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la Unidad de Derechos Humanos de dicha Fiscalía, indican que un 88,9% de los procesos por
ejecuciones cometidas desde 2000 (es decir que algunas de ellas fueron cometidas hace más
de 10 años), se encuentran en etapa de investigación. Por ejemplo, por un caso de falso positivo
de Sumapaz, Cundinamarca, del año 2006, no se ha tomado aún declaración de indagatoria, a
pesar de existir claras evidencias respecto de sus presuntos responsables (una de las víctimas
sobrevivió).
Las razones por las que los procesos se dilatan son numerosas y variadas. En parte, ello se debe
a que las investigaciones se llevan sin tomar en cuenta el contexto en el cual han ocurrido las ejecuciones, sin establecer líneas lógicas de investigación y sin tomar en cuenta los patrones
que caracterizan las ejecuciones extrajudiciales. La consecuencia es que los hechos que
corresponden a un mismo caso, en la práctica se investigan por separado, manteniendo la
jurisdicción territorial de los fiscales, de manera que por un mismo caso se abren múltiples
investigaciones que transcurren de manera paralela, a menudo sin que se traslade información
valiosa de un proceso al otro.
En el caso de Soacha, por ejemplo, se abrieron 17 investigaciones diferentes (por la ejecución
de 17 víctimas) que comenzaron en 2008. A pesar de la presión internacional que se ha
ejercido sobre este caso y de la gran visibilidad y cobertura que ha tenido, cinco años después,
sólo se han proferido dos sentencias, las cuales no se encuentran firmes todavía.
Se producen a veces retardos causados por disputas sobre la competencia territorial de los jueces. Por
ejemplo, en los casos de falsos positivos, típicamente la víctima fue desaparecida en una localidad
y ejecutada en otra, que es donde luego se encuentra el cadáver. En principio, son entonces dos
las jurisdicciones que podrían conocer del caso. Ha habido casos en los cuales la resolución de
esta disputa o situación de colisión de competencia territorial, demoró hasta un año. También se
plantean demoras en el traspaso de casos de expedientes de la justicia penal militar hacia la justicia
penal ordinaria. A modo de ejemplo, en el caso de Oreste de Jesús Morales y Ruperto Agudelo Ciro
(Oriente Antioqueño) relativo a la ejecución de estos dos campesinos perpetrada en marzo de 2003,
el caso inicialmente tramitó antes justicia militar y se archivó en 2005. El caso fue reactivado a partir
de diciembre de 2009 por solicitud de la parte civil ante la justicia ordinaria, lo cual planteó una
situación de colisión de competencia, que dio lugar a numerosos recursos y resolución entre diciembre
de 2009 y septiembre de 2011 (es decir casi dos años). El resultado final fue el reconocimiento de la
competencia a la jurisdicción penal militar, que luego procedió a dar por archivada la investigación
contra al Teniente Coronel implicado el 27 de abril de 2011.
Los abogados que entrevistamos para este informe también señalaron como razón de retraso y
entorpecimiento de los procedimientos el cambio, muchas veces abrupto, de fiscales responsables
de los mismos.
Asimismo, abogados y operadores judiciales acuerdan que el cambio de sistema procesal,
que tenía por lógica la aceleración de los procesos, en la realidad ha conducido a muchísimas
más demoras. En parte, esto es debido a que, tratándose de un nuevo proceso, las reglas
son interpretadas por primera vez o se presentan situaciones que no están contempladas por
el Código Procesal, lo cual origina numerosos incidentes. También se ha señalado que este
sistema no es adecuado a la tradición jurídica colombiana, y en particular, al contexto jurídico
de un país en guerra con una limitada dotación de recursos al sistema judicial.
Una de las fuentes de maniobras dilatorias excesivas señalada comúnmente es la Defensoría
Militar, más conocida como la “DEMIL”. La DEMIL es una organización que toma a su cargo la
defensa de militares en los procesos en que los mismos son acusados de violaciones de derechos
humanos y DIH. Su actuación se caracteriza por la utilización de medidas de dilación procesal
para impedir el avance ordinario y normal de los procesos. La DEMIL es una organización
privada, con fuertes lazos con las Fuerzas Armadas (por ejemplo, cuenta entre sus miembros con
militares activos o retirados y tiene sede en unidades militares). La DEMIL busca impedir
la búsqueda de la verdad, incluso haciendo presión sobre defendidos y testigos para que no
cuenten lo que saben, especialmente cuando se trata de prueba sobre la responsabilidad de los
más altos responsables. Así su accionar cumple un doble objetivo: 1) dilatar e impedir el avance
de los procesos; y 2) la protección de los máximos responsables, a través de presiones para
evitar que se divulgue información que permita subir en la escala de mando.
