Datasets:
anytp
/
prueba2

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
text
stringlengths
0
143k
está comenzando y requerirá de muchos esfuerzos para
lograr la atención adecuada e integral de las víctimas
de estas armas, así como la prevención de estos accidentes en las comunidades que presentan un riesgo.
Diferentes actividades relacionadas con la acción
contra minas son llevadas a cabo a nivel nacional y
local por parte de gobierno, la Campaña Colombiana
Contra Minas –CCCM- y otras organizaciones. Paralelamente, existen diversas organizaciones internacionales y nacionales trabajando a nivel local y nacional
en la defensa y el respeto del Derecho Internacional
Humanitario y los Derechos Humanos por parte de
todos los actores del conflicto. La CCCM trabaja bajo
el espíritu de la Convención de Ottawa y con la seguridad de que para proceder en una campaña en contra
de las minas antipersonal, ésta tiene que ser trabajada
con y por los actores y las víctimas del conflicto.
Durante el periodo del 30 de septiembre de 2004 y el
1 de octubre de 2005, 681 colombianos(as) sufrieron un accidente por MAP y MUSE de los cuales 193
fueron civiles, es decir el 28.3% del total de las víctimas. En el total de las víctimas registradas hasta la
fecha por las fuentes oficiales, el porcentaje de hombres adultos representa un 73.05% y el de los menores de edad un 26.94%, contrario a las cifras divulgadas en los medios de comunicación. Es importante
recalcar que las MAP y las MUSE son armas que mutilan a sus víctimas: el 75% de ellas quedan heridas. Si se comparan las cifras oficiales acumuladas entre
el primero de octubre de 2004 y el primero de octubre
de 2005, los resultados son preocupantes para el futuro del país. Durante este período, el número de víctimas por departamentos se ha incrementado en casi
todos los casos. Sin embargo, las diferencias de variaciones porcentuales anuales presentadas a continuación en el cuadro y en ambas gráficas reflejan la situación que se vive en cada departamento en términos de la
dinámica del conflicto, del uso de las minas por parte de
los actores armados no estatales -ANE- como estrategia
de guerra, de la presencia de combates y de enfrentamientos continuos.
Por un lado, es importante resaltar la situación
del departamento de Antioquia que concentra el
26,78% de las víctimas de todo el país con una cifra
de 1.115 y cuya tendencia al alza no parece cambiar.
De acuerdo con la siguiente tabla es preocupante
observar que la mayor concentración en accidentes
durante este periodo de tiempo corresponde a los departamentos de Antioquia, con un incremento de 393
víctimas, para un promedio de 1.08 por día y Meta
con un incremento de 142 víctimas para un promedio de 0.39 por día, en los demás departamentos, aunque es importante el incremento no es de tanto impacto como en estas dos regiones del país.
De acuerdo con las cifras publicadas por el Observatorio de Minas, durante el periodo de 1990 a
1999 el total de las víctimas civiles fue de 290, sin
embargo, desde el 2000 hasta el 2005 las víctimas
fueron de 1193, para un total de 1483 víctimas civiles en este periodo de tiempo, de acuerdo con lo anterior se percibe un incremento alarmante de víctimas
EL ESTADO COLOMBIANO AL RATIFICAR la Convención de Ottawa en el año 2001 reafirmó su compromiso
ante la comunidad internacional para ponerle término
al uso, a la producción, empleo, comercialización y
transferencia de estas armas. De igual manera, se
comprometió a destruir sus existencias, a entablar
acciones que permitan erradicarlas de su territorio y a
prestarle una asistencia integral a las víctimas de estas armas proscritas. Para cumplir con este objetivo,
Colombia cuenta con un marco legal.
En Colombia, las víctimas civiles de MAP y MUSE
son cobijadas por la Ley 418 de 1997 que estipula
los derechos de las víctimas del conflicto armado, dentro de las cuales se incluyen las víctimas de MAP y
MUSE. Aunque la Ley presenta algunas carencias, como
que los derechos de las personas prescriben porque
hay un plazo de un año después del momento del
accidente o que no se contemplan todas las prótesis
requeridas a lo largo de su vida, integra los diferentes
componentes de una atención de tipo integral. Según la
Ley, las víctimas de MAP y MUSE tienen cubiertos los
primeros auxilios, la atención médica hospitalaria, la
rehabilitación física (provisión de prótesis y órtesis) y la
atención psicológica. También pueden beneficiarse de
ayudas educativas, facilidades de crédito, subsidios para
vivienda, capacitación y reinserción socio profesional. civiles durante los últimos años (2000-2005). Pues
pasó de 29 víctimas promedio por año en el lapso de
1990 a 1999 a 198.8 víctimas promedio por año en
el periodo de 2000 a 2005. El mismo comportamiento se ha observado en las víctimas militares que pasó
de 53.6 en el periodo de 1990 a 1999 a 349.16 del
año 2000 a 2005. Aunque las estadísticas generales muestran que
los militares son, mayoritariamente, los más afectados por estas armas proscritas, si damos una mirada
en una escala local, podemos observar que en los
municipios donde se presenta un mayor índice de accidentalidad, en todo el territorio nacional, se ve como
característica particular que en la mayoría de los casos la población civil es la más afectada. Para entender esta afirmación, los reportes oficiales muestran que, por ejemplo, en Cocorná, situado en
el oriente antioqueño, el número de víctimas civiles
asciende a 38 mientras que el número de víctimas
militares llega a 30. De la misma manera, en Argelia
se tiene registro de 32 civiles y 26 militares, en Granada 23 civiles y 22 militares, en San Francisco 47 civiles y 41 militares, etc. En Santander en el municipio de
El Carmen hay un registro de 17 civiles y 12 militares,
en Sabana de Torres de 15 civiles y 4 militares y en
San Vicente de Chucurí de 15 civiles y 12 militares.
Todos estos datos demuestran la magnitud del
problema de las minas en Colombia. Las perspectivas
futuras no son alentadoras y requieren de un mayor
esfuerzo y de un mayor compromiso por parte de las
entidades encargadas de llevar a cabo la política
pública en el país. «Él piensa que porque quedó sin su pie yo ya no lo voy a querer.» La esposa de José, 23 años, Antioquia
Papel de la CCCM
en la atención de las víctimas de MAP y MUSE LA CCCM HA CONVERTIDO LA atención integral de las
víctimas por MAP y MUSE en uno de sus ejes principales de acción, con el objetivo de facilitarle a los
sobrevivientes el acceso a la atención, ya que las personas afectadas, en un alto porcentaje de los casos,
no poseen los recursos para el traslado hasta los centros de salud y rehabilitación, ni para realizarse los
exámenes médicos o pagar el alojamiento durante el
proceso de atención. Todos estos aspectos no son
contemplados por la normatividad existente.
La CCCM no busca sustituir al Estado colombiano
y mucho menos sustraerlo de sus responsabilidades
adquiridas frente a sus ciudadanos y ante la comunidad internacional, al contrario, busca ejercer presión ante
él para que se generen los cambios necesarios en sus
políticas y que algunos aspectos sean contemplados
para la toma de decisiones.
Para entender con claridad el papel de la Campaña
Colombiana Contra Minas en la atención a las víctimas,
es importante hacer la siguiente anotación, la CCCM
no es una organización médica, no brinda los primeros