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realización de este estudio.
a) Participación de víctimas en los procedimientos penales
En el año 2005, se realizó en Colombia una reforma del procedimiento penal que implicó el
pasaje de un sistema inquisitivo (comúnmente conocido en Colombia como el procedimiento
de la ley 600 del 2002) a un sistema oral acusatorio (conocido como el procedimiento de la ley 906 de 2004). Adicionalmente a las demoras ocasionadas por el nuevo sistema, que
señalamos más arriba, casi todas las entrevistas que realizamos con abogados y organizaciones
de víctimas se refirieron invariablemente al efecto negativo de dicha reforma sobre los derechos
de participación de las víctimas. Si bien este estudio no tiene por objeto hacer una análisis
de dicha reforma, nos parece importante señalarlo por su impacto sobre el desarrollo de los
procesos y el acceso a la justicia por parte de los familiares de las víctimas.
El nuevo sistema incorpora un sistema adversarial, perdiendo la víctima la calidad de sujeto
procesal de la que gozaba en el anterior sistema. “[L]a figura de la víctima quedó relegada a
un papel de observador donde es excluida de la actuación procesal en tanto no sea para iniciar
el incidente de reparación, lo que únicamente le permite tener una pretensión económica y
le restringe la búsqueda de verdad, justicia y una real reparación.” Si bien la víctima tiene
ciertas prerrogativas procesales y puede ser representada en los procesos, su participación
ha sido relegada a un segundo plano. Por ejemplo, ya no tienen el derecho de interrogar a
testigos directamente en las audiencias, sino que solamente pueden sugerir preguntas al fiscal.
Observamos en el curso de las audiencias que muchas veces los fiscales, abrumados por la
tarea de llevar adelante un número tan grande de casos, no actúan de una manera activa en los
interrogatorios, razón por la cual la presencia y derecho de palabra de las víctimas -como la
tenían en el procedimiento anterior- adquiere particular relevancia.
Dado el grado de criminalidad que se presenta en Colombia, la tradición de participación de
víctimas y sistemas de representación que la respaldan, en el antiguo sistema procesal, las
víctimas podían apoyar y contribuir a la investigación y juicios, de una manera que ya no
pueden hacerlo. Como consecuencia de ello, la reforma en cuanto al rol de la víctima, lejos de
acelerar el proceso, tiene un impacto negativo sobre la cantidad y calidad de pruebas, así como
también sobre el tiempo que toma el trascurso de las distintas etapas procesales.
b) Reclusión de militares condenados en guarniciones militares: ¿qué compromiso con la
justicia?
Por último, deseamos señalar un elemento que, si bien no está relacionado con el desarrollo en
sí de los procedimientos, hace al compromiso con la justicia del Estado colombiano.
Todos los militares condenados por ejecuciones extrajudiciales, sin excepción, cumplen sus
condenas en guarniciones militares. Esto a pesar de haber sido encontrados culpables de delitos
de derecho común. El grado al cual están realmente “presos” resulta difícil de verificar. Se
han conocido casos de militares condenados que continúan en el servicio activo, es decir que
siguen siendo parte de la nómina de pagos, continúan en la escala para ascensos y hasta siguen
cotizando para su pensión . Es decir que no son inhabilitados en el servicio.
Así por ejemplo, luego de los bochornosos incidentes revelados por los medios de comunicación
en abril del 2011 en los cuales se informaba que los militares “presos” en la Guarnición Militar
de Tolemaida entraban y salían a su antojo de dicha prisión, -a veces incluso a pasar vacaciones
en otras ciudades-, tenían negocios dentro y fuera de la reclusión y no vivían en celdas sino en
cabañas que les habían construido sus superiores, se conoció que de los 269 oficiales, suboficiales
y soldados que pagan allí por homicidios, masacres, torturas y secuestro, 179 seguían como
miembros activos en las filas del Ejército, a pesar de que en muchos casos llevaban varios años
presos y la mayoría tenía condenas que van hasta los 40 años de cárcel. Es decir, nunca fueron
retirados del servicio, seguían recibiendo salarios en prisión y recibiendo beneficios como la
posibilidad de cotizar para pensiones. Algunos incluso se habían pensionado mientras cumplían
la pena, y otros habían sido ascendidos de rango mientras estaban “en prisión”
Al ser recluidos en guarniciones militares, se mueven en un ámbito en el que siguen en un
contexto en el que se manejan códigos de jerarquía militar. En este contexto, no es sorprendente
que exista un “pacto de silencio” en el que a los militares de bajo rango se les coacciona a
“proteger” a sus superiores jerárquicos, a obedecer órdenes incluso las relacionadas con cambio
de versión o a rendir falso testimonio, y entorpecer la búsqueda de la verdad.
