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jueces y Policía Judicial.
Sensibilizar y capacitar a los operadores de justicia en relación con la
discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género,
en especial para identificar y erradicar los prejuicios y estereotipos
hacia la población LGBT.
5. Designar
presupuestos
autónomos
para
ejecutar
programas
y
protocolos que permitan cumplir con
los estándares de debida
diligencia en las investigaciones de violaciones de derechos humanos
de personas LGBT.
6. Crear unidades especiales o personas encargadas de la atención o
trámite de casos de violencia hacia la población LGBT.
Introducir un
lenguaje
incluyente que reconozca
la
identidad de
género en los sistemas de atención a los familiares y a las víctimas de
violencia por orientación sexual e identidad de género, al igual que en
las disposiciones legales.
8. Cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre población LGBT y con los lineamientos de
la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. 7. Recomendaciones por institución Al Gobierno Nacional 9. Avanzar en
la elaboración de
la Política Pública Nacional para
la
población LGBT. Esta debe
incluir enfoques diferenciales según
adscripción étnico-racial de las personas, posición socio-económica,
ubicación en zonas rurales o de conflicto armado, discapacidad,
ocupación, entre otras.
10. Impulsar un proyecto de ley de revisión del Código Penal de manera que
en aquellas disposiciones que aluden a móviles discriminatorios, por 119 ejemplo en las circunstancias de mayor punibilidad o en los delitos de
discriminación y hostigamiento sea expresa la referencia a la identidad
y expresiones de género como grupos protegidos. De igual forma que
se incluya un agravante específico por orientación sexual e identidad
de género para el delito de homicidio y lesiones personales.
11. Crear una comisión para investigar institucionalmente en Colombia la
relación entre la discriminación y el suicidio, y si es procedente, que se
incluya en el anterior proyecto de ley un agravante cuando esta tenga
incidencia directa en la muerte de la persona discriminada.
12. Adecuar las normas internas en materia de uso de la fuerza por parte
de la Policía para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos
(esto requiere que se modifique el Código Nacional de Policía y se
adecuen los códigos departamentales y regionales).
13. El Ministerio de Defensa debe expedir un decreto que le dé fuerza
normativa a la directiva 006 de 2010, incluyendo reformas que la
hagan efectiva contra la violencia policial. Al Congreso de la República 14. Reformar el Código de Policía en coherencia con
los parámetros
constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, debe tenerse en cuenta de forma trasversal la población LGBT,
en especial con temas de espacio público y retenciones transitorias.
15. Impulsar reformas al Código Penal que tengan en cuenta de forma
especial los prejuicios por orientación sexual e identidad de género
como agravante de la pena o un delito especial.
16. Realizar control político a las entidades encargadas de la prevención,
protección y sanción de todos los tipos de violencia hacia personas LGBT. A la Fiscalía General de la Nación 17. Impulsar que en todos los procesos judiciales por homicidio, violencia
policial, lesiones personales y amenazas contra la vida e integridad
personal en los que la víctima haya sido una persona LGBT, se tenga
en cuenta el prejuicio como hipótesis del hecho y se le preste particular
atención en la recolección de elementos probatorios. 120 » Conclusiones y recomendaciones « 18. Diseñar e implementar un registro nacional de víctimas por violencia
basada en la orientación sexual o identidad de género diversa, en la
medida en que en la actualidad la base de datos del Sistema Penal Oral
Acusatorio (SPOA) no permite el ingreso de datos sobre orientación
sexual e identidad de género.
19. Solicitar a las Fiscalías Delegadas, tanto de la justicia ordinaria como
transicional, incorporar el enfoque de violencia basada en la orientación
sexual e identidad de género para esclarecer el objeto de investigación,
tomando como precedente la Sentencia para el caso de Arnubio Triana
Mahecha alias Botalón emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Bogotá.
20. Adoptar medidas para que la Unidad de Análisis y Contexto seleccione
casos de personas LGBT y que sirva de apoyo en las etapas de indagación
y juicio emitiendo conceptos sobre el contexto socio-espacial y las
relaciones de poder en que se comete el delito, de manera que se
tengan mayores herramientas para analizar el rol que ha cumplido
el prejuicio en su comisión. Incorporar lo planteado por la sentencia
por feminicidio de la Corte Suprema de Justicia2, de manera tal que se
reconstruyan los contextos de violencia y discriminación que puedan
preceder y posibilitar estos crímenes. Que la Unidad de Análisis y
Contexto también tenga en cuenta otros factores de vulnerabilidad
presentes en cada caso particular.
21. Revisar
los procesos penales por homicidios de personas LGBT
defensoras de derechos humanos y priorizarlos según el impacto social
que hayan podido tener, el tiempo que haya pasado desde los hechos,
la etapa procesal de las investigaciones y los elementos probatorios
que se tengan.
22. A la Unidad de Vida, que se estudien los casos de suicidio en conexidad
con actos de discriminación y hostigamiento.
23. Elaborar un protocolo para la protección de la intimidad de la víctima,
siempre y cuando esta no tenga conexidad con el móvil del delito o 2 Sala de Casación Penal, sentencia del 4 de marzo de 2015, magistrada ponente Patricia
Salazar Cuéllar. 121 su reserva entorpezca las actuaciones judiciales tendientes a esclarecer