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dificulta las diligencias de levantamiento, perdiéndose buena parte de la prueba técnica sobre la
escena del crimen y el cuerpo de la víctima. En la mayoría de los casos, no se dejó constancia
de la posición del cadáver ni de la condición de la vestimenta. Prácticamente en ningún caso se
recogió evidencia sobre otras violaciones como torturas o violencia sexual.
Tal como lo señaló recientemente el entonces Representante de la Oficina en Colombia de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Las primeras investigaciones
de un hecho potencialmente punible son fundamentales para todo el proceso judicial. Las
diligencias iniciales determinan el curso futuro del proceso judicial. Dejar la revisión de posibles
violaciones de DDH y del DIH primero en manos de una institución militar podría abrir de
nuevo la puerta a toda clase de manipulaciones – como se han dado en el pasado, cuando la
Oficina pudo observar en algunos casos de ejecuciones extrajudiciales alteraciones del lugar de
los hechos, falsificación de documentos y amenazas contra jueces militares y testigos militares
cuando ellos quisieron colaborar con la justicia ordinaria”.
Observaciones adicionales con respecto a la problemática de independencia del estamento
militar:Durante la investigación realizada a efectos de confeccionar este informe, recogimos las
siguientes preocupaciones:
Se ha observado en algunos casos una extrema cercanía y estrecha colaboración entre
las fiscalías seccionales competentes y la unidad militar que opera en la zona respectiva. En
algunos casos las fiscalías operan en guarniciones militares.
Por otra parte, es probable que ciertos oficiales de justicia (justicia ordinaria) sean
oficialmente miembros de la Fuerza Pública. Esto es probable porque es posible obtener en
Colombia el grado de oficiales de la reserva de las Fuerzas Militares a través de la realización
de cursos. Si bien esta información no pudo ser certificado durante nuestra investigación,
planteamos ciertas preocupaciones a este respecto. (Sería bueno que REINALDO lea este
párrafo)
Ambas situaciones plantan problemas evidentes de independencia, imparcialidad y autonomía.
REFORMA FUERO PENAL MILITAR
Lo expuesto más arriba cobra particular gravedad y es objeto de singular preocupación en el
marco de las reformas que el Gobierno del Presidente Santos viene proponiendo a la Justicia
Penal Militar. A fines del 2011 el Gobierno propuso una reforma de la justicia que tendría
por efecto la modificación de las funciones del Poder Judicial y en el marco de la misma se establecía que: “En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones y
procedimientos de la Fuerza Pública. Cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la
acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial”. Tal reforma fue planteada a raíz de la presión que ejercen los militares para ser juzgados por el
fuero penal militar, sosteniendo que no gozan de garantías adecuadas ante la justicia ordinaria
y sugiriendo que solo los jueces militares tienen el conocimiento especializado necesario para
conocer de violaciones de derecho internacional humanitario en un país en guerra.
La oposición de la comunidad nacional e internacional llevó a que esta propuesta fuera archivada.
Sin embargo, mientras el retiro de esta propuesta es debatida, el Gobierno presentó el 16 de
marzo de 2012, un proyecto de reforma a la Constitución que es mucho màs grave y extensa
que la reforma que fue archivada, puesto que ya no solo reforma el fuero militar sino todo el
sistema de justicia penal de los militares (creación de la Defensoría Técnica Militar adscrita
al Ministerio de Defensa, incluyendo un fuero carcelario, ampliación del fuero para instaurar
un fuero policial, exclusión de la aplicación de normas de derechos humanos para investigar
la conducta de los militares en el marco del conflicto armado, armonización del derecho
penal aplicable para que solo se apliquen normas de derecho internacional humanitario a la Salazar Volkman, durante la rueda de prensa del balance de derechos humanos y el anuncio de la salida de su cargo, 7 de diciembre de 2011.
Además, la reforma crea un cuerpo de policía judicial adscrito a la Fuerza Pública, un Comisión
mixta con participación de militares retirados para definir a quien corresponde la competencia
para investigar en casos en que se alegue duda sobre la competencia de los tribunales castrense,
y un Tribunal de garantías, que incluiría miembros del establecimiento militar, que actúa
como instancia adicional, para controlar las actuaciones judiciales en casos que estén siendo
investigados miembros de la fuerza pública, y que les permitan una nueva revisión a la legalidad
y los procedimientos con los cuales estén siendo investigados.
