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De ese proyecto de narrativa transmedia sobre la masacre del Naya, el equipo de 4 Ríos ha presentado una serie de productos, entre los que se destaca el documental interactivo que se puede consultar en su página , una versión clásica del mismo que está en etapa de circulación y una experiencia de realidad aumentada que han llevado por diferentes escenarios en el país.
Para Tobar, el aporte de 4 Ríos en relatos como la masacre del Naya está en que, como bien lo pudo verificar en la investigación documental, a pesar de que hay muchos relatos e investigaciones sobre el tema, las estadísticas o las descripciones que estas ofrecen, ponen al lector como un espectador del relato y no lo involucran emocionalmente con las personas que sufrieron determinadas situaciones.
En cambio, su propuesta implica que el público se comprometa en la construcción del relato, se pongan en los zapatos de quienes han sufrido la guerra desde una plataforma de realidad ampliada y se hagan preguntas que les permitan reflexionar lo que ha pasado en nuestro país, dijo.
Ahora, el equipo de 4 Ríos espera continuar con proyectos similares al del Naya.
Su objetivo es poder contar las historias de situaciones como las que se vivieron en Bojayá, en el barrio la Chinita de Apartadó o la masacre del Salado.
Acompañamiento a víctimas y organizaciones de víctimas en el proceso de activación y seguimiento en la ruta de protección.
Este plan comprende un acuerdo para la evaluación del riesgo, planes de vinculación organizacional, acompañamiento e identificación de la necesidad de atención psicosocial, control sobre los soportes que presenten los beneficiarios, e informes finales.
Entidad remisora: Puede ser cualquier organización cuyo trabajo esté relacionado con la defensa de derechos humanos, intereses sociales y búsqueda de la paz.
Entidad administradora: Tiene a su cargo el funcionamiento administrativo y contable del FFP, además de la orientación de la secretaría técnica.
Le corresponde la puesta en marcha de las ayudas aprobadas buscando el logro de los objetivos propuestos en seguridad y protección para las personas y organizaciones beneficiadas.
La presentación de las solicitudes al FFP la realiza la entidad remisora, por escrito a través de las entidades aval.
La entidad remisora debe ser reconocida ampliamente por su trabajo en derechos humanos, paz e intereses sociales; su relación con el solicitante le debe permitir conocer el contexto del caso.
La entidad remisora presenta por escrito la solicitud de ayuda a las entidades aval CAPS ILSA Justapaz Humanidad Vigente
En caso de que se deba transferir a otra persona, debe anexarse autorización para la entrega del desembolso y cédula de ciudadanía de la persona autorizada.
Como requisito para entregar el último desembolso, la entidad remisora debe presentar un informe final que exponga la situación de seguridad del beneficiario, las perspectivas de estabilización y el impacto de la ayuda
Posterior a la ayuda recibida comentar como continuará, el/la o los/las beneficiarios/as, su trabajo y su vida teniendo en cuenta la evaluación hecha de su situación de seguridad.
De la democracia representativa a la democracia participativa La Constitución de 1886 estaba diseñada para una democracia representativa, donde el ciudadano, con su voto, delegaba en un candidato el poder de decidir sobre todas las funciones públicas que eran de su competencia.Antes de la Constitución de 1991, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en el seguimiento y evaluación de la gestión de los funcionarios y de las entidades públicas se limitaba, en el mejor de los casos, a elegir a sus representantes.
Protección al espacio público: se debe proteger el espacio de uso común que satisfacen las necesidades colectivas superando los intereses individuales.
Derecho a la paz: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento clasificado según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un derecho colectivo y por ello, busca incentivar el progreso y elevar el nivel de vida de los pueblos en el marco de la igualdad jurídica
En la misma medida, en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de Estados que aportan al desarrollo del DIH.
Hacer respetar significa que los Estados, estén participando en un conflicto o no, deben tomar todas las medidas posibles para garantizar que las normas sean respetadas por todos y, en particular, por las partes en conflicto.
Por ejemplo, las normas internacionales de los derechos humanos dicen que no pueden menores de edad hacer parte de la guerra y Colombia acogió esta norma en 1999 y es prohibido que en el Ejército colombiano los menores de 18 años presten el servicio militar; para el grupo que viole las normas del derecho internacional humanitario, el código penal tipificó unos delitos especiales denominados Delitos Contra Personas y Bienes Protegidos por el DIH.
No se deben iniciar acciones de tutela temerarias, esto es que no buscan proteger efectivamente un derecho fundamental, porque quien así actúa podrá ser sancionado con multas
La denuncia penal De acuerdo con la Constitución y el actual funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, las denuncias penales por delitos que afectan los Derechos 23 CONSTRUYENDO POLÍTICAS DE PAZ Y DE DERECHOS HUMANOS personas pueden solicitar cualquier tipo de información a las autoridades y funcionarios públicos, y pedir explicaciones por el no cumplimiento de normas y de decisiones administrativas, reclamar la protección de sus derechos y demandar la prestación de servicios.
Entre los factores que convierten a una persona o a un grupo en vulnerable están la falta de igualdad de oportunidades, la desnutrición, la enfermedad, la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas y acceder a los servicios públicos, la marginación, y el conflicto armado.
Los adultos mayores tienen, por ser población vulnerable, el derecho de ser asistidos y cuidados por la sociedad.
Esta situación más la creencia que el adulto muere en vida, genera subvaloración para el anciano.
La falta de canales de participación generó un sentimiento de exclusión y apatía entre la ciudadanía, que con el tiempo se fue convirtiendo en incredulidad y distanciamiento de los colombianos frente a la política, las instituciones y los gobernantes.La figura de la democracia participativa empezó a regir en Colombia con la Constitución de 1991, que consideró, que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo que es la máxima autoridad, de la cual emana el poder público, y que éste la puede ejercer en forma 11 CONSTRUYENDO POLÍTICAS DE PAZ Y DE DERECHOS HUMANOS directa o por medio de sus representantes o mandatarios.Uno de los objetivos de la Constitución Política de 1991 fue ampliar los principios y mecanismos para el ejercicio de la democracia y crear las Asamblea Nacional Constituyente.
Entre los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia se destacan los Derechos civiles y políticos, los Derechos económicos, sociales y culturales y los Derechos colectivos y del medio ambiente.
Derecho libre desarrollo de la personalidad: todas las personas tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen el derecho de los demás • se prohíbe la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos en todas sus formas, la libertad física o individual es inconciliable con la esclavitud cualquiera que sea la forma que tome.
Libertad de expresión: todas las personas pueden expresar y difundir su pensamiento y opiniones, por cualquier medio aunque puede haber responsabilidad posterior por los daños o delitos causados.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha informado que en los dos primeros meses de 2018 van 22 casos líderes asesinados en el país, de estos 4 en Antioquia
Un primer texto aborda la necesidad de actualizar el movimiento de derechos humanos en territorios situados para la construcción participativa de una agenda en derechos humanos para su incorporación en las políticas públicas, con el objeto de que contribuya a la promoción de las organizaciones sociales de los municipios del Valle de Aburrá
Profundizando en la coerción extorsiva, el crimen organizado y las políticas públicas, para continuar la discusión frente al control de los territorios, el segundo artículo presenta los resultados de investigación en el artículo Las fronteras en Medellín: realidad y ficción de la seguridad pública que parte de la pregunta sobre si el campo de fronteras forzadas define la estructura y el marco social en el que opera la coerción extorsiva, en el que se forma el mercado de desconfianza que acompaña el mercado de protección violenta y en el que se propician las acciones que lo retroalimentan
Seguridad, justicia y construcción de paz democracia para la Estrategias transversales de las que vale resaltar el peso de la 4.
En segundo lugar, juega un papel relevante en este contexto, el Plan integral de desarrollo Metropolitano PIDM el cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA en desarrollo de sus funciones y en atención a las leyes 152 de 1994 y 128 de 1994, debe elaborar y ejecutar; y, cuyo objetivo general es: establecer un marco estratégico general con visión metropolitana y regional integrada para dirigir, programar y coordinar el desarrollo sostenible del territorio bajo su jurisdicción.
¿Cómo se promueven las organizaciones sociales de su municipio en las políticas públicas que se aplican actualmente? Caracterización general del Valle de Aburrá Conformación geográfica y ubicación
Según las proyecciones del Plan Director BIO 2030 se espera que para el 2030 los municipios del Valle de Aburrá aumenten su población en un lo que significaría al menos 612.700 nuevos habitantes que demandarán bienes y servicios; la mayoría de ellos se espera ocupen las zonas urbanas
El municipio de Bello no solo es importante por su cercanía a Medellín y por la facilidad de intercambios comerciales, que esa proximidad geográfica facilita, sino porque cuenta con un jugoso presupuesto anual de 350.000 millones de pesos.
La participación política de las mujeres es un indicador de democracia y modifica estereotipos sexistas.
Los problemas de la Vivienda se centran en su calidad, según el índice cualitativo; el cual indica la cantidad de viviendas que son susceptibles de adecuaciones con el fin de alcanzar los estándares de habitabilidad, más que la cobertura de las mismas, que de acuerdo al índice cuantitativo, hace referencia a la cantidad de viviendas nuevas a construir para cada uno de los municipios del Valle de Aburrá.
Los municipios que tienen un mayor déficit cualitativo de vivienda, expresado en porcentaje, son: Barbosa nuevamente el más alto, seguido de Medellín y Bello que empatan con
Indudablemente, los Diálogos de paz de la Habana entre el Gobierno y las Farc-Ep han colocado a los colombianos y las colombianas en un lugar muy especial; porque después de cincuenta y dos años de una guerra permanente se ha tenido la posibilidad de comenzar a pensar, de manera concreta, en que sí se puede conversar y recuperar la palabra como el corazón movilizador de las transformaciones que se requieren para lograr, a corto, mediano y largo plazo, una paz estable y duradera con y para todas y todos: el aporte a la paz que han significado los Acuerdos logrados y los diálogos que van 34 Los coloquios y sus despliegues para la construcción de la agenda en derechos humanos Teniendo en cuenta la recuperación, en clave de derechos humanos, que se hizo del Plan de gestión 2016-2019: territorios integrados del Área metropolitana del Valle de Aburrá, la construcción de la agenda en derechos humanos para su incorporación en las políticas públicas y contribuyente a la promoción de organizaciones sociales de los diez municipios del Valle del Aburrá, tuvo como su mayor desafío el reconocer que, efectivamente, dicha promoción de las organizaciones sociales en los municipios de la subregión ha sido un hecho casi nulo.
Algo es claro: no es pertinente seguir pensando del mismo modo que se hacía, cuando la decisión final, en general, la tenía la guerra.
Comprender los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y la seguridad, en este nuevo contexto, pasa por medir los avances o retrocesos de los problemas con enfoque de derechos y desde sujetos con necesidades reales; y, no desde sujetos frente a los que la gestión pública responde con ofertas que le parece son las adecuadas, sin importarle lo que demandan la gente y los territorios.
Una arista de reflexión que es necesario abordar tiene relación con cómo ver la construcción de democracia o los problemas que han dejado, para la configuración de democracia, estas cuatro décadas de un modelo que le ha dado el poder a las grandes corporaciones transnacionales.