Las víctimas, familiares de civiles inocentes que fueron utilizados vilmente para “justificar”
bajas operacionales, viven este tipo de reclusión y convivencia en los cuarteles de militares
procesados con sus superiores jerárquicos como un atropello brutal a la noción de justicia, lo
cual es indudablemente causa de una doble victimización. Colombia.
Conclusiones En este informe hemos expuesto el carácter sistemático y generalizado que tomó el fenómeno
de los falsos positivos en Colombia, entre los años 2002 y 2008. Esta conducta delictiva estuvo
motivada por el contexto político de la época en el que se exigía al Ejército que mostrara resultados
positivos en el combate contra los grupos insurgentes, a cuyo fin se estableció un sistema de
incentivos y recompensas. Falto de control suficiente, dicho sistema se prestó a numerosos y
terribles abusos que condujeron a que más de 3.000 civiles inocentes fueran asesinados para
luego ser presentados como dados de baja en combate. Los falsos positivos se volvieron un
negocio, a través del cual algunos se usufructuaban económicamente y miembros del Ejército
obtenían beneficios según su rango, consistentes en permisos, felicitaciones y ascensos entre
otros. La expansión del fenómeno en todo el territorio de Colombia y la identidad de patrones
de un modo delictivo complejo y organizado, nos conducen a concluir que estos actos estaban
apoyados por los más altos mandos del Ejército, quienes, además, habían ascendido luego
de desempeñarse en unidades militares que habían llevado a cabo estos tipos de ejecuciones
extrajudiciales. Ellos omitieron ejercer el debido deber de control, siendo así responsables a la
luz del Derecho Penal Internacional.
Este informe presentó asimismo un análisis del comportamiento del sistema judicial colombiano
frente a este fenómeno. También desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional,
observamos falencias estructurales. Frente a
los niveles de generalidad y sistematicidad
expuestos, observamos que las investigaciones y juicios se realizan en su gran mayoría de
manera aislada, evitando tratar el fenómeno como crimen de lesa humanidad y apuntando a
subir en la escala de mando. Adicionalmente, la intimidación y amedrentamiento que sufren
operadores judiciales, organizaciones de derechos humanos, víctimas y testigos. Las maniobras
dilatorias, los retardos excesivos y la falta de capacidad del sistema para llevar adelante este
tipo de caso también son moneda corriente.
Ante estas circunstancias y a la luz de los principios de la CPI, en particular el principio de
complementariedad, tal como ha sido interpretado en su jurisprudencia, sostenemos que los
casos en que debería centrarse una investigación de la CPI – es decir los más altos responsables
por crímenes de lesa humanidad – no son objeto de investigación o enjuiciamiento en Colombia.
Así, el caso sería plenamente admisible frente a la CPI.
La FIDH, sus organizaciones miembro y la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU
instan a la CPI a abrir una investigación sobre Colombia y a considerar dentro de la misma el
caso de los falsos positivos. Tomamos también esta oportunidad, para alertar a la CPI sobre la
necesidad de considerar, en relación con este tema y otros relacionados con los casos que se
adelantan en Colombia, no solo las informaciones recibidas de la parte del Gobierno colombiano,
sino también otras fuentes, dada la participación de partes del aparato estatal en la comisión de
crímenes de masa, lo cual hace las informaciones poco fiables. Esta preocupación está basada en
una observación sobre las fuentes citadas por la CPI en su informe de diciembre de 2011. 52 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 53 54 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre Mantengamos los ojos abiertos Determinar los hechos Misiones de investigación y de observación judicial Desde el envío de un observador judicial hasta la organización
de una misión internacional de investigación, la FIDH lleva a
cabo, desde hace más de cincuenta años, una labor rigurosa
e imparcial para esclarecer hechos y responsabilidades. Los
expertos que trabajan sobre el terreno lo hacen de manera