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Por otra parte, desde el GTA se ha hecho un seguimiento constante al proceso de descongestión de los conflictos de competencia entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación, proceso en el que el Consejo Superior de la Judicatura había adquirido unos compromisos específicos para disminuir los tiempos de decisión de los conflictos pendientes. Gracias a este ejercicio se registra una disminución de los procesos pendientes de definición de competencias entre Justicia Penal Militar y Fiscalía General de la Nación, en sede de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Con ocasión de estos ejercicios de coordinación esta entidad ha iniciado instrucciones relacionadas principalmente con la necesidad de respetar el trabajo de la policía judicial siempre que se produzca una muerte en combate. A través de esta directiva se crea un comité de seguimiento para monitorear el tema de homicidio en persona protegida. Directiva 19. Estricta colaboración con investigaciones penales y disciplinarias en materia probatoria y aplicación del carácter restrictivo del fuero penal militar
Además del presupuesto ya ejecutado, se debe considerar la posibilidad de generar nuevos recursos de inversión para vigencias futuras que permitan darle continuidad a los esfuerzos de coordinación interinstitucional, renovación tecnológica e innovación, que contribuyan al fortalecimiento institucional en el largo plazo.
La Política debe prioritariamente articularse con las acciones de prevención incluidas en políticas relacionadas, pues uno de los factores determinantes para las reformulaciones de proyectos o los cambios de prioridades de intervención de proyectos específicos es la creciente demanda a la que se enfrenta el sistema, especialmente en materia de víctimas. Aunque el aumento de la demanda puede ser explicado por múltiples razones –como la expedición de una norma, la ocurrencia de un evento coyuntural o un retraso histórico–, un elemento determinante que debe estar incluido en cualquier política pública es el factor de la prevención. Es necesario que una Política de Lucha Contra la Impunidad ataque las causas de la misma, de modo tal que se evite la ocurrencia de hechos que den origen a las necesidades de investigación, juzgamiento y sanción, por lo cual es urgente su articulación con las políticas existentes o la creación de líneas de acción propias dentro de la Política que nos ocupa.




