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5. Valiéndose de la actividad de inimputable.
6. Con sevicia.
7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación.
8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.
9. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el título II de este Libro y agentes diplomáticos,
de conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia.
10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o Colombia.
Algunos consideran que se debe juzgar por homicidio agravado porque, en la práctica,
los hechos no tuvieron relación alguna con verdaderos combates. Argumentan que no todo
homicidio cometido en un país en conflicto es un crimen de guerra, así como tampoco lo es
toda actividad delictiva llevada a cabo por miembros del ejército. Otros, por su parte, exponen
que se trata de crímenes de guerra pues los autores se han valido del conflicto armado para
matar civiles inocentes, y esto ha sido incentivado por un sistema de beneficios y recompensas,
causado por la presión por resultados y respaldado por documentos internos del Ejército, como
las respectivas órdenes de operaciones.
Sin tomar partido en este debate, es importante destacar que sea cual sea la calificación que
se adopte, estos hechos deben ser juzgados por la justicia ordinaria y no por la justicia penal
militar, como se verá más adelante en este informe. Más allá de la discusión sobre la calificación
de estos hechos como crímenes de guerra o violación de DIH en el marco del sistema jurídico
interno, reiteramos que los mismos hechos pueden calificar a la vez de crímenes de guerra
y crímenes de lesa humanidad. Nuestras investigaciones nos permiten afirmar que los falsos
positivos configuran crímenes de lesa humanidad (como se verá en el apartado siguiente) y
deben ser juzgado como tales por el aparato judicial colombiano o, en su defecto, por la CPI." 2. Falsos positivos: crímenes de lesa humanidad Encontramos la definición de crímenes de lesa humanidad en el artículo 7 del Estatuto de Roma,
que establece: “[s]e entenderá por 'crimen de lesa humanidad' cualquiera de los actos siguientes
cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y
con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; […] i) Desaparición forzada de personas…”
Como Estado Parte al Estatuto de Roma, Colombia está en la obligación de perseguir penalmente
esta conducta punible. Se observa, sin embargo, que Colombia no ha introducido legislación
que incorpore específicamente este tipo penal en derecho interno. Sin embargo, corresponde
destacar que la Corte Constitucional ha reconocido que el Estatuto de Roma integra el bloque de
constitucionalidad, confirmando que Colombia está en la obligación de tipificar las conductas
definidas en dicho instrumento internacional. Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por
las fuerzas de seguridad han sido en algunas sentencias aisladas relacionadas con crímenes de
lesa humanidad, aunque muchas veces con una concepción errónea o sin la fundamentación
correspondiente.
Sostenemos que los falsos positivos que fueron cometidos en Colombia durante el período objeto
de esta investigación constituyen crímenes de lesa humanidad. A continuación realizaremos un
análisis basado en la jurisprudencia internacional en la materia, en particular la jurisprudencia
de la CPI que detalla los requisitos que deben reunirse para darse por configurado dicho tipo
de delito.
En el análisis de los elementos de los crímenes se distinguen los elementos generales (en este
caso, los que permiten configurar los crímenes de lesa humanidad) y los elementos específicos
(que se refieren a los actos específicos enumerados en el artículo 7 del Estatuto de la CPI:
asesinato, exterminio, desaparición forzada, etc). La configuración de los elementos específicos
que permiten concluir que se han cometido homicidios no es objeto de disputa. Por lo tanto, nos
concentraremos aquí en los elementos generales de la definición de crímenes de lesa humanidad
que permiten determinar que los casos de falsos positivos pueden ser calificados como tales. religioso en razón de ello.”
Al interpretar el párrafo 1º del artículo 7 del Estatuto, la CPI ha establecido que se deben
configurar los siguientes elementos para la calificación de crímenes de lesa humanidad:
a)
Ataque dirigido contra una población civil;
b)
Política de Estado o de una organización;
c)
Carácter generalizado y sistemático del ataque;
d)
Nexo entre los actos criminales y el ataque; y
e)
Conocimiento del ataque
a) Ataque dirigido contra una población civil
El párrafo 2º del artículo 8 del Estatuto de Roma establece: “a) Por 'ataque contra una población
civil' se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados
en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una
organización de cometer ese ataque o para promover esa política.”
Se refiere a una campaña u operación lanzada contra la población civil, sin que sea necesario que
se trate de un ataque militar. Este requisito significa que la población civil debe ser el objetivo
principal del ataque, y no una simple víctima incidental. No es necesario probar que la población
entera del área geográfica donde se llevó a cabo el ataque era el objetivo del mismo. El ataque se
prueba justamente con la comisión de los crímenes de que se trata; así se entiende que no se necesita
prueba adicional a la comisión de los crímenes para dar por configurado el elemento “ataque” .
La población civil en Colombia ha sido indudablemente el objetivo de ataques en el marco del
conflicto armado interno. En sus declaraciones luego de su visita a Colombia en 2009, el Relator
Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales destacó que las ejecuciones
cometidas por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales
“repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas,
afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios”38.
Como veremos más abajo, al tratar los perfiles de las víctimas de casos de falsos positivos, ellas
entran sin duda en la categoría de miembros de poblaciones rurales y pobres.
Se ha sostenido asimismo que la Doctrina de Seguridad Nacional que sustenta la Política
de Seguridad Democrática, que a su vez -como hemos estudiado más arriba- respalda
las ejecuciones extrajudiciales objeto de este informe, propicia la concepción el enemigo
interno. Este concepto sugiere que son enemigos del Estado y de la sociedad toda persona u
organización que asuman posturas democráticas, críticas y diferentes a las del modelo que se
quiere imponer desde el poder.
Las medidas que se tomaron a partir del año 2002 en el marco de la Política de Seguridad Democrática
otorgaban una serie de facultades a las Fuerzas Militares, con el fin de dirigir la lucha antiterrorista o la
lucha contrainsurgente, basadas en la idea de quitarle el agua al pez. De acuerdo con ese planteamiento,
la principal ventaja militar de los grupos subversivos eran los vínculos que supuestamente mantenían con la población civil y que adoptaban la forma de complicidad u ocultamiento. En consecuencia,
uno de los principales objetivos de las acciones militares emprendidas en el marco de la Política
de Seguridad Democrática, fue el aislamiento de esos grupos, cuyo principal soporte de acción, de
acuerdo con el Gobierno, era “la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil”. De
esa forma, la Política de Seguridad Democrática generó un ambiente de sospecha generalizado hacia
las personas campesinas, habitantes de las zonas controladas o de transito de las guerrillas.
Vale la pena recordar que, históricamente, hemos visto en el marco del conflicto colombiano
cómo se ha asimilado a la población civil de regiones donde opera la guerrilla a integrantes de
dicha organización, siendo así el objetivo de ataques militares y paramilitares.
Todas estas consideraciones nos permiten concluir que los falsos positivos se dieron como parte
de un ataque dirigido contra la población civil.