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frente al acceso a la información y documentación de la violencia que viven
las personas LGBT en Colombia. En primer lugar, por los problemas con
los sistemas de información sobre violencia contra población LGBT y por
el subregistro como consecuencia de las debilidades en las instituciones
oficiales, en parte por la ausencia de la variable específica de orientación
sexual e identidad de género.
En segundo lugar, la respuesta del Estado continúa siendo parcial y fragmentada. En el 2013 y en el 2014 hubo ejemplos positivos de investigaciones y sanciones oportunas ante violaciones de derechos humanos de
personas LGBT. La captura de los cinco responsables del homicidio del activista Guillermo Garzón fue uno de ellos. La rápida reacción de la SIJIN de
Bogotá, junto con la colaboración de la comunidad y la presión de medios
de comunicación, permitió dar con los responsables, ponerlos a disposición
de las autoridades judiciales y avanzar en el respectivo proceso penal. A raíz
de este hecho, también se pudo identificar a otras víctimas (fatales y sobrevivientes) de esa misma banda. Felicitamos y agradecemos profundamente
esta labor de la Policía Metropolitana de Bogotá y esperamos que este tipo
de resultados se pueda replicar en otros casos.
Durante esos dos años también hubo ejemplos negativos de la falta de
debida diligencia de las autoridades ante este tipo de hechos. El suicidio
de Sergio Urrego resulta ilustrativo sobre las graves consecuencias de la
discriminación por la orientación sexual. A pesar de que la madre de Sergio
alertó en su momento a la Secretaría de Educación de Cundinamarca sobre
lo que estaba ocurriendo, dicha entidad no actuó de manera oportuna para
detener las violaciones al derecho al libre desarrollo de la personalidad y a
la educación de Sergio.
De igual forma reconocemos la voluntad política de distintos funcionarios de varias entidades estatales, así como algunos avances normativos e
institucionales para enfrentar estas situaciones. Sin embargo la ausencia
de debida diligencia continúa siendo la norma, mientras que las buenas
prácticas (como en el caso de Guillermo Garzón) aún dependen fundamentalmente de la voluntad de ciertos funcionarios. Este tipo de resultados no
pueden replicarse, sea por reservas de las personas encargadas de adelantar 116 » Conclusiones y recomendaciones « las respectivas investigaciones, porque no tengan suficiente capacitación
para abordar hechos de violencia que afecten a personas LGBT o por limitaciones en los recursos (humanos, materiales, institucionales) para culminarlas exitosamente.
En tercer lugar, existe un vacío aún más grande en medidas de tipo
preventivo. Con respecto a esto
la política pública nacional para
la
población LGBT aún no ha sido expedida a pesar de que ya van más de
cuatro años desde que comenzó su formulación. Aún no existen medidas
articuladas a nivel nacional de prevención de la violencia, disminución de
la discriminación, atención a víctimas de violencia, acceso a servicios de
salud, empleo o vivienda, entre otros. Este tipo de políticas solo existen de
manera aislada en algunas de las principales ciudades y departamentos y
muchas dependen también de la administración de turno.
En
cuarto
lugar, debe
implementarse medidas de
fondo
con el
fin de reducir la violencia y lograr la culminación satisfactoria de las
investigaciones en materia penal y disciplinaria.
La última parte de este informe consiste precisamente en una serie de
recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional y a las distintas entidades
encargadas de promover, prevenir, proteger, investigar y sancionar las
violaciones de derechos humanos de las personas LGBT, de modo que
desarrollen medidas articuladas, coherentes y sistemáticas.
Por último, cabe mencionar que las formas en que actúa el prejuicio hacia
las personas LGBT son mucho más complejas que lo que pudimos mostrar
en estas páginas. En últimas, el presente informe se limitó a dar cuenta de
las principales violaciones de derechos humanos de las personas LGBT en
el país, así como de las debilidades institucionales para contrarrestar de
manera efectiva esta problemática. Si bien estaba fuera de nuestro alcance
hacer un examen más detallado de las distintas formas en que el prejuicio y
la violencia afectan a personas con orientaciones sexuales e identidades de
género diversas en contextos particulares, queremos concluir recalcando
la importancia de esta labor.
Es necesario examinar cómo el prejuicio no afecta a todas las personas
LGBT por igual ni de la misma forma. Debemos analizar los factores que
pueden exponer a las personas LGBT a mayores niveles de prejuicio y 117 violencia, pero también los que puedan reducir los efectos del prejuicio.
Al tener una comprensión más detallada de estas dinámicas sociales,
tendremos más herramientas para enfrentarlas e impulsar los cambios
sociales necesarios. Sin cambios sociales profundos, cualquier avance
normativo e institucional se quedará corto. Además, conocer más a fondo
cómo opera la violencia por prejuicio es una forma de dignificar la memoria
de las víctimas, ya que pasaría por reconstruir sus vidas, su entorno y
sus maneras de reivindicar sus identidades. Esta es una tarea pendiente
para entidades oficiales encargadas de adelantar procesos judiciales, de
reconstrucción de memoria histórica, de documentación y seguimiento de
situaciones de riesgo y de violaciones de derechos humanos, pero también
para sectores de la sociedad civil como las organizaciones sociales y la
academia.
A partir de las violaciones contra las personas LGBT y los problemas
reseñados, hacemos un llamado al cumplimiento de las recomendaciones
transversales e institucionales que se señalan a continuación. Recomendaciones transversales
a todas las instituciones 1. Mejorar los sistemas de información frente al registro de información de
delitos hacia personas LGBT, incluyendo otras variables de identificación
y vulnerabilidad de las víctimas como la raza-etnia, posición socioeconómica, discapacidad, víctima del conflicto y ocupación. Dichos
sistemas deben
incorporar variables para
la
identificación de
las
personas LGBT que han sido víctimas de violaciones de derechos
humanos (cuando no las tengan), y unificar las definiciones y criterios
de aplicación de las variables (en los casos en que ya se tienen pero
varían de una entidad a otra). La implementación y unificación de estas
variables no solo debe hacerse entre diferentes entidades, sino también
entre diferentes niveles (nacional, departamental, municipal) de una
misma entidad. En este sentido, es necesario que la información sea
coherente dentro de cada entidad y congruente de una entidad a otra. 118 » Conclusiones y recomendaciones « 4. 2. Articular las instituciones frente a la atención y protección de las
víctimas directas e indirectas de la violencia hacia la población LGBT a
nivel nacional, regional y local.
3. Trabajar de forma coordinada entre entidades que tienen impacto en
la administración de justicia: Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría,