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fortuna hoy, 2012, podemos decir no hay una sola acusación de falsos positivos en este
año. Ni una sola”22. A mediados del 2015 el, el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez afirmaba “no tener conocimiento de que los falsos positivos se hayan seguido presentando”. Ello, a pesar de que la Fiscalía reconocía públicamente
estar investigando 56 casos de falsos positivos entre 2010 y 2014. Es cierto que la intención de inflar estadísticas es un elemento subjetivo difícil de demostrar pues hace parte del animus del perpetrador. También, y dada la cualificación del
nivel de secretismo, es difícil demostrar la continuidad de la motivación de los crímenes
con base en la esperanza de obtención de recompensas, aunque en los casos documentados para este año hay elementos que evidencian la continuidad de esta práctica, especialmente para casos de muertes producidas fuera de combate sobre personas enmarcadas
en el concepto de “objetivos de alto valor”. Pero otros elementos como la manipulación de
la escena del crimen o la fabricación de versiones acomodadas para hacer pasar a las víctimas como miembros de organizaciones criminales o como muertas en enfrentamientos
armados si son más fácilmente demostrables como características de la continuidad hasta
el día de hoy de las ejecuciones extrajudiciales en su condición de falsos positivos. Tomando de estas distintas definiciones elementos destacados, en este informe hemos
documentado como falsos positivos aquellos homicidios intencionales e ilegítimos llevados a cabo por agentes estatales, presentados y registrados por la fuerza pública como
resultados positivos en el marco de operativos militares y operaciones policiales de control
del orden público, haciendo pasar a dichas personas como si hubieran muerto en combate o enfrentamientos con la fuerza pública, o en otros casos como si fueran miembros de
organizaciones ilegales. Bajo este concepto también podrían ser considerados los casos
de personas muertas fuera de combate, asesinados en estado de indefensión o rematados
luego de haber sido heridos, y que por esa circunstancia, eran ya personas protegidas por
la normatividad humanitaria, pero que fueron presentados falsamente como si hubieran
muerto en combate, legalizando su muerte como un resultado exitoso de las operaciones
militares. De este modo, las víctimas de falsos positivos pueden o no haber sido presentados
como miembros de organizaciones que actúan como partes del conflicto armado (guerrillas), pero pueden también haberlas hecho pasar como integrantes de organizaciones de
delincuencia común o muertas en falsos enfrentamientos con agentes de la fuerza pública. Un caso típico de “falso positivo” perpetrado en el contexto del conflicto armado interno es el de la ejecución de la Señora Luz Dary Fandiño el 15 de junio de 2015 en Arauca
por tropas de la Brigada 18 del Ejército (ver recuadro). 12 casos de falsos positivos relacionados con el conflicto armado interno fueron documentados por la CCEEU durante el
2015. En todos los caso se señala al Ejército Nacional como entidad responsable, aunque
en dos de los casos aparece que hubiera actuado de manera conjunta con miembros de
la Policía Nacional. CASO DE LUZ DARY FANDIÑO. El 15 de junio de 2015 fue ejecutada por tropas del Batallón General Rafael Navas Pardo de la Brigada 18 del Ejército Nacional la señora a Luz Dary
Fandiño de 37 años de edad, madre de tres hijos y líder comunal en la finca El Palmar, vereda
San José de Morichal 2 de Tame (Arauca), a quien presentaron como guerrillera del Frente 45 de
las FARC-EP muerta en combate. El parte de guerra dice: “Dos guerrilleros del frente 45 de las
Farc murieron en desarrollo de una operación del Ejército Nacional en zona rural del municipio
de Tame, …Entre los guerrilleros muertos figura una mujer, quien responde al nombre de Luz Dary Fandiño Velásquez, natural del municipio de Tame. La otra víctima es el cabecilla del frente
28 de las Farc, Elías Tabaco Cucunuba, alias Libardo o Monón, con más de 18 años en la organización guerrillera”. La comunidad desmiente el supuesto combate que refirieron los militares
y las evidencias muestran que fue asesinada mientras estaba ocupada en labores domésticas. El
mayor de sus hijos está prestando el servicio militar en dicha Brigada 18 de Arauca. En otros 3 casos de falsos positivos, no se evidencia que sean prima facie casos relacionados con el conflicto armado interno, a pesar de ser casos en que se evidenció la manipulación de la escena del crimen para presentar falsamente a...
