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Ambas categorías de fondos fueron utilizados para compensar a los reclutadores, que eran civiles que
contribuían a la actividad delictiva atrayendo o reclutando a las víctimas con información falsa para
luego entregarlas al Ejército que se encargaba de la ejecución y de simular la baja en combate.
Paralelamente al sistema de incentivos monetarios, y dada la presión por resultados que
describiremos a continuación, existían recompensas para los miembros del ejército que consistían
sobre todo en licencias para los soldados, y felicitaciones, condecoraciones, traslados, ascensos
y hasta capacitaciones en el exterior del país para los miembros de más alto rango.
Este sistema generó una fuerte competencia entre las unidades militares por mostrar los mejores
resultados en términos de número de golpes a los grupos subversivos. Así ha sido reconocido en
distintos testimonios que han sido rendidos por miembros del Ejército Nacional procesados por casos
de falsos positivos: “uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de contraguerrilla
de cada batallón era una licencia por todo el mes de diciembre a los pelotones que más sumaran
muertos en el año, o sea que si mi pelotón del Batallón Calibío era el que más había dado muertos
en el año, yo y mi gente salíamos todo el mes de diciembre […] También se dijo que el soldado que
más diera bajas sería incentivado con enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del País”.
Los sistemas de recompensas existen también en otros países. Lo que preocupa en el caso colombiano
es que esta política se implementó sin los necesarios controles ni la transparencia requerida, lo cual
llevó a las irregularidades descriptas. Como señaló el Relator Especial de Naciones Unidas sobre
Ejecuciones Extrajudiciales: “En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y
problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación”. 2. La presión por resultados positivos, medidos por “número de bajas” (body count) Los grandes operativos militares que se desplegaron a partir de la Política de Seguridad
Democrática y la consecuente inversión sin precedentes, exigían resultados rápidos, tangibles y mesurables. El resultado fue una fuerte presión para demostrar lo que la Fuerza Pública
denomina bajas en combate o positivos. Para la época, cinco oficiales del Ejército llegaron
a declarar públicamente: “la gente no llega a imaginarse la tortura sicológica de tener que
entregar resultados todos los días”. De acuerdo con un ex asesor del entonces Ministro
de Defensa, Juan Manuel Santos, existió “una insaciable presión por bajas [...] Y por eso
también resultan verosímiles las afirmaciones de que no todas las bajas de la IV Brigada han
sido hombres con fusil”. En opinión de un ex asesor de Seguridad Nacional, en el Ejército “se
[implantó] un problemático esquema de evaluación [de desempeño]: valora excesivamente -y,
a veces, exclusivamente- las bajas del oponente, y castiga desproporcionadamente los propios
fracasos operacionales. Consecuencia: tendencia a lograr bajas sin asumir riesgos, sin exponerse
demasiado o, mejor, nada. Resultados: civiles indefensos que aparecen muertos en combates
que nunca existieron”.
Los testimonios de algunos de los implicados en casos de falsos positivos, dan cuenta de las
presiones a las que fueron sometidos los miembros del Ejército Nacional en relación con los
resultados operacionales: “Nos dijo mi Coronel Ramírez, cada comandante de compañía me
debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder
por tres muertos al mes, en este momento la guerra se mide en litros de sangre, el comandante
que no tenga resultados de muertos por mes, tendrá la sanción correspondiente y se verá
reflejado en su folio de vida [...] En otra ocasión a principios de 2008, cuando tomó el mando
de la Brigada el Coronel Juan Carlos Barrera Jurado, en un programa radial le dijo a todos los
comandantes de batallón que el batallón que en noventa días no tuviera bajas o combates, hace
echar del Ejército al comandante por su negligencia o incapacidad operacional [...] La presión
se empezó a poner cada vez más dura, hasta un nivel que nos contaban los días que llevábamos
sin combatir, en el centro de operaciones táctico, existía un tablero en el cual se llevaban las
estadísticas de las compañías donde se sumaban los muertos y se contabilizaban los días que
llevábamos sin combates y sin muertos”. B. Las Ejecuciones Extrajudiciales: Delitos Internacionales Como se expone en este informe, las ejecuciones extrajudiciales alcanzaron un alto nivel
de gravedad durante el período de estudio (2002-2008). En este apartado estudiaremos la
calificación de este fenómeno como delito internacional.