El presente informe solamente se refiere a la Política contenida en el CONPES 3411 y se concentra en la presentación de los resultados de las acciones contenidas en dicho documento. Con todo, para comprender la verdadera dimensión de lo realizado en la lucha contra la impunidad, sería necesario repasar los avances de las políticas mencionadas en el párrafo anterior y entender todo lo que ha pasado en este período 2006‐2008 en el país, en especial lo relacionado con: Aunque la mayoría de éstos se encuentran en un estado de avance significativo en su ejecución física y presupuestal, existen algunos que aún están en fase de reformulación o que 5 Proyectos
Finalmente, es un ejemplo de coordinación el Proyecto 17, en el cual el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Procuraduría, con la colaboración del PLCI, han realizado acciones conjuntas para reformular un proyecto que, tal como estaba planteado inicialmente, no tenía un impacto significativo en la planificación integrada de diligencias en las organizaciones del Sistema de Justicia Penal y el Sistema de Control Disciplinario para los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.
Se encuentra asociado con el objetivo específico de Proveer esquemas de protección que favorezcan la actuación autónoma de los jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos e investigadores en los procesos de investigación y sanción en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.
De hecho, algunos de los riesgos previstos al formular la Política se han materializado y han surgido otros distintos que deben ser tomados en consideración a la hora de evaluar los resultados alcanzados y las medidas que se adoptarán para enfrentarlos.
A continuación se realiza un análisis de aquellos riesgos que se concretaron convirtiéndose en obstáculos, y de algunas otras situaciones problemáticas que fueron advertidas a lo largo del ejercicio de seguimiento a la Política
Esta situación determinó que la Vicepresidencia entrara a suplir el vacío presupuestal presentado, financiando estas actividades mediante los recursos de cooperación de Países Bajos, medida que si bien eliminó el riesgo de que las acciones inicialmente programadas quedaran sin realización, de un lado evidencia un cambio de prioridades en las intervenciones inicialmente definidas por la Fiscalía, y de otro determinó que las actividades programadas para el Proyecto 10 se desplazaran en pro de otras relacionadas, pero que modificaron la planeación inicial.
En cualquier caso, estas circunstancias no son determinantes de una dificultad fundamental, habida cuenta que las acciones finalmente se han realizado. Ahora bien, desde un punto de vista general, la discusión cardinal acerca de la priorización de 27 Se trata del Proyecto 5 que, como se sabe, se fusionó al 16 en tanto los dos hacen referencia a medidas de protección: en el primero a operadores y en el segundo a víctimas y testigos.
En el marco de la Política de Lucha Contra la Impunidad, y como parte de los compromisos asumidos por el Estado dentro del Acuerdo Tripartito firmado en junio de 2006 en Ginebra Suiza, el 15 de septiembre de 2006, se firmó entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación el Convenio Interadministrativo Nº 15406 para el impulso de los casos de violaciones de derechos humanos de los sindicalistas cuyo objetivos son: a) generar estrategias que propendan por el esclarecimiento de los hechos; b) identificar y castigar a los autores y partícipes en estas violaciones; c) prevenir los delitos que atentan contra los derechos humanos de los sindicalistas adoptando los planes y programas interinstitucionales, nacionales y locales que se requieran.
Para contribuir a esta estrategia del Estado colombiano la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura aprobó la creación de dos Juzgados Penales Especializados de Descongestión para casos de delitos contra sindicalistas, y un Juzgado Único Penal del Circuito de Descongestión, con sede en la ciudad de Bogotá, para el conocimiento y juzgamiento exclusivo de los casos de violaciones a los DDHH de sindicalistas.
Adicionalmente, el GTA facilitó un acercamiento entre la Dirección de Etnias y el INPEC, con la finalidad de solucionar las condiciones de hacinamiento en que se encontraba un grupo de indígenas en el centro de reclusión de Puerto Inírida. Como resultado de este trabajo coordinado el INPEC comenzó con el traslado de estos indígenas a la ciudad de Villavicencio
En el marco de la Política se ha ejecutado acciones a nivel regional, como la realización de audiencias virtuales y la ruta de atención psicojurídica de la Defensoría del Pueblo
Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las instituciones a nivel regional, resultaría significativo que el GTA desarrollara una labor articuladora territorial, identificando cuáles son las necesidades transversales de las regiones, bien sea a través de una o varias sesiones en las que los representantes seccionales pudieran exponer sus necesidades
Así, si bien la responsabilidad de este registro no constituye una responsabilidad establecida en el CONPES 3411, sí puede ser una tarea que requiere de la articulación con otras acciones del Estado, pues el dimensionamiento y la caracterización de las víctimas es un insumo fundamental para estimar la oferta institucional requerida para su orientación, atención, protección y defensa, aspecto importante si se tiene en cuenta que el eje problemático de atención a víctimas establecido por el CONPES está asociado con el hecho que Los mecanismos de atención y protección no se ajustan a las características y necesidades de víctimas y testigos.
En este sentido, al evaluar la Política es necesario tener en cuenta que existen algunas acciones realizadas por el Estado y por organismos de Cooperación Internacional que también han servido para fortalecer la capacidad institucional para la investigación, juzgamiento y sanción de los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Este aspecto debe ser considerado para la evaluación de la Política, no como una forma de subestimar sus logros, sino como una manera de entender que ésta debe conocer y articularse con su entorno para evitar la duplicidad de esfuerzos y generar sinergias que repercutan en mayor eficacia de la lucha contra la impunidad.


