errónea
interpretación del Art. 11 del Código Tributario y por ende la configuración de la causal
primera alegada por el recurrente. B) No es necesario el desarrollo del segundo problema
jurídico planteado, por haberse configurado la causal primera analizada en el literal A) de
esta resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, expide la siguiente: ---------------------------------------------------------------------
6/7
SENTENCIA
Se acepta el recurso de casación interpuesto, se desecha la demanda planteada por el
Econ. Luis Fernando Hidrobo Estrada, Representante Legal de la Compañía Equinorte y se
declara la validez de la Resolución N° 917012009RREV000664 emitida por el Director
General del Servicio de Rentas Internas. Notifíquese, publíquese y devuélvase. ff) Dra.
Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua,
JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ. Certifico.-f) Dra.
Carmen Elena Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
7/7
Recurso No. 133-2011. AMPLIACIÓN
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO.-----------------------------------------------------
+-
Quito, a 28 de agosto de 2013. Las 09h00.-----------------------------------------------------
VISTOS:- El Econ. Luis Fernando Hidrobo Estrada, Representante Legal de la
Compañía EQUINORTE S.A., presenta solicitud de ampliación de la sentencia dictada
por esta Sala el 5 de julio de 2013 a las 09h30. Corrido traslado con el pedido, en este
estado corresponde a la Sala pronunciarse, para lo cual realiza las siguientes
consideraciones: PRIMERO.- A fs. 39 del expediente del Recurso de Casación, el
Econ. Luis Fernando Hidrobo Estrada, Representante Legal de la Compañía
EQUINORTE S.A., solicita ampliar la sentencia dictada por esta Sala el 5 de julio de
2013 en los siguientes términos: 1. Que en el recurso de casación, la Administración
invocó la causal cuarta y que se fundamentó en base a hechos completamente
diferentes a los que se encuentran en litigio y que por lo cual es necesario que la Sala
de Casación se pronuncie analizando improcedencia de la causal invocada. 2. Que en
la motivación de la sentencia de la Sala de Casación no se hace referencia a las normas
del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
específicamente el Art. 94 y, que es necesario que la Sala de Casación analice la
pertinencia o no de la aplicación del artículo citado al asunto controvertido.
SEGUNDO.- El Art. 274 del Código Tributario, norma aplicable a la aclaración y
ampliación en materia contenciosa tributaria, dice que la aclaración tendrá lugar si la
sentencia fuere obscura; y la ampliación tendrá lugar cuando no se hubiere resuelto
8/7
alguno de los puntos controvertidos o se hubiere omitido decidir sobre multas,
intereses o costas. TERCERO.- Por lo manifestado en líneas anteriores al no existir
ningún aspecto que ampliar, ya que se aceptó el recurso de casación interpuesto por la
Administración Tributaria, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia niega el pedido formulado por el El Econ. Luis Fernando
Hidrobo Estrada, Representante Legal de la Compañía EQUINORTE S.A., y ordena que
la Actuaria de esta Sala proceda a la devolución del proceso al Tribunal de origen, para
los fines consiguientes. Notifíquese. Devuélvase. ff) Dra. Maritza Tatiana Pérez
Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dr.
Gustavo Durango Vela, CONJUEZ. Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez,
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
9/7 |
141191912-DFE
Juicio No. 0950120110135
JUEZ PONENTE: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, lunes 25 de enero del 2021,
las 14h41. A S U N T O
El abogado Yamil Emilio Antón Chica, por los derechos que representa de la Economista Gabriela
Germania Orellana Rosero, en calidad Directora Zonal 8, interpone recurso de casación en contra de la
sentencia del 26 de noviembre de 2019, a las 14h50, emitida por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario con sede en el Cantón Guayaquil, dentro del juicio No. 0950120110135,
accionado por la Compañía AGRIPAC S.A. por reclamo administrativo de pago indebido del
Impuesto al Valor Agregado (IVA)..
PRIMERO: COMPETENCIA.
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es competente
para conocer y resolver el presente recurso de casación en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 185 segunda parte, numeral
1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.
La sentencia recurrida declara con lugar la demanda, de pago indebido, presentada por el señor Ing.
COLIN ARMSTRONG WILSON, en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la
compañía AGRIPAC S.A.; y, como consecuencia de lo cual, se deja sin efecto jurídico la Resolución
N° 109012011RREC006895 de 7 de abril de 2011, suscrita por el Econ. Max Eduardo Aguirre
Narváez, Jefe del Departamento de Reclamos Administrativos del Servicio de Rentas Internas Litoral
Sur.
TERCERO: PRESENTACION DEL RECURSO.
sentencia, el cual es calificado como procedente por el Tribunal de instancia, mediante providencia del
21 de enero del 2020 las 16h26, con la que se dispone elevar los autos a la Sala de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
CUARTO: ADMISIÓN.
Mediante auto del 3 de junio de 2020, a las 09h46, el doctor Paul Alejandro Rengel Maldonado, en su
calidad de Conjuez de esta Sala, declaró la admisibilidad del recurso de casación propuesto, por la
causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación del artículo 115 del Código
de Procedimiento Civil, por aplicación indebida el art. 1 del Decreto Ejecutivo N° 1232 publicado en
el Segundo Suplemento del R.O. N° 393 del 31 de julio de 2008.
QUINTO: CONTESTACION AL RECURSO.
La parte actora del proceso de instancia contestó el recurso de casación mediante escrito presentado el
10 de junio de 2020, en el que solicita que se deseche el recurso.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR.
Mediante sorteo de la causa, de 16 de octubre de 2020, se radicó la competencia en la Sala integrada
por los doctores José Dionicio Suing Nagua (juez titular), Gustavo Adolfo Durango Vela (juez
encargado) y Fernando Antonio Cohn Zurita (juez encargado y ponente de esta causa).
Mediante acción de personal No. 301UATH 2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de
la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
Resolución No. 0652020 de 18 de junio de 2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se
legaliza el reintegro del Dr. José Suing Nagua en calidad de Juez Nacional y por Resolución No. 08
2020 de 24 de junio de 2020, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integra al doctor José Suing
Nagua a la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario.
De la acción de personal No. 302UATH 2020OQ de 22 de junio del 2020 suscrita por la Jefe de la
Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con la
legaliza el reintegro del Dr. Gustavo Durango Vela en calidad de Conjuez Nacional. Mediante Oficio
635SGCNJ de 1 de julio de 2020 la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia llama al Dr. Gustavo
Durango a asumir el despacho en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario que ocupaba la
ex Magistrada doctora Mónica Heredia Proaño (que a su vez reemplazaba a la doctora Ana María
Crespo Santos), avalado por la acción de personal Nro. 317UATH2020OQ de la misma fecha.
En virtud de las Resoluciones No. 1882019 y 1972019 emitidas por el Pleno del Consejo de la
Judicatura y el oficio No. 2363SGCNJROG de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por la
doctora Paulina Aguirre Suárez, en calidad de Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, y en la
acción de personal No. 278UATH2019OQ, se designó al doctor Fernando Antonio Cohn Zurita en
calidad de Juez Nacional encargado, en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, en el
despacho que estaba a cargo del doctor José Luis Terán Suárez.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL.
De la revisión del proceso no se observa ninguna circunstancia que puede afectar su validez procesal y
tampoco existe nulidad alguna que declarar.
OCTAVO: ERRORES ALEGADOS ADMITIDOS.
El recurrente cuestiona el fallo emitido, invocando la causal tercera del artículo 3 de la Ley de
Casación, por falta de aplicación del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, que condujo a la
equivocada aplicación del art. 1 del Decreto Ejecutivo N° 1232 publicado en el Segundo Suplemento
del R.O. N° 393 del 31 de julio de 2008.
NOVENO: CONTENIDO DE LA CAUSAL.
La causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, que indica: “3ra. Aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de
derecho en la sentencia o auto”.
DÉCIMO: ALCANCE DOCTRINARIO DEL ERROR.
Esta causal “…recoge la llamada en la doctrina violación indirecta, que permite casar el fallo
cuando el mismo incurre en error al inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en forma errónea
las normas relativas a la valoración de la prueba, cuando ello ha conducido a una equivocada
aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en el fallo impugnado; el recurrente en su
fundamentación deberá demostrar el error de derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia,
ya que nuestro sistema no admite la alegación del error de hecho en la valoración de la prueba, como
causal de casación, ya que pertenece al llamado sistema de casación puro…” (La Casación Civil en
el Ecuador, Andrade Ubidia, Santiago, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito2005, pág. 151).
Para que proceda esta causal de casación, el error debe ser manifiesto, evidente y trascendente, porque
“…si bien es cierto que la Casación debe ceñirse al control del derecho, tal premisa no ha de
extremarse ante un desafortunado juicio de hecho… Hemos buscado un adecuado punto de
equilibrio, un registro intermedio: en general un no a los hechos, pero “si” a su examen y
consideración cuando el desvío de lo juzgado, por acaso, en el núcleo de la prueba, tiene gruesas
fallas lógicas y la evaluación de los medios ha llevado a resultados insostenibles (absurdo y/o
arbitrariedad), desvirtuándose el sentido de la misma, supuestos en que la revisión deviene
insoslayable para que la solución jurídica sea correcta y, a cabo, también justa.” (Augusto Mario
Morello; La Casación un modelo intermedio eficiente, Editorial Abeledo Perrot, 2da. Edición
actualizada, Buenos Aires – Argentina, 2000, páginas 35 y 36). Para Jordi Nieva Fernoll, dentro de las
varias formas en que se puede fundamentar o sustentar la violación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba “… sigue existiendo la posibilidad de que el tribunal de
casación analice la valoración probatoria en tres supuestos muy concretos: 1. Cuando el juez haya
pasado por alto la aplicación de una norma de prueba legal. En este caso. Una disposición
claramente normativa obliga al juez a valorar la prueba en un determinado sentido, de manera que si
el juez a quo prescinde de la misma y opta por la libre valoración, el tribunal deberá casar la
sentencia, por vulneración del ordenamiento jurídico; 2. Si el juez sobrepasó los límites de lo
razonable en la valoración probatoria, de manera que sus conclusiones no están sustentadas en
ninguna lógica racional, el tribunal deberá casar también la sentencia, porque además de las
vulneraciones normativas en que incurre en este caso, lo cierto es que no hay regla más esencial de
cualquier ordenamiento jurídico que el seguimiento de la lógica y la coherencia; y, 3. Por último, es
posible que el juez a quo haya acudido a la última ratio del ordenamiento probatorio, la carga de la
prueba antes de tiempo. Es decir, que haya prescindido de valorar el material probatorio obrante en
autos y haya presupuesto que la insuficiente; pues bien, en estos casos, en los que el juzgador, en
realidad no ha valorado la prueba, la sentencia también debe ser casada, por aplicación indebida de
las disposiciones legales sobre la carga de la prueba a un supuesto que no corresponde”. (Jorge
Nieva Fernoll: La valoración de la prueba, Marcial Pons, Madrid – España, 2010, pp. 355356)
A criterio de esta Sala Especializada, los tribunales o jueces de instancia tienen autonomía para
apreciar las pruebas que obren dentro del proceso, sin embargo esta soberanía y autonomía de los
juzgadores de instancia en la apreciación probatoria no puede ser ilimitada; tiene límites en la defensa
de los derechos y garantías fundamentales, de tal manera que, el Tribunal de Casación si puede revisar
la apreciación que los jueces de instancia hayan hecho de la prueba, si al hacerlo han violado los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. En definitiva y siguiendo la línea
jurisprudencial de la Sala, para la demostración del error de derecho al amparo de la causal tercera del
art. 3 de la Ley de Casación la proposición jurídica debe contener, como mínimo los siguientes pasos:
1. Identificación en forma precisa del medio de prueba que a su juicio ha sido erróneamente valorado
en la sentencia; 2. La determinación con precisión de la norma procesal sobre valoración de prueba
que ha sido violada; 3. La demostración con lógica jurídica en qué forma cómo ha sido violada la
norma sobre valoración del medio de prueba respectivo; y, 4. La identificación de la norma sustantiva
o material que ha sido aplicada erróneamente o que no ha sido aplicada a consecuencia del yerro en la
valoración probatoria.
DÉCIMO PRIMERO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR EL VICIO SEÑALADO.
El recurrente sostiene que en la sentencia el Tribunal ha señalado que de la observación de la factura
comercial se desprende que la compañía actora adquirió los productos consistentes en ACIDAL NC,
ROBIMPEX, SALIGRAN G120, BACITRACINA DE ZINC y MADIMPEX 10G, pero a
continuación, luego de referirse a la Declaración Aduanera Única (DAU), menciona que la
descripción de la mercancía se refiere a ACIDAL NC, incurriendo el Tribunal en violación a la sana
crítica en la valoración de la prueba, y por tanto en vulneración del artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil. Menciona la parte casacionista que el acto administrativo impugnado en
instancia partió del hecho de que en realidad sólo se había importado la mercancía ACIDAL NC, la
cual no se encuentra entre las mercancías gravadas con tarifa cero de IVA, lo que genera la
vulneración del Decreto Ejecutivo No. 1232 publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial
No. 393 del 31 de julio de 2008, que contiene el listado de materias primas con tarifa cero.
Asimismo, señala el casacionista que el Tribunal no especifica en qué se basó para sostener que el
Decreto Ejecutivo ampara la pretensión del actor para que la mercancía importada tenga tarifa cero de
IVA, cuando en dicho decreto no se menciona a ACIDAL NC.
DÉCIMO SEGUNDO: ANÁLISIS DE LOS TEMAS CONTROVERTIDOS.
12.1 En la sentencia se mencionan como pruebas la factura comercial, la Declaración Aduanera Única
y el Decreto Ejecutivo 1232.
12.2 En la sentencia se establece que la factura comercial hace referencia a varios productos, esto es, a
ACIDAL NC y cuatro mercancías más; que la Declaración Aduanera alude a la factura, con
descripción de la subpartida 38089499009, y a continuación especifica que la descripción de la
mercancía se refiere a ACIDAL NC y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1232 se acepta la
demanda.
12.3 La sana crítica comprende la lógica, la experiencia y la ciencia, entendiéndose como la lógica a la
exposición coherente por la cual las conclusiones se derivan de unas premisas (Xavier Abel Llunch,
La Ley, Madrid, 2015, páginas 15 y 55).
12.4 Habiendo la misma sentencia establecido en el ordinal quinto que el acto impugnado desconocía
la variedad de productos importados, y que en realidad solo hubo importación de un tipo de
mercancía, que a su vez no gozaba de tarifa cero de IVA, no respeta las reglas de la lógica el
puntualizar que de las pruebas presentadas se puede apreciar que fueron varias las mercancías
importadas para a continuación concluir que hubo un solo tipo de mercancía importada, por lo que se
ha incurrido en el fallo en la falta de aplicación del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil,
que obliga a apreciar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, dentro de la cual se encuentra
la lógica.
12.5 Aun cuando una norma jurídica, esto es, el precepto con aplicación general, no es propiamente
una prueba, el Tribunal menciona que el Decreto No. 1232 fue presentado como tal, concluyendo que
dicho Decreto ampara la pretensión de la demanda, en relación al producto ACIDAL NC, sin explicar
en qué forma lo hace, con lo que se ha incurrido en la equivocada aplicación de dicha norma
sustantiva, como derivación de la vulneración de la norma relacionada a la valoración de la prueba.
12.6 Por las razones antedichas, se casa la sentencia, y en aplicación del artículo 16 de la Ley de
Casación y numeral 2 del artículo 2 de la Resolución 072017 de la Corte Nacional de Justicia, se
emite sentencia de mérito en su sustitución.
13 SENTENCIA DE MÉRITO
13.1 En su demanda, la compañía AGRIPAC S.A. detalla que importó mercancías consistentes en
materia prima ACIDAL NC, ROBIMPEX, SALIGRAN G120, BACITRACINA DE ZINC y
MADIMPEX 10G, que están gravadas con IVA tarifa cero, marcando el correspondiente código
liberatorio; que la aduana no admitió ese código liberatorio por lo que una vez que la empresa dejó de
marcarlo, pagó IVA, cuando no tenía que hacerlo, lo que genera que dicha erogación tenga la
condición de indebida; que planteó el correspondiente reclamo de pago indebido, el mismo que fue
negado por el SRI en atención a que de acuerdo a dicha entidad, solo se pudo verificar que el actor
había importado ACIDAL NC, y que dicho producto no se encontraba en el listado del Decreto
Ejecutivo 1232. El actor refiere que el SRI no ha considerado que el producto es una materia prima
usada en la elaboración de alimentos balanceados para cerdos y aves, y no deben necesariamente
constar en el listado del Decreto 1232, pues ya constan expresamente en la primera parte del numeral
4 del artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Señala además que en el ítem 506 del
Decreto Ejecutivo 1232 se detalla la subpartida 3808.99.99 que ampara el producto Klerat Pellet,
estando dentro del capítulo (SIC) 3808 al que pertenece ACIDAL NC, que se encuentra en la
subpartida 3808.94.99.00.
13.2 En la contestación a la demanda, el Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur,
ratifica lo que señaló el acto impugnado, en el sentido que el único producto importado fue ACIDAL
NC, lo cual fue ratificado por el propio importador al presentar una liquidación, y que dicho producto
no está amparado por el Decreto 1232.
13.3 Si bien es cierto en su demanda la parte actora refiere como antecedentes que importó varios
productos, luego de ello destaca que el SRI ha sostenido que el único producto que importó el actor
fue ACIDAL NC, basando el actor su pretensión en la demanda, en el hecho de que dicho producto
tiene tarifa cero de IVA, por así disponerlo la parte inicial del numeral 4 del artículo 55 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, así como por el Decreto Ejecutivo 1232 al corresponder al mismo
capítulo [partida 3808] de un producto que sí está especificado en el Decreto.
13.4 En consecuencia, la controversia versa sobre un asunto de puro derecho, ya que en la
fundamentación de la demanda, el actor no controvierte el hecho de que sólo importó ACIDAL NC,
basando su demanda en la interpretación de normas jurídicas.
13.5 Las partes coinciden en el hecho de que la DAU 16805177, Refrendo 0282010100700927,
que origina la controversia, tiene fecha 5 de agosto de 2010 (fojas 81 y 94). En ese entonces el artículo
55 numeral 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno disponía lo siguiente (conforme reforma
efectuada por el artículo 106 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador):
Art. 55. Transferencias e importaciones con tarifa cero. Tendrán tarifa cero las
transferencias e importaciones de los siguientes bienes:
(…)
4. Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los
alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros
preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para alimentación humana.
Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra
la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como la materia prima e
insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, para producirlas, de acuerdo con
las listas que mediante Decreto establezca el Presidente de la República.
13.6 El Decreto No. 1232 del 31 de julio de 2008, publicado el mismo día en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial No. 393 dispuso lo siguiente:
Artículo 1. (…) A más de los previstos en los números 4 y 5 del artículo 55 de la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno, tendrán tarifa cero por ciento del Impuesto al Valor
Agregado las transferencias e importaciones de los bienes de uso agropecuario que constan
en el Anexo 1 de este Decreto. Asimismo tendrán tarifa cero de Impuesto al Valor Agregado
las transferencias e importaciones de la materia prima e insumos utilizados para producir
fertilizantes, insecticidas, pesticidas, funguicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra
la cigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios, conforme al listado que consta
en el Anexo 2 a este decreto.
13.7 Del tenor literal del numeral 4 del artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario, y atendiendo a la
puntación del texto, los productos con tarifa cero hacen referencia a: i) los productos mencionados en
la primera parte de dicho numeral, desde “semillas” hasta los “preparados que se utilizan como
comidas de animales”; ii) los productos mencionados en la segunda parte de dicho numeral, desde
“fertilizantes” hasta “productos veterinarios”; iii) las materias primas que sirven para elaborar los
productos referidos en el apartado ii) referido en líneas anteriores, esto es, las materias primas que
sirven para producir los fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola
utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios, de acuerdo con las listas
que mediante Decreto establezca el Presidente de la República
13.8 De acuerdo a la misma demanda, ACIDAL NC no es un alimento, comida o preparado para
animales, sino que es una materia prima que se utiliza para la elaboración de alimento balanceado para
animales, por lo que no podría ser considerado como incluido en los ítems a los que el numeral 4 del
artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario le da en forma directa la tarifa cero de IVA.
13.9 En caso de que se llegue a considerar que el supuesto de “materia prima” para elaborar los
productos, al que alude el fragmento final del numeral 4 del artículo 55 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, se refiere a todos los ítems referidos en dicho numeral, es preciso que esa materia
prima se encuentre especificada en el Decreto Presidencial, ya que esa es la condición que previó el
legislador al reformar en el año 2007 el antedicho precepto (por el artículo 106 de la Ley Reformatoria
para la Equidad Tributaria del Ecuador), imponiendo una condicionalidad o limitante que no contenía
el texto original de la ley codificada en el año 2004, respecto de las materias primas e insumos.
13.10 La parte actora no desconoce el hecho de que la materia prima en cuestión (ACIDAL NC) no
consta en el Decreto Ejecutivo 1232 emitido por el Presidente de la República; sin embargo aduce que
dicha mercancía, por su clasificación arancelaria 3808.94.99.00, participa del mismo “capítulo” 3808
(en realidad no se tata de capítulo, que tiene dos dígitos, sino de partida, que tiene 4 dígitos) que
Klerat Pellet, que sí está especificado en el Decreto, bajo la subpartida 3808.99.99.
13.11 De la revisión del anexo 2 del Decreto 1232, se aprecia que la mercancía Klerat Pellet está
incluida, en el ítem 506 con subpartida 3808.99.99.
13.12 En el arancel de importaciones de la época, Decreto No. 592, del 30 de agosto de 2007,
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 191 del lunes 15 de octubre de 2007, consta dentro
de la Sección VI (productos de las industrias químicas o de las industrias conexas), el capítulo 38
(Productos diversos de las industrias químicas), y dentro de este último la partida 3808 (Insecticidas,
raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores de
crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases
para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas,
azufradas, y papeles matamoscas).
13.13 La subpartida 3808.94 (que de acuerdo a la demanda fue declarada por el importador)
corresponde a desinfectantes y la subpartida 3808.99 (que corresponde a Klerat Pellet, mencionada en
el Decreto) corresponde a otro tipo de mercancías, de orden residual dentro de la subpartida 3808.
13.14 Haciendo abstracción de la circunstancia de que las subpartida declarada (desinfectante) difiera
de las características que la demanda atribuye al producto importado (materia prima para alimentos
para animales), el hecho de que dicha mercancía importada tenga una partida (3808) igual que la
indicada en el Decreto para otro producto, no le hace extensivo el tratamiento tributario de tarifa cero
de IVA; más aún si observamos que el Decreto no solo puntualiza la subpartida arancelaria sino
también especifica el producto, de tal suerte que solo están cobijados por el Decreto los productos
específicamente mencionados en el mismo, y no otros no referidos en el texto del Decreto, aunque
tengan exactamente la misma subpartida arancelaria (y menos aún si la coincidencia se da a un nivel
menos específico, como el de la simple partida). Es esa la razón por la que en el Decreto constan
especificados en detalle varios productos, aunque pertenezcan a una misma subpartida arancelaria
(ejemplo, ítems 507 a 510 del mismo anexo 2 del Decreto).
13.15 Recayendo la importación en bienes muebles de naturaleza corporal (art. 52 de la Ley de
Régimen Tributario Interno LRTI), que no son de aquellos excluidos por el art. 54 de la LRTI, ni de
aquellos por las que aplica la tarifa cero conforme el artículo 55 de la LRTI (al no ser, como el mismo
actor implícitamente reconoce, uno de los productos terminados detallados en dicha norma, ni ser una
materia prima destinada a su elaboración, específicamente mencionada en el Decreto 1232),
correspondía aplicar la tarifa del 12% (art. 65 de la LRTI), por lo que el pago realizado por dicho
concepto, no se encuadra en el supuesto previsto en el art. 122 del Código Tributario, para que sea
considerado como indebido, ya que el pago ha sido realizado por la tarifa prevista en la ley, habiendo
nacido la obligación tributaria por la realización del hecho generador (la importación). En
consecuencia corresponde negar la demanda y confirmar el acto impugnado.
14 RESOLUCIÓN
Por las consideraciones precedentes, en función de lo establecido en los numerales 12 y 13 de esta
sentencia, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
“ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA”, resuelve CASAR la sentencia de 26 de noviembre de 2019, a las 14h50, emitida por
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Cantón Guayaquil, dentro del juicio
No. 0950120110135, y rechazar la demanda, confirmando la Resolución impugnada No.
109012011RREC006895. Sin costas. Notifíquese, Publíquese y Devuélvase.
COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) |
RECURSO No. 137-2011
JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ SUING NAGUA.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA – SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO.-
Quito, a 29 de Agosto de 2012.- Las 10H20.--------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No.
004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, por la
Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por el Pleno de
la Corte Nacional de justicia. En lo principal, el señor Víctor Andrés Lescano Zevallos,
Gerente General y representante legal de la compañía INVERMUN S.A. interpone
recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 17 de marzo de 2011, por la
Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 4 con sede en la ciudad de Portoviejo, dentro
del juicio de Impugnación No. 27-2009, seguido en contra del Director Regional del
Servicio de Rentas Internas de Manabí. Calificado el recurso, la Administración
Tributaria no lo contesta. Pedidos los autos para resolver, se considera:----------------
PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad
con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la República, numeral
primero de la parte II del artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial y
artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación. -------------------------------------------
SEGUNDO: El representante de la empresa actora fundamenta su recurso en la causal
cuarta del art. 3 de la Ley de Casación, porque considera que en la sentencia se ha
omitido resolver todos los puntos en que se trabó la litis; y, en la causal primera del
art. 3 de la Ley de Casación, por la indebida aplicación del art. 115 del Código
Tributario; así como también de los arts. 273, 83, 139, 90 del Código Tributario, art. 68
1
de la Ley de Régimen Tributario Interno, arts. 82, 172, 76 numeral 1, numeral 7
literales a) b) c) y l), 75, 424, 426, 11 numerales 3) 5) 6) 8), 66 numeral 23 de la
Constitución de la República, art. 23 numeral 15 de la Constitución Política del Ecuador
de 1998, y art. 28 de la Ley de Modernización del Estado. Considera que los Jueces del
Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 4 han omitido pronunciarse sobre el punto principal
controvertido de la litis que, es la impugnación a la Resolución No.
113012009RREC000731 de 20 de marzo de 2009, la misma que declaró la validez de la
Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración No. 1320080200060 del
Impuesto al Valor Agregado de febrero de 2005, emitida el 8 de agosto de 2008. Que
los Jueces de instancia no se han pronunciado sobre el fondo y que además, la
Resolución del Servicio de Rentas Internas ha decidido determinarle a su representada
el IVA como agente de percepción y como agente de retención, en base de la
Resolución emitida por el Director General del Servicio de Rentas Internas No.
9170104DGER-0757 de 15 de diciembre de 2004, modificada por la Resolución No.
NAC-DGER2005-0034 de 26 de enero de 2005, en la que se establece la forma de
cálculo del IVA presuntivo que contraría la forma de obtener y liquidar este impuesto
indirecto de acuerdo a lo que establece el art. 68 de la Ley de Régimen Tributario
Interno. Que el art. 273 del Código Tributario en su segundo inciso dispone que, la
sentencia deberá ser motivada y debe decidir con claridad los puntos en los que se
trabó la litis, lo cual tiene relación con el art. 76, numeral 7, literal l) de la Constitución
de la República, que exige que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas so pena de ser declaradas nulas; que el Tribunal de instancia no se
pronunció sobre la Resolución No. 113012009RREC000731 de 20 de marzo de 2009,
que a su criterio confirmó un acto nulo como es la Liquidación de Pago por Diferencias
2
en la Declaración No. 1320080200060 del Impuesto al Valor Agregado de febrero de
2005 emitida el 8 de agosto de 2008, pues dice que estos dos actos se basaron en
resoluciones administrativas del Director General de Rentas que están por debajo de la
Ley de Régimen Tributario Interno. Que la Constitución Política de 1998, en el art. 24
numeral 23, actual art. 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República,
prevén la nulidad del acto administrativo y como normas superiores no tienen un
término legal para plantear la misma, pudiendo ejercitar así el derecho de petición
consagrado en el actual marco constitucional del art. 66 numeral 23 de la Constitución
de la República, y en el art. 23 numeral 15 de la Constitución Política de 1998. Que la
Resolución No. 9170104DGER-0757 de 15 de diciembre de 2004, modificada por la
Resolución No. NAC-DGER2005-0034 de 26 de enero de 2005, mal puede determinar
el IVA de casinos, ni de locales de máquinas tragamonedas, toda vez que las bases
imponibles y las tarifas deben ser establecidas por la Ley y no por resoluciones
administrativas. El Tribunal A quo, al confirmar actos administrativos nulos que se
basan en resoluciones nulas, ha actuado en contra del debido proceso y han afectado
sus garantías constitucionales. Refiere el recurrente, que se han violado sus derechos
legales y constitucionales, más aún cuando se aplica indebidamente el art. 115 del
Código Tributario, ya que considera que los actos que la ley los declara nulos siempre
serán nulos. Asevera que la Administración Tributaria ha fundamentado sus actos
administrativos en resoluciones y no en la Ley, lo cual evidencia la nulidad de la
liquidación por diferencias del IVA del mes de febrero de 2005 argumentada por la
compañía INVERMUN S.A. El principio de reserva de ley constituye una garantía en el
Derecho Tributario, consagrado en el art. 4 del Código Tributario y en el art. 257 de la
Constitución Política de 1998, pues es necesario proteger la propiedad de los
3
contribuyentes, mediante actos provenientes de órganos legítimamente constituidos y
que a su vez, sus decisiones sean legítimas con relación a los tributos. El art. 115 del
Código Tributario asevera el recurrente ha sido indebidamente aplicado en sede
administrativa, y aquello además ha propiciado que la Administración pretenda el cobro
de un recargo del 20% aplicando la retroactividad de la ley tributaria, con lo cual se
rompe la seguridad jurídica en el país.----------------------------------------------------------
TERCERO: La sentencia del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 4 declara sin lugar la
demanda propuesta por la compañía INVERMUN S.A., y confirma la validez de los
actos administrativos que se han impugnado.-------------------------------------------------
CUARTO: El cuestionamiento principal a la sentencia está relacionado con el derecho
de la compañía INVERMUN S.A. para presentar su reclamo sobre el acto administrativo
contenido en la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración No.
1320080200060, del Impuesto al Valor Agregado por el mes de Febrero de 2005
emitida el 8 de agosto de 2008 por el Director Regional de Manabí del Servicio de
Rentas Internas. Para resolver, la Sala formula las siguientes consideraciones: 4.1. El
art. 115 del Código Tributario dispone: “Los contribuyentes, responsables, o terceros
que se creyeren afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de
obligación tributaria, por verificación de una declaración, estimación de oficio o
liquidación, podrán presentar su reclamo ante la autoridad de la que emane el
acto, dentro del plazo de veinte días, contados desde el día hábil
siguiente al de la notificación respectiva […]…” (Las negrillas y lo subrayado
son de la Sala); 4.2. De fojas 38 a la 41 del expediente de instancia consta la
reclamación presentada por el señor Víctor Lescano Cevallos, representante de
INVERMUN S.A., en la que impugna la Liquidación de Pago por Diferencias en la
4
Declaración No. 1320080200060 del Impuesto al Valor Agregado de febrero de 2005
emitida el 8 de agosto de 2008, la misma que le fue notificada el día 12 de agosto de
2008; 4.3. Sobre la notificación de la Liquidación de Pago por Diferencias en la
Declaración No. 1320080200060, la compañía INVERMUN S.A., asevera que no tuvo
conocimiento, y en el evento de que no haya sido notificada con el acto administrativo
referido, ha operado una notificación tácita que está regulada en el inciso segundo, del
numeral 9, del art. 107 del Código Tributario, pues la compañía realizó actos por
escrito que demuestran inequívocamente que tuvo conocimiento de la Liquidación,
tanto es así que su reclamación a la Liquidación la presenta en la Secretaría Regional
Manabí del Servicio de Rentas Internas, el 16 de octubre de 2008; 4.4. Acogiendo el
criterio de la Sala de instancia, el acto administrativo de 12 de agosto de 2008 fue
entonces legalmente notificado, y desde el siguiente día comenzó a correr el término
para presentar una impugnación ya sea administrativa o judicial por parte de la
empresa INVERMUN S.A. La notificación controvertida de la Liquidación de Pago por
Diferencias de 12 de agosto de 2008 hasta la fecha en que se presentó la reclamación,
de fecha 16 de octubre de 2008, es evidente que se presentó esta última, en exceso
fuera de los 20 días, término que establece la Ley tanto en sede administrativa como
en la judicial; 4.5. Tal como se pronunció el Tribunal de instancia, esta falta de acción
del recurrente llevó al hecho de que si perdió la oportunidad de que se atienda su
reclamo en sede administrativa, mal podría presentar una acción judicial, ya que
caducó su derecho para impugnar el acto administrativo contenido en la Liquidación de
Pago por Diferencias en la Declaración No. 1320080200060 emitida por el Director
Regional de Manabí del Servicio de Rentas Internas. 4.6. El art. 83 del Código
Tributario establece en la letra que “Son actos administrativos firmes, aquellos
5
respecto de los cuales no se hubiere presentado reclamo alguno, dentro del plazo
que la ley señala”. Los actos administrativos adquieren la calidad de firmes, cuando
el afectado con un acto de determinación de la Administración Tributaria, no hubiere
presentado su reclamo dentro del plazo que establece la norma transcrita; 4.7. Se
advierte del proceso que la empresa INVERMUN S.A., presentó extemporáneamente su
reclamación, luego de los 20 días posteriores a la notificación de la Liquidación de Pago
por Diferencias en la Declaración No. 1320080200060. Según Eduardo Pallares: "La
preclusión es la situación procesal que se produce cuando alguna de las partes no
haya ejercitado oportunamente y en forma legal, alguna facultad o algún derecho
procesal o cumplido alguna obligación de la misma naturaleza. (...). La preclusión es
una de las características del proceso moderno porque mediante ellas se obtienen: a)
Que el proceso se desarrolle en orden determinado, lo que sólo se consigue impidiendo
mediante ella, que las partes ejerciten sus facultades procesales cuando les venga en
gana sin sujeción a principio temporal alguno; b) Que el proceso esté constituido por
diversas secciones o períodos, dedicados cada uno de ellos al desenvolvimiento de
determinadas actividades. Concluído cada período, no es posible retroceder a otro
anterior. Así se logra en nuestro Derecho que la primera parte del proceso esté
consagrada a formar la litis, la segunda a ofrecer las pruebas, la tercera a rendirlas, la
cuarta a producir alegatos, la quinta al pronunciamiento de la sentencia y la sexta a la
vía de apremio. En otras palabras la preclusión engendra lo que el procesalismo
moderno llama fases del proceso; c) Que las partes ejerciten en forma legal sus
derechos y cargas procesales, es decir no solo dentro del término que para ello fije la
ley, sino también con las debidas formalidades y requisitos”. (Diccionario de Derecho
Procesal Civil, Editorial Porrúa, S.A. México, 1976, Pág. 606); 4.8. Habiendo
6
transcurrido en exceso el tiempo que tenía la compañía INVERMUN S.A., para
presentar su reclamo en sede administrativa, tal circunstancia repercute para acceder
con su reclamo a la sede judicial, ya que su pretensión de fondo no pudo ser atendida
en sede administrativa por su inacción, y no existiendo una resolución que pueda ser
impugnada, mal podría el Tribunal Fiscal conocer y sentenciar sobre los resultados de
una resolución inexistente; 4.9. Corroborar que el derecho de la empresa actora a
reclamar caducó, por no haberlo ejercitado dentro del tiempo previsto en la ley, los
argumentos del recurrente carecen de sustento.---------------------------------------------
QUINTO: En lo relativo a la aplicación del recargo del 20% aplicado por la
Administración Tributaria en el numeral 7 de la Liquidación de Pago por Diferencias en
la Declaración No. 1320080200060 del Impuesto al Valor Agregado de febrero de 2005
emitida el 8 de agosto de 2008, cabe indicar que el art. 90 del Código Tributario
modificado por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada
en el S. del Registro Oficial No. 242 de 29 de diciembre de 2007, rige para lo futuro.