Corporación AVRE Este documento se ha realizado con el apoyo financiero de la obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo –Misereor– y del Fondo de contribuciones Voluntarias de las naciones Unidas para las Víctimas de la tortura.
El objetivo del Encuentro Nacional fue contribuir al reconocimiento del lugar del enfoque psicosocial en procesos colectivos orientados a afrontar afectaciones derivadas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la imposición de megaproyectos.
Y cierran con el Comunicado Conjunto suscrito por organizaciones y movimientos, en que manifiestan sus consideraciones, reclaman sus derechos y exigen ser tenidos en cuenta ante las exigencias del contexto actual que los convoca.
Algunos de estos instrumentos de referencia son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El conflicto armado les ha permitido a las empresas generar condiciones para el posicionamiento de sus proyectos, a un costo humano demasiado alto.
Los cambios en la forma de estar y de sentir el territorio comenzaron a evidenciarse cuando se rompió la lógica de propiedad, la cual está dada no por el reconocimiento de un tercero en términos legales, sino por la vivencia y el reconocimiento de algo como propio.
La imposición de megaproyectos ha ido en detrimento de valores como la cooperación y la solidaridad, que se expresaban en prácticas como el trueque de productos alimenticios, el cual ya no es posible desarrollar debido a que la pérdida de la vocación y de la productividad agrícola de muchas comunidades ha llevado a que ya no tengan un producto propio que puedan intercambiar.
Para los Emberá, en el mundo de abajo están las venas de la madre tierra, que para el capitalismo es el petróleo.
Aunque la población afro comparte ciertas expresiones de territorialidad con la población indígena —lo que les permite fundar algunas alianzas inter-étnicas que establezcan reglas de cómo sus territorios pueden ser ocupados—, en la cosmovisión afro la minería es una representación del diablo.
Este fortalecimiento ha comprometido el rescate de elementos propios de la cultura campesina de las comunidades, tales como la conservación de semillas autóctonas, la práctica de métodos de producción agrícola tradicionales y la capacidad de autoabastecerse.
Consideraron que dentro de los espacios de encuentro es fundamental permitir el disenso y conversarlo para lograr una visión y unos objetivos comunes, así como lograr una comunicación interna y externa clara que merme el rumor como elemento disociador que puede debilitar el proceso comunitario.
Desde nuestra posición en defensa del territorio, que es nuestra vida misma, consideramos que ésta puede ser una nueva oportunidad para replantear la actuación que han tenido las empresas que vienen desarrollando megaproyectos en nuestros territorios, y las medidas que han adelantado para su implementación.
Reiteramos que un verdadero escenario de justicia implica el ejercicio pleno de nuestros derechos, rebatiendo cualquier intento de imponer un concepto de desarrollo que no recoge el espíritu y la cosmovisión de las comunidades.
Las profundas alteraciones que se han ocasionado en nuestros territorios exigen una reparación integral que redunde en la reparación del alma y en la mitigación del dolor que llevamos dentro.
Por ello, continuaremos fortaleciéndonos y reafirmando la permanencia y protección de nuestros territorios para preservarlos como lo que son, una extensión de nuestros propios cuerpos.
En relación con la coyuntura electoral, presentamos una revisión de los programas de gobierno de los candidatos ganadores en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá y su relación tanto con la construcción de paz territorial como con la implementación del Acuerdo de Paz
Bajo este contexto, este informe recoge diferentes insumos presentados por instituciones oficiales, como el Instituto Kroc para Estudios Internacionales sobre Paz, la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación -CSIVI- y el grupo multipartidista del Congreso, y de organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz -FIP- encargado de acompañar la comisión de Paz del Congreso, la Fundación Paz y Reconciliación - PARES, entre otros, que le hacen seguimiento al Acuerdo de Paz, en diferentes niveles territoriales tanto nacional como regional, con el fin de generar insumos y reflexiones que contribuyan a la materialización de la construcción de paz territorial en Antioquia y en el Valle de Aburrá.
El PND del presidente Duque, a pesar de ser el primero que se da después de la firma del Acuerdo de Paz y que debería incorporar los seis puntos como parte estructural de su plan de gobierno, deja de lado muchas de las medidas establecidas en el Acuerdo, y en cambio propone un enfoque que no reconoce su potencial transformador: El PND 2018-2020 Pacto por Colombia, pacto por la legalidad, está sustentado en la fórmula: legalidad + emprendimiento = equidad; tiene 5 líneas estratégicas, pactos regionales y 13 pactos transversales, uno de ellos llamado construcción de paz
Frente a los mecanismos de seguimiento y verificación de lo pactado, el gobierno ha asumido una posición de desinterés en facilitar su trabajo; Por un lado, la Comisión de Seguimiento y Verificación como instancia en la que se encuentra con la FARC para evaluar el proceso no se articula plenamente y en muchos casos se desconocen sus intervenciones, en cambio, se ha puesto en duda su continuidad por falta de voluntad del gobierno Duque; de igual forma, el componente Internacional de la verificación, integrado por dos notables, los expresidentes José Pepe Mujica y Felipe González se encuentra en riesgo latente de desaparecer.
¿Y la implementación del Acuerdo de paz en los territorios? Como se mencionó anteriormente, la implementación del Acuerdo de paz se materializa en los territorios del país, en especial, en aquellos que han sido más afectados por el conflicto armado.
El municipio de Yondó pertenece al PDET del Sur de Bolívar, y Murindó y Vigía del Fuerte corresponden a PDET de Chocó.
Aunque el programa se ha concentrado en la ayuda inmediata y aumentado progresivamente la cobertura de la asistencia técnica, no ha logrado conectarse con la Reforma Rural Integral —tal y como señalaba el Acuerdo de Paz—, y tiene un déficit notable en la generación de proyectos productivos, los cuales hasta el momento involucran solo a una fracción de las familias
Estas zonas se han ido transformando y se han convertido en escenarios de reconciliación, donde conviven en la cotidianidad excombatientes y población civil en general.
En Antioquia, se encuentran acreditadas 1.356 personas, 342 de ellas se ubicadas en los diferentes ETCR.
El programa de gobierno presentado por Agudelo tiene propuestas relacionadas con la implementación del acuerdo de paz de la Habana y otras acciones de paz territorial tales como: transformación ¡Ahora sí! ciudadana Fortalecer las medidas de prevención y protección a las víctimas en riesgo, líderes sociales y defensores de derechos humanos
Apoyo y acompañamiento a las víctimas que tienen viviendas sin sanear, a fin de que puedan adquirir el derecho real de dominio.
Por lo tanto, la Seguridad Ciudadana hace referencia al respeto de la integridad física, psicológica y social, y la garantía que no sea violentada, ya sea en la privacidad del hogar, en el lugar donde se vive, en lugares de tránsito o en la ciudad que se habita, concepto muy relacionado con la convivencia ciudadana.
Bello es un municipio con amplio accionar de grupos delincuenciales, dichos grupos intimidan continuamente a sus pobladores
Mejoraremos el actuar del Museo Casa de la Memoria como eje central para la recuperación de la memoria y de construcción de Paz
Garantizaremos la oferta institucional para la atención oportuna para la reintegración y reincorporación integral y efectiva de las personas desmovilizadas, en el marco de la cultura de paz territorial, la legalidad, los derechos humanos, la convivencia y la reconciliación Fortalecimiento del Centro de Atención a las Víctimas con acompañamiento jurídico y psicológico; Mecanismos alternativos de resolución de conflictos y acceso a la justicia.
En términos generales podemos afirmar que sus demandas nunca podrán ser satisfechas a través del actual sistema general de seguridad social en salud, pues la lógica bajo la cual este se encuentra concebido carece de mecanismos efectivos para lograr tal propósito.
Asimismo, la impunidad en la resolución de sus casos ha causado y sigue causando un especial sufrimiento para ellas y sus familias, no solo por los daños sufridos, sino además por el miedo a que se repitan hechos similares.
Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual 6 M.P.: María Victoria Calle 7 lineamientos para que el Estado colombiano desarrolle una política pública en salud integral para víctimas del conflicto que contemple una atención con verdaderos efectos reparadores
La Corte Constitucional ordenó en su sentencia T-045 de 2010, con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle, que el Ministerio de Salud debía diseñar e implementar una política de atención en salud.
Tal afirmación la sostiene la autoridad defensorial al advertir que: Corte Constitucional, sentencia T-045 de 2010, M.P.: María Victoria Calle
Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad principios 31-34, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder
Colombia que no puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos, en razón del daño específico generado por la violación y, por lo tanto, no puede entenderse cumplido el deber de reparar integralmente cuando las víctimas no tienen acceso a servicios especiales de salud
Para reforzar la ausencia y negación de la memoria en el MSPS cabe anotar que antes de las sentencias proferidas por la Corte IDH no solo estaban los hechos victimizantes que datan de finales de los años 80 y 90, hechos ampliamente conocidos por la opinión pública, sino también los informes periciales de evaluaciones psicosociales y en salud que daban cuenta del estado mental y psicológico de las víctimas, no hizo nada con ello, como tampoco con los resultados de la evaluación del 2009 los cuales fueron a dar literalmente a la basura.
Así es como ha sido tratada la historia de la salud de las víctimas en los últimos años por parte de los diferentes gobiernos de turno.
La evaluación y diagnóstico realizado por los médicos generales fue superficial y se limitó a aspectos de salud física, a pesar de que las afectadas manifestaron padecer de problemas emocionales.
Contra la Ley Estatutaria de salud, el Plan Nacional de Desarrollo, reafirma el imperio de las EPS y, con este, el modelo de salud como negocio.
Las EPS les adeudan 12 billones; pero antes que obligarlas a pagar, les concedió el ministro Gaviria siete años de gracia para refinanciarse ¡con plata de los colombianos! ¿Creerá él que con este modelo inmoral se construye paz
La consagración legal de los derechos fundamentales a la educación, a la salud, a una vivienda digna, deben articularse con las capacidades habilidades, intereses y expectativas de las víctimas, encaminadas a fortalecer sus capacidades productivas, el entorno familiar y comunitario, la participación y el ejercicio de la ciudadanía para una verdadera incidencia política, componentes que no reflejan un avance significativo que aporte a la disminución de los niveles de pobreza y pobreza extrema
Las razones y comprensiones expuestas en los tres capítulos que nos preceden constituyen la explicación de porqué el sistema de seguridad social y en salud o el sistema de salud a partir de la más reciente ley, no reconocen a las personas, colectivos y comunidades que han sido victimizados en desarrollo del longevo conflicto sociopolítico de nuestro país, por lo tanto, un sistema que no fue concebido para atender y asumir los efectos de la guerra no puede ser el mismo que pretenda atender y reparar a las víctimas; queda claro entre otras, que las modificaciones a la ley 100, que no reformas, tampoco han facilitado la inclusión del sector poblacional más afectado por el conflicto armado, es más, ha contribuido a su revictimización.
Rehabilitación Psicosocial: Medidas de recuperación a nivel individual




El establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición CEV es un avance decidido en los esfuerzos de esclarecimiento y rendición de cuentas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado colombiano.
Esta sistematización fue creada por académicos de la Universidad de Oxford y por organizaciones de la sociedad civil –el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia en Colombia, y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales Andhes en Argentina
Estos incluyen casos de complicidad empresarial con violaciones de los derechos humanos cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC durante el conflicto armado.
Las recomendaciones formuladas buscan impulsar el trabajo de la CEV a fin de revelar una verdad amplia y completa de cómo la complicidad empresarial contribuyó a la grave violación de los derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano.
Este tipo de comisiones, si bien tienen como objetivo principal acercar la verdad a las víctimas y la sociedad en general, también son importantes para establecer políticas de reparación, justicia y no repetición
La información sobre la implementación de estas recomendaciones en los casos mencionados señala que no ha habido mucho progreso en esta materia.
En casos de participación de terceros civiles es difícil encontrar elementos probatorios que encuentren el vínculo directo o indirecto de empresarios en el conflicto armado.
El Grupo de Memoria Histórica GMH documentó el homicidio selectivo de 1.227 líderes comunitarios, 1.495 militantes políticos, 685 sindicalistas y 74 defensores de derechos humanos 10 En su libro Guerras recicladas Ronderos explica esta relación desde el inicio de las autodefensas así: Según testimonios recogidos por el investigador Carlos Medina Gallego, hubo una reunión formal de todos los poderes de Puerto Boyacá para sellar la creación del grupo armado antisubversivo.
Por ello, sugerimos que para el análisis de la inclusión de la complicidad empresarial en su mandato la Comisión no interprete dicho artículo como una referencia que la limite en sus funciones de revelar una verdad amplia sobre dicho fenómeno.
Por esta razón sugerimos que la CEV analice si el Estado colombiano ejerció un debido control o supervisión a las fuerzas armadas y policiales que pudieron haber prestado apoyo a agentes estatales que estaban bajo su control Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, principio 4 y que el Estado colombiano pudo prevenir.
Ello es posible por medio de la formulación de recomendaciones guiadas al fortalecimiento de las entidades reguladoras que debieron actuar en su momento a fin de evitar casos de complicidad empresarial que desencadenen graves violaciones de derechos humanos
Un principio 96 fundamental de dicha Ley es disponer de la documentación organizada, en tal forma que […] sea recuperable para el uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de historia
Tomar en cuenta el impacto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de actividades de complicidad empresarial Como el presente estudio muestra, el impacto generado a los grupos vulnerables como sindicalistas y comunidades locales, tanto indígenas como afrodescendientes, por actividades de agentes económicos se centró en su mayoría en las actividades de agricultura, construcción, comercio/bienes de consumo, financiero, entre otros.
Comunicar de manera periódica a la sociedad colombiana los avances en materia de complicidad empresarial La CEV está facultada para informar periódicamente los avances en sus labores.
Delegar en el comité de seguimiento y monitoreo las recomendaciones de la CEV para que verifique el cumplimiento de aquellas en materia de complicidad empresarial De acuerdo con el Decreto 588 de 2017 se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la CEV