Además del alto número de investigaciones actualmente en curso contra integrantes de la
Fuerza Pública, el desarrollo de las propuestas legislativas se presenta en un contexto de graves
estigmatizaciones hacia los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia y la
presunta necesidad de proteger jurídicamente a las fuerzas militares no sólo ante los Tribunales
y Cortes en Colombia, sino también ante los Tribunales internacionales. En una carta
del Cuerpo de Generales y Almirantes al Presidentes Santos, el presidente de dicho cuerpo
señaló: “Nuestras valerosas y sacrificadas Fuerzas Militares están cediendo la iniciativa en el
combate, no por falta de coraje, pues su valor ha sido puesto a prueba en múltiples ocasiones y
escenarios; es que nadie está dispuesto a arriesgar su vida, a sacrificar su patrimonio y el de su
familia, cuando después de un combate contra los grupos narcoterroristas, si es que conserva
su vida, debe enfrentarse en un estrado judicial a las infamias y falacias de testigos falsos o
venales, y someterse a las acusaciones y juicios de fiscales y jueces, unos bienintencionados
pero carentes del conocimiento y la preparación requeridas para entender, investigar y juzgar
las operaciones militares, y algunos otros, infiltrados por la ultraizquierda o presionados por
organismos nacionales e internacionales de la misma tendencia, con claros móviles políticos y
económicos, que nos hacen víctimas de su ruin proceder.”
El fundamento de estas reformas es la supuesta inseguridad jurídica en que se sienten los
militares, lo cual haría necesario fortalecer figuras como la del fuero militar. En este sentido,
la exposición de motivos del proyecto de reforma constitucional presentada el 16 de marzo de
2012 se señala que “la inseguridad jurídica es una fuente de inquietud para los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.
Si bien podría pensarse que los jueces penales militares podrían remitir los casos que sean
graves violaciones a los derechos humanos a la justicia ordinaria, lo cierto es que esa posibilidad
es poco probable al menos por dos razones. En primer lugar, “las mismas razones que ponen
en duda la imparcialidad y la independencia de las autoridades militares para el juzgamiento
de violaciones de derechos humanos también están presentes al momento de decidir sobre el
traslado de un caso a la Justicia ordinaria, lo cual hace que las decisiones que se tomen sobre
este asunto tampoco sean confiables”. En segundo lugar, los funcionarios de la justicia penal
militar que han trasladado casos a la justicia penal militar han sido perseguidos y hostigados. Al respecto la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, expresó su preocupación, en su informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia de 2010, porque “de acuerdo con información recibida reiteradamente,
las destituciones y traslados de algunos jueces penales militares podrían estar motivados por
su colaboración con la justicia ordinaria”. De igual manera la Comisión Interamericana “ha
recibido información sobre actos de persecución contra funcionarios que cumplen con el deber
de remitir las causas por violaciones de derechos humanos a la justicia ordinaria”.
La reforma se plantea en un contexto de manipulación de conceptos jurídicos de Derecho
Internacional. Así establece: “En ningún caso la justicia penal militar conocerá de los crímenes
de lesa humanidad, del genocidio, ni de los delitos que de manera específica, precisa y taxativa
defina una ley estatutaria. Salvo los delitos anteriores, las infracciones al Derecho Internacional
Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por
las cortes marciales o tribunales militares”.
Es indudable que el proyecto de reforma vulnera los principios básicos establecidos sobre el
carácter restrictivo de la jurisdicción penal militar y su función limitada a violaciones que
afecten bienes jurídicos de carácter militar, tal como se expuso más arriba. En cuanto a la
creación de este Tribunal especial de garantías no respeta el principio de igualdad pues su
finalidad sería la de crear garantías adicionales a la Fuerza Pública sin un fin legítimo y sin
que se haya demostrado que es necesario. Las informaciones que tuvimos a disposición para la
confección de este informe demuestran que la sola finalidad de tales “garantías” es conseguir la