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amenazas registradas en Sucre durante el periodo en consideración, cuatro
tuvieron lugar en municipios de los Montes de María (Sincé, Toluviejo y
Chalán), donde los paramilitares ejercieron un violento control sobre la población civil entre finales de los noventa y comienzos de la década pasada.2
Las demás tuvieron lugar en Sincelejo. En Santander, las cinco amenazas
registradas en el 2013 tuvieron lugar en Barrancabermeja, Magdalena Medio, otra zona de antiguo control paramilitar.3 En Cundinamarca y Bogotá,
tres de las ocho amenazas registradas en los últimos dos años tuvieron
lugar entre la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. En esta
zona la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre situaciones de riesgo para
la población civil por cuenta de la presencia de bandas criminales.4 Las tres
fueron atribuidas a las Águilas Negras, aunque durante ese mismo periodo
circularon muchas otras amenazas colectivas contra población civil. 2 3 4 Centro Nacional de Memoria Histórica, La masacre del Salado: esa guerra no era nuestra, Bogotá, 2009. Centro Nacional de Memoria Histórica, Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes
en el Caribe colombiano, Bogotá, 2011.
Verdad Abierta, “La persecución paramilitar en el Magdalena Medio”, edición digital, 22 de
marzo de 2013.
Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo 004 de 2011; Nota de seguimiento 007 de 2013
en relación con el Informe 004 de 2011. 81 Sobre los responsables de estos hechos de violencia, 27 de los hechos
amenazantes fueron atribuidos a grupos paramilitares o a las llamadas
“bandas criminales” (50%). Entre ellos figuran: los Rastrojos, los Urabeños,
las Águilas Negras, el Ejército Anti-Restitución e incluso las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC). No disponemos de información sobre los presuntos responsables de 22 de las amenazas, lo que corresponde al 40% del
total. Una amenaza fue de las FARC-EP, en la región del Catatumbo, Norte
de Santander. Una fue atribuida al ELN, en Arauca. Otra fue atribuida a grupos armados sin especificar, otra a grupos neonazis en la ciudad de Bogotá
y al menos una más habría sido perpetrada por un particular (2% cada una). 3.2 Dinámica de las amenazas Las amenazas tienen un impacto directo e indirecto sobre la población LGBT.
En algunos casos porque los responsables las hacen llegar directamente
a las personas amenazadas o las nombran en los panfletos distribuidos
públicamente, mientras que en otros casos hacen referencia general sin
nombrar a un sujeto determinado.
Del total de amenazas registradas en el 2013 y en el 2014, 30 corresponden a amenazas mediante panfletos (55.5%) y 12 fueron amenazas directas a
través de medios físicos (cartas enviadas a las residencias o lugares de trabajo de las víctimas) o medios electrónicos (correos electrónicos, mensajes
en redes sociales o mensajes de texto en celulares) (22.2%). En 12 de las
amenazas registradas no se tiene información detallada sobre los medios
o circunstancias en que se desarrollaron (22.2%).
De las 54 amenazas registradas durante este periodo, 24 (44.4%) estuvieron dirigidas a sujetos determinados de la población LGBT, es decir, hacia particulares y no de manera genérica hacia lesbianas, homosexuales,
travestis, entre otros. Esto no solo ocurre con las amenazas directas, ya que
algunos de los panfletos distribuidos en lugares públicos mencionaban a
personas LGBT con nombres de registro, nombres identitarios o apodos.
A continuación se presentarán tres patrones recurrentes de las amenazas
contra personas LGBT: en primer lugar, amenazas como forma de violencia
por intolerancia contra grupos vulnerables; en segundo lugar, las amenazas
contra defensores de derechos humanos y personas vinculadas a procesos 82 » Amenazas y panfletos « organizativos; y en tercer lugar amenazas por particulares. En los dos
primeros casos, se trata de una forma de violencia estrechamente ligada al
conflicto armado y a otras formas de violencia sociopolítica. No obstante,
como se mostrará en la última parte, las amenazas contra las personas
LGBT como una forma de violencia por prejuicio no se circunscriben
únicamente a las dinámicas del conflicto. Amenazas 2013-2014 según el medio utilizado 3.2.1 Las amenazas en el conflicto armado Gran parte de las amenazas contra personas LGBT registradas en el 2013
y en el 2014 estuvieron asociadas a dinámicas del conflicto armado.
