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acceder a su propia vivienda y alimentación. mujer trans en ejercicio de la prostitución víctima
de violencia policial, bogotá El 2 de diciembre de 2012, Carolina33 fue agredida por dos agentes de la Policía, los
cuales le rociaron el cuerpo con una sustancia desconocida, probablemente un gas
pimienta, que le quemó los senos, el abdomen y parte del brazo. El 27 de agosto
de 2013, uno de los mismos agentes que la habían agredido con el gas pimienta, le
golpeó las piernas y los glúteos propinándole graves heridas en sus implantes de silicona. Los policías involucrados fueron sancionados con ocho meses de suspensión.
Sin embargo Carolina continúa siendo víctima de constantes hostigamientos por los
agentes de Policía del CAI Navarra. Desde el año 2012 hasta la fecha, Carolina ha
sido conducida al CAI Navarra ocho veces sin justificación alguna. Actualmente hay
un proceso penal por lesiones personales contra los policías que la agredieron. No
obstante este proceso, que inició en 2013, no ha tenido una respuesta efectiva por
parte de la administración de justicia. 33 Esto involucra también una segregación socio-espacial de las personas
trans a ciertos lugares en donde pueden ser constantemente supervisadas
por la autoridad policiva. La Policía sabe exactamente a qué horas y en qué
calles se ubican cuáles mujeres trans para trabajar, por lo que los episodios
de violencia suelen estar marcados por una relación previa que se ha
construido en un contexto de poder y autoridad. Estos hechos tienden a
repetirse y generan una justificada desconfianza en la institucionalidad. 31 Colombia Diversa, entrevista a mujer trans, Bogotá, 3 de febrero de 2015.
32 Nombre ficticio para proteger la identidad y los derechos de la persona entrevistada.
33 Colombia Diversa, entrevista a mujer trans, Bogotá, 3 de febrero de 2015. 74 » Violencia policial hacia población LGBT « El prejuicio hacia las personas que ejercen la prostitución o que de alguna
forma son consideradas sexualmente desviadas al apartarse de los roles
que la sociedad ha asignado como naturales, hace que sean judicializadas
con mayor frecuencia. 2.4 Conclusiones El aumento en las cifras de violencia policial muestran la necesidad de
adoptar medidas efectivas para proteger y judicializar las violaciones de
derechos humanos hacia personas por su orientación sexual e identidad
de género. Además, como estudiamos en los casos anteriores, los prejuicios hacia la población LGBT por parte de la Policía hacen que exista
mayor vulnerabilidad a diferentes tipos de violencia y abuso de autoridad.
Por lo tanto, deben existir mecanismos de prevención para que estos hechos no se sigan presentando.
Un solo hecho de violencia no solo involucra usualmente a más de una
persona, sino que produce mensajes de violencia contra todo un conjunto
de formas de ser y de expresarse. La golpiza a un grupo de mujeres trans,
la expulsión del espacio a una pareja de mujeres lesbianas de un parque, el
comparendo a dos hombres gay por darse un beso en espacio público, produce consecuencias sobre todas las personas que se identifican como LGBT:
les envía un mensaje institucionalizado y sistemático de discriminación,
exclusión y relegación a la vida privada, a la búsqueda de espacios de “tolerancia” en donde puedan expresarse sin ser juzgados por las autoridades.
La violencia policial opera en la calle y la transforma en un no-lugar
para las personas LGBT: un espacio físico en donde no se puede ejercer la
ciudadanía plena y en donde no se puede construir la identidad de género
propia y la orientación sexual escogida. Esta negativa al derecho de uso de
la ciudad, se transforma en discriminación y exclusión contra las personas
LGBT, a quienes se les asignan unos pocos lugares donde son “permitidas”
dentro de la ciudad y otros, la gran mayoría, donde no pueden existir ni
expresar con libertad su orientación sexual e identidad de género.
