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víctimas solamente en el año 2007 (es decir 3 víctimas por día durante ese año)8. Las
modalidades dominantes en este período estaban asociadas con la práctica sistemática de
los falsos positivos, los cuales a partir del 2009 se han reducido notoriamente hasta el presente. Esta reducción drástica en el número de los casos de falsos positivos y la dispersión
de los mismos no nos permite afirmar que se mantenga dentro del Estado una política
para perpetrar ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos de manera
sistemática, y en este sentido no es muy clara la persistencia de patrones que pudieran con
certeza apuntar a la sistematicidad en la perpetración de estos crímenes. Sin embargo, un escrutinio de las modalidades bajo las cuales se han llevado a cabo
las prácticas de ejecuciones en los últimos 5 años, y especialmente durante el 2015 si nos
permiten delinear al menos unas pautas o tendencias de comisión que si se mantienen,
y no son severamente reprimidas y sancionadas, podrían llegar a configurar patrones de
sistematicidad. Las tendencias observadas a partir de este estudio son las siguientes: 3.1. Ejecuciones en el contexto del conflicto armado y ejecuciones no directamente relacionadas con el conflicto armado. Teniendo en cuenta los hallazgos
con respecto a las presuntas ejecuciones cometidas por agentes estatales se constata que
menos de la tercera parte de las mismas durante el año 2015 muestran una relación directa con el conflicto armado (30.7%) mientras que más de dos terceras partes (69,3%)
se perpetraron en contextos que no muestran una relación directa con la situación del
conflicto armado interno. Dentro de las primeras predominan los casos de “falsos positivos”, mientras que en los segundos predominan ampliamente las ejecuciones por abuso
de autoridad, o las producidas por móviles de intolerancia social y en menor grado de
persecución política. Un claro ejemplo de las ejecuciones extrajudiciales directamente relacionadas con la
situación de conflicto armado interno fue la ejecución de los líderes comunales Ismael
García y Salomón Escobar y las heridas a otros que fueron atacados por el Ejército mientras estaban reunidos luego que habían sido citados por las FARC-EP a una reunión en la
zona rural de San Vicente del Caguán, los cuales murieron como consecuencia del ataque
de la Brigada Móvil 36, del Comando Conjunto N° 3 del Ejército que dirigía un operativo en contra del guerrillero Raúl González, alias ‘Jaimito’, miembro de la columna móvil
Teófilo Forero, contra quien dicen que se dirigía el ataque. Según los testigos, los muertos
y heridos fueron atacados con granadas, mientras que uno de los habitantes sostiene que
murieron mientras gritaban para pedir protección. Voceros de Caguán Vive informaron
que “en la corporación estamos sorprendidos por lo que sucedió el sábado porque atacaron sin ningún tipo de precaución por los civiles que estaban allí. Fue indiscriminado”.
En total, 20 víctimas de las 65 documentadas murieron en hechos relacionados con el
conflicto armado interno. Un caso claro de una ejecución no relacionada con el conflicto armado interno es la
ocurrida en Bogotá el 17 de junio del señor Ramiro Llanos, funcionario de la Cámara
de Comercio, quien fue muerto a balazos por policías de la SIJIN que reaccionaron ante
el airado reclamo que les formuló este ciudadano, pues según cuentan los testigos, los
miembros de la policía judicial que iban en un taxi, le lanzaron el vehículo al señor Llanos
intentando atropellarlo porque se encontraba orinando a orillas de la vía pública, luego de
salir de un establecimiento de diversión en compañía de otros amigos, hecho que motivó
el reclamo que fue respondido con disparos por los policías, los cuales le costaron la vida
a la víctima. De los 65 casos relacionados en este informe, 45 corresponden a casos de
víctimas no directamente relacionados o aparentemente no relacionados con el contexto
de conflicto armado. 3.2. Continuidad de los falsos positivos Una gran discusión se ha presentado en el país sobre la ocurrencia o no de nuevos
casos de “falsos positivos”, motivada en parte por el debate sobre la definición comprendida bajo esta modalidad de ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional define las
ejecuciones extrajudiciales como “homicidios ilegítimos y deliberados, perpetrados por
orden de un gobierno o con su complicidad o consentimiento”. Es decir, requiere como
sujeto activo de esta violación a agentes estatales o personas o estructuras criminales que
actúen con su complicidad o aquiescencia, aunque en este informe solo se da cuenta de
las perpetradas directamente por agentes estatales y no las perpetradas por paramilitares,
con los cuales perviven alianzas de complicidad o aquiescencia. No se incluyen tampoco en la definición las muertes producidas por un uso legítimo
y razonable de la fuerza por parte de los funcionarios estatales en su misión de hacer
cumplir la ley ni tampoco los homicidios perpetrados por agentes estatales por motivos
privados o razones personales, a no ser que cuenten con la complicidad o encubrimiento
de sus superiores o el Estado no cumpla con su obligación de investigar los hechos por
medio de un tribunal independiente e imparcial. Sin embargo la destinación generalizada que en los últimos años se está haciendo de las investigaciones por homicidios de agentes
estatales a la justicia penal militar, no idónea para investigar violaciones a los derechos
humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, como lo siguen constatando diversos órganos internacionales de protección de los derechos humanos, constituyen
un factor de peso para derivar responsabilidad estatal por estos crímenes, los que en esta
instancia, por lo general, están destinados a permanecer impunes. El informe sobre la situación de derechos humanos en el 2015 del Cinep/Programa
por la Paz documenta que los grupos paramilitares durante el 2015 fueron responsables
de 99 ejecuciones extrajudiciales perpetradas como violaciones a los derechos humanos y
89 homicidios intencionales en persona protegida perpetrados como violaciones al DIH.