Sobre este tema existen fallos de triple reiteración de la Sala de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia que motivaron la expedición de la Resolución
del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 471 de
16 de junio de 2011 que establece como precedente jurisprudencial obligatorio, el
reconocimiento de la irretroactividad de la ley tributaria en materia del recargo, que
solo puede aplicarse a procesos de determinación iniciados luego de la vigencia de la
ley, es decir, a partir del año 2008.---------------------------------------------------------------
Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar más consideraciones, la Sala de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y, POR AUTORIDAD DE LA
7
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta parcialmente el recurso
y casa la sentencia, disponiéndose que no se aplique el numeral 7 del acto
administrativo de Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración No.
1320080200060 del Impuesto al Valor Agregado de febrero de 2005, emitida el 8 de
agosto de 2008 por el Director Regional de Manabí del Servicio de Rentas Internas. En
lo demás, las partes estén a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Distrital de lo
Fiscal No. 4 con sede en Portoviejo. Sin costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase.-
f) Dres. José Suing Nagua, Maritza Tatiana Pérez Valencia. JUECES NACIONALES y
Gustavo Durango Vela. CONJUEZ. Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez.
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
Lo que comunico a usted para los fines de Ley.-
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA
8 |
134711235-DFE
Juicio No. 01371201700201
JUEZ PONENTE: DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA, JUEZA NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL. Quito,
jueves 22 de octubre del 2020, las 13h54. VISTOS.
ANTECEDENTES: a) Relación circunstanciada de la decisión impugnada: En el juicio de
trabajo seguido por Luis Antonio Chocho Sanmartín en contra de la Federación Deportiva del
Azuay, en la persona del ingeniero Omer Iván Cobos Criollo, en su calidad de representante legal; la
entidad demandada interpone recurso de casación en contra de la decisión emitida por la Sala de lo
Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, el 28 de febrero de 2019, las 16h06, que “6.1.
ACEPTA parcialmente el Recurso de Apelación del actor Luis Chocho Sanmartín. 6.2 REFORMA
la sentencia de primera instancia; y absolviendo la consulta, se dispone que la parte demandada
Federación Deportiva del Azuay, por intermedio de su representante legal, pague al actor los
rubros liquidados en los considerandos 4.1.d), 4.1.e) y 4.1.f) de esta sentencia”, referentes al pago
de vacaciones, la bonificación por desahucio establecida en el artículo 185 del Código del Trabajo y
jubilación patronal mensual prevista en el artículo 216 Ibídem. Sin costas ni honorarios.
b) Actos de sustanciación del recurso: Mediante auto de 13 de noviembre de 2019, las 14h30, el
doctor Róger Francisco Cusme Macías, Conjuez de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
admitió el recurso presentado por la entidad demandada.
c) Cargos admitidos: El recurso de casación fue admitido a trámite por los casos tres y cinco del
artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL:
PRIMERO: Este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, conformado por
los Jueces: doctor Julio Arrieta Escobar en atención al Oficio N° 2371SGCNJROG de 03 de
diciembre de 2019; doctora María Consuelo Heredia Yerovi; y, doctora Katerine Muñoz Subía
(ponente), es competente para conocer la presente causa de conformidad con la Resolución N° 01
2018 de fecha 26 de enero de 2018; artículo 183 sustituido por el artículo 8 de la Ley Reformatoria
del Código Orgánico de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial Suplemento 38 de 17
de julio de 2013; Resolución N° 042017 publicada en el suplemento N° 1 del Registro Oficial N°
962 de 14 de marzo de 2017; y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 numeral 1 de la
Constitución de la República, que dispone: “Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia,
además de las determinadas en la ley, las siguientes: 1. Conocer los recursos de casación, de
revisión y los demás que establezca la ley.”, artículo 184 del Código Orgánico de la Función
Judicial, que dispone: “Las diferentes salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia
conocerán los recursos de casación y revisión en las materias de su especialidad y los demás
asuntos que se establezcan en la ley.”; artículo 191 numeral 1 ibídem, que señala: “La Sala
Especializada de lo Laboral conocerá: 1. Los recursos de casación en los juicios por relaciones
laborales nacidas del contrato individual de trabajo” en concordancia con el artículo 269 del
Código Orgánico General de Procesos; y del sorteo que obra a fs. 19 del expediente de casación.
SEGUNDO: Audiencia oral y de fundamentación del recurso. El artículo 168 numeral 6 de la
Constitución de la República, ha establecido que la sustanciación de los procesos en todas las
materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante sistema oral, de acuerdo con los
principios de concentración, contradicción y dispositivo; por lo que este Tribunal, dentro del término
previsto en el artículo 272 del COGEP y de conformidad con las reglas generales previstas para las
audiencias, consignadas del artículo 79 al 87 Ibídem, convocó a audiencia de fundamentación del
recurso de casación, la misma que se llevó a efecto el 15 de octubre de 2019, a las 11h00; y, una vez
finalizado el debate se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 273 Ut Supra.
TERCERO. Fundamento del recurso de casación: La parte accionada considera que el tribunal
ad quem ha infringido por falta de aplicación los artículos: 326 numeral 16 de la Constitución de la
República; 129 numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, 635 y 637 del Código del
Trabajo. Fundamenta su recurso al amparo de los casos tres y cinco del artículo 268 del COGEP.
CUARTO. CUESTIONES RELEVANTES EN EL PRESENTE CASO. Este Tribunal sin
analizar las alegaciones realizadas por la entidad recurrente procede a examinar si tiene competencia
para conocer el asunto sometido a su conocimiento con sujeción a los artículos 76 numeral 3, 167 y
184 numeral 1 de la Constitución de República; y, lo dispuesto en el artículo 156, 184 y 191 numeral
1 del Código Orgánico de la Función Judicial, para lo cual realiza las siguientes precisiones:
4.1. Consideraciones constitucionales previas:
a) Nuestro ordenamiento constitucional es claro en señalar normas y principios mínimos que deben
ser respetados dentro de un proceso en donde se determine el reconocimiento de derechos y
obligaciones, pues la Norma Suprema aprobada en el año 2008 reconoce al Ecuador como un
Estado Constitucional de derechos y justicia, y tiene como deber primordial garantizar sin ningún
tipo de discriminación, el goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución y en
instrumentos internacionales; por lo tanto, su más alto deber consiste en respetar y hacer respetar los
derechos constitucionales que son de aplicación directa e inmediata, sin que para su ejercicio deban
exigirse condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución, o falta de norma para
justificar su violación (artículos 1 y 11 de la Constitución de la República).
b) El artículo 167 de la Constitución de la República señala que: “La potestad de administrar
justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás
órganos y funciones establecidos en la Constitución”; y, el 169 Ibídem, prevé: “El sistema procesal
es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas
las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”;
a partir de estos conceptos, el artículo 172 de la misma Carta Fundamental expresa: “Las juezas y
jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de
derechos humanos y a la ley (…)”; y, en esta línea garantista, el artículo 75 Ibídem, reconoce la
tutela judicial efectiva como el derecho de acceso a la justicia y de protección de los derechos y
garantías ciudadanas, tendientes a materializar en forma real sus derechos individuales y sociales,
objetivo que se cumple a través del principio de interdependencia que lo vincula con el derecho al
debido proceso, previsto en el artículo 76 ut supra, señala: “En todo proceso en el que se determinen
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá
las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial,
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes…”. La Corte Constitucional
del Ecuador, se ha pronunciado en varias ocasiones respecto a la naturaleza del derecho al debido
proceso, en los siguientes términos: " ... en relación al derecho al debido proceso plasmado en el
artículo 76 de la Constitución de la República, se muestra como un conjunto de garantías con las
cuales se pretende que el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o administrativo se
sujeten a reglas mínimas, con el fin de proteger los derechos garantizados por la Carta Suprema,
constituyéndose el debido proceso en un límite a la actuación discrecional de los jueces. Por tanto,
no es sino aquel proceso que cumple con las garantías básicas establecidas en la Constitución, y
que hace efectivo el derecho de las personas a obtener una resolución de fondo, basada en
derecho". (Sentencia N° 003409SEPCC, de 9 de diciembre de 2009).
La garantía al debido proceso es transversal a todo el ordenamiento jurídico, por cuanto optimiza la
protección de otros derechos constitucionales, encaminados principalmente a tutelar que todas las
personas cuenten con un proceso justo y para ello se demanda la existencia de un sistema jurídico
válido y eficaz, que cuente con normas previas, claras y públicas que lleven a la praxis la
denominada seguridad jurídica, prevista en el artículo 82 de la norma suprema.
4.2. Aspectos generales en cuanto a la competencia:
La Constitución de la República garantiza entre otros el derecho al debido proceso,
señalando en el artículo 76 específicamente en el numeral 3 como uno de los derechos
fundamentales que: “3. (…)Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad
competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento (…)”, en
concordancia con lo manifestado, el Código Orgánico de la Función Judicial determina en
su artículo 7, que la jurisdicción y competencia nacen de la Constitución y la ley, mientras
que en su artículo 11, señala que la potestad jurisdiccional se ejerce por las juezas y jueces
en forma especializada según las diferentes áreas de competencia; y, el artículo 156 prevé:
“Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida
entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de
la materia, y de los grados”.
El artículo 107 del COGEP, por su parte determina las causas de nulidad procesal –aplicables al
caso bajo examen en el juicio laboral, que concierne a la omisión de solemnidades sustanciales
comunes a todos los procesos, esto es: 1. Jurisdicción, 2. Competencia de la o del juzgador en el
proceso que se ventila, 3. Legitimidad de personería, 4. Citación con la demanda a la o el
demandado o a quien legalmente le represente, 5. Notificación a las partes con la convocatoria a las
audiencias, 6. Notificación a las partes con la sentencia; y, 7. Conformación del tribunal con el
número de juzgadores que la ley prescribe. El artículo 110 ibídem, en el numeral 1 preceptúa que la
nulidad del proceso deberá ser declarada: “1. De oficio o a petición de parte, en el momento en que
se ha producido la omisión de solemnidad sustancial.”
En el Bloque de Constitucionalidad encontramos normas que se refieren a la competencia, así el
artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica
1969 establece que: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter". De igual forma, el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, consagra el derecho de toda persona a un "...recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución o por la ley".
De esta manera, la garantía constitucional de juez competente se refiere a la existencia de un
administrador de justicia que tiene la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, a quien
el ordenamiento jurídico ha atribuido la competencia para decidir respecto de determinadas materias
observando las garantías del debido proceso, para garantizar una tutela judicial efectiva.
La Corte Constitucional del Ecuador, en relación con tema, ha manifestado que jueces competentes
son aquellos "... designados para ocuparse de determinados y respectivos procedimientos,
clasificados por motivo de las distintas variables. Por esta razón, la norma constitucional prohíbe el
juzgamiento por tribunales de excepción o por comisiones especiales designadas para el efecto, lo
cual evita desconocimiento, parcialidad e injusticias a las partes intervinientes de un proceso"
(Sentencia N° 02815SEPCC, causa N.° 149112EP, p. 8).
De lo expuesto se concluye que todos los jueces tienen jurisdicción, esto es la potestad pública de
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero no todos tienen competencia, esto es, la capacidad para
conocer y resolver determinados asuntos o procesos, ya que la referida jurisdicción se halla
distribuida entre las distintas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, territorio,
materia o grados, de tal forma que la competencia es la aptitud que tiene un juez o tribunal para
resolver los distintos litigios que las relaciones interpersonales e intrasociales plantean, dentro del
ámbito que le ha sido atribuido legalmente.
Por consiguiente, este Tribunal de casación debe cumplir con la obligación de examinar la validez
del proceso y en caso de advertir nulidades procesales, declararlas de oficio aun cuando las partes no
las hubieran alegado, con sujeción a la Constitución y la ley.
4.3. Análisis de la naturaleza jurídica de la relación entre los contendientes:
a) Es relevante y pertinente referirse al régimen normativo al cual el actor se encontraba
sujeto, para examinar si estaba amparado por las disposiciones del Código del Trabajo
o de la Ley Orgánica de Servicio Público; según se constata en la demanda incoada por
el accionante, ha prestado sus servicios en la Federación Deportiva del Azuay en
calidad de “entrenador de atletismo”, desde enero de 1980 hasta marzo de 2017.
Para dilucidar la naturaleza jurídica de la relación entre los contendientes, es preciso puntualizar que
la Federación Deportiva del Azuay es una de las Federaciones Deportivas Provinciales, que forma
parte de la Estructura del Deporte Formativo del país, dependiente del Ministerio del Deporte y
conforme lo determina el artículo 15 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación “…son
entidades de derecho privado sin fines de lucro con finalidad social y pública, tienen como
propósito, la plena consecución de los objetivos que ésta contempla en los ámbitos de la
planificación, regulación, ejecución y control de las actividades correspondientes, de acuerdo con
las políticas, planes y directrices que establezca el Ministerio Sectorial.”, así también los artículos 6
y 33 Ibídem, establecen: “Art. 6. Autonomía. Se reconoce la autonomía de las organizaciones
deportivas y la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la
práctica del deporte, la educación física y recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus
funciones. Las organizaciones que manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos o
administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado deberán enmarcarse en la
Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose además a las regulaciones legales y
reglamentarias, así como a la evaluación de su gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones
deportivas que reciban fondos públicos responderán sobre los recursos y los resultados logrados a
la ciudadanía, el gobierno autónomo descentralizado competente y el Ministerio Sectorial. (…) Art.
33. Federaciones Deportivas Provinciales. Las Federaciones Deportivas Provinciales cuyas sedes
son las capitales de provincia, son las organizaciones que planifican, fomentan, controlan y
coordinan las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales,
quienes conforman su Asamblea General. A través de su departamento técnico metodológico
coadyuvarán al desarrollo de los deportes a cargo de las asociaciones deportivas provinciales y
ligas deportivas cantonales, respetando la normativa técnica dictada por las Federaciones
Ecuatorianas por Deporte y el Ministerio Sectorial. En los casos pertinentes de acuerdo a sus
objetivos, coordinarán con las organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, sus
actividades de acuerdo a la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial.”.
En este sentido, la Federación Deportiva del Azuay, es una entidad de derecho privado con
participación mayoritaria de recursos públicos provistos a través del Ministerio del Deporte –
71,95% y que de conformidad con lo previsto en el artículo 326 numeral 16 de la Norma Suprema
“En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación
mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas,
administrativas o profesionales y demás servidores públicos, se sujetarán a las leyes que regulan la
administración pública…”, por lo que, quienes cumplan con actividades profesionales se sujetan a
las leyes que regulan la administración pública.
A partir de lo anotado, corresponde a este Tribunal establecer el régimen jurídico que ampara al
señor Luis Antonio Chocho Sanmartín al desempeñar su calidad de “entrenador de atletismo”,
debiendo recurrir a lo establecido en el artículo 107 de la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación, que contempla: “Selección de cargos relacionados con el deporte, educación física y
recreación. En los concurso de méritos y oposición para ocupar cargos relacionados con la
administración pública, en lo atinente al deporte, educación física y recreación, se considerará la
calificación de la y el deportista, entrenador, juez o dirigente especializados en materia del deporte
de conformidad con la ley”, evidenciándose, por las características que determina la norma para
acceder a los cargos relativos al deporte, educación física y recreación, que estos están dentro de los
regulados por la administración pública, siendo la actividad desarrollada por el accionante, tareas
relacionadas con el ejercicio de la preparación y enseñanza especializada, en consecuencia
profesionales.
4.4. La competencia como solemnidad sustancial común a todos los juicios y la obligación del
Tribunal de Casación de declarar la nulidad de oficio.
El artículo 107 numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, ha previsto la competencia
como una solemnidad sustancial común a todos los juicios e instancias, cuya omisión deriva en
nulidad procesal, por lo tanto, es obligación de todo juez o tribunal, en primer lugar asegurar la
competencia en todos los asuntos que se sometan a su conocimiento para de esta manera no incurrir
en la omisión y efecto señalados.
El autor Enrique Véscovi, en relación con lo manifestado señala: “El régimen de competencia
establecido legalmente, se rodea de garantías que lo hagan efectivo. Puesto que la competencia es
de orden público, se hace necesario garantizar el cumplimiento de las normas que la regulan… La
competencia aparece como un presupuesto procesal, en cuanto hace relación a la condición
necesaria para entender y juzgar la litis. En consecuencia puede ser relevada de oficio por el
Tribunal (…) Hay ciertas condiciones objetivas y subjetivas (capacidad de las partes, competencia
del juez, etc.), que de darse en todo caso para que pueda constituirse una relación procesal válida.
Y tan importante son, que, aun cuando las partes no denuncien su ausencia, el propio juez puede
notar su falta y entonces el proceso no puede continuar. En realidad no estamos en este caso, ante
un verdadero proceso, o por lo menos un proceso válido” (Enrique Véscovi, citado por Manuel
Tama en Defensas y Excepciones en el Procedimiento Civil, segunda Edición, Edilex S.A., Perú, p.
240).
De lo manifestado y como ha quedado expuesto en líneas precedentes, la controversia que
deviene del caso sub júdice es una demanda incoada por un entrenador de atletismo en
contra de la Federación Deportiva del Azuay, misma que es una entidad de derecho privado
con participación mayoritaria de fondos públicos dotados a través del Ministerio del Deporte
y que de conformidad con lo previsto en el artículo 326 numeral 16 de la Norma Suprema
quienes cumplan actividades profesionales se someten a las normas que reglan la
administración pública.
Por lo tanto, en el caso in examine se ha infringido el requisito de competencia como una
solemnidad sustancial común a todos los juicios, prevista en el artículo 107 numeral 2 del Código de
Orgánico General de Procesos. Por tanto, en consideración a lo señalado en el artículo 129 numeral
9 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece como deber genérico de los jueces
declarar la nulidad cuando adviertan ser incompetentes en razón de la materia, es procedente remitir
el proceso al juez competente. Para lo cual se deberá tener en cuenta que el tiempo transcurrido entre
la citación con la demanda y la declaratoria de nulidad no se contarán dentro de los plazos de
caducidad o prescripción del derecho a la acción. Por tales razones, este Tribunal de la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, de oficio conforme lo determina el
artículo 110 numeral 1 del COGEP, declara la NULIDAD insubsanable de todo lo actuado a partir
del auto de calificación de la demanda, por falta de competencia del juez en razón de la materia. En
virtud de esta declaratoria, se dispone remitir el proceso a la jurisdicción contencioso administrativa,
que es la competente para conocer y resolver la presente causa a fin de que dé inicio al trámite de
este juicio en el ámbito de su competencia. Sin costas ni honorarios. Notifíquese y devuélvase.
DRA. KATERINE MUÑOZ SUBIA
JUEZA NACIONAL (PONENTE)
DRA. MARIA CONSUELO HEREDIA YEROVI
JUEZA NACIONAL
DR. ARRIETA ESCOBAR JULIO ENRIQUE
JUEZ NACIONAL (E) |
RECURSO No. 139-2012
JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO.- Quito, a 24 de abril de 2013. Las 10h55. ------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No.
004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, por la
Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por el Pleno de
la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Econ. Juan Miguel Avilés Murillo,
Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur, interpone recurso de
casación en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de
lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, el 3 de enero de 2012, dentro del
juicio de impugnación No. 09501-2010-0085, deducido por la compañía AURISINA
S.A., en contra del Servicio de Rentas Internas. Calificado el recurso, en auto de 29 de
mayo de 2012 dictado por la respectiva Sala de Conjueces, la compañía lo contesta
extemporáneamente el 6 de junio de 2012. Pedidos los autos para resolver, se
considera:---------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso, de
conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución, artículo 1 de la
Codificación de la Ley de Casación y numeral primero de la II parte del artículo 185
del Código Orgánico de la Función Judicial.-----------------------------------------------------
SEGUNDO: El Eco. Juan Miguel Avilés Murillo, en representación del Servicio de
Rentas Internas fundamenta su recurso en la causal quinta del art. 3 de la Ley de
Casación; considera que han sido vulneradas las siguientes disposiciones: arts. 76
numeral 7 literal l) de la Constitución de la República; 274 y 276 del Código de
Procedimiento Civil; 68, 91 y 107 c) del Código Orgánico Tributario. Manifiesta que la
sentencia carece de motivación; que la Sala debió indicar los fundamentos de hecho y
1
de derecho de su decisión y que ha omitido hacerlo. Por lo mismo solicita se case la
sentencia. --------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO: La sentencia declara parcialmente con lugar la demanda presentada por el
señor Xavier Nilo Ramírez Morales, representante legal de la compañía AURISINA S.A.,
y ordena el pago de USD $ 1.010,94 más intereses, por el impuesto a la renta 2006.---
CUARTO: El único cuestionamiento que el recurrente formula en contra de la
sentencia, al amparo de la causal quinta del art. 3 de la Ley de Casación, es el
relacionado con la falta de motivación. La Sala para resolver formula las siguientes
consideraciones: 4.1. El literal l, del numeral 7, del art. 76 de la Constitución de la
República dispone que “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores
responsables serán sancionados”. El art. 273 del Código Tributario en lo pertinente
dice “(…) La sentencia será motivada y decidirá con claridad los puntos sobre
los que se trabó la Litis y aquellos que, en relación directa a los mismos,
comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o
acto impugnados, aun supliendo las omisiones en que incurran las partes sobre puntos
de derecho, o apartándose del criterio que aquellos atribuyan a los hechos”. (Las
negrillas y subrayado es de la Sala); disposiciones constitucional y legal que dan
cuenta de la trascendencia de la motivación en las sentencias; 4.2. Revisado el
contenido de la sentencia de la Sala de instancia, se advierte que la misma no cumple
con los preceptos constitucionales y legales aplicables, pues motivar es una operación
lógica en la que se confronta los hechos con el derecho, base de una decisión
acertada del Juzgador. En la especie, el Tribunal realiza el análisis de costos y gastos
que estima han sido demostrados por la Empresa actora y que no han sido aceptados
por la Administración Tributaria, sin un soporte jurídico para tal conclusión, desviando
2
su decisión a elementos diferentes a las razones de la impugnación formulada por la
Empresa, que demanda la nulidad de la Liquidación de Pago por Diferencias en la
Declaración; al concluir aceptando parcialmente la demanda, incurre en flagrante
contradicción con los cuestionamientos formulados por la Empresa actora; de lo que
se desprende que la Sala juzgadora, se limita a analizar parcialmente algunos hechos
pero sin confrontar en detalle con las pruebas actuadas, ni la normativa aplicable al
caso en ciernes, lo cual implica falta de motivación en la sentencia, por lo que la
misma es nula y así se la declara.----------------------------------------------------------------
QUINTO: En aplicación del art. 16 de la Ley de Casación, corresponde expedir
sentencia de mérito y para hacerlo, se considera: 5.1. El señor Xavier Nilo Ramírez
Morales, representante legal de la compañía AURISINA S.A. demanda la nulidad de la
Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración No. RLS-CDIOLPV10-00114,
aduciendo que la Administración Tributaria inobservó los arts. 10, 85 y 103 del Código
Orgánico Tributario, que regulan, en su orden, la actividad reglada e impugnable de la
Administración Tributaria, la notificación de los actos administrativos y los deberes
sustanciales de la Administración, sin que en el contenido de la demanda se
especifique de qué manera la Administración inobserva o quebranta tales disposiciones
con el acto impugnado. 5.2. La Administración Tributaria con la Liquidación de Pago
por Diferencias en la Declaración impugnada establece diferencias en la declaración de
pago del impuesto a la renta por el ejercicio del año 2006, acto que goza de las
presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, que con la impugnación, el representante
de la empresa actora debió desvirtuar, ya que se entiende, no lo hizo en sede
administrativa, pese a haber sido notificado con la comunicación de diferencias en
declaraciones o cruces de información, que se reconoce de modo expreso en la propia
demanda. 5.3. Revisado el contenido de la Liquidación de Pago por Diferencias en la
Declaración No. RLS-CDIOLPV10-00114 de 5 de mayo de 2010 (fs. 5 a 12 de los
autos), la misma reúne los requisitos de motivación, ha sido expedida en ejercicio de
la facultad determinadora que la jurisprudencia ha reconocida como válida, y ha sido
3
expedida por autoridad competente, por lo que no existe motivo para declarar la
nulidad. 5.4. El art. 258 del Código Tributario establece que “Es obligación del actor
probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha
negado expresamente la autoridad demandada, salvo aquellos que se presuman
legalmente. Los hechos negativos deberán ser probados, cuando impliquen
afirmación explícita o implícita, sobre la exención, extinción o modificación de la
obligación tributaria”; de la revisión del proceso se puede verificar que la parte actora,
a instancias de la Sala juzgadora, aporta con documentos que pretenden justificar los
gastos, no obstante, los mismos carecen de valor probatorio, toda vez que, a guisa de
ejemplo, las facturas que obran de fojas 189 y 190, emitidas el 13 y 6 de marzo de
2006, tienen fecha de validez hasta febrero del mismo año, por lo que al haber sido
expedidas fuera del plazo de validez de las mismas, no pueden ser justificativos de
gastos válidos. Por otra parte, al no haberse presentado tales documentos, dentro de
la etapa probatoria, ha impedido que se realice un análisis en detalle y pormenorizado
con la intervención de peritos que verifiquen su validez y contenidos específicos. Al no
existir otros elementos, que confrontados, arrojen certezas sobre la existencia de los
gastos, tales elementos resultan insuficientes para determinar, sin dubitación alguna,
en su validez, ya que resulta forzado por decir lo menos, que habiendo la Empresa
alegado disponer de tales comprobantes, no los haya presentado una vez requeridos
por la Administración o dentro de la etapa probatoria en la fase contenciosa. 5.5. En
relación a la aplicación del recargo del 20% en los actos administrativos materia del
presente juicio por el ejercicio 2006, que regula la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria en el Ecuador (Registro Oficial S No. 242 de 29 de diciembre de 2007), cabe
indicar que en el art. 2, que reformó el art. 90 del Código Tributario, se establece “La
obligación tributaria así determinada causará un recargo del 20% sobre el principal”.
Dicha norma, al haberse publicado en la fecha señalada, rige para lo futuro, por lo que
no puede ser aplicada con efecto retroactivo a actos determinativos de períodos
económicos anteriores, que como en el caso, se trata de la Liquidación de Pago por
4
Diferencias en la Declaración del impuesto a la renta del año 2006; Sobre el recargo
del 20%, esta Sala Especializada se ha pronunciado en fallos de tripe reiteración, que
no es aplicable a períodos económicos anteriores al 2008, tema que ha sido elevado a
precedente jurisprudencial obligatorio por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia,
resolución publicada en el Registro Oficial No. 471 de 16 de junio de 2011, por lo que
no procede hacerlo en el ejercicio en discusión.------------------------------------------------
Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, la Sala de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza la demanda y ratifica
la validez del acto impugnado, en los términos constantes en el considerando quinto
de esta sentencia, menos en el recargo del 20%. Notifíquese, publíquese y
devuélvase. f) Señores: Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dra. Maritza
Tatiana Pérez Valencia, JUEZA NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela,
CONJUEZ NACIONAL. Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez,
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
5
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO.- Quito, a 27 de mayo de 2013 ; las 12h00 .- VISTOS (139/2012):
En el juicio de impugnación seguido en contra del Director Regional del Servicio
de Rentas Internas Litoral Sur por el señor Javier Nilo Ramírez Morales,
Representante de la compañía AURISINA S.A., actor de la causa, solicita la
revocatoria de la sentencia expedida el 24 de abril de 2013, por la que esta Sala
rechaza la demanda y ratifica la validez del acto impugnado. Para atender la
revocatoria solicitada, se considera: PRIMERO: El art. 274 del Código Orgánico
Tributario regula los recursos horizontales que caben de la sentencia; en concreto
preceptúa “Efectos.- La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la
ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos o
se hubiere omitido decidir sobre multas, intereses o costas. El error de cálculo en
que se incurra en la sentencia, podrá ser enmendado en cualquier tiempo,
mientras no se hubiere satisfecho la obligación.” A su vez, el art. 281 del Código
de Procedimiento Civil, supletorio en materia tributaria, señala: “Irrevocabilidad de
la sentencia.- La jueza o juez que dictó la sentencia, no puede revocarla ni alterar
su sentido en ningún caso; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las
partes lo solicitare dentro de tres días” (el subrayado pertenece a la Sala); El art.
15 de la Ley de Casación, por su parte estipula: “SUSTANCIACION.- Durante el
trámite del recurso de casación no se podrá solicitar ni ordenar la práctica de
ninguna prueba, ni se aceptará incidente alguno” (el subrayado es de la Sala).
SEGUNDO: Las disposiciones transcritas, claramente prevén que lo único que
cabe de la sentencia es el recurso horizontal de la aclaración y ampliación,
existiendo prohibición expresa al juzgador para revocarla o para alterar su sentido;
de igual manera, la prohibición de generar incidente alguno. En consecuencia, el
pedido de la parte actora deviene en ilegal e improcedente, por lo que se lo niega,
advirtiéndole que de persistir en la presentación de peticiones al margen de la ley,
6
el profesional patrocinador será sancionado de acuerdo con lo previsto en el art.
293 del Código de Procedimiento Civil. Actúe la Dra. Ligia Marisol Mediavilla, como
Secretaria Relatora Subrogante, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio No. 246-
2013-CNJ-SCT, de fecha 2 de mayo de 2013. Notifíquese.-ff) Doctores: Maritza Tatiana
Pérez Valencia, José Suing Nagua; y Gustavo Durango Vela. JUEZA PRESIDENTA,
JUEZ NACIONAL Y CONJUEZ. Certifico.-f) Dra. Ligia Marisol Mediavilla.
SECRETARIA RELATORA SUBROGANTE.
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Recurso No 139-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
RECURSO DE CASACIÓN No 139-2011
JUEZA PONENTE: DRA. MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR: LEONARDO VITERI ANDRADE, REPRESENTANTE
LEGAL DE REYBANPAC, REY BANANO DEL
PACÍFICO S.A.
DEMANDADO: DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS
(RECURRENTE) INTERNAS LITORAL SUR.
Quito, a 21 de junio de 2013, Las 09H30.---------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución N° 004-
2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución
de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es competente
para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo establecido en los
Arts. 184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185, segundo inciso, numeral 1 del
Código Orgánico de la Función Judicial, y 1 de la Ley de Casación.-------------------------------
I. ANTECEDENTES
1.1.- El Director Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas, interpone
recurso de casación en contra de la sentencia emitida el 16 de febrero de 2011 por
la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No 2 con asiento en Guayaquil,
dentro del juicio de impugnación No 2009-1057, propuesto por los señores Luis
Domínguez Ordoñez y Carlos Duchicela Santa Cruz, en sus calidades de
representantes legales de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO
S.A., en cuyo fallo se acepta la demanda de impugnación deducida por el actor,
1
declarando la invalidez de las Resoluciones Nos. 109012008RDEV009103 y
109012008RDEV009047, notificadas el 12 de septiembre de 2008 y el 15 de
septiembre de 2008 respectivamente, y ordena a la Administración Tributaria emita
la respectiva nota de crédito con sus correspondientes intereses.-----------------------
1.2.- El recurrente fundamenta su recurso en las causales primera, tercera, cuarta
y quinta del Art. 3 de la Ley de Casación, señalando que se ha infringido el Art. 76
numeral 7 literal l de la Constitución Política del Ecuador; Arts. 114, 115, 116, 117,
274, 275, 276 del Código de Procedimiento Civil, Arts. 258, 259, 260, 270 y 273 del
Código Tributario; Art. 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno; Art. 4 del
Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. El recurrente fundamenta,
respecto a la causal primera falta de aplicación del Art. 72 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, alegando que el fallo de instancia ha dejado de aplicar dicha
disposición, al considerar que bajo la premisa gastos indirectos se ha dejado de
tener en cuenta que la devolución de IVA va directamente relacionado con la
fabricación y comercialización de bienes, ya que no ha valorado que los
comprobantes no considerados por la Administración Tributaria no forman parte de
la fabricación o comercialización, ya que el derecho a devolución del IVA no se
encontraría en discusión, sino los limitantes al mismo que los establece la Ley.