Este capítulo ofrece la autobiografía intelectual de las Escuelas de Perdón y Reconciliación EspErE, propuesta metodológica que ha dado resultados exitosos en su aplicación en diversos escenarios y países, y además da cuenta de los principios que sustentan las lógicas y los propósitos que permitieron su diseño y sustentación.
Todo esto con el propósito de interpretar cómo y en qué medida sus vidas, sus narrativas emocionales-discursivas y sus intercambios sociales se habían desarrollado a partir de las ofensas y agresiones recibidas.
Mientras que la oferta de enmarcamiento, de clasificación permaneció inalterada, se modificó la representación de la personalidad: ya no como sistema integrado de componentes, sino como la encrucijada en la que los discursos narran la experiencia.
El equipo sugirió que era posible el perdón sin la reconciliación y que la reconciliación, sin un mínimo ejercicio de elaboración narrativa acerca del perdón, corría el riesgo de ser frágil, considerando que, al juntar las partes separadas por la agresión sin un proceso previo de construcción de una narrativa alterna, se correría el riesgo de mantener los discursos que acerca de la ofensa alejaban a las partes implicadas en la agresión.
Esto indica que en su conformación metodológica las EspErE se fueron perfilando por la vía del diálogo con los saberes y prácticas relativos a las temáticas y vivencias de los involucrados, tanto académicos como personas agredidas.
Una persona herida se retrae, dedica gran parte de sus energías a tratar de restablecer el equilibrio.
Esta es una concepción orgánica que transfiere la función del terapeuta a los otros y, dentro de los otros, al propio sujeto de la clínica.En las EspErE el terapeuta no se encuentra instituido y tampoco la víctima.
Si los discursos acerca de una ofensa guardan cierta similitud, independientemente de la cultura y la formación de quien los elabore, y si las EspErE se proponen como el contexto en que estas narrativas se intercambian, es preciso aclarar de qué tipos de ordenamientos se trata
La fuerza de la implicación moral de la ofensa ya no radica en el individuo; ahora la justicia, en nombre de lo colectivo, expropia a la víctima
Habría que aclarar cómo se hace necesaria una arqueología que reconstruya la manera en que la rabia, el odio, el resentimiento y el deseo de venganza se constituyen en la historia.Al respecto de la diferenciación entre lo íntimo y lo público, es determinante la reconstrucción del entrecruzamiento de dos tipos de funcionarios: terapeutas y jueces
Los discursos que fijan la ofensa en lo más concreto del cuerpo encuentran una vía de drenaje, son nombrados, y las nuevas narrativas propuestas por las EspErE, en este momento, construyen posibles rutas de expresión, en la circularidad que devuelve del cuerpo a la palabra los registros físicos de la ofensa.Si el acto, la ofensa, circula del hecho al cuerpo, en la imposible conexión de sentido posterior a la ofensa, el propósito de la puesta en común, de la publicación de la herida, consiste en traer a la palabra la fuerza que debilita.
En el espejo, el ojo busca la lectura que hace posible para el cuerpo, que se mira, identificar la presencia de su ser.
Recrear al otro en la imaginación es una invitación al desarrollo de nuevas narrativas.
De nuevo, el cuerpo está invitado a desdoblar la imagen del recuerdo en la imagen del porvenir, memoria actualizada que el taller propone a los participantes durante la relajación, trabajando acostados sobre una colchoneta, mientras el facilitador guía la sesión acompañado de música apropiada.
La compasión es la respuesta de solidaridad de un corazón noble hacia la otra persona.


4 Ríos fue uno de los primeros proyectos de comunicación del país que se interesó en dinamizar la memoria del conflicto armado en espacios virtuales.
Según su director, Élder Tobar, la idea surgió en 2012, cuando él trabajaba como capacitador en herramientas digitales en regiones rurales del país y, al tiempo, era el productor del Festival de Cine Comunitario Ojo al Sancocho, con el interés de asociar lo comunitario con lo digital comencé a pensar en un proyecto que se enfocara en tratar de explicar de forma distinta hechos relacionados con el conflicto armado, dijo.
El primer proyecto narrativo que realizó el equipo de 4 Ríos fue sobre la masacre en la región del río Naya, que perpetraron paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, entre 10 y el 13 de agosto de 2001, cuando asesinaron a 46 personas, la mayoría indígenas
En esta narración, el equipo apostó por un cómic interactivo en el que el visitante puede decir la manera en la que se adentra a la historia.
En este primer relato los realizadores se acercaron a una propuesta narrativa y artística que pocas veces había sido utilizada en Colombia para hablar de los efectos del conflicto, iniciamos el proceso en el 2013 y lo terminamos en el 2016.
Lo hicimos desde una perspectiva de experimentación, pues en aquél momento, en el campo de la memoria, era novedoso contar desde el cómic y para una versión de experiencia virtual, por eso, nos llevó tres años, explicó Tobar.
Con esa experiencia sobre la masacre del Naya el equipo de 4 Ríos entendió que su propuesta de memoria debía estar dirigida a habitantes de las ciudades colombianas, especialmente jóvenes, que no sufrieron directamente hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.
Nos interesa hablar de una memoria que conmueva porque la información básica está en todos lados: en libros, en portales, en periódicos, en noticieros, pero la emotividad se puede lograr es en ejercicios artísticos como este, afirma Tobar.
En la realización del relato de la masacre del Naya participaron once personas entre diseñadores, programadores, realizadores audiovisuales e investigadores sociales.
En esa primera experiencia narrativa el equipo tuvo como punto de partida una fuerte investigación documental sobre los sucesos que quería narrar, en la que se acercaron a la información de prensa, a las investigaciones académicas que se habían desarrollado al respecto y a la información judicial disponible y, posteriormente, se fortaleció con trabajo de campo y entrevistas a las personas que sobrevivieron a la masacre.

