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las personas LGBT se sientan cómodas en
la
atención. Por ejemplo, los funcionarios públicos no están capacitados
para brindar un trato digno a las mujeres trans según el nombre y la
identidad de género. En algunas zonas los horarios de atención, lugares
y trámite de denuncias no son flexibles ni accesibles. 102 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « b) Desconfianza en las instituciones: las víctimas deciden no denunciar por
miedo a narrar lo ocurrido o por temor a no ser atendidas de forma
respetuosa según la identidad de género y orientación sexual.
c) Temor a denunciar y recibir represalias: en ocasiones las víctimas temen
que las denuncias lleven a una agresión más grave. Por ejemplo en el
caso de las mujeres trans que ejercen prostitución, existe un temor aún
mayor en la medida en que las autoridades las precriminalizan en razón
de su trabajo. Además, la denuncia no es garantía de no repetición:
denunciar en muchos casos es sinónimo o alerta para futuras violaciones
a su integridad por parte de la Policía.
Además de lo anterior, la impunidad frente a gran parte de las formas
de violencia contra la población LGBT y la ausencia de una política pública
nacional y local que facilite el control y seguimiento a las denuncias
presentadas, hace que exista mayor desconfianza al momento de denunciar
ante las instituciones competentes. Por ejemplo, la actual Mesa de Casos
Urgentes no brinda ninguna protección efectiva a las víctimas de violencia
policial, homicidios y graves violaciones de derechos humanos. La mayoría
de los casos se remiten de una institución a otra, sin soluciones efectivas.
El Ministerio Público (personería, defensoría y procuraduría) no está
atendiendo de forma adecuada a las personas LGBT que han sido víctimas
y sobrevivientes de violencia por parte de un particular o de la Policía. En
el 2014 la Defensoría del Pueblo a nivel nacional amplió las funciones de la
Delegada de Asuntos de Género. Con esto, se asignó a un equipo encargado
de asumir los casos que involucraran a personas LGBT y de darle impulso a
los trámites. Además, creó en algunos departamentos referentes de género
para atender a mujeres y a personas LGBT. Esta iniciativa es positiva, pero
todavía no se conoce el impacto en términos de aumento en el registro y
atención de casos a favor de la garantía de los derechos de esta población.
En los casos de amenazas y panfletos no existe protección cuando hacen
referencia a una persona en concreto (forma directa). De los casos registrados
en el 2013, muchas de las amenazas en Barrancabermeja se adjudicaron
al llamado “Ejército Anti-Restitución del Magdalena Medio”. Después de
múltiples agresiones y amenazas, varias de las víctimas tuvieron que huir
de la ciudad o desplazarse al interior de la misma. Hasta ahora, Colombia 103 Diversa no tiene conocimiento de la apertura de procesos penales por estas
amenazas y tentativas de homicidio. En cambio, según las denuncias, la
Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado acudió a la Fiscalía
los días 25 y 26 de febrero de 2013 para ponerla en conocimiento de estos
hechos, pero su solicitud no fue atendida.11
El actual programa de protección que ejecuta la Unidad Nacional de
Protección no reconoce a
la personas LGBT como sujetos de especial
protección, como sí lo hace con otros sectores poblacionales como población
desplazada, periodistas, defensores de derechos humanos, comunidades
indígenas, entre otros. Por consiguiente, este vacío legal crea un déficit de
protección para personas LGBT que debe ser estudiado por el gobierno
nacional, en especial ante
las amenazas y
las violaciones de derechos
humanos de las cuales son víctimas las personas con una orientación sexual
e identidad de género no heterosexuales.
La Unidad Nacional de Protección, en concordancia con el marco legal
vigente, solo protege a defensores de derechos humanos de población
LGBT. Sin embargo el margen de interpretación ha sido muy restringido,
pues exige demostrar el vínculo con una organización formal. De ahí que
el liderazgo de muchas personas LGBT en asuntos culturales, sociales y
políticos, que también generan riesgos por el trabajo que desarrollan, no
sea legítimamente reconocido. 4.4 Límites para el acceso a la justicia
y a las garantías judiciales La debida diligencia se materializa a través de la respuesta judicial efectiva
y oportuna ante hechos de violencia basada en prejuicios por orientación
sexual e identidad de género. Sin embargo la información analizada en el
presente informe muestra que las personas LGBT, víctimas y sobrevivientes
de la violencia, no acceden de forma efectiva a la justicia por problemas
estructurales, tanto al momento de presentar
la denuncia, como en
la investigación de las violaciones. En materia de violencia policial, por
ejemplo, es más evidente que las víctimas acceden en menor medida a la 11 Prensa Rural, “Graves agresiones contra el MOVICE en el Magdalena Medio”, 26 de febrero
de 2013 104 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « administración de justicia por límites al momento de la denuncia de los
hechos, por la dificultad de individualizar a los responsables y probar el
prejuicio de la Policía.
Del análisis de los casos documentados por Colombia Diversa hemos
identificado tres problemas:
la ausencia de protocolos e
información
sobre las víctimas; los problemas en la investigación y el juzgamiento; y
las dificultades con los familiares de las víctimas y ausencia de directivas
sobre la materia.
a) Dificultades para determinar el prejuicio: los operadores judiciales tienen
problemas para definir conceptualmente el prejuicio y para establecer
metodológicamente elementos del crimen a partir de los cuales se pueda
probar, deducir o inferir en términos penales el prejuicio. A partir de
los casos estudiados en el presente informe, es posible deducir que no
todos los homicidios y otras formas de violencia contra personas LGBT
se pueden adjudicar al prejuicio por orientación sexual e identidad
de género. Del mismo modo, no todos se pueden considerar como
crímenes pasionales, como ajustes de cuentas o neutrales en la selección
de la víctima. Sin embargo, en el momento de investigar, hay fallas para
reconstruir los elementos por las razones ya expuestas.12
b) Ausencia de protocolos e información sobre las víctimas: en Colombia no
existe un protocolo para determinar la orientación sexual e identidad
de género de las víctimas en los casos de homicidios. De ahí que las
investigaciones no cuentan con el material suficiente para establecer o
descartar que se trata de homicidio o violencia por prejuicio. En este
sentido, la autoridades judiciales no tienen lineamientos claros para la
investigación y el análisis de pruebas durante el proceso penal que traen
como consecuencia el bajo número de condenas y violación del derecho