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Declaración oral presentada por la Comisión Colombiana de Juristas 18° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
15 de septiembre de 2011
Tema 2 de la agenda: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre los derechos humanos y la justicia de transición
Señora Presidenta y señora Alta Comisionada: Aunque las autoridades no lo reconocen, hoy hay más de diez mil paramilitares en
Colombia. "El paramilitarismo está vivo. (…). Aún cierto sector de las Fuerzas Armadas
y políticos no han roto lazos con organizaciones ilegales", dijo el ex jefe paramilitar alias
"Ernesto Báez". Es evidente que el proceso realizado con estos grupos no ha producido la paz, y que el
objetivo de alcanzar verdad, justicia y reparación para las víctimas se encuentra muy
lejano. Pese a casi cuatro mil cadáveres descubiertos y más de 57 mil delitos confesados,
hay solo tres sentencias en aplicación de la llamada ley de "justicia y paz". Luego de seis
años de vigencia, muchas voces proponen su reforma. La Comisión Colombiana de Juristas reitera que reducir las penas para crímenes de lesa
humanidad solo se explica
jurídicamente en aras de la paz, como lo dijo
la Corte
Constitucional. En ausencia de paz, no hay justificación para conceder estos beneficios,
y una reforma debería apuntar a rescatar el máximo de verdad, justicia y reparación y no
simplemente a descongestionar o acortar el proceso. Como lo señala el Informe que presenta la Alta Comisionada, “el número de miembros
desmovilizados de grupos armados ilegales procesados en virtud de la ley es muy bajo,
en comparación con el número de personas que podrían aportar información pertinente
para el establecimiento de la verdad”. Aunque 4.500 paramilitares aceptaron acogerse a
los beneficios de
la
ley de "justicia y paz", por haber cometido crímenes de
lesa
humanidad, más de 3.000 de ellos no han comparecido. No bastaría con reformar la ley, habría que capturar a estos prófugos y aplicarles justicia. También habría que evitar que a
través de la nueva ley de “justicia transicional” el Gobierno indulte de facto a la mayoría
de los mas de 30.000 desmovilizados que no fueron postulados a “justicia y paz”. No tiene sentido reformar la ley si no ha habido un desmantelamiento efectivo de los
grupos paramilitares en Colombia, lo que advierte la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. Al negar la persistencia de estos grupos el Estado
desconoce la existencia de uno de los actores del conflicto armado, y las medidas que se
adoptan no son adecuadas para enfrentarlos. Señora Presidenta: si se resuelve lo anterior, podrían estudiarse fórmulas para agilizar los
procesos. Habría que garantizar la participación plena de las víctimas, hacer públicas las
audiencias, recuperar la participación de los paramilitares extraditados y garantizar los
recursos para las reparaciones, entre otros. Pero, ante todo, es urgente reconocer y
enfrentar verdaderamente
el paramilitarismo. Por
ello,
solicitamos al Consejo de
Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos que continúen haciendo seguimiento cuidadoso a este tema. Muchas gracias señora Presidenta. paramilitares habían comparecido ante la Fiscalía. Posteriormente, en medios de comunicación ha dicho que esta cifra
es de aproximadamente 900 paramilitares. Luego del listado original de 3.650 paramilitares, que corresponde a los
desmovilizados colectivamente, otros paramilitares han sido
incluidos como postulados en
la
ley 975, como
desmovilizados individuales, lo que explicaría la cifra total actual de 4.5 postulados.
8 Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y
reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios
jurídicos y se dictan otras disposiciones”. Esta ley ofrece beneficios penales a aquellos que narren la verdad ante un
mecanismo no judicial de memoria histórica, pero impide el uso de esta información en los procesos judiciales contra
estos desmovilizados. Esto contradice abiertamente las disposiciones internacionales sobre derechos de las víctimas, las
decisiones de la Corte Constitucional y la recientemente aprobada ley de víctimas y restitución de tierras.
9 “(…) Estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de
capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados. Son un factor
activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha
recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en
acciones atribuidas a algunos de estos grupos. El país enfrenta importantes retos para consolidar el proceso de
desmovilización por el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales. Las estructuras, intereses y modus operandi de
estos grupos no son homogéneos y el uso de términos idénticos para calificarlos a veces no logra dar cuenta de su
gama de actividades, objetivos y alianzas. Sin embargo, independientemente de su denominación, constituyen fuente de
legítima preocupación porque continúan ejerciendo violencia contra
la población civil”.
Informe de
la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
Una tarea que no da tregua Escenario del acompañamiento en la atención de las víctimas
por minas antipersonal y munición sin explotar en Colombia Una tarea que no da tregua Una tarea que no da tregua constituye un primer paso para que nos acerquemos a la compleja realidad de las víctimas civiles
por minas antipersonal y munición sin explotar de
Colombia. Esta publicación fue concebida en tres partes: la primera, es un panorama general sobre el escenario de las minas en Colombia y una perspectiva
de la Campaña Colombiana Contra Minas del problema; la segunda muestra el universo legislativo que
hace referencia a las víctimas civiles, y la tercera,
nos acerca a la realidad que hemos podido percibir a
través de un trabajo cotidiano. A raíz del acompañamiento de la atención a los sobrevivientes, se hicieron evidentes las fortalezas, las dificultades y los cuellos de botella de la atención a las víctimas. Esto es un primer paso en el camino. Lo invitamos a que conozca y se involucre en este proceso, para que entre todos logremos cambiar la situación de abandono en que se encuentran los sobrevivientes y sus familias.
En primer lugar, un país cuya población civil esté siendo severamente afectada
por la acción de minas antipersonal –MAP- y munición sin explotar –MUSE-; Colombia es de los países más minados del mundo, el tercero en número de víctimas y el
único en el continente americano donde cada día continúan colocándose minas.
Además, la existencia de una contraparte experta, con la infraestructura necesaria,
comprometida y dispuesta a colaborar; esto lo encontramos en la Campaña Colombiana Contra Minas. También hay que tener o elaborar conjuntamente un proyecto
adecuado, útil, posible y pertinente, que cumpla con alguno de los objetivos esenciales y principios que inspiran el movimiento internacional contra las minas; este es el
proyecto «Acompañamiento de Víctimas de MAP y MUSE en Colombia». Por último,
algo esencial: la voluntad de instituciones públicas y/o privadas a las que Moviment
per la Pau pueda dirigirse para solicitar el respaldo financiero para llevar a cabo la
ejecución del proyecto elaborado en colaboración con la contraparte escogida en el
país afectado; esto lo hemos encontrado en Cataluña (en la Fundación La Caixa, en
el Gobierno de Cataluña, en la Alcaldía de Barcelona), hasta el momento.
La sensibilidad de Cataluña hacia Colombia es clara y rotunda; la existencia de la
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia (Mesa Catalana por la Paz
y los Derechos Humanos en Colombia) así lo demuestra. Esta experiencia de la unión
del gobierno, alcaldías, ONG, sindicatos, universidades de un país, para invertir su
conocimiento, voluntad de apoyo, dinero, etc. en la construcción de la paz en un país
determinado, es única y está dando resultados. Esta iniciativa, ejemplo de la unión de
intereses y naturalezas distintas que buscan y encuentran puntos en común para
trabajar conjuntamente a pesar de las diferencias, es también una respuesta a por qué
Moviment per la Pau escogió a Colombia para ejecutar proyectos de cooperación. Y, de momento, vamos a continuar. Maria Josep Parés
Responsable de Moviment per la Pau Cuando iniciamos las actividades como Campaña Colombiana Contra Minas –CCCMen Colombia, la mayor preocupación que teníamos
eran las víctimas de esta arma. Siete años después la
preocupación es mayor. No sólo porque el país está
alcanzando el promedio de tres víctimas de minas
por día, en lo que va corrido del 2005, sino especialmente porque los esfuerzos, las leyes y las capacitaciones a los funcionarios del sector de la salud, entre