Ante todo, es importante recordar que un mismo hecho puede ser calificado simultáneamente
como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Es decir que estos conceptos no son
excluyentes, sino que se plantea una situación de concurso ideal de delitos. Así cuando un mismo
hecho o conjunto de hechos responde a ambas calificaciones, son punibles los responsables
tanto por crimen de guerra como por crimen de lesa humanidad. La práctica y jurisprudencia de
los tribunales internacionales es uniforme al respecto. 1. Falsos positivos: ¿crímenes de guerra? Como se explicó más arriba, en Colombia se desarrolla un conflicto armado desde hace
varias décadas. A pesar de que ello ha sido negado por anteriores jefes de gobierno, esto es
actualmente reconocido y, en todo caso, la existencia de un conflicto armado no depende de su
reconocimiento por el gobierno respectivo sino de las circunstancias de hecho. Los conflictos armados tanto de carácter internacional como interno son regidos por el Derecho
Internacional Humanitario (DIH). El DIH prohíbe una serie de conductas en el marco de una
guerra. Entre dichas conductas, todas ellas punibles en Derecho Penal, se encuentra el homicidio
de no combatientes, es decir de personas civiles que no participan en las hostilidades y de
combatientes que se encuentran “Hors de Combat”. Los crímenes de guerra están regulados en
el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Dicho artículo establece: “c) En caso
de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3
común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los
siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades
[…]: i) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas
sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura…”
También se hallan regulados en el Título II del Código Penal colombiano, referido a los delitos
contra los bienes y personas protegidos por el DIH. El artículo 135 establece: “Homicidio en
persona protegida. El que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte
de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario
ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos
mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.”
Cabe recordar que Colombia hizo una salvaguarda cuando adoptó el Estatuto de Roma,
valiéndose del artículo 124 de dicho instrumento que permitía a un Estado, al hacerse parte del
Estatuto, declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha de entrada
en vigor a su respecto, no aceptaría la competencia de la CPI sobre los crímenes de guerra.
Esta salvaguarda expiró el 31 de Octubre de 2009. La declaración de retiro excepcional de la
competencia de la CPI por estos delitos, no tiene efecto alguno en derecho interno. Colombia
tiene el deber de investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra, como lo
estipulan los convenios de Ginebra de los cuales es parte el Estado colombiano, que están
integrados a la normativa interna colombiana a través del bloque de constitucional, según lo
establecido por el artículo 93 de la Constitución colombiana.
Asimismo, debe señalarse que si bien tal declaración imposibilita una investigación de la CPI
sobre crímenes de guerra, la misma no tiene ningún efecto en el caso que los mismo actos
puedan calificarse como crímenes de lesa humanidad.
Ahora bien, corresponde analizar si los casos de falsos positivos entrarían en la categoría de
crímenes de guerra. Durante la investigación llevada a cabo para la redacción de este informe,
se encontraron posturas diversas al respecto, incluso entre organizaciones de defensa de
víctimas, abogados, fiscales y jueces. Tales posturas diversas se evidencias en actos procesales
de imputación y sentencias, ya que mientras algunos califican las falsas bajas de civiles en
combate como homicidio agravado (es decir, homicidio de derecho común con circunstancias Las circunstancias de agravación establecidas en Derecho Penal colombiano, son las siguientes (artículo 104 del Código
Penal): “1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o
adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad.
2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí
o para los copartícipes.
3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo II del título XII y en el capítulo I del título XIII, del libro
segundo de este código.
4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.