El presente documento integra los resultados de trabajo investigativo y de incidencia llevado a cabo por cuatro organizaciones socias, quienes compartimos la autoría del mismo.
La extradición era un mecanismo contra los grandes acumuladores de poder mafioso en el país.
Entre ellas, su concepción y diseño por un Congreso que, según las investigaciones sobre la parapolítica, estaba ampliamente conformado por aliados de los paramilitares quienes buscaban favorecer a estas fuerzas ilegales y no a las víctimas, concediéndoles un estatus político como tercer actor en el conflicto armado interno También recibió críticas por su desligado completamente del esfuerzo bélico y represivo estatal
De acuerdo con las interpretaciones de la Corte Constitucional, las víctimas o popular para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados podrían constituirse en parte civil en cualquier momento de un proceso judicial, con derecho a indagar, solicitar pruebas y participar en el proceso; y las víctimas y sus representantes tenían el de los EEUU, se entiende que el Estado interviene en nombre de las víctimas
Específicamente, se le eliminó la posibilidad de participar directamente en el inicio de la investigación preliminar, y se dejó la respuesta a la peticiones a la decisión del Fiscal.
Los demandantes enmendaron la demanda para tomar en cuenta la decisión de la Corte Suprema.
En términos generales, las acciones judiciales en EEUU son muy costosas, y pocas víctimas tendrían acceso; las víctimas sistema federal descentralizado, los resultados dependen de las interpretaciones y de la voluntad, pueden correr graves riesgos por exponerse frente a sus victimarios.
La información obtenida de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ´Don Berna´, contribuyó a un avance importante en el proceso en contra del el ex sub director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, José Miguel Narváez, supuesto autor intelectual de los asesinatos del senador Manuel Cepeda en 1994 y del periodista Jaime Garzón en 1999, y del secuestro de Piedad Córdoba Corte IDH en el caso Manuel Cepeda Vargas vs.
Se han empleado a los tomadores de decisiones sobre las posibles consecuencias que tuvo la extradición para la garantía de sus derechos; y se ha buscado entrar en diálogo directo con los extraditados para contribuir al esclarecimiento de la verdad del fenómeno del paramilitarismo.
El aumento se relacionaba directamente con la cooperación entre EEUU y dramáticamente durante la primera década de este siglo, pasando de 12 extradiciones en 2000 a un Colombia en el marco de la denominada lucha contra el narcotráfico, que se reforzó de forma muy significativa a través del programa de asistencia económica conocido como Plan Colombia
No hemos recibido funcionario de la sección antidroga del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a nosotros nos instrucciones para recibir información de asuntos diferentes
Adicionalmente, el sistema judicial es descentralizado, y los fiscales evidencia son pertinentes
Uno de ellos, refiriéndose a la desmovilización de las AUC Muchos analistas han observado la complejidad del fenómeno paramilitar, incluyendo su íntima entre 2003 y 2006, comentó que [el proceso de desmovilización de las AUC puso de manifiesto el papel prominente del narcotráfico en el fenómeno paramilitar.
Efectivamente, hay varios ejemplos de extraditados que han sido deportados a Colombia una vez [extraditados devueltos a Colombia] quedan libres a pesar del hecho de que sus deudas con la ´banda criminal´ Los Rastrojos.
Se cuenta con cientos de versiones libres, incluyendo las de los mismos extraditados, que ofrecen por lo menos pistas sobre el enorme rompecabezas de quién hizo qué, cuándo y por qué, en la historia de 60 años de conflicto armado interno, o por lo menos de los últimos 20 a 25 años.