Declaración oral presentada por la Comisión Colombiana de Juristas 18° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

15 de septiembre de 2011

Tema 2 de la agenda: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

sobre los derechos humanos y la justicia de transición

Señora Presidenta y señora Alta Comisionada: Aunque las autoridades no lo reconocen, hoy hay más de diez mil paramilitares en

Colombia. "El paramilitarismo está vivo. (…). Aún cierto sector de las Fuerzas Armadas

y políticos no han roto lazos con organizaciones ilegales", dijo el ex jefe paramilitar alias

"Ernesto Báez". Es evidente que el proceso realizado con estos grupos no ha producido la paz, y que el

objetivo de alcanzar verdad, justicia y reparación para las víctimas se encuentra muy

lejano. Pese a casi cuatro mil cadáveres descubiertos y más de 57 mil delitos confesados,

hay solo tres sentencias en aplicación de la llamada ley de "justicia y paz". Luego de seis

años de vigencia, muchas voces proponen su reforma. La Comisión Colombiana de Juristas reitera que reducir las penas para crímenes de lesa

humanidad solo se explica

jurídicamente en aras de la paz, como lo dijo

la Corte

Constitucional. En ausencia de paz, no hay justificación para conceder estos beneficios,

y una reforma debería apuntar a rescatar el máximo de verdad, justicia y reparación y no

simplemente a descongestionar o acortar el proceso. Como lo señala el Informe que presenta la Alta Comisionada, “el número de miembros

desmovilizados de grupos armados ilegales procesados en virtud de la ley es muy bajo,

en comparación con el número de personas que podrían aportar información pertinente

para el establecimiento de la verdad”. Aunque 4.500 paramilitares aceptaron acogerse a

los beneficios de

la

ley de "justicia y paz", por haber cometido crímenes de

lesa

humanidad, más de 3.000 de ellos no han comparecido. No bastaría con reformar la ley, habría que capturar a estos prófugos y aplicarles justicia. También habría que evitar que a

través de la nueva ley de “justicia transicional” el Gobierno indulte de facto a la mayoría

de los mas de 30.000 desmovilizados que no fueron postulados a “justicia y paz”. No tiene sentido reformar la ley si no ha habido un desmantelamiento efectivo de los

grupos paramilitares en Colombia, lo que advierte la Alta Comisionada de Naciones

Unidas para los Derechos Humanos. Al negar la persistencia de estos grupos el Estado

desconoce la existencia de uno de los actores del conflicto armado, y las medidas que se

adoptan no son adecuadas para enfrentarlos. Señora Presidenta: si se resuelve lo anterior, podrían estudiarse fórmulas para agilizar los

procesos. Habría que garantizar la participación plena de las víctimas, hacer públicas las

audiencias, recuperar la participación de los paramilitares extraditados y garantizar los

recursos para las reparaciones, entre otros. Pero, ante todo, es urgente reconocer y

enfrentar verdaderamente

el paramilitarismo. Por

ello,

solicitamos al Consejo de

Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos

Humanos que continúen haciendo seguimiento cuidadoso a este tema. Muchas gracias señora Presidenta. paramilitares habían comparecido ante la Fiscalía. Posteriormente, en medios de comunicación ha dicho que esta cifra

es de aproximadamente 900 paramilitares. Luego del listado original de 3.650 paramilitares, que corresponde a los

desmovilizados colectivamente, otros paramilitares han sido

incluidos como postulados en

la

ley 975, como

desmovilizados individuales, lo que explicaría la cifra total actual de 4.5 postulados.

8 Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y

reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios

jurídicos y se dictan otras disposiciones”. Esta ley ofrece beneficios penales a aquellos que narren la verdad ante un

mecanismo no judicial de memoria histórica, pero impide el uso de esta información en los procesos judiciales contra

estos desmovilizados. Esto contradice abiertamente las disposiciones internacionales sobre derechos de las víctimas, las

decisiones de la Corte Constitucional y la recientemente aprobada ley de víctimas y restitución de tierras.

