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obligación del alto mando militar o del Ejecutivo ante compromisos internacionales que
disponen la separación del servicio activo de oficiales contra quienes existan informes
fidedignos de su participación en casos de ejecuciones extrajudiciales (que no exigen
acusación o sentencia penal), como condicionamiento para recibir fondos de la ayuda
militar de los Estados Unidos, fue omitido y desconocido por todos los mencionados. Sin
la separación del cargo de los implicados en graves casos de violaciones a los derechos
humanos, se evidencia una vez mas que estos abusos a los derechos humanos tienden a
repetirse en otras zonas a donde los implicados son trasladados con funciones de mando. Las investigaciones por el mayor número de casos que se dieron en 2015 se presentaron por parte de las tropas de la Tercera División deben sumarse a las investigaciones
que se actualmente se adelantan por ejecuciones arbitrarias que bajo la responsabilidad
del General Torres Escalante fueron cometidas en otras regiones del país. Igualmente debe
esclarecerse la responsabilidad que le compete al Mayor General Mario Augusto Valencia,
quien durante el 2015 se desempeñó como comandante de la III División, y lo mismo la
responsabilidad que pueda tener el coronel Jorge Hernando Herrera, quien fuera el comandante de la Brigada 29 (con sede en Popayán) que fue también la de mayor casos de
víctimas de esta modalidad delictiva a lo largo del año 2015. 15 Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento
III División haya sido llevado a cabo por la Cuarta Brigada de Infantería de Marina. 2.1.2. Brigadas militares comprometidas. Durante el 2015 el Observatorio de
Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos constató 16 Brigadas Militares implicadas en casos de presuntas ejecuciones
extrajudiciales. Para 17 de las víctimas las fuentes señalaron como presuntos responsables
a miembros de 12 brigadas fijas o territoriales y en las 7 víctimas restante de los casos
estuvieron implicadas 5 brigadas móviles. La Brigada 29, que opera en el Cauca es la que registra el mayor número de víctimas: 3 personas ejecutadas en 3 episodios diferentes, también con sede en el Cauca, la
Brigada Móvil Nro. 29 registra otros dos casos. Las Brigadas 5 (Nordeste Antioqueño) y
11 (Córdoba) también presentaron dos víctimas cada una. En el caso de las Brigadas 9
(Huila) y Brigada Móvil Nro. 36 (Caquetá) fueron las únicas brigadas del Ejército en que
dos víctimas se produjeron en un mismo episodio. Las Brigadas 2, 7, 8, 15, 18, 26, 30,
Móvil 8, Móvil 19 y Móvil 32 tienen una víctima registrada en el año 2015. 16 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos Gráfico No. 6. Víctimas de ejecuciones por Brigada Militar, 2015. 2.1.3. Batallones comprometidos en los casos de ejecuciones extrajudiciales durante 2015 Para 17 de las víctimas se logró identif...
los hechos. Los siguientes 15 batallones del Ejército aparecen comprometidos en reportes
de víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el 2015: Batallón de Infantería Nro. 56 Coronel Francisco Javier González (Cauca).
Batallón Caballería Mecanizada Nro. 5 (Norte de Santander).
Batallón de Combate Terrestre No. 7 “Héroes de Arauca” (Meta).
Batallón de Artilleria Nro 9 Tenerife (Huila).
Batallón de Ingenieros Nro. 18 General Rafael Navas Pardo (Arauca).
Batallón de Infantería de Selva No. 50 Gr. Luis Acevedo Torres (Amazonas).
Batallón de Combate Terrestre Nro. 81 CT. “Antonio María Caballero M” (Córdoba).
Batallón de Combate Terrestre No. 138 (Nariño).
Batallón de Infantería No.7 General José Hilario López (Cauca).
Batallón de Combate Terrestre No 57 “martires De Puerres” (Cauca).
Batallón de Ingenieros Número 2 General Francisco Vergara y Velasco (Atlántico.)
Batallón de Artillería Nro. 8 San Mateo (Risaralda).
Gaula Militar de la 9 Brigada (Huila).
Batallón Fluvial de Infantería de Mariana No. 42 de la Cuarta Brigada de Infantería
de Marina (?).
Batallón Nueva Granada o Batallón Luciano D´Eleyar (Nordeste Antioqueño). (?) En otro caso de un falso positivo en Segovia (Antioquia) las dudas aparecen entre dos
batallones de la V Brigada (el Nueva Granada o el Luciano D´Eleyar), y en otro caso en
Iscuandé Nariño las dudas por la presunta autoría se presentan entre la Brigada Móvil Nro.