Acudiendo a diferentes narrativas, Medellín: Memorias de Violencia y Resistencia ofrece un recorrido por la historia, desde el origen de los pobladores del Valle de Aburrá hasta los relatos de vida y resistencia de quienes han sobrevivido con fuerza, dignidad y creatividad a la guerra
Reconocemos en su figura no al representante institucional sino a quien desde su lugar, de líder o profesional, puede establecer un diálogo respetuoso cuando el visitante lo desea o le da espacio a quien prefiere recorrer la sala en soledad.
Los dispositivos y colecciones serán siempre la materia prima para que el visitante construya su propio significado.
Los mediadores son los portadores de una gran responsabilidad: conmover a quien se siente indiferente, apoyar a quien se sienta identificado e invitar a participar a quien se sienta implicado.
Ellos mismos han participado de forma directa en la creación de esos cambios a través de la instauración de sistemas historiográficos y semióticos destinados a interpretarlos.
El Museo Casa de la Memoria se entiende a sí mismo como un espacio social para la construcción y para el intercambio de saberes: que potencia y facilita los procesos de aprendizaje y producción de conocimiento.
Presentar experiencias de memoria, procesos de paz y reparación simbólica o colectiva dando a conocer sus aspectos e implicaciones políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales.
Promover la movilización ciudadana desde la solidaridad y la construcción de sujetos de derecho Las exposiciones permanentes o salas centrales son parte esencial de la identidad de un museo: estas y el diseño del edificio se vuelven referentes para recordarlos y diferenciarlos.
Aunque la exposición tenga un carácter permanente o de mediana duración, se espera que sus contenidos vayan cambiando con el tiempo, dado que trabaja en torno a un conflicto que aún es vigente y en medio de un proceso de justicia transicional que genera información constantemente.
Buscamos que al final del recorrido cada persona se sienta parte de la historia.
La violencia asociada a una dimensión económica, usualmente relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
Busca crear desde el diálogo una pedagogía de la memoria.
Los hechos más cometidos son homicidio con 124.000, y desplazamiento forzado con 919.000 casos de expulsión.
Dar cuenta de diversos impactos de las violencias a partir del testimonio fotográfico de 4 fotodocumentalistas: Stephen Ferry, Natalia Botero, Albeiro Lopera y Jesús Abad Colorado.
Los familiares, los vecinos y los amigos no tuvieron valor para decirnos adiós

De ese proyecto de narrativa transmedia sobre la masacre del Naya, el equipo de 4 Ríos ha presentado una serie de productos, entre los que se destaca el documental interactivo que se puede consultar en su página , una versión clásica del mismo que está en etapa de circulación y una experiencia de realidad aumentada que han llevado por diferentes escenarios en el país.