Por otra parte, desde el GTA se ha hecho un seguimiento constante al proceso de descongestión de los conflictos de competencia entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación, proceso en el que el Consejo Superior de la Judicatura había adquirido unos compromisos específicos para disminuir los tiempos de decisión de los conflictos pendientes. Gracias a este ejercicio se registra una disminución de los procesos pendientes de definición de competencias entre Justicia Penal Militar y Fiscalía General de la Nación, en sede de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Con ocasión de estos ejercicios de coordinación esta entidad ha iniciado instrucciones relacionadas principalmente con la necesidad de respetar el trabajo de la policía judicial siempre que se produzca una muerte en combate. A través de esta directiva se crea un comité de seguimiento para monitorear el tema de homicidio en persona protegida. Directiva 19. Estricta colaboración con investigaciones penales y disciplinarias en materia probatoria y aplicación del carácter restrictivo del fuero penal militar

Además del presupuesto ya ejecutado, se debe considerar la posibilidad de generar nuevos recursos de inversión para vigencias futuras que permitan darle continuidad a los esfuerzos de coordinación interinstitucional, renovación tecnológica e innovación, que contribuyan al fortalecimiento institucional en el largo plazo.

La Política debe prioritariamente articularse con las acciones de prevención incluidas en políticas relacionadas, pues uno de los factores determinantes para las reformulaciones de proyectos o los cambios de prioridades de intervención de proyectos específicos es la creciente demanda a la que se enfrenta el sistema, especialmente en materia de víctimas. Aunque el aumento de la demanda puede ser explicado por múltiples razones –como la expedición de una norma, la ocurrencia de un evento coyuntural o un retraso histórico–, un elemento determinante que debe estar incluido en cualquier política pública es el factor de la prevención. Es necesario que una Política de Lucha Contra la Impunidad ataque las causas de la misma, de modo tal que se evite la ocurrencia de hechos que den origen a las necesidades de investigación, juzgamiento y sanción, por lo cual es urgente su articulación con las políticas existentes o la creación de líneas de acción propias dentro de la Política que nos ocupa.

Corporación AVRE Este documento se ha realizado con el apoyo financiero de la obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo –Misereor– y del Fondo de contribuciones Voluntarias de las naciones Unidas para las Víctimas de la tortura.

El objetivo del Encuentro Nacional fue contribuir al reconocimiento del lugar del enfoque psicosocial en procesos colectivos orientados a afrontar afectaciones derivadas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la imposición de megaproyectos.

Y cierran con el Comunicado Conjunto suscrito por organizaciones y movimientos, en que manifiestan sus consideraciones, reclaman sus derechos y exigen ser tenidos en cuenta ante las exigencias del contexto actual que los convoca.

Algunos de estos instrumentos de referencia son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El conflicto armado les ha permitido a las empresas generar condiciones para el posicionamiento de sus proyectos, a un costo humano demasiado alto.

Los cambios en la forma de estar y de sentir el territorio comenzaron a evidenciarse cuando se rompió la lógica de propiedad, la cual está dada no por el reconocimiento de un tercero en términos legales, sino por la vivencia y el reconocimiento de algo como propio.

La imposición de megaproyectos ha ido en detrimento de valores como la cooperación y la solidaridad, que se expresaban en prácticas como el trueque de productos alimenticios, el cual ya no es posible desarrollar debido a que la pérdida de la vocación y de la productividad agrícola de muchas comunidades ha llevado a que ya no tengan un producto propio que puedan intercambiar.

Para los Emberá, en el mundo de abajo están las venas de la madre tierra, que para el capitalismo es el petróleo.

Aunque la población afro comparte ciertas expresiones de territorialidad con la población indígena —lo que les permite fundar algunas alianzas inter-étnicas que establezcan reglas de cómo sus territorios pueden ser ocupados—, en la cosmovisión afro la minería es una representación del diablo.

Este fortalecimiento ha comprometido el rescate de elementos propios de la cultura campesina de las comunidades, tales como la conservación de semillas autóctonas, la práctica de métodos de producción agrícola tradicionales y la capacidad de autoabastecerse.

Consideraron que dentro de los espacios de encuentro es fundamental permitir el disenso y conversarlo para lograr una visión y unos objetivos comunes, así como lograr una comunicación interna y externa clara que merme el rumor como elemento disociador que puede debilitar el proceso comunitario.

Desde nuestra posición en defensa del territorio, que es nuestra vida misma, consideramos que ésta puede ser una nueva oportunidad para replantear la actuación que han tenido las empresas que vienen desarrollando megaproyectos en nuestros territorios, y las medidas que han adelantado para su implementación.

Reiteramos que un verdadero escenario de justicia implica el ejercicio pleno de nuestros derechos, rebatiendo cualquier intento de imponer un concepto de desarrollo que no recoge el espíritu y la cosmovisión de las comunidades.

Las profundas alteraciones que se han ocasionado en nuestros territorios exigen una reparación integral que redunde en la reparación del alma y en la mitigación del dolor que llevamos dentro.

Por ello, continuaremos fortaleciéndonos y reafirmando la permanencia y protección de nuestros territorios para preservarlos como lo que son, una extensión de nuestros propios cuerpos.

