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de trasladarlos a sitios seguros y garantizar la
restitución de sus derechos, así como dispositivos pedagógicos y de apoyo psicosocial,
especialmente a las víctimas y al personal
docente.
8. Propender por la salida negociada al conflicto armado que incluya como aspectos de la
agenda de diálogo las graves violaciones de
los derechos de NNAJ, posibilidades de disminución de los impactos del conflicto en esta
población y la suspensión de acciones que
pongan en riesgo su seguridad e integridad
personal. Al Gobierno colombiano
en el ámbito local 1. Proteger de manera urgente a la población
estudiantil y la comunidad educativa en general, de las instituciones educativas de Medellín
afectadas por las confrontaciones armadas y
actuaciones de los grupos que operan en la
ciudad, en concordancia con los instrumentos
de derechos humanos y DIH incorporados al
ordenamiento jurídico colombiano.
2. Fomentar que las instituciones educativas se
conviertan en espacios protectores de los derechos de NNAJ de manera integral, así como de encuentro de la comunidad, donde se
aborden las problemáticas que se presentan
en la cotidianidad de la escuela y las afectaciones que han dejado en ellas el conflicto
armado y otras formas de violencia.
3. Establecer mecanismos de protección para
las escuelas dotando de herramientas a todo
el personal directivo y docente, madres y pa- 50 dres de familia, líderes y lideresas de las comunidades aledañas a las instituciones educativas, a favor de que las instituciones sean
escenarios de protección y no de vinculación
de NNAJ al conflicto armado y a otras formas
de violencia.
4. Adoptar medidas adecuadas para la prevención del desplazamiento forzado intraurbano y la protección de las personas que se
encuentran en esta situación en Medellín,
especialmente teniendo en cuenta que este
factor eleva el riesgo de NNAJ de ser reclutados por los grupos armados que operan en
la ciudad, además de incrementar los niveles
de deserción y desescolarización de esta población.
5. Aprovechar la capacidad en cobertura e infraestructura educativa con que cuenta la ciudad de Medellín y, sin abandonar los esfuerzos
en este sentido, trabajar por la calidad de la
educación, la ampliación de la jornada escolar
y la incorporación en los Proyectos Educativos
Institucionales de las áreas sociales y humanas, así como las prácticas culturales y deportivas.
6. Realizar, por intermedio de la Personería municipal en coordinación con la regional del
ICBF, otras entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad
internacional presente en la ciudad, actividades periódicas de prevención de ataques y formación en DDHH y DIH con las comunidades
educativas afectadas por el conflicto armado y
otras formas de violencia en la ciudad de Medellín, en especial con las madres y padres de
familia, acordando horarios que no interfieran
con sus actividades laborales, dando prioridad
a los NNAJ en acciones coordinadas con el
sistema educativo.
7. Otorgar
las garantías necesarias para que
el personal administrativo y docente que es
amenazado por grupos armados pueda continuar con su trabajo educativo sin ningún tipo
de riesgo en su vida e integridad personal. En
caso de que sea imposible eliminar dicho riesgo, al conceder los traslados, mejorar la capacidad de protección y atención necesarias 8. para que puedan abandonar la zona donde
están siendo amenazados, implementando las
medidas de contingencia necesarias para que
las y los estudiantes no vean afectadas sus
actividades académicas y calendario escolar.
Implementar programas que contrarresten la
deserción escolar por razones económicas,
tales como subsidios a la canasta escolar,
oferta de empleo para madres y padres de
familia, entre otros.
9. Adelantar una campaña de sensibilización
dirigida a
todos
los sectores de
la ciudad
que evidencie los riesgos de la vinculación
de NNAJ al conflicto armado u otra forma de
violencia, con énfasis en los efectos que esta
situación trae no solo a las víctimas, sus familias y a la comunidad en general. A las instituciones educativas 1. Incorporar en los planes educativos institucionales un componente de prevención y respuesta a la vinculación de NNAJ al conflicto
armado y otras formas de violencia.
2. Adelantar jornadas de sensibilización y capacitación en derechos humanos y DIH con énfasis en la prevención y protección de la vinculación de NNAJ al conflicto armado y otras
violencias, dirigida a los diferentes sectores de
la comunidad educativa.
3. Visibilizar y mantener al tanto a las autoridades civiles de las situaciones y cambios de las
dinámicas del conflicto armado y otras violencias que identifiquen en los espacios escolares.
Implementar procesos permanentes de acompañamiento psicosocial dirigidos a los sectores de la comunidad educativa, especialmente
con NNAJ, que permitan hacer seguimiento
a las situaciones y efectos de violaciones de
los derechos de esta población, en especial
que favorezcan la identificación temprana de
situaciones de riesgo de vinculación de las y
los estudiantes a grupos armados, y se aumente la capacidad y los dispositivos para dar
respuesta integrales a todas estas formas de
afectación. 4. 51 A los gobiernos escolares 1. Capacitar a los y las personeras escolares especialmente, en temas afines a la situación de
NNAJ afectados por el conflicto armado y otras
formas de violencia, que faciliten los procesos
de capacitación y desarrollo de actividades de
sensibilización al interior de las instituciones
educativas sobre este tipo de situaciones de
acuerdo a las directrices y acciones previstas
en los planes educativos institucionales. Al equipo especial de país
de la rsc. 1612 1. Realizar un monitoreo permanente de las situaciones que afectan a las instituciones educativas del país, con especial atención de las
directrices de la RSC. 1998 de 2011.
2. Promover y propender por recomendaciones,
así mismo como respuestas estatales que
aborden la situación de las instituciones educativas del país en clave de prevención y protección de los espacios escolares por medio
de medidas que no impliquen la militarización