Para Tobar, el aporte de 4 Ríos en relatos como la masacre del Naya está en que, como bien lo pudo verificar en la investigación documental, a pesar de que hay muchos relatos e investigaciones sobre el tema, las estadísticas o las descripciones que estas ofrecen, ponen al lector como un espectador del relato y no lo involucran emocionalmente con las personas que sufrieron determinadas situaciones.

En cambio, su propuesta implica que el público se comprometa en la construcción del relato, se pongan en los zapatos de quienes han sufrido la guerra desde una plataforma de realidad ampliada y se hagan preguntas que les permitan reflexionar lo que ha pasado en nuestro país, dijo.

Ahora, el equipo de 4 Ríos espera continuar con proyectos similares al del Naya.

Su objetivo es poder contar las historias de situaciones como las que se vivieron en Bojayá, en el barrio la Chinita de Apartadó o la masacre del Salado.

Acompañamiento a víctimas y organizaciones de víctimas en el proceso de activación y seguimiento en la ruta de protección.

Este plan comprende un acuerdo para la evaluación del riesgo, planes de vinculación organizacional, acompañamiento e identificación de la necesidad de atención psicosocial, control sobre los soportes que presenten los beneficiarios, e informes finales.

Entidad remisora: Puede ser cualquier organización cuyo trabajo esté relacionado con la defensa de derechos humanos, intereses sociales y búsqueda de la paz.

Entidad administradora: Tiene a su cargo el funcionamiento administrativo y contable del FFP, además de la orientación de la secretaría técnica.

Le corresponde la puesta en marcha de las ayudas aprobadas buscando el logro de los objetivos propuestos en seguridad y protección para las personas y organizaciones beneficiadas.

La presentación de las solicitudes al FFP la realiza la entidad remisora, por escrito a través de las entidades aval.

La entidad remisora debe ser reconocida ampliamente por su trabajo en derechos humanos, paz e intereses sociales; su relación con el solicitante le debe permitir conocer el contexto del caso.

La entidad remisora presenta por escrito la solicitud de ayuda a las entidades aval CAPS ILSA Justapaz Humanidad Vigente

En caso de que se deba transferir a otra persona, debe anexarse autorización para la entrega del desembolso y cédula de ciudadanía de la persona autorizada.

Como requisito para entregar el último desembolso, la entidad remisora debe presentar un informe final que exponga la situación de seguridad del beneficiario, las perspectivas de estabilización y el impacto de la ayuda

Posterior a la ayuda recibida comentar como continuará, el/la o los/las beneficiarios/as, su trabajo y su vida teniendo en cuenta la evaluación hecha de su situación de seguridad.

De la democracia representativa a la democracia participativa La Constitución de 1886 estaba diseñada para una democracia representativa, donde el ciudadano, con su voto, delegaba en un candidato el poder de decidir sobre todas las funciones públicas que eran de su competencia.Antes de la Constitución de 1991, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en el seguimiento y evaluación de la gestión de los funcionarios y de las entidades públicas se limitaba, en el mejor de los casos, a elegir a sus representantes.

Protección al espacio público: se debe proteger el espacio de uso común que satisfacen las necesidades colectivas superando los intereses individuales.

Derecho a la paz: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento clasificado según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un derecho colectivo y por ello, busca incentivar el progreso y elevar el nivel de vida de los pueblos en el marco de la igualdad jurídica

En la misma medida, en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de Estados que aportan al desarrollo del DIH.

Hacer respetar significa que los Estados, estén participando en un conflicto o no, deben tomar todas las medidas posibles para garantizar que las normas sean respetadas por todos y, en particular, por las partes en conflicto.

Por ejemplo, las normas internacionales de los derechos humanos dicen que no pueden menores de edad hacer parte de la guerra y Colombia acogió esta norma en 1999 y es prohibido que en el Ejército colombiano los menores de 18 años presten el servicio militar; para el grupo que viole las normas del derecho internacional humanitario, el código penal tipificó unos delitos especiales denominados Delitos Contra Personas y Bienes Protegidos por el DIH.

No se deben iniciar acciones de tutela temerarias, esto es que no buscan proteger efectivamente un derecho fundamental, porque quien así actúa podrá ser sancionado con multas

La denuncia penal De acuerdo con la Constitución y el actual funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, las denuncias penales por delitos que afectan los Derechos 23 CONSTRUYENDO POLÍTICAS DE PAZ Y DE DERECHOS HUMANOS personas pueden solicitar cualquier tipo de información a las autoridades y funcionarios públicos, y pedir explicaciones por el no cumplimiento de normas y de decisiones administrativas, reclamar la protección de sus derechos y demandar la prestación de servicios.

Entre los factores que convierten a una persona o a un grupo en vulnerable están la falta de igualdad de oportunidades, la desnutrición, la enfermedad, la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas y acceder a los servicios públicos, la marginación, y el conflicto armado.

Los adultos mayores tienen, por ser población vulnerable, el derecho de ser asistidos y cuidados por la sociedad.

Esta situación más la creencia que el adulto muere en vida, genera subvaloración para el anciano.