Respecto al Art. 57, señala que de igual forma se inaplica esta disposición, ya que
el fallo considera que se tiene derecho a devolución del IVA de todo lo que el
contribuyente adquiera indistintamente para los fines de exportación sin considerar
los límites legales. Adicionalmente dentro de la causal primera, el recurrente
fundamenta, la falta de aplicación de precedentes jurisprudenciales obligatorios
contenidos en los fallos de casación: expediente 180-2003, publicado en el Registro
Oficial No 439 de 11 de octubre de 2004, el juicio 67-2003 publicado en el Registro
Oficial No 427 de 23 de septiembre de 2004, el juicio 144-2004, publicado en el
Registro Oficial No 306 de 14 de noviembre de 2004; en los cuales se determinaba
el alcance del Art. 69-A de la Ley de Régimen Tributario Interno, relacionada con la
devolución del IVA a los exportadores en la adquisición local o importaciones de
2
bienes empleados en la fabricación de bienes que se exporten. En lo concerniente a
la tercera causal el legitimario aduce la falta de aplicación de los Arts. 260 y 270 del
Código Tributario, ya que a su criterio en el fallo en ningún momento se consideró
los actos impugnados y sus antecedentes, ni realizó un control de legalidad sobre
los mismos. En lo relacionado con la causal cuarta expresa que la Segunda Sala del
Tribunal Distrital de lo Fiscal no se pronuncia sobre sobre todos los asuntos sobre
los que se trabó la litis debido a que no se ha realizado un control de legalidad
sobre el acto impugnado. Finalmente en lo concerniente a la causal quinta, el
recurrente alega que la sentencia no contiene los requisitos legales que constan en
el numeral 7 literal l de la Constitución Política del Ecuador (sic) y los Arts. 274, 275
y 276 del Código de Procedimiento Civil.-----------------------------------------------------
1.3.- Aceptado el recurso mediante providencia de 12 de mayo de 2011, luego del
traslado respectivo, el actor contesta en el sentido de que respecto de la causal
primera en ningún momento el recurrente señala los casos concretos en que se
habría dejado de aplicar tales criterios contenidos en las normas materiales o
formales citadas ya que se limita a la mera enunciación de normas, a la vez que no
existe explicación, formalización ni fundamentación alguna y menos algún caso
concreto en el que se aplique la causal citada. Alega que la estricta formalidad del
recurso, exige una adecuada fundamentación, precisión y concreción del mismo al
momento de su planteamiento respecto de la falta de aplicación de normas y
precedentes jurisprudenciales. En lo relativo a causal tercera expresa que el
demandado solo cita los Arts. 260 y 270 del Código Tributario, lo cual conforme la
actora, no es suficiente para sustentar la causal por cuanto la formalidad del
recurso exige una mayor precisión y concreción del mismo al momento de su
planteamiento y en el presente caso era necesario citar la regla jurídica
concerniente a la valoración de la prueba que ha sido violentada y cómo esto ha
conducido a la violación del derecho de parte, sin que nada de ello haya ocurrido
en el recurso. Respecto a la falta de motivación de la sentencia alegada por el
recurrente, expresa que el fallo recurrido sí hace una enumeración y apreciación
3
abundante de los hechos económicos y presupuestos de hecho que conforman el
hecho imponible, complementando con una generosa cita de las normas de
carácter formal y material para sustentar el proceso lógico y exegético de la
subsunción del uno respecto del otro. En lo concerniente a la falta de aplicación de
los precedentes jurisprudenciales, expresa que estos no se concretan al caso que
se ventila, ya que en ninguna parte de la elaboración argumentativa se precisa los
presupuestos de hecho o elementos fácticos de identidad de la especie, con las
citas jurisprudenciales alegadas. Finalmente sostiene en lo que hace relación a la
causal quinta, aduce que la Administración Tributaria bajo una afirmación genérica
e imprecisa pretende soportar la misma, al afirmar que no se ha realizado un
control de legalidad sobre el acto administrativo impugnado, lo cual es un
desconocimiento del plexo jurídico. Pedidos los autos para resolver, se considera: --
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Competencia: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso
en conformidad con los Arts. 184 numeral 1 de la Constitución, 1 de la Codificación
de la Ley de Casación y Art. 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de
la Función Judicial. ------------------------------------------------------------------------------
2.2.- Legitimación: El recurrente se encuentra legitimado para interponer el
Recurso de Casación en consideración a lo establecido en los Arts. 2 y 4 de la Ley
de Casación y por cumplir con los requisitos formales del Art. 6 del mismo cuerpo
normativo.--------------------------------------------------------------------------------------
2.3.- Determinación de los problemas jurídicos a resolver: La Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
examinará si la sentencia sujeta al análisis casacional por el legitimario tiene
sustento legal y para ello es necesario determinar cuáles son los fundamentos que
se plantean dentro del recurso: ------------------------------------------------------------
4
a) ¿La sentencia recurrida incurre en la causal primera, al supuestamente haber
incurrido en la falta de aplicación de los Arts. 57, 72 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, Art. 273 del Código Tributario, 274 y 276 del Código de
Procedimiento Civil y los precedentes jurisprudenciales obligatorios, por cuanto en
el fallo se determinó que los actos administrativos impugnados carecen de validez.?
b) ¿El fallo de instancia incurre en la causal tercera, al supuestamente haber
incurrido en falta de aplicación de los Arts. 260 y 270 del Código de Procedimiento
Civil, al no haber analizado los actos administrativos impugnados y sus
antecedentes? ----------------------------------------------------------------------------------
c) ¿El fallo de instancia incurre en la causal cuarta de la Ley de Casación, al no
haber resuelto a criterio del recurrente todos los puntos de la litis? --------------------
d) ¿El fallo de instancia incurre en la causal quinta, por cuanto, aparentemente la
sentencia de instancia no cumple con los requisitos exigidos en el Art. 76 numeral 7
literal l de la Constitución Política del Ecuador y los Arts. 274, 275, 276 del Código
de Procedimiento Civil? -------------------------------------------------------------------------
III.- RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Y MOTIVACIÓN
3.1.- Sobre las problemáticas planteadas, esta Sala considera pertinente analizar el
primer lugar el problema jurídico planteado en el literal d) del numeral 2.3 de la
presente resolución para posteriormente proseguir con las demás de ser el caso: a)
La causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación dispone: “Cuando la sentencia o
auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se
adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.”. Este cargo se refiere a la
transgresión de normas relacionadas con la estructura, contenido y forma de la
sentencia o auto, la que se configuraría de dos formas: Por defectos en la
estructura del fallo que se dan por la falta de requisitos exigidos por la ley para la
sentencia o auto; y, por incongruencia en la parte dispositiva del fallo, en cuanto se
adoptan resoluciones contradictorias o incompatibles. b) El Art. 273 del Código
5
Tributario establece: “Art. 273.- Sentencia.- Concluida la tramitación el tribunal
pronunciará sentencia dentro de treinta días de notificadas las partes para el
efecto. Antes de sentencia, las partes podrán presentar informes en derecho o
solicitar audiencia pública en estrados, con igual finalidad.- La sentencia será
motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos
que, en relación directa a los mismos, comporten control de legalidad de los
antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnados, aun supliendo las
omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho, o apartándose del
criterio que aquellos atribuyan a los hechos.”. (El subrayado es de la Sala). De
conformidad con la Constitución de la República publicada en el Registro Oficial No
449 de 20 de octubre de 2008, aplicable al momento de emitir el fallo, se
determina en su parte pertinente: “Art. 76.- En todo proceso en el que se
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: … 7. El derecho de las
personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: … l) Las resoluciones de los
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución
no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos,
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán
nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” (El subrayado
es de la Sala). Por su parte el Art. 274 y el inciso primero del Art. 276 de la
Codificación del Código de Procedimiento Civil, disponen respectivamente que: “En
las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que fueren
materia de la resolución, fundándose en la ley y en los méritos del proceso; a falta
de ley, en precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia
universal.”. “En las sentencias y en los autos que decidan algún incidente o
resuelvan sobre la acción principal, se expresará el asunto que va a decidirse y los
fundamentos o motivos de la decisión…”. c) Es por demás claro que la motivación
es uno de los requisitos esenciales que deben cumplir las decisiones de las
6
funciones públicas, ya sea en el ámbito administrativo o judicial. Motivar es explicar
la manera en que las normas jurídicas son aplicables a los hechos controvertidos y
definidos en la litis del proceso, luego de que éstos han sido verificados en base a
las pruebas debida y legalmente actuadas. Poniendo esta premisa como
antecedente, esta Sala procede a analizar el contenido del fallo recurrido,
desglosando lo siguiente: Una transcripción extensa y casi textual de las
afirmaciones de las partes en sus respectivos escritos de impugnación y
contestación; la verificación de la competencia del Tribunal de instancia para
conocer la causa; la declaración de validez del proceso; la enunciación e
interpretación de la Resolución No 588 del Director General del Servicio de Rentas
Internas con los Arts. innumerados a continuación 55, 56 y 69 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, Art. 148 del Reglamento de Aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno y Art. 57 de la Codificación del Código Tributario, cita
textualmente una parte de la Resolución impugnada y concluye que se ha cumplido
el numeral 6 del Art. 25 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno. Adicionalmente cita las disposiciones de los Arts. 258, 270, 274,
275, 276 y 280 de la Codificación del Código Tributario, aseverando a que al actor
le correspondía la carga de la prueba y que a la administración le corresponde
probar los hechos y actos del contribuyente de los que se concluya la existencia de
la obligación tributaria y su cuantía, para así afirmar que la Administración
Tributaria “Durante la etapa de prueba la demandada no presentó ningún tipo de
pruebas objetivas que puedan ser valoradas en derecho para resolver…”. A la cita
de estas normas reproduce su contenido, así como del Art. 130 numeral 4 del
Código Orgánico de la Función Judicial. Todas estas argumentaciones, no se
encuadran dentro de lo que ordenan las normas jurídicas relacionadas con la
motivación, ya que no se determinan con exactitud los hechos que las partes
controvierten, esto es, los puntos sobre los cuales discrepan en relación a las
solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado; no se examina a
profundidad los hechos en particular que condujeron al establecimiento de las
7
observaciones que realizó la Administración Tributaria respecto a los comprobantes
rechazados en las Resoluciones impugnadas, ni se las verifica o desvirtúa con las
pruebas actuadas en el proceso, sobre todo considerando el axioma procesal de la
carga de la prueba, teniendo en cuenta que el caso no se basa en un acto de
determinación, conforme se establece en el fallo al erigir su apreciación valorativa
en el Art. 259 del Código Tributario, sino en una solicitud de devolución de IVA. Por
otra parte no se realiza una explicación de las normas tributarias que se aplicarían
a la causa, sobre todo al considerarse que cada una de las observaciones comporta
un análisis técnico jurídico. El hecho de reproducir en extenso las aseveraciones de
las partes, el citar distintas normas jurídicas y no mencionar y analizar alguna
prueba aportada en el proceso que permitan verificar las alegaciones de los
comparecientes, es totalmente ajeno a los requisitos establecidos en la norma para
la emisión de la sentencia. En consecuencia el fallo recurrido conforme el Art. 76,
numeral 7 literal l) de la Constitución de la República adolece de nulidad al no
cumplir con el requisito de motivación allí establecido; por tanto se configura la
causal quinta de la Ley de Casación, con lo que se resuelve el problema jurídico
planteado en el literal d) del numeral 2.3 de la presente sentencia y se declara la
nulidad del fallo, sin que sea meritorio entrar en el análisis de los demás problemas
jurídicos planteados y conforme el Art. 16 de la Ley de Casación, este Tribunal
debe expedir la sentencia que corresponde.-------------------------------------------------
IV. SENTENCIA DE MÉRITO
4.1.- De las piezas procesales constantes en el expediente de instancia se analiza:
Conforme la demanda de impugnación planteada por el actor, este impugna las
Resoluciones Nos 109012008RDEV00913 y 109012008RDEV009047 notificadas el 12
y 15 de septiembre de 2008 respectivamente, por las cuales se aceptaba
parcialmente su solicitud de devolución de IVA por los meses de febrero y marzo
del año 2008. 4.1.1.- El actor en su demanda (fojas 74 a 77 del expediente)
establece: “Facturas no consideradas como parte de un costo de producción.- De
8
acuerdo al texto de las Resoluciones de IVA objeto de esta demanda, la
Administración Tributaria procede a negar la devolución amparándose en que
existen ciertos costos y gastos gravados con IVA que no pertenecen a un costo de
producción… De acuerdo al 72 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
vigentes desde el 1 de febrero del 2008, es susceptible de devolución de IVA
pagado tanto en la etapa de fabricación como en la etapa de comercialización del
producto a exportarse… no es necesario buscar una interpretación acerca del
sentido de fabricar y comercializar un producto, pues basta únicamente acudir a los
significados reales y comunes de lo que es fabricar y comercializar… pueda
constatar plenamente que las facturas negadas por el demandado sí corresponden
a una etapa de fabricación y otras, a la de comercialización… Al respecto, el
Diccionario de la Real Academia Española establece que fabricar es “producir
objetos en serie” o “transformar una cosa u obtener un producto por medio de un
trabajo adecuado”; mientras que comercializar es “dar a un producto condiciones y
vías de distribución para su venta”… Al comparar el detalle de las facturas que
fueron rechazadas por no pertenecer a un costo de producción se puede evidenciar
que las mismas pertenecen a un costo necesario o bien para fabricar un producto o
bien para comercializar el mismo, pues es necesario recalcar que todas las facturas
que conforman el crédito tributario pertenece a costos y gastos pertenecientes a las
haciendas de nuestra representada donde obviamente se produce el bien
exportado, el banano, mientras que por otra pertenece al costo y gasto que
necesariamente se debe incurrir “para poner a la venta”… dicho producto…”. Por su
parte la Administración Tributaria contesta a la impugnación referida negando
dichas afirmaciones en los siguientes términos: (fojas 101 a 104 del expediente):
“El artículo 13 del Código Tributario establece que las normas tributarias deberán
ser interpretadas con sujeción a los métodos admitidos en derecho teniendo en
cuenta los fines de las mismas y su significación económica.- El artículo 72 de la
Ley de Régimen Tributario Interno establece que las personas naturales o jurídicas
que realicen actividades de exportación y que, para el efecto, hubiesen pagado el
9
Impuesto al Valor Agregado en la adquisición de bienes empleados en la
fabricación de bienes que se exporten tienen derecho a que tal valor les sea
reintegrado… de la lectura de estas normas tenemos que para poder acceder a la
devolución del IVA pagado en actividades de exportación necesariamente el IVA
pagado debe ser en la adquisición de bienes o servicios que hayan sido utilizados
para la “fabricación de bienes que se exporten”. De tal suerte que en ningún
momento ni la Ley ni el reglamento mencionados sugieren siquiera la posibilidad
remota de que deba entenderse que también están implicados los gastos incurridos
en etapas que no sean la fabricación de los bienes que se van a exportar… Cuando
la normativa se refiere a la adquisición de bienes empleados en la fabricación de
bienes exportados se limita únicamente a los COSTOS DE PRODUCCIÓN, de tal
manera que la administración no puede devolver el IVA pagado en otro tipo de
gastos o costos incurridos que la normativa vigente no lo permita…”. 4.1.2.- Por
otra parte el actor establece en su demanda: “Facturas no válidas para sustentar
Crédito Tributario.- Con respecto a los comprobantes de venta rechazados por no
ser sustento del IVA, debemos recalcar que los mismos son facturas autorizadas y
legales en cuanto a sus requisitos razón por la cual no se encuentra motivo para
que las mismas sean rechazadas para la devolución de IVA. … la Resolución objeto
de esta demanda no cumple con la motivación necesaria toda vez que no se explica
que documento no ha sido válido o suficiente para el demandado para sustentar
crédito tributario, por este motivo, resulta casi imposible hacer referencia a dicha
circunstancia…“. Por su parte la Administración Tributaria respecto del cargo citado
establece que la resolución esta motivada ya que se enumeran los comprobantes
que no se han tomado en cuenta para la liquidación, por lo que no ha existido
indefensión del contribuyente, por cuanto las objeciones realizadas a los
comprobantes y demás instrumentos de gastos realizados por el contribuyente no
guardan relación con lo prescrito en el Art. 72 de la Ley de Régimen Tributario
Interno. 4.1.3.- Finalmente el Administrado arguye: “Facturas con borrones,
enmiendas o tachaduras.- En cuanto a las facturas rechazadas por tener supuestos
10
borrones, enmiendas o tachaduras, debemos enfatizar que ninguna sola factura
presentada ante la Administración Tributaria adolece de dicha falencia, pues
ninguna factura está enmendada o lo que es lo mismo corregida… Vale recalcar
que sí existen facturas con algún dato completado, tal como un No. de RUC
incompleto, o una fecha incompleta, información que al completarse no implica en
ningún sentido que la misma tenga una enmienda… De igual forma lo anterior
tampoco implica un tachón o un borrón…”. En relación a esta afirmación el Servicio
de Rentas Internas contesta en el sentido que los Arts. 141 y 159 del Reglamento
de la Ley de Régimen Tributario Interno claramente disponen que los únicos
comprobantes que demuestran fehacientemente el pago del impuesto son aquellos
expresamente autorizados conforme el Reglamento de Comprobantes de Venta y
de Retención y que de acuerdo al penúltimo inciso del Art. 66 de la Ley de Régimen
Tributario Interno solo se puede acceder al crédito tributario si se cuenta con los
comprobantes de venta que cumplan con los requisitos del Reglamento citado,
dicho reglamento se circunscribe dentro de los límites constitucionales y legales. La
inobservancia a las disposiciones reglamentarias, opera la comisión de una
infracción y mal podría considerarse que instrumentos carentes de valor legal y que
son productos de una infracción sancionable puedan ser utilizados para acceder a
un derecho. En este sentido se han pronunciado la Sala de lo Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia en el expediente No 180-2003, publicado en el Registro Oficial
No 439 de 11 de octubre de 2004, en el fallo No 67-2003 publicado en el Registro
Oficial No 265 de 3 de febrero de 2004 y el fallo No 67-2003 promulgado en el
Registro Oficial No 427 de 23 de septiembre de 2004. 4.1.4.- Una vez trabada la
litis, las partes dentro del respectivo término de prueba solicitaron la evacuación de
las siguientes pruebas: Por parte del impugnante: Que se tenga como prueba a su
favor los trámites administrativos que antecedieron a su demanda, los cuales
fueron ingresados el 11 y 12 de agosto de 2008; que se tenga como prueba a su
favor de su representada las resoluciones objeto de la demanda; y, Que se fije día
y hora para la exhibición de los comprobantes de venta que sustentan las compras
11
realizadas en los meses de febrero y marzo de 2008, solicitando se disponga el
nombramiento de peritos. Por parte del Servicio de Rentas Internas se solicita que
se tenga como prueba a su favor lo dispuesto en el Art. 258 de la Codificación del
Código Tributario, que se tenga como prueba a su favor los actos administrativos
impugnados; que se oficie a la parte actora se remita copias de los documentos
que fueron presentados ante la Administración Tributaria; Que se fije día y hora
para que se efectúe la diligencia de exhibición de documentos de los trámites
impugnados. Mediante providencia de 22 de octubre de 2009, se evacuan las
pruebas solicitadas por las partes. Las únicas piezas procesales que constan como
prueba en el proceso son: La Resolución No 109012008RDEV00913, anexos y
antecedentes al trámite No 109012008038990 (fojas 7 a 36, 91 a 100, 108 a 117) y
la Resolución No 109012008RDEV009047 anexos y antecedentes al trámite No
109012008038630 (fojas 37 a 73) y consta en autos sentada una razón a fojas 129
con el siguiente texto: “Siento como tal, que no se realizó la diligencia de exhibición
de documentos ordenada en providencia de 25 de Noviembre del 2009 a las 9h45.
Por cuanto el Servicio de Rentas Internas, no se presento (sic) dentro del tiempo
estipulado (sic).- Guayaquil, 15 Diciembre del 2009.-”. 4.1.5.- De acuerdo al Art.
258 de la Codificación del Código Tributario publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No 38 de 14 de junio de 2005: “Es obligación del actor probar los
hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado
expresamente la autoridad demandada, salvo aquellos que se presuman
legalmente. Los hechos negativos deberán ser probados, cuando impliquen
afirmación explícita o implícita, sobre la exención, extinción o modificación de la
obligación tributaria.”. Por su parte el Art. 82 del citado Código dispone: “Art. 82.-
Presunción del acto administrativo.- Los actos administrativos tributarios gozarán
de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y están llamados a cumplirse;
pero serán ejecutivos, desde que se encuentren firmes o se hallen ejecutoriados.”.
De la traba de litis se desprende que el impugnante afirmó varios hechos; uno de
ellos es el que los costos en que incurrieron pertenecen a un costo necesario o bien
12
para fabricar un producto o bien para comercializar el mismo, ya que todas sus
facturas obedecen a costos y gastos pertenecientes a las haciendas de su
representada donde obviamente se produce el bien exportado, el banano, mientras
que por otra pertenece al costo y gasto que necesariamente se debe incurrir para
poner a la venta el citado producto. Otro hecho afirmado por el mismo es el de que
ninguna factura presentada ante la Administración Tributaria adolece de
enmiendas, tachones o borrones y que por lo tanto no debían ser rechazadas.
Sobre estos hechos, el demandado se ha pronunciado negando la ocurrencia de los
mismos. Como se enunció en el presente numeral, de acuerdo a las reglas de la
carga de la prueba, le correspondía al actor probar sus afirmaciones. De acuerdo a
lo descrito respecto a las pruebas constantes en el expediente, esta Sala observa
que en el presente caso, la prueba argüida por el actor, esto es las Resoluciones
impugnadas Nos 109012008RDEV00913 y 109012008RDEV009047, no pueden ser
valoradas a su favor, por cuanto de su contenido (antecedentes) se deduce que la
Administración ha procedido a realizar un detallado razonamiento sobre los motivos
por los cuales ha emitido su negativa para la devolución parcial del Impuesto al
Valor Agregado, no encontrándose pasaje alguno donde se pueda corroborar las
afirmaciones resaltadas; por otra parte se destaca que los actos impugnados gozan
de la presunción de legitimidad conforme el Art. 82 de la Codificación del Código
Tributario, es decir se presumen válidas, y el impugnante en el proceso judicial está
llamado a desacreditadas, por lo que dada la propuesta establecida en la demanda,
no es posible concebirla como un medio de prueba a favor del actor. Por otra parte
en lo que respecta a los anexos y documentos que sirvieron de antecedentes para
los trámites Nos 109012008038990 y 109012008038630, revisados los mismos
únicamente se avizora detalles de compras de activos fijos, las solicitudes de
devolución del IVA, los formularios 104 de declaraciones del IVA, formularios 103
sobre las declaraciones de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, no
observándose en estos documentos información que pueda corroborar las
afirmaciones del demandante. En lo concerniente a la prueba de exhibición de
13
documentos, solo consta la razón de su no realización, por lo que no es posible
apreciarla, teniendo en cuenta que las partes estaban llamadas de manera
obligatoria a impulsar el proceso dado el principio dispositivo sobre el que se
construye la materia tributaria. Finalmente en lo que respecta al argumento del
actor de que: “la Resolución objeto de esta demanda no cumple con la motivación
necesaria toda vez que no se explica que documento no ha sido válido o suficiente
para el demandado para sustentar crédito tributario”. Esta Sala aprecia que en
dicha aseveración no se especifica a cuál de las dos resoluciones impugnadas se
quiere hacer referencia con esta fundamentación, a la vez que analizados los actos
impugnados se establecen en sendos detalles los comprobantes de venta que no
han sido considerados para la devolución añadido con las presentes leyendas: “13.
Que, conforme lo establece el artículo 159 del Reglamento para la aplicación de la
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno publicado en el suplemento del
Registro Oficial 337 del 15 de mayo de 2008. Esta Administración, luego del análisis
de los comprobantes de venta, ha elaborado el siguiente detalle de los
comprobantes no considerados en la liquidación, los comprobantes observados por
el Servicio de Rentas Internas, con los motivos por los que no se acepta el valor
cancelado en estos casos por concepto de Impuesto al Valor Agregado, y la
diferencia entre declaración y anexo de IVA. … DESCRIPCIÓN DE MOTIVOS NO
CONSIDERADOS EN LA LIQUIDACIÓN: NCP: No Costo de Producción.- ACT: Activo
Fijo presentado y no depreciado.”. … “IMP: NCP. IMPORTACIÓN NO COSTO DE
PRODUCCIÓN.- AF-NCP: ACTIVOS FIJOS.- NCP: NO COSTO DE PRODUCCIÓN.- AF-
NCP: ACTIVOS FIJOS NO COSTO DE PRODUCCIÓN”. En consecuencia sin que se
pueda corroborar lo hechos afirmados por el actor y negados por el demandado, no
es posible realizar el ejercicio jurídico de su subsunción con las normas que serían
aplicables al presente caso conforme lo ordena el literal l) del numeral 7 del Art. 76
de la Constitución de la República en concordancia con el segundo inciso del Art.
273 de la Codificación del Código Tributario. -----------------------------------------------
14
V.- DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: -----------------------------------------
SENTENCIA
Se rechaza la demanda propuesta por el actor. Sin costas. Notifíquese, publíquese y
devuélvase.- ff) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr.
José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ.
Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA
ENCARGADA.
15 |
RECURSO No. 142-2011
Recurso No. 142-2011
CONJUEZ PONENTE: Dr. José Luis Terán Suárez
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO:
Quito, a 4 de marzo de 2013. Las 11H30. -------------------------------------------------
VISTOS:
I. ANTECEDENTES
1.1.- La señorita MARÍA JOSÉ JARAMILLO MÁRQUEZ, por sus propios y
personales derechos, interpone recurso de casación en contra de la sentencia
dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en
la ciudad de Quito, el jueves 24 de marzo de 2011, las 11h25, notificada el 25
del mismo mes y año, dentro del juicio de impugnación No. 2010-0164,
deducido en contra del Gerente General de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana (actualmente Servicio Nacional de Aduana del Ecuador), que niega
totalmente la demanda de impugnación propuesta por la señorita María José
Jaramillo Márquez, contra el Econ. Mario Pinto Salazar, Gerente General de la
CAE; y, en virtud del análisis jurídico efectuado en los considerandos quinto y
sexto de este fallo, confirma el contenido de la Resolución No. GDN-CAJ-RE
1010, emitida el 13 de octubre de 2010 por el Abogado Manuel Jacho Chávez,
Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Gerencia General de la
1
Corporación Aduanera Ecuatoriana y la Resolución No. 2814, emitida el 19 de
agosto de 2010 por el Gerente Distrital de Aduanas de Quito, con la que niega
el derecho a la exoneración de tributos sobre el menaje de casa y vehículo
marca BMW del año 2007. ----------------------------------------------------------------------
II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
2.1.- La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional
de Justicia, es competente para conocer y resolver el recurso de casación, de
conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la
República, numeral primero de la parte II del artículo 185 del Código Orgánico
de la Función Judicial y artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación, la
que se encuentra debidamente conformada en virtud de la Resolución No. 004-
2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura de
Transición, por la Resolución de conformación de Salas de 30 de enero de
2012 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia; por la Resolución
No. 013-2012 de 24 de febrero de 2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura
de Transición, mediante la cual, se designó a las Conjuezas y los Conjueces de
la Corte Nacional de Justicia de conformidad con el Art. 200 del Código
Orgánico de la Función Judicial; y, por los Acuerdos de Entendimiento para la
integración de las Salas Especializadas de Conjuezas y Conjueces suscritos el
8 de marzo de 2012 y el 15 de junio de 2012 por el Presidente del Consejo de
la Judicatura de Transición y el Presidente de la Corte Nacional de Justicia;
2
además por el sorteo entre los Conjueces de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario, ante la excusa del Dr. Gustavo Durango Vela. ------------
III. VALIDEZ PROCESAL
3.1.- No se observa del proceso ninguna circunstancia que pueda afectar la
validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar; por lo que, estando
los autos para resolver, se considera: -------------------------------------------------------
IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
4.1.- La señorita María José Jaramillo Márquez, por sus propios y personales
derechos, fundamenta su recurso en las causales 1, 3, y 4 del Art. 3 de la Ley
de Casación; considera infringidos los Arts. 12 y 139 numeral 1 del Código
Tributario; Art. 27 de la Ley Orgánica de Aduanas, así como lo previsto en los
Arts. 6 letras a) y b) y 7 de la Resolución No. 00976 de 25 de junio de 2009,
dictada por el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,
publicada en el Registro Oficial No. 131 de 18 de febrero de 2010 y Resolución
No. G.G.125 de 4 de marzo de 2010, expedida por el Gerente General de la
CAE hoy Director General del SENAE, alegando aplicación indebida, en lo
referente al cómputo de los plazos de permanencia en el Ecuador, así como de
los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, por su
equivocada aplicación y por no resolver en ella todos los puntos de la litis, en
3
razón de haber equivocadamente considerado el lapso mínimo de permanencia
en el país, luego del retorno definitivo al país de los emigrantes, procedente del
país de su residencia que es, en el presente caso, los Estados Unidos,
confundiéndolo con la fecha del retorno de un viaje temporal por pocos días a
Colombia, país que no es de su residencia. Por esta razón y en consideración
que la sentencia recurrida adolece de la aplicación errada de normas
tributarias, solicita se acepte el recurso de casación. ----------------------------------
4.2.- La Sala de Conjueza y Conjueces de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, mediante auto dictado el 29 de mayo de 2012, las 11h00,
califica la admisibilidad del recurso y dispone que éste sea contestado
fundamentadamente en el término de cinco días de conformidad con lo
establecido en el Art. 3 de la Codificación a la Ley de Casación. --------------------
4.3.- La Autoridad Tributaria demandada, contesta al traslado con el recurso de
casación, argumentando que no tiene ningún sustento jurídico ni legal, ninguna
de las causales invocadas por la actora dentro del presente recurso, señalando
que no es cierto lo que alega la parte actora en el sentido de que la sentencia
recurrida omite resolver todos los puntos de la litis. Respecto a que si la actora
tiene o no derecho de exoneración de tributos al comercio exterior de su
menaje de casa y vehículo, la Administración Aduanera cita el numeral i) del
artículo 27 de la Ley Orgánica de Aduanas que establece que: “Están exentos
del pago de tributos al comercio exterior, excepto las tasas por servicio
4
aduanero, …i) Menajes de casa y equipos de trabajo” y, los literales a) y b) del
artículo 6 de la Resolución No. 00976, expedida por el Gerente General de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana, publicada en el Registro Oficial No. 131 de
18 de febrero de 2010, que establece los siguientes requisitos para gozar de la
exención de tributos en la importación del menaje de casa o equipo de trabajo:
a) Permanencia en el exterior; b) Arribo del menaje o equipo; y, c) Importación
por más de una vez. Dice la Autoridad Tributaria que según el certificado de
movimiento migratorio No. 406073, la actora arribó al país el 02 de agosto de
2010 y la suma de los días que ha permanecido en el Ecuador ha superado los
60 días laborables y no laborables, sin que sea pertinente alegar el cómputo de
permanencia en días conforme lo establece el artículo 12 del Código Orgánico
Tributario, puesto que se trata de computar la permanencia en el Ecuador, en
cuyo caso es inaceptable no computar los días de descanso obligatorio y
feriados. Manifiesta también que no es cierto lo que alega la parte actora que la
sentencia no cumple todos los requisitos exigidos por la ley y específicamente
de la motivación, pues la sentencia es clara y es evidente que el Tribunal
analizó las pruebas y en su sana crítica, dictó una correcta sentencia objeto del
presente recurso. Por lo expuesto solicita se niegue el recurso. ---------------------
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1.- El asunto principal, objeto del presente recurso, se relaciona con el
análisis de la sentencia y especialmente de su antecedente citado en ella, en
5
base al cual el Tribunal de Instancia resuelve sobre lo principal aplicando la
Resolución No. 00976 expedida el 25 de junio de 2009, publicada en el
Registro Oficial No. 131 el 18 de febrero de 2010, por el entonces Gerente
General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana - CAE, actual Director
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE, según la
reforma que consta en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones, promulgado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 el 29 de
diciembre de 2010, expedida específicamente para incentivar, como Política de
Estado, para facilitar la reunificación familiar, mediante el retorno voluntario de
las ecuatorianas y ecuatorianos migrantes, cualesquiera fuera su condición,
que residan legalmente o no en el exterior, por un lapso no menor a un año,
para establecer su domicilio permanente en el Ecuador, período que se
contabilizará desde la fecha de ingreso al país con ánimo de su permanencia
definitiva en el mismo, por cuya razón se les concede la exoneración total de
tributos al comercio exterior en la importación de su menaje de casa o equipo
de trabajo. -------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.- El principal cuestionamiento formulado por la recurrente se refiere,
entonces, a la aplicación indebida del Art. 6 letras a) y b) de la Resolución No.
