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prioridades menciona los falsos positivos pero omite cualquier referencia a otras modalidades de ejecuciones sumarias. En el balance de gestión de la Fiscalía General de la Nación en lo relacionado con los
casos investigados y resueltos se mencionan algunos resultados, bien pobres por cierto,
en el ámbito de los falsos positivos, pero ninguno en lo referente a otras modalidades de
ejecuciones extrajudiciales. En dicho balance se expresa que “De un total de 2.653 expedientes por homicidios investigados, 2.208 corresponden a presuntos falsos positivos,
donde hay 3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas”, pero al relacionar los casos resueltos solo se mencionan 357 sentencias por falsos
positivos no se informa de sentencias por otro tipo de ejecuciones distintas a falsos positivos . A pesar de ello, las sentencias referidas recaen sólo sobre personal de baja y media
graduación y ninguna por altos mandos que correspondan a nivel de generales o jefes de
brigada o división. Los falsos positivos ya no son la modalidad predominante de estas ejecuciones pues
representa el 24% de los casos (16 víctimas). La mayor parte de las víctimas fueron perpetradas con ocasión de un uso indebido o excesivo de la fuerza (76%, con 39 víctimas). Sin
embargo entre el ejército los falsos positivos si constituyen más de los casos presentados
en tanto que en la policía la inmensa mayoría son casos de uso ilegítimo o abusivo de las
armas por intolerancia social, justicia por propia mano o discriminación contra pobladores
urbanos y jóvenes de sectores marginados. De las víctimas de “falsos positivos” 11 fueron
perpetradas por el Ejército, 3 por la Policía Nacional y 2 en actuaciones conjuntas de estas
fuerzas (ver tabla No. 2).
En 8 de estos casos se evidencian actuaciones de abuso de autoridad,
en tanto que en otro de ellos se ajusta a la modalidad de falso positivo y circunstancias en
las que el error no parece justificación creíble, y en la que el pretexto de que murió porque
“se presentó una situación operacional” pretende ofrecer una justificación ambigua para
justificar el hecho (ver Recuadro). En 6 de los casos de supuesto error está implicada la
Policía Nacional y en otros 3 tropas del Ejército Nacional. No desconocemos que hay muchas otras muertes de civiles, que aquí no registramos,
que pueden corresponder a genuinos casos de error militar o policial. Sin embargo, no
es posible pasar como tal los casos en los cuales la alegación reiterada de error militar se
da luego haber justificado previamente la muerte de la víctima con versiones diferentes
o cuando se quiso ocultar el homicidio. La alegación de “error” o “accidente” no puede
ser pretexto de último momento para justificar los crímenes cuando los perpetradores han
sido sorprendidos o para reemplazar la versión inicial, y poder exculparse de los hechos.
Tampoco cuando no es claro que en la justificación dada por los mandos, se sustente que
en verdad se trató de una situación accidental que hubiera podido evitarse, o cuando las
evidencias muestran que el error era una circunstancia imposible como en el que caso
en que se justificó el homicidio de un indígena como un “error” debido a que “las tropas
fueron atacadas”, cuando la comunidad da fe de que en el área solo estaban presentes las
tropas del Ejército y que no hubo ningún ataque
El Estado incumple sus
obligaciones internacionales cuando no actúa en materia penal, disciplinaria, operacional
o de mando y control para asegurar la no repetición”. En su anterior informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante
el año 2014 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones también había
constatado que su oficina “documentó violaciones al derecho a la vida que el Ejército continúa calificando como ‘errores militares’”. Después de referir una serie de víctimas de
esta modalidad de ejecuciones, el Alto Comisionado le “recuerda al Estado que, cuando
un civil muere durante operaciones militares, la calificación de los hechos como un error
militar ineludible es una decisión judicial que debe estar basada en investigaciones imparciales y objetivas”. CASO ÉVER LÓPEZ ROZO. Al amanecer del 5 de marzo de 2015, tropas del Batallón de
Combate Terrestre de la Brigada 7 del Ejército Nacional ejecutaron en la vereda Llanolindo, municipio de El Castillo (Meta) al campesino Éver López Rozo, quien había salido de su vivienda en
compañía de su hijastro de 12 años a ordeñar una vaca que había parido. Según el General Jorge Romero, comandante de la Séptima Brigada, las tropas estaban en el área realizando operaciones militares contra las Farc y hacían una maniobra de emboscada en horas de la madrugada,
y luego a la emboscada ingresan unos sujetos, las unidades reaccionan y cuando se verifica “se
encuentra un hombre vestido con pantalón oscuro”. Sin embargo, familiares y amigos que fueron
a verificar lo que había pasado con Ever fueron contenidos por las tropas, no los dejaron seguir
por el camino hacia donde habían escuchado los disparos, y les negaron saber nada de Ever. Los
familiares supieron que lo habían matado porque al mediodía las tropas dejaron salir al niño Leonardo Beltrán, quien llorando confesó la muerte de Ever, la cual fue posteriormente confirmada
en las horas de la tarde por las tropas. En comunicado a la opinión pública, la justificación del
Comando de la VII Brigada expresa escuetamente que “El día 5 de marzo en horas de la mañana
mientras se realizaban operaciones militares en área rural del Castillo Meta, se presentó una situación operacional en la que fallece el señor Ever López Rozo”, por lo cual expresa condolencias a
su familia. Además de las excusas absurdas y el ocultamiento de la ejecución durante casi todo el
día, el error se hace poco creíble en vista de que el campesino asesinado venía siendo hostigado
días antes por las tropas.