La falta de canales de participación generó un sentimiento de exclusión y apatía entre la ciudadanía, que con el tiempo se fue convirtiendo en incredulidad y distanciamiento de los colombianos frente a la política, las instituciones y los gobernantes.La figura de la democracia participativa empezó a regir en Colombia con la Constitución de 1991, que consideró, que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo que es la máxima autoridad, de la cual emana el poder público, y que éste la puede ejercer en forma 11 CONSTRUYENDO POLÍTICAS DE PAZ Y DE DERECHOS HUMANOS directa o por medio de sus representantes o mandatarios.Uno de los objetivos de la Constitución Política de 1991 fue ampliar los principios y mecanismos para el ejercicio de la democracia y crear las Asamblea Nacional Constituyente.

Entre los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia se destacan los Derechos civiles y políticos, los Derechos económicos, sociales y culturales y los Derechos colectivos y del medio ambiente.

Derecho libre desarrollo de la personalidad: todas las personas tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen el derecho de los demás • se prohíbe la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos en todas sus formas, la libertad física o individual es inconciliable con la esclavitud cualquiera que sea la forma que tome.

Libertad de expresión: todas las personas pueden expresar y difundir su pensamiento y opiniones, por cualquier medio aunque puede haber responsabilidad posterior por los daños o delitos causados.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha informado que en los dos primeros meses de 2018 van 22 casos líderes asesinados en el país, de estos 4 en Antioquia

Un primer texto aborda la necesidad de actualizar el movimiento de derechos humanos en territorios situados para la construcción participativa de una agenda en derechos humanos para su incorporación en las políticas públicas, con el objeto de que contribuya a la promoción de las organizaciones sociales de los municipios del Valle de Aburrá

Profundizando en la coerción extorsiva, el crimen organizado y las políticas públicas, para continuar la discusión frente al control de los territorios, el segundo artículo presenta los resultados de investigación en el artículo Las fronteras en Medellín: realidad y ficción de la seguridad pública que parte de la pregunta sobre si el campo de fronteras forzadas define la estructura y el marco social en el que opera la coerción extorsiva, en el que se forma el mercado de desconfianza que acompaña el mercado de protección violenta y en el que se propician las acciones que lo retroalimentan

Seguridad, justicia y construcción de paz democracia para la Estrategias transversales de las que vale resaltar el peso de la 4.

En segundo lugar, juega un papel relevante en este contexto, el Plan integral de desarrollo Metropolitano PIDM el cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA en desarrollo de sus funciones y en atención a las leyes 152 de 1994 y 128 de 1994, debe elaborar y ejecutar; y, cuyo objetivo general es: establecer un marco estratégico general con visión metropolitana y regional integrada para dirigir, programar y coordinar el desarrollo sostenible del territorio bajo su jurisdicción.

¿Cómo se promueven las organizaciones sociales de su municipio en las políticas públicas que se aplican actualmente? Caracterización general del Valle de Aburrá Conformación geográfica y ubicación

Según las proyecciones del Plan Director BIO 2030 se espera que para el 2030 los municipios del Valle de Aburrá aumenten su población en un lo que significaría al menos 612.700 nuevos habitantes que demandarán bienes y servicios; la mayoría de ellos se espera ocupen las zonas urbanas

El municipio de Bello no solo es importante por su cercanía a Medellín y por la facilidad de intercambios comerciales, que esa proximidad geográfica facilita, sino porque cuenta con un jugoso presupuesto anual de 350.000 millones de pesos.

La participación política de las mujeres es un indicador de democracia y modifica estereotipos sexistas.

Los problemas de la Vivienda se centran en su calidad, según el índice cualitativo; el cual indica la cantidad de viviendas que son susceptibles de adecuaciones con el fin de alcanzar los estándares de habitabilidad, más que la cobertura de las mismas, que de acuerdo al índice cuantitativo, hace referencia a la cantidad de viviendas nuevas a construir para cada uno de los municipios del Valle de Aburrá.

Los municipios que tienen un mayor déficit cualitativo de vivienda, expresado en porcentaje, son: Barbosa nuevamente el más alto, seguido de Medellín y Bello que empatan con

Indudablemente, los Diálogos de paz de la Habana entre el Gobierno y las Farc-Ep han colocado a los colombianos y las colombianas en un lugar muy especial; porque después de cincuenta y dos años de una guerra permanente se ha tenido la posibilidad de comenzar a pensar, de manera concreta, en que sí se puede conversar y recuperar la palabra como el corazón movilizador de las transformaciones que se requieren para lograr, a corto, mediano y largo plazo, una paz estable y duradera con y para todas y todos: el aporte a la paz que han significado los Acuerdos logrados y los diálogos que van 34 Los coloquios y sus despliegues para la construcción de la agenda en derechos humanos Teniendo en cuenta la recuperación, en clave de derechos humanos, que se hizo del Plan de gestión 2016-2019: territorios integrados del Área metropolitana del Valle de Aburrá, la construcción de la agenda en derechos humanos para su incorporación en las políticas públicas y contribuyente a la promoción de organizaciones sociales de los diez municipios del Valle del Aburrá, tuvo como su mayor desafío el reconocer que, efectivamente, dicha promoción de las organizaciones sociales en los municipios de la subregión ha sido un hecho casi nulo.

Algo es claro: no es pertinente seguir pensando del mismo modo que se hacía, cuando la decisión final, en general, la tenía la guerra.

Comprender los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y la seguridad, en este nuevo contexto, pasa por medir los avances o retrocesos de los problemas con enfoque de derechos y desde sujetos con necesidades reales; y, no desde sujetos frente a los que la gestión pública responde con ofertas que le parece son las adecuadas, sin importarle lo que demandan la gente y los territorios.

Una arista de reflexión que es necesario abordar tiene relación con cómo ver la construcción de democracia o los problemas que han dejado, para la configuración de democracia, estas cuatro décadas de un modelo que le ha dado el poder a las grandes corporaciones transnacionales.