00976, que fue expedida en aplicación de los artículos 338 y 416 de la
Constitución de la República que determinan que el Estado generará incentivos
al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, como ha
ocurrido en el presente caso, en que la recurrente ha retornado definitivamente
6
al país con su menaje de casa y vehículo, procedente del país extranjero de su
última residencia (EE.UU), dentro del lapso fijado en dicha Resolución. -----------
5.3.- Es necesario precisar que tanto la Resolución administrativa No. GDQ-
DAJQ-RE-2814 expedida el 19 de agosto de 2010 por el Gerente del Distrito
Quito de la CAE, así como la Resolución No. GDN-CAJ-RE-1010, emitida de
oficio, el 13 de octubre de 2010, por el entonces Coordinador de Asesoría
Jurídica de la Gerencia de la CAE, incluyendo la sentencia objeto del presente
recurso de casación, en forma coincidente declaran sin lugar el reclamo
planteado por la actora y como consecuencia confirman la negativa a la
exoneración del pago de tributos sobre el menaje de casa y del vehículo marca
BMW del año 2007, por haber transgredido, según afirman, el lapso de 30 días
para la permanencia obligatoria de la migrante en el país, contados desde el
último de los ingresos de la accionante al país, tomados del Certificado del
Movimiento Migratorio No. 392432, según lo dispuesto para el efecto, en los
literales a) y b) del artículo 6 de la Resolución No. 00976. Al respecto, el Art. 6
de la Resolución No. 00976 dice: “MENAJE DE CASA O EQUIPO DE
TRABAJO EXENTO DE TRIBUTOS.- Para gozar de la exención de tributos en
la importación del menaje de casa o equipo de trabajo, se deberán cumplir con
los siguientes requisitos: a) PERMANENCIA EN EL EXTERIOR.- El
ecuatoriano o ecuatoriana migrante deberá residir legalmente o no en el
exterior, por un lapso no inferior a un año, con ingresos al Ecuador que no
sumen más de sesenta días en el último año (cuentan todos los días, inclusive
7
feriados y de descanso obligatorio), que se contabilizará desde la fecha de
ingreso al país con ánimo de permanencia. La permanencia en el exterior
deberá corroborarse a través del pasaporte y de los registros de movimiento
migratorio en los que se reconozcan las entradas y salidas del viajero hacia y
desde el Ecuador. Además, para el caso de residentes legales en el exterior,
que registren más de dos ingresos al Ecuador en el último año, deberán
presentar documentos consularizados o notarizados en el Ecuador que
demuestren su ánimo de residencia en el exterior y su ánimo de retorno
permanente al Ecuador. Estos documentos pueden ser permisos de residencia
en el exterior otorgados por las autoridades competentes, contratos de trabajo
donde se especifique la fecha de inicio y fin del contrato, certificados de
matriculación en centros de estudios en el exterior, o cualquier otro documento
que demuestre que residió en el exterior y tiene el ánimo de regresar al
Ecuador de forma permanente. Cuando la salida del país no se haya registrado
por parte de la Policía Nacional, el tiempo de permanencia del viajero en el
exterior se podrá acreditar mediante certificados consulares o registros
acreditados por la Secretaría Nacional del Migrante. Estos documentos
deberán ser emitidos en idioma español y bajo la responsabilidad de la entidad
que lo emite. b) ARRIBO DEL MENAJE O EQUIPO.- El menaje o equipo de
trabajo deberá arribar en el lapso de 2 meses antes o 6 meses después
(plazo), del arribo del ecuatoriano o ecuatoriana que retorna. Sin embargo, si el
menaje o equipo de trabajo arriban al país posteriormente al arribo del
ecuatoriano o ecuatoriana que retorna, este no podrá salir del Ecuador dentro
8
de ese lapso por un período que sumado exceda los 30 días calendario
(inclusive días feriados y de descanso obligatorio”. --------------------------------------
5.4.- La Sala deja constancia que no es motivo de discusión o controversia de
naturaleza alguna el contenido del menaje de casa, incluido el vehículo de
propiedad de la migrante, así como el derecho para su importación para
retornar en forma definitiva al país luego de haber permanecido por más de un
año en los Estados Unidos de Norte América en calidad de residente, por cuya
razón es pertinente aclarar y precisar que los llamados Certificados de
Movimiento Migratorio expedidos por el Departamento de Estadísticas y
Archivo de la Dirección Nacional de Migración, únicamente certifican las
entradas y salidas del país del migrante, durante el lapso solicitado, por cuyo
motivo, como sucede en el presente caso, se consideró en forma equivocada
como última fecha de retorno de la migrante al país en forma definitiva el 2 de
agosto de 2010, cuando lo correcto es que la accionante retornó al Ecuador
con el ánimo de radicarse definitivamente en el país, procedente de los
Estados Unidos de Norte América, el 8 de junio de 2010, en donde tuvo su
residencia universitaria por cuatro años consecutivos, lo cual se desprende de
la declaración juramentada otorgada por la señorita María José Jaramillo
Márquez el 10 de junio de 2010, ante la doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria
Trigésima Primera del Cantón Quito (fs. 29-41 de los autos). La confusión
radica en que la accionante el 26 de julio de 2010 sale con destino a Colombia
y regresa el 2 de agosto de 2010, fecha que de manera alguna puede
9
considerarse corresponde a la de retorno definitivo del país de la última
residencia de la migrante, pues como quedó aclarado es el 8 de junio de 2010
la fecha que corresponde efectivamente a la de retorno de la migrante para
permanecer con el ánimo de radicarse en forma definitiva en el país procedente
de los Estados Unidos, país de su última residencia desde el 31 de agosto de
2006, según consta del mismo Certificado de Movimiento Migratorio (fs. 241-
241 vuelta del proceso). -------------------------------------------------------------------------
5.5.- En tal sentido, existe la indebida aplicación del artículo 6 letras a) y b) de
la Resolución No. 000976, inherente al menaje de casa y vehículo llegado al
país dentro de los seis meses posteriores al retorno de la migrante del país de
su última residencia (Estados Unidos), con el ánimo de permanecer en forma
definitiva en el Ecuador, lo cual se advierte, según quedó señalado, con la
declaración juramentada rendida por la recurrente. En efecto, la migrante
retorna al Ecuador para radicarse definitivamente el 8 de junio de 2010, y su
menaje de casa arriba al país el 23 de julio de 2010, es decir, dentro del plazo
que exige la norma y como consecuencia de ello se hace beneficiaria de la
exención de tributos en la importación del menaje de casa o equipo de trabajo
proveniente de los Estados Unidos de Norte América. La salida de la actora a
Colombia el 26 de julio de 2010 (tres días después del arribo del menaje de
casa y vehículo) y su retorno el 2 de agosto de 2010, no debe considerarse
para efectos del cálculo del lapso que la migrante debió permanecer en el
Ecuador, porque dicho viaje obedece a cuestiones distintas a las de migración,
10
en razón de que Colombia no era el país de residencia permanente de la
migrante, sino los Estados Unidos de Norte América, conforme se desprende
de la visa de residente legal en los EEUU (I-20) que consta a fojas 200 de los
autos. Por lo tanto, en este caso, se cumplen los requisitos exigidos por el Art.
6 de la Resolución No. 00976 de 25 de junio de 2009 expedida por el Gerente
General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, esto es, la ecuatoriana María
José Jaramillo Márquez en su calidad de migrante ha residido legalmente en el
suman más de sesenta días en el último año, contabilizados desde la fecha de
ingreso al país con ánimo de permanencia, todo esto se encuentra demostrado
con el pasaporte, certificado migratorio y más documentos que obran a fojas
195-214 de los autos, en los que constan las entradas y salidas de la migrante
hacia y desde el Ecuador; el menaje de casa ha arribado al país en el lapso de
seis meses después del arribo de la ecuatoriana que retorna; y, la migrante no
ha salido del Ecuador con destino a los Estados Unidos de norte América, país
de residencia de la migrante, dentro de este lapso por un período que sumado
exceda los 30 días calendario, conforme se desprende de la documentación
referida anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------
5.6.- El razonamiento de la Sala de instancia para negar la exoneración
tributaria es que consta en la Certificación de Movimiento Migratorio No.
406073, concedida por la Dirección Nacional de Migración de la Policía
Nacional del Ecuador, que la actora arribó al país el 02 de agosto de 2010 y
11
que la suma de los días que ha permanecido en el Ecuador ha superado los 60
días laborables y no laborables, sin que sea pertinente alegar el cómputo de
Tributario, puesto que se trata de computar la permanencia en el Ecuador. Lo
que no considera la Sala de Instancia es que el arribo del 02 de agosto de 2010
es de Colombia que no era su país de residencia, siendo lo correcto tomar
como fecha de arribo el 08 de junio de 2010 que es la fecha de retorno de los
Estados Unidos de Norte América, país en donde residía la ecuatoriana y del
que retornó para permanecer en el Ecuador con el ánimo de radicarse
definitivamente. ------------------------------------------------------------------------------------
VI. MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO
6.1.- Existe referencia documental suficiente en la sentencia recurrida, que
conduce a esta Sala a concluir que la migrante señorita María José Jaramillo
Márquez retornó para radicarse en forma definitiva en el Ecuador, procedente
de los Estados Unidos de Norte América, país de su última residencia, el 8 de
junio de 2010, como uno de los requisitos para la concesión de la exoneración
total de tributos correspondientes a la importación del menaje de casa, incluido
el vehículo, procedentes del país de su residencia, los Estados Unidos,
arribados al Puerto de Guayaquil el 28 de julio de 2010, dentro del plazo
autorizado de los 6 meses, advirtiéndose que la migrante retorna al Ecuador
voluntariamente con el ánimo de permanecer en forma definitiva en el país,
12
luego de haber permanecido por más de un año, sin interrupciones, en los
Estados Unidos, por cuya razón se ha configurado el cumplimiento previo de
todos y cada uno de los procedimientos, requisitos y más inherentes a los que
se refiere la Resolución No. 00976, tantas veces referida.-----------------------------
6.2.- Que a pesar de que la recurrente no precisa con exactitud los
fundamentos de las causales tercera y cuarta del Art. 3 de la Ley de Casación,
si existe la debida fundamentación de la causal primera, habiéndose
demostrado la aplicación indebida del artículo 6 letras a) y b) de la Resolución
No. 00976 de 25 de junio de 2009, expedida por el Gerente General de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana (Hoy Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador), ocasionada por la confusión del Tribunal de Instancia para el cálculo
de los períodos en base a los cuales deben cumplirse los requisitos y
formalidades previstos en la norma para la concesión de exoneraciones
tributarias para este tipo especial de importaciones, tanto más cuanto que es
absolutamente claro que el error en la aplicación de la norma, posiblemente se
produce por parte de la Sala Juzgadora, al haber valorado como prueba única
la Certificación de Movimiento Migratorio No. 406073, concedida por la
Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional del Ecuador y que obra
a fojas 15 de los autos, tomando como fecha de arribo al país el 02 de agosto
de 2010, lo que daría lugar a que la suma de los días que la migrante ha
permanecido en el Ecuador ha superado los 60 días laborables y no laborables
a los que se refiere la letra a) del Art. 6 de la Resolución No. 00976, cuando la
13
propia norma establece que la permanencia en el exterior deberá comprobarse
a través del pasaporte y de los registros de mantenimiento migratorio en los
que se recargan las entradas y salidas del viajero hacia y desde el Ecuador.
Además, dice la norma que para el caso de residentes legales en el exterior,
en el exterior otorgados por las autoridades competentes, contratos de trabajo,
certificados de matriculación en centros de estudios en el exterior, o cualquier
otro documento que demuestre que residió en el exterior y tiene el ánimo de
regresar al Ecuador de forma permanente. Nada de esto valoró el Tribunal de
Instancia en la sentencia a pesar de que existe suficiente documentación en el
proceso, y es más, el propio formulario general al que se refiere el Certificado
de Movimiento Migratorio utilizado para contabilizar las fechas de ingreso de la
migrante al país, con ánimo de permanecer en forma definitiva, procedente del
país de su última residencia, en este caso de los Estados Unidos de Norte
América, determina que la fecha de arribo de la migrante al Ecuador, fue el 8
de junio de 2010 y no el 02 de agosto de 2010, fecha que como se señaló
anteriormente se la confunde, por razón de la denominación del formulario de
Movimiento Migratorio, y que corresponde a la del retorno al Ecuador de la
salida temporal de la migrante por 8 días a Colombia, país que no es de la
residencia de la migrante, confusión que a su vez, da como resultado que se
14
contabilice en forma errada e ilegal, como el de un período inferior al de 30
días, de la permanencia obligatoria en el país de la migrante, en base a lo cual
y sin considerar otras pruebas y argumentos legales aportados oportunamente
por la actora y que obran de autos, se niega la exoneración tributaria a la
importación del menaje de casa, causando por ello un gravísimo daño
económico a la actora. ---------------------------------------------------------------------------
VII. SENTENCIA
7.1.- Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, la
Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA, casa la sentencia recurrida y deja sin efecto la sentencia
expedida el 24 de marzo de 2010 por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo
Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito, cuanto de sus antecedentes, las
Resoluciones Nos. GDQ-DAJQ-RE-2814 y GDN-CAJ-RE-1010, expedidas el
19 de agosto y 13 de octubre de 2010 por el Gerente del Distrito de la CAE-
Quito y el Coordinador de Asesoría Jurídica de la Gerencia General de la CAE,
respectivamente, disponiendo en consecuencia, que el actual Director General
del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, según la reforma constante en el
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 351 el 29 de diciembre de 2010, disponga
15
que el actual Director Regional de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador, autorice el despacho, sin más dilatorias, con la exoneración total
de los tributos que gravan la importación del menaje de casa, incluido el
automóvil marca BMW del año 2007, de propiedad de la migrante María José
Jaramillo Márquez, en conformidad y en acatamiento a lo dispuesto en el
presente recurso de casación. Notifíquese, publíquese y devuélvase. ff) Dra.
Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA, Dr. José Suing Nagua,
JUEZ NACIONAL; y, Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ NACIONAL.
Certifico: f) Dra. Carmen Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA
ENCARGADA.
16 |
RECURSO No. 143-2011
JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO.-
Quito, a 25 de marzo de 2013. Las 11H10.-------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la
Resolución No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la
Judicatura; y, por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de
2012 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal,
mediante sentencia dictada el 31 de enero de 2011, la Tercera Sala Temporal
del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2 con asiento en Guayaquil, declara con
lugar la demanda de impugnación (juicio N° 09503-2009-0271) presentada por
el señor Ing. Ernesto Noboa Bejarano, en su calidad de Gerente General y por
tanto representante legal de la compañía JABONERÍA NACIONAL S.A. y
FÁBRICA DE ACEITES LA FAVORITA C.A., y dispone que el Servicio de Rentas
Internas devuelva los valores que se señalan en los considerandos cuarto y
quinto de este fallo, más los intereses de ley.- Dentro del término concedido en
el Art. 5 de la Ley de Casación, el Econ. Juan Miguel Avilés Murillo, Director
Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, presenta su escrito
contentivo del pertinente recurso.- Aceptado que ha sido a trámite por el
Tribunal Juzgador en providencia de 28 de febrero de 2011, ha subido en
conocimiento de esta Sala para que confirme o revoque tal aceptación, lo que
ha sucedido en auto de 19 de mayo del mismo año, en el que se confirma la
aceptación al trámite previsto en la ley de la materia y además se ha corrido
traslado a la Empresa actora para los fines previstos en el Art. 13 de la Ley de
Casación, la que convertida en UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A., se ha
pronunciado en defensa de la sentencia que le favorece y ha señalado domicilio
donde recibir notificaciones.- Concluida la tramitación de la causa y siendo su
estado el de dictar sentencia, para hacerlo se considera: --------------------------
PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer del presente recurso, en
virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 184 de la Constitución de la
República, en concordancia con el Art. 1 de la Ley de Casación y el numeral 1
segunda parte del Art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. ---------
SEGUNDO.- El representante legal del Servicio de Rentas Internas del Litoral
Sur, en el escrito que contiene su recurso (fs. 347 y 348) dice que, las causales
en las que se fundamenta, son las contempladas en los numerales primero y
tercero del Art. 3 de la Ley de Casación, pues la sentencia recurrida ha
infringido por “falta de aplicación” el Art. 11 del Código Tributario (causal 1ra.),
pues la legislación aplicada por la Administración al emitir su Resolución era la
vigente al período reclamado; y en relación a la tercera causal, luego de
explicar ligeramente los motivos del rechazo de los comprobantes presentados
por la Empresa y rechazados por la Administración, sin ninguna coherencia
afirma que, “la carga de la prueba no sólo corresponde a quien la alega, sino
que se entiende el proceso practicado por la Administración Tributaria, al cual la
misma ley le da el carácter de Legal y Válido” (SIC) .---------------------------------
TERCERO.- Por su parte, el representante de la Empresa actora en su
contestación al recurso (fs. 8 a 11 del cuadernillo de casación) en defensa de la
sentencia, alega que el art. 11 del Código Tributario establece que las normas
tributarias regirán desde el día siguiente de su publicación en el Registro Oficial
y que el SRI, para negar el pago de intereses de lo excesivamente cobrado, se
basó en una norma derogada a la fecha de emisión de la Resolución que fue
impugnada. Que el recurrente en ningún momento ha establecido el nexo
causal entre las normas que han sido citadas y los hechos o circunstancias
acaecidas en el proceso (jurisprudencia N° 367-2006 de la Sala Civil y
Mercantil). Sobre la tercera causal esgrimida por el recurrente, dice que la Sala
A quo el momento de resolver hizo un análisis de todas las pruebas
presentadas, en especial copias de los comprobantes de retención en la fuente
hechos en el año 1998 (fs. 12 a 276 de los autos) y que fueron objeto de
verificación por parte del perito, con ello se desvirtuó la Resolución 396 del SRI
y se reconoció que sí existían comprobantes de retención por $ 329´687.743
(sucres) de Fabrica de Aceites La Favorita y $ 359´500.225 (sucres) de
Jabonería Nacional, informe que no fue impugnado por la Administración. La
valoración de las pruebas, concluye, incumbe únicamente a los juzgadores de
instancia en base de los elementos de convicción y por tanto no susceptible de
conocerse en casación, por tanto no es admisible la causal 3ra. en que se basa
el recurrente. Por todo lo expuesto, solicita se declare improcedente el recurso.-
CUARTO.- La sentencia de 31 de enero de 2011 de la Tercera Sala Temporal
del Tribunal N° 2 de Guayaquil, acepta la demanda con el criterio de que, la
Resolución N° 00396 dictada por el Director Regional del SRI, se fundamenta
en el Art. 14 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica (Registro
Oficial No. 78 de 1 de diciembre de 1998), para negar el reconocimiento de
intereses a favor de la Empresa actora, pese a que, el Art. 19 literal f) de la Ley
para la Reforma de las Finanzas Públicas (Registro Oficial No. 181 de 30 de
abril de 1999) derogó expresamente el referido artículo. Asimismo, reconoce
que el accionante tiene derecho, pues existen comprobantes de retención y
otros documentos de la contabilidad, a que se le reintegre la cantidad de $
329´687.743 (sucres) de Fábrica de Aceites La Favorita y $ 359´500.225
(sucres) de Jabonería Nacional, conforme lo ratifica el informe del perito Henry
Morán Kuffó, informe que, pese ha haberse corrido traslado para
observaciones, no fue impugnado por la Administración Tributaria.- --------------
QUINTO.- Puesto que se ha alegado “falta de aplicación” del Art. 11 del
Código Tributario (causal 1ra.), pues según el recurrente, la legislación aplicada
por la Administración, al emitir su Resolución era la vigente al período
reclamado, se hacen las siguientes consideraciones: 5.1. La Empresa actora en
su demanda, solicita el reintegro de los intereses legales no reconocidos por el
SRI en la Resolución 00396 que, aceptó el pago en exceso en el impuesto a la
renta por más de 7 mil millones de sucres, pagados indebidamente en el
ejercicio 1998 y el reintegro de $ 689´187.968 (sucres) más intereses, que
fueron negados en la misma resolución y que según ella, fueron pagados en
exceso por el mismo período. 5.2. El Art. 14 de la Ley de Reordenamiento en
Materia Económica, publicada en el Registro Oficial No. 78 de 1 de diciembre de
1998, textualmente decía: “Si al liquidar el impuesto a la renta correspondiente
al ejercicio económico de 1998, dicho tributo causado es menor al total de las
retenciones en la fuente, tales retenciones serán devueltas conforme lo
establecido en los artículos 21 y 323 del Código Tributario, sin el
reconocimiento de los respectivos intereses…” (subrayado y negrillas
fuera de texto). La primera regla de interpretación señalada en el Art. 18 del
Código Civil y totalmente aplicable en materia tributaria por disposición de los
Arts. 13 y 14 del Código Orgánico Tributario, dice que “cuando el sentido de la
ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su
espíritu”. 5.3. Ahora bien, es necesario, revisar si la derogatoria posterior de
esta norma, ocurrida con el Art. 19 literal f) de la Ley para la Reforma de las
Finanzas Públicas (Registro Oficial No. 181 de 30 de abril de 1999), afectó una
declaración y resultados del ejercicio 1998; al respecto debemos referirnos a lo
señalado en el Art. 257 de la Constitución Política y el Art. 5 del Código
Tributario, vigentes a la fecha de la discusión, que consagraban (Art. 300 de la
actual Constitución) el principio de “irretroactividad” de la ley tributaria; en
consecuencia y en aplicación de la regla señalada en el Art. 11 del mismo
Código, tal derogatoria no entró en vigencia, sino a partir del primero de enero
del año 2000, es decir no afectó para nada el ejercicio 1998. Por lo expuesto,
se acepta en este punto la casación planteada por la Administración Tributaria y
se confirma la Resolución impugnada.---------------------------------------------------
SEXTO.- La otra causal en que se funda el recurrente, es la tercera del Art. 3
de la Ley de Casación, esto es:”Aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la
prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no
aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto”. Por concepción
doctrinaria, disposición terminante de la Ley de Casación y la amplia
jurisprudencia dictada por todas las Salas primero de la Corte Suprema de
Justicia y posteriormente de la Corte Nacional de Justicia, la casación en
nuestro sistema jurídico es un recurso extraordinario que, tiene por objeto
corregir la aplicación indebida, la falta de aplicación o la interpretación errónea
que los Tribunales de segunda instancia (o única como en el caso tributario)
hayan cometido en la sentencia o auto definitivo que ponga fin a un proceso de
conocimiento (Art. 1 y 2 de la Ley de Casación); en esta consideración, la
Administración Tributaria recurrente se ha fundado en que, los “Señores
Magistrados se equivocan al aplicar los preceptos y principios jurídicos de la
carga de la prueba” y trascribe las razones por las que, en la Resolución
impugnada, se rechazaron comprobantes de retención, en consecuencia, en el
escueto escrito que contiene el recurso, no se señala con la precisión que este
tipo de recursos lo requiere: a) Si su impugnación a la sentencia es por
aplicación indebida, por falta de aplicación o por errónea interpretación,
causales no solamente diversas, sino hasta contrapuestas; b) La norma de
valoración de la prueba que considera se ha infringido; c) La norma de derecho
que como consecuencia del error en la valoración de la prueba se vulnera.
Tampoco calza a esta causal, el valor que la Sala A quo le ha dado al Informe
del perito, ya que ello está dentro de su apreciación judicial o de equidad
prevista en el Art. 270 del Código Tributario, lo cual esta Sala de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional ha sido reiterativa en manifestar que no es
motivo de casación. -----------------------------------------------------------------------
Sin que sea menester entrar en otros análisis, la Sala de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta en parte el
recurso de casación en cuanto considera que la Sala A quo no aplicó el Art. 11
del Código Tributario y la rechaza en relación a la tercera causal, sobre la
apreciación de la prueba, en los términos señalados en esta sentencia. Sin
costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase.- ff) Dra. Maritza Tatiana Pérez
Valencia, JUEZA PRESIDENTA, Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; y,
Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ NACIONAL. Certifico: f) Dra. Carmen
Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA. |
RECURSO DE CASACIÓN
N° 145-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZA PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR: DR. LUIS DE LA TORRE MORENO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA ORIENCO S.A.
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
(RECURRENTE)
Quito, a 24 de abril de 2013. Las 09H50. -------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución N° 004-
2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y por la
Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de
la Corte Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es
competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo
establecido en los Arts. 184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185,
segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 1 de la Ley de
Casación.----------------------------------------------------------------------------------------------
I. ANTECEDENTES
1.1.- La abogada Anabel Medina Díaz, ofreciendo poder o ratificación del señor
Director General del Servicio de Rentas Internas, interpone recurso de casación en
contra de la sentencia de 5 de abril de 2011, expedida por la Tercera Sala del Tribunal
Distrital de lo Fiscal N° 1, con sede en la ciudad de Quito, dentro del juicio de
Impugnación N° 16382-1995. ---------------------------------------------------------------------
1/6
1.2.- La recurrente fundamenta su recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de
Casación. Indica que existe errónea interpretación de las Disposiciones Transitorias
Primera y Segunda de la Ley de Condonación de Intereses adeudados al Banco
Nacional de Fomento y Facilitación de Pago de Obligaciones Tributarias y falta de
aplicación de los Arts. 5 y 53 del Código Tributario, ya que se ha otorgado más
beneficios que aquellos que la ley ha dispuesto, y que de no haberse interpretado en
ese sentido, es por demás lógico que no se hubiere reconocido la condonación de la
deuda del contribuyente y por tanto se hubiera aceptado la resolución impugnada por
el mismo y emitida por la Administración, y que la falta de interpretación de la norma
enunciada ha ocasionado inclusive una violación de los Arts. 102 y 122 del Código
Tributario vigente a la fecha. En cuanto a la falta de aplicación de los Arts. 5 y 53 del
Código Tributario alega que esta situación ha hecho que se reconozca un derecho no
contemplado en la ley para este caso, ya que la norma dice en los plazos y requisitos
que la ley disponga y la ley motivo de la discusión dispuso que se concederá dicho
derecho siempre que se cumpla con los requisitos legales del caso, esto es que se haya
realizado el pago en el plazo de sesenta días y se haya realizado el desistimiento y que
este requisito del pago no se realizó dentro del plazo como de hecho lo sostiene la
propia Sala. Solicita se case la sentencia recurrida y se declare que esta sentencia ha
incurrido en violación de las normas señaladas.-------------------------------------------------
1.3.- Admitido el recurso de casación, la parte actora no lo ha contestado. Pedidos los
autos para resolver, se considera.-----------------------------------------------------------------
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe
nulidad alguna que declarar.-----------------------------------------------------------------------
2.2.- Determinación de los problemas jurídicos a resolver: La Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia
2/6
impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario determinar lo
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------
A) ¿La sentencia del Tribunal A quo incurre en la causal primera del Art. 3 de la Ley de
Casación al supuestamente existir errónea interpretación de la Disposición
Transitoria Primera y Segunda de la Ley de Condonación de Intereses adeudados al
Banco Nacional de Fomento y Facilitación de Pago de Obligaciones Tributarias y
falta de aplicación de los Arts. 5 y 53 del Código Tributario, al aceptar la demanda
presentada por el Dr. Luis de la Torre Moreno, Representante Legal de la Compañía
Orienco S.A. y dejar sin efecto la Resolución N° 6491 de 8 de septiembre de 1994?
III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO
3.1.- En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario
que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de
derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia o auto del inferior,
teniendo como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto
de manifiesto en varios fallos de la Sala.---------------------------------------------------------
3.2.- Esta Sala Especializada, respecto al primer problema jurídico planteado formula
la siguiente consideración: A) Es importante mencionar que el Art. 3 de la Ley de
Casación establece: “1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales
obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte
dispositiva”; es importante señalar también que: “La causal primera del artículo 3
contiene la llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes
jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante en
su parte resolutiva. Sobre el tema la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: Se
trata de la llamada transgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella no
cabe consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base que es
correcta la apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios de prueba
3/6
incorporados al proceso, por lo que corresponde al Tribunal de Casación examinar a
base de los hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de
aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados por el
recurrente”. (La Casación Civil en el Ecuador, Doctor Santiago Andrade Ubidia, páginas
181, Fondo Editorial Andrade y Asociados). A.1) Hay que recordar en la causal primera
se parte de hechos probados, es decir que no cabe una nueva consideración de los
mismos, ya que los medios de prueba fueron analizados y apreciados por el Tribunal A
quo; en definitiva lo que persigue la causal primera, es examinar la aplicación indebida
de las normas sobre dichos hechos. A.2) Para continuar el análisis, es preciso señalar
lo que se indicaba en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley de
Condonación de Intereses adeudados al Banco Nacional de Fomento y Facilitación de
Pago de Obligaciones Tributarias, publicada en el Registro Oficial N° 878 de 19 de
febrero de 1992: “… PRIMERA.- Durante el plazo de 60 días, que se contará desde la
vigencia de esta Ley, exonéranse del pago total de intereses y multas a los
contribuyentes que cancelen las obligaciones tributarias y no tributarias, que se
encuentren adeudando al Fisco, Municipalidades y a los Consejos Provinciales. Los
beneficios establecidos en esta disposición se aplicarán también a las obligaciones
pendientes de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por concepto de
préstamos hipotecarios, mora patronal o convenios de purga de mora patronal.”.
“SEGUNDA.- Los contribuyentes o responsables que desistan de reclamos
administrativos o de recursos con los que han impugnado actos de determinación
tributaria e, igualmente, quienes desistan de los juicios de impugnación que se
tramitan ante el H Tribunal Fiscal, a más de la exoneración del pago de intereses y
multas, gozarán de una reducción del 25% del monto de los impuestos discutidos,
siempre que se cancele el valor del 75% restante, dentro del plazo señalado en la
Disposición Transitoria Primera. En los desistimientos ante el H. Tribunal Fiscal, la Sala
que corresponda deberá expedir el auto respectivo en el término de treinta días de
presentada la solicitud; sin embargo, el contribuyente o responsable se hará acreedor
de este beneficio desde la fecha de presentación del desistimiento, que deberán
hacerse dentro del plazo establecido.”. Adicionalmente es necesario establecer lo que
4/6
disponían los Arts. 5 y 53 del Código Tributario vigente a la época: “Art. 5.- Régimen
tributario.- El ordenamiento tributario se basará en la capacidad económica de los
contribuyentes y se regirá por los principios de igualdad y generalidad.”. “Art. 53.-
Remisión.- Las deudas tributarias solo podrán condonarse o remitirse en virtud de Ley,
en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y
multas que provengan de obligaciones tributarias, podrán condonarse por resolución
de la máxima Autoridad Tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los
requisitos que la Ley establezca.” (Subrayado fuera de texto). Una vez que esta Sala
ha realizado el análisis de la normativa que el Tribunal de Instancia aplicó respecto a la
condonación de deudas tributarias, llega a la conclusión de que efectivamente existe la
errónea interpretación de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley
de Condonación de Intereses adeudados al Banco Nacional de Fomento y Facilitación
de Pago de Obligaciones Tributarias y la falta de aplicación de los Arts. 5 y 53 del
Código Tributario, en vista de que la Disposición Transitoria Primera exonera del pago
total de intereses y multas a los contribuyentes que cancelen las obligaciones
tributarias y no tributarias, durante el plazo de 60 días que se contarán desde la
vigencia de la Ley (20 de febrero de 1992), situación que en el presente caso no
ocurrió, como se puede verificar de los documentos que aparecen a fojas 37, 38 y 39
del proceso, presentado por el Ing. Ramón Masache Jaramillo, Representante de la
Compañía Orienco S.A. en el que se indica que la empresa solicitó la correspondiente
liquidación el 14 de abril de 1992 y el pago lo realizó el 21 de julio de 1992, situación
que es ratificada por la Sala de Instancia en el considerando quinto de la sentencia. A
juicio de esta Sala Especializada en el presente caso, no se puede aplicar el criterio de
irretroactividad de la Ley, ya que entre el 20 de febrero de 1992 al 21 de Julio de
1992, han transcurrido en exceso los 60 días hábiles, de acuerdo a la forma de
cómputo prevista en la Primera Disposición Transitoria de la Ley de Condonación de
Intereses adeudados al Banco Nacional de Fomento y Facilitación de Pago de
Obligaciones Tributarias.----------------------------------------------------------------------------
IV.- DECISIÓN
5/6
Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario
de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: ----------------------------------------------
SENTENCIA
Casa la sentencia y reconoce la validez de la Resolución N° 6491, de 8 de septiembre
de 1994, expedida por el Director General del Servicio de Rentas Internas. Notifíquese,
devuélvase y publíquese. f) Señores: Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dra.
Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela,
CONJUEZ NACIONAL. Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez,
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
6/6 |
RECURSO No. 147-2011
JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO.-
Quito, a 21 de junio de 2013. Las 11H10.----------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución
No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y,
por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por
el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el señor Víctor Andrés
Lescano Zevallos, en calidad de Gerente General de la Compañía INVERMUN
S.A., mediante escrito de 21 de abril de 2011 interpone recurso de casación en
contra de la sentencia dictada el 1 de abril de 2011 por la Sala Única del Tribunal
Distrital de lo Fiscal N° 4 con sede en la ciudad de Portoviejo, dentro del juicio de
impugnación N° 2008-067 seguido en contra de la señora Sara Mendoza Chica,
Responsable Regional de Gestión Tributaria del Servicio de Rentas Internas. La
Sala de instancia acepta el recurso en providencia de 26 de los mismos mes y
año. Subidos que fueran los autos para su aprobación o rechazo, esta Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
mediante auto de 13 de mayo del 2011 (notificado el 17), ordena que se ponga en
conocimiento de la parte demandada para que se dé cumplimiento a lo que
establece el Art. 13 de la Ley de Casación. La Administración Tributaria lo ha
contestado dentro de tiempo, mediante escrito de 24 de mayo de 2011. Siendo el
estado de la causa el de dictar sentencia, para hacerlo se considera:-------------------
1
PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en
conformidad con el art. 184 numeral 1 de la Constitución vigente art. 1 de la
Codificación de la Ley de Casación y numeral 1, parte II del art. 185 del Código
Orgánico de la Función Judicial. -------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El representante legal y Gerente General de la Compañía
INVERMUN S.A., fundamenta el recurso en las causales 1ª y 4ª del Art. 3 de la
Ley de Casación, manifiesta que la Sala Juzgadora al momento de dictar
sentencia infringió las normas de derecho contenidas en los Artículos 82, 172,
76.1, No.7 letras a), b), c) y l), 75, 42, 426, 11 No. 3.5.6.8, 66 No. 23 de la
Constitución de la República del Ecuador, los Artículos 3, 4, 273, 227 y 228 del
Código Tributario, y 68 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Sostiene en su
fundamentación que, la sentencia impugnada “omite pronunciarse sobre la nulidad
de puro y pleno derecho de la Resolución N° NAC-DGER2005-0034 de 26 de
enero de 2005 que establece una fórmula de cálculo de IVA presuntivo que
contraría la forma de obtener y liquidar dicho impuesto indirecto de acuerdo a la
Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 68…”, por ello considera que se
produjo la omisión de resolver en la sentencia todos los puntos de la litis (causal
4ta.). En relación a la causal 1ra. manifiesta que, existe en la sentencia aplicación
indebida del Art. 227 del Código Tributario, pues para no pronunciarse sobre la
nulidad de la Resolución NAC-DGER2005-0034 dictada por .la máxima Autoridad
Tributaria, aplicando la referida norma que señala que la autoridad demandada es
de quien emana el acto impugnado, en cuyo sustento transcribe textualmente,
para conocimiento de los señores jueces nacionales, las normas constitucionales y
legales que dice han sido violadas.- Solicita se case la sentencia recurrida y se
dicte la que en derecho corresponda.-------------------------------------------------------------
2
TERCERO.- La Procuradora Judicial del Servicio de Rentas Internas Ab. Ana
Adelaida Loor Falconí, en su escrito de contestación al recurso manifiesta que, el
Tribunal Juzgador falló declarando sin lugar la demanda de impugnación N° 067-
2008. Que la sentencia es apegada a derecho por dos motivos: 1. La
Comunicación de Diferencias por cruces de información N° RMA-SOC-DIF-EF-08-
026 no constituye un acto de determinación tributaria, y no pueden ser
impugnadas, pues sólo tiene el propósito de notificar al contribuyente de las
diferencias encontradas y que presente declaración sustitutiva y recordarle que la
Administración puede hacer actos de determinación; y, 2. En el proceso no se
contó con el Director General del SRI, Autoridad de quien proviene la Resolución
N° NAC-DGER2005-0034 de 26 de enero de 2005, por tanto no se contó con el
legítimo contradictor, lo cual efectivamente debió declarase de oficio aun cuando
no haya sido parte del controvertido. Por lo que solicita a esta Sala Especializada
de la Corte Nacional de Justicia, se rechace el recurso interpuesto.---------------------
CUARTO.- La Sala Juzgadora considera en su fallo que, la Comunicación de
diferencias de Declaraciones y Pagos N° RMA-SOC-DIF-EF-08-026 de 13 de
octubre de 2008, emitida por el Departamento de Gestión Tributaria no constituye
un acto de determinación tributaria, es un acto de simple administración que no
puede ser impugnado, pues sólo tiene el propósito de notificar al contribuyente de
las diferencias encontradas y que presente declaración sustitutiva en el término de
veinte días y recordarle al contribuyente que la Administración puede hacer actos
de determinación y liquidación de los tributos no cancelados. En relación al otro
acto impugnado, esto es, la Resolución N° NAC-DGER2005-0034 de 26 de enero
de 2005, por la empresa INVERMUN S.A. que al no haberse contado con la
“Autoridad del órgano administrativo del que emanó el acto o resolución que se
3
impugna…” y se declara la falta de legítimo contradictor pasivo y por todo ello,
desecha la demanda.---------------------------------------------------------------------------------
QUINTO.- Con los antecedentes expuestos, corresponde a esta Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
dilucidar si la sentencia dictada por la Sala Juzgadora contiene o no los requisitos
de fondo y de forma exigidos por la Ley, y si ha infringido las normas señaladas
por el recurrente; para lo cual se hace las siguientes consideraciones: A) El
primer cuestionamiento que se hace a la sentencia es porque, según el recurrente,
la Sala A quo omitió pronunciarse sobre la nulidad de puro y pleno derecho de la
Resolución N° NAC-DGER2005-0034 de 26 de enero de 2005, lo cual es
totalmente inaceptable: 1. Porque el Director General del Servicio de Rentas
Internas, de conformidad a los Arts. 75 y 76 del Código Orgánico Tributario,
numeral 2 del Art. 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 144 del
Reglamento de Aplicación de la LRTI, entre otras, le confieren sin duda, la
facultad legal para la expedición de actos normativos para la correcta aplicación
de las normas legales y por lo tanto en plena competencia para emitirla; 2. Los
actos normativos como el referido, tal sólo son impugnables a través de un recurso
objetivo de anulación o por exceso de poder, previsto en el numeral 2 de la
Segunda parte del Art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial; 3. Porque
si se pretendía la inaplicabilidad de la Resolución N° NAC-DGER2005-0034, (para
el caso específico) porque según el representante de la Empresa recurrente, ha
violado principios constitucionales consagrados en los Arts. 82, 172, 76.1, No. 7
letras a), b), c) y l), 75, 42, 426, 11 Nos. 3.5.6.8, 66 No. 23 de la Constitución de la
República, dentro de la etapa probatoria, debió asumir tal carga, como lo
establece el Art. 258 del Código Orgánico Tributario, al no haberlo hecho, la Sala
4
Juzgadora no pudo entrar a valorar lo afirmado por ella; y, 4.- Porque si en su
demanda impugnó la referida Resolución emanada del Director General del SRI,
por expreso mandato del Art. 227 del Código Tributario, debía contarse como
legítimo contradictor a dicha autoridad, como acertadamente lo señala la sentencia
dictada por la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 4 de Portoviejo. La
Ab. Ana Adelaida Loor Falconí, compareció y litigó como Procuradora Fiscal de la
Econ. Auxiliadora Holguín, Directora Regional del Servicio de Rentas Internas de
Manabí. Se evidencia en el caso, el propósito de entorpecer y demorar la
administración de justicia por parte de la Empresa actora primero y recurrente
después, por cuanto en un caso exactamente igual al presente, en el que la actora
es la misma INVERMUN S.A., esta Sala en sentencia de 11 de octubre de 2007
(causa N° 298-2006) (la demanda que da origen a este proceso se inicia en
noviembre de 2008) dijo: “Según los artículos 115 y 220 numeral 3 del Código
Tributario Codificado, cabe proponer demanda de impugnación en contra de actos
de determinación de obligación tributaria. En el caso no se da tal supuesto, pues,
el Oficio en cuestión se limita a requerir a la Empresa la presentación de
declaraciones sustitutivas del IVA”.- Criterio que por estar amparado en normas
legales y reglamentarias vigentes desde ese año hasta la actualidad, no ha
cambiado pues, son de plena aplicación.--------------------------------------------------------
Por lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de casación propuesto por la Compañía
INVERMUN S.A.- En aplicación del Art. 18 de la Ley de Casación, se impone una
5
multa de tres salarios básicos unificados a la Empresa recurrente por falta de
sustento de su recurso.- Con costas. Notifíquese, publíquese, devuélvase. ff) Dra.
Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua,
JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ. Certifico.-f) Dra.
Carmen Elena Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
6 |
CORTENACIONALDE
*s~
JUSTICIA
Dr. Wilson Merino Sánchez
SALA DE LO LABORAL
JUEZ DE LA COREE NACIONAl. DE JUSTICIA
Juicio No. 150-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-
Quito, os de noviembre de 2014, las i2h56~
VISTOS: En el juicio de procedimiento oral seguido por el ciudadano Juan
González Blanc, en contra de las Empresas “VISOLIT Y TASITOL” SA., en las
personas de sus representantes legales, señores Eduardo Javier Cárdenas
Lamota y Juan Pablo Cárdenas Lamota, se tiene que los accionados inconformes
con la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, presentan recurso de casación,
mismo que ha sido admitido a trámite con fecha 20 de diciembre del 2012, a las
14h30; en tal virtud, al encontrarse la causa en estado de resolver, se realizan las
siguientes consideraciones:
PRIMERO.- JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y VALIDEZ PROCESAL.-
Este tribunal es competente para conocer y resolver el recurso de casación
en razón de que el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, mediante
Resolución No. 004-2012, de 25 de enero del 2012, designó como juezas y jueces
a quienes en la actualidad conformamos la Corte Nacional de Justicia, cuya
posesión se cumplió el 26 de enero del mismo año; y dado que el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia mediante Resolución 03-2013, en sesión de 22 de julio
deI 2013 resolvió reformar las Resoluciones Nos. 01 -2012, 04-2012 y 10-2012 en
lo relativo a la integración de las Salas Especializadas de la Corte Nacional de
4,~, CORTE NACIONAL DE
SALADE LO LABORAL
ou:
jjfl DE LA CORTE NACIONAL JUSTICiA
lo general, de un tribunal superior, las cuales están protegidas por presunciones
de acierto y legalidad; el ejercicio de la casación está, de un lado, restringido,
pues no todas las sentencias son susceptibles del mismo y, de otro, sometido a
estrictas previsiones y requisitos legales y jurisprudenciales. En este contexto, la
Sala reitera que la demanda de casación debe avenirse al rigor técnicoque su
planteamiento y demostración exigen, acatando las reglas legales y desarrollo
jurisprudencial, fijados para su procedencia, pues un acto procesal de esta
naturaleza y categoría está sometido en su formulación a una técnicalógico
jurídica especial y rigurosa, que, al incumplirse, conduce a que el recurso
extraordinario resulte inestimable, imposibilitando el estudio de fondo de los
cargos. Ha de insistirse tambiénen que éstemedio extraordinario de impugnación
no constituye una tercera instancia, y por ende, no le otorga competencia a la
Corte para juzgar el pleito con el objeto de resolver a cuál de los litigantes le
asiste la razón, puesto que la labor de la Corte Nacional de Justicia, siempre que
el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el
objeto de establecer si el juez de apelaciones, al proferirla, vulneró o no la ley
sustancial de alcance nacional que estaba obligado a aplicar en forma proba y
correcta, en virtud de sus funciones (para rectamente dirimir el conflicto o vía
indirecta). Por tanto, esta actividad jurisdiccional confiada al más alto Tribunal de
Justicia Ordinaria, en ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, lo que
busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en aras de la seguridad
jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta el Estado constitucional de
derechos y justicia; la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la
unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes
jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. En este contexto el
Dr. Manuel de la Plaza cuando se refiere al concepto y fines de la casación
considera que:
“El Estado necesitaba de un órgano que en su calidad de Juez supremo,
colocado en la cima de las organizaciones judiciales, mantuviese su
cohesión, su disciplina y hasta su independencia; pero entonces, como
ahora, precisaba también,como garantía positiva de certidumbre jurídica,
4%_-. CORTENACIONAL DE
Dr. W ilson ~1crino Sánche,
«
it EL Di, lA (OREE ¡ONAL DL RSE ¡(
‘~
travésde su legislación, tal es el caso del Derecho del Trabajo, pues como lo
menciona el Dr. Julio CésarTrujillo:
“En las relaciones entre empleadores y trabajadores no hay igualdad real de las
partes, supuesto indispensable para la vigencia práctica de la libertad contractual,
puesto que el empleador le aventaja al trabajador en riqueza, influencia social y
poder político( ) Es obligación del Estado impedir la injusticia en las relaciones
laborales, como en cualesquiera otras, por ser el responsable de promover el bien
común, entendido como el conjunto de condiciones sociales para que todos
puedan gozarefectivamente de los derechos fundamentales que le son inherentes
como personas, ypuedan cumplirsin impedimento insalvable sus obligaciones”3
Por tanto, sensu lato, todo ciudadano posee la facultad de concurrir ante el
órgano judicial en procura de justicia, hecho que se constituye en un derecho
humano fundamental que deberá estar libre de restricción alguna y que por ende,
corresponde no únicamenteal que estimula en primer lugar la jurisdicción, sino
tambiénal emplazado, quien procura defenderse de la pretensión de aquel sujeto.
En base a la técnicade casación que se encuentra aportada tanto en
jurisprudencia como en doctrina este Tribunal coincide en analizar en el siguiente
orden lógico las causales alegadas por el recurrente, así por tanto, en primer lugar
se estudiará la causal quinta, del artículo 3 de la Ley de Casación, que expresa lo
siguiente. “Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por
la Ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o
incompatibles.”
De lo cual extraemos que dicha causal hace referencia a los requisitos de
forma y de fondo constantes en las resoluciones judiciales. Así entonces, en su
primera parte que se refiere a los requisitos de forma, comprendemos que son los
Derecho dei Trabajo Dr Julio CésarTrujillo Tomo 1 Quito. Marzo 2008 P 33-34
4ç_+ CORTE NACIONAL DE
Dr, Wiison Merino Sánchez
JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
destruyen los unos a los otros, por ejemplo, cuando el sentenciador afirma y niega, al
mismo tiempo, una misma circunstancia, creando así un razonamiento incompatible con
los principios de la lógica formaL Para encontrarlos yerros acusados, el tribunal no debe
atenerse exclusivamente a la parte resolutiva sino tambiéna la parte motiva, pues entre
la una y la otra existe una relación de causa y efecto y forman una unidad’4
Por lo que es necesario primeramente recapitular lo acontecido en la
sentencia de primer nivel, en la cual en su parte resolutiva señala que “se declara
parcialmente con lugar la demanda y se ordena a los señores JUAN PABLO
CÁRDENAS LAMOTA Y EDUARDO JAVIER CÁRDENAS LAMOTA por sus
propios derechos y por ejercer funciones de dirección y administración de las
compañías: TASITOL S.A. Y VISOLIT SA. paguen al actor los siguientes
valores.”
En la especie, en la sentencia de segunda instancia de la Corte Provincial
de Justicia del Guayas, en su parte resolutiva manifiesta que: “con la reforma
introducida en esta resolución, confirma la sentencia dictada por el inferior”. La
reforma a la que hace alusión dicho fallo es al reconocimiento del despido
intempestivo (artículo 188 Código del Trabajo) y la bonificación del desahucio
(artículo 185 del Código del Trabajo). Y adicionalmente considera el tribunal de
alzada, que el empleador es únicamente la empresa VISOLIT SA., en estos
términosreforma la sentencia de primer nivel; entendiéndoseque en lo demás se
estará a lo dispuesto en el fallo del inferior esto es lo correspondiente a los
derechos adquiridos que ordena a pagar el Juez a quo. Profundizando más en
este aspecto, cabe establecer la convicción a la que arribaron los jueces de
instancia, reformando en el fallo la obligación de la relación laboral
exclusivamente con la empresa VISOLIT SA., motivo por el que es menester en
establecer el vínculo laboral con la empresa mencionada, el mismo que deberá
Resolución N’. 271 de 19 de julio de 2001, juicio 90-01 (DAC vs. Cobo) RO. 418 de 24 de septiembre de
2001
CORTE NACIONAL DE
SALADE LO LABORAL Dr. Wilsou Merino Sánchez
JtIEZ DE LA CORTE NAC~ONAL DE JUSTICiA
importancia tomar en cuenta el pliego abierto de preguntas que ha pedido del
accionante debía absolver el accionado que consta a fojas 27 del cuadernillo de
instancia, mediante el cual, el empleador ha sido declarado confeso, tal como se
lo verifica a fojas 36 del mismo cuadernillo; así pues, al recaer el empleador en
dicha figura jurídica, de conformidad con lo que establece el cuarto inciso del
artículo 581 del Código del Trabajo, será una facultad privativa del juzgador el
establecer o no la existencia del despido intempestivo, ya que éstepuede tomar
las respuestas al interrogatorio formulado como afirmativas en las preguntas que
se refieran al asunto materia del litigio, en virtud de lo cual, el presente Tribunal,
considera que las preguntas 04, 11, y 12 del cuestionario presentado, son
suficientes para dar vida jurídica al despido intempestivo alegado por el
trabajador, mismas que de manera textual sostienen: “04. Diga cómo es verdad
que la señora Aurora Sotomayor; ejerce funciones de Dirección y Administración
en las empresas VISOLIT Y TASITOL S.A.~ 11. Diga cómo es verdad que usted le
ordenó a la supervisora Aurora Sotomayorque me despida de mi trabajo; 12. Diga
cómo es verdad que a las 13h00 del día 20 de Abril del 2007 fui despedido de mi
trabajo por parte de la Supervisora de las Empresas accionadas, señora Aurora
Sotomayor.”
En consecuencia, a criterio del Tribunal, dichas preguntas resultan ser
suficientes para establecer la configuración del despido intempestivo. Esto,
tomando como base que la alegación de dicho despido se debe probar y que: “al
evadir la confesión judicial sin justificativo legal el demandado, segúnel Art. 135 del
Código de Procedimiento Civi~ la declaratoria de confeso tiene valor de prueba plena,
pues evidencia la terminación de la relación contractual por voluntad unilateral del
empleador.’6
~ Gaceta Judicial. Año CVIII. Serie xvni, No. 3. Página 1058.
(Quito, 19 de marzo de 2007)
CORTENACIONAL DE
SALADE LO LABORAL Dr. WiIson Merino Sánchez
,I[ EZ DE EA CORTE NACIONAl. DE JUSTICIA
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓNY LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA,no casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Laboral,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con fecha 16
de abril del 2009 a las 14h50. Atendiendo la disposición del artículo 12 de la Ley
de Casación, en lo referente a la caución se entregará en su totalidad al
ciudadano Juan Gonzales Blanc.- NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
1
iWflson Mer~’! a1 hez
~z Naci. al Ponente
/~-
Alfonso AsdrúbalGranizo Gavidia
• .
J ezN.cional Juez Nacional
Certifico.- |
RECURSO DE CASACIÓN
No 151-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZA: DRA. MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR: INGENIERO ENRICO DELFINI ESCALA,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA AQUAMAR
S.A.
DEMANDADO: DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS DEL LITORAL SUR
(RECURRENTE)
Quito, a 21 de junio de 2013, Las 09H10.------------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución Nº 004-
2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución
de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es competente
para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo establecido en
los Arts. 184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185, segundo inciso, numeral
1 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 1 de la Ley de Casación.-----------------------
I. ANTECEDENTES
1.1.- El ingeniero Enrico Delfini Escala, Representante Legal de la Compañía AQUAMAR
S.A., interpone Recurso de Casación en contra de la sentencia de 4 de febrero de 2011, a
las 10h41, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2, dentro del
Juicio de Impugnación Nº 09502-2009-0738, seguido por AQUAMAR S.A. en contra del
Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, sentencia en la cual se “…declara sin lugar la
presente acción de Impugnación, (…) la validez y legitimidad de la Resolución Nº
109012005DIV0864 de 22 de agosto del 2005, emitida por el Director Regional del
Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur… .”------------------------------------------------------
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1.2.- El recurrente fundamenta su recurso en las causales primera, tercera y cuarta del
artículo 3 de la Ley de Casación; en cuanto a la causal primera señala que existe falta de
aplicación de los artículos 76 y 86 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo
19 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial; artículos 259, 273, 270 del Código
Orgánico Tributario; artículos 115, 257, 262 del Código de Procedimiento Civil. Respecto a
la causal tercera, manifiesta que hubo una errónea interpretación de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, que han conducido a la falta de aplicación
de las normas ya citadas. En cuanto a la causal cuarta señala que hubo omisión de
resolver en la sentencia todos los puntos de la litis, por no referirse al valor del IVA por
USD $ 2.360,92 más intereses, pagado por mi representada en comprobantes de venta
cuyos requisitos de validez nunca fueron objetados por la Unidad de Devoluciones de la
Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur.------------------------------
1.3.- Aceptado el recurso mediante auto de admisibilidad de 18 de mayo de 2011, a las
11H25, esta Sala Especializada aceptó a trámite el recurso de casación interpuesto por el
Ingeniero Enrico Delfini Escala, representante legal de la compañía AQUAMAR S.A., y
corrió traslado a las partes, la contraparte da contestación en la que manifiesta que con
respecto a dichas causales que el actor alega, la Segunda Sala del Tribunal ha infringido la
causal primera por la falta de aplicación de una serie de disposiciones, pero se limita solo
a transcribir el texto de los artículos y no ha demostrado de qué modo la Segunda Sala del
Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2 ha aplicado indebidamente, no ha aplicado o haya
interpretado erróneamente las normas antes mencionadas. Al señalar la causal tercera
manifiesta: “…que lo anteriormente mencionado debe resultar en una aplicación
equivocada o simplemente falta de aplicación de norma de derecho. Es decir que esta
causal está compuesta de dos factores que implican un factor causal y la consecuencia del
mismo…”, hechos que el actor no ha explicado, peor demostrado. Es así, que el actor se
limita a indicar qué documentación ha presentado durante la sustanciación del juicio pero
olvida que la misma debe ser suficiente y válida para sustentar sus pretensiones. La
Administración Tributaria además manifiesta que en el Recurso de Casación básicamente
se hace una exposición de cómo se ha llevado a cabo el proceso de Impugnación, escrito
que más parece un informe en derecho. También menciona que la presente sentencia
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cumple a cabalidad con el principio constitucional de la motivación, ya que la Segunda
Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2 hace una explicación extensa, detallada y clara
de cuáles fueron sus razonamientos y fundamentos legales para llegar a la conclusión de
declarar sin lugar la demanda de impugnación; no se puede decir que la sentencia
recurrida carece de motivación por el simple hecho de que en ella no fueron considerados
los alegatos y posturas que tenía la parte actora a lo largo de todo el proceso de
impugnación. La Administración al contestar el recurso concluye diciendo, que en el
presente caso no se ha configurado ninguna de las causales sobre las cuales se podrá
fundamentar un recurso de casación, establecidas en el artículo 3 de la Ley de Casación, y
específicamente las causales erróneamente alegadas por la parte actora, ya que de la
simple lectura de la sentencia en cuestión se puede apreciar que cumple con todos los
requisitos que exige la ley, razón por la cual deberá ser desechado el Recurso de
Casación. Pedido los autos para resolver se considera:--------------------------------------------
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Competencia: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en
conformidad con los Arts. 184 numeral 1 de la Constitución, 1 de la Codificación de la Ley
de Casación y Artículo 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función
Judicial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad
alguna que declarar. ------------------------------------------------------------------------------------
2.3.- Determinación de los problemas jurídicos a resolver: La Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia sujeta
al análisis casacional por el legitimario tiene sustento legal y para ello es necesario
determinar cuáles son los fundamentos que se plantean dentro del recurso: -----------------
a) ¿La sentencia impugnada, incurre en la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación porque supuestamente existe falta de aplicación de los artículos 76 y 86 de la
Constitución de la República del Ecuador; 19 y 27 del Código Orgánico de la Función
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Judicial; 259, 273, 270 del Código Orgánico Tributario; y, 115, 257, 262 del Código de
Procedimiento Civil, que tratan sobre las garantías del debido proceso y principios
aplicables al proceso ?-----------------------------------------------------------------------------------
b) ¿En base a la causal tercera, existió en el fallo una errónea interpretación de los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, que ha conducido a la falta de
aplicación de las normas ya citadas, en la sentencia impugnada? -------------------------------
c) ¿Con relación a la causal cuarta existió omisión de resolver en la sentencia todos los
puntos de la litis, por no referirse al valor del IVA por USD $ 2.360,92 más intereses, que
ha solicitado en la demanda? --------------------------------------------------------------------------
En primer lugar analizaremos la causal cuarta, para de ser necesario analizar la causal
tercera y por último la causal primera.----------------------------------------------------------------
III.- RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Y MOTIVACIÓN
3.1.- Planteada la problemática a resolver, esta Sala considera: La causal cuarta del
artículo 3 de la Ley de Casación establece: “Resolución, en la sentencia o auto, de lo que
no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis”. Al
respecto el Dr. Santiago Andrade Ubidia considera que: “La causal cuarta recoge los vicios
de ultra petita y de extra petita, así como los de citra petita o minima petita. Constituye
ultra petita cuando hay exceso porque se resuelve más de lo pedido. En cambio, cuando
se decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, el vicio de actividad será extra
petita1”. “Se peca por defecto cuando se deja de resolver sobre alguna o algunas de las
pretensiones de la demanda o sobre las excepciones, y en ello da lugar a la citra petita,
llamada también minima petita.2” Estos vicios implican incongruencia resultado de la
confrontación de la parte resolutiva del fallo con las pretensiones de la demanda y con las
excepciones propuestas. “Por lo tanto, para determinar si existe uno de estos vicios, el
tribunal deberá realizar la comparación entre el petitium de la demanda, las excepciones y
1 ANDRADE UBIDIA Santiago, óp. cit. Pág. 147.
2 CARDOSO ICAZA Jorge, Manual Práctico de Casación Civil, Bogotá, Temis, 1984, pág.84.
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reconvenciones presentadas y lo resuelto en la sentencia3”. El recurrente en su escrito de
casación no realiza una relación clara entre la causal invocada, sin embargo en una parte
de dicho escrito manifiesta: “Omisión de resolver en la sentencia todos los puntos de la
litis, por no referirse al valor de IVA por USD $ 2.360,92 + intereses, pagados por mi
representada en comprobantes de venta cuyos requisitos de validez nunca fueron
objetados por la Unidad de Devoluciones de la Dirección Regional del Servicio de Rentas
Internas del Litoral Sur.” (negrillas fuera del texto). Al respecto la Empresa actora en su
demanda impugnó la Resolución N° 109012005DIV0864 de 22 de agosto de 2005, por
cuanto consideró que ésta fue emitida sin motivación suficiente, además porque se realizó
actos de determinación no previstos en los procesos de devolución de IVA, y por no
reconocer el verdadero porcentaje de factor de proporcionalidad aplicable a estos casos,
por lo que solicitó se reconozca a su representada, un total de USD $ 2.372,84 por los
medios legales correspondientes, más los intereses legales de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 21 del Código Tributario, por cuanto a la fecha de presentación de
esta demanda han pasado más de noventa días desde que la solicitud de devolución fue
presentada. Una vez revisada la sentencia impugnada, y el proceso respectivo se
establece que el tema central de la litis fue la devolución del IVA pagado como proveedor
directo de exportadores de camarón, para cuyo efecto se sometió en etapa contenciosa, a
la resolución impugnada al control de legalidad respectivo, en cuyo fallo de instancia se
resuelve la pretensión del demandante, denegando los argumentos jurídicos del actor y
cuyo efecto sería la negativa a su solicitud de devolución del valor de USD $ 2.372,84 más
intereses. Por lo expuesto, esta Sala considera que la sentencia impugnada si resolvió
todos los puntos de la litis.------------------------------------------------------------------------------
3.2.- La causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación también invocada, establece:
“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada
aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto”, al respecto
el recurrente manifiesta que hubo una errónea interpretación de los preceptos jurídicos
3 ANDRADE UBIDIA Santiago, óp. cit. Pág. 148.
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aplicables a la valoración de la prueba, que ha conducido a la falta de aplicación de los
artículos 76 y 86 de la Constitución de la República del Ecuador; 19 y 27 del Código
Orgánico de la Función Judicial; 259, 273 y 270 del Código Orgánico Tributario y 115, 257
y 262 del Código de Procedimiento Civil, invocados en la causal primera. La valoración de
la prueba es una atribución jurisdiccional soberana o autónoma de los jueces o tribunales
de instancia. El Tribunal de Casación no tiene otra atribución que la de fiscalizar o
controlar que en esa valoración no se hayan violado normas de derecho que regulen
expresamente la valoración de la prueba. En esta virtud, el recurrente para que prospere
el recurso de casación por la causal tercera debe cumplir las siguientes exigencias, que
requiere la técnica jurídica: 1.- Identificar el medio de prueba en el que, a su juicio, se ha
infringido la norma o normas de derecho que regulan la valoración de esa prueba; 2.-
Identificar la norma o normas de derecho que regulan la valoración de esa prueba; 3.-
Demostrar, con razonamientos de lógica jurídica completos, concretos y exactos, en qué
consiste la transgresión de la norma o normas de derecho que regulan la valoración de la
prueba e; 4.- Identificar las normas sustantivas o materiales que en la parte resolutiva de
la sentencia han sido equivocadamente aplicadas o no han sido aplicadas, por carambola o
en forma indirecta, por la trasgresión de los preceptos jurídicos que rigen la valoración de
la prueba4”. En el presente caso, el recurrente se ha limitado a señalar las normas
sustantivas que ha producido la errónea interpretación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba, cumpliendo de esta manera con el cuarto requisito
enunciado. Sin embargo, no cumple ninguno de los otros tres requisitos, por lo que esta
Sala Especializada no puede realizar análisis al respecto.------------------------------------------
3.3.- Finalmente, la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación establece:
“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho,
incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que
hayan sido determinantes de su parte dispositiva.”. La causal primera del artículo 3 de la
Ley de Casación, se refiere ante todo, a una infracción sustancial del ordenamiento
jurídico: el error in iudicando in jure, cuando a causa de no haberse entendido
4 Resolución 568 de 08 de noviembre de 1999, juicio NM 109-98 (Sarango vs Merino), R.O. 349 de 29 de
diciembre de 1999.
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apropiadamente el sentido jurídico del caso sometido a decisión, se aplica a éste una
norma diferente a la que debió en realidad aplicarse, ya sea por "falta de aplicación" (se
deja de aplicar normas que necesariamente debían ser consideradas para la decisión) o
por "aplicación indebida" de las normas (ésta ha sido entendida rectamente en su alcance
y significado, pero se la ha utilizado para un caso que no es el que ella contempla); o se le
concede a la norma aplicable un alcance equivocado por "errónea interpretación" (la
norma aplicada es la adecuada para el caso, y no obstante se la ha entendido
equivocadamente, dándole un alcance que no tiene). Se da pues, por parte del juzgador
de instancia, un falso juicio de derecho sobre la norma y por tanto la sentencia debe ser
casada, porque ésta declara una falsa voluntad de la normativa estatal. Por regla general,
la falta de aplicación de unas normas entraña la aplicación indebida de otras, y cuando se
aduce errónea interpretación, ésta excluye la falta de aplicación indebida. La falta de
aplicación consiste, por tanto, en "un error de existencia"; la aplicación indebida entraña
"un error de selección"; y, la errónea interpretación equivale a "error del verdadero
sentido de la norma". Las tres circunstancias de la causal primera de la Ley de Casación,
evidentemente, no podrían producirse simultáneamente respecto a una misma norma
legal. Dentro de la causal primera, el recurrente señala que existe falta de aplicación de
los artículos 76 y 86 de la Constitución de la República del Ecuador; que tratan sobre las
garantías del debido proceso, artículos 19 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial
que versan sobre los principios que deben regir a un proceso; artículos 259, 273 y 270 del
Código Orgánico Tributario, que trata de la presunción de validez, la sentencia y la
valoración de las pruebas; y, 115, 257 y 262 del Código de Procedimiento Civil, que versan
sobre que la prueba deberá ser apreciada en conjunto y en especial tratan sobre la prueba
pericial. De lo anotado se puede observar que el recurrente se enfoca dentro de esta
causal, en el debido proceso y en que las pruebas hayan sido apreciadas en su conjunto,
refiriéndose específicamente a la prueba pericial; al respecto es importante manifestar que
la falta de aplicación de normas procesales corresponde al estudio que realiza la causal 2
del artículo 3 de la Ley de Casación y no a la causal primera, por lo que no corresponde
realizar análisis de las normas procesales dentro de la causal primera. Con relación al
debido proceso y a las normas constitucionales invocadas, esta Sala Especializada
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considera que de la sentencia se desprende que se han observado las normas referentes
al debido proceso, por lo que no existe falta de aplicación de las normas invocadas.---------
IV.- DECISIÓN
Por lo expuesto sin que sea necesario realizar otras consideraciones, la Sala de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: ------------------
SENTENCIA
Rechazar el recurso de casación interpuesto. Sin costas. Notifíquese, publíquese y
devuélvase.- ff) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr.
José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ.
Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA
ENCARGADA.
8 de 8 |
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CORTE NACIONAL DE ~
JUSTICIA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.
Juicio Laboral: NQ 151-2011
PONENCIA DEL DR. EFRAIN DUQUE RUIZ,
Quito, mj&coles 16 de septiembre del 2015, las 10h530—
VISTOS: En el juicio laboral seguido por Vicente Manuel Transmonte Salvatierra, en
contra de la Corporación Jabonería Nacional S.A., actualmente denominada Unilever
Andina Ecuador S.A., en las interpuestas personas del lng. Collin Mendoza y Jessica
Villao Sotomayor, la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas, el 28 de diciembre de 2010, las 10h36, dictó
sentencia revocando la del juez de origen declarando sin lugar la demanda.
Inconforme con dicha resolución el accionante interpuso recurso de casación, el
mismo que por haber sido concedido permitió que suba el proceso a la Corte Nacional
de Justicia habiendo recaído la competencia en la Primera Sala Laboral, la que, por
considerar que cumple con los requisitos en la forma que prescribe el articulo 6 de la
Ley de Casación, en auto de fecha 19 de septiembre de 2011, las 08h30, lo admitió a
trámite, pasando el proceso previo sorteo a conocimiento de este Tribunal de Jueces
de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia integrado por el Doctor Alfonso
AsdrúbalGranizo Gavidia, Doctora Paulina Aguirre Suárez, Juez y Jueza Nacionales,
respectivamente, y Doctor Efraín Duque Ruiz, Conjuez Nacional y Ponente en este
caso, conforme el oficio N~ 137-SG-CNJ del 02 de febrero de 2015 y acta de sorteo que
consta en el expediente de casación. Encontrándose el recurso en estado de resolver,
para hacerlo, se considera: PRIMERO: JURISDICCIÓNY COMPETENCIA: Corresponde el
conocimiento de esta causa al Tribunal que suscribe constituido por Jueces Nacionales,
nombrados y posesionados por el Consejo Nacional de la Judicatura, mediante
resolución número004-2012 de 26 de enero de 2012; y designadas por el pleno para
actuar en esta Sala de lo Laboral, por resolución No. 03-2013 de 22 de julio del 2013,
relativo al cambio en la integración de las Salas de la Corte Nacional de Justicia; así
como por la Resolución No. 1-2015 de 28 de enero de 2015, y en este proceso en
mérito al sorteo, cuya razón obra de fojas 3 del último cuaderno, realizado de
conformidad a lo dispuesto en el penúltimoinciso del artículo 183 del Código Orgánico
de la Función Judicial. Su competencia para conocer los recursos de casación
CORTE NACIONAL DE
interpuestos, se fundamenta en lo previsto en los artículos 184.1 de la Constitución de
la Repúblicadel Ecuador, 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, 1 de la Ley
de Casación y 613 del Código del Trabajo. SEGUNDO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
En el caso subjúdice,el recurrente impugna la sentencia dictada por el Tribunal de
Alzada, expresando que las normas jurídicas infringidas son los artículos 5, 7 y 216 del
Código del Trabajo; el artículo 326 numeral 16 de la actual Constitución; los artículos
115, 128 y 131 del Código de Procedimiento Civil; funda su recurso en las causales
cuarta, tercera y primera del artículo 3 de la Ley de Casación. La fundamentación de su
recurso se contrae a los siguientes puntos: 2.1.) El casacionista manifiesta que desde
el 1 de diciembre de 1959 prestó sus servicios personales en la Compañía Corporación
Jabonería Nacional S.A., actualmente denominada Unilever Andina-Jabonería Nacional
S.A. hasta el 17 de febrero del 2009, en que fue despedido intempestivamente;
impugnando la liquidación y pago de la pensión jubilar patronal, por cuanto a su decir
existe una diferencia a su favor, pues el acuerdo firmado entre las partes implica
renuncia de derechos. 2.2.) Manifiesta que el Tribunal de alzada en el considerando
sexto, al referirse al pago del fondo global de jubilación patronal, analiza que puede ser
visto desde varias perspectivas, como un arma de doble filo, por cuanto si el
accionante no sabe o no supo administrar su capital ya no puede dar marcha atrás de
la decisión tomada al firmar dicho convenio, lo que no es verdad, por cuanto existen
normas que garantizan la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los
trabajadores; que la jubilación es un derecho que se va generando por largo tiempo,
mientras se presta los servicios, es un derecho a la vida del trabajador que no puede
ser desconocido por simples arreglos extrajudiciales que perjudiquen los derechos del
trabajador. Que, el artículo 326 numeral 11 de la Constitución dispone que “será válida
la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se
celebre ante autoridad administrativa o juez competente”, en el presente caso al
considerar la jubilación patronal global desde el 2002 al 2037, resulta la cantidad de SI
18.407.06 siendo este valor que debió haber cancelado al actor por concepto de
pensión patronal global, pero como únicamentepagó $ 4.000, es indiscutible que
existe una diferencia de $ 14.407.06. Que, el referido artículo 326, numeral 3 de la
Constitución de la Repúblicaestablece que, en caso de duda sobre el alcance de las
disposiciones legales en materia laboral, éstasse aplicarán en el sentido más favorable
al trabajador. 2.3.) Que el Tribunal de Alzada al revocar la sentencia de primer nivel,
haciendo caso omiso de la prueba incurre en vicio EXTRA PETITA. Que, la
2
—
//-
jurisprudencia publicada en el Registro Oficial No. 33 de 25 de septiembre de 1996, se
refiere a los excesos o defectos del Juez en el ejercicio de su jurisdicción; que entre la
causal primera y la tercera existe identidad, armonía y hasta coincidencia entre
ambas, que van cogidas de la mano con la causal cuarta que habla de todos los vicios.
