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información de una misma entidad. En las respuestas a derechos de
petición enviados por Colombia Diversa, distintas jurisdicciones de una
misma entidad (como los departamentos de Policía) dieron respuestas
diferentes a aquella pregunta sobre la identificación de víctimas LGBT
en sus sistemas de información.
d) Inconsistencia: en ocasiones los reportes de prensa no coinciden con
ningún sistema de información oficial. Para el periodo de estudio,
Colombia Diversa tuvo conocimiento de seis homicidios de personas 7 Departamento de Policía del Quindío, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa
en mayo de 2014. 99 LGBT que solo fueron reportados en prensa. Sin embargo, dado que
no se logró encontrar más información sobre esos casos de modo que
pudieran ser triangulados y verificados, no se incluyeron en el conteo
final de homicidios.
e) Restricción a
la
información: algunas
instituciones no responden
los
derechos de petición sobre violencia hacia población LGBT, pues aducen
que esa información no es pública, en especial en temas relacionados
con justicia. Por ejemplo, cuando preguntamos sobre cuántas sanciones
o procesos se han iniciado, señalan que no pueden dar información
porque no somos parte procesal.
La información permite visibilizar el problema y crear soluciones eficaces.
En este sentido, los problemas del subregistro traen como consecuencia la
ausencia de mecanismos legales para investigar, juzgar y sancionar a los
responsables de los homicidios y otras formas de violencia contra personas
LGBT y reparar a las víctimas y a sus familias. De igual manera, esto conlleva
a una ausencia de políticas públicas coherentes para prevenir esta clase de
delitos y violaciones de derechos humanos. 4.2 Ausencia de medidas de
prevención de la violencia Se observa una brecha muy grande entre la violencia y la respuesta institucional que ofrece el Estado con miras a prevenir las violaciones de derechos
de personas LGBT. El deber de prevenir violaciones de derechos humanos
está a cargo del gobierno y del Ministerio Público (Procuraduría, defensorías y personerías). Sin embargo la oferta institucional vigente no ofrece
ningún mecanismo con enfoque preventivo y de goce efectivo de derechos.
En el 2013 y en el 2014, en términos generales aumentaron las cifras de
violencia policial y amenazas, lo cual alarma sobre la necesidad de adoptar
medidas para prevenir la violencia.8 Por ejemplo, el homicidio de Guillermo 8 “La Comisión reitera su preocupación respecto de la situación de violencia y discriminación
hacia las personas LGBTI o percibidas como tales en América, e insta a los Estados a tomar
medidas urgentes y efectivas de prevención y respuesta frente a estas violaciones de
derechos humanos y a garantizar que las personas LGBTI puedan gozar efectivamente de
su derecho a una vida libre de violencia y discriminación”. Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa: “CIDH expresa preocupación por la violencia 100 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « Garzón (defensor de derechos humanos) fue cometido por una banda
criminal, cuyo objetivo era robar hombres gay en Bogotá. Además, según
el avance de otras investigaciones adelantadas, hay indicios para inferir que
varias personas fueron víctimas de hechos similares. Esto demuestra que
deben existir mecanismos para prevenir que esta clase de delitos se repitan,
para lo cual debe alertarse a la población LGBT. Asimismo, el suicidio de
Sergio Urrego también muestra los problemas estructurales del Estado en
materia de prevención. Esto en la medida en que en el caso de Sergio se
activaron las rutas de protección que claramente resultaron ineficaces e
insuficientes, para poner fin a la discriminación que estaba sufriendo.
En materia de violencia policial deben adoptarse medidas para que los
policías actúen con motivos fundados y se erradiquen los prejuicios con
respecto a las personas LGBT. De acuerdo a los parámetros constitucionales,
la actividad policial debe fundarse en razones válidas al ordenamiento
jurídico (principio de razonabilidad) y ser proporcional a la finalidad de la
misma: la preservación del orden público (principio de proporcionalidad).
Esto significa que no basta una sospecha vaga del agente de policía para
iniciar la actividad de policía (requisar, solicitar documentos, entre otros),
sino que esta debe sustentarse en razones válidas, es decir que el agente
debe tener motivos fundados.9
Sin embargo, la Directiva Permanente 006 de 2010 de la Policía10 que
establece las medidas para la “garantía y respeto a los derechos de la
comunidad LGBT”, advierte que tiene como finalidad “transmitir a la
comunidad LGBT la trascendencia de participar con la Policía Nacional en
la búsqueda de espacios de diálogo encaminados a mitigar los niveles de
desigualdad”. El enfoque de mitigar las desigualdades debe encaminarse a
la prevención de la violencia desde la Policía misma. 9 generalizada contra personas LGBTI y la falta de recopilación de datos por parte de Estados
Miembros de la OEA”, 17 de diciembre de 2014.
Lalinde Ordóñez, Sebastián, Requisas, ¿a discreción? Una tensión entre seguridad e intimidad.
Bogotá: Editorial Dejusticia, 2015, 60.
10 La Comisión Interamericana valora estas directivas que podrían representar un avance
hacia una mejor protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGBT y de
las defensoras y defensores de los derechos de los miembros de estas comunidades. Sin
embargo, la Comisión ha recibido información sobre la falta de implementación efectiva de
las directivas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2012, 154. 101 En relación con las amenazas y panfletos hacia personas LGBT en contextos de violencia y conflicto armado, no se tienen en cuenta las causas de
esta clase de violencia contra este sector de la población, que es además una
forma de promover los prejuicios e incluso discursos de odio. El Estado debe
crear mapas de riesgo para prevenir a la población LGBT sobre la violencia
por parte de determinados actores armados como las “bandas emergentes”.
Para fortalecer la prevención es clave mejorar los sistemas de información de violencia que permitan identificar los patrones, los riesgos y la
vulnerabilidad que sufren las personas LGBT en concreto. El registro, la
prevención y la protección deben ser congruentes con el fin de responder a
las necesidades de la población y atender la causa de los problemas. 4.3 Problemas en la atención
y en la protección La falta de debida diligencia también genera debilidades en la atención
y resalta
la necesidad de crear rutas a favor de
las personas LGBT
particularmente en relación con mujeres trans que son las más vulnerables
a todos los tipos de violencia por los prejuicios asociados a la identidad y a
las diferentes expresiones de género.
El deber de protección varía según del tipo de violencia que se
presente. Así, los homicidios se deben investigar de oficio. Si bien esto
también ocurre con la violencia policial y las amenazas, en la práctica las
respectivas autoridades requieren que estas sean denunciadas para abrir
procesos disciplinarios o penales. En el trabajo de campo encontramos que
muchas veces las personas LGBT son renuentes a interponer denuncias
por ausencia de rutas de protección efectivas. En este sentido hemos
identificado los siguientes problemas:
a) Falta de información sobre rutas de atención y denuncia: no hay lugares
especiales para que