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otras, no mejoran la calidad de vida de las víctimas,
de sus familias ni de las comunidades afectadas tan
rápida y efectivamente como debe ser.
Hemos observado que esto sucede en todas las
latitudes, hemos constatado que las víctimas reciben
el menor recurso de inversión en la acción contra minas a nivel mundial. Como en otras regiones del mundo, en Colombia hay cooperación internacional que
suple lo que debería hacer el Estado en esta materia.
Resaltamos que en Colombia los centros de atención
existentes derivan sus recursos y desarrollo tecnológico, mayoritariamente, de la cooperación internacional
y de la fuente privada. Esto debe ser superado.
La CCCM, durante el período 2004-2005 ha
adelantado un programa de acompañamiento a la
atención de las víctimas por acuerdo de cooperación con la ONG catalana Moviment per la Pau. Esta
publicación fue realizada para llamar la atención,
para que el lector sea un funcionario del Estado o de
un organismo de cooperación, de una organización
no gubernamental o un empresario, un ciudadano o
un sobreviviente, recuerde siempre que la prioridad
son las personas. Si las víctimas de minas antipersonal y munición sin
explotar no son privilegiadas en la atención y en la
inversión de recursos por parte de los Estados, cualquier esfuerzo que se haga para poner fin a las minas
será incompleto. La solidaridad entre los grupos de la
sociedad es la mayor fortaleza con la que cuentan las
víctimas para enfrentar su condición. Por esta razón,
planteamos que los Estados tienen un saldo en rojo
en este problema. El Estado colombiano no escapa a
esta condición deficitaria. A pesar de los esfuerzos
las víctimas civiles tienen un alto nivel de desprotección, que no debe quedarse sólo en la explicación.
Convocamos a que los superemos.
La sociedad debe presionar a la institucionalidad
pública para que cumpla con sus responsabilidades,
las víctimas deben capacitarse, organizarse y ejercer
roles de liderazgo para defender sus derechos. Los
funcionarios del Estado deben comprometerse a
cumplir y a mejorar las leyes y deben tomar conciencia que las decisiones que toman afectan en la
construcción de un país.
No queremos ver más víctimas en Colombia mendigando. No queremos más víctimas sin atención psicológica. Valoramos altamente la acción voluntaria de
personajes públicos en la recaudación de recursos para
las víctimas, pero reclamamos como expresa la Ley,
que el Estado asuma la responsabilidad que tiene con
las víctimas. Esta publicación es para expresar este
debate. Queremos ciudadanos sujetos de derecho. Álvaro Jiménez Millán
Coordinador Nacional de la
Campaña Colombiana Contra Minas Capítulo I. El Escenario El Escenario «Yo lo único que le pido a los actores armados
es que no se metan con la gente civil, que respeten los derechos
humanos, que nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto
armado, que respeten la vida de las demás personas». Jhon Jairo, 23 años, Cauca ¿Cuál es la situación de las minas antipersonal
en Colombia? COLOMBIA ES UN PAÍS QUE ha estado involucrado
en un conflicto armado interno desde hace más de 45
años. A través de los años este conflicto ha traído
consecuencias devastadoras para el desarrollo del
país, una de estas es la siembra de minas antipersonal –MAP1- y la existencia de munición sin explotar
–MUSE2- en el territorio nacional. Este conflicto ha
implicado que las guerrillas y las fuerzas paramilitares –especialmente, en los últimos cinco años- y las
Fuerzas Armadas colombianas3 –en su momentohayan aumentado en forma considerable el uso de
minas, ya que esta arma indiscriminada es considerada como «el soldado perfecto».
En 1997 Colombia dio un paso al firmar y comprometerse con el Tratado para la prohibición del uso,
producción, transferencia y almacenamiento de minas
antipersonal, comúnmente llamado Convención de Ottawa. Colombia lo firmó el 3 de diciembre de 1997,
lo ratificó el 6 de septiembre de 2000 y entró en
vigencia el 1 de marzo de 2001. Aunque Colombia es
un Estado Parte y ha iniciado el proceso de desarrollo
e implementación de las estrategias de la Convención
de Ottawa, otros actores del conflicto, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-,
el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, el Ejército
Popular de Liberación –EPL- y diversos grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia
–AUC- continúan usando constantemente minas antipersonal y artefactos explosivos similares, poniendo a
la población civil en un continuo riesgo.
El problema de las minas en Colombia es serio,
Colombia es el único país de América Latina donde
diariamente se siguen sembrando minas; más de 540
municipios de los 1.119 y 31 de los 32 departamentos que hay en Colombia se han visto afectados
por la presencia de las minas. Al finalizar el 2005
hubo un promedio de tres víctimas diarias.
LAS MINAS ANTIPERSONAL Y LA munición sin explotar
no dan ninguna tregua en Colombia. En la actualidad,
cada día, más de dos personas sufren accidentes
por estas armas que contaminan 31 de los 32 departamentos del país.
Según las cifras oficiales del Observatorio de
Minas de la Vicepresidencia de la República, autoridad
nacional encargada de articular las políticas en materia de la lucha contra las minas y de sistematizar la
información.4 A primero de octubre de 2005, el número de víctimas totales registradas a partir del año
1990 –año en que comenzó el registro de estos eventos- ascendió a 4163, esta cifra revela el gran número de víctimas por MAP y MUSE. De acuerdo con el
Informe Monitor de Minas, el cual hace seguimiento
al problema de las MAP y reporta el progreso de los
Estados que han firmado el Tratado para su prohibición, Colombia hace parte de los países en el mundo
con mayor número de víctimas, junto con países como
Afganistán, Angola, Camboya e Irak.
La presencia de MAP y MUSE en el territorio colombiano constituye sin duda una de las formas de contaminación más perversa, asesina y duradera que se haya
conocido. En efecto, las personas son sus principales
víctimas, puesto que estas armas tienen la característica de actuar de manera indiscriminada, porque
son activadas por las propias víctimas. Sus efectos
son duraderos, las MAP y las MUSE mantienen su
capacidad de matar y mutilar a las personas hasta
que no hayan sido removidas o desactivadas. Por
esta razón, las Naciones Unidas estiman que una
MAP o MUSE es diez veces más susceptible de matar
y mutilar a un civil después de un conflicto que a
un combatiente regular o irregular durante los combates. Lo cual hace pensar que el trabajo en contra
de las MAP y la MUSE en Colombia, hasta ahora,