Datasets:
anytp
/
prueba2

Dataset card Data Studio Files
xet
 Community
text
stringlengths
0
143k
territorio colombiano. Preocupada por la respuesta dada al fenómeno de los llamados falsos
positivos por el aparato judicial colombiano, la FIDH decidió llevar a cabo junto con la Mesa
sobre Ejecuciones Extrajudiciales (la Mesa) de la Coordinación Colombia-Europa-Estados
Unidos (CCEEU) este estudio, enfocándose particularmente en la responsabilidad de los altos
mandos militares y en la complementariedad de la justicia colombiana.
El presente informe se estructura en dos partes: la primera parte analiza la práctica de ejecuciones
extrajudiciales por agentes del Estado en el período 2002-2008, destacando sus características
de sistematicidad y generalidad; la segunda parte se concentra sobre la administración de
justicia en este tipo de casos por parte de los tribunales colombianos, con particular énfasis en
la responsabilidad de los altos mandos militares.
Para este informe en particular la FIDH estableció un acuerdo de cooperación con la Mesa de
la CCEEU. Entre julio de 2011 y abril de 2012, dos consultoras llevaron a cabo un trabajo
de investigación documental, seguimiento de investigaciones y juicios, y entrevistas con
abogados representantes de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en casos llevados ante la
justicia colombiana. La FIDH aprovecha esta ocasión para rendir homenaje a los defensores
y defensoras de derechos humanos de Colombia, por su incansable lucha por el respeto de
los derechos humanos y contra la impunidad, en un contexto hostil de amenazas, atentados e
intimidación. Hacen parte de la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales las siguientes organizaciones: El Observatorio de Derechos Humanos
de la CCEEU, la Corporacion Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC),El Banco de Datos del Cinep,
la Corporación Sembrar, El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), El Centro Cristiano para Justicia, Paz
y Acción no Violenta – Justapaz, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, el Centro Alternativo de Investigación y
Protección de los Derechos Fundamentales en Colombia (CINPRODEC), la Corporación de Desarrollo Regional (CDR), la
Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica
Libertad, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Corporacion
Reiniciar, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Colecitvo Socio-
jurídico Orlando Fals Borda, Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y Humanidad Vigente, acompañados
por Peace Brigades International. Las Ejecuciones
Extrajudiciales
en Colombia y el
Fenómeno de los
Falsos Positivos Entre diciembre de 2007 y agosto de 2008, al menos 16 hombres jóvenes desaparecieron en
extrañas circunstancias del municipio de Soacha (Cundinamarca). Algunos de ellos informaron
a sus familias que partían a atender una oferta de trabajo a Santander. Otros, simplemente no
regresaron a sus casas. Todos ellos fueron reportados posteriormente como muertos en combate
por tropas del Batallón Francisco de Paula Santander o por la Brigada Móvil 15, ambas unidades
adscriptas a la Segunda División del Ejército Nacional. El escándalo estalló en agosto de 2008,
cuando las madres de los jóvenes de Soacha se unieron para reclamar por sus hijos, luego de
varios meses de incertidumbre sobre su paradero, de búsquedas infructuosas, de la indiferencia
y la falta de respuesta por parte de las autoridades del Estado. Los cuerpos de los jóvenes
aparecieron, inexplicablemente, a 700 kilómetros de distancia de Soacha, enterrados como
N.N. (sin nombre), en una fosa común de Ocaña (Norte de Santander), reportados falsamente
por el Ejército como delincuentes, paramilitares o guerrilleros muertos en combate. Cuando
esos reclamos tomaron notoriedad pública, familias de todo el país comenzaron a denunciar la
desaparición y homicidio de seres queridos en circunstancias similares.