en enfrentamiento con unidades de la fuerza pública, y reportándolas como expendedores
des drogas, contrabandista o como asaltante de local comercial. En estos casos, la responsabilidad por los hechos se centró en unidades de la policía nacional. Un caso notorio de
esta modalidad fue la muerte del señor Sócrates Osorio en abril del 2015 en Pijao (Quindío) en que se le presentó como traficante de drogas muerto en un supuesto combate, el
que según evidencias y testimonios, nunca existió (ver recuadro). CASO DE SÓCRATES OSORIO LOAIZA. El 22 de abril de 2015 miembros de la Policía
Nacional ejecutaron a Sócrates Armando Osorio Loaiza hacia las 7:00 p.m., cuando se encontraba en predios de la finca La Esperanza, en la vereda Río Azul Bajo en Pijao (Quindío). Según la
denuncia: “El hombre de 40 años de edad, recibió dos impactos de bala, uno a la altura del tórax
y otro en la pierna izquierda, cuando según la versión de las autoridades, se habría enfrentado
a los uniformados de la estación de policía del municipio, que llegaron hasta el sitio a adelantar
un operativo. La información oficial indica que los policías se dirigieron hasta el lugar distante 7
kilómetros del casco urbano, para adelantar acciones contra el tráfico de sustancias estupefacientes por parte de sujetos que actuaban en predios de la finca La Esperanza, “pero que al llegar
fueron recibidos con disparos. Los policías no tuvieron más alternativa que responder el fuego”.
La familia del occiso reconoce que éste si era consumidor de drogas pero no era narcotraficante,
y la abogada del caso denunció que se trataba de “un falso positivo, en un operativo que deja
muchas dudas. Para empezar en el lugar no hallaron armas de ninguna clase”. La apoderada de
los dolientes manifestó que no se podía hablar de un enfrentamiento cuando en la escena del crimen solo se había hallado vainillas de las armas de los policías que intervinieron en las acciones.
Asimismo, cuestionó que se señale a la víctima de expendedor de drogas. 3.3. Los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales que importan. Por
todos los argumentos anteriores no resulta del todo coherente el reclamo que desde el
Ministerio de Defensa se hace para que muchos de los casos que las organizaciones de derechos humanos reportan como enmarcados en las circunstancias aludidas sean presentados como casos de falsos positivos. El Ministerio de Defensa ha expresado públicamente
que “manifiesta … su desacuerdo con el uso de la expresión “falsos positivos” en razón
de que esta expresión “no hace parte de la legislación colombiana”. Pero este argumento
desconoce que la expresión es ya una categoría ampliamente utilizada tanto por los órganos judiciales nacionales como por los organismos internacionales de derechos humanos. El Ministerio de Defensa también objeta que bajo este término “se hace mención a
algunas muertes en desarrollo de operaciones de las Fuerzas Armadas”, cuando “no hay
decisión de autoridad judicial competente que haya establecido responsabilidad alguna de
miembros de la Fuerza Pública”, y en el caso concreto de un informe del Cinep sobre este tema, el Ministerio “rechaza los señalamientos de este tipo consignados en el documento del Cinep”. Pero dada la situación de impunidad estructural en que permanece la
inmensa mayoría de los casos, la falta de independencia investigativa dada la absorción
automática de casi todos los casos por la justicia penal militar, y la ausencia de voluntad
del Estado colombiano por llegar a las máximas responsabilidades por este tipo de delitos,
hacen que sea prácticamente imposible atenerse al criterio de que solo pueden clasificados como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, de manera exclusiva, los casos con
sentencia judicial en firme. Si fuera por el escaso número de condenadas contra personal
militar de media y baja graduación y la ausencia de sentencia contra altos superiores se
diría que, contrario a lo constatado por los distintos órganos internacionales de derechos