19 del Ejército y el Batallón Fluvial de Infantería de Mariana No.42 de la Cuarta Brigada
de Infantería de Marina. 2.2. LA RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL En 43 casos el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la
CCEEU recibió reportes de privaciones ilegítimas del derecho a la vida de personas. En 17 Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento 5 de estos casos se trató de casos de “falsos positivos”, en los cuales se escenificaron los
asesinatos para hacerlos parecer muertes en combate. En dos de estos casos los miembros
de la Policía actuaron conjuntamente con tropas del Ejército Nacional en hechos presuntamente relacionados con el conflicto armado interno. En otros casos de falsos positivos,
la muerte de las víctimas no estaba relacionada directamente con situaciones de conflicto
armado, aunque se orquestaron circunstancias de enfrentamiento para simular muertes
en confrontación armada con presuntos delincuentes. En otros 38 casos, las víctimas fueron muertas por ejercicios arbitrarios o abusivos
de las armas en contra de ciudadanos. De este modo, mientras que en la Policía el 88%
de las ejecuciones de civiles obedecen al uso indebido o excesivo de la Fuerza y un 12%
corresponde a la modalidad de “falsos positivos”, en el Ejército el 43 % de los casos de
ejecuciones estaba ocasionado por casos de uso ilegal o desproporcionado de la fuerza
y un 57% de los casos a modalidades de orquestación de las circunstancias de la muerte
para reportarlas como muertes en combate (falsos positivos). Esta preocupante cantidad de personas asesinadas por miembros de esta institución
en casos de uso indebido o excesivo de las armas, evidencia no sólo elevados niveles de
corrupción y de ilegitimidad de la policía, sobre todo, en actuaciones contra jóvenes y
presuntos transgresores o sectores marginados en barrios populares de algunas ciudades,
que configura una extendida conducta de “gatillo fácil” avalada por la impunidad casi
garantizada en la mayoría de estos episodios letales. En 17 de los 32 departamentos y se presentaron víctimas letales ilegítimas de la violencia ejercida por miembros de la institución policial de 17 Regionales Departamentales
y 4 cuerpos de Policía Metropolitana. 2.2.1. Casos más preocupantes. Los casos más preocupantes de la mencionada
mentalidad de “gatillo fácil” por parte de los agentes de la policía se presentan en 4
ciudades capitales de departamento. En los departamentos de Policía Metropolitana de
Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Medellín se presentaron casi la mitad de las víctimas
de homicidios arbitrarios perpetrados por miembros de la Policía durante el año 2015
(20 víctimas, con el 47% de los casos que estarían bajo la responsabilidad de la Policía
Nacional). Bogotá. De las 5 víctimas de ejecuciones cometidas por la policía en Bogotá, 3 fueron por casos de golpizas. La UPJ de Puente Aranda y los CAI de El Codito, Teusaquillo, Samper Mendoza y Guacamayas son centros donde los abusos y golpizas a jóvenes
marginados económica y socialmente no parecen tener control. Son reiterativos los tratos
inhumanos que se infringen a los jóvenes pobres que son conducidos a la UPJ de Puente
Aranda, sin haber cometido ningún delito ni contravención, solamente porque miembros
de la policía que los han agredido o maltratado previamente los detienen por su “algo
grado de excitación”. En Bogotá, se conoció que 45 policías que cubrían los tres turnos en el CAI de San
Victorino al parecer trabajaban con las mafias del sector del Bronx, según el Fiscal 295
anticorrupción que investiga el caso. El Director del Cuerpo Técnico de Investigaciones
CTI informó a los medios que los delitos que allí se investigan no son solo de tráfico de drogas, sino que allí se realizaban actividades trata de personas, torturas con armas de
fuego, armas cortas y perros, entre otras conductas ilegales. También presuntos casos de
descuartizamientos de los que aún no se ha establecido cuántas personas habrían sido
desaparecidas y que dichas torturas y asesinatos se realizaban incluso haciendo uso de
materiales químicos como ácido. Los anuncios de la administración Peñalosa de completar la instalación de 4.000 cámaras de vigilancia en la ciudad, deberían poner especial
atención en la instalación de estas en la UPJ, en los centros de detención transitoria de
jóvenes y en los CAI, acompañados de un monitoreo eficaz de lo que allí sucede tanto
por la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Secretaria de Gobierno y los comités de
derechos humanos, para poner fin a esta práctica de abusos sistemática contra los y las
jóvenes marginados de la ciudad. Cartagena y Barranquilla. La corrupción, alianzas con organizaciones criminales y
prácticas de la mal llamada “limpieza social” son causa frecuente de las ejecuciones extrajudiciales de personas, especialmente jóvenes, desempleados, consumidores, pequeños
expendedores, o niños o jóvenes en dificultades con la ley penal que son frecuentemente
privados de su derecho a la vida a manos de agentes policiales. El caso más preocupante, tanto por el elevado número de víctimas, como por las
modalidades de ejecución es la policía de Cartagena (9 víctimas), seguido por la Policía
de Bogotá (5 víctimas registradas) Barranquilla (4 víctimas documentadas). Los tratos
inhumanos y procedimientos policiales arbitrarios y con violencia contra jóvenes de los
barrios más empobrecidos de Cartagena, han generado reacciones en las cuales decenas
de jóvenes han sido blanco del gatillo ligero e impune de los agentes de policía. En estos
hechos, es frecuente que para eludir su responsabilidad los agentes utilicen una segunda
arma, diferente de la de dotación oficial, para llevar a cabo estos homicidios.
Los 65 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales documentadas en este informe
durante el año 2015 implican que cada seis días se presentó una homicidio ilegítimo en
Colombia a manos de agentes estatales. Esta cantidad de víctimas es preocupante, aunque sea mucho menor de las que se generaron durante los dos periodos del gobierno
Uribe, que afectó a más de 5.000 personas asesinadas y llegó a alcanzar un total de 986