En primer
lugar porque, como se mencionó anteriormente,
fueron
perpetradas por grupos armados al margen de la ley y bandas criminales.
Si bien estas últimas no son reconocidas como grupos armados al margen
de la ley, pueden ser consideradas como actores del conflicto sin que esto
implique otorgarles estatus político de beligerancia.5
La población LGBT es más vulnerable a las amenazas en comparación
con el total de víctimas en el país. Según los datos estadísticos disponibles 5 La Comisión Interamericana ha señalado que además de estar estrechamente vinculadas
al narcotráfico, las bandas criminales disponen de capacidades organizativas y bélicas
suficientes para poner en riesgo a la población civil. Gracias a esto, logran ejercer control
territorial y poblacional en determinadas regiones, a veces valiéndose de métodos y medios
similares a los usados por los paramilitares y generando graves violaciones de derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de
derechos humanos en Colombia, diciembre de 2013. 83 del Registro Único de Víctimas, el 3.1% del total de víctimas del país ha
sufrido amenazas, mientras que el 13.9% de las víctimas LGBT fueron
registradas por el mismo hecho. Esto demuestra que esta población es
alrededor de cuatro veces más vulnerable a este tipo de violación.
De la cifra global encontramos que 20 de las amenazas y panfletos
tuvieron
lugar en zonas de
influencia de actores armados. Según
la
Defensoría Regional de Nariño, en los primeros meses de 2013 circuló un
panfleto que amenazaba con una “limpieza social” en la cabecera municipal
de Tumaco, donde la población civil se ha visto duramente afectada por los
enfrentamientos entre las FARC-EP y las bandas criminales por el control
del puerto (véase capítulo 1). Otro caso se presentó en el municipio de El
Tarra, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde las FARC-EP
amenazaron a un hombre gay en marzo de 2014, presuntamente por su
orientación sexual.6 A raíz de esto, la víctima se desplazó de manera forzada
del municipio. Al menos otras tres se registraron en los municipios de Puerto
Rondón, Saravena y Arauquita, Arauca.7 En ese departamento, la población
civil ha sido objeto de múltiples formas de violencia y control social de parte
de las guerrillas, incluyendo la imposición de un Manual de Convivencia
y normas de
comportamiento, amenazas, extorsiones y homicidios
selectivos.8 De las tres amenazas registradas en ese departamento en el
2013 y el 2014, al menos una fue perpetrada por el ELN. 3.2.2 Amenazas y violencia por intolerancia
hacia grupos vulnerables Los asesinatos selectivos de personas señaladas de ser “indeseables” y “perjudiciales” para la comunidad, conocidas popularmente como “limpiezas
sociales”, han sido una de las principales formas de violencia en el marco
y con ocasión del conflicto armado en Colombia. Los primeros reportes de 6 7 8 Defensoría Regional de Ocaña, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia
Diversa en mayo de 2014.
Personería de Arauca, respuesta a derecho de petición enviado en enero de 2015; Ministerio
del Interior, respuesta a derecho de petición enviado en enero de 2015.
Fundación Ideas para la Paz, Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz,
Boletín núm. 73, “Dinámicas del conflicto armado en Arauca y su impacto humanitario”,
junio de 2014; La Silla Vacía, “Cuando las mujeres están en la mira”, edición digital, 16 de
diciembre de 2014. 84 » Amenazas y panfletos « este tipo de violencia datan de finales de 1979. Al comienzo las víctimas
eran personas acusadas de cometer pequeños delitos como hurtos callejeros. Durante la década de los ochenta, estos homicidios selectivos se extendieron a varias ciudades del país y comenzaron a dirigirse a otros sectores
poblacionales marginados: habitantes de calle, consumidores de drogas,
trabajadoras sexuales y personas con orientaciones sexuales e identidades
de género diversas.9