Que, en referencia a la causal tercera, sobre falta de aplicación de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, conforme lo establecido en los
artículos 115, 116, 121, 131 del Código de Procedimiento Civil, condujeron a una falta
de aplicación de las normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales
obligatorios, (causal primera), especialmente los artículos 5, 7 y 216 del Código del
Trabajo. En estos términos expresa el recurrente su fundamentación. TERCERO:
CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso de
casación es un medio impugnatorio de vital importancia dentro de la esfera del
Derecho Procesal, debido a los fines que persigue: Nomofiláctico (proteger el
ordenamiento jurídico en las resoluciones judiciales), Unificador (establecer la correcta
aplicación e interpretación de la ley) y Dikelógico (alcanzar la justicia y que las
decisiones judiciales no causen perjuicio a las partes). Este recurso por principio de
legalidad, conforme al artículo 76 numeral tercero de la Constitución de la República,
sólo procede en los casos taxativamente establecidos en la Ley, esto es, por causales in
iudicando (vicios de juicio del tribunal o infracción en el fondo), por causales in
procedendo (vicios de la actividad o infracción en las formas). De ahí que es un medio
de impugnación que tiene por finalidad, obtener que las resoluciones judiciales
emitidas en instancias definitivas puedan ser revisadas por la Corte Nacional de
Justicia, para evitar que, como consecuencia del equivoco que existiera en aquellas, se
genere agravio a una de las partes por errores en que pudiere haber incurrido el
Tribunal de Alzada; siendo su tarea la defensa del derecho, perseguida a travésde
‘~..
la correcta aplicación de la ley en losfallosjudiciales, es lafinalidadprimera; con ella se
logra el imperio de los valores de la seguridadjurídica y la igualdad ante la ley. Esta
función acentúael carúcterconstitucional del recurso...” (Enrique Véscovi,La Casación
Civil, edic. Idea, Montevideo, 1979, p. 25). La Corte Constitucional del Ecuador, en
sentencia N~ 364 del 17 de enero deI 2011, p. 53 expresó que: “El establecimiento de
la casación en el país, además de suprimir el inoficioso trabajo de realizar la misma
labor portercera ocasión, en lofundamental, releva aljuez de esa tarea, afin de que se
dedique únicamentea revisar la constitucionalidad y legalidad de una resolución, es
decir, visualizar si el juez que realizó el juzgamiento vulneró normas constitucionales
3
y/o legales, en alguna de las formas establecidas en dicha Ley de Casación... La
“.
casación constituye entonces un recurso especial, cuyo objetivo persigue la anulación
o corrección de una resolución inferior, hallándose regulada por la Ley, que establece
el trámite y los requisitos de forma que debe reunir para ser aceptada; siendo un
medio de impugnación de una resolución, por la cual el recurrente trata de demostrar
al Tribunal de Casación que el Juez o Tribunal de apelación que dictó la sentencia o
auto recurrido, se equivocó al dejar de aplicar o aplicar indebida o erróneamente las
normas de derecho sustanciales o procesales. En este lineamiento, por mandato del
artículo 75 de la Constitución de la República,“toda persona tiene derecho al acceso
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos...”; y
en el artículo 76 señala que “En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso...”; por lo
que corresponde a este Tribunal, establecer si en la sentencia dictada por el Tribunal
de Alzada no se han producido transgresiones a la normativa jurídica vigente, que
pudieran afectar los derechos de la parte actora. Para ello, es requisito de la
impugnación que exista concordancia entre el motivo de la casación y el agravio o
lesión que la sentencia en cuestión ha provocado al recurrente, por lo que debemos
entrar al análisis para determinar si existe relación entre lo que se reclama y lo que
decidió el Tribunal de alzada en la sentencia impugnada; considerando que los
juzgadores deben pronunciarse cuidando que su actuación o análisis no se exceda del
pedido del casacionista, ni que éstesea inferior a su requerimiento, o que lo que se
manifieste en sentencia estéfuera de la Ley, cumpliendo para ello, con el deber de
motivación, como una garantía establecida en el artículo 8.1. de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar el derecho a un debido
proceso. Este Tribunal fundamenta su resolución en el análisis de los argumentos del
recurrente, a fin de dilucidar si la impugnación a la sentencia posee sustento jurídico,
para lo cual procede a confrontarla con los cargos formulados en su contra, en relación
con la normativa legal citada y los recaudos procesales, observando que estos se
subsumen en las causales 4~, 3~ y V del artículo 3 de la Ley de Casación. CUARTO:
MOTIVACIÓN: La doctrina explica que: La motivación de derecho involucrada en
“(..)
toda sentencia, se relaciona con la aplicación de los preceptos legales y los principios
doctrinarios atinentes, a los hechos establecidos en la causa, con base en las pruebas
aportadas por las partes. Porlo tanto, lo que caracteriza esta etapa de la labor deljuez
es, precisamente aquel trabajo de ‘subsunción’ de los hechos alegados y aprobados en
4
- ____
el juicio, en las normas jurídicas que los prevea, a travésdel enlace lógico de una
situación particular, espec(fica y concreta, con la prevención abstracta, genéricae
hipotéticacontenida en la ley. Tal enlace lógico entre los hechos que el juez ha
establecido como resultado del examen de las pruebas y las previsiones abstractas de
la ley, se resuelve en lo que Satto llamó ‘la valoración jurídica del hecho’, esto es, la
transcendencia que jurisdiccionalmente se atribuye al hecho, para justificar el
dispositivo de la decisión y a este respecto, es clara la obligación que tiene eljuez de
expresar en su fallo las consideraciones demostrativas de aquélla valoración, y
justificativa del partido que toma el juez al aplicar los preceptos legales
correspondientes, como únicavía para que el fallo demuestre aquélenlace lógico
hecho-norma que viene a ser el punto crucial de la motivación en la cuestión de
derecho; pues a travésdel examen de esas consideraciones, es como podrá efectuarse
la determinación de si el juez erró o acertó en la aplicación de la ley (Tribunal
(...)“
Supremo de Justicia de Venezuela, Recurso de Casación No. 00175-250403-00559-
00492, Leopoldo Márquez Áñez, Motivos y Efectos del Recurso de Casación de Forma
en la Casación Civil Venezolana, p. 40). Conforme el mandato contenido en el articulo
76.7.1) de la Constitución de la República,las resoluciones de los poderes públicos
deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su
aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso. La falta de
motivación y de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la nulidad
de la resolución. Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes
señalada, este Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, fundamenta
su resolución en el análisis que se expresa a continuación: QUINTO: ARGUMENTACIÓN
O RATIO DECIDENDI: Respecto de lo manifestado por el casacionista, para su estudio
es necesario considerar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han determinado
que la técnicajurídica para examinar los motivos o causales de casación es la siguiente:
primero la causal segunda, a continuación la quinta y cuarta, para proseguir con la
tercera y concluir con la primera causal del artículo 3 de la Ley de Casación; por lo que
este Tribunal seguirá dicho procedimiento, considerando que ‘~..nuestro ordenamiento
constitucionales claro en señalar normas, principios mínimos que deben serrespetados
\.
dentro de un proceso, tanto en sede administrativa como en la instanciajurisdiccional
respectiva...” (Sent. N~ 040-14-Sep.-CC, caso 1127-13-EP). En este contexto es
pertinente realizar el siguiente análisis: PRIMER CARGO: El recurrente por la causal
5
cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, manifiesta: 5.1.1) Que impugna la sentencia
dictada por el tribunal de alzada por cuanto incurre en vicio extra petita el revocar la
sentencia de primer nivel, por que su decir los jueces de instancia realizan un cálculo
errado de la jubilación patronal y de la Jubilación Patronal Global, manifiesta que el
últimoinciso del numeral 3ro. del Art. 219, actual 216 del Código del Trabajo agregado
con la Ley No. 2000 Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana
R.O. 144 de 18 de agosto del 2000, dispone que el acuerdo de las partes deberá
constar en acta suscrita ante un Notario o autoridad competente judicial o
administrativa, con la cual se extinguirá definitivamente la obligación del empleador,
pero de ninguna manera debe existir renuncia de derechos. Que en el presente caso la
empresa consideró como expectativa de vida del actor para el pago de la jubilación
patronal global, desde el año 2002 hasta el año 2037 la suma de $ 18.407.06, siendo
este el valor que debió haberle cancelado por concepto de pensión patronal global;
pero como únicamentepagó $ 4.076.48, es obvio que existe una diferencia de $
14.407.06. Que, en relación al criterio del Tribunal de alzada expresado en el
considerando Sexto, al referirse al pago del fondo global de jubilación patronal, existen
trabajador. 5.1.2) La causal cuarta del artículo 3 de la Ley de la materia, se refiere a la
inconsonancia o incongruencia entre las pretensiones de la demanda y las excepciones
y reconvenciones propuestas por el demandado y constituye un error in procedendo;
esta incongruencia se produce cuando el fallo no resulta adecuado sustancialmente a
las reciprocas pretensiones de las partes, es decir, cuando existe un desajuste entre la
respuesta judicial y los términosen que los litigantes han configurado el debate, y se
manifiesta cuando se resuelve más allá de lo pedido por las partes (plus o ultra petita);
porque considera cuestiones ajenas a la litis (extra petita); y, porque deja de resolver
sobre todas y cada una de las cuestiones que hayan sido planteadas por las partes
(mínima o citra petita). De ahí que la sentencia debe decidir únicamentelos puntos
sobre los que se trabó la litis y los incidentes originados durante el juicio, sin causar
gravamen a las partes, conforme lo determina el artículo 273 del Código de
Procedimiento Civil; por lo que el vicio de incongruencia se produce cuando el fallo no
resulta adecuado sustancialmente a las recíprocas pretensiones de las partes, es decir,
e
tc-~e
CORTE NACION~ DE
cuando existe un desajuste entre la respuesta judicial y los términosen que los
litigantes han configurado el debate. 5.1.3.) Confrontando los fundamentos del
recurso interpuesto con la sentencia recurrida y la normativa legal vigente a la fecha
de terminación de la relación laboral, resta establecer si lo que ha sido expuesto en su
alegato por el casacionista tiene justificación, o si la sentencia dictada por el Tribunal
Ad quem no ha transgredido norma jurídica alguna, para lo cual este Tribunal realiza
las siguientes consideraciones previas: a) El derecho a la jubilación patronal, conforme
lo establece el artículo 216 del Código del Trabajo que dice: “Los trabajadores que por
veinticinco aííos o más hubieren prestado servicios, continuada o
interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de
acuerdo con las siguientes reglas...”, faculta a los trabajadores a acogerse a este
beneficio cuando hayan cumplido el mínimo que señala la ley. En el caso en estudio, el
trabajador ha laborado treinta y nueve años bajo la dependencia de la misma
empleadora CORPORACIÓN JABONERÍA NACIONAL S.A., por lo que tenía el derecho a
acceder a este beneficio en forma facultativa, es decir podía o no acogerse
voluntariamente a la jubilación patronal; sin embargo, se vio obligado a jubilarse al
terminar la relación laboral por voluntad unilateral de la empleadora. b) Conforme ha
quedado consignado, la oposición del demandante y cotejada está con el texto de la
sentencia de última instancia, en orden a solventar la controversia formulada se
realizan las siguientes reflexiones: b.1) Consta de autos, que la vinculación jurídica que
existió entre los ahora contendientes, terminó por decisión unilateral de la
empleadora, como consecuencia de lo cual se suscribió la respectiva acta de finiquito
(fs. 36), en la cual se le paga la bonificación e indemnización correspondiente;
instrumento público administrativo que reúne los requisitos de ley. b.2.) Que
posteriormente se suscribió el acta de jubilación patronal (fs. 32 y 33), reconociéndole
este derecho al trabajador por sus treinta y nueve años de servicio prestados a la
empleadora. b.3.) Que el 30 de mayo de 2002, a petición del trabajador, se suscribió el
acta de fondo global de jubilación patronal, (fs. 25), sustituyendo la obligación de pago
mensual de jubilación patronal vitalicia, por un solo monto para que sea administrado
por el trabajador, recibiendo por ese concepto la suma total de $ 4.076.48. b.4.) Cabe
precisar que a la fecha en que se suscribió entre las partes litigantes el acta de pago de
fondo global de jubilación, se encontraba vigente la validez de la transacción en
materia laboral, introducida en el texto constitucional publicado en el R.O. No. 863 de
16 de enero de 1996 y ratificado en el articulo 35 numeral quinto de la Constitución
7
Política de la Repúblicade 1998, vigente durante la terminación de la relación laboral.
c) El impugnante expresa en su demanda que, el tribunal ad quem al revocar la
sentencia de primer nivel ha incu~rido en el vicio extra petita, este Tribunal observa
que si bien no es claro el impugnante respecto de cuál es el error cometido en la
sentencia, revisado el texto de la demanda se establece que el actor demanda el
“...
pago de valores de lajubilación patronal~.”; ante lo cual, el pronunciamiento que se ha
realizado en los considerandos del fallo impugnado, se refieren al análisis del fondo
global de jubilación patronal y a las razones por las cuales considera que no le
corresponde dicha pretensión, sin que se encuentre que haya pronunciamiento sobre
aspectos ajenos a la litis, por lo cual no existe el vicio alegado.- SEGUNDO CARGO: En
referencia a la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación el casacionista dice:
5.2.1) Que existe “falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba, Arts. 115, 116, 121, 131 del Código de Procedimiento Civil,
que condujeron a una falta de aplicación de las normas de derecho, incluyendo los
precedentes jurisprudenciales obligatorios, (causal primera), especialmente los
artículos 5 y 7 y 216 del Código del Trabajo...”. 5.2.2) Para que proceda la alegación por
la causal Tercera, estaba en la obligación de presentar la concurrencia de las dos
violaciones sucesivas previstas en ella, primero la violación directa de los preceptos
jurídicos sobre la valoración de la prueba y segundo la violación de las normas de
derecho producidas como consecuencia de lo anterior, con la precisión, en cada caso,
del precepto o norma infringidos, así como del vicio alegado; ¶.. En esta causal, el
recurrente debe indicar cual norma sobre la prueba ha errado el juez y como dicho
error ha sido medio para producir error en la aplicación de la norma sustantiva...”
(Tama Manuel, El Recurso de Casación en la jurisprudencia Nacional, t. 1, edic. Edilex,
2003, p. 286). 5.2.3) No existe una argumentación que lleve a establecer en qué
consisten los yerros cometidos por el Tribunal de instancia; sin embargo se observa
que en cuanto a la valoración de la prueba se ha instituido en el Código de
Procedimiento Civil el sistema que permite al juzgador apreciar las pruebas en
conjunto y aplicar las reglas de la sana crítica, sin que en ninguna otra norma
sustantiva se definan cuáles son esas reglas, por lo que la tasación de la prueba ha de
realizarse en función de la teoría doctrinal que coloca a nuestro sistema en una
posición eclécticaentre la prueba tasada y la libre valoración, que hace que el Juez en
base a sus conocimientos, experiencia y en su propio proceso lógico jurídico, que le
permita elaborar un hilo conductor para concluir en la conformación de su veredicto.
8
14 ~
Al respecto, el tratadista Hugo Alsina dice: “c) Por consiguiente, eljuez tiene libertad
para apreciar un hecho segúnsu criterio personal, salvo que en una situación concreta
las leyes de fondo o de forma le impongan reglas de valoración. En otros términos:
siempre que no exista una restricción legal, eljuez debe examinarla prueba de acuerdo
con el principio de la sana crítica” (Derecho Procesal Civil. Parte Procedimental, Serie
Clásicos del Derecho Procesal Civil, V 3, Corporación de Editores, México, 2001, p.
105). Por lo que, al no haberse determinado la manera cómo se han transgredido los
preceptos jurídicos de valoración de la prueba, ni explicado cómo se ha dado la falta o
equivocada aplicación de normas de derecho sustancial, se hace imposible
comprender la intención del recurrente en la censura realizada por esta causal; toda
vez que, como se deja expresado, los artículos 115; y:ll6 del Código de Procedimiento
Civil tratan de la valoración y pertinencia de la prueba, pero carecen de preceptos de
valoración de la prueba; los.artículos 121 y 131 ibídem refieren los medios de prueba y
el valor probatorio de l&confesión ficta, sin que el impugnante haya realizado una
explicación que nos puede lleúara, establecer cómo es que la falta de aplicación de
estas~normas por eltribunal~déalzada, ha conducido a una equivocada aplicación ono
aplicación de normasdéderechoénla sentencia que irnpugna~-TERtEÁ CARGO: Por
la causal Prime~Ptdér&tídjl&~3dé’laue~çdéCa•~ación el (écurrefltésó~tiéñeFS.31)Qüé
existe falta de al~i’~cion de los’articul~L5?,7 y 216 del Codi~o~del Trabajo, asi como
“Falta de aplicacion de la jurisprudencia obligatoria, menciona la Gaceta Judicial Serie
XVI, Ñ~ 1”; referentes al deberJque tienen los ju~ces~d~ trabajo de da?:prcitección al
trabajador para la garantía y1eficacia de sus derechbi, y en caso de duda ~dn cuanto al
alcance de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales en materia laboral,
que deben aplicarse en el sentido más favorable a los trabajadores; en tanto que el
artículo 216 del Código del Trabajo, refiere al derecho a la jubilación patronal, con
disposiciones que establecen la forma de cálculo, pago mínimo y fondo global. El
recurrente refiere el criterio expresado por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el considerando Sexto de
la sentencia impugnada, en el sentido de que el pago global de la jubilación patronal
puede ser “un arma de doble filo” ya que si el trabajador no sabe administrar
correctamente su capital, no puede dar marcha atrás en la decisión que ha tomado al
~ firmar el convenio, de acuerdo a lo expresado en el artículo 216 numeral 3 del Código
del Trabajo que señala: el acuerdo entre las partes deberá constar en acta suscrita
ante un Notario o autoridad competente, con el cual se extinguirá definitivamente la
9
obligación del empleador?’ (sic). Criterio que alega el accionante carece de veracidad,
por cuanto existen normas de derecho que garantizan la irrenunciabilidad e
intangibilidad de los derechos de los trabajadores, por cuanto vulnera lo previsto en el
artículo 326.11 de la Constitución de la República,respecto a que toda transacción en
materia laboral será válida siempre que no implique renuncia de derechos y se la haya
celebrado ante autoridad administrativa o juez competente; pero que en su caso, la
jubilación patronal global no se le pagó de conformidad con la ley, al no realizar en
forma correcta el cálculo de la reserva de acuerdo a su expectativa de vida, por lo que
el valor que se le debía entregar fue otro.- 5.3.2) La causal primera del Art. 3 de la Ley
de Casación señala: “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación
de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en
la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva”. Esta
causal imputa vicios “in iudicando”, esto es cuando el juez de instancia elige mal la
norma, utiliza una norma impertinente, o atribuye a una norma de derecho un
significado equivocado; procura igualmente proteger la esencia y contenido de las
normas de derecho que consta en los códigos o leyes vigentes, incluidos los
precedentes jurisprudenciales, recayendo por tanto sobre la pura aplicación del
derecho. El vicio de juzgamiento contemplado en esta causal se da en tres casos: 1.
Cuando el juzgador deja de aplicar la norma sustantivas al caso controvertido y que, de
haberlo hecho, habría determinado que la decisión en la sentencia sea distinta. 2.
Cuando el juez entiende rectamente la norma, pero la aplica a un supuesto fáctico
diferente del hipotético contemplado en ella, incurriendo así en un error en la
equivocada relación del precepto con el caso controvertido. 3. Cuando el juzgador
incurre en yerro de hermenéuticajurídica, al interpretar la norma atribuyéndoleun
sentido y alcance que en realidad no lo tiene. “Al invocar la causal primera, el
recurrente está reconociendo que el tribunal de instancia acertó en las conclusiones
sobre los hechos contenidos en las pruebas”(Andrade Santiago, La Casación Civil en el
Ecuador, edit. Andrade, Quito, 2005, p. 195), por lo que no es permitido volver a
valorar la prueba, ni fijar nuevamente hechos ya establecidos que se dan por
aceptados, pues la esencia de esta causal apunta a demostrar jurídicamente la
vulneración propiamente dicha de normas de derecho por parte del juzgador al dictar
sentencia. 5.3.3) En virtud de la alegación realizada por el casacionista, este Tribunal
de Casación considera que el razonamiento expresado por el Tribunal de segunda
instancia en su sentencia hace referencia a aspectos ajenos a la causa y a la
lo
normatividad que regula el derecho a la jubilación patronal, como es la buena o mala
administración de los dineros del fondo global de jubilación, concluyendo que si se
celebró un acuerdo para el pago de esa jubilación en un monto global, tal convenio no
es revisable. En esta argumentación el Tribunal Ad quem, efectivamente no toma en
cuenta el principio fundamental básico en materia laboral determinado en el artículo
326 numeral 11 de la Constitución de la República que dispone “Será válida la
transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos
celebre ante autoridad administrativa o juez competente”, norma que guarda relación
con lo previsto en el numeral 2 del mismo artículo: “Los derechos del trabajador serán
irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”; en
concordancia con los artículos 4 y 5 del Código del Trábájo y no consideró además que
el pago del fondo global de jubilación está expresamente previsto en el artículo 216
numeral 39 del Código del lirabajo, por lo que existe norma expresa que permite
reali~ar dicho pago. En consecuencia, si los juzgadores hubiesen realizado una correcta
intetkretación de estas.normas constitucionales y legales, debían considérarque lo
reclamado por el actor en lademanda es el pago de una diferencia en:el monto de la
jubilación global pátronal, en razón de que el cálculo de este beneficio~al trabajador no
se realizo confoi?ñé~élrriábdato del articulo 216 del Codigo del Trabajo, por ende, era
obligacion de la salade segunda in~tañtiS~evisar si el calcul&~y ~I~o realizado al actor
de la jubilacion global patronal, mediante acuerdo celebrado el 30 de mayo del 2002
ante el Inspector del Trabajo del Guayas, se sujeto a las reglas establecidas para el
efecto en el mencionado artiéúlol;o que no ocurre óh la sentencia recurrida;que como
queda expresado sustentó su decisión en consideraciones subjetivas y extrañas a la
causa. Por lo manifestado, al existir infracción a lo normado en el articulo 326.11 de la
Constitución y de los artícuks 4, 5 y 216 del Código del Trabajo, procede se case la
sentencia de segundo nivel, y en aplicación del artículo 16 de la Ley de Casación, se
dicte la correspondiente SENTENCIA DE MÉRITO: En la especie, como se expresó
anteriormente, el asunto materia de la Litis versa sobre la determinación del valor de
jubilación global patronal. Para el cálculo de este beneficio no existen referencias
procesales que permitan establecer la pensión que le corresponde al actor. Sin
embargo, considerando lo establecido en el acta de fs. 25, en la que consta que el
$
actor venía percibiendo en forma mensual la cantidad de USD 23.27, se realiza el
siguiente cálculo:
11
,\‘‘iizir.ia~N37.IUI ythii(iiNac~i.tIde
021 ~500 1
II PaL) LSi 1)4
USD $ 23.27 X 12 279.24 anuales X 27 años (hasta 90 años tomando los parámetros
=
de los Arts. 217 y 218 del Código del Trabajo y que el actor al momento de terminar la
relación laboral tenía 63 años) 7,539.48.- Décimatercera pensión USD $ 23.27 X 27
= =
(años) USD $ 624.40.- Décimacuarta pensión USD $ 104.88 (vigente en el 2002,
cuando ce celebra el Acta de Finiquito, pues en esa fecha se desconocían los salarios
básicos unificados que estarán vigentes en los años posteriores) X 27 (años) USD $
2,831.76.- Total general USD $ 10.997.64 USD $ 4,076.48 (recibido a travésdel Acta
= —
fs. 25) USD $ 6,919.60 (Diferencia a favor del actor).
SEXTO: DECISIÓN:Por la motivación expuesta, este Tribunal de la Sala Especializada de
lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓNY
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en los
términosde este pronunciamiento judicial y ordena que la empresa demandada, en la
forma que ha sido requerida, pague al actor la cantidad de USD $ 6,919.16, diferencia
que le corresponde por el fond. :lobal de jubilación cancelado al actor el 30 de mayo
del 2002.- Notifíquese y D7: se.~
-~ ‘-
Dra. Pau na Aguirre 5
JUEZ NACIONAL/ JUEZA NAC NAL
‘pl
Dr. Efraín Duqu’~1~u~
CONJUEZ NACI NAL (P)
12
/6-
Certifico:
En Quito, miércolesdieciséisde septiembre del dos mil quince, a partir de las dieciséis
horas, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a:
TRASMONTE SALVATIERRA VICENTE MANUEL en el correo electrónico
abg.migue1rodriguez~hotmail.com del Dr. Ab. MIGUEL RODRIGUEZ C. UNILEVER
ANDINA ECUADOR S.A. en el correo electrónico carlossandoval05@yahoo.com del
Dr. Ab. SANDOVAL VILLAMAR CARLOS LUIS. Certifico:
BERMEO
~ELATOR
ANDRADI |
Recurso de Casación N° 154-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZA PONENTE: DRA. MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR: JUAN EDUARDO BURNEO VALDIVIESO
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE
ADUANA DEL ECUADOR
Quito, a 29 de abril de 2013. Las 09H30. ------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución N° 004-
2012, de 25 de enero de 2012, emitida, por el Consejo de la Judicatura y por la
Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de
la Corte Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es
competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación, en virtud de lo
establecido en los artículos 184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185,
segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de
Casación.----------------------------------------------------------------------------------------------
--------
I. ANTECEDENTES
1.1.- El señor Juan Eduardo Burneo Valdivieso, por sus propios derechos, interpone
recurso de casación en contra de la sentencia de 15 de febrero de 2011, dictada por la
Sala Única del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 5, de Loja y Zamora, con
competencia en materia fiscal, dentro del juicio de Impugnación N° 20-08, seguido en
contra del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, hoy SENAE. Una
vez admitido a trámite el recurso, la Administración Tributaria Aduanera da
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contestación extemporáneamente.----------------------------------------------------------------
1.2.- El señor Juan Eduardo Burneo Valdivieso, por sus propios derechos, fundamenta
su recurso en las causales primera y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación y alega
que han sido infringidas las siguientes normas de derecho: artículos 10, 67, 68, 82, 83
y 273 inciso segundo del Código Tributario y 46 y 53 de la Ley Orgánica de Aduanas.
Como fundamento de sus alegaciones expresa lo siguiente: Que en el fallo recurrido, a
su criterio, el Tribunal interpretó erróneamente los artículos 53 de la Ley Orgánica de
Aduanas y 67 y 68 del Código Tributario, alega además que estos artículos
efectivamente otorgan a la Administración Aduanera “[…] a través del Gerente General
de la CAE, a realizar reliquidaciones tributarias si luego de la verificación a la
declaración respectiva, se determina que existen errores en la LIQUIDACIÓN DE
TRIBUTOS. Repito, ERRORES EN LA LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS, la misma que en la
especie se verifica que es totalmente correcta, ya que se la realizó en base a los actos
administrativos de determinación de la obligación tributaria efectuados previo a ella
(AFOROS FÍSICOS EN ORIGEN Y EN DESTINO).” Adicionalmente manifiesta que: “[…]
Según el Tribunal Contencioso Administrativo y Fiscal de Loja, la clasificación
arancelaria de las mercancías sí puede ser corregida con la expedición de la
rectificación de tributos impugnada, ya que la misma incurre directamente en la
liquidación de tributos. Nadie discute que la clasificación arancelaria incide en el monto
de los tributos que debe cancelarse, debido a que es el porcentaje que el Estado
recauda de acuerdo al valor de la mercancía; LO ERRADO ESTÁ EN CONSIDERAR QUE
A TRAVÉS DE UNA RECTIFICACIÓN DE TRIBUTOS SE PUEDEN DEJAR SIN EFECTO
INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPUSIERON
PREVIAMENTE DICHA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, COMO LO SON LOS
CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN EN ORIGEN EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
VERIFICADORAS A LAS CUALES EL ESTADO ECUATORIANO LES HABÍA
CONCESIONADO EN ESA ÉPOCA EL SERVICIO PÚBLICO ADUANERO DE AFORO FÍSICO
EN ORIGEN, LOS INFORMES GENERALES DE AFORO FÍSICO EN DESTINO EMITIDOS
POR LA MISMA ADMINISTRACIÓN ADUANERA; Y, LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS
POR EL CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES COMEXI, ORGANISMO
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QUE AUTORIZÓ LA NACIONALIZACIÓN DE LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS POR JUAN
BURNEO VALDIVIESO Y LAS CLASIFICÓ EN LA PARTIDA ARANCELARIA 8429.51.00
TODOS ESTOS ACTOS CONSTAN AGREGADOS AL EXPEDIENTE EN FOJAS ÚTILES
[…]”. El recurrente menciona y transcribe los artículos 82 del Código Tributario y 46 de
la Ley Orgánica de Aduanas. Al fundamentar la causal cuarta el recurrente transcribe el
segundo inciso del artículo 273 del Código Tributario. Concluida la tramitación de la
causa y pedidos los autos para resolver, se considera: ---------------------------------------
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe
nulidad alguna que declarar. ----------------------------------------------------------------------
2.2.- Determinación de la problemática jurídica a resolver: La Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si
el auto impugnado por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario
determinar lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------
A) ¿La sentencia recurrida ha infringido la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación, por la supuesta errónea interpretación de los artículos 10, 67, 68, 82, 83 y
273 inciso segundo del Código Tributario y 46 y 53 de la Ley Orgánica de Aduanas, lo
que ha originado que el Tribunal A quo rechace la demanda planteada? ------------------
B) ¿En el fallo impugnado se ha incurrido en la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de
Casación? ---------------------------------------------------------------------------------------------
III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA
3.1.- En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario
que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de
derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo
como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de
manifiesto en varios fallos de la Sala.-------------------------------------------------------------
3.2.- Planteada la problemática esta Sala Especializada, formula las siguientes
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consideraciones: a) Para empezar con el análisis de la causal primera, traemos a
colación lo señalado en la doctrina: “La causal primera del artículo 3 contiene la
llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes jurisprudenciales
obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante de su parte
resolutiva. Sobre el tema, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: […Se trata
de la llamada transgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella no
cabe consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base que es
correcta la apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios de prueba
incorporados al proceso, por lo que corresponde al tribunal de casación examinar, a
base de los hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de
aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados por el
recurrente […] …” (Dr. Santiago Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador,
Quito, Editorial Andrade y Asociados, Quito, 2005, pág. 181) (el resaltado pertenece a
la Sala); es decir, que existen dos elementos para configurar esta causal, el primero,
que debe haber la violación directa de las normas sustantivas en la sentencia
impugnada y el segundo, que la transgresión haya sido determinante en la parte
resolutiva; esta violación puede estar dada por la falta de aplicación, que es la omisión
que realiza el juzgador en la utilización de las normas o preceptos jurídicos que debían
aplicarse a una situación concreta, conduciendo a un error grave en la decisión final; o
por la aplicación indebida que es la atribución equivocada de una disposición legal o
precepto jurídico a un alcance que no tiene; o por la errónea interpretación, que
consiste en la falta que incurre el juzgador al dar desacertadamente a la norma o
precepto jurídico aplicado, un alcance mayor o menor o distinto, que el descrito por el
legislador. a.1. En el presente caso, al entrar al análisis de las disposiciones
supuestamente infringidas y de la lectura de la fundamentación del recurso, la Sala
observa que en lo referente al artículo 10 del Código Tributario, el recurrente sólo lo
menciona en la parte final de su escrito y no señala cuál es el vicio que en sentencia se
cometió respecto de esta disposición; a.2. En lo relativo a los artículos 67 y 68 del
Código Tributario, que a la letra dicen: “Art. 67.- Facultades de la administración
tributaria.- Implica el ejercicio de las siguientes facultades: de aplicación de la ley; la
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determinadora de la obligación tributaria; la de resolución de los reclamos y recursos
de los sujetos pasivos; la potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o
sus reglamentos y la de recaudación de los tributos.” y “Art. 68.- Facultad
determinadora.- La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de
actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en cada
caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible
y la cuantía del tributo. El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación,
complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o
responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la
existencia de hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime
convenientes para esa determinación.”; esta Sala no encuentra que las normas
transcritas hayan sido erróneamente interpretadas en el fallo recurrido, pues las
mismas se refieren a las facultades de la Administración y especialmente a la
determinadora, que en el caso que nos ocupa no han sido discutidas tales atribuciones,
pues en el escrito contentivo de la casación, no se aprecia que el recurrente en su
fundamentación, explique cómo se produjo el vicio de errónea interpretación de las
disposiciones aludidas. a.3. En relación a la errónea interpretación del artículo 53 de la
Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la época, la norma dice textualmente: “Art. 53.-
Verificación y Rectificación.- Dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de
pago de los tributos al comercio exterior, las declaraciones aduaneras serán objeto de
verificación aleatoria por parte del Gerente General de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana. Si se comprueba que la liquidación adoleció de errores en favor o en
contra de los sujetos de la obligación tributaria, se procederá a la reliquidación
respectiva sin perjuicio de las demás acciones que legalmente correspondan, siempre y
cuando no exista presunción de delito. Si la reliquidación estableciere una diferencia en
favor o en contra del sujeto pasivo, se emitirá inmediatamente la respectiva nota o
título de crédito.”; de la lectura del artículo podemos colegir, que la máxima autoridad
de la Administración Aduanera, tiene entre sus facultades la de verificar y rectificar
aleatoriamente cualquier declaración aduanera, así mismo este artículo también hace
referencia a que si se comprueba que la liquidación adoleció de errores sea en favor de
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la Administración Aduanera o del contribuyente se procederá a la reliquidación. El
recurrente dentro de su fundamentación tiene como criterio que la Administración
Aduanera únicamente tiene la facultad de corregir los errores en cuanto a la liquidación
de tributos, nada más alejado a la verdad, pues cuando la máxima autoridad, procede
a verificar una declaración aduanera, los funcionarios deben revisar no sólo que los
tributos estén bien liquidados sino que también esté correcta la naturaleza, cantidad,
valor, peso, medida y clasificación arancelaria, pues de existir errores inmediatamente
se debe realizar la rectificación sea a favor o en contra de la Administración. a.4. El
actor solicita se declare con lugar su demanda y se deje sin efecto legal la Resolución
impugnada N°GGN-GAJ-DRR-RE-0765, de 27 de mayo de 2008. Por su parte, la Sala
Juzgadora mediante sentencia rechaza la demanda y como uno de sus argumentos
sostiene que la Administración Aduanera “[…] tiene la potestad de verificar dentro del
plazo de tres años contados desde la fecha de pago de (sic) tributo de comercio
exterior, las declaraciones aduaneras y liquidaciones; además la clasificación
arancelaria de las mercancías, incurre directamente en la liquidación de los tributos a
pagar lo que realmente la ley determine, por lo que la rectificación dada en la
subpartida 8429.59.00.00 (5% ad-val) se ajusta a LAS ATRIBUCIONES que tiene la
CAE de conformidad con las disposiciones invocadas […]”. Esta Sala ha manifestado en
varios fallos (473-2010, 146-2010, 26-2011), que la modificación de una partida
arancelaria tiene un efecto restringido a lo estrictamente tributario, ámbito propio de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana, consecuencia de lo cual se produce la
determinación de obligaciones tributarias, por lo que se advierte que no invade otros
ámbitos competenciales ni lesiona las atribuciones de otros órganos que tienen sus
propios fines, legalmente establecidos. De lo expuesto esta Sala determina que no
existe el vicio alegado por el recurrente en las normas que mencionó en su escrito de
casación, declarando la improcedencia de la misma.-------------------------------------------
b) Como segundo elemento de la problemática planteada, es determinar si se ha
configurado la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, para ello se analiza lo
siguiente: b.1. El numeral 4 del artículo 3 de la Ley de Casación, a la letra dice: “[…]
4ta. Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión
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de resolver en ella todos los puntos de la litis […]”; del texto de la norma se colige que
esta disposición se refiere al vicio de la incongruencia o inconsonancia de un fallo, es
decir que el mismo rompe con el principio de la congruencia que toda sentencia debe
tener. Murcia Ballén sostiene: “Que el principio de la congruencia o armonía del fallo se
contrae a la necesidad de que éste se encuentre en consonancia con las pretensiones
deducidas por el demandante en la demanda, o en las demás oportunidades que la ley
le ofrece para proponerlas; y con las excepciones que aparezcan probadas, y hubieran
sido invocadas por el demandado, si no se autoriza su declaración oficiosa […]”
(Murcia Ballén Humberto, Recurso de Casación Civil, ediciones Jurídicas Gustavo
Ibáñez, sexta edición, 2005, p. 505), es decir, que los jueces cuando emitan su
sentencia deben pronunciarse sobre todo lo pedido tanto por el demandante como por
el demandado y además su decisión tiene que fundarla sobre los hechos materia de la
traba de la litis. La falta de armonía entre lo pedido y lo resuelto o la inconsonancia
entre la sentencia y las pretensiones de las partes, ocasiona que se configure el vicio
de la incongruencia del fallo. La doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en
mencionar que existen algunos tipos de transgresión al principio de congruencia,
tenemos la: “ultra petita: el fallo decide más allá de lo demandado o pedido; extra
petita: el fallo resuelve puntos que no fueron objeto del litigio, por fuera de lo pedido o
distinto de lo pedido; mínima o citra petita: omite decidir sobre algunas de las
peticiones o de las excepciones invocadas”; en el caso sub lite, el recurrente en su
extenso recurso hace alusión de que la sentencia impugnada ha incurrido en “[…]
resolver en sentencia todos los puntos sobre los cuales se trabó la litis […]”, esta Sala
advierte que el recurrente al fundamentar esta causal hace referencia a la falta de
motivación de la sentencia y menciona además que en la recurrida no hizo constar o
decidir sobre los hechos que planteó en la demanda; estudiado el fallo recurrido se
puede verificar que el mismo se resolvió sobre todos los asuntos planteados en la
demanda y que la Sala juzgadora subsumió los hechos fácticos a las normas
pertinentes al caso, razón por la cual, no se configura la causal cuarta del artículo 3 de
la Ley de Casación.