En el territorio del Cauca, la frecuencia de homicidios de indígenas a manos de tropas
del Ejército, en los cuales se alega supuesto error militar (especialmente por parte de la
Brigada 29 en el Cauca), llevó a la Organización Nacional Indígena a pronunciarse públicamente mediante un comunicado a la opinión pública en el que denunciaba que estas
ejecuciones “No son errores militares: son asesinatos a la población civil indígena”. 3.5. Muertes bajo custodia o en estaciones de Policía Cerca del 20% de los casos reportados como homicidios intencionales de agentes estatales durante el 2015 ocurrieron en situaciones de absoluta indefensión de las víctimas,
mientras estaban en situación de custodia por servidores estatales. Uno de cada cuatro
homicidios de responsabilidad de agentes de la policía en el último año se cometió en
estas circunstancias. Durante el 2015, 12 personas murieron en sitios de reclusión o detención que estaban totalmente bajo el control de agentes estatales, de los cuales 10 fueron
por responsabilidad de agentes de la Policía Nacional y 2 atribuibles al INPEC por golpizas
o torturas al interior de centros carcelarios (ver tabla No. 4). De los casos denunciados de muerte bajo custodia de agentes estatales, 2 fueron mujeres. Para estas, y especialmente para los jóvenes de sectores populares, las estaciones
de policía se han convertido en sitios peligrosos, con riesgos especiales para la garantía
del derecho a la integridad, a la dignidad y a la vida. Muchas de estas personas que han
muerto en estaciones de policía han muerto a causa de golpizas o malos tratos, según
han denunciado sus familiares. La versión de las autoridades en las mayoría de los casos
es que las muertes se habrían producido por suicidios mediante “ahorcamientos”, y en
otros casos alegan que las víctimas murieron por “problemas de salud”. De ser ciertas
estas excusas, resulta incomprensible que las estaciones de policía se hayan convertido en
lugar favorito para que los jóvenes marginados social y económicamente busquen para
suicidarse, o que personas moribundas prefieran estos lugares para pasar sus últimos momentos. En realidad, muchas de estas muertes pudieron producirse como consecuencia de
excesos en la aplicación de castigos extrajudiciales impuestos sumariamente por los agentes estatales al interior de las estaciones de policía. En distintas regiones, los jóvenes que
deambulan por las calles son detenidos para que se ocupen del aseo de las instalaciones
de la policía, padeciendo además apremios y malos tratos. El homicidio del joven José
Alfredo Dimas, detenido para hacer aseo en la estación de policía de Agua de Dios (Cundinamarca) y asesinado por un disparo en el cráneo mientras se le sometió al “juego” de
ruleta rusa con una Mini-UZI es evidencia de la acumulación de múltiples prácticas infamatorias a las que son sometidos muchos jóvenes en estaciones de policía y otros centros
de detención transitoria (ver recuadro). CASO JOSÉ ALFREDO DIMAS. El 31 de diciembre 2015 fue asesinado dentro de la Estación de Policía de Agua de Dios (Cundinamarca) el joven en situación de discapacidad JOSÉ
ALFREDO DIMAS MATEUS de 19 años, poco después de haber sido detenido en las horas
de la madrugada en compañía de otros dos amigos. Los chicos fueron detenidos en el parque
principal por estar “en actitud sospechosa” y para solicitarle documentos y “…como los jóvenes
no los portaban, fueron detenidos y llevados a la estación para una supuesta identificación” y
“posteriormente verificar sus antecedentes penales”. Uno de los chicos detenidos declaró ante
la Fiscalía que fueron detenidos por un agente de la policía y trasladados a la parte trasera de la
Estación “para hacer aseo de esas dependencias”, pero el agente comenzó a amenazarlos con su
arma de fuego. “Nos ponía el cañón del arma en la cabeza manifestando que nos quería matar y
justo cuando estaba con José Alfredo Dimas poniéndole el arma en la cabeza, el auxiliar Nicolás
disparó el arma y lo asesinó”. Dimas fue ejecutado con disparo en el cráneo de una Mini-UZI que
de manera incomprensible portaba como arma de dotación un agente con rango de auxiliar de
policía. El comandante de la Estación de Policía dijo que al parecer fue un accidente y por eso el
auxiliar no tiene medida preventiva, pero fue trasladado al distrito de Girardot, donde continúa
en servicio activo: “Todo apunta a que fue un accidente dentro de las instalaciones”, dijo el coronel José Miguel Correa Hernández, comandante de la Policía de Cundinamarca, a pesar de que
los policías de la Estación habían informado a la madre de José Alfredo que los disparos que el
agresor realizaba a la cabeza de los detenidos “eran solo un juego”, y “al policía se le disparó el
arma”. Como parte del bullying acostumbrado contra jóvenes marginados, además del juego a la
ruleta rusa con las cabezas de los 3 jóvenes detenidos, la prensa informó que los jóvenes habían
sido llevados detenidos “para que limpiarán la estación, actividad para la que eran requeridos
con frecuencia”. Juegos de ruleta rusa que amenazan la vida de jóvenes detenidos fueron también recientemente denunciados en un video de amplia de difusión, en el que policías del CAI
del Barrio El Codito de Bogotá juegan ruleta rusa con un detenido y lo amenazan con
subirlo a una camioneta “para picarlo”. Otros procedimientos brutales de homicidio