Es casos aumentan los niveles de violencia socio-política de responsabilidad estatal. Pero
del seguimiento de estas ejecuciones extrajudiciales no se ha ocupado hasta ahora la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos. La definición de la modalidad de ejecución extrajudicial conocida como “falso positivo” es mucho más problemática. A pesar del origen periodístico de esta noción, la cual
fue inicialmente rechazada como imprecisa por organizaciones de derechos humanos y
de víctimas, ha entrado con fuerza en el lenguaje de organismos internacionales, especialmente en los informes preliminares de la Fiscalía de Corte Penal Internacional que la
incluye como unas de las categorías de los crímenes objeto de su observación en el caso
colombiano, al tener entre las 5 prioridades de observación “v.) los procedimientos relativos a asesinatos y desapariciones forzadas, habitualmente conocidos como casos de falsos
positivos” y de los cuales dice en su último informe de 2015 que “la Fiscalía General de
la Nación está investigando más de 3.000 casos contra miembros de las fuerzas armadas
por casos de presuntos falsos positivos cometidos desde 1985”, aunque “Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el número de víctimas
de falsos positivos entre 2002 y 2010 podría llegar a 5.000”. Para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional los falsos positivos están relacionados
con la práctica de los agentes del Estado, en particular miembros del ejército colombiano,
de haber “matado deliberadamente a miles de civiles para reforzar las tasas de éxito en el
contexto del conflicto armado interno y para obtener beneficio económico por parte de
los fondos del Estado”. En esta definición el elemento definitorio se enfatiza en la motivación de realzar indicadores de éxito operacional y/o la obtención de beneficios. El Banco de Datos de DD.HH y Violencia Política del CINEP/PPP define los falsos
positivos como ejecuciones extrajudiciales arbitrarias y sumarias contra civiles inermes
que además fueron “legalizados” y presentados ante la opinión pública a través de comunicados oficiales de las FF.MM y medios de comunicación privados y públicos como
muertos en combate y que por acomodarse a las normas del Ius in Bello serían acciones
legítimas de guerra”. Sin embargo, en su relación de casos se incluyen diferentes eventos
de personas que fueron reportada como extorsionistas, presuntos consumidores de drogas
o incluso a casos de presunto hurto, y que por ello se deduce que la definición incluye también casos no directamente relacionados con el conflicto armado, aunque aquí el elemento determinante es que hubieran sido falsamente presentados y “legalizados” como
muertos en enfrentamientos con agentes estatales. La Fiscalía define los falsos positivos de manera mucho más restringida al caracterizarlos como “la muerte de civiles inocentes a quienes después hacían pasar por integrantes
de las FARC muertos en combate”, mientras que en otras ocasiones los define como
“muertos en falsos operativos oficiales contra la guerrilla para hacer pasar a los miles de
“reclutados” como integrantes de grupos armados ilegales”. Más amplia en cuanto al sujeto pasivo de este delito es la definición que ofrece el
Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Arbitrarias, el Profesor Philip Alston quien
definió los falsos positivos como “ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrillero o delincuentes ocurridas
en combate”. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe que decretó la
admisibilidad de los casos de 64 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia en la
modalidad de falsos positivos, las características esenciales de esta práctica estarían dadas
por “la detención de las presuntas víctimas, seguidos de su presunta ejecución extrajudicial y una orquestación para hacerlas pasar por subversivos muertos en combate”. Mas
exactamente los falsos positivos se definirían por sus características como casos en que
las “muertes eran presuntamente presentadas y registradas por el ejército como resultados
positivos en el marco del combate contra-guerrillero y anti-mafia que realizaban, cuando
…, dichas personas asesinadas eran en realidad civiles que fueron detenidos desarmados,
y sin haber estado en combate”. Es decir, el elemento definitorio central estaría dado por
la orquestación de la escena o la manipulación de las circunstancias para hacer pasar a
civiles desarmados como muertos en combate. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos reconoce que no existen definiciones
técnicas acordadas sobre la noción de falsos positivos, aunque parece decantarse por
definirla como aquella modalidad de ejecuciones extrajudiciales motivas por el ánimo de
captar incentivos o recompensas. En su informe sobre la situación en Colombia durante el
año 2012 dice que “Las Naciones Unidas utilizan el término “ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias” para incluir una amplia gama de violaciones del derecho a la vida,
entre ellas, aunque no exclusivamente, los “falsos positivos”. No existe una definición técnica común de falsos positivos. En 2012 la Oficina en Colombia no recibió ningún informe
de homicidios cometidos por militares con el propósito de inflar las estadísticas”. Con base en esta definición, el Presidente Santos afirmaba con satisfacción que “por