Por último, se observan problemas estructurales y debilidades del marco
legal existente frente a la violencia policial hacia las personas LGBT, el
cual sigue siendo inadecuado. El Código de Policía debe ser reformado de 75 acuerdo a los parámetros constitucionales, teniendo en cuenta los avances
de la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales de
derechos humanos. amenazas y panfletos 3 o L u T
P í a
C Foto de página anterior: panfleto amenazante, que fue circulado en el corregimiento
de Pasacaballos, Cartagena, 2013. […] los que estan (sic) torcidos los vamos a enderezar a punta de plomo
y cuchillo, o estan (sic) con nosotros o se desaparecen gonorreas. Se
acabaron estudiantes comunistas, homosexuales, ratas viciosos y
violadores.1 En su labor de documentar la situación de derechos humanos de las
personas LGBT en el país, Colombia Diversa ha identificado las amenazas
contra la vida y la integridad como otra de las principales violaciones a los
derechos de esta población. Esta es una forma de violencia que usualmente
se
interrelaciona con otros delitos como homicidios,
tentativas de
homicidio o desplazamiento forzado.
Muchas veces
las amenazas contra
las personas LGBT ocurren en
zonas de violencia y en el marco del conflicto armado. Este es el caso de
las amenazas directas o indirectas mediante panfletos, las cuales han sido
utilizadas por actores armados para sembrar miedo como una forma de
controlar a la población civil. Algunas de estas prácticas de control se han
denominado como “limpieza social”, entendida como la muerte selectiva
de personas consideradas “indeseables”. Las personas LGBT han sido
especialmente vulnerables ante este tipo de prácticas, junto con otros
grupos poblacionales usualmente perseguidos:
trabajadoras sexuales,
personas habitantes de calle o consumidoras de drogas, y en algunas zonas
trae como consecuencia el delito de desplazamiento forzado.
En la mayoría de panfletos y amenazas hacia la población LGBT se
reproducen los prejuicios sobre la sexualidad, la orientación sexual y
la identidad de género, lo cual se puede deducir del uso de expresiones
agresivas y despectivas. Sin embargo, en muy pocos casos se
logra 1 Panfleto firmado por las Águilas Negras, encontrado en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, 1 de
febrero de 2014. 79 identificar a los responsables, menos aún judicializarlos y garantizar la
seguridad de las víctimas o que los hechos no se vuelvan a repetir.
El objetivo del presente capítulo es hacer un análisis de las amenazas
contra personas LGBT durante el periodo en consideración. En este sentido, la primera parte presenta el número de hechos amenazantes registrados por Colombia Diversa, desagregadas por departamento, el medio utilizado, víctimas y presuntos responsables. La segunda parte analiza este tipo
de violencia en contextos de conflicto armado y por fuera de él. 3.1 Amenazas contra personas LGBT
en el 2013 y en el 2014: hallazgos generales Entre el año 2010 y el 2014 se registraron 84 amenazas directas e indirectas
contra la población LGBT. En el 2013 se registraron 32 amenazas en trece
departamentos, mientras que en el 2014 fueron 22 en doce departamentos
(véase tabla 3). Las cifras de los dos últimos años son considerablemente
más altas que las reportadas entre el 2010 y el 2012. Sin embargo esto no
significa necesariamente que sea el número total de amenazas, ya que se
debe en gran parte a problemas con el registro oficial y la visibilización de
este tipo de violaciones.
Las amenazas contra población LGBT también tienen un alto grado de
subregistro como se mostrará en el capítulo 4, razón por la cual las dimensiones de este fenómeno podrían ser incluso más grandes que los datos acá
presentados. Teniendo en cuenta el total de amenazas registradas desde el
2010, el departamento con mayor incidencia en estos hechos de violencia es
Atlántico con 19 amenazas en cinco años, equivalente al 22%. Le siguen Sucre, con 11 hechos amenazantes (13%); Bolívar, con ocho amenazas (9.5%);
Santander y Bogotá D. C., con siete casos cada uno (8.3% respectivamente).
En cada departamento las amenazas tienden a concentrarse en subregiones donde el conflicto armado ha tenido un mayor impacto. De las ocho