En relación con la coyuntura electoral, presentamos una revisión de los programas de gobierno de los candidatos ganadores en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá y su relación tanto con la construcción de paz territorial como con la implementación del Acuerdo de Paz

Bajo este contexto, este informe recoge diferentes insumos presentados por instituciones oficiales, como el Instituto Kroc para Estudios Internacionales sobre Paz, la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación -CSIVI- y el grupo multipartidista del Congreso, y de organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz -FIP- encargado de acompañar la comisión de Paz del Congreso, la Fundación Paz y Reconciliación - PARES, entre otros, que le hacen seguimiento al Acuerdo de Paz, en diferentes niveles territoriales tanto nacional como regional, con el fin de generar insumos y reflexiones que contribuyan a la materialización de la construcción de paz territorial en Antioquia y en el Valle de Aburrá.

El PND del presidente Duque, a pesar de ser el primero que se da después de la firma del Acuerdo de Paz y que debería incorporar los seis puntos como parte estructural de su plan de gobierno, deja de lado muchas de las medidas establecidas en el Acuerdo, y en cambio propone un enfoque que no reconoce su potencial transformador: El PND 2018-2020 Pacto por Colombia, pacto por la legalidad, está sustentado en la fórmula: legalidad + emprendimiento = equidad; tiene 5 líneas estratégicas, pactos regionales y 13 pactos transversales, uno de ellos llamado construcción de paz

Frente a los mecanismos de seguimiento y verificación de lo pactado, el gobierno ha asumido una posición de desinterés en facilitar su trabajo; Por un lado, la Comisión de Seguimiento y Verificación como instancia en la que se encuentra con la FARC para evaluar el proceso no se articula plenamente y en muchos casos se desconocen sus intervenciones, en cambio, se ha puesto en duda su continuidad por falta de voluntad del gobierno Duque; de igual forma, el componente Internacional de la verificación, integrado por dos notables, los expresidentes José Pepe Mujica y Felipe González se encuentra en riesgo latente de desaparecer.

¿Y la implementación del Acuerdo de paz en los territorios? Como se mencionó anteriormente, la implementación del Acuerdo de paz se materializa en los territorios del país, en especial, en aquellos que han sido más afectados por el conflicto armado.

El municipio de Yondó pertenece al PDET del Sur de Bolívar, y Murindó y Vigía del Fuerte corresponden a PDET de Chocó.

Aunque el programa se ha concentrado en la ayuda inmediata y aumentado progresivamente la cobertura de la asistencia técnica, no ha logrado conectarse con la Reforma Rural Integral —tal y como señalaba el Acuerdo de Paz—, y tiene un déficit notable en la generación de proyectos productivos, los cuales hasta el momento involucran solo a una fracción de las familias

Estas zonas se han ido transformando y se han convertido en escenarios de reconciliación, donde conviven en la cotidianidad excombatientes y población civil en general.

En Antioquia, se encuentran acreditadas 1.356 personas, 342 de ellas se ubicadas en los diferentes ETCR.

El programa de gobierno presentado por Agudelo tiene propuestas relacionadas con la implementación del acuerdo de paz de la Habana y otras acciones de paz territorial tales como: transformación ¡Ahora sí! ciudadana Fortalecer las medidas de prevención y protección a las víctimas en riesgo, líderes sociales y defensores de derechos humanos

Apoyo y acompañamiento a las víctimas que tienen viviendas sin sanear, a fin de que puedan adquirir el derecho real de dominio.

Por lo tanto, la Seguridad Ciudadana hace referencia al respeto de la integridad física, psicológica y social, y la garantía que no sea violentada, ya sea en la privacidad del hogar, en el lugar donde se vive, en lugares de tránsito o en la ciudad que se habita, concepto muy relacionado con la convivencia ciudadana.

Bello es un municipio con amplio accionar de grupos delincuenciales, dichos grupos intimidan continuamente a sus pobladores

Mejoraremos el actuar del Museo Casa de la Memoria como eje central para la recuperación de la memoria y de construcción de Paz

Garantizaremos la oferta institucional para la atención oportuna para la reintegración y reincorporación integral y efectiva de las personas desmovilizadas, en el marco de la cultura de paz territorial, la legalidad, los derechos humanos, la convivencia y la reconciliación Fortalecimiento del Centro de Atención a las Víctimas con acompañamiento jurídico y psicológico; Mecanismos alternativos de resolución de conflictos y acceso a la justicia.

En términos generales podemos afirmar que sus demandas nunca podrán ser satisfechas a través del actual sistema general de seguridad social en salud, pues la lógica bajo la cual este se encuentra concebido carece de mecanismos efectivos para lograr tal propósito.

Asimismo, la impunidad en la resolución de sus casos ha causado y sigue causando un especial sufrimiento para ellas y sus familias, no solo por los daños sufridos, sino además por el miedo a que se repitan hechos similares.

Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual 6 M.P.: María Victoria Calle 7 lineamientos para que el Estado colombiano desarrolle una política pública en salud integral para víctimas del conflicto que contemple una atención con verdaderos efectos reparadores

La Corte Constitucional ordenó en su sentencia T-045 de 2010, con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle, que el Ministerio de Salud debía diseñar e implementar una política de atención en salud.

Tal afirmación la sostiene la autoridad defensorial al advertir que: Corte Constitucional, sentencia T-045 de 2010, M.P.: María Victoria Calle

Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad principios 31-34, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder

Colombia que no puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos, en razón del daño específico generado por la violación y, por lo tanto, no puede entenderse cumplido el deber de reparar integralmente cuando las víctimas no tienen acceso a servicios especiales de salud

Para reforzar la ausencia y negación de la memoria en el MSPS cabe anotar que antes de las sentencias proferidas por la Corte IDH no solo estaban los hechos victimizantes que datan de finales de los años 80 y 90, hechos ampliamente conocidos por la opinión pública, sino también los informes periciales de evaluaciones psicosociales y en salud que daban cuenta del estado mental y psicológico de las víctimas, no hizo nada con ello, como tampoco con los resultados de la evaluación del 2009 los cuales fueron a dar literalmente a la basura.

