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 Community
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143k
línea, es necesario redefinir
la noción de comunidad receptora
conforme al contexto en el cual tenga lugar la reubicación de excombatientes. Esta
necesidad pasa por reconocer que el enfoque comunitario con comunidades que
fueron afectadas directamente por el conflicto armado tiene particularidades e
implicaciones distintas a las que tendría con comunidades que no lo han sido. Si bien a la luz de esta investigación la reconciliación se comprende como una meta
y como un proceso, las experiencias analizadas evidencian la complejidad de una
mezcla de los diferentes alcances de la reconciliación (coexistencia, convivencia
pacífica y reconciliación), dependiendo de
la
incidencia y funcionamiento de
los mecanismos en cada una. En esta medida, la incidencia de los mecanismos
ambientales y la activación de los mecanismos al interior de los casos estudiados
permitieron
concluir que
la experiencia del
sur de Bolívar
tuvo avances
simultáneos en las tres dimensiones de la reconciliación: interpersonal, social y
política; sin embargo, como sus miembros mismos los reconocen, el avance hacia
la reconciliación requiere un esfuerzo del día a día y han tenido casos de renuncia
de desmovilizados al proceso. Si bien los avances en términos de la reconciliación no dependen exclusivamente
de los procesos de reintegración de excombatientes, el análisis de las experiencias
sí permite corroborar que programas más
integrales y sostenibles presentan
avances más decididos hacia procesos de reconciliación. Desde esta perspectiva,
el papel del Estado debe estar enfocado en propiciar no solo las condiciones para
que la política pública de reintegración se desarrolle de forma satisfactoria; sino
además debe generarlas circunstancias mínimas necesarias para que su impacto en
la consolidación de relaciones que puedan conducir a la reconciliación sean sólidas
y sostenibles. Estas circunstancias están relacionadas con la mitigación de los
mecanismos ambientales que limitan los avances para la reconciliación como, por
ejemplo, la continuación de escenarios de violencia, las inequidades estructurales,
los grados de polarización y la permanencia de imaginarios de estigmatización, la
precariedad institucional, los conflictos por la tierra, las dinámicas de poblamiento
y segregación social, así como la falta de garantías a los derechos de las víctimas a
la verdad, la justicia y la reparación. 172 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras La relación establecida en el párrafo anterior podría entonces traducirse en unos
retos concretos para la institucionalidad actual de la reintegración, específicamente
en una proyección de la construcción de escenarios favorables para la reconciliación.
Estos retos deben ser abordados tomando como filtro fundamental las dinámicas
locales que se establecen de manera diferenciada en los territorios urbanos y
rurales , dinámicas que están profundamente condicionadas por los aspectos arriba
señalados, entre otros enunciados en el análisis de cada una de las experiencias. Cuando se reconoce el origen, los objetivos y el contexto de cada experiencia
y se sabe con claridad quiénes asumen roles de liderazgo, es posible establecer
relaciones con las trayectorias recorridas por ellas, lo que permite establecer si sus
logros en convivencia pacífica y reconciliación han sido deliberados o han sido
involuntarios. De esta manera, es más factible que las experiencias con un objetivo
reconciliador deliberado puedan promover
transformaciones de
relaciones
y un cambio de postura frente al otro de una manera más directa que aquellas
experiencias cuyos objetivos estén más enfocados a la reintegración económica,
por ejemplo. En otras palabras, la tesis aquí defendida se inclina a sostener que las experiencias
de desmovilización de la década de los años 90, (en este caso las del EPL aquí
analizadas), tuvieron lugar en un contexto nacional más propicio a la participación
de los excombatientes, derivada en parte de la naturaleza de las guerrillas que se
desmovilizaron durante la época; esto se tradujo en la creación de espacios de
encuentro como la Asamblea Constituyente y los eventos de formación y beneficios
compartidos entre excombatientes y miembros de la comunidad receptora. En contraste, la política pública resultante del proceso de paz firmado entre el
Gobierno y las AUC, así como el énfasis reciente en la reintegración individual que
se evidencia en la política de reintegración actual, plantea desafíos que merecen
ser analizados para enfrentar la coyuntura de los diálogos adelantados en La
Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. En esta dirección se señalan dos de
los desafíos más evidentes que deja
la
observación de las experiencias en esta investigación con miras al panorama actual
de posibles desmovilizaciones de guerrillas. El primer desafío consiste en que es
preciso reconsiderar las implicaciones que podría traer consigo la no priorización de
la reintegración política de los excombatientes en la estructura institucional vigente,
de cara a la consolidación de escenarios propicios a la reconciliación. Este desafío
se encuentra anidado en la incidencia que tiene el contenido de los acuerdos en la
consolidación deliberada de espacios de encuentro con las comunidades receptoras
así como en la necesidad de que los desmovilizados se encuentren más involucrados
y comprometidos participando en la solución de los problemas de sus comunidades. 173 Aprendizajes para la reconciliación El segundo desafío consiste en propiciar escenarios hacia la reconciliación social
y política sin quebrantar los derechos de las víctimas, los cuales a diferencia del
pasado, tienen relevancia en la agenda pública. Adicionalmente, es preciso aliviar
no solo la tensión entre la política de reparación a las víctimas y la política de
reintegración de los desmovilizados, sino de estas dos con aquellas dirigidas a la
población en situación de vulnerabilidad dentro de las comunidades receptoras.
En una sociedad caracterizada por una profunda polarización e inequidad social
como la colombiana, los avances hacia la reconciliación implicarán no solo (re)
construir las relaciones y la confianza, sino cerrar las brechas de la exclusión
económica, social y política.
Es fundamental que el Estado reconozca
las posibilidades y
los
límites de su intervención frente a la reconciliación. Dentro de las
posibilidades está propiciar garantías y condiciones que promuevan
«espacios de encuentro» entre comunidades receptoras y personas
en procesos de reintegración, con miras a la reconciliación política,
social e interpersonal. No obstante, el límite de esta intervención
emerge de
la característica espontánea de
la reconciliación, por
lo cual no puede ser regulada, ni impuesta, pasando a un espacio
individual
fuera del dominio estatal que
involucra además
la
dignidad de las víctimas. La reconciliación es un tema transectorial, por tanto, no debe