9 “(…) Estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de

capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados. Son un factor

activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha

recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en

acciones atribuidas a algunos de estos grupos. El país enfrenta importantes retos para consolidar el proceso de

desmovilización por el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales. Las estructuras, intereses y modus operandi de

estos grupos no son homogéneos y el uso de términos idénticos para calificarlos a veces no logra dar cuenta de su

gama de actividades, objetivos y alianzas. Sin embargo, independientemente de su denominación, constituyen fuente de

legítima preocupación porque continúan ejerciendo violencia contra

la población civil”.

Informe de

la Alta

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

Una tarea que no da tregua Escenario del acompañamiento en la atención de las víctimas

por minas antipersonal y munición sin explotar en Colombia Una tarea que no da tregua Una tarea que no da tregua constituye un primer paso para que nos acerquemos a la compleja realidad de las víctimas civiles

por minas antipersonal y munición sin explotar de

Colombia. Esta publicación fue concebida en tres partes: la primera, es un panorama general sobre el escenario de las minas en Colombia y una perspectiva

de la Campaña Colombiana Contra Minas del problema; la segunda muestra el universo legislativo que

hace referencia a las víctimas civiles, y la tercera,

nos acerca a la realidad que hemos podido percibir a

través de un trabajo cotidiano. A raíz del acompañamiento de la atención a los sobrevivientes, se hicieron evidentes las fortalezas, las dificultades y los cuellos de botella de la atención a las víctimas. Esto es un primer paso en el camino. Lo invitamos a que conozca y se involucre en este proceso, para que entre todos logremos cambiar la situación de abandono en que se encuentran los sobrevivientes y sus familias.

En primer lugar, un país cuya población civil esté siendo severamente afectada

por la acción de minas antipersonal –MAP- y munición sin explotar –MUSE-; Colombia es de los países más minados del mundo, el tercero en número de víctimas y el

único en el continente americano donde cada día continúan colocándose minas.

Además, la existencia de una contraparte experta, con la infraestructura necesaria,

comprometida y dispuesta a colaborar; esto lo encontramos en la Campaña Colombiana Contra Minas. También hay que tener o elaborar conjuntamente un proyecto

adecuado, útil, posible y pertinente, que cumpla con alguno de los objetivos esenciales y principios que inspiran el movimiento internacional contra las minas; este es el

proyecto «Acompañamiento de Víctimas de MAP y MUSE en Colombia». Por último,

algo esencial: la voluntad de instituciones públicas y/o privadas a las que Moviment

per la Pau pueda dirigirse para solicitar el respaldo financiero para llevar a cabo la

ejecución del proyecto elaborado en colaboración con la contraparte escogida en el

país afectado; esto lo hemos encontrado en Cataluña (en la Fundación La Caixa, en

el Gobierno de Cataluña, en la Alcaldía de Barcelona), hasta el momento.

La sensibilidad de Cataluña hacia Colombia es clara y rotunda; la existencia de la

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia (Mesa Catalana por la Paz

y los Derechos Humanos en Colombia) así lo demuestra. Esta experiencia de la unión

del gobierno, alcaldías, ONG, sindicatos, universidades de un país, para invertir su

conocimiento, voluntad de apoyo, dinero, etc. en la construcción de la paz en un país

determinado, es única y está dando resultados. Esta iniciativa, ejemplo de la unión de

intereses y naturalezas distintas que buscan y encuentran puntos en común para

trabajar conjuntamente a pesar de las diferencias, es también una respuesta a por qué

Moviment per la Pau escogió a Colombia para ejecutar proyectos de cooperación. Y, de momento, vamos a continuar. Maria Josep Parés

Responsable de Moviment per la Pau Cuando iniciamos las actividades como Campaña Colombiana Contra Minas –CCCMen Colombia, la mayor preocupación que teníamos

eran las víctimas de esta arma. Siete años después la

preocupación es mayor. No sólo porque el país está

alcanzando el promedio de tres víctimas de minas

por día, en lo que va corrido del 2005, sino especialmente porque los esfuerzos, las leyes y las capacitaciones a los funcionarios del sector de la salud, entre