Así es como ha sido tratada la historia de la salud de las víctimas en los últimos años por parte de los diferentes gobiernos de turno.

La evaluación y diagnóstico realizado por los médicos generales fue superficial y se limitó a aspectos de salud física, a pesar de que las afectadas manifestaron padecer de problemas emocionales.

Contra la Ley Estatutaria de salud, el Plan Nacional de Desarrollo, reafirma el imperio de las EPS y, con este, el modelo de salud como negocio.

Las EPS les adeudan 12 billones; pero antes que obligarlas a pagar, les concedió el ministro Gaviria siete años de gracia para refinanciarse ¡con plata de los colombianos! ¿Creerá él que con este modelo inmoral se construye paz

La consagración legal de los derechos fundamentales a la educación, a la salud, a una vivienda digna, deben articularse con las capacidades habilidades, intereses y expectativas de las víctimas, encaminadas a fortalecer sus capacidades productivas, el entorno familiar y comunitario, la participación y el ejercicio de la ciudadanía para una verdadera incidencia política, componentes que no reflejan un avance significativo que aporte a la disminución de los niveles de pobreza y pobreza extrema

Las razones y comprensiones expuestas en los tres capítulos que nos preceden constituyen la explicación de porqué el sistema de seguridad social y en salud o el sistema de salud a partir de la más reciente ley, no reconocen a las personas, colectivos y comunidades que han sido victimizados en desarrollo del longevo conflicto sociopolítico de nuestro país, por lo tanto, un sistema que no fue concebido para atender y asumir los efectos de la guerra no puede ser el mismo que pretenda atender y reparar a las víctimas; queda claro entre otras, que las modificaciones a la ley 100, que no reformas, tampoco han facilitado la inclusión del sector poblacional más afectado por el conflicto armado, es más, ha contribuido a su revictimización.

Rehabilitación Psicosocial: Medidas de recuperación a nivel individual

El establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición CEV es un avance decidido en los esfuerzos de esclarecimiento y rendición de cuentas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado colombiano.

Esta sistematización fue creada por académicos de la Universidad de Oxford y por organizaciones de la sociedad civil –el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia en Colombia, y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales Andhes en Argentina

Estos incluyen casos de complicidad empresarial con violaciones de los derechos humanos cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC durante el conflicto armado.

Las recomendaciones formuladas buscan impulsar el trabajo de la CEV a fin de revelar una verdad amplia y completa de cómo la complicidad empresarial contribuyó a la grave violación de los derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano.

Este tipo de comisiones, si bien tienen como objetivo principal acercar la verdad a las víctimas y la sociedad en general, también son importantes para establecer políticas de reparación, justicia y no repetición

La información sobre la implementación de estas recomendaciones en los casos mencionados señala que no ha habido mucho progreso en esta materia.

En casos de participación de terceros civiles es difícil encontrar elementos probatorios que encuentren el vínculo directo o indirecto de empresarios en el conflicto armado.

El Grupo de Memoria Histórica GMH documentó el homicidio selectivo de 1.227 líderes comunitarios, 1.495 militantes políticos, 685 sindicalistas y 74 defensores de derechos humanos 10 En su libro Guerras recicladas Ronderos explica esta relación desde el inicio de las autodefensas así: Según testimonios recogidos por el investigador Carlos Medina Gallego, hubo una reunión formal de todos los poderes de Puerto Boyacá para sellar la creación del grupo armado antisubversivo.

Por ello, sugerimos que para el análisis de la inclusión de la complicidad empresarial en su mandato la Comisión no interprete dicho artículo como una referencia que la limite en sus funciones de revelar una verdad amplia sobre dicho fenómeno.

Por esta razón sugerimos que la CEV analice si el Estado colombiano ejerció un debido control o supervisión a las fuerzas armadas y policiales que pudieron haber prestado apoyo a agentes estatales que estaban bajo su control Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, principio 4 y que el Estado colombiano pudo prevenir.

Ello es posible por medio de la formulación de recomendaciones guiadas al fortalecimiento de las entidades reguladoras que debieron actuar en su momento a fin de evitar casos de complicidad empresarial que desencadenen graves violaciones de derechos humanos

Un principio 96 fundamental de dicha Ley es disponer de la documentación organizada, en tal forma que […] sea recuperable para el uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de historia

Tomar en cuenta el impacto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de actividades de complicidad empresarial Como el presente estudio muestra, el impacto generado a los grupos vulnerables como sindicalistas y comunidades locales, tanto indígenas como afrodescendientes, por actividades de agentes económicos se centró en su mayoría en las actividades de agricultura, construcción, comercio/bienes de consumo, financiero, entre otros.

Comunicar de manera periódica a la sociedad colombiana los avances en materia de complicidad empresarial La CEV está facultada para informar periódicamente los avances en sus labores.

Delegar en el comité de seguimiento y monitoreo las recomendaciones de la CEV para que verifique el cumplimiento de aquellas en materia de complicidad empresarial De acuerdo con el Decreto 588 de 2017 se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la CEV

Este capítulo ofrece la autobiografía intelectual de las Escuelas de Perdón y Reconciliación EspErE, propuesta metodológica que ha dado resultados exitosos en su aplicación en diversos escenarios y países, y además da cuenta de los principios que sustentan las lógicas y los propósitos que permitieron su diseño y sustentación.