El presente informe solamente se refiere a la Política contenida en el CONPES 3411 y se concentra en la presentación de los resultados de las acciones contenidas en dicho documento. Con todo, para comprender la verdadera dimensión de lo realizado en la lucha contra la impunidad, sería necesario repasar los avances de las políticas mencionadas en el párrafo anterior y entender todo lo que ha pasado en este período 2006‐2008 en el país, en especial lo relacionado con: Aunque la mayoría de éstos se encuentran en un estado de avance significativo en su ejecución física y presupuestal, existen algunos que aún están en fase de reformulación o que 5 Proyectos

Finalmente, es un ejemplo de coordinación el Proyecto 17, en el cual el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Procuraduría, con la colaboración del PLCI, han realizado acciones conjuntas para reformular un proyecto que, tal como estaba planteado inicialmente, no tenía un impacto significativo en la planificación integrada de diligencias en las organizaciones del Sistema de Justicia Penal y el Sistema de Control Disciplinario para los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.

Se encuentra asociado con el objetivo específico de Proveer esquemas de protección que favorezcan la actuación autónoma de los jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos e investigadores en los procesos de investigación y sanción en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.

De hecho, algunos de los riesgos previstos al formular la Política se han materializado y han surgido otros distintos que deben ser tomados en consideración a la hora de evaluar los resultados alcanzados y las medidas que se adoptarán para enfrentarlos.

A continuación se realiza un análisis de aquellos riesgos que se concretaron convirtiéndose en obstáculos, y de algunas otras situaciones problemáticas que fueron advertidas a lo largo del ejercicio de seguimiento a la Política

Esta situación determinó que la Vicepresidencia entrara a suplir el vacío presupuestal presentado, financiando estas actividades mediante los recursos de cooperación de Países Bajos, medida que si bien eliminó el riesgo de que las acciones inicialmente programadas quedaran sin realización, de un lado evidencia un cambio de prioridades en las intervenciones inicialmente definidas por la Fiscalía, y de otro determinó que las actividades programadas para el Proyecto 10 se desplazaran en pro de otras relacionadas, pero que modificaron la planeación inicial.

En cualquier caso, estas circunstancias no son determinantes de una dificultad fundamental, habida cuenta que las acciones finalmente se han realizado. Ahora bien, desde un punto de vista general, la discusión cardinal acerca de la priorización de 27 Se trata del Proyecto 5 que, como se sabe, se fusionó al 16 en tanto los dos hacen referencia a medidas de protección: en el primero a operadores y en el segundo a víctimas y testigos.

En el marco de la Política de Lucha Contra la Impunidad, y como parte de los compromisos asumidos por el Estado dentro del Acuerdo Tripartito firmado en junio de 2006 en Ginebra Suiza, el 15 de septiembre de 2006, se firmó entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación el Convenio Interadministrativo Nº 15406 para el impulso de los casos de violaciones de derechos humanos de los sindicalistas cuyo objetivos son: a) generar estrategias que propendan por el esclarecimiento de los hechos; b) identificar y castigar a los autores y partícipes en estas violaciones; c) prevenir los delitos que atentan contra los derechos humanos de los sindicalistas adoptando los planes y programas interinstitucionales, nacionales y locales que se requieran.

Para contribuir a esta estrategia del Estado colombiano la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura aprobó la creación de dos Juzgados Penales Especializados de Descongestión para casos de delitos contra sindicalistas, y un Juzgado Único Penal del Circuito de Descongestión, con sede en la ciudad de Bogotá, para el conocimiento y juzgamiento exclusivo de los casos de violaciones a los DDHH de sindicalistas.

Adicionalmente, el GTA facilitó un acercamiento entre la Dirección de Etnias y el INPEC, con la finalidad de solucionar las condiciones de hacinamiento en que se encontraba un grupo de indígenas en el centro de reclusión de Puerto Inírida. Como resultado de este trabajo coordinado el INPEC comenzó con el traslado de estos indígenas a la ciudad de Villavicencio

En el marco de la Política se ha ejecutado acciones a nivel regional, como la realización de audiencias virtuales y la ruta de atención psicojurídica de la Defensoría del Pueblo

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las instituciones a nivel regional, resultaría significativo que el GTA desarrollara una labor articuladora territorial, identificando cuáles son las necesidades transversales de las regiones, bien sea a través de una o varias sesiones en las que los representantes seccionales pudieran exponer sus necesidades

Así, si bien la responsabilidad de este registro no constituye una responsabilidad establecida en el CONPES 3411, sí puede ser una tarea que requiere de la articulación con otras acciones del Estado, pues el dimensionamiento y la caracterización de las víctimas es un insumo fundamental para estimar la oferta institucional requerida para su orientación, atención, protección y defensa, aspecto importante si se tiene en cuenta que el eje problemático de atención a víctimas establecido por el CONPES está asociado con el hecho que Los mecanismos de atención y protección no se ajustan a las características y necesidades de víctimas y testigos.

En este sentido, al evaluar la Política es necesario tener en cuenta que existen algunas acciones realizadas por el Estado y por organismos de Cooperación Internacional que también han servido para fortalecer la capacidad institucional para la investigación, juzgamiento y sanción de los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Este aspecto debe ser considerado para la evaluación de la Política, no como una forma de subestimar sus logros, sino como una manera de entender que ésta debe conocer y articularse con su entorno para evitar la duplicidad de esfuerzos y generar sinergias que repercutan en mayor eficacia de la lucha contra la impunidad.

El presente documento integra los resultados de trabajo investigativo y de incidencia llevado a cabo por cuatro organizaciones socias, quienes compartimos la autoría del mismo.

La extradición era un mecanismo contra los grandes acumuladores de poder mafioso en el país.

