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fuera de este plazo, así como incluir en el POS los
tratamientos que no cubre éste y que son necesarios para la atención de los sobrevivientes. PROMOVER LA CREACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO
DE GRUPOS DE VÍCTIMAS ORGANIZADOS O DE
ASOCIACIONES PARA QUE SE CONVIERTAN EN
LOS VERDADEROS PORTAVOCES DE LOS DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS. La acción a favor de las víctimas de MAP y MUSE
debe tender al fortalecimiento, al empoderamiento
directo de ellas, ya que deben convertirse en los
líderes y portavoces de sus derechos, apropiándose de esta lucha. Para esto, es indispensable
integrar a los sobrevivientes y a sus familias a
los espacios de debate y toma de decisiones sobre
las políticas públicas relativas al tema de las MAP
y MUSE y a los programas de acción en el nivel
local, regional, nacional e internacional.
LA CCCM A TRAVÉS DEL acompañamiento ha percibido la dramática situación que
viven las víctimas civiles de minas antipersonal y munición sin explotar en el país.
Tanto en los problemas que tienen para acceder a la salud, como frente a las dificultades, generadas a raíz del accidente, para reintegrarse a sus actividades cotidianas. Así
mismo, evidenciamos las dificultades que existen para que estas personas puedan
acceder a sus derechos de manera oportuna e integral.
La atención integral a las víctimas constituye unos de los pilares de acción de la
CCCM. Somos conscientes que todas las acciones en relación con las víctimas por las
MAP y las MUSE deben ser articuladas con las autoridades competentes desde el nivel
local, regional y nacional, puesto que se trata de construir sostenibilidad y durabilidad
de la acción emprendida.
Esta publicación, Una tarea que no da tregua, es sólo una pequeña muestra de la
realidad de las víctimas de MAP y MUSE en Colombia que hemos percibido a través del
trabajo realizado. Pretende ser una herramienta más de reflexión constructiva, donde a
partir del planteamiento de los problemas se tomen las medidas necesarias para que la
atención de las víctimas sea realmente integral. También, que estos sean insumos que
puedan facilitar la toma de decisiones políticas respectivas en la atención integral de
las víctimas de MAP y MUSE y que sea una invitación para que otras organizaciones y
gobiernos se vinculen al trabajo emprendido por la CCCM para lograr una Colombia sin
minas.
El Artículo 6 de la Convención de Ottawa estipula que «cada Estado Parte que
esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas y su reintegración social y económica», el Estado colombiano no puede olvidar que tiene una obligación internacional y una responsabilidad
con sus ciudadanos, por esta razón, debe actuar en consecuencia y como Estado,
adjudicando los recursos necesarios para atender esta problemática. Estamos seguros
que llenar estos vacíos, ayudará a recuperar la dignidad de las víctimas.
La acción humanitaria contra minas en Colombia se impone cada vez más como
un imperativo que no puede ser más postergado para el futuro del país. Las minas
antipersonal y las municiones sin explotar no dan tregua.
Colombia atraviesa un conflicto armado de carácter interno desde hace 50 años. En el conflicto
se han enfrentado miembros de los grupos insurgentes (la guerrilla), con el Ejército Nacional
y grupos paramilitares. En este marco, se han cometido graves violaciones de derechos
humanos y delitos internacionales. Desde el 1 de noviembre de 2002, Colombia es parte al
Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional (CPI). Según el principio de
complementariedad establecido por dicho Estatuto, corresponde a Colombia investigar y
enjuiciar a los responsables de los delitos contemplados por el mismo, a saber: genocidio,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La CPI entró en funcionamiento en julio de
2002, al entrar en vigor su estatuto. Desde que el Fiscal General de la CPI tomó posesión de su
cargo en junio de 2003, Colombia ha estado en “análisis preliminar” pero esto se hizo público
recién en el año 2006.
La Federación
Internacional de Derechos Humanos
(FIDH),
junto con una de
sus
organizaciones miembro en Colombia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(CAJAR), vienen realizando una labor de investigación, incidencia y apoyo a víctimas de
delitos internacionales, frente a la CPI desde el año 2005. Según el artículo 15 del Estatuto de
Roma, los interesados (víctimas, organizaciones no gubernamentales, etc) pueden presentar
a la Fiscalía de la CPI, comunicaciones que den cuenta de crímenes de competencia de la
Corte. La FIDH y el CAJAR han sometido, desde junio de 2005, 12 comunicaciones de este
tipo a la Fiscalía de la CPI.
La FIDH y el CAJAR realizaron también durante este período, y continúan realizando, una
labor de diálogo con la Fiscalía de la CPI. Esta comunicación, así como el seguimiento
minucioso de la política de la Fiscalía con respecto a las situaciones bajo análisis preliminar
y particularmente la situación colombiana, ha permitido a la FIDH hacer un monitoreo de la
evolución del análisis efectuado por la Fiscalía de la CPI. Una de las observaciones que ha
surgido de manera reiterada durante el diálogo entablado entre la FIDH y la Fiscalía de la
CPI, ha sido la necesidad de identificar a los más altos responsables de los delitos más graves
cometidos en Colombia y que se encuentran bajo jurisdicción de la CPI.
La Guerra se mide en litros de sangre aquí que la Fiscalía de la CPI ha hecho de la investigación y enjuiciamiento de los más altos
mandos un elemento primordial de su política. Es en este contexto que la FIDH transmitió
este informe a la Fiscalía de la CPI junto con dos anexos confidenciales que identifican a los
más altos responsables.
El análisis preliminar es regido por el artículo 53, párrafo 1º del Estatuto de la CPI. Conforme
a esta disposición, el Fiscal de la CPI, realiza un análisis en tres etapas y en el siguiente orden:
en primer lugar, se debe determinar si se han cometido delitos de competencia de la CPI; en
segundo lugar, se realiza el análisis de admisibilidad, que comprende el análisis de la gravedad
del fenómeno y el test de complementariedad; finalmente, se establece si la apertura de una
investigación es en interés de la justicia en el caso particular tratado.
Cabe recordar que en un informe de diciembre de 2011, la Fiscalía de la CPI confirmó que, de
acuerdo a la evaluación efectuada por la misma, se han cometido en Colombia crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra. El análisis preliminar se encuentra entonces en la fase de
estudio de complementariedad consistente en determinar si el Estado colombiano ha adelantado
investigaciones y procedimientos judiciales contra los responsables de dichos actos.
La FIDH y el CAJAR han expresado sus preocupaciones al respecto en numerosas ocasiones. Si
bien en Colombia se adelantan procesos por hechos que, en principio, entrarían en la jurisdicción
de la CPI, la FIDH y el CAJAR han considerado que en el caso de los altos mandos militares
o paramilitares o no existen esos procesos o no revisten el carácter genuino que deben asumir
de conformidad a los requisitos del artículo 17 del Estatuto . Así, por ejemplo, la FIDH y el
CAJAR expresaron serias preocupaciones al ser extraditados los más altos jefes paramilitares
a los Estados Unidos, substrayéndolos así prácticamente de los procesos que se adelantaban en
Colombia por delitos de lesa humanidad bajo el régimen de la Ley 975 de 2005, conocida como
la Ley de Justicia y Paz, igualmente en octubre del 2010 la FIDH enfoco su presentación en la
reunión de las ONGs con el Fiscal de la CPI en la necesidad de abrir una investigación sobre
los altos mandos militares responsables de ejecuciones extrajudiciales.
En efecto, en los últimos años, muchas organizaciones de la sociedad civil han denunciado con
aguda preocupación el aumento y generalización de las ejecuciones extrajudiciales en todo el