humanos, los falsos positivos habrían constituido un fenómeno raro o esporádico en Colombia entre los años 2002-2010. Pero más de 5.000 casos documentados desmienten
este argumento. Lo que es evidente, es que lo que genera molestia en las autoridades colombianas con
la denuncia de casos de ejecuciones extrajudiciales es que se denuncie que correspondan
a casos en la modalidad de “falsos positivos”. Es cierto que entre los años 2002-2008 la
modalidad de ejecuciones extrajudiciales que se llevó a cabo de manera sistemática y
masiva fueron los casos de “falsos positivos”, motivados por la estrategia contrainsurgente
de ofrecer incentivos perversos y presiones indebidas para mostrar resultados consistentes en “bajas”, y que fue esta modalidad de crimen de lesa humanidad la que centró la
atención de la comunidad internacional, incluidas los órganos regionales e internacionales
de protección de los derechos humanos y la Corte Penal Internacional. Pero este criterio
de focalización de la CPI o de otros órganos internacionales no puede ser invocado para
restar importancia a las demás ejecuciones extrajudiciales. Los falsos positivos no son
la única modalidad de ejecuciones u homicidios intencionales que constituyen graves y
censurables violaciones a los derechos humanos que deban ser evitados, sancionados
y perseguidos en la actuación de la Fuerza Pública ni en la actividad de investigación y
enjuiciamiento del Estado Colombiano. La priorización a que están obligados los organismos internacionales no exime al Estado Colombiano de investigar y sancionar la totalidad
de los casos. El compromiso de perseguir los falsos positivos no puede hacerse por una cuestión de
imagen ante la comunidad internacional. Todas las ejecuciones extrajudiciales son igualmente graves y deben ser perseguidas y sancionadas, sean estas producto de uso indebido o abusivo de la fuerza, casos de intolerancia o “limpieza social”, actuaciones ilegales
en el control de la protesta social, u otro tipo de muertes intencionales correspondan o
no aquellas en las que se le “legaliza” o presenta a la víctima como muerte en combate o
como miembro de organización armada ilegal. Por ello no es aceptable que, ante los informes de las ONG sobre la persistencia de casos de falsos positivos y otras modalidades de ejecuciones extrajudiciales, que contradicen
los informes oficiales de que este tipo de crímenes no habrían vuelto a presentar, desde
el Ministerio de Defensa se aduzca que “aquí tenemos una situación que sigue siendo
muy angustiosa para los miembros de las Fuerzas Armadas y es que a cualquier militar o
policía, por una investigación de una muerte en combate, inmediatamente lo llaman ‘falso
positivo’.
Porque, por más que se hayan reducido la ocurrencia de estos hechos, es la continuidad de estos crímenes a nivel de ciertas brigadas y unidades militares lo que debe preocupar y lo que deteriora la imagen del esfuerzo que hace un sector importante de las fuerzas
militares por evitar estos graves crímenes. Esta prioridad a la imagen externa antes que
por extremar los controles para impedir nuevos casos es la que ha llevado a que desde el
Ministerio de Defensa se piense que el problema de los falsos positivos es que las ONG los
denuncien y no que se sigan cometiendo. El anterior ministro de Defensa expresó ante los
medios su “desacuerdo con el uso de la expresión “falsos positivos”, seguido del llamado
a la ONG a no utilizar este concepto cuando de manera pública desde el Ministerio “se
invita a las organizaciones sociales a utilizar un lenguaje más preciso en sus informes, de
tal forma que no se afecte injustamente la imagen y honra de las Instituciones Estatales y
sus integrantes”. Del mismo modo, en la Fiscalía General de la Nación la investigación y procesamiento
de los responsables de ejecuciones extrajudiciales diferentes a los casos de “falsos positivos” no parecen ser un tema prioritario. Esto se deduce del informe de gestión del Fiscal
General de la Nación correspondiente al periodo 2012-2016, en el que en su listado de