Entre las maniobras dilatorias, se han citado por ejemplo, la solicitud abusiva de suspensión y
aplazamiento de audiencias, no concurrencia de abogados de los defendidos a las audiencias
(lo cual causa el aplazamiento de dicha diligencia judicial) o el cambio reiterado y excesivo
de abogados defensores, incluso la renuncia al poder en medio de audiencias, así como
también el interposición improcedente y abusiva de recursos.
En casos de utilización abusiva de recursos procesales para entrabar la justicia, toma particular
importancia el accionar de los jueces para frenar o sancionar este tipo de maniobras dilatorias. Si
bien se trata de casos aislados, pudimos conocer que en algunos procesos los jueces han compulsado
copias al Consejo Superior de la Judicatura para procesos disciplinarios. Sin embargo, no pudimos
certificar que dichos procesos se hayan iniciado y/o hayan conducido a sanciones efectivas.
Hay también fuertes indicios de la utilización por parte de la Defensoría Militar (DEMIL)
de recursos del Estado con el fin de entrabar procesos. Por ejemplo, en el caso de las niñas
y los niños de Tame, miembros dicha Defensoría Militar se hicieron pasar por funcionarios
de la Defensoría del Pueblo, y acudieron a la zona de los hechos, en helicópteros del Ejército
y acompañados de miembros de la Brigada Móvil Nº 5, a efectos de identificar testigos,
presuntamente para luego intimidarlos.
En otro caso, simplemente no se explica la demora de un juzgado en proceder a la próxima
etapa procesal, es decir que se producen también retardos inexplicables.
Como consecuencia del paso excesivo del tiempo no solamente se viola el derecho a un
remedio rápido y eficaz dentro de una plazo razonable, sino que también se pierden pruebas.
Por ejemplo: ciertos testigos ya no pueden ser encontrados o su memoria se ve alterada por el paso del tiempo. En algunos de los casos de Soacha, se ha perdido el paradero de una testigo
clave que pudo observar a las víctimas en manos de los militares antes de ser asesinados.
Además, como se trata de zonas de guerra, muchas veces la población fue desplazada, lo cual
tiene un impacto sobre la posibilidad de encontrar testigos. 4. Ausencia de investigación de delitos contra la administración de justicia: falta de
incentivos para decir y descubrir la verdad Durante una audiencia a la que tuvimos ocasión de asistir , uno de los testigos declaró: “De
pronto si hay compra de declaraciones [...] no lo puedo asegurar [...] presumiblemente porque
a mi me hicieron ofertas también y son muchachos que no tienen nada, en estos momentos no
tienen absolutamente nada pero ellos sí conocían de lo que se hacía, ellos sí conocían. No sé
por qué cambiaron la declaración [...] He recibido ofertas económicas del Mayor Céspedes
[...] para que cambie mi versión.”
En dicha audiencia, en efecto, el mero trascurso de las declaraciones de los testigos hacía
sospechar posibles influencias en sus declaraciones. Este es solo un ejemplo de los numerosos
indicios que hemos podido recoger sobre posibles casos de falsos testimonio y otros delitos
contra la administración de justicia.
Un informe sobre las ejecuciones en el Oriente Antioqueño reporta: “Durante el desarrollo de
las investigaciones hacen presencia algunos testigos que declaran conocer de la pertenencia de
las víctimas a organizaciones guerrilleras. Esta práctica permite darle mayor contundencia a la
versión de los militares implicados en el hecho. En algunos casos las personas que fungen como
testigos ni siquiera son residentes de la zona, ni han vivido en ella en algún momento,y sólo se
limitan a mencionar la pertenencia de las víctimas a alguna agrupación guerrillera sin ofrecer
mayores detalles”.
A pesar de indicios claros de una cantidad abrumadora de actos que tienden claramente al
entorpecimiento del proceso judicial y atentan gravemente contra la administración de justicia, no
tenemos conocimientos de casos en los que se hayan compulsado copias para investigar faltas como
el falso testimonio o el encubrimiento. Esto demuestra también que la justicia no necesariamente
tiene la voluntad de esclarecer la verdad de los hechos, ni hay incentivos suficientes y que, en
definitiva, los procesos son dirigidos para conocer una verdad parcial o fabricada. E. Otras observaciones Recogemos aquí dos observaciones adicionales que suscitaron nuestra preocupación durante la