Entre ellas, su concepción y diseño por un Congreso que, según las investigaciones sobre la parapolítica, estaba ampliamente conformado por aliados de los paramilitares quienes buscaban favorecer a estas fuerzas ilegales y no a las víctimas, concediéndoles un estatus político como tercer actor en el conflicto armado interno También recibió críticas por su desligado completamente del esfuerzo bélico y represivo estatal

De acuerdo con las interpretaciones de la Corte Constitucional, las víctimas o popular para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados podrían constituirse en parte civil en cualquier momento de un proceso judicial, con derecho a indagar, solicitar pruebas y participar en el proceso; y las víctimas y sus representantes tenían el de los EEUU, se entiende que el Estado interviene en nombre de las víctimas

Específicamente, se le eliminó la posibilidad de participar directamente en el inicio de la investigación preliminar, y se dejó la respuesta a la peticiones a la decisión del Fiscal.

Los demandantes enmendaron la demanda para tomar en cuenta la decisión de la Corte Suprema.

En términos generales, las acciones judiciales en EEUU son muy costosas, y pocas víctimas tendrían acceso; las víctimas sistema federal descentralizado, los resultados dependen de las interpretaciones y de la voluntad, pueden correr graves riesgos por exponerse frente a sus victimarios.

La información obtenida de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ´Don Berna´, contribuyó a un avance importante en el proceso en contra del el ex sub director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, José Miguel Narváez, supuesto autor intelectual de los asesinatos del senador Manuel Cepeda en 1994 y del periodista Jaime Garzón en 1999, y del secuestro de Piedad Córdoba Corte IDH en el caso Manuel Cepeda Vargas vs.

Se han empleado a los tomadores de decisiones sobre las posibles consecuencias que tuvo la extradición para la garantía de sus derechos; y se ha buscado entrar en diálogo directo con los extraditados para contribuir al esclarecimiento de la verdad del fenómeno del paramilitarismo.

El aumento se relacionaba directamente con la cooperación entre EEUU y dramáticamente durante la primera década de este siglo, pasando de 12 extradiciones en 2000 a un Colombia en el marco de la denominada lucha contra el narcotráfico, que se reforzó de forma muy significativa a través del programa de asistencia económica conocido como Plan Colombia

No hemos recibido funcionario de la sección antidroga del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a nosotros nos instrucciones para recibir información de asuntos diferentes

Adicionalmente, el sistema judicial es descentralizado, y los fiscales evidencia son pertinentes

Uno de ellos, refiriéndose a la desmovilización de las AUC Muchos analistas han observado la complejidad del fenómeno paramilitar, incluyendo su íntima entre 2003 y 2006, comentó que [el proceso de desmovilización de las AUC puso de manifiesto el papel prominente del narcotráfico en el fenómeno paramilitar.

Efectivamente, hay varios ejemplos de extraditados que han sido deportados a Colombia una vez [extraditados devueltos a Colombia] quedan libres a pesar del hecho de que sus deudas con la ´banda criminal´ Los Rastrojos.

Se cuenta con cientos de versiones libres, incluyendo las de los mismos extraditados, que ofrecen por lo menos pistas sobre el enorme rompecabezas de quién hizo qué, cuándo y por qué, en la historia de 60 años de conflicto armado interno, o por lo menos de los últimos 20 a 25 años.

Acudiendo a diferentes narrativas, Medellín: Memorias de Violencia y Resistencia ofrece un recorrido por la historia, desde el origen de los pobladores del Valle de Aburrá hasta los relatos de vida y resistencia de quienes han sobrevivido con fuerza, dignidad y creatividad a la guerra

Reconocemos en su figura no al representante institucional sino a quien desde su lugar, de líder o profesional, puede establecer un diálogo respetuoso cuando el visitante lo desea o le da espacio a quien prefiere recorrer la sala en soledad.

Los dispositivos y colecciones serán siempre la materia prima para que el visitante construya su propio significado.

Los mediadores son los portadores de una gran responsabilidad: conmover a quien se siente indiferente, apoyar a quien se sienta identificado e invitar a participar a quien se sienta implicado.

Ellos mismos han participado de forma directa en la creación de esos cambios a través de la instauración de sistemas historiográficos y semióticos destinados a interpretarlos.

El Museo Casa de la Memoria se entiende a sí mismo como un espacio social para la construcción y para el intercambio de saberes: que potencia y facilita los procesos de aprendizaje y producción de conocimiento.

Presentar experiencias de memoria, procesos de paz y reparación simbólica o colectiva dando a conocer sus aspectos e implicaciones políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales.

Promover la movilización ciudadana desde la solidaridad y la construcción de sujetos de derecho Las exposiciones permanentes o salas centrales son parte esencial de la identidad de un museo: estas y el diseño del edificio se vuelven referentes para recordarlos y diferenciarlos.

Aunque la exposición tenga un carácter permanente o de mediana duración, se espera que sus contenidos vayan cambiando con el tiempo, dado que trabaja en torno a un conflicto que aún es vigente y en medio de un proceso de justicia transicional que genera información constantemente.

Buscamos que al final del recorrido cada persona se sienta parte de la historia.

La violencia asociada a una dimensión económica, usualmente relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.

Busca crear desde el diálogo una pedagogía de la memoria.

Los hechos más cometidos son homicidio con 124.000, y desplazamiento forzado con 919.000 casos de expulsión.

Dar cuenta de diversos impactos de las violencias a partir del testimonio fotográfico de 4 fotodocumentalistas: Stephen Ferry, Natalia Botero, Albeiro Lopera y Jesús Abad Colorado.

Los familiares, los vecinos y los amigos no tuvieron valor para decirnos adiós