IV.- DECISIÓN
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Por estas consideraciones, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: ----------------------------------------------
SENTENCIA
Se rechaza el recurso de casación. Sin costas. Notifíquese, devuélvase y publíquese. ff)
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA, Dr. José Suing
Nagua, JUEZ NACIONAL; y, Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ
NACIONAL. Certifico: f) Dra. Carmen Dávila Yépez, SECRETARIA
RELATORA ENCARGADA.
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CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA
Juicio Laboral: N~ 155-2011
PONENCIA DEL DR. EFRAIN DUQUE RUIZ,
ACTOR: Remigio Washington García Siguencia
DEMANDADO: Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., en la persona de Xavier
Marcos Stagg, por sus propios derechos y los que representa
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-
Quito,
VISTOS: En el juicio laboral seguido por Remigio Washington García Siguencia en
contra de Xavier Marcos Stagg, por sus propios derechos y los que representa de la
Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el 17 de diciembre del 2010,
las 15h31, dictó sentencia revocando el fallo subido en grado, declarando sin lugar la
demanda. Inconforme con dicha resolución el accionante interpuso recurso de
casación, el mismo que por haber sido concedido permitió que suba el proceso a la
Corte Nacional de Justicia habiendo recaido la competencia en la Sala de Conjueces, la
que, por considerar que cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad
al trámite prescribe el artículo 6 de la Ley de Casación, en auto de fecha 04 de julio de
2011, las 11h45, lo admitió a trámite, pasando el proceso previo sorteo a conocimiento
de este Tribunal de Jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia
integrado por el Dr. Efraín Duque Ruiz, Conjuez Nacional (ponente), Dr. Merck
Benavides Benalcázar y Dra. Paulina Aguirre Suárez, Juez y Jueza Nacionales, conforme
el oficio N~ 137-SG-CNJ del 02 de febrero de 2015 y acta de sorteo que consta en el
expediente de casación. Habiendo recaído la competencia en este Tribunal,
encontrándose el recurso en estado de resolver, para hacerlo, se considera:
PRIMERO: JURISDICCIÓNY COMPETENCIA:
Corresponde el conocimiento de esta causa, al Tribunal que suscribe constituido por
jueces nacionales, nombrados y posesionados por el Consejo Nacional de la Judicatura,
mediante resolución número004-2012 de 26 de enero de 2012; y designadas por el
pleno para actuar en esta Sala de lo Laboral, por resolución No. 03-2013 de 22 de julio
del 2013, relativo al cambio en la integración de las Salas de la Corte Nacional de
Justicia; así como por la Resolución No. 1-2015 de 28 de enero de 2015, y en este
proceso en méritoal sorteo, cuya razón obra de fojas 3 del últimocuaderno, realizado
de conformidad a lo dispuesto en el penúltimoinciso del artículo 183 del Código
Orgánico de la Función Judicial. Su competencia para conocer los recursos de casación
interpuestos, se fundamenta en lo previsto en los artículos 184.1 de la Constitución de
la Repúblicadel Ecuador, 191.1 del Código Orgánico de la Función judicial, 1 de la Ley
de Casación y 613 del Código del Trabajo.
SEGUNDO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
En el caso subjúdice,el recurrente impugna la sentencia dictada por el Tribunal de
Alzada, expresando que las normas jurídicas infringidas son el Art. 8 del Código del
Trabajo, el Art. 326 de nuestra Carta Magna, numerales 2 y 3, en concordancia con los
Arts. 4,5 y 7 del Código del Trabajo y Art. 115 del Código de Procedimiento Civil; y,
funda su recurso en las causales Primera, Segunda y Tercera del Art. 3 de la Ley de
Casación. La fundamentación de su recurso se contrae a lo siguiente: El recurrente
manifiesta que en el considerando tercero el Tribunal de alzada hace mención que
conforme lo establece el artículo 114 del Código de Procedimiento Civil, los jueces no
aprecian lo considerado en el artículo 593 del Código del Trabajo, que trata sobre el
juramento deferido; que tampoco considera lo invocado en el artículo 122 del Código
de Procedimiento Civil, párrafo primero de la confesión judicial; que no se tomó en
cuenta la confesión ficta del demandado, sin haber justificado documentadamente su
2
inasistencia como establece el artículo 128 del Código de Procedimiento Civil, inciso
segundo; que el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, dice que si la persona
llamada a rendir confesión judicial no lo hace, tiene valor de prueba plena; refiere el
artículo 115 del Código de Procedimiento Civil respecto la apreciación de la prueba;
que la sentencia no es real ya que no responde a la verdadera realidad histórica y
procesal, sin que se haya dado el valor legal a lo presentado como prueba a su favor;
que la declaración de confeso del demandado evidencia la terminación de la relación
laboral por su voluntad unilateral. Así lo deja fundamentada su impugnación.
TERCERO: MOTIVACIÓN:
La doctrina explica que: La motivación de derecho involucrada en toda sentencia,
“(...)
se relaciono con la aplicación de los preceptos legales y los principios doctrinarios
atinentes, a los hechos establecidos en la causa) con base en las pruebas aportadas por
las partes. Por lo tanto, lo que caracteriza esta etapa de la labor del juez es,
precisamente aquel trabajo de ‘subsunción’ de los hechos alegados y aprobados en el
juicio, en las normas jurídicas que los prevea, a travésdel enlace lógico de una
situación particulaG específica y concreta, con la prevención abstracta, genéricae
hipotéticacontenida en la ley. Tal enlace lógico entre los hechos que el juez ha
establecido como resultado del examen de las pruebas y las previsiones abstractas de
la ley, se resuelve en lo que Satto llamó ‘la valoración jurídica del hecho’, esto es, la
transcendencia que jurisdiccionalmente se atribuye al hecho, para justificar el
dispositivo de la decisión y a este respecto, es clara la obligación que tiene eljuez de
expresar en su fallo las consideraciones demostrativas de aquélla valoración, y
justificativa del partido que toma el juez al aplicar los preceptos legales
correspondientes, como única vía para que el fallo demuestre aquélenlace lógico
hecho-norma que viene a ser el punto crucial de la motivación en la cuestión de
3
derecho; pues a travésdel examen de esas consideraciones, es como podrá efectuarse
la determinación de si eljuez erró o acertó en la aplicación de la ley Conforme el
(~yh1•
mandato contenido en el artículo 76.7.1) de la Constitución de la República, las
resoluciones de los poderes públicosdeberán ser motivadas. No habrá motivación si
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en
el proceso. La falta de motivación y de aplicación de la norma constitucional en
referencia ocasiona la nulidad de la resolución. Cumpliendo con la obligación
constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal de la Sala Laboral de la
Corte Nacional de Justicia, fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a
continuación:
CUARTO: ARGUMENTACIÓNO RATIO DECIDENDI:
4.1. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso de
casación es un medio impugnatorio de vital importancia dentro de la esfera del
Derecho Procesal, debido a los fines que persigue: Nomofiláctico (proteger el
ordenamiento jurídico en las resoluciones judiciales), Unificador (establecer la correcta
aplicación e interpretación de la ley) y Dikelógico (alcanzar la justicia y que las
decisiones judiciales no causen perjuicio a las partes). Este recurso por principio de
legalidad, conforme al artículo 76 numeral tercero de la Constitución de la República,
sólo procede en los casos taxativamente establecidos en la Ley, esto es, por causales in
iudicando (vicios de juicio del tribunal o infracción en el fondo), por causales in
procedendo (vicios de la actividad o infracción en las formas). De ahí que es un medio
de impugnación que tiene por finalidad, obtener que las resoluciones judiciales
emitidas en instancias definitivas puedan ser revisadas por la Corte Nacional de
TRIBUNALSUPREMO DE JUSTICIA DE vENEZUELA Recurso de casación No. 00175-250403~0D559~00492, EN Leopoldo MárquezÁñez,
1
MotivosyEfectosdelRecursodeCasacióndeFormaenlaCasación CivilVenezolana,p.40
4
Justicia, para evitar que, como consecuencia del equívoco que existiera en aquellas, se
genere agravio a una de las partes por errores en que pudiere haber incurrido el
Tribunal de Alzada; siendo su tarea la defensa del derecho, perseguida a travésde
‘~..
la correcta aplicación de la ley en losfallosjudiciales, es lafinalidad primera; con ella se
logra el imperio de los valores de la seguridadjurídica y la igualdad ante la ley. Esta
función acentúael carácter constitucional del recurso...” (Enrique Véscovi,La Casación
Civil, edic. Idea, Montevideo, 1979, p. 25). La Corte Constitucional del Ecuador, en
sentencia N~ 364 dei 17 de enero del 2011, p. 53 expresó que: “El establecimiento de
la casación en el país, además de suprimir el inoficioso trabajo de realizar la misma
labor por tercera ocasión, en lofundamentat releva aljuez de esa tarea, afin de que se
dedique únicamentea revisar la constitucionalidad y legalidad de una resolución, es
decir, visualizar si eljuez que realizó el juzgamiento vulneró normas constitucionales
y/o legales, en alguna de las formas establecidas en dicha Ley de Casación...”. La
casación constituye entonces un recurso especial, cuyo objetivo persigue la anulación
o correccion de una resolucion inferior, hallandose regulada por la Ley, que establece
el trámite y los requisitos de forma que debe reunir para ser aceptada; siendo un
medio de impugnación de una resolución, por la cual el recurrente trata de demostrar
al Tribunal de Casación que el Juez o Tribunal de apelación que dictó la sentencia o
auto recurrido, se equivocó al dejar de aplicar o aplicar indebida o erróneamente las
normas de derecho sustanciales o procesales. En este lineamiento, por mandato del
Art. 75 de la Constitución de la República, “toda persona tiene derecho al acceso
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos...”; y
en el Art. 76 sefíala que “En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso...”; por lo
que corresponde a este Tribunal, establecer si en la sentencia dictada por el Tribunal
de Alzada no se han producido transgresiones a la normativa jurídica vigente, que
5
pudieran afectar los derechos de la parte actora. Para ello, es requisito de la
impugnación que exista concordancia entre el motivo de la casación y el agravio o
lesión que la sentencia en cuestión ha provocado al recurrente, por lo que debemos
entrar al análisis para determinar si existe relación entre lo que se reclama y lo que
decidió el Tribunal de alzada en la sentencia impugnada; considerando que los
juzgadores deben pronunciarse cuidando que su actuación o análisis no se exceda del
pedido del casacionista, ni que éstesea inferior a su requerimiento, o que lo que se
manifieste en sentencia estéfuera de la Ley, cumpliendo para ello, con el deber de
motivación, como una garantía establecida en el artículo 8.1. de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar el derecho a un debido
proceso.
De ahí que este Tribunal fundamenta su resolución en el análisis de los argumentos
del recurrente, a fin de dilucidar si la impugnación a la sentencia posee sustento
juridico, para lo cual procede a confrontarla con los cargos formulados en su contra, en
relacion con la normativa legal citada y los recaudos procesales, observando que estos
se subsumen en las causales 1~, 2~ y 3? del Art. 3 de la Ley de Casación.
4.2. ANALISIS DE LA IMPUGNACIÓN REALIZADA: Respecto de lo manifestado por el
casacionista, para su análisis es necesario considerar que tanto la doctrina como la
jurisprudencia han determinado que la técnicajurídica para examinar los motivos o
causales de casación es la siguiente: primero la causal segunda, a continuación la
quinta y cuarta, para proseguir con la tercera y concluir con la primera causal del
artículo 3 de la Ley de Casación, por lo que este Tribunal seguirá dicho procedimiento,
considerando que ‘~..nuestro ordenamiento constitucional es claro en señalar normas,
principios mínimos que deben ser respetados dentro de un proceso, tanto en sede
administrativa como en la instancia jurisdiccionol respectiva (Sent. N~ 040-14-Sep.-
6
CC, caso 1127-13-EP). En este contexto, este Tribunal expresa: 4.2.1. El recurrente
manifiesta que en el considerando tercero de la sentencia que impugna, el tribunal de
alzada hace mención al artículo 114 del Código de Procedimiento Civil, que los jueces
no aprecian lo considerado en el artículo 593 del Código del Trabajo, que trata sobre el
inasistencia como establece el artículo 128 del Código de Procedimiento civil, inciso
segundo; que el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, dispone que si la
persona llamada a rendir confesión judicial no lo hace, tiene valor de prueba plena;
refiere el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil respecto a la apreciación de la
prueba; que la sentencia no responde a la verdadera realidad histórica y procesal, sin
que se haya dado el valor legal a la prueba presentada a su favor; que la declaración de
confeso del demandado evidencia la terminación de la relación laboral por voluntad
unilateral. Pero en su exposición no se observa que exista una correlación lógica que
permita conocer con precisión bajo que supuesto de infracción por cada una de las
causales invocadas está fundamentada su impugnación a la sentencia del Tribunal Ad
quem, siendo esta condición indispensable para que sea admitido o no, por lo que este
Tribunal advierte que la Primera Sala de lo Laboral de la anterior Corte Nacional de
Justicia, admitió a trámite, cuando de las tres causales alegadas, cada una tiene una
naturaleza jurídica diferente y la técnicaque debe usarse para alegar la transgresión de
una norma en base a un cargo determinado y al amparo de una de estas causales es
propia de cada una de ellas; por lo que el proceder de la parte recurrente, al realizar
una argumentación al estilo de un alegato de instancia, analizando las pruebas e
incumpliendo con el principio de taxatividad, volvió en inadmisible su impugnación; así
lo ha ratificado la doctrina al decir que “Las diferentes causales de casación
7
corresponden a motivos y circunstancias disimiles, son, por ende autónomas e
independientes; tienen individualidad propia y, en consecuencia, no es posible
combinarlas para estructuraren dos o más de ellas al mismo cargo, ni menos pretender
que el mismo cargo pueda formularse repetidamente dentro de la órbita de causales
distintas” (Humberto Murcia Bailén, Recurso de Casación Civi, 4ta. Edic. Ediciones
Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1996, p. 275). 4.2.2. Para que opere su impugnación
por la causal Segunda, era necesario que el recurrente señale: a) la norma adjetiva que
a su criterio ha sido quebrantada; b) Un razonamiento jurídico que de cuenta de la
nulidad insanable y! o la indefensión en que ha incurrido; c) Que el vicio esté
contemplado en la Ley como causal de nulidad; d) Razones lógico jurídicas de cómo los
vicios han influido en la decisión de la causa; y, e) Que la nulidad no se hubiere
convalidado legalmente; lo que no se encuentra en la fundamentación del recurrente,
que no ha podido demostrar que la sentencia que impugna ha sido dictada dentro de
un proceso que está viciado de nulidad no saneada, violándose alguna solemnidad
sustancial de las contempladas en los Art. 346 y 1014 del Código de Procedimiento
Civil o que haya quedado en indefensión. Por la causal Tercera estaba obligado a
invocar la existencia de dos infracciones, la primera de una norma de valoración de la
prueba y la segunda la violación de una disposición sustantiva o material, que ha sido
afectada como consecuencia o por efecto de la primera infracción; siendo necesario
que se señale con precisión el medio probatorio, el argumento que justifique la
relación causa efecto de la infracción y mencione con exactitud las normas sustantivas
vulneradas por efecto de la transgresión de los preceptos jurídicos que regulan la
valoración de la prueba; es decir debe indicar cual norma sobre la prueba ha errado
el juez y como dicho error ha sido medio para producir error en la aplicación de la
norma sustantiva...” (Tama Manuel, El Recurso de Casación en la Jurisprudencia
Nacional, t. 1, edic. Edilex, 2003, p. 286). Por la causal Primera debió demostrar la
8
violación directa de normas de derecho, incluyendo los procedentes jurisprudenciales
obligatorios en la parte dispositiva de la sentencia que impugna; por lo que cuando
considera lesionada una norma sustantiva, debe especificar de manera concreta y
detallada las razones por las cuales se afirma existe violación de la norma de derecho
sustancial, con total prescindencia de cualquier consideración que implique
discrepancia con la apreciación del juzgador acerca del material fáctico, a fin de que el
Tribunal de Casación tenga los elementos necesarios para realizar el control de
legalidad de la resolución atacada. 4.2.3. Confrontada la impugnación realizada por el
recurrente con la sentencia del Tribunal de alzada y los recaudos procesales, este
Tribunal establece que no obstante el carácter eminentemente técnicodel recurso, se
presume que su censura a la sentencia es por infracciones que se encuadran en la
causal tercera del artículo 3 de la Ley de la materia, pero menciona como infringidos
los artículos 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil, el primero que refiere a la
obligación de las partes de probar los hechos que alegan y el segundo a la valoración
de la prueba; considerando que cuando conforme lo ha dicho la Segunda Sala de lo
Laboral de la ex Corte Suprema de Justicia, en sentencia dictada el 27 de enero del
2011 en el Juicio Laboral N~ 621-09 y lo ha ratificado reiteradamente esta Corte
Nacional, en innumerables fallos,’~.. tanto la apreciación como la valoración de la
prueba es una atribución privativa deljuzgador de instancia, quien puede libremente
acoger los medios de prueba aportados por el actor o demandado y así mismo,
desestimarlos; el Tribunal de Casación, no tiene atribuciones para rehacer la valoración
de la prueba efectuada por el tribunal de instancia, pues al determinar la ley que eljuez
apreciará la prueba can las reglas de la sana crítica, está consagrando el definitiva la
libertad de examinarla, ponderarla, comparar las pruebas producidas unas con otras, y
preferir aquellas que a sujuicio, tienen mayar credibilidad en relación al asunto que se
discute en el proceso”. De ahí que esta causal se utiliza para atacar el yerro existente
9
en la sentencia de instancia con relación a la valoración probatoria, la que se puede
dar cuando en la sentencia se valora una prueba no existente en el proceso; que no ha
sido pedida, presentada o practicada al tenor de la normativa legal existente; o a su
vez, cuando no se valora una prueba que está incorporada al proceso y que es
importante para la decisión de la causa, o cuando esta valoración es arbitraria y
alejada de la realidad procesal. En la sentencia recurrida, consta que se analiza la
prueba actuada en el proceso, el contrato de trabajo eventual (fs. 48) que ha
terminado mediante la suscripción de un acta de finiquito (fs. 49), así como el
instrumento del Instituto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (fs. 40), donde
consta la fecha de inicio y terminación de la relación laboral, la que no contiene ningún
vicio por lo que reúnelos requisitos del artículo 595 del Código del Trabajo; ante lo
cual, el juramento deferido rendido por el actor, al tenor de lo normado en el artículo
593 deI Código citado, tiene el carácter de norma supletoria; y en relación a la
confesión ficta referida en las normas procesales que invoca y considerando el
mecanizado del IESS constante a fs. 40v ante la evidencia del instrumento públicoque
determina la forma como terminó el nexo jurídico laboral entre las partes, no ha sido
considerada en la valoración que en forma discrecional ha sido realizada. Además, no
está en la esfera del Tribunal de Casación volver a valorar la prueba, ni juzgar los
motivos que formaron la convicción del tribunal ad quem. Por lo expresado, no
prospera la impugnación formulada.
QUINTO: DECISIÓN:
Por la motivación expuesta, este Tribunal integrado de la Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓNY LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA,no casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo
10
Laboral, niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dictada el
17 de diciembre del 2010, a las 15h31.- Notifíquese y Devuélvase.
Dr. ilcazar Dra. Pau na Aguirre 5
JUEZ JLJEZA NACIONAL
4’
Dr. Efraín Humberto Duqu uiz
CONJUEZ NACIONAL PONENTE
Certifico.
cfo Almeida Ber
SE ETARIO TOR
En Quito, martes diecisiete de marzo del dos mil quince, a partir de las dieciséishoras,
mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: GARCIA
SIGUENCIA REMIGIO WASHINGTON en la casilla No. 779 y correo electrónico
franciscorodriguezzambrano@gmail.com del Dr. Ab. FRANCISCO ANTONIO
RODRIGUEZ ZAMBRANO. SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN
CARLOS S.A. en la casilla No. 659 y correo electrónico Itchavez_1964@hotmail.com
del Dr. Ab. HENRY AUGUSTO PATRICIO CHAVEZ-tEÑBRO. Certifico:
Av.ArntanjsN3?-l0i yUr,ión Nx~n,uIdePedodi%u
~02).3953300 Qú~o,I:cuad
1~:CfliWfl,ic oji ~oI..
CORTEsNACcIONAL DE
SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL
OFICIO N°1043
RAZÓN: En ochenta y siete fojas útilesse devolvió de oficio a la SEGUNDA SALA
DE LO LABORAL NIÑEZ DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS,
las actuaciones de la presente causa, incluyendo seis fojas de la Ejecutoria Suprema.
Quito, 07 de abril de 2015
Dr. g~~~~meida ermeo
S9riolelator |
RECURSO NO. 158-2011
RECURSO No. 158-2011
JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO.-
Quito, a 26 de agosto de 2013. Las 11H10.----------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución
No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y,
por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por el
Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Econ. Juan Miguel Avilés
Murillo, Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur mediante
escrito de 18 de abril de 2011, interpone recurso de casación en contra de la
sentencia emitida el 25 de marzo de ese año por la Cuarta Sala Temporal del
Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del
juicio de impugnación N° 09504-2007-7358 (4850-07) deducido por el Ing.
Enrique Martínez Cedeño, Gerente General y por tanto representante legal de la
Compañía PETAIN S.A., en contra del Director Regional del Servicio de Rentas
Internas Litoral Sur. El Tribunal de Instancia concede el recurso mediante auto de
20 de abril de 2011, subidos que han sido los autos para su aceptación o rechazo,
esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, lo admite a trámite mediante providencia de 24 de mayo del mismo año y
pone en conocimiento de la Empresa para que se dé cumplimiento a lo que
1
establece el Art. 13 de la Ley de Casación. La Compañía PETAIN S.A. no lo ha
contestado, pero posteriormente ha señalado domicilio donde recibir notificaciones
y presenta un alegato escrito. Siendo el estado de la causa el de dictar sentencia,
para hacerlo se considera:--------------------------------------------------------------------
PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en
conformidad con el Art. 184 numeral 1 de la Constitución de la República vigente,
Art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación y numeral 1, parte II del art. 185
del Código Orgánico de la Función Judicial. -----------------------------------------------
SEGUNDO.- El Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur,
fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de
Casación, manifiesta que la sentencia ha infringido por falta de aplicación del literal
l del numeral 7 del art. 76 de la Constitución Política ecuatoriana (sic), de los
artículos 274, 275, 276 del Código de Procedimiento Civil y el Art. 273 del Código
Tributario. Respecto a la falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a
la valoración de la prueba, alega lo establecido en el Art. 115 del Código de
Procedimiento Civil. Sostiene que la sentencia recurrida no es motivada, que
realiza una transcripción completa de la demanda presentada por la parte actora,
de la contestación a la demanda, hace alusión a ciertas partes de los informes
periciales presentados por los peritos insinuados dentro del proceso, pero que no
hace referencia detallada de normas jurídicas o algún fallo de casación mediante la
cual explique la decisión tomada en la resolución. Que la motivación de la
sentencia se constituye en un requisito absolutamente necesario, legal y
constitucionalmente exigido por el ordenamiento ecuatoriano, lo cual redunda en
que la falta de motivación torna en nula la sentencia dictada y por ende se
2
convierte en una causal para que se case la sentencia. Que esta obligatoriedad de
motivar las sentencias, ha sido, inclusive, expresamente reconocida por la Corte
Suprema de Justicia, como en las resoluciones N° 301, 558 o la resolución
publicada en la Gaceta Judicial Serie XVII, N° 6 página 1516. En relación a la
Causal 3ª, alega la falta de aplicación de preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba específicamente en lo establecido en el Art. 115 del Código
de Procedimiento Civil, pues si la prueba debe ser apreciada en su conjunto, de
acuerdo a la sana crítica, el informe presentado por el perito insinuado por la
Administración Tributaria, no es tomado en consideración a la hora de dictar
sentencia, cuando en dicho informe claramente consta que la parte actora nunca
justificó sus pretensiones y no presentó documentación alguna a la Administración,
para justificar las diferencias encontradas. Solicita se case la sentencia y de
acuerdo con lo establecido en el Art. 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General del Estado, se suspenda la ejecución de la sentencia recurrida.---------------
TERCERO.- El Tribunal Juzgador sostiene en su fallo que, el informe pericial
presentado por el perito de la administración, no contribuye a esclarecer el tema
del litigio, no aporta con nuevas pruebas y no dice nada diferente a los
fundamentos de hecho y de derecho que aplicó y utilizó en la Liquidación de
Diferencias de acuerdo al Cruce de Información proporcionado por terceros, razón
por la cual las conclusiones periciales solo se han basado en hechos repetidos en
sede Administrativa. Que a fs. 316 a 325 de los autos, consta el informe pericial
presentado por el Econ. Otón Hugo García Zúñiga, perito insinuado por la parte
actora que en su parte pertinente dice: “… la finalidad de efectuar este informe
pericial, es verificar que todos los valores correspondientes al Impuesto al Valor
3
Agregado son correctos..., Algo insinúa… que lo correcto es que debió ser que
ellos hagan una liquidación mensual en base a declaraciones de Impuesto al Valor
Agregado de enero a diciembre del 2004 y no totalizarla como se muestra en el
cuadro anterior…”. “De acuerdo a la revisión efectuada se pudo detectar que
todas las declaraciones sustitutivas presentadas el 28 de abril del 2008, se
encuentran debidamente soportadas con sus respectivas facturas de compras, de
ventas y de retenciones en la fuente. También es importante indicar que el inicio
del período fiscal 2004, arranca con un crédito tributario por USD $ 67.448,48
restantes del mes anterior, es decir del IVA de diciembre del año 2003.”. La Sala
juzgadora en esta base analiza en que al final la conciliación realizada por el
contribuyente en relación de las declaraciones sustitutivas, da con un saldo de USD
$ 61.498,47 como crédito tributario para el próximo mes de enero y que siendo
obligación de los jueces valorar la prueba en su conjunto de acuerdo a las reglas
de la sana crítica, según lo prevé en Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, y
en respeto de la Constitución y demás normas secundarias que amparan la
seguridad jurídica de acuerdo al “presente informe pericial el contribuyente no
registra ninguna diferencia ni valor a pagar a favor de la Administración
Tributaria”, y por lo tanto declara con lugar la demanda.--------------------------------
CUARTO.- Por concepción doctrinaria, disposición terminante de la Ley de
Casación y la amplia jurisprudencia dictada por todas las Salas primero de la Corte
Suprema de Justicia y posteriormente de la Corte Nacional, la casación en nuestro
sistema jurídico es un recurso extraordinario que tiene por objeto corregir la
aplicación indebida, la falta de aplicación o la interpretación errónea que los
Tribunales de segunda instancia (o única como en el caso tributario) hayan
4
cometido en la sentencia o auto definitivo que ponga fin a un proceso de
conocimiento (Art. 1 y 2 de la Ley de Casación), en fin, es una verdadera
demanda en contra de una sentencia y por tanto ha de contener requisitos
formales sustanciales, sin cuyo cumplimiento no es dable al Tribunal de Casación
corregir los enunciados errores. Sin embargo, y en ello también han concordado
todas las Salas del Tribunal de Casación, le está vedado hacer una revaloración o
apreciación de la prueba presentada por las partes, durante el respectivo
término.----------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO.- Con esta necesaria consideración previa y en vista del escrito
presentado, cabe referir que, el fundamento esencial de la Administración para
proponer su recurso de casación, es considerar que la sentencia dictada por el
Tribunal A quo, ha infringido por “falta de aplicación” los Arts. 274, 275 y 276
del Código de Procedimiento Civil, 273 del Código Tributario, pues la misma
carece de motivación, lo que debe ser dilucidada en primer término, porque de
ser cierto tal aseveración hecha por el recurrente, dicha omisión produciría la
nulidad de la sentencia, al tenor de lo señalado en el Art. 76, numeral 7, literal l)
de la propia Constitución de la República, que pese a que se acomoda más a la
causal 5ta. del Art. 3 de la Ley de Casación, esta Sala Especializada en forma
reiterada ha sido laxa con tal exigencia y ha pasado a considerar y revisar la
validez de ella si se ha esgrimido la aplicación indebida o falta de aplicación o
indebida interpretación de una norma de derecho (más si es constitucional), es
decir si se basa en la casual 1ra., como ocurre en el presente caso. Luego de la
revisión del fallo dictado por la Sala A quo, esta Sala Especializada encuentra que
se han copiado íntegramente a lo largo de su parte considerativa, la demanda, la
5
contestación a la demanda y las principales piezas procesales que conforman las
pruebas de las partes, en especial los informes de los peritos; y en su parte
resolutiva se transcribe la esencia del informe presentado por el Econ. Hugo
García Zúñiga, para concluir, luego de hacer hincapié en los principios
constitucionales y legales que amparan la seguridad jurídica, que la Empresa
actora “de acuerdo al presente informe pericial no registra ninguna diferencia ni
valor a pagar a favor de la Administración Tributaria”. El perito es, sin duda, un
importantísimo auxiliar de la justicia, que proporciona a quien va a resolver sobre
un tema técnico o de alta especialización, un criterio definido y conclusiones
sólidas basadas no sólo en los hechos (documentos), sino también en la
experiencia profesional de quien la formula; en el caso que nos ocupa el perito de
la parte actora, debidamente registrado en el Consejo de la Judicatura, ha hecho,
según la Sala juzgadora, un certero análisis de la situación contable jurídica de la
Empresa en relación al pago del IVA del año 2004, para luego por su cuenta,
sacar conclusiones en base a las declaraciones sustitutivas de enero a diciembre
de 2004, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y anexos del Libro
Mayor, respaldadas además, en varias disposiciones legales y constitucionales a
que hacen referencia (fs. 331 de los autos) que consideran son las pertinentes de
aplicar en esta apreciación de pruebas, de las que están investidos; en
consecuencia, no porque estas consideraciones y conclusiones no sean favorables
a una de las partes, puede argumentarse que no ha existido la motivación debida,
por tanto no es admisible tal impugnación a la sentencia y se rechaza la causal
esgrimida.- -------------------------------------------------------------------------------------
6
SEXTO.- La otra causal en que se funda el recurrente es la tercera del Art. 3 de la
Ley de Casación, esto es: ”Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba,
siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de
normas de derecho en la sentencia o auto”. Es decir que, para que proceda esta
causal es necesario: a) Identificar la norma de derecho de valoración de prueba
que se quebrantó; b) El vicio en el que incurre en dicha valoración, y c) La norma
de derecho que como consecuencia de las anteriores, se aplica de manera
equivocada o no se aplica y cómo se produce tal hierro. En esta consideración, la
Administración Tributaria recurrente, se ha fundado en la “falta de aplicación” de lo
previsto en el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, supletorio de esta
Jurisdicción, pero esta norma se refiere a un principio general de una obligación
del juez de apreciar la prueba en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana
crítica, pero de ninguna manera conlleva a intentar subsumir la situación existente
en el proceso a algún principio de valoración de la prueba. Tampoco calza a esta
causal, el valor que la Sala A quo le ha dado al Informe de un perito, ya que ello
está dentro de su apreciación judicial o de equidad, lo cual esta Sala de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional ha sido reiterativa en manifestar que
no es motivo de casación. Como si fuese poco, la tercera causal del Art. 3 de la
7
Ley de Casación, requiere no sólo la aplicación indebida, la falta de aplicación o la
errónea interpretación señaladas en la norma, sino que es de aquellas denominada
“en cadena”, porque a más de demostrar que la sentencia violentó alguna norma
legal explícita sobre la valoración de un medio procesal (por ejemplo cuando le da
valor pleno a la fecha y otorgantes en las escrituras públicas), también debe
señalarse que tal inobservancia condujo a una equivocada aplicación o a la no
aplicación de una norma de carácter sustantivo, lo que en este caso específico no
ha ocurrido, pues ni siquiera se menciona qué norma de derecho ha sido
violentada.- ------------------------------------------------------------------------------------
Sin que sea menester entrar en otros análisis; esta Sala de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desecha el recurso
interpuesto. Sin costas. Notifíquese, publíquese, devuélvase. ff) Dra. Maritza Tatiana
Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA (V.S.) ; Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL;
Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ. Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez,
SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
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VOTO SALVADO DE LA DRA. MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO.-
Quito, 26 de agosto de 2013. Las 11H10. ----------------------------------------------
VISTOS: Conforme el artículo 204 del Código Orgánico de la Función Judicial, por
disentir de la mayoría en un punto específico de Derecho, emito el siguiente voto
salvado en los siguientes términos:
1) La causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, establece: “Aplicación
indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una
equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o
auto”. Esta causal se refiere a lo que la doctrina denomina violación indirecta de la
norma sustantiva y contempla varias situaciones jurídicas que no pueden darse
simultáneamente y que deben ser individualizadas para su pertinente
demostración en cada caso. En estos vicios relativos a los preceptos jurídicos
relacionados con la valoración de la prueba, es necesario cumplir con las
condiciones señaladas en los literales a), b) y c del considerando SEXTO del voto
de mayoría.-------
2) Del considerando SEXTO de la decisión de mayoría se desprende lo siguiente:
“(…) la Administración Tributaria recurrente, se ha fundado en la <falta de
aplicación> de lo previsto en el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil,
supletorio a esta Jurisdicción, pero esta norma se refiere a un principio general de
una obligación del juez de apreciar la prueba en su conjunto de acuerdo a las
9
reglas de la sana crítica pero de ninguna manera conlleva a intentar subsumir la
situación existente en el proceso a algún principio de valoración de la prueba.
