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a la verdad, en la medida que en muchos casos es imposible que los
familiares conozcan lo que sucedió.
c) Dificultades con los familiares de las víctimas y ausencia de directivas sobre
la materia: en algunos casos de homicidios, las familias desconocen o
prefieren no reconocer la orientación sexual y la identidad de género de 12 Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,
Informe misión a México, A/HRC/26/36/Add.1, Consejo de Derechos Humanos 26º periodo
de sesiones, 28 de abril de 2014. 105 las víctimas. Sin embargo, lo anterior no puede quedar a la arbitrariedad
o decisión de las familias, en especial cuando se trata de homicidios
por prejuicio. Existe un conflicto entre el derecho a la verdad y el
derecho a la intimidad que debe ser resuelto por la administración de
justicia en cada caso. Para tal efecto, se debe evaluar si el prejuicio por
orientación sexual e identidad de género también fue determinante o
estuvo relacionado con el móvil del delito. De ser así debe prevalecer el
derecho a la verdad, es decir, el reconocimiento de la orientación sexual
o identidad de género de la víctima debe ser un elemento determinante
durante la investigación.
Otro elemento fundamental para garantizar el acceso a la justicia es
que las actuaciones se realicen sin dilación injustificada. Por tal motivo,
el tiempo durante las diferentes etapas de desarrollo del proceso penal o
disciplinario debe ser razonable. En muchos casos, los procesos se dilatan
y quedan durante meses en indagación preliminar, lo cual trae como
consecuencia desistimiento o desconfianza en la justicia. En otros casos se
archivan los procesos sin informar a las personas las razones sustanciales
de dicha decisión.
Además de los anteriores problemas, los operadores judiciales deben analizar el contexto en que ocurren los hechos y estudiar si existen patrones a
partir del lugar donde ocurrió la violencia, el perfil de la víctima, los medios
utilizados para causar daño y los fines del mismo. El acceso a la justicia en
condiciones imparciales y eficientes genera mayor confianza en las instituciones y funciona como un promotor de la denuncia, para futuros casos. 4.5 Impunidad ante la violencia La violencia por prejuicio hacia las personas LGBT tiene altos índices de
impunidad13. En el 2013 y en el 2014 solo se tuvo conocimiento de 5
condenas en casos de homicidios hacia personas LGBT del total de casos 13 El concepto de
impunidad no se define estrictamente como una situación
jurídica,
sino como un fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, políticas y hasta
económicas. En términos generales, se puede definir impunidad como “no punibilidad”
o “ausencia de castigo” que se ve reflejado en la práctica en diferentes aspectos que tiene
limitantes durante el proceso penal. Ambos, Kai, Impunidad y Derecho Penal Internacional,
AD – HOC SRL, Buenos Aires, 1999. 106 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « reportados. Sin embargo es importante advertir, como señalamos anteriormente, que tenemos limitantes en el acceso a la información. De los 164
homicidios registrados en el periodo de estudio (2013–2014) el 73% tenían
información sobre investigaciones penales abiertas por parte de la Fiscalía.
De esos, el 52% estaban en indagación, el 5% fueron admitidos, el 0.06%
se encontraban inactivos, el 3% en etapa de ejecución de penas por sentencias condenatorias y el 3% se encontraban en etapa de juicio. Del 9% no
tenemos información de la etapa actual, mientras que del 27% no tenemos
información sobre investigaciones penales abiertas por parte de la Fiscalía. Procesos penales por violencia hacia LGBT, 2013-2014
Homicidios Violencia policial Amenazas 107 En los homicidios contra personas LGBT hay muchos procesos en indagación que están activos pero no hay avances en la etapa de juicio y
sentencias. En relación con procesos penales frente a los casos de violencia
policial, rara vez son judicializadas las personas responsables. De los 222
casos de violencia policial reportados, solamente tres casos fueron denunciados penalmente, dos se encuentran en indagación y uno en sentencia
condenatoria; en el resto de casos no se inició investigación penal.
La mayoría de los casos de violencia policial se queda en la impunidad. En
el periodo de estudio, catorce reportan quejas y solo siete investigaciones
disciplinarias al respecto, bien sea a través de
la Policía Nacional,
la
Procuraduría, la Personería o la Defensoría correspondiente al lugar donde
ocurrieron los hechos. En la gran mayoría de ellos no hay información
sobre el tipo de actuación que se llevó a cabo por la entidad competente,
lo que impide hacerle seguimiento a la investigación adelantada. De esas
catorce denuncias registradas, solamente hemos podido corroborar la
existencia de una sanción.
Del total de amenazas contra personas y población LGBT registradas en
el 2013 y en el 2014, Colombia Diversa solo dispone de información sobre
la apertura de procesos penales para el 12.5% de los casos, de los cuales se
tiene acceso a poca información sobre los hechos, las víctimas y los avances
en las investigaciones. Cuatro de los procesos se encuentran en etapa de
indagación, tres fueron archivados y no disponemos de información sobre
la etapa procesal de una de las investigaciones penales.
Muchas veces las condenas emitidas no analizan cinco aspectos que son
claves para el acceso a la justicia en cumplimiento del deber de debida diligencia. i) En las escenas de exceso de violencia no se tiene en cuenta la
diferencia entre homicidio con sevicia y homicidio con sevicia más tortura
(en concurso), es decir, si se pretendió obtener una confesión o castigar
a la víctima (la realización de intención específica). ii) Usualmente no se
analizan los prejuicios hacia la orientación sexual o identidad de género de
la víctima como determinantes de los móviles y de agravación del delito.
Por consiguiente, en la mayoría de los casos no se conoce la verdad de lo
ocurrido. iii) Se invisibiliza la violencia contra las mujeres que son percibidas o que se identifican como lesbianas o bisexuales en el marco de la Ley 108 » Incumplimiento del deber de debida diligencia del Estado « 1257 de 2008 (conocida como Ley de violencia contra las mujeres)14. iv) En
la justicia ordinaria no se ha reconocido que la violencia por orientación
sexual es también violencia de género, como en efecto lo reconoció la Sala
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá para el caso de alias Botalón.15 v) No se tienen en cuenta reparaciones específicas por la violencia por
prejuicio hacia las personas LGBT. 4.6 Conclusiones En los últimos años la Fiscalía ha realizado esfuerzos para crear un grupo de
género encargado de la investigación de delitos contra personas LGBT. No
obstante la metodología actual, no ha dado respuesta frente a los crímenes
y violaciones cometidas hacia el pasado. En términos técnicos se habla de
una impunidad de hecho: por ausencia de medidas efectivas para investigar
y determinar cómo ocurrió en el caso concreto. En la mayoría de casos de
violencia hacia personas LGBT no se tienen en cuenta: la selección de la
víctima, las razones del victimario (prejuicio como móvil) y el contexto en
que se desarrollaron los hechos, reseñados anteriormente. Para combatir
con los diferentes tipos de impunidad existen en el ámbito universal de
los derechos humanos ciertas directrices y protocolos que buscan diseñar
mecanismos para generar investigaciones eficaces de ciertos delitos que
históricamente han sido difíciles de sancionar.16
El Estado está
incumpliendo su deber de debida diligencia en
la
investigación y sanción a los responsables. Por consiguiente, consideramos
importante que se cumpla con unos elementos básicos para la investigación
y sanción frente a los homicidios contra las personas LGBT. En ese orden
de ideas, es importante tener en cuenta: 14 Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.