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substracción de los militares de la acción de la justicia.
A parte de las problemáticas de carácter jurídico a nivel del Derecho Internacional que entraña
esta reforma del fuero militar, es necesario destacar que la misma constituye una muestra más
de la intención del gobierno colombiano de perpetuar la situación de impunidad que reina
entre los altos mandos militares, máximos responsables por los crímenes de lesa humanidad
cometidos en Colombia.
En la misma línea resulta preocupante el proyecto de ley conocido como “marco jurídico para
la paz” que en estos momentos se discute en segunda vuelta en el Congreso. Entre las reformas
previstas por este proyecto destaca la inclusión de un artículo en la Constitución llamado
transitorio para establecer instrumentos de justicia transicional que permitan dar “un tratamiento
diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”. Así
el Congreso, por iniciativa del gobierno, deberá establecer criterios de priorización y selección
de casos en la administración de justicia penal como actos “inherentes a la administración
de justicia transicional”. Con esta medida se faculta al Congreso a “autorizar la renuncia a la
persecución penal o la suspensión de la ejecución de pena” en los casos que se seleccionen.
Esta reforma afectaría por supuesto a los procesos penales contra los militares responsables
de la comisión de ejecuciones extrajudiciales. En ese sentido, es preocupante que el Estado
colombiano pueda renunciar, inclusive en casos de crímenes internacionales, a perseguir
penalmente aquellos que no sean seleccionados o a suspender la ejecución de penas. Sería además
un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia, un desconocimiento de
la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de amnistías y en violación de sus
compromisos como Estado Parte de la CPI. Estas medidas pueden tener consecuencias graves
sobre el derecho de las víctimas de acceder a la justicia
Estas reformas adoptadas por el Gobierno de Colombia obstruyen gravemente la justicia y en
ese sentido vienen a unirse a los hechos que a continuación se exponen. D. Obstrucción de la justicia Además de los problemas estructurales que expusimos en los apartados anteriores, hemos
identificado una serie de problemas que entraban el acceso a la justicia por los casos de
ejecuciones extrajudiciales. 1. Presión sobre operadores judiciales, abogados y organizaciones de derechos
humanos Los casos en los cuales se ha ejercido presión o se ha proferido amenazas contra algunos de
estos actores son numerosos. Los actos de intimidación se ejercen, en su mayoría, de manera
pública y abierta, incluso a través de declaraciones públicas, prensa, publicaciones y otro
material disponible en internet.
Por ejemplo, la ONG Corporación Jurídica Libertad, que trabaja sobre casos de ejecuciones
extrajudiciales en Antioquia, ha sido objeto de reiterados actos de intimidación y persecución,
incluyendo estigmatización por la Fuerza Pública, acciones de inteligencia, interceptación de
correos, descalificación de su trabajo y montajes judiciales. El mismo General del Ejército
Oscar González Peña, quien se hubiese desempeñado anteriormente como comandante de
unidades militares en Antioquia, declaró: “Las denuncias son directamente proporcionales al
éxito de las unidades. Es la forma que tienen algunos simpatizantes de la subversión de parar
las operaciones”.
El Ejército ha incluso empezado a difundir el concepto de “guerra jurídica”. Este término (que
hasta hace poco aparecía en el glosario del Ejército) se define como “Denuncia que se
les hace a miembros de la Fuerza Pública con hechos de apariencia de delito, valiéndose de
testimonios de personas afines a los grupos generadores de violencia". Continúa: "Proceso de
generar un marco jurídico propicio a sus fines e infiltrar el proceso judicial y disciplinario con
el fin de proteger a la subversión y atacar a la Fuerza Pública”.
A partir de esta premisa, que plantea, la infiltración de un proceso judicial, la legitimidad de
cualquier testigo que declare contra las Fuerza Pública es puesta en tela de juicio. El concepto
de “guerra jurídica” es utilizado para atacar particularmente las organizaciones de derechos
humanos bajo la acusación que se trata del brazo jurídico de los grupos subversivos. La noción
de “guerra jurídica” ha llevado también a la creación del concepto de “guerra judicial”, definida
como la fabricación de “falsos cargos y sindicaciones contra miembros de las Fuerza Pública
[…] Se trata de atacar a los militares por la vía jurisdiccional con el fin de desmovilizarlos,
lograr su destitución o por lo menos 'inmovilizarlos' por un buen tiempo.”