(…)”. El artículo 115 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la forma en la
cual se debe apreciar las pruebas presentadas dentro de un proceso judicial, y es
básica para la Seguridad Jurídica y el Debido Proceso establecidos en los
numerales 23 y 27 del artículo 23 de la Constitución Política respectivamente
(actualmente artículos 76 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador), por
lo tanto sí constituye una norma de valoración que puede ser aplicada dentro de la
causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. En todo caso, si analizamos el
artículo 115 del Código de Procedimiento Civil a la luz de la causal tercera, el
recurso no cumple con lo demás requisitos necesarios para analizar la causal
señalada, esto es, la identificación del vicio en que incurre dicha valoración, la
identificación de la norma que se aplica de manera equivocada o no se aplica, ni
cómo se produce tal yerro.--------------- 3) Como queda expuesto, de todas formas
los demás requisitos necesarios para que proceda la causal alegada por el
recurrente, han sido analizados por el voto de mayoría, con lo que estoy
totalmente de acuerdo. Notifíquese, publíquese y devuélvase. ff) Dra. Maritza
Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua, JUEZ
NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ. Certifico.-f) Dra. Carmen
Elena Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
10 |
RECURSO DE CASACIÓN
N° 159-2011
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
JUEZA PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA
ACTOR: SR. LEONARDO NOBOA ICAZA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA MANUFACTURAS DE CARTÓN S.A. MACARSA
DEMANDADO: GERENTE DEL DISTRITO DE PUERTO BOLÍVAR DE LA
CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA
(RECURRENTE)
Quito, a 30 de mayo de 2013. Las 09h00.------------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución N° 004-2012
de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución de
Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional
de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es competente para
conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo establecido en los Arts.
184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185, segundo inciso, numeral 1 del
Código Orgánico de la Función Judicial, y 1 de la Ley de Casación.-------------------------------
I. ANTECEDENTES
1.1.- El Econ. Mario Pinto Salazar, Director General del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador, interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 25 de marzo de 2001,
expedida por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2, con sede en la
ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de Impugnación N° 6123-2107-05.----------------------
1.2.- El Econ. Mario Pinto Salazar fundamenta su recurso en la causal primera del Art. 3 de
la Ley de Casación. Indica que existe falta de aplicación de los Principios de Procedimiento
Administrativo, errónea interpretación del Art. 273 del Código Tributario, errónea
interpretación y falta de aplicación del Art. 169 de la Constitución de la República, falta de
aplicación de los Arts. 88 letra d) y 89 de la Ley Orgánica de Aduanas y errónea
1/6
interpretación del Art. 97 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas. Indica
que la legalidad es uno de los principios elementales, así la Administración debe someterse
dentro del procedimiento administrativo, es decir al estricto cumplimiento de las normas
jurídicas, respetando los derechos que dichas normas confieren a los administrados,
principios que la Sala dejó de aplicar. Que la Sala ha interpretado erróneamente el Art. 220
del Código Tributario ya que se confirma que el Gerente Distrital se basa en leyes,
reglamentos y normas existentes al momento de dictar la providencia. Que la Sala yerra al
interpretar el Art. 229 del Código Tributario ya que la norma establece que quienes se
creyeren perjudicados por una resolución de única o última instancia podrán impugnarla,
para este efecto, primero el acto administrativo impugnado no ha causado, ni causa
perjuicio directo ni inmediato al administrado, ya que no impide el goce de ningún derecho
y segundo, el acto impugnado no es una resolución que por sí sola sea suficiente para
producir efecto jurídico directo e inmediato, ya que no es un acto definitivo porque no
resuelve el fondo del problema. Que la Sala erróneamente interpretó el Art. 273 del Código
Tributario, toda vez que no considera el reclamo administrativo de impugnación como
prueba fehaciente que el actor solicita la respectiva prórroga de permanencia en el país de
las mercancías admitidas al Depósito Industrial contenidas en los DAU N° 10856857
Registro N° 064-04-72-99-9. Que la Sala erróneamente interpreta el Art. 169 de la
Constitución de la República ya que no aplica lo que en el artículo en mención se dice. Que
la falta de aplicación de normas procesales, llevó además a las violaciones constitucionales,
y principios de responsabilidad de la administración de justicia, pues todo esto es la tutela
efectiva y el debido proceso, pues con la violación del trámite, no existió el debido proceso
que supone el respeto irrestricto a las formalidades procesales. Solicita se acepte a trámite
el recurso de casación y se case la sentencia.--------------------------------------------------------
1.3.- Admitido el recurso de casación, la parte actora lo ha contestado diciendo que no
cumple con los requisitos establecidos en la Ley y con las normas técnicas que rigen el
mismo. Que el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana bajo ningún
concepto pasó a formar parte del presente proceso como parte procesal y que en la
sentencia el único agraviado es el Gerente Distrital de Aduanas de Puerto Bolívar, quién
debió presentar el recurso de casación. Que el Gerente General de la Corporación
Aduanera Ecuatoriana fundamente el recurso en la causal primera, cuando el Gerente
Distrital de Puerto Bolívar reconoció su error, lo cual obra de fojas 277 y 278, por lo que
2/6
rechaza el hecho de que el Director General quiera hacer una tercera instancia del recurso
de casación cuando ni siquiera es parte procesal. Solicita se rechace el recurso de
casación interpuesto. ------------------------------------------------------------------------------------
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han
observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad
alguna que declarar.--------------------------------------------------------------------------------------
2.2.- Determinación del problema jurídico a resolver: La Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia
impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario determinar lo
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------
A) ¿La sentencia del Tribunal A quo incurre en la causal primera del Art. 3 de la Ley de
Casación al supuestamente existir falta de aplicación de los Principios de Procedimiento
interpretación y falta de aplicación del Art. 169 de la Constitución de la República, falta
de aplicación de los Arts. 88 letra d) y 89 de la Ley Orgánica de Aduanas y errónea
interpretación del Art. 97 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas al
declarar con lugar la demanda de impugnación N° 6123-2107-05 interpuesta por la
compañía Manufacturas de Cartón S.A. Macarsa?.----------------------------------------------
III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO
3.1.- En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que
tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho
sustanciales como procesales dentro de la sentencia o auto del inferior, teniendo como
impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en
varios fallos de la Sala.-----------------------------------------------------------------------------------
3/6
3.2.- Esta Sala Especializada, previo a analizar el primer problema jurídico indica que
respecto a la alegación de la Empresa en su contestación relacionada a que el Gerente
General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana no es parte procesal, esta Sala advierte
que a fojas quince del proceso aparece la calificación de la demanda en la cual se ordena
citar tanto al Gerente del Distrito del Puerto General de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana como al Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, por lo tanto
esta autoridad si es parte procesal del juicio. Continuando con el análisis del problema
planteado se formula la siguiente consideración: A) Es de señalar que el Art. 3 de la Ley de
Casación, respecto a la causal primera dispone: “Aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales
obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte
dispositiva.”. Según Tolosa Villabona Luis Armando, op. cit. páginas 257 y 359 la
Aplicación Indebida de una norma: “Es un error de selección de una norma jurídica. El juez
aplica una norma que no es llamada a regular, gobernar u operar en el caso debatido. Se
trata de una sentencia injusta, y el error es error de subsunción o de aplicación. La norma
es entendida rectamente pero se aplica a un hecho no gobernado por la norma, haciéndole
producir efectos no contemplados en ella”. En cuanto a La Falta de Aplicación de la ley
sustancial: Error contra ius, falta de aplicación de la ley sustancial indica que implica
desconocimiento y señala que: “Ocurre la falta de aplicación cuando se deja de aplicar un
precepto legal, y ello constituye la infracción directa típica, por haberlo ignorado el
sentenciador o por haberle restado validez, sea por desconocimiento del fallador o por
abierta rebeldía contra el precepto. Esta conculcación puede estar aparejada de la
aplicación indebida de otros preceptos…”. Finalmente sobre la interpretación errónea de
una norma (Hermenéutica) es decir: Error iuris in iudicando, “se trata de la exégesis
equivocada de la norma en su contenido mismo, independientemente de las cuestiones de
hecho debatidas en la sentencia y del caso que trata de regular. La norma jurídica es la
que gobierna el asunto, pero en sentido diverso, por lo tanto yerra en el enfoque
verdadero de la norma, en su espíritu y alcances. El sentenciador acierta en la norma pero
falla en su verdadero significado alejándose de su espíritu y finalidad. No puede entonces,
presentarse falta de aplicación de un precepto mal interpretado. El error se comete en la
premisa mayor de la sentencia, es decir, en la ley objeto de aplicación, por
desconocimiento del sentenciador de los principios hermenéuticos o interpretativos de la
4/6
ley; ante textos oscuros o dudosos no tiene en cuenta las fuentes formales del derecho y
confunde las clases de interpretación.”. Adicionalmente Respecto a la causal primera, es
pertinente señalar, lo que manifiesta el Doctor Santiago Andrade Ubidia en su libro La
Casación Civil en el Ecuador: “La causal primera del artículo 3 contiene la llamada violación
directa de la ley sustantiva o de los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la
sentencia recurrida, que haya sido determinante en su parte resolutiva. Sobre el tema la
Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: Se trata de la llamada transgresión directa de
la norma legal en la sentencia, y en ella no cabe consideración respecto de los hechos,
pues se parte de la base que es correcta la apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor
de los medios de prueba incorporados al proceso, por lo que corresponde al Tribunal de
Casación examinar a base de los hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre
la falta de aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados
por el recurrente”. Esta Sala Especializada, deja expresamente señalado que en la causal
primera se parte de hechos probados, es decir que no cabe una nueva consideración de los
mismos, ya que los medios de prueba fueron analizados y apreciados por el Tribunal A
quo; en definitiva lo que persigue la causal primera, es examinar la aplicación indebida de
las normas sobre dichos hechos. Para entrar al análisis de la causal es pertinente indicar lo
siguiente: B.1) Esta Sala ha realizado el análisis del recurso interpuesto y observa que el
mismo carece de la debida fundamentación jurídica por parte del recurrente, que permita
identificar cuáles son los hechos probados en el fallo sobre los cuales se pueda analizar
que efectivamente ha existido errónea interpretación y falta de aplicación de las normas
alegadas; el recurrente se limita a realizar citas textuales de las normas y de lo expresado
en el fallo de instancia y, por lo tanto esta Sala no puede ir más allá al tratar de interpretar
lo que el recurrente quiso decir. Adicionalmente el recurrente cita como fundamento de su
recurso simultáneamente la errónea interpretación y la falta de aplicación del Art. 169 de la
Constitución de la República, existiendo una evidente contradicción ya que estas dos
situaciones de hecho se contraponen.-----------------------------------------------------------------
IV.- DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
5/6
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, expide la siguiente: ---------------------------------------------------------------------
SENTENCIA
Se rechaza el recurso interpuesto. Sin costas. Actúe la Dra. Ligia Marisol Mediavilla, como
Secretaria Relatora Subrogante, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio No. 246-
2013-CNJ-SCT, de fecha 2 de mayo de 2013. Notifíquese, publíquese y devuélvase.-----
ff) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua,
JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ; Certifico: f) Dra. Ligia Marisol
Mediavilla, SECRETARIA RELATORA (S).
6/6 |
RECURSO No. 161-2011
JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO.-
Quito, a 30 de mayo de 2013, Las 11H50.--------------------------------------------------------
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No.
004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, por la
Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia. En lo principal, los señores Econ. Leonardo Andrés Noboa Icaza
y Norman Reed Philippe, en calidad de Gerente General y Gerente respectivamente,
representantes legales de la Compañía MANUFACTURAS DE CARTÓN S.A. MACARSA,
mediante escrito de 16 de marzo de 2011 interponen recurso de casación en contra de la
sentencia expedida el 16 de febrero del mismo año, por la Segunda Sala Temporal del
Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de
impugnación N° 09502-2009-0848 (6942-4547-06) seguido en contra del Director General
del Servicio de Rentas Internas. La Sala juzgadora concede el recurso en auto de 25 de
marzo de 2011; subidos que han sido los autos para su aprobación o rechazo, esta Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, lo admite a
trámite mediante providencia de 24 de mayo del mismo año y se pone en conocimiento de
la Administración Tributaria para que se dé cumplimiento a lo que establece el Art. 13 de
la Ley de Casación, la que contesta dentro del tiempo señalado para el efecto. Siendo el
estado de la causa el de dictar sentencia, para hacerlo se considera: --------------------------
PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en conformidad
con el Art. 184 numeral 1 de la Constitución vigente, en concordancia con el Art. 1 de la
Codificación de la Ley de Casación y numeral 1, parte II del Art. 185 del Código Orgánico
de la Función Judicial. -----------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- Los representantes legales de la Empresa MANUFACTURAS DE CARTÓN
S.A. MACARSA, fundamentan el recurso en las causales primera, segunda, cuarta y
1
quinta del Art. 3 de la Ley de Casación, consideran que el Tribunal Juzgador al momento
de emitir sentencia infringió las normas contenidas en los artículos 92, 94, 132, 139, 147 y
272 del Código Tributario, artículos 10, 17 y 23 de la Ley de Régimen Tributario Interno,
Art. 20 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus
reformas y el Art. 14 del Reglamento de Comprobantes de Facturación. En su
fundamentación sostienen que, la sentencia recurrida (causal primera), no aplicó la norma
imperativa y mandatoria dispuesta en el Art. 23 (24) de la Ley de Régimen Tributario
Interno e incurrió en una violación directa de una norma sustancial o material, pues aplicó
incorrecta y equivocadamente el Art. 91 y parcialmente del Art. 92 del Código Tributario,
como consecuencia de la negativa de la Compañía de proporcionar los documentos y
registros contables solicitados por el Servicio de Rentas Internas, lo que determina que la
sentencia debe ser casada por error “in judicando” pues, el contribuyente tiene derecho a
que se determine presuntivamente el valor de sus gastos, costos o devoluciones por dos
causas: la primera por falta de declaración del sujeto pasivo y la segunda cuando los
documentos que respaldan la declaración no fueron aceptados por una razón
fundamental, o la falta de formalidades en los documentos de sustento denominados
facturas o notas de crédito, que no fueron aceptadas como deducibles, y que éstos, según
el Reglamento de Facturación, de ninguna manera pueden ser convertidos en hechos
imponibles, por ser conceptos que la Ley expresamente los ha señalado y definido como
gastos y costos cuya deducción es indispensable para determinar la renta neta o base
imponible del impuesto a la renta (sic). Que la Sala Juzgadora no aplicó el principio citado
por ella misma de que en Derecho Público, las leyes son imperativas y no se puede
distraer o tratar de modificar a pretexto de invocar su espíritu, lo que quiere decir que la
norma contenida en la disposición del Art. 23 (24), ya referida es imperativa y que no lo
deja a criterio o al arbitrio de la Administración, porque al decir expresamente procederá,
la convierte en una disposición obligatoria que no admite interpretación (sic). Alegan falta
de aplicación de los Arts. 10 y 17 de la Ley de Régimen Tributario Interno, normas que
permiten deducir los gastos y costos para obtener, mantener y conservar la renta, pues
consideran que el Art. 4 del Reglamento de Facturación publicado en el Registro Oficial N°
222 de 29 de junio de 1999, vigente en el ejercicio fiscal 2001, fue aplicado
2
indebidamente por la Administración Tributaria, al no aceptar la deducibilidad de los
costos, gastos y notas de crédito por la falta de formalidades en las facturas emitidas por
sus proveedores. Continúan en su fundamentación diciendo que, la sentencia ha violado
los artículos 2 y 8 de la LRTI, pues se considera utilidad gravable a algo que no se
ingresó en dinero, especie o servicio, por ejemplo la glosa a la cuenta de Mayor Ventas
Netas Gravadas, que se levantó por la disminución de la cuenta Devoluciones y
Descuentos en Ventas, fundamentándose, no en la falta de los requisitos establecidos en
los artículos 15 y 16 del Reglamento de Facturación, ni en la información dispuesta en los
artículos 20 y 21 del mismo cuerpo legal para las notas de crédito emitidas, sino en el
hecho de que la persona que recibió la nota de crédito que es un tercero ajeno a la
empresa, no consignó su nombre o razón social, número del Registro Único o cédula de
ciudadanía, fecha de recepción y del ser del caso sello de la empresa, información que sí
consta en las notas de crédito porque era una información obligatoria dispuesta en el Art.
21 del Reglamento de Facturación aspecto que el Tribunal A quo no consideró al dictar
sentencia (sic), ello ha hecho que la Sala Juzgadora inaplique los referidos artículos 10 y
17 de la Ley de Régimen Tributario Interno, al no seguir el procedimiento indicado para
dar cumplimiento a la disposición legal de que, sólo las utilidades han de crear impuestos
a la renta y que se ha de cobrar en base de un hecho imponible previsto en la Ley y no
sobre un gasto o descuento, por lo que también dejó de aplicar el numeral segundo del
Art. 139 y el 272 al no haber declarado la nulidad. En lo que tiene que ver con la Causal
segunda del Art. 3 de la Ley de Casación, en el caso de las notas de crédito y de las
facturas, que son el soporte real de la disminución de los ingresos brutos para obtener los
ingresos netos, ni la Administración Tributaria ni la sentencia recurrida objetaron la
veracidad o autenticidad de las devoluciones y de las notas de crédito concedidas por
MACARSA a sus clientes, que tampoco se cuestionaron las formalidades contenidas en
dichos documentos respecto de la información pre impresa y la información no impresa de
las facturas, lo que fue cuestionado es que, las notas de crédito no contenían la fe de
recepción por parte de la compañía beneficiaría del descuento y no se informó por parte
de la compañía vendedora a la Administración Tributaria, ellos no son requisitos que
deban contener las notas de crédito. En lo que se refiere a la Causal Quinta, consideran
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que ni la Administración Tributaria ni la sentencia, objetan la validez de las facturas de
compras y notas de crédito, como base imponible para las retenciones en la fuente del IVA
e Impuesto a la Renta ni para establecer el impuesto causado y pagado por el IVA,
tampoco la veracidad, valores y conceptos de los costos y gastos y los descuentos
glosados, pero no aceptan el mismo documento como sustento de los gastos y costos al
declararlos como no deducibles, contradicción que fue determinante en la parte dispositiva
de la sentencia. Que el Tribunal Juzgador en la parte considerativa de la sentencia
recurrida no fundamenta y no explica las razones por los que han desestimado los
argumentos de la Compañía MACARSA, para aplicar en todas sus partes la disposición
contenida en el Art. 92 de la Codificación del Código Tributario, aceptando únicamente el
razonamiento expuesto por la parte demandada en el sentido de que, solamente los
documentos que cumplen con las disposiciones del Reglamento de Facturación, son
deducibles, aplicando solamente la primera parte de esta norma y negando la
deducibilidad presuntiva solicitada, sin tomar en cuenta la segunda parte. Sostiene que, en
la sentencia recurrida no se examinó con el debido detenimiento y profundidad los hechos
relacionados con las facturas de compras y las notas de crédito, que en la parte dispositiva
y la motivación desde el punto de vista jurídico no son lógicos porque ante hechos
probados no aplicó imparcialmente las disposiciones legales precitadas, por cuanto
desestimó los argumentos de MACARSA, lo cual determina que la sentencia carece de la
motivación que exigen la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Por lo expuesto solicitan a
esta Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, aceptar el recurso interpuesto.-----
TERCERO.- El Econ. Juan Miguel Avilés Murillo, en su calidad de Director Regional Litoral
Sur del Servicio de Rentas Internas, en el escrito de contestación al recurso de casación
(fs. 5 a 10 del cuadernillo de casación) manifiesta que, la sentencia recurrida cumple con
los preceptos establecidos en los artículos 274, 275, 276 y 280 del Código de
Procedimiento Civil. Que se debe recordar que el acto impugnado que motivó el presente
juicio (848-09) es la Resolución N° 109012006RREC011744, y sobre el cual se trabó la
litis. Que la Sala juzgadora se pronunció sobre los argumentos y hechos establecidos por
las partes, y que respecto a la Resolución impugnada, existe un Recurso de Revisión
posterior por parte de la Administración Tributaria de conformidad con las facultades
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establecidas en la Ley, respecto del cual se pronunció la Cuarta Sala del Tribunal Distrital
de lo Fiscal N° 2 de Guayaquil en el proceso N° 09504-2008-7878 y que mediante
sentencia se falló a favor de la Administración Tributaria declarando sin lugar la demanda
de impugnación presentada por MANUFACTURAS DE CARTÓN S.A. MACARSA, y que como
consecuencia jurídica se ratifica y se declara la validez de la Resolución N°
917012008RREV000169 en la que se ordena a la Empresa, cancelar la cantidad de USD $
1.552.342,12 más los respectivos intereses de ley, que dicho proceso se encuentra en la
Corte Nacional de Justicia por el Recurso de Casación presentado por la Empresa actora
con el N° 86-2011-AH, y teniendo en cuenta que la Resolución dictada en el Recurso de
Revisión N° 917012008RREV000169 y la Resolución N° 109012006RREC011744, tienen
íntima relación, pues el ejercicio fiscal es el mismo y los tributos establecidos proceden de
un mismo hecho imponible solicita a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario
de la Corte Nacional de Justicia la acumulación de los mismos. Que la Empresa no llegó a
justificar sus pretensiones conforme los hechos y al derecho, lo que pretende es que el
Tribunal de Casación se pronuncie sobre la apreciación de la prueba realizada por el
Tribunal Ad-quem, (sic) lo que está prohibido por la propia naturaleza del recurso.
Respecto a la fundamentación del recurso por la causal primera sólo se enuncian los
mismos argumentos que se dijeron en el reclamo administrativo y se repitió en su
demanda de impugnación, pero que no ha probado de qué forma la Sala juzgadora no ha
aplicado normas de derecho, o ha cometido un error al aplicarlas, que lo que pretende es
dilatar el cumplimiento de la sentencia, por lo que solicita a esta Sala condenar en costas
al actor. Sobre el fondo del asunto dice que, son múltiples las sentencias en las que se
dictamina que la aplicación de una determinación presuntiva, es potestad exclusiva de la
Administración Tributaria y sólo ante la imposibilidad fáctica de una determinación directa,
refiere al juicio N° 09504-7878-2008 propuesto por la misma Empresa MACARSA, con
pronunciamiento similar al juicio actual. Con respecto a cada una de las causales
invocadas, el actor considera que son omisiones en derecho que la Sala juzgadora no le dé
la razón en la sentencia, al no haber aceptado su argumento principal esto es, la
aplicación de la determinación presuntiva en forma obligatoria. En relación a la causal 2da.
del Art. 3 de la Ley de Casación la Empresa sostiene, que se han incumplido normas
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procesales, las contenidas en los artículos 17 y 92 del Código Tributario, en donde insiste
en una determinación presuntiva, que es evidente el error por parte del actor por cuanto
estas normas no son de procedimiento. Que lo que pretende la Empresa es que se valore
la prueba nuevamente, lo cual de acuerdo a la múltiple jurisprudencia la Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de esta Corte Nacional, no es de su competencia, por último
dice que, lo único que se limita el escrito del recurso es señalar que se han infringido
varias normas de derecho, pero no demuestra en ninguna parte de qué manera los
señores jueces de la Sala juzgadora lo hayan hecho. Por lo expuesto, solicita se deseche el
recurso interpuesto por la Empresa MANUFACTURAS DE CARTÓN S.A. MACARSA.-----------
CUARTO.- El Tribunal juzgador en su sentencia manifiesta que, las pruebas deben
aportar en la solución de la causa y que por ello deben estar incorporadas para someterlas
a la valoración crítica, que deben estar suficientemente conformes a las reglas de la
lógica, en las que se integran la norma, la experiencia y deben soportar su fuerza y valor
probatorio. Según lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador, se deben
observar las garantías del debido proceso, entre los que debe señalarse al Art. 81 del
Código Tributario. Que en Derecho Público, las leyes son imperativas y que no se puede
distraer o tratar de modificarlas a pretexto de invocar su espíritu; la seguridad jurídica se
sintetiza en la certidumbre del derecho y la eliminación de la arbitrariedad, que esto
implica que todos los órganos del Estado, actúen conforme a un orden jerárquico de
normas preestablecidas que no pueden ser arbitrariamente interpretadas ni alteradas por
parte de la Administración Tributaria ni por los contribuyentes. Por lo que declara sin lugar
la acción de impugnación en contra del Acta de Determinación Tributaria N° RLSATR-
ODD05-0018-001 y contra la Resolución N° 109012006RREC011744, que la confirma.------
QUINTO.- Lo primero que debe afrontarse en esta resolución, es lo que tiene que ver,
con la pretendida “acumulación” de autos esgrimida y solicitada por la Administración
Tributaria Central en su contestación al recurso de casación, pues considera que, posterior
a la emisión de la Resolución N° 109012006RREC011744 motivo del juicio de
impugnación N° 6942-4547-06 (848-09) y éste al de casación N° 161-2011, se ha
propuesto, por parte de la misma Empresa, un recurso de revisión el que concluyó con la
emisión de la Resolución N° 917012008RREV000169 que dio origen al juicio de
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impugnación N° 7878-5243-2008 y casación N° 86-2011, es decir que hay dos juicios
sobre un mismo hecho generador y que se refieren al impuesto a la renta de la Empresa
MACARSA por el ejercicio 2001. El recurso de casación es extraordinario y
extremadamente formalista, una verdadera demanda en contra de la sentencia dictada
por el Tribunal de instancia, en consecuencia no cabe en este procedimiento y no lo
permite la ley, que pueda acumularse acciones como lo pretende el SRI; sin embargo es
necesario aclarar que el Art. 143 del Código Orgánico Tributario que regula el recurso de
revisión dice: “Causas para la revisión.- El Director General del Servicio de Rentas
Internas, en la administración tributaria central y los prefectos provinciales y alcaldes, en
su caso, en la administración tributaria seccional y las máximas autoridades de la
administración tributaria de excepción, tienen la potestad facultativa extraordinaria de
iniciar, de oficio o por insinuación debidamente fundamentada de una persona natural o
jurídica, que sea legítima interesada o afectada por los efectos jurídicos de un acto
administrativo firme o resolución ejecutoriada de naturaleza tributaria, un proceso de
revisión de tales actos o resoluciones que adolezcan de errores de hecho o de derecho, en
los siguientes casos…”. Por su parte, el Art. 84 del mismo cuerpo legal, define a las
resoluciones ejecutoriadas como: “..Aquellos actos que consistan en resoluciones de la
administración, dictados en reclamos tributarios, respecto de los cuales no se hubiere
interpuesto o no se hubiere previsto recurso ulterior, en la misma vía administrativa.” En
el caso concreto, aparece que el 31 de octubre de 2006, dentro del término que le
concede el Art. 234 (actual 229) del Código Tributario, MACARSA formuló una demanda de
impugnación en contra de la Resolución No. 109012006RREC011744 que modificó el Acta
de Determinación No. RLSATR-0DD05-0018-001 por el impuesto a la renta del 2001
levantada en su contra, con lo que, evidentemente no dejó que dicha resolución causara
ejecutoria, y por tanto no procedía el recurso de revisión, sin embargo al no ser advertido
este particular por ninguna de las partes, se dividió la continencia de la causa dando la
posibilidad evidente de que sobre el mismo asunto, se dicten fallos contradictorios. En la
sentencia dictada en el proceso 86-2011, anterior a esta causa, se rechazó la casación
propuesta por la Empresa y se dejó en firme la sentencia que confirma la Resolución N°
9170012008RREV000169 dictada en el recurso de revisión, por lo cual ésa es la definitiva
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y sobre ella no queda ningún recurso que pueda modificarla y está llamada a cumplirse;
en dicha resolución, se modificó en favor de la empresa la Resolución No. 011744, que es
motivo de la sentencia que la confirmó y dio lugar al presente recurso de casación.
Tratándose de las mismas glosas que han sido confirmadas en la sentencia de casación,
no cabe que, aunque sea en otro proceso, como es éste, la Sala se pronuncie sobre ella,
porque habría la posibilidad de emitir fallos contradictorios.--------------------------------------
Sin que sea necesario hacer mayores consideraciones, la Sala de lo Contencioso Tributario
de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desecha el recurso de casación interpuesto. Sin costas.
Actúe la Dra. Ligia Marisol Mediavilla, como Secretaria Relatora Subrogante, de
conformidad con lo dispuesto en el Oficio No. 246-2013-CNJ-SCT, de fecha 2 de mayo de
2013. Notifíquese, publíquese y devuélvase.- .- ff) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia,
JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo Durango
Vela, CONJUEZ; Certifico: f) Dra. Ligia Marisol Mediavilla, SECRETARIA
RELATORA (S).
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RECURSO No. 161-2011 Aclaración-Ampliación.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO:-
Quito, a 12 de julio de 2013. Las 9H38.---------------------------------------------------
VISTOS:- A fojas 33 y 34 del cuaderno de casación, comparecen los señores
Econ. Leonardo Andrés Noboa Ycaza y Norman Reed Philippe, en sus calidades de
Gerente General y Gerente respectivamente; y por tanto, representantes legales
de la compañía MANUFACTURAS DE CARTÓN S.A. MACARSA, para solicitar aclarar
la sentencia dictada por este Tribunal el 30 de mayo de 2013, porque quieren
saber si ganaron o perdieron el juicio. Una vez que se ha corrido traslado al
representante legal de la Administración Tributaria demandada y éste lo ha
contestado en escrito de 11 de junio de este año; para resolver, se considera:-----
-------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO:- El art. 281 del Código de Procedimiento Civil dice: “El Juez que dictó
sentencia, no puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso; pero podrá
aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo solicitare dentro de tres días”. Por
su parte el art. 282 ibidem dispone que “La aclaración tendrá lugar si la sentencia
fuere obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los
puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o
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costas”. El Código Tributario, en particular el Art. 274 se refiere a la aclaración o
ampliación de la sentencia prácticamente en los mismos términos.-
SEGUNDO:- El solicitante ha formulado su petición porque “aprecia una
incoherencia y contradicción con la parte resolutiva de la sentencia”, pues para él,
lo coherente sería aceptar el recurso. De lo transcrito por el recurrente, resaltado
en negrillas y subrayado, se infiere que esta Sala no puede pronunciarse sobre un
hecho ya resuelto y por tanto se rechaza el recurso. Más claridad no cabe, por lo
que se rechaza la solicitud de aclaración y se le hace saber que perdió el recurso.
Notifíquese, publíquese, devuélvase.- f) Señores: Dra. Maritza Tatiana Pérez
Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dr.
Gustavo Durango Vela, CONJUEZ NACIONAL. Certifico.-f) Dra. Carmen Elena
Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.
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