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pertenecer a un determinado actor armado, y en el caso de las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional no fue la excepción. Tal situación planteó un reto importante
para el Comité Cívico de cara a la restauración de las relaciones entre los miembros
de las comunidades de Monterrey, San Blas, El Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía. Se aclara que desde la década de los 80 ya existían las juntas de acción comunal
(JAC) en los cinco corregimientos, pero con la llegada paramilitar, el Bloque Central
Bolívar impuso sus bases militares, en especial en San Blas y Monterrey, lo que
debilitó el accionar de las JAC e impidió toda clase de trabajo a nivel comunitario.
Hoy, estas organizaciones comunitarias se reconocen como víctimas colectivas del
conflicto, una población cerca de 3500 personas, donde la mayoría fueron víctimas
de la violencia armada, que causó daños individuales y colectivos, morales y
materiales. El Comité Cívico
se propuso
la
reconstrucción del
tejido
social desde el
fortalecimiento de su acción colectiva, la formación de la identidad y la promoción
de
las relaciones entre diferentes actores, tanto de
la comunidad (juntas de
acción comunal, habitantes y líderes) como aquellos que se vincularon luego del
proceso de desmovilización del Bloque Central Bolívar, es decir, los participantes
del programa de la ACR, instituciones del Gobierno nacional y organizaciones no
gubernamentales. La creación de espacios de encuentro emanados de las acciones del Comité Cívico
ha afectado positivamente la disposición de sus miembros a la construcción y
reconstrucción de relaciones pacíficas, lo que permite vislumbrar algunos avances
en la reconciliación interpersonal, social y política. La experiencia del Comité Cívico refleja los desafíos y dificultades de los procesos de
reconciliación que se desarrollan entre excombatientes y comunidades receptoras
victimizadas. La lección que nos muestra este comité, en este sentido, tiene que ver
con el reconocimiento y reivindicación de los derechos de las víctimas, así como la
necesidad de consulta y participación de la comunidad receptora en los procesos
de reintegración de excombatientes en sus territorios. 141 Aprendizajes para la reconciliación Ante la precariedad estatal que caracteriza territorios rurales como el sur de Bolívar,
la fortaleza del tejido social y las organizaciones sociales que allí se han cimentado
se constituyen en un aliado para la construcción de paz y la convivencia pacífica.
El empoderamiento de iniciativas como esta por parte de la sociedad civil a través
de mecanismos como la intermediación, la formación y la difusión es tal que logra
establecer condiciones a las personas en proceso de reintegración y que deben
acoger, so pena de no ser aceptados en la comunidad. A partir de esto, el Comité
Cívico ha dado pasos hacia la reconciliación individual y social con el colectivo de
desmovilizados de los paramilitares con quienes comparten el territorio. En cuanto a la reconciliación política, entendida en su definición más amplia de
construcción y reconstrucción de relaciones con la institucionalidad, el Comité
Cívico y las comunidades que representa en el sur de Bolívar tienen el reto de
restablecer su confianza en las autoridades, la cual se encuentra anidada en una
historia de abandono y precariedad estatal, y también en la permisividad y omisión
del Estado frente a la cadena de violencia que desataron los grupos paramilitares
en la región. Los avances hacia el restablecimiento de estas relaciones pueden
observarse en situaciones como la estación de policía de Monterrey, que es la única
existente entre los cinco corregimientos. Para gran parte de estas comunidades
del sur de Bolívar, la estación fue interpretada como una amenaza, en la medida
que la cercanía entre las Fuerzas Armadas del Estado y las estructuras paramilitares
persistía en la memoria de los habitantes, así como el miedo a potenciales ataques
de la guerrilla que pudieran estar dirigidos a la estación. Ante esta situación, el
Comité dialogó directamente con la Policía Nacional y le planteó estos temores.
La respuesta de la institución se basó en el reconocimiento de la postura de la
comunidad, y a partir de ahí se construyó una relación distinta, fundada en el
respeto y la legalidad, en la que la comunidad no teme cuestionar el papel que
tengan los uniformados con respecto a determinada situación. Finalmente, es importante enunciar que el proceso organizativo y los avances en
términos de convivencia pacífica y reconciliación se encuentran condicionados a
algunos factores que pueden amenazar su sostenibilidad como la persistencia del
conflicto armado, las disputas por la tierra, el modelo de desarrollo y los recursos
naturales
(traducidos en problemas de titulación de tierras,
impactos de
la
economía de la palma aceitera y la minería ilegal) y la activación de nuevos actores,
tales como bandas criminales relacionadas con la minería ilegal y narcotráfico. Por
solo hacer referencia a uno de estos obstáculos, se puede enunciar el Séptimo
Encuentro Regional para
la Paz en Barrancabermeja, convocado por diversas
organizaciones no gubernamentales para pensar el posconflicto en el país. Allí se
mencionó el problema de varias personas que viven en esos cinco corregimientos 142 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras con carencia de títulos de propiedad. Sus tierras están protegidas por la Ley 2ª de
1959, que determina que están sobre un territorio considerado reserva forestal y
no debe ser intervenido por seres humanos. «“Al no tener un título eso nos dificulta
acceder a un crédito. Los bancos consideran que no hay una garantía para que
nos preste”. Sin inversión es muy difícil garantizar la paz en las regiones». (Verdad
Abierta, 2014). En esta experiencia, se identifica claramente una preocupación en torno a este
tema: «En Simití existen unos predios de cerca de 1600 hectáreas de palma, que
se apropió el Bloque Central Bolívar en la época paramilitar adquiridos con
dinero del narcotráfico y a través del despojo a sus dueños, donde se creó
una cooperativa, 92 de sus 100 miembros eran combatientes paramilitares.
En 2011, como medidas de reparación y que contempla la Ley de Victimas
1448, la Oficina de Acción Social que oficiaba como directora del Fondo de
Reparación, pidió al magistrado de justicia y paz la entrega de las tierras en
fiducia civil, lo que permitió desde entonces el traslado del dominio y del
proyecto productivo — Coproagrosur—, a favor de la comunidad del Comité
Cívico bajo la condición de construir una ruta de reparación colectiva».
(PDPMM, 2013). Esto ha sido motivo de conflicto, pues alias «Julián Bolívar», de forma ilegal a través
de terceros, ha intentado acceder a este predio. Esto puede poner en riesgo tanto
a las comunidades como al proceso de reintegración de los desmovilizados, de los
cuales cerca de 17 todavía trabajan en Coproagrosur. Actualmente, Fundepalma es
quien administra este terreno por encargo del mismo el Fondo de Reparaciones. Es oportuno aclarar que las amenazas a las que se hace referencia son llamados
de atención a la institucionalidad nacional, a la empresa privada y a los sectores
políticos, sociales y económicos para no dejar solo el proceso. Por ello, al hablar en
términos de reconciliación deben existir mínimos que propicien espacios para su
desarrollo, así como compromisos entre las partes para el establecimiento de un
real y efectivo Estado Social de Derecho, además de la garantía del derecho a la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en comunidades
victimizadas. 143 Aprendizajes para la reconciliación Infograma 6 Comité Cívico Sur de Bolívar 2006 Es un espacio de participación y encuentro de líderes y pobladores de los
corregimientos de Monterrey, San Blas, El Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía,
enfocado en emprender acciones de recuperación, promoción del desarrollo