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intimidación. Esta situación trasciende a las relaciones afectivas entre los jóvenes, afecta la libre
locomoción y la libertad personal entre el sector del Asentamiento Unión de Cristo –en Villatina– y el
barrio Caicedo –Medellín–.
x c12 Niños y niñas de la ciudad son asesinados por no realizar tareas para los grupos armados, por no
incorporarse a estos o por tener algún familiar enemigo del grupo. El 3 de junio del 2011, el noticiero
Cosmovisión reportó cómo “fue asesinado un menor de 12 años en el barrio Belén Rincón”, en el noroccidente de Medellín. El niño había dejado de asistir a clase valiéndose de una falsa nota de suspensión.
Al enterarse, su madrastra lo llevó a la institución, pero antes de ingresar el niño fue secuestrado por
desconocidos quienes lo condujeron a un sector del barrio conocido como “El Ñeque” y lo asesinaron
pasadas las 7 de la mañana.
x c13 El día 15 de agosto, se produjo el estallido de una granada en la IE Gabriel García Márquez (ubicada
en una frontera invisible), en la Comuna 8, que afectó a una niña de 13 años. El artefacto, según las
autoridades, no estaba dirigido contra la escuela, sino que al parecer fue lanzado en otro momento
como parte de la confrontación entre diversos grupos armados que se presenta en distintos sectores
de la ciudad. Debido a lo ocurrido, muchos niños y niñas dejaron de asistir a la escuela por miedo a
que esta circunstancia se repitiera o por amenazas directas de los grupos. 17 La comunidad del barrio Nuevo Amanecer está integrada, en su mayoría, por pobladores afrodescendientes. Sus habitantes
provienen de un barrio informal que se incendió. El nuevo barrio es producto de la gestión y los esfuerzos del municipio de
Medellín, la nación y la comunidad. 57 Algunos estudiantes de dicha institución expresaron frases como: “Tengo miedo de ir a la escuela” y
“Quiero seguir estudiando, pero no en esa escuela”, debido a la violencia que vive la zona y a que, en
algunos casos, los estudiantes son familiares de miembros de los grupos armados, lo que representa
un alto grado de riesgo para su integridad.
Uno de los jóvenes contó que por un enfrentamiento armado que hubo en el colegio, su madre decidió no enviarlo más a estudiar. Como consecuencia de las situaciones de violencia, el joven tiene
afectaciones emocionales y se encuentra en tratamiento sicológico.
En la entrevistas, los jóvenes también declararon que “los del grupo armado de La Sierra bajan al co- legio y matan a los jóvenes del colegio y del barrio, porque además el que cruce la frontera (invisible) tiene casi la muerte asegurada”. Cabe aclarar que el barrio La Sierra tiene una sola entrada, y en este
lugar se ubica una de las fronteras invisibles más antiguas de Medellín, la de Tres Esquinas, por los
enfrentamientos entre los barrios Caicedo, 8 de Marzo y La Sierra.
Niños y niñas cuentan que en Caicedo los grupos armados están compuestos por adultos que respeta
a quienes son de su propio barrio. Incluso, dicen, que ellos les informan si va a haber enfrentamientos. Esta situación no se presenta en el barrio La Sierra, en donde la mayoría de los miembros del
grupo son personas con edades entre los 13 y los 17 años.
x c14 Durante el mes de agosto, en la institución Las Golondrinas, ubicada en la zona centro oriental de la
Comuna 8, miembros de un grupo armado se ubicaron en la puerta de la institución para amenazar
y golpear a otros niños. La situación generó miedo entre estudiantes y maestros, y provocó desescolarización. Como alternativa, los docentes enviaron talleres para que los alumnos trabajaran desde
casa sin perder el vínculo con el colegio.
Según testimonios de los estudiantes, varios de sus compañeros son utilizados ya sea como informantes o para el transporte de drogas y armas. También hay casos de niños y niñas que se vinculan
a los grupos “por dinero o para ganar respeto”.
Se sabe, además, que algunos niños y niñas consumen drogas al interior del grupo y que si bien no
venden droga dentro del colegio, sí lo hacen afuera, porque la “plaza de vicio” está a dos cuadras.
Al monitorear el caso, se conocieron denuncias sobre cómo la Policía del sector huye cuando se presentan enfrentamientos y utiliza a los estudiantes como informantes, a cambio de comidas y regalos.
Algunos policías les prestan a niños y niñas las esposas, de uso exclusivo para cuando una persona
es detenida. Por ese contacto, muchos habitantes menores de 18 años han sido amenazados por los
grupos armados ilegales. De igual forma, se dice que cuando el Ejército sube al sector repite las mismas prácticas y se relaciona especialmente con las niñas. Para los habitantes del sector, los grupos
armados –legales e ilegales– tienen prácticas similares.