Este tipo de conceptos difundidos a diario a través de declaraciones públicas y medios de
comunicación busca intimidar directamente a las organizaciones que denuncias las violaciones
cometidas por los militares, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, y acompañan a las
víctimas en procesos ante la justicia. Además, tienden a movilizar la opinión pública en este
sentido, creando un verdadero clima de intimidación y desprestigio.
Jueces y fiscales han igualmente sido objeto de amenazas e intimidación. Esta es una situación
que afecta, no solo a aquellos que trabajan sobre los casos de falsos positivos, sino de manera
general a quienes conocen de violaciones graves de derechos humanos. Así, en su informe
de 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y de
Abogados manifestó “su preocupación por los hechos que, quienes han sido administradores de
justicia –jueces y fiscales— y varios abogados, le han manifestado. Situaciones como la falta de
procedimiento para determinar la separación del cargo de un juez o de un fiscal, así como las
amenazas e intimidaciones ejercidas como represalia por las determinaciones adoptadas en el
desempeño de sus funciones, sobre todo cuando se trata de casos graves y sensibles, como son
los relativos a situaciones emblemáticas de graves violaciones de derechos humanos”.
Se conoce incluso el caso de una jueza asesinada. Se trata de la jueza Gloria Constanza Gaona
del Juzgado Penal Especializado del Circuito de Saravena, ante quien tramitaba el caso de los
niños y las niñas de Tame. La jueza Gaona fue asesinada en marzo de 2011, presuntamente
a manos de militares. 2. Amenazas sobre testigos y víctimas Esto ha sido señalado por el mismo Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales: “Cuando
los miembros de la familia descubren lo sucedido y toman medidas para tratar de que se haga
justicia, por ejemplo denunciando el caso a las autoridades o señalándolo a la prensa, suelen ser
objeto de intimidaciones y amenazas y algunos de ellos han sido asesinados.” Y agrega: “Los
testigos no sólo tienen miedo de los presuntos autores, sino también —sobre todo en las zonas
más rurales y remotas— de los funcionarios gubernamentales como el fiscal o el procurador
local, a quienes los testigos sospechan de cooperar con los presuntos autores o de sucumbir a
la influencia de éstos.”
Un informe de 2010 la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES) también reportó
“las madres de los jóvenes desaparecidos [de Soacha] vienen siendo objeto de un sistemático
hostigamiento con el único e inequívoco propósito de desalentar esta noble lucha. Se ha
establecido que 'son en total 11 las amenazas que han recibido las familias denunciantes de los
falsos positivos más las proferidas contra el personero de Soacha...'” La visibilidad que han
adquirido los casos de Soacha ha contribuido a que cesen las amenazas. Sin embargo, no
todos los casos tienen esta trascendencia.
En una audiencia a la que asistimos, el Coronel Borja, quien ha admitido responsabilidad por
falsos positivos y ha declarado que diversos integrantes de la Fuerza que el comandaba estaban
implicados, deponiendo en calidad de testigo, manifestó: “Yo quiero decir una cosa [manifesté]
varias veces a la Fiscalía […] que he sido objeto de amenazas y también para que yo no dé estas
declaraciones”.
Otro ejemplo que podamos citar es el caso de las niñas y los niños de Tame, en el que se han
verificado numerosos actos de intimidación y amenazas a testigos, víctimas y representantes de
las víctimas.
Estos no son sino algunos ejemplos, ya que las intimidaciones y amenazas son materia corriente
en procesos por violaciones de derechos humanos contra miembros de la Fuerza Pública. Los
mismos actos de descalificación y estigmatización de quienes denuncian los delitos cometidos
por miembros del Ejército, tienen por objetivo también amedrentar a víctimas y testigos. 3. Retraso excesivo de los procesos, maniobras dilatorias y pérdida de pruebas La información entregada por la Fiscalía General de la Nación, evidencia que a pesar de
que existen investigaciones abiertas, estas no avanzan con celeridad, y la mayoría de ellas
permanecen en la etapa preliminar de la investigación durante años. Las cifras obtenidas de