Aunque no se trata de algo novedosos pues, se conocen históricamente casos de personas
asesinadas por la Fuerza Pública y luego presentadas como muertes en combate, durante el
período comprendido entre 2002 y 2008, esa práctica se convirtió en un fenómeno sin precedentes,
con características específicas, patrones claros y un alto grado de organización que nos obligan
a estudiarlas como un conjunto de hechos relacionados entre sí. Es esa práctica la que ha dado
en llamarse comúnmente como falsos positivos, denominación técnica generalmente utilizada
para designar “el asesinato a sangre fría y predeterminado de civiles inocentes, con fines de
beneficio”.
Durante su visita a Colombia en 2009, el Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones
Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias advirtió que “[e]l enfoque en torno al caso de Soacha fomenta
la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente como en el tiempo.
Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y supervivientes que describieron
matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare,
Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada”14.
En efecto, como se verá más abajo, los casos fueron numerosos y la práctica adquirió carácter
sistemático. Como estudiaremos, hay una relación directa entre las ejecuciones y las políticas
implementadas por el gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez a partir del año 2002. En su
informe ante Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2010, Philip Alston destacó que las
pruebas documentales indican que los casos de falsos positivos empezaron a ocurrir con una
frecuencia alarmante en todo el territorio del país a partir de 2004. A su vez, es relevante
observar que la publicidad que adquirieron los episodios de Soacha, relatados en este apartado,
determinó que el gobierno Colombiano tomara, a partir del año 2008, una serie de medidas que
contribuyeron a reducir el número de ejecuciones extrajudiciales de este tipo.
El Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU atribuye 3.345 ejecuciones extrajudiciales
a la Fuerza Pública entre los años 2002 y 2008. Más abajo estudiaremos en más detalle el
carácter generalizado de las ejecuciones en todo el país y las cifras por región. En efecto, en
su informe de 2010, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos estimó “que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de
ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de casos
ocurrió entre los años 2004 y 2008”.
Así es que dada la gravedad que los hechos tomaron entre 2002 y 2008, hemos decidido
concentrarnos en este informe en ese período. Sin embargo, nos parece importante destacar que,
en su último informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia (correspondiente
al año 2011), la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos observó que la
práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente y destacó que tales
violaciones continuaban cometiéndose en Arauca, Bogotá, Cauca y el Cesar. A. Contexto político y móvil de los autores: baja de civiles inocentes
para mostrar resultados y obtener beneficios A efectos de entender el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, es preciso
situarlas en el contexto político de la época. Cuando el señor Alvaro Uribe Vélez asumió como
presidente de la República en el año 2002, hizo de la lucha contrainsurgente el eje principal de
su gobierno. Así es que a partir de agosto de 2002, el Gobierno colombiano tomó un conjunto de
medidas en el marco de la llamada Política de Seguridad Democrática. Esas medidas otorgaban
una serie de facultades a las Fuerzas Militares.
Para el propósito de este informe, hacemos referencia a dos ejes altamente relevantes que
conllevaron a la implementación de la política de los falsos positivos. Ellos son: un sistema de
incentivos y recompensas; y la presión por generar resultados.
El sistema de incentivos y recompensas: el negocio de los falsos positivos El otorgamiento de recompensas no era algo novedoso, pues se venían implementando medidas
desde años atrás. Sin embargo, a partir de la Política de Seguridad Democrática ese sistema
se perfeccionó, otorgándole un rol central en la estrategia de lucha contra la insurgencia.
El programa de recompensas del Gobierno se afianzó con la política de desmovilización y
reincorporación a la vida civil de integrantes de grupos paramilitares que se insertaron como
informantes en las labores de inteligencia de la Fuerza Pública.
Se creó así un sistema de estímulos a civiles que proporcionaran información que condujese a la captura
o el abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley o cabecillas
del narcotráfico. El dinero para tales recompensas procedía de un rubro presupuestal específicamente
destinado a estos efectos. Estos fondos eran independientes de otros recibidos en calidad de “gastos
reservados”. Estos últimos eran utilizados con gran discreción por parte de los comandantes.