A finales del año 2015, el país conoció que tras cumplirse tres años desde su inicio,
el proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional había conllevado un significativo ahorro de vidas, pues había prevenido la muerte de por los menos 1.500 personas a causa del conflicto armado. Comparando el periodo 2012-2015 con el período de
implementación de la Política de Seguridad Democrática (agosto 2002-octubre 2012) no
sólo habrían muerto 1.572 combatientes menos, tanto de las Fuerzas Armadas como de
la insurgencia, sino que también se ha preservado la vida de 499 civiles. Con gran entusiasmo el país pudo conocer que en 2015 las acciones armadas
disminuyeron en casi un 80% con relación al año anterior, y que comparativamente
el año 2015 fue el año más pacífico en los últimos 51 años, con el más bajo número
de combatientes muertos o heridos y de acciones militares por parte tanto de guerrilla
como de Fuerza Pública, según estudio de monitoreo del Centro de Recursos para
el Análisis de Conflictos (Cerac). El propio Ministerio de Defensa ha informado que
producto de esta dinámica los homicidios en Colombia bajaron de 13.343 en 2014
a 12.673 en 2015. Estos datos, que sin duda conllevan un cambio positivo en la
realidad política nacional, han resaltado como causa principal la implementación de
medidas de desescalamiento bilaterales y al cese al fugo unilateral decretado por las
FARC-EP desde finales del 2014. Sin duda, estas son razones poderosas que mantienen la esperanza de amplios sectores de la población colombiana para apoyar el actual proceso de paz con las FARC-EP y
para seguir exigiendo que se concrete la mutua voluntad para llevar a cabo el proceso largamente postergado entre el Gobierno Nacional y el ELN, con la expectativa de que ello
pueda contribuir a erradicar las dinámicas de victimización que han afectado a amplios
sectores del país. Sin embargo, esta realidad contrasta con la persistencia de ejecuciones extrajudiciales
en diversas regiones, afectando a diversos sectores sociales, perpetradas por fuerzas de
seguridad del Estado y también por grupos paramilitares. A pesar de que este fenómeno
no muestra las magnitudes que se presentaron en el periodo 2002-2010, para decenas
de familias, especialmente de los sectores más humildes y ubicados en zonas de agudos
conflictos sociales y de intensa marginación económica y social, la muerte de seres queridos a manos de agentes estatales o sus aliados paraestatales es una realidad que sigue
causando víctimas, la cual se ve agravada por los esfuerzos dirigidos a ocultar y desviar la
responsabilidad de los actores estatales o paraestatales involucrados. Las ejecuciones extrajudiciales, sea en su modalidad de muertes de civiles a manos
de agentes estatales por uso indebido o excesivo de la fuerza o en la modalidad de “falsos
positivos”, afectaron durante el año 2015 a por lo menos a 65 víctimas. A pesar de la
importante disminución de la intensidad del conflicto armado, el 30% de estas víctimas
(20 personas) murieron en circunstancias relacionadas con el conflicto armado o en el
desarrollo de acciones militares o policiales vinculadas con el mismo. Mientras el otro 70%
de los casos, las víctimas (45 personas) fueron ejecutadas por fuera del conflicto armado.
Ambas circunstancias generan dudas sobre si la finalización del conflicto armado con las
guerrillas conducirá a la terminación de esta práctica de aniquilación intencional de vidas de civiles en el contexto del posconflicto y plantean el reto, no abordado en el actual
proceso de paz, de la necesaria transformación de la estructura y la doctrina que guiará la
actuación de la fuerza pública para los tiempos del posconflicto, lo mismo que el reto de
establecer también mecanismos de verificación internacional de estas graves afectaciones
a los derechos humanos, que se escapan a las tareas de verificación establecidos en los
acuerdos de la Habana. De un lado, la continuidad de los homicidios de civiles en relación con el conflicto armado, incluidos casos de “falsos positivos” podría incrementarse tanto por la persistencia
de doctrinas militares y policiales que favorecen la eliminación de civiles percibidos como
parte del “enemigo interno” y que en el marco del actual proceso de paz no están siendo abordada ni transformadas, como por los motivos que darán pie a la continuación o
perpetuación del conflicto armado con el pretexto de combatir las expresiones criminales
sobrevivientes, incluidos los grupos armados organizados (GAO, antes BACRIM) y a las
visiones distorsionadas que sobre el Derecho Internacional Humanitario se han venido
difundiendo desde el Ministerio de Defensa y que difunden la extraña concepción de que
el DIH es una normativa para promover el uso de la máxima fuerza letal disponible sobre
un heterogéneo abanico de organizaciones delictivas a las que se gradúa como grupos
relevantes “para la aplicación del uso letal de la fuerza en el marco del DIH”. Y de otro lado, las muertes de civiles por fuera del conflicto, propiciadas sobre todo
por sistemáticos abusos de autoridad, especialmente de la Policía en diversos contextos
de marginación social, –de manera notoria contra jóvenes, víctimas de pautas reiteradas
de uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza–, plantean un enorme desafío para el
monitoreo y supervisión de las violaciones de derechos humanos que exceden el marco
de los acuerdos de paz, y demandan activos procesos de verificación, disciplinamiento,
depuración y transformación institucional para poner fin a una práctica inercial, que aunque no directamente relacionada con el conflicto armado se ha expandido y justificado a
lo largo de estas décadas de degradación de la confrontación armada. En este informe se asumen como ejecuciones extrajudiciales aquellos homicidios ilegítimos y deliberados, perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado o por sus agentes
con su complicidad o consentimiento. Cuando en estas ejecuciones se manipula la escena
del crimen o se distorsiona la versión de las circunstancias de los hechos para presentar a
las víctimas como muertas en combate se catalogan como “falsos positivos” No incluimos
aquí las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por paramilitares que continúan actuando
en gran parte del país con el consentimiento o tolerancia de la fuerza Pública. El informe