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 Community
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reducirse a la política de reintegración. Requiere el concurso de
diferentes sectores estatales. Tal situación también se aplica a los
demás actores sociales como la empresa privada, la sociedad civil y
la academia. Las problemáticas diversas expuestas en
los contextos de cada
una de las experiencias muestran no solo las particularidades de
los territorios, sino también las formas igualmente diversas en las
que las comunidades se enfrentan a esas problemáticas. En este
sentido, el diseño y formulación de políticas que propendan por la
reconciliación deben tener un enfoque territorial muy consecuente
con las capacidades locales. La garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia,
la reparación y
la no repetición plantean un punto de partida
que puede
facilitar acciones de reconciliación en comunidades
receptoras fuertemente golpeadas por el conflicto. Los procesos de
reintegración deben estar acompañados de
estrategias pedagógicas acerca de las implicaciones de los procesos
de reintegración dirigidas no solo al conjunto de
la comunidad
receptora, sino también a los mismos excombatientes. Igualmente,
las estrategias pedagógicas pueden contribuir a la transformación
de imaginarios y de posturas que reproduzcan la estigmatización y la
mutua segregación entre comunidades receptoras y desmovilizadas.
Los procesos pedagógicos deben incluir procesos de educación para
la convivencia. 175 Aprendizajes para la reconciliación • • • • • • Simultáneamente, las estrategias pedagógicas deben considerar las
características de la comunidad receptora, si esta ha sido victimizada,
y diferenciar si se trata de procesos de construcción o reconstrucción
de relaciones, pues esto supone retos singulares. Continuar y fortalecer los procesos de acompañamiento psicosocial,
dirigidos a las víctimas y a las personas en proceso de reintegración.
Estos constituyen un punto de partida que puede propiciar de
manera espontánea hacia la (re)construcción de relaciones entre
excombatientes y comunidades receptoras victimizadas. Es necesario establecer un equilibrio entre las políticas de reintegración,
las políticas de reparación de víctimas y aquellas dirigidas a población
vulnerable en
las comunidades
receptoras. Lo anterior, además,
implica
instaurar escenarios de articulación en
la medida en que
la reincorporación de excombatientes no puede prescindir de
la
recuperación de la justicia y del reconocimiento de los derechos de las
víctimas, así como tampoco puede desconocer los requerimientos y
las necesidades de la población vulnerable establecida en el territorio. También se debe destacar la importancia de ampliar la comprensión
del enfoque comunitario de las políticas de reintegración, a través
de estrategias de participación más decididas y perdurables en el
tiempo en donde los excombatientes participen en la solución de
los problemas de sus comunidades receptoras. Componentes como
el servicio social pueden ser amplificados para favorecer espacios
de encuentro entre la comunidad receptora y los participantes del
programa hacia la búsqueda de la construcción y reconstrucción de
relaciones sólidas y de largo plazo con las comunidades receptoras. La ampliación de la comprensión del enfoque comunitario implica,
asimismo, que las políticas de DDR y justicia transicional entiendan
la complejidad del conflicto armado en los territorios, así como las
particularidades históricas, sociales, políticas y económicas que
inciden o inhiben los procesos de reconciliación. Apoyar el fortalecimiento de actores que desempeñan el rol de
«intermediación» en los territorios. Este rol se evidencia como un
elemento
fundamental en
la emergencia y en
la sostenibilidad
de experiencias de reconciliación analizadas. Adicionalmente, el
fortalecimiento de
la sociedad civil en
los territorios contribuye
al empoderamiento de las comunidades en posibles procesos de
posconflicto.
Incorporar un enfoque de género y de medidas diferenciales en favor
de mujeres, niñas, niños y adolescentes y sectores en condiciones
de riesgo y de vulnerabilidad. Adoptar por parte de las instituciones estatales y gubernamentales, de
forma adecuada y pronta, los informes y requerimientos que genera el
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y las alertas
del Comité
Interinstitucional de Alertas Tempranas, coordinado
por los Ministerios de Interior y de Justicia, en referencia a procesos
de DDR,
riesgos en comunidades
receptoras y desmovilizados. Trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad local de
cara a alternativas socioeconómicas y de desarrollo, retorno y un
ambiente para el ejercicio de derechos. Diferenciar en la atención y en la oferta institucional según sea
el entorno
rural o urbano de acuerdo con las necesidades y el
contexto de la población que allí reside. Para la población rural,
tener en cuenta las condiciones de integración regional, conflicto
armado, contextos de ilegalidad y acompañar los planes de retorno
y de fomento de proyectos agropecuarios y económicos que sean
viables y sostenibles con la población urbana, ampliar posibilidades
de empleos formales y de conformación de empresas pequeñas con
estudios de viabilidad, acompañamiento y supervisión. Vincular al
sector privado y a los gremios económicos en la dinamización de
estas iniciativas. Fortalecer
las
capacidades
y
liderazgo de
las mujeres para
desempeñar roles de mediación en los territorios y en escenarios de
toma de decisiones en el marco del conflicto armado. Este aspecto
está cobijado por las resoluciones 1325 de 2000 y 1820 de 2008 del