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15 Para más información véase, http://www.colombia-diversa.org/2015/02/un-fallo-historicoreconoce-la.html.
Así por ejemplo, en el ámbito internacional de los derechos humanos, existe el Manual
sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias
o sumarias conocido como “Protocolo de Minnesota” y el Manual para la investigación
y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes conocido como “Protocolo de Estambul”. 16 109 3. 1. Investigación e imputación de forma integral: se deben investigar hechos
violatorios como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes,
violencia sexual, sevicia, entre otros de una forma en que el prejuicio
pueda
identificarse o no como determinante, y que se
imputen
de manera coherente
todos
los delitos
identificados. No puede
desconocerse, por tanto, el contexto (relaciones de poder desiguales
que se materializan en prejuicios) a la hora de abordar la adecuación
típica, la imputación objetiva y la tipicidad subjetiva.
2. Coherencia y congruencia entre los hechos y la imputación: hacer referencia
a la ley 1257 de 2008 (sobre violencia contra la mujeres) en casos de
homicidios contra mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans.
Eficacia de las diligencias judiciales cuando hay indicios: formular con
prontitud imputación e imponer medidas de aseguramiento cuando se
tengan elementos para inferir la autoría de los presuntos responsables
y
la necesidad de su detención preventiva, particularmente para
garantizar la seguridad de las víctimas y la comunidad.
4. Utilizar todos los medios a su alcance para la obtención de pruebas relevantes:
relacionados con los elementos que alimentan los prejuicios hacia la
orientación sexual e identidad de género.
5. Consultar profesionales expertos o realizar comités: por las dificultades
para analizar el prejuicio durante
la
investigación y
juzgamiento
deberían realizarse consultas a expertos con el fin de lograr un mejor
análisis de las pruebas, el contexto de la violación, los posibles móviles
del delito, entre otros.
6. Contextualizar la violación: hay contextos como la habitabilidad de calle y
el ejercicio de la prostitución en los que se puede deducir que se agravan
los prejuicios hacia la orientación sexual y la identidad y expresiones
de género, por ejemplo hacia las mujeres trans. Estos contextos deben
reconocerse a la hora de aplicar los respectivos tipos penales (homicidio
agravado por el hecho de ser mujer, entendiendo
la violencia por
prejuicio como una manifestación de la violencia de género).
7. Considerar diversas hipótesis: se debe contar con una metodología
para adecuarlas de manera exhaustiva y para descartar los crímenes
pasionales. En la medida que el crimen pasional como normalmente 110 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « 9. se entiende: se usa “ira o intenso dolor” como atenuante. Además, se
pierde la oportunidad de analizar el crimen por prejuicio cuando se
encasilla que todo delito se debe a relaciones de pareja, cuando detrás
de eso se esconden prejuicios sobre la sexualidad.
8. Adoptar medidas para sancionar y reparar a las víctimas: a todos los
responsables de las violaciones y así poder reparar de forma integral
a las víctimas.
Imponer sanciones para transformar: cuando se trata de crímenes por
prejuicios, por el impacto que generan y los altos niveles de impunidad
que se presentan, debe promoverse que las sentencias analicen las
causas que generaron la violación y se adopten medidas generales para
erradicar los problemas identificados.
10. Adoptar medidas de no repetición: a través de campañas preventivas,
difusión de las decisiones judiciales y reivindicación de la memoria de
las víctimas.17
Estos diez elementos pueden tener un impacto directo para evitar la
impunidad y avanzar en la sanción frente a los responsables de los delitos
hacia personas LGBT, particularmente cuando los prejuicios o estereotipos
hacia la orientación sexual e identidad de género fueron determinantes
para el crimen. De igual forma la sanción permite visibilizar la violencia
hacia
las personas LGBT como una forma de rechazo, indignación y
censura, lo cual permitirá reconocer que es un problema público urgido de
medidas especiales para los familiares y parejas de las víctimas. 17 Se tomaron algunos elementos de los estándares internacional de debida diligencia en
casos de tortura. CEJIL, Debida Diligencia en la Investigación de Violaciones a los Derechos
Humanos, 2010, 38 -52. 111 Conclusiones y recomendaciones 5 o L u T
P í a
C Foto página anterior: Luisa Gáfaro. Karen Castro y Ligia Trujillo
en el Barrio La Candelaria, Bogotá. Conclusiones generales La situación general de violencia hacia personas LGBT en Colombia
continua siendo preocupante por el contexto en que se desarrolla, los
móviles que rodean este tipo de violaciones y las debilidades institucionales
en materia de prevención, atención y acceso a la justicia. Si bien algunos
hechos de violencia han disminuido, como el caso de los homicidios, se
debe analizar con detenimiento que otras formas de violaciones como la
violencia policial y las amenazas han aumentado. Además, en los años
2013 y 2014 continuaron presentándose violaciones de derechos humanos
de personas LGBT en el marco y con ocasión del conflicto armado.
La disminución de los homicidios hacia la población LGBT es coherente
en parte con la dinámica general de la violencia actual en Colombia. Según
han advertido algunas entidades oficiales y otras organizaciones sociales el
menor número de homicidios en ciertas regiones se debe en buena medida
a acuerdos de no agresión y repartición de áreas de influencia entre actores
armados o bandas criminales. Esto no solo expone a la población civil
al aumento de otras formas de violencia (como el cobro de extorsiones,
amenazas y servicios forzados), sino que tampoco impide que los niveles
de violencia letal puedan volver a dispararse en cualquier momento.1
Adicionalmente, el ritmo de disminución del número de homicidios de
personas LGBT parece haberse desacelerado en los últimos cuatro años: de
los 172 casos de 2010 a los 119 casos de 2011, la reducción fue del 31%;
pero de 2011 a 2012 fue del 18%, de 2012 a 2013 fue del 15 % y de 2013
a 2014 fue tan solo del 2%. 1 Personería de Medellín, Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de
Medellín - 2014, Medellín, 26 de febrero de 2015. 115 En el presente informe también se observan problemas profundos