Todo esto con el propósito de interpretar cómo y en qué medida sus vidas, sus narrativas emocionales-discursivas y sus intercambios sociales se habían desarrollado a partir de las ofensas y agresiones recibidas.

Mientras que la oferta de enmarcamiento, de clasificación permaneció inalterada, se modificó la representación de la personalidad: ya no como sistema integrado de componentes, sino como la encrucijada en la que los discursos narran la experiencia.

El equipo sugirió que era posible el perdón sin la reconciliación y que la reconciliación, sin un mínimo ejercicio de elaboración narrativa acerca del perdón, corría el riesgo de ser frágil, considerando que, al juntar las partes separadas por la agresión sin un proceso previo de construcción de una narrativa alterna, se correría el riesgo de mantener los discursos que acerca de la ofensa alejaban a las partes implicadas en la agresión.

Esto indica que en su conformación metodológica las EspErE se fueron perfilando por la vía del diálogo con los saberes y prácticas relativos a las temáticas y vivencias de los involucrados, tanto académicos como personas agredidas.

Una persona herida se retrae, dedica gran parte de sus energías a tratar de restablecer el equilibrio.

Esta es una concepción orgánica que transfiere la función del terapeuta a los otros y, dentro de los otros, al propio sujeto de la clínica.En las EspErE el terapeuta no se encuentra instituido y tampoco la víctima.

Si los discursos acerca de una ofensa guardan cierta similitud, independientemente de la cultura y la formación de quien los elabore, y si las EspErE se proponen como el contexto en que estas narrativas se intercambian, es preciso aclarar de qué tipos de ordenamientos se trata

La fuerza de la implicación moral de la ofensa ya no radica en el individuo; ahora la justicia, en nombre de lo colectivo, expropia a la víctima

Habría que aclarar cómo se hace necesaria una arqueología que reconstruya la manera en que la rabia, el odio, el resentimiento y el deseo de venganza se constituyen en la historia.Al respecto de la diferenciación entre lo íntimo y lo público, es determinante la reconstrucción del entrecruzamiento de dos tipos de funcionarios: terapeutas y jueces

Los discursos que fijan la ofensa en lo más concreto del cuerpo encuentran una vía de drenaje, son nombrados, y las nuevas narrativas propuestas por las EspErE, en este momento, construyen posibles rutas de expresión, en la circularidad que devuelve del cuerpo a la palabra los registros físicos de la ofensa.Si el acto, la ofensa, circula del hecho al cuerpo, en la imposible conexión de sentido posterior a la ofensa, el propósito de la puesta en común, de la publicación de la herida, consiste en traer a la palabra la fuerza que debilita.

En el espejo, el ojo busca la lectura que hace posible para el cuerpo, que se mira, identificar la presencia de su ser.

Recrear al otro en la imaginación es una invitación al desarrollo de nuevas narrativas.

De nuevo, el cuerpo está invitado a desdoblar la imagen del recuerdo en la imagen del porvenir, memoria actualizada que el taller propone a los participantes durante la relajación, trabajando acostados sobre una colchoneta, mientras el facilitador guía la sesión acompañado de música apropiada.

La compasión es la respuesta de solidaridad de un corazón noble hacia la otra persona.

4 Ríos fue uno de los primeros proyectos de comunicación del país que se interesó en dinamizar la memoria del conflicto armado en espacios virtuales.

Según su director, Élder Tobar, la idea surgió en 2012, cuando él trabajaba como capacitador en herramientas digitales en regiones rurales del país y, al tiempo, era el productor del Festival de Cine Comunitario Ojo al Sancocho, con el interés de asociar lo comunitario con lo digital comencé a pensar en un proyecto que se enfocara en tratar de explicar de forma distinta hechos relacionados con el conflicto armado, dijo.

El primer proyecto narrativo que realizó el equipo de 4 Ríos fue sobre la masacre en la región del río Naya, que perpetraron paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, entre 10 y el 13 de agosto de 2001, cuando asesinaron a 46 personas, la mayoría indígenas

En esta narración, el equipo apostó por un cómic interactivo en el que el visitante puede decir la manera en la que se adentra a la historia.

En este primer relato los realizadores se acercaron a una propuesta narrativa y artística que pocas veces había sido utilizada en Colombia para hablar de los efectos del conflicto, iniciamos el proceso en el 2013 y lo terminamos en el 2016.

Lo hicimos desde una perspectiva de experimentación, pues en aquél momento, en el campo de la memoria, era novedoso contar desde el cómic y para una versión de experiencia virtual, por eso, nos llevó tres años, explicó Tobar.

Con esa experiencia sobre la masacre del Naya el equipo de 4 Ríos entendió que su propuesta de memoria debía estar dirigida a habitantes de las ciudades colombianas, especialmente jóvenes, que no sufrieron directamente hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.

Nos interesa hablar de una memoria que conmueva porque la información básica está en todos lados: en libros, en portales, en periódicos, en noticieros, pero la emotividad se puede lograr es en ejercicios artísticos como este, afirma Tobar.

En la realización del relato de la masacre del Naya participaron once personas entre diseñadores, programadores, realizadores audiovisuales e investigadores sociales.

En esa primera experiencia narrativa el equipo tuvo como punto de partida una fuerte investigación documental sobre los sucesos que quería narrar, en la que se acercaron a la información de prensa, a las investigaciones académicas que se habían desarrollado al respecto y a la información judicial disponible y, posteriormente, se fortaleció con trabajo de campo y entrevistas a las